La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes que el caso de una mujer asesinada en Benahavís (Málaga), encontrada en el interior de su vivienda el pasado 21 de julio, es un presunto feminicidio, lo que eleva la cifra de víctimas mortales de violencia de género a 36 en lo que va de año.

En un primer momento, se había descartado la naturaleza machista de este crimen. Sin embargo, a medida que la Guardia Civil ha avanzando en las investigaciones, se ha constatado que la víctima y el presunto agresor fueron pareja y que ahora compartían piso. La mujer, de 45 años y origen húngaro, no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

Según ha recogido EFE en base a fuentes de la Guardia Civil, el presunto asesino se encuentra en prisión desde el 3 de agosto y habría confesado el crimen en un diario que escribió durante los días en los que permaneció huido.

Una vecina del inmueble en el que se produjeron los hechos, alertó al teléfono 112 de que estaba escuchando gritos de la mujer pidiendo auxilio. Tras esta llamada, según su testimonio, observó a un hombre saliendo del domicilio, al que grabó en vídeo con su teléfono móvil.

El sospechoso del asesinato de la mujer huyó en un vehículo que abandonó en Marbella y todo parecía indicar que estaba oculto en una zona de monte de Istán, en la provincia de Málaga. Allí se desplegó un operativo y fue localizado el 31 de julio, escondido junto a un bancal.

El hombre tuvo que ser auxiliado después de hacerse un corte en el cuello con un cúter al verse cercado por la Guardia Civil. Los servicios sanitarios lo trasladaron inconsciente al centro de salud de Istán y, de allí, al Hospital Costa del Sol de Marbella. Al día siguiente fue dado de alta y detenido.

Tal y como han señalado ahora que ha avanzado la investigación, la víctima y el presunto autor de su asesinato habían mantenido una relación sentimental entre los años 2018 y 2020. Tras varios años en el extranjero, retomaron el contacto y actualmente eran compañeros de piso.

El peor dato desde 2019

Con la confirmación de la naturaleza machista de este crimen, se elevan a 36 el número de mujeres víctimas de violencia de género, después de que ayer el Ministerio de Igualdad condenase también los presuntos asesinatos producidos en Llanes (Asturias) y en Murcia.

Esta es la peor cifra desde 2019 en lo que va de año: a 7 de agosto, en 2021 (49 en total en ese año) y 2023 (58 en total en ese año) se habían producido ya 35 crímenes machistas; en 2019 (56 en total de ese año), en estas fechas, ya eran 42 el número de mujeres víctimas de violencia de género.

Recursos para las víctimas

*El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE

La violencia machista sigue sin dar tregua en España, con un verano especialmente trágico. Entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres y solo en lo que llevamos de agosto se han registrado otros dos feminicidios en Asturias y Murcia, ambos el pasado día 5 con escasas horas de diferencia, lo que eleva a 35 el total de víctimas mortales en lo que va de año y a 1.376 desde 2003, año en que se comenzaron a recopilar estos casos.

Además, el Ministerio del Interior ha comunicado que hasta el 31 de julio de 2026 tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 104.666 casos activos de violencia de género. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo. Según esos mismos datos, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo.

Por comunidades autónomas, tanto en los feminicidios como en los casos activos de violencia machista registrados en España en lo que va de año, Andalucía es la comunidad autónoma con peores datos. Nueve mujeres, lo que representa el 27% del total nacional, han sido asesinadas en esta región, que también suma 27.885 casos activos de violencia de género, según los datos oficiales.

Miedo a denunciar o sentirse desprotegidas

Por todo ello, para especialistas en violencia de género como la socióloga Carmen Repullo y la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja resulta especialmente preocupante la decisión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla de transferir a Vox la gestión de la valoración de víctimas de violencia machista, en virtud de sus nuevas competencias en Justicia, ya que el partido de Santiago Abascal niega la existencia de este tipo de violencia.

“En este tipo de decisiones se aprecia la preocupación que tiene el Gobierno de Andalucía por las víctimas de la violencia de género. Y una de las cuestiones más alarmantes, no solo por los datos de Andalucía, que efectivamente es la región con más feminicidios, es el hecho de que las mujeres vean en este cambio que no tienen cubiertos sus derechos. Es decir, que tengan miedo a denunciar, que sientan que el sistema de valoración de la violencia de género en Andalucía no las protege ni a ellas ni a sus hijos o que puedan pensar que ese recurso no es valioso”, explica Repullo, profesora en la Universidad de Granada, en conversación con Infobae. “¿Cómo va a proteger a las víctimas un partido que cuestiona la violencia de género, cuando no reconoce el problema en su origen?”, se pregunta la experta.

Repullo considera que la violencia debe identificarse por su naturaleza específica y, en el caso de la de género, asignarle ese carácter resulta fundamental. La socióloga advierte que Vox pretende eliminar esa distinción, lo que implicaría tratar todas las formas de violencia de igual manera.

“La violencia de género requiere especialistas, estrategias de protección y una coordinación adecuada entre distintas unidades. Lo que quieren es volver a la anécdota y que esta violencia no sea considerada como un problema social y estructural, cuando a los problemas estructurales no se les pueden dar respuestas puntuales”, sostiene la docente.

La importancia de evaluar el riesgo

En esa misma línea se expresa Zorrilla Pantoja, que destaca la importancia de “desterrar la idea de que la violencia de género es un conflicto de pareja o de relación”, porque se trata de una violencia que tiene unas características propias, que se produce “en un contexto de desigualdad, de control y de dominación, lo cual requiere una mirada más integral y una mirada especializada, que permita identificar las verdaderas causas de la violencia y visibilizar dinámicas que no siempre son visibles”.

Para la especialista reducir la violencia de género a un conflicto familiar o interpersonal implica perder la perspectiva de género necesaria para abordarla de manera adecuada. “Sin un enfoque especializado, se dificulta la comprensión de las características específicas de este tipo de violencia y la correcta evaluación del riesgo, lo que puede derivar en respuestas ineficaces y mayor riesgo de revictimización.

“Si dejamos de entender la violencia de género como lo que es, que es una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que la causa está en el machismo y en el sistema patriarcal, y pasamos a tratarla como un conflicto familiar o como cualquier tipo de violencia interpersonal más, perdemos el enfoque necesario para poder combatirla”, indica la psicóloga especializada en violencia de género, victimología y psicología forense.

También explica que una de las funciones más importantes de los servicios especializados de violencia de género es evaluar el riesgo de las víctimas y, dependiendo de ello, se aplican unas medidas determinadas de seguridad. “Las víctimas suelen presentar relatos fragmentados, porque el trauma genera bloqueos, y además hay muchos mitos de cómo son las mujeres que sufren violencia de género, por eso se requiere profesionales capacitados. Sin un enfoque especializado, puede haber una revictimización y generar un daño secundario no solo a las mujeres, sino también a los hijos e hijas que se quedan en una situación de desprotección, porque la violencia que se ejerce contra sus madres impacta negativamente en su desarrollo”, añade.

Si Vox en Andalucía asume estas competencias y elimina los programas basados en la evidencia o reduce la violencia machista a casos individuales, advierte la especialista, “disminuirá la prevención y favorecerá la cronificación del problema”. “La concentración de programas y colectivos en menos equipos genera sobrecarga y provoca más bajas, rotación de profesionales, menor continuidad asistencial y menos seguimiento de casos”, resume Zorrilla Pantoja.

Igualdad exige una reunión con Moreno Bonilla

La decisión de la Junta de Andalucía ha hecho que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exija una reunión urgente al presidente andaluz, al considerar que “transmite falta de compromiso a las víctimas”, al tiempo que ha advertido que trasladar esas competencias a quienes niegan la violencia de género puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) también lo han censurado. Mientras la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que “cuando PP y Vox pactan, siempre perjudican a las mujeres”, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que Moreno Bonilla “vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres”. “El PP no solo no pone límites a la extrema derecha, sino que hace propia su agenda”, ha añadido Maíllo, que también es coordinador federal de IU.

En esa misma línea se ha expresado el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, que ha asegurado que estarán “vigilantes” para “no permitir ningún retroceso de derechos”.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado los últimos feminicidios de dos mujeres registrados en Llanes (Asturias) y Murcia el pasado 5 de agosto, con apenas unas horas de diferencia. La víctima de Asturias, de 50 años y madre de dos hijas menores de edad, ha sido asesinada por su expareja, un hombre de 49 años sobre quien ya pesaban denuncias previas por violencia de género. La mujer asesinada en Murcia, también a manos de su expareja y con denuncias previas contra su agresor, tenía 44 años y una hija menor de edad.

Tras la confirmación de estos dos crímenes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España se eleva a 35 en lo que va de 2026, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos. Por otro lado, los menores huérfanos por esta causa alcanza los 26 en 2026 y los 536 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han transmitido su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante estos nuevos feminicidios machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que solicita una reunión urgente y una rectificación tras la decisión del Ejecutivo andaluz de transferir a Vox competencias relacionadas con la atención a las víctimas de violencia de género. El partido liderado por Santiago Abascal sigue negando la violencia machista pese a los 1.376 feminicidios registrados en España desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. Además, en lo que llevamos de año, 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas.

En el escrito, remitido este jueves, Redondo expone la “profunda preocupación” del Ministerio de Igualdad ante una medida que, según indica, marca un punto de inflexión en el compromiso que Andalucía ha mostrado durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra subraya que esta decisión supone “un cuestionamiento del consenso alcanzado en torno a la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos”.

La carta, que también ha sido dirigida a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, pone en duda la conveniencia de delegar estas políticas en una formación que ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de la violencia de género.

Qué puede suponer el cambio

Redondo advierte que este cambio transmite un mensaje de falta de compromiso institucional y podría afectar la gestión de los fondos vinculados al Pacto de Estado, recursos destinados a garantizar la prevención, la atención integral y la protección de las mujeres y sus hijos.

La ministra insta al Ejecutivo de Moreno Bonilla a reconsiderar la medida y a mantener la coherencia institucional que, recalca, ha caracterizado a la comunidad en materia de igualdad y protección de las víctimas. “Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en ciudadanas de segunda ni ver debilitadas las políticas públicas orientadas a garantizar su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, especialmente en un contexto de alta incidencia de la violencia de género en la región”, señala en la misiva.

Más de 100.000 casos activos de violencia de género

Este mismo jueves el Ministerio del Interior ha informado que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, en España se han registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

Andalucía lidera la lista

En ese sentido, Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

El Ministerio del Interior ha registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén entre el 1 de enero y el 31 de julio. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

La estadística revela que existen 13.464 casos “de especial relevancia”, en los que se identifican combinaciones de indicadores que elevan considerablemente el riesgo de que la víctima sufra violencia grave o letal por parte del agresor.

Andalucía es la región con más casos

Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

35 feminicidios en lo que va de año

Por otro lado, según la estadística de violencia de género recogida por el Ministerio de Igualdad, en lo que va de año 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos.

Los últimos feminicidios han ocurrido este miércoles, con escasas horas de diferencia, en Llanes (Asturias) y Murcia. Además, entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

En la madrugada de este jueves, la Guardia Civil ha detenido en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a su expareja, una mujer de 44 años, a puñaladas en un centro comercial de Murcia, según ha informado EFE en base a fuentes policiales.

La magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había ordenado su búsqueda y detención después de que el presunto asesino hubiese huido del lugar de los hechos.

Según adelantó ayer el medio regional La Opinión de Murcia, los hechos se produjeron en un taller de zapatería ubicado en el centro comercial Carrefour Infante. El cuerpo de la víctima fue hallado poco después de las 17.25 horas en la trastienda del establecimiento, después de que uno de los trabajadores alertase al vigilante de seguridad de que había recibido un mensaje del sospechoso advirtiéndose de que no se acercara allí porque había matado a su mujer y el cadáver se encontraba en el interior.

Tras el hallazgo de la víctima, se dio aviso a los servicios de emergencia, por lo que agentes de la Policía Nacional y sanitarios del O61 se desplazaron hasta el lugar. Pese a ello, los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

El detenido había sido condenado por malos tratos

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el detenido, de 38 años y nacionalidad española, está acusado de los delitos de “homicidio y quebrantamiento de condena”, ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, así como comunicarse con la víctima.

La expareja tenía una hija de cinco años cuya tutela ha sido atribuida provisionalmente “a la institución pública competente” del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen “las medidas de protección que procedan”, según ha señalado la magistrada.

Este crimen se produjo apenas unas horas después del asesinato de una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias), presuntamente a manos de su expareja, también miembro del Instituto Armado. El presunto agresor abrió fuego contra la mujer cuando esta se encontraba de servicio y murió posteriormente tras resultar herido por los disparos efectuados por otros agentes al intentar impedir su huida.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando información para confirmar oficialmente si el crimen de Murcia y el ocurrido horas antes en Llanes (Asturias) constituyen nuevos casos de violencia machista. De ratificarse ambos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 35 en lo que va de 2026 y a 1.376 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

La tranquilidad de la colonia Bethania, en San Miguel Centro, se vio alterada la noche del martes, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en la casa de su excompañera de vida y la atacó con un cuchillo, dejando a dos mujeres con lesiones graves.

El hecho fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes acudieron tras recibir una alerta de emergencia de los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, llegó a la vivienda impulsado por presuntos “celos”.

Según el reporte de la PNC, el hombre agredió primero a su expareja, provocándole heridas profundas. Al intentar intervenir, la madre de la víctima también resultó atacada y sufrió lesiones de consideración. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde permanecen bajo observación médica.

Fuentes policiales informaron que, tras recibir el reporte, un equipo de inteligencia de la PNC desplegó un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso en la colonia Ciudad Toledo, dentro del mismo municipio.

La PNC confirmó que Granados Masferrer será remitido a las autoridades por el delito de intento de homicidio. A través de un comunicado la institución afirmó: “Hacemos un llamado al respeto a la vida y advertimos que quienes cometan este tipo de hechos enfrentarán las consecuencias legales que establece la ley”.

Las investigaciones continúan para determinar si existían antecedentes de violencia entre las partes y para esclarecer los motivos que llevaron al ataque.

El caso se suma a una tendencia preocupante de agresiones contra mujeres en El Salvador. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de (Ormusa), entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador, igualando la cifra registrada durante todo el mismo periodo de 2025, aunque el ciclo de monitoreo de 2026 aún no concluye.

Este registro muestra que la violencia feminicida continúa afectando a mujeres en diferentes etapas de la vida y constituye una grave violación de derechos humanos.

De estos, más de la mitad corresponden a agresiones cometidas por personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas. Las cifras reflejan que la mayoría de los casos se registran en áreas urbanas, aunque también se reportan incidentes en zonas rurales, lo que evidencia la extensión del problema.

Las estadísticas recopiladas por ORMUSA señalan que, en promedio, cada día se reportan al menos 15 incidentes de violencia contra mujeres en el territorio salvadoreño.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier forma de agresión y han puesto a disposición líneas de atención para quienes requieran apoyo.

El caso de la colonia Bethania ha generado indignación entre organizaciones sociales y defensores de los derechos de las mujeres, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención. La PNC manifestó que continuará realizando patrullajes y labores de inteligencia en la zona para prevenir nuevos hechos similares.

Las investigaciones, según lo informado por las autoridades policiales, buscan establecer con claridad la secuencia de los hechos y determinar el nivel de responsabilidad de Granados Masferrer en el ataque.

El feminicidio de Zulema de la Luz González Cisneros ha provocado indignación en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, donde familiares, amigos y habitantes exigieron la captura inmediata del presunto responsable del crimen, al asegurar que “está identificado” y que las autoridades cuentan con elementos para proceder en su contra.

La joven fue localizada sin vida el sábado 1 de agosto, apenas 24 horas después de haber sido reportada como desaparecida, hecho que conmocionó a la comunidad y reavivó las exigencias para que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género y sin impunidad.

Desde el momento en que fue confirmada la muerte de Zulema, familiares y personas cercanas comenzaron una campaña en redes sociales para exigir justicia. Con mensajes acompañados de frases como “Justicia y paz para Zulema”, “Ni una más” y “Nos falta Zulema”, pidieron que el caso sea esclarecido cuanto antes y que el responsable enfrente a la justicia.

Autoridades coordinan operativo para detener al presunto responsable

El Ayuntamiento de Playa Vicente informó que mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz para lograr la localización y detención del presunto autor material del feminicidio.

De acuerdo con las autoridades municipales, existe un trabajo conjunto con las instancias estatales para impedir que el crimen quede sin castigo.

En un posicionamiento difundido tras el hallazgo del cuerpo de la joven, el gobierno municipal aseguró que las corporaciones involucradas mantienen acciones encaminadas a capturar al presunto responsable y reiteró que existe “total coordinación para lograr que este presunto feminicidio no quede impune”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad del sospechoso ni sobre posibles órdenes de aprehensión, aunque la familia sostiene que el presunto agresor ya fue identificado.

El dolor de una comunidad y el llamado a la justicia

Durante el recibimiento de los restos de Zulema de la Luz González Cisneros, familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan tras el crimen y publicaron un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

“Recibimos el cuerpo de Zulema de la Luz González Cisneros, rodeados de un silencio que quema, de lágrimas sinceras y de un dolor que traspasa a todo Playa Vicente”, escribieron.

En el mismo mensaje lamentaron que la joven regresara con su familia “no como debió haber sido”, sino como víctima de una violencia que calificaron como cobarde y que dejó una herida profunda entre sus seres queridos y la comunidad.

Los familiares insistieron en que la investigación debe avanzar con rapidez para evitar que el caso quede impune y solicitaron que el responsable sea detenido y llevado ante un juez.

“Exigimos que el responsable pague por lo que hizo. Que este momento tan doloroso sea también el recordatorio de que la justicia para Zulema es una deuda que las autoridades deben saldar de inmediato”, señalaron.

El caso ha generado una amplia reacción entre colectivos, ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes han manifestado solidaridad con la familia y reiterado el llamado para reforzar las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el feminicidio y localizar al presunto responsable, en tanto familiares y habitantes de Playa Vicente sostienen su exigencia de justicia y de que el asesinato de Zulema de la Luz no se convierta en otro caso sin resolver.

La violencia contra las mujeres volvió a encender las alertas en Veracruz luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos asesinatos y la privación ilegal de la libertad de otra mujer en distintos puntos de la entidad. Los casos ocurrieron apenas 17 meses después de que el gobierno estatal presentara el programa “Veracruzana Protegida”, una estrategia anunciada para garantizar seguridad, protección y atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo en los municipios de Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras organizaciones y especialistas advierten que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el estado.

La primera víctima fue Zulema de la Luz González, quien había sido reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado sin vida en un predio del municipio de Playa Vicente el sábado, apenas un día después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Otra mujer asesinada y una maestra desaparecida

Horas después del hallazgo de Zulema, la violencia volvió a hacerse presente.

La mañana del domingo 2 de agosto fue asesinada Ana Libia Gutiérrez Reyes, cuyo cuerpo quedó sobre la carretera que comunica las comunidades de San Martín y Morelos, en la zona limítrofe de los municipios de Acayucan y Soteapan, al sur de Veracruz.

Al igual que en el primer caso, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Ese mismo domingo también se reportó la privación ilegal de la libertad de una mujer identificada como la maestra Elena, quien presuntamente fue interceptada por un grupo de personas cuando se encontraba en la terminal de autobuses del municipio de Gutiérrez Zamora.

Hasta el cierre de los reportes oficiales, no se había informado sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

La coincidencia temporal de estos tres hechos violentos volvió a generar preocupación entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que desde hace años han advertido sobre el incremento de desapariciones y muertes violentas en la entidad.

Las cifras mantienen encendida la alerta

Los recientes casos ocurren en un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres en Veracruz.

De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, entre enero y julio de este año se documentaron 30 presuntos feminicidios, además de 22 homicidios dolosos de mujeres, cifras que reflejan la persistencia de la violencia letal en la entidad.

El informe también reporta 216 desapariciones de mujeres durante ese mismo periodo, un promedio superior a una desaparición diaria, lo que convierte este delito en uno de los principales focos de preocupación para organizaciones civiles y familiares de víctimas.

A estos registros se suman 142 agresiones contra mujeres documentadas en distintos municipios del estado durante los primeros siete meses del año.

Asimismo, el observatorio contabilizó 52 muertes violentas de mujeres, considerando tanto feminicidios como homicidios, durante el primer semestre de 2026.

Programa bajo escrutinio

Los nuevos hechos de violencia ocurren a 17 meses de la presentación del programa “Veracruzana Protegida”, impulsado por el gobierno estatal con el objetivo de ofrecer mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata para mujeres en situación de riesgo.

Sin embargo, la persistencia de asesinatos, desapariciones y agresiones ha llevado a organizaciones civiles a cuestionar la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la violencia de género en Veracruz.

Mientras las investigaciones por los tres casos continúan, familiares de las víctimas y colectivos exigen resultados en las indagatorias, así como acciones que permitan reducir la incidencia de estos delitos y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad.

El pasado 26 de julio, la joven de 22 años Karla Valeria Jiménez Sánchez fue hallada sin vida dentro de su vivienda en San Sebastián Aparicio, en el estado de Puebla. De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, se trató de un suicidio, sin embargo, familiares exigen que el caso sea investigado como feminicidio debido a que la joven vivía violencia por parte de su pareja, identificado como Yeudiel.

Karla Valeria era madre de un niño de cuatro años y estudiaba la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario en Movimiento Por México, el cual lamentó los hechos.

El testimonio de Karo Sánchez, madre de Karla Valeria, revela el patrón de violencia previa e intimidación que vivía. A través de un video difundido por medios de comunicación durante el velorio de la joven, explicó que compañeros de trabajo notaron de forma reiterada que Karla Valeria llegaba al empleo con golpes visibles.

Relató que su hija intentaba ocultar moretones y marcas en el cuello con maquillaje y blusas de cuello alto. “Llegaba con marcas en el cuello de que la ahorcaba. Llegaba con golpes en su cara y se escondía con mucho maquillaje”, afirmó la madre en su testimonio.

De acuerdo con su madre, la joven admitió a una compañera que su esposo era cada vez más agresivo y que no lo dejaba por temor a represalias y por el bienestar de su hijo. “Él amenazó a mi hija y le dijo que no se metiera su papá, que no la defendiera porque él iba a matar a su papá”, denunció la madre, subrayando la situación de riesgo en la que vivía la víctima.

Entre los incidentes reportados, la madre mencionó un episodio en el que Karla Valeria explicó que no podía caminar porque su esposo “la tiró el de la moto”, quien participaba en el mismo grupo de motociclistas que presidía la joven.

“Ella era presidenta de un grupo de motociclistas. Ese grupo no aceptaba al esposo, pero tenían que aceptarlo por Valeria. Lo sobrellevaban y lo aguantaban por ella”, compartió.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo al testimonio de la madre de Karla Valeria, ingresaron al departamento y encontraron a la joven en condiciones críticas y ya sin signos vitales. “Con la desesperación, gritarle. Pero no, ya, ya había fallecido mi hija. Ya estaba morada, en malas condiciones que se veía mi hija”, narró la madre.

En ese momento, la familia encaró al esposo de Karla Valeria —quien la estaba abrazando cuando la familia ingresó a la vivienda— para exigirle respuestas sobre lo sucedido. “Le empezamos a decir que qué había hecho, que qué había pasado. Él dijo: ‘Yo no le hice nada, yo ni estuve acá. Ella estaba aquí solita’”, relató.

En su testimonio también relató que existen testigos que escucharon a la joven gritar antes de que ocurrieran los hechos, lo que significaría una prueba importante de que lo sucedido no fue un suicidio. “Salieron todos los vecinos y nos dijeron: ‘Los gritos de su hija eran de desesperación, gritaba, pedía auxilio. Eran unos gritos aterradores. Se escuchaba a todo alrededor de los edificios los gritos’”, afirmó la madre, enfatizando el ambiente de alarma que se vivió en la zona el día de los hechos.

Fueron 5 años de violencia los que vivió Karla, desde que se casó con Yeudiel, a quien, de acuerdo a los testimonios, ya había intentado denunciar anteriormente por violencia familiar, sin embargo, el proceso no continuó luego de que él le pidiera regresar, sin embargo, la violencia no cesó. Además, la familia también reportó que desde el día de los hechos, se desconoce el paradero de Adriel, el hijo de 4 años que Karla Valeria tenía con su esposo.

Los Mossos d’Esquadra han detenido esta madrugada, en torno a las 1.25 horas, a un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de una mujer de 34 años en el distrito de San Martí, en Barcelona. El suceso, que se investiga como un crimen machista, ocurrió en el interior de una vivienda del número 102 de la calle Andrade, delante de los dos hijos menores de la víctima, de origen brasileño.

El presunto agresor, pareja de la mujer fallecida, huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un amplio dispositivo policial con el objetivo de localizarlo. La búsqueda contó con el apoyo de la Guardia Urbana y el resto de policías locales del área metropolitana.

La detención se ha producido después de que el hombre se haya entregado en una comisaría de la policía de la Generalitat. El sospechoso, durante la fuga, incendió el vehículo en el que viajaba en la calle Palencia, a la altura de la calle Espronceda. Muy cerca de la vivienda, los agentes de los Mossos d’Esquadra —cuya División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima— han interrogado a varios testigos.

Los hechos ocurrieron frente a los dos hijos menores de la pareja

El presunto crimen machista se produjo por un apuñalamiento. El aviso llegó a los Mossos d’Esquadra a las 19.47 horas, que se desplazaron hasta la calle Andrade, al igual que una ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques. Sin embargo, la víctima estaba herida de gravedad, por lo que los sanitarios no han podido hacer nada para reanimarla.

Los hechos se habrían producido en presencia de los dos hijos de la pareja, uno de cuatro y otro de ocho años. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado técnicos de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona para asistir a varias personas afectadas por lo ocurrido.

De confirmarse como crimen machista, ya serían 32 mujeres las víctimas mortales de violencia de género en nuestro país en lo que va de año; 1.373 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse conjuntamente estos hechos.

Durante este verano, según los datos del Ministerio de Igualdad, se han analizado nueve casos en junio y julio, de los cuales solo en uno había denuncia previa. En siete de estos nueve casos, la víctima y el agresor eran convivientes; además, ocho mejores han quedado huérfanos. A estas cifras, el Ministerio añade que dos de los agresores de las mujeres asesinadas han terminado quitándose la vida y tres de ellos lo han intentado; cuatro de los casos estaban en fase de ruptura.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pusieron en marcha este viernes 25 de julio la interconexión entre la Línea 107 y la Línea 100, un mecanismo que permite derivar de forma inmediata a víctimas de violencia entre los sistemas de salud y protección social del Estado peruano, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

La alianza elimina una de las barreras históricas del sistema público: la fragmentación entre los canales de atención. Hasta ahora, una persona que llamaba a la Línea 107 de EsSalud por una emergencia de salud relacionada con un episodio de violencia debía contactar por separado a la Línea 100 del MIMP para acceder a protección social. Con la interoperabilidad, ambas plataformas quedan conectadas y el ciudadano recibe una respuesta unificada desde una sola llamada.

El proyecto fue diseñado por la Gerencia Central de Atención al Asegurado de EsSalud, a través de la Subgerencia de Atención al Asegurado en Otros Canales, en coordinación con el Programa Nacional Warmi Ñan del MIMP. Warmi Ñan es el programa que agrupa los servicios especializados del ministerio en materia de violencia: los Centros Emergencia Mujer y Familia (434 en todo el país), hogares de refugio temporal, servicios de atención rural, la propia Línea 100 y el Chat 100.

La magnitud del problema que este sistema busca abordar queda ilustrada por las cifras más recientes: la Línea 100 recibió más de 72.000 llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo en el primer semestre de 2026, según datos del MIMP. En el mismo período, Perú registró 67 feminicidios. Lima concentró más de 38.000 reportes, seguida por Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Un canal unificado para situaciones de riesgo

El mecanismo de derivación opera en tiempo real. Cuando un operador de la Línea 107 detecta un caso de violencia contra la mujer o una situación de vulnerabilidad social, activa de forma directa los protocolos del MIMP sin que la persona afectada deba colgar y marcar un nuevo número. La misma lógica funciona en sentido inverso: la Línea 100 puede derivar a EsSalud cuando la víctima requiere atención médica o psicológica especializada.

El sistema garantiza, además, atención en varias lenguas. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, subrayó ese aspecto al presentar el servicio: “Esta unión potencia la capacidad de respuesta que el Estado tiene frente a los ciudadanos y consolida nuestro deber de darles una atención especializada, integral y sin demoras. Para garantizar que nadie se quede atrás, el servicio se dará en diferentes lenguas, apoyándonos en profesionales con capacidades interculturales”. La Línea 100 ya opera en castellano, quechua, aimara y awajún.

EsSalud amplía su concepto de seguridad social

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, encuadró la iniciativa dentro de una visión más amplia de lo que debe ser la seguridad social en el país. “La interoperabilidad entre la Línea 100 y nuestra Línea 107 permitirá fortalecer mutuamente nuestras capacidades de respuesta. Para nosotros, la seguridad social también significa proteger a las mujeres de la violencia y asegurar que las familias vivan en paz, sin temor a sufrir agresiones en sus hogares”, sostuvo el funcionario durante el acto de lanzamiento.

La declaración marca un giro en el enfoque institucional de EsSalud, cuya Línea 107 queda consolidada como el principal canal gratuito de teleorientación a nivel nacional. La plataforma, que ya ofrecía orientación médica, suma ahora la capacidad de articular respuestas de protección social de forma directa, sin intermediarios y sin interrupciones en el servicio.

Warmi Ñan: 25 años de red territorial

El Programa Nacional Warmi Ñan, contraparte del MIMP en esta alianza, cumplió 25 años de operación en 2026. A lo largo de ese tiempo construyó una red que hoy incluye 434 Centros Emergencia Mujer y Familia, 29 Hogares de Refugio Temporal, 68 Servicios de Atención Rural desplegados en 23 regiones del país, 8 Servicios de Atención Urgente y 7 Centros de Atención Institucional orientados a hombres con sentencia por violencia.

Esa infraestructura territorial es la que ahora queda conectada a los canales de EsSalud. Cuando la Línea 107 derive un caso al MIMP, el Programa Nacional Warmi Ñan puede activar el servicio que corresponda según la situación de la víctima: desde orientación telefónica hasta despliegue de un equipo de atención urgente sobre el terreno.

Alcance nacional y atención a poblaciones alejadas

Uno de los objetivos explícitos del sistema es reducir las brechas geográficas y socioeconómicas en el acceso a la protección estatal. Perú tiene regiones de difícil acceso donde los servicios presenciales llegan con retraso o no llegan; la interoperabilidad telefónica permite que una víctima en una zona remota acceda a la misma cadena de atención que alguien en Lima con una sola llamada gratuita.

El servicio rural de Warmi Ñan atendió 4.898 casos de violencia en 2025 en 365 comunidades de la costa, sierra y selva. El 85% de las víctimas fueron mujeres; la violencia psicológica fue la más frecuente (43%), seguida de la física (34%), la sexual (19%) y la económica (4%). La interconexión con EsSalud añade una capa de respuesta médica a esa red de protección.

Funcionarios y próximos pasos

Al acto de lanzamiento asistieron, además del Dr. Moreno y la ministra Pariona, la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza Ríos, y la gerente central de Atención al Asegurado de EsSalud, Kristell Díaz Quiroz, junto a otros funcionarios de ambas instituciones. La plataforma entra en operación de forma inmediata y el acceso es gratuito desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el territorio nacional.

Jessica Vázquez sigue exigiendo el regreso de sus hijos, Héctor y Luciana, ya que tras la detención de Héctor “N”, quien es padre de los niños y los sustrajo con pretexto de unas vacacione hace más de un año, la complicidad familiar ha llevado a que los abuelos paternos los oculten de su madre, acusa la denunciante.

Héctor y Luciana fueron presuntamente sustraídos por sus abuelos paternos

Héctor N, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León durante la administración de Samuel García, fue detenido el pasado 1 de julio en Hidalgo, sin embargo, días después salió del Centro de Reinserción Social de Jaltocán, luego de que el juez reclasificara el delito de violencia agravada a violencia familiar.

“Cuando yo me entero que detienen al papá me voy corriendo por mis niños y ahora resulta que los abuelos paternos (Bonifacio “N” y Blanca “N”) y una empleada, que por cierto fue cómplice de mi esposo desde un principio, huyeron con mis niños”, asegura la madre de Héctor y Luciana, quien no ha dejado de buscar los medios legales para que ambos niños regresen a su lado.

En entrevista para Infobae México, la mujer comentó que pese al proceso y la denuncia de sustracción en contra de los familiares de Héctor N, las autoridades no han emprendido acciones de búsqueda, localización y restitución, ya que siguen esperando la orden del juez, sin embargo, “el Poder Judicial se fue de vacaciones”.

El caso evidencia el ejercicio del poder en contra de las mujeres, desde el exfuncionario que ha mantenido a las dos infancias alejadas de su madre por año y medio, hasta las instituciones donde permean distintas omisiones.

Emiten Alerta Amber tras sustracción de infancias en Hidalgo

El 21 de diciembre de 2024, Héctor “N” viajó a Ciudad de México para tomar su periodo vacacional, “justo ese día mi abuela paterna se interno muy grave en el hospital, situación que aprovecho para llevarse a mis hijos a unas supuestas vacaciones”.

El exfuncionario se llevó a los niños a Nuevo León, a decir de la denunciante, cuando ella fue al estado, se topó con amenazas “para irme del estado y que no volvería a ver a mis hijos”.

Los días han pasado y pese a que el hombre se encuentra en prisión domiciliaria, no han sido restituidos, aún con las múltiples solicitudes que ha hecho Jessica Vázquez, ya que asegura le han comentado que el retraso se debe a las “cargas de trabajo”.

El pasado 2 de julio, las autoridades emitieron dos Alertas Amber en Hidalgo, una por Luciana, y otra por Héctor Damián, ambos fueron vistos por última vez en Huejutla de Reyes un día antes de la denuncia, la ficha de búsqueda menciona que “fueron retenidos por sus familiares de iniciales B. V. V., B. R. H. L. y R.I.Q.V. Desde entonces se desconoce su paradero”.

Las autoridades solicitan a las personas que puedan aportar alguna información sobre el paradero de las infancias comunicarse al siguiente número: 800-008-5400.

La violencia vicaria, un delito tipificado en México

La madre de Héctor y Luciana ha denunciado públicamente la violencia vicaria a la que se ha enfrentado en los últimos meses, la cual consiste en causar daño a una mujer a través de sus hijas, hijos, animales de compañía o personas de su entorno cercano, con la intención de hacerla sufrir. Esta forma de agresión proviene de una relación de matrimonio, concubinato o vínculo afectivo similar.

Actualmente, la violencia vicaria ha sido tipificada en 31 entidades de México y las dos iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión también han sido avaladas. Chihuahua se mantiene como el único estado que no contempla medidas contra este tipo de agresión en contra de las mujeres.

La victoria de España contra Argentina tuvo amargas consecuencias para las mujeres del país: según datos oficiales consultados por el diario El País, la noche tras la final del Mundial de Fútbol 2026 aumentaron un 120,8% los contactos a los recursos del 016, el teléfono contra la violencia de género.

Llamadas, mensajes y correos electrónicos superaron el doble de los registrados en el mismo momento de la semana anterior en la franja horaria de las 23:00 a las 7:00 horas, cuando España celebraba la victoria en la competición internacional. Los contactos se incrementaron especialmente a través del email del 016, un 1.000% respecto al lunes anterior; y el chat online, donde el número de comunicaciones fue un 60% superior.

La relación entre el fútbol y la violencia machista es un fenómeno que ya se había registrado en otros países. De acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar crecen un 30% durante grandes eventos deportivos.

Un patrón global de violencia

En Reino Unido, se alerta desde hace años del incremento de la violencia de género por el fútbol. En 2014, un estudio de la Universidad de Lancaster reveló que la violencia doméstica se incrementaba cuando la selección inglesa de fútbol jugaba. Si el equipo perdía, la cifra aumentaba hasta un 38%, mientras que, si ganaba, tan solo subía un 26%. El efecto duraba hasta el día de después, cuando los altercados domésticos eran todavía un 11% más altos de lo normal.

La investigación analizaba diferentes reportes policiales y descubrió que la media de incidentes domésticos cuando jugaba Inglaterra era de 79,3, frente a los 58,2 que ocurrían en días normales. “Si bien es difícil afirmar que el torneo sea un factor causal, este prestigioso evento concentra los factores de riesgo en un período corto e inestable, intensificando así los conceptos de masculinidad, rivalidad y agresión”, expresaban los autores.

En 2022, una revisión sistemática de casos de violencia de género en Estados Unidos y Reino Unido reportó resultados similares: cuando se jugaban partidos relevantes de cualquier deporte como el fútbol, el hockey o el fútbol americano, se producía un aumento medible y estadísticamente relevante en las denuncias de violencia doméstica.

Rivalidad, alcohol y calor

Algunos componentes contribuían a amplificar este factor deportivo en la violencia de género. Si los equipos que se enfrentaban tenían una rivalidad histórica, los incidentes de violencia doméstica crecían todavía más, en especial si el desenlace del encuentro implicaba el título o la eliminación de uno de los equipos.

El consumo de alcohol también parece jugar un papel importante. Un estudio de 2021 de la Universidad de Warwick documentó que los casos de violencia doméstica relacionados con el alcohol aumentaban un 47% después de cada victoria de la selección inglesa de fútbol. El análisis detallado del tiempo muestra que la mayoría de los incidentes se concentran en las tres horas posteriores al partido, alcanzando un pico inmediatamente después del pitido final, y volviendo a niveles normales a lo largo de las siguientes 24 horas.

El calor también puede ser un componente clave, especialmente ante competiciones como el Mundial de Fútbol, que suele celebrarse en verano. Diversos estudios han evidenciado que las altas temperaturas afectan al estado de ánimo y provocan un aumento de la agresividad. Algunos investigadores alertan de un fenómeno conocido como “calor criminal”, según el cual los crímenes violentos como los feminicidios se incrementan en días con temperaturas por encima de los 34º C.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Amazonas ejecutaron en las últimas horas la captura de Alberto Vásquez Sánchez, conocido como el “hombre del machete”, tras ser identificado como el presunto responsable de un ataque armado contra dos mujeres en Leticia, ocurrido en enero de 2026.

Según información recabada por la Fiscalía, Vásquez Sánchez habría atacado con un machete a sus víctimas al intentar robarlas, ocasionando lesiones tan graves que a una de ellas le amputaron parte de la mano.

De acuerdo con el ente investigador, el agresor interceptó a las dos mujeres cerca de su residencia en el municipio de Leticia, las amenazó con un arma blanca y exigió la entrega de sus teléfonos móviles. Al recibir una negativa, Vásquez Sánchez emprendió un ataque indiscriminado y violento, que la autoridad judicial calificó como intento de homicidio, dada la gravedad de las heridas infligidas.

Investigación y captura tras el ataque

El hecho fue denunciado de inmediato por las propias víctimas, que lograron alertar a las autoridades de Leticia sobre lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal, recopilando las declaraciones de las afectadas y otros elementos de prueba.

Entre los detalles recabados, se destaca que el agresor utilizó un machete de grandes dimensiones y actuó con una fuerza desmedida que derivó en lesiones consideradas de extrema crueldad.

Gracias a la información obtenida, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías la orden de captura de Vásquez Sánchez y la imputación de cargos por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.

La autoridad judicial avaló la petición, considerando la presunta responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Finalmente, la captura se hizo efectiva en la capital del departamento, con apoyo de la Policía Nacional.

En la próxima audiencia ante el mismo juez, la Fiscalía tiene previsto formular la imputación de cargos contra Alberto Vásquez Sánchez y solicitar una medida de aseguramiento que limite su libertad. El organismo acusador argumentó que la gravedad de los hechos y el nivel de violencia exhibido justifican la necesidad de mantener al acusado bajo custodia, al considerarlo un peligro para la sociedad.

Otro episodio de violencia con machete en Tolima

En paralelo al caso de Leticia, un hecho de similares características encendió las alertas en Ibagué, departamento de Tolima. Una madre de familia denunció ante la Fiscalía y la Policía que un hombre armado con machete persiguió y amenazó de muerte a su hijo de 11 años cuando regresaba del colegio en el barrio Los Mandarinos, en la zona de Ambalá.

Según el testimonio recogido por Tolima 7 días, el menor caminaba hacia su vivienda tras finalizar la jornada escolar cuando fue seguido por el agresor hasta la entrada del domicilio.

“Mi hijo golpeó desesperadamente la puerta pidiendo ayuda. Cuando abrí, vi al señor con el machete arrinconándolo y diciéndole que lo iba a matar”, narró la madre, que también aseguró que el hombre le advirtió al niño que conocía su escuela.

Los vecinos intervinieron de inmediato y la Policía acudió al lugar, donde el denunciado manifestó ser paciente psiquiátrico. De acuerdo con la madre, los uniformados le explicaron que esa condición podría limitar la adopción de medidas restrictivas, ya que, según la información que recibió, no existiría un sitio de reclusión adecuado para personas con trastornos psiquiátricos que representen un riesgo para terceros en la ciudad.

Clamor ciudadano por mayor seguridad

La madre del menor y varios residentes del sector manifestaron su preocupación por la seguridad de los niños y estudiantes que transitan a diario por la zona. Según testimonios recogidos por el medio local, el mismo hombre habría sido visto en otras ocasiones portando palos y generando temor entre los vecinos, además de protagonizar incidentes recientes en el barrio.

Tras el episodio, la comunidad solicitó a las autoridades la adopción de medidas que garanticen la seguridad en los entornos escolares y residenciales, y recomendó a los padres de familia acompañar a sus hijos durante sus desplazamientos. Hasta ahora, la Policía y la Fiscalía no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, que permanece bajo investigación.

En Guatemala, donde la violencia contra las mujeres persiste como una amenaza cotidiana, cada vez más mujeres han decidido dejar de ser espectadoras y buscar espacios donde el miedo no tenga la última palabra.

El kickboxing, el boxeo y las artes marciales mixtas han dejado de ser solo un deporte: se han transformado en una vía de empoderamiento, defensa y reconstrucción de la confianza personal.

La realidad diaria para muchas guatemaltecas es caminar con precaución, vigilando cada paso ante el riesgo de asaltos, agresiones o acoso.

Esta sensación de vulnerabilidad alimenta la búsqueda de herramientas reales para reaccionar y protegerse. En los últimos años, un número creciente de mujeres ha encontrado en el entrenamiento físico y mental una forma efectiva de enfrentar ese entorno hostil.

Espacios seguros y entrenamiento colectivo

Con seguridad y firmeza, un grupo de mujeres encontraron en un salón de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, un refugio de lucha y de defensa, según recoge un reportaje de La Ruda.

Allí, mujeres de distintas edades, con diferentes historias de violencia, entrenan bajo la guía de instructoras, en sesiones de dos horas que mezclan técnica, disciplina y apoyo mutuo. Muchas llegaron buscando superar experiencias traumáticas; otras se sumaron motivadas por historias compartidas en redes sociales o por el deseo de aprender un deporte desafiante.

Este tipo de entrenamiento no solo fortalece el cuerpo, también ayuda a recuperar la confianza y adquirir habilidades de defensa personal. Según datos del Ministerio Público, en los primeros seis meses de 2026 se reportaron 20.884 casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, mientras que apenas 1.745 agresores recibieron condena. La brecha entre denuncias y justicia refuerza la urgencia de alternativas de protección y autocuidado.

El club donde el miedo se transforma

La iniciativa Sakura-Ki surgió en 2012 como un “club de la pelea” femenino, en reuniones casi secretas de fines de semana. Según Irenne Dávila, coordinadora del espacio, el objetivo desde el inicio fue “perder el miedo y ganar confianza para actuar ante cualquier situación de riesgo”.

Pero, lo que empezó como un grupo reducido se ha consolidado en un refugio pionero donde entrenar y crecer entre mujeres valientes es el día a día, detalla el reportaje de La Ruda.

Muchas de las participantes han llegado tras vivir episodios de violencia. El entrenamiento regular en artes marciales mixtas y boxeo les permite cambiar una historia de temor por otra de fortaleza y capacidad. La entrenadora Carolina Villela recuerda el caso de una alumna que, tras un asalto, se acercó insegura y, con el tiempo, fue “perdiendo ese miedo” a través de la práctica constante.

Comunidad, disciplina y nuevos horizontes

El espacio físico de Sakura-Ki ha cambiado de ubicación, pero el espíritu de comunidad se mantiene intacto. Hoy, el gimnasio está en la zona 2, cerca del Tribunal Supremo Electoral, con clases los sábados en dos horarios. Allí, mujeres como Jimena Maldonado y Luz Oliva destacan cómo la rutina de ejercicio se traduce en fuerza mental, confianza corporal y una sensación de protección real.

Participar en el “Club de la Pelea” permite a las asistentes medir sus habilidades en el ring, siempre desde el respeto y la disciplina. Para Luz, ponerse los guantes por primera vez representó un paso decisivo tras experiencias de vulnerabilidad. “Sé que tengo la capacidad física y mental si me vuelve a suceder”, afirma.

Aprender a defenderse y compartir la experiencia

Entre las asistentes también hay madres como Nilda Ruiz, que organiza su vida para dedicar tiempo al entrenamiento y compartir la disciplina con sus hijas. “Aprendes a defenderte en la calle o en cualquier situación”, resume, convencida de que el ejercicio es tanto una vía de desahogo como de preparación para enfrentar posibles riesgos.

Para las integrantes de Sakura-Ki, el objetivo es claro: “Queremos que siga creciendo, que sepan que es necesario saber defensa personal”, subraya Dávila. Saber cómo reaccionar ante una agresión puede marcar la diferencia. Aprender a lanzar un gancho o esquivar un golpe es, para muchas, mucho más que deporte: es una forma de recuperar la autonomía y desafiar una realidad marcada por el miedo.

En medio del espectáculo, la cantante expresó su indignación y cuestionó de manera directa el desempeño del personal encargado de mantener el orden. El episodio se produjo el domingo 19 de julio de 2026 y fue ampliamente difundido por medios digitales, en los que el video del momento se viralizó y generó una rápida reacción entre el público.

La reacción de Ana del Castillo ante la agresión

Durante su show, Ana del Castillo advirtió que una mujer había sido golpeada en la cabeza con una botella. Visiblemente alterada, la artista interrumpió el espectáculo y se dirigió al equipo de seguridad con voz firme. “Seguridad, esa mondá qué es”, reclamó desde el escenario, mientras señalaba al presunto agresor. Luego, se dirigió a él con otra frase que rápidamente circuló en redes sociales: “Es verdad me da ira, por qué no se mama (toma) la cerveza en vez de dejar a la pelada (muchacha) escoñetada (golpeada) ahí”.

La reacción de la artista fue respaldada por cientos de usuarios, que destacaron el papel de la cantante en la defensa de sus fanáticas. El hecho reavivó la conversación sobre la seguridad en los conciertos y la necesidad de prevenir situaciones de violencia, especialmente contra las mujeres.

El incidente en Aracataca expone nuevamente la problemática de la seguridad en los conciertos y la necesidad de protocolos claros para proteger a los asistentes y a los artistas. En los últimos meses, diversas figuras públicas han exigido mejoras en la organización de eventos y en la formación del personal encargado de la seguridad.

Hasta el momento, Ana del Castillo y su equipo no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho ocurrido en Magdalena. Los organizadores del evento tampoco han dado declaraciones públicas. Mientras tanto, la discusión sobre el papel de la seguridad y el respeto en los espectáculos continúa activa en redes y medios digitales.

Antecedentes en su carrera: otro incidente en diciembre de 2025

No es la primera vez que Ana del Castillo protagoniza un episodio de este tipo durante sus shows. En diciembre de 2025, la cantante interrumpió otra presentación tras un caso de acoso en el escenario.

En aquella ocasión, invitó a un fanático a subir a la tarima para tomarse una fotografía. El ambiente de cercanía se vio interrumpido cuando, según testigos, el seguidor intentó tocar a la artista de forma inapropiada.

La reacción de la cantante fue inmediata. Al percatarse del acto, detuvo el espectáculo y manifestó su molestia ante el público: “¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el culo si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen”.

El episodio, grabado en video, generó debate en plataformas digitales sobre los límites en la interacción entre artistas y seguidores. Mientras algunos respaldaban la actitud de la cantante, otros opinaban sobre la magnitud de la reacción y el impacto en la experiencia de los asistentes.

El perfil de Ana del Castillo

Ana del Castillo, nacida el 9 de abril de 1999 en Valledupar, ha construido una carrera que la posiciona entre las voces femeninas más influyentes del vallenato. Su repertorio incluye títulos como La cachera, El favor de Dios, Te amo y te amo, Pacto y El que la hace la paga. La cantante es reconocida por su capacidad vocal y su estilo directo, así como por la cercanía que suele mantener con sus seguidores durante los conciertos.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido elogios tanto del público joven como de expertos en el folclor caribeño. Su personalidad frontal y la manera en que enfrenta situaciones complejas en escena se han convertido en un sello distintivo.

En múltiples ocasiones, Ana del Castillo ha reiterado que no tolerará comportamientos irrespetuosos durante sus presentaciones y ha recordado la importancia del respeto mutuo entre artistas y asistentes.

La Policía Nacional ha encontrado a una mujer de 30 años sin vida en su vivienda de Antequera, en Málaga, con signos de violencia y lesiones de arma blanca. Las primeras pesquisas apuntan a que habría muerto por las puñaladas que recibió, pero según han confirmado las fuentes policiales al diario SUR, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo se produjo tras recibir varias llamadas de vecinos que escucharon gritos dentro del domicilio sobre las 14:00 horas, en los que se hacía referencia a la muerte de una mujer. Aunque no ha podido ser confirmado aún, las primeras hipótesis apuntan a que este asesinato estaría relacionado con el suicidio de un hombre de 35 años en el puente de Arco de los Gigantes, en pleno casco histórico de la ciudad a las 11:50 horas.

En cuanto los servicios de emergencia recibieron el aviso, se activaron distintos dispositivos policiales y sanitarios. Varias patrullas de la Policía Nacional y personal del 061 acudieron al domicilio ubicado en la calle Mederuelos, donde solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

A la espera de la autopsia, ya que podría esclarecer lo sucedido

El levantamiento del cadáver se efectuó tras las primeras inspecciones técnicas en el lugar de los hechos, mientras se recogían pruebas y testimonios de posibles testigos. La Policía Nacional investiga si el fallecido es el autor del crimen y si el hecho se enmarca en un caso de violencia machista.

Por el momento, como ha podido saber el diario SUR, los agentes encargados del caso están a la espera del resultado de la autopsia, ya que determinará si su hipótesis se confirma. Las pruebas forenses se están realizando en el Instituto de Medicina Legal (IML) de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

La cuarta mujer que muere en circunstancias violentas en Málaga

Con el caso de Antequera, ya son cuatro las mujeres muertas en circunstancias violentas en la provincia durante el mes de julio. Recordemos que el pasado 1 de julio las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de Ciudad Jardín de 35 años en un pozo de Rincón de la Victoria. Su expareja habría confesado el crimen, perpetrado semanas antes del hallazgo, con un arma blanca.

Pocos días después, las autoridades localizaron sin vida a una mujer de 61 años y a su hija de 31 en una vivienda de Mijas. Las investigaciones apuntan a que la pareja de la madre fue el autor del doble crimen, utilizando igualmente un arma blanca e intentando posteriormente incendiar la vivienda para ocultar las pruebas.

*Noticia en ampliación

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 después de la muerte de una joven de 31 años en Madrid. La víctima, que llevaba ingresada desde el mes de febrero, falleció el sábado por las heridas sufridas en un ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido a principios de año.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva, cuando dos sicarios se presentaron en casa de la mujer y la rociaron con un líquido inflamable. Posteriormente, le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. La mujer fue ingresada en el Hospital Universitario La Paz con un pronóstico grave.

Más de un mes después, el 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el delito, entre ellas el marido de la víctima, como presunto inductor de la agresión. Según las pesquisas de la Benemérita, el hombre habría contratado a dos sicarios, también arrestados, para acabar con la vida de su mujer. Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras varios meses ingresada, la mujer falleció el pasado sábado a causa de sus heridas. Este lunes, Igualdad ha confirmado su muerte como un nuevo caso de violencia machista. Según han especificado, la mujer tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

29 víctimas mortales por violencia de género

Con esta confirmación, el recuento oficial asciende a 29 víctimas mortales por violencia de género este 2026, 1.370 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos. El número de menores huérfanos por violencia de género llega a 17 en 2026 y a 527 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena” y su “absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, y han trasladado “todo” su “apoyo a familiares y amistades de la víctima”. Ambas han instado a “llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

La reciente iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta a cuestionamientos sustanciales sobre su viabilidad operativa, de acuerdo con un informe publicado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Según el documento, esto se deberá a la falta de recursos previstos para las fiscalías y servicios periciales encargados de implementar la nueva legislación, en caso de que sea aprobada.

La propuesta legislativa, que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, endurece sanciones y amplía agravantes, exigiendo a los Ministerios Públicos y servicios periciales una serie de actos de investigación pericial obligatorios.

Sin embargo, no contempla un incremento presupuestal para dotar de mayores capacidades a estas instituciones que ya presentan signos de saturación.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 citado en el informe, en el país existen 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y médicos forenses, con sólo 14 mil 466 personas peritas.

Este personal tuvo que atender en 2024 un total de 5 millones 069 mil 925 intervenciones periciales, de las cuales quedaron pendientes 557 mil 962.

Estos datos, señala el informe, muestran que el aparato de procuración de justicia opera con una sobrecarga estructural.

La exigencia de la ley de que los servicios periciales realicen identificación de víctimas mediante huellas dactilares, análisis genéticos, antropología forense y una variedad de dictámenes especializados, aunada a la creación de nuevas fiscalías especializadas en feminicidio, pone en jaque la sostenibilidad operativa del sistema, al no prever recursos adicionales para cumplir con estas tareas.

El riesgo, advierte el documento difundido por México Unido Contra la Delincuencia, es que la creación de nuevas obligaciones sin un refuerzo presupuestal tenga el efecto contrario al buscado: debilitar tanto a las nuevas instituciones como a las ya existentes, fragmentando recursos humanos y financieros y comprometiendo la calidad y oportunidad en la atención a las víctimas.

Por su parte, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030, presentado en mayo de este año, sí reconoce explícitamente la necesidad de ampliar cobertura y fortalecer capacidades, pero pospone el compromiso presupuestal hasta las etapas finales del plan, proyectándolo incluso hacia 2030 y 2045.

“El establecimiento de actos de investigación obligatorios no está acompañado de un aumento presupuestal real de los servicios periciales ni de la infraestructura forense”, señala el informe difundido por México Unido Contra la Delincuencia.

El documento subraya también que no considerar estos retos operativos pone en riesgo toda la política pública de combate al feminicidio, pues las nuevas leyes pueden quedarse en el papel si carecen del soporte institucional y financiero para ser ejecutadas.

Además, el informe documenta que la sobrecarga actual de trabajo en ministerios públicos, peritos y médicos forenses no sólo implica retrasos, sino que puede propiciar simulaciones o incumplimientos en la aplicación de protocolos, sin que existan sanciones o consecuencias jurídicas claras en caso de omisión.

Finalmente, se recalca que para que la política pública sea efectiva, es indispensable que el fortalecimiento institucional vaya acompañado de presupuesto, reglas claras de asignación de recursos y mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.

Sheinbaum envía al Congreso de la Unión iniciativa para Ley General de Feminicidio

En julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esta propuesta busca homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país, ya que hasta ese momento cada estado tenía su propia normativa y sanciones, lo que generaba irregularidades y deficiencias en la investigación de estos delitos.

Entre los problemas señalados estaban la incorrecta clasificación de feminicidios, la falta de protocolos homologados, carencia de registros públicos y ausencia de perspectiva de género.

La iniciativa establece una pena de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio y contempla 19 agravantes, así como sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad.

Prohíbe beneficios como la amnistía o la conmutación de pena y estipula que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio, bajo protocolos nacionales obligatorios.

Se plantea también la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para armonizar la legislación y dar seguimiento a la aplicación de la ley, así como la implementación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y medidas de protección integral para mujeres sobrevivientes, priorizando el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

El presunto doble feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, ha causado conmoción por la violencia con la que fueron asesinadas dos mujeres y por el vínculo familiar que existía entre las víctimas y el presunto responsable.

Las autoridades capitalinas detuvieron a Eduardo Uriel “N”, señalado como el probable responsable de privar de la vida a su madre y a su abuela utilizando un bat de béisbol que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido modificado con alambre de púas.

Conforme avanzan las investigaciones, han surgido nuevos detalles sobre el caso, incluidos testimonios de familiares y datos sobre el presunto agresor.

¿Qué ocurrió en la vivienda de la Gustavo A. Madero?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Pastora, donde presuntamente Eduardo Uriel “N” atacó a las dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth, madre del detenido, y Ana, su abuela.

Según los reportes preliminares, ambas fallecieron a consecuencia de los múltiples golpes que recibieron con un bat al que presuntamente el agresor le colocó alambre de púas, lo que incrementó la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble e iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable.

El hombre fue detenido posteriormente y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una de las líneas de investigación señala que el detenido presuntamente consumía diversas sustancias ilícitas, entre ellas cristal, piedra y mariguana. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinen si este aspecto tuvo alguna relación con los hechos.

La tía del presunto agresor narró cómo encontró a las víctimas

Uno de los testimonios que más ha impactado es el de Leticia, tía del detenido, quien relató los momentos posteriores a la agresión y cómo descubrió los cuerpos de su madre y de su hermana.

Según explicó, al llegar al domicilio observó a un familiar sentado, pero nadie le informó lo ocurrido.

“Ya cuando bajé, ya mi cuñado estaba aquí sentado y no me dijo nada. Ya cuando bajé no vi gente, y yo dije: ‘¡Mi mamá, mi mamá!’. Entré al cuarto de mi mamá y vi que mi mamá estaba en la cama ya muerta y mi hermana estaba en el suelo ya muerta”, narró.

Después del hallazgo, aseguró que el presunto responsable salió del inmueble y fue cuestionado por otro vecino sobre lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, Eduardo Uriel respondió de manera directa.

“¿Qué hiciste?”, le preguntaron.

“Pues las maté”, habría respondido el ahora detenido, según el relato de su tía.

Este testimonio forma parte de los elementos que las autoridades analizan dentro de la investigación.

La investigación continúa

Tras la detención de Eduardo Uriel “N”, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y reunir todos los elementos periciales y testimoniales necesarios.

Las autoridades deberán determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias que rodearon el ataque y las responsabilidades penales que correspondan al detenido.

Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía debido a la extrema violencia del ataque y porque las víctimas eran familiares directas del presunto agresor.

El presunto doble feminicidio vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de que estos casos sean investigados con perspectiva de género y conforme al debido proceso, mientras las autoridades avanzan en la integración de la carpeta de investigación.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha pedido que se investigue el cambio registral de un hombre denunciado por violencia de género. El acusado, con antecedentes por este mismo delito, afirma haber acudido al registro civil para ser reconocido como mujer, un cambio que los magistrados consideran como “posible fraude de ley”.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por su esposa, quien interpuso la denuncia contra el acusado. Un juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó un auto de inhibición al comprobar que el cambio de género en el registro se había realizado previamente a los hechos denunciados. Al ser la presunta autora una mujer, los hechos no podrían juzgarse como violencia de género y deberían pasar a un órgano de instrucción.

La Audiencia de Zaragoza, sin embargo, ha recordado que esta persona tenía antecedentes por violencia de género contra la misma víctima, su esposa, antes de realizar el cambio registral. Asimismo, menciona en su auto que el propio acusado reconoció ante la Guardia Civil que el cambio de sexo se realizó “con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres”.

El tribunal expresa en su auto que “el hecho de que dicha persona cuente con varios antecedentes penales por actos de violencia de género previos a ese cambio de sexo nos lleva a detectar una sospecha fundada de que el nuevo sexo registral pudo producirse con fraude de ley, prohibido expresamente por el artículo 6.4 del Código Civil”. Añaden que “caso de que la finalidad perseguida con la rectificación de la mención registral relativa al sexo fuera la de eludir la aplicación de la normativa específica de violencia de género, y no el libre desarrollo de la identidad sexual, estaríamos, indudablemente, ante un fraude de ley”.

La Audiencia de Zaragoza ha encargado la investigación a un magistrado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, a quien recuerdan que está “en juego la vulneración de los derechos de la víctima, con la correlativa puesta en riesgo de su protección integral”. Dependiendo de los resultados de las pesquisas, el caso continuaría siendo estudiado como violencia de género o, por el contrario, pasaría a un tribunal de instancia normal.

Un fraude repetido por otros maltratadores

Desde la entrada en vigor de la llamada Ley Trans, que permitió el cambio registral de sexo para las personas transgénero, otros acusados de violencia de género han intentado cambiar legalmente de género para evitar el agravante machista en su condena. Particularmente conocido fue el caso de Candy, recientemente condenado a 11 meses de prisión por amenazas a su expareja.

‘Candy’ contaba con antecedentes por violencia de género a anteriores parejas. El 11 de septiembre de 2023 fue condenado en firme y se ordenó su ingreso en prisión, pero pidió el indulto por haberse inscrito poco antes como mujer en el Registro Civil. Tras este cambio, siguió vigilando y amenazando a su expareja.

El cambio de género le permitió alargar los trámites judiciales dos años más, con varios aplazamientos en los tribunales de Sevilla. Finalmente, su caso no fue juzgado como violencia de género, pero Candy fue igualmente condenado. El pasado mes de marzo, el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla lo sentenció a 11 meses de prisión, que se sumaban a los 15 meses impuestos por amenazas anteriores a la misma mujer.

Este 14 de julio de 2026, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, con el uniforme beige y con una bolsa llena de sus pertenencias, dejó el penal de Atlacholoaya, Morelos. A su salida, abordó una camioneta y no quiso emitir alguna declaración para medios de comunicación.

Exdirector de Pemex seguirá proceso por violencia familiar

La tarde de este martes, la defensa de Rodríguez Padilla consiguió que su cliente llevara el proceso por violencia familiar en libertad, luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, le otorgara el perdón. A su salida, el también maestro en Ingeniería mostró un rostro desgastado y, con una sutil sonrisa, abandonó el penal entre cuestionamientos de la prensa.

Durante la audiencia de este día, la jueza de Control Consuelo Adriana Correa Ortiz dejó sin efectos la medida cautelar que la Fiscalía de Morelos había solicitado: prisión preventiva. Por lo que, se ordenó la libertad inmediata del exdirector.

Aunque Rodríguez Padilla abandonó el penal donde permaneció casi 7 días recluido, luego de que su esposa lo denunciara por golpearla en repetidas ocasiones, el funcionario tendrá que enfrentar el proceso penal por violencia familiar, ya que es un delito que se persigue de oficio y el otorgamiento del perdón por parte de la víctima no lo exime de la acusación.

Medios locales han precisado que la defensa del acusado presentó una escritura de un domicilio ubicado en la Ciudad de México, su pasaporte y ofreció una garantía económica que rondaría los 20 mil pesos, como medidas para demostrar que no abandonará el país.

Esta es la acusación que pesa sobre el exfuncionario

La acusación en contra de quien un día dirigió la empresa estatal petrolera de México se basa en los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026, los cuales tuvieron lugar en un fraccionamiento de Emiliano Zapata, municipio de Morelos. La situación quedó grabada en una de las cámaras de vigilancia del domicilio, donde se encontraba la pareja con su hijo menor de edad, quien habría presenciado lo sucedido.

María Felicia Jiménez, quien es doctora en Ingeniería Energética, difundió la grabación donde se ve claramente cómo su esposo ejerce violencia física en su contra, el el video fue ampliamente compartido en redes sociales y medios de comunicación el pasado 26 de junio, donde la mujer aseguró sentir temor por denunciar de manera pública:

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“.

La semana pasada, habría trascendido que la Fiscalía de Morelos buscaría acusarlo por violencia vicaria, intento de feminicidio y violencia familiar, siendo este último el único cargo que se pudo probar durante la audiencia de vinculación a proceso al exdirectivo y por el que seguirá el proceso en libertad.

Así se tipifica el delito en Morelos

La violencia familiar está prevista en el Capítulo I Bis del Código Penal de Morelos, donde precisa ser un delito que se persigue de oficio y se considera cuando uno de los miembros de la familia “realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar”, considerando los diferentes grados de parentesco que puedan tener.

Tal como en el caso de Víctor Rodríguez, el agente del Ministerio Público solicitará al juez dictar las medidas precautorias necesarias para salvaguardar a la víctima. Ante la denuncia de la esposa del exfuncionario de Pemex, la jueza impuso no acercarse ni a María Felicia Jiménez ni a su hijo, mientras transcurre el proceso penal.

La pena que podría alcanzar el acusado es de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como sujetarse a recibir tratamiento psicológico específico para su rehabilitación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria, una normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad que introduce la privación automática de la patria potestad cuando exista una sentencia condenatoria firme por delitos graves contra los hijos o la mujer. La medida aprobada este martes, según ha explicado la ministra Ana Redondo, supone una de las reformas legislativas más destacadas en materia de protección frente a la violencia de género en España.

“Avanzamos en un contexto de retroceso de derechos de las mujeres y negacionista de la igualdad. Frente a los problemas sociales hay dos formas de reaccionar: negando los problemas, lo que implica agravarlos, o analizarlos y ofrecer soluciones para avanzar y eso es lo que hacemos, progresar, seguir avanzando”, ha explicado Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La nueva ley contempla la modificación de hasta diez textos legales, entre ellos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

La normativa también habilita la privación de la patria potestad por indicios fundados de violencia o si el progenitor está incurso en un proceso judicial por determinados delitos. “Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre”, ha indicado la ministra.

La importancia de escuchar a los menores de edad

El régimen de visitas y la guarda y custodia quedarán suspendidos de manera inmediata en los casos donde exista un procedimiento abierto por violencia de género o vicaria, o cuando haya indicios racionales de que se produce este tipo de violencia dentro del núcleo familiar. Además, la norma establece la obligatoriedad de escuchar al menor en los procesos de custodia y permite que terceros puedan trasladar la voluntad del niño si no puede hacerlo directamente.

El procedimiento para la privación de la patria potestad se agilizará mediante la reforma del artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitiendo que se tramite por juicio verbal y facilitando su resolución.

En el ámbito penal, el proyecto introduce una agravante de género específica en el artículo 22.4 del Código Penal, en lugar de modificar el artículo 173 como se propuso inicialmente. Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que esta modificación persigue evitar perjuicios para las madres protectoras. Además, se añade una nueva pena que prohíbe la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos relacionados directamente con el delito cometido.

La ley mantiene la definición de violencia vicaria como aquella que, con el propósito de causar dolor a las mujeres, ejercen personas que sean o hayan sido cónyuges, parejas afectivas o tengan vínculo similar, incluso sin convivencia, utilizando personas instrumentales. Se amplía el concepto de víctimas instrumentales a todos los hijos y descendientes, mayores o menores de edad, así como a personas con discapacidad, ascendientes, hermanos o la pareja conviviente actual.

Dentro de las novedades, el texto también plantea la posibilidad de que la madre superviviente de un hijo fallecido por violencia vicaria solicite la sustitución de los apellidos del hijo fallecido y, en su caso, de los hijos comunes menores, para evitar la permanencia del vínculo nominal con el agresor. Además, se modifican los artículos 71.1, 231 y 232.1 de la Ley General de la Seguridad Social para impedir que una persona condenada por homicidio doloso genere derechos sobre prestaciones de muerte y supervivencia si la víctima fue quien originó dichas prestaciones.

El proyecto incluye medidas de sensibilización, información y seguimiento, así como mejoras en la formación de los operadores jurídicos. La violencia vicaria se incorporará en pruebas de ingreso, promoción y formación especializada. Se ampliará la Estadística de Víctimas Mortales por Violencia Contra la Mujer por Razón de Género para incluir de forma diferenciada a hijos, descendientes y otros familiares afectados.

Por otro lado, el texto final excluye por ahora a las mascotas de la definición de víctimas instrumentales, aunque el Ejecutivo confía en su posible incorporación durante el trámite parlamentario. El Código Penal ya contempla el daño a los animales para perjudicar a la pareja, lo que permite aplicar la nueva agravante de género en esos casos.

Una mujer, de 41 años y nacionalidad extranjera, permanece ingresada en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Montecelo tras sufrir una brutal agresión. El suceso ocurrió el pasado sábado 11 de julio en el municipio de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra, y actualmente se estudia si podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Por el momento, la pareja de la víctima, un varón de 48 años y nacionalidad española, ha sido detenido por las autoridades como presunto responsable del ataque y ha pasado a disposición judicial. Tal y como ha podido saber el diario Faro de Vigo, los agentes de la Guardia Civil recibieron un aviso el sábado por la tarde cuando los vecinos encontraron a la mujer ensangrentada y con importantes golpes en la cara fuera de la vivienda.

Los vecinos, como detalla el Diario de Pontevedra, se acercaron a la mujer después de escuchar sus gritos de auxilio. Al llegar, se dieron cuenta de que no hablaba castellano, por lo que apenas pudo articular palabra con los vecinos que la socorrieron.

Una discusión o un movimiento predeterminado

Actualmente, la Guardia Civil continúa estudiando lo que sucedió dentro del domicilio de la pareja. Aunque su principal hipótesis se centra en que la mujer podría haberse caído por la ventana durante una fuerte discusión o que, directamente, fuese arrojada por su pareja desde el balcón para intentar acabar con su vida.

De esta manera, el testimonio de la víctima puede ser determinante para avanzar en el caso. Sin embargo, debido al estado grave en el que se encuentra, los agentes aún no han podido interrogarla para esclarecer las circunstancias del suceso.

En cuanto a la situación legal del arrestado, fue conducido esta tarde a disposición del juzgado plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra para el inicio de las diligencias.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña anunciara que tiene aspiraciones para volver a ser el presidente del Senado de la República, surgieron reacciones inmediatas tanto al interior de Morena como entre integrantes de otras bancadas, ya que su periodo en el primer año de la LXVI Legislatura se tornó polémico.

El propio Noroña reconoció que su camino no será sencillo. “No, no creo que tenga el apoyo, no”, admitió el senador, quien también adelantó que, antes de tomar una decisión definitiva, necesita dialogar con sus compañeras y compañeros para conocer si ven con simpatía su posible regreso.

Aun así, advirtió que las acusaciones por violencia política de género podrían usarse para bloquear su candidatura: “Van a empezar a alegar: ‘Es misógino, lo acaban de sancionar por violencia política de género’”.

En este contexto, la confirmación reciente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz, complica aún más sus aspiraciones, ya que podría quedar inscrito en el durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El senador comunicó que apelará la resolución, buscando mantener sus posibilidades de contender por la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo legislativo.

Ignacio Mier le pone freno a las aspiraciones de Noroña

Mientras en Morena varios legisladores muestran interés por la presidencia de la Mesa Directiva, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue tajante al recordar que la decisión se tomará hasta agosto. “Será una distinción presidir la Mesa Directiva, pero los tiempos están establecidos con precisión”, subrayó el legislador, quien además recalcó que la actual presidenta es Laura Itzel Castillo.

Mier reiteró que la elección se realizará durante la plenaria del grupo parlamentario, donde buscarán el consenso entre todos los legisladores. Aunque reconoció que expresar aspiraciones es legítimo en política, advirtió con ironía: “A los que se destapan luego les da pulmonía”.

Consultado sobre la posibilidad de que Fernández Noroña repita en el cargo, Mier descartó esa opción y explicó que la decisión no solo corresponde a Morena, sino también a sus aliados parlamentarios. “Tenemos que buscar el consenso y el acuerdo con nuestros aliados, para garantizar la buena conducción de los trabajos en el Pleno y una responsabilidad institucional”, detalló.

Otros senadores no estarían de acuerdo con postular al polémico senador

La candidatura de Noroña también enfrenta resistencias internas y externas. El senador morenista Manuel Huerta manifestó que no apoyan la reelección en la Mesa Directiva, por principios y no por motivos personales: “No estamos por la reelección, si fuera su primera vez quizá”.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, fue incluso más crítico, ya que consideró que la presidencia de Noroña generó desacuerdos y problemas en el pasado, y planteó dudas sobre su elegibilidad tras la sanción por violencia política de género.

El morenista Oscar Cantón Zetina no descartó que el Partido Verde pueda ser incluido en la negociación, resaltando la alianza entre fuerzas políticas. Por su parte, Higinio Martínez señaló que cualquier decisión deberá pasar por el voto y la opinión de más de 60 senadores de Morena, y confirmó que él también buscará la presidencia.

El proceso formal iniciará en agosto y, hasta entonces, las distintas corrientes internas seguirán negociando.

Así es el proceso para elegir a la presidencia del Senado

La presidencia del Senado de la República se define cada año legislativo por medio de una votación secreta por cédula en el Pleno. Para ser designado, el candidato debe reunir la mayoría absoluta de los votos de los senadores presentes.

La Mesa Directiva se compone de:

• Un presidente
• Tres vicepresidentes
• Cuatro secretarios

Todos los integrantes son elegidos por mayoría absoluta y pueden ser reelectos para el ejercicio de un año legislativo. El proceso está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General y suele concretarse durante la plenaria de inicio de periodo, donde los grupos parlamentarios presentan sus propuestas y buscan consensos.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija, de 31 años, tras encontrar sus cuerpos en el interior de una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se había producido un incendio.

Los agentes recibieron el aviso a las 2:15 horas de la madrugada: una llamada al 112 advirtió de que, en una vivienda unifamiliar de la calle Tulipán, en el núcleo de las Lagunas, salían llamas y humo. Dentro del piso, encontraron los cadáveres de ambas mujeres. Si bien en un primer momento se pensó que habían fallecido a causa del incendio, tras una inspección ocular los agentes han encontrado signos de violencia en los cuerpos. En concreto, presentaban varias puñaladas.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis por el momento, pudiendo tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Aunque las pesquisas se encuentran en una fase muy incipiente, los agentes tratan ahora de determinar si el incendio trata de ocultar un doble asesinato y destruir pruebas. Los agentes han aclarado que ninguna de las víctimas figuraba dentro del sistema VioGén por violencia de género y barajan la posibilidad de que en el doble crimen haya participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.

Los cadáveres se han trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para realizarles la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes.

27 mujeres asesinadas por violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, podrían ser las víctimas número 28 y 29 por violencia de género en España este 2026. El pasado 3 de julio, el Ministerio de Igualdad confirmó como asesinatos por violencia de género los crímenes de dos mujeres en Alicante y Málaga, por lo que la cifra ascendió a 27 muertes en este año y 1.368 desde que comenzaron los registros, en el año 2003.

El caso de Alicante correspondía a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, el pasado 2 de julio en Alicante. El segundo es el de una mujer de 35 años, asesinada presuntamente por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo en Málaga. En ninguno de los dos casos había denuncias previas.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Llegan a España con la expectativa de encontrar un empleo y comenzar una nueva vida, pero terminan atrapadas en redes de trata con fines de explotación sexual. La Policía Nacional ha detectado un incremento de víctimas venezolanas captadas por organizaciones criminales que utilizan falsas ofertas de trabajo como reclamo, imponen elevadas deudas y mantienen un control constante sobre las mujeres explotadas.

La inspectora Cristina del Collado, jefa del Grupo de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha explicado que las organizaciones latinoamericanas son actualmente las más presentes en España. Entre ellas destacan las venezolanas, colombianas y paraguayas, junto a las chinas, mientras que las procedentes de países del este de Europa, especialmente Rumanía, tienen una tendencia descendente.

Las organizaciones venezolanas presentan una particularidad frente a otros grupos criminales: sus principales responsables permanecen en Venezuela, desde donde, según la inspectora, “monitorizan todo” el funcionamiento de la red. Aunque cuentan con colaboradores en España encargados de vigilar a las mujeres y trasladarlas entre diferentes pisos del territorio. Además, parte del dinero obtenido mediante la explotación sexual es enviado al país de origen de los responsables.

El perfil de las víctimas suele corresponder a mujeres muy jóvenes, de entre 18 y 20 años, en situaciones de especial vulnerabilidad y con una alta exposición a la manipulación. Antes de trasladarlas a España, las redes suelen enviarlas a otros países como Chile o Perú para “ponerlas a prueba” y comprobar si se adaptan al entorno de explotación sexual.

La captación comienza con un engaño: las organizaciones ofrecen supuestos empleos en España que prometen una oportunidad económica y una salida a situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, una vez que las mujeres llegan al país, descubren que la realidad es muy distinta y quedan sometidas a las condiciones impuestas por la red. Para mantenerlas bajo control, los responsables les imponen una deuda por el traslado y la supuesta ayuda prestada, una cantidad que puede situarse entre los 9.000 y los 15.000 euros, la cifra más elevada detectada por la Policía.

Captación, deudas y amenazas para controlar a las víctimas

En el caso de las organizaciones colombianas, el funcionamiento presenta algunas diferencias respecto a las redes venezolanas. Según ha explicado Cristina del Collado en la Universidad Complutense, los responsables suelen encontrarse en España, aunque mantienen colaboradores en Colombia encargados de localizar y captar a jóvenes a las que engañan con falsas promesas de trabajo y mejores oportunidades económicas.

Una vez trasladadas a España, las víctimas son sometidas a una deuda que oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros, una cantidad que deben devolver mediante la explotación sexual. Además, las redes recurren a mecanismos de intimidación para evitar que abandonen la situación de explotación: les hacen firmar documentos en los que deben aportar información sobre sus familiares y sus domicilios, datos que después utilizan como amenaza si intentan escapar o dejar la prostitución.

Asimismo, la Policía también ha detectado casos en los que estas organizaciones fuerzan a las víctimas al consumo de drogas, especialmente cocaína, generando una dependencia que facilita aún más su control.

Junto a las colombianas, las redes paraguayas también mantienen una presencia destacada en España, aunque emplean métodos de captación diferentes. En muchos casos, las víctimas son engañadas por familiares o personas cercanas, una circunstancia que aumenta su confianza y facilita que acepten viajar al país con la promesa de encontrar un empleo.

Una vez en España, las mujeres quedan atrapadas por una deuda que ronda los 4.000 euros. Para garantizar su pago, las organizaciones pueden obligarlas a firmar avales con los que comprometen bienes propios o de sus familias, como viviendas o vehículos, utilizando esa presión económica como otra herramienta de control sobre las víctimas.

Las redes rumanas pierden fuerza, pero mantienen su presencia en España

Mientras tanto, las organizaciones procedentes del este de Europa, especialmente las de Rumanía, continúan teniendo presencia en España, aunque la Policía Nacional ha detectado una evolución a la baja en este tipo de redes en los últimos años. Pese a este descenso, los investigadores advierten de que estas estructuras siguen utilizando métodos de captación basados en la manipulación y el engaño, entre ellos la conocida técnica del ‘lover boy’.

Este método suele estar protagonizado por un hombre, generalmente de entre 30 y 35 años, con buena apariencia física y una imagen de éxito, que se acerca a jóvenes de alrededor de 18 o 19 años y establece con ellas una relación sentimental. Una vez que consigue ganarse su confianza y generar una dependencia emocional, la víctima es presionada y obligada a ejercer la prostitución, quedando bajo el control de la organización.

Frente a estos grupos, la inspectora Cristina del Collado ha señalado que las organizaciones chinas son actualmente unas de las más complejas de investigar para las fuerzas de seguridad. Su estructura cerrada y su funcionamiento dentro de comunidades muy herméticas dificultan el acceso de los investigadores, a lo que se suman las barreras lingüísticas, sociales y culturales. Esta combinación hace más complicada tanto la identificación de los responsables como la detección y asistencia a las posibles víctimas.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, cinco hombres que entonces tenían entre 26 y 29 años agredieron sexualmente a una joven de 18 años en un portal. El caso podría haber sido uno más de los que se registran en fiestas de este tipo, pero transformó la percepción social de la violencia sexual en España e impulsó cambios en la legislación. Los autores, que grabaron la agresión con sus teléfonos móviles y robaron a la joven el suyo, actuaron con pleno conocimiento de que “no tenían el consentimiento de la víctima” y sabiendo que “atentaban contra su libertad e indemnidad sexual”, según indicó el fallo del Tribunal Supremo, que tras un proceso judicial extenso y complejo, les condenó a 15 años de cárcel.

En los mensajes intercambiados por el grupo, conocido como ‘La Manada’, compartieron comentarios celebrando lo ocurrido, utilizando expresiones que restaban gravedad a los hechos y jactándose ante otros conocidos. “Follándonos a una entre los cinco”, “todo lo que cuente es poco”, “puta pasada de viaje”, llegaron a decir en sus conversaciones con otros amigos mientras estos respondían: “Cabrones, os envidio. Esos son los viajes guapos”.

En un principio, en abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra condenó inicialmente a los cinco hombres —José Ángel Prenda (28 años), Ángel Boza (26), Jesús Escudero (27), Alfonso Jesús Cabezuelo (29) y Antonio Manuel Escudero (29)— a nueve años de prisión, al ser considerados culpables de un delito continuado de abuso sexual y no de agresión sexual (violación), ya que los magistrados entendieron que no hubo ni intimidación ni violencia física explícita, condiciones que exigía el Código Penal para que se considerase agresión sexual o violación.

Los acusados, que insistieron en que fue una relación consentida, recurrieron la decisión de la Audiencia y la respuesta en la calle fue inmediata, pues desencadenó una ola de indignación y protestas en numerosas ciudades de España que exigían una mayor protección para las víctimas en el sistema judicial. Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales reclamaron entonces una reforma legal que reflejara con mayor claridad la gravedad de estos delitos. El caso de ‘La Manada’ también puso en cuestión la actuación de la policía y la exposición pública de la víctima, que sufrió acoso y ataques en redes sociales.

En 2019 el Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se trató de una violación múltiple, elevando la condena a 15 años de cárcel. Confirmó que los cinco hombres se sirvieron de su “superioridad” para agredir sexualmente a la joven con penetraciones por vía vaginal, oral y anal. La decisión del Supremo, que volvió a derivar en protestas multitudinarias en decenas de ciudades, supuso un hito en la jurisprudencia española y sentó las bases para la posterior reforma de la ley de libertad sexual, conocida como la Ley del “solo sí es sí”, que modificó los criterios para considerar el consentimiento en los delitos sexuales.

Expertas en violencia de género aseguran que esta sentencia del Supremo representó un cambio en la interpretación judicial al establecer que la falta de resistencia de la víctima no equivale a consentimiento. El caso de La Manada aceleró también un cambio cultural en la manera de entender el consentimiento sexual, de forma que el mensaje de “solo sí es sí” ganó fuerza en la sociedad, reforzando la idea de que toda relación debe basarse en un consentimiento claro, libre y reversible en cualquier instante.

“Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista”, explicó el pasado viernes la socióloga feminista Rosa Cobo durante las jornadas ‘Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual’, según informa la agencia EFE.

Otro caso similar en Pozoblanco, Córdoba

También cabe recordar que cuatro de los cinco integrantes de la Manada ya habían sido condenados por otro delito sexual cometido meses antes de los hechos de Pamplona. En esa ocasión, según los fallos judiciales, abusaron de una joven que se encontraba inconsciente en el interior de un vehículo en Pozoblanco (Córdoba), en una agresión ocurrida en la primavera de 2016, previa a las fiestas de San Fermín. Las pruebas obtenidas durante la investigación de ambos casos evidenciaron un patrón de conducta y contribuyeron al endurecimiento de las condenas.

Además, un año después de la violación grupal en Pamplona, el movimiento internacional Me Too cobró fuerza al visibilizar denuncias de acoso, abuso y agresiones sexuales en distintos ámbitos, poniendo en evidencia que estas situaciones forman parte de un problema estructural y no de hechos aislados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la relevancia que han tenido en la historia y la actualidad del país.

Violencia de las mujeres tiene raíz en la discriminación

Ante beneficiarias del programa, Sheinbaum sostuvo que la violencia contra las mujeres tiene raíz en la discriminación y en la negación de derechos. “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”, afirmó.

La presidenta enumeró los derechos que deben garantizarse a todas las mujeres, sin distinción de oficio o profesión:

• Derecho a educarse
• Derecho a trabajar
• Derecho al acceso a la salud
• Derecho a una vida libre de violencia

Sheinbaum subrayó que reconocer a las mujeres -amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias- es la forma de combatir la desigualdad. “Siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, señaló.

Gobierno federal destina un billón en Programas para el Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, dijo, es el reconocimiento concreto al trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo: por primera vez en 200 años, una mujer llegó a la Presidencia de México.

Además del programa de pensión, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

Más de un millón de mujeres reciben apoyo en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Precisó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el estado construirá 127 Centros LIBRE, a pesar de que solo cuenta con 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Estos son algunas de las reformas impulsadas en el gobierno de Sheinbaum

El 3 de octubre de 2024, dos días después de asumir la presidencia, Sheinbaum presentó un paquete de Reformas Constitucionales enfocado en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Estas reformas establecieron el derecho a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizarlo.

El paquete incluyó disposiciones para asegurar igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso al mismo trato y oportunidades, y medidas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños en procedimientos civiles y familiares. También se incorporó el concepto de violencia vicaria y se creó el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.

Con el lema “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum formalizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que hasta abril de este año la dirigió Citlali Hernández. Esta dependencia instaló 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en varios estados del país.

Además, se implementó el programa Mujeres Bienestar, que otorgó un apoyo bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años. Entre la legislación que se impulsó este año, se encuentra la ley contra el feminicidio, aprobada en el Congreso de la Unión.

Luego de que el pasado 29 de junio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, diera a conocer que su administración considera el retiro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ (IDHIE) mostraron su preocupación y advirtieron falta de condiciones para llevar a cabo esta acción.

El mandatario estatal sustentó sus afirmaciones bajo la excusa de que informes oficiales indican que la entidad pasó del lugar número siete al doce en materia de feminicidios, sin embargo, ambas organizaciones destacaron que esto “no constituye, por sí misma, un indicador de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género”.

GIM sin sesionar y medidas no cumplidas evitan que se levante la Alerta de Violencia de Género

Destacaron la deuda del gobierno poblano con las mujeres, sobre todo, después de que en 2019 se levantara la AVGM, ya que de las “45 medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta en Puebla, únicamente 4 han sido cumplidas en su totalidad, mientras que 28 continúan en proceso de cumplimiento, 2 presentan cumplimiento parcial, 1 permanece pendiente, 1 fue pospuesta y 9 han sido incumplidas”.

Precisaron que para que el mecanismo se levante, debe haber “cumplimiento efectivo de las medidas establecidas, los avances institucionales y los resultados verificables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Por lo anterior, la Alerta de Violencia de Género no debe levantarse solo tomando en cuenta datos estadísticos, ya que esto no muestra “evidencia que demuestre que las acciones implementadas han generado condiciones reales de seguridad para las mujeres y niñas”.

También resaltaron la falta de trabajos por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el cual está enfocado en dar seguimiento a la medida implementada, mismo que “lleva más de un año sin sesionar, lo que ha impedido contar con nuevos dictámenes y realizar una evaluación integral sobre los avances y el cumplimiento de las acciones implementadas por el Estado”.

Gobierno solo reconoce 4 feminicidios de 38 muertes violentas de mujeres

Destacaron que aún está pendiente que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal de a conocer el informe con las medidas de desaparición, el cual se concluyó en 2024. Cabe destacar que, la dependencia sigue sin titular, ya que la senadora Laura Itzel Castillo -quien fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- asumirá funciones hasta septiembre de este año.

Señalaron que a las 38 muertes violentas de mujeres registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de este año, “se suma la grave problemática de desaparición de mujeres y niña”.

“Este año, simplemente solo han acreditado cuatro feminicidios de 38 asesinatos de mujeres. Entonces, esto es importante porque los estados no están acreditando el delito", señaló la directora del OCNF, María de la Luz Estrada.

Armenta insta a evaluación técnica

El 8 de abril de 2019, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue decretada para 50 municipios de Puebla debido al aumento de agresiones hacia las mujeres. Armenta afirmó que apoyó la petición de dicha alerta durante su periodo como legislador.

No obstante, subrayó que las circunstancias han cambiado y planteó la necesidad de analizar si la entidad podría superar esta medida, siempre a partir de criterios técnicos y garantizando la protección de las mujeres.

Reiteró que los avances se deben a la coordinación de dependencias estatales con la Fiscalía local, además de la puesta en marcha de las Casas Carmen Serdány losCentros LIBRE.

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado de manera encubierta a más de 130 clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento en su centro de masajes privado. Además, al sospechoso se le imputan también varios presuntos delitos de agresión sexual en algunos de los casos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una clienta que detectó la presencia de una cámara de vídeo oculta dentro de una de las cabinas del establecimiento. La mujer, al percatarse de que había un objetivo dirigido hacia la zona donde se desvestía, dio aviso a la Guardia Civil e interpuso una denuncia, lo que permitió abrir las primeras diligencias del caso.

Los agentes del Instituto Armado se desplazaron hasta el local y comprobaron la existencia del dispositivo de grabación oculto, dando inicio a una investigación más amplia, según ha adelantado ABC. A partir de ese momento se procedió a la incautación del material registrado y a la detención del responsable del centro.

Según la información recabada por los investigadores, el detenido es un hombre de 60 años y nacionalidad española, propietario del establecimiento de masajes. Tras su arresto, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial mientras continúa la instrucción del caso.

Las pesquisas posteriores han permitido localizar un elevado volumen de material audiovisual presuntamente grabado sin consentimiento. En total, los agentes han identificado más de 500 vídeos en análisis, según ha informado Diario de Rivas. Paralelamente, se ha elaborado un listado de clientas del centro, que estarían potencialmente afectadas por los hechos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el número de posibles perjudicadas asciende ya al menos a 131, aunque no se descarta que esa cifra aumente conforme avance la investigación. La Guardia Civil continúa revisando el material intervenido para determinar el alcance completo de las grabaciones y la posible existencia de otros delitos asociados.

Apoyo municipal a las víctimas

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha emitido un comunicado en el que ha expresado su “apoyo y acompañamiento” a las posibles víctimas de los hechos investigados. El consistorio ha habilitado recursos de atención psicológica y orientación jurídica para las mujeres afectadas, así como la derivación a otros servicios especializados en caso necesario.

Entre los canales de contacto habilitados se encuentra el Buzón Mujer, además de un teléfono municipal específico para ofrecer información y asistencia a las posibles víctimas. El objetivo, según ha señalado el consistorio, es facilitar el acceso rápido a apoyo institucional mientras avanza el procedimiento judicial.

Asimismo, el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de personarse como acusación popular en el caso, al considerar que los hechos podrían afectar a intereses generales y a una pluralidad de personas. No obstante, ha subrayado que cualquier decisión se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia.

El gobierno municipal ha insistido en que la prioridad en estos momentos es garantizar que cualquier persona afectada conozca los recursos disponibles y pueda recibir acompañamiento adecuado. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo supervisión judicial, a la espera de esclarecer completamente el alcance de las grabaciones y las posibles responsabilidades penales del detenido.

La violencia familiar en México se mantiene como uno de los principales delitos cometidos contra las mujeres. En los últimos años, organizaciones civiles y el gobierno implementan diversas acciones para combatir este tipo de agresiones.

Sin embargo, la cifra de casos aumentó de forma significativa entre enero y mayo del presente año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe, al corte del 30 de mayo, cuatro estados concentran el 35.8% del total de delitos de violencia familiar registrados en el país en dicho periodo.

En conjunto, estas entidades suman 40,550 delitos de un total nacional de 113,294 casos.

La Ciudad de México se posicionó como la entidad con más casos de violencia familiar, al reportar 11 mil 845 denuncias, equivalentes al 10.5% del total de casos a nivel nacional.

Le sigue Estado de México con 11 mil 317 delitos, lo que representa el 10.0% del total.

Nuevo León reporta 10 mil 080 delitos de violencia familiar en el periodo señalado. Guanajuato concentra 7 mil 308 casos. Baja California registra 6 mil 666 denuncias.

Coahuila y Chihuahua comparten la misma cifra, con 5 mil 524 delitos cada uno. Jalisco acumula 5 mil 339 casos. Puebla alcanza 4 mil 734 denuncias.

Veracruz suma 4 mil 643 delitos. San Luis Potosí cuenta con 4 mil 096 casos. Hidalgo reporta 3 mil 408 denuncias.

Tamaulipas alcanza 3 mil 106 casos. Quintana Roo y Sinaloa presentan cifras similares, con 3 mil 088 y 3 mil 070 delitos, respectivamente.

Tabasco reporta 2,890 denuncias. Morelos suma 2,888 casos. Sonora registra 2 mil 295 delitos. Durango alcanza 2,095 denuncias, mientras que Querétaro suma 2 mil 040 casos.

Colima reporta 1,755 delitos. Zacatecas acumula 1,515 denuncias. Oaxaca suma 1,482 casos. Baja California Sur reporta 1,446 delitos. Guerrero registra 1,344 casos.

Aguascalientes presenta 1,147 denuncias. Michoacán suma 860 casos. Nayarit reporta 623 delitos. Chiapas cuenta con 340 casos. Campeche registra 152 delitos, Yucatán suma 114 denuncias y Tlaxcala cierra la lista con 12 casos.

¿Cómo se sanciona?

El Código Penal Federal establece en el Artículo 343 Bis que comete el delito de violencia familiar quien ejerza actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, o sexual, contra una persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial; parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; concubinato; cohabitación, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Cuando las conductas descritas en el Artículo 343 Bis se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.

El Artículo 343 Ter señala que se equipara a la violencia familiar y se sanciona con seis meses a cuatro años de prisión a quien realice cualquiera de los actos del artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.

El Artículo 343 Ter 2o. establece que las penas previstas en el Artículo 343 Bis aumentarán hasta en una tercera parte a quien cometa el delito a través de interpósita persona.

En los casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona, el Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima, acordará medidas preventivas y solicitará medidas precautorias para salvaguardar la integridad física o psíquica, además de solicitar las órdenes de protección que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas en términos de lo dispuesto por la legislación.

Denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video donde su pareja, María Felicia Jiménez, denuncia maltratos y agresiones.

El material muestra supuestos hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en un domicilio de Emiliano Zapata, Morelos.

El video fue difundido por Jiménez, quien pidió auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México colabora para garantizar la protección de la víctima.

Tras la viralización del video, la Secretaría de Energía informó que Rodríguez no será incorporado al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, aunque previamente se había anunciado su nombramiento.

El exfuncionario declaró que se separa de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y expresó disposición para colaborar con las autoridades. El caso se da a conocer casi un mes después de que Rodríguez dejó la dirección de Pemex.

El terremoto en el fútbol italiano sigue dando nombres. La crisis que hace unos meses asolaba la Serie A desvela ahora otro nombre que está en primera línea después de que el Real Madrid lo tenga en sus listas de deseados. Alessandro Bastoni está siendo investigado por la fiscalía de Milán en el marco de una investigación por prostitución infantil.

Así lo ha confirmado La Gazzetta dello Sport después de que la fiscalía notificara al central del Inter de Milán. En cuestión, se le investiga por un presunto delito de prostitución de menores, dentro de una causa más amplia sobre una supuesta red de acompañantes que operaba en el entorno de la ciudad italiana. La notificación no implica culpabilidad, pero sí ha hecho saltar las alarmas del fútbol italiano, que vive uno de los peores episodios de su historia después de no disputar por tercera vez el Mundial.

De todos modos, Bastoni se convierte en el primer futbolista investigado dentro de esta crisis. El jugador será interrogado en los próximos días.

Una red de acompañantes

El nombre de Bastoni aparece en el marco de la investigación sobre “Ma.De”, una presunta agencia de acompañantes con sede en Cinisello Balsamo, en la provincia de Milán, que, según la acusación, organizaba fiestas “todo incluido” para clientes VIP, principalmente futbolistas, con cenas, discotecas y noches en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Según la documentación de la investigación, el defensa fue puesto en contacto en 2020, a través de un empleado de la agencia, con una joven que entonces tenía 17 años. La Fiscalía investiga si entre ambos existió una relación sexual, circunstancia que constituiría el presunto delito que se le atribuye. No obstante, la joven, interrogada como testigo, niega que haya mantenido relaciones sexuales con Bastoni.

A pesar de ello, los investigadores consideran que sigue habiendo elementos documentales y conversaciones intervenidas que justifican continuar con las diligencias y citar al futbolista para prestar declaración. Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, también ha solicitado información a otros tres futbolistas (Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi), aunque todos ellos figuran únicamente como testigos y no están siendo investigados.

Bastoni, en el radar del Real Madrid

Mientras su situación judicial acapara la actualidad, Bastoni continúa siendo uno de los centrales más cotizados del mercado. En las últimas horas, el diario AS ha relacionado al futbolista con el Real Madrid, que busca reforzar su eje de la zaga tras las llegadas de Konaté, Cucurella y Dumfries.

La relación entre ambos clubes es buena, algo que quedó patente en el reciente partido amistoso entre leyendas de los dos equipos disputado en el Bernabéu. El Inter conoce el interés madridista y, de hecho, durante la temporada ya autorizó a Bastoni a negociar su futuro, lo que le llevó a mantener conversaciones con el Barcelona que finalmente no fructificaron.

Las últimas informaciones apuntan a que el jugador podría salir por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Después de la lesión de Schlotterbeck, aunque no fue tan grave como lo esperado, ha hecho que Bastoni ganara puntos como principal objetivo madridista para la defensa. Además, encaja con la hoja de ruta de los fichajes de Mourinho: experiencia, capacidad para iniciar el juego desde atrás y consolidación en el fútbol de élite. En la última temporada, Bastoni ha jugado 40 partidos, marcado cuatro goles y dado seis asistencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá protección institucional para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos abriera una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia denunciados por su esposa.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres estableció comunicación con la víctima y reiteró que las autoridades competentes deben actuar conforme a la ley.

Sheinbaum sostuvo que el caso corresponde a la Fiscalía de Morelos debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en esa entidad. En ese sentido, enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario.

La presidenta afirmó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y señaló que ninguna persona recibirá un trato diferenciado por haber ocupado un cargo público.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, expresó.

La mandataria también aprovechó para aclarar la situación administrativa de Rodríguez Padilla dentro del gobierno federal. Explicó que el exdirector de Pemex estaba contemplado para asumir una nueva responsabilidad en el ámbito energético y que incluso ya había anunciado públicamente su próxima incorporación.

Sin embargo, precisó que el procedimiento de designación aún no se encontraba concluido porque faltaba la firma oficial del nombramiento.

“Yo no había firmado porque lleva un trámite la firma del nombramiento. Apenas iba a pasar el nombramiento”, explicó.

Por esa razón, indicó que no fue necesario revocar ninguna designación formal, ya que el proceso no se había concretado. Añadió que Alejandro Salcido continuará al frente de la posición que se tenía prevista para Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

“No ocupará otro cargo”

La presidenta fue más allá y afirmó que el exfuncionario no podrá ser considerado para otro cargo dentro de la administración federal mientras se desarrolla el caso.

“Ya no podrá ocupar otro cargo en la administración, ya no”, señaló ante la pregunta expresa de la prensa.

Las declaraciones ocurrieron después de que se difundiera un video en el que se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a una mujer. Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Sheinbaum insistió en que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación y reiteró que la aplicación de la ley debe ser igual para cualquier persona.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, sostuvo la mandataria.

Un video contradice a Sheinbaum: pidió ayuda a Rodríguez Padilla para dirigir el INEEL

El 14 de mayo de 2026, la presidenta anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

En conferencia de prensa, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, condenó la violencia física que ejerció el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en contra de su esposa, María Felicia Jiménez, quien denunció públicamente los actos cometidos por el alto exfuncionario.

Tras la viralización del caso, Montiel fue cuestionada por el caso que ha sacudido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum al tratarse de un político cercano a ella. “Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente, hacia las mujeres”, externó la dirigente.

“Todo el peso de la ley” contra Vítor Rodríguez

Respecto a la información que ha trascendido este sábado, respecto a que la Doctora María Felicia presentará una denuncia en contra de su esposo, la presidenta del partido oficialista reiteró que este proceso es de vital importancia, para que “todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta”.

Reiteró que a pesar de ser un alto funcionario, será juzgado conforme lo estipula la ley en estos casos, “La justicia es para todas las mujeres. Nuestra presidenta dijo: ‘Llegamos todas’. Y lo está cumpliendo”.

La dirigente nacional agregó que Morena se suma a “las exigencias de aplicar todo el peso de la ley a quien violenta a una mujer como lo hemos visto”.

Ariadna Montiel descalifica comunicado del exdirector de Pemex

Durante la noche del 26 de junio -día en que se dio a conocer la denuncia de María Felicia -, Víctor Rodríguez Padilla emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde aseguró “entender la sensibilidad de la situación”; sin embargo, su mensaje fue descalificado por Ariadna Montiel:

“No compartimos de ninguna manera el comunicado que el exfuncionario también presentó. Me parece que es claro y evidente que ha cometido un delito y esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley”.

En el breve texto publicado por el exdirectivo, señaló haberse “separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”; sin mayor sensibilidad y pese a haber ejercido violencia en contra de su esposa frente a su hijo, solicitó respetar la privacidad de su familia:

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”.

Esta fue la denuncia en contra del exfuncionario del INEEL

Aunque el día de ayer, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias(INEEL) aseguró que Rodríguez Padilla nunca formó parte de dicha institución, la realidad es que el pasado 3 de junio se llevó a cabo una ceremonia por el nombramiento de quien asumiría la dirección.

Por lo que al seguir siendo parte de un puesto con poder en el gobierno de Sheinbaum, el mensaje de María Felicia aseguró que “en casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, confirmando que el discurso morenista se desvanece ante la realidad que vivió la mujer:

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL".

Al decidir romper el silencio, la Doctora en Ingeniería Física Nuclear aseguró que esta situación se traducía en quedarse “sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”.

Cabe destacar que el caso se viralizó tras la publicación de un video con un mensaje donde se exhibe la violencia que ejerció el alto funcionario el pasado 15 de marzo en 2026, el delito quedó grabado en una cámara de vigilancia al interior del domicilio.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 24 de junio durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana, a la decisión del partido oficialista se le suma el proceso penal que enfrentará el dirigente juvenil.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido informó la destitución de Castillo mediante un comunicado oficial. El documento señala que la decisión responde a la “determinación irrevocable de preservar el compromiso con los valores y principios” del movimiento.

Castillo es egresado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas; tras la viralización del actuar violento, compañeros de esa institución lo han señalalado como una persona con historial de conductas agresivas.

Morena destituye al dirigente juvenil de Zacatecas

El CEN de Morena anunció que Castillo fue separado de su cargo “como un acto de responsabilidad y congruencia”. El partido subrayó que “no hay lugar para ninguna forma de violencia, y mucho menos para conductas que vulneren la integridad, los derechos o la dignidad de las mujeres”.

El Consejo Estatal de Morena Zacatecas había emitido previamente su propio comunicado en el que condenó los hechos y señaló que la conducta del dirigente “contraviene los principios y valores” del partido. “No hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres”, se lee en ese documento.

El video que desató la destitución: así ocurrió la agresión

Las imágenes grabadas por aficionados muestran el momento en que una conductora de plataforma circulaba por el Centro Histórico de la capital zacatecana cuando fue interceptada por una multitud en el cruce de la avenida Hidalgo y el callejón del Santero.

Según el video, los aficionados comenzaron a balancear el vehículo, mientras que la conductora en el intento de huir, acelera el carro. Castillo respondió abalanzándose sobre ella, golpeándola en el rostro.

Testigos en el lugar identificaron al agresor como el dirigente juvenil del partido, posteriormente, Castillo eliminó sus perfiles en redes sociales.

El proceso penal y la postura del partido

El caso no quedó en el plano disciplinario interno: Castillo enfrenta un proceso penal derivado de la agresión. El CEN destacó en su comunicado que la separación del cargo se da con apego a los documentos básicos del partido y respetando el debido proceso.

Morena también aprovechó el comunicado para fijar su postura institucional. Estos son los puntos centrales que el partido subrayó:

• La destitución busca reafirmar que ocupar una responsabilidad partidista “debe pasar por los valores” del movimiento.
• El partido reiteró su respaldo a las acciones emprendidas por Morena Zacatecas.
• El CEN señaló que el actuar de sus integrantes, “en todas las esferas de su vida”, debe ser congruente con los principios de la Cuarta Transformación.

Al cierre de esta nota, el hombre involucrado no ha emitido alguna postura pública sobre su actuar violento en contra de una mujer.

Raquel Bollo ha revisitado en televisión uno de los episodios más graves de la violencia que sufrió junto a Chiquetete y ha situado en el centro a su hijo Manuel Cortés, que con seis años interrumpió una agresión en Algeciras y facilitó que pudiera llegar ayuda.

La colaboradora ha relatado estos hechos con motivo de la publicación de La vida después del ruido, el libro en el que repasa aquella etapa y el daño que le causó no sentirse creída incluso después de existir una sentencia condenatoria por violencia de género.

Bollo ha explicado en ¡De Viernes! que el episodio ocurrió un 31 de diciembre, cuando Antonio José Cortés Pantoja la estaba golpeando y el niño llamó a la puerta de la habitación; esa irrupción hizo que él se detuviera y permitió al menor salir corriendo a buscar ayuda de unos familiares.

El papel decisivo de su hijo

La propia Bollo ha resumido el peso de aquel instante con una frase que vinculó directamente con la supervivencia: “Yo pienso que al final los hijos vienen al mundo a darte la vida y mi Manuel me la dio a mí ese día cuando llamó a la puerta”.

Antes, había advertido de que los menores perciben mucho más de lo que los adultos creen: “Muchas veces te crees que ellos no se dan cuenta y, al final, los niños son esponjas y se dan cuenta de más de lo que tú te imaginas”.

También ha precisado que todo sucedió en Algeciras y que fueron familiares de su entorno quienes acudieron con rapidez y la llevaron al hospital. La colaboradora ha añadido que en aquel momento no quería denunciar, pero su círculo fue tajante: “O denuncias tú o denunciamos nosotros”.

El relato de Bollo no se ha limitado a la agresión concreta. En la entrevista ha insistido en el efecto duradero que tuvo el cuestionamiento público después de denunciar, pese a que Chiquetete fue condenado por violencia de género y a que, según su testimonio, existía una sentencia judicial.

“A mí ya esto no me hace daño. Quiero que eso vaya por delante”, ha dicho al revisar imágenes de aquel pasado. Aun así, ha señalado que lo que le viene a la cabeza cuando revive esa etapa son sus padres y la infancia que tuvo con ellos, una etapa a la que volvería “con otra vida diferente, la que a lo mejor me correspondía o la que mis padres hubiesen querido para mí por cómo me criaron”.

El estigma tras la denuncia

En ese mismo bloque, Bollo ha descrito el peso de la sospecha social tras la denuncia: “¿Qué más le hacía falta a la gente si él mismo lo dice?”. La colaboradora lamentó que “después vino todo el ruido” y que durante mucho tiempo le hizo daño tener que “empezar a demostrar” algo que, a su juicio, no tenía que demostrar.

La entrevistada ha situado el inicio de aquella relación en su juventud, cuando, según sus palabras, era una chica enamorada de un hombre mucho mayor y muy conocido. Ha sostenido además que él estaba entonces “en su peor momento”, que con ella formó una familia y que esa salida fue posible después de 10 años gracias, en buena parte, al apoyo de su familia.

Bollo ha explicado que en La vida después del ruido ha incluido otros episodios de aquellos años, aunque sin recrearse en la violencia más explícita. Entre ellos ha citado uno que, a su juicio, retrata la dinámica de miedo en la que vivía: “Por haber perdido la llave del coche, dormía en el coche”.

Su reflexión posterior ha apuntado al desplazamiento de la vergüenza hacia la víctima. “Yo ahora pienso, digo, que yo por perder una llave me tenga que quedar en un coche y que la vergüenza mía sea que no me vea nadie en ese coche, cuando realmente la vergüenza le tendría que dar a otra persona, no a mí”, ha afirmado. También ha asegurado que perdonó “hace mucho tiempo” y que incluso llegó a sentir “más pena de él” que de sí misma.

En su paso por ¡De Viernes!, la colaboradora ha abordado además otro frente personal: el distanciamiento con Isabel Pantoja. Ha negado que hubiera una discusión entre ambas y ha situado el enfriamiento de la relación tras el fallecimiento de la madre de la cantante, cuando los contactos por mensajes se hicieron más esporádicos y “empezó a no coger el teléfono”.

Bollo ha precisado que ahora mismo no tiene trato con Pantoja, aunque eso no significa que no la quiera. También ha recordado que la artista “ha sido parte de su familia” y una persona muy importante en su vida, hasta el punto de asegurar que acudirá a verla cantar en Sevilla porque la considera “una de las grandes artistas que nos quedan en nuestro país”.

Los responsables de la organización trasladaban a las víctimas entre varios pisos prostíbulos situados en distintas localidades españolas. Este modus operandi tenía como objetivo maximizar los beneficios económicos, manteniendo un control constante sobre los movimientos y la actividad de las mujeres explotadas. Durante la operación, los agentes detuvieron a 17 integrantes de la organización y tres de ellos permanecen en prisión provisional.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos de Tenerife. Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes lograron localizar nuevas víctimas en la isla y en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento interno de la red criminal. Según la Policía, el grupo imponía deudas a las víctimas y utilizaba el traslado constante entre pisos para dificultar su localización y mantener la coacción.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Unos meses después, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

España, uno de los principales puntos de tránsito y destino en Europa para la trata

La trata con fines de explotación sexual afecta cada año a decenas de mujeres migrantes en España, muchas de ellas procedentes de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Fuentes policiales y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han advertido sobre el aumento de casos relacionados con mafias que captan a mujeres en situación vulnerable y las someten a condiciones de explotación en Europa. En los últimos años, los cuerpos de seguridad españoles han llevado a cabo operaciones similares en distintas regiones del país, desmantelando redes que replican patrones de deuda, traslado forzoso y control sistemático sobre las víctimas.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la trata de personas, y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la detección y el rescate de víctimas de estos delitos.

El juzgado de Ångermanland (norte de Suecia) ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de cárcel a Tomas Runsten por haber prostituido durante tres años a su mujer. El sexagenario, conocido como el ‘Pelicot sueco’ por las similitudes de sus actos con los cometidos por el francés Dominique Pelicot, obligó a la víctima a practicar sexo con entre 250 y 275 hombres a cambio de dinero desde 2023.

El tribunal sueco ha considerado que fue él quien tomó la iniciativa “para que la mujer empezara a vender sexo” y que el condenado “ha sido quien administró gran parte del negocio”. Así, le han declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas y deberá indemnizar a su mujer con 200.000 coronas suecas (unos 18.370 euros).

Sin embargo, Runsten ha quedado absuelto de ocho cargos por violación. Según el juez encargado del caso, Johan Ahlberg, en siete de ellos no se ha logrado demostrar la falta de consentimiento de la víctima, mientras que en el otro no ha podido establecerse qué tipo de acto sexual se mantuvo.

120 sospechosos, 28 condenados

La sentencia del tribunal sueco calcula que la mujer de Runsten fue obligada a mantener relaciones con más de 250 hombres a cambio de dinero. “Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, ha explicado Ahlberg en un comunicado.

En un inicio, la causa incluyó a 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, pues el delito prescribe a los dos años de cometerse. Finalmente, han sido 28 los condenados por compra de delitos sexuales, pero solo dos de ellos han tenido penas de cárcel y pasarán un mes en prisión. Otro hombre permanecerá en libertad vigilada, mientras que los 25 restantes pagarán multas, que van desde las 2.000 coronas (184 euros) hasta las 21.000 coronas suecas (1.927 euros).

Para Runsten, la fiscalía había pedido 10 años de prisión y una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas (unos 91,726 euros). Sin embargo, el tribunal ha reducido la condena a menos de cuatro años y medio de cárcel para el sexagenario. Según el fallo judicial, el hombre superó “los límites” impuestos por su pareja, pero esto “no puede por sí solo servir de base para interpretar que hubo falta de voluntariedad cuando esta no quedó expresamente manifestada”.

El juez Ahlberg ha considerado que no ha quedado acreditado que la participación de la víctima fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

Runsten, que ha defendido su inocencia hasta el último momento, estuvo vinculado en el pasado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno” y tenía condenas previas por maltrato y coerción, entre otros delitos. El hombre fue investigado hace dos años por abusos contra su mujer, pero el caso fue cerrado. Finalmente, el hombre deberá cumplir una pena de cuatro años y cinco meses en prisión.

Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobaron sanciones de hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos cometidos contra mujeres por razón de género, y se estableció la obligación de actuar con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.

La nueva normativa busca combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas y familiares, en un contexto donde el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios en el país.

El Estado de México concentra el 35% de los feminicidios registrados en 2025 dentro de municipios con Alerta de Violencia de Género. En 2026, la entidad destina más de 260 millones de pesos al combate de este delito, pero las diputadas advirtieron que la inversión debe ir acompañada de cambios sustanciales en la ley.

Funcionarios sancionados con prisión, multas e inhabilitación

Las comisiones para la Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia avalaron que servidores públicos de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencias o que obstruyan investigaciones relacionadas con violencia de género enfrenten penas de cárcel, además de 100 a 150 días de multa y la destitución o inhabilitación del cargo.

La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López de Morena, establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe investigar cada muerte violenta de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia. González López afirmó que la iniciativa fortalece a las instituciones y garantiza que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente.

La diputada subrayó que la reforma retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en Chimalhuacán, y que incorpora parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidos tras la sentencia del 25 de marzo de 2015, cuando el caso se reabrió para ser analizado desde una perspectiva de género.

Nueva tipificación y retos estructurales

Durante la discusión, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez de Morena expuso que las investigaciones sobre feminicidio en la entidad enfrentan deficiencias sistemáticas: pérdida de evidencia, falta de exhaustividad en carpetas y ausencia de perspectiva de género en peritajes iniciales. Destacó que la iniciativa podría contribuir a disminuir los feminicidios y sancionar a quienes obstaculicen la justicia.

La legisladora Luisa Esmeralda Navarro Hernández señaló que el proyecto legislativo evitará que carpetas de investigación se cierren bajo el argumento de suicidio, como ocurrió en el caso de Mariana Lima. Añadió que la aprobación responde a las demandas sociales para garantizar justicia y protección de los derechos humanos de las víctimas.

El diputado Octavio Martínez Vargas recordó que varios municipios mexiquenses cuentan con declaratoria por feminicidio y desaparición, y cuestionó la permanencia de la fiscal central de Género y la falta de mujeres médicas legistas en la FGJEM, señalando que muchas muertes de mujeres se clasifican como suicidios.

La diputada Selina Trujillo Arizmendi coincidió en la necesidad de incorporar médicas legistas, pues la actuación de médicos legistas hombres puede revictimizar a las víctimas y dificultar la atención de los casos. También destacó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como la autonomía económica de las mujeres.

La justicia con rostro de víctima

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, afirmó que la reforma reconoce la lucha de familiares como Irinea Buendía y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, quienes han llevado casos paradigmáticos ante la justicia. Leyva Piñón resaltó que, por primera vez, se tipifica de manera autónoma el delito de negación de la justicia por razones de género, sancionando a servidores públicos negligentes.

La legisladora sostuvo que la aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y manda el mensaje de que la omisión y la complicidad institucional también serán castigadas.

El Código Penal estatal ya contempla penas de 40 a 70 años de prisión para feminicidio y transfeminicidio, con multas que pueden incrementarse por agravantes. Ahora, la omisión o negligencia en la investigación por parte de funcionarios también será motivo de sanción penal.

No siempre se trata de cosas de niños. La Policía Nacional ha identificado a entre cinco y seis menores de entre 11 y 12 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una niña de 12 años, compañera de clase, en el transcurso de una fiesta de cumpleaños celebrada en un local privado de Burgos. Al tener todos ellos menos de 14 años, son inimputables ante la ley, por lo que el atestado con sus datos fue trasladado a la Fiscalía de Menores.

Los hechos fueron denunciados en mayo ante la Policía Nacional por la familia de la víctima, según informó el Diario de Burgos. La niña relató haber sido atacada por parte de varios compañeros de clase durante la celebración, producida a mediados de ese mes fuera del colegio en el que ambas partes estudian. Aunque en la fiesta había más asistentes, no todos participaron en los hechos.

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Tras conocerse lo ocurrido, los presuntos agresores fueron expulsados del centro escolar durante cinco días. Según la información del periódico local, los menores han sido readmitidos y separados del resto del grupo junto con otros compañeros, con el argumento de evitar su estigmatización. La víctima, que aún arrastra secuelas físicas y emocionales derivadas del ataque, retomó también la actividad escolar.

La Dirección Provincial de Educación de Burgos tiene conocimiento del episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa del centro. Al tratarse de menores de 14 años, la Policía Nacional se limitó a identificarlos y a remitir el atestado a la Fiscalía de Menores, sin posibilidad de emprender acciones penales contra ellos.

El siguiente paso previsto es la derivación del caso a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, trámite que aún no se ha producido.

Qué dice la ley española cuando un menor de 14 años comete un delito

En España, un menor de 14 años no puede ser considerado penalmente responsable, aunque haya cometido un hecho que sería delito si lo hubiera cometido un adulto. Así lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Esto significa que no se le juzga ni se le impone una condena penal. El caso se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, que remite la información a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente. Finalmente, las autoridades de protección pueden adoptar medidas de carácter asistencial, educativo o de protección, en función de las circunstancias del menor y de su entorno familiar.

Por tanto, cuando un niño de 13 años o menos comete un homicidio, una agresión sexual o cualquier otro delito, no es procesado por la jurisdicción de menores ni enviado a un centro de internamiento como medida penal. La respuesta del Estado se canaliza a través del sistema de protección de menores.

En cambio, los jóvenes que tienen 14 o 15 años sí están sujetos a la Ley del Menor y pueden ser objeto de medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o internamiento en centros de menores, con un enfoque principalmente educativo y de reinserción.

En el Congreso de la República aprobaron el proyecto de ley que establece la eliminación de la mutilación genital femenina, también conocida como ablación, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. La decisión se tomó en el cuarto y último debate de la Plenaria del Senado.

De acuerdo con la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, la iniciativa busca generar una política pública que se enfoque en prevenir, atender y erradicar la ablación. La implementación de la normativa iniciaría con el desarrollo de un registro claro y completo sobre la problemática en Colombia, porque la documentación actual tiene “deficiencias”.

“Aquí no se trata de generar un delito nuevo, sino más bien de hacer pedagogía en las comunidades y también de que el Estado colombiano tenga protocolos claros sobre qué hacer cuando se encuentra con esta práctica, porque hoy en día casi que cada funcionario cuando lo encuentra actúa como cree que debe actuar, pero no hay protocolos claros”, explicó la legisladora a los medios de comunicación.

De igual manera, precisó que es importante tener claridad sobre la manera como se deben atender estos casos, porque, en muchas ocasiones, las niñas que son víctimas de mutilación genital femenina llegan a los centros médicos por otras complicaciones de salud y terminan siendo revictimizadas.

La representante Jennifer Pedraza, que también impulsó el proyecto de ley –respaldado principalmente por mujeres indígenas–, celebró su aprobación con una publicación en redes, en la que recordó que la iniciativa estuvo a punto de caerse en el Legislativo.

“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad embrea y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley. Su liderazgo, su valentía y su compromiso hicieron posible este avance”, detalló la representante.

La Defensoría del Pueblo explicó que, para que el proyecto se convierta en Ley de la República, debe surtir un trámite de conciliación. Afirmó que el avance actual es importante, porque la mutilación genital femenina “es una práctica que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y atenta contra la integridad, la salud, la dignidad y el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres”.

La entidad indicó que contribuirá a la articulación de acciones que verdaderamente sirvan para prevenir, sensibilizar, atender y proteger a las víctimas de esta práctica, garantizando que ese trabajo se haga desde un enfoque de derechos humanos, de género y de interculturalidad. De igual manera, hizo un llamado a continuar trabajando por la eliminación de barreras que impiden a las niñas, adolescentes y mujeres gozar plenamente de sus derechos.

“La erradicación de la mutilación genital femenina constituye una responsabilidad colectiva y un imperativo ético para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana”, precisó.

De acuerdo con la ONG Equality Now, la aprobación del proyecto de ley surge casi dos décadas después de que se supiera de su existencia. Ahora, Colombia se convertirá en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica sobre el tema. Su importancia recae en la necesidad de frenar una práctica que, según datos expuestos por la organización, ha afectado a más de 230 millones de niñas y mujeres en el mundo.

“Aunque la mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos, Colombia no contaba con un marco legal específico para prevenir la MGF y la aprobación de esta ley la posiciona como referente regional en la lucha contra las prácticas nocivas”, indicó la ONG en un comunicado.

“¿Qué tiene que pasar para que la vida de las mujeres importe más que su dinero?”, este es el cuestionamiento planteado por Yeritza Bautista Córtes, sobreviviente de feminicidio, quien el pasado 9 de junio dio a conocer que su agresor, Carlos Enrique “N”, quedaría en libertad por el fallo de tres magistrados que decidieron reclasificar el delito a “violencia familiar”.

La lucha por verdad y justicia de Yeritza Bautista data de casi 6 años, en los que tres veces se ha tenido que enfrentar a un proceso donde -en dos juicios- el fallo ha sido el mismo: Carlos Enrique “N” fue encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La sentencia original dictaba 11 años y 8 meses de prisión, una resolución que ya no se cumplirá pese al riesgo que corre la víctima.

Fallo de magistrados reclasifica el delito y deja en libertad al agresor

El martes, las magistradas Blanca García Sánchez, Erika Epifanea Reséndiz Ramírez y el magistrado Rafael Inti Castillo Serrato, resolvieron reclasificar el delito a violencia familiar, reduciendo drásticamente el tiempo en prisión a solo 6 años, por lo que la pena bajo esta nueva medida permite que el acusado quede en libertad este miércoles 10 de junio.

“Se ordena la excarcelación de Carlos Enrique “N” y por ende, su inmediata libertad”, indica uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por los magistrados mencionados, el documento agrega que la víctima ya no obtendrá ningún pago como parte de la reparación del daño moral, debido a la reclasificación del delito.

“Han sido seis años de incansable lucha, no he dejado de presentarme a ninguna de mis audiencias, he luchado por obtener una sentencia en firme, he enfrentado el mismo juicio 3 veces y he logrado dos sentencias condenatorias por dos jueces diferentes… Hoy hago responsable a Carlos Enrique “N” y su familia, así como a las magistradas de lo que a mí o a mi familia nos pueda pasar”, comentó Yeritza Bautista en un video difundido en redes sociales, donde condenó que los jueces sigan liberando potenciales feminicidas.

Yeritza Bautista acusa corrupción de jueces

“No me quiero convertir en una cifra de feminicidios en México”, un temor que acecha a la sobreviviente desde el momento en que fue notificada sobre el fallo de libertad para su agresor, una decisión que asegura podría responder a actos de corrupción.

El 2020 marcó el inicio de una lucha por sobrevivir por parte de Yeritza Bautista, quien en febrero de ese año, sobrevivió al primer intento de feminicidio, a partir de ese momento la violencia por parte de Carlos Enrique “N” incrementó, al punto de que solo un mes después –22 de marzo– fue detenido en flagrancia, cuando ahorcaba a su pareja.

Las secuelas de la violencia física y psicológica han marcado la vida de la sobreviviente, quien además se ha enfrentado a una constante revictimización por parte de los familiares del agresor, ya que a partir de su denuncia, emprendieron una campaña de desprestigio que la orilló a no usar redes sociales por el acoso al que se vio sometida, aunado a esta situación, también se ha enfrentado al proceso de revictimización institucional, el cual la ha obligado a repetir su historia una y otra vez.

En septiembre de 2022 se logró un fallo histórico que reconoció la tentativa de feminicidio por estrangulamiento en contra de Yeritza Bautista, de tal forma que la sentencia dictada para Carlos Enrique “N” fue de 11 años 8 meses, sin embargo, su defensa impugnó esta resolución, hasta que en septiembre de 2024 un tribunal federal concedió el amparo y ordenó reponer el juicio por completo.

En enero de 2025, Yeritza Bautista se vio obligada por la justicia mexicana a regresar a los tribunales, un día antes de que el juicio diera inicio le notificaron el retiro de las medidas de protección, algo que ha marcado su forma de vivir desde entonces.

Para marzo de ese mismo año, un segundo juez reafirmó la culpabilidad de Carlos Enrique “N”, pese a esto, la defensa del agresor decidió presentar nuevos amparos para dilatar el proceso, una estrategia legal que también lleva al desgaste de la denunciante, tal como lo ha visibilizado en los últimos años.

Hoy, la sobreviviente vuelve a temer por su vida tras la liberación de su agresor, ya que el fallo de los magistrados minimiza la violencia a la que Yeritza Bautista se vio sometida en 2020, y pese a ser el sexenio que prioriza a las mujeres, la decisión vuelve a mandar un mensaje contundente “las denunciantes no tienen derecho a vivir una vida libre de violencia”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S. A. (ADM) —principal productora de Canal Sur Televisión— y presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la empresa.

Según ha adelantando elDiario.es, estas diligencias se han abierto tras la denuncia interpuesta por la trabajadora contra su superior, al que acusa de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia fue presentada el pasado 26 de enero y la presunta víctima, que prefiere mantenerse en el anonimato, declaró por primera vez el 25 de marzo. Ese mismo día se ordenaron las primeras diligencias, citando a declarar como imputado a Fuentes y a dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que fue número dos del CEO, y una amiga a la que reveló la presunta agresión sexual. El juez también ha ordenado un reconocimiento médico forense para acreditar el estado de salud psíquica de la denunciante.

El accionista mayoritario de ADM es la Junta de Andalucía

ADM es, además de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía —el Gobierno andaluz cuenta con una participación del 47,81 % a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel—. Su principal comprador institucional de contenido es la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y, de hecho, ADM es la productora responsable de Andalucía Directo (Canal Sur Televisión).

Junto a esto, Fuentes es desde 2023 presidente de LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. El CEO de ADM había sido llamado a declarar el 11 de mayo, semana previa a las elecciones andaluzas, pero quedó aplazada hasta el próximo 25 de junio al cambiar de abogado tres días antes. Según ha señalado elDiario.es, esa misma semana anunció a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, aunque sin aludir a este procedimiento judicial.

Los presuntos hechos por los que ha sido denunciado

Las presuntas agresiones sexuales denunciadas por la reportera ocurrieron en 2013, 2022 y 2023: la primera de ellas habría tenido lugar en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; la segunda, en 2022, en la calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); la tercera, dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), también durante la realización de un programa.

Con respecto al presunto delito de acoso sexual continuado, la víctima ha adjuntado a la denuncia 175 páginas de mensajes de Whatsapp enviados entre 2018 y la actualidad. Según ha podido comprobar elDiario.es, varios de ellos incluyen propuestas de encuentros privados y lenguaje con connotación sexual: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”, “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”, “Cariño, tengo ganas de ti”, “Tú me debes una noche loca” o “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

Según describe el abogado de la reportera en la denuncia, su respuesta es “cordial y evasiva”, lo que se correspondería con una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Por último, la reportera también ha denunciado a Fuentes por un presunto delito de acoso laboral. En octubre de 2023, tras descubrir que había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, según se recoge en la denuncia, la actitud del CEO comenzó a mostrar una “voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora. Para ello, habría empleado estrategias como “un vaciado de funciones” y “aislamiento”.

Fuentes niega los hechos

Fuentes, en declaraciones a elDiario.es, ha admitido su imputación, pero ha señalado que se trata de una “denuncia falsa”: “No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”.

La presunta víctima se encuentra actualmente geolocalizada las 24 horas del día por la Policía a través del dispositivo ATENPRO, órgano dependiente de la Consejería de Igualdad de Andalucía.

Una estudiante universitaria española de 20 años, que cursa un programa Erasmus en Milán (Italia), ha denunciado haber sufrido una violación grupal durante la noche del pasado 22 de mayo, según ha informado la agencia de noticias Ansa.

Los hechos habrían ocurrido después de que la joven asistiera a una discoteca ubicada a las afueras de la ciudad. Por el momento, la Fiscalía de Milán y la Brigada Móvil de la policía están llevando a cabo una investigación para identificar a los posibles responsables.

Según la denuncia de la estudiante universitaria, señala la agencia Ansa, dentro de la discoteca cuatro o cinco hombres se acercaron a la joven y, más tarde, ya fuera del lugar, la habrían llevado a una calle apartada y luego a un automóvil, donde fue víctima de una agresión sexual grupal.

Tras los hechos y, en estado de shock, la mujer, acompañada por una amiga, acudió a la clínica Mangiagalli de Milán, especializada en estos casos, donde la atendieron y confirmaron el abuso. Horas después, la joven presentó una denuncia ante la policía.

La joven ha regresado a España

Los agentes, según la información de Ansa, activaron de inmediato el protocolo de emergencia conocido como “código rojo” y se abrió una investigación bajo la supervisión del equipo especializado en delitos sexuales dirigido por la fiscal Letizia Mannella, si bien por el momento no hay detenidos. La joven prestó declaración para ayudar a reconstruir lo sucedido y aportó detalles relevantes sobre los agresores.

Tras los hechos, la estudiante ha regresado a España para reunirse con su familia, mientras las autoridades italianas continúan trabajando para identificar a los responsables.

La Policía Local de Blanes (Girona) rescató esta noche pasada a una mujer francesa que, según el cuerpo policial, había sido secuestrada y agredida por su expareja en una gasolinera cercana al centro de la ciudad. La intervención terminó con la detención del sospechoso tras intentar huir al ver a los agentes, de acuerdo con un comunicado que ha difundido este lunes Europa Press.

La alerta llegó pasadas las 22:30 horas por la presencia de un hombre que golpeaba un vehículo con una chica encerrada en el interior. Varias patrullas acudieron al lugar y el individuo fue interceptado después de una persecución, según la Policía Local de Blanes. Los agentes comprobaron que la joven figuraba como persona desaparecida en Francia y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que estaba en paradero desconocido, según el comunicado. El detenido sostuvo que estaban de vacaciones, que ella era su pareja y que se alojaban en un hotel de Lloret de Mar, en la misma provincia catalana.

La mujer negó esa versión y dijo a los policías que se trataba de su expareja, que la había agredido y amenazado de muerte, y que le impedía comunicarse con terceros, hasta quitarle el móvil. Tras verificar con la Policía Local de Lloret que no constaba que ninguno estuviera alojado en el hotel mencionado, la Policía de Blanes arrestó al hombre como presunto autor de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños, y trasladó a la víctima a un lugar seguro.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Noticia en ampliación.

El piloto australiano Joey Mawson, de 30 años, se ha sentado esta semana ante el Tribunal del Distrito de La Côte, en Nyon, acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una enfermera del equipo médico de Michael Schumacher. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2019 y ocurrieron en la villa que la familia Schumacher tiene a orillas del lago de Ginebra, en Gland, Suiza.

Aquella madrugada, Mawson (antiguo amigo de Mick Schumacher, hijo de la leyenda de F1) compartía una reunión informal con varios miembros del equipo médico. Al terminar su turno, se incorporó al grupo la denunciante, identificada como Najia B., de 40 años, cuidadora permanente de Schumacher desde el grave accidente de esquí que este sufrió en diciembre de 2013. El encuentro derivó en consumo de alcohol. Según la Fiscalía, la enfermera acabó sintiéndose tan mal que no podía mantenerse en pie. Sus compañeros la llevaron a su habitación. Poco después, según la acusación, Mawson entró solo en el cuarto.

Al despertar, Najia B. no recordaba nada. Encontró las sábanas manchadas de sangre y sintió dolores físicos compatibles con una agresión sexual. “Me desperté en unas sábanas manchadas de sangre”, declaró ante el tribunal. Aunque la denuncia formal no llegó hasta enero de 2022, más de dos años después. La propia víctima reconoció que no actuó antes por miedo a perder su trabajo, coincidiendo además con el momento en el que fue despedida del equipo médico de los Schumacher.

La versión del acusado

Mawson ha negado cualquier delito. Reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera esa noche, pero sostiene que fueron consentidas y alega que ambos se habían besado previamente en un club de Ginebra. La denunciante rechazó esa versión. Durante el juicio se presentaron mensajes de texto enviados por el piloto a Najia B. tras los hechos: “Lo siento muchísimo. Siento mucho el dolor que te estoy causando”. El abogado de la acusación, Patrick Michod, afirmó que las pruebas son “abrumadoras”.

Un trabajo de silencio y sacrificado

Más allá del caso judicial, el juicio ha abierto una ventana poco habitual sobre la vida dentro de la villa de los Schumacher. El abogado de Najia B. describió con detalle las condiciones del trabajo que ella y sus compañeros desempeñan: “Es un trabajo extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente”.

A esa exigencia se suma, según el letrado, el hermetismo absoluto que rodea a la familia. “Para los empleados, a quienes ni siquiera se les permite hablar con sus amigos sobre su vida diaria, la presión es enorme”, señaló ante el tribunal. Najia B. era, según su abogado, una de las profesionales de mayor confianza dentro del equipo: “Se le confiaban las tareas más difíciles. La propia familia Schumacher afirma que su trabajo era impecable”.

Mawson, una carrera truncada

Joey Mawson llegó a ser doble campeón australiano de la categoría S5000 y compitió contra futuros referentes del automovilismo mundial como Lando Norris y George Russell. Su carrera nunca despegó hacia la Fórmula 1 y terminó regresando a Australia. Actualmente está inhabilitado para competir por un escándalo de dopaje.

La Policía Nacional ha hallado este viernes a un hombre y una mujer muertos por arma de fuego en una vivienda al norte de la ciudad de Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo crimen machista, lo que elevaría a 24 las mujeres víctimas de violencia de género este 2026.

Según ha informado EFE, los cadáveres fueron hallados este viernes alrededor de las 7:30 horas de la mañana en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de dos personas aparentemente muertas en una vivienda.

Rápidamente, equipos de la Policía Nacional y el 061 se movilizaron al lugar de los hechos. En el domicilio, encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y una mujer de 51, con heridas provocadas por un arma de fuego. Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambos.

La policía apunta a un nuevo crimen machista

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta. Las primeras pesquisas apuntarían a que la mujer fue asesinada por su pareja, un hombre de 56 años, que después se habría quitado la vida.

Según ha informado la Policía Nacional a Efe, ni la mujer ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la “gran lacra” de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Mientras, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno, que deberá confirmar si el caso tuvo naturaleza machista.

De confirmarse, la malagueña sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

El cuerpo de Mercedes Martina Orellana, conocida como “Profe Chere”, fue localizado entre matorrales en el sector La Calera, a un costado de la carretera que une El Rosario con la ciudad de Comayagua.

De acuerdo con la cobertura de Diario El Tiempo, la víctima, de aproximadamente 62 años, era una figura reconocida por su dedicación a la docencia y su influencia en varias generaciones de alumnos.

Desde el hallazgo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplegó un equipo en la zona para recolectar evidencias materiales y testimoniales.

Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional, declaró a TSiHonduras que “ya la Policía Nacional, a través de la DPI, desde el día de ayer que se suscitó el hecho, está en la zona recabando las evidencias y los indicios pertinentes a través de las declaraciones de testigos que pudiesen existir en esa zona, así como de medios técnicos y tecnológicos”.

Entre los elementos analizados figuran objetos personales de la víctima, como una mochila y un bastón encontrados en la escena, los cuales fueron documentados como parte de la cadena de custodia. La Policía Nacional también indicó que revisa grabaciones de cámaras de seguridad y dispositivos móviles que pudieran haber registrado movimientos sospechosos en la franja horaria del crimen.

“Tenemos a varias personas que son testigos y los tenemos como testigos protegidos para que en su momento podamos presentar el requerimiento judicial pertinente y que los órganos jurisdiccionales puedan emitir las órdenes de captura competentes”, aseguró Mayes Ríos en declaraciones recogidas por TSiHonduras.

El funcionario detalló que, por motivos de seguridad y para evitar la fuga de los implicados, no se están divulgando detalles específicos sobre las líneas de investigación.

Sobre los posibles móviles, el comisionado explicó que en el entorno local se mencionó una disputa relacionada con la venta de un terreno, aunque aclaró que “eso es lo que se menciona en el bajo mundo ahí, que eso pudo haber sido lo que suscitó el hecho”. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una hipótesis única y la investigación permanece abierta.

La cobertura de Diario El Tiempo añade que la noticia generó numerosas reacciones en redes sociales y entre quienes conocieron a Orellana. Exalumnos y colegas han expresado públicamente su pesar y han recordado el compromiso de la docente con la formación de estudiantes en Comayagua. “Hoy es un día triste para todo nuestro pueblo. Lamentablemente muere la querida y popular señora Mercedes Orellana, o la profe ‘Chere’, como le decíamos desde pequeñitos”, reza un mensaje publicado por un exalumno y recopilado por el medio hondureño.

Consultado por la incidencia de crímenes contra mujeres, Mayes Ríos explicó que un porcentaje considerable de estos casos está vinculado a estructuras criminales, aunque también existen situaciones derivadas de conflictos personales o violencia intrafamiliar.

“Muchos hechos se están produciendo en donde los hombres o los esposos llegan ingeridos de bebidas alcohólicas exigiendo de que les pueda atender tanto en el hogar como en la cama y debido a ello es que se producen estos hechos en donde están perdiendo la vida muchas mujeres aquí en nuestro país”, detalló el portavoz de la Policía Nacional a TSiHonduras.

Por el momento, los equipos de investigación continúan con las diligencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la reconocida educadora.

No se han reportado capturas ni se ha divulgado el resultado de las primeras pruebas técnicas, informó Diario El Tiempo. Las autoridades reiteraron que la confidencialidad y protección de los testigos es clave para avanzar en el proceso judicial y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Policía Nacional mantiene el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda aportar a la resolución del caso y asegurar que el crimen no quede impune.

Todo comenzó cuando al anunciarse el premio para Pláate, ausente en la sala, Fonzi y la productora Leticia Cristi subieron al escenario para recibir el galardón en su nombr. Desde el estrado compartieron el pedido que había dejado la joven actriz para que llevaran a cabo pese a su ausencia en la noche de los galardones: un minuto de silencio por la adolescente de 14 años asesinada.

Fonzi eligió el gesto antes que el discurso. No pronunció largas palabras, pero su acción y su presencia fueron más potentes que cualquier frase. Tras el homenaje, cerró con un mensaje que rápidamente se multiplicó en redes y medios: “Nos vemos en la plaza mañana”, en alusión a la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio. La referencia no fue casual: la movilización se da en el marco del 11° aniversario desde su primera citación a las calles y en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina y Dulce María Beatriz Candia, que renovaron el reclamo por justicia y políticas de género.

La ceremonia de los Premios Sur, que suele estar dedicada a celebrar la excelencia del cine argentino, se convirtió por un momento en un espacio de memoria y reclamo social. El minuto de silencio se vivió con intensidad y dejó en claro que el arte puede y debe hacerse eco de los dolores y demandas de la sociedad. La película Belén, que narra una historia de lucha y derechos, encontró así una nueva dimensión en la gala, sumando compromiso y sensibilidad a sus méritos artísticos.

Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el filme se consagró como la mejor ficción estrenada en 2025 y fue la producción más aplaudida de la velada. La obra no solo se quedó con el premio mayor, sino que sumó cinco estatuillas en total.

El colectivo feminista convocó a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a más de una década de la primera movilización que nació tras el femicidio de Chiara Páez. Este 3 de junio, miles de personas y organizaciones feministas de todo el país volverán a las calles, exigiendo justicia por Agostina y reclamando políticas estatales para combatir la violencia de género. El nombre de la adolescente asesinada fue el eje del homenaje en el teatro y será el estandarte de la marcha, junto al de tantas otras víctimas.

La emoción vivida durante la entrega del premio a Camila Pláate y el gesto de Dolores Fonzi dejaron una huella profunda en la ceremonia. En medio del brillo de las estatuillas y los reconocimientos, la memoria de Agostina Vega ocupó el centro de la escena, recordando a todos que detrás de cada historia y cada lucha hay vidas reales y urgencias que no pueden esperar. El silencio colectivo del teatro se convirtió en un grito por justicia y en una invitación a marchar, a once años de la primera vez que el país se unió bajo la consigna de Ni Una Menos.

La localidad alicantina de Callosa de Segura se encuentra profundamente consternada tras un trágico suceso ocurrido ayer. Patricia, una vecina de 48 años, perdió la vida al ser estrangulada por su pareja sentimental, un hombre de su misma edad. El ataque tuvo lugar alrededor del mediodía en el domicilio que ambos compartían, un hecho que movilizó rápidamente a los agentes de la Guardia Civil.

Tras consumar el crimen, el propio detenido confesó ante las autoridades haber asesinado a su pareja tras una fuerte discusión. Actualmente, el Equipo Mujer Menor (EMUME) mantiene una investigación exhaustiva sobre los hechos. No obstante, el Ministerio del Interior ha enviado un comunicado en el que condena el feminicidio por violencia de género de Patricia, elevando la cifra a 23.

Las pesquisas iniciales han arrojado detalles significativos sobre la pareja. Tanto la víctima como el agresor son de nacionalidad española y no tenían hijos en común, ni convivían con ningún menor en el momento del suceso. La Guardia Civil aclaró que no existían denuncias previas por violencia de género entre ellos, por lo que Patricia no figuraba dentro del programa de protección policial VioGen. Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que el presunto asesino sí contaba con antecedentes y denuncias interpuestas por parejas anteriores. Paradójicamente, Patricia también había sido víctima de violencia machista en el pasado durante una relación anterior.

Desde 2003 se han cometido 1.364 feminicidios

Con la confirmación de la naturaleza machista de este asesinato por parte del Ministerio de Igualdad, la cifra oficial de mujeres que han perdido la vida por la violencia de género en España se eleva a 23 en 2026. Desde 2003, año en que se comenzaron a contabilizar estos registros oficiales, el número de víctimas mortales alcanza ya las 1.364. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han manifestado su más rotunda condena y su absoluto rechazo frente a este crimen.

Ambas dirigentes han trasladado todo su apoyo a la familia de Patricia, haciendo un firme llamamiento a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para multiplicar los esfuerzos orientados a evitar más muertes. El tejido local también ha respondido con una unánime repulsa. El Ayuntamiento de Callosa de Segura emitió un comunicado institucional definiendo esta lacra como “una grave vulneración de los derechos humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad”. Como muestra de dolor, el alcalde decretó tres días de luto oficial (2, 3 y 4 de junio), en los cuales las banderas ondearon a media asta, y convocó a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las puertas del consistorio local.

Recursos para las víctimas

Los organismos gubernamentales recuerdan la importancia de los recursos de asistencia disponibles. El teléfono 016, las consultas vía correo a 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el 600 000 016 están operativos las 24 horas del día. Este servicio gratuito, que ofrece atención integral en 53 idiomas, incluye asesoramiento jurídico ininterrumpido de 8 h a 22 h.

Ante cualquier emergencia inminente, se debe contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Si realizar una llamada supone un riesgo para la víctima, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal discreta y geolocalizada a las fuerzas de seguridad. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano que tenga sospechas de un caso de maltrato puede y debe activar estos medios de ayuda. Reaccionar ante el maltrato es un deber colectivo de toda la sociedad.

Sábado por la tarde, fútbol juvenil (sub-18), Polideportivo Municipal Carrús de Elche. Lo que debería ser un partido de fútbol de la Tercera FFCV se convirtió en una auténtica pesadilla para la árbitra Silvia García. Debía pitar el encuentro entre The Warriors Burnham C.F. ‘A’ y Hércules C.F. S.A.D. ‘C’. Pero finalmente el partido quedó suspendido teniendo que llamar a la Policía Local.

Los problemas comenzaron en el minuto 65. Según recoge el acta arbitral, una persona, identificada como el presidente del club local, se dirigió de forma recriminatoria a los jugadores visitantes. Acto seguido, aficionados del equipo local comenzaron a amenazar desde la grada: “Os vamos a esperar con cuchillos” o “de aquí no salís”. Silvia activó el protocolo de violencia verbal e intentó mediar, pero la situación no remitió.

Cuando se disponía a reanudar el juego, la delegada del campo local entró al terreno de juego mostrando su disconformidad con la actuación arbitral, y varios jugadores se acercaron a la colegiada. Es por eso que, “debido a la situación generada y al no poder garantizar la seguridad mía y de los integrantes del partido suspendo el mismo de forma definitiva”, escribió Silvia en el acta.

Encerrada con llave

Mientras la árbitra se dirigía sola al vestuario (nadie la acompañó, como ella misma deja constancia), un jugador local la siguió corriendo. “Te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar”, le dijo el futbolista. Y añadió: “Eres una mujer, tendrías que estar en la cocina fregando”.

No iba solo. Su entrenador le acompañaba. Ambos intentaron acceder al vestuario arbitral “con actitud agresiva”, pero Silvia cerró la puerta con llave. Golpearon varias veces. Afortunadamente, no pudieron entrar.

Desde dentro, la colegiada pudo llamar a la Policía Local. Hasta diez agentes se presentaron en cinco minutos en el campo, tomaron nota de lo ocurrido y escoltaron a Silvia hasta su vehículo una vez quedó el recinto despejado. La árbitra también señala en el acta que no pudo mostrarle la tarjeta roja al jugador en el momento de la expulsión porque, en ese instante, consideró que su integridad física corría peligro.

La otra versión

El presidente del Warriors Burnham, Héctor Octavio Burnham, ofrece un relato completamente diferente al diario Informacion. Asegura que fue el propio club quien ofreció avisar a las fuerzas de seguridad ante los insultos que, según él, recibían sus jugadores desde la grada visitante.

Afirma también que el club graba todos sus partidos (dice que son un equipo con mayoría de jugadores extranjeros y reciben frecuentes insultos) y afirma que en las imágenes se puede ver a Silvia caminando sola hacia los vestuarios. “Luego ya lo verbal es la palabra de la árbitra contra la del jugador”, zanjó.

En manos de la Federación

Dos versiones radicalmente opuestas. Una, la del acta oficial firmada por la colegiada. Otra, la del club denunciado. Corresponde ahora a los órganos disciplinarios competentes analizar lo sucedido y determinar responsabilidades. El principio general en estos procedimientos otorga respaldo a la palabra de la árbitra salvo prueba de lo contrario.

Tras más de diez años de investigaciones, autoridades de Oaxaca detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido en 2015 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, caso que permanecía abierto desde hace más de una década.

El detenido fue identificado por las iniciales E.E.C.C., alias “El Chino”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido el 28 de octubre de 2015 en el fraccionamiento Residencial San Felipe, en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en calles de esa zona habitacional cuando fue atacada con disparos de arma de fuego por personas que viajaban a bordo de una motocicleta. La agresión le provocó la muerte en el lugar.

El caso se mantuvo bajo investigación ministerial durante años, en los que las autoridades recabaron elementos para identificar a los presuntos responsables y dar seguimiento a las líneas de investigación.

Luego de labores de localización, el sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, el imputado fue trasladado ante las autoridades correspondientes para los procedimientos legales y quedó a disposición del juez que lleva la causa.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la determinación sobre su situación jurídica fue aplazada.

Será en los próximos días cuando la autoridad judicial defina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

El caso reabre la atención sobre los tiempos de resolución en investigaciones relacionadas con violencia feminicida, así como los procesos que enfrentan las autoridades para la localización y captura de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Oaxaca reporta cinco feminicidios en los primeros cuatro meses de 2026

Esta detención se produce en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema vigente en Oaxaca. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se registraron cinco feminicidios en la entidad, lo que colocó al estado en el lugar 12 nacional por incidencia de este delito. Además, las autoridades reportaron al menos dos denuncias por tentativa de feminicidio durante el mismo periodo.

Los registros oficiales muestran que la violencia letal contra las mujeres sigue presente en distintas regiones del estado. Tan sólo durante enero de 2026 se contabilizaron cuatro mujeres asesinadas en Oaxaca; sin embargo, únicamente uno de esos casos fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que los demás fueron clasificados como homicidio doloso.

La diferencia entre los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio y aquellos clasificados como homicidio doloso ha sido uno de los temas recurrentes en el debate público y entre organizaciones civiles, debido a que la tipificación del delito determina los protocolos de investigación y las sanciones aplicables a los responsables.

Este contexto explica la relevancia de las investigaciones que permanecen abiertas durante años, como el caso ocurrido en Oaxaca de Juárez en octubre de 2015, cuyo proceso judicial continúa avanzando más de una década después de los hechos.

Un hombre de 80 años ha sido detenido en Palencia por la Policía Local como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una trabajadora de un establecimiento comercial. Los hechos se habrían producido en el almacén del local, donde la empleada se encontraba descansando durante su jornada laboral.

La intervención policial se puso en marcha después de que un compañero de la víctima sorprendiera al hombre en el momento de los hechos. Según fuentes municipales recogidas por Europa Press, el detenido habría aprovechado que la trabajadora estaba sola y en una situación de vulnerabilidad para realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La reacción inmediata de los empleados fue clave para retener al individuo hasta la llegada de los agentes. Otra trabajadora también colaboró en la contención del presunto agresor, lo que permitió asegurar la situación hasta la llegada de la patrulla de Seguridad Ciudadana.

Tras recabar el testimonio de los presentes, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, que fue trasladado bajo custodia policial. Por su parte, la víctima recibió asistencia en el lugar de los hechos y, posteriormente, fue acompañada a dependencias de la Policía Nacional, donde manifestó su intención de interponer una denuncia formal. La investigación permanece abierta a la espera de que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

Qué dice el Código Penal

El delito de agresión sexual se encuentra regulado en el Código Penal español y engloba cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Tras la reforma introducida por la conocida como ley del “solo sí es sí”, el consentimiento se define como aquel que se manifiesta libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, reflejen de forma clara la voluntad de la persona.

En este sentido, el consentimiento no tiene por qué ser necesariamente verbal, pero sí debe poder deducirse de manera inequívoca a partir del comportamiento y del contexto, teniendo siempre en cuenta las circunstancias concretas de cada situación.

El artículo 178 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien realice cualquier acto de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. La reforma legal unificó además las antiguas figuras de abuso y agresión sexual, de manera que actualmente toda conducta sin consentimiento se encuadra dentro del delito de agresión sexual, según recoge el blog del abogado Gerson Vidal Rodríguez.

Con este cambio normativo desapareció la distinción previa entre abuso y agresión sexual, que diferenciaba los supuestos en los que no mediaba violencia o intimidación. En la actualidad, estas conductas se consideran agresión sexual en su modalidad básica, mientras que la concurrencia de violencia, intimidación u otras circunstancias agravantes puede elevar la pena.

En casos como el ocurrido en Palencia, en los que la víctima se encuentra dormida, la jurisprudencia entiende que no existe posibilidad de prestar consentimiento, al no poder la persona manifestar su voluntad en ese momento. Este elemento puede ser tenido en cuenta como circunstancia de especial gravedad dentro del delito.

La Ciudad de México es el cuarto estado con más casos de feminicidio a nivel nacional, durante el primer cuatrimestre del 2026, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, a esto se suma que dos alcaldías ubicadas en la zona oriente de la capital, se mantienen en el listado de los 20 municipios con más casos en el país.

Esto, a pesar de que la Ciudad de México es la entidad con más políticas a favor de las mujeres y acciones en contra del feminicidio, entre estas la Fiscalía Especializada en dicho delito.

La Fiscalía fue la primera que se habilitó en el país y se tomará como referencia para impulsar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Alcaldías de CDMX con más feminicidios

Según el mismo informe, de enero a abril de este años se han registrado cinco casos de feminicio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta alcaldía ocupa el tercer lugar en el listado de los 20 municipios con mayor incidencia, por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamulipas.

La alcaldía Iztacalco está en el lugar número 20 del listado, con dos feminicidios registrados en el mismo periodo.

Feminicidios en México

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio representó el 98.1% de los delitos cometidos contra mujeres en México, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación de las 32 entidades, destaca que Sinaloa encabeza tanto en número de víctimas (27 casos, 13% del total nacional) como en tasa por cada 100,000 mujeres (1.67).

El reporte muestra que 20 municipios concentran el 38.3% de los feminicidios del país, mientras el resto de los municipios acumula el 61.7%.

La mayoría de estos municipios se ubica en el norte del país, con entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas como focos principales.

El reporte señala que el 38.3% de los casos nacionales sucedió en ese grupo de municipios, mientras que el resto del país acumuló el 61.7% de los delitos.

A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto el número de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres, con 27 casos y una tasa de 1.67%. Morelos, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas también presentan tasas altas.

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 feminicidios, lo que representa el 10% del total nacional en el periodo analizado.

Le siguen Reynosa (Tamaulipas) y Venustiano Carranza (CDMX) con cinco casos cada uno.

El informe destaca que feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres (98.1%).

Otros delitos como rapto, corrupción de menores y trata de personas también afectan principalmente a mujeres.

Los detalles del caso de Gisèle Pelicot dieron la vuelta al mundo. Cada revelación era más escabrosa que la anterior. Durante años, Dominique Pelicot había drogado a su mujer y había ofrecido su cuerpo a otros hombres para que la violaran previo pago. Había hecho fotos y videos que circulaban en las redes y que fueron el inicio de la investigación policial. Su juicio fue uno de los más mediáticos de las últimas décadas. La sociedad, sin importar el país, miraba de frente la realidad a la que había sobrevivido la francesa. Mientras tanto, una mujer sueca vivía en un escenario similar. Fue a finales de 2025, cuando la mujer se presentó ante la Policía de Suecia para denunciar que su marido la obligaba a prestar servicios sexuales. Habría sido víctima de más de 100 hombres en menos de tres años.

El juicio empezó a principios de mes y, el lunes, la fiscal solicitó diez años de prisión para el hombre, sospechoso, entre otros delitos, de proxenetismo agravado contra su esposa. La abogada de la víctima también exige que se le imponga una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas, según detalla SVT Nyheter, la cadena de televisión pública de Suecia.

“Ha sido un caso complejo. Pocas investigaciones preliminares manejan tal cantidad de material”, explicaba la fiscal Ida Annerstedt a la cadena pública tras presentar su alegato final. “La ha utilizado como una tarjeta bancaria y la ha vendido como una mercancía”, afirmaba por su parte la abogada de la demandante, Silvia Ingolfsdottir, que también asegura que su defendida sufrió una “manipulación” constante.

El modus operandi que defiende la acusación sitúa a la víctima en una posición de vulnerabilidad ante un marido que la manipulaba y atemorizaba. Él se llamaba a sí mismo “el monstruo” para conseguir que ella le temiera y se prestara a sus agresiones. “Es una forma que tiene él de conseguir que ella haga cosas que no quiere, para provocarle miedo”, sostiene la fiscal Annerstedt.

El acusado niega que haya delito

El juicio concluirá este martes por la tarde, cuando la defensa del marido presente su alegato final. Él ha negado sistemáticamente el delito y sostiene que ella participaba libremente en este intercambio. No obstante, la legislación sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, dado que son consideradas víctimas de explotación.

Según la acusación, el acusado comenzó a obligar a su esposa a vender servicios sexuales a través de diversas plataformas en línea en agosto de 2022. Tres años después, durante septiembre y octubre de 2025, la situación se agravó por los problemas económicos que atravesaban. Según la acusación, la presunta actividad de proxenetismo duró poco más de tres años y terminó cuando la mujer huyó y presentó una denuncia.

En la gran mayoría de los casos, era el marido quien contactaba con los compradores de servicios sexuales y fingía ser su esposa. Él también niega esta parte. La acusación también afirma que el marido llevaba la agenda de la mujer y le daba instrucciones sobre el tiempo que tenía que pasar con cada cliente y las prácticas que debía realizar con ellos. También grababa los abusos y publicaba los vídeos, que acaban en páginas pornográficas y que han resultado muy útiles para la investigación.

Una carrera a contrarreloj contra los contratantes de los servicios

Paralelamente al juicio del marido, se está investigando a los 121 presuntos pagadores de servicios sexuales del caso. El plazo de prescripción del delito es de dos años, y la Policía está trabajando intensamente con recursos adicionales para llevar ante la justicia al mayor número posible de investigados. Alrededor de 30 sospechosos ya han sido acusados.

Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos engañaban a las víctimas en su país de origen y estas contraían una deuda de 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, quien relató que viajó a España convencida de que accedería a un empleo digno, pero fue sometida a condiciones de explotación sexual. Las víctimas, en su mayoría mujeres en situación precaria, eran captadas mediante páginas web eróticas o por conocidos y, una vez en territorio español, se les imponía tanto esa deuda como un sistema de multas que ascendía a 100 euros si no cumplían con las jornadas, incluso en caso de enfermedad o retraso. Las mujeres no podían abandonar los domicilios libremente y estaban sometidas a un control permanente a través de cámaras de videovigilancia.

Vigilancia constante

Los responsables imponían normas estrictas y recurrían a amenazas y coacciones, incluyendo el uso de santería, para mantener un entorno de vigilancia constante. Según la información difundida por la Policía Nacional, a las víctimas se les obligaba a consumir sustancias estupefacientes y a prestar servicios sexuales sin protección, lo que derivó en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que requirieron tratamientos médicos permanentes.

Las operaciones policiales incluyeron registros en tres domicilios utilizados como prostíbulos. En uno de ellos, agentes liberaron a cuatro mujeres, mientras que en otro punto de Madrid fueron rescatadas otras cuatro víctimas.

Obligadas a abortar

Algunas víctimas denunciaron que no podían negarse a ninguna solicitud de los clientes, incluidas aquellas que implicaban riesgos para su salud. En ciertos casos, las mujeres quedaron embarazadas y debieron recurrir a píldoras abortivas.

La Policía Nacional detalló que los clientes accedían a los domicilios mediante un código para abrir la puerta y podían adquirir bonos con ofertas sin límite de tiempo. Además, la actividad de explotación sexual se organizaba en turnos de 12 horas, y las mujeres descansaban por las noches para evitar sospechas entre los vecinos. Las amenazas incluían la posibilidad de revelar la identidad de las víctimas y su actividad sexual si intentaban abandonar el negocio.

En total, la operación policial permitió desarticular dos redes criminales, precintar dos prostíbulos y liberar a ocho mujeres, dos de las cuales se encontraban en situación irregular en España. De los once detenidos, dos ingresaron en prisión de manera inmediata.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana en casos en los que se sospeche que alguna persona es víctima de trata.

Pilar, de 38 años, fue asesinada el 4 de enero en Quesada, Jaén, a manos de su expareja, un hombre de 61 años que tenía una orden de alejamiento por haberla agredido en otras ocasiones. Ella estaba registrada en VioGén, el sistema de protección policial de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, y había denuncias previas de maltrato sobre el agresor. Kim Durán, mujer trans hondureña de 32 años, fue asesinada el pasado 19 de mayo por su expareja, Andrés Roche, de 48 años, que también contaba con orden de alejamiento y numerosos antecedentes por maltrato. La mató a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona, donde fue detenido. Estas dos mujeres son la primera y última de las 22 víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos seis años, ya que no se había alcanzado un número tan elevado desde 2019, cuando se contabilizaron 24 feminicidios en este mismo periodo.

Con este último caso en la provincia de Girona, el número de feminicidios alcanza los 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Aunque España cuenta con una normativa avanzada, la protección efectiva de las víctimas y la aplicación de la ley siguen mostrando deficiencias, según señalan expertos en la materia. Entre los principales obstáculos se encuentran la desconfianza en el sistema judicial, el temor a represalias y la preocupación por la situación de los hijos e hijas, barreras que dificultan que muchas mujeres denuncien o accedan a medidas de protección judicial.

Además, hasta este 25 de mayo, tres menores (Aitana, de 3 años, Noemí, de 12, y Yared, de 10) han sido asesinados a manos de sus padres, por lo que los crímenes vicarios se elevan a 68 desde 2013, cuando los menores comenzaron a ser considerados víctimas de la violencia de género.

Nueve agresores tenían denuncias previas por maltrato

De las 22 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, 15 eran españolas y siete extranjeras, mientras que, de los feminicidas, 16 son españoles y seis de otra nacionalidad.

De los 22 agresores, solo nueve tenían denuncias previas por maltrato (40,9%), por lo que nueve víctimas estaban bajo el sistema VioGén e incluso varias tenían medidas de protección en vigor, pero los mecanismos estatales no evitaron sus asesinatos.

Por comunidades autónomas, cuatro de las mujeres han sido asesinadas en Andalucía (18%), tres en la Comunidad Valenciana, dos en Aragón, dos en Canarias, dos en Madrid, dos en Navarra, dos en Cataluña, una en Extremadura, una en Galicia, una en Castilla y León, una en Cantabria y una en Castilla-La Mancha, según los datos oficiales.

Siete de los feminicidas eran pareja de una de las víctimas y 15 eran sus exparejas o estaban en fase de ruptura, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. De hecho, según apuntan especialistas en la materia, el momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas, ya que los agresores sienten que pierden el control y eso puede aumentar la violencia. A esto se suma que, en muchos casos, el entorno doméstico se percibe como un espacio seguro, lo que dificulta que las mujeres identifiquen la amenaza.

Más de 33.000 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género

Por otro lado, en 2025, según datos de la última Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del INE, las autoridades registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos con medidas cautelares u órdenes de protección, una cifra que representa un descenso del 3,8% respecto al año anterior. Casi la mitad de las víctimas, el 47,5%, tenía entre 30 y 44 años.

El número de hombres denunciados por violencia de género también bajó un 3,8%, de acuerdo a los datos del INE de 2025, hasta situarse en 33.228. De ellos, el 47,9% tenía entre 30 y 44 años.

A lo largo del año pasado, se dictaron e inscribieron en el Registro 98.551 medidas cautelares en asuntos de violencia de género, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% de esas medidas fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de EFE

La violencia de género no cesa. Un hombre de 37 años ha apuñalado a su expareja, de 60, en Zaragoza, esta madrugada. La víctima no corre peligro, aunque permanece ingresada en el hospital, como ha confirmado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Los hechos ocurrieron esta madrugada, cuando, como ha adelantado Aragón Noticias, el hombre entró a casa de la víctima por la ventana, para posteriormente apuñalarla con unas tijeras. El varón ha sido detenido en el mismo domicilio, que en este momento se encuentra en dependencias policiales y que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha pronunciado en sus redes sociales, y ha instado a “redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable”. “Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes, ha escrito.

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Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de Europa Press

Noticia en ampliación

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Figueres (Girona) que tenía activa una orden de alejamiento por matar en la tarde del martes a su expareja en una plaza del municipio. El hombre, de 48 años y con numerosos antecedentes, ha quebrantado por segunda vez la orden que tenía de la víctima, y la habría matado con un arma blanca.

La mujer, según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso, tenía 33 años de edad y era de origen sudamericano. Al lugar de los hechos acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, cruzó la plaza de la localidad tras el asesinato y se lavó los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, según informaron diversos testigos.

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado este nuevo feminicidio, el tercero en 2026 en Cataluña, y ha transmitido “su más sentido pésame” a familiares y amigos de la víctima.

Las autoridades investigan otros dos casos más

Por el momento, en lo que va de año hay confirmadas 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos, además de este de Figueres. Uno de los casos que están siendo investigados por las autoridades ocurrió el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de feminicidios ascendería a 22, 1.363 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas de violencia de género, porque por lo general los agresores sienten que pierden el control y eso aumenta el peligro, aunque en otros muchos casos el entorno doméstico es considerado como un lugar seguro, lo que dificulta que las mujeres reconozcan la amenaza. Según los datos del Ministerio de Igualdad, de los 19 asesinatos machistas confirmados hasta la fecha, 14 de ellos -el 73%- se produjeron cuando la pareja ya estaba separada o en fase de ruptura. Los datos también indican que una de cada cuatro condenas por violencia machista tiene como origen la separación o ruptura.

En numerosos casos, los agresores recurren incluso a los animales de compañía como herramienta de control y amenaza hacia las víctimas. Muchas mujeres temen abandonar el domicilio y que el maltratador tome represalias contra su mascota, por lo que postergan la decisión de marcharse. De ahí la importancia de iniciativas como Acopet, un programa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ofrece acogida temporal a las mascotas para facilitar que las víctimas accedan con seguridad a recursos habitacionales de emergencia. Desde 2023, ya ha puesto a salvo a más de un centenar de animales.

“La iniciativa se puso en marcha al constatar que muchas mujeres posponían o condicionaban su decisión de buscar protección por tener un animal de compañía, ya que si acudían a un recurso de ayuda, debían dejar a su mascota. El programa busca evitar que esta situación suponga una revictimización al tomar decisiones, señala a Infobae Olga Fernández-Yanez, técnica de la FEMP encargada del programa, que se gestiona mediante un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, además de contar con el apoyo de la Dirección General de Derechos de los Animales.

Contar con un lugar seguro para su mascota facilita el proceso, por ejemplo, durante una mudanza, ya que estas mujeres atraviesan situaciones de vulnerabilidad y mantienen un vínculo estrecho con sus animales. “En muchos casos, además, se trata de mujeres que se encuentran muy aisladas a consecuencia de la violencia, y las mascotas son como parte de su familia”, añade.

Desde que la FEMP asumió la gestión del servicio en marzo de 2023, el programa ha dado respuesta a 162 animales de mujeres víctimas de violencia de género. De ellos, 102 han sido o están siendo acogidos temporalmente, mientras que en 60 casos, aunque se solicitó el recurso, la situación cambió antes de formalizar la acogida. En la actualidad hay una veintena de casos activos, que incluyen la acogida de perros, gatos y tortugas.

La acogida dura 6 meses, pero se puede prorrogar

El acceso al programa se realiza desde los servicios sociales municipales, donde las mujeres solicitan ayuda, si bien también pueden acceder mediante el servicio ATENPRO, un dispositivo de atención y protección para víctimas de violencia machista. El ayuntamiento contacta con ACOPET, que gestiona la búsqueda de un hogar temporal para la mascota a través de asociaciones protectoras. Después se organiza el traslado y la atención veterinaria necesaria. Aunque en principio la acogida dura seis meses, se puede prorrogar si fuera necesario.

“El animal puede permanecer en el punto de acogida todo el tiempo que la mujer esté en el recurso habitacional o el tiempo que tenga esa necesidad”, aclara Fernández-Yanez. Por seguridad, la ubicación del animal no se revela, pero la mujer recibe información sobre su estado.

El programa está disponible para cualquier municipio, sin necesidad de una adhesión previa. Basta con detectar un caso para solicitar el servicio. En la actualidad, la red cuenta con unos 60 centros de acogida de animales distribuidos en todo el país.

Fernanda Herrera tenía 17 años cuando fue a Italia a perseguir un sueño: prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lo que encontró, según su propio relato, fue una pesadilla que llevaría tres años arrastrando en silencio. Este martes, a las puertas del Tribunal de Siena, la esgrimista mexicana (que compite con la bandera de Uzbekistán) ha decidido mostrar su rostro por primera vez y hablar alto y claro.

“Nunca quise enseñar mi cara en todo este tiempo, pero estoy cansada. Quiero que me vean porque estoy orgullosa de mí”, ha declarado entre lágrimas ante la prensa. Acababa de conocer el veredicto: los dos deportistas a los que ella acusó de agresión sexual, Emanuele Nardella y Jacopo Pucci, habían sido absueltos porque “los hechos no han sido probados”.

Pero la sentencia no la hará callar. “Llegaré hasta el final para obtener justicia”, prometió. Su abogado, Luciano Guidarelli, ya ha anunciado que presentarán recurso de apelación. En una entrevista publicada este mismo martes en el diario La Repubblica, Herrera ha sido aún más directa: “No me detendré. Seguiré adelante con la cabeza alta porque no soy solo una víctima, sino una guerrera”.

Lo que ocurrió aquella noche

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 al 5 de agosto de 2023. Herrera participaba en una concentración internacional de esgrima en Chianciano Terme cuando pasó la noche con tres atletas italianos en un bar. La convencieron de beber alcohol y después la llevaron a una habitación de hotel, donde presuntamente ocurrieron las agresiones. Un tercer joven, menor de edad en aquel momento, quedó fuera del proceso. A la mañana siguiente, Herrera presentó la denuncia.

La fiscalía había pedido cinco años y cuatro meses de prisión para Nardella y Pucci. El juez Andrea Grandinetti no lo consideró suficientemente acreditado. La defensa de los acusados argumentó que todo respondía a “problemas de comunicación” y a la “falta de madurez” de todos los implicados.

Voces de apoyo

La madre de Fernanda, que la acompañó durante todo el proceso y también estaba en Italia cuando ocurrieron los hechos, ha descrito el fallo como “devastador”. “Todavía es difícil para las mujeres encontrar justicia, incluso cuando deciden denunciar”, ha señalado a través del abogado de la familia. Y ha añadido: “La decisión del juez no cambia la valentía que ha tenido mi hija”.

Guidarelli fue contundente al valorar el proceso: “Durante el juicio ha quedado claro que mi representada no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido. Estamos hablando de una joven que era menor de edad y que ha tenido la valentía de dar la cara en todos los sentidos. Hoy ha obtenido una victoria mucho más valiosa que cualquier medalla”.

El deporte como escenario de silencio

Más allá del caso judicial, Herrera ha aprovechado su aparición pública para lanzar un mensaje a otras mujeres. “No puedo creer lo que ha sucedido. Esto no puede seguir pasando. No soy solo yo; hay tantos casos en el deporte y en el mundo donde intentan silenciar a las mujeres”, afirmó. Y se ha dirigido directamente a quienes puedan estar viviendo situaciones similares: “Estoy aquí por todas y, por favor, hablad cuando os suceda una cosa tan fea”.

La Federación Italiana de Esgrima había suspendido cautelarmente a los dos atletas en 2024 y los expulsó en 2025, aunque el proceso disciplinario quedó pausado hasta que hubiera sentencia firme. Con la absolución en primera instancia, ambos podrían retomar la competición mientras el caso continúa en los tribunales.

Fernanda Herrera, actualmente situada entre las mejores del mundo en sable femenino según el ranking de la Federación Internacional de Esgrima, es hermana de Paola Pliego, también esgrimista y también representante de Uzbekistán.

Un hombre de 48 años ha sido detenido en Figueres, Girona, tras matar a una mujer en la calle. Al parecer, el presunto asesino acuchilló a la víctima en la plaza Tarradellas a plena luz del día, tal y como ha informado El Periódico. Aunque la identidad de la mujer no ha trascendido a los medios, las fuentes policiales han confirmado que se trataría de su expareja de 33 años, quien ha perdido la vida poco antes de las 15 horas.

Además, las autoridades han afirmado que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente respecto de la víctima de 33 años, la cual habría incumplido en al menos dos ocasiones previas. Tal y como ha podido saber La Ser, la última vez que violó la orden judicial fue este mismo sábado, por el que acabó detenido.

En la intervención participaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueres que arrestaron al sospechoso en el mismo lugar de los hechos minutos después de la agresión. En estos instantes, los Mossos están hablando con los testigos que deambulaban por la zona en el momento del crimen.

Además de haber acordonado la zona, las fuentes policiales han informado a la SER que, tras los hechos, el presunto asesino se ha desplazado a una de las fuentes de la plaza para limpiarse las manos. En los primeros minutos de la emergencia, el SEM notificó sobre la intervención en la zona. Para minutos más tarde dar la noticia de que se trataba de un homicidio por violencia de género.

Ante esto, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado un minuto de silencio para mañana en la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que este es el tercer crimen machista en Cataluña desde que empezó 2026. Por el momento, la investigación sigue abierta y en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para esclarecer las causas del crimen.

Contactos de ayuda para las víctimas de violencia de género

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 21 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.362 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El cantante Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella se haya negado a retirar sus comentarios sobre la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales a varias empleadas. El entorno del cantante sostiene que esos comentarios dañan su honor y su reputación.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella. Allí Díaz ha considerado que sus comentarios no han supuesto un daño reputacional ni del honor de Iglesias y, por lo tanto, entiende que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, según han apuntado fuentes jurídicas a la agencia EFE.

En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda por sus comentarios “injuriosos y calumniosos” sobre la denuncia por presuntos abusos sexuales en el entorno laboral, pero fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese escrito, el cantante pidió que la ministra reconociera el daño, rectificara sus palabras y lo indemnizara según el alcance de la difusión.

Las declaraciones de Díaz señaladas por el cantante se hicieron en la red social Bluesky el 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en ‘La Hora de la 1’, en RTVE. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, comentó la ministra en Bluesky.

“Control, acoso y abuso de poder”

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. En una investigación publicada por elDiario.es y Univisión después de tres años de trabajo, las mujeres relataron un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante.

La documentación médica mostraba cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

Las mujeres también describieron procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos. Los hechos habrían ocurrido en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021.

(Con información de EFE)

La Policía Foral de Navarra investiga la muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Arguedas como un posible crimen machista. El hombre ha sido detenido tras entregarse a la Guardia Civil en la tarde del lunes y haber manifestado que “agredió a su pareja en el domicilio familiar”.

Fue un familiar de la mujer quien avisó de los hechos a la Policía Foral después de encontrar el cadáver en el domicilio, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La investigación determinará cuándo se ha cometido el crimen, si bien los primeros indicios apuntan a que podría haber ocurrido en la noche del domingo.

Según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género y la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

El asesinato ha sido condenado por el Ayuntamiento de Arguedas, donde al parecer residía la pareja desde hace no mucho tiempo. Desde el Consistorio han mostrado “la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso” y trasladado “todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento”.

El Gobierno de Navarra, a través de su presidenta María Chivite, también se ha sumado a las muestras de apoyo y ha condenado los hechos. “Es absolutamente insoportable. Cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos”, ha señalado Chivite en su perfil de X.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.361 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España. Esta, además, sería la segunda víctima mortal en Navarra en este 2026.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante más de dos años. La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien relató que su padre la sometió a tocamientos y prácticas sexuales de forma continuada, aprovechando los momentos en los que se encontraban solos en casa, según ha informado este lunes Europa Press.

Según la denuncia que la menor presentó en abril, el hombre la obligaba a ver películas de contenido erótico bajo el pretexto de que debía aprender. La víctima declaró que las agresiones se produjeron casi a diario hasta que el padre abandonó el domicilio familiar por conflictos con la madre.

Tras recabar el testimonio y reunir pruebas, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer localizaron al sospechoso y procedieron a su detención el pasado miércoles por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Aumentan los delitos contra la libertad sexual

Según el balance de criminalidad de Ministerio del Interior correspondiente a 2025, se denunciaron un total de 21.659 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al 2024. Pese a la subida, ese porcentaje supone un incremento inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023).

De acuerdo a los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, los delitos contra la libertad sexual con penetración aumentaron el año pasado un 2,8% respecto a 2024. En todo caso, destaca Interior, el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse, en parte, a las campañas de concienciación y a la menor tolerancia social ante estos delitos. Según el ministerio, estas políticas han facilitado que más víctimas se animen a denunciar, lo que contribuye a reducir el nivel de infradenuncia que suele darse en este tipo de casos.

(Con información de Europa Press)

La Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja y madre de su hijo, ocurrido en Torremolinos (Málaga) en 2023. Ahora, por primera vez desde su detención, el hombre de 48 años y nacionalidad italiana ha admitido ante la justicia que también mató a su anterior pareja, Sibora, cuyo cuerpo ocultó en la vivienda que compartían.

Hasta ahora, el acusado solo reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba haberla matado, atribuyendo lo ocurrido a “un asunto bastante más complejo”. Durante toda la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía “mentía” y que había sido “vendido”, una versión descartada tanto por los investigadores como por la Fiscalía.

El caso de Sibora se juzgará de forma independiente al de Paula, por el cual ya recibió una condena. Además, el Ministerio Público solicita para él 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

El caso de Sibora se remonta a 2009

El procesado conoció a Sibora en 2009, cuando ella tenía 18 años, en Nettuno (Italia). Un año después se trasladaron juntos a España y se establecieron en Torremolinos. Según el relato de la Fiscalía, la joven entró en el país con una identidad falsa, que utilizó en su vida cotidiana en el municipio.

En 2013 la relación se interrumpió temporalmente y Sibora llegó a vivir en un apartamento independiente. Sin embargo, en el momento del crimen, en 2014, ambos habían retomado la convivencia. La acusación sostiene que, en un día indeterminado de la semana del 7 al 14 de julio de ese año, Marco la atacó con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.

El hallazgo se produjo tras la investigación de la Policía Nacional a raíz del asesinato de Paula en 2023. Las pesquisas paralelas permitieron localizar el cadáver emparedado en un doble tabique de la vivienda donde el acusado ya no residía. Y ahora, finalmente, ha reconocido haber asesinado a Sibora en 2014, incluyendo la ocultación del cuerpo en una caja de madera cubierta de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El hombre será juzgado por un jurado popular en Málaga por el asesinato de Sibora, en un procedimiento distinto al de la muerte de Paula. Por su parte, la Fiscalía mantiene que actuó “de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión”. Aunque la defensa rechaza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de alevosía y premeditación.

Una relación de dominio y maltrato

En marzo de este año, la Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a Marco por el asesinato de su expareja Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, así como por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, también le impuso el pago de más de 918.000 euros en indemnización a los familiares de la víctima.

Según la resolución, el acusado mantenía una relación marcada por el control y la dominación sobre Paula, con episodios de maltrato físico y psicológico, control económico, aislamiento y amenazas. En uno de los episodios más graves, llegó a advertirle de que le haría “lo mismo que a Sibora”, en referencia a su expareja desaparecida, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda.

El crimen se produjo el 17 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a la víctima con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían. La sentencia considera probado que la engañó para que regresara al lugar, donde la esperaba para agredirla. Paula intentó huir, pero recibió hasta 16 puñaladas, lo que el tribunal interpreta como una muestra clara de la intención de matar y de la extrema violencia del ataque.

Además de la pena de prisión, la Audiencia apreció la existencia de alevosía y la agravante de género, al considerar que el acusado actuaba movido por una relación de control y dominación. También se le impusieron medidas accesorias como la privación de la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y prohibiciones de acercamiento y tenencia de armas.

Elaborado con información de Efe y Europa Press

El fútbol italiano vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años. Tras la eliminación por tercera vez consecutiva del Mundial, una investigación policial salpicó a varias decenas de futbolistas de la Serie A exponiendo una red de prostitución con scorts de lujo, fiestas VIP y “gas de la risa”.

El foco de la investigación está en una supuesta agencia de eventos, Ma.De. Milano, que según la Fiscalía italiana funcionaba como tapadera de una red de prostitución de alto nivel con una facturación superior a 1,2 millones de euros. La operación de la Guardia di Finanza ha concluido, por el momento, con cuatro detenidos, entre ellos los responsables de la empresa, Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, que se encuentran bajo arresto domiciliario por delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La investigación arrancó el 23 de agosto de 2024, cuando una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar el funcionamiento interno de la red desde 2019. Según su testimonio, todo comenzaba tras los partidos de la Serie A, con paquetes que incluían cenas en locales exclusivos de Milán como Pineta Milano o Voya Rooftop, y que podían terminar en encuentros privados en instalaciones controladas por la organización. Para evitar controles, los encuentros se realizaban en espacios propios en Cinisello Balsamo, a las afueras de la ciudad, evitando hoteles convencionales.

Sin imputaciones a los jugadores

En este punto, las autoridades italianas han sido claras: los futbolistas mencionados en las filtraciones no están siendo investigados penalmente por el simple hecho de haber asistido a estas reuniones. Se habla de hasta 70 jugadores vinculados en distintos momentos, según la agencia ANSA, pero la Guardia di Finanza insiste en que la asistencia a estas fiestas no constituye delito en sí mismo según la legislación italiana.

Aun así, los nombres han trascendido a la prensa y el impacto reputacional es evidente. La investigación sigue abierta y se sigue revisando la documentación financiera, las comunicaciones y las interceptaciones telefónicas.

Theo Hernández, Ibrahimović, Donnarumma, Brahim Díaz...

Uno de los nombres más repetidos en las informaciones es el de Theo Hernández, exjugador del AC Milan y del Real Madrid, actualmente en el Al-Hilal. Según distintas filtraciones publicadas en los medios italianos, el lateral francés no solo habría asistido a estas fiestas, sino que habría tenido un papel activo en su organización, llegando incluso a gestionar logística de transporte para los invitados.

En las últimas horas, el empresario y expaparazzi Fabrizio Corona ha difundido varios vídeos en los que, según se ve en estas publicaciones, el futbolista está rodeado de mujeres e inhalando óxido nitroso desde un globo negro. El material se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

En esos mismos contenidos también aparece el exjugador del Milan Samu Castillejo. Otros nombres recurrentes en las informaciones, aunque sin acusaciones formales, son Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Hakan Çalhanoğlu y Brahim Díaz.

El uso del “gas de la risa”

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, su atractivo en estos entornos residía en su efecto psicoactivo y, sobre todo, en que no es detectable mediante los controles antidopaje habituales.

En las escuchas intervenidas durante la investigación aparece de forma recurrente la referencia a “globos”, término utilizado de forma coloquial para pedir la sustancia. “Necesitamos globos… estamos en el Duca, en Me Milan”, recogen algunos de los registros.

Un fenómeno que traspasa fronteras

La presunta red no se limitaba a Milán. En verano, según la investigación, las actividades se trasladaban a destinos como Mykonos, donde las fiestas se habrían celebrado de forma continuada. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, en abril de 2021, se habrían detectado reuniones pese a las restricciones sanitarias.

Las escuchas también han destapado referencias a otros ámbitos del deporte, incluyendo la supuesta presencia de un piloto de Fórmula 1 como cliente, aunque su identidad no ha sido revelada y no figura como investigado.

Reacciones y situación abierta

En paralelo, algunos futbolistas han comenzado a desvincularse públicamente del caso. El entorno de Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, calificó de “totalmente inapropiada” su vinculación con la investigación, mientras que el defensa del Arsenal Riccardo Calafiori negó cualquier relación.

Por el momento, la investigación continúa su curso sin que haya imputaciones a jugadores. Sin embargo, el caso sigue creciendo, con nuevas filtraciones y vídeos que mantienen a los futbolistas de la Serie A bajo la lupa.

La violencia machista no da tregua a las mujeres. El pasado 9 de mayo, Karen Giovanna, una joven de 21 años, fue asesinada por su pareja en la provincia de Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, lo que eleva el número de feminicidios a 19 en lo que va de año y a un total de 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El agresor de este último crimen tenía 23 años y existían denuncias previas por violencia de género contra él, ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.

De las 19 mujeres asesinadas, 14 eran españolas (73,7%) y 5 extranjeras, (26,3%), la misma proporción que se observa entre los autores de los crímenes: 14 son españoles y 5 poseen otra nacionalidad. Por otro lado, ocho de los agresores tenían denuncias previas por maltrato (42,1%) y ocho víctimas estaban inscritas en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, pero estos mecanismo fueron insuficientes para salvar sus vidas.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante el nuevo feminicidio ocurrido en Madrid y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Las madres buscadoras se han convertido en las figuras centrales del combate a la desaparición de personas en México, recorriendo terrenos peligrosos, muchas veces controlados por el crimen organizado, para encontrar a sus hijos, asumiendo roles de investigadoras, peritos y acompañantes de otras víctimas.

Su labor ha sido reconocida por encima de las acciones del Estado, principalmente después de que fue el propio gobierno el que reportó que actualmente hay 132 mil personas no localizadas en el país, sin que haya una tendencia a la baja.

En la celebración del Día de las Madres, que se conmemora el 10 de Mayo y es una de las fechas más celebradas del país, muchas de las madres buscadoras no reciben flores, invitaciones a comer o regalos.

En su lugar, reciben amenazas de desaparición o muerte por parte del crimen organizado e incluso por parte de las autoridades.

“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida”, señaló la Fundación para la Justicia.

En este sentido, presentó un mapa de los asesinatos (registrados) de 2010 a 2025 por entidad federativa, con el objetivo de mostrar “lo que sufren quienes han tomado por mano propia lo que le corresponde hacer al Estado: buscar a quienes desaparecen”.

De acuerdo con la organización, en los últimos 15 años, 22 buscadoras fueron asesinadas en el país, de las cuales 15, es decir, el 63 por ciento eran las madres de personas desaparecidas.

A estos se suman dos casos de madres buscadoras que continúan en calidad de desaparecidas.

Estados más ataques a buscadoras registrados

• Guanajuato: con cinco ataques registrados.
• Sinaloa: con cuatro ataques registrados.

Por su parte, Amnistía Internacional documentó que en 2025 se registraron al menos siete asesinatos de personas buscadoras.

Además de que el país acumula más de 4 mil 500 fosas clandestinas y más de 6 mil 200 cuerpos encontrados, con una crisis forense que se agrava por la falta de políticas efectivas para la identificación de víctimas.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha señalado desde 2018 la existencia de obstáculos estructurales: ausencia de datos confiables, baja cifra de condenas y deficiencias en la atención forense.

En 2025, recomendó que el Estado mexicano reconozca formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y les otorgue protección con perspectiva de género.

La reciente decisión de la ONU de llevar la situación ante la Asamblea General representa una oportunidad histórica para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada en México.

Madres buscadoras convocan a marcha por 10 de mayo

Colectivos de madres buscadoras convocan a movilizaciones en México este 9 y 10 de mayo, en el marco del Día de la Madre, para exigir justicia ante la crisis nacional de desapariciones forzadas.

Las protestas incluyen una velada el 9 de mayo en el Monumento a la Madre en Veracruz y la “Marcha por nuestrxs desaparecidos” el 10 de mayo en Xalapa, que irá del Monumento a la Madre al Mural de Desaparecidos de Murillo Vidal.

En Ciudad de México, se realizará la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, partiendo del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia.

La convocatoria está dirigida a familias de personas desaparecidas, colectivos y la afición futbolera, aprovechando el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los colectivos comparan su lucha con un partido difícil, donde el único trofeo es el regreso de sus hijos e hijas a casa. Invitan a la sociedad y aficionados al futbol a sumarse para “ganar este marcador contra el olvido”.

Además, las madres buscadoras exigen mayor respaldo institucional, criticando la falta de protección y la impunidad prevaleciente.

Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU reconoció su valentía y resiliencia, aunque los colectivos demandan una postura más activa y respaldo explícito ante la crisis de desapariciones en el país.

ONU reitera reconocimiento a madres buscadoras

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su reconocimiento a las madres buscadoras en vísperas del Día de las Madres.

El organismo destaca que, desde hace décadas, estas mujeres han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

ONU-DH subraya que las madres buscadoras recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país.

La marcha y las acciones de estas mujeres representan memoria, esperanza y amor que persevera, a pesar de la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta México.

“En vísperas del #DíaDeLasMadres, reconocemos a quienes, desde hace décadas, han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos.

“Las #MadresBuscadoras nos recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país. Su marcha es memoria, esperanza y amor que persevera", escribió en su cuenta de X.

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja, una joven de 22 años de nacionalidad española, que fue hallada inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel este sábado por la mañana. Asimismo, según han asegurado fuentes policiales a Efe, podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso por el hallazgo de una mujer tendida en la calle, inconsciente y con una lesión en la cabeza. Según recoge el ABC, el detenido habría arrojado a su pareja por la ventana de una vivienda situada en la calle Condes de Barcelona.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que han prestado asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes únicamente han podido confirmar su fallecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, la Policía Nacional ha localizado en el domicilio en el que residía la víctima, situado en las inmediaciones del lugar del hallazgo, a un hombre de 24 años de nacionalidad ecuatoriana, pareja de la joven, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

Al lugar de los hechos también acudieron agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación ante la posibilidad de que se trate de un crimen machista.

18 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año

De confirmarse como un caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 19 en lo que va de 2026 y a 1.360 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Hasta ayer no constaba ningún caso en investigación y solo se había contabilizado un asesinato machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Además, según los datos oficiales, recientemente se excluyó del registro el caso de una mujer fallecida el pasado 1 de abril en Bizkaia, después de que el informe forense concluyera que la muerte no fue de naturaleza homicida.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 72,2% de las víctimas confirmadas en 2026 habían nacido en España, mientras que el 77,8% de los presuntos agresores también tenían nacionalidad española. Asimismo, el 77,8 % de los crímenes fueron cometidos por exparejas o parejas en proceso de ruptura.

En siete de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en cinco se produjo un quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a once menores de edad en situación de orfandad.

Uno de los casos más recientes es el de Melissa, una mujer venezolana de 43 años que fue hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en el interior de su domicilio. En la misma vivienda fue encontrado su agresor, un hombre de 50 años y también de nacionalidad venezolana, fallecido por ahorcamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR), Humberto Nava Genera, la noche del pasado jueves 7 de mayo.

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, sobre la calle División del Norte, entre las calles Miguel Ángel de Quevedo y Parque.

Los policías capitalinos lo detuvieron en la vía pública por una presunta conducta de violencia familiar, delito que en la Ciudad de México es perseguido de oficio y puede derivar en prisión preventiva según la gravedad de los hechos.

Documentos oficiales de la FGR identifican a Nava Genera como Secretario General del organismo que representa a los trabajadores de la fiscalía federal ante las autoridades institucionales.

Nava Genera quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar

Tras la detención, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar (FIDVF), instancia especializada en este tipo de casos dentro de la estructura de la fiscalía capitalina.

Fue el Ministerio Público común el que tomó conocimiento del asunto en primera instancia, antes de que el expediente quedara bajo resguardo de esa fiscalía especializada.

La FIDVF es la autoridad que investiga y da seguimiento a los delitos vinculados con violencia en el entorno familiar en la Ciudad de México.

Al cierre del registro, Nava Genera permanecía en las instalaciones de esa dependencia, a la espera de que las autoridades definieran su situación jurídica.

La detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones

El arresto de Nava Genera fue asentado en el Registro Nacional de Detenciones, el sistema oficial que documenta cada detención realizada en el país.

El registro incluyó una descripción física detallada del detenido: hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y cabello corto.

Al momento de su arresto, Nava Genera vestía camisa blanca de vestir, pantalón negro de vestir y zapatos cafés.

El documento también consignó una lesión física: una escoriación en el pómulo izquierdo, visible al momento de ser puesto a disposición de las autoridades.

La detención se realizó en la vía pública, en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, con código postal 04370.

El punto exacto fue sobre la calle División del Norte, entre Miguel Ángel de Quevedo y Parque, frente a la farmacia San Pablo, un punto de referencia en esa zona de la alcaldía.

Esto se sabe del SNTFGR

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR) tiene sus orígenes el 6 de julio de 1937, cuando trabajadores de la entonces Procuraduría General de la República fundaron la Unión de Trabajadores de la Procuraduría General de la República y designaron su Comité Ejecutivo Provisional.

Según información presente en su sitio web, la organización nació 37 años después de la creación de la PGR, en 1900, como respuesta a la necesidad de los trabajadores de defender sus derechos laborales.

De acuerdo con el sitio web del sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Humberto Nava Genera, en su calidad de Secretario General, se describe como una instancia en “constante lucha por obtener más y mejores logros a favor de la base trabajadora”.

El propio sindicato señala que la coordinación entre el Comité y los trabajadores es la vía para diseñar estrategias que beneficien a la organización.

Es precisamente ese dirigente quien la noche del jueves 7 de mayo de 2026 fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, acusado de una presunta conducta de violencia familiar.

Un fugitivo ha sido detenido este viernes en la provincia de Cuenca por agentes de la Policía Nacional y ha sido enviado a prisión preventiva, ya que sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual. El hombre se encontraba en paradero desconocido tras fugarse antes de la vista judicial y abandonar previamente el dispositivo de localización que llevaba impuesto por orden judicial para garantizar la protección de las víctimas.

Según ha informado la Policía Nacional, el prófugo contaba con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados, además de acumular más de 40 denuncias por coacciones y amenazas a sus víctimas. Además, el individuo habría cambiado de sexo presuntamente en un intento de eludir la condena por los delitos contra la libertad sexual que se le atribuyen.

La investigación policial se inició el pasado mes de abril, después de que los agentes tuviesen conocimiento de la reclamación judicial que seguía en vigor sobre el fugitivo. A partir de ese momento, los agentes comenzaron distintas tareas de localización y seguimiento para tratar de dar con el paradero del hombre, considerado por la policía como una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el hombre utilizaba supuestamente distintas estrategias para intimidar y acosar a sus víctimas. Entre otras prácticas, manifestaba ser agente de la autoridad para ejercer presión sobre ellas y reforzar su actitud de dominación. Según la información policial, también adoptaba represalias contra quienes consideraba enemigos, llegando a incendiar vehículos o viviendas y utilizando material íntimo obtenido sin el consentimiento de los afectados.

La Policía Nacional sostiene además que el detenido manipulaba de forma reiterada a las víctimas hasta el punto de lograr que algunas de ellas cometiesen delitos en su favor contra terceras personas con las que mantenía enemistades manifiestas.

El fugitivo fue localizado en un chalet de Montalbo

Tras semanas de búsqueda y distintas gestiones policiales, los agentes lograron localizar al fugitivo en la localidad de Montalbo, en la provincia de Cuenca, donde permanecía escondido en un chalet. Según la información policial, el hombre contaba con la ayuda de su actual pareja sentimental, que habría adoptado numerosas medidas de seguridad para evitar ser seguida hasta el lugar donde se ocultaba el prófugo.

Las pesquisas permitieron comprobar que la mujer proporcionaba al fugitivo distintos útiles y suministros mientras permanecía escondido. Entre ellos, incluso material deportivo con el que el hombre trataba de mantenerse activo durante el tiempo que permaneció oculto de las autoridades.

Finalmente, la Policía Nacional estableció un dispositivo en la mañana de este viernes que ha culminado con la detención del fugitivo en el domicilio en el que se escondía. El arrestado ha sido puesto posteriormente a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón.

Por su parte, la jueza de guardia se ha limitado a ejecutar el auto de prisión preventiva dictado previamente por la Audiencia Provincial de Castellón, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Una mujer de 57 años ha sido asesinada en la madrugada de este miércoles en la localidad de Santa Úrsula, Tenerife, presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, según han informado fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. La víctima no estaba inscrita en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del agresor, señala la agencia EFE.

El suceso ocurrió cerca de la vivienda de la mujer, sobre las 3:30 de la noche, donde el agresor acuchilló a la mujer e hirió a la madre de la víctima, ha explicado a la prensa el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta. “Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo”, ha afirmado el regidor, que también ha explicado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los “gritos enormes” que se produjeron durante los hechos.

Las autoridades municipales han activado los protocolos de atención y acompañamiento para los familiares y allegados de la víctima y el consistorio ha pedido “el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia”.

El Ayuntamiento de la localidad ha suspendido todos los actos oficiales previstos para hoy y mañana y ha convocado un minuto de silencio. El alcalde también ha pedido a la ciudadanía que “acompañe desde el respeto y la solidaridad”.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Anthony Laroche tenía 37 años, ojos azules, físico de ensueño y trabajaba como diseñador de interiores en Mónaco. Era el hombre perfecto. El problema es que no existía.

Detrás de ese perfil construido con la foto robada de un modelo se escondía Jack Sion, un jubilado de Niza que rondaba los 70 años cuando cometió los hechos. Durante años, utilizó esa identidad falsa en páginas de citas para atraer a mujeres a su apartamento del Paseo de los Ingleses.

Al menos 24 de ellas llegaron a visitarle. Mañana, con 78 años, se sienta de nuevo ante el Tribunal de lo Penal de Niza para responder por ello en un juicio que se prolongará hasta el 15 de mayo.

El escenario siempre era el mismo

Semanas de conversaciones casi diarias, un tono seductor y paciente, y finalmente la propuesta de una primera cita llena de “magia”. Las mujeres llegaban al piso a oscuras, se vendaban los ojos y eran guiadas por una voz tranquilizadora. Solo después del acto sexual descubrían, con horror, quién estaba realmente a su lado.

“En el instante en que le quité la venda de los ojos, apagó la luz. Vi su silueta, un hombre bajo, nada atlético, y vi su nariz, que no se parecía en nada a la de Anthony Laroche”, declaró una de las víctimas durante el primer juicio, según ha recogido Le Matin.

La investigación reveló que Sion mantenía correspondencia con 342 mujeres de entre 23 y 53 años. También guardaba notas sobre sus posibles víctimas con anotaciones sobre sus vulnerabilidades personales: enfermedades de familiares, traumas pasados, situaciones de duelo.

Un debate jurídico sin precedentes

El caso tardó años en llegar a juicio y no sin polémica. Las primeras denuncias solo derivaron en una advertencia que Sion ignoró. Cuando el asunto llegó por fin a la sala de instrucción de Aix-en-Provence, en 2018, el caso fue archivado: los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”.

Las dos partes civiles, representadas por el abogado Mohamed Maktouf, recurrieron ante el Tribunal de Casación. El máximo órgano judicial francés les dio la razón y estableció que “la penetración sexual obtenida mediante una estratagema destinada a engañar a la víctima sobre la identidad civil y física del autor constituye violación por engaño”.

El caso fue enviado al tribunal penal de Montpellier, que en octubre de 2021 condenó a Sion a ocho años de prisión. Cuatro meses después de ingresar en prisión, apeló y quedó en libertad bajo supervisión judicial. Ahora llega a este nuevo juicio como hombre libre.

Posiciones enfrentadas

La defensa tiene previsto pedir la absolución. “Haremos hincapié en que no hubo sorpresa. Por el contrario, estas relaciones sexuales habían sido definidas previamente entre los dos miembros de la pareja”, señalaron sus abogadas, Margaux Mathieu y Lou Ferdinand Dreyfus.

El propio Sion siempre ha mantenido la misma línea argumental: “Siempre he hecho cosas legales. Cosas malas, pero legales”.

Por el otro lado, la acusación no comparte esa visión. “Mis clientes esperan que la avanzada edad del acusado no sea un obstáculo para la condena”, advirtió Maktouf. El tribunal tiene hasta el 15 de mayo para decidir si la historia de Anthony Laroche merece, esta vez, una condena firme.

Las mujeres negras están más expuestas a la violencia machista y a una mayor falta de protección institucional en España. Así lo revela un reciente informe elaborado por la Asociación Biznegra a través de un centenar de entrevistas en profundidad, que denuncia una doble vulnerabilidad: la violencia de género se agrava por el racismo estructural y una respuesta insuficiente de los sistemas públicos.

El estudio, titulado Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España, señala que entre 2003 y 2021 el 31% de los feminicidios registrados en el país afectaron a mujeres migrantes, a pesar de que este colectivo representa solo el 9% de la población femenina. El fenómeno, según el informe, revela una sobrerrepresentación de mujeres migrantes en las estadísticas de feminicidio, lo que sugiere un riesgo hasta cinco veces superior en comparación con las mujeres nacidas en el país. También subraya que los datos oficiales no consideran la variable étnico-racial, lo que invisibiliza la dimensión específica del racismo en la violencia de género.

Las entrevistas recogidas por la Asociación Biznegra muestran cómo mujeres africanas, afrodescendientes y migrantes de América Latina sufren una violencia machista reforzada por estereotipos racistas. La imagen social de “fuerza” atribuida a las mujeres negras se convierte en una trampa, ya que se les exige resistir y callar, sostienen. Muchas relatan experiencias de hipersexualización y deshumanización, además de que su credibilidad suele ser cuestionada tanto en el ámbito privado como institucional. “A las mujeres blancas se las protege, a nosotras se nos exige resistencia”, resume una de las entrevistadas en el informe.

El miedo a denunciar, especialmente entre quienes carecen de permiso de residencia, y la falta de intérpretes en procesos administrativos y judiciales, constituyen barreras adicionales. Según la asociación, muchas mujeres negras enfrentan un trato condescendiente, revictimizador o abiertamente racista cuando buscan protección. Esta situación genera desconfianza y refuerza su desamparo ante la violencia.

“La resiliencia y el miedo terminan funcionando como mecanismos de supervivencia ante la falta de protección efectiva. Irónicamente, esta dinámica puede convertir la resiliencia en una violencia añadida cuando el sistema celebra que las mujeres resistan, en lugar de cuestionar por qué se ven obligadas a resistir tanto”, advierte el informe.

La aplicación de leyes sigue siendo “limitada”

En materia legislativa, el estudio destaca que las leyes estatales y autonómicas han comenzado a incorporar los conceptos de “interseccionalidad” y “discriminación múltiple”, pero la aplicación real sigue siendo limitada. La mayoría de las normativas se refieren a una víctima tipo, sin contemplar las circunstancias de las mujeres racializadas. Solo algunas comunidades autónomas incluyen explícitamente el origen étnico y la situación migratoria en sus leyes de protección.

Además, añade el informe, la ausencia de datos desglosados por raza o nacionalidad y la escasa presencia de mujeres negras en el diseño de políticas públicas mantienen “puntos ciegos” del sistema.

Consecuencias en la salud mental

El estudio también alerta sobre las consecuencias de esta situación en la salud mental de las mujeres negras, que viven bajo una constante presión social y una sensación de hipervigilancia. El racismo institucional y la discriminación refuerzan el aislamiento y la indefensión, amplificando el trauma psicosocial, añade el documento, donde se subraya que “hablar de la violencia machista hacia mujeres negras no es fragmentar la lucha feminista, sino completarla”. “Si no ponemos en el centro a quienes más sufren, nunca lograremos una protección real para todas”, añade.

Entre las recomendaciones, la Asociación Biznegra propone la recogida obligatoria de datos con perspectiva racial, la participación activa de mujeres negras en el diseño de políticas, intérpretes especializados en violencia de género, formación antirracista obligatoria para todo el personal y garantías legales que desvinculen la protección frente a la violencia del estatus migratorio. Estas medidas buscan cerrar la brecha estructural y ofrecer una respuesta efectiva a una población especialmente vulnerable.

El informe también considera prioritario que el Estado y las comunidades autónomas adopten un enfoque antirracista real en la lucha contra la violencia machista. Solo así, concluye la asociación, se podrá avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres, independientemente de su origen, puedan acceder a la protección y a sus derechos en igualdad de condiciones.

Ante la reciente difusión de la campaña “Niñas, no madres”, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) expresó su profunda preocupación por el enfoque de los mensajes emitidos por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La organización considera que la estrategia presenta imprecisiones conceptuales que pueden resultar contraproducentes desde perspectivas científicas, psicológicas y de política pública.

Si bien ADIVAC reconoce la importancia de visibilizar los derechos de la infancia y combatir la violencia sexual, advirtió a través de un comunicado que algunos mensajes de la campaña sugieren que la prevención recae en la capacidad de los menores para otorgar o negar su consentimiento.

Esta premisa contradice la evidencia psicológica actual, la cual sostiene que:

• Asimetría de poder: Los menores no poseen la madurez cognitiva ni emocional para consentir en contextos de desigualdad frente a un adulto.
• Peligro de autoculpación: Al no contextualizar el concepto de consentimiento, se corre el riesgo de que las víctimas sientan que la ausencia de una negativa explícita implica una participación voluntaria, generando procesos de revictimización.
• Mecanismos de agresión: La asociación destacó que la mayoría de los casos ocurren mediante manipulación, seducción o engaño, y no necesariamente a través de la fuerza física. Estos métodos anulan la capacidad de rechazo de las infancias, por lo que centrar el mensaje en un “decir no” resulta insuficiente y simplista.

Responsabilidad de adultos y el Estado

De acuerdo con ADIVAC, es un error trasladar la carga de la autoprotección a las víctimas. La organización enfatizó que la obligación de prevenir, atender y responder ante la violencia sexual corresponde estrictamente a:

1. Los adultos del entorno.
2. Las instituciones públicas.
3. El Estado en su conjunto.

“Las campañas deben evitar enfatizar conductas esperadas en los menores y dejar claro que la responsabilidad de protección es institucional y social”, señala el organismo.

ADIVAC subrayó la necesidad de que las campañas de comunicación social sean diseñadas por especialistas en psicología infantil, neuropsicología, trauma y políticas públicas. Instó a SIPINNA a que sus mensajes incluyan rutas claras de acción y mecanismos accesibles de denuncia, evitando simplificaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Cuál es la postura de SIPINNA?

Por su parte, el SIPINNA presentó la campaña “Niñas, no madres” con el objetivo de que la sociedad rechace de forma contundente el embarazo infantil, catalogándolo directamente como un acto de violencia. La estrategia busca activar acciones para detectar y erradicar las condiciones que permiten estas agresiones.

La estrategia de SIPINNA se divide en tres fases operativas:

• Fortalecimiento institucional: Mejora en la atención de denuncias por parte de las autoridades.
• Activación comunitaria: Trabajo en familias, escuelas y comunidades para crear entornos seguros donde las niñas sean escuchadas y respetadas.
• Corresponsabilidad masculina: Un llamado a los hombres para romper pactos de silencio y convertirse en agentes activos de cambio contra la violencia de género.

El Parlamento Europeo quiere establecer una definición única de violación en todos los países de la Unión Europea, con el objetivo de que el consentimiento libre, informado y revocable sea el elemento clave para tipificar este delito, dejando de lado legislaciones que solo consideran la violencia o la fuerza como base para una condena. En un informe aprobado el pasado martes con 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados urgen a la Comisión Europea a presentar “sin demora” una nueva propuesta legislativa para unificar este criterio en todos los Estados miembros y lo adapten así a las normas internacionales y al Convenio de Estambul, ratificado por la UE en 2023.

Entre los puntos esenciales, los eurodiputados insisten en que el silencio, la falta de resistencia o la ausencia de un “no” no deben interpretarse como consentimiento. Tampoco lo deben ser el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o cualquier relación, actual o anterior, entre las partes implicadas.

“Es moral y jurídicamente inaceptable que las mujeres no estén protegidas por leyes de ‘sólo sí es sí’ en toda la UE. Llevamos años pidiendo una definición europea común de violación, y aunque el Consejo impidió que se incluyera en la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, cada vez más gobiernos reconocen la necesidad de este enfoque”, explicó la eurodiputada socialdemócrata sueca Evin Incir, ponente de la comisión de Libertades Civiles, que destacó que desde 2023 países como Francia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos han introducido leyes basadas en el consentimiento. Cabe también recordar que España aprobó en 2022 la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, poniendo el consentimiento en el centro de la norma y ampliando la protección para las víctimas de violencia sexual.

“Ha llegado el momento de ofrecer una definición europea común de violación basada en la ausencia de consentimiento libremente otorgado y revocable”, añadió Incir, según un comunicado del Parlamento Europeo.

Un enfoque centrado en las víctimas

Los eurodiputados sostienen que el consentimiento siempre debe analizarse según las circunstancias de cada caso. Señalan que no puede considerarse válido si hay violencia, amenazas, abuso de poder, miedo, intimidación o situaciones en las que la víctima está inconsciente, bajo los efectos de sustancias, dormida, enferma, con discapacidad o en condición de vulnerabilidad. También piden que la ley y los jueces tengan en cuenta las reacciones que puede tener una persona ante un trauma, como quedarse inmóvil o actuar de forma inesperada. Además, insisten en que la violencia de género debe ser reconocida como delito en toda la Unión Europea.

El Parlamento Europeo cree que solo una ley que ponga el consentimiento en el centro puede asegurar justicia para las víctimas. Por eso, plantea que la Unión Europea debe ofrecer atención médica inmediata, servicios de salud sexual y reproductiva, aborto seguro, apoyo psicológico, ayuda legal y centros de crisis gratuitos y disponibles las 24 horas para quienes han sufrido una violación.

Por su parte, la socialista polaca Joanna Scheuring-Wielgus, ponente de la comisión de Derechos de la Mujer, recordó que “una de cada tres mujeres en la Unión ha sufrido violencia de género y una de cada veinte ha sido víctima de violación”. En ese sentido, destacó el papel de Gisèle Pelicot, cuyo testimonio ha ayudado a visibilizar la necesidad de cambios en la legislación, si bien subrayó que muchas víctimas aún no acceden a la justicia.

No basta con cambiar la definición legal

Amnistía Internacional celebra la iniciativa de la Eurocámara, ya que marca un paso relevante en la armonización de las leyes de protección contra la violencia sexual en Europa, aunque la organización también subraya que, para lograr una verdadera cultura del consentimiento en la Unión Europea, no basta con cambiar la definición legal.

“Además de una definición de la violación basada en el consentimiento, el fomento de una cultura del consentimiento en toda la UE dependerá de la adopción de un enfoque interseccional y centrado en las supervivientes, de una educación sexual integral, y de campañas públicas de concienciación y prevención", sostiene Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta para Europa de Amnistía Internacional. La organización también pide a la Comisión Europea que proponga cuanto antes esa legislación común.

En plena vía pública, un hombre ha matado este sábado a una mujer en el municipio de Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Tal y como han señalado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, la muerte violenta se ha producido alrededor de las 11.00 horas.

El 112 informó a los agentes del aviso recibido, en el que se notificaba que un hombre había herido con un arma blanca a una mujer y después había huido. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Mossos d’Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero la víctima ha fallecido tras el ataque.

Posteriormente, el autor del crimen, que se investiga como un presunto caso de violencia de género, ha sido localizado y detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo secreto de las actuaciones.

El Ayuntamiento condena el crimen

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condenado el asesinato de la mujer. El Consistorio ha señalado su “preocupación” por el grave suceso, ya que este afecta “a la convivencia y a la seguridad ciudadana”.

En un comunicado ha señalado que “lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad”, así como ha trasladado su consuelo a su familia y personas próximas.

“Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas”, concluye el comunicado.

*Con información de EFE

Aunque en la última década México ha impulsado políticas para combatir la violencia contra la mujer, reducir la brecha laboral de género y erradicar los feminicidios, los avances en igualdad siguen siendo limitados en la vida cotidiana.

El rezago persiste en el ámbito familiar, escolar y comunitario, donde los estereotipos, las prácticas discriminatorias y la normalización de la violencia continúan reproduciéndose desde la infancia.

El impacto de estas carencias atraviesa generaciones, frenando el acceso efectivo a derechos, oportunidades y una convivencia libre de violencia para las infancias y juventudes del país.

En el Día de las Niñeces, el colectivo GENDES plantea que combatir el machismo desde la infancia requiere transformar la crianza y la educación emocional y sexual en casa y escuela, según el informe “Jugando a ser grandes”.

La organización advierte que la familia y el entorno educativo son los espacios donde se transmiten las reglas sobre cómo deben comportarse niñas y niños, y destaca que estos aprendizajes no son permanentes.

El informe identifica que la gestión emocional y la educación sexual integral son temas poco abordados en la infancia.

Solo el 26% de niñas, niños y adolescentes declara estar plenamente satisfecho con el comportamiento de su padre, mientras el 36% reporta no vivir con él y el 9% afirma no tener relación con su padre.

La figura paterna continúa vinculada al rol de proveedor y autoridad, aunque el 67% de niñas y niños considera que un buen papá debe ser cariñoso y el 51% desea mayor presencia y juego con el padre.

La corresponsabilidad doméstica y de cuidados sigue recayendo en madres y abuelas.

El informe de GENDES señala que cuando los hombres participan en tareas del hogar, su acción suele verse como “ayuda” y no como un deber compartido.

Desde la infancia, niñas y niños reproducen una división sexual del trabajo: ellas cuidan y preparan alimentos, ellos hacen tareas físicas. La ausencia de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad contribuye al abandono de niñas, niños y adolescentes en muchos hogares.

La gestión emocional y la educación sexual, tareas pendientes

El 19% de niñas, niños y adolescentes no sabe cómo manejar sentimientos negativos y el 14% carece de alguien con quien compartir sus emociones.

Las madres son la principal figura de confianza emocional, seguidas de amistades del mismo sexo; el padre ocupa un rol lejano.

El control emocional predomina como ideal: se exige a los hombres contener o reprimir sus emociones. El discurso familiar sobre sexualidad se centra en riesgos, omitiendo identidad, diversidad y placer.

El 68% de adolescentes acudiría a un adulto para resolver dudas, pero los adultos muestran incomodidad para el diálogo.

La violencia se aprende y normaliza principalmente en el hogar. El 52% de niñas y niños identifica a la familia como principal espacio de aprendizaje de la violencia y el 67% reconoce el golpe como violencia, aunque el 27% lo rechaza como tal.

Niños y adolescentes varones consideran la violencia “natural e inevitable” en mayor proporción que las mujeres.

Recomendaciones para transformar la crianza y la educación

GENDES recomienda generar programas de crianza positiva y medidas legislativas para la corresponsabilidad masculina, así como políticas de conciliación laboral-familiar.

El colectivo plantea la promoción y difusión de paternidades afectivas y corresponsables, atención y acompañamiento en salud mental infantil y educación sexual integral con perspectiva de género y derechos.

En el ámbito escolar, el informe urge a incluir la gestión emocional y la formación socioemocional desde la educación inicial, ampliar la educación sexual y formar a docentes en igualdad de género y diversidad sexual.

Propone incorporar prácticas para el respeto, la empatía y el reconocimiento de nuevas masculinidades.

Para los medios de comunicación, GENDES recomienda difundir historias de paternidades positivas, visibilizar nuevas masculinidades y promover debates informados sobre igualdad de género y alternativas no violentas en la convivencia.

Conforme a lo estipulado, lo mínimo que debe contener son dos factores:

• Los tipos penales
• Las sanciones

27 congresos locales aprobaron la reforma impulsada por Sheinbaum

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, comentó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Los 27 congresos que aprobaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, son:

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán de Ocampo
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz de Ignacio de la Llave
• Yucatán
• Zacatecas
• Ciudad de México

Cabe destacar que el dictamen aprobado estipula que dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor, el Congreso de la Unión deberá expedir dicha legislación.

Puntos destacados de la iniciativa

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

• Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
• Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
• Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 constituye uno de los ejes de la reciente aprobación impulsada por el gobierno de la presidenta, cuyo objetivo reside en atender compromisos relacionados con la igualdad y el combate a la violencia de género.

Esta iniciativa pretende reducir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia, poniendo en el centro los derechos humanos de mujeres y niñas.

• Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.
• Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención, investigación y sanción del delito.
• El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

Una ley necesaria ante la violencia contra las mujeres

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS) han registrado al menos 148 feminicidios a nivel nacional en el primer trimestre del 2026.

Entre los estados con mayor presencia de este delito se encuentran:

• Sinaloa con 15 casos registrados
• Chiapas con 13 casos registrados
• Ciudad de México y Estado de México con 11 casos registrados
• Sonora con 10 casos registrados
• Veracruz con 9 casos registrados

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar las quejas presentadas contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Las protestas tienen su origen en unas declaraciones realizadas en una jornada formativa en el Colegio de la Abogacía de Madrid en las que cuestionó el sistema de denuncias en materia de violencia de género y aseguró que las mujeres cuentan con “tantas ventajas” para denunciar.

La decisión ha sido adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, quien deberá determinar si las manifestaciones del magistrado tienen relevancia suficiente para derivar en la apertura de un expediente disciplinario o si procede el archivo de las actuaciones. La incoación de diligencias constituye el primer paso en este tipo de procedimientos y tiene como finalidad comprobar la veracidad de los hechos y su posible encaje en el régimen disciplinario de la carrera judicial.

El origen de la polémica se sitúa en una intervención pública del juez el pasado 18 de febrero, en el marco de una jornada jurídica centrada en los criterios de competencia en materia penal y civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. Durante su exposición, Maman sostuvo que muchas denuncias “se ve que no tienen demasiado sentido” y que, en ocasiones, responden a una estrategia orientada a obtener órdenes de protección de forma inmediata.

“Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”, planteó el magistrado ante un auditorio compuesto por profesionales del ámbito jurídico. En la misma intervención, cuestionó el sistema de asistencia jurídica al afirmar que a las denunciantes “se les da asistencia jurídica gratuita aunque tengan un millón de euros en la cuenta” y que cuentan con abogado de oficio desde el primer momento. “¿Pero qué pierde?”, insistió.

El juez también se mostró crítico con el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género, que combinan competencias penales y civiles, y que, a su juicio, se han convertido en “un camino casi forzado”. En ese contexto, señaló que los abogados “tienen una gran afición a visitarnos” y que, aunque lo entiende, se intenta “forzar una vía”.

Asimismo, el magistrado sostuvo que los procedimientos judiciales “se eternizan” y apuntó a posibles consecuencias en el ámbito familiar durante ese tiempo. En concreto, afirmó que “la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño” y que se produce un distanciamiento progresivo respecto al padre.

Las reacciones a sus palabras

Las declaraciones provocaron la reacción de asociaciones feministas, que solicitaron el apartamiento del juez del procedimiento que instruye contra el exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, investigado por una presunta violación. La controversia se vio intensificada por el hecho de que la intervención pública del magistrado tuvo lugar apenas un día después de que la denunciante compareciera ante él para ratificar su denuncia.

Un mes después de aquellas manifestaciones, el juez rechazó la petición de la denunciante de prohibir a González comunicarse con ella, una decisión que ha sido también objeto de atención en el marco de las críticas vertidas contra su actuación.

Las quejas ante el CGPJ se han articulado a través de distintas iniciativas, incluidas campañas promovidas para formalizar denuncias disciplinarias contra el magistrado. En ellas se cuestiona que sus declaraciones puedan suponer una falta de consideración hacia las víctimas de violencia de género y un cuestionamiento del sistema de protección vigente.

El órgano de gobierno de los jueces tiene atribuida la competencia para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados cuando su conducta se aparta de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional, como la imparcialidad, la independencia o el respeto a las partes. Las sanciones previstas en la normativa pueden abarcar desde advertencias o multas hasta medidas más graves, como traslados forzosos, suspensiones o incluso la expulsión de la carrera judicial.

Fuentes del CGPJ señalan que la apertura de diligencias informativas es un trámite habitual ante la recepción de quejas, con el objetivo de realizar una primera verificación de los hechos denunciados. Tras esta fase inicial, el promotor deberá decidir si propone la apertura de un expediente disciplinario, que correspondería resolver a la Comisión Disciplinaria, o si, por el contrario, procede el archivo, decisión que requiere el aval de la Comisión Permanente.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sevilla acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la Feria de Abril, según ha informado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el último balance de incidencias de la celebración, que concluye hoy.

El arresto se realizó hacia las 3:40 de la madrugada en la calle Gitanillo de Triana y, además del presunto delito de agresión sexual, al detenido se le imputa un atentado contra la autoridad, ya que cuatro agentes resultaron lesionados durante su intervención. Este caso se suma a otro similar ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, cuando la Policía Nacional abrió una investigación tras la denuncia de una mujer que sufrió una agresión sexual en los baños de una caseta.

Además, solo en las últimas horas de la feria se han abierto otras diez diligencias , que han dejado un saldo de cuatro arrestos más: dos por atentado a la autoridad, uno por robo y cinco por delitos relacionados con el tráfico.

Entre las actuaciones policiales destaca también la detención de un individuo este domingo a las 7:50 en la Avenida Flota de Indias, tras irrumpir en la vía y poner en peligro su vida y la seguridad vial. Al intentar ser retirado, reaccionó de manera violenta contra los agentes.

Incidente en una atracción con cuatro heridos

Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno.

Respecto al incidente que se produjo el pasado viernes en esa atracción, cuatro personas resultaron heridas tras la rotura de una de las cuerdas del tirachinas mecánico conocido como ‘Steel Max’. El fallo provocó que la cápsula, donde se encontraban dos menores, cayera al suelo y ambos quedaran atrapados en el interior durante varios minutos. Si bien sufrieron algunas lesiones, ninguna era de gravedad. Otras dos personas del público necesitaron también atención médica tras ser alcanzadas por una de las cuerdas desprendidas durante el fallo.

La Feria de Abril transforma cada primavera el barrio de Los Remedios en una ciudad efímera, con más de mil casetas y una portada iluminada por más de 28.000 bombillas, que convierte el recinto en el principal punto de encuentro social de Sevilla durante una semana. La portada de este año ha rendido homenaje a la arquitectura local, con referencias al Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 y al Cenador de Carlos V del Real Alcázar, alcanzando los 40 metros de altura. La edición concluye a las 24:00 de este domingo.

(Con información de la agencia EFE)

Cada 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica para reivindicar los derechos de un colectivo que sigue siendo, en gran medida, ignorado por el sistema. Sin embargo, la visibilidad está lejos de ser un camino seguro. Para la periodista y autora de La única lesbiana de Ávila, Laura Terciado, ser visible hoy en día no es un estado natural, sino un “sobreesfuerzo de exposición y reafirmación” al que el sistema empuja a las mujeres: “La única lesbiana visible lo es porque mete ruido. Para que a una la reconozcan, tiene que gritar e insistir una y otra vez que lo es”.

Ese “ruido” no es un capricho, sino una respuesta necesaria a la hostilidad. Según el último estudio del CIS, el 11% de las mujeres en España se identifica como lesbiana o bisexual, una cifra que, trasladada a la población actual, supone más de 2,3 millones de ciudadanas. Pero la cifra convive con un dato alarmante: el informe Estado del Odio 2026 de la FELGTBI+ revela que el 41% de las lesbianas ha sufrido acoso en el último año y un 21% ha sido víctima de agresiones físicas. Sin embargo, las lesbianas son el colectivo que menos denuncia, con un 69% de víctimas que opta por no acudir a las autoridades.

La desconfianza hacia el sistema podría tener su origen en la memoria colectiva. Este lunes, el Ministerio de Igualdad celebra un acto institucional para homenajear a Dolores Vázquez, cuya condena por el asesinato de Rocío Wanninkhof permanece como el mayor exponente de cómo la lesbofobia puede actuar como motor judicial. Tras la desaparición de la joven Rocío en 1999, la investigación se centró en Vázquez por el único hecho de haber mantenido una relación sentimental con la madre de la víctima.

Sin pruebas biológicas, fue declarada culpable y pasó 519 días en prisión hasta que la detención del verdadero asesino, Tony King, demostró su inocencia. Durante el proceso, el sistema utilizó su orientación sexual para construir un relato que la presentaba ante el jurado como una mujer “fría y calculadora”.

Para Laura Terciado, este caso es el “eje” de la lesbofobia en el que basa su análisis sobre la violencia y el borrado sistemático. Según la periodista, lo que ocurrió con Vázquez demuestra cómo el sistema es capaz de criminalizar una identidad que se salga de la norma. “Sigue siendo necesario reivindicar porque falta archivo. La historia nos ha traducido siempre a algo que la heteronorma pueda comer sin atragantarse, tachando o quemando nuestra realidad”, reflexiona la autora.

Esa “falta de archivo” es la que obliga a realizar una “arqueología compleja”, según la periodista, para rescatar identidades que fueron camufladas bajo eufemismos. El ejemplo más claro para ella es el de Emily Dickinson, cuya relación con Susan Gilbert está documentada desde hace décadas y demostrada por cientos de cartas, pero que todavía hoy se intenta suavizar bajo el eufemismo de una “amistad íntima”.

A pesar de los avances sociales, la resistencia a llamar a las parejas por su nombre persiste. Mientras que cualquier imagen de un hombre y una mujer se etiqueta automáticamente como romance, las lesbianas siguen atrapadas en el laberinto del eufemismo: amigas, primas o compañeras. El caso reciente de Rosalía y Loli Bahía, calificadas por la prensa como una “bonita amistad”, evidencia que la negación sigue siendo sistémica. Para Terciado, esta ceguera es voluntaria: “La sociedad compra una caricatura para no rebuscar más”.

Visibilidad global frente al “hipercontrol” de la provincia

Frente a este borrado histórico, hoy asistimos a una presencia mediática sin precedentes, liderada por iconos globales como Chappell Roan o Young Miko, y respaldada en España por referentes como las actrices Inma Cuesta y Paula Usero o la cantante Chiara Oliver. Sin embargo, este espejismo de normalidad en las pantallas contrasta con la realidad a pie de calle en las zonas rurales, donde se sigue señalando a aquel que se sale de la norma y el anonimato es un lujo inexistente. Terciado recuerda que su juventud en su ciudad natal estuvo marcada por un “hipercontrol social” asfixiante: “Si yo me daba un beso con una chica, mi madre se iba a enterar a los diez minutos”.

“He crecido pensando que no podía ser lo que soy porque no tenía ni un solo espejo donde mirarme”, recuerda la autora sobre su juventud marcada por la ausencia de referentes. Hoy, sin embargo, las redes sociales han roto esos muros de silencio. Para las nuevas generaciones, el escenario ha cambiado radicalmente: ya no solo cuentan con iconos mediáticos que hablan de su sexualidad en televisión o a través de su música, sino que plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en una ventana para tejer redes de apoyo y sentir que no están solos en el mundo.

Del exilio a ser una ciudadana más

Esta presión en las provincias no es solo social, sino también política. La periodista denuncia que Castilla y León sigue siendo la única comunidad autónoma en España sin una ley LGTBIQ+ propia en pleno 2026, una situación que tilda de “vergüenza extrema”. Este vacío legal es el reflejo institucional de una homofobia que empuja a muchas mujeres al “exilio” hacia grandes capitales. Como relata la autora, el vínculo con la mirada del resto se vuelve más complejo y contradictorio con los años: “La visibilidad lésbica es un oxímoron, porque también nosotras mismas estamos cómodas en esa invisibilidad de que nos dejen en paz”.

Esa búsqueda de paz es, en esencia, una reclamación de normalidad. Para Terciado, la verdadera igualdad no es un concepto abstracto, sino el derecho a la tranquilidad: “Significa poder ser una ciudadana de pleno derecho como el resto; no tener que estar sobrepensando todo el tiempo ni cuestionar mi identidad a cada rato”. Su deseo de cambio es tan cotidiano como profundamente político: “Quiero que los señores dejen de quedarse mirando cuando estoy con una mujer”.

Lejos de la hostilidad, Terciado ofrece un mensaje para las jóvenes que hoy se asoman a ese abismo identitario. La periodista insiste en que el presente ofrece el privilegio de habitar un mundo más ancho, donde es posible distanciarse de los entornos que asfixian o invalidan. “No va a pasar nada. Nada es tan importante. Todo se reestructura, la familia también se coloca y el tiempo pone a cada uno en su sitio”, asegura con la serenidad de quien ya ha completado ese viaje.

Asimismo, Terciado apuesta por una visibilidad que nazca de lo cotidiano: construir comunidades donde compartir un picnic, salir a escalar o, simplemente, estar juntas. “Somos más fuertes en grupo”, concluye, proyectando un futuro donde ser visible deje de ser un sobreesfuerzo agotador para transformarse en la celebración de vivir, disfrutar y, sobre todo, existir sin tener que pedir permiso.

Una mujer fue asesinada ayer en Seseña (Toledo) a manos de su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista, el primero de estas características registrado en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha lamentado lo ocurrido en un audio remitido a los medios, en el que ha expresado su condena por la muerte de la mujer “a manos de su expareja y con desprecio a su dignidad”. Sabrido ha afirmado sentirse “consternado y triste” ante este crimen y ha trasladado sus condolencias y apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.358 desde que comenzaron los registros en 2003, tras confirmar el nuevo caso de Melissa en la provincia de Toledo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, junto a los 17 casos confirmados en 2026, existe además un caso adicional que permanece bajo investigación. Entre las víctimas confirmadas este año, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos.

El caso de Melissa

Melissa, una mujer de 43 años y nacionalidad venezolana, fue hallada sin vida por la Guardia Civil en el interior de una vivienda de Seseña (Toledo), con signos de violencia por arma blanca. En el mismo domicilio se encontró también el cuerpo del presunto agresor, un hombre de 50 años y de la misma nacionalidad, que se había ahorcado.

El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital. Según informaron fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, concretamente por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que comenzaron los trámites de divorcio.

A raíz de esa denuncia, el hombre fue detenido y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por incumplir una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección.

Un minuto de silencio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado un minuto de silencio durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor, celebrada en Azuqueca de Henares, en señal de duelo por lo que ha definido como “lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista” ocurrido este jueves en Seseña (Toledo).

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de “seguir aprendiendo” en materia de igualdad entre hombres y mujeres, recoge Europa Press. En este sentido, ha recordado cómo eran las relaciones entre ambos sexos en generaciones anteriores y ha destacado que “han cambiado afortunadamente mucho las cosas”.

No obstante, ha advertido de que “hay chicos jóvenes hoy que tienen que seguir aprendiendo lo que ha aprendido España, que es el respeto entre unos y otros y, especialmente, entre la mitad de la población y la otra mitad”. “La igualdad, si no es entre hombres y mujeres, no se puede pedir para ninguna otra cosa de la vida”, ha añadido.

Un hombre ha asesinado presuntamente a su expareja en su vivienda del municipio toledano de Seseña y, tras el crimen, se ha suicidado. El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital.

La Guardia Civil localizó el cuerpo de Melissa, una mujer de 43 años de nacionalidad venezolana, en el interior del domicilio con signos de violencia por arma blanca. En la misma vivienda fue hallado el presunto agresor, de 50 años y también venezolano, fallecido por ahorcamiento.

Según han informado fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión entre el agresor y el hijo de la víctima. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la escena del crimen: la mujer ya había fallecido y el hombre se había quitado la vida.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, en concreto por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido a raíz de esa denuncia y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantar una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección, el mecanismo que evalúa el riesgo y activa protocolos de seguimiento policial en casos de violencia de género.

Un total de 16 mujeres asesinadas por violencia machista en 2026

De confirmarse el caso de Melissa como violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a 17 en lo que va de año en España. Desde 2003, año en el que se inició el registro oficial, el número total alcanzaría las 1.360 víctimas, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En el mes de abril se han contabilizado dos mujeres asesinadas. La primera, el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), una mujer de 44 años y madre de una hija de 18, presuntamente asesinada por su pareja, de 45 años. La segunda, el 13 de abril en Córdoba, una mujer de 64 años y madre de dos hijos mayores de edad, que figuraba en el sistema VioGén con riesgo medio, fue presuntamente asesinada por su exmarido, quien contaba con una orden de alejamiento.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad, además de las 16 víctimas registradas en 2026, hay un caso adicional que permanece actualmente en investigación. De las víctimas confirmadas, el 75% eran mujeres nacidas en España, mientras que el 81,3% de los presuntos agresores también tenía nacionalidad española.

Asimismo, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos. En 7 de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en 6 se había producido el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a 11 menores de 18 años en situación de orfandad.

Las redes sociales están plagadas de contenido dirigido a quienes están inmersos en distintos tipos de relaciones amorosas, sean del tipo que sean. En esta ocasión, el creador de contenido Fran Sánchez, psicólogo según se lee en su perfil de TikTok, ha optado por explicar un fenómeno que afecta a quienes han atravesado relaciones de pareja marcadas por el conflicto. “Sales de una relación tóxica y cuando encuentras a alguien bueno, sientes que te falta algo, eso tiene un nombre”, de esta manera, captaba a sus seguidores a permanecer en el vídeo.

Según Sánchez, muchas personas experimentan la sensación de vacío al iniciar vínculos sanos y estables tras haber vivido relaciones intensas o tóxicas. El especialista sostiene que este efecto tiene una raíz psicológica específica y que comprenderlo resulta clave para evitar recaídas en patrones disfuncionales. Aquello que plantea Sánchez es que cuando alguien permanece en relaciones con altos niveles de conflicto, idas y venidas y atención intermitente, la mente empieza a asociar la intensidad emocional con el amor. Un error.

De acuerdo con el influencer, el cerebro aprende que para amar debe haber un alto nivel de intensidad emocional. Esta asociación condiciona la manera en la que las personas interpretan sus vínculos futuros. “Tu mente aprende que amar es sentir mucho, que tiene que haber un nivel alto de intensidad, que si no hay ese nivel emocional, entonces no es la persona”, señaló el especialista. Así, la experiencia emocional de una relación estable puede parecer insuficiente.

El efecto invisible de las relaciones conflictivas: por qué la estabilidad puede parecer insuficiente

El especialista destaca que en relaciones sanas, caracterizadas por la estabilidad y la previsibilidad, muchas personas sienten que “falta algo”, ya que “ya no hay ese pico, no hay esa euforia, no hay esa montaña rusa y tu cuerpo interpreta: esto no es amor”. Según Sánchez, el cuerpo se acostumbra a esos ingredientes que en realidad solo aparecen en relaciones disfuncionales.

Uno de los puntos centrales en la explicación de Fran Sánchez es el ciclo de conflicto y reconciliación. “Cuando hay un conflicto y se resuelve, hay un subidón enorme porque aquello que quieres deja de estar en peligro. En ese momento parece que nos queremos más que nunca y ese subidón queda codificado como amor”, detalló el psicólogo. La frase “es que cuando estábamos bien, estábamos tan bien” resume, según el especialista, el atractivo de esos estímulos intensos.

El psicólogo advierte que este patrón puede distorsionar la percepción del amor en futuros vínculos. “Son estímulos muy potentes, pero no son amor, son respuestas al miedo, a la inestabilidad y a la incertidumbre”, afirmó. La ausencia de esos picos emocionales en una relación estable puede confundirse con falta de amor, lo cual constituye “el error”, en palabras de Sánchez. El mensaje central del especialista es que comprender este mecanismo puede ayudar a romper el ciclo de relaciones conflictivas. “Muchas veces eso que sientes que falta no es amor, es la intensidad a la que te acostumbraste”, concluyó Fran Sánchez en su video de TikTok.

Una pareja de propietarios vivió una experiencia que jamás imaginó tras alquilar su vivienda durante una semana a través de Airbnb. Lo que parecía una operación rutinaria terminó con una intervención policial y el descubrimiento de que el inmueble había sido utilizado como base de una red de prostitución que explotaba a una menor de 13 años.

Cinco días después del inicio del alquiler, agentes de la unidad especial RAID irrumpieron en la casa. La puerta principal fue forzada y el interior quedó totalmente revuelto.

Los hechos ocurrieron en Bourges, en el centro de Francia. La vivienda había sido ocupada por varias personas y en el interior encontraron restos de comida, basura y múltiples indicios de la actividad criminal: ropa, ropa interior y preservativos.

Seis personas fueron detenidas, acusadas de integrar una red de prostitución y extorsión, con episodios de violencia contra clientes. Cuatro de ellas, de entre 19 y 22 años, permanecen en prisión preventiva, según ha recogido TF1.

Las sospechas ignoradas

Todo parecía normal. El cliente se presentó como un hombre de negocios, lo que tranquilizó a los propietarios. Sin embargo, el día de la entrega de las llaves surgieron las primeras dudas. El hombre llegó acompañado de una joven que no hablaba, evitaba la mirada y no llevaba equipaje.

“Sentimos que algo andaba mal, pero pensé que tal vez era timidez”, ha explicado el propietario. Días después, se confirmó que la joven tenía solo 13 años y que estaba siendo obligada a prostituirse bajo amenazas de individuos armados.

Intervención urgente para proteger a la víctima

La rapidez de la operación policial estuvo motivada por el riesgo inminente para la menor. “Lo que nos impulsó a actuar con tanta rapidez fue el temor a que la víctima desapareciera en los próximos días”, ha explicado la fiscal Céline Visiedo.

La investigación apunta a una organización que utilizaba viviendas de alquiler temporal como base de operaciones, lo que facilitaba su movilidad y dificultaba su detección. “Se trata de lugares de prostitución efímeros”, ha subrayado la magistrada.

Un fenómeno en expansión

El caso no es aislado en Francia. En París, otra propietaria descubrió, gracias a una cámara en la entrada, un flujo constante de hombres que acudían a su vivienda durante el periodo de alquiler. “Tenemos intervalos de 20, 30, 40 minutos, y nunca son las mismas personas”, relató.

Según datos de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Personas, el fenómeno ha crecido de forma notable: si en 2016 el 34% de la prostitución se ejercía en inmuebles alquilados, hoy esa cifra alcanza el 93%. “Nos sentimos un poco impotentes. Es grave y es repugnante”, ha recalcado el propietario.

Multas dispares

Mientras la legislación sanciona desde hace una década a los clientes con multas de 1.500 euros, los propietarios pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión y multas de 750.000 euros si no actúan ante las actividades.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar la identidad de los inquilinos, evitar los pagos en efectivo y no entregar las llaves a terceros no identificados. Ante cualquier sospecha, se debe contactar con la policía y notificar a los ocupantes de que se ha dado aviso.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusa negligencia institucional en los casos de Ana Febe Rojas Vega y Edith Guadalupe, cuyos feminicidios en Ciudad de México muestran que la falta de acción de las autoridades sigue cobrando vidas, destaca la organización.

Según la red, los hechos recientes exhiben una tendencia donde las fiscalías minimizan la violencia y desatienden obligaciones legales, lo que agrava el riesgo para mujeres y familias.

En el caso de Edith Guadalupe, el cual conmocionó a los capitalinos y llevó a movilizaciones entre el 15 y 17 de abril, la familia reportó de inmediato la desaparición y entregó información clave a las autoridades, incluyendo la ubicación en tiempo real de la joven.

La actuación de la Fiscalía llegó dos días después y la localizaron sin vida, pese a que existen protocolos que permiten la intervención urgente ante riesgo inminente. El Observatorio advirtió que las omisiones de este tipo no son aisladas y recalca que cada retraso tiene consecuencias irreparables.

Fiscalía clasifica feminicidio como homicidio culposo

La muerte de Ana Febe Rojas Vega, egresada de la FES Acatlán, ocurrió el 24 de marzo. Su esposo fue señalado como presunto responsable, pero la Fiscalía de Cuajimalpa clasificó el caso como homicidio culposo, no feminicidio. Para el Observatorio, esta actuación representa un retroceso, pues ignora la reciente propuesta de Ley de Feminicidio y recomendaciones internacionales. El seguimiento del caso por parte de la organización reveló que la investigación fue minimizada y se ignoraron avances en derechos de las mujeres.

El 15 de abril, Edith Guadalupe desapareció en la alcaldía Benito Juárez tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Aunque la familia denunció de inmediato, la Fiscalía capitalina se negó a activar mecanismos de búsqueda eficaces y exigió esperar 72 horas para iniciar la pesquisa. Mientras tanto, la familia recorrió calles y revisó cámaras por cuenta propia, logrando ubicar el sitio donde Edith ingresó. La Fiscalía intervino hasta el 17 de abril. La organización señaló que no aplicar los protocolos de intervención urgente es una omisión grave y determinante.

• La familia de Edith entregó datos de geolocalización en tiempo real.
• La autoridad retrasó la búsqueda dos días pese a los riesgos.
• La Fiscalía minimizó la desaparición bajo prejuicios y obstaculizó la denuncia.

El Observatorio exige acciones y resultados inmediatos

El Observatorio exigió investigaciones con debida diligencia conforme a estándares nacionales e internacionales, respeto al debido proceso y que se evite la revictimización de las familias. Señala que la actuación del Ministerio Público en el caso de Edith fue negligente y contraria a la legalidad. El feminicidio de Edith, afirma el Observatorio, pudo haberse evitado si la autoridad hubiera actuado con urgencia.

La organización llamó a reforzar el protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios, así como a implementar de manera efectiva mecanismos de búsqueda especializada. Sostuvo que la creación de protocolos y reformas es insuficiente mientras las fiscalías sigan operando con inercias y falta de debida diligencia. La justicia para Ana Febe y Edith, concluyó, no puede esperar.

Las omisiones en el reciente caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés; la lucha de justicia de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía asesinada en 2010; así como la falta de investigación y la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, fueron retomados durante el debate de la Ley general en materia de feminicidio aprobada en la Cámara de Diputados.

Con 467 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada por unanimidad, por lo que se dará cumplimiento a la declaratoria de publicidad de este dictamen.

El debate resaltó la necesidad de justicia en México

Las legisladoras que tomaron la tribuna, destacaron que con esta reforma no acabará con el delito, pero sí representa un paso importante para la homologación del delito, lo cual permitirá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.

De igual forma, instaron a los congresos locales para avanzar en la legislación y a las autoridades de los estados para apegarse y conocer el término “feminicidio”, destacaron el sentido de no olvidar cada uno de los casos que cada día hiere a la sociedad y acecha a las mexicanas.

“No es cierto que llegamos todas”, comentaron las diputadas de la oposición sobre la falta de justicia en los casos de violencia contra las mujeres, un tema que persiste, aún en la administración de Sheinbaum.

Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada del PRI, encendió la tribuna, debido a que soltó un par expresiones que desentonaron con el discurso dado por la mayoría de las legisladoras:

“Subo a esta tribuna con mucho coraje, por Edith y por todas las madres buscadoras... Simplemente yo que fui violentada y no he recibido respuesta, mis violentadores van a ser candidatos, yo creo que aquí lo que debemos hacer es dejarnos de hacer pendejos, porque sabemos lo que está pasando en nuestro país”.

Esta situación desencadenó señalamientos por parte de diputadas de Morena y el PT, ya que acusaron que parte del discurso de la priista “las violenta”.

Otro tema que resaltó en el debate fue la falta de presupuesto en materia de mujeres, ya que denunciaron que debido a la falta de recursos se ha entorpecido el trabajo en Ministerios Públicos o en mecanismos que pueden prevenir la violencia o apoyan a víctimas de violencia como los refugios.

Lilia Agilar Gil, diputada del Partido del Trabajo (PT), recriminó que Margarita Zavala se subiera a la tribuna por el incremento en cifras en materia de desaparición y violencia contra las mujeres durante el sexenio del expresidente, Felipe Calderón. Por lo que, la bancada del PAN contestó asegurando que Morena y la alianza violenta a las mujeres retomando el discurso de: “La esposa de”.

Así quedó el dictamen de la Ley de Feminicidio

El dictamen sobre la Ley de Feminicidio, impulsado por la presidenta, establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación general en materia de feminicidio, conforme al artículo 73 de la Constitución.

Mientras tanto, las leyes federales y locales existentes sobre feminicidio seguirán vigentes hasta que entre en vigor la nueva ley general.

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

• Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
• Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
• Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

El dictamen otorga al Congreso de la Unión nuevas facultades para legislar sobre el feminicidio, lo que permitirá homologar el tipo penal en todo el país y facilitar el acceso a la justicia.

Se busca reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente, priorizando los derechos humanos de mujeres y niñas.

Con esta aprobación, el Gobierno de la República busca cumplir compromisos en materia de igualdad y combate a la violencia de género, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

• Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.
• Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención, investigación y sanción del delito.
• El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

La nueva legislación representa un paso para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y mejorar la eficacia de las acciones estatales en la materia.

Prácticamente un mes después de que la eliminación para el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina pusiera patas arriba el entramado de la Federación Italiana de Fútbol, una investigación señala directamente a numerosos futbolistas de la Serie A como clientes de prostitutas y drogas durante las fiestas que organizaba una compañía que ofrecía sus servicios por redes sociales.

El 23 de agosto de 2024, una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar lo que había vivido desde 2019 en un edificio de Cinisello Balsamo, a las afueras de Milán.

El caso, adelantado por La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que actuaba bajo la tapadera de empresa de eventos llamada Ma.De Milano, especializada en ocio nocturno. Sin embargo, en la práctica, según la Fiscalía, era el eje de una red de prostitución con una facturación superior a 1,2 millones de euros.

Fiestas “todo incluido” tras los partidos

Tras los encuentros de la Serie A, los clientes (principalmente futbolistas) accedían a paquetes exclusivos que arrancaban en locales de moda y podían terminar en habitaciones privadas con escorts. Espacios como Pineta Milano, Langosteria Bistrot o Voya Rooftop formaban parte del circuito habitual.

“Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, recogen documentos de la Fiscalía difundidos por Tg1.

Para garantizar la discreción, la organización evitaba hoteles convencionales y utilizaba sus propias estancias en Cinisello Balsamo. El servicio se promocionaba incluso en redes sociales, dirigido a clientes dispuestos a pagar “sumas significativas”.

El gas de la risa

Uno de los elementos más llamativos es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, “se utiliza como sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo es indetectable mediante las pruebas antidopaje estándar”, lo que lo hacía especialmente atractivo para deportistas de élite.

En las escuchas telefónicas se refleja un uso intensivo del gas: “Necesitamos globos... Estamos en el Duca, en Me Milan”, se repetía, según recogen los diversos medios italianos.

Pero la red no se limitaba solo a Milán. En verano se trasladaba a Mykonos (Grecia) y, según la testigo principal, se organizaban fiestas casi a diario.

Es más, ni el confinamiento por la pandemia frenó la actividad. En abril de 2021, en plena emergencia sanitaria, se identificó a 17 personas reunidas en la sede, cuando este tipo de encuentros estaban prohibidos.

Un piloto de Fórmula 1

Además de los futbolistas, también hay grandes nombres fuera de otras disciplinas deportivas. En las escuchas telefónicas aparece la referencia: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán esta noche y quiere una chica”.

Ni su identidad ni la de otros clientes ha sido revelada, y ninguno está siendo investigado.

Cuatro detenidos y más de un millón incautado

La operación de la Guardia Civil di Finanza se ha saldado con cuatro detenidos, considerados el núcleo de la organización. Entre ellos están Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, principales responsables, quienes han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario.

Se enfrentan a delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por otra parte, están los clientes, alrededor de 70 futbolistas, según ANSA, quienes no serán investigados: “No es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes”, explicaron fuentes de la Guardia di Finanza.

Entre los equipos mencionados en el contexto del caso aparecen clubes como Inter, Milan o Juventus, aunque sin nombres concretos.

El acusado de asesinar a Débora M.D. y ocultar su cuerpo durante seis meses, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial los hechos, asegurando que actuó en un “arrebato” tras perder “el control”. El proceso judicial, que ha comenzado hoy y cuenta con jurado popular, se desarrolla tras casi dos años de investigaciones y con la petición de quince años de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

La vista de hoy ha recogido el testimonio del principal sospechoso, el marido de la víctima, quien ha relatado cómo transportó el cuerpo de Débora tras la discusión que acabó con su vida: la envolvió en plástico y una manta y la llevó hasta una nave industrial en Málaga de su propiedad, donde lo enterró bajo hormigón y maquinaria pesada. Durante medio año, mantuvo la desaparición en secreto. De hecho, manipuló el teléfono de Débora para que familiares y allegados creyeran que ella se había marchado voluntariamente.

La discusión entre el acusado y Débora se centraba en la intención de la mujer de divorciarse. El autor del crimen ha añadido que todo sucedió “muy rápido”; “me nublé”. Sin embargo, la Fiscalía señala que la agresión demostró “expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad”.

“Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad”

La pareja convivía con sus dos hijas, de 5 y 17 años, en el domicilio donde ocurrieron los hechos el 28 de marzo de 2022. Tras el crimen, el acusado trasladó el cadáver en una carretilla hasta su furgón y posteriormente a la nave industrial, donde “excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima”, junto con efectos personales, como su bolso y tarjetas bancarias, tal y como ha recogido EFE.

Además, el hecho de haberse hecho pasar por ella todos esos meses hasta que el cuerpo fue hallado por la Policía Nacional ha motivado que la fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres, insistiera ante el juzgado que: “Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad, que él no permitía”, y reclamó “sentido común y sensatez” en su condena.

Por su parte, el acusado ha afirmado que solo pensaba “en que mis hijas no supieran lo que había pasado”. Por lo que, pese a que “no pensaba” en ese momento qué hacer con el cadáver, “desgraciadamente oculté el cuerpo de mi mujer”. Durante los seis meses que estuvo bajo el hormigón de la nave industrial, asegura que vivió “una carga grandísima”.

Pero no fue hasta su cuarta declaración ante el cuerpo policial que confesó “todo”. Un momento que llegó después de que un amigo de Débora que vivía en Palma de Mallorca denunciase su desaparición, ya que la víctima, de origen brasileño y nacionalidad española, no tenía familiares directos en España. Asimismo, ha pedido “perdón por los daños causados” a su familia, incluidas sus hijas, como ha recogido Europa Press. Del mismo modo ha afirmado que ha renunciado “a todo” en favor de ellas: “Ojalá pudiera volver atrás”.

Había denunciado al acusado por malos tratos en 2012

Los antecedentes del agresor evidencian que la víctima ya había denunciado al acusado en 2012 por malos tratos. No obstante, la denuncia no fue ratificada en sede judicial. Años más tarde, en 2021, la mujer fue atendida en un hospital por lesiones compatibles con otra agresión, lo que llevó a la activación del protocolo por supuesta violencia de género, aunque tampoco formalizó la denuncia.

Ahora, la Fiscalía solicita una indemnización de 300.000 euros para las dos hijas, mientras que la acusación particular eleva la petición a 500.000 euros. El acusado ha abonado ya una cantidad de 145.000 euros. El abogado de la acusación particular, Mario García, ha indicado que busca “procurar la defensa de las menores en el sentido de que patrimonialmente se quedaran en mejor situación”, reconociendo así la colaboración del acusado en ese aspecto.

Por su parte, la defensa del procesado aboga por una condena de cinco años y la aplicación de los atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, argumentando que el acusado confesó “voluntariamente” y que, sin su testimonio, “posiblemente el cuerpo no habría aparecido”. Aun así, tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazan la atenuación de la pena, al considerar que “pasaron seis meses” hasta que se encontró el cuerpo y que “no ha resarcido todo el daño moral” a las hijas de la víctima. Por el momento, queda esperar la intervención de testigos y peritos en los próximos días para conocer el veredicto del jurado.

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha aceptado investigar la denuncia de una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que un médico forense la examine para evaluar los daños que pudo haber sufrido.

La jueza considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos de acoso sexual y laboral, maltrato, lesiones, amenazas y revelación de secretos, y que corresponde a su juzgado investigarlos. Esta decisión se tomó poco después de que la Fiscalía pidiera reactivar el caso, ya que el proceso llevaba tiempo parado.

El PP “no activó los protocolos de protección”

La exconcejala presentó la querella contra Bautista el pasado 17 de febrero. Su abogado asegura que no recibió apoyo del PP y que fue revictimizada dentro del partido, formación que la exedil abandonó en octubre de 2024.

La querella formalizada expone que parte de los hechos transcurrieron en ámbitos privados, lo que complica su investigación, y denuncia la desaparición de correos electrónicos oficiales de la víctima. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, argumenta que la falta de protección y respuesta dentro del partido llevó a su clienta a recurrir a la vía penal.

La denuncia incluye pruebas que, según el letrado, demuestran la supuesta solicitud de favores sexuales y un posterior hostigamiento laboral cuando ella se negó, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento, por lo que terminó dejando su puesto. La denuncia también se dirige contra el Partido Popular como organización, por considerar que no activó los protocolos de protección y no respondió institucionalmente.

Además, la exconcejala denuncia la difusión de correos electrónicos intercambiados con la Comunidad de Madrid, enviados a varios medios y donde se habría revelado su identidad. Su abogado sostiene que esto podría constituir un delito de revelación de secretos.

El alcalde niega las acusaciones

Por su parte, Manuel Bautista niega todas las acusaciones. El Ayuntamiento de Móstoles aseguró el pasado viernes que las acusaciones contra el alcalde “son falsas” y carecen de “credibilidad”, y que él aún no ha recibido la querella oficialmente. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al alcalde, al considerar que se encuentra “en situación de indefensión”, y acusa al Gobierno central de tratar el caso de forma abusiva.

Otros casos en el ámbito político

Las denuncias por acoso sexual en el ámbito político, que también afectan a figuras como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, o Francisco Salazar, exdirigente socialista, evidencian cómo a pesar de los avances en igualdad y leyes de protección, persisten entornos laborales masculinizados que no garantizan espacios seguros para las mujeres, tal y como señalaron expertas consultadas por Infobae en este artículo.

Estos casos también reflejan la persistencia de dinámicas de poder y estructuras jerárquicas que dificultan la denuncia y la protección efectiva de las víctimas. Las expertas también recuerdan que la respuesta institucional suele ser insuficiente y que la presión social sobre las denunciantes puede llevar al silencio o al abandono de sus cargos.

(Con información de EFE)

La salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres es una decisión que preocupa a organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), la cual ha hecho un llamado al gobierno federal para garantizar la continuidad en materia de derechos de las mujeres en México.

La renuncia de la exfuncionaria fue anunciada durante la “Mañanera del Pueblo” este jueves, donde la presidenta Claudia Sheinbaum comentó los motivos de la decisión:

“Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres y se va al partido. Casi me voy de espaldas, me dijo: hablé con Luisa María y quiero ir a ayudarles al partido”.

Salida de Citlalli Hernández se da en un momento clave

La organización dedicada a la prevención de la violencia contra las mujeres aseguró que la salida de Hernández Mora ocurre en un “momento clave para la política pública dirigida a garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres”, por lo que calificó como indispensable mantener las acciones y programas de atención.

Aseguró que es un momento que abre la oportunidad para que los pendientes sean atendidos, de tal forma que, los avances fortalezcan la política pública “con enfoque de derechos e igualdad hacia una política de Estado feminista”.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, el cual instaron a traducir en resultados concretos que lleven a “acciones conjuntas”.

¿Cuál es el motivo detrás de la renuncia?

Rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo en 2027, la presidenta Sheinbaum recordó un poco del papel estratégico que jugó Citlalli Hernández en los comicios de 2024:

“Entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema”.

También destacó su trabajo al frente de la secretaría: “Llegó creo que a 500 Centros Libres o más. La Red de Tejedoras de la Patria también de manera excepcional y es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora”.

Cambia el puesto para dirigir la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Más tarde, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, informó que la exsecretaria de las Mujeres llega al partido para presidir la Comisión Nacional de Elecciones, detalló que hace unos días le propuso regresar al partido para apoyar en el proceso electoral que se avecina, debido a la relevancia de los cargos que se elegirán.

La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue uno de los logros atribuidos a su gestión, considerada una pieza clave en la articulación de acuerdos políticos previos.

El exciclista cántabro Óscar Freire ha sido detenido después de que su mujer le denunciara el domingo por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar. La esposa acudió sobre las 14:00 horas del 12 de abril al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al tricampeón mundial, del que se está divorciando actualmente, por agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.

Según el relato de la mujer, recogido en un atestado policial que ha difundido Europa Press, el deportista “siempre ha sido muy controlador” durante toda su relación, pero los malos tratos habrían comenzado en 2023, después de dos décadas de matrimonio. La pareja ha mantenido “muchas discusiones violentas” estos últimos tres años, algunas de ellas delante de sus hijos, según lo que ha relatado a la Guardia Civil.

Pese a estar separados desde noviembre de 2025, asegura sufrir un “acoso continuo” por parte de Freire, que le habría colocado micrófonos en el coche y en casa y localizadores GPS en el vehículo, además de duplicar su WhatsApp. La denunciante afirma que el control de Freire sobre ella “es total”, “siempre sabe dónde está y lo que hace” y es “muy celoso y posesivo”, según el atestado recogido por la Benemérita.

Insultos, amenazas y múltiples amantes

La denunciante ha relatado a los agentes algunas de las múltiples “discusiones violentas” que habría mantenido con el exciclista. En uno de los episodios, ocurrido en septiembre de 2025, Freire le habría arrebatado el teléfono con violencia, cuando ella intentaba llamar al hermano de su marido, y se lo estrelló contra el suelo.

Tras ver a Freire “muy agresivo”, ella amenazó con llamar a la Policía. El exciclista respondió agarrándola fuerte de los brazos y empujándola contra la puerta, iniciando un forcejeo del que la mujer se pudo escapar para abandonar la vivienda.

En otra ocasión, el deportista habría comenzado a destrozar los muebles de la casa en plena madrugada, mientras sus hijos estaban en la vivienda. Según el relato de la mujer, Freire habría quitado un lienzo de la pared, del que arrancó su cara, profiriendo a la mujer: “Esto es lo que quieres”, para después tirarle la fotografía a la cara. La esposa del ciclista asegura que, durante estas peleas, el exciclista profería insultos, comentarios vejatorios sobre su físico y le habría amenazado con “hacerle la vida imposible”, dejarle “sin un duro” y también que iba a perder a sus hijos.

La denunciante también ha asegurado, informa Europa Press, que su marido llevaba “una vida paralela” en los últimos dos años, manteniendo relaciones con otras mujeres. Es un aspecto que el exciclista no escondía y, de hecho, obligaba a la mujer “a realizar prácticas sexuales que hacía con sus amantes”. “Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar”, le habría espetado a su esposa. Ella afirma que terminaba accediendo a mantener relaciones sexuales, “sin ganas y por no discutir”.

El último desencuentro habría ocurrido el pasado domingo, cuando ella se dirigía a misa en la iglesia de Puente San Miguel. Freire habría entrado después que ella al servicio y, aunque en un inicio se sentaron en bancos separados, el hombre se cambió después para colocarse junto a ella. Después se inició una discusión.

La mujer le habría dicho que ese no era el lugar e intentó irse, pero él la retuvo agarrándola “fuertemente” del brazo. Finalmente pudo levantarse y abandonar la iglesia. Una vez fuera del lugar de culto, intentó llamar al hermano del exciclista, momento en el que él le arrebató el teléfono, aunque posteriormente se lo entregó. El episodio ocurrió “delante de mucha gente”, según la denunciante, que acudiría menos de dos horas después a la Guardia Civil.

Freire fue detenido el domingo sobre las 19:00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Este lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5. La denunciante ha acudido acompañada de su letrada, María Mendieta, a prestar declaración.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba, dos días después de haber sido detenido por agredirla, según han confirmado a EFE fuentes policiales. El hombre, de 65 años, provocó una situación de riesgo en el edificio donde han ocurrido los hechos, al llenar de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Tras ser detenido el pasado sábado y pasar a disposición judicial, el agresor quedó en libertad con medidas cautelares, según fuentes próximas a la investigación, que también han explicado que ambos estaban citados hoy en el juzgado. Tanto la víctima como el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa. Tras cometer el asesinato, el hombre se ha atrincherado en la vivienda y ha inundado de gas el portal del edificio, si bien finalmente los bomberos han logrado entrar en el piso, donde han comprobado que la mujer había fallecido por heridas de arma blanca. Los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre.

Los feminicidios se elevarían a 16 en lo que va de año

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado en su perfil de la red social X que está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género. De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia machista se elevaría a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos.

Este domingo, la Policía también detuvo a un hombre que había quebrantado una orden de alejamiento tras la muerte de una mujer de 37 años que cayó desde un tercer piso en Pamplona. Las autoridades tratan ahora de esclarecer si la caída fue accidental o si concurren circunstancias que vinculen al arrestado con lo ocurrido.

Los hechos se produjeron de madrugada en el número 4 de la calle Sanduzelai, en el domicilio en el que residía la víctima, de origen nicaragüense, junto a otras personas. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y sanitarios tras recibir el aviso, si bien los servicios médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

(Con información de EFE)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 44 años ocurrido el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), elevando a 15 el número de víctimas de violencia de género en 2026 y a 1.358 desde 2003, según datos oficiales. El presunto autor del caso fue detenido por la Ertzaintza el 3 de abril.

La mujer, de 44 años, fue asesinada el pasado miércoles 1 de abril en su vivienda. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a una indisposición, el análisis forense de la Ertzainzta confirmaría después una posible muerte violenta. Por este hecho, la pareja de la víctima, de 45 años, fue detenida dos días después. Posteriormente, fue puesta en libertad provisional por decisión judicial, con la obligación de presentarse ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao y la retirada de su pasaporte, según informó el Ministerio de Igualdad.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más rotunda condena y absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, al tiempo que trasladaron su apoyo a los allegados de la víctima. El ministerio ha pedido “todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Asesinada por su pareja en Basauri

El arrestado por este nuevo crimen machista es la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, arrestado por su presunta implicación en la muerte violenta. El detenido tenía antecedentes por violencia de género, si bien se desconoce si se debe a hechos relacionados con la víctima o con otra mujer. El hombre permaneció bajo custodia policial, hasta ser puesto en libertad provisional. Se le acusa de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Colectivas, organizaciones y activistas feministas denunciaron que recientemente se han generado casos de intimidación en contra de mujeres que atraviesan algún proceso por violencia vicaria, a través de mecanismos que facilitan la manipulación de la información.

En un comunicado, las 14 colectivas firmantes, entre estas el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señalaron que presuntamente los agresores vicarios utilizan dichos mecanismos para tergiversar las narrativas de las víctimas y con ello, “seguir controlando y generando miedo”.

Acusaron que esto surgió luego de que el autodenominado Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, al cual señalaron de promover un discurso “machista y antiderechos con el lema #SoyPapaNoCriminal”, difundió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) habría aceptado establecer un protocolo de colaboración con dicho grupo.

No obstante, las organizaciones afirmaron que “tras verificar la información”, se confirmó que no existe dicho acuerdo, pues “en cumplimiento de su mandato como organismo público”, la CEEAVI únicamente les concendió una audiencia, en la cual no se pactó ningún protocolo.

Esto lo calificaron como “una evidencia más de cómo los agresores vicarios tergiversan la información”, con el objetivo de incidir en la percepción pública y aparentar legitimidad institucional como forma de intimidación, así como para “generar miedo, preocupación y angustia en las mujeres víctimas”, intentando hacer creer que ellos “tienen el control y la verdad en la mano”.

“Se trata de una práctica recurrente que aprovecha la misoginia y el machismo aun imperantes en la sociedad para cambiar la narrativa a su favory perpetuar la violencia”, agregaron.

En el mismo documento, las organizaciones expusieron el caso de un supuesto representante en Puebla del colectivo, identificado como David N, asegurando que él “no es víctima de falsas denuncias”.

Detallararon que en este caso existen antecedentes documentados de violencia vicaria y “terrorismo judicial” ejercidos contra una mujer identificada como Daniela, quien estuvo separada de su hija durante siete años por acusaciones fabricadas y por el abuso de vacíos legales.

Las colectivas firmantes piden a la CEEAVI que aclare públicamente que no existe acuerdo con ese colectivo y que reafirme su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, solicitan que se evite el uso de falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas, puntualizando que la Ley Vicaria responde a un problema real y documentado, reconocido por organismos nacionales e internacionales y advirtieron que la legitimidad “no puede ser socavada por colectivos que buscan proteger a agresores”.

Las organizaciones y activistas reiteran que seguirán defendiendo el derecho a una vida libre de violencia y aseguran que no permitirán que quienes ejercen violencia vicaria se presenten como víctimas para continuar dañando a mujeres, hijas e hijos.

“Solicitamos respetuosamente que la CEEAVI se pronuncie para aclarar que no existe acuerdo alguno con este colectivo y reafirmar el compromiso institucional con el derecho de las mujeresa una vida libre de violencia, evitando que se utilicen falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas.

“Reafirmamos que la Ley Vicaria responde a una problemática real y documentada, reconocidapor organismos nacionales e internacionales. Su legitimidad no puede ser socavada por colectivos quebuscan proteger a agresores”, concluyó.

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz, Vizcaya, tras apuñalar varias veces y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, una mujer de 38 años, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes en el domicilio familiar.

La intervención de los cuatro hijos e hijas y un vecino ha conseguido frenar la agresión antes de la llegada policial, aunque una de las menores, de 15 años, ha resultado herida leve al tratar de proteger a su madre.

Fue una llamada telefónica la que alertó a la Ertzaintza sobre un posible apuñalamiento. Varios agentes acudieron rápidamente al lugar y encontraron al agresor en la calle, donde lograron detenerlo. La víctima, una mujer de origen subsahariano, al igual que el detenido, fue hallada en el interior de la vivienda con varias heridas de arma blanca y en estado grave. Los agentes le aplicaron un torniquete para frenar la hemorragia antes de que el helicóptero la trasladara al hospital de Cruces.

El detenido ya ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes mientras la Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

Otro detenido en Toledo por violencia machista

Este mismo lunes, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que llevaba un año escondido en un domicilio de Seseña, en Toledo, después de agredir gravemente a su expareja con un destornillador. Se le imputan los delitos de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad.

Este caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el hombre violó la orden de alejamiento y atacó a su expareja en su lugar de trabajo. La víctima sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica y a la intervención de vecinos y compañeros, que evitaron que el ataque continuara.

Durante el año que estuvo prófugo, el detenido tomó precauciones para no ser localizado. No utilizó dispositivos electrónicos, no renovó su documentación y redujo al mínimo su contacto con otras personas.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.