Seis años después de denunciar violencia sexual, Andrea sigue sin acceso a juicio tras un proceso marcado por retrocesos, resoluciones contradictorias y prejuicios de género.

En 2018, Andrea fue víctima de violencia sexual después de asistir a una reunión con amigos. Pasaron dos años de terapia psicológica y acompañamiento emocional antes de que encontrara la fuerza para denunciar.

El 29 de mayo de 2020, presentó la denuncia. El proceso judicial evidenció cómo los prejuicios y estereotipos atraviesan el sistema: el 17 de junio de 2021, un juez de control vinculó a proceso al agresor, pero el 24 de septiembre de ese año, la Séptima Sala Penal revocó la decisión argumentando que “no existía suficiente violencia física” para acreditar el delito.

Andrea impugnó y en enero de 2022 un Juzgado de Distrito reconoció que el tribunal no había juzgado con perspectiva de género y había utilizado argumentos discriminatorios.

En enero de 2023, un Tribunal Colegiado ordenó emitir una nueva resolución libre de estereotipos.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia comenzó a acompañar legalmente el caso en 2023, fortaleciendo la estrategia jurídica. En abril de ese año, el Tribunal de Alzada volvió a vincular a proceso al agresor; en febrero de 2024, un Juzgado de Distrito confirmó la decisión.

En diciembre de 2024, el mismo Tribunal Colegiado que previamente había reconocido las violaciones en el caso resolvió en sentido contrario y ordenó emitir un auto de no vinculación a proceso, pese a que se trataba de los mismos datos de prueba ya analizados.

En enero de 2025, el Tribunal de Alzada acató la orden y reiteró que no existía “suficiente violencia física”, repitiendo los argumentos que ya habían sido señalados como discriminatorios.

Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos el expediente de Andrea, por lo que colectivos y organizaciones solicitan que el máximo tribunal atraiga el caso, pues advierten que seis años sin juicio es impunidad institucionalizada, según el IMDHD.

La solicitud de atracción destaca que este caso permitiría a la Suprema Corte pronunciarse sobre temas como la valoración de pruebas sin estereotipos, el plazo razonable y la debida diligencia reforzada.

Solo 2 de 144 denuncias por violación llegan a juicio

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señala que de 144 mujeres que denunciaron violación en el Tendedero de la Glorieta de Las Mujeres Que Luchan, solo dos iniciaron juicio. Estudios basados en la ENDIREH indican que solo 8.4% de las agresiones sexuales es denunciada o motivo de queja.

En 2025 se registraron 56 casos diarios de violación simple y equiparada. Más de 1.6 millones de mujeres han sido violadas por su pareja y 1.3 millones han sufrido intento de violación, de las cuales más de 130 mil son jóvenes de 15 a 25 años. El 49.7% de las mexicanas ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.

Estas cifras reflejan que el problema no se limita a la violencia sexual, sino también a la dificultad para acceder a la justicia.

Las organizaciones firmantes insisten en que la intervención de la Suprema Corte es urgente para que miles de mujeres puedan encontrar una justicia accesible, pronta y libre de revictimización.

La decisión judicial que dejó en libertad al hombre señalado de agredir brutalmente a una recepcionista de hotel en el centro de Medellín desató una ola de reacciones en la ciudad. Mientras el proceso penal continúa, la joven de 23 años permanece bajo observación médica, recuperándose de las lesiones que le dejó el ataque.

El caso, que generó fuerte impacto tras difundirse videos del momento de la agresión, tuvo un giro inesperado cuando un juez de control de garantías determinó que el señalado, José Abelardo Rocha Moncada, podía enfrentar el proceso en libertad, una decisión que se tomó pese a la contundencia de las imágenes que circularon en redes sociales y a la gravedad de los hechos denunciados.

Según se conoció, el ataque se habría originado en la madrugada, cuando la trabajadora del hotel se negó a llevarle ropa al huésped hasta su habitación, una decisión que, de acuerdo con allegados a la víctima, habría desatado la violenta reacción.

Luego de eso, la joven fue atacada dentro del establecimiento, en un episodio que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Durante la audiencia, el juez cuestionó la solidez de los elementos presentados por la Fiscalía, señalando que no se aportaron pruebas suficientes para justificar una medida de aseguramiento en centro carcelario. Incluso, llamó la atención sobre la ausencia del video completo del hecho dentro del expediente, lo que, a su juicio, debilitó la argumentación del ente acusador.

En medio de la diligencia, una frase del funcionario judicial generó controversia: puso en duda si la Fiscalía buscaba convencer “a los usuarios de redes sociales o al juez del caso”, dejando en evidencia la tensión entre la percepción pública y las exigencias probatorias del sistema penal.

Pese a recuperar su libertad, el hombre deberá cumplir con restricciones impuestas por el despacho judicial, entre ellas una orden de alejamiento y la prohibición de cualquier tipo de contacto con la víctima, mientras avanza el proceso por el delito de lesiones personales.

Reacciones desde la Alcaldía de Medellín

Tras conocerse la decisión, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo de manera contundente.

“Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, no puedo estar de acuerdo en que este tipo que fue capturado por violencia en contra de una de nuestras mujeres, haya quedado en libertad. Casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras mujeres”, afirmó.

El mandatario insistió en que, aunque respeta las decisiones judiciales, considera que el resultado no es justo para la víctima: “Soy respetuoso de la justicia, pero a todas luces esto no es justo con la víctima. La Policía hizo su trabajo al capturarlo, la Fiscalía legalizó la captura, imputó cargos y solicitó la medida intramural. Luego le dan libertad condicional con restricciones y órdenes de alejamiento. Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo”, agregó.

En su pronunciamiento, también hizo un llamado a revisar el sistema legal: “El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios”.

Finalmente, reiteró su apoyo a la joven afectada: “Mi solidaridad con la mujer agredida quien seguirá contando con nuestro apoyo y acompañamiento desde la Alcaldía de Medellín. Que ese tipo no genere una tragedia”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, calificó la decisión como alarmante: “Nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso”, afirmó, al tiempo que destacó la labor de la Policía en la captura del agresor.

“Se logró la captura de este sujeto, que ustedes pudieron ver en los videos cómo atacaba de manera bárbara a esta mujer. Ahí no podemos decir que hubo una riña… lo que todos vemos es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, sostuvo el secretario.

El funcionario explicó que, aunque la captura fue legalizada y se imputaron cargos, el juez optó por conceder la libertad condicional teniendo en cuenta aspectos como presuntas condiciones de salud del agresor. Sin embargo, insistió en la necesidad de cambios estructurales en el sistema judicial.

“Estamos en mora como sociedad de actualizar el sistema penal. Aquí las garantías no pueden ser solamente para los delincuentes… tienen que prevalecer para las víctimas”, afirmó, agregando que situaciones como esta reflejan un problema de fondo.

La desaparición de niñas menores de edad en México evidencia una crisis persistente ligada a la violencia de género y la trata de personas, según el colectivo Red Lupa.

En una publicación, la organización indicó que al 5 de marzo de 2026, 8 mil 925 menores permanecen desaparecidas y no localizadas, lo que representa más del 31% de las mujeres desaparecidas en el país.

Según la misma información, Tamaulipas concentra la tasa más alta con 98 niñas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

Mientras que en 2025, el 39% de las mujeres desaparecidas son menores, frente al 20% registrado en 2010.

De acuerdo con cifras de Red Lupa, 131 mil 859 personas permanecen desaparecidas en México, de las cuales 28 mil 769 son mujeres y 102 mil 687 son hombres.

Aunque los hombres representan el 77% del total, las niñas y adolescentes tienen una sobrerrepresentación clara: entre 1950 y marzo de 2026, el 31% de las mujeres desaparecidas y no localizadas son menores de edad, mientras que solo el 8.5% de los hombres desaparecidos corresponde a menores.

El caso de María José Monroy Enciso y la violencia extrema

La organziación compartió el caso de María José Monroy Enciso, quien desapareció el 21 de septiembre de 2010, cuando tenía once meses.

Su secuestro estuvo marcado por violencia extrema: Geyser Crespo García la privó de la libertad e intentó asesinar a su madre, Maribel Enciso.

Crespo García fue detenido un mes después y, durante el juicio realizado en 2016, declaró haber asesinado a María José y arrojado su cuerpo a un canal en Tecámac. El cuerpo nunca ha sido hallado.

Una de las principales hipótesis de investigación es la posible vinculación con una red de trata de menores para adopción ilegal internacional.

El responsable fue sentenciado a 82 años y siete meses de prisión en 2016 y permanece recluido en Cuautitlán Izcalli.

La investigación continúa, impulsada principalmente por la madre de la víctima, activa en redes sociales. El paradero de María José Monroy Enciso sigue sin conocerse.

Niñas, las más vulnerables ante la trata y explotación sexual

El colectivo señaló que las menores desaparecidas se relacionan con la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual.

La Ley General en materia de trata define este delito como la captación o retención de personas para explotación. Según UNICEF, en América Latina el 61% de las víctimas de trata son niñas, niños y adolescentes.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta que en 2022 el 60% de las niñas víctimas de trata fueron explotadas sexualmente. Las edades suelen oscilar entre los 13 y 15 años.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reporta un crecimiento constante en las denuncias por este delito, especialmente desde la pandemia de COVID-19.

Las víctimas son captadas a través de engaños, promesas de amor o empleo, o mediante rupturas familiares que las dejan expuestas. La violencia organizada, la migración y la precariedad agravan los riesgos de desaparición.

Tamaulipas: epicentro nacional del riesgo

En Tamaulipas, 1,586 menores han desaparecido desde 2025, el 62.11% son niños.

Las redes criminales y de tráfico de personas aprovechan la frontera norte, la precariedad y la debilidad institucional para operar con impunidad.

El estado es zona de influencia del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, lo que ha intensificado la violencia y los secuestros.

La presencia de estos grupos y la falta de recursos estatales agravan la dificultad para localizar víctimas. Las niñas en particular son susceptibles a explotación y violencia sexual.

La pobreza y la falta de redes de protección aumentan la exposición a riesgos y engaños.

Estados con mayor número de niñas desaparecidas

El Estado de México encabeza la lista con 2,503 niñas desaparecidas y no localizadas, seguido por Ciudad de México (752), Tamaulipas (593), Nuevo León (521), y Baja California (413).

Las tasas varían según la población estimada de mujeres menores de edad, con Tamaulipas a la cabeza en proporción.e

El tráfico de menores con fines de adopción ilegal o venta es menos documentado pero altamente lucrativo.

Los más afectados son los niños y niñas de entre cero y cinco años, quienes pueden ser trasladados fácilmente y cuya identidad es difícil de rastrear.

El cálculo de población de mujeres menores de edad proviene del Censo de 2020 de INEGI.

El subregistro es probable, sobre todo en contextos migratorios, donde muchas desapariciones no quedan asentadas formalmente.

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años que fue hallada sin vida el 17 de abril pasado enla Ciudad de México, ha generado dudas sobre la investigación judicial, no solo por cómo ocurrió el crimen sino por la prontitud con la que detuvieron al presunto agresor.

En este sentido, familiares de Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe, protestaron hoy en la zona centro de la Ciudad de México, al acusar irregularidades en la investigación del caso y una supuesta fabricación de delito.

La familia de Juan Jesús ‘N’ bloqueó el cruce de la avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, acompañados de diversos colectivos, y posteriormente marcharon hacia el Zócalo capitalino, para exigir la liberación del presunto feminicida, así como el alto a la fabricación de carpetas, a la tortura y los encarcelamientos injustos.

Desde el 19 de abril pasado, familiares y la defensa de Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble y único detenido, denuncian que el joven ha sufrido amenazas y presiones para declararse culpable.

El abogado Julián González asegura que su cliente presenta golpes visibles y pide más tiempo para recabar pruebas, incluyendo un video que señalaría a otro inquilino como sospechoso.

Durante la audiencia del 18 de abril, la defensa solicita duplicidad del término constitucional y no descarta activar protocolos por posible tortura.

Los padres de Juan Jesús “N” sostienen que su hijo es inocente y temen por su seguridad, mientras que familiares difunden en redes sociales que la Fiscalía lo presionó para que se culpe a sí mismo sin pruebas sólidas.

Ese mismo fin de semana, los papás de Edith Guadalupe hicieron un llamado a que no haya “chivos expiatorios” en el femincidio de su hija, tras la detención de Juan Jesús ‘N’, quien fue detenido la misma noche en que fue hallada la joven.

Sin embargo, ayer cambiaron su discurso y aceptaron que existen pruebas contra Juan Jesús “N”, presunto responsable de su feminicidio, y expresa confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Afirmaron que el caso estuvo marcado por omisiones iniciales, pero reconocen que ahora la investigación avanza con apego a la ley y exigen que no se utilice el nombre de Edith en protestas.

Juan Jesús “N”, trabajador del edificio donde apareció el cuerpo, está vinculado a proceso y permanece en el Reclusorio Norte. La familia de la víctima pide respeto a su privacidad y demanda que la justicia se concrete tras casi dos semanas del hallazgo.

Especialista advierte sobre fallas en justicia penal tras caso de Edith Guadalupe

A una semana del hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en un edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, el caso sigue generando dudas sobre la actuación de la Fiscalía capitalina, el papel de los medios de comunicación y las fallas estructurales del sistema de justicia penal en México.

Víctor Martínez Villa, abogado de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, advierte que uno de los principales riesgos es que el juicio mediático termine sustituyendo al juicio formal y afecte la presunción de inocencia, así como la posibilidad de una investigación completa.

El especialista sostiene que, aunque la visibilización de casos de alto impacto puede generar atención social, existe una línea delicada cuando las filtraciones y la exposición del detenido se convierten en condena anticipada.

“Muchos medios de comunicación están exhibiendo el nombre de la persona, el puesto de la persona e incluso revelando material que podría ser valioso para la investigación. Esto termina afectando la presunción de inocencia”, señala.

Martínez Villa explica que la presunción de inocencia no sólo implica considerar inocente a una persona hasta que se demuestre lo contrario, sino también respetar ese principio durante todo el proceso penal y evitar los llamados juicios mediáticos.

Advierte que los juicios paralelos en medios pueden generar estigma hacia el acusado y presión indirecta hacia los jueces.

El abogado subraya que la persona detenida no necesariamente sería quien ejecutó directamente el homicidio, sino alguien con posible conocimiento o participación auxiliar dentro de una estructura más compleja.

Sostiene que “no parece ser la única persona involucrada” y que se debe investigar quién colocaba los anuncios, de quién era el departamento, quién lo ocupaba realmente y por qué otras personas utilizaban ese espacio.

Incluso plantea la posibilidad de una red más amplia vinculada con delincuencia organizada.

Martínez Villa advierte sobre las investigaciones con “efecto túnel”, frecuentes en México y América Latina, donde las fiscalías concentran la atención en una sola persona detenida y abandonan otras líneas de investigación.

Señala que cuando detienen a alguien con cierto nivel de participación, muchas veces se cierra el caso ahí y no se investiga a los autores intelectuales o a quienes sostienen la estructura criminal.

En el caso de Edith Guadalupe, insistió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe corregir errores, evitar filtraciones, preservar pruebas fundamentales —como videos de vigilancia— y ampliar las líneas de investigación.

“No se puede cerrar únicamente por una persona detenida si su participación posiblemente no es la más significativa. Hay muchas cuestiones detrás que no se están vigilando y eso termina siendo una omisión grave”, advierte.

El especialista también vincula este caso con el problema estructural de las desapariciones de mujeres y la carga que enfrentan las familias para investigar por cuenta propia.

Sostiene que, en México, suelen ser las familias quienes aportan datos y presionan a las fiscalías, y que la falta de acción oportuna de las autoridades puede terminar provocando homicidios.

Si la información proporcionada por la familia sobre el posible domicilio donde se encontraba Edith no fue investigada adecuadamente, plantea la pregunta sobre si el crimen pudo haberse evitado.

Finalmente, Martínez Villa llama a que las audiencias judiciales sean públicas y seguidas por medios, academia y sociedad civil, no como espectáculo, sino como vigilancia institucional.

“Toda audiencia penal, salvo excepciones legales, debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a observar cómo actúan jueces y fiscales. Queremos justicia, pero a través de la imparcialidad”, afirma.

Para el especialista de la IBERO, el verdadero reto no solo será esclarecer el homicidio, sino demostrar si el sistema de justicia puede actuar sin presiones mediáticas, sin carpetazos prematuros y sin volver a invisibilizar a las víctimas y sus familias.

La discriminación por embarazo y maternidad continúa como un problema latente en la Ciudad de México, luego de que en 2025 se posicionaron entre las principales causas de denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El organismo presentó este mes su informe sobre la atención de casos de discriminación en 2025, en el cual precisó que durante ese año brindó 2 mil 255 atenciones ciudadanas a personas que viven o transitan en la capital.

Destacó que la orientación fue la modalidad más común, con 1 mil 646 intervenciones, y 389 gestiones. En este sentido, abrió 150 expedientes de queja y 14 de reclamación.

Precisó que el embarazo se posiciona como el segundo motivo más frecuente en los expedientes de queja y reclamación, con 29 casos registrados, además de los relacionados con maternidad.

No obstante, la condición de salud fue el motivo más reportado, con 41 casos, seguido por embarazo, género con 20 casos, discapacidad con 19, e identidad de género con 13.

Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta de la COPRED, sostuvo que la discriminación por embarazo en el ámbito laboral sigue como un problema vigente y normalizado, a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos y marcos legales locales y nacionales.

“El número de personas que vienen a denunciar al COPRED es muchísimo menor de la realidad que está sucediendo allá afuera, pues está práctica discriminatoria está normalizada, por ello, desde esta institución hacemos ese llamado a las mujeres y personas gestantes que están siendo discriminadas en sus empleos con motivo de su embarazo o de su regreso de la maternidad acudan al Consejo a denunciar”, afirmó.

Recomendaciones y acciones urgentes del COPRED

La titular del COPRED señaló que el problema persiste también a nivel nacional, como confirman datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Ante este panorama, el organismo urgió a la creación de un espacio intersectorial que involucre a gobierno, sector empresarial, sociedad civil y academia para diseñar e impulsar acciones que eliminen esta práctica.

Entre las acciones propuestas destaca el fortalecimiento de inspecciones laborales en empresas privadas con enfoque de derechos reproductivos y no discriminación, la capacitación obligatoria en igualdad laboral y discriminación para quienes emplean en el sector privado y público, y la promoción de sistemas de cumplimiento proactivo con criterios específicos de embarazo y maternidad.

También plantea una reforma legal local para reforzar la prevención y sanción de la discriminación laboral por embarazo, el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar datos como la brecha salarial y datos desagregados, así como el refuerzo de canales de denuncia y acompañamiento.

El consejo pone especial atención en los efectos de la pandemia por COVID-19, periodo en el que se presentaron casos graves.

Colectivo propone reforma contra despidos por maternidad en México

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de las mujeres frente a despidos por maternidad.

La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de lactancia reconocido por la ley de seis meses a dos años y reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta, respaldada por legisladores de distintos partidos, plantea incorporar la protección de la lactancia extendida, mecanismos jurídicos efectivos para garantizar la estabilidad en el empleo y condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados.

Además, busca asegurar espacios dignos para la extracción o administración de leche materna en centros de trabajo, así como impulsar la capacitación, la información y el acceso a servicios de apoyo en materia de lactancia.

Mexiro argumenta que la reforma está alineada con estándares internacionales y responde a la persistencia de la discriminación por embarazo y maternidad, que sigue siendo una de las principales causas de despido y maltrato laboral en México.

La iniciativa será presentada formalmente en el actual periodo ordinario de sesiones.

La organización periodística Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) exigió el cumplimiento de los derechos de la periodista Myrna Gómez, quien actualmente se encuentra en situación de desplazamiento.

El organismo difundió su postura con relación al incumplimiento en la entrega de apoyos económicos destinados a la periodista. Respaldó que existen irregularidades y arbitrariedades en el proceso de entrega, a pesar de que el apoyo fue concedido como parte de las medidas otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2022.

Myrna Gómez denuncia irregularidades

Este posicionamiento se da luego de que la periodista denunciara que, desde que tuvo que desplazarse a causa del riesgo que corría por su trabajo periodístico, en 2019, solo ha recibido un apoyo.

En 2024 recibió un apoyo para madres solteras, pero desde entonces, registró una serie de fallas en las que se le entregaban tarjetas sin depósito, le cambiaban los plásticos o le solicitaban trámites incorrectos.

Actualmente, junto con sus hijas, la comunicadora se encuentra en situación de desplazamiento forzada, por lo que exige el apoyo del Estado para contar con un mecanismo de protección.

Compartió que una de las explicaciones que le dieron, en 2024, fue que la zona en la que reside “no ganó cierto partido” por ello, “los apoyos se retiraron. Como si los derechos tuvieran color”, señaló.

Al respecto, CIMAC advirtió que la entrega de recursos es fundamental para que la periodista pueda cubrir necesidades básicas.

Sostuvo que dichos apoyos no pueden condicionarse a calendarios electorales ni a la orientación política de las autoridades en turno, ya que se trata de una obligación estatal ante personas en riesgo.

CIMAC señaló que las autoridades involucradas deben garantizar un trato digno, respetuoso y empático a quienes acuden a gestionar apoyos, especialmente en casos relacionados con medidas de protección. La falta de atención adecuada y la ausencia de claridad en el proceso han generado afectaciones adicionales para la periodista.

Llamado a autoridades y exigencias de cumplimiento

La postura de CIMAC se dirige específicamente a funcionarios estatales de San Luis Potosí, entre ellos el Subsecretario de SEDESORE, Miguel Ángel Méndez; el Director Administrativo de SEDESORE, Carlos Mexquitic; y la Directora General de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno, Verónica Onofre Serment.

Se solicita a estas autoridades que garanticen el respeto a los derechos humanos y apliquen principios de no discriminación en la atención brindada a Myrna Gómez.

La organización destacó que el trato recibido por la periodista configura un acto revictimizante, al no considerar su situación de desplazamiento forzado interno ni su condición de madre soltera.

Pronunciamiento y exigencias concretas

En su comunicado difundido en redes sociales, CIMAC exigió que el apoyo económico a Myrna Gómez se entregue de manera retroactiva y sin demoras y demandó el cumplimiento regular y oportuno de estos pagos por parte de las autoridades responsables.

Finalmente, solicitó que la atención y entrega de apoyos no dependa de consignas políticas y recalcó que la protección para mujeres periodistas en situación de riesgo constituye un derecho, no una concesión, y debe garantizarse de manera integral e inmediata para salvaguardar la vida y la integridad de las beneficiarias.

Lexi, una mujer trans, denunció que fue discriminada y agregida físicamente por personal del restaurante Tigre Blanco, ubicado en Mérida, Yucatán, al grado de que temió por su vida.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven narró que el ataque ocurrió la noche del 22 de marzo, durante un evento organizado por XoloTech, al que había sido invitada por un artista.

“Pensé que no iba a salir viva esa noche de ahí. Soy Lexi y mi caso se hizo viral hace unos días en redes sociales, pero no por la buena causa, sino porque sufrí un atentado contra mi vida en el restaurante Tigre Blanco, en un evento de XoloTech, en Mérida, Yucatán”, dijo.

Según su testimonio, al llegar al evento fue humillada por horas. Le hicieron esperar y finalmente le dijeron que su apariencia no era acorde al lugar, por ser una mujer trans. Sin embargo, la agresión no se detuvo ahí.

Lexi señaló que al pedir que la trataran con respeto, algunos de los trabajadores la asfixiaron hasta que se desmayó y la dejaron tirada en el suelo. Al recuperar el conocimiento, decidió huir del lugar para proteger su integridad.

“Me humillaron durante horas haciéndome esperar, para terminar diciéndome que mi apariencia no era acorde al lugar por ser una mujer trans. Cuando pedí que me trataran con dignidad, fui agredida por parte de su personal.

“Me agarraron del cuello y me asfixiaron hasta perder el conocimiento. Desperté tirada en el suelo, me despojaron de mis cosas y traté de correr por mi vida”, platicó.

En medio del pánico, intentó bloquear el paso de sus agresores con sillas, pero la alcanzaron de nuevo. La sujetaron por el cuello e intentaron asfixiarla otra vez. Cuando pidió ayuda, el personal le dobló las manos y trató de callarla por la fuerza:

“Alegaban que me llevarían a unas bodegas para golpearme, queriendo callarme de nuevo”, explicó.

Lexi señaló que algunas personas intervinieron y gritaron al personal que la soltara, ya que estaban siendo demasiado agresivos con ella. Gracias a quienes la auxiliaron, logró escapar del lugar.

La joven indicó que ya presentó una denuncia formal por los hechos; no obstante, manifestó su enojo ante el intento de los responsables de limpiar su imagen.

“Lo que más me enoja es que los medios, Tigre Blanco, junto con XoloTech, quieran limpiar su imagen y lavarse las manos”, sostuvo. Para ella, encubrir lo ocurrido es solo un acto de control de daños para no perder dinero.

“Mi vida, mi seguridad y mi integridad no se compran con nada. No me quedaré callada”, afirmó Lexi, quien pidió ayuda para difundir su caso y que más personas puedan hablar de sus experiencias.

Alertó que existen más casos de abuso por parte de este tipo de personas y empresas, y exhortó a no permitir que la comunidad siga siendo afectada.

“Ayúdame difundiendo para que más personas puedan hablar de sus casos, ya que ha habido más abuso de parte de este tipo de personas y de este tipo de empresas. No permitamos que a la comunidad la sigan afectando”, concluyó.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directivas del Senado de la República, informó que las comisiones de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.

La reforma surgió como una antesala de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en marzo pasado.

En un comunicado, el Senado indicó que el dictamen recibió 16 votos a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales, 13 votos a favor de la Comisión para la Igualdad de Género y 16 votos a favor de la Comisión de Estudios Legislativos.

“Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen a la Iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el que se reforma el Art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidios”, escribió Laura Itzel Castillo en su cuenta de X.

En la misma red social, la presidenta del Senado consideró que “esto significa un paso fundamental para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres” en México.

Agregó en la Sesión de hoy se le dará Primera Lectura y se discutirá en las próximas sesiones del Pleno de la Cámara de Senadoras y Senadores.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, destacó la importancia de legislar sobre el femincidio al calificarlo como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque no sólo daña física, psicológica, económica o patrimonialmente, sino que tiene la intención de acabar con su vida.

Señaló que la ley general buscará establecer reglas comunes para todo el país, obligando a Federación y estados a actuar bajo los mismos criterios y evitar diferencias normativas, afirmando que esto permitirá que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar en todas las entidades.

Consideró pertinente y necesaria la reforma constitucional ante el contexto actual, al mencionar que, según la CEPAL, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en la región los últimos cinco años.

Comentó que en México, sólo en 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reporta 4 mil 523 carpetas de investigación por feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades estatales para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que esta es la reforma constitucional número 27 y reconoce el diálogo y debate entre senadores de las distintas comisiones legislativas.

La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, sostiene que investigar y sancionar el feminicidio de forma distinta según la entidad es también una forma de violencia. Señala que “no hay vidas que valgan distinto” y celebra la reforma para que la igualdad sea una realidad.

Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, adelanta que su grupo parlamentario acompañará el dictamen y subraya la necesidad de cuidar la elaboración de la ley y asegurar un presupuesto digno para su implementación.

Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, considera que el dictamen subsana una deuda histórica con mujeres y sus familias, y advierte que la falta de homogeneidad en la tipificación del feminicidio abre espacios a la impunidad.

Mely Romero Celis, senadora del PRI, afirma que la desigualdad normativa es también impunidad. Advierte que la falta de tipificación del feminicidio en grado de tentativa permite que muchos casos se valoren solo como lesiones dolosas, por lo que la ley general debe cerrar la puerta a esas violencias.

Lizeth Sánchez García, senadora del PT, subraya que hoy un mismo crimen puede recibir respuestas distintas. Considera que la reforma permitirá armonizar el tipo penal y mejorar la coordinación estatal con perspectiva de género.

Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, denuncia que ocho mil 735 mujeres, adolescentes y niñas han muerto por feminicidio en México en los últimos 10 años. Llama a dotar de recursos suficientes a la ley general y garantizar su efectividad.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, advirtió sobre la existencia de una agenda política detrás de la proliferación de discursos de odio y contenido misógino en redes sociales, un fenómeno que, según sus palabras, “me preocupa y me ocupa”.

Las declaraciones surgen tras el asesinato de dos maestras en Michoacán, perpetrado por un joven identificado como ‘incel’, incidente que generó alarma a nivel nacional sobre la presencia y organización de comunidades virtuales que promueven la hostilidad contra las mujeres.

En una entrevista con Infobae MX, la funcionaria abordó la complejidad de enfrentar este tipo de violencia digital y explicó que, en su análisis, estos grupos no actúan de forma aislada, sino que responden a intereses políticos y buscan incidir en el sentido común de la sociedad.

“Sí veo una corriente en el espacio digital misógina, machista, que busca promover el odio, ideas estereotipadas de las mujeres y que está muy articulado. En mi opinión personal, mirando lo que ha pasado en otras partes del mundo, no es aislado de la disputa política.

“Es decir, si nos preguntamos por qué han llegado al poder varios gobiernos de ultraderecha que cuestionan los derechos de las mujeres, de la población LGBTTI, de las personas indígenas, de las personas migrantes y viéramos, estudiáramos cómo fueron creciendo desde el espacio digital estos grupos que fueron construyendo sentido común en algunos sectores”, dijo.

Consideró peligroso la existencia de estas agendas, por lo qeu aseguró que es un tema que le preocupa y ocupa.

“Creo que no sería arriesgado decir que estos grupos digitales tienen una agenda política, ¿no? Tienen una agenda de disputa, por lo menos del sentido común, que es muy peligrosa desde mi punto de vista, porque trato de seguir mucho el tema, es algo que me preocupa y ocupa”, aseveró.

Relató cómo estos grupos digitales han reaccionado ante avances legislativos como la Ley Valeria o la tipificación de la violencia vicaria, organizando campañas de hostigamiento en redes sociales.

“Puedes echarle un ojo a mis redes, a Facebook sobre todo, se me vino encima toda esta red. O sea, es una red que vemos muy organizada”, puntualizó.

Según la funcionaria, estos discursos construyen respuestas simples a insatisfacciones sociales, similares a las estrategias de odio que han sido observadas en otros países.

“El discurso que hay en Estados Unidos de: ‘Si tú no tienes trabajo es culpa de los migrantes, entonces odia a los migrantes’. ‘Si hay violencia en la sociedad es porque las mujeres renunciaron a su rol en las familias y entonces es culpa del empoderamiento de las mujeres y del feminismo’”, enfatizó.

Comunidades incel y la respuesta institucional

Citlalli Hernández abordó el fenómeno incel como un reto emergente, especialmente entre jóvenes expuestos a discursos violentos en el entorno digital.

Explicó que desde la Secretaría de las Mujeres se han planteado estrategias de prevención que incluyen la organización de asambleas de escucha en escuelas de nivel medio superior y el trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Pública para abordar inquietudes propias de la adolescencia.

“Nosotras creemos que el fenómeno de los incels, que es este espacio digital que desde nuestro punto de vista le da una respuesta a hombres jóvenes que a cierta edad comienzan a hacerse preguntas... hay un espacio digital donde hay una respuesta muy agresiva, donde las respuestas que tienen muchos adolescentes es esta generación de odio hacia las mujeres”, puntualizó.

Advirtió sobre el riesgo de que estos espacios crezcan y se traduzcan en actos violentos.

“Por ahora se ve que es algo aislado, pero creemos que es importante hablarlo, combatirlo, y estar en el marco de todo lo que hacemos con una visión muy integral”, comentó.

Para Hernández, uno de los mayores riesgos es que la promoción de los derechos de las mujeres provoque reacciones de aislamiento o rechazo entre los hombres, si estos no son incluidos activamente en las estrategias de prevención. Por ello, desde el inicio de la administración, la Secretaría ha considerado fundamental “dirigirnos a los hombres”.

“En el caso del cambio cultural, yo creo que es quizás es complejo en este momento medir qué tanto impacto ha tenido. Sin embargo, yo pienso que el reto, digamos, de que avancen los derechos de las mujeres, de que se promueva un cambio cultural y una perspectiva social donde empecemos a vernos con más igualdad y más respeto, puede generar una reacción, que ese creo que es el riesgo de lo que ha pasado con los incels en otras partes del mundo. Una reacción como de aislamiento de los hombres, y de respuesta contraria a las mujeres si no se convoca a los hombres a esta estrategia, si no se les involucra”.

En este sentido, destacó la entrega de la cartilla de derechos y la celebración de actividades de discusión en municipios con alta incidencia de violencia.

Libertad de expresión y el rol de los medios

La secretaria de las Mujeres reconoció la dificultad de regular estos discursos sin afectar la libertad de expresión, pero insistió en la necesidad de discutir y sancionar socialmente los mensajes misóginos y machistas.

“Es muy delicada la línea de prohibir o de limitar contenidos, porque cruza por la libertad de expresión y otras derechos y discusiones y por eso creemos que más bien es en el marco de la libertad de expresión discutir y condenar estos discursos y no permitir que esta población y sobre todo las nuevas generaciones, como parece que es donde está la batalla”.

Hernández mencionó que se han elaborado recomendaciones para medios públicos y privados con el objetivo de evitar la reproducción de estereotipos y promover coberturas adecuadas en casos de feminicidio:

“La no difusión de estereotipos, la cobertura adecuada cuando hay un feminicidio que no revictimice... porque nosotras estamos convencidas de que este cambio cultural tiene que realizarse con lo que hagamos en la Secretaría, con las políticas públicas que impulsamos, la coordinación que tenemos con los tres niveles de gobierno, con los tres poderes”.

Acciones inmediatas

Frente a la preocupación generada por los recientes casos de violencia, la Secretaría de las Mujeres ha sostenido reuniones con la SEP y otras instancias para diseñar un plan de acción integral en escuelas, enfocado en la salud mental y la prevención de conductas de riesgo.

“Llevamos un buen rato trabajando con la SEP, planteando esta preocupación, y la presidenta también nos... ha venido trabajando y convocándonos a varios secretarios del gabinete para promover un plan de acción, sobre todo en las escuelas, de salud mental... Pero nosotras hemos colocado justamente la necesidad de que tengamos presente que existen estas comunidades digitales, que son discursos que van permeando, que si bien son casos todavía, yo me atrevería a decir, aislados, pero son gravísimos lo que pasó en el CCH, lo que pasó en Michoacán”.

Anticipó que hay una estrategia avanzada que será anunciada próximamente y que incluye protocolos educativos y jornadas de discusión que permitan prevenir conductas violentas y detectar casos de riesgo entre estudiantes.

Conductas abusivas y la necesidad de procesos judiciales imparciales

Citlalli Hernández reconoció que, aunque la mayoría de las denuncias de violencia de género son reales y dolorosas, existen también casos de abuso de las protecciones legales por parte de algunas mujeres.

Insistió en que todas las acusaciones deben resolverse en el marco judicial, sin presuponer la razón por razones de género.

“Ser mujer no significa necesariamente ser buena y ser hombre ser malo. O sea, esa no es la dicotomía. No es un tema de género no ser abusivo, no querer hacerle daño al otro, etcétera... Todo juicio o toda disputa, toda acusación sea atendida en el marco de las leyes, en el marco judicial, donde la justicia le dé la razón a quien tiene la razón, no importa si es mujer o no”.

La secretaria puntualizó que las leyes deben tener perspectiva de género, pero no otorgar impunidad automática: “Las leyes y las personas juzgadoras tienen que tener sí perspectiva de género cuando hay un delito que tiene que ver con violencia de género, pero también no darle la razón a una mujer solo por ser mujer”.

La Fiscalía ha presentado una solicitud de condena de 18 años de prisión y una indemnización de 7.200 euros contra el acusado en un proceso que tendrá lugar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. Según consignó la agencia Europa Press, el caso gira en torno a los hechos que se habrían producido la noche del 12 de noviembre de 2024 en Palma, donde el procesado habría ejercido violencia y coacciones sobre una mujer con discapacidad, a la que conocía previamente a través de amigos comunes.

El informe de acusación de la Fiscalía relata que el acusado, plenamente consciente de que la víctima tenía una discapacidad mental, la encontró y la llevó hasta una cabaña ocupada próxima al Hospital Sant Joan de Déu, en Palma. Una vez allí, según expuso Europa Press, el hombre habría agredido físicamente a la mujer utilizando una barra de hierro, para luego amenazarla de muerte colocándole un cuchillo en el cuello. Posteriormente, el acusado la habría violado, manteniéndola bajo amenaza continua.

La víctima permaneció dentro de la cabaña durante toda la noche, incapaz de abandonar el lugar debido al temor por su integridad y las amenazas. Europa Press detalló que la mujer recién logró escapar al día siguiente, tiempo durante el cual continuó bajo intimidación. La acusación por parte del ministerio público comprende dos delitos principales: uno de agresión sexual y otro de lesiones, por los cuales solicita tanto la pena privativa de libertad como el resarcimiento económico mencionado.

El juicio se celebrará en doble sesión, el lunes y el martes, desde las 09:30 horas, tal como publicó Europa Press. El proceso abordará el relato de los hechos y la condición de discapacidad de la víctima, considerando relevante el conocimiento previo que el acusado tenía sobre ella. Además, se prestará particular atención al entorno donde ocurrieron los hechos, ya que la cabaña ocupada y su localización próxima a un hospital figuran entre los elementos recogidos en el escrito de la fiscalía.

Europa Press reportó que la instrucción judicial incluirá testimonios y pruebas sobre la secuencia de acontecimientos, el impacto físico y psicológico causado a la víctima y el presunto uso de armas por parte del acusado. Durante la vista, la acusación hará hincapié en la vulnerabilidad de la mujer y en el aprovechamiento de esa condición por parte del procesado.

Este caso forma parte de los juicios relevantes de la jurisdicción penal en Baleares para el presente año, atendiendo al contexto de protección de personas con discapacidad y la gravedad de los delitos imputados. La resolución judicial considerará tanto la versión de la denunciante como la defensa que presente el procesado, quien se enfrenta a una petición de pena susceptible de ser una de las más elevadas en delitos de este tipo analizados por la Audiencia.

Los casos de violencia contra la mujer en México continúan. Esta semana, María Barrón, una joven cineasta, denunció que una persona desconocida la agredió en una de las zonas más concurridas y con alta percepción de seguridad en la capital del país, sin que las autoridades hayan procedido contra el responsable.

En su cuenta de Instagram, la joven relató que la noche del 24 de marzo pasado salió de su lugar de trabajo en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras esperaba parada en la calle la llegada de su transporte, un vehículo de la plataforma Uber, una persona se le acercó y la jaló del cabello, lo que inicialmente interpretó como un asalto.

Sin embargo, pocos segundos después su agresora comenzó a golpearla en la cara y otras partes del cuerpo, ocasionando que cayera al suelo.

“Me niego a aceptar que en México sea normal que alguien te ataque en plena calle y quede impune. Soy María Barrón, soy filmmaker y esto me pasó saliendo de una grabación. Pedí mi Uber esperando en una esquina y de la nada alguien me agarra del cabello por atrás.

“No entendí qué estaba pasando. Por un momento pensé que me estaban asaltando. En segundos recibí un golpe directo en la cara, en la nariz y luego otro y otro hasta que terminé en el suelo”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

María insistió en que desconoce la identidad de la persona que la agredió y que “nunca la había visto” en su vida. No obstante, lo que ocurrió tras la agresión “fue igual de impactante”.

“Yo no conocía a esta persona, nunca la había visto en mi vida. En un impulso, sin razón, sin contexto, decidió agredirme. Pero lo más fuerte no fue solo los golpes, fue darme cuenta de lo vulnerable que puedes estar en cualquier momento, en cualquier lugar.

“Ni siquiera estaba en una situación de riesgo. Salí de trabajar, una zona que se supone que es segura”, comentó.

El paso de las horas y la burocracia impidieron que se actuara de inmediato contra su agresor. La joven acusó que al pedir ayuda de las autoridades capitalinas, los paramédicos y policías que la atendieron en el lugar intentaron convencerla de no levantar una denuncia y que se “arregle ahí”.

Por ello, considera que, eventualmente, su caso se sumará a los miles y millones que hay y su agresora quedará impune.

“Ambulancias diciéndome que mejor me arreglara ahí, personas de, de seguridad que no valía la pena denunciar, diferentes versiones médicas, horas con la nariz rota yendo de un lugar a otro, trámites que no avanzan y al final, por todo el tiempo que pasó entre una instancia y otra, porque así me trajeron toda la noche, mi caso ya no fue considerado como flagrante.

“Entonces, pues nada más me toman la declaración, se abre una carpeta de investigación como miles y millones que hay, pero pues hasta el momento mi agresora está impune”, puntualizó.

En este sentido, señaló que “esto va mucho más allá”, pues considera que el actuar de las autoridades es evidencia de “un sistema que no funciona”, motivo por el que las personas prefieren no denunciar los delitos.

“Esta vez fue una nariz rota, pero esto va mucho más allá. Esto habla de un sistema que no funciona y entiendo perfectamente por qué hay gente que muchas veces decide no denunciar, porque de verdad es desgastante, porque parece que no pasa nada”, comentó.

María concluye con un llamado a no normalizar la violencia y a exigir justicia, al señalar que la ciudadanía, al igual que las autoridades, tiene la responsabilidad de no permitir que esto siga pasando.

“No podemos agachar la cabeza y decir: así son las cosas. Como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de no permitir que esto siga pasando, porque sí hay gente dentro del sistema que no hace su trabajo. Pero también hay gente buena, gente que sí quiere ayudar aunque esté cansada de cómo funcionan las cosas.

“Me duele muchísimo pensar que hoy no te puedes sentir segura ni seguro, ni siquiera saliendo a caminar y que alguien puede ejercer violencia sin consecuencias. Y justo por eso creo que vale la pena hablarlo y compartirlo. Se trata esto de, de justicia, de hacer lo que me toca como ciudadana y no permitir que en nuestro país siga pasando esto“, concluyó.

El Ministerio Público de Honduras, a través del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) de la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán, obtuvo la detención judicial de Jorge Nahún López Sarmiento, tras presentar el requerimiento fiscal por los delitos de violación agravada y feminicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de una mujer de la tercera edad.

Este caso, que ha generado alarma en la comunidad de Copán, se encuentra en investigación mientras las autoridades refuerzan las acciones para proteger a sectores vulnerables.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2026, cuando la víctima, de 65 años, regresaba de una reunión religiosa en el caserío Guanaja, municipio de Trinidad, Copán.

Mientras transitaba por un callejón que conecta con la comunidad de San Juan Planes, fue interceptada por el imputado, plenamente identificado por la víctima.

López Sarmiento la sujetó violentamente del cuello y la llevó a una zona montañosa, donde cometió una agresión sexual bajo amenazas y uso excesivo de fuerza. Según la denuncia, el agresor la sometió sujetándola de los brazos y presionando su cuello, lo que provocó que la víctima experimentara asfixia parcial. Posteriormente, la golpeó en la cabeza y el rostro, la dejó inconsciente y la abandonó, creyendo que había muerto.

Horas después, la mujer recobró el conocimiento, pero volvió a desmayarse mientras buscaba ayuda. Vecinos del sector la encontraron y la trasladaron al Hospital Regional de Occidente, donde recibió atención médica de urgencia.

El reporte médico indica que la víctima sufrió múltiples golpes, lesiones en el cuello y una fractura de clavícula como consecuencia de la agresión. La gravedad del caso, el riesgo de fuga, la posibilidad de represalias y la probabilidad de reincidencia llevaron al Ministerio Público a solicitar y obtener la detención judicial del sospechoso, quien permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias investigativas.

La Fiscalía enfatizó que el acompañamiento a la víctima y el avance de la investigación forman parte de un esfuerzo conjunto para asegurar justicia y frenar la impunidad en delitos que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. El caso ha generado consternación en la comunidad local y ha motivado llamados a redoblar la protección a mujeres mayores en zonas rurales.

Detienen a hombre acusado de agresión sexual y tratos degradantes contra dos menores de edad en San Pedro Sula

En un segundo caso, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIñEZ) de la Regional Norte obtuvo la detención judicial de Nelson Roberto Sandoval Zúñiga, acusado de delitos de agresiones sexuales continuadas y tratos degradantes cometidos contra dos menores de edad. La captura fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) durante un allanamiento en Ciudad Jaraguá, San Pedro Sula, departamento de Cortés, con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Según el expediente de los agentes de la ATIC, los hechos investigados habrían comenzado en el año 2022. Desde entonces, los dos menores fueron víctimas de agresiones sexuales reiteradas, entre ellas el tocamiento constante de partes íntimas por parte del acusado, así como la obligación de observar otras conductas consideradas inapropiadas. Además, el informe señala que el sospechoso grababa a las víctimas con su teléfono celular mientras se bañaban, y las sometía a tratos degradantes de índole física y psicológica.

Durante el allanamiento, las autoridades recopilaron indicios que podrían vincular a Sandoval Zúñiga con otros delitos, ya que en su dispositivo móvil se hallaron videos con contenido sexual de menores, lo que amplía el marco de investigación. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) también participa para determinar si existen más víctimas o delitos asociados.

La audiencia de declaración de imputado permitió formalizar la detención judicial de Sandoval Zúñiga, quien permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan nuevas diligencias. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con rigor en casos que involucran violencia y abuso contra menores, destacando la importancia de la denuncia y el acompañamiento a las víctimas en procesos judiciales de alta complejidad.

Ambos casos subrayan la labor de las fiscalías regionales y especializadas para combatir delitos sexuales y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar para garantizar el acceso a la justicia y frenar la impunidad.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, dio a conocer que la red social X es donde se presentan más casos de violencia digital contra las mujeres, durante la mañanera del pueblo de este 11 de marzo en Palacio Nacional.

“En el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios la violencia. Tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tiene una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresado este odio”, declaró la funcionaria.

Aseguró que el negocio detrás de la compra de cuentas para las campañas de odio, genera que las mujeres sean un franco de críticas en internet. Derivado de eso, expresó que los primeros acuerdos con las plataformas digitales darán paso a nuevas acciones para combatir la ciberviolencia.

También reconoció la voluntad de las aplicaciones involucradas en el pacto, para continuar con el diálogo y seguir fortaleciendo las medidas de seguridad.

“Vamos a ver qué hacemos en el caso de X, que yo diría que es una de las plataformas donde menos mecanismos de prevención y combate a las violencias existe, y donde más hemos expresado el odio”, afirmó Hernández.

Acuerdo contra la violencia digital

El Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres firmaron un acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital en el país, enfocándose en la protección de mujeres y jóvenes. Este convenio busca hacer de internet un espacio más seguro mediante acciones de prevención y atención directa a las víctimas. X (antes Twitter) fue convocada pero no participó en la firma.

• En 2024, 18.9 millones de personas sufrieron ciberacoso en México.
• Mujeres víctimas: 10.6 millones; hombres víctimas: 8.3 millones.
• El 57.7% de las mujeres víctimas tenía menos de 29 años.
• 2.8 millones de víctimas son niñas y adolescentes entre 12 y 19 años.

Puntos clave del acuerdo con las plataformas:

• Google, Meta y TikTok implementarán campañas educativas y reforzarán sus normas comunitarias.
• Publicarán una Cartilla de Seguridad Digital.
• Establecerán canales directos con fiscalías y policías cibernéticas.
• Facilitarán el retiro de contenido íntimo no consentido.
• Habilitarán la Línea 079, opción 1, para apoyo emocional.

Citlalli Hernández vs Salinas Pliego

Desde hace algún tiempo, la secretaría de las Mujeres ha recibido múltiples agresiones, en su mayoría misóginas y machistas, por parte del empresario de Grupo Salinas, por lo que Citlali manifestó que esos discursos de odio no solo la agravan a ella, sino a todas las mujeres del país.

Por otro lado, recordó la importancia de condenar la violencia digital desde la Presidencia de México, y no normalizar estos tratos contra las mujeres que alzan su voz en las redes sociales.

El caso de Stella ‘N’ en Coahuila fue considerado “histórico”, debido a que es la primera mujer en ser vinculada a proceso por violencia vicaria en México. Sin embargo, la Secretaría de las Mujeres indicó que esto “es un error”.

Esto último, al señalar que es contrario a lo que indica la legislación actual, por lo que intervendrá en el caso y buscará homologar el tipo penal sobre la violencia vicaria a nivel nacional, para que solo los hombres puedan ser acusados de este delito.

En un video difundido en su cuenta de X, Hernández explicó que el artículo sexto, fracción sexta de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia vicaria como “cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas, hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido una relación de matrimonio o concubinato”.

La secretaria subrayó que la ley exige que todos los códigos penales estatales homologuen el tipo penal en función de esta definición, recordando que, bajo el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, se promovieron reformas en 2024 que refuerzan la obligación del Estado mexicano de proteger a las mujeres.

“Todas las autoridades tienen que hacer lo que está en sus manos para su protección. Este principio constitucional es un principio que obliga a todas las autoridades a actuar en consecuencia”, expuso Hernández.

La funcionaria federal dijo que a esto se suman las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los artículos 554 y 573, último párrafo, obligan a todas las autoridades jurisdiccionales a actuar para proteger a las mujeres ante este tipo de violencia.

Ante el debate público sobre la supuesta discriminación contra los hombres por este delito. La secretaria recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCHN) resolvió una acción de inconstitucionalidad en la que estableció que la violencia vicaria, conforme a su definición legal y constitucional, “solo se ejerce contra las mujeres”, dado que son las principales víctimas en el 90% de los casos.

¿Se discrimina a los hombres?

Hernández Mora descartó que homologar la ley discrimine a los hombres, pues sostuvo que existen otros tipos penales, como el de violencia familiar, a los que los hombres pueden recurrir si buscan protección.

Añadió que la protección de la infancia tampoco queda en indefensión, ya que las obligaciones del Estado incluyen también a quienes han sido históricamente vulnerados.

“¿Este es un acto de discriminación contra los hombres? ¿Los deja en la indefensión? No, porque hay otros tipos penales para con la violencia familiar que los hombres pueden utilizar para protegerse.

“Otra cosa que se ha dicho: ¿esto deja en la indefensión a hijas e hijos? No, porque estos deberes reforzados de los que se habla son para proteger a quienes históricamente han sido vulnerados. Es decir, la protección de las infancias existe también como una obligación de todas las autoridades", concluyó.

México ha sido clasificado como uno de los peores países para ejercer el periodismo, debido a la alta cifra de asesinatos de comunicadores que se ha registrado en los últimos años, que de acuerdo con la organización Article 19, es de 176 casos del 2000 al día de hoy.

Sin embargo, a esto se suma la violencia por razones de género que se vive en el país y aumenta el riesgo de las mujeres periodistas sean víctimas de alguna agresión, motivada por su labor.

En este sentido, en el 2025 se reportaron 65 casos de agresión contra mujeres periodistas en México, de acuerdo con la organización CIMAC, dedicada a impulsar el periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género,

En un reporte publicado por dicha organización y consultado por Infobae Mx, los casos se registraron del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año pasado y las agresiones están relacionadas a su labor como periodistas.

Según la misma información, de los 65 casos, nueve ocurrieron en Baja California, nueve más en la Ciudad de México, ocho en Michoacán y siete en San Luis Potosí.

Seis casos fueron en Guerrero, cinco en Coahuila, cuatro en Aguascalientes y cuatro más en Puebla. Mientras que en Veracruz y el Estado de México se registraron tres casos en cada estado.

En Chiapas y Jalisco se reportaron dos agresiones por entidad. En Tlaxcala y Guanajuato hubo un caso en cada uno. La organización señaló que se registró una agresión más, pero no se ha definido en qué estado ocurrió.

Respecto al tipo de medio al que forman parte las periodistas que sufrieron algún tipo de agresión, se señaló que 48 de ellas laboran en plataformas digitales, dos en televisión, dos más en radio y dos más en periódico impreso.

Esto último sin mencionar el nombre de los medios de comunicación. También señaló que tres casos corresponden a periodistas independientes, es decir, que no forman parte de algún noticiero en especial, y en seis más no se determinó el tipo de medio.

Tipo de violencia y perfil de las periodistas agredidas

La organización denunció que 41 de las 65 victimas fueron agredidas psicológicamente (acoso, insultos), 18 más sufrieron violencia física, dos más económica y cuatro más patrimonial.

Mencionó que 31 de las comunicadoras agredidas ocupan el cargo de directora, 18 son reporteras, cuatro fotoperiodistas y dos más son columnistas.

Dos son locutoras de radio, tres se identificaron como trabajadoras en medios y de tres no se cuenta con información para este rubro.

Sobre el tipo de fuente, el colectivo dio a conocer que del total de casos, 41 son periodistas dedicadas a la política, 10 a derechos humanos, cinco a seguridad, dos a sociedad y uno a espectáculos.

Mientras que el resto se ha dedicado a temas generales y de algunos no se cuenta con mayor información.

En el tipo de investigación que realizan, 13 se enfocan en temas de protesta social y 12 más a notas de gestión pública. Nueve a corrupción y ocho han difundido información sobre crimen organizado.

Seis investigaron temas relacionados al Congreso, dos sobre temas de abuso de autoridad, dos más a derechos laborales y otras dos a denuncias ciudadanas.

Perfil de los agresores

En este rubro, la organización acusó que en 22 de los casos el agresor fueron funcionarios estatales, en tres más funcionarios federales y en cuatro funcionarios municipales.

En 18 casos más, los victimarios fueron periodistas, en cuatro se señaló a empresarios y en cuatro a usuarios de redes sociales. En otros tres se acusó a grupos criminales y dos más a medios de comunicación.

En México continúan reportándose casos de violencia contra las mujeres, a pesar de los avances que se han generado entorno al combate de este delito y las estrategias presentadas por el actual gobierno en la misma materia.

Esta semana, Ana Caterina Marino, una joven universitaria que vive en la Ciudad de México, denunció que fue agredida por su ahora expareja, un hombre identificado como Gustavo ‘N’, quien la golpeó brutalmente dentro de su departamento.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven narró lo sucedido, aún mostrando los golpes y heridas que le dejó su agresor, principalmente en el rostro y su ojo.

En la grabación, precisó que el 17 de diciembre pasado, su entonces pareja la inmovilizó sujetándola de los brazos y mientras estaba sobre ella, la golpeó varias veces “a puño cerrado”.

“El pasado 17 de diciembre fui agredida brutalmente a golpes por mi entonces pareja dentro de mi propio departamento. Me sujetó los brazos, me inmovilizó, mientras con el puño cerrado comenzó a golpearme brutalmente mientras yo le pedía que parara porque sentía que me estaba matando”, dijo.

Caterina indicó que logró escapar de su agresor y corrió hasta que encontró ayuda, sin dar mayores detalles sobre quién la auxilio. Posteriormente, denunció la agresión ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) e incluso, el Tribunal Superior de Justicia capitalino le otorgó medidas de protección, entre ellas una orden de restricción contra Gustavo ‘N’.

Sin embargo, destacó que aún vive con miedo de que su expareja la agreda nuevamente, pues él no solo sabe la dirección de su casa, dónde trabaja y los lugares que frecuenta, sino que también estudia en la misma universidad que ella y tienen amigos en común.

“Gracias a Dios pude soltarme y escaparme y tuve que correr por mi vida hasta encontrar ayuda. Y hoy tengo miedo. Tengo mucho miedo por mi vida y porque pueda volver a hacerme algo. Tengo miedo porque esta persona sabe dónde vivo, en dónde trabajo, los lugares que frecuento. Estudiamos en la misma universidad. Entonces, frecuentamos el mismo círculo social.

“El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ya me consiguió medidas de protección en contra de esta persona, Gustavo N., para que no pueda acercarse a mí. Y quiero agradecer especialmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que ya se encuentra investigando este caso”, puntualizó.

Aseguró que confía en que las autoridades “actuarán con firmeza” y que “no habrá impunidad” en su caso; no obstante, hace un llamado a que se proceda penalmente “a la brevedad posible”.

Esto, reiterando el temor que tiene ante la posibilidad de que su Gustavo ‘N’ la agreda nuevamente, por lo que lo responsabilizó directamente de lo que le pueda suceder a ella.

“Confío plenamente en que actuará con firmeza, que no habrá impunidad. Y pido que se proceda penalmente en contra de mi agresor a la brevedad posible, porque tengo miedo y responsabilizo directamente a Gustavo N. de cualquier cosa que me pueda pasar, porque hoy fueron golpes que casi me matan, pero... no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que yo pasé”, concluyó en la grabación.

En entrevista con Infobae MX, Caterina, a través de su asesora victimal, Rebeca Nader, indicó que actualmente están a la espera de que la Fiscalía capitalina, encabezada por Bertha Alcalde, “tome el caso como prioritario y lo atienda urgentemente”.

Asimismo, agradeció la sororidad de las colectivas feministas que se han acercado a brindarle apoyo y difusión a su caso.

“Para los colectivos feministas, agradecer la sororidad. Se han puesto en contacto y eso ha fortalecido y saber que cuenta con tanto apoyo ha empoderado mucho a Caterina para continuar defendiendo su historia”, enfatizó.

Al parecer, Cali va a terminar el año superando los 1.000 homicidios, un panorama que no deja de ser preocupante ante las dinámicas de violencia en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los hechos delictivos registrados en los últimos días, se destaca el asesinato de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez y el de una mujer que atendía un local comercial en el sector de Siloé, identificada como Mayuleydi Giraldo Quiceno. Ambas muertes generaron llamados de alerta de las autoridades y la comunidad sobre los riesgos para las mujeres en la ciudad.

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Según informó la Personería Distrital, Cruz Magnolia Sánchez, reconocida lideresa y exjueza de paz de la Comuna 2, asistió a una mesa técnica por los problemas en el acceso al agua potable y necesidades institucionales en Alto Menga horas antes de ser atacada. El organismo señaló que la reunión fue convocada con el objetivo de articular soluciones para ese sector, afectado por distintos conflictos sociales.

El homicidio se produjo en la tarde del jueves 13 de noviembre, sobre la Avenida 6 Norte con Calle 44, una zona cercana a Chipichape. De acuerdo con la Personería, Sánchez era pasajera en un taxi cuando sicarios disfrazados de domiciliarios en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra la parte trasera, provocándole la muerte en el lugar. El conductor, que no resultó herido, fue atendido por crisis nerviosa.

La Personería condenó el ataque y pidió a las autoridades “actuar con celeridad para esclarecer lo sucedido”. En su comunicado, la entidad resaltó: “Nos preocupa profundamente que hechos de violencia como este sigan afectando a la ciudadanía y, en este caso, a una mujer que dedicó parte de su vida al trabajo comunitario y a la resolución pacífica de conflictos”.

El caso quedó en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, que adelantan la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad para determinar si la víctima fue seguida después de la reunión.

La Personería insistió en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de la vida como principios de la convivencia local.

“La Personería Distrital hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este lamentable crimen. Asimismo, reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la protección de la vida, pilares fundamentales para garantizar la convivencia y la justicia en nuestro territorio”, dijo puntualmente.

Cruz Magnolia Sánchez, de 54 años, ejerció como jueza de paz hasta 2022 y fue ampliamente reconocida por su acompañamiento a los comerciantes de Menga y su participación en acciones de mediación comunitaria. Su asesinato generó indignación y temor en el tejido social del norte de la ciudad.

Homicidio de una mujer, presuntamente, por temas de préstamos “gota a gota”

De otro lado, en la noche del martes 11 de noviembre, se registró otro caso de violencia letal contra una mujer. Mayuleydi Giraldo Quiceno, de aproximadamente 33 años, fue atacada a bala mientras atendía un establecimiento comercial en el barrio Belisario Caicedo, en la Comuna 20 del oeste caleño.

Según reportes preliminares de las autoridades, uno de los presuntos responsables, un hombre de 26 años, habría sido capturado en el lugar y enfrenta investigaciones por el crimen, que estaría relacionado con “gota a gota,” prácticas de préstamo informal.

Ambos casos han llevado a organizaciones sociales y autoridades a reiterar su preocupación por el aumento de la violencia contra mujeres en Cali, especialmente cuando desempeñan roles de liderazgo social o actividades económicas en barrios marginados. La Defensoría del Pueblo alertó previamente sobre los riesgos para mujeres líderes comunitarias en varios municipios del Valle del Cauca.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas las investigaciones para dar con los responsables y establecer las causas detrás de estos asesinatos.

Ricky Stubberfield, propietario de un salón de blanqueamiento dental en Plymouth, Reino Unido, fue condenado a 26 años de prisión hallado culpable de 23 delitos sexuales, entre ellos violación, agresión sexual, penetración digital, exhibicionismo y producción de imágenes indecentes de menores, cometidos entre diciembre de 2013 y junio de 2024 contra al menos siete mujeres, según informó The Guardian.

La sentencia, dictada el 21 de octubre de 2025 por el Tribunal de la Corona de Plymouth, incluye además seis años adicionales de libertad vigilada y la obligación de inscribirse en el registro de delincuentes sexuales de por vida.

Cómo engañaba influencers

De acuerdo con The Guardian, los delitos de Stubberfield se extendieron durante más de una década y afectaron a mujeres de entre 16 y 27 años. El agresor utilizó su posición como co-propietario y gerente del salón Essex Smiles, ubicado en Mutley Plain, para atraer a sus víctimas. Según BBC, el acusado contactaba a jóvenes a través de redes sociales, principalmente Instagram, ofreciéndoles tratamientos gratuitos de blanqueamiento dental a cambio de promocionar su negocio.

Muchas de las influencers que aceptaron la invitación acudieron al salón, donde Stubberfield aprovechó la situación para realizar avances sexuales y, en varios casos, agredirlas.

El modus operandi, detallado por BBC, consistía en identificar a mujeres jóvenes, algunas con presencia en redes sociales, y proponerles servicios gratuitos bajo la promesa de colaboración publicitaria. Una vez en el salón, las víctimas eran situadas en la silla de tratamiento, a menudo con un protector bucal colocado, lo que las dejaba en una posición vulnerable. En ese contexto, el agresor realizaba tocamientos, solicitaba fotografías y efectuaba avances sexuales reiterados y forzosos. People añade que, entre 2022 y 2024, al menos cinco mujeres sufrieron abusos en el establecimiento, mientras que una de ellas fue víctima de exhibicionismo cuando Stubberfield le mostró imágenes de sus genitales y se expuso físicamente tras ser rechazado.

Cronología de los abusos y lugares de los delitos

Los abusos no se limitaron al entorno del salón. Según The Guardian, Stubberfield perpetró agresiones en otros lugares de Plymouth, incluyendo un concierto en el recinto Plymouth Pavilions y el interior de una furgoneta. En febrero de 2022, una joven de 16 años denunció a la policía haber sido violada por el acusado en el baño para personas con discapacidad durante un concierto y, posteriormente, en el vehículo del agresor.

En otra ocasión, la misma víctima fue atacada en una vivienda, donde Stubberfield cometió múltiples violaciones y otros delitos sexuales. Parte de estos hechos quedaron registrados en una llamada de FaceTime a una amiga, quien, al percatarse de la situación a través del reflejo en una campana extractora, alertó y grabó la agresión, según relató The Guardian.

La cronología de los delitos, reconstruida por BBC, muestra que las primeras agresiones datan de 2013, cuando Stubberfield forzó sexualmente a una mujer que había conocido en un sitio de citas. En 2021, otra víctima fue violada en dos ocasiones antes de que el agresor le propusiera salir a cenar, trivializando la gravedad de los hechos.

La investigación policial se intensificó tras la denuncia de la menor en 2022 y la aparición de nuevos testimonios en 2024, lo que llevó a la detención y posterior procesamiento del acusado. Un reporte mediático motivó que otras víctimas, que hasta entonces creían ser las únicas afectadas, se animaran a denunciar.

El impacto emocional en las víctimas ha sido devastador. Durante el juicio, BBC recogió declaraciones en las que una de las mujeres afirmó: “Mi cuerpo nunca volverá a ser el mismo para mí, siempre me sentiré sucia”. Otra víctima expresó que dejó de sentirse segura en su propio cuerpo, mientras que una tercera relató haber experimentado vergüenza, culpa y pensamientos suicidas: “Ese es el daño que este hombre me causó”.

El juez Robert Linford calificó la conducta de Stubberfield como “depredación absolutamente implacable” y advirtió que el acusado representa un riesgo muy elevado para la sociedad. El detective inspector Marcus Hodges, en declaraciones recogidas por The Guardian, elogió la fortaleza de las víctimas y expresó su esperanza de que el fallo judicial les permita iniciar un proceso de recuperación: “Espero sinceramente que puedan encontrar algo de cierre y empezar a avanzar en sus vidas tras este desenlace”.

La detective Kezia Worden destacó la valentía de las mujeres que denunciaron los delitos, resaltando la importancia de su testimonio para lograr justicia.

Nueva Delhi, 30 ene (EFE).- Un parlamentario del principal partido de oposición de la India, el Partido del Congreso, de la histórica dinastía Nehru-Gandhi, fue arrestado este jueves tras una denuncia presentada por una mujer que lo acusa de explotación sexual bajo el pretexto del matrimonio, informó la policía.

El diputado del Partido del Congreso Rakesh Rathore, representante por la circunscripción de Sitapur en el Parlamento, fue presentado ante un tribunal que ordenó 14 días de custodia judicial, informó a los medios el oficial del distrito de Sitapur Aman Singh.

Rathore fue detenido en su residencia mientras hablaba con algunos periodistas, tras haber desoído durante más de una semana la orden de presentarse a declarar ante las autoridades.

"Confío en que obtendré justicia en el tribunal del pueblo y en el tribunal de la ley (...)El asunto está en manos del tribunal, por lo que no será correcto hablar sobre ello", dijo el parlamentario a los medios desde el tribunal.

Según detalles de la denuncia, recogidos por el diario Indian EXpress, la mujer acusa al diputado de haberla sometido a "agresión sexual durante los últimos cuatro años mientras le prometía casarse con ella" y avanzar en su carrera política para mantenerla en silencio.

Recientemente, la esposa del diputado difundió un video afirmando que su esposo era inocente y que estaba siendo falsamente implicado.

Este caso se produce en un contexto más amplio de preocupaciones actuales sobre la violencia sexual contra las mujeres en la India.

Si bien la India ha realizado algunas reformas legales en los últimos años, incluidas penas más estrictas para la violación, el problema sigue estando muy extendido. Las denuncias de agresión sexual, acoso y otras formas de violencia contra las mujeres son frecuentes y la tasa de condenas sigue siendo baja.

Entre los factores que contribuyen a ello se encuentran el estigma social que rodea la denuncia de esos delitos, la lentitud de los procesos judiciales y una compleja interacción de normas culturales y sociales. EFE

Londres, 28 ene (EFE).- El Gobierno laborista británico se opone a incluir en la definición de extremismo a ecologistas violentos, la extrema izquierda y los hombres que tienen prejuicios hacia las mujeres, según revela este martes la cadena BBC.

La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, no está de acuerdo con las conclusiones preliminares de un informe que encargó el año pasado a raíz de los disturbios provocados por grupos de extrema derecha en varias localidades de Inglaterra después del ataque en Southport, noroeste inglés, donde un joven mató a puñaladas a tres niñas durante una sesión de música con temática de Taylor Swift.

Según pudo saber la cadena pública británica, Cooper quiere que la definición de extremismo se centre más en las actividades violentas de islamistas y de la extrema derecha.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, está "considerando una amplia gama de posibles próximos pasos" que puedan surgir del informe.

El documento busca evaluar "de forma exhaustiva" el desafío que afronta el país y "sentar las bases para un nuevo enfoque para abordar el extremismo, de modo que podamos evitar que la gente se sienta atraída por ideologías odiosas", dijo el portavoz.

"Esto incluye abordar el islamismo y las ideologías de extrema derecha, que son las más prominentes hoy en día".

El objetivo del informe es, según el Ejecutivo, dar forma a una nueva estrategia contra el extremismo, abordando las amenazas en línea de islamistas y de la extrema derecha.

El año pasado, Cooper dijo que se busca identificar cualquier "laguna en la política existente" para "acabar con quienes promueven creencias dañinas y odiosas y la violencia".

De acuerdo con algunas filtraciones del informe, según informan los medios, se recomienda que la estrategia del gobierno contra el extremismo se centre también en "comportamientos preocupantes", como la violencia contra las mujeres y la difusión de información errónea y de teorías conspirativas.

La semana pasada, el joven de 18 años Axel Rudakubana fue condenado por un tribunal de Liverpoool, noroeste de Inglaterra, a 52 años de cárcel por el asesinato de tres niñas en Southport y de intentar asesinar a otros ocho menores y dos adultos en la clase de baile. EFE

Londres, 6 ene (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, defendió este lunes a la secretaria de Estado británica Jess Phillips de quienes "propagan mentiras y desinformación" en referencia a los ataques verbales del fundador de Tesla y dueño de la red social X, Elon Musk, a su colega.

En un discurso pronunciado hoy por Starmer en el condado inglés de Surrey frente a trabajadores sanitarios para detallar cambios en la Sanidad pública, el jefe del Ejecutivo fue preguntado por los recientes mensajes colgados por Musk en su red social X, en los que, entre otras cosas, señala que se debería "encarcelar" a Phillips por su respuesta ante las bandas que abusan sexualmente de niños en este país.

En esos mensajes, el magnate sudafricano se refiere también a la secretaria de Estado de salvaguarda, encargada de la protección y violencia contra las mujeres y niñas, como una "apologista del genocidio por violación" y la llama "bruja malvada", acusaciones que el titular británico de Sanidad, Wes Streeting, calificó ayer de "difamaciones vergonzosas".

Los ataques comenzaron después de que Phillips rechazara una petición para que el Gobierno liderara una investigación pública sobre la actividad de explotación infantil detectada en la localidad inglesa de Oldham.

Según dijo hoy Starmer en su intervención al ser preguntado por la polémica, "aquellos que propagan mentiras no están interesados en las víctimas".

El líder laborista consideró que "a la mayoría de la gente le interesa más lo que ocurre en el NHS -sistema sanitario público- que lo que pasa en Twitter (por X)".

"Aquellos que están atacando a Jess Phillips, a quien estoy orgulloso de llamar colega y amiga, no están protegiendo a las víctimas. Jess Phillips ha hecho mil veces más que lo que estos podrían soñar cuando se trata de proteger víctimas de abusos sexuales", apuntó.

Starmer agregó además que estos ataques contra su colega buscan "promover la intimidación y las amenazas de violencia, confiando en que los medios de comunicación lo amplifiquen". EFE

Las organizaciones y activistas venezolanas denunciaron este martes, en un foro realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, que la violencia contra las mujeres en el país se “agudiza” cuando se encuentran en prisión, un problema que intentan poner de manifiesto para poder revertirlo.

“Queremos hacer énfasis en las privadas de libertad porque son invisibles, siempre se habla de presos políticos pero hay mujeres también que están detenidas y sufren formas de violencia”, explicó la activista Diannet Blanco a EFE, quien estuvo detenida en 2017 durante las protestas contra el gobierno.

Durante el foro, que se celebró en el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Blanco destacó que los principales “patrones de violencia” que enfrentan las mujeres detenidas son el abuso psicológico, sexual, institucional y físico.

Además, el foro mostró una exposición fotográfica que capturó las vidas de mujeres en prisión, así como de madres, tías y abuelas que luchan por la libertad de sus familiares detenidos durante la crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Por su parte, la directora de Cultura de la UCV, Morela Alvarado, explicó a EFE que el objetivo de la exposición es visibilizar la difícil situación de las mujeres detenidas, incluidas aquellas consideradas “presas políticas”, y de cómo esta realidad impacta también en el entorno laboral y familiar de las personas afectadas.

“La situación que está viviendo Venezuela no es una situación muy favorable pero creemos que se están dando pasos importantes para establecer puentes para llegar a diálogos que permitan de verdad una resolución feliz a toda la problemática que estamos viviendo actualmente”, añadió la directora.

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó a través de Instagram que actualmente permanecen en prisión 1.887 “presos políticos”.

El 16 de noviembre, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que se habían “otorgado y ejecutado” 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las protestas contra los resultados oficiales de las recientes elecciones, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre estas liberaciones.

A su vez, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó al Estado la publicación de un listado oficial de las personas consideradas “presos políticos” que han sido liberadas.

Mientras tanto, la persecución en Venezuela no se detiene. La semana pasada, el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo una nueva oleada de detenciones arbitrarias. Durante una intervención televisiva este sábado, el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, aseguró que las fuerzas de seguridad habían desmantelado un presunto intento subversivo de la disidencia. En esta ocasión, fueron arrestados tres jueces, dos fiscales y un militar.

(Con información de EFE)

La Paz, 8 oct (EFE).- Un español de 58 años fue detenido y es investigado en Bolivia por los presuntos delitos de violación de menores y pornografía, informó este martes la Fiscalía General del Estado.

El hombre, identificado como José L.S.S., fue aprehendido en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde vive desde hace once años, explicó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, citada en un comunicado de prensa del Ministerio Público.

"En el lugar se encontró equipos e instrumentos destinados a la comisión del hecho delictivo consistente en cámaras fotográficas y de videos digitales de diferentes marcas, dispositivos móviles, entre otros materiales que serán analizados", sostuvo.

Según Rocha, el equipo especializado de la Fiscalía también rescató a una niña de siete años, la "nieta política" del investigado que presuntamente fue víctima de agresiones sexuales por parte del hombre.

La niña "aparecía en varios de los videos de pornografía" y "se presume habría sido vejada y utilizada por este sujeto desde sus tres años de edad. Se conoce que este sujeto mantenía una relación de pareja con la abuela materna de la víctima, razón por la cual tenía acceso a la menor”, indicó.

Rocha mencionó que se pudo establecer un sistema eficiente para identificar y perseguir delitos de abuso sexual contra menores mediante un trabajo coordinado entre una unidad especializada de la Fiscalía para este tipo de casos y plataformas internacionales, con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación (Educo).

A partir de un convenio firmado con Educo y la creación de esa unidad se realizaron ocho operativos en distintos departamentos bolivianos "y este es uno de los más importantes por la implicancia del caso y las personas que podrían estar interviniendo en el mismo como autores, partícipes y víctimas, además de la cantidad de material encontrado", dijo.

Un reporte reciente de la Fiscalía señala que entre el 1 de enero y el 2 de octubre de este año se registraron 37.649 casos relacionados con delitos de violencia contra mujeres, niños y adolescentes.

Estas denuncias se enmarcan en los delitos señalados en la ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente en el país desde 2013.

Del total de casos reportados hasta esa fecha, los delitos más denunciados son violencia familiar (28.262), abuso sexual (2.753), violación (2.317), violación de menores de edad (1.996) y estupro (1.376), mientras que se registraron 92 casos de feminicidios en grado de tentativa. EFE

Ginebra, 8 oct (EFE).- Hasta 700 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual en el último año, en el contexto de los conflictos armados en la República Democrática del Congo (RDC), denunció este martes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas dio un repaso a la situación en ese país, sacudido por décadas de enfrentamientos entre las autoridades y distintos grupos armados, y llamó la atención sobre el extendido uso de la citada violencia sexual, con casos investigados por su oficina entre junio de 2023 y de 2024.

"Grupos armados secuestran, mantienen en cautiverio y someten a esclavitud sexual a mujeres y niñas, que en muchos casos son asesinadas después de ser violadas, una situación espantosa", afirmó el alto comisionado, quien señaló que el número de casos reales podría ser mucho mayor al reportado.

En el periodo estudiado, agregó, un 85 % de las distintas violaciones de derechos humanos se produjeron en las provincias más sacudidas por conflictos armados en el este del país, donde los grupos insurgentes son responsables de más del 60 % de los abusos, "incluidos ataques a civiles e infraestructuras no militares tales como hospitales o escuelas".

Türk recordó que este año más de 940.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en la RDC por el conflicto, elevando el número total de desplazados internos a 6,4 millones, mientras 23,4 millones de congoleños sufren inseguridad alimentaria, el mayor número en un sólo país en todo el planeta.

El jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también acusó a las fuerzas armadas congolesas de violaciones de derechos humanos durante sus operaciones militares contra grupos insurgentes, y denunció que los discursos de odio e incitaciones a la discriminación "alimentan el conflicto y las tensiones políticas".

Türk urgió a otros países con influencia en estos conflictos a presionar para el fin de éstos, incluida Ruanda, recordando que apoya a al menos uno de los grupos armados que operan en el país vecino, el M23.

También aludió a la progresiva retirada de la misión de la ONU en la RDC, la MONUSCO, subrayando que debe llevarse a cabo "de forma responsable y puntual, y garantizando que la protección de los civiles se mantiene como una prioridad".

Por otro lado, el alto comisionado mostró preocupación por la reanudación de las condenas a muerte en el país, pese a la moratoria sobre la pena capital que regía en la RDC, con 128 nuevas condenas en este sentido.

"Pido a las autoridades que estas sentencias no sean ejecutadas, y que se finalice el proceso legislativo ya en marcha encaminado a abolir la pena de muerte", subrayó Türk. EFE

Ginebra, 7 oct (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó este lunes su creciente cooperación con las autoridades de Honduras para mejorar las garantías de respeto a las libertades fundamentales en el país, aunque subrayó que persisten los "retos estructurales" en cuestiones penitenciarias, de seguridad y justicia.

Esta cooperación se analizó en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el director de operaciones y cooperación técnica de esa oficina, Christian Salazar, subrayó que todavía preocupan cuestiones como las altas tasas de violencia contra las mujeres en Honduras o la persistencia de conflictos sociales, ambientales y agrarios relacionados con la tierra.

En este sentido, Salazar expresó su "profundo pesar" por el asesinato el 14 de septiembre del defensor de derechos humanos y ambientalista Juan López en Tocoa (norte de Honduras).

"Tomamos nota de las recientes detenciones de los presuntos autores materiales e instamos al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial que permita sancionar a todos los responsables", aseguró.

Salazar subrayó que, con la asistencia de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, el Estado hondureño ha iniciado procesos estratégicos para abordar los desafíos estructurales, después de que la Administración actual asumiera sus funciones en enero de 2022.

En el campo judicial, por ejemplo, tras décadas de "falta de capacidad técnica, efectividad e independencia", la oficina de la ONU ha ayudado a Honduras en la elaboración de un plan de acción para mejorar el acceso a la justicia.

También ha asistido en la revisión de los tipos penales, cuya interpretación y uso arbitrario había derivado en el pasado en la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, añadió.

Otro campo en el que Naciones Unidas asiste a Honduras, recordó, es la elaboración del proyecto de ley de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1980-1993, señaló Salazar, quien instó a una pronta adopción e implementación de esta legislación.

En el campo de los conflictos territoriales, el responsable de la oficina de la ONU dio la bienvenida a la aprobación este año del decreto legislativo que asegura la protección y conservación del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y otras áreas protegidas del país al prohibir en ellas las actividades mineras.

"Su implementación representará un avance en beneficio de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales en favor de las comunidades", aseguró, para añadir que la oficina de la ONU apoya también técnicamente a las autoridades en la resolución del histórico conflicto agrario en el Bajo Aguán.

Salazar reiteró la preocupación de la oficina de la ONU por el estado de excepción en el que se encuentra Honduras desde diciembre de 2022 con el pretexto de luchar contra la delincuencia.

"La suspensión de derechos ha de ser de carácter excepcional, llamamos al Estado a revocar ese estado y en su lugar elaborar e implementar una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos", añadió. EFE

Los manifestantes marcharon en París tras una gran pancarta que decía “Basta de violencia sexista y sexual”.

“Siempre culpamos a las mujeres”, dijo la manifestante parisina Ghislaine Gireire-Revalier, al expresar su apoyo a las mujeres atrapadas en situaciones domésticas violentas. “Lo que olvidamos es el fenómeno de estar en las garras de alguien... es como una araña que te envuelve poco a poco en su telaraña”.

Los grupos que luchan contra la violencia hacia las mujeres dijeron que al menos 101 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja en Francia en lo que va del año, aproximadamente una mujer cada tres días. Más de 220.000 mujeres sufren abuso físico o sexual por parte de su pareja cada año, según un estudio nacional de 2017.

Los activistas han exhortado al gobierno del presidente Emmanuel Macron a dedicar 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) cada año para luchar contra la violencia hacia las mujeres, en lugar de los 360 millones (406 millones de dólares) gastados ahora, en parte para crear más refugios.

La manifestante Meryll Le Goff dijo que “hay medidas que se han puesto en vigor como un servicio de teléfono para quienes se encuentran en peligro grave”, un teléfono especial que consiste en un botón para alertar a la policía. En septiembre se desplegaron más de 2.500 teléfonos de este tipo en el país, dijo el Ministerio de Justicia.

“Pero no hay suficientes para todos”, dijo Le Goff. “Medidas a medio hacer, hombres que están detenidos temporalmente o incluso encarcelados pero que finalmente son liberados sin ninguna medida posterior... ese es el problema”.

Las protestas son parte de una semana de acciones globales que marcan el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.