Aunque en la última década México ha impulsado políticas para combatir la violencia contra la mujer, reducir la brecha laboral de género y erradicar los feminicidios, los avances en igualdad siguen siendo limitados en la vida cotidiana.

El rezago persiste en el ámbito familiar, escolar y comunitario, donde los estereotipos, las prácticas discriminatorias y la normalización de la violencia continúan reproduciéndose desde la infancia.

El impacto de estas carencias atraviesa generaciones, frenando el acceso efectivo a derechos, oportunidades y una convivencia libre de violencia para las infancias y juventudes del país.

En el Día de las Niñeces, el colectivo GENDES plantea que combatir el machismo desde la infancia requiere transformar la crianza y la educación emocional y sexual en casa y escuela, según el informe “Jugando a ser grandes”.

La organización advierte que la familia y el entorno educativo son los espacios donde se transmiten las reglas sobre cómo deben comportarse niñas y niños, y destaca que estos aprendizajes no son permanentes.

El informe identifica que la gestión emocional y la educación sexual integral son temas poco abordados en la infancia.

Solo el 26% de niñas, niños y adolescentes declara estar plenamente satisfecho con el comportamiento de su padre, mientras el 36% reporta no vivir con él y el 9% afirma no tener relación con su padre.

La figura paterna continúa vinculada al rol de proveedor y autoridad, aunque el 67% de niñas y niños considera que un buen papá debe ser cariñoso y el 51% desea mayor presencia y juego con el padre.

La corresponsabilidad doméstica y de cuidados sigue recayendo en madres y abuelas.

El informe de GENDES señala que cuando los hombres participan en tareas del hogar, su acción suele verse como “ayuda” y no como un deber compartido.

Desde la infancia, niñas y niños reproducen una división sexual del trabajo: ellas cuidan y preparan alimentos, ellos hacen tareas físicas. La ausencia de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad contribuye al abandono de niñas, niños y adolescentes en muchos hogares.

La gestión emocional y la educación sexual, tareas pendientes

El 19% de niñas, niños y adolescentes no sabe cómo manejar sentimientos negativos y el 14% carece de alguien con quien compartir sus emociones.

Las madres son la principal figura de confianza emocional, seguidas de amistades del mismo sexo; el padre ocupa un rol lejano.

El control emocional predomina como ideal: se exige a los hombres contener o reprimir sus emociones. El discurso familiar sobre sexualidad se centra en riesgos, omitiendo identidad, diversidad y placer.

El 68% de adolescentes acudiría a un adulto para resolver dudas, pero los adultos muestran incomodidad para el diálogo.

La violencia se aprende y normaliza principalmente en el hogar. El 52% de niñas y niños identifica a la familia como principal espacio de aprendizaje de la violencia y el 67% reconoce el golpe como violencia, aunque el 27% lo rechaza como tal.

Niños y adolescentes varones consideran la violencia “natural e inevitable” en mayor proporción que las mujeres.

Recomendaciones para transformar la crianza y la educación

GENDES recomienda generar programas de crianza positiva y medidas legislativas para la corresponsabilidad masculina, así como políticas de conciliación laboral-familiar.

El colectivo plantea la promoción y difusión de paternidades afectivas y corresponsables, atención y acompañamiento en salud mental infantil y educación sexual integral con perspectiva de género y derechos.

En el ámbito escolar, el informe urge a incluir la gestión emocional y la formación socioemocional desde la educación inicial, ampliar la educación sexual y formar a docentes en igualdad de género y diversidad sexual.

Propone incorporar prácticas para el respeto, la empatía y el reconocimiento de nuevas masculinidades.

Para los medios de comunicación, GENDES recomienda difundir historias de paternidades positivas, visibilizar nuevas masculinidades y promover debates informados sobre igualdad de género y alternativas no violentas en la convivencia.

Conforme a lo estipulado, lo mínimo que debe contener son dos factores:

• Los tipos penales
• Las sanciones

27 congresos locales aprobaron la reforma impulsada por Sheinbaum

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, comentó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Los 27 congresos que aprobaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, son:

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán de Ocampo
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz de Ignacio de la Llave
• Yucatán
• Zacatecas
• Ciudad de México

Cabe destacar que el dictamen aprobado estipula que dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor, el Congreso de la Unión deberá expedir dicha legislación.

Puntos destacados de la iniciativa

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

• Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
• Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
• Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 constituye uno de los ejes de la reciente aprobación impulsada por el gobierno de la presidenta, cuyo objetivo reside en atender compromisos relacionados con la igualdad y el combate a la violencia de género.

Esta iniciativa pretende reducir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia, poniendo en el centro los derechos humanos de mujeres y niñas.

• Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.
• Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención, investigación y sanción del delito.
• El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

Una ley necesaria ante la violencia contra las mujeres

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS) han registrado al menos 148 feminicidios a nivel nacional en el primer trimestre del 2026.

Entre los estados con mayor presencia de este delito se encuentran:

• Sinaloa con 15 casos registrados
• Chiapas con 13 casos registrados
• Ciudad de México y Estado de México con 11 casos registrados
• Sonora con 10 casos registrados
• Veracruz con 9 casos registrados

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar las quejas presentadas contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Las protestas tienen su origen en unas declaraciones realizadas en una jornada formativa en el Colegio de la Abogacía de Madrid en las que cuestionó el sistema de denuncias en materia de violencia de género y aseguró que las mujeres cuentan con “tantas ventajas” para denunciar.

La decisión ha sido adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, quien deberá determinar si las manifestaciones del magistrado tienen relevancia suficiente para derivar en la apertura de un expediente disciplinario o si procede el archivo de las actuaciones. La incoación de diligencias constituye el primer paso en este tipo de procedimientos y tiene como finalidad comprobar la veracidad de los hechos y su posible encaje en el régimen disciplinario de la carrera judicial.

El origen de la polémica se sitúa en una intervención pública del juez el pasado 18 de febrero, en el marco de una jornada jurídica centrada en los criterios de competencia en materia penal y civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. Durante su exposición, Maman sostuvo que muchas denuncias “se ve que no tienen demasiado sentido” y que, en ocasiones, responden a una estrategia orientada a obtener órdenes de protección de forma inmediata.

“Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”, planteó el magistrado ante un auditorio compuesto por profesionales del ámbito jurídico. En la misma intervención, cuestionó el sistema de asistencia jurídica al afirmar que a las denunciantes “se les da asistencia jurídica gratuita aunque tengan un millón de euros en la cuenta” y que cuentan con abogado de oficio desde el primer momento. “¿Pero qué pierde?”, insistió.

El juez también se mostró crítico con el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género, que combinan competencias penales y civiles, y que, a su juicio, se han convertido en “un camino casi forzado”. En ese contexto, señaló que los abogados “tienen una gran afición a visitarnos” y que, aunque lo entiende, se intenta “forzar una vía”.

Asimismo, el magistrado sostuvo que los procedimientos judiciales “se eternizan” y apuntó a posibles consecuencias en el ámbito familiar durante ese tiempo. En concreto, afirmó que “la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño” y que se produce un distanciamiento progresivo respecto al padre.

Las reacciones a sus palabras

Las declaraciones provocaron la reacción de asociaciones feministas, que solicitaron el apartamiento del juez del procedimiento que instruye contra el exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, investigado por una presunta violación. La controversia se vio intensificada por el hecho de que la intervención pública del magistrado tuvo lugar apenas un día después de que la denunciante compareciera ante él para ratificar su denuncia.

Un mes después de aquellas manifestaciones, el juez rechazó la petición de la denunciante de prohibir a González comunicarse con ella, una decisión que ha sido también objeto de atención en el marco de las críticas vertidas contra su actuación.

Las quejas ante el CGPJ se han articulado a través de distintas iniciativas, incluidas campañas promovidas para formalizar denuncias disciplinarias contra el magistrado. En ellas se cuestiona que sus declaraciones puedan suponer una falta de consideración hacia las víctimas de violencia de género y un cuestionamiento del sistema de protección vigente.

El órgano de gobierno de los jueces tiene atribuida la competencia para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados cuando su conducta se aparta de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional, como la imparcialidad, la independencia o el respeto a las partes. Las sanciones previstas en la normativa pueden abarcar desde advertencias o multas hasta medidas más graves, como traslados forzosos, suspensiones o incluso la expulsión de la carrera judicial.

Fuentes del CGPJ señalan que la apertura de diligencias informativas es un trámite habitual ante la recepción de quejas, con el objetivo de realizar una primera verificación de los hechos denunciados. Tras esta fase inicial, el promotor deberá decidir si propone la apertura de un expediente disciplinario, que correspondería resolver a la Comisión Disciplinaria, o si, por el contrario, procede el archivo, decisión que requiere el aval de la Comisión Permanente.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sevilla acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la Feria de Abril, según ha informado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el último balance de incidencias de la celebración, que concluye hoy.

El arresto se realizó hacia las 3:40 de la madrugada en la calle Gitanillo de Triana y, además del presunto delito de agresión sexual, al detenido se le imputa un atentado contra la autoridad, ya que cuatro agentes resultaron lesionados durante su intervención. Este caso se suma a otro similar ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, cuando la Policía Nacional abrió una investigación tras la denuncia de una mujer que sufrió una agresión sexual en los baños de una caseta.

Además, solo en las últimas horas de la feria se han abierto otras diez diligencias , que han dejado un saldo de cuatro arrestos más: dos por atentado a la autoridad, uno por robo y cinco por delitos relacionados con el tráfico.

Entre las actuaciones policiales destaca también la detención de un individuo este domingo a las 7:50 en la Avenida Flota de Indias, tras irrumpir en la vía y poner en peligro su vida y la seguridad vial. Al intentar ser retirado, reaccionó de manera violenta contra los agentes.

Incidente en una atracción con cuatro heridos

Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno.

Respecto al incidente que se produjo el pasado viernes en esa atracción, cuatro personas resultaron heridas tras la rotura de una de las cuerdas del tirachinas mecánico conocido como ‘Steel Max’. El fallo provocó que la cápsula, donde se encontraban dos menores, cayera al suelo y ambos quedaran atrapados en el interior durante varios minutos. Si bien sufrieron algunas lesiones, ninguna era de gravedad. Otras dos personas del público necesitaron también atención médica tras ser alcanzadas por una de las cuerdas desprendidas durante el fallo.

La Feria de Abril transforma cada primavera el barrio de Los Remedios en una ciudad efímera, con más de mil casetas y una portada iluminada por más de 28.000 bombillas, que convierte el recinto en el principal punto de encuentro social de Sevilla durante una semana. La portada de este año ha rendido homenaje a la arquitectura local, con referencias al Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 y al Cenador de Carlos V del Real Alcázar, alcanzando los 40 metros de altura. La edición concluye a las 24:00 de este domingo.

(Con información de la agencia EFE)

Cada 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica para reivindicar los derechos de un colectivo que sigue siendo, en gran medida, ignorado por el sistema. Sin embargo, la visibilidad está lejos de ser un camino seguro. Para la periodista y autora de La única lesbiana de Ávila, Laura Terciado, ser visible hoy en día no es un estado natural, sino un “sobreesfuerzo de exposición y reafirmación” al que el sistema empuja a las mujeres: “La única lesbiana visible lo es porque mete ruido. Para que a una la reconozcan, tiene que gritar e insistir una y otra vez que lo es”.

Ese “ruido” no es un capricho, sino una respuesta necesaria a la hostilidad. Según el último estudio del CIS, el 11% de las mujeres en España se identifica como lesbiana o bisexual, una cifra que, trasladada a la población actual, supone más de 2,3 millones de ciudadanas. Pero la cifra convive con un dato alarmante: el informe Estado del Odio 2026 de la FELGTBI+ revela que el 41% de las lesbianas ha sufrido acoso en el último año y un 21% ha sido víctima de agresiones físicas. Sin embargo, las lesbianas son el colectivo que menos denuncia, con un 69% de víctimas que opta por no acudir a las autoridades.

La desconfianza hacia el sistema podría tener su origen en la memoria colectiva. Este lunes, el Ministerio de Igualdad celebra un acto institucional para homenajear a Dolores Vázquez, cuya condena por el asesinato de Rocío Wanninkhof permanece como el mayor exponente de cómo la lesbofobia puede actuar como motor judicial. Tras la desaparición de la joven Rocío en 1999, la investigación se centró en Vázquez por el único hecho de haber mantenido una relación sentimental con la madre de la víctima.

Sin pruebas biológicas, fue declarada culpable y pasó 519 días en prisión hasta que la detención del verdadero asesino, Tony King, demostró su inocencia. Durante el proceso, el sistema utilizó su orientación sexual para construir un relato que la presentaba ante el jurado como una mujer “fría y calculadora”.

Para Laura Terciado, este caso es el “eje” de la lesbofobia en el que basa su análisis sobre la violencia y el borrado sistemático. Según la periodista, lo que ocurrió con Vázquez demuestra cómo el sistema es capaz de criminalizar una identidad que se salga de la norma. “Sigue siendo necesario reivindicar porque falta archivo. La historia nos ha traducido siempre a algo que la heteronorma pueda comer sin atragantarse, tachando o quemando nuestra realidad”, reflexiona la autora.

Esa “falta de archivo” es la que obliga a realizar una “arqueología compleja”, según la periodista, para rescatar identidades que fueron camufladas bajo eufemismos. El ejemplo más claro para ella es el de Emily Dickinson, cuya relación con Susan Gilbert está documentada desde hace décadas y demostrada por cientos de cartas, pero que todavía hoy se intenta suavizar bajo el eufemismo de una “amistad íntima”.

A pesar de los avances sociales, la resistencia a llamar a las parejas por su nombre persiste. Mientras que cualquier imagen de un hombre y una mujer se etiqueta automáticamente como romance, las lesbianas siguen atrapadas en el laberinto del eufemismo: amigas, primas o compañeras. El caso reciente de Rosalía y Loli Bahía, calificadas por la prensa como una “bonita amistad”, evidencia que la negación sigue siendo sistémica. Para Terciado, esta ceguera es voluntaria: “La sociedad compra una caricatura para no rebuscar más”.

Visibilidad global frente al “hipercontrol” de la provincia

Frente a este borrado histórico, hoy asistimos a una presencia mediática sin precedentes, liderada por iconos globales como Chappell Roan o Young Miko, y respaldada en España por referentes como las actrices Inma Cuesta y Paula Usero o la cantante Chiara Oliver. Sin embargo, este espejismo de normalidad en las pantallas contrasta con la realidad a pie de calle en las zonas rurales, donde se sigue señalando a aquel que se sale de la norma y el anonimato es un lujo inexistente. Terciado recuerda que su juventud en su ciudad natal estuvo marcada por un “hipercontrol social” asfixiante: “Si yo me daba un beso con una chica, mi madre se iba a enterar a los diez minutos”.

“He crecido pensando que no podía ser lo que soy porque no tenía ni un solo espejo donde mirarme”, recuerda la autora sobre su juventud marcada por la ausencia de referentes. Hoy, sin embargo, las redes sociales han roto esos muros de silencio. Para las nuevas generaciones, el escenario ha cambiado radicalmente: ya no solo cuentan con iconos mediáticos que hablan de su sexualidad en televisión o a través de su música, sino que plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en una ventana para tejer redes de apoyo y sentir que no están solos en el mundo.

Del exilio a ser una ciudadana más

Esta presión en las provincias no es solo social, sino también política. La periodista denuncia que Castilla y León sigue siendo la única comunidad autónoma en España sin una ley LGTBIQ+ propia en pleno 2026, una situación que tilda de “vergüenza extrema”. Este vacío legal es el reflejo institucional de una homofobia que empuja a muchas mujeres al “exilio” hacia grandes capitales. Como relata la autora, el vínculo con la mirada del resto se vuelve más complejo y contradictorio con los años: “La visibilidad lésbica es un oxímoron, porque también nosotras mismas estamos cómodas en esa invisibilidad de que nos dejen en paz”.

Esa búsqueda de paz es, en esencia, una reclamación de normalidad. Para Terciado, la verdadera igualdad no es un concepto abstracto, sino el derecho a la tranquilidad: “Significa poder ser una ciudadana de pleno derecho como el resto; no tener que estar sobrepensando todo el tiempo ni cuestionar mi identidad a cada rato”. Su deseo de cambio es tan cotidiano como profundamente político: “Quiero que los señores dejen de quedarse mirando cuando estoy con una mujer”.

Lejos de la hostilidad, Terciado ofrece un mensaje para las jóvenes que hoy se asoman a ese abismo identitario. La periodista insiste en que el presente ofrece el privilegio de habitar un mundo más ancho, donde es posible distanciarse de los entornos que asfixian o invalidan. “No va a pasar nada. Nada es tan importante. Todo se reestructura, la familia también se coloca y el tiempo pone a cada uno en su sitio”, asegura con la serenidad de quien ya ha completado ese viaje.

Asimismo, Terciado apuesta por una visibilidad que nazca de lo cotidiano: construir comunidades donde compartir un picnic, salir a escalar o, simplemente, estar juntas. “Somos más fuertes en grupo”, concluye, proyectando un futuro donde ser visible deje de ser un sobreesfuerzo agotador para transformarse en la celebración de vivir, disfrutar y, sobre todo, existir sin tener que pedir permiso.

Una mujer fue asesinada ayer en Seseña (Toledo) a manos de su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista, el primero de estas características registrado en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha lamentado lo ocurrido en un audio remitido a los medios, en el que ha expresado su condena por la muerte de la mujer “a manos de su expareja y con desprecio a su dignidad”. Sabrido ha afirmado sentirse “consternado y triste” ante este crimen y ha trasladado sus condolencias y apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.358 desde que comenzaron los registros en 2003, tras confirmar el nuevo caso de Melissa en la provincia de Toledo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, junto a los 17 casos confirmados en 2026, existe además un caso adicional que permanece bajo investigación. Entre las víctimas confirmadas este año, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos.

El caso de Melissa

Melissa, una mujer de 43 años y nacionalidad venezolana, fue hallada sin vida por la Guardia Civil en el interior de una vivienda de Seseña (Toledo), con signos de violencia por arma blanca. En el mismo domicilio se encontró también el cuerpo del presunto agresor, un hombre de 50 años y de la misma nacionalidad, que se había ahorcado.

El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital. Según informaron fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, concretamente por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que comenzaron los trámites de divorcio.

A raíz de esa denuncia, el hombre fue detenido y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por incumplir una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección.

Un minuto de silencio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado un minuto de silencio durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor, celebrada en Azuqueca de Henares, en señal de duelo por lo que ha definido como “lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista” ocurrido este jueves en Seseña (Toledo).

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de “seguir aprendiendo” en materia de igualdad entre hombres y mujeres, recoge Europa Press. En este sentido, ha recordado cómo eran las relaciones entre ambos sexos en generaciones anteriores y ha destacado que “han cambiado afortunadamente mucho las cosas”.

No obstante, ha advertido de que “hay chicos jóvenes hoy que tienen que seguir aprendiendo lo que ha aprendido España, que es el respeto entre unos y otros y, especialmente, entre la mitad de la población y la otra mitad”. “La igualdad, si no es entre hombres y mujeres, no se puede pedir para ninguna otra cosa de la vida”, ha añadido.

Un hombre ha asesinado presuntamente a su expareja en su vivienda del municipio toledano de Seseña y, tras el crimen, se ha suicidado. El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital.

La Guardia Civil localizó el cuerpo de Melissa, una mujer de 43 años de nacionalidad venezolana, en el interior del domicilio con signos de violencia por arma blanca. En la misma vivienda fue hallado el presunto agresor, de 50 años y también venezolano, fallecido por ahorcamiento.

Según han informado fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión entre el agresor y el hijo de la víctima. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la escena del crimen: la mujer ya había fallecido y el hombre se había quitado la vida.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, en concreto por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido a raíz de esa denuncia y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantar una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección, el mecanismo que evalúa el riesgo y activa protocolos de seguimiento policial en casos de violencia de género.

Un total de 16 mujeres asesinadas por violencia machista en 2026

De confirmarse el caso de Melissa como violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a 17 en lo que va de año en España. Desde 2003, año en el que se inició el registro oficial, el número total alcanzaría las 1.360 víctimas, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En el mes de abril se han contabilizado dos mujeres asesinadas. La primera, el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), una mujer de 44 años y madre de una hija de 18, presuntamente asesinada por su pareja, de 45 años. La segunda, el 13 de abril en Córdoba, una mujer de 64 años y madre de dos hijos mayores de edad, que figuraba en el sistema VioGén con riesgo medio, fue presuntamente asesinada por su exmarido, quien contaba con una orden de alejamiento.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad, además de las 16 víctimas registradas en 2026, hay un caso adicional que permanece actualmente en investigación. De las víctimas confirmadas, el 75% eran mujeres nacidas en España, mientras que el 81,3% de los presuntos agresores también tenía nacionalidad española.

Asimismo, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos. En 7 de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en 6 se había producido el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a 11 menores de 18 años en situación de orfandad.

Las redes sociales están plagadas de contenido dirigido a quienes están inmersos en distintos tipos de relaciones amorosas, sean del tipo que sean. En esta ocasión, el creador de contenido Fran Sánchez, psicólogo según se lee en su perfil de TikTok, ha optado por explicar un fenómeno que afecta a quienes han atravesado relaciones de pareja marcadas por el conflicto. “Sales de una relación tóxica y cuando encuentras a alguien bueno, sientes que te falta algo, eso tiene un nombre”, de esta manera, captaba a sus seguidores a permanecer en el vídeo.

Según Sánchez, muchas personas experimentan la sensación de vacío al iniciar vínculos sanos y estables tras haber vivido relaciones intensas o tóxicas. El especialista sostiene que este efecto tiene una raíz psicológica específica y que comprenderlo resulta clave para evitar recaídas en patrones disfuncionales. Aquello que plantea Sánchez es que cuando alguien permanece en relaciones con altos niveles de conflicto, idas y venidas y atención intermitente, la mente empieza a asociar la intensidad emocional con el amor. Un error.

De acuerdo con el influencer, el cerebro aprende que para amar debe haber un alto nivel de intensidad emocional. Esta asociación condiciona la manera en la que las personas interpretan sus vínculos futuros. “Tu mente aprende que amar es sentir mucho, que tiene que haber un nivel alto de intensidad, que si no hay ese nivel emocional, entonces no es la persona”, señaló el especialista. Así, la experiencia emocional de una relación estable puede parecer insuficiente.

El efecto invisible de las relaciones conflictivas: por qué la estabilidad puede parecer insuficiente

El especialista destaca que en relaciones sanas, caracterizadas por la estabilidad y la previsibilidad, muchas personas sienten que “falta algo”, ya que “ya no hay ese pico, no hay esa euforia, no hay esa montaña rusa y tu cuerpo interpreta: esto no es amor”. Según Sánchez, el cuerpo se acostumbra a esos ingredientes que en realidad solo aparecen en relaciones disfuncionales.

Uno de los puntos centrales en la explicación de Fran Sánchez es el ciclo de conflicto y reconciliación. “Cuando hay un conflicto y se resuelve, hay un subidón enorme porque aquello que quieres deja de estar en peligro. En ese momento parece que nos queremos más que nunca y ese subidón queda codificado como amor”, detalló el psicólogo. La frase “es que cuando estábamos bien, estábamos tan bien” resume, según el especialista, el atractivo de esos estímulos intensos.

El psicólogo advierte que este patrón puede distorsionar la percepción del amor en futuros vínculos. “Son estímulos muy potentes, pero no son amor, son respuestas al miedo, a la inestabilidad y a la incertidumbre”, afirmó. La ausencia de esos picos emocionales en una relación estable puede confundirse con falta de amor, lo cual constituye “el error”, en palabras de Sánchez. El mensaje central del especialista es que comprender este mecanismo puede ayudar a romper el ciclo de relaciones conflictivas. “Muchas veces eso que sientes que falta no es amor, es la intensidad a la que te acostumbraste”, concluyó Fran Sánchez en su video de TikTok.

Una pareja de propietarios vivió una experiencia que jamás imaginó tras alquilar su vivienda durante una semana a través de Airbnb. Lo que parecía una operación rutinaria terminó con una intervención policial y el descubrimiento de que el inmueble había sido utilizado como base de una red de prostitución que explotaba a una menor de 13 años.

Cinco días después del inicio del alquiler, agentes de la unidad especial RAID irrumpieron en la casa. La puerta principal fue forzada y el interior quedó totalmente revuelto.

Los hechos ocurrieron en Bourges, en el centro de Francia. La vivienda había sido ocupada por varias personas y en el interior encontraron restos de comida, basura y múltiples indicios de la actividad criminal: ropa, ropa interior y preservativos.

Seis personas fueron detenidas, acusadas de integrar una red de prostitución y extorsión, con episodios de violencia contra clientes. Cuatro de ellas, de entre 19 y 22 años, permanecen en prisión preventiva, según ha recogido TF1.

Las sospechas ignoradas

Todo parecía normal. El cliente se presentó como un hombre de negocios, lo que tranquilizó a los propietarios. Sin embargo, el día de la entrega de las llaves surgieron las primeras dudas. El hombre llegó acompañado de una joven que no hablaba, evitaba la mirada y no llevaba equipaje.

“Sentimos que algo andaba mal, pero pensé que tal vez era timidez”, ha explicado el propietario. Días después, se confirmó que la joven tenía solo 13 años y que estaba siendo obligada a prostituirse bajo amenazas de individuos armados.

Intervención urgente para proteger a la víctima

La rapidez de la operación policial estuvo motivada por el riesgo inminente para la menor. “Lo que nos impulsó a actuar con tanta rapidez fue el temor a que la víctima desapareciera en los próximos días”, ha explicado la fiscal Céline Visiedo.

La investigación apunta a una organización que utilizaba viviendas de alquiler temporal como base de operaciones, lo que facilitaba su movilidad y dificultaba su detección. “Se trata de lugares de prostitución efímeros”, ha subrayado la magistrada.

Un fenómeno en expansión

El caso no es aislado en Francia. En París, otra propietaria descubrió, gracias a una cámara en la entrada, un flujo constante de hombres que acudían a su vivienda durante el periodo de alquiler. “Tenemos intervalos de 20, 30, 40 minutos, y nunca son las mismas personas”, relató.

Según datos de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Personas, el fenómeno ha crecido de forma notable: si en 2016 el 34% de la prostitución se ejercía en inmuebles alquilados, hoy esa cifra alcanza el 93%. “Nos sentimos un poco impotentes. Es grave y es repugnante”, ha recalcado el propietario.

Multas dispares

Mientras la legislación sanciona desde hace una década a los clientes con multas de 1.500 euros, los propietarios pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión y multas de 750.000 euros si no actúan ante las actividades.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar la identidad de los inquilinos, evitar los pagos en efectivo y no entregar las llaves a terceros no identificados. Ante cualquier sospecha, se debe contactar con la policía y notificar a los ocupantes de que se ha dado aviso.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusa negligencia institucional en los casos de Ana Febe Rojas Vega y Edith Guadalupe, cuyos feminicidios en Ciudad de México muestran que la falta de acción de las autoridades sigue cobrando vidas, destaca la organización.

Según la red, los hechos recientes exhiben una tendencia donde las fiscalías minimizan la violencia y desatienden obligaciones legales, lo que agrava el riesgo para mujeres y familias.

En el caso de Edith Guadalupe, el cual conmocionó a los capitalinos y llevó a movilizaciones entre el 15 y 17 de abril, la familia reportó de inmediato la desaparición y entregó información clave a las autoridades, incluyendo la ubicación en tiempo real de la joven.

La actuación de la Fiscalía llegó dos días después y la localizaron sin vida, pese a que existen protocolos que permiten la intervención urgente ante riesgo inminente. El Observatorio advirtió que las omisiones de este tipo no son aisladas y recalca que cada retraso tiene consecuencias irreparables.

Fiscalía clasifica feminicidio como homicidio culposo

La muerte de Ana Febe Rojas Vega, egresada de la FES Acatlán, ocurrió el 24 de marzo. Su esposo fue señalado como presunto responsable, pero la Fiscalía de Cuajimalpa clasificó el caso como homicidio culposo, no feminicidio. Para el Observatorio, esta actuación representa un retroceso, pues ignora la reciente propuesta de Ley de Feminicidio y recomendaciones internacionales. El seguimiento del caso por parte de la organización reveló que la investigación fue minimizada y se ignoraron avances en derechos de las mujeres.

El 15 de abril, Edith Guadalupe desapareció en la alcaldía Benito Juárez tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Aunque la familia denunció de inmediato, la Fiscalía capitalina se negó a activar mecanismos de búsqueda eficaces y exigió esperar 72 horas para iniciar la pesquisa. Mientras tanto, la familia recorrió calles y revisó cámaras por cuenta propia, logrando ubicar el sitio donde Edith ingresó. La Fiscalía intervino hasta el 17 de abril. La organización señaló que no aplicar los protocolos de intervención urgente es una omisión grave y determinante.

• La familia de Edith entregó datos de geolocalización en tiempo real.
• La autoridad retrasó la búsqueda dos días pese a los riesgos.
• La Fiscalía minimizó la desaparición bajo prejuicios y obstaculizó la denuncia.

El Observatorio exige acciones y resultados inmediatos

El Observatorio exigió investigaciones con debida diligencia conforme a estándares nacionales e internacionales, respeto al debido proceso y que se evite la revictimización de las familias. Señala que la actuación del Ministerio Público en el caso de Edith fue negligente y contraria a la legalidad. El feminicidio de Edith, afirma el Observatorio, pudo haberse evitado si la autoridad hubiera actuado con urgencia.

La organización llamó a reforzar el protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios, así como a implementar de manera efectiva mecanismos de búsqueda especializada. Sostuvo que la creación de protocolos y reformas es insuficiente mientras las fiscalías sigan operando con inercias y falta de debida diligencia. La justicia para Ana Febe y Edith, concluyó, no puede esperar.

Las omisiones en el reciente caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés; la lucha de justicia de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía asesinada en 2010; así como la falta de investigación y la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, fueron retomados durante el debate de la Ley general en materia de feminicidio aprobada en la Cámara de Diputados.

Con 467 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada por unanimidad, por lo que se dará cumplimiento a la declaratoria de publicidad de este dictamen.

El debate resaltó la necesidad de justicia en México

Las legisladoras que tomaron la tribuna, destacaron que con esta reforma no acabará con el delito, pero sí representa un paso importante para la homologación del delito, lo cual permitirá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.

De igual forma, instaron a los congresos locales para avanzar en la legislación y a las autoridades de los estados para apegarse y conocer el término “feminicidio”, destacaron el sentido de no olvidar cada uno de los casos que cada día hiere a la sociedad y acecha a las mexicanas.

“No es cierto que llegamos todas”, comentaron las diputadas de la oposición sobre la falta de justicia en los casos de violencia contra las mujeres, un tema que persiste, aún en la administración de Sheinbaum.

Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada del PRI, encendió la tribuna, debido a que soltó un par expresiones que desentonaron con el discurso dado por la mayoría de las legisladoras:

“Subo a esta tribuna con mucho coraje, por Edith y por todas las madres buscadoras... Simplemente yo que fui violentada y no he recibido respuesta, mis violentadores van a ser candidatos, yo creo que aquí lo que debemos hacer es dejarnos de hacer pendejos, porque sabemos lo que está pasando en nuestro país”.

Esta situación desencadenó señalamientos por parte de diputadas de Morena y el PT, ya que acusaron que parte del discurso de la priista “las violenta”.

Otro tema que resaltó en el debate fue la falta de presupuesto en materia de mujeres, ya que denunciaron que debido a la falta de recursos se ha entorpecido el trabajo en Ministerios Públicos o en mecanismos que pueden prevenir la violencia o apoyan a víctimas de violencia como los refugios.

Lilia Agilar Gil, diputada del Partido del Trabajo (PT), recriminó que Margarita Zavala se subiera a la tribuna por el incremento en cifras en materia de desaparición y violencia contra las mujeres durante el sexenio del expresidente, Felipe Calderón. Por lo que, la bancada del PAN contestó asegurando que Morena y la alianza violenta a las mujeres retomando el discurso de: “La esposa de”.

Así quedó el dictamen de la Ley de Feminicidio

El dictamen sobre la Ley de Feminicidio, impulsado por la presidenta, establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación general en materia de feminicidio, conforme al artículo 73 de la Constitución.

Mientras tanto, las leyes federales y locales existentes sobre feminicidio seguirán vigentes hasta que entre en vigor la nueva ley general.

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

• Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
• Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
• Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

El dictamen otorga al Congreso de la Unión nuevas facultades para legislar sobre el feminicidio, lo que permitirá homologar el tipo penal en todo el país y facilitar el acceso a la justicia.

Se busca reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente, priorizando los derechos humanos de mujeres y niñas.

Con esta aprobación, el Gobierno de la República busca cumplir compromisos en materia de igualdad y combate a la violencia de género, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

• Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.
• Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención, investigación y sanción del delito.
• El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

La nueva legislación representa un paso para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y mejorar la eficacia de las acciones estatales en la materia.

Prácticamente un mes después de que la eliminación para el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina pusiera patas arriba el entramado de la Federación Italiana de Fútbol, una investigación señala directamente a numerosos futbolistas de la Serie A como clientes de prostitutas y drogas durante las fiestas que organizaba una compañía que ofrecía sus servicios por redes sociales.

El 23 de agosto de 2024, una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar lo que había vivido desde 2019 en un edificio de Cinisello Balsamo, a las afueras de Milán.

El caso, adelantado por La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que actuaba bajo la tapadera de empresa de eventos llamada Ma.De Milano, especializada en ocio nocturno. Sin embargo, en la práctica, según la Fiscalía, era el eje de una red de prostitución con una facturación superior a 1,2 millones de euros.

Fiestas “todo incluido” tras los partidos

Tras los encuentros de la Serie A, los clientes (principalmente futbolistas) accedían a paquetes exclusivos que arrancaban en locales de moda y podían terminar en habitaciones privadas con escorts. Espacios como Pineta Milano, Langosteria Bistrot o Voya Rooftop formaban parte del circuito habitual.

“Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, recogen documentos de la Fiscalía difundidos por Tg1.

Para garantizar la discreción, la organización evitaba hoteles convencionales y utilizaba sus propias estancias en Cinisello Balsamo. El servicio se promocionaba incluso en redes sociales, dirigido a clientes dispuestos a pagar “sumas significativas”.

El gas de la risa

Uno de los elementos más llamativos es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, “se utiliza como sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo es indetectable mediante las pruebas antidopaje estándar”, lo que lo hacía especialmente atractivo para deportistas de élite.

En las escuchas telefónicas se refleja un uso intensivo del gas: “Necesitamos globos... Estamos en el Duca, en Me Milan”, se repetía, según recogen los diversos medios italianos.

Pero la red no se limitaba solo a Milán. En verano se trasladaba a Mykonos (Grecia) y, según la testigo principal, se organizaban fiestas casi a diario.

Es más, ni el confinamiento por la pandemia frenó la actividad. En abril de 2021, en plena emergencia sanitaria, se identificó a 17 personas reunidas en la sede, cuando este tipo de encuentros estaban prohibidos.

Un piloto de Fórmula 1

Además de los futbolistas, también hay grandes nombres fuera de otras disciplinas deportivas. En las escuchas telefónicas aparece la referencia: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán esta noche y quiere una chica”.

Ni su identidad ni la de otros clientes ha sido revelada, y ninguno está siendo investigado.

Cuatro detenidos y más de un millón incautado

La operación de la Guardia Civil di Finanza se ha saldado con cuatro detenidos, considerados el núcleo de la organización. Entre ellos están Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, principales responsables, quienes han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario.

Se enfrentan a delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por otra parte, están los clientes, alrededor de 70 futbolistas, según ANSA, quienes no serán investigados: “No es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes”, explicaron fuentes de la Guardia di Finanza.

Entre los equipos mencionados en el contexto del caso aparecen clubes como Inter, Milan o Juventus, aunque sin nombres concretos.

El acusado de asesinar a Débora M.D. y ocultar su cuerpo durante seis meses, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial los hechos, asegurando que actuó en un “arrebato” tras perder “el control”. El proceso judicial, que ha comenzado hoy y cuenta con jurado popular, se desarrolla tras casi dos años de investigaciones y con la petición de quince años de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

La vista de hoy ha recogido el testimonio del principal sospechoso, el marido de la víctima, quien ha relatado cómo transportó el cuerpo de Débora tras la discusión que acabó con su vida: la envolvió en plástico y una manta y la llevó hasta una nave industrial en Málaga de su propiedad, donde lo enterró bajo hormigón y maquinaria pesada. Durante medio año, mantuvo la desaparición en secreto. De hecho, manipuló el teléfono de Débora para que familiares y allegados creyeran que ella se había marchado voluntariamente.

La discusión entre el acusado y Débora se centraba en la intención de la mujer de divorciarse. El autor del crimen ha añadido que todo sucedió “muy rápido”; “me nublé”. Sin embargo, la Fiscalía señala que la agresión demostró “expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad”.

“Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad”

La pareja convivía con sus dos hijas, de 5 y 17 años, en el domicilio donde ocurrieron los hechos el 28 de marzo de 2022. Tras el crimen, el acusado trasladó el cadáver en una carretilla hasta su furgón y posteriormente a la nave industrial, donde “excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima”, junto con efectos personales, como su bolso y tarjetas bancarias, tal y como ha recogido EFE.

Además, el hecho de haberse hecho pasar por ella todos esos meses hasta que el cuerpo fue hallado por la Policía Nacional ha motivado que la fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres, insistiera ante el juzgado que: “Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad, que él no permitía”, y reclamó “sentido común y sensatez” en su condena.

Por su parte, el acusado ha afirmado que solo pensaba “en que mis hijas no supieran lo que había pasado”. Por lo que, pese a que “no pensaba” en ese momento qué hacer con el cadáver, “desgraciadamente oculté el cuerpo de mi mujer”. Durante los seis meses que estuvo bajo el hormigón de la nave industrial, asegura que vivió “una carga grandísima”.

Pero no fue hasta su cuarta declaración ante el cuerpo policial que confesó “todo”. Un momento que llegó después de que un amigo de Débora que vivía en Palma de Mallorca denunciase su desaparición, ya que la víctima, de origen brasileño y nacionalidad española, no tenía familiares directos en España. Asimismo, ha pedido “perdón por los daños causados” a su familia, incluidas sus hijas, como ha recogido Europa Press. Del mismo modo ha afirmado que ha renunciado “a todo” en favor de ellas: “Ojalá pudiera volver atrás”.

Había denunciado al acusado por malos tratos en 2012

Los antecedentes del agresor evidencian que la víctima ya había denunciado al acusado en 2012 por malos tratos. No obstante, la denuncia no fue ratificada en sede judicial. Años más tarde, en 2021, la mujer fue atendida en un hospital por lesiones compatibles con otra agresión, lo que llevó a la activación del protocolo por supuesta violencia de género, aunque tampoco formalizó la denuncia.

Ahora, la Fiscalía solicita una indemnización de 300.000 euros para las dos hijas, mientras que la acusación particular eleva la petición a 500.000 euros. El acusado ha abonado ya una cantidad de 145.000 euros. El abogado de la acusación particular, Mario García, ha indicado que busca “procurar la defensa de las menores en el sentido de que patrimonialmente se quedaran en mejor situación”, reconociendo así la colaboración del acusado en ese aspecto.

Por su parte, la defensa del procesado aboga por una condena de cinco años y la aplicación de los atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, argumentando que el acusado confesó “voluntariamente” y que, sin su testimonio, “posiblemente el cuerpo no habría aparecido”. Aun así, tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazan la atenuación de la pena, al considerar que “pasaron seis meses” hasta que se encontró el cuerpo y que “no ha resarcido todo el daño moral” a las hijas de la víctima. Por el momento, queda esperar la intervención de testigos y peritos en los próximos días para conocer el veredicto del jurado.

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha aceptado investigar la denuncia de una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que un médico forense la examine para evaluar los daños que pudo haber sufrido.

La jueza considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos de acoso sexual y laboral, maltrato, lesiones, amenazas y revelación de secretos, y que corresponde a su juzgado investigarlos. Esta decisión se tomó poco después de que la Fiscalía pidiera reactivar el caso, ya que el proceso llevaba tiempo parado.

El PP “no activó los protocolos de protección”

La exconcejala presentó la querella contra Bautista el pasado 17 de febrero. Su abogado asegura que no recibió apoyo del PP y que fue revictimizada dentro del partido, formación que la exedil abandonó en octubre de 2024.

La querella formalizada expone que parte de los hechos transcurrieron en ámbitos privados, lo que complica su investigación, y denuncia la desaparición de correos electrónicos oficiales de la víctima. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, argumenta que la falta de protección y respuesta dentro del partido llevó a su clienta a recurrir a la vía penal.

La denuncia incluye pruebas que, según el letrado, demuestran la supuesta solicitud de favores sexuales y un posterior hostigamiento laboral cuando ella se negó, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento, por lo que terminó dejando su puesto. La denuncia también se dirige contra el Partido Popular como organización, por considerar que no activó los protocolos de protección y no respondió institucionalmente.

Además, la exconcejala denuncia la difusión de correos electrónicos intercambiados con la Comunidad de Madrid, enviados a varios medios y donde se habría revelado su identidad. Su abogado sostiene que esto podría constituir un delito de revelación de secretos.

El alcalde niega las acusaciones

Por su parte, Manuel Bautista niega todas las acusaciones. El Ayuntamiento de Móstoles aseguró el pasado viernes que las acusaciones contra el alcalde “son falsas” y carecen de “credibilidad”, y que él aún no ha recibido la querella oficialmente. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al alcalde, al considerar que se encuentra “en situación de indefensión”, y acusa al Gobierno central de tratar el caso de forma abusiva.

Otros casos en el ámbito político

Las denuncias por acoso sexual en el ámbito político, que también afectan a figuras como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, o Francisco Salazar, exdirigente socialista, evidencian cómo a pesar de los avances en igualdad y leyes de protección, persisten entornos laborales masculinizados que no garantizan espacios seguros para las mujeres, tal y como señalaron expertas consultadas por Infobae en este artículo.

Estos casos también reflejan la persistencia de dinámicas de poder y estructuras jerárquicas que dificultan la denuncia y la protección efectiva de las víctimas. Las expertas también recuerdan que la respuesta institucional suele ser insuficiente y que la presión social sobre las denunciantes puede llevar al silencio o al abandono de sus cargos.

(Con información de EFE)

La salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres es una decisión que preocupa a organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), la cual ha hecho un llamado al gobierno federal para garantizar la continuidad en materia de derechos de las mujeres en México.

La renuncia de la exfuncionaria fue anunciada durante la “Mañanera del Pueblo” este jueves, donde la presidenta Claudia Sheinbaum comentó los motivos de la decisión:

“Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres y se va al partido. Casi me voy de espaldas, me dijo: hablé con Luisa María y quiero ir a ayudarles al partido”.

Salida de Citlalli Hernández se da en un momento clave

La organización dedicada a la prevención de la violencia contra las mujeres aseguró que la salida de Hernández Mora ocurre en un “momento clave para la política pública dirigida a garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres”, por lo que calificó como indispensable mantener las acciones y programas de atención.

Aseguró que es un momento que abre la oportunidad para que los pendientes sean atendidos, de tal forma que, los avances fortalezcan la política pública “con enfoque de derechos e igualdad hacia una política de Estado feminista”.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, el cual instaron a traducir en resultados concretos que lleven a “acciones conjuntas”.

¿Cuál es el motivo detrás de la renuncia?

Rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo en 2027, la presidenta Sheinbaum recordó un poco del papel estratégico que jugó Citlalli Hernández en los comicios de 2024:

“Entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema”.

También destacó su trabajo al frente de la secretaría: “Llegó creo que a 500 Centros Libres o más. La Red de Tejedoras de la Patria también de manera excepcional y es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora”.

Cambia el puesto para dirigir la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Más tarde, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, informó que la exsecretaria de las Mujeres llega al partido para presidir la Comisión Nacional de Elecciones, detalló que hace unos días le propuso regresar al partido para apoyar en el proceso electoral que se avecina, debido a la relevancia de los cargos que se elegirán.

La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue uno de los logros atribuidos a su gestión, considerada una pieza clave en la articulación de acuerdos políticos previos.

El exciclista cántabro Óscar Freire ha sido detenido después de que su mujer le denunciara el domingo por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar. La esposa acudió sobre las 14:00 horas del 12 de abril al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al tricampeón mundial, del que se está divorciando actualmente, por agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.

Según el relato de la mujer, recogido en un atestado policial que ha difundido Europa Press, el deportista “siempre ha sido muy controlador” durante toda su relación, pero los malos tratos habrían comenzado en 2023, después de dos décadas de matrimonio. La pareja ha mantenido “muchas discusiones violentas” estos últimos tres años, algunas de ellas delante de sus hijos, según lo que ha relatado a la Guardia Civil.

Pese a estar separados desde noviembre de 2025, asegura sufrir un “acoso continuo” por parte de Freire, que le habría colocado micrófonos en el coche y en casa y localizadores GPS en el vehículo, además de duplicar su WhatsApp. La denunciante afirma que el control de Freire sobre ella “es total”, “siempre sabe dónde está y lo que hace” y es “muy celoso y posesivo”, según el atestado recogido por la Benemérita.

Insultos, amenazas y múltiples amantes

La denunciante ha relatado a los agentes algunas de las múltiples “discusiones violentas” que habría mantenido con el exciclista. En uno de los episodios, ocurrido en septiembre de 2025, Freire le habría arrebatado el teléfono con violencia, cuando ella intentaba llamar al hermano de su marido, y se lo estrelló contra el suelo.

Tras ver a Freire “muy agresivo”, ella amenazó con llamar a la Policía. El exciclista respondió agarrándola fuerte de los brazos y empujándola contra la puerta, iniciando un forcejeo del que la mujer se pudo escapar para abandonar la vivienda.

En otra ocasión, el deportista habría comenzado a destrozar los muebles de la casa en plena madrugada, mientras sus hijos estaban en la vivienda. Según el relato de la mujer, Freire habría quitado un lienzo de la pared, del que arrancó su cara, profiriendo a la mujer: “Esto es lo que quieres”, para después tirarle la fotografía a la cara. La esposa del ciclista asegura que, durante estas peleas, el exciclista profería insultos, comentarios vejatorios sobre su físico y le habría amenazado con “hacerle la vida imposible”, dejarle “sin un duro” y también que iba a perder a sus hijos.

La denunciante también ha asegurado, informa Europa Press, que su marido llevaba “una vida paralela” en los últimos dos años, manteniendo relaciones con otras mujeres. Es un aspecto que el exciclista no escondía y, de hecho, obligaba a la mujer “a realizar prácticas sexuales que hacía con sus amantes”. “Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar”, le habría espetado a su esposa. Ella afirma que terminaba accediendo a mantener relaciones sexuales, “sin ganas y por no discutir”.

El último desencuentro habría ocurrido el pasado domingo, cuando ella se dirigía a misa en la iglesia de Puente San Miguel. Freire habría entrado después que ella al servicio y, aunque en un inicio se sentaron en bancos separados, el hombre se cambió después para colocarse junto a ella. Después se inició una discusión.

La mujer le habría dicho que ese no era el lugar e intentó irse, pero él la retuvo agarrándola “fuertemente” del brazo. Finalmente pudo levantarse y abandonar la iglesia. Una vez fuera del lugar de culto, intentó llamar al hermano del exciclista, momento en el que él le arrebató el teléfono, aunque posteriormente se lo entregó. El episodio ocurrió “delante de mucha gente”, según la denunciante, que acudiría menos de dos horas después a la Guardia Civil.

Freire fue detenido el domingo sobre las 19:00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Este lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5. La denunciante ha acudido acompañada de su letrada, María Mendieta, a prestar declaración.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba, dos días después de haber sido detenido por agredirla, según han confirmado a EFE fuentes policiales. El hombre, de 65 años, provocó una situación de riesgo en el edificio donde han ocurrido los hechos, al llenar de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Tras ser detenido el pasado sábado y pasar a disposición judicial, el agresor quedó en libertad con medidas cautelares, según fuentes próximas a la investigación, que también han explicado que ambos estaban citados hoy en el juzgado. Tanto la víctima como el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa. Tras cometer el asesinato, el hombre se ha atrincherado en la vivienda y ha inundado de gas el portal del edificio, si bien finalmente los bomberos han logrado entrar en el piso, donde han comprobado que la mujer había fallecido por heridas de arma blanca. Los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre.

Los feminicidios se elevarían a 16 en lo que va de año

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado en su perfil de la red social X que está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género. De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia machista se elevaría a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos.

Este domingo, la Policía también detuvo a un hombre que había quebrantado una orden de alejamiento tras la muerte de una mujer de 37 años que cayó desde un tercer piso en Pamplona. Las autoridades tratan ahora de esclarecer si la caída fue accidental o si concurren circunstancias que vinculen al arrestado con lo ocurrido.

Los hechos se produjeron de madrugada en el número 4 de la calle Sanduzelai, en el domicilio en el que residía la víctima, de origen nicaragüense, junto a otras personas. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y sanitarios tras recibir el aviso, si bien los servicios médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

(Con información de EFE)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 44 años ocurrido el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), elevando a 15 el número de víctimas de violencia de género en 2026 y a 1.358 desde 2003, según datos oficiales. El presunto autor del caso fue detenido por la Ertzaintza el 3 de abril.

La mujer, de 44 años, fue asesinada el pasado miércoles 1 de abril en su vivienda. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a una indisposición, el análisis forense de la Ertzainzta confirmaría después una posible muerte violenta. Por este hecho, la pareja de la víctima, de 45 años, fue detenida dos días después. Posteriormente, fue puesta en libertad provisional por decisión judicial, con la obligación de presentarse ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao y la retirada de su pasaporte, según informó el Ministerio de Igualdad.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más rotunda condena y absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, al tiempo que trasladaron su apoyo a los allegados de la víctima. El ministerio ha pedido “todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Asesinada por su pareja en Basauri

El arrestado por este nuevo crimen machista es la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, arrestado por su presunta implicación en la muerte violenta. El detenido tenía antecedentes por violencia de género, si bien se desconoce si se debe a hechos relacionados con la víctima o con otra mujer. El hombre permaneció bajo custodia policial, hasta ser puesto en libertad provisional. Se le acusa de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Colectivas, organizaciones y activistas feministas denunciaron que recientemente se han generado casos de intimidación en contra de mujeres que atraviesan algún proceso por violencia vicaria, a través de mecanismos que facilitan la manipulación de la información.

En un comunicado, las 14 colectivas firmantes, entre estas el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señalaron que presuntamente los agresores vicarios utilizan dichos mecanismos para tergiversar las narrativas de las víctimas y con ello, “seguir controlando y generando miedo”.

Acusaron que esto surgió luego de que el autodenominado Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, al cual señalaron de promover un discurso “machista y antiderechos con el lema #SoyPapaNoCriminal”, difundió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) habría aceptado establecer un protocolo de colaboración con dicho grupo.

No obstante, las organizaciones afirmaron que “tras verificar la información”, se confirmó que no existe dicho acuerdo, pues “en cumplimiento de su mandato como organismo público”, la CEEAVI únicamente les concendió una audiencia, en la cual no se pactó ningún protocolo.

Esto lo calificaron como “una evidencia más de cómo los agresores vicarios tergiversan la información”, con el objetivo de incidir en la percepción pública y aparentar legitimidad institucional como forma de intimidación, así como para “generar miedo, preocupación y angustia en las mujeres víctimas”, intentando hacer creer que ellos “tienen el control y la verdad en la mano”.

“Se trata de una práctica recurrente que aprovecha la misoginia y el machismo aun imperantes en la sociedad para cambiar la narrativa a su favory perpetuar la violencia”, agregaron.

En el mismo documento, las organizaciones expusieron el caso de un supuesto representante en Puebla del colectivo, identificado como David N, asegurando que él “no es víctima de falsas denuncias”.

Detallararon que en este caso existen antecedentes documentados de violencia vicaria y “terrorismo judicial” ejercidos contra una mujer identificada como Daniela, quien estuvo separada de su hija durante siete años por acusaciones fabricadas y por el abuso de vacíos legales.

Las colectivas firmantes piden a la CEEAVI que aclare públicamente que no existe acuerdo con ese colectivo y que reafirme su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, solicitan que se evite el uso de falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas, puntualizando que la Ley Vicaria responde a un problema real y documentado, reconocido por organismos nacionales e internacionales y advirtieron que la legitimidad “no puede ser socavada por colectivos que buscan proteger a agresores”.

Las organizaciones y activistas reiteran que seguirán defendiendo el derecho a una vida libre de violencia y aseguran que no permitirán que quienes ejercen violencia vicaria se presenten como víctimas para continuar dañando a mujeres, hijas e hijos.

“Solicitamos respetuosamente que la CEEAVI se pronuncie para aclarar que no existe acuerdo alguno con este colectivo y reafirmar el compromiso institucional con el derecho de las mujeresa una vida libre de violencia, evitando que se utilicen falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas.

“Reafirmamos que la Ley Vicaria responde a una problemática real y documentada, reconocidapor organismos nacionales e internacionales. Su legitimidad no puede ser socavada por colectivos quebuscan proteger a agresores”, concluyó.

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz, Vizcaya, tras apuñalar varias veces y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, una mujer de 38 años, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes en el domicilio familiar.

La intervención de los cuatro hijos e hijas y un vecino ha conseguido frenar la agresión antes de la llegada policial, aunque una de las menores, de 15 años, ha resultado herida leve al tratar de proteger a su madre.

Fue una llamada telefónica la que alertó a la Ertzaintza sobre un posible apuñalamiento. Varios agentes acudieron rápidamente al lugar y encontraron al agresor en la calle, donde lograron detenerlo. La víctima, una mujer de origen subsahariano, al igual que el detenido, fue hallada en el interior de la vivienda con varias heridas de arma blanca y en estado grave. Los agentes le aplicaron un torniquete para frenar la hemorragia antes de que el helicóptero la trasladara al hospital de Cruces.

El detenido ya ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes mientras la Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

Otro detenido en Toledo por violencia machista

Este mismo lunes, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que llevaba un año escondido en un domicilio de Seseña, en Toledo, después de agredir gravemente a su expareja con un destornillador. Se le imputan los delitos de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad.

Este caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el hombre violó la orden de alejamiento y atacó a su expareja en su lugar de trabajo. La víctima sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica y a la intervención de vecinos y compañeros, que evitaron que el ataque continuara.

Durante el año que estuvo prófugo, el detenido tomó precauciones para no ser localizado. No utilizó dispositivos electrónicos, no renovó su documentación y redujo al mínimo su contacto con otras personas.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.

El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el acusado irrumpió en el lugar de trabajo de su expareja y quebrantó la medida de alejamiento vigente. Durante una discusión, el hombre extrajo varios destornilladores y le clavó uno en el cuello a la mujer en repetidas ocasiones, quien logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. Según informa la Policía en un comunicado, el agresor dijo a la víctima: “Si no eres para mí, no eres para nadie”. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos y empleados, quienes intervinieron y evitaron que el ataque continuara.

La rápida llegada de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios permitió estabilizar a la mujer, quien fue trasladada a un hospital de la zona. Tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para localizar al autor de la brutal agresión.

Evitó el uso de dispositivos electrónicos

Durante el año que permaneció prófugo, el detenido adoptó medidas de seguridad estrictas para evitar su localización. Evitó el uso de dispositivos electrónicos, no renovó documentos de identidad y limitó su contacto con el exterior. Según indican fuentes policiales, el hombre residía con una mujer, presuntamente su actual pareja, en un domicilio de Seseña.

La Policía Nacional estableció un operativo que culminó el 20 de marzo con la detención del sospechoso cuando abandonaba su vivienda. Durante el arresto, el agresor se resistió y causó lesiones en el tórax a uno de los agentes que intervinieron en el dispositivo, según indicó la propia institución.

El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad. Tras declarar ante el juez, se ordenó su ingreso en prisión provisional.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.

El despliegue de un operativo nacional de prevención de la violencia contra las mujeres marcará la Semana Santa de 2026, impulsado por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas en coordinación con el Ministerio de la Mujer y otras instituciones públicas.

El objetivo central de la estrategia es garantizar la protección y la atención oportuna de la ciudadanía durante el asueto religioso, ante el aumento de riesgos que suelen registrarse en esta época. El propio gobierno destacó que la iniciativa busca articular acciones rápidas y eficaces, pero también instalar una cultura preventiva involucrando activamente a toda la sociedad, según informó la Presidencia de la República.

Dentro del operativo diseñado para la Semana Santa de 2026, más de 355,000 materiales de sensibilización y prevención serán distribuidos por el Ministerio de la Mujer, la Defensa Civil, la Policía Nacional y organizaciones aliadas, en coordinación interinstitucional con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El despliegue contempla el reparto de estos materiales en lugares de alto tránsito y concentración de personas con el propósito de informar sobre rutas de atención y prevenir situaciones de violencia.

Además, el Ministerio de la Mujer está impulsando una campaña de comunicación digital orientada a: promover relaciones respetuosas, erradicar prácticas normalizadas de violencia y recordar los canales de ayuda disponibles.

Esta campaña digital se complementa con actividades presenciales en comunidades, jornadas educativas y asesoramiento directo, acciones lideradas por las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPM y OMM).

Durante los operativos coordinados por el COE, el personal especializado del Ministerio de la Mujer asumirá tareas clave en puntos estratégicos: proporcionará información, acompañará a posibles víctimas y canalizará denuncias, trabajando de forma coordinada con las instituciones de primera respuesta para asegurar una intervención rápida y eficaz.

Estrategia multicanal y cooperación interinstitucional para responder emergencias

La ministra de la Mujer Gloria Reyes destacó que este despliegue forma parte de un proceso continuo de fortalecimiento estatal frente a la violencia contra las mujeres. Reyes subrayó en sus declaraciones que: “Estamos trabajando para que cada institución actúe de manera articulada, con rapidez y eficacia, pero también para que la prevención sea una tarea compartida por toda la sociedad”, señaló la funcionaria, citada por Semana Santa 2026.

Reyes recordó también que el canal de atención inmediata ante cualquier emergencia es el Sistema 9-1-1, que ahora ha ampliado sus capacidades para responder a casos de violencia de género.

Paralelamente, la línea *212 sigue habilitada para la ciudadanía como servicio gratuito y confidencial de orientación y seguimiento de situaciones de violencia contra las mujeres. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, ambos recursos buscan evitar la revictimización y agilizar el acceso a la ayuda oficial y especializada.

El operativo integra además la movilización de equipos territoriales y la realización de jornadas internas de sensibilización en entidades públicas. El objetivo es extender la distribución de información preventiva y consolidar una presencia más cercana y efectiva en todo el territorio nacional.

Las autoridades insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad ciudadana, promover la no violencia y utilizar los canales de denuncia y atención ante cualquier situación de riesgo. El llamado central reiterado por el Gabinete de Mujeres y la ministra Reyes es a no permanecer indiferentes ante casos de violencia, buscar ayuda y activar los mecanismos de respuesta disponibles para proteger la integridad de mujeres y niñas en todo el país.

Una adolescente de 16 años vivió durante semanas una situación marcada por el abuso en su propio hogar. Obligada por su madre y su padrastro, la joven fue forzada a grabar en vídeo los encuentros sexuales de la pareja en la vivienda familiar de Saint-Cyr-l’École, en Yvelines, Francia. El caso, que salió a la luz en abril de 2025, ha tenido consecuencias penales y sociales para los adultos responsables y para la vida de la menor.

El tribunal de Versalles condenó el 26 de marzo de 2026 a la madre, Aurélie, de 41 años, y a su pareja, Brice, de 47 años, a cuatro años de prisión por corrupción de menores. Según el relato presentado ante la justicia, la adolescente y sus hermanos fueron puestos inmediatamente bajo la tutela de los servicios de protección infantil, quedando fuera de la custodia de sus progenitores.

Este caso expone cómo la vulnerabilidad de los menores puede verse agravada dentro del propio núcleo familiar y cómo la intervención de organismos externos es determinante para frenar situaciones de abuso. Las pruebas reunidas y los testimonios recabados por las autoridades fueron fundamentales para la resolución judicial y la protección de la víctima.

La denuncia anónima y los primeros pasos de la investigación

Todo comenzó cuando la unidad de recopilación de información sobre situaciones preocupantes (CRIP) de Yvelines recibió una denuncia anónima. El aviso indicaba que una joven estaba siendo obligada a presenciar y grabar actos sexuales entre su madre y su padrastro en el domicilio familiar. A partir de esa alerta, los servicios de protección infantil iniciaron las indagaciones y el seguimiento del caso.

Los investigadores contactaron a la adolescente y le tomaron declaración. La joven confirmó lo ocurrido y detalló cómo su madre y su padrastro le exigieron que entrara a la habitación mientras mantenían relaciones sexuales, obligándola a sentarse en el borde de la cama y grabar la escena. El medio Actu informa que, además de su testimonio, se analizaron los teléfonos móviles de los adultos, donde se hallaron varios vídeos que corroboran la versión de la menor.

El hallazgo de estas grabaciones fue clave para la investigación. En ellas, se escucha al padrastro dando instrucciones directas a la adolescente para que accediera a las peticiones de la pareja. Además, en mensajes enviados a un amigo, el hombre expresó su deseo explícito de tener relaciones sexuales con la joven, lo que agravó la situación legal de los implicados y permitió avanzar en la causa.

El testimonio de la adolescente

Durante los interrogatorios, la adolescente relató el calvario que vivió y cómo fue presionada por los adultos para participar en una situación que no comprendía ni deseaba. Los testimonios recogidos por Actu muestran que la joven no solo fue víctima de una situación de abuso psicológico y emocional, sino que además debió enfrentar la incredulidad de los acusados durante la investigación.

En su defensa, la madre declaró ante los investigadores que la joven era quien insistía en entrar a la habitación y que no supo cómo reaccionar al momento de los hechos. El padrastro, por su parte, intentó desviar la responsabilidad afirmando que la menor “vigilaba” a la pareja y que incluso se mostraba ante él con diferentes atuendos. Estas explicaciones fueron descartadas por las pruebas materiales y el testimonio de la víctima.

La investigación también expuso deficiencias en la higiene, salud y crianza de los cuatro hijos de la madre. Por ello, los servicios de protección infantil decidieron trasladar a todos los menores a hogares de acogida, alejándolos del entorno familiar donde se produjeron los hechos.

La actuación de las autoridades, impulsada por la denuncia anónima y la colaboración de la adolescente, permitió documentar la gravedad de la situación y garantizar la protección de las víctimas. De acuerdo con Actu, tanto la investigación como el proceso judicial pusieron en evidencia la necesidad de mecanismos efectivos para detectar y abordar casos de abuso dentro del ámbito familiar en Francia.

El 25 de marzo de 2026, la policía portuguesa encontró en la Sierra de la Nogueira, en el distrito de Bragança, los cuerpos sin vida de Audrey Cavalié, de 40 años, y Angela Legobien-Cadillac, de 26. Ambas habían desaparecido cinco días antes en Aveyron (Francia). El principal sospechoso, Cédric Prizzon, expolicía de 42 años, fue detenido un día antes en Mêda, a unos 120 kilómetros del lugar. Llevaba cuatro días fugado.

Antes de la desaparición, la relación entre su exmujer, Audrey, y Prizzon ya estaba marcada por denuncias y condenas. El expolicía había sido condenado en 2022 por amenazas de muerte y en 2023 por acoso psicológico contra su expareja.

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En redes sociales, el propio Prizzon alimentaba el conflicto. Llamaba a Audrey “criminal” y advertía: “Si es necesario, provocaré un escándalo nacional”. Sus publicaciones eran frecuentes y formaban parte de una escalada de tensión que, según el entorno de la víctima, generaba miedo constante. “Ya me había hablado de su miedo… era algo que podíamos haber previsto”, explicó una conocida a los Sic Noticias.

La desaparición: una huida planificada

El viernes 20 de marzo de 2026, un familiar dio la voz de alarma. Audrey no se había presentado en su trabajo y su hijo no había acudido al colegio. La ausencia resultó inmediatamente inquietante.

La investigación se amplió con rapidez: también faltaban Angela Legobien-Cadillac, pareja actual de Prizzon, y el propio sospechoso. Se desplegó un amplio operativo con agentes, drones, helicópteros y unidades caninas. Además, se activó una alerta en el sistema europeo de información.

Desde las primeras horas, los investigadores descartaron una desaparición espontánea. “Las investigaciones se orientaron rápidamente hacia la hipótesis de una salida preparada hacia el extranjero”, destacaron.

Durante los días siguientes, Prizzon recorrió más de 1.100 kilómetros desde Francia hasta el norte de Portugal. En la furgoneta viajaban Audrey, Angela y los dos hijos menores: un niño de 12 años, Elio, hijo de Audrey, y una bebé de 18 meses, hija de Angela.

La detención se produjo el 24 de marzo en Mêda, durante un control de tráfico. El contenido del vehículo confirmó la hipótesis de una fuga planificada: un arma, matrículas falsas, varios dispositivos electrónicos y 17.000 euros en efectivo.

“Estaba locamente enamorada”

Angela Legobien-Cadillac había iniciado su relación con Prizzon tras la ruptura con Audrey. Tenía poco más de 20 años. En 2021 dejó su trabajo, vendió sus pertenencias y se marchó con él a España. “Estaba locamente enamorada… estaba bajo su control”, explicó su abogado. Con el paso del tiempo, se alejó de su entorno y desapareció de las redes sociales. En 2024, la pareja tuvo una hija en común.

Un hijo “de guardia”

Los hechos más graves ocurrieron en el norte de Portugal, en la región de Bragança, en la frontera con León. El relato del hijo mayor permitió reconstruir la secuencia. Según su testimonio, su padre “mató a su madre primero y luego a su actual pareja”.

Primero fue Audrey Cavalié. Después, se produjo una discusión con Angela. Su novia le pidió que se entregara a las autoridades. Pero poco después, también fue asesinada. Ambas muertes se produjeron por asfixia o estrangulamiento. El hijo mayor relató que su padre le obligó a “hacer guardia” mientras enterraba los cuerpos en una zona aislada. Gracias a él, los investigadores tienen detalles suficientes para localizar el lugar exacto.

Investigación abierta

El 26 de marzo, tras varias horas de interrogatorio, Cédric Prizzon fue puesto en prisión preventiva en Portugal. Se enfrenta a cargos por doble homicidio agravado, secuestro, profanación de cadáver, violencia contra sus hijos, falsificación documental y posesión ilegal de armas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan en la protección de los menores y en la coordinación entre Francia y Portugal para traerlos a casa. Por parte del padre, la decisión sobre su posible extradición sigue abierta.

El aumento de feminicidios y la mayor brutalidad de los ataques machistas en España coinciden con el avance de discursos negacionistas y mensajes antifeministas. En lo que va del año, 14 mujeres han sido asesinadas por violencia de género —cinco de ellas habían denunciado previamente a su agresor— lo que eleva el total de víctimas mortales a 1.357 desde 2003. Para Miguel Lorente, profesor de Medicina legal en la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, esta situación evidencia que el problema no se está abordando de forma integral y que los sistemas de protección a las víctimas se activan demasiado tarde.

En entrevista con Infobae, Lorente insiste en la necesidad de reforzar la prevención y la educación, y advierte que un clima social y político como el actual propicia la persistencia y el agravamiento de la violencia machista.

Pregunta: No han transcurrido ni tres meses y 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, además de tres menores de edad. ¿Qué está fallando?

Respuesta: Estamos hablando de una violencia social, estructural, que afecta a más de seis millones de mujeres en España, según los datos de la última Macroencuesta del Ministerio de Igualdad, pero solo se aborda en circunstancias muy limitadas, como cuando se denuncia o cuando hay un elemento apreciable de que existe violencia, y sin embargo no hay una detección adecuada. La violencia forma parte de una construcción androcéntrica que atraviesa toda la sociedad y luego hay elementos como el factor estacional [la tendencia de que los feminicidios aumenten durante épocas vacacionales] que también influye. Ese factor también actúa como un refuerzo positivo, es decir, quienes ya están considerando cometer un asesinato encuentran validación al ver que otros han actuado antes, de forma que esta exposición incrementa el riesgo de que se produzcan más violencia.

Otro factor que actualmente tiene un peso considerable es el social. El negacionismo, los ataques hacia las mujeres y la presentación del feminismo como una amenaza para los hombres son tendencias en aumento, tal y como muestran encuestas del CIS o estudios de la fundación FAD Juventud. Cuando hay un clima social que cuestiona la existencia de la violencia se crea una tormenta perfecta para que algunos hombres que ya han ejercido violencia continúen escalando hasta llegar al homicidio. No se trata, por tanto, de un fallo, sino de que no estamos abordando la violencia de género con toda la globalidad e integralidad que requiere, y ponemos en marcha todos los sistemas de protección en una fase muy tardía de la relación violenta.

P: Llegan entonces tarde las medidas...

R: Se actúa como en un hospital o como en una UCI cuando el caso ha llegado hasta allí, es decir, si te da un infarto en mitad de la sierra, te mueres. Si te da un infarto en tu casa o en una ciudad, la probabilidad de que llamen a una ambulancia y te lleven a un hospital e ingreses en la UCI hace que tu riesgo de muerte sea menor. Aquí sucede lo mismo: si esperamos a que toda la violencia de género se manifieste o se conozca para actuar, el sistema puede funcionar, pero no es suficiente debido a las características de esta violencia.

P: Respecto al negacionismo de la violencia machista y a los mensajes antifeministas que promueven algunos líderes de extrema derecha, tanto en España como a nivel global, ¿cómo se puede combatir ese tipo de discursos?

R: Lo primero es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Actualmente, la ultraderecha busca recuperar valores identitarios y elementos culturales para imponerlos como parte de la normalidad. Se quiere recuperar un marco donde las propuestas de derecha se perciban como coherentes y necesarias, mientras que las propuestas progresistas y feministas se ven como un ataque, un caos o un desorden. Nadie quiere identificarse con el caos, por lo que no necesitan criticar las políticas progresistas una por una, basta con instalar ese marco general.

Por otro lado, la izquierda también enfrenta dificultades para combatir estos discursos, en parte porque sigue existiendo una visión androcéntrica, incluso dentro de los partidos progresistas. Siempre he dicho que la diferencia entre un partido de derecha y uno de izquierda no está en el número de machistas, sino en el número de feministas. El modelo androcéntrico sigue considerándose la norma, incluso en espacios que se definen como progresistas.

El feminismo no debe entenderse como una política sectorial, sino como una perspectiva que atraviese todas las políticas. El cambio cultural que requiere combatir el negacionismo y los discursos antifeministas necesita políticas profundamente transformadoras. No basta con aprobar una nueva ley puntual, ya que eso solo gestiona la situación actual sin transformar de raíz la cultura. No se trata de gestionar el machismo, sino de transformarlo y erradicarlo. Por la urgencia actual, es necesario actuar sobre las consecuencias del machismo para minimizarlas, pero toda política feminista y progresista debería, además de abordar los efectos, contribuir a transformar las causas que originan esa violencia.

Tampoco deberíamos permitir la justificación ni la minimización de la violencia machista desde partidos políticos. Por ejemplo, a Bildu se le critica por su vínculo histórico con ETA aunque hoy no defienda ni justifique las acciones violentas de ETA, y eso es suficiente para no pactar con ellos. En cambio, con partidos que están haciendo apología del machismo asesino, porque el machismo mata, no pasa nada. Aquí los únicos que están llevando la violencia a la política son Vox, directamente, y el PP cuando secunda sus propuestas. No se debería diferenciar entre distintos tipos de violencia, como terrorismo, narcotráfico u otras formas; la violencia es violencia. En este contexto, Vox y el PP utilizan el debate sobre la violencia para ocultar la violencia contra las mujeres, y esto se está permitiendo.

P: ¿Consideras que los discursos antifeministas y conservadores están influyendo en el aumento de la violencia machista y la gravedad de las agresiones contra las mujeres?

R: La consecuencia de este clima violento es un aumento tanto en la cantidad como en la gravedad de los ataques. Los datos muestran que, en los últimos diez años, se ha incrementado la intensidad de la violencia. Por ejemplo, el número medio de puñaladas en los crímenes ha pasado de dieciséis a veinticuatro, y los asesinatos con traumatismos craneoencefálicos han subido de trece a veinte. Además, ahora se registran más asesinatos de menores y también se cometen estos crímenes en espacios públicos, como lugares de trabajo, tal y como sucedió hace unos días con una mujer en Zaragoza que fue asesinada por su expareja cuando acudía a abrir la peluquería donde trabajaba.

En los años 90 yo no tenía conocimiento del problema social que suponía la violencia de género, pero como médico forense observaba ciertas características particulares: era inmotivada, desproporcionada y aleccionadora, ocurría en espacios públicos y se dirige también a hijos e hijas. En la actualidad, la violencia contra las mujeres se divide en categorías como vicaria, obstétrica, digital, física, psicológica y económica, y esa fragmentación puede hacer que se pierda la perspectiva de que todas estas formas responden a una misma realidad: el ejercicio de poder y control sobre las mujeres. Al clasificar la violencia en distintos tipos, se dificulta comprender su magnitud y su origen común, lo que debilita la conciencia social sobre la gravedad del problema.

P: ¿Cree que estamos dando pasos atrás?

R: No creo que estemos retrocediendo, pero los datos muestran una realidad compleja. Si comparamos la última década con la anterior, el número de asesinatos de mujeres ha disminuido, lo que indica que se está avanzando en algunos aspectos. Sin embargo, preocupa que el 38,5% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia previa, un porcentaje mucho mayor que la media anual, que suele ser del 25%. Esto evidencia fallos en la protección institucional, ya que estas mujeres sí buscaron ayuda.

Hay un problema de fondo en la transmisión de valores machistas a las nuevas generaciones. Según el último barómetro del Centro Reina Sofía, el 22% de los jóvenes de entre 15 y 29 años considera que la violencia de baja intensidad no es un problema en la pareja, y este porcentaje ha ido aumentando año tras año. Esto demuestra que los mensajes conservadores y machistas siguen calando en la sociedad, mientras que no se ha avanzado lo suficiente en educación y concienciación. El debate, por ejemplo, sobre el “pin parental” ha desaparecido porque ya casi no se organizan actividades educativas sobre igualdad y violencia de género en los colegios, debido a la presión de algunos sectores. Si en estos 22 años de ley integral se hubiera trabajado de manera constante en educación, la situación sería distinta. Falta avanzar en la prevención y en la educación, que son aspectos esenciales para erradicar el machismo.

Olimpia Coral, activista en contra de la violencia digital e impulsora nacional de la llamada Ley Olimpia, afirmó que el asesinato de las maestras María del Rosario y Tatiana, perpetrado por un alumno de preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no fue un hecho aislado y señaló que derivó de una falta de responsabilidad social.

En un video publicado en su cuenta de X, la defensora se dijo “consternada por la noticia”, principalmente por que ella estuvo en la misma localidad el día del ataque, impartiendo una conferencia ante mil quinientos alumnos de preparatoria y universidad.

“Súper concernada por la noticia. Vengo apenas llegando a casa, a la Ciudad de México, y me estoy enterando que mientras, eh, yo estaba dando una conferencia justo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de lo cual viajé de San Luis Potosí doce horas terrestre para poder llegar a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Al mismo tiempo que yo estaba dando una conferencia ante mil quinientos alumnos de preparatoria, de universidad, estaba pasando una tragedia. Un alumno de quince años le disparó a sus maestras”, dijo.

La activista refirió que el joven asesinó a dos de sus profesoras y horas antes se grabó en sus redes sociales con una larga y haciendo alusión a la violencia con mensajes de odio, incluso contra colectivos feministas y discursos de igualdad entre hombres y mujeres.

“Esto definitivamente no es un hecho aislado. Esto definitivamente es una responsabilidad social de todas y de todos, de todas y de todos. Son jóvenes. Cada año, muchísimos más jóvenes están ejerciendo en contra de muchísimas personas, pero en especial contra mujeres y contra niñas”, enfatizó.

La exsenadora y excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, también reaccionó al caso través de su cuenta de X.

“Devastador lo sucedido en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras de su preparatoria, horas después de presumir la posesión de armas largas en sus redes sociales. ¿Qué nos sucede como sociedad? ¿Qué no están haciendo las autoridades? Luchemos para evitar normalizar la violencia", comentó.

Las reacciones se centraron en la responsabilidad social ante hechos de violencia en espacios educativos y en la inquietud por evitar la normalización de estos actos, especialmente cuando las víctimas son mujeres y niñas.

Esto en el contexto de que el alumno que perpetró el asesinato se identificó como miembro de un grupo INCEL.

Esta mñana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla fueron el objetivo principal del ataque perpetrado por un estudiante de 15 años en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el hecho como “muy doloroso en muchos sentidos” y anunció que el gobierno atenderá el caso de manera integral para que no se repita.

Señaló que el atacante, quien ingresó armado con un fusil AR-15, había preparado el ataque y fue detenido por alumnos y personal antes de la llegada de la policía, que aseguró el arma y un cargador.

Informó que el gobierno ampliará un programa de salud mental dirigido a adolescentes, ya implementado en tercer año de secundaria, para abarcar también la educación media superior.

El programa contempla capacitación a maestros, contratación de personal especializado y guías para estudiantes, docentes y padres de familia.

La Secretaría de Educación Pública lamentó el ataque y se comprometió a fortalecer la seguridad y formación socioemocional en las escuelas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación y brinda acompañamiento a las familias de las víctimas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal firmaron un Convenio Marco de Colaboración interinstitucional, cuyo objetivo es coordinar acciones para fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, así como erradicar las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas.

Durante la ceremonia, realizada en la sede de la Suprema Corte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, coincidieron en la urgencia de avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Para ello, subrayaron la necesidad de unir esfuerzos y enfrentar los retos derivados de la desigualdad estructural.

El ministro presidente destacó que la igualdad formal no es suficiente y señaló la necesidad de “trabajar fuerte hacia la igualdad sustantiva, la igualdad real y verdadera, la que se sienta en el cuerpo, en la dignidad de cada una de ustedes”.

“Esta para mí es la apuesta central”, puntualizó.

Agregó que la Corte está abierta a recibir todas las contribuciones y propuestas para alcanzar la justicia para las mujeres.

Citlalli Hernández Mora afirmó que la firma del convenio marco con el Alto Tribunal ocurre en un contexto histórico sin precedentes.

“Estamos muy claras en el momento que estamos viviendo, tenemos a la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos en un momento donde los avances de la lucha de las mujeres son evidentes, están a la vista, la paridad de género es una realidad, más mujeres estamos en la toma de decisiones; pero también hay muchos retos y estamos en la construcción de la sociedad de un México más igualitario”, remarcó.

Por su parte, Néstor Vargas Solano sostuvo que el objetivo principal es coordinar acciones para fortalecer la administración de justicia y recordó que México cuenta con una larga tradición en la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Detalló que la igualdad sustantiva se elevó a rango constitucional, lo que establece la obligación de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, garantizar la igualdad salarial y reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia laboral y familiar.

En el evento, la gobernadora de Quintana Roo y presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago, Mara Lezama Espinosa, señaló que México vive un momento histórico, con una Suprema Corte integrada por cinco mujeres ministras, lo que representa una justicia más cercana a la sociedad.

La ministra Lenia Batres Guadarrama resaltó que el convenio permitirá “una colaboración estratégica, orientada a garantizar que todas las mujeres adolescentes y niñas ejerzan plenamente su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa celebró la alianza como muestra de la voluntad institucional para sumar esfuerzos en la eliminación de la violencia y discriminación, y para garantizar el acceso pleno a la justicia con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra precisó que la nueva SCJN busca ser un hito para los derechos humanos de las mujeres mexicanas a través de criterios que garanticen el acceso a la justicia en todos los ámbitos.

Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte, subrayó que este convenio fortalece la administración de justicia y avanza en la garantía de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas, así como en el derecho a una vida libre de violencias.

En la firma participaron también magistradas, magistrados, representantes del Tribunal Electoral, de la Defensoría Pública, legisladoras y legisladores, así como funcionarias y funcionarios de la Suprema Corte y de la Secretaría de las Mujeres.

El feminicidio es uno de los delitos contra las mujeres con alta incidencia a nivel nacional, por lo que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley para prevenir los casos, homologar las sanciones y garantizar el acceso a la justicia.

De acuerdo con el gobierno federal, la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio se compone de 52 artículos distribuidos en ocho títulos.

Uno de los principales, será la homolgación del término feminicidio y sus agravantes, así como las sanciones y el método de investigación.

¿Qué se considera feminicidio en la iniciativa?

La propuesta establece que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”, para lo cual se señalaron nueve posibles motivos:

Esto incluye situaciones como: violencia sexual contra la víctima, ataques motivados por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia hacia la víctima y situaciones de desigualdad de poder (por ejemplo: cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con discapacidad).

¿Cómo se investigará el feminicidio?

El Ministerio Público tendrá la facultad de solicitar productos de inteligencia y utilizar servicios periciales para fortalecer las investigaciones de feminicidio.

Según la propuesta, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas que aseguren atención permanente y continua en cada caso, aplicando protocolos específicos y una perspectiva de género.

Según lo establecido, toda muerte violenta de mujeres se investigará inicialmente como feminicidio, priorizando la búsqueda de la verdad y la reparación integral del daño.

La iniciativa establece que se analizarán antecedentes de violencia, aunque no existan denuncias previas, y que todas las autoridades tendrán la obligación de garantizar el derecho a la verdad en el marco de sus competencias.

El Ministerio Público deberá iniciar la investigación de oficio de manera inmediata, y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado para la investigación de estos delitos.

Además, la medida contempla la protección especial para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de feminicidios.

En este sentido, la propuesta también incorpora la exigencia de que personas, medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas directas e indirectas.

¿Cuáles serían las sanciones y agravantes?

Con la iniciativa el feminicidio se sancionaría con 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS.

Estas penas aumentarán a la mitad si la víctima era menor, adulta mayor, embarazada, con discapacidad, periodista, defensora de derechos, migrante, si fue atacada con ácido o sustancias inflamables, o si el responsable era servidor público.

El delito no podrá justificarse bajo ninguna circunstancia, el agresor perderá patria potestad y derechos de herencia, quedará inhabilitado para cargos públicos y no tendrá acceso a libertad anticipada ni amnistía. El delito será imprescriptible.

Nayara apenas guarda recuerdos de su madre, Patricia Maurel. Tenía tan solo tres años cuando, en 2003, su padre la asesinó a tiros en la provincia de Teruel, un crimen por el que fue condenado a 18 años de cárcel. Tanto ella como sus dos hermanos, que entonces tenían 5 y 7 años, se quedaron al cargo de sus abuelos maternos, que se enfrentaron a grandes dificultades, tanto emocionales como económicas, e incluso tuvieron que luchar para evitar que la custodia pasara a la hermana del feminicida. El apoyo institucional que los tres menores recibieron entonces fue muy limitado, cuenta Nayara a Infobae, por eso destaca la importancia de ayudas como las becas Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres, que brindan apoyo a hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género y que, en su caso, le permitieron estudiar integración social y continuar su formación en Zaragoza.

La orfandad a consecuencia de un feminicidio es una situación de riesgo de pobreza infantil que se manifiesta en la totalidad de los casos, según recoge un informe la fundación, ya que habitualmente pierden a sus principales proveedores de recursos. La mayoría de huérfanos y huérfanas se quedan al cuidado de otros miembros de la familia y, cuando se trata de los abuelos y abuelas, es habitual que utilicen sus pensiones de jubilación o no contributivas, prestaciones económicas que suelen ser “insuficientes para atender las obligaciones de crianza a medio y largo plazo”.

Cuando asesinaron a la madre de Nayara, sus abuelos todavía no se habían jubilado, pero aún así atravesaban una situación económica precaria: él trabajaba en la construcción y ella se encargaba de las tareas de la casa, y tuvieron que asumir todos los gastos y cuidados de los tres nietos. El padre de Nayara nunca pagó los más de 300.000 euros de indemnización que la justicia fijó como responsabilidad civil para sus hijos.

“No tenemos palabras para agradecer a mis abuelos cómo se han portado, porque además de mover cielo y tierra para que la hermana de mi padre no se quedara con nuestra custodia, tuvieron incluso que llevarnos hasta la cárcel para visitarle, porque estaban obligados a hacerlo, lo que ahora a nadie en su sano juicio se le ocurriría”, relata Nayara, que recuerda que “un maltratador nunca es un buen padre”.

Su abuela suele decir que los nietos la han ayudado en todo, pero ella insiste en la dificultad de sacar adelante a tres niños pequeños con pocos recursos económicos. “Imagina lo que supuso hacerse cargo de nosotros sin apenas ayuda. Lo han pasado muy mal, siempre con problemas para llegar a fin de mes, porque, además, la pensión por orfandad la empezamos a cobrar mi hermano mediano y yo siendo ya adolescentes, mientras que a mi hermano mayor ni le tocó”, añade la joven, que ahora tiene 26 años.

En ese contexto, las becas Soledad Cazorla marcaron la diferencia para Nayara, que reconoce que sin esa ayuda no habría podido continuar sus estudios. Este programa, gestionado por la Fundación Mujeres, nació en 2016 por iniciativa de la familia de Soledad Cazorla, primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y en estos diez años ha acompañado a 79 familias y concedido 288 becas a 135 menores. Nayara también destaca el acompañamiento y el apoyo continuado de la fundación, que sigue en contacto con su familia y la invita a los encuentros del programa. “Siguen pendientes de nosotros y se preocupan por cómo estamos”, asegura.

Las becas, con un importe máximo de 2.200 euros y renovables hasta tres años, han facilitado que numerosos beneficiarios prosigan su formación académica y profesional. El Fondo también ha fortalecido el apoyo emocional a las familias con ‘Escucha su voz’, un encuentro anual que reúne a niños y familiares afectados por la violencia machista en diferentes ciudades, creando un espacio seguro para compartir vivencias y reducir el aislamiento.

Desafíos pendientes

Entre los retos pendientes, explica la Fundación Mujeres, destaca la necesidad de mejorar la recopilación de datos para conocer el número real de huérfanos y el alcance de las ayudas concedidas, así como garantizar que todas las víctimas reciban el mismo nivel de apoyo, sin diferencias según la comunidad autónoma. También reclaman que los hijos e hijas mayores de 18 años sean reconocidos como víctimas de violencia de género, ya que las estadísticas actuales no los incluyen, “y eso supone el olvido”.

La organización solicita, asimismo, un protocolo de actuación inmediata tras el crimen machista para que las familias puedan acceder más fácilmente a la información sobre ayudas y acceso a la justicia gratuita.

En menos de tres meses 14 mujeres han sido asesinadas

Solo en lo que va de año, hasta el 23 de marzo, 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años, lo que eleva el total de feminicidios a 1.357 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Estos feminicidios han dejado doce menores huérfanos en 2026, una cifra que asciende a 516 desde 2013.

Además, en lo que va de año tres menores han sido asesinados por sus padres. El último de estos crímenes vicarios se produjo el pasado viernes 20 de marzo en Torrevieja, Alicante, donde un hombre de 40 años mató a su hija, de tres.

El último feminicidio se produjo en Zaragoza el sábado 21, en plena calle, cuando un hombre se acercó a la peluquería de su expareja, una mujer de 42 años, y antes de que ella pudiera abrir el local, le disparó cuatro veces. Tanto en el asesinato de la niña como en este, los agresores se suicidaron, una situación que se da en algo más del 40% de estos casos, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Igualdad.

El padre de Nayara también entra dentro de esa estadística, pero no por el caso de su madre. Por este crimen, el hombre estuvo preso en la cárcel de Teruel entre 2003 y 2013, año en el que fue trasladado a un centro de inserción, y en 2017 obtuvo la libertad condicional. Sin embargo, dos años más tarde, en 2019, asesinó a la abogada penalista que le defendió en aquel juicio, Rebeca Santamalia, con quien mantenía una relación sentimental. Fue tras ese segundo crimen cuando él se suicidó.

Tres hombres han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de planear y ejecutar un ataque en el que una mujer fue rociada con líquido inflamable y quemada en su vivienda en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, el pasado mes de febrero, según han informado a la agencia EFE fuentes de la investigación. Los agentes han comunicado que el pasado miércoles arrestaron a tres personas, dos en Móstoles y una en Quijorna, en relación con este caso, y han aclarado que uno de ellos es el marido de la víctima, señalado como presunto inductor del ataque, mientras que los otros dos habrían llevado a cabo la agresión.

El brutal ataque se produjo el 2 de febrero cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio. Los hombres posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.

La mujer permanece hospitalizada y las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todos los detalles del caso. Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos.

La violencia machista no da tregua

Solo en lo que va de año, 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años, lo que eleva el total de feminicidios a 1.357 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Estos feminicidios han dejado doce menores huérfanos en 2026, una cifra que asciende a 516 desde 2013.

En lo que va de año también han sido asesinados tres menores por sus padres. El último de estos crímenes vicarios se produjo el pasado viernes 20 de marzo en Torrevieja, Alicante, donde un hombre de 40 años mató a su hija, de tres.

Además de este repunte de asesinatos machistas en este primer trimestre del año, expertos advierten que los ataques presentan un nivel de violencia cada vez mayor. Señalan que los últimos casos muestran agresiones con mayor ensañamiento y métodos más extremos, lo que refleja una tendencia preocupante en la gravedad de la violencia ejercida contra las víctimas.

El recuerdo de lo ocurrido días antes, cuando el Gobierno de Aragón ya había condenado el asesinato machista de María Paloma en Barbastro, estuvo presente en la concentración que reunió a autoridades, familiares y representantes institucionales frente al Edificio Pignatelli. Allí, como reportó el medio, se sumó un nuevo nombre, Silvia, víctima de violencia por parte de su expareja este pasado sábado en Zaragoza. Según detalló el Gobierno de Aragón, estos hechos han provocado una honda consternación en la comunidad autónoma y han llevado a resaltar la necesidad de que la respuesta social e institucional frente a la violencia contra las mujeres sea constante, decidida y conjunta.

De acuerdo con la información publicada, la primera de las cuatro concentraciones convocadas este domingo tuvo lugar a las 10:30 de la mañana y contó con la asistencia de varios consejeros autonómicos, incluida la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, así como la consejera de Políticas Sociales y concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós. Durante el acto oficial, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, fue la encargada de leer el manifiesto en el que se reiteró la condena institucional y se explicitó el compromiso del Ejecutivo para prevenir y combatir cualquier expresión de violencia contra las mujeres.

Tal como consignó la fuente, el manifiesto hizo hincapié en el dolor y la rabia compartidos por la sociedad aragonesa tras conocerse el fallecimiento de Silvia, que fue asesinada presuntamente por su expareja. El texto leído arrojó una reflexión sobre el impacto de estos hechos, enfatizando que no se trata solo de estadísticas, sino de vidas abruptamente terminadas y núcleos familiares devastados. El Gobierno de Aragón insistió en la importancia de que la sociedad no normalice estas tragedias, subrayando la responsabilidad colectiva de rechazar y actuar frente a la violencia machista.

Según informó el Gobierno de Aragón, la concentración celebrada este domingo representa la primera de las cuatro convocadas tras el asesinato de Silvia, lo que evidencia el compromiso y la preocupación de las instituciones aragonesas ante la frecuencia y gravedad de estos hechos. Las autoridades autonómicas expresaron su pésame y solidaridad al entorno afectado, extendiendo el mensaje de que las víctimas y sus familias no están solas, y que el apoyo institucional se mantendrá firme y constante.

En el desarrollo del acto, el manifiesto proclamó que la memoria de Silvia y demás víctimas debe servir para renovar los esfuerzos de prevención y protección. “Vuestro testimonio y vuestro recuerdo serán siempre un acicate para que todas las instituciones trabajemos juntas, sin descanso”, recoge el pronunciamiento citado por el medio. En esa línea, el documento insistió en que la lucha contra la violencia de género compete a toda la sociedad y requiere coordinación entre instituciones y ciudadanía.

El Ejecutivo autonómico también recordó durante la jornada la existencia de un teléfono de ayuda, el 900 504 405, habilitado para atender denuncias, solicitudes de auxilio u ofrecer un canal seguro de comunicación para quienes sean testigos o conozcan posibles casos de violencia machista. El Gobierno instó a la población a recurrir a este recurso y a no guardar silencio ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las mujeres.

Como describió la fuente, el Ejecutivo de Aragón estuvo representado por los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; de Sanidad, José Luis Bancalero Flores; y de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés. Su presencia destacó el respaldo institucional y la coordinación entre diferentes áreas de la administración para enfrentar la problemática.

El contexto de la concentración, situada frente al Edificio Pignatelli, refuerza un mensaje de unidad y determinación estatal en la respuesta ante la violencia de género en Aragón. Autoridades recordaron el reciente caso de María Paloma y enfatizaron que la recurrencia de estos episodios demanda una reacción firme y sostenida. El Gobierno de Aragón expresó que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que interpela a toda la ciudadanía, exigiendo respuesta conjunta, no solo del sector público, sino también del conjunto social.

El acto institucional estuvo marcado por un minuto de silencio en memoria de Silvia, así como de otras víctimas, como una manifestación visible del rechazo de la comunidad aragonesa hacia todo acto de violencia machista. Según la información difundida por el Gobierno regional, la condena fue reforzada por las palabras de las autoridades, que señalaron la gravedad de los hechos y la urgencia de coordinar esfuerzos preventivos y de protección.

En distintos momentos del manifiesto, el Ejecutivo reiteró que la violencia de género no debe ser aceptada ni relegada al ámbito privado, y abogó por una postura pública e inequívoca de repulsa. El texto leído insistió en la responsabilidad comunitaria y la necesidad de que las instituciones colaboren para erradicar esta problemática.

En las palabras pronunciadas este domingo, las instituciones dejaron en claro que el proceso de apoyo y acompañamiento a las víctimas y sus familias será permanente. Además, se hizo un llamamiento para que todas las mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo, o que hayan sufrido alguna agresión, recurran a los recursos disponibles y confíen en el respaldo de los organismos que ofrecen ayuda específica. Como reiteró el manifiesto, la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere un esfuerzo colectivo continuado y una vigilancia activa por parte de todas las capas sociales.

La violencia de género en Aragón ha motivado la implementación y actualización constante de protocolos y de recursos a disposición de la ciudadanía, así como la organización de actos institucionales que buscan sensibilizar y movilizar a la sociedad. De acuerdo con los pronunciamientos recogidos por la fuente, la respuesta del Gobierno autonómico se presenta como fuerte y prioritaria, orientada tanto a la prevención de nuevos delitos como al acompañamiento integral de quienes han sufrido sus consecuencias.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de una menor de tres años y de su padre, un hombre de 41 años, en casa de este como un posible nuevo caso de violencia vicaria. Según las primeras investigaciones, el progenitor podría haber asesinado a su hija y haberse suicidado posteriormente. El suceso ha tenido lugar en Torrevieja (Alicante), durante esta noche.

A través de su cuenta de X, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha señalado que actualmente se están recabando datos “del asesinato por presunta violencia vicaria de una menor en la provincia de Alicante”.

Por su parte, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha expresado sentirse “conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante”: “Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos”, ha escrito.

Según ha señalado la agencia EFE en base a declaraciones cercanas al caso, ambos cuerpos habrían sido hallados ahorcados poco antes de las 02.00 horas de la pasada madrugada. La madre, una mujer de 36 años que ya no mantenía una relación con el presunto autor del crimen, había alertado a la Guardia Civil de que no conseguía contactar con él desde hacía varias horas.

Tras el aviso, los agentes del Instituto Armado se trasladaron hacia el domicilio de su expareja, donde localizaron ambos cuerpos. Según ha señalado la agencia EFE, no existían denuncias previas de malos tratos entre ambos progenitores. La madre de la menor presuntamente asesinada por su padre ha tenido que ser trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad.

Conmoción en Torrevieja por el presunto caso de violencia vicaria

El caso de Torrevieja está siendo dirigido por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Según los primeros indicios, sería un nuevo caso de violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

Los hechos han provocado una fuerte conmoción en el municipio alicantino y el Ayuntamiento de la localidad declarará a lo largo de este sábado medidas de duelo por el fallecimiento de la menor de 3 años.

De confirmarse, este sería el tercer asesinato por violencia vicaria en lo que llevamos de año, tras las muertes de Noemí, de 12, y Yared, de 10. De igual manera, los crímenes vicarios ascenderían a un total de 68 desde 2018, fecha en la que los menores pasaron a ser reconocimos como víctimas de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Con información de Europa Press y EFE

Apenas han transcurrido dos meses y medio de 2026 y España ya contabiliza 13 asesinatos machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años. Siete de las víctimas mortales eran mujeres de edades comprendidas entre 51 y 84 años, pero pese a estos datos, la violencia de género que afecta a las mujeres mayores permanece mucho más oculta que la sufrida en otros grupos de edad. Con los feminicidios registrados en lo que va de año, el total de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas asciende a un total de 1.356 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

“Estos datos, en los que cada vez aparecen más mujeres de más edad asesinadas, son la cúspide de la violencia invisibilizada que han sufrido las mujeres mayores en distintas formas: psicológica, de control, económica o sexual, casi siempre en silencio y fuera del foco público”, señala a Infobae la antropóloga Mónica Ramos. Esa invisibilización, añade, responde en parte a los estereotipos que asocian la violencia de género principalmente con mujeres jóvenes o adultas con menores a cargo.

Ramos, coordinadora técnica del grupo social de la Universidad Permanente de Cantabria (UNATE), una alianza de entidades que trabaja con y por las personas mayores, recuerda que desde 2003 ha habido años en los que casi el 20% de las mujeres asesinadas por violencia de género tenían más de 71 años, “una proporción que cuestiona la idea de que la violencia de género afecta principalemente a mujeres jóvenes y evidencia la necesidad de replantear el enfoque social y mediático” sobre esta problemática. En 2025, por ejemplo, el 31% de las víctimas mortales tenían entre 51 y 84 años -e incluso una de ellas superaba los 85, “lo que refleja la dimensión del fenómeno”.

El último feminicidio de este 2026 ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando un hombre de 52 años asesinó a su pareja, una mujer de 64 años, en la localidad cántabra de Pedreña. No existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que ha sido detenido y previamente había sido condenado por dos casos de violencia de género en Madrid.

Esta misma semana, el Ministerio de Igualdad también ha confirmado el crimen machista de una mujer de 53 años en Huesca, que fue asesinada por su pareja, un hombre de 63, el pasado 17 de enero, y tampoco existían denuncias previas. En este caso, el cuerpo de la mujer había sido localizado en un barranco y la Guardia Civil consideró que había sido un suicidio, aunque después encontraron indicios de homicidio, por lo que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Entre los investigados se encuentran la actual pareja de la mujer, su marido y un tercer implicado.

Muchas mujeres no denuncian

A pesar de las múltiples caras de la violencia machista, advierte Mónica Ramos, muchas víctimas mayores no denuncian estos abusos, ya sea por dificultades para identificarlos o por la falta de apoyo en su entorno cercano. La experta recuerda el caso de Ana Orantes, la mujer que fue asesinada por su exmarido en 1997 tras relatar en un programa de televisión los 40 años de violencia machista sufrida durante su matrimonio. Orantes, que tenía 60 años, denunció los golpes y humillaciones a los que había sido sometida durante más de media vida.

A pesar de que solo han transcurrido poco más de dos meses y medio de año, Igualdad ya ha reunido dos veces al comité de crisis de violencia machista -se convocan cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes-. En el del pasado martes, la ministra Ana Redondo apeló al Consejo General del Poder Judicial para que los jueces se formen en perspectiva de género y la apliquen “con el máximo rigor la ley”, sobre todo a los asesinos, maltratadores y violentos reincidentes, a los que, ha remarcado, habría que hacer un seguimiento “muy particular” cuando salen de prisión, informa la agencia EFE. “Creo que, en este contexto, lo que tenemos es que evaluar el Código Penal, evaluar las medidas y llevarlas a máximos”, ha opinado.

La ministra también destacó la importancia de que los municipios se incorporen a VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, dado que una de las funciones de las policías locales es realizar la monitorización de los agresores reincidentes, una vez son puestos en libertad. Asimismo, pidió un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas, ya que son las que desarrollan “en buena parte” los planes de igualdad y contra la violencia de género.

El momento de la separación es uno de los más peligrosos para las víctimas

De las 13 mujeres asesinadas en lo que va de año, 10 eran españolas y 3 extranjeras, al igual que sus feminicidas, según los datos de Igualdad. Diez de las víctimas ya no convivían con sus agresores o estaban en proceso de separación, lo que evidencia que el momento de separarse de un maltratador es uno de los de mayor riesgo. Cuando ellas comunican su decisión de marcharse, ellos perciben que pierden el control sobre sus víctimas.

Cinco de las víctimas habían denunciado por malos tratos a sus agresores, estaban inscritas en VioGén, e incluso varias de ellas contaban con medidas de protección en vigor, pero los mecanismos institucionales no fueron suficientes para protegerlas.

Además de estos feminicidios, en lo que va de año la violencia machista también se ha cobrado la vida de dos menores: Noemí, de 12 años, y Yared, de 10, que fueron asesinados por sus padres. Los crímenes vicarios ascienden a un total de 67 desde 2013, fecha en la que los menores pasaron a ser reconocidos como víctimas de la violencia de género.

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de un posible asesinato por violencia machista de una mujer en Huesca, según ha asegurado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en X. De confirmarse, sería la decimotercera víctima en lo que llevamos de año, y la 1.356 desde 2003.

Pese a la falta de confirmación de la cartera que dirige Ana Redondo, según ha asegurado El Heraldo de Aragón y EFE, el cuerpo de la mujer corresponde al que se encontró hace dos meses en un barranco de la localidad de Colungo. El 18 de enero apareció el cadaver de la mujer, de unos 53 años en el barranco del Fornocal. El citado medio explica que la mujer se encontró indecumentada y que parecía que se trataba de un accidente o un suicidio, motivo por el que el caso no transcendió. Sin embargo, la investigación revela ahora que existen “indicios de homicidio doloso”.

Ahora, dos meses después, y como ha podido saber el citado medio, el Juzgado número dos de Barbastro ha tomado declaración a tres personas en la mañana de este lunes, dos de ellas detenidas el pasado viernes y a tres testigos. Uno de ellos es su marido.

El último caso ocurrió este mismo domingo en Cantabria, donde la Guardia Civil detuvo en Pedreña a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años. Según informó ayer la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron el sábado un aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en su casa.

Cómo buscar ayuda

El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas pueden pedir ayuda en el teléfono 016, a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los cinco asesinatos por violencia de género perpetrados en España en el mes de febrero. Además, este mismo domingo la Guardia Civil ha detenido en Pedreña, Cantabria, a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64. Si se confirma su naturaleza machista, ya serían 12 los feminicidios registrados en lo que va de año, lo que eleva el total de víctimas mortales a 1.355 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos de forma oficial.

Entre las víctimas del pasado mes de febrero se encuentran María José Rodríguez, de 52 años, quien fue asesinada el 1 de febrero en Mos (Pontevedra) a manos de su expareja, lo que convierte en la sexta víctima mortal por violencia de género en lo que va de 2026. El 16 de febrero, Carmen López, de 64 años, también fue asesinada por su expareja en Benicàssim (Castellón).

A María José, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, su expareja y padre de la niña, las asesinó el 17 de febrero en Xilxes, Castellón, y en esta caso existían denuncias previas contra el agresor. Al día siguiente, el 18 de febrero, Petronila, de 37 años y madre de dos hijos, fue asesinada en Madrid por su expareja, un hombre de 34 años que confesó el crimen.

El 20 de febrero se produjo el crimen de Tatiana Rodríguez, de 28 años y madre de una niña y tres niños, a manos de su marido, de 30, en Sarriguren, Navarra. En este caso no constaban denuncias previas contra el agresor.

Además de estos crímenes machistas, en febrero también fue asesinado por su propio padre un niño de 10 años, Yared, en Santa Cruz de Tenerife. El agresor fue abatido por disparos de la Guardia Civil, aunque previamente también hirió de gravedad a la madre del menor. El hombre no tenía antecedentes por violencia de género.

Cabe recordar que Igualdad convoca estos comités de crisis cuando se registran cinco o más asesinatos por violencia de género en un mismo mes. En las reuniones, representantes de diversas instituciones analizan los antecedentes y circunstancias de cada caso desde distintas perspectivas con el objetivo de identificar posibles áreas de mejora en la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Andalucía es la región que más feminicidios concentra

De las once víctimas mortales confirmadas por Igualdad en lo que va año, 8 eran españolas y tres extranjeras, al igual que los feminicidas. Por comunidades autónomas, Andalucía registró tres casos y la Comunidad Valenciana dos, mientras que Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Castilla y León contabilizaron un caso cada una.

En el último feminicidio confirmado, ocurrido el pasado 10 de marzo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, un hombre provocó un incendio en una vivienda, en la que fallecieron como consecuencia del mismo tanto la expareja como otras dos mujeres, la madre de la víctima y una vecina. El agresor, que fue detenido, tiene en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Ante el repunte de la violencia de género en este inicio de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que quiere buscar acuerdos con todos los grupos políticos. “Es una escalada de violencia terrible que condenamos. Esto es un terrorismo contra las mujeres, un terrorismo por el único hecho de ser mujeres”, ha destacado ante los medios.

(Con información de agencias)

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, según informa EFE. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar el sábado.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio. La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres. Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

11 feminicidios en menos de tres meses

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en 2026 y a 1.355 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos.

Servicios de ayuda para las mujeres que sufren maltrato

Las mujeres que sufren la violencia de género no están solas. El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas pueden pedir ayuda en el teléfono 016, a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. “Es un deber de toda la sociedad reaccionar”, insiste Igualdad.

El 25 de febrero, la Policía Nacional detuvo a tres adolescentes de 14 y 15 años como supuestos autores de la violación de otra menor de 13 años que se habría producido semanas antes en un centro comercial en Valencia. No es común, pero sucede. A pesar de que en la mayoría de los casos son adultos los que ejercen la violencia sexual contra menores, cerca del 9% de los adolescentes son víctimas de otros adolescentes. El dato lo recoge el informe La violencia sexual entre adolescentes de la Plataforma de Infancia. El mismo estudio apunta además que un 62% de los menores de entre 13 y 17 años han visto pornografía alguna vez en su vida. De hecho, la mitad de ellos accedieron a ella antes de los 13 años, y una décima parte antes de los 10 años. A ojos de los expertos, estas cifras guardan una estrecha relación con el aumento de los casos de abusos sexuales entre menores.

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la plataforma, explica en conversación con Infobae que, aunque los agresores sexuales suelen ser adultos, cada vez hay más casos de menores que agreden. Para Escorial, este fenómeno está relacionado con la falta de educación afectivo-sexual, que lleva a los adolescentes a buscar respuestas en la pornografía. “Ahí es donde dan por bueno y normal las cosas que ven y las aplican en sus relaciones sociales”, explica. Pero no es el único foco peligroso.

La experta señala que la violencia sexual también está presente en las series, películas, canciones y videojuegos, donde hay “una exposición de baja intensidad, que va calando”, pero especialmente en el entorno digital, “donde más violencia sexual se ejerce”. Por ello, desde la plataforma piden que salga adelante la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que sigue atascada en el Congreso. Pero, sobre todo, reclama que se pongan barreras digitales efectivas que no permitan acceder a los menores a contenido de adultos.

“La conclusión a la que llegamos las asociaciones de infancia es que realmente no se está poniendo el foco en la adolescencia en materia de política pública”, insiste, ni en prevención ni en materia de reeducación. Escorial denuncia que el sistema falla “a la hora de abordar la atención integral de los niños que ejercen conductas sexuales problemáticas, dañinas, abusivas o violentas porque no siempre se trabaja con ellos en intervenciones terapéuticas especializadas”, porque “recordemos que son menores”.

En ocasiones, tras un proceso judicial de por medio, se impone una pena de libertad en centros de menores, pero eso no significa que se trabaje con ellos. Es más, los menores de 14 años —que son inimputables— no reciben este tipo de medidas y tampoco la atención necesaria para que no vuelva a producirse el mismo comportamiento. Muchas veces esas intervenciones quedan en manos de organismos privados, como la Fundación Márgenes y Vínculos, que trabaja con menores que han cometido abusos sexuales.

Celia Nevado, doctora en psicología y directora de Programas de Intervención con menores víctimas y menores que ejercen violencia de la Fundación Márgenes y Vínculos, coincide en que “el acceso a contenidos sexuales no adaptado a la edad en los niños y niñas produce un efecto de imitación” que conduce a que lleven a cabo “prácticas sexuales problemáticas”. Lo ven claramente en las intervenciones que realiza con estos menores. No obstante, aclara que no todos los casos son iguales.

En conversación con Infobae, Nevado detalla que en la fundación trabajan fundamentalmente con dos perfiles. Hasta los 10 o 12 años, consideran que son “niños con conductas sexuales problemáticas”; y a partir de los 12 años, hablan de “niños o adolescentes con conductas sexuales dañinas”. Del mismo modo que Escorial, Nevado insiste en que se trata de menores de edad y que, por lo tanto, sus actos pueden responder a factores externos como la exposición a la pornografía o haber sido testigos de violencia de género en su casa, lo que les condiciona. Esto no les exime, pero sí se debe tener en cuenta, sobre todo a la hora de tratar de corregir esa actitud y mentalidad. “No debemos etiquetarlos como agresores porque a estas edades, tanto en la infancia como en la adolescencia, trabajar con estos chicos a nivel terapéutico hace que el riesgo de que vuelva a suceder sea muy bajo”, apunta.

Cómo es el trabajo terapéutico con niños con conductas sexuales problemáticas

La experta explica que frecuentemente en la fundación reciben llamadas de familias y centros educativos que han descubierto que hay niños, incluso de cuatro o cinco años, con “conductas sexuales problemáticas”. “Por eso creemos que hay una gran influencia del acceso a contenidos sexuales a través de las nuevas tecnologías, porque si no, es muy extraño que un niño quiera llevar a cabo esas conductas”, destaca. En estos casos, están ejerciendo violencia sexual sin violencia física al no entender que esas conductas no son apropiadas, sobre todo hacia niños más pequeños”. En este segundo caso, aclara, se trata de niños que han visto imágenes inapropiadas e imitan el comportamiento sin saber que es dañino. “No identifican que, por ejemplo, que esa diferencia de edad hace que no sea positivo ni saludable”, añade.

Y, ¿cómo trabajan con ellos cuando esto sucede? “Por un lado, hacemos una valoración de factores sociales, como por ejemplo, que tengan acceso a información sexual no apropiada; por otro, desarrollamos una labor psicoeducativa, para que entiendan qué conductas sexuales son adecuadas o saludables a su edad y cuáles no, de una manera adaptada a través de juegos y libros”, cuenta.

Estos niños deben aprender cómo es una sexualidad positiva, qué es el consentimiento o cómo expresar afecto. A veces, comenta, creen que es lo que están haciendo. Su objetivo finalmente es que el menor entienda y sea capaz de no llevar a cabo estas conductas “porque a veces también hay problemas de control de impulso”. No obstante, también tratan de descubrir si ellos también han sufrido abusos. “Estos chicos y chicas muchas veces ejercen esas conductas sexuales violentas o abusivas porque han sido víctimas de violencia sexual o de situaciones de violencia de género en su casa”, lamenta.

Adolescentes con “conductas sexuales dañinas”

Cuando los menores ya son adolescentes, el escenario es diferente. “Nos encontramos con chicos en los que hay un componente de ideas sexistas influenciadas por la pornografía o por una imagen que cosifica a las chicas”, dice y añade que “creen que, aunque parezca que no, a ella también le gusta que se ejerza con violencia, o si se hace de esta manera es más placentero o eres más macho”. Hay una idea violenta implantada.

En estos ejemplos, también realizan una valoración de las experiencias que hayan podido tener. “En muchos casos han vivido experiencias de violencia de género en sus casas, entonces han tenido modelos que les transmiten esa imagen negativa de cosificación”, señala. Por ello, se centran en la detección de las creencias y mitos sobre la mujer y la sexualidad a través de conversaciones para que ellos lleguen a interiorizar la realidad.

“No le podemos decir: ‘Eso está mal, lo que has hecho porque está mal”'. No, tienen que entenderlo, tienen que saber qué repercusiones tiene e identificar por qué tienen esa actitud hacia la mujer”, señala la experta. “Y al fin y al cabo, lo que intentamos es trabajar con ellos; les explicamos que nuestro objetivo es que puedan tener relaciones afectivas, de pareja y sexuales satisfactorias para todos, que es lo que ellos van a querer, ¿no? Y entonces ellos dicen: “Pues sí, es verdad’. Los adolescentes que abusan de otros adolescentes deben reparar el daño que han hecho, pero también interiorizar que no deben repetirlo”, finaliza.

La segunda mujer que interpuso una denuncia contra el exdiputado Íñigo Errejón el pasado mes de febrero no acudió el jueves a ratificar sus acusaciones. La denunciante debía acercarse al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid el día 12 de marzo, pero finalmente no se presentó a la cita, según ha confirmado a Infobae su abogado, Alfredo Arrién.

El letrado ha explicado a El País que la magistrada deberá archivar provisionalmente la denuncia, si bien desde su bufete intentarán “que se pueda continuar adelante” con el proceso judicial. La presunta víctima había solicitado la condición de testigo protegido, pues se trataba de una actriz “de reconocida notoriedad pública y de proyección”, según reflejaba la denuncia, pero la jueza no se lo concedió.

Finalmente, la denunciante decidió no presentarse este jueves a ratificar sus acusaciones. Según Arrién, que también representa a Elisa Mouliáa, su cliente tiene “más que perder, que ganar” en estos momentos, ha declarado a El País.

“Si te resistes, será peor”

La segunda denunciante habría conocido al exportavoz de Sumar en 2021 a través de Instagram y, poco después, comenzaron a comunicarse a través de Telegram, plataforma que permite eliminar los mensajes automáticamente.

Los hechos denunciados se remontaban al 16 de octubre de ese mismo año. Según la acusación, ambos se encontraron en una fiesta, donde Errejón habría insistido en que le practicara sexo oral. La mujer habría accedido “de manera renuente” al encuentro sexual, en un contexto de consumo de alcohol y cocaína, según refleja el escrito.

Los dos se desplazarían después al domicilio del político en el vehículo de uno de sus amigos. Durante el trayecto, Errejón habría realizado tocamientos sin consentimiento a la mujer, que asegura que expresó de forma clara su negativa y trató de apartarse, produciéndose un forcejeo. El político habría intentado convencerla con frases como “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”, según la versión de la denunciante.

Una vez dentro de la vivienda, el exdiputado habría manifestado su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, acto al que la denunciante se negó. La mujer, sin embargo, afirma que fue sujetada por el cuello y penetrada “por la fuerza y sin consentimiento”, pese a que gritó para que cesara la agresión.

Errejón habría mantenido contacto con la denunciante hasta enero de 2022. Ese mismo día, según el escrito, la mujer sufrió un ataque de pánico en su domicilio e inició tratamiento psicológico y psiquiátrico. La mujer, sin embargo, ha decidido no ratificar su denuncia.

Dos años de la denuncia de Mouliaà

La actriz Elisa Mouliaá fue la primera en dar un paso al frente y denunciar públicamente a Íñigo Errejón después de que, en octubre de 2024, la periodista Cristina Fallarás publicase en su perfil de Instagram el relato anónimo de una víctima y muchos identificasen en los comentarios al político como su agresor.

La acusación provocó la dimisión de Errejón el 24 de octubre. En una carta publicada en su perfil de Twitter (ahora X), el político decía haber llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona” y reconocía llevar tiempo “trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico”, que le forzaba a abandonar la política institucional.

El 14 de noviembre de 2025, Errejón fue procesado por el juez al considerar que existían indicios suficientes de delito. La acusación particular solicitó la apertura de juicio oral en diciembre, mientras la Fiscalía pedía el archivo de la causa al considerar que no había suficientes pruebas que acreditasen la perpetración del delito.

Mouliaá llegó a retirar su acusación contra el político el 4 de febrero de 2026 por motivos personales y de salud, si bien días después decidió que continuaría con el procedimiento. El pasado 16 de febrero, el juez Adolfo Carretero suspendió la citación prevista para comunicar a Errejón la apertura de juicio oral, tras un nuevo recurso del acusado.

La violencia digital es una de las formas de abuso que más se está intensificando contra las mujeres, especialmente con quienes tienen visibilidad pública como políticas, periodistas o activistas. Este tipo de agresión utiliza distintas plataformas y redes sociales para acosar, intimidar y desalentar la participación de las mujeres en debates públicos y, aunque muchas veces se le resta importancia frente a otras formas de violencia machista, sus efectos trascienden el mundo digital.

Así lo demuestran las campañas de descrédito, publicaciones de datos personales o amenazas graves que han denunciado políticas como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la exministra Irene Montero, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, o las periodistas Cristina Fallarás y Sarah Santaolalla. En el caso de Belarra, este mismo miércoles la Policía Nacional detuvo a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) como presuntos autores de las amenazas y el ciberacoso que denunció sufrir en su cuenta de Instagram.

Esta realidad también queda reflejada en estudios como el que recientemente ha publicado el Ministerio de Igualdad, que destaca que las mujeres con perfiles públicos son las principales destinatarias de la violencia digital, especialmente a través de ataques sexistas enfocados en su apariencia física más que en sus opiniones o argumentos. El informe también revela que el 80% de las jóvenes en España ha experimentado algún episodio de violencia digital y que siete de cada diez denuncias recibidas en canales especializados corresponden a agresiones en el entorno virtual.

Silvia Díaz Fernández, investigadora del CSIC, señala a Infobae que este tipo de violencia puede darse de manera individual, cuando una persona menosprecia, ridiculiza o sexualiza de forma vejatoria a una mujer, o a través de ataques coordinados desde comunidades o plataformas que organizan acciones masivas. Según la experta en violencia contra las mujeres y antifeminismo, estos ataques grupales tienen un mayor alcance e impacto, ya que “generan una gran cantidad de mensajes de odio” en redes sociales.

Troleo, ‘doxing’, ‘deepfakes’ y amenazas de muerte

Dentro de esas formas de hostigamiento virtual se encuentra el “troleo de género” (gendertrolling), una práctica que consiste en sabotear o secuestrar conversaciones públicas lideradas por mujeres, desplazando el debate hacia lo absurdo para ridiculizarlas y restar legitimidad a sus mensajes. Otra forma grave de violencia digital es el doxing, que se refiere a la publicación de información personal de mujeres en redes sociales, exponiéndolas a riesgos fuera del entorno virtual, como le ha ocurrido a Rita Maestre, que ha denunciado acoso en su propio domicilio después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

“Los hombres que han acudido a la casa de Rita Maestre saben perfectamente adónde van, no es que les hayan engañado. Se trata de una forma de intimidación física”, afirma Díaz Fernández. “La violencia digital rara vez se limita al entorno virtual: trasciende y afecta la vida cotidiana de la víctima y su interacción social. El nivel de hostigamiento que genera es enorme”, añade la especialista.

También se consideran violencia digital los deepfakes, que son vídeos o imágenes manipulados con inteligencia artificial para que parezcan reales y así desacreditar, intimidar o dañar. Entre las formas más graves de este abuso se encuentran las amenazas de muerte, que buscan infundir miedo y silenciar voces, generando un clima de hostilidad que afecta tanto a la seguridad personal de la víctima como su participación en la vida pública, como le ha sucedido a Irene Montero. La exministra ha denunciado amenazas de muerte por parte de un grupo neonazi y ha pedido protección al Ministerio de Interior.

Obligada a mudarse por el acoso

A las denuncias de Montero y Maestre se suman las de Cristina Fallarás, quien afirma haber sufrido acoso en su domicilio tras la visita reiterada de personas que acudieron a su casa para hostigarla. Fallarás ha relatado que, debido a esta situación, se ha visto obligada a cambiar de vivienda en varias ocasiones.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció que el agitador ultra Vito Quiles la “agredió físicamente” al salir de un acto en el Senado. La comunicadora, además, ha abandonado esta misma semana En boca de todos, el programa de televisión donde colaboraba, debido a las “situaciones machistas, negacionistas e inhumanas” que ha vivido.

Defender el feminismo

Estos casos evidencian que el odio se intensifica cuando se trata de mujeres de izquierdas o progresistas que “defienden en su discurso derechos de igualdad o feminismo”. “Los ataques no son los mismos cuando una mujer expone contenido feminista o vinculado a la izquierda. El nivel de odio aumenta si el feminismo forma parte de su agenda pública”, afirma Díaz Fernández. La investigadora señala que los grupos organizados de la llamada manosfera, comunidades y foros en internet donde hombres difunden mensajes antifeministas y misóginos, desempeñan un papel central en estos ataques. “Plataformas como Telegram facilitan la coordinación de acciones masivas gracias al anonimato que proporcionan”, añade.

En España, esa manosfera, según el mencionado informe sobre violencia digital del Ministerio de Igualdad, está formada por los llamados “hombres que siguen su propio camino” (MGTOW, por sus siglas en inglés), los “incels” (célibes involuntarios), Forocoches o influencers antifeministas, entre otros.

El objetivo es “disciplinar” y “amedrentar” a las mujeres

Las consecuencias de todas estas violencias digitales son tanto personales como colectivas, afirma la investigadora. “Las víctimas experimentan ansiedad, miedo y malestar y, más allá del daño individual, estos ataques buscan disciplinar y amedrentar a todas las mujeres, enviando el mensaje de que ciertos espacios públicos son exclusivos para hombres”, explica. “Estos ataques son una forma de marcar una línea de comportamiento. Si te sales de lo que esperan de ti, y esa línea siempre se está moviendo, te exponen a la corrección pública constante”.

Esto provoca que muchas mujeres terminen apartándose de los espacios públicos, no solo por el miedo a que la violencia digital se traslade al plano físico, sino también por la presión que se ejerce sobre su entorno familiar. Muchas madres reciben ataques dirigidos a sus hijos, lo que introduce un componente de violencia vicaria porque, aunque los agresores no sean padres de esos menores, utilizan a la familia para generar aún más temor y forzar la retirada de las mujeres de la vida pública.

Un hombre de 59 años con antecedentes por violencia de género fue detenido este miércoles por haber provocado un incendio en un edificio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro en el que han muerto su expareja, de 58 años, la madre de ella, de 78, y una vecina, de 24. Se llamaban Dolores, Antonia y Laura Valentina, respectivamente. Otras cuatro personas resultaron también heridas, dos de ellos niños de 7 y 11 años, cuya vida no corre peligro.

El hombre acudió a la casa de la expareja la noche del martes, acumuló varios enseres y colchones viejos en la puerta del inmueble para después prenderlos fuego. Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas, mientras que la vecina se encontraba con ellas en el momento del incendio y no pudieron escapar de las llamas.

El detenido se presentó en la comisaría del municipio al saber que la Policía le estaba buscando, aunque de momento no ha confesado los hechos. La agentes le buscaban porque momentos antes de declararse el incendio se encontraba gritando por la zona donde un testigo, vecino de las víctimas le vio gritando a Dolores a la puerta de su casa, según ha explicado a los medios.

Antecedentes por secuestros a mujeres

El hombre fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres, según han informado a EFE fuentes policiales y judiciales. En concreto, el 12 de noviembre 2024 la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.

A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional. Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante catorce horas también en Miranda de Ebro a una niña de 9 años a la que maniató y después fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

Once asesinatos machistas en lo que va año

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato de la mujer de 58 años como un caso de violencia machista. Las otras dos víctimas también serán incluidas en la estadística oficial de feminicidios, en las categorías social y familiar, cuando avancen las investigaciones y se actualicen los datos. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 11 en 2026 y a 1.354 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos en España.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, el departamento de Redondo también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091)y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS,desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.

(Con información de la agencia EFE)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por acosar a través de mensajes privados de Instagram a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Las autoridades están investigando una causa por amenazas y ciberacoso contra la líder del partido y exministra del Gobierno.

Como ha confirmado EFE, las detenciones tuvieron lugar en febrero. Una de ellos, un hombre de 49 años sin atecedentes, fue detenido en Toledo, mientras que el segundo de ellos, de 30 años fue arrestado en el municipio valenciano de Xirivella, este sin antecedentes.

Según ha señalado la Policía, uno de ellos habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante.

Belarra, pero también Montero y Rita Maestre

Belarra es la segunda dirigente de Podemos que denuncia acoso en los últimos días. Este domingo 8 de marzo, la exministra de Igualdad y actual eurodiputada Irene Montero, aseguró haber recibido amenazas de muerte atribuidas al grupo 764, una organización neonazi que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI consideran terrorista. Pero como informó Podemos, las amenazas señala su domicilio, donde también residen sus tres hijos, y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Por este motivo, solicitó protección al Ministro de Interior.

Por si fuera poco, la semana pasada la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, denunciaba en sus redes sociales que lleva un año sufiriendo acoso. “Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

Esta situación provocó que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explicó.

El pasado martes 3 de marzo, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

De acuerdo con lo publicado por el Gobierno vasco, la adhesión al lema “Dale espacio a la igualdad”, adoptado con motivo del Día Internacional de las Mujeres por las instituciones vascas, representa una respuesta institucional ante el resurgimiento de posturas y argumentarios que cuestionan el movimiento feminista. El comunicado oficial destacó que estos discursos, lejos de haberse superado, se ven reactivados y respaldados por sectores cuyas posiciones políticas rechazan tanto las políticas de igualdad como el propio concepto de feminismo.

El Ejecutivo autónomo subrayó, según consignó el comunicado, que los avances en materia de derechos de las mujeres y equidad social logrados en los últimos años derivan de “una tarea colectiva diaria”, lo que significa que cualquier relajación frente al mantenimiento de estos valores puede facilitar retrocesos. El Gobierno vasco afirmó que la igualdad es un espacio que requiere de protección, ampliación y consolidación a través de acciones cotidianas y estructuradas en todos los ámbitos sociales, educativos y laborales.

El medio institucional detalló los ámbitos de intervención prioritaria, señalando la necesidad de fortalecer la implementación de planes de igualdad en el entorno empresarial, así como de trabajar para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El Gobierno promueve la educación en la igualdad desde las etapas escolares, proponiendo la coeducación y la eliminación de roles de género que limiten el desarrollo y las oportunidades de niñas y niños. En la esfera doméstica, aboga por el reparto equitativo de las tareas y los cuidados, promoviendo una corresponsabilidad efectiva en el hogar.

El comunicado, según difundió el Consejo de Gobierno, enfatizó la importancia de denunciar los discursos de odio y la desinformación que afectan la percepción pública de la violencia de género y los derechos de las mujeres. Además, exhortó a la incorporación permanente de la perspectiva de género en la elaboración y aplicación de políticas públicas, decisiones institucionales y planes de acción, entendido como una vía para combatir las desigualdades estructurales.

Tal como informó el propio Gobierno vasco, la declaración institucional pidió a la ciudadanía un compromiso público y visible que trascienda el marco de celebraciones u homenajes puntuales en jornadas señaladas. El comunicado remarca la importancia de expresar apoyo a la equidad de manera constante, argumentando que solamente la acción colectiva y cotidiana puede garantizar avances sostenidos en los derechos y condiciones de vida de las mujeres.

El mensaje concluyó con un llamado a la acción, solicitando a la sociedad que “dé a la igualdad el espacio que se merece” e impulse una cultura cívica basada en el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, recalcando la vigencia y la necesidad de las políticas de igualdad en el contexto político y social actual.

Las calles del centro de Madrid se han vuelto a teñir de morado este 8 de marzo con las miles de personas, en su mayoría mujeres, que han salido a reivindicar el papel del feminismo frente a las distintas formas de violencia machista y a defender los derechos conquistados. Con cánticos como “Que viva la lucha de las mujeres”, “Feministas antifascistas”, “Tocan a una, tocan a todas” o “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, las manifestantes han exigido una “igualdad real” y el fin de los feminicidios —que suman 10 en lo que va del año—, además de denunciar la falta de corresponsabilidad en los cuidados, la brecha salarial o la discriminación hacia mujeres migrantes y racializadas, entre otras demandas.

La multitudinaria marcha convocada por la Comisión 8M, que ha comenzado a las 12 horas desde Atocha para finalizar junto a la estación del Metro Sevilla, se ha celebrado bajo el lema ‘Feministas antifascistas. Somos más en todas partes’, en respuesta al avance de los discursos de extrema derecha y la proliferación de las posturas antifeministas, en un contexto internacional atravesado por conflictos armados, genocidios y crisis humanitarias. El grito contra la guerra ha recorrido toda la manifestación, que ha avanzado muy lentamente ante la multitud de personas presentes.

Lucía, de 31 años, ha acudido a la marcha junto a sus amigas porque “aún hay muchas desigualdades que forman parte de la vida cotidiana” y cree que hay que “salir juntas a la calle para recordarlo” y pedir que esta realidad cambie. Cerca de ellas, también se manifestaba otro grupo de chicas jóvenes que se han mostrado especialmente indignadas con la persistencia de la violencia contra las mujeres. “Las medidas institucionales siguen siendo insuficientes para prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas y, teniendo en cuenta que en lo que llevamos de año ya hay 10 mujeres asesinadas, debería haber más recursos y más medios para tratar de evitarlo”, dice Almudena, una trabajadora social de 27 años.

La marcha en Madrid, que se ha dividido ya por quinto año consecutivo, evidenciando la brecha que atraviesa el movimiento en torno a cuestiones como los derechos de las personas trans o la prostitución, ha ido haciendo paradas en diferentes puntos, dedicados a Palestina y el antimilitarismo, al antirracismo y la regularización de personas extranjeras, a los derechos sexuales y reproductivos, así como a las disidencias, el desarrollo de la ley trans y las subvenciones frente al Ministerio de Igualdad.

Entre las participantes también ha estado presente Azar, una mujer iraní, que denuncia la situación que enfrentan las mujeres en su país. “Siempre somos nosotras, las mujeres, quienes más sufrimos”, afirma, mientras muestra su rechazo el régimen teocrático de los ayatolás. Y sobre las mujeres iraníes se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les ha mostrado su apoyo.

“Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo”, ha señalado Díaz durante su participación en la marcha de la Comisión 8M. Junto a ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad y que tiene un objetivo común, independientemente de las sensibilidades: la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres.

Por su parte, los colectivos que defienden el derecho a una vivienda digna también han recordado que las mujeres son quienes sufren más desahucios y las que sostienen, principalmente, los cuidados.

Contra el auge de la extrema derecha

También son muchas las personas que en la marcha han expresado su indignación frente al auge de la extrema derecha, tanto en España —donde Vox niega la violencia de género como un fenómeno estructural específico y propone cambios o derogaciones en leyes de igualdad—, como en otros países, con líderes políticos de ultraderecha que han consolidado el antifeminismo como uno de sus ejes políticos y que buscan eliminar derechos consolidados, como el acceso al aborto.

Preocupa especialmente la normalización de esos discursos antifeministas en el debate público, que cala sobre todo entre los jóvenes. De hecho, un estudio reciente de FAD Juventud indica que solo el 38% de los jóvenes en España se declara feminista, frente al 50% de hace cuatro años, y que casi la mitad de los encuestados considera el feminismo como una herramienta utilizada para la manipulación política.

“Me preocupa que cada vez se escuchen más discursos que ridiculizan el feminismo o niegan problemas como la violencia machista. Parece que algunos derechos que pensábamos que ya estaban consolidados ahora se cuestionan otra vez”, lamenta Natalia, de 37 años. Por eso cree que, hoy más que nunca, es importante salir a la calle para recordar que “la igualdad no debería ser algo discutible”. “No se trata solo de lo que pasa ahora, sino de evitar retrocesos, porque muchas de las cosas que hoy damos por normales se han conseguido con movilización”, añade junto al grupo de amigas con las que ha acudido a la marcha.

Críticas a Isabel Díaz Ayuso

Otro de los reclamos presentes en la manifestación ha sido la defensa del derecho al aborto, donde se han podido leer lemas contra la privatización de la sanidad impulsada por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, como “Aborto libre y en la pública. Ayuso vete tú” o “Ayuso machista, Madrid es feminista”. Las manifestantes también han entonado un abucheo contra el Ayuntamiento de la capital, han denunciado los “fondos buitres” y han criticado la “inacción de los poderes públicos negacionistas”.

Durante la marcha, las participantes también han coreado lemas para recordar a las mujeres asesinadas por la violencia machista al grito de “no son muertas, son asesinadas”. Asimismo han denunciado la discriminación que sufren las mujeres migrantes, reclamando que no sean perseguidas por carecer de documentación regularizada o por llevar hiyab.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de España y de todo el mundo salen a las calles por y para la igualdad. Desde la celebración de los derechos adquiridos, gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos, las protestas reclamarán su consolidación —ante el retroceso que supone el auge de la extrema derecha— y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencias machistas y más igualitaria, no solo sobre el papel, sino también en la práctica.

Este domingo, las mujeres toman las calles para gritar que, en lo que va de 2026, 10 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003. Pero también se reivindica la lucha contra la violencia sexual, contra la brecha de género, contra el reparto desigual de los cuidados, contra el acoso que sufren las mujeres en cualquier cargo y contra la guerra que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

Miles de andaluces salen a las calles para reivindicar la igualdad, el feminismo y la paz

Miles de andaluces han salido a las calles este domingo, para participar en manifestaciones en defensa de la igualdad, la paz y el feminismo como herramienta para erradicar la violencia machista de la sociedad, como han clamado en sus pancartas y eslóganes. Las más multitudinarias se han celebrado en la capital andaluza, una de las ciudades que ha contado con dos convocatorias paralelas. Una de ellas ha recorrido las calles del centro, desde plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y la Plataforma 8M, y ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La segunda, organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), ha partido de la Torre Pelli para llegar el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, bajo el lema “Avanzamos colectivamente: feminismos diversos y combativos”.

En todas las capitales de provincia de Andalucía se han celebrado manifestaciones con motivo del 8 de marzo, que este año han hecho hincapié en el avance de discursos reaccionarios contra el feminismo. También ha habido un recuerdo a las víctimas de la violencia machista, entre ellas Pilar, la primera víctima mortal de este año, en el municipio de Quesada (Jaén).

*Información elaborada por EFE.

/espana/2026/03/08/el-feminismo-sale-a-la-calle-para-plantar-cara-al-auge-de-la-extrema-derecha-y-luchar-contra-un-retroceso-en-los-derechos-sociales/

22.000 personas asisten a la manifestación principal del 8M de Barcelona

La manifestación principal del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Barcelona ha reunido este domingo, según cifras de la Guardia Urbana, por la mañana a unas 22.000 personas en el centro de la ciudad. La marcha, convocada por Assemblea 8M, ha empezado en Jardinets de Gràcia minutos después de las 11.30 horas, ha bajado hasta la plaza Catalunya por Passeig de Gràcia y ha continuado por la Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, donde ha finalizado. Este año la protesta se ha centrado en dar respuesta al “embate reaccionario a nivel global” que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, bajo el lema ‘Ante el imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista’.

Los asistentes han gritado lemas como ‘Així, així, ni un pas enrere, contra el patriarcat acció directa’, ‘Viva, viva, viva la lucha feminista’, ‘Fuera rosarios de nuestros ovarios’ y ‘La nit és nostra, cap agressió sense resposta’, y han agitado banderas moradas con el símbolo feminista.

También han llevado pancartas con mensajes como ‘No voy a pedir permiso para ser libre’, ‘No me llamo guapa’, ‘Con los pelos del culo estrangulo machirulos’, ‘Ni el ChatGPT entiende por qué tenemos que explicar que no hay igualdad’ y ‘El futuro es femenino’.

El manifiesto, leído al final de la manifestación, se ha posicionado en contra de la “persecución migratoria de Trump y su ICE criminal; el brutal intervencionismo contra Venezuela, Cuba y Groenlandia; la escalada del conflicto bélico en Ucrania, el genocidio en Palestina, la ofensiva militar en Rojava, la represión en Irán y Afganistán y las guerras silenciadas del Líbano, Congo, Sudán o Nigeria”.

“Gritamos alto y claro ‘no’ a las políticas de ultraderecha, al racismo, a los discursos de odio, al antifeminismo y a la LGTBIQA+fobia”, han subrayado las activistas que han leído el manifiesto, y que han llamado a organizarse ante lo que consideran una crisis de reproducción de la vida, en el ámbito de los cuidados, la vivienda y a nivel ecosocial.

También han declarado al movimiento feminista en alerta y movilizado “frente al mayor ciclo de rearme en Europa desde la Guerra Fría y a raíz del ecocidio global”, y han defendido a los feminismos como el espacio de resistencia a los pensamientos más conservadores.

*Información elaborada por Europa Press.

El Moviment Feminista saca a miles de personas a las calles de Palma de Mallorca

El Moviment Feminista de Mallorca ha sacado a miles de personas a las calles de Palma para luchar por la igualdad real y hacer frente al “retroceso” de derechos derivado de la entrada de la extrema derecha en las instituciones. La manifestación, que discurre bajo el lema ‘Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo’, ha salido de la plaza de Espanya.

Este 2026 se cumplen 90 años del primer 8M celebrado en Mallorca, que tuvo lugar en 1934 impulsado por activistas como Aurora Picornell, posteriormente represaliada por el franquismo, en los barrios obreros de la capital. Una de las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, ha considerado que el feminismo es “la única herramienta efectiva para luchar contra el machismo estructural y alcanzar algún día la igualdad real”.

Las 2.000 manifestantes, según datos de la Policía Nacional, han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como ‘Mereces ser amada sin ser sexualizada’, ‘Nadie debería sentir miedo de ser quien es’ o ‘Lo contrario al feminismo es ignorancia’. También se han coreado consignas como “ante la violencia, resistencia”, “hoy no es fiesta, es día de protesta”, “ser mujer no es un sentimiento” o “patriotismo de balcón, silencio en la agresión”. No han faltado los mensajes a favor de la abolición de la prostitución, con cánticos como “para abolir la protestitución las mujeres hacemos la revolución” o pancartas en las que se podía leer ‘¿La diferencia entre un violador o un putero? El dinero’.

El rechazo a la guerra en Oriente Medio también se ha colado en la movilización, en la que se han podido ver antiguas pancartas con el ‘No a la guerra’, una consigna que también se ha podido escuchar a lo largo de la marcha, y se ha leído un manifiesto por la paz.

*Información elaborada por Europa Press.

“Ayuso vete tú”

Las manifestantes de Madrid también claman por la defensa del derecho al aborto, donde se han podido leer lemas contra la privatización de la sanidad impulsada por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, como “aborto libre y en la pública. Ayuso vete tú”.

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De Irán a Ucrania, “la lucha sigue, cueste lo que cueste”

“De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste” es otro de los lemas más coreados este domingo en Madrid y es que, hoy más que nunca, las marchas tienen un carácter internacional. Las manifestantes que salen a la calle en España este domingo tienen la mirada puesta en las mujeres de todas partes del mundo que están sufriendo las consecuencias de la guerra.

Azar, una mujer iraní, también ha acudido a la manifestación de la capital para mostrar su rechazo a la situación que viven las mujeres en el país persa. “Siempre somos nosotras, las mujeres, quienes más sufrimos”, señala, mientras expresa su rechazo al régimen teocrático de los ayatolás.

*Informa María García Arenales.

En marcha contra el avance de la ultraderecha que “pone en peligro los derechos conquistados”

Delfina, una mujer argentina, que marcha en Madrid, tiene claro que la ultraderecha “pone en peligro los derechos conquistados” y anima a salir a las calles para que esa ola reaccionaria internacional no avance.

Gema, de 23 años, también advierte de los mensajes antifeministas de la ultraderecha “están calando especialmente en los jóvenes. “Cuando predominan en las redes sociales los discursos individualistas, es mal difícil crear espacios colectivos de lucha. Algo estamos haciendo mal”, sostiene. Además, asegura que hay que seguir saliendo a la calle para defender los derechos conseguidos y porque son las mujeres quienes principalmente sufren las violencias machistas, no solo la física, sino también la psicológica, la brecha salarial o la falta de corresponsabilidad de los cuidados. “Somos nosotras las que sufrimos las violencias machistas mientras la justicia no llega desde las instituciones”.

*Informa María García Arenales.

Redondo, desde la manifestación de Valladolid: “La igualdad es pacifismo, por eso reivindicamos la paz y el ‘no a la guerra’”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a los jóvenes para que consideren que la igualdad “mola más” y “es más erótica” que la “imposición machista”, que ha pedido combatir con una mirada feminista internacional, dirigida a territorios como Irán, Afganistán y Ucrania.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada en Valladolid, Redondo ha recordado que esta jornada debe ser de celebración pero también de reivindicación, para defender a las mujeres que en Irán “están sufriendo la violencia de la guerra” después de haber padecido antes “con el régimen de los ayatolás”, o a las mujeres afganas que “están en esa cárcel” con todos sus derechos reprimidos.

Se ha acordado también de las ucranianas que “llevan 4 años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel” y a otras mujeres que en distintos puntos del planeta “siguen sufriendo la violencia y la el rechazo a sus derechos”.

En referencia a los jóvenes y las jóvenes, Redondo ha asegurado que deben salir del esquema planteado por el machismo: “Queremos especialmente decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, es mucho más importante, mola más, es más erótica la igualdad que la imposición machista, que consideren esa posibilidad”.

“El tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres también, por supuesto, y desde luego para las mujeres”, ha insistido Redondo, que ha apelado a “cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance”.

Redondo ha celebrado que las mujeres participen en estas marchas como muestra de que quieren “igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva”, a la que agregar la paz, porque “la igualdad es pacifismo y el feminismo es pacifista”. “Por eso hoy también desde este 8M reivindicamos la paz y el ‘no a la guerra’”, ha concluido.

*Información elaborada por EFE.

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“Las medidas institucionales siguen siendo insuficientes”

Lucía, de 31 años, ha acudido a la marcha de la capital junto a sus amigas porque “aún hay muchas desigualdades que forman parte de la vida cotidiana” y cree que hay que “salir juntas a la calle para recordarlo” y pedir que esta realidad cambie. Cerca de ellas, también se manifestaba otro grupo de chicas jóvenes que se han mostrado especialmente indignadas con la persistencia de la violencia contra las mujeres.

“Las medidas institucionales siguen siendo insuficientes para prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas y, teniendo en cuenta que en lo que llevamos de año ya hay 10 mujeres asesinadas, debería haber más recursos y más medios para tratar de evitarlo”, dice Almudena, una trabajadora social de 27 años.

Victoria, una joven que ha acudido a la marcha junto a su familia, también reclama una igualdad real y denuncia la brecha salarial que “sigue afectando a las mujeres aunque mucha gente crea que no existe”.

*Informa María García Arenales.

“Tocan a una, tocan a todas”: la manifestación del 8M empieza en Madrid

Miles de personas de todas las edades han salido a marchar en este Día Internacional de la Mujer para defender los derechos conquistados, como el aborto, y evitar los intentos de restringirlos o eliminarlos. Con cánticos como “Tocan a una, tocan a todas”, “Aquí estamos las feministas” o “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, la manifestación multitudinaria del 8M ha arrancado pasadas las 12 en Madrid para exigir una “igualdad real”, el fin de la violencia machista y plantar cara al auge de la ultraderecha.

La marcha en Madrid, que se ha dividido ya por quinto año consecutivo, evidenciando la brecha que atraviesa el movimiento en torno a cuestiones como los derechos de las personas trans o la prostitución, realizará paradas en diferentes puntos dedicadas a Palestina y el antimilitarismo, al antirracismo y la regularización de personas extranjeras, a los derechos sexuales y reproductivos.

*Informa María García Arenales.

Arrancan las primeras manifestaciones del 8M en España

Las primeras manifestaciones han empezado en la mayoría de las ciudades de España. Desde Bilbao hasta Cádiz, pasando por Madrid, las mujeres ya marchan por las calles para gritar contra la violencia de género —que ya se ha llevado la vida de 10 mujeres en lo que llevamos de 2026—, para pedir la igualdad real y para clamar contra la guerra.

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Feijóo: “Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado un “feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país“, en un mensaje publicado a través de su cuenta de X en el que afirma que “con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor”. “En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad”, apunta.

Su felicitación va acompañada de un video que trata de la reina María Isabel de Braganza, que alentó y auspició la creación del Museo del Prado, y de Isabel de Farnesio, que como coleccionista y mecenas, engrandeció la colección real del museo. También menciona a Noelia García Pérez, comisaria de la exposición que rinde homenaje a las dos figuras históricas.

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Sánchez, por el feminismo este 8M: “No permitiremos que el odio sustituya a los derechos”

A través de su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no permitirá que “el odio sustituya a los derechos” y no se normalizará “la desigualdad”. Por eso, llama a “no dar un paso atrás” en los avances conseguidos en igualdad, que “no son fruto de la casualidad”, sino del “esfuerzo y empuje del movimiento feminista” a lo largo de las últimas décadas".

“En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad”, ha insistido. Al mensaje le acompaña un video en el que expresa su agradecimiento a las mujeres que abrieron camino cuando “nada era fácil”, a las que “sostienen el país cada día” y a las jóvenes “que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás”.

A cuatro años del límite fijado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que existen retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva en México, a pesar de los avances, como la llegada de la primera presidenta.

Según información de ONU Mujeres México, este 8 de marzo, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la ONU demanda medidas concretas para que la igualdad ante la ley sea una realidad.

De acuerdo con ONU Mujeres México, las mujeres y niñas cuentan en promedio con solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres. Con el ritmo actual, cerrar esa brecha tomaría hasta tres siglos.

Resaltó que la elección de la primera presidenta de México marca, según ONU Mujeres México, “un antes y un después en la defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el país”.

A esto se suma que se ha mejorado la paridad de género en los poderes legislativos federal y local, y 13 estados tienen gobernadoras, casi el doble que en 2018.

El organismo resalta reformas legales e institucionales recientes, como la tipificación de la violencia digital y política por razón de género, el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva y salarial, y el derecho a una vida libre de violencia.

Subraya la creación de la Secretaría de las Mujeres y la apertura de los Centros LIBRE, con 678 sedes en 2025 y apoyo de las 32 entidades federativas.

En 2025, Ciudad de México fue sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se adoptó el Compromiso de Tlatelolco, que impulsa una década de acción para acelerar la igualdad sustantiva y avanzar hacia una sociedad del cuidado como pilar del desarrollo sostenible y la paz.

A pesar de los avances, la ONU señala que solo el 13.1% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual por parte de su pareja denunció ante una autoridad.

Las principales razones para no denunciar son el miedo, la estigmatización, la revictimización, el desconocimiento de los mecanismos, la desconfianza institucional y la impunidad.

Para superar estas barreras, ONU Mujeres México subraya que las instituciones de procuración e impartición de justicia deben actuar de forma articulada, con procesos accesibles y alineados con los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad.

La ONU hace un llamado a gobiernos, parlamentos, poder judicial, fiscalías, sector privado, academia, medios, sociedad civil y sindicatos a invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad, fortalecer la aplicación de leyes existentes e impulsar políticas basadas en evidencia para cerrar brechas.

“El acceso a la justicia es un pilar del desarrollo sostenible. Los avances muestran que el cambio es posible; el desafío es asegurar que los marcos legales se traduzcan en protección efectiva y que los sistemas de justicia garanticen igualdad real para todas las mujeres y niñas sin distinción”, concluye ONU Mujeres México.

El lunes de la semana que viene, 9 de marzo, comienza el juicio contra los ocho hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a una joven turista de origen británico que se encontraba inconsciente en un hotel de Magaluf, en Calvià (Mallorca). Los hechos, ocurridos en el año 2023, fueron grabados y difundidos a través de una aplicación que permite que las imágenes se autodestruyan a los segundos.

Según defiende la Fiscalía, el suceso se produjo el 14 de agosto de 2023. Seis de los acusados se dirigieron junto a la joven británica —que se encontraba en un estado de semiinconsciencia por el consumo elevado de alcohol— a la habitación de hotel en la que se hospedaba el séptimo de los procesados, que ya estaba en compañía del octavo.

Allí, según relató la joven cuando denunció los abusos a su regreso al Reino Unido y pudo observarse en las imágenes grabadas, los acusados habrían agredido sexualmente a la víctima, mientras proferían insultos y expresiones denigrantes contra ella.

Tras la denuncia, entre los días 15 y 18 de agosto se dictó prisión provisional para los ocho presuntos autores de la violación grupal, siete de los cuales son de origen francés y otro, suizo. Desde entonces, los acusados permanecen en el centro penitenciario a la espera del juicio, que tendrá lugar la semana que viene. Según la agencia EFE, está previsto que se celebre los días 9, 11, 12 y 13 de marzo.

Los acusados grabaron y difundieron la presunta violación

Según el escrito de la Fiscalía, aprovechando su estado de semiinconsciencia —en un momento llegó a quedarse totalmente inconsciente—, los acusados desnudaron y agredieron sexualmente a la víctima pese a saber que no contaban con su consentimiento.

La turista británica, según el ministerio público, sufrió tocamientos, tratos vejatorios, actitudes burlescas, penetraciones orales e introducción de partes del cuerpo en sus genitales. Durante los hechos, los detenidos habrían insultados y proferido expresiones denigrantes contra ella.

Todo esto quedó registrado en vídeo, ya que los propios presuntos agresores grabaron con sus teléfonos móviles los hechos. Estas imágenes fueron compartidas a través de una red social.

La víctima, a consecuencia de lo sucedido, habría sufrido dos hematomas en el brazo izquierdo y un pequeño corte en la parte del pecho. Estas heridas, sin embargo, según la Fiscalía, no precisaron de asistencia médica.

La Fiscalía pide 151 años de prisión

La acusación reclama un total de 151 años de prisión para los ocho acusados (entre 18 y 20 años para cada uno de ellos), así como una indemnización de 100.000 euros para la víctima. Los procesados se sentarán en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia de Baleares por presuntos delitos de agresión sexual, contra la intimidad por la grabación y difusión de los vídeos y de maltrato.

Uno de los acusados se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por delitos de agresión sexual y contra la intimidad. También una multa de 1.200 euros por un delito de maltrato de obra —agresión física de una persona sin causarle lesiones que requieran asistencia médica—.

A otros cuatro la Fiscalía los señala como responsables agresión sexual, un delito contra la intimidad y maltrato de obra. Por ello, se solicita 19 años de cárcel y multas de 15.600 euros.

El sexto acusado se enfrenta a 19 años de prisión por agresión sexual y contra la intimidad, mientras que los dos restantes a 18 por los mismos delitos, así como una multa de 14.400 euros.

El movimiento feminista vuelve este 8 de marzo a las calles con diferentes manifestaciones en todo el país para levantar la voz y decir basta a las desigualdades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además de denunciar la violencia machista, que en lo que va de 2026 ya se ha cobrado la vida de 10 mujeres, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003, este domingo también reivindicarán el fin de la brecha salarial y que haya un reconocimiento real del trabajo de cuidados, tantas veces invisible. La protesta también pone el foco en la violencia sexual, el miedo a caminar solas, la pérdida de derechos o los límites que aún impiden a las mujeres alcanzar puestos de decisión en la política, la empresa o las instituciones.

En el caso de la Comisión 8M, organizadora de las principales protestas, ha convocado a su marcha bajo el lema ‘Feministas antifascistas. Somos más en todas partes’ y con el objetivo de combatir el auge de discursos de extrema derecha y la normalización de la violencia de género y el racismo.

“Este 8M llamamos a reconocernos en una resistencia común, porque incluso quienes no se definen como feministas o antifascistas forman parte de una sociedad cansada e indignada ante estas derivas globales”, explica a Infobae Cecilia Cienfuegos, portavoz de la Comisión 8M.

El colectivo subraya que el feminismo es una respuesta colectiva frente al avance de fuerzas políticas que sitúan a mujeres, disidencias y personas racializadas en el centro de sus ataques. “El fascismo busca justificar la explotación de quienes sostienen la vida y legitimar el privilegio de unos pocos”, añade Cienfuegos, quien advierte que la criminalización de estos grupos facilita el recorte de derechos y agrava la desigualdad.

La convocatoria de este año busca, por tanto, visibilizar esa resistencia y sumar a todas las personas indignadas ante la escalada de violencia y la pérdida de derechos sociales. “No solo las feministas, sino también quienes rechazan la explotación y el expolio global”, indican las organizadoras, que destacan el papel fundamental de las mujeres para frenar el avance de la ultraderecha en todo el mundo, aunque advierten que esa labor queda a menudo invisibilizada.

La Comisión 8M también apunta a la persistencia de la violencia machista como una de las razones principales de la protesta, pues “sigue matando cada día a mujeres, niñas y disidencias en todas las capas de la sociedad”, señalan. A a este motivo, se suman la denuncia del racismo institucional y la solidaridad internacional con otros territorios afectados por conflictos o represión, como Palestina, Kurdistán, Sudán, el Congo y Minneapolis en Estados Unidos.

La marcha también servirá para exigir la protección de derechos laborales, la atención a colectivos vulnerables y la crítica a políticas públicas que, según las organizadoras, instrumentalizan el feminismo. “Nos movilizamos para rechazar la imposición de requisitos ideológicos [por parte del Ministerio de Igualdad] a las asociaciones que luchan contra la violencia y para reclamar políticas que estén a la altura de la dimensión del problema”, sostienen. Y es que una treintena de entidades feministas y en contra de la abolición de la prostitución han acusado al departamento que dirige Ana Redondo de querer imponer “por motivos ideológicos” criterios para acceder a las ayudas que les excluyen, como la de asumir que la prostitución es violencia contra las mujeres.

Por su parte, Igualdad ha rechazado que los nuevos criterios para optar a subvenciones supongan una “imposición ideológica” y defiende que la redacción de la orden de las bases reguladoras de las ayudas es “jurídicamente sólida” y “adecuada para garantizar la eficacia, coherencia y legitimidad de la política pública” definida por el Gobierno, según informa la agencia EFE.

La manifestación del domingo convocada por la Comisión 8M arrancará en Atocha, pasando por el paseo del Prado, Cibeles y la calle Alcalá para termianr finalmente en el metro de Sevilla. El colectivo también realizará un “tardeo feminista” tras la protesta, con el objetivo de “ocupar colectivamente el centro de la ciudad”. El evento, según han detallado, contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

Movimiento Feminista de Madrid

Por otro lado, el Movimiento Feminista de Madrid también marchará el próximo 8M y lo hará bajo el lema ‘Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista’ y el sublema ‘Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas’, recorriendo las calles de la capital en una manifestación en la que clamará por un feminismo internacionalista. La marcha saldrá a las 12:00 de Cibeles y finalizará en Plaza de España, según informa Europa Press.

Las feministas abolicionistas también se concentrarán contra “todas las formas del velado de las mujeres”, que, a juicio del movimiento, son “manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad”.

El colectivo también llama a la sociedad a posicionarse contra el avance de la ultraderecha, que niega la existencia de la violencia machista y “apuesta por desmantelar los sistemas públicos en favor de intereses privados”. Entre sus reivindicaciones, exigen la creación de un Sistema Público de Cuidados que libere a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de sostener la vida, la regularización de las mujeres migrantes para garantizar derechos a quienes trabajan en condiciones precarias, y la abolición “de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora”.

Esta situación ha provocado que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explica.

Su testimonio llega después de unos meses marcados por las sucesivas denuncias de acoso “muy graves” que han realizado otras mujeres en el ámbito de la política o el entorno policial. “La verdad es que no me he atrevido a contar [esta situación] hasta ahora”.

Maestre denuncia la publicación de su dirección en anuncios sexuales

Maestre señala que esta situación comenzó hace aproximadamente un año, cuando empezaron a aparecer “hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche”: “Las primeras veces yo no abro porque pienso o porque quiero pensar que se trata de un error”, explica.

Sin embargo, cuando esta escena se siguió repitiendo tres o cuatro veces más, “uno de estos tipos sube desde el portal hasta la puerta de mi casa y empieza a llamar al timbre y a darle a la puerta diciendo: ‘Rita, ábreme la puerta’”. Cuando la portavoz de Más Madrid le preguntó que quién era y cómo sabía dónde vivía, él le respondía que “ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram”.

Fue en ese momento cuando la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid decidió acudir a la policía para interponer una denuncia. Tras semanas de investigación, Maestre relata que los agentes le indicaron que su dirección se encontraba en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

La política ha expresado que siente “miedo”, “repugnancia” y “la sensación de invasión de la intimidad” porque “hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”. “Es una forma de decir: ‘Sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día”.

Esta sensación de inseguridad se acrecienta, según explica la propia Maestre, por el hecho de que tiene dos hijas pequeñas: “Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras las estoy bañando, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al tiempo o aporrear la puerta de mi casa”.

“Esto no me pasaría si yo no fuera mujer”

El pasado martes, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

En ocasiones, este acoso a través de Internet se traslada al entorno físico, como ha sido el caso de Maestre, que ha denunciado “la sensación de impunidad que da el anonimato de las redes sociales”: “La violencia digital es esto, son perfiles anónimos organizados que se creen impunes para acosar”.

La portavoz de Más Madrid, además, ha defendido que esta situación “no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista”: “A los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, a todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir”, ha señalado. “No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes, mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final”.

“Cuenta con todo el apoyo y ayuda del Gobierno Municipal”

En una rueda posterior a la Junta de Gobierno que ha tenido lugar este jueves, Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, ha condenado el acoso que ha denunciado Maestre. “Por supuesto que cuenta con todo el apoyo, todo el respaldo y toda la ayuda desde el equipo de Gobierno Municipal y, por supuesto, en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid para incrementar si fuera necesario esa protección”, ha señalado. Así, ha transmitido “el apoyo, la repulsa total y absoluta a la situación que está sufriendo”.

La denuncia de Nevenka Fernández en 2001 contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en España al lograr la primera condena de este tipo contra un político. Con su valentía, Nevenka desafió a una cultura que no daba espacio a las víctimas y modificó esa mirada colectiva hacia los poderosos, pero también se quedó sola, y esa falta de apoyo y la presión mediática la llevaron a abandonar el país. En ese momento, se organizaron en la localidad leonesa manifestaciones en apoyo al agresor, quien nunca reconoció los hechos pese a la sentencia en su contra.

En la actualidad, tras más de dos décadas de avances legales y sociales en igualdad y protección institucional, la realidad es bien distinta y ahora resulta difícil imaginar una reacción social tan hostil hacia la víctima. Sin embargo, el aumento de denuncias de acoso sexual en el ámbito político y en la Policía Nacional en este último tiempo muestra que el silencio y la complicidad todavía ofrecen refugio al acoso en las esferas de poder y que aún queda mucho por hacer para garantizar entornos laborales seguros para las mujeres, según explican las expertas consultadas por Infobae España.

“La mayor diferencia respecto al caso de Nevenka es el cambio que ha habido en la percepción de estas denuncias por parte de la sociedad, porque ahora se escucha a las víctimas. En ese sentido, los movimientos Me Too y Yo Sí Te Creo han hecho una gran labor por cambiar parte de la mentalidad que se tiene“, afirma Silvia Díaz Fernández, investigadora del CSIC especializada en violencia de género. Aun así, la palabra de las mujeres sigue cuestionándose con rapidez, advierte, especialmente cuando no encajan en el estereotipo de “víctima perfecta”.

“Si una mujer no actúa como se espera tras denunciar violencia sexual, su testimonio vuelve a ponerse en duda, aunque ahora existe una mayor disposición a escuchar a las víctimas, algo que hace 25 años no ocurría”, insiste.

Las últimas investigaciones, que afectan a políticos como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, Manuel Bautista, alcalde de Móstoles (PP), y Francisco Salazar, exdirigente socialista, y a altos mandos policiales como el exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González, y el comisario Emilio de la Calle, ponen de manifiesto la persistencia de entornos laborales “extremadamente masculinizados” donde las conductas informales generan espacios inseguros para las mujeres, destaca Díaz Fernández. Y es que a pesar de que hay una mayor representación femenina, a menudo en estos entornos “la violencia sexual y el acoso permanecen ocultos”.

En esa misma línea, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, sostiene que estos últimos casos reflejan un ejercicio de poder patriarcal que exige sumisión a las mujeres. “Está completamente normalizada la cosificación de las mujeres y usar ese poder para abusar de ellas”, señala. Si bien reconoce avances en igualdad formal y derechos, advierte que la igualdad real todavía está lejos de alcanzarse. Besteiro también apunta que la complicidad entre hombres facilita la protección mutua y limita la efectividad de los mecanismos de denuncia.

Díaz Fernández coincide en la existencia de una normalización de conductas violentas e intimidatorias que “no deberían tener cabida en ningún entorno” y, en ese sentido, destaca que las generaciones más jóvenes muestran mayor claridad sobre los límites y la aceptación de ciertos comportamientos.

Ridiculizar a la víctima

En la actualidad, añade la investigadora del CIS, cuando una víctima denuncia violencia sexual contra una figura pública, como en el caso de la actriz Elisa Mouilaá con Íñigo Errejón, suele enfrentarse al escrutinio social y a intentos de ridiculización, más aún cuando no cumple con esa condición de “víctima perfecta”. “Ahora dejamos un margen más amplio para escuchar a las mujeres respecto a hace 25 años, pero el margen de creerlas, apoyarlas y acompañarlas sigue estando muy limitado”.

También recuerda que en muchos casos de violencia sexual suele predominar una visión individualizada, atribuyéndolos a circunstancias personales del agresor, como problemas personales, divorcios conflictivos o situaciones de estrés, lo que desvía el foco del carácter estructural del problema. En lugar de analizar estas conductas como parte de una dinámica opresiva, se tiende a justificar al agresor, “perpetuando un entorno que permite que estos comportamientos persistan”.

Ninguna de las expertas consultadas duda de que surgirán nuevas denuncias de acoso sexual y laboral en la política y las fuerzas de seguridad del Estado, ya que “el poder patriarcal sigue existiendo”. Aun así, coinciden en que cada testimonio, como lo fue el de Nevenka hace más de dos décadas, impulsa la transformación social. El reto, concluyen, ya no consistirá únicamente en escuchar a las víctimas, sino en modificar de manera profunda los entornos donde el abuso permanece encubierto y se acepta como parte de la cultura institucional.

El Ministerio de Igualdad ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres. El estudio, titulado La igualdad en el espacio digital es una condición indispensable para la calidad democrática, revela que siete de cada diez denuncias recibidas en canales especializados corresponden a agresiones en el entorno digital. Esta violencia afecta sobre todo a mujeres con presencia pública, como políticas, periodistas y activistas, que suelen recibir ataques de carácter sexista enfocados en su aspecto físico antes que en sus opiniones.

El objetivo de estos ataques, sostiene el informe, es silenciar y apartar a las mujeres del espacio digital, lo que limita la diversidad de voces en el debate público y debilita la calidad democrática. También indica que el 80% de las mujeres jóvenes, de entre 16 y 24 años, en España ha sufrido acoso en redes sociales.

Para hacer frente a esta situación, desde el ministerio que dirige Ana Redondo proponen reforzar la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, regular el funcionamiento de las plataformas digitales y apostar por la educación como herramienta de prevención. Según la ONU, se considera violencia digital cualquier acto cometido, asistido o amplicifcado por TICs que causa daños físicos, sexuales, psicológicos o políticos.

Otro de los datos relevantes del informe indica que esa violencia procede, en buena medida, de la “manosfera”, ese ecosistema internacional de comunidades digitales donde se organiza y refuerza la misoginia, y que en España está formado por diferentes subgrupos, como los llamados “hombres que siguen su propio camino” (MGTOW, por sus siglas en inglés), los “incels” (célibes involuntarios), Forocoches o influencers antifeministas, entre otros. Algunas de estas comunidades sostienen posiciones críticas frente al feminismo y a las transformaciones en los roles de género, y en varios casos se han asociado con la difusión de mensajes de odio y teorías conspirativas.

El papel de las tecnológicas

El informe de Igualdad también señala que las empresas tecnológicas desempeñan un papel clave en la violencia digital, ya que sus algoritmos “priorizan contenidos polarizantes y carecen de transparencia” en el manejo de la información, lo que facilita la difusión de discursos de odio y dificulta la protección de las víctimas. El ministerio subraya que la violencia digital es una forma de violencia de género y alerta sobre sus efectos, como el abandono del entorno digital por miedo, la reducción del debate, la menor participación de las mujeres y el riesgo de violencia física.

Por ello, Igualdad reclama a las tecnológicas mayor responsabilidad sobre los contenidos que amplifican, transparencia en sus algoritmos mediante auditorías, verificación obligatoria de edad para proteger a menores y la eliminación ágil de contenidos perjudiciales.

El Gobierno también ha emitido este martes una declaración institucional por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que reafirma su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de la violencia de género y la garantía de la autonomía femenina. El texto reconoce que la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto global y que las desigualdades persisten.

La demanda a su exmarido, su fortaleza durante el juicio por el caso Mazan y la narración de su testimonio en ‘Un himno a la vida’ han convertido a Gisèle Pelicot en una referente internacional del feminismo. Tras haber revelado pública y judicialmente que fue víctima de violencia sexual durante una década, la francesa de 73 años ha pasado por Madrid para presentar sus memorias, en un acto que ha reunido a decenas de personas y donde ha mantenido una conversación con la periodista Montserrat Domínguez.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Instituto Francés de Madrid, Gisèle ha reiterado el objetivo por el que decidió publicar el libro: es “un mensaje de esperanza a todas las mujeres que sufren”. Así, el relato parte de aquella mañana de noviembre de 2020 cuando acudió a la comisaría después de la detención de su entonces marido, Dominique Pelicot, quien fue sorprendido grabando a mujeres en un supermercado.

Esa acción desencadenó una investigación que destapó una red de abusos y agresiones sexuales que la escritora había padecido durante años. Con ello, se dio cuenta de que había sido víctima de sumisión química y de que era su marido el que organizaba los encuentros con terceras personas. En total, se juzgó a 50 hombres por el caso Mazan. Pero este proceso no solo le ha afectado a ella, sino que ha sido un “terremoto familiar” que ha dejado secuelas profundas en sus hijos. “Yo elegí a mi marido, pero ellos no han elegido a sus padres”, ha declarado.

“Jamás pensé que mis palabras pudieran tener este eco”

Pese a que todo su entorno desarrolló una oleada de odio y rencor hacia Dominique, la francesa ha expresado que no pudo: “Pensaba que si reaccionaba como ellos me iba a hundir; yo tenía que ser sólida, mantenerme en pie”, ha detallado. Aun así, en el acto donde la actriz Blanca Portillo (voz del audiolibro) ha leído fragmentos de la obra, Gisèle ha asegurado: “Soy una mujer fuerte, me he reinventado”.

Del mismo modo se ha sincerado y ha explicado que “jamás pensé que mis palabras pudieran tener este eco”. En este sentido, la escritora ha recordado el momento en que decidió renunciar al anonimato y pedir que el juicio se celebrara a puertas abiertas. “La vergüenza debe cambiar de bando”, ha asegurado.

Gisèle sobre su exmarido: “Un ser humano que ha cometido actos monstruosos”

Tras casarse a los 19 años con Dominique Pelicot y formar una familia, la francesa no detectó indicios de la doble vida de su marido. “Tenía una cara A, normal, la de padre de familia, la que mostraba a sus amigos y una cara B donde afloraba esa perversión, sus fantasmas y sus deseos de someter a su mujer mediante sumisión química”, ha relatado en el teatro madrileño.

Asimismo, la autora ha añadido que “la mayor parte de los perversos narcisistas se comportan de ese modo, tienen una forma de manipular que hace que no te des cuenta”. Sin embargo, no lo define como “un monstruo”, sino que es “un ser humano que ha cometido actos monstruosos”. Y es que, recordemos que su expareja la vio sufrir pérdidas de memoria y problemas de salud durante una década, mientras ella temía padecer una enfermedad similar a la que sufrió su madre.

Además, la autora ha revelado que aún no ha tenido contacto directo con él desde la sentencia, pero tiene previsto visitarlo próximamente en la cárcel. “Hoy soy una mujer fuerte, me he reinventado, no encontrará a la misma persona, él estará en una posición de debilidad, y quiero preguntarle por qué esa traición, ese mal, esas fotos de su hija”, ha manifestado. Sin duda, lo que más le ha dolido ha sido ver cómo sufrían sus hijos. Por eso mismo, Gisele ha decidido mantener el apellido de su exmarido, “por ellos, por sus hijos”, ya que esta sería una manera de “reequilibrar las cosas, he dado la vuelta a la situación”.

Pero ahora “solo quiero hablar de alegría y de esperanza”

Durante la presentación en Madrid, la francesa de 73 años también ha asegurado que el proceso de escritura ha tenido un efecto terapéutico, ya que ha aprendido a convivir con la soledad tras el escándalo judicial. “Descubrí la soledad cuando le detuvieron, después me retiré en la isla de Re -donde vive- y aprendí a conocerme; la soledad me permitió reflexionar y descubrir recursos que no imaginaba, se ha convertido en una amiga cómplice que me ha ayudado”, ha afirmado, según ha recogido EFE.

No obstante, en este momento de su vida, Gisele ha indicado que “solo quiero hablar de alegría y de esperanza”. Su mensaje de resiliencia ha sido ovacionado en el acto, donde el público la ha recibido de pie. Su presencia en Madrid se alargará unos días más y podremos ver cómo es recibida en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le impondrá la encomienda de la orden del mérito civil, en reconocimiento a su papel como icono feminista internacional y su contribución a la visibilidad de las víctimas de violencia sexual.

Las opiniones de los jóvenes sobre igualdad de género no se reducen a extremos opuestos, sino que muestran una amplia gama de matices en un escenario marcado por discursos contradictorios y polarización. Así lo refleja el informe Más allá del compromiso y la reacción: Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud en España, presentado esta semana por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que revela que más de siete de cada diez jóvenes respaldan los principios básicos de la igualdad, y que la mayoría se sitúa en posiciones abiertas o favorables a este valor.

El informe, que combina encuestas, entrevistas y propuestas de especialistas, identifica cuatro perfiles según su percepción sobre la igualdad de género, feminista, igualitario, tradicional y distante, pero el CJE aclara que no se trata de etiquetas fijas, ya que muchos jóvenes expresan dudas, inquietudes y posturas cambiantes. “Las personas jóvenes no están en posiciones extremas, sino en una escala de grises donde predominan actitudes favorables o abiertas a la igualdad”, explica Pilar Blasco, responsable de incidencia política, comunicación y feminismos del CJE.

Más que la edad, son factores como el género, la ideología y la formación los que marcan las diferencias entre los jóvenes, de forma que el estudio desmonta el mito de una juventud uniforme y destaca la importancia de analizar las causas que moldean cada postura. “Cuando abordamos el cómo ha llegado cada persona joven a su postura, es necesario tratarlo como una cuestión de corresponsabilidad, apuntando no sólo al dato, sino también los porqués y las causas. Solo así podremos proponer las soluciones adecuadas con los agentes implicados”, añade Blasco.

El informe destaca que más del 30% de los jóvenes muestran un alto compromiso con causas asociadas al feminismo, como la lucha contra la desigualdad estructural, los derechos LGBTIQ+, la autodeterminación de género, el derecho al aborto o el uso del lenguaje inclusivo. Este grupo, mayoritariamente formado por mujeres, considera la violencia de género uno de los principales problemas sociales.

El perfil más numeroso es el igualitario, que supera el 40%. Se trata de jóvenes preocupados por la discriminación y la violencia sexual, aunque mantienen ciertas reservas ante demandas del feminismo actual. Para los autores del informe, este grupo representa un espacio clave para el diálogo y la consolidación de una sociedad igualitaria.

Las posturas contrarias a la igualdad resultan minoritarias. El perfil tradicional, con un 17,2%, se concentra entre hombres jóvenes y posturas conservadoras. El CJE señala la importancia de no estigmatizar a este grupo y de analizar las causas que están detrás de estas posiciones, para poder diseñar políticas eficaces.

El papel de las redes sociales y la educación

El informe también explora cómo influyen los hábitos digitales en la construcción de opiniones. El uso de YouTube se asocia con actitudes más distantes respecto a la igualdad de género y la diversidad sexual, mientras que entre quienes muestran posturas feministas destaca el uso de TikTok. Esta diferencia evidencia la necesidad de fomentar una alfabetización digital con perspectiva de género y de regular los algoritmos que pueden amplificar discursos de odio o desinformación.

Las especialistas consultadas coinciden en la importancia de ir más allá de talleres puntuales y crear espacios de formación sostenidos, donde los jóvenes puedan reflexionar y debatir sin miedo a ser juzgados. También subrayan el valor de abordar la igualdad de forma transversal, desde el empleo juvenil hasta la salud mental, la vivienda, la educación afectivo-sexual, el deporte y los entornos digitales.

“Simplificar el debate es contraproducente”

Entre las principales propuestas del Consejo de la Juventud de España figuran la creación de itinerarios formativos continuados en igualdad, la implicación de toda la comunidad educativa en planes de igualdad adaptados a cada etapa y una mayor inversión en investigación sobre juventud e igualdad. Además, piden una regulación efectiva que proteja a jóvenes de la violencia online y la participación real de las organizaciones juveniles en el diseño de las políticas públicas.

El informe concluye que simplificar el debate sobre la igualdad en clave generacional distorsiona la realidad y dificulta la construcción de políticas eficaces. “Se está construyendo un relato que señala a la juventud como responsable del retroceso en igualdad, algo que, además de injusto, es profundamente contraproducente”, concluye Pilar Blasco.

En México, marzo se ha posicionado como uno de los periodos en que más se impulsa el combate a la violencia de género, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que incluye las marchas del 8M.

Sin embargo, durante los últimos seis años se ha consolidado también como el mes más peligroso para las defensoras de derechos humanos en México y Mesoamérica, según un informe del colectivo IM-Defensoras.

Entre 2020 y 2025, la organización documentó 5 mil 672 agresiones dirigidas contra 907 defensoras y 65 organizaciones en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, cifra que representa el 13% del total de ataques registrados en ese lapso.

El colectivo denunció que cerca del 41% de las agresiones perpetradas en marzo ocurrieron en el ámbito digital, lo que evidencia la creciente exposición de las activistas a la violencia tanto física como virtual.

Este fenómeno se vincula con la visibilidad que adquieren las luchas de las mujeres durante el llamado “mes de las mujeres”, en torno al Día Internacional de la Mujer (8M).

Las formas más frecuentes de ataques contra defensoras en marzo corresponden a hechos que comprometen su integridad personal, como la violencia física, verbal y psicológica, y el uso excesivo de la fuerza, que en conjunto suman el 32% del total.

Además, el informe destaca que el 13% de las agresiones busca limitar el derecho a la reunión y a la libertad de expresión. En Nicaragua, la represión estatal y el exilio han impedido que las defensoras puedan marchar el 8 de marzo durante ocho años consecutivos.

El contexto de marzo de 2026 está marcado por el avance de fuerzas de extrema derecha y narrativas misóginas y antiderechos, difundidas ampliamente a través de medios digitales, comunicación oficial y redes sociales.

A esto se suma, según la organización, el inicio de un nuevo ciclo de políticas intervencionistas impulsadas por Estados Unidos, que profundizan la explotación de territorios y recursos naturales en la región, afectando especialmente a comunidades y pueblos de Abya Yala.

El colectivo advierte sobre la normalización de la impunidad ante hechos de violencia extrema, como el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza y la trama del caso Epstein, que involucra redes internacionales de violencia sexual y explotación de mujeres y niñas, muchas provenientes de países de la región.

Estas dinámicas envían el mensaje de que existen cuerpos desechables y explotables marcados por género, origen, color de piel o clase social.

De acuerdo con IM-Defensoras, el impacto de estos procesos globales repercute de manera directa en los países mesoamericanos, donde se observa un recrudecimiento de la violencia, la precarización de la vida y un aumento de migraciones y desplazamientos forzados que afectan particularmente a las mujeres.

La organización sostiene que quienes defienden derechos humanos quedan más expuestas porque cuestionan las estructuras de poder y desigualdad.

El informe detalla que en tres de cada cinco agresiones registradas en marzo se identificó un componente explícito de violencia de género, que incluye mensajes misóginos, campañas de difamación sobre la sexualidad o identidad de las defensoras, amenazas sexualizadas y discursos disciplinarios orientados a castigar la desobediencia al mandato patriarcal.

Ante este panorama, IM-Defensoras subraya la importancia de que las voces de mujeres y disidencias sexo-genéricas mantengan su presencia en las calles y el espacio digital, reivindicando el derecho a la protesta y la defensa de los derechos conquistados.

La organización anuncia que durante este mes se mantendrá alerta, documentando y denunciando las agresiones patriarcales contra defensoras, organizaciones y comunidades en la región mesoamericana.

El comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, ha presentado este miércoles su dimisión después de que ha trascendido que dos mujeres lo habían denunciado por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. La renuncia se ha producido a iniciativa del propio mando policial, que ha solicitado formalmente su baja al Ayuntamiento dirigido por Judith Piquet (PP), pese a que el Gobierno municipal se ha resistido hasta ahora a cesarlo a pesar de la gravedad de las acusaciones.

Moreno ha pedido además su traslado a la Policía Local de Torrejón de Ardoz, donde ya ha ocupado el mismo puesto antes de su llegada a Alcalá de Henares y municipio en el que habrían ocurrido los hechos denunciados. En su solicitud ha alegado “motivos estrictamente personales”. El excomisario conserva allí su plaza como funcionario, por lo que mientras no exista una sentencia condenatoria firme no puede ser apartado de manera definitiva del servicio.

La dimisión ha llegado pocos días después de que se han hecho públicas las denuncias presentadas el pasado enero, aunque la existencia de acusaciones contra Moreno ha sido conocida de forma extraoficial desde hacía más de un año. La alcaldesa ha defendido su continuidad al frente del cuerpo municipal al considerar que no correspondía adoptar medidas disciplinarias hasta que la justicia se pronuncie y al sostener que los hechos investigados no están relacionados con su etapa en Alcalá.

En un comunicado dirigido a la plantilla policial y al que ha tenido acceso El País, Moreno se ha despedido de los agentes agradeciendo su trabajo y su “lealtad institucional”. “Ha sido un verdadero honor y una gran responsabilidad dirigir este Cuerpo”, ha escrito el ya excomisario, que ha asegurado marcharse “con el orgullo de haber formado parte de esta institución y con la tranquilidad de saber que el Cuerpo queda en manos de grandes profesionales”.

El tono institucional del mensaje contrasta con la percepción que parte de la plantilla tiene de su mando. Moreno no cuenta con un respaldo amplio entre los agentes y personas de su entorno lo describen como un hombre “fanfarrón” y “persecutor”, tanto en el plano personal como en el profesional. Antes incluso de que se han conocido las denuncias por violencia doméstica y de género, su nombre ya ha estado vinculado a acusaciones de acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias.

Reacciones políticas y sindicales

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha evitado valorar la dimisión más allá de confirmar que Moreno ha solicitado el reingreso en Torrejón de Ardoz “para defender su plaza”. Un portavoz municipal se ha limitado a señalar que el Consistorio respeta la decisión del excomisario, después de haber sostenido durante días su permanencia en el cargo.

La oposición municipal ha interpretado la salida como el desenlace de una situación que consideran insostenible. El portavoz socialista, Javier Rodríguez, ha calificado la jornada como “un día grande” para la ciudad y ha sostenido que la dimisión ha sido consecuencia directa de la presión política. “Hemos forzado la dimisión de una persona investigada por la justicia por violencia de género, violencia doméstica y maltrato familiar”, ha afirmado.

Rodríguez ha acusado a la alcaldesa de haber resistido durante días antes de aceptar la salida del comisario y ha criticado que Moreno vaya a reincorporarse a Torrejón de Ardoz. “Lo siento por las personas de Torrejón, porque el PP de Alcalá de Henares les exporta un problema”, ha añadido. Desde el Ayuntamiento de esa localidad han señalado que acaban de conocer la noticia y que por el momento no realizarán ninguna valoración.

Más Madrid también ha considerado que la dimisión era necesaria, aunque ha lamentado que no se hubiera producido antes. La formación ha calificado la renuncia de “tardía, pero necesaria” y ha reprochado al Gobierno municipal de PP y Vox haber mantenido al comisario en el puesto pese a la gravedad de las acusaciones. A su juicio, el Ejecutivo local ha optado por defender “una situación insostenible que ha terminado cayendo por su propio peso” y ahora debe asumir responsabilidades políticas por haber sostenido a Moreno al frente del cuerpo.

Desde el ámbito sindical, el sindicato CPPM ha interpretado la salida como una solución personal para el comisario, pero no como una reparación institucional. La organización ha asegurado que se trata de “una salida honrosa para él a título personal, pero en ningún caso para la Policía Local de Alcalá de Henares”, y ha subrayado que el cuerpo municipal nunca ha estado bajo sospecha ni vinculado a los asuntos que afectan a su ya exresponsable.

David Alonso, policía municipal y secretario general de la sección sindical, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya adoptado antes una decisión más firme y ha criticado la “falta de contundencia” mostrada por la corporación. También ha reprochado la “equidistancia” mantenida por el Gobierno municipal, especialmente en un contexto en el que el consistorio participa en actos institucionales contra la violencia de género. El representante sindical ha trasladado además su apoyo a las agentes de la Policía Local de Torrejón de Ardoz que han denunciado a Moreno.

Las denuncias

Una de las denunciantes es una agente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz con la que Moreno ha mantenido una relación sentimental. En agosto de 2025 ha trascendido que la mujer lo ha citado a un acto de conciliación en los juzgados de Alcalá de Henares después de acusarlo de acoso sexual y laboral, injurias, calumnias y vejaciones, una comparecencia a la que el comisario no ha acudido.

El conflicto ha terminado derivando en una denuncia formal presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar a finales de enero. En esa denuncia ha figurado también una segunda presunta víctima.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados una revisión “extraordinaria” de los protocolos internos contra el acoso sexual y la violencia de género en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo ha hecho tras reconocer que los mecanismos actuales fallaron en el caso de la agente que ha presentado una querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. El ministro ha explicado que la Secretaría de Estado de Seguridad será la encargada de dirigir este proceso para analizar posibles carencias y corregirlas con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Grande-Marlaska comparecía ante la Comisión de Interior para informar sobre la implantación de las balizas V16, el dispositivo luminoso con geolocalización que desde el 1 de enero es obligatorio para señalizar vehículos averiados en carretera, pero la sesión estuvo marcada por las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la denuncia presentada contra el que hasta hace unos días era el máximo responsable uniformado de la Policía Nacional. “Es gravísimo y confío en que la justicia depure con toda firmeza las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión, si se concluye que así ha ocurrido”, ha afirmado durante su intervención.

El titular de Interior admitió que el caso evidencia fallos en los mecanismos existentes. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, señaló, al justificar la revisión extraordinaria. Según explicó, el objetivo es determinar por qué la agente decidió acudir directamente a los tribunales en lugar de activar los procedimientos internos disponibles en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Revisión de los protocolos internos

Grande-Marlaska subrayó que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con protocolos específicos frente al acoso sexual y la violencia de género que, según sostuvo, han demostrado su eficacia en otros casos y son objeto de actualizaciones periódicas. No obstante, calificó la situación actual de “extraordinaria” por la relevancia del cargo del denunciado y por la gravedad de los hechos investigados, lo que, a su juicio, hace necesaria una revisión más profunda.

El ministro explicó que la Secretaría de Estado de Seguridad analizará en detalle los procedimientos vigentes para detectar posibles deficiencias en la prevención, la denuncia y la protección de las víctimas en casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo o violencia de género dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La investigación interna pretende esclarecer qué ocurrió en este caso concreto y si existieron obstáculos que disuadieran a la denunciante de utilizar los canales oficiales.

En su intervención, el responsable de Interior insistió en que el ministerio actuó con rapidez cuando tuvo conocimiento de la denuncia contra el exDAO. Según afirmó, su departamento forzó la dimisión del comisario en menos de dos horas desde que se conocieron los hechos. Grande-Marlaska defendió esa actuación como una muestra de tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con los principios de las Fuerzas de Seguridad.

El ministro también rechazó las críticas que cuestionan el funcionamiento de la institución y advirtió de que no puede permitir que este episodio sea utilizado para “denigrar la reputación de la Policía Nacional”, en alusión a los reproches lanzados por algunos grupos parlamentarios que apuntaban a una supuesta impunidad de los altos mandos.

Presión de la oposición en el Congreso

La comparecencia estuvo marcada por un duro intercambio con los grupos de la oposición, que aprovecharon la sesión para exigir explicaciones y reclamar responsabilidades políticas. El diputado del Partido Popular Ángel Hernández calificó el caso como el “ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y acusó al ministro de no haber aclarado si conocía previamente la situación ni las razones que llevaron a mantener en el cargo a su colaborador.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro reprochó a Grande-Marlaska haber permitido que el director adjunto operativo continuara en activo tras la ampliación de su edad de servicio mediante un decreto, y le acusó de haber contribuido a “revictimizar” a la denunciante al situar sobre ella la presión de la continuidad del mando policial. El diputado sostuvo que el ministro debería haber dimitido por responsabilidad política.

También el representante de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, reclamó la dimisión del titular de Interior, al que acusó de “incompetencia” y de haber permitido un “vergonzoso escándalo” protagonizado por quien calificó como su protegido. Incluso desde Esquerra Republicana, socio parlamentario del Gobierno, el diputado Francesc-Marc Álvaro solicitó explicaciones detalladas sobre un caso que, según afirmó, ha generado consternación social y ha afectado a la reputación del Ministerio del Interior y a los mecanismos de control sobre los altos mandos policiales.

Desde la apertura de la Oficina para la Atención a las Mujeres: Orientación, Remisión y Seguimiento (AMORES), la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México ha desarrollado un modelo pionero que prioriza el enfoque de género y la atención personalizada. Más de 3 mil 700 solicitudes han sido atendidas desde el inicio de este servicio, consolidando a la Secretaría como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

Atención integral y cifras de violencia atendida

El trabajo de la Secretaría se refleja en los mil 911 casos de violencias que han recibido seguimiento puntual. La mayoría de estas solicitudes corresponde a episodios de violencia psicológica (1.071 casos), seguidos por violencia sexual (342 casos) y violencia física (153 casos).

Otras formas de agresión también han sido registradas y atendidas:

• Violencia feminicida: 123 atenciones.
• Violencia patrimonial: 103 solicitudes.
• Violencia vicaria: 90 casos.
• Violencia económica: 29 atenciones.

Cada caso se canaliza a través de rutas de trabajo adaptadas a las necesidades particulares de las usuarias, asegurando intervenciones directas y, en su caso, derivaciones a otras instancias gubernamentales, tanto federales como estatales. Las solicitudes que llegan desde la oficina de atención de la Presidencia de la República también son gestionadas bajo este esquema.

Modelo incluyente y especializado: AMORES

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria Citlalli Hernández Mora, la Oficina AMORES fue diseñada para diferenciarse de los métodos tradicionales de gestión social, integrando una atención universal y cálida. Este enfoque incluye a mujeres de distintas nacionalidades que viven en México y enfrentan situaciones de violencia, discriminación o desplazamiento, como argentinas, bolivianas, palestinas y hondureñas.

La atención que brinda la Secretaría es sensible a factores como:

• Origen étnico.
• Edad.
• Discapacidad.
• Orientación sexual.
• Identidad de género.

Este modelo incluyente busca asegurar que todas las mujeres, independientemente de su contexto, reciban apoyo oportuno y especializado.

Estrategias de capacitación y red nacional de apoyo

El personal de la Secretaría se mantiene en formación continua sobre medidas de protección, procesos legales civiles y familiares, así como en los procedimientos necesarios para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Más allá de la atención centralizada, la Secretaría extiende su cobertura a casi medio millón de mujeres a través de los 678 Centros LIBRE distribuidos por todo México. Además, la Línea de las Mujeres 079 opción 1 ofrece un canal accesible para resolver dudas y recibir solicitudes de atención.

La Secretaría de las Mujeres refuerza su compromiso con una vida libre de violencias, apostando por la autonomía femenina y la transformación de las estructuras institucionales para consolidar un entorno más seguro y equitativo.

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes ante la Guardia Civil al exdirector adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, por presuntos delitos de abuso de autoridad, coacciones y contra la integridad moral. La denuncia, presentada en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), abre un nuevo frente judicial para quien hasta la pasada semana ocupaba el máximo puesto operativo de la Policía Nacional y fue cesado tras conocerse la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual presentada por una subordinada.

Fuentes conocedoras de la denuncia han señalado a EFE que el comisario atribuye a González haberle presionado para que aceptara un destino determinado. Según su relato, los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando fue cesado de su responsabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha formalizado una semana después del cese del exDAO y en un momento de especial tensión en la cúpula policial.

El denunciante ha optado por presentar la denuncia ante la Guardia Civil, y no ante instancias policiales, con el objetivo de que los hechos sean investigados por un cuerpo distinto al que pertenecen tanto él como el denunciado, según las fuentes consultadas.

El comisario sostiene que fue coaccionado para aceptar el destino al que fue trasladado tras su cese. En su denuncia atribuye al entonces máximo responsable operativo del Cuerpo la responsabilidad de las presiones que, según su versión, sufrió en el proceso que culminó con su relevo en octubre de 2024.

De acuerdo con la información conocida, el mando había sido destinado como jefe de comisaría local en 2023. Durante su etapa al frente de esa responsabilidad elaboró informes en los que advertía de la evolución de la delincuencia y de las dificultades operativas existentes en su demarcación. Esa documentación habría sido remitida a comienzos de 2024 a la Jefatura Superior de Policía de Madrid sin que, según su relato, obtuviera respuesta.

El comisario, que actualmente se encuentra de baja médica, ha decidido denunciar los hechos después de la salida de González de la dirección adjunta operativa. Su identidad no ha trascendido públicamente y, según The Objective, ha optado por mantenerse en el anonimato por temor a posibles represalias.

Un nuevo frente para el exDAO

La denuncia se suma a la causa abierta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid tras la querella presentada por una funcionaria policial que acusa al exDAO de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas. La admisión a trámite de esa querella precipitó el cese de González como número dos de la Policía Nacional.

La acumulación de denuncias ha intensificado la crisis en la cúpula policial. La salida del ex director adjunto operativo se produjo la pasada semana y ha obligado al Ministerio del Interior a iniciar el proceso para designar a su sustituto.

Mientras se completa ese relevo, la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso, ha asumido de forma interina la dirección operativa del Cuerpo. El cargo de director adjunto operativo es el responsable de coordinar la actividad policial en todo el territorio nacional y constituye el principal puesto uniformado dentro de la estructura de mando de la Policía Nacional.

Una segunda mujer ha contactado con el abogado que representa a la inspectora de la Policía Nacional que denunció por presunta agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González. La comunicación se produce cuando la causa abierta en un juzgado de Madrid encara sus primeras diligencias y el ex alto mando está citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo.

El letrado Jorge Piedrafita, que asumió la defensa de la primera denunciante el pasado diciembre, ha reconocido en declaraciones públicas que ha recibido el testimonio de otra agente que asegura haber sufrido un episodio similar. “Hola, yo también soy una víctima del DAO”, fue el mensaje con el que, según ha trascendido, se inició el contacto. Por ahora, no se han detallado los hechos relatados ni se ha confirmado si esta segunda mujer formalizará una denuncia.

La querella inicial fue presentada el 9 de enero y admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. En ella, la inspectora sostiene que el 23 de abril de 2025 fue forzada a mantener relaciones sexuales en un piso de Madrid por quien entonces era el máximo responsable operativo de la Policía Nacional. Según el escrito, los hechos se habrían producido tras una comida a la que asistieron González y otro comisario de su confianza. La denunciante afirma que fue instada a desplazarse en un “vehículo oficial camuflado” y que, posteriormente, en la vivienda oficial del mando, fue obligada a realizar actos sexuales contra su voluntad.

Como parte de la querella, la agente aportó un audio de unos 40 minutos grabado en el momento de los hechos. En esa grabación, según su versión, se la escucha decir en varias ocasiones que no. También presentó mensajes de WhatsApp y un listado de llamadas que, a su juicio, evidenciarían coacciones posteriores por parte del exDAO y de personas de su entorno para disuadirla de acudir a la justicia.

Protección a la denunciante

Todo el material probatorio ya se encuentra en sede judicial. El abogado de la inspectora ha solicitado al juez la “plena reserva” de los audios, listados de llamadas y capturas de mensajes, con el fin de que solo puedan ser consultados bajo la supervisión de la letrada de la Administración de Justicia. El objetivo es evitar nuevas filtraciones después de que la identidad de la denunciante circulara en chats internos del colectivo policial.

La difusión de su nombre provocó, según fuentes cercanas al caso, una situación de ansiedad que obligó a asignarle un dispositivo de escolta. La inspectora habría trasladado a su abogado su malestar por la pérdida de confidencialidad en una causa especialmente sensible, tanto por la gravedad de los hechos denunciados como por la posición que ocupaba el querellado dentro de la estructura policial.

José Ángel González dimitió como DAO tras hacerse pública la querella y formalizó posteriormente su jubilación. Había sido mantenido en el cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a encontrarse próximo a la edad de retiro, mediante una disposición adicional incorporada a un real decreto. Su declaración ante el juez marcará un primer hito procesal en una causa que ha sacudido a la cúpula de la Policía Nacional.

Inquietud en la cúpula policial

Según el abogado Piedrafita, además de la segunda agente, al menos otras tres policías en activo han contactado con él para exponer situaciones que califican de acoso por parte de miembros de la cúpula, desde comisarios hasta jefes superiores. El letrado estudia si esos relatos pueden traducirse en acciones judiciales.

En conversaciones internas, varias agentes cuestionan la eficacia de los protocolos de acoso cuando los señalados ocupan puestos de alta responsabilidad. Expresan desconfianza en los mecanismos internos y sostienen que quienes denuncian a mandos superiores pueden verse aisladas dentro de la organización.

El perfil de González era conocido en el cuerpo, según fuentes policiales consultadas, que describen comportamientos considerados “inapropiados” durante los años en que ejerció como director adjunto operativo. Esas valoraciones forman parte del contexto interno que ahora emerge, aunque será la investigación judicial la que determine la veracidad y alcance de los hechos denunciados.

El caso ha tenido también derivadas políticas. Este lunes, más de medio centenar de personas se concentraron frente al Ministerio del Interior en una protesta convocada por el sindicato Jupol para exigir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. La organización reclamó una “regeneración urgente” para preservar la credibilidad de la institución tras la renuncia del que era su máximo jefe operativo.

Jupol anunció además que pone sus servicios jurídicos a disposición de posibles víctimas dentro de la Policía y pidió revisar los “privilegios” de los mandos. Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso con la práctica de las primeras diligencias y a la espera de que se concrete si la segunda mujer que ha contactado con el abogado decide dar el paso de formalizar su denuncia ante los tribunales.

Gisèle Pelicot estaba segura de que iba a morir. Durante 10 años, su cuerpo le mandaba señales inexplicables: se sentía débil, el cuerpo le dolía, perdía la memoria, se despertaba con el pijama mojado... Creía firmemente que, al igual que su madre, un tumor cerebral que los médicos no eran capaces de localizar acabaría con su vida. La causa de su sufrimiento resultó ser otra.

Una mañana de noviembre del año 2020, el inspector Perret le pidió que acudiese a la comisaría de Mazan, donde descubriría que su marido, el amor de su vida, la había drogado hasta perder la conciencia y dejado que decenas de hombres la violasen. Las pruebas eran innegables: miles de fotos y vídeos almacenados cuidadosamente por Dominique Pelicot le revelaban lo que no podía recordar.

Han pasado más de cinco años desde aquel momento. Dominique Pelicot y sus 50 compinches están entre rejas, enfrentando condenas de hasta 20 años por las agresiones perpetradas contra Gisèle. La septuagenaria, ya convertida en un icono mundial, revela en Un himno a la vida (Lumen, 2026) toda su historia, desde la llamada del inspector Perret hasta la condena de los 51 hombres que abusaron de su cuerpo inerte. “Quiero dejar constancia de lo que me sucedió”, asegura.

Los años de Mazan

Gisèle remonta el inicio de la sumisión química al año 2011: unas manchas en un pantalón que no recordaba haber ensuciado; una cerveza que, de repente, se volvió verde; un aperitivo que Dominique Pelicot tiró rápidamente a la basura cuando esta le dijo que tenía un sabor extraño... Pero las señales se le pasaron por alto frente al “hombre bueno y amable” que se presentaba ante ella.

Poco a poco, sus amigos y sus hijos se daban cuenta de sus pérdidas de memoria. “¿No recuerdas que hablamos?”, le preguntaban constantemente. Según pasaban los años, su marido se volvía más cerrado, se enfadaba más e incluso soltaba comentarios que a ella le extrañaban, pero nada levantó sus sospechas. “Estaba contenta con mi pequeña vida”, asegura en su libro.

En 2017, la actividad criminal de Dominique Pelicot se intensificó. Las violaciones se volvieron más frecuentes, ocurrían en cualquier fecha: cumpleaños, aniversarios, San Valentín... Incluso la misma noche que lo detuvieron por grabar bajo las faldas de dos jóvenes en un supermercado, el señor Pelicot drogó la comida de Gisèle. “Ya no tenía límites. No sé hasta dónde habría llegado si no lo hubieran pillado en Leclert, creo que quizá yo no estaría aquí hoy”, confiesa en su biografía.

Una manada de hombres

Descubrir los actos de su marido fue para Gisèle como si un tren de alta velocidad le hubiese golpeado la cara, confiesa en la novela. La imagen del hombre cariñoso y amable que hasta ahora le había acompañado se fue destruyendo poco a poco. “Me da asco, me siento sucia, mancillada, traicionada”, le respondió en una ocasión a la jueza de instrucción. Las pesquisas policiales conseguían, poco a poco, localizar a los hombres que aparecían en los vídeos registrados por el señor Pelicot: encontraron un total de 50. El resto, alrededor de 30 hombres, jamás serían descubiertos.

Los perfiles eran variados: había jóvenes, mayores, de diferentes nacionalidades, bomberos, enfermeros, ingenieros... “Sabía que uno de ellos tenía VIH, que había venido a casa varias veces y que no había utilizado preservativo”, cuenta Gisèle. “También sabía que otro de los tipos que me violaron me saludaba educadamente en la panadería de Mazan, porque había venido a casa a comprar unas ruedas de bicicleta (...); ahora sé que las ruedas eran solo un pretexto, una idea de Dominique, el tipo quería verme, ver la mercancía (...) antes de venir a violarme”, narra.

La investigación también descubrió otros horrores. Entre las fotos almacenadas por el señor Pelicot, aparecían también imágenes de sus nueras y de su hija, Caroline Darian, que a día de hoy aún sospecha que su padre pudo abusar también de ella. Según se revelaban los crímenes cometidos por su marido, Gisèle Pelicot no parecía capaz de reaccionar. “Mi cerebro se detuvo”, dice ella, una actitud que sus hijos no podían comprender. “Pero, ¡reacciona! ¡No reaccionas!“, ”¡Abre los ojos, mamá! ¡Mira lo que te ha hecho!“, le espetaron en varias ocasiones. Pero ella no se lo permitía, mucho menos en público. Si se dejaba sentir, no estaba segura de poder volver a levantarse.

La decisión que lo cambió todo: “La vergüenza debe cambiar de bando”

Gisèle se avergonzaba cada vez que alguien veía las fotos y los vídeos del caso, las descripciones de lo que le hicieron a su cuerpo mientras ella estaba inconsciente. Por eso estaba segura de querer celebrar su juicio a puerta cerrada. Hasta que un día, cambió de opinión: “Cincuenta hombres se agolparían en la sala. (...) ¿No estaba haciéndoles un regalo? ¿No les protegía al cerrar la puerta?“, se preguntaba. “Nadie se enteraría de lo que me habían hecho. Ningún periodista estaría allí para describirlos y decir sus nombres junto a sus delitos. Ningún desconocido se acercaría a mirarlos, preguntándose cómo reconocer a un violador entre sus vecinos y colegas (...). Sobre todo, ninguna mujer podría entrar y sentarse para no sentirse tan sola”, reflexiona.

La decisión estaba tomada: la vergüenza tenía que cambiar de bando. “Los abogados defensores echaban espuma por la boca. Estaban rabiosos. Stéphane [abogado de Gisèle Pelicot] me había advertido de que me lo harían pagar. Estaba preparada”, afirma. Durante los cuatro meses que duró el juicio, los letrados de la defensa argumentaron que Gisèle Pelicot había consentido los encuentros, insinuaron que los disfrutaba y negaron que sus clientes hubiesen cometido violación alguna.

Pero la puerta abierta permitió que el mundo viera el juicio. Según pasaban los días, más medios se acercaban a cubrir el proceso y, sobre todo, más mujeres se reunían a las puertas de los tribunales para apoyar a Gisèle Pelicot. “Mañana, tarde y noche hacían cola para tener la oportunidad de encontrar sitio en la sala adicional abierta al público; se quedaban delante del juzgado una vez terminada la audiencia (...) El juzgado de Aviñón era de repente un punto de reunión del dolor”, describe en su libro. El apoyo de estas mujeres le dio una fuerza extra que necesitaba para sostenerles la mirada a sus violadores, que buscaban destruirla, y a los abogados que ponían en duda su experiencia. “Me di cuenta de que me habrían destrozado si nadie hubiera estado allí escuchando los debates”, dice. “Esa multitud me salvó la vida”, confiesa.

La vida después del caso Mazan

La vida continuó para Gisèle Pelicot después del juicio, aunque ya no es la misma. Abandonó su casa en Mazan y ha encontrado de nuevo el amor en Jean-Loup, que ahora acompaña sus días. La relación con sus hijos, sin embargo, se ha resentido. “Las preguntas sin respuesta han ido separándonos”, lamenta. Espera, no obstante, volver un día a prisión a visitar a Dominique Pelicot y resolver las dudas que aún asolan su mente.

Gisèle nunca ha querido ser la “pobre víctima” y nunca se ha sentido como tal. Tampoco buscó ser una mártir ni el icono en el que se ha convertido, pero acepta el papel que le han otorgado en “una nueva ola feminista” de la que sabe poco. “Seguramente decepcionaré a algunas activistas, no soy muy radical (...) Pero he oído cómo convertían el dolor de un juicio en cantos liberadores en la escalera del juzgado, he oído la alegría y la rabia venciendo al silencio, así que estoy encantada de ofrecer mi historia como ejemplo y mi nombre como estandarte”, concluye.

No han transcurrido ni los primeros dos meses del año y 2026 ya ha quedado marcado por una nueva escalada de violencia machista. Esta última semana ha sido especialmente trágica tras los asesinatos de tres mujeres y dos menores, elevando a 10 los crímenes por violencia de género en lo que va de año. En seis de los casos había denuncias previas, lo que evidencia la persistencia de fallos estructurales e institucionales en la prevención, identificación y seguimiento de la violencia de género, incluso con los protocolos actualmente vigentes.

El último feminicidio se produjo el pasado viernes en la localidad navarra de Sarriguren, donde un hombre de 59 años fue detenido acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y herir de gravedad a su madre, suegra de la fallecida. La víctima tenía 29 años, era madre de cuatro hijos y no constaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Este mismo domingo cientos de personas han participado a mediodía en una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para expresar su rechazo a este último feminicidio. Allí la plataforma de mujeres contra la violencia sexista de Navarra ha destacado que “esto no es un hecho aislado” sino “una repetición del sistema patriarcal en el que nos encontramos, el pacto machista de silencio que hay”, al tiempo que ha criticado la falta de recursos para la atención a las mujeres víctimas y a sus familias, según informa Europa Press.

Si se confirma la naturaleza machista del crimen de Sarriguren, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ascendería en España a 1.353 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos. Tras los 48 homicidios contabilizados en 2025, la cifra más baja desde que hay datos, el arranque de 2026 se sitúa entre los más graves de la serie histórica.

En lo que va de año, seis menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes machistas, con lo que el total asciende a 510 desde 2013.

Violencia vicaria

Junto a los nueve feminicidios confirmados, se suman los dos primeros casos de crímenes vicarios del año: el asesinato de Noemí, una niña de 12 años, perpetrado por su padre el 17 de febrero en Xilxes (Castellón), que también mató a la madre, y el de un niño de 10 años en Arona (Tenerife) a manos de su progenitor, que a su vez agredió gravemente a la madre. De esta forma, el número de menores de edad asesinados por violencia de género en España se eleva hasta los 67 desde 2013.

Cabe recordar que la violencia vicaria tiene como objetivo perjudicar a la mujer a través de la violencia extrema contra sus seres queridos, generalmente hijos e hijas, y hasta hace relativamente poco estaba invisibilizada.

Según la información del Ministerio de Igualdad, de esas nueve víctimas mortales, seis eran españolas y tres extranjeras, al igual que sus agresores. En ocho de los casos, se trataba de exparejas o parejas en fase de ruptura, mientras que solo en un caso eran pareja.

Por otro lado, en seis de los casos constaban denuncias previas: cinco habían sido interpuestas por las víctimas y una por otras personas.

Medidas más contundentes

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que las evaluaciones de riesgo no siempre se realizan de forma exhaustiva y ha defendido la necesidad de aplicar medidas más estrictas una vez acordadas las órdenes de alejamiento.

Según Redondo, establecer distancias mínimas de entre 300 y 350 metros para las órdenes de alejamiento resulta esencial, ya que el sistema de control telemático requiere de al menos esa distancia de exclusión para operar en condiciones óptimas.

*Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico ’016-online@igualdad.gob.es’. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional.

Para casos en los que no sea viable realizar una llamada y exista riesgo, se recomienda la aplicación ALERTCOPS, desarrollada para situaciones de emergencia.

Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

El suceso ha ocurrido sobre la 1:00 de la madrugada del jueves al viernes, en un domicilio del núcleo de Cabo Blanco, perteneciente a la localidad tinerfeña. Habrían sido los vecinos quienes alertaron a la Guardia Civil de un altercado en la vivienda. Al llegar los agentes, encontraron al hombre, de 34 años, armado con un machete, con el que habría atacado al menor, hijo de ambos, y a su pareja.

Los agentes intentaron reducirlo, pero el hombre se resistió e hirió a un agente con el arma blanca. Finalmente, el agresor fue abatido a tiros y murió en el acto, según han confirmado fuentes de la Benemérita a EFE. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron el cadáver del niño y a su mujer, que ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado crítico. El guardia civil herido también ha sido trasladado, aunque su pronóstico no es de gravedad.

Según EFE, podría tratarse de un caso de violencia machista, si bien no constan denuncias previas, antecedentes penales ni registros en VioGén. De confirmarse como un caso de violencia de género, se trataría del segundo menor asesinado por violencia vicaria.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

Es un nuevo caso de crimen machista. Tras el asesinato de una madre y su hija de doce años presuntamente a manos del marido y padre de la menor, sucede otro asesinato en menos de 24 horas. Esta vez en la calle López de Hoyos de Madrid. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor de los hechos: la expareja de la mujer. La Brigada de Homicidios y la Policía Científica ya se encuentran en la zona.

Según las primeras informaciones adelantadas por la Cadena SER, la víctima, de nacionalidad paraguaya y edad de 33 años, habría sido estrangulada. No obstante, las autoridades aún se encuentran recabando datos que los ayuden a determinar los detalles exactos de un nuevo capítulo de violencia machista, el primero en Madrid en lo que llevamos de 2026.

El principal sospechoso de la investigación, también de la misma nacionalidad, fue detenido poco después del asesinato y ya se encuentra bajo custodia policial.

Orden de alejamiento

El presunto autor, nacido en 1992, se entregó esta tarde en la comisaría de Tetuán, donde habría confesado los hechos. En ese momento, una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se desplazó hasta la casa y confirmó el hallazgo de la víctima. A su vez, el Samur se trasladó al domicilio, pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, que llevaba varias horas muertas.

Al parecer, víctima y agresor habrían mantenido una relación sentimental y en el momento de los hechos eran exparejas. Es más, había una orden de alejamiento en vigor del hombre sobre la mujer.

La víctima tenía dos hijos, uno de ellos de corta edad, pero ambos no se encontraban en la vivienda en el momento en el que los agentes entraron en la vivienda. De la investigación se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, por el momento, se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el supuesto autor.

De confirmarse así, sería el noveno asesinato de violencia machista en lo que va de año. Además, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 ascenderá a 1.352. De manera igualmente preocupante, los datos revelan que el sistema de protección ha fallado en el 62% de los casos de este año. Este porcentaje corresponde a mujeres que, como la víctima, habían denunciado a sus agresores y contaban con órdenes de alejamiento en vigor.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Noticia en ampliación

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada ayer junto a su hija de 12 años en el municipio de Xilxes (Castellón). En un primer momento, este arresto se producía por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que estaba dictada contra él y que no le permitía acercarse a menos de 300 metros de la víctima hasta el año 2027. Sin embargo, recientemente Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha anunciado que el exmarido y padre de las víctimas pasaba ahora a ser detenido como presunto autor del doble crimen.

Según adelantó ayer el diario Las Provincias, los cadáveres de la mujer y su hija de 12 años fueron hallados este martes en el interior de su vivienda, con evidentes signos de violencia. Tras darse el aviso a las autoridades, hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El marido asegura que supo del crimen por un mensaje de Whatsapp

Según han apuntado fuentes municipales, el detenido y la víctima estaba separados y la mujer se encontraba en el sistema VioGén tras haber denunciado al hombre por malos tratos. Hacía pocos días se había hecho una valoración sobre su situación y se apreció su caso como de “riesgo medio”. Sobre el marido pesaba una orden de alejamiento de 300 metros hasta 2027; su quebrantamiento ha sido el motivo por el que ha sido detenido.

Según declaró el marido y padre de las víctimas, que ya no vivía en el domicilio de Xilxes desde hacía un año, habría recibido por Whatsapp una fotografía de los cadáveres, lo que, según su testimonio, habría provocado que se desplazase hasta la casa de su expareja. Fue él mismo el que alertó del crimen al salir a la calle.

Tres días de luto en Xilxes

Los vecinos de la localidad castellonense se muestran consternados por lo sucedido. Así lo ha trasladado el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, que ha destacado estar “afligido” y ”emocionado", un sentimiento que comparte el resto de la población, ya que era una familia de personas sordas muy conocidas en el pueblo porque vivían allí “de toda la vida”.

Ante lo sucedido, el Ayuntamiento de Xilxes ha decretado tres días de luto oficial y se celebrará este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Si se confirmasen los hechos como crimen machista, sería la octava mujer víctima de violencia de género en lo que llevamos de 2026, así como la menor de 12 años la primera de violencia vicaria. Tras confirmar ayer el Ministerio de Igualdad el asesinato de la enfermera de Benicàssim, ya son 1.350 las víctimas desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto una investigación judicial contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, tras admitir a trámite una querella por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El alto mando ha presentado su dimisión después de que el juzgado acordara citarlo a declarar como querellado. El magistrado David Maman Benchimol ha citado al comisario principal a declarar en calidad de querellado el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas. Ese mismo día comparecerá ante el juez la denunciante, también funcionaria del Cuerpo.

La resolución sostiene que los hechos descritos en la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”, por lo que acuerda la práctica de diligencias esenciales para determinar su alcance. La admisión a trámite no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del investigado, pero sitúa bajo escrutinio penal al máximo responsable operativo de la Policía Nacional en un asunto que combina la dimensión penal con la institucional.

Una denuncia atravesada por la jerarquía

La querella, presentada por la agente a través de su abogado, Jorge Piedrafita, dibuja un escenario marcado por una relación previa de afectividad entre la denunciante y el DAO. Según el escrito, esa relación estuvo desde su inicio condicionada por una “asimetría de poder institucional manifiesta”, dada la posición jerárquica de González dentro del Cuerpo. La agente sostiene que esa desigualdad fue utilizada para generar una dinámica de control y dominación psicológica.

Siempre conforme al relato de la denunciante, la relación finalizó por decisión unilateral de ella, una circunstancia que el mando no habría aceptado. A partir de entonces, según la querella, se habría iniciado una conducta persistente de acoso y contacto no deseado que culminó en los hechos denunciados.

El 23 de abril de 2025, la funcionaria se encontraba prestando servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada cuando, según su versión, comenzó a recibir múltiples llamadas telefónicas del DAO requiriendo su presencia “de forma inmediata y perentoria”. Ante su negativa inicial —alegando que estaba de servicio— el mando habría hecho uso explícito de su autoridad institucional para ordenarle que abandonara su puesto y acudiera con un vehículo policial camuflado al restaurante donde él se encontraba comiendo con otro comisario.

La utilización de un coche camuflado y el abandono del servicio forman parte de los hechos que sustentan también la imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al haberse empleado, siempre según la querella, recursos oficiales para fines ajenos al servicio.

Tras acudir al restaurante y compartir un breve espacio con ambos mandos, el DAO habría indicado a la agente que lo trasladara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior. Ya en el inmueble, la denunciante manifestó —según el escrito— su incomodidad y su deseo de marcharse.

El relato de la agresión y las presuntas coacciones

Una vez en el interior de la vivienda, el comisario principal habría servido dos cervezas e iniciado un acercamiento físico de naturaleza sexual que, de acuerdo con la querella, fue rechazado “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”. Pese a esas negativas, el escrito sostiene que el mando comenzó una conducta agresiva caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechando la situación de aislamiento, su superioridad física y su posición jerárquica.

La denunciante afirma que la agresión incluyó penetración y que se prolongó hasta que logró zafarse y abandonar la vivienda oficial. Tras salir del domicilio, recogió el vehículo camuflado, regresó a la comisaría de Coslada para devolverlo y se dirigió después a su domicilio particular.

El relato no se detiene en ese episodio. La querella describe, a continuación, una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica” por parte del DAO, orientada —según la denunciante— a mantener el control sobre ella, minimizar la gravedad de lo sucedido, culpabilizarla e impedir que interpusiera denuncia. El escrito añade que se le habrían ofrecido compensaciones laborales como “precio del silencio”.

Asimismo, la agente sostiene que fue coaccionada no solo de forma directa por el querellado, sino también indirectamente por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos. Como consecuencia de la situación, se encuentra actualmente de baja psicológica, con retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio.

La investigación que ahora arranca se enmarca en el ámbito competencial de los juzgados de violencia sobre la mujer, al tratarse de hechos que, según la querella, se habrían producido en el contexto de una relación afectiva previa. El juez instructor deberá determinar en las próximas semanas la verosimilitud de los indicios y el recorrido procesal de una causa que interpela no solo a la responsabilidad penal individual, sino también a las estructuras de poder y a los mecanismos internos de protección dentro de la Policía Nacional.

El 17 de marzo, el director adjunto operativo y la denunciante ofrecerán sus respectivas versiones ante el magistrado. Será el primer contraste judicial de un caso que coloca en el centro del debate la intersección entre violencia sexual, jerarquía institucional y cultura organizativa en uno de los cuerpos fundamentales del Estado.

El Ministerio de Igualdad ha elevado a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 tras confirmar como un caso de violencia machista la muerte de una enfermera de 64 años en su centro de salud de Benicàssim, en la provincia de Castellón. La mujer se encontraba en su puesto de trabajo cuando su expareja, de 70 años, acudió al centro armada con un arma blanca y le asestó varias puñaladas.

Según informó la Guardia Civil, el suceso se produjo sobre las 12:30 horas del lunes en el centro de salud del municipio. Los agentes del instituto armado detuvieron al presunto agresor y la víctima fue trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció a causa de las heridas sufridas. La Benemérita señaló que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

Con la confirmación de este caso, se eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, y a 1.350 desde el año 2003, cuando comenzaron los registros. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “absoluto rechazo” ante el homicidio y han trasladado su apoyo a familiares y amigos de la víctima. Tanto la ministra como la delegada han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Un tercio de las españolas ha sufrido violencia por parte de su pareja

Pese a las mejoras, la violencia de género sigue siendo un problema en España. La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística (INE), certificó que el 30,3% de las mujeres de 16 años o más ha sufrido violencia de pareja a lo largo de su vida, mientras que el 11,6% lo ha vivido en el último año.

Dentro de estas formas de violencia, el 9,2% ha sido víctima de agresiones físicas y el 7,7% de violencia sexual en la pareja. La reiteración de los ataques resulta especialmente llamativa: el 76,9% de las víctimas relata que la violencia se ha repetido y el 39,2% indica que estos episodios se han prolongado más de cinco años, por lo que aproximadamente una de cada cuatro mujeres afectadas ha estado expuesta a agresiones de diversa índole durante largos periodos.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Las autoridades suecas han detenido a un hombre de 60 años por haber prostituido a su mujer con al menos 120 hombres. El caso se investiga desde el pasado mes de octubre, después de que la esposa del arrestado lo denunciara ante la policía, pero hasta ahora la Fiscalía sueca no había informado de los hechos.

Según ha contado la fiscal del caso, Ida Annerstedt, el detenido habría ofrecido a su mujer, de unos 50 años, tanto de forma física como a través de internet desde el año 2022, si bien el sospechoso niega los abusos cometidos. “Contamos con una gran cantidad de material escrito y grabaciones telefónicas“, ha expresado Annerstedt, cuyo equipo actualmente interroga al centenar de hombres que pagaron por abusar de la mujer.

El sospechoso tiene antecedentes

El marido de la víctima había sido imputado previamente por un delito de agresión y amenazas contra su mujer. Además, estaba fichado como miembro de la banda de moteros Ángeles del Infierno, grupo conocido por cometer delitos fiscales en el país. Ahora, “es sospechoso de haber facilitado, o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante”, ha indicado la fiscal.

Los medios suecos han adelantado que el juicio comenzará el próximo mes. El detenido se enfrenta a una condena de hasta 10 años, de considerarse los hechos como un delito agravado, mientras que el resto de implicados podrían ser penados con hasta un año de cárcel.

Una mujer ha resultado herida de gravedad este domingo en Ibiza presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 33 años sobre el que pesaba una orden de alejamiento en vigor. El sospechoso fue detenido en el mismo lugar de los hechos por agentes de la Guardia Civil y permanece a la espera de pasar a disposición judicial. La víctima fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario de la isla en estado grave. Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre su evolución clínica.

La agresión se produjo a primera hora de la mañana en un domicilio del barrio de Can Tomàs, en la Villa de Portmany, dentro del término municipal de Sant Antoni de Portmany. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el hombre tenía prohibido por resolución judicial aproximarse o comunicarse con la mujer, una medida cautelar que habría sido quebrantada en el momento del ataque.

El Instituto Armado recibió el aviso y desplazó varias patrullas hasta la vivienda. A su llegada, los agentes practicaron la detención del presunto agresor en el escenario de los hechos. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales. La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trata de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Hasta ahora no se han difundido detalles sobre cómo se produjo la agresión ni sobre si se utilizó algún tipo de arma u objeto. Tampoco se ha confirmado oficialmente si existían denuncias previas más allá de la orden de alejamiento en vigor. Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

La víctima fue atendida en un primer momento por los servicios de emergencias sanitarias desplazados al lugar y trasladada después en ambulancia a un hospital de la isla. Según las informaciones disponibles, ingresó en estado grave. El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha señalado que el hombre habría herido también a la madre y la hermana de la víctima, aunque no se han facilitado datos sobre la entidad de esas lesiones ni sobre su situación actual.

Investigación abierta por violencia de género

La Guardia Civil ha confirmado que el detenido está siendo investigado como presunto autor de un delito de violencia de género y por el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Fuentes oficiales han precisado que el arresto se produjo sin que trascendieran incidentes adicionales y que el hombre será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

El quebrantamiento de una orden de alejamiento constituye un delito específico en el Código Penal cuando se incumplen las medidas impuestas por un juez para proteger a la víctima. En este caso, la prohibición afectaba tanto a la aproximación física como a cualquier tipo de comunicación.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado la agresión y ha expresado su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. En un mensaje difundido en redes sociales, ha reclamado tolerancia cero ante este tipo de conductas y ha reiterado el compromiso de las instituciones con la protección de las víctimas.

Este nuevo episodio se suma a otros casos registrados en España en el ámbito de la violencia machista, una problemática que continúa interpelando a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto. Las autoridades recuerdan que existen recursos de atención permanente para las víctimas.

El teléfono 016 ofrece información y asesoramiento las 24 horas del día y no deja rastro en la factura. En Baleares, el IbDona tiene habilitado el número 900 178 989. En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Salma, la mujer que ha logrado escapar tras casi dos años de cautiverio en la pedanía de San José de la Vega de Murcia, tardará en recuperarse física y psicológicamente. Su pareja, un hombre de 50 años, la tuvo retenida en su vivienda, donde la violaba y golpeaba a diario, hasta esta semana, cuando consiguió escapar. El pasado 10 de febrero, tras un despiste de su captor, salió de la casa y recorrió entre tres y cinco kilómetros a pie, durante aproximadamente una hora, hasta llegar a casa de un antiguo amigo, conforme detalla La Opinión de Murcia.

En el diario local, Juan cuenta que la mujer, marroquí de 38 años, a la que conocía y con la que mantenía una relación de amistad, llegó a su casa envuelta en sangre y malherida. “Tiene que tener un trauma ya para toda la vida”, opina después de escuchar todo su relato, que empieza tras su desaparición el 1 de abril de 2024.

Todo comenzó cuando el ahora detenido la confinó en su vivienda bajo engaños. La familia de Salma denunció su desaparición tras días sin tener contacto con ella, lo que llevó a que el Centro Nacional de Desaparecidos emitiera una alerta con su descripción física y datos de identificación. No obstante, durante los primeros pasos de la investigación, se planteó la hipótesis de una fuga voluntaria.

“Me me dijo que era suya”

La realidad ha resultado ser muy distinta. En declaraciones realizadas al programa de Cuatro En Boca de Todos, ha contado que fue víctima de múltiples agresiones físicas y sexuales mientras estuvo cautiva. “Me dio una paliza de muerte, me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava y que iba a obedecer todas sus órdenes”, afirma.

Juan detalla que, después de escuchar toda la historia, la acompañó a un centro de salud. Allí, tras revisar todas sus heridas, las recientes y las que el paso del tiempo había curado, los sanitarios se pusieron directamente en contacto con la Policía. “Cuando Salma se desnudó delante de la doctora, y ella vio cómo estaba, ella misma se echó las manos a la cabeza y la mandó al [Hospital Universitario] Reina Sofía. Estaba sangrando por la cabeza, le pusieron cuatro grapas”, detalla el hombre de 69 años.

Salma presentaba heridas graves: había perdido varios dientes, había perdido la visión de un ojo y tenía numerosos hematomas en el cuerpo por las palizas. “Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse”, ha relatado en En Boca de Todos, donde también habla de las amenazas: “Un día, para advertirme de lo que me pasaría si trataba de escaparme, cogió un gato delante de mí. Lo degolló y lo descuartizó en mi presencia”.

Otros tres detenidos como encubridores

El hombre, de nacionalidad española, permanece en prisión provisional y sin fianza. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la jueza del juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Murcia ha tomado esa decisión “por la gravedad de los hechos y tras apreciar riesgo de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas”.

Junto a él fueron arrestadas otras tres personas como presuntas autoras de un delito de encubrimiento porque, al parecer, eran conocedoras de la situación y no lo denunciaron. Las tres están ahora en libertad provisional. Además, bajo la supervisión del Juzgado de Guardia de Murcia, el pasado miércoles se llevó a cabo un registro en la vivienda donde la víctima ha permanecido secuestrada. Los investigadores encontraron armas blancas, armas de fuego y diferentes sustancias estupefacientes en el inmueble.

Como parte de la campaña institucional Paz Electoral, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expidió una nueva directiva dirigida a fortalecer la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia política contra las mujeres en Colombia.

La medida fue adoptada como parte de las acciones del Ministerio Público para reforzar la protección de la participación política de las mujeres en escenarios electorales y en el ejercicio de cargos públicos, mediante lineamientos obligatorios para servidores públicos y entidades responsables de atender este tipo de conductas.

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La Procuraduría señaló que la erradicación de la violencia política contra las mujeres no solo constituye una obligación legal, sino que también representa un elemento necesario para garantizar su vida e integridad, y para preservar la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones.

Directiva ordena enfoque de género e interseccional en todos los casos

De acuerdo con el documento expedido por el Procurador General, la directiva establece la aplicación obligatoria de un enfoque de género e interseccional en todas las actuaciones relacionadas con violencia política contra las mujeres (VPCM). Este enfoque reconoce que este tipo de violencia tiene carácter estructural y que se expresa de distintas formas según las condiciones de cada víctima.

En ese sentido, la Procuraduría indicó que la violencia política contra las mujeres puede agravarse por factores como la pertenencia étnica, la edad, el liderazgo social o político, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la ruralidad o la situación socioeconómica.

El documento señala que el propósito de esta disposición es garantizar que las autoridades adopten medidas diferenciadas en función de los riesgos y vulnerabilidades identificados, con el fin de fortalecer la respuesta institucional y evitar que este tipo de violencia limite el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Canales de denuncia y trámite preferente para casos de violencia política

Entre las medidas definidas en la directiva se encuentra la habilitación de canales nacionales de denuncia en todas las modalidades, con el objetivo de facilitar el reporte de hechos asociados a violencia política contra las mujeres y garantizar atención oportuna.

Asimismo, la Procuraduría dispuso que los casos deberán recibir trámite preferente, lo que implica priorización en el curso de los procesos disciplinarios y administrativos que se deriven de las denuncias. Esta disposición se orienta a evitar demoras que puedan aumentar el riesgo para las víctimas o afectar su participación política.

La directiva también establece la prestación de asesoría psicojurídica integral, medida que busca brindar acompañamiento especializado a las mujeres que reporten situaciones de violencia política, integrando tanto orientación jurídica como atención psicosocial.

De igual forma, el documento contempla la articulación interinstitucional como mecanismo para coordinar acciones entre entidades del Estado, con el propósito de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a estos hechos.

En el mismo marco, la Procuraduría incluyó la vigilancia del cumplimiento de los protocolos establecidos en corporaciones públicas, con el fin de verificar que se apliquen procedimientos adecuados para prevenir, atender y sancionar manifestaciones de violencia política en escenarios legislativos y administrativos.

Procuraduría anunció diligencia especial en investigaciones

La directiva expedida por el Procurador General también establece lineamientos sobre el desarrollo de investigaciones disciplinarias, en particular cuando se trate de servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado.

En este punto, el Ministerio Público recalcó que las investigaciones disciplinarias se adelantarán con especial diligencia cuando se incurra en conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres, buscando que las actuaciones institucionales no se limiten a la recepción de denuncias, sino que incluyan medidas efectivas de seguimiento y sanción.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que la erradicación de este tipo de violencia se relaciona con la protección de la vida e integridad de las mujeres, y con la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos democráticos, en particular durante periodos de campaña y elecciones.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, celebró la sentencia emitida por el fallo emitido por un juez estatal en la que sentenció a Daniel ‘N’ con 122 años y 10 meses de prisión por el feminicidio y desaparición de la estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Paola Bañuelos, una joven de 23 años.

La madrugada del 8 de julio, Bañuelos pidió un taxi por la aplicación de DiDi tras visitar el antro “La Consentida”. El conductor que le asignó la plataforma fue Daniel ‘N’, quien se desvió de la ruta marcada por la joven.

Desde ese momento, su familia inició con su búsqueda, tres días después, el 11 de julio, Paola Bañuelos fue localizada sin vida en la colonia Islas Agrarias, Mexicali.

De acuerdo con el reporte forense, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Baja California y el castigo al feminicida de Paola Bañuelos

La gobernadora precisó que el castigo contra Daniel ‘N’ incluye una sanción económica contra el feminicida, así como para la plataforma, así como la reparación del daño en favor de la víctima.

Ávila Olmeda destacó los esfuerzos que realizaron tanto la Fiscalía General estatal como su gobierno para garantizar justicia en el asesinato de la joven estudiante.

Sostuvo que: “En Baja California—entidad que, según cifras del informe de violencia contra las mujeres, al cierre del 2025 reportó un total de 34 víctimas de feminicidio—, quien violente una mujer enfrentará todo el peso de la ley, la justicia estará siempre del lado de las víctimas y de sus familias.

La funcionaria expresó su solidaridad a la familia de Paola Bañuelos: “Nuestra solidaridad permanente, no están solos”.

Daniel ‘N’, feminicida que enfrentará una sentencia de 122 años en prisión

Paola Bañuelos Flores desapareció en Mexicali después de abordar un taxi de aplicación conducido por Daniel “N”.

El reporte del GPS del vehículo registró un desvío inusual hacia la colonia donde residía Paola, posteriormente, el conductor marcó el viaje como finalizado en la aplicación. El celular de Paola fue hallado dañado en manos de una persona en situación de calle.

El 11 de julio, cuando fue hallado el cuerpo de la joven, el entonces presunto feminicida se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora. El feminicida, argumentó que lo hacía por amenazas.

Dos días después, Daniel “N” fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado.

La carrera profesional de Thomas Partey, de 32 años y actualmente jugador del Villarreal, ha quedado eclipsada por las investigaciones judiciales que enfrenta en Reino Unido. Según ha publicado The Telegraph, citando un informe oficial de la Policía Metropolitana, el futbolista deberá responder ante la justicia por dos nuevos cargos de violación, derivados de una denuncia interpuesta en 2020. La identidad de esta presunta víctima no coincide con la de las tres denunciantes anteriores.

El informe policial detalla: “Estos nuevos cargos se relacionan con un informe separado de delitos no recientes en 2020 que involucran a otra mujer y son consecuencia de una nueva investigación de la Policía Metropolitana”. Partey deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 13 de marzo en relación con estas nuevas acusaciones.

El exjugador de Arsenal o Atlético de Madrid fue puesto en libertad bajo fianza tras comparecer en el tribunal, acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual presentados por tres mujeres. Los hechos presuntamente ocurrieron entre 2021 y 2022. Según la policía inglesa, el juicio por estos cargos está fijado para el 2 de septiembre en el Old Bailey, el tribunal penal central de Inglaterra y Gales.

Por su parte, Partey, quien viene de disputar la Copa África, no realizó declaraciones en esa comparecencia y ha sido investigado durante dos años y medio, aunque la denuncia se hizo pública el 4 de julio de 2025, cuatro días después de finalizar su contrato con el actual líder de la Premier League.

Las acusaciones se distribuyen de la siguiente manera: una mujer acusa de dos cargos de violación, otra de tres cargos de violación y una tercera de agresión sexual. Todas estas denuncias han sido negadas por Partey. No obstante, la justicia británica le ha prohibido cualquier contacto directo o indirecto con las denunciantes y su caso ha sido transferido a un tribunal de la Corona.

Restricciones y continuidad profesional

A pesar de la gravedad de los cargos, Partey puede continuar jugando profesionalmente con el Villarreal, aunque bajo restricciones: debe notificar cualquier viaje internacional con al menos 24 horas de antelación y tiene prohibido contactar con las denunciantes.

El superintendente detective Andy Furphy, jefe del equipo investigador, declaró en su momento: “Nuestra prioridad sigue siendo brindar apoyo a las mujeres que se han presentado”.

La carrera de Thomas Partey

Partey se unió al Arsenal en 2020 procedente del Atlético de Madrid en una operación que sumó 50 millones de euros. Fue titular habitual en el equipo inglés hasta la finalización de su contrato el 30 de junio de 2025.

Una vez finalizado, su fichaje sonó con fuerza por el Villarreal, aunque un sector importante de aficionados se mostró en redes sociales disconforme con la contratación, condicionando su llegada a la resolución favorable de su situación judicial. Además, sigue siendo un jugador clave en la selección de Ghana, que se enfrentará a Inglaterra en la fase de grupos del Mundial el 23 de junio.

El caso de Partey ha generado gran atención en Reino Unido y España, no solo por la naturaleza de los cargos, sino también por la decisión de permitirle continuar su carrera deportiva mientras enfrenta múltiples investigaciones judiciales.

La actriz Elisa Mouilaá ha decidido finalmente que continuará como acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, tras haber comunicado la semana pasada su intención de retirar la denuncia. “Ahora sí que sí voy a llegar hasta el final”, expresó este martes la intérprete a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, quien también se mostró muy crítica con la Fiscalía, después de que pidiera en su último escrito la absolución de Errejón al no apreciar delito en los hechos denunciados. En cualquier caso, la experiencia de Mouilaá, con su cambio de criterio, al igual que la denuncia de acoso de una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, no solo tienen relevancia por las implicaciones políticas, sino que también reflejan las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar violencia sexual.

La exposición pública de estos casos suele ir acompañada de cuestionamientos a las víctimas, procesos judiciales largos y una presión mediática que puede disuadir a otras mujeres de dar el mismo paso, explica a Infobae la letrada María Martín González, presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad. “Sabemos que muchas mujeres se apartan del proceso por desgaste emocional, presión social, revictimización, miedo, exposición mediática o desconfianza en el sistema”, señala la abogada, que sostiene que el sistema judicial no solo “sigue siendo duro para las víctimas, sino a veces hostil”, y eso también forma parte del análisis de la causa.

La decisión que tomó la semana pasada Mouilaá de apartarse del caso contra Errejón podría haberse interpretado como una “mala noticia” para otras posibles víctimas, porque “refuerza el miedo a denunciar, y no por falta de verdad, sino por el alto coste emocional, mediático y judicial que el sistema sigue imponiendo a las víctimas de violencia sexual”, afirma Martín González. Según explica, el mensaje que se transmite es que, incluso con respaldo público y notoriedad, el proceso judicial puede volverse insostenible, lo cual plantea interrogantes sobre las posibilidades reales que tiene una mujer anónima, sin proyección mediática.

El respeto por el relato de la víctima

No obstante, la letrada advierte de que la percepción social sobre la retirada o la continuidad de una denuncia nunca debe servir para desacreditar a la denunciante ni su relato. “Retirarse no desacredita el relato ni convierte la denuncia en un error. Feminismo también es reconocer el derecho de una mujer a protegerse cuando el proceso la revictimiza”. En cualquier caso, insiste, lo preocupante es que “el sistema sigue sin ser capaz de acompañar a las víctimas sin quebrarlas”.

La presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad también recuerda que en los procedimientos por violencia sexual es frecuente que algunas denunciantes se retiren antes de llegar a juicio. “En la práctica forense ocurre más de lo que se reconoce públicamente”, explica.

Entre los factores que llevan a muchas mujeres a abandonar la vía judicial, destaca el carácter largo e incierto del proceso penal, la exigencia probatoria, la exposición a la evaluación constante de su vida privada y el temor a que el caso las marque de por vida. “La mujer sabe que su vida va a quedar en suspenso durante años, que tendrá que declarar varias veces y revivir los hechos una y otra vez, con un nivel de exigencia probatoria muy alto”.

Martín González identifica otros elementos que incrementan el desgaste, como la soledad, el cansancio, la presión del entorno o el temor a represalias. “Muchas mujeres sienten que están siendo ellas las juzgadas. El miedo a no ser creída, a ser señalada, a convertirse en ‘el caso de...’, a que su nombre quede asociado para siempre a la agresión, son factores decisivos y no todas están dispuestas —ni tienen por qué estarlo— a pagar ese precio". Asimismo señala que el apoyo inicial suele debilitarse a medida que avanza el procedimiento, mientras que el desgaste emocional, económico y psicológico se mantiene.

Son precisamente estas razones, añade, por lo que cuesta tanto denunciar la violencia sexual, “no porque falte verdad, sino porque el sistema sigue exigiendo a las mujeres una fortaleza extraordinaria para sostener una acusación”, y mientras denunciar suponga exponerse, justificarse y resistir durante años, habrá mujeres que legítimamente no puedan o no quieran hacerlo.

Cambios necesarios en el sistema

Sobre los cambios necesarios en el sistema judicial, Martín González reclama formación obligatoria y evaluable de todos los operadores jurídicos en violencia sexual y trauma. Considera fundamental que la correcta aplicación de las reglas de valoración de la prueba y el control del interrogatorio no dependan de la sensibilidad personal del juez o fiscal. “La falta de formación genera resoluciones y prácticas que producen revictimización y, en consecuencia, desincentivan la continuidad del procedimiento”, añade.

La abogada también reclama un cambio estructural en la cultura judicial, pues el sistema, destaca, debe dejar de situar a la víctima en el centro del juicio y asumir que los delitos sexuales “presentan dificultades probatorias especiales”. “Mientras el proceso se viva como un examen permanente de la conducta y resistencia de la mujer, el desistimiento será una consecuencia previsible y no una anomalía. La tutela judicial efectiva exige un enfoque que proteja a la víctima sin rebajar las garantías del acusado”, concluye.

Tras haber anunciado la semana pasada su renuncia, y tras las primeras pistas ayer por la tarde, Elisa Mouliaá ha anunciado de forma oficial que seguirá ejerciendo su papel de acusación contra Íñigo Errejón, por un presunto delito continuado de abuso sexual.

“Ahora si que si voy a ir hasta el final”, ha anunciado junto a su abogado, Alfredo Arrién, a la entrada de los juzgados de instancia de Plaza Castilla, donde ha entrado para informar de esta decisión al juez Adolfo Carretero.

Ha destacado la “deleznable actuación” de la Fiscalía, refiriéndose a su último escrito en el que piden la absolución del exdiputado, considerando que si hubo consentimiento, “sin ninguna prueba”. “Hay periciales, escritos psicológicos, de lo que sufrí por este hombre. Me parece injusto lo que me ha pasado”, ha añadido.

“Lo que ha pasado conmigo es vergonzoso”, ha denunciado, destacando que “el odio que tiene que soportar una víctima no es normal”. Refiriéndose al resto de presuntas víctimas de Errejón, ha explicado que le parece “normal que no quieran dar el paso”. Lo que si les ha pedido es que declaren en el juicio y “si no quieren dar su nombre, que lo hagan de forma anónimo”. “Son pruebas a mi favor”, ha finalizado.

Una audiencia previa fallida

Este mismo martes, el acusado había sido citado para la audiencia previa, en la que se le iba a notificar el auto de apertura de juicio oral. Sin embargo, no se ha presentado, pidiendo un aplazamiento hasta que la actriz tomara la decisión final sobre si seguía o no en la acusación. Esta audiencia es el último paso procesal antes de que se abra el juicio oral de forma definitiva.

También es la oportunidad para que cada una de las partes presente la postura que va a mantener en el juicio. De esta manera, la Fiscalía mantendrá la petición del archivo de la causa, al entender que “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” de abuso sexual del que se acusa a Errejón, por lo que piden el archivo de la causa.

Por su parte, las acusaciones ejercidas por la propia Mouliaá y la asociación Adive defenderán la continuidad del caso y buscará que se fije la fecha de juicio oral, considerando que los indicios recopilados son suficientes para someter a Errejón a juicio. Ambas piden tres años de prisión para el expolítico.

La acusación contra Errejón

Errejón se enfrenta a un delito continuado de abuso sexual, según la denuncia presentada por Elisa Mouliaá. La actriz relataba que los hechos ocurrieron tras un acto público en octubre de 2021 y una posterior invitación a una fiesta. Según su escrito, Errejón “me impuso no alejarme de él y me dio un beso” durante el trayecto en taxi, y que más tarde, en el ascensor, “me agarró fuertemente de la cintura y me besó sin mi consentimiento”.

Ya en la vivienda, la denuncia detalla que el político la “empujó hacia la cama y me tocó sin mi consentimiento”, aprovechando su vulnerabilidad tras haber consumido alcohol. Durante el regreso a su domicilio, Mouliaá asegura que Errejón “volvió a tocarme sin mi consentimiento”, a pesar de que ella le expresó claramente su incomodidad.

La acusación subrayaba además las consecuencias personales de los hechos denunciados, indicando que Mouliaá ha sufrido estrés postraumático y ha necesitado tratamiento psicológico.

La semana pasada, el caso Errejón dio un giro inesperado, cuando Elisa Mouilaá decidió abandonar su acusación, alegando “problemas de salud” que le impedían seguir adelante, al no haberse sentido acompañada en este proceso. Sin embargo, este lunes dio marcha atrás y se plantea de nuevo si mantener la acusación, decisión que va a anunciar este martes junto a su abogado. Y aunque no lo hubiera hecho, el exdiputado no se hubiera librado del juicio en su contra, porque, aunque la Fiscalía pide el archivo, si mantiene su acusación la asociación Adevi (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada), por lo que este martes se va a llevar a cabo la audiencia previa.

Este es el último trámite procesal antes de que se celebre el juicio oral. En ella, el juez va a notificar oficialmente a Íñigo Errejón, como acusado, el auto de apertura de juicio, exponiendo las causas que se le imputan -delito continuado de abuso sexual- y garantizando que la defensa tenga pleno acceso a todas las pruebas y documentos del caso. Aunque no se juzga el fondo del asunto, este acto es clave para que las partes puedan presentar alegaciones, preparar estrategias y fijar el calendario del juicio, enmarcando así la fase final de instrucción dentro del procedimiento penal.

En la audiencia cada una de las partes defenderá la postura que ya marcó en sus escritos de acusación o defensa, por lo que la Fiscalía mantendrá la petición del archivo de la causa. Para el Ministerio Público “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” de abuso sexual del que se acusa a Errejón, por lo que piden “el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones”.

Por su parte, la acusación popular ejercida por Adive defenderá la continuidad del caso y buscará que se fije la fecha de juicio oral, considerando que los indicios recopilados son suficientes para someter a Errejón a juicio. La asociación pidió la misma pena que la víctima, tres años de prisión. La defensa del exdiputado mantendrá su línea de negar cualquier responsabilidad, solicitando la absolución y la desestimación de la acusación, al tiempo que cuestiona la validez de las pruebas y hechos alegados.

La retirada fallida de Elisa Mouilaá

La semana pasada el caso pareció tambalearse cuando la propia Mouilaá anunciaba que se retiraba del caso como acusación. En un comunicado público difundido en sus redes sociales, la actriz explicó que su decisión responde a “razones estrictamente personales y de salud” y que no se debe interpretar como una retractación de los hechos denunciados. Según escribió, “yo no puedo seguir sola” y añadió que “nadie debería cargar con algo así”, subrayando que se retira con “la conciencia tranquila” y no por falta de veracidad en su relato.

Mouliaá aseguró además que su decisión no implica que lo denunciado deje de ser verdad, insistiendo en que su participación ha sido una cuestión de responsabilidad personal, no de protagonismo o beneficio: “No es una retractación, es un límite”, dijo en sus propias palabras.

No obstante, la intérprete transladó este lunes a través de su abogado, Alfredo Arrién, su voluntad de seguir adelante tras la última actuación de la Fiscalía, que ha solicitado la absolución del acusado al no apreciar delito en los hechos denunciados, según informó la Agencia Efe. El despacho que representa a Mouilaá ha matizado a Infobae que la decisión no está aún cerrada de forma definitiva. “Es su voluntad, pero necesita valorar también lo que ha dicho la Audiencia Provincial, hablar con su abogado y pensar esta tarde y noche lo que va a hacer”, señalan fuentes del despacho. “Porque verdaderamente ella sí quiere seguir, pero es demasiado y quiere darse también el día de hoy para pensar”, añaden.

Pase lo que pase, la causa no se detiene, ya que el juez instructor ya había presentado el auto de apertura de juicio oral, lo que significa que la fase de investigación ya se había cerrado. A esto se suma, como se ha indicado, que la asociación Adive mantiene su acusación popular, lo que permite que, por lo menos una de las partes, quiera seguir adelante con el juicio.

La acusación contra Íñigo Errejón

El exdiputado se enfrenta a un delito continuado de abuso sexual, según la denuncia presentada por Elisa Mouliaá. La actriz relataba que los hechos ocurrieron tras un acto público en octubre de 2021 y una posterior invitación a una fiesta. Según su escrito, Errejón “me impuso no alejarme de él y me dio un beso” durante el trayecto en taxi, y que más tarde, en el ascensor, “me agarró fuertemente de la cintura y me besó sin mi consentimiento”.

Ya en la vivienda, la denuncia detalla que el político la “empujó hacia la cama y me tocó sin mi consentimiento”, aprovechando su vulnerabilidad tras haber consumido alcohol. Durante el regreso a su domicilio, Mouliaá asegura que Errejón “volvió a tocarme sin mi consentimiento”, a pesar de que ella le expresó claramente su incomodidad.

La acusación subrayaba además las consecuencias personales de los hechos denunciados, indicando que Mouliaá ha sufrido estrés postraumático y ha necesitado tratamiento psicológico.

La actriz Elisa Mouilaá ha decidido finalmente continuar con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, después de haber comunicado la semana pasada su intención de retirarse el procedimiento. Según recoge la agencia EFE, la intérprete ha trasladado a través de su abogado, Alfredo Arrién, su voluntad de seguir adelante tras la última actuación de la Fiscalía, que ha solicitado la absolución del acusado al no apreciar delito en los hechos denunciados.

No obstante, el despacho que representa a Mouilaá ha matizado a Infobae que la decisión no está aún cerrada de forma definitiva. “Es su voluntad, pero necesita valorar también lo que ha dicho la Audiencia Provincial, hablar con su abogado y pensar esta tarde y noche lo que va a hacer”, señalan fuentes del despacho. “Porque verdaderamente ella sí quiere seguir, pero es demasiado y quiere darse también el día de hoy para pensar”, añaden.

La información difundida por EFE apunta a que la actriz habría cambiado de criterio tras la última actuación de la Fiscalía, que ha solicitado la libre absolución del acusado al no apreciar indicios de delito en los hechos denunciados. Para la intérprete, esa posición del Ministerio Público “no puede quedar impune”, ni en lo que respecta a su caso ni por las implicaciones que, a su juicio, tiene para otras mujeres.

La actriz sostiene que la solicitud de absolución presentada por la Fiscalía refuerza su determinación de que los hechos sean examinados en juicio. En su escrito de acusación, que no ha sido retirado, solicita tres años de prisión para Errejón y una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos.

La Fiscalía descarta el delito

El Ministerio Público ha reiterado en su escrito de conclusiones finales que no ve delito de agresión sexual en la conducta del exdirigente político. En ese documento, remitido al juzgado de cara a un eventual juicio, la Fiscalía sostiene que los hechos deben encuadrarse en un “encuentro sexual” que se interrumpe cuando la denunciante manifiesta su voluntad de no continuar, circunstancia que, según el fiscal, excluye la tipicidad penal.

El relato del Ministerio Público sitúa los hechos en una noche de octubre de 2021, cuando Errejón y Mouilaá se conocieron en persona. Según esa versión, entre ambos se produjo un flirteo inicial durante el cual el político besó a la actriz en un ascensor, “sin que esta manifestara oposición”. Posteriormente, acudieron juntos a una fiesta en un piso de amigos de la intérprete, donde bebieron, bailaron y conversaron con otros asistentes.

Siempre según la Fiscalía, en un momento avanzado de la noche ambos decidieron aislarse para tener mayor intimidad y se dirigieron a una habitación del piso. Allí, Errejón comenzó a besar a Mouilaá de forma impetuosa, le quitó el sujetador y le tocó los pechos durante unos minutos. El encuentro se detuvo cuando la actriz pidió salir de la habitación, a lo que el político accedió sin resistencia.

Tras despedirse de los anfitriones, ambos se desplazaron al domicilio de Errejón. En ese segundo escenario, continúa el escrito fiscal, el exdiputado volvió a intentar un contacto sexual. Fue entonces cuando Mouilaá le dijo que no quería continuar, al no agradarle el encuentro por la premura y la vehemencia. El contacto cesó de inmediato y la actriz se marchó a su domicilio. Para la Fiscalía, estos hechos no constituyen una agresión sexual y procede, por tanto, la absolución del acusado.

Un escrito que no llegó a surtir efecto

La renuncia de Mouilaá a continuar en el procedimiento, anunciada el pasado miércoles, no llegó a desplegar efectos procesales. El escrito presentado ante el Decanato de los juzgados carecía de la firma del abogado o del procurador, un defecto formal que fue advertido por el juez instructor, Adolfo Carretero. El magistrado dio a la actriz la oportunidad de subsanar el error, algo que finalmente no ocurrirá.

Al no completarse ese trámite, la renuncia decae y el proceso sigue adelante con Mouilaá personada como acusación particular. Junto a ella continúa la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ejerce la acusación popular. Desde la defensa de la actriz se subraya que la decisión de no subsanar el escrito responde a una reflexión posterior sobre el alcance de la posición adoptada por la Fiscalía y sobre la necesidad de que los hechos sean valorados por un tribunal.

La denuncia fue presentada en octubre de 2024, tres años después de los hechos investigados. Tras la instrucción, el juez acordó el pasado 7 de enero la apertura de juicio oral al apreciar indicios suficientes de delito. Ese auto situó la causa en su fase decisiva, a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por la defensa.

La Audiencia Provincial decide

El giro de la actriz coincide con una jornada clave en el procedimiento. Este mismo día, la Audiencia Provincial de Madrid delibera sobre el recurso interpuesto por Errejón contra su procesamiento. En ese recurso, la defensa del exdirigente sostiene que no existen indicios de delito y que el relato de la denunciante es falso, afirmando que la denuncia responde a un intento de obtener notoriedad pública e ingresos económicos.

Los magistrados de la Audiencia deben decidir si confirman la decisión del juez instructor o si, por el contrario, la revocan. Mientras tanto, Errejón está citado para mañana martes en el juzgado, donde se le notificará formalmente la apertura de juicio oral acordada a comienzos de enero.

El pasado 1 de febrero, la periodista Frida Guerrera denunció en redes sociales una amenaza directa que ponía en peligro su integridad.

Según el relato, al revisar su cuenta personal de Facebook, encontró un mensaje enviado el 14 de enero por un perfil identificado como “Hugo Lozoya”, el cual la amenazó con que sería su “próxima víctima de feminicidio” y describió actos de violencia sexual.

Declaraciones de la víctima relacionan estas amenazas con un mediático caso expuesto por ella, el feminicidio de Victoria Pamela, del cual sería culpable el skater Mario Sáenz.

Según relatos de la periodista, reconocida por su trabajo independiente en la cobertura de feminicidios y violencia de género, esta no es la primera vez que sufre este tipo de amenazas.

Tras el suceso, este miércoles 4 de febrero, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, expuso el caso y condenó los hechos, solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) que de manera urgente investigue las amenazas.

Amenazas de muerte y violencia sexual

Tras las amenazas, la periodista realizó una denuncia publica en la red social Facebook, la cual fue eliminada de la plataforma y además de le impusieron restricciones.

Ante tal hecho, decidió realizar la publicación en otras redes sociales para exponer el caso.

Según una captura publicada el pasado 1 de febrero en su Instagram, la amenaza contenía cinco mensajes con amenazas directas, señalando que seguía ella, e identificándola como la “próxima víctima de feminicidio”.

Además, la periodista recibió graves amenazas sexuales, entre las que se puede leer que el agresor le dice que será lastimada hasta quitarle la vida.

Por otra parte, en otras publicaciones, Guerrera denuncia que curiosamente las amenazas regresaron tras la reposición de un caso expuesto por ella.

Se trata del feminicidio de Victoria Pamela, el cual habría sido cometido por su ex pareja, identificado como Mario Sáenz.

“Curioso, empezamos la reposición del proceso de Mario Sáenz y regresan los mensajes que en 2019 recibimos. No, nos van a callar”, se lee en una publicación realizada por la comunicadora.

El caso volvió a cobrar relevancia hace apenas unos días, cuando fue oficializado que Sáenz recibió un amparo para la reposición de su proceso.

Mediante Facebook, la cuenta oficial del Podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, confirmó la noticia y celebró la decisión judicial, afirmando que seguirá de cerca el caso junto a la defensa de Mario Sáenz.

Antecedentes de amenazas, agresiones y campañas de desprestigio

Según reportes realizador por Artículo 19, el caso reciente no es un hecho aislado en la trayectoria de Frida Guerrera.

A lo largo de los años, la periodista ha sido blanco de amenazas reiteradas y diversas formas de agresión, principalmente por su cobertura de temas relacionados con feminicidio, pornografía y análisis político.

Desde 2018, Frida Guerrera fue víctima de otra amenaza de muerte, lo que marcó el inicio de un patrón de hostigamiento sostenido.

Además de las intimidaciones directas, ha enfrentado campañas de desprestigio orientadas a desacreditar su labor y dañar su reputación profesional.

Estas acciones han tenido un impacto significativo en su desempeño periodístico y en su vida personal, generando un entorno de constante riesgo. La persistencia de las agresiones evidencia la vulnerabilidad de quienes abordan temas de violencia de género y derechos humanos en México.

Medidas de protección

Ante el riesgo constante que enfrenta, desde 2019 Frida Guerrera cuenta con medidas de protección proporcionadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Estas acciones buscan resguardar su seguridad ante la serie de amenazas y agresiones sufridas en el ejercicio de su labor.

Sin embargo, reportes indican que la esta estrategia, adoptada por temor a nuevas represalias, ha limitado su capacidad para difundir información crucial sobre feminicidios y violencia de género.

Frente a estos hechos, Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso de manera urgente, solicitando que se adopte una perspectiva de género e intersecciones en el proceso.

La organización enfatizó la necesidad de que las autoridades prioricen la protección de personas defensoras de derechos humanos y garanticen el derecho a la libertad de expresión.

La experiencia de Frida Guerrera ilustra las consecuencias que la violencia digital y las agresiones físicas generan en el ejercicio periodístico, especialmente en contextos donde la denuncia pública puede derivar en sanciones o restricciones adicionales, incluso desde las propias plataformas digitales.

El presunto autor del último crimen machista que se ha perpetrado este domingo en Mos, una localidad de la provincia de Pontevedra, se ha quitado la vida antes de que fuera detenido por la Guardia Civil en una vivienda de O Porriño donde se había atrincherado.

Los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) habían localizado al sospechoso en esa vivienda y efectuaron su entrada al edificio pasadas las nueve y media de la noche, han informado fuentes de la Guardia Civil a EFE. Al entrar se han encontrado con el hombre muerto y con heridas de arma blanca.

En un principio, de acuerdo con las mismas fuentes, la Guardia Civil había tratado de negociar con el hombre, que blandía un cuchillo, para que se entregase de forma pacífica. Pero las negociaciones previas no han funcionado. El fallecido, identificado como el presunto responsable del asesinato de su expareja, tenía 57 años. La ha matado presuntamente esta mañana y ha sido la hermana de la víctima la que ha dado la voz de alarma.

María Belén, de 52 años, era vecina del ayuntamiento de Mos y se había separado de su pareja hacía unas semanas y mantenían aún contacto, según varias fuentes consultadas por EFE. No formaba parte del sistema Viogén.

La hermana de la víctima convivía en el mismo inmueble. Ha sido ella la que, al escuchar ruidos en la casa, ha ido a comprobar qué sucedía y ha hallado el cuerpo de la mujer y ha visto al hombre escapando de la zona.

La sexta mujer víctima de violencia machista en 2026

La delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado que se trata de un crimen de violencia de género y, por lo tanto, pasa a considerarse la sexta mujer que muere en España en 2026 a causa de esta lacra, la primera en la comunidad gallega.

Desde que en 2003 comenzaron a contabilizarse estas estadísticas son 1.348 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en todo el Estado.

Representantes institucionales y vecinos de Mos han guardado esta tarde un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida y han expresado su solidaridad y apoyo hacia su familia y allegados.

Además, la corporación local celebrará mañana un pleno extraordinario para decretar luto oficial por la mujer asesinada, después de que la alcaldesa Nidia Arévalo haya trasladado que el crimen tiene “consternados” a los habitantes del municipio.

En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

El 016 o el 112: teléfonos de emergencia 24 horas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

**Con información de la agencia EFE

La coalición Podemos-Alianza Verde afronta las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero de 2026 con un reto que es, al mismo tiempo, político y existencial: conservar su representación en las Cortes de Aragón tras una legislatura en la que ha sobrevivido con un solo escaño y un prolongado proceso de descomposición interna. La cita con las urnas, adelantada respecto al calendario ordinario, llega después de casi tres años de reajustes, dimisiones y tutela desde la dirección estatal, y coloca a la formación morada ante la necesidad de demostrar que sigue siendo un actor relevante en el espacio de la izquierda aragonesa.

La encargada de liderar esa tentativa es María Goikoetxea (Zaragoza, 1987), designada candidata de la coalición en un proceso interno no exento de controversia. Su elección supone el regreso a la primera línea política de una dirigente que fue una de las figuras más visibles de Podemos durante su etapa en el Gobierno autonómico cuatripartito y que, tras el desplome electoral de 2023, había optado por abandonar la actividad institucional. Ahora vuelve en un contexto muy distinto, con una organización debilitada, sin alianzas amplias a la izquierda y con la continuidad parlamentaria en juego.

Goikoetxea fue directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) entre 2019 y 2023, durante el Ejecutivo presidido por el socialista Javier Lambán, en el que convivieron PSOE, CHA, PAR y Podemos. Desde ese cargo se consolidó como un perfil técnico con proyección política, especialmente asociado a las políticas de igualdad, la lucha contra la violencia machista y la conciliación. Durante su etapa al frente del IAM fue una de las impulsoras del Plan Corresponsables, orientado a fomentar el reparto de los cuidados y facilitar la conciliación de las familias, una de las banderas sociales del anterior Gobierno autonómico.

Un perfil forjado en el feminismo y los medios

Antes de asumir responsabilidades institucionales, Goikoetxea desarrolló una trayectoria vinculada a los movimientos sociales y, en particular, al feminismo organizado. Ha trabajado en asociaciones feministas tanto en Aragón como en Bolivia y ha centrado parte de su actividad profesional en el análisis y diseño de herramientas para combatir la violencia machista y su reproducción en entornos digitales. En el ámbito orgánico de Podemos fue responsable de Feminismos en Zaragoza y representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza (COFZ), lo que reforzó su perfil como enlace entre el partido y el tejido social.

Su currículum incluye también una etapa en el sector audiovisual y en los medios públicos. Goikoetxea es técnica audiovisual, ha trabajado como operadora de cámara y fue secretaria del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Esa combinación de experiencia institucional, activismo y conocimiento de la comunicación pública la situó durante la pasada legislatura como uno de los perfiles institucionales más visibles de Podemos en Aragón, aunque sin ocupar entonces un papel de liderazgo orgánico ni electoral.

Tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, que se saldaron con una fuerte caída del partido —de cinco diputados a uno— y con la victoria del PP de Jorge Azcón, Goikoetxea anunció que dejaba la política activa. La dimisión de la entonces coordinadora autonómica, Maru Díaz, abrió una crisis interna que se prolongó durante meses. La cesión del único escaño a Andoni Corrales, en lugar de a Goikoetxea, generó entonces un debate interno sobre la aplicación de los criterios de paridad, una polémica que marcó el inicio de una etapa de fragmentación y desconfianza dentro de la organización.

La reconstrucción de Podemos

El proceso de recomposición se aceleró en 2024 tras una nueva dimisión en la dirección autonómica, la de Marta de Santos. La dirección estatal de Podemos decidió intervenir y puso al frente de la organización aragonesa a un equipo técnico encabezado por Ricard Mitjana como coordinador y por la activista memorialista Pilar Gimeno como portavoz. Esa etapa desembocó en la asamblea autonómica celebrada en noviembre, que sirvió para renovar los órganos internos y despejar la incógnita sobre la candidatura electoral.

Mitjana, elegido coordinador, descartó desde el principio encabezar la lista a las Cortes. Con el respaldo de la dirección nacional, el nombre de Goikoetxea fue propuesto como candidata única, junto con la autorización para negociar eventuales acuerdos con otras fuerzas progresistas. La consulta a la militancia arrojó un apoyo del 88,84%, pero no cerró la herida interna. Andoni Corrales anunció que llevaría el proceso ante la justicia ordinaria, al considerar que se habían producido irregularidades, una denuncia de la que, según la propia Goikoetxea, no consta requerimiento formal alguno en el partido.

Tres años después de su salida, la exdirectora del IAM regresa así a la primera línea política para liderar una campaña decisiva. Podemos-Alianza Verde aspira a mantener su presencia en el Parlamento aragonés en un escenario de fragmentación de la izquierda, sin candidatura unitaria y con encuestas que auguran un resultado ajustado. Goikoetxea ha fijado como objetivo “poner a la izquierda aragonesa en pie” y defender los servicios públicos, el acceso a la vivienda y los derechos sociales, en una campaña que se presenta como una prueba de supervivencia para su formación en Aragón.

En un hito para la legislación francesa, la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad una reforma que elimina de manera explícita la supuesta obligación sexual dentro del matrimonio, lo que implica el final efectivo del llamado “deber conyugal” en Francia.

Con esta normativa, la negativa a mantener relaciones sexuales ya no podrá usarse como argumento legal en procedimientos de divorcio, y el consentimiento se refuerza como principio esencial en las relaciones entre cónyuges.

La medida surgió tras la conmoción social provocada por el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su esposo, que evidenció la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la libertad y la seguridad en el ámbito conyugal.

El detonante de la resolución

El origen del debate se encontraba en la interpretación de “vida en común” del Código Civil francés, que incluye los deberes de fidelidad, asistencia y socorro. Aunque nunca se mencionó la obligación sexual, jueces interpretaron durante años que la convivencia la incluía. Por ello, la negativa sexual se usaba como base para demandas de divorcio y el consentimiento quedaba relegado a un segundo plano.

El nuevo texto, aprobado por 106 votos a favor y ninguno en contra, establece que en las ceremonias de matrimonio civil deberá leerse una cláusula que afirma que “esta vida en común no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales”. Este cambio fue promovido por la diputada Marie-Charlotte Garin, quien expresó su esperanza de que la ley suponga un punto de inflexión.

El caso de Gisèle Pelicot, drogada y entregada por su marido a desconocidos que la violaron, supuso un antes y un después en la concienciación pública sobre la violencia sexual en el matrimonio. El esposo fue condenado a 20 años de prisión y otros acusados recibieron penas de entre cinco y quince años. Muchos justificaron su conducta por el “permiso” del marido, lo que evidenció la necesidad de clarificar el consentimiento y terminar con la llamada “cultura de la violación”.

La reforma complementa otras recientes, como la adopción de una definición de violación basada en la ausencia de consentimiento. Paul Christophe, diputado del partido Horizontes, destacó la necesidad de una mayor conciencia sobre el consentimiento.

Durante el debate, el Partido Socialista y La Francia Insumisa defendieron eliminar la obligación de fidelidad del Código Civil, por considerarla una posible imposición sexual, pero la propuesta no prosperó.

Consecuencias legales y camino parlamentario

Con la ley, será imposible alegar la falta de relaciones sexuales como razón única para el divorcio en Francia. Aunque el impacto en la estadística de divorcios podría ser limitado, la norma busca impedir que se perpetúen situaciones de violencia sexual amparadas en una interpretación tradicional del matrimonio.

El texto debe continuar su tramitación en el Senado, donde pueden proponerse enmiendas, antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor, prevista para este verano. La normativa francesa se alinea así con otras reformas europeas que han situado el consentimiento en el centro de la libertad sexual.

La ley se considera un avance en la protección de los derechos individuales en la pareja y un mensaje contra la idea de que las relaciones sexuales puedan ser exigidas en el matrimonio. Según Garin, todavía permanece “la creencia de que las personas tienen derecho a exigir relaciones sexuales, tanto en el matrimonio como en la vida en pareja. Esa idea debe desaparecer y dejar paso a la noción de consentimiento”.

La Secretaría de las Mujeres y el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) firmaron un acuerdo que introduce la Clave Única de Registro de Población (CURP) como eje para contar con registros únicos y confiables en el seguimiento de casos de violencia contra las mujeres.

En un comunicado, la secretaría detalló que este convenio busca mejorar la atención, prevención y evaluación institucional.

Destacó que el acuerdo permitirá que la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se integre y valide utilizando la CURP como identificador único.

Asimismo, señaló que esta medida evitará duplicidades y facilitará la trazabilidad de los casos, garantizando un seguimiento continuo y articulado en todo el país.

Durante el acto protocolario, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, explicó que cada mujer atendida contará con un registro que refleje su trayectoria y las acciones implementadas por las instituciones.

“Este convenio permite avanzar hacia una atención más eficaz y responsable”, expresó Gómez Saracibar.

La Secretaría de las Mujeres tendrá acceso para consultar y validar, bajo criterios legales y de seguridad, los datos contenidos en la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, esto permitirá mejorar la calidad de los análisis sobre las violencias, identificar riesgos, detectar reincidencias y evaluar la efectividad de las medidas implementadas para la protección y prevención.

Félix Arturo Arce Vargas, director general de RENAPO, enfatizó que la colaboración interinstitucional fortalece el derecho a la identidad y posibilita el acceso a otros derechos, en particular para quienes viven situaciones de violencia.

El convenio también establece que los registros se validarán periódicamente y que la CURP se adoptará como elemento de identificación en los sistemas de la Secretaría de las Mujeres.

El acuerdo contempla la coordinación técnica permanente entre ambas instituciones y el acceso a servicios de verificación registral.

Durante la firma también participaron Juan Jesús Galicia Bravo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Patricia Carranza Rodríguez, directora de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas de la Secretaría de las Mujeres.

Carranza Rodríguez señaló que la integración de la CURP transforma los registros administrativos en evidencia útil para tomar decisiones y diseñar políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos.

Enfatizó que uno de los principios del convenio es la protección de los datos personales. Según la Secretaría, el intercambio de información se hará bajo estrictos criterios de confidencialidad, uso exclusivo institucional y medidas de seguridad reforzadas, para garantizar el respeto a las historias de vida que resguarda el Estado.

Ambas dependencias reafirmaron su compromiso con una política pública basada en información confiable, coordinación entre instituciones y un enfoque preventivo, orientada a proteger los derechos de las mujeres y mejorar la respuesta estatal frente a las violencias de género.

El PSOE ha anunciado este miércoles que se encuentra inmerso en un proceso de revisión de su órgano interno contra el acoso, una iniciativa que está siendo reforzada con el apoyo de un gabinete jurídico especializado, según han señalado fuentes de la formación a EFE. El partido ha subrayado además que pondrá en marcha cursos de formación obligatoria en igualdad y prevención, dirigidos tanto a trabajadores como a cargos orgánicos, en un movimiento que pretende reforzar sus mecanismos internos tras los casos de acoso sexual conocidos en los últimos meses.

La decisión se produce después de que varias denuncias internas obligaran al partido a revisar sus protocolos y a reiterar públicamente su compromiso con una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta de carácter machista o discriminatorio. Desde Ferraz insisten en que las medidas anunciadas no responden a una reacción puntual, sino a una estrategia más amplia de refuerzo de la cultura de igualdad dentro de la estructura del partido.

Reunión de responsables autonómicas de igualdad

En este marco, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables autonómicas de igualdad con el objetivo, según trasladan las mismas fuentes, de “situar los asuntos feministas en el centro del debate político”. El encuentro ha servido para compartir diagnósticos, evaluar el funcionamiento de los instrumentos internos del partido y coordinar líneas de actuación comunes en todo el territorio.

La reunión llega meses después de que salieran a la luz varios casos de acoso sexual vinculados a militantes y cargos socialistas, episodios que generaron una notable presión interna y externa sobre la dirección del partido. Ante esa situación, la formación reafirmó su intención de activar “todas las medidas necesarias encaminadas a la tolerancia cero”, una expresión utilizada entonces por Bernabé y que ahora vuelve a aparecer como marco de referencia de las decisiones adoptadas.

Durante el encuentro, las secretarias socialistas y responsables de igualdad abordaron la reactivación del Consejo Feminista del PSOE, un órgano consultivo que había perdido protagonismo en los últimos años y cuya recuperación se considera clave para reforzar la participación y el seguimiento de las políticas de igualdad dentro del partido. Junto a ello, se analizó en detalle la revisión y mejora del órgano antiacoso, un proceso que, según precisan las fuentes consultadas, se está viendo fortalecido con el asesoramiento de un gabinete jurídico especializado para garantizar mayores garantías, claridad procedimental y eficacia en la respuesta ante posibles denuncias.

Una formación obligatoria

Otro de los ejes tratados en la reunión fue la puesta en marcha de cursos de formación obligatoria en igualdad y prevención, que afectarán a toda la estructura del partido, desde el personal laboral hasta los cargos orgánicos y representantes públicos. La formación se concibe como una herramienta preventiva y de sensibilización, destinada a evitar conductas inapropiadas y a generar un marco común de actuación ante situaciones de acoso o discriminación.

Las responsables de igualdad también avanzaron la celebración de una conferencia sectorial de igualdad prevista para la segunda mitad de 2026, un foro en el que el PSOE pretende actualizar su agenda feminista y fijar prioridades políticas a medio plazo. Esta cita se enmarca en la voluntad del partido de mantener la igualdad como uno de los ejes centrales de su discurso y de su acción política, tanto a nivel interno como institucional.

En el transcurso del encuentro, las dirigentes socialistas pusieron en valor que los “grandes avances feministas” registrados en España en las últimas décadas han ido de la mano del PSOE, una afirmación que vincularon tanto a su trayectoria histórica como a las políticas impulsadas desde el Ejecutivo en la actualidad. En ese sentido, destacaron medidas recientes del Gobierno como el nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas, que pasarán a ser tobilleras con el objetivo de mejorar su fiabilidad y evitar posibles manipulaciones.

Las responsables de igualdad del partido ensalzaron igualmente las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno de España orientadas, según señalaron, a seguir ampliando derechos, reforzar la protección de las víctimas y consolidar una agenda feminista “sólida y coherente”. En este contexto, el PSOE reivindica una línea de continuidad entre su acción institucional y las decisiones adoptadas ahora en el plano orgánico.

El Gobierno ha anunciado que sustituirá las pulseras antimaltrato por tobilleras, puesto que estos últimos dispositivos “son más fiables” y resultan más difíciles de manipular. Así lo ha señalado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha explicado que la medida implica la contratación de un sistema integral de seguimiento por valor de 111 millones de euros.

El objetivo, ha indicado la ministra, es aumentar la seguridad de las víctimas. Los nuevos dispositivos estarán compuestos de material antivandálico, con un cristal reforzado, sensores de movimiento y temperatura, y contarán con sistemas de alerta mejorados, además de incorporar tecnología eSIM para evitar la extracción de la tarjeta electrónica, según ha informado el ministerio.

“Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro”, ha destacado la ministra.

Los fallos deberán resolverse en un máximo de 24 horas

El nuevo sistema contará con 17.660 dispositivos, con al menos 2.000 siempre disponibles para instalar en cualquier lugar del país en menos de 24 horas. Si un dispositivo se rompe o falla, deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas y las reparaciones por manipulación o avería no podrán demorarse más de tres meses, según ha indicado el ministerio. Además, el contrato permite reponer por separado los elementos del kit, como la tobillera, el teléfono o el cargador.

Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual se tendrá al agresor localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio, y se mejorará la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados.

Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al centro de monitorización y control de la sala COMETA, y se añadirá un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en la detección directa entre el dispositivo electrónico del agresor y el de la víctima vía bluetooth.

Refuerzo del equipo

La sala COMETA, encargada de supervisar estos dispositivos, reforzará también su equipo con más personal de coordinación y apoyo psicológico, sumando ya 151 profesionales, ha asegurado Igualdad.

Cambios tras los fallos detectados

Los cambios anunciados por la ministra Redondo se producen tras los fallos detectados hace unos meses en las pulseras telemáticas, lo que llevó al Ministerio de Igualdad a abrir dos investigaciones, una interna y otra externa, para aclarar los problemas. “Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones”, ha explicado Redondo, quien confía en que las nuevas herramientas permitan al servicio ser “mucho más eficiente”.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato por violencia de género de una mujer en la provincia de Málaga. La víctima, de 33 años, fue asesinada por su expareja el 24 de enero y tenía tres hijos menores de edad en común con el agresor. El departamento que dirige Ana Redondo también ha informado de que existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a cinco y a 1.348 desde 2003, año en que se comenzaron a recopilar estos datos en el país. Por otro lado, el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre se sitúa en cinco en lo que llevamos de año y en 509 desde 2013.

El agresor de este último crimen fue detenido en la mañana del pasado sábado tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Tanto la ministra Redondo como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas piden a las instituciones, administraciones y a toda la sociedad que refuercen los esfuerzos para prevenir y evitar más muertes por violencia de género.

Tres de los cinco asesinatos se han producido en Andalucía

Andalucía concentra la mayoría de los crímenes machistas registrados en lo que va de 2026, con tres de los cinco casos confirmados. En 2025, esta comunidad también encabezó el listado nacional, al registrar 14 de los 48 asesinatos de mujeres por violencia de género contabilizados en todo el país.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las problemáticas sociales más persistentes en México.

En el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes para visibilizar y erradicar la violencia de género, los datos oficiales y de organismos civiles muestran que la violencia psicológica y física continúan como las formas de agresión más comunes, tanto en el ámbito familiar como en espacios comunitarios, laborales y digitales.

Violencia contra las mujeres en México: un problema estructural

Las cifras reflejan la magnitud del problema. A nivel nacional, entre el 29.4% y el 51.6% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica, mientras que la violencia física afecta a entre 34.7% y 37%.

Estas agresiones suelen manifestarse mediante humillaciones, amenazas, golpes, empujones o control coercitivo, principalmente dentro del entorno familiar o de pareja.

Entre 2020 y 2021, 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un episodio de violencia. Además, cada año alrededor de 3 mil mujeres y niñas son asesinadas, siendo el feminicidio la expresión más extrema de este continuo de violencia.

CDMX: violencia familiar y alcaldías con mayor incidencia

En la Ciudad de México, entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 1,098 carpetas de investigación por delitos contra mujeres.

Durante el primer trimestre del año, la violencia familiar representó el 84.54% de los casos, afectando principalmente a mujeres que mantienen o mantuvieron una relación de pareja con su agresor.

Las alcaldías con mayor número de denuncias fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, mientras que los servicios de atención territorial, como las unidades “Lunas”, reportaron miles de mujeres atendidas por situaciones de violencia psicológica, física y económica.

Violencia digital y sexual: riesgos crecientes para mujeres jóvenes

La violencia digital se ha consolidado como una modalidad en crecimiento.

De los reportes atendidos desde 2019 a 2025, 56% de las agresiones digitales se dirigieron a mujeres, especialmente en los rangos de 21 a 35 años, aunque niñas y adolescentes también figuran entre los grupos más vulnerables.

En materia de violencia sexual, 86% de las víctimas son mujeres, con una alta incidencia en niñas y adolescentes.

Estas agresiones incluyen acoso, abuso sexual y violación, tanto en el ámbito familiar como comunitario y laboral.

Día Naranja y acciones para erradicar la violencia de género

El Día Naranja, impulsado por la ONU, busca generar conciencia y promover acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

En 2025, el Gobierno de la CDMX anunció 15 acciones para fortalecer la Alerta de Género, entre ellas la creación de la Policía de Género, juzgados especializados y la Defensoría de las Mujeres.

Además, el Programa Bienestar para Mujeres en Situación de Violencia ofrece apoyo económico, psicológico y asesoría jurídica, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las víctimas y reducir los riesgos de violencia feminicida.

Principales violencias contra las mujeres en México

• Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, manipulación y aislamiento.
• Violencia física: golpes, empujones y lesiones corporales.
• Violencia sexual: acoso, abuso y violación.
• Violencia económica y patrimonial: control del dinero y destrucción de bienes.
• Violencia digital: ciberacoso y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La persistencia de estas agresiones subraya la urgencia de fortalecer políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia y consolidar una cultura de prevención que permita a las mujeres vivir libres de violencia.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado sentencia contra los siete jóvenes acusados de agredir sexualmente a una joven de 21 años en junio de 2020. La Sala, compuesta por magistrados de la sección primera, determinó que los condenados actuaron de manera concertada, utilizando la superioridad numérica y física para impedir la salida de la joven de un piso de la capital aragonesa, donde fue sometida a continuas violaciones y agresiones sexuales durante dos días y medio.

El fallo del tribunal ha impuesto penas de 14 años de prisión a seis de ellos, al ser autores responsables del delito continuado de violación. En cambio, el séptimo ha recibido una pena como cooperador necesario, al haber facilitado la intimidación ambiental sin participar materialmente en el acto sexual. Además, el dictamen les ha impuesto la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto con menores durante 19 años para los principales condenados y 18 para el cooperador necesario.

Asimismo, se les ha prohibido acercarse a la víctima o a lugares frecuentados por ella a menos de 500 metros durante 16 años. Todos deberán cumplir también una medida de libertad vigilada por ocho años tras finalizar sus penas de prisión. En última instancia, los magistrados han impuesto igualmente una indemnización para la víctima de 50.000 euros en concepto de lesiones y daños morales, una cantidad considerada “adecuada y ponderada” tras la solicitud del ministerio fiscal.

16 grabaciones que demuestran los hechos

Los hechos se iniciaron el 23 de junio de 2020, cuando uno de los jóvenes contactó con la víctima bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El plan consistía en llevarla más tarde a la vivienda de otro de los acusados, donde la joven permanecería dos días. La defensa habría argumentado que existió consentimiento por parte de la joven, pero los magistrados rechazaron esta línea de defensa al considerar que el testimonio de la víctima se sostuvo “en el tiempo sin ambigüedades, ni contradicciones relevantes y exponiendo en todo momento de forma descriptiva las agresiones sexuales”.

Además, el tribunal tuvo en cuenta el ambiente al que fue sometida la joven: “El efecto intimidatorio puede producirse por la simple presencia o concurrencia de varias personas, distintas del que consuma materialmente la violación, ya que la existencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental”, se lee en la sentencia.

De hecho, la Sala incluyó como elemento fundamental la existencia de 16 videos grabados por uno de los acusados el día posterior al secuestro, donde la denunciante mantiene que “no quería tener relaciones sexuales con todos ellos, que quería marcharse del piso y no se lo permitieron”. Por este motivo, “los magistrados no albergamos duda alguna de que los hechos se desarrollaron en la forma expresada”.

Así, los magistrados consideran penas agravantes debido a “la violencia e intimidación ejercidas reviste un carácter particularmente degradante o vejatorio”. En el argumento también añaden “que es igualmente aplicable (artículo 180.1 del Código Penal), al haberse cometido el delito por la actuación conjunta de dos o más personas, encontrando plena justificación su apreciación, no solo por la mayor gravedad que supone la existencia de un acuerdo para la ejecución de hechos tan perversos como los enjuiciados, con grabación de alguno de ellos, sino también por la mayor indefensión en que se encuentra la víctima ante un ataque persistente desarrollado por varias personas”, se lee en la sentencia según lo recogido por Europa Press.

Una vez abierta la correspondiente ejecutoria, se debe tramitar una pieza separada para que las penas de prisión de los condenados extranjeros puedan ser sustituidas por su expulsión del territorio español. Según el fallo, contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que podrá interponerse en un plazo de diez días a partir de la notificación.

En 19 estados se ha registrado la muerte violenta de al menos una mujer

El inicio de enero no trajo un panorama diferente para las mujeres de este país, en un monitoreo de medios locales y nacionales realizado por Infobae México se detectaron 31 asesinatos violentos en al menos 19 entidades, la situación se agrava debido a que la forma prevalece, con arma de fuego u “otra forma”, la cual en algunos casos implica técnicas de asfixia aplicadas a la víctima.

Los estados que han registrado al menos un asesinato de una mujer, el cual puede contemplar feminicidio u homicidio doloso, son:

• Campeche
• Nuevo León
• Oaxaca
• Chiapas
• Querétaro
• Puebla
• Tamaulipas
• Durango
• Sonora
• Sinaloa
• Guerrero
• Baja California
• Guanajuato
• Hidalgo

Morelos, Tabasco y el Estado de México encabezan el registro

En Morelos, cuatro municipios han registrado al menos un caso:

• Cuernavaca: el 11 de enero, se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años en la colonia Lázaro Cárdenas. La víctima presentaba huellas de violencia, reportes indican que habría sido arrojada desde un vehículo, vecinos alertaron sobre la situación, sin que se identificara en el momento.
• Emiliano Zapata: el 10 de enero, una mujer perdió la vida tras ser atacada a tiros por un sicario que se desplazaba en motocicleta. El crimen ocurrió en la colonia Tres de Mayo, sumando un nuevo caso de feminicidio en la entidad.
• Cuautla: el 9 de enero se localizó el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia en el fondo de una barranca en la colonia Paraíso. El hallazgo fue realizado por residentes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.
• Yautepec: el 8 de enero, Catalina “N” fue víctima de un ataque armado al salir de su domicilio. La mujer resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En Tabasco el registro vuelve tangible la preocupación sobre la violencia de las mujeres debido a que los casos comenzaron a presentarse desde el 1 de enero:

• Comalcalco: el 13 de enero, Alejandra “N”, de 30 años, fue perseguida por dos sujetos armados mientras viajaba en motocicleta en la ranchería Cocohital, los presuntos agresores dispararon en su contra, por lo que la víctima perdió la vida en el lugar.
• Macuspana: el 11 de enero, Karla Cristell “N” fue asesinada a balazos en el interior de un domicilio en la colonia El Castaño.
• Jonuta: el 2 de enero, el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado en un barranco en la ranchería Monte Grande.
• Nacajuca: el 1 de enero, se halló el cuerpo de una mujer con signos de violencia sobre la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez.

Mientras tanto, en el Estado de México, un doble feminicidio ha conmocionado al país, por la saña y la presencia de infancias en el domicilio donde fue cometido el crimen:

• Cuautitlán: el 13 de enero de 2026, una mujer de la tercera edad y su hija de 45 años fueron halladas sin vida dentro de una vivienda, el caso causó mayor alerta debido a que el presunto asesino habría sustraído a una niña de tres años, mientras que un niño, sobreviviente, fue encerrado en el baño. En las últimas horas de este 15 de enero se dio a conocer que la niña fue localizada con vida.
• Ocoyoacac: Dafne Evelin “N”, de 24 años, fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre de 2025 tras avisar que se reuniría con su ex pareja en La Marquesa, Estado de México. 11 días después, brigadas de búsqueda localizaron su cuerpo sin vida entre la vegetación de la zona. No hay detenidos y la Fiscalía investiga el caso como feminicidio.
• Zumpango: Anaís “N” fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2025 cerca del Mercado del Centro de Zumpango, donde trabajaba. El pasado 11 de enero, su cuerpo fue hallado en un inmueble del fraccionamiento Villas de La Laguna, con huellas de violencia.

Además, San Luis Potosí tres mujeres fueron víctimas de feminicidio y en Veracruz, el municipio de Tuxpan registro en menos de 48 horas dos asesinatos violentos de mujeres perpetrados con arma de fuego.

Las dos extrabajadoras migrantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta que han ocultado su verdadera identidad, presentaron la denuncia contra el cantante a través de Women’s Link, una organización internacional que acompaña legalmente a víctimas de violencia y discriminación. Infobae España ha conversado con una abogada de la entidad, Eliana Alcalá de Ávila, para conocer los detalles de este caso, que pone en evidencia “la dificultad de las mujeres vulnerables con escasos recursos para protegerse” y denunciar abusos en un entorno dominado por estructuras de poder.

Por el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a ambas mujeres, mientras que el acusado ha negado los hechos.

-Pregunta: ¿Qué supone para una víctima denunciar a una figura de fama global y poderosa como Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales?

-Respuesta: Supone muchas cosas, desde el sentido de supervivencia, a nivel económico, social y cómo va a impactar a su vida y la de su entorno, a la presión que supone enfrentarse a una persona muy poderosa y que probablemente tiene medios para disuadir a cualquier mujer, sobre todo a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como en este caso, por ser mujeres racializadas y migrantes. Con esta figura de poder tan grande, hay unas diferencias diametralmente distintas de los recursos que se tienen. Supone, además, salir de un ciclo de violencia que no se reconoce desde un primer momento, que necesita tiempo.

-P: ¿A qué delitos se enfrenta el cantante?

-R: La fiscalía es quien va a determinar, con sus investigaciones preprocesales, si hay datos suficientes para investigar ciertos tipos penales. Pero dentro de la evaluación jurídica previa que hicimos en Women’s Link, según los relatos de Laura y Rebeca, Julio Iglesias podría haber incurrido en los delitos de agresión sexual, acoso sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trata de personas con fines de explotación y trabajo forzado.

-P: ¿Os han contactado otras posibles víctimas?

-R: Nos han contactado más mujeres que alegan haber trabajado para el denunciado, pero, por seguridad, no vamos a dar más detalles al respecto, respetando el deber de confidencialidad que tenemos con estas personas.

-P: ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del relato de las exempleadas en este caso?

-R: Lo que nos ha llamado la atención, y puede ser la respuesta también a por qué hemos decidido acompañar a Laura y Rebeca en sus pretensiones de justicia, es por la misión de Women’s Link de reconocer que todas las mujeres y niñas tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias. Sobre todo cuando estas violencias están relacionadas con el racismo, con el patriarcado y con el colonialismo. Y este caso es un ejemplo, según los relatos de Rebeca y Laura, de cómo el colonialismo, la raza, la clase y el género siguen sosteniendo formas de opresión hacia ciertos cuerpos, que todavía, así como se ha visto históricamente, se ven disponibles sin asumir ningún tipo de consecuencias. Es reflexionar sobre cómo una persona poderosa, que tiene la clase, el estatus y los recursos, puede, presuntamente, haber cometido todos estos hechos. En ese sentido, quiero rescatar una de las definiciones de justicia de Rebeca, que ha explicado que “las personas poderosas también deben asumir las consecuencias de sus actos”, y esa es la búsqueda que estamos haciendo en este proceso.

-P: ¿Por qué habéis decidido llevar el caso a un tribunal español, más allá de que el denunciado sea de esta nacionalidad?

-R: Uno de los elementos principales es precisamente la nacionalidad del denunciado. España permite que se investiguen algunos delitos, sobre todo relacionados con violaciones de derechos humanos, aunque los hechos hayan sucedido en otro territorio. Pero más allá de eso, otra de las razones es el reconocimiento jurídico de que en España hay marcos de protección que pueden dar garantías para que tanto Rebeca como Laura accedan a la justicia.

-P: En la rueda de prensa que Women’s Link dio junto a Amnistía Internacional el 14 de enero, hablasteis de que había un patrón en este tipo abusos. ¿Consideráis que el trabajo doméstico es una puerta de entrada a la explotación laboral y la violencia sexual?

-R: Lastimosamente, tenemos que reconocer que el trabajo doméstico y los trabajos de cuidado en general han sido precarizados de forma estructural y sistémica. Y esto se profundiza más en estos escenarios de vulneración de derechos cuando son mujeres migrantes o racializadas, mujeres que de alguna u otra manera ven en el trabajo doméstico la única posibilidad de subsistencia. Y como es un trabajo tan precarizado, no se han dado las garantías suficientes para que mujeres que atraviesen situaciones de violencia en estos contextos donde trabajan puedan acceder a la justicia o puedan incluso tener unas garantías laborales mínimas para ejercer su trabajo en un marco de dignidad. Aún persisten las prácticas racistas, las prácticas colonialistas de ver a mujeres como objetos, y esto solo se ha transformado en estos nuevos escenarios que vemos en países del norte global.

-P: ¿Faltan canales de denuncia para las víctimas de violencia sexual? ¿Qué medidas se deberían implementar para protegerlas mejor?

-R: Las víctimas enfrentan deficiencias en sentidos elementales, como el acceso a la información, pero también la posibilidad de acompañamientos que integren enfoques diferenciales adecuados, desde una mirada interseccional, con perspectiva de género, que también reconozca cómo el estado migratorio o la pertenencia étnico racial también incide en las formas y en las vivencias de violencia que sufren ciertos cuerpos y ciertas personas. Y los actores de justicia que están en estas redes de acompañamiento tienen serias deficiencias para poder abarcar estos hechos. Así como precisamente la confianza que pueden tener mujeres para acceder a la institucionalidad, una institucionalidad que ha fallado de forma estructural. ¿Cómo podemos exigirle a una mujer que ha atravesado estos ciclos de violencia que denuncie, si básicamente el Estado le ha fallado constantemente y, debido a esos fallos, también se ha visto expuesta a estas situaciones de violencia y de explotación?

-P: ¿Qué impacto esperáis que tenga este caso en el acceso a la justicia para otras víctimas de agresiones sexuales?

-R: Si bien está orientado centralmente a la visión de justicia de Rebeca y Laura, las sobrevivientes, también está orientado a generar precedentes legales sobre violencias y explotación en el trabajo doméstico. Una de las pretensiones es que se puedan establecer estándares judiciales en España, que se visibilice la relación entre racismo estructural, colonialismo y precarización del trabajo doméstico, así como sentar bases para reformas normativas y guías judiciales que fortalezcan las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar racializadas, migrantes o que puedan tener una condición de vulnerabilidad, tanto en España como en otros países de América Latina.

También creemos que este proceso puede dar garantías a otras víctimas de cuáles son las posibilidades de que el sistema les crea, de que el sistema también va a generar unas investigaciones que cumplan con sus derechos y que busquen protegerlas de estas condiciones de violencia donde se ven expuestas y desprotegidas.

Ocurrió el pasado 14 de enero. De nuevo una familia sin recursos se quedaba en la calle tras ser desahuciada por un fondo inmobiliario en Madrid, a pesar de que existe un escudo social que debería impedirlo. Pero en este caso, el desalojo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de la capital resulta mucho más difícil de explicar, pues se llevó a cabo pese a la situación de extrema vulnerabilidad de la familia, formada por una mujer de 65 años y sus dos nietas menores de edad, que quedaron huérfanas en 2023 por el asesinato machista de su madre. Tampoco se tuvieron en cuenta los informes de los servicios sociales, que deberían haber servido para frenar el lanzamiento o prorrogarlo, lo que deja en evidencia las grietas del sistema.

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) aseguran que el desalojo podría haberse evitado si se hubieran activado los mecanismos previstos para situaciones de exclusión residencial, especialmente en un caso que afecta a menores huérfanas por violencia de género.

Por su parte, la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde Este de Madrid responsabiliza de lo ocurrido tanto al juzgado y a las administraciones como al fondo inmobiliario Circleville S.L., que adquirió la vivienda. “El sistema ha fallado por partida doble. Por un lado, por la desprotección de los servicios sociales hacia dos menores cuya madre fue asesinada a manos de su pareja, menores que ni siquiera reciben ayuda para el comedor escolar. Y, por otro lado, por la falta de voluntad política para evitar que esta vivienda acabe tapiada, deshabitada y una familia en la calle”, ha indicado la entidad.

“No es un error puntual”

Consideran que detrás de este fallo no hay un error puntual, sino “una realidad estructural, la de la vivienda, que lejos de ser tratada como un derecho, sigue siendo gestionada como una mercancía”. La asociación también critica que el juzgado ordenara el lanzamiento del desahucio a pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid le habían trasladado un informe de vulnerabilidad de la familia y, por si fuera poco, añade, la abogada del turno de oficio asignada “ni siquiera se personó en la vivienda en el momento del desahucio”.

La familia subsistía con 600 euros al mes

Desde la FRAVM también exigen explicaciones al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la comunidad por la actuación del juzgado. “La ejecución de este desahucio ha puesto de manifiesto cómo se prioriza el beneficio económico y la especulación frente a la garantía de derechos básicos, la protección de menores y la protección de víctimas de violencia machista”, señalan en un comunicado.

En este caso, además, la familia desahuciada ni siquiera ha podido contactar con el fondo de inversión para conocer la deuda que le reclamaban, aseguran. Las asociaciones vecinales también recuerdan que la abuela de las menores “subsistía con ingresos precarios, de unos 600 euros mensuales” y que durante meses no recibieron ayuda por parte de ninguna institución para poder afrontar esta situación, por lo que se han visto “totalmente desprotegidas”.

Después del desahucio, la familia ha logrado encontrar un lugar donde quedarse de manera provisional gracias a su red de amistades, mientras que los vecinos han expresado su compromiso de seguir apoyando y de visibilizar la situación ante la opinión pública.

El Gobierno prorrogó en diciembre las medidas para hogares vulnerables

Los desahucios de familias sin recursos económicos suficientes, tal y como evidencia este caso, se producen con frecuencia, a pesar de que a finales del pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó un decreto para prorrogar las medidas para hogares vulnerables sin una alternativa habitacional que ya estaban en vigor, que se aprobaron en 2020. En teoría, esas medidas no solo impiden llevar a cabo desalojos de estos hogares, sino que también prohíben el corte de suministros básicos como la luz, el gas natural y el agua.

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial muestran cómo este problema sigue vigente y alcanza a miles de familias cada año. En el tercer trimestre de 2025, los juzgados llevaron a cabo 5.053 desalojos en España, solo un 4,8% menos que en el mismo periodo de 2024.

Nuevo decreto en materia de vivienda que no convence

Por otro lado, con el objetivo de “frenar la especulación inmobiliaria”, el pasado lunes el Gobierno anunció un real decreto ley que contempla bonificaciones fiscales del 100% a los propietarios que decidan no subir el precio del alquiler en los contratos de vivienda que vencen en 2026 y que fueron firmados durante la pandemia. El decreto también incluye un límite en el precio del alquiler por habitaciones y restricciones en los contratos de temporada. Sin embargo, desde Sumar, socio del Ejecutivo, cuestionan la medida y la califican de “injusta e ineficaz”, al considerar que “premia a los caseros”.

El Sindicato de Inquilinas también rechaza este paquete de medidas y sostiene que los incentivos fiscales para propietarios representan un “privilegio fiscal” que solo favorece a los propietarios y no soluciona el problema de la vivienda, cuyo precio no deja de aumentar.

La denuncia presentada por dos mujeres contra el cantante Julio Iglesias, al que acusan de delitos sexuales, explotación laboral y trata de seres humanos cuando trabajaban como internas en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021, no sorprende entre las asociaciones de mujeres migrantes en España. Muchas de ellas trabajan en el servicio doméstico y en el cuidado de personas mayores, un sector marcado por la precariedad y la feminización, donde los abusos, explican, son tan habituales como el miedo a hablar y perder el sustento económico.

“La violencia sexual y el acoso laboral [al que se enfrentan las empleadas del hogar] es constante mientras trabajan y está totalmente normalizado. Duele decir que muchas compañeras tienen que estar sacándose las manos de encima del empleador, de hombres que vienen y te tocan las tetas, te aprietan el culo o que directamente te dicen: ‘Mira, yo te contraté para que limpies, pero también tienes que ayudarme a mí’, y el ayudarme a mí es hacer todo lo que ellos quieren”, cuenta a Infobae España Edith Espínola, portavoz de la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo).

Según los datos del Ministerio de Trabajo, en España más del 95% el colectivo de personas empleadas en el servicio doméstico está formado por mujeres y el 45% de ellas son migrantes. La mayoría tienen entre 40 y 50 años y trabajan, sobre todo, en Madrid y Cataluña. En el sistema especial de empleadas de hogar hay 348.000 mujeres afiliadas y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad. Cerca de 38.000, de acuerdo a la información del departamento que dirige Yolanda Díaz, trabajan como internas, “muchas de ellas sin un horario claro ni intimidad”, y su salario medio ronda los 1.014 euros al mes.

Los riesgos de sufrir abusos son aún mayores para las mujeres migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, pues la dependencia económica y la amenaza constante de ser expulsadas del país refuerzan su silencio y aislamiento. En el caso de las trabajadoras internas perder el empleo implica también quedarse sin un lugar donde vivir, lo que las obliga en muchos casos a aceptar las condiciones abusivas impuestas por sus empleadores. Según relatan las asociaciones, en muchas ocasiones las cuidadoras reciben propuestas o chantajes de los hombres mayores que cuidan, que aprovechan su vulnerabilidad y necesidad económica.

Y es que a pesar de los avances sociales, indica a este periódico Paula Santos, coordinadora de la asociación Mujeres Migrantes Diversas, los abusos sexuales "siguen siendo un tema tabú en este ámbito laboral", pues muchas empleadas del hogar y cuidadoras “tienen miedo a ser estigmatizadas, cuando en realidad se trata de una vulneración de derechos laborales y humanos”, añade. “Aquí solo somos un número. Si no cumples con las cosas que los empleadores creen que tenemos que hacer, aunque no nos correspondan, te despiden sin más”.

La Ley de Extranjería “no ayuda”

Santos también recuerda que la Ley de Extranjería en España exige que las personas migrantes que quieren trabajar como empleadas de hogar obtengan primero una autorización de residencia y trabajo. Sin embargo, este permiso solo se concede si la persona ya ha residido en el país durante al menos tres años en situación irregular y cuenta con un contrato de trabajo previo, condición que impide que las trabajadoras migrantes recién llegadas formalicen un contrato laboral desde el inicio de su estancia. En consecuencia, muchas se ven obligadas a trabajar sin papeles, lo que las expone a la explotación laboral, salarios por debajo del mínimo, jornadas excesivas, ausencia de protección social y dificultades para denunciar abusos.

Algunos empleadores “piden favores sexuales”

En la organización SEDOAC, señala Espínola, reciben numerosos testimonios de mujeres que cuidan a personas mayores que "han presenciado masturbaciones o recibido solicitudes de favores sexuales" por parte de hombres en situación de dependencia. “Estás totalmente expuesta. Es un empleo donde nuestro cuerpo pasa a ser un objeto, porque trabajamos con nuestro cuerpo, y eso también repercute en la salud mental, en la autoestima”, afirma la activista, ya que “son las víctimas quienes sienten vergüenza” y, en muchos casos no tienen cómo demostrar lo que sucede porque se encuentran solas.

En España, apunta Espínola, además de producirse abusos como los que han denunciando las exempleadas de Julio Iglesias -que relataron a elDiario.es y Univisión haber sido víctimas de agresiones, acoso sexual y vejaciones-, también se han producido casos aún más graves. Entre ellos, figura el crimen de Teresa Jesús González, una auxiliar de ayuda a domicilio que fue asesinada en Galicia el 29 de julio de 2025 tras denunciar ese mismo día acoso sexual por parte del marido de la mujer a la que cuidaba. El hombre tenía 73 años.

“Esto no está pasando en otro país, sino aquí, y le pasó a una mujer española después de comunicar a su empresa que sufría acoso sexual en la casa donde trabajaba”, aclara Espínola.

Reclaman un mecanismo seguro para poder denunciar

Para evitar estos casos y ante la falta de inspecciones en los hogares, la activista subraya que es fundamental contar con un protocolo específico contra la violencia y el acoso en el trabajo doméstico. Aunque el real decreto aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024 amplía la protección de las empleadas del hogar, las nuevas obligaciones para los empleadores solo se aplican desde noviembre de 2025, coincidiendo con la puesta en marcha de una herramienta gratuita para evaluar y reducir los riesgos laborales en el domicilio. Ante situaciones de violencia o acoso, la normativa establece que si la trabajadora abandona la vivienda, esto no podrá considerarse una dimisión ni motivo de despido, pero no ofrece protocolos más específicos.

España, apunta Espínola, también ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el trabajo, que entró en vigor en mayo de 2023, pero tampoco ha supuesto cambios significativos para las trabajadoras del hogar.

“Necesitamos una campaña de sensibilización, protección y reparación para todas las mujeres que denuncian este tipo de violencia. Debe existir un mecanismo seguro, no solo un teléfono, sino un espacio al que poder acudir sin miedo para presentar una denuncia y recibir acompañamiento. Contar lo que te ha pasado es extremadamente difícil, y en este sector también existen casos de violencia sexual y violación. Por eso es urgente que el Estado garantice rutas específicas, seguras y accesibles para todas”, concluye.

Ambas activistas confían en que el caso de Julio Iglesias ayude a visibilizar una realidad que tantas veces permanece oculta en el sector del trabajo doméstico y los cuidados, pues consideran que la repercusión mediática de este tipo de denuncias puede animar a otras mujeres que han sufrido abusos sexuales, acoso o situaciones de trata a romper el silencio y buscar apoyo.

Testigos protegidas

De momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que han denunciado al cantante, debido a su situación de especial vulnerabilidad socioeconómica y al poder e influencia del denunciado, según han informado las responsables jurídicas de Women’s Link, la asociación internacional que las acompaña.

La Fiscalía ya ha incoado diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que tienen carácter reservado y cuyo objetivo es determinar si los hechos denunciados tienen entidad suficiente para dar lugar a un procedimiento penal ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha indicado que no facilitará más detalles “en aras de la protección prioritaria de las presuntas víctimas”.

Julio Iglesias ha puesto su defensa en manos de uno de los penalistas con mayor influencia en la Audiencia Nacional. El cantante ha contratado al exmagistrado José Antonio Choclán para afrontar las acusaciones de agresión sexual formuladas por dos extrabajadoras y que están siendo analizadas de forma reservada por la Fiscalía de ese tribunal, según ha adelantado El País y confirman fuentes jurídicas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está examinando si es competente para investigar unos hechos que, según las denuncias, habrían ocurrido en el extranjero, en países como República Dominicana y Bahamas. Esa verificación, todavía en una fase preliminar, es la que determinará si la causa puede avanzar en España o si debe quedar fuera del ámbito de este tribunal. En paralelo, Iglesias ha optado por uno de los abogados con mayor experiencia en este tipo de procedimientos y con un conocimiento directo del funcionamiento interno de la Audiencia Nacional, donde Choclán fue magistrado de la Sala de lo Penal antes de incorporarse a la abogacía privada.

El movimiento del artista se produce días después de que una investigación de elDiario.es y Univision destapara testimonios de trabajadoras de sus residencias que relataban episodios de “maltrato físico, psíquico y sexual”. Tras la publicación de esas informaciones, Iglesias, de 82 años, aseguró a la revista Hola que “todo se va a aclarar” y que estaba preparando su defensa. Según fuentes jurídicas citadas por El País, Choclán ya ha firmado el encargo para representarlo en España.

Un abogado con peso en la Audiencia Nacional

José Antonio Choclán es socio fundador de Choclán Abogados, un despacho especializado en derecho penal en el que trabajan otros ocho letrados y que es habitual en los grandes procedimientos de corrupción y criminalidad económica. En su propia página web se define como “uno de los abogados más cotizados en el mercado legal español”. Su perfil profesional está marcado por su pasado como juez de la Audiencia Nacional, una trayectoria que le ha permitido mantener una relación fluida con la Fiscalía y un profundo conocimiento de la práctica de ese tribunal.

Fuentes jurídicas subrayan a El País que una de las razones de su alta demanda es su capacidad para negociar con el ministerio público y explorar salidas pactadas en procedimientos complejos. Esa habilidad ha quedado reflejada en varios de los casos más conocidos que ha llevado su despacho durante la última década.

Entre los clientes más relevantes de Choclán figura el futbolista Cristiano Ronaldo, al que defendió en un procedimiento por fraude fiscal que terminó con un acuerdo con la Fiscalía. El jugador aceptó una condena que no implicaba el ingreso en prisión y el pago de una multa de 18,8 millones de euros. El despacho también ha representado a Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo, que afectó al rey emérito Juan Carlos I.

Más recientemente, Choclán se ha hecho cargo de la defensa del magnate venezolano Alejandro Betancourt, propietario de la marca de gafas de sol Hawkers. Como contó El País, Betancourt está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta red de blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La lista de clientes del abogado incluye también a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, a la que consiguió la absolución por un delito de posible falsificación del título de su máster; a Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama Gürtel; y a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que contrató sus servicios para declarar ante el Tribunal Supremo cuando fue acusada en una investigación por blanqueo de dinero vinculada a la campaña valenciana de 2015.

El peso específico de Choclán ante la Fiscalía se ha visto reforzado por su intervención en el denominado ‘caso Koldo’. El abogado representa al empresario y comisionista Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor” de la trama de contratos fraudulentos de mascarillas. En noviembre de 2024, el letrado consiguió que su cliente realizara una declaración de confesión que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar de inmediato su salida de prisión provisional.

Días antes, Choclán había acudido a la sede de Anticorrupción mientras Aldama permanecía en la prisión de Soto del Real para iniciar una colaboración con el ministerio público. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha reducido los años de cárcel que solicita para Aldama en comparación con los que pide para el resto de implicados del caso: siete años frente a los 24 reclamados para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y cinco meses para el exasesor Koldo García. En sus escritos, Luzón ha destacado de forma expresa la cooperación del empresario.

Una causa en fase preliminar

Las acusaciones contra Julio Iglesias se encuentran todavía en una fase embrionaria en España. A partir de la investigación periodística de elDiario.es y Univision, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar si los presuntos delitos de agresión sexual pueden ser investigados por este tribunal. La clave reside en la localización de los hechos, que las denunciantes sitúan fuera del territorio español.

En este contexto, la elección de Choclán dota a la defensa del cantante de un perfil jurídico con experiencia en causas complejas, dimensión internacional y alto impacto mediático, justo cuando la Fiscalía decide si las denuncias contra una de las figuras más conocidas de la música española pasan del ámbito preliminar a un procedimiento penal formal.

La Red Nacional de Refugios (RNR) acusó que los Lineamientos de Operación del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, publicados por la Secretaría de las Mujeres, generan preocupación sobre la sostenibilidad, la seguridad y la calidad del servicio que se brinda en los albergues que atienden a mujeres víctimas de violencia

De acuerdo con la información difundida por la RNR, el presupuesto asignado al Componente C: “Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, para 2026 será de 515 millones 033 mil 086 pesos.

Esto último, representa un aumento del 2% respecto al año anterior; sin embargo, la organización señaló que este monto, en la práctica, se diluye debido a la ampliación de los tipos de espacios que pueden acceder a los fondos, ya que ahora no solo los Refugios y Centros de Atención Externa, sino también las Casas de Emergencia y Casas de Transición, pueden solicitar recursos.

En un comunicado, agregó que esto implica una mayor dispersión del dinero y una reducción del presupuesto disponible para cada refugio, lo que afecta la capacidad de ofrecer atención integral.

La Red Nacional de Refugios reconoció como un avance la inclusión de Casas de Emergencia y Casas de Transición, pues forman parte del modelo de actuación de la organización. No obstante, advirtió que la expansión de beneficiarios no se acompaña de un aumento proporcional en el presupuesto, lo que limita la sostenibilidad de estos espacios y precariza la atención.

“Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados, no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, subrayó la RNR en el documento consultado por Infobae Mx.

Otro punto que genera incertidumbre es la ausencia de un calendario público para la convocatoria, evaluación y ministración de los recursos. Si bien los lineamientos especifican el monto destinado a los refugios —una demanda histórica de la RNR—, la Secretaría de las Mujeres no ha dado a conocer las fechas para acceder al presupuesto de 2026.

Aseguró que esta falta de certeza pone en riesgo la continuidad de la atención, dado que durante los últimos cuatro años los recursos han llegado con retrasos, lo que compromete la operación de estos espacios.

La Guía Operativa publicada por la Secretaría contempla, además, una reducción en los honorarios del personal especializado y en el presupuesto destinado a la seguridad de los refugios.

Según la Red Nacional de Refugios, ambas medidas afectan la protección de las mujeres, niñas, niños y del propio personal, y contradicen la obligación del Estado mexicano de garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención especializada.

“La combinación de recortes, dispersión del recurso y falta de certeza precariza la atención y pone en riesgo una política pública esencial para la prevención de feminicidios”, señala la organización.

Asimismo comentó que los lineamientos obligan a los refugios a demostrar solvencia con recursos propios para operar, trasladando la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones de la sociedad civil, lo que consideran incompatible con la política pública de protección de derechos humanos.

La RNR argumenta que estas disposiciones contravienen los compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Según el colectivo, ambas establecen que el Estado debe garantizar y financiar de manera suficiente y permanente los refugios para mujeres víctimas de violencia, sin condicionar la operación de estos espacios a la capacidad económica de las organizaciones civiles.

“Como lo establece el marco internacional de derechos humanos, en particular la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, no es viable exigir autosuficiencia a las Organizaciones Civiles que brindan atención inmediata ante situaciones de emergencia vital, mientras se reduce el apoyo estatal y se incrementan las cargas administrativas.

“Sin un presupuesto garante, sin certeza en la asignación de recursos y sin la corresponsabilidad plena del Estado, no habrá justicia ni igualdad sustantiva”, advirtió Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.

Ante este escenario, la RNR demandó la publicación de fechas claras y vinculantes para la convocatoria y ministración de recursos, la asignación de presupuestos suficientes y oportunos, el respeto a condiciones laborales dignas y la eliminación de requisitos que trasladan la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones civiles.

La organización también solicitó el establecimiento de mesas de trabajo con las autoridades para dialogar y asegurar la eficacia de esta política pública.

Nuevos detalles difundidos en horas posteriores muestran cómo estas mujeres, que no habrían sido las únicas, fueron obligadas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes que solo se practicaban al personal femenino. Las empleadas señalan que estos exámenes, que nada tenían que ver con su labor, se hacían sin consentimiento expreso y bajo la amenaza velada de que si se negaban, perderían el empleo.

Este jueves, eldiario.es aporta los requisitos que pedía Iglesias a la hora de reclutar personal. Buscaba jóvenes de entre 25 y 35 años, según consta en un anuncio, y les pedían fotos de cuerpo entero. El sueldo era de 25.000 pesos dominicanos, unos 350 euros al cambio. Una de las denunciantes cuenta que al terminar su jornada era llamada a la habitación del cantante. Describe penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

Este miércoles, ¡Hola! pudo hablar con Iglesias, que hasta el momento no ha hecho una declaración pública. Según la revista, “Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”. El “entorno cercano” del cantante, añade, “niega totalmente los hechos y muestra su estupor ante lo que está sucediendo”.

“Cuando escuchen ‘es un desgraciado’”

Entretanto, vuelven al día de hoy imágenes que antaño vieron millones de espectadores. Julio Iglesias abrazaba, tocaba o besaba en la boca a presentadoras. Era, es una estrella. El español que enamoró al mundo, como se titula la biografía de Ignacio Peyró, que será revisada y actualizada a la luz de estas revelaciones.

Era 8 de septiembre de 1988 y Julio Iglesias cerraba una exitosa gira en Barcelona, donde llenó el Camp Nou. 80.000 personas. Habían transcurrido cerca de dos horas cuando el concierto tocaba a su fin. Apareció Iglesias con un muñeco de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en 1992. El público estaba entregado y él no tenía prisa por terminar. La comunión era total.

En esa confianza multitudinaria y antes de los acordes de la última canción, El mar que llevo dentro, el artista se dirigió al público, para pedirle algo: “Cuando ustedes escuchen por ahí decir por ejemplo ‘no, ese ya se ha ido, ese es un desgraciado’”. El Camp Nou estalla entonces en un “(¡no!” y el cantante espera a que terminen para continuar: “Cuando ustedes escuchen por ahí algún reproche gratis; cuando sea culpable antes de juzgarme, defiéndanme con toda su alma como me han defendido esta noche”.

“Es besucón de toda la vida”

Su defensa ahora son rostros conocidos que han trabajado con él o le conocen, caso de Ramón Arcusa, de El Dúo Dinámico, si bien sus palabras han provocado un efecto contrario al pretendido en la opinión pública. “Julio es besucón de toda la vida, sin mala intención. Esto es un montaje”, ha dicho en COPE. Y a Telemadrid: “Fue una relación consentida. Tú no puedes tener una relación de violación durante meses o el tiempo que fuera. Si te violan vas a la policía o al hospital al día siguiente”.

Marina Castaño asegura que Iglesias “es una persona íntegra”. “Me ha recibido muchas veces en su casa, él y Miranda, en Miami, en Punta Cana, en Marbella, en todos los sitios, y me parece una vergüenza esto que está ocurriendo. (...) Julio no es ese hombre que quieren intentar pintar”, ha zanjado la comunicadora.

El caso Julio Iglesias también ha sido objeto de debate y pelea en la política, desde Isabel Díaz Ayuso en pro del “cantante más universal de todos” al Gobierno, al que da “terror” lo que está leyendo en eldiario.es y valora retirar al artista la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. A la espera de nuevas entregas de los medios responsables de la exclusiva, la siguiente y sobre todo vinculante palabra la tiene la Audiencia Nacional.

En solo 15 días que llevamos de 2026, en España se han producido ya casos de mujeres asesinadas por violencia de género. Pero la violencia machista no se limita a este país, ni a las muertes violentas. En Francia, por ejemplo, acaba de saltar a las noticias el caso de una madre de cuatro hijos, identificada como Laëtitia R., que denuncia siete años de maltrato y de “esclavitud” a manos de su expareja, que será juzgado por violaciones agravadas, proxenetismo y actos de tortura.

Ante el medio FranceInfo, Laëtitia R. cuenta cómo perdió toda autonomía en su día a día. “Él decidía la hora en que debía levantarme y acostarme. No tenía derecho a usar ropa interior […] Él elegía mi ropa, mi peinado, mi maquillaje”. La privación de libertad se extendía a los detalles más íntimos de su rutina. “Incluso para ir al baño, necesitaba su permiso y a veces se divertía dejando que me orinara encima cuando ya no podía aguantar”, confiesa. La mujer argumenta que así terminó en una situación en la que se sentía completamente sometida: “Me trataba como una cosa, era una humillación permanente”.

La mujer destaca que la violencia iba más allá de lo físico. “Me amenazaba con quitarme la custodia de mis hijos. Amenazaba con enviar a mis padres imágenes íntimas y degradantes mías”. El calvario incluyó agresiones físicas extremas, tatuajes forzados con mensajes denigrantes y torturas nocturnas. Por ejemplo, fue privada de sueño de forma sistemática: “Solo tenía derecho a una noche completa cada diez días”, pues su agresor la despertaba cada noche para infligirle sufrimiento y mantenerla cansada y sumisa.

La víctima también fue obligada a participar en prácticas sexuales degradantes. “Me obligó a practicar cosas extremas que ni siquiera conocía antes. Esas prácticas han hecho que hoy sea incontinente y discapacitada. Durante meses y meses, me hizo beber mi propia orina cada mañana”. Durante los años de abuso, experimentó disociaciones y lagunas de memoria. “Tengo la sensación de tener como un enorme vacío en la memoria, sobre todo los meses que siguieron al nacimiento de mi última hija”.

“Pensé que mi infierno terminaría, pero todavía no logro dormir”

A pesar de la brutalidad, Laëtitia logró finalmente pedir ayuda a una amiga, lo que permitió la intervención policial. “Su detención me alivió, obviamente, porque pensé que mi infierno terminaría”, reconoció, aunque admitió que el temor persiste: “Todavía no logro dormir entre las 22 horas y las 4 de la mañana. Es el horario en que ocurrían la mayoría de las violencias”.

Las pruebas materiales, incluidos registros audiovisuales y mensajes, forman ahora un voluminoso expediente que será analizado en el proceso judicial, según precisó su abogado. “La primera impresión al entrar en este caso es una especie de vértigo”, describió el letrado a FranceInfo.

Hoy, Laëtitia busca romper el silencio. “Ese hombre quiso encerrarme, impedirme vivir mi vida. Quiero retomar el control”. Su objetivo es que el juicio no sea a puerta cerrada: “La vergüenza debe cambiar de lado. […] Si esto puede ayudar, aunque sea a una mujer víctima, a decirse que hay que salir del silencio, será enorme como satisfacción y como esperanza”.

El futuro de la serie biográfica de Netflix sobre Julio Iglesias ha quedado en suspenso tras la apertura de una investigación judicial que sacude los cimientos del proyecto. La Audiencia Nacional mantiene abierta desde el 5 de enero una causa contra el cantante tras la denuncia de dos mujeres que le acusan de violencia sexual, explotación laboral y trata de seres humanos.

La noticia ha generado un verdadero temblor en el mundo de la cultura, provocando no solo posicionamientos en defensa de las víctimas o el cantante, sino también una profunda revisión de todo lo relacionado con Julio Iglesias, su figura y su influencia.

Sin ir más lejos, Libros del Asteroide, editorial en la que acababa de publicarse una biografía del cantante, ha publicado un comunicado en el que asegura que, “ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada”.

“He decidido contar la verdad de mi vida”

Este tipo de reacciones son las que han provocado que muchos miren atentamente hacia Netflix. La plataforma de streaming preparaba ahora una serie biográfica sobre Julio Iglesias, siguiendo la estela de grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Rocketman y la popular Luis Miguel: la serie.

De este modo, el proyecto estaba en marcha desde 2024, cuando se anunció el acuerdo con el artista: un “hito” para su catálogo de producciones relacionadas con el mundo de la música, ya que, por primera vez, Julio Iglesias se mostraba dispuesto a participar activamente en la reconstrucción de su vida.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, manifestaba el cantante en el comunicado difundido el 8 de febrero de 2024. Además, Iglesias confesaba que una carta enviada por Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de la plataforma, había sido “suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto”.

Todo lo que sabemos sobre la serie de Netflix sobre Julio Iglesias

El biopic, que se perfilaba como una producción de 12 capítulos de gran envergadura, prometía recorrer varios hitos en su vida como el accidente que truncó su carrera de futbolista, sus inicios en la música, su entrada en el mercado estadounidense, su récord de ventas (con más de 300 millones de discos en 12 idiomas) y su consagración como “el primer artista español con alcance universal”.

En palabras de Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix España, la serie permitía por fin “ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta”.

Sin embargo, desde entonces, el silencio ha sido la norma, y el estado actual de la producción permanece envuelto en misterio. La sombra de la investigación judicial ha dejado el proyecto en el aire, y tanto la plataforma como el propio Iglesias y su entorno guardan silencio ante la avalancha de noticias que siguen publicándose sobre la denuncia. Un asunto que, sin ningún tipo de duda, condicionará lo que veamos a partir de ahora sobre el cantante.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que han denunciado al cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, trata de seres humanos y abusos laborales. La decisión se ha conocido este miércoles durante una rueda de prensa telemática ofrecida por Women’s Link y Amnistía Internacional, en la que ambas organizaciones han explicado el contenido de la denuncia y el marco en el que se sitúa el caso.

La medida, solicitada por la defensa de las denunciantes, responde a la combinación de una situación de especial vulnerabilidad socioeconómica y al poder e influencia del denunciado, según han señalado las responsables jurídicas de Women’s Link. La Fiscalía ya ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales, que tienen carácter reservado y cuyo objetivo es determinar si los hechos denunciados tienen entidad suficiente para dar lugar a un procedimiento penal ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha indicado que no facilitará más detalles “en aras de la protección prioritaria de las presuntas víctimas”.

Las denunciantes, identificadas como Rebeca y Laura, son una empleada de hogar y una fisioterapeuta que trabajaron en el entorno del cantante en sus residencias del Caribe entre 2020 y 2021. Sus testimonios fueron publicados por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias y describen una situación de acoso y control constante, con tocamientos, insultos y humillaciones durante la jornada laboral.

Durante la comparecencia de este miércoles, la directora ejecutiva de Women’s Link, Jovana Ríos Cisnero, ha subrayado la importancia de que la Fiscalía haya accedido a escucharlas bajo la figura de testigos protegidos. “Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura”, ha afirmado. Ríos ha confirmado además que la organización ha sido contactada por otras mujeres que aseguran haber trabajado para el denunciado y relatan experiencias similares, aunque ha evitado facilitar más información por motivos de protección.

Un contexto de intimidación y sometimiento

Las miembros de Women’s Link han descrito los hechos relatados por las denunciantes como un patrón de intimidación sostenida. “Los hechos que relatan son en un contexto de intimidación y delante de sus jefas”, ha explicado Gema Fernández, responsable jurídica de la organización. Según la asociación, las mujeres describen una situación de sometimiento que llegaba a rozar “la esclavitud”, con agresiones sexuales explícitas, incluidas penetraciones, acompañadas de insultos y humillaciones.

A ese clima se sumaba un control continuo sobre su vida cotidiana. Las denunciantes aseguran que se les exigía mostrar el contenido de sus teléfonos móviles, que tenían prohibido abandonar la residencia sin permiso y que incluso eran obligadas a someterse a exámenes médicos y ginecológicos, como publicó elDiario.es. Para Women’s Link, estos informes son “un indicio de la imposición de condiciones laborales abusivas” que refuerza la credibilidad de los testimonios.

La organización considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, acoso sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores, aunque será la Fiscalía quien determine la calificación jurídica definitiva.

Un caso que se repite en muchos países

Amnistía Internacional ha respaldado públicamente a Women’s Link y ha insistido en que lo ocurrido no debe interpretarse como un episodio aislado. Su responsable de investigación en España, Virginia Álvarez, ha afirmado que este tipo de situaciones responden a “estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible”. En su opinión, las políticas migratorias vigentes en “muchos países” contribuyen a que la vida y el futuro de estas mujeres “dependan de los empleadores”.

Álvarez ha señalado que la mayoría de las víctimas de estos abusos son mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza, lo que incrementa su vulnerabilidad y dificulta que puedan denunciar sin temor a perder su trabajo o su estatus migratorio.

La vía judicial en España

Women’s Link ha explicado que la denuncia se ha presentado en España al amparo del principio de extraterritorialidad, al tratarse de un ciudadano español y de hechos que, a su juicio, constituyen violaciones de derechos humanos. La organización confía en que la Audiencia Nacional confirme su competencia para investigar los hechos ocurridos en el extranjero.

El procedimiento se encuentra aún en una fase preliminar. Según ha detallado Gema Fernández, la Fiscalía dispone de seis meses, ampliables otros seis, para llevar a cabo las diligencias preprocesales y decidir si presenta querella. En caso de que se archive la investigación, las denunciantes podrían ejercer la acusación particular. Por ahora no hay fecha prevista para su declaración, que podría realizarse por vía telemática para reforzar su protección.

Women’s Link ha precisado que la denuncia ha sido presentada por la propia organización, no directamente por las víctimas, como parte de una estrategia de protección y acompañamiento legal. Rebeca y Laura llegaron a la entidad tras ser recomendadas por las periodistas que investigaban su caso. Según ha relatado Ríos, Laura expresó a la organización que su objetivo es que “ninguna mujer vuelva a sufrir abusos” por parte del cantante y que “no somos culpables”.

Acompañada por Amnistía Internacional, la organización ha subrayado que espera que el caso no solo tenga recorrido penal, sino que sirva para “remover conciencias” y visibilizar la precariedad y la violencia a la que se enfrentan muchas trabajadoras domésticas en contextos similares.

Un agente de la Policía Nacional ha sido detenido en València por un presunto delito de agresión sexual tras la denuncia presentada por una agente en prácticas, según han confirmado a EFE fuentes del propio cuerpo. Los hechos se produjeron durante una comida de trabajo celebrada el pasado mes de diciembre y se materializaron, siempre de acuerdo con la denuncia y con lo publicado por el diario Las Provincias, en la fiesta posterior en un pub de la capital valenciana, donde el ahora arrestado realizó tocamientos y comentarios de índole sexual sin el consentimiento de la joven policía.

El arresto se produjo el viernes 9 de enero y fue llevado a cabo por agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer), una unidad especializada precisamente en la investigación de delitos de violencia de género y violencia sexual. El detenido pertenece al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), una de las áreas operativas de la Policía Nacional con presencia directa en la atención a la ciudadanía. Tras su detención fue puesto a disposición judicial ese mismo día y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de València decretó su libertad con cargos, sin acordar por el momento ninguna orden de alejamiento respecto de la denunciante.

Los hechos que han dado lugar a esta causa se remontan al 19 de diciembre, cuando varios agentes del grupo compartieron una comida de Navidad que concluyó con una celebración en un local de ocio. En ese contexto informal, y según el relato recogido en la denuncia, el policía ahora imputado comenzó a realizar comentarios sobre el físico de la agente en prácticas, con alusiones explícitas y proposiciones de carácter sexual que ella rechazó. La joven, que se encontraba destinada temporalmente en el grupo como parte de su periodo de formación, optó por no responder de manera más contundente, siempre según su testimonio, por respeto a la jerarquía que le unía al presunto agresor, que era su superior.

Tocamientos durante la despedida

Cuando la agente se disponía a abandonar el local y empezó a despedirse de sus compañeros, el comportamiento del policía se habría intensificado. En ese momento, según consta en la denuncia, volvió a hacer comentarios sobre su cuerpo, con referencias a su trasero y a sus pechos. Entre las frases atribuidas al detenido figuran expresiones como “sus tetas eran muy pequeñas para su gusto”, pronunciadas justo antes de que estirara el brazo y le apretara uno de los pechos sin su consentimiento.

La situación no pasó desapercibida para quienes se encontraban en ese momento en el pub. Un compañero presenció el gesto y se encaró con el presunto agresor, recriminándole lo ocurrido. La tensión llegó a tal punto que un tercer policía tuvo que intervenir para separarlos. Además, otros asistentes fueron testigos de la escena y, según recoge la información publicada, alguno de ellos trasladó a la agente que no era la primera vez que aquel compañero se comportaba de ese modo con chicas en prácticas destinadas temporalmente en el grupo.

En el relato de los hechos también se incluyen comentarios previos que habrían creado un ambiente de incomodidad sostenida. La denuncia recoge frases de contenido explícito dirigidas a la agente, como “ahora que no tienes pareja, tú lo que tienes que hacer es follar mucho, que estás muy buena” o una propuesta en la que el policía le ofrecía mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. La joven rechazó esas insinuaciones, pero el episodio del tocamiento se produjo a pesar de esa negativa expresa.

Mensajes de disculpa

Al día siguiente de los hechos, el agente acusado intentó ponerse en contacto con la denunciante por teléfono. Al no conseguirlo, le envió varios mensajes de WhatsApp en los que le pedía disculpas y reconocía lo sucedido, según consta en la documentación incorporada a la causa. En esos mensajes, siempre de acuerdo con las fuentes citadas, el policía expresaba su arrepentimiento por su comportamiento, un elemento que ha sido incorporado a la investigación como posible prueba.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer que conoció de los hechos acordó dejar al agente en libertad con cargos, una decisión que implica que la investigación continúa abierta mientras se practican diligencias y se valoran las pruebas aportadas por ambas partes. Por el momento no se ha dictado una orden de alejamiento, una medida que en otros casos se adopta para proteger a la víctima durante la instrucción, aunque su imposición depende de la valoración judicial del riesgo y de las circunstancias concretas.

Documentación médica a la que ha accedido elDiario.es muestra cómo las trabajadoras domésticas fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalan además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

Las mujeres también han descrito procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos.

Rebeca, nombre ficticio de la exempleada, relata: “Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”. Carolina -nombre que también oculta la verdadera identidad de la exempleada- confirma por su parte: “Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”. En ese sentido, Carolina asegura que nunca había pasado por un examen médico similar en otras mansiones, aunque sí controles de drogas y VIH para ser contratada en otra villa.

Pruebas médicas “discriminatorias”

El medio español también explica en su investigación que los controles médicos no se realizaban antes de la contratación, sino durante el periodo laboral. Ninguna de las mujeres pagó por las pruebas y todas fueron atendidas por el mismo médico. Las mujeres también cuentan que, aunque nadie les dijo explícitamente que esas pruebas eran obligatorias, entendieron que formaba parte de trabajar en la villa: “No dijeron exactamente la palabra obligatoria, pero si estábamos trabajando allí… Nadie dijo que no. Eso era todo así en la casa”, añade Rebeca.

Sobre este asunto, fuentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explican que estas pruebas médicas son discriminatorias. “Las pruebas ginecológicas y los test de embarazo sin motivo suponen discriminación por razón de sexo tanto en la contratación como en el periodo de trabajo, pues solo se hacen a las mujeres”, han afirmado, según relata la investigación. Además, la legislación dominicana sanciona a los empleadores que realicen pruebas de VIH a sus trabajadores.

Las presuntas víctimas de abusos sexuales, que han contado con el respaldo de la organización internacional Women’s Link para denunciar el caso, permanecieron en silencio durante años debido al temor y la presión que genera la figura pública y el poder del cantante. Sin embargo, aclaran que han decidido hacer públicos sus relatos y denunciar con el objetivo de animar a hablar a otras víctimas de Iglesias. “Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona, de Julio Iglesias, a que hablen y que crean en la justicia. Que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más. Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años”, aseguran.

Impacto en el ámbito político

El escándalo generado por las denuncias de abusos sexuales contra el cantante ha tenido un fuerte impacto no solo en la opinión pública, sino también en el ámbito institucional, de forma que el Gobierno de España analiza la posibilidad de retirar al cantante la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los mayores reconocimientos culturales del país.

El caso también ha tenido repercusiones en el ámbito político con diferentes reacciones de los partidos. Mientras algunas formaciones de izquierda como Más Madrid han expresado su “condena rotunda y apoyo inmediato a las víctimas” y que se le retiren los honores concedidos al cantante, tanto el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (ambos del Partido Popular), descartan retirarle los títulos institucionales.

“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”, ha indicado Ayuso en la red social X tras la petición de Más Madrid de retirarle la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, que le fue concedida en 2018. Por su parte, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha pedido a la dirigente madrileña que “se ubique”: “Mezcla frívolamente temas muy serios y cuestiones que no son comparables. Creo que lo único que pretende es un protagonismo que, en este caso, tienen que tener las víctimas”, ha señalado la ministra.

La violencia machista no cesa. 2025 terminó con 47 mujeres y tres menores de edad asesinados y, en apenas dos semanas de lo que llevamos de 2026, ya han sido confirmados cuatro crímenes machistas, además de que una mujer que fue agredida por su pareja el pasado 8 de enero en Calella, Barcelona, se encuentra en muerte cerebral. El último crimen es el de una mujer de 78 años en Badajoz a manos de su pareja, un hombre de 81 años que le propinó una brutal paliza. Con la confirmación de este caso, los feminicidios asciende a cuatro este año y a un total de 1.346 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar estos datos.

Este martes el Ministerio de Igualdad tuvo que rectificar y elevar de 46 a 47 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2025, al confirmar el crimen de una mujer de 27 años a manos de su pareja en las Islas Baleares el pasado 3 de febrero.

Además de la mujer de 78 años asesinada en Badajoz, las otras víctimas mortales de este año eran María Isabel, de 58 años y madre de tres hijos, que fue asesinada por su marido, un hombre de 60 años, en Olvera (Cádiz); Czarina, de 43 años y madre de cinco hijos -dos de ellos menores-, a quien asesinó su marido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que a Pilar, de 38 años, fue su expareja, un hombre de 61 años, quien la mató en Quesada, Jaén.

Pero además de los feminicidios, que son sin duda la expresión más extrema de la violencia de género y suponen una de las vulneraciones más graves de derechos humanos, existen otras muchas formas de maltrato y abuso que tratan igualmente de controlar, amedrentar, acosar y humillar a las mujeres, como son la violencia psicológica, la física, la sexual o la económica. Por ello, explica a Infobae España la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja, combatir la violencia machista exige un enfoque integral, lo que incluye “aumentar los recursos públicos” destinados a la protección de las víctimas, mediante el fortalecimiento de la red de refugios, la mejora de la atención psicológica y jurídica, la garantía de medidas de seguridad eficaces y la respuesta ágil de los servicios sociales y policiales.

Pero también resulta imprescindible "invertir en educación en igualdad desde la infancia" para prevenir la reproducción de patrones de discriminación y violencia. Y es que, aunque existen programas que promueven la igualdad de género en las aulas, su aplicación no es uniforme en todo el territorio y muchas veces depende de la voluntad de los centros educativos o de los recursos disponibles, por lo que este sigue siendo uno de los grandes retos en España.

La persistencia, además, de estereotipos y roles tradicionales tanto en el entorno escolar como en el familiar dificulta la transmisión de valores igualitarios. Garantizar una educación en igualdad real y efectiva requiere un compromiso sostenido de las instituciones, la formación del profesorado y la implicación de toda la comunidad educativa.

“Hay que tener claro que la causa de la violencia de género es la desigualdad entre hombres y mujeres, y es el machismo imperante en nuestra sociedad. Hasta que no empecemos a educar en igualdad desde la más temprana infancia en resolución pacífica de conflictos, en relaciones afectivas saludables, y acabemos de verdad con todos los roles y estereotipos de género que seguimos viendo a diario tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación, tendremos los mismos resultados”, advierte Zorrilla Pantoja.

Implicar al entorno de las víctimas y aplicar perspectiva de género

La especialista en violencia de género también destaca la necesidad de atender los casos que aún permanecen ocultos, promoviendo “una cultura de identificación de las situaciones de violencia de género, tanto por las víctimas y su entorno, como por todos los operadores que intervienen” en la materia. “Sería importante implicar al entorno de las víctimas con campañas de sensibilización y con formación, ayudándoles a entender cuáles son las señales de alarma y dándoles estrategias y caminos sobre formas de proceder, sobre cómo ayudar a las mujeres”.

Remarca, asimismo, la importancia de reforzar la atención psicológica y social para mujeres y menores, con apoyos continuos y suficientes recursos, porque, “aunque los equipos están integrados por profesionales especializadas, la alta demanda provoca listas de espera y una frecuencia de atención insuficiente, lo que dificulta la reparación del daño y aumenta el riesgo de que los problemas se cronifiquen”.

Por otro lado, para la especialista también es clave que policías, jueces y fiscales apliquen la perspectiva de género en su trabajo, así como que las instituciones refuercen la formación de estos profesionales para mejorar la respuesta frente a la violencia machista.

Más desafíos

Otros de los retos que quedan pendientes es la aprobación de una ley específica sobre violencia económica, destinada a facilitar a las mujeres el acceso a un empleo digno y a una vivienda segura. Y otro debate que podría centrar la atención política este 2026 es el de la abolición de la prostitución, una cuestión prioritaria para el PSOE que, sin embargo, enfrenta grandes obstáculos, ya que esa ley no figura en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que dificulta su avance en un Parlamento muy dividido.

Avances y polémicas en 2025

Pese a que la violencia machista sigue sin dar tregua, también cabe destacar que en 2025 hubo avances importantes con la puesta en marcha de nuevas medidas. El renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género amplió el foco al reconocer la violencia económica y digital como formas de violencia machista, mientras que los juzgados de violencia sobre la mujer asumieron más competencias “para ofrecer una atención judicial más cercana y con enfoque de género”, aunque los jueces especializados alertaron sobre la sobrecarga que enfrentan estos órganos desde hace años.

El Gobierno, además, presentó un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria enfocado en proteger a los hijos e hijas usados como instrumento de maltrato hacia las mujeres.

El 2025 también estuvo marcado por la polémica de los fallos técnicos en las pulseras antimaltrato. La Fiscalía reportó en su memoria anual deficiencias en el sistema Cometa -gestionado por Vodafone y Securitas- que obstaculizaron durante meses el acceso de los juzgados a los movimientos de los agresores. Esta situación, según explicó el Ministerio Público, provocó numerosos sobreseimientos y absoluciones por incumplimientos de órdenes de alejamiento. Posteriormente, la Fiscalía aclaró que las víctimas no quedaron desprotegidas y que los casos se referían solo a supuestos de incumplimiento de órdenes de alejamiento y no a los procedimientos de violencia de género en sí.

El escándalo de estos dispositivos desató un terremoto político que acabó con la reprobación de la ministra Redondo en el Congreso, quien, pese a los fallos, sostuvo que la seguridad de las víctimas no estuvo comprometida.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha anunciado que este año investigará la gestión de las pulseras antimaltrato, al igual que también examinará las ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinadas al servicio de teleasistencia para víctimas de violencia de género (Atempro) y la apertura de centros de crisis de violencia sexual, que abrieron con casi dos años de retraso.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recibió el pasado 7 de enero en su despacho a la mujer que en diciembre denunció al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales cometidas, según su relato, cuando ella era menor de edad. El encuentro, que no figuraba en la agenda oficial de la ministra, fue confirmado por fuentes del propio Ministerio y se produjo a iniciativa de Igualdad, con el objetivo de escuchar de primera mano el testimonio de la denunciante, identificada públicamente con el nombre ficticio de Ariadna.

La reunión se enmarca en un caso que ha sacudido el debate público por la gravedad de las acusaciones y por la figura del señalado, una de las personalidades más relevantes de la historia política reciente de España. Ariadna, que hoy tiene 60 años, sostiene que sufrió abusos y agresiones sexuales continuadas entre 1982 y 1985, cuando tenía entre 17 y 20 años, y cuando Suárez, entonces líder del Centro Democrático y Social (CDS) y expresidente del Gobierno, rondaba los 50. Suárez falleció en 2014, lo que, junto con la prescripción de los hechos, limita el recorrido penal de la denuncia, ya remitida a un juzgado de Madrid tras su presentación ante la UFAM de la Policía Nacional.

En declaraciones a RTVE, Ariadna se mostró agradecida por el gesto de Redondo y destacó el tono del encuentro. La ministra, explicó, se mostró “muy cercana y amable” y quiso conocer “de primera mano” un relato que se remonta a la década de los ochenta. Desde el Ministerio de Igualdad no se han ofrecido detalles sobre el contenido de la conversación, pero la denunciante ha asegurado que salió de la cita con la sensación de que el Gobierno da “credibilidad total” a los hechos que ella atribuye al antiguo líder de la UCD.

Una denuncia en busca de reparación

La denuncia presentada en diciembre describe con detalle una serie de episodios que, según Ariadna, comenzaron tras un primer contacto con Suárez en noviembre de 1982. Entonces, siendo todavía menor, le escribió una carta al despacho del expresidente pidiéndole orientación académica para “ayudar a mi país y a mi gente”. Al día siguiente recibió una llamada de un secretario que la citó en el despacho profesional de Suárez. A partir de ahí, según su relato, se sucedieron encuentros que derivaron en una relación marcada por el abuso de poder, la intimidación y las agresiones sexuales.

El primer episodio de agresión que relata ocurrió el 4 de marzo de 1983, cuando, según la denuncia, Suárez se abalanzó sobre ella en un sofá de su despacho, la besó sin consentimiento y la manoseó antes de obligarla a practicarle una felación. Ariadna explica que quedó “totalmente bloqueada” y que no supo poner nombre a lo ocurrido hasta muchos años después, cuando una psicóloga le explicó que había sufrido una violación siendo menor de edad y que su falta de reacción era una respuesta al abuso de superioridad y al entorno intimidante.

La mujer incluye en su denuncia otros episodios a lo largo de 1983 y 1984, siempre en el despacho profesional de Suárez y, en una ocasión, en su domicilio particular. Describe encuentros en los que, según afirma, fue sometida a tocamientos, a prácticas sexuales no consentidas y a intentos de penetración. En agosto de 1984, ya en la casa del expresidente, relata que le pidió que no continuara porque le hacía daño. A finales de 1985, agotada, le escribió una carta pidiéndole que la dejara en paz. Poco después, según consta en la denuncia, Suárez le envió un tarjetón manuscrito en el que decía no aceptar “mi renuncia” y llegó a personarse frente al portal de la vivienda familiar.

Ariadna sostiene que durante años vivió con miedo a represalias y con la imposibilidad de explicar a su entorno lo que estaba ocurriendo. No fue hasta 2002, tras una depresión, cuando inició terapia psicológica y empezó a verbalizar lo sucedido. Un año después, por recomendación de su psicóloga, escribió una carta a Suárez en la que describía el impacto de aquellos hechos en su vida y le pedía explicaciones. La misiva, fechada el 29 de julio de 2003, nunca obtuvo respuesta.

Reticencias al cambio de nombre del aeropuerto

Consciente de que el proceso judicial tiene un recorrido limitado, Ariadna ha centrado sus expectativas en una reparación de carácter político y simbólico. Entre sus principales reclamaciones figura la retirada de honores al expresidente y, en particular, el cambio de nombre del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mujer considera que ver el nombre de quien señala como su agresor asociado a uno de los principales símbolos públicos del país, así como su presencia constante en series, homenajes e imágenes oficiales, ha reactivado su trauma.

“Fue morir y ponerle el nombre al aeropuerto, hacerle un héroe nacional, encontrarme imágenes por todas partes y ahora la serie… ya no puedo más”, explicó en conversación con elDiario.es. Tras su reunión con Redondo, Ariadna ha expresado que percibe al Gobierno “reacio” a revisar este tipo de reconocimientos, aunque aspira al menos a algún gesto simbólico. “Me conformo con una nota de prensa o una comunicación en el Consejo de Ministros”, ha reclamado.

Redondo se ha comprometido, según la denunciante, a seguir pendiente del caso y le ha trasladado que tiene “las puertas abiertas” en el Ministerio de Igualdad. La reunión del 7 de enero, celebrada con discreción y fuera de la agenda pública, supone hasta ahora el gesto más explícito del Ejecutivo hacia una mujer que, más de cuatro décadas después de los hechos que relata, ha decidido hacer pública su historia en busca de reconocimiento y reparación institucional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde comienzos de enero una denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos mujeres que trabajaron para él en 2021 y que lo acusan de delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de los derechos laborales. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, sitúa los hechos en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas y atribuye al artista un papel central en un presunto sistema de explotación, control y abuso ejercido sobre sus empleadas.

La denuncia fue registrada el pasado 5 de enero y ha dado lugar a la apertura de diligencias de investigación penal preprocesales bajo secreto. Fuentes fiscales han confirmado que el Ministerio Público está analizando los hechos y la competencia de la Audiencia Nacional para asumir el caso, dado que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, pero el denunciado es ciudadano español. La legislación española permite investigar estos hechos cuando concurren determinados requisitos, entre ellos que los delitos sean también punibles en los países donde se produjeron y que exista una denuncia formal, como ocurre en este caso.

Las dos denunciantes, que han sido identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su identidad, han decidido acudir a la justicia española tras la publicación este martes de una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias. En ese trabajo periodístico relataron haber sufrido agresiones sexuales, humillaciones y un régimen de control constante mientras trabajaban como empleada del hogar y fisioterapeuta personal del cantante, respectivamente.

Ambas aseguran que entre enero y octubre de 2021 vivieron en un entorno marcado por la intimidación, la dependencia económica y el aislamiento, y que fueron presionadas de manera reiterada para mantener encuentros sexuales con Iglesias. Describen penetraciones no consentidas, tocamientos, bofetadas, insultos y vejaciones físicas y verbales, así como la presencia de otras personas del entorno del cantante durante algunos de esos episodios, lo que incrementaba la sensación de coacción.

Delitos de trata y explotación

El escrito presentado ante la Fiscalía sostiene que los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes. Las abogadas que representan a las mujeres argumentan que concurren los elementos típicos de este delito: la captación, el traslado y el alojamiento de las trabajadoras en los domicilios del empleador, el aislamiento, el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad, así como la finalidad de explotación laboral y sexual.

Julio Iglesias es señalado como autor principal, pero la denuncia también incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. Según las letradas, estas mujeres habrían participado en la captación de las trabajadoras y en la imposición de las condiciones en las que vivían y trabajaban, lo que permite hablar de una actuación conjunta y concertada con un reparto de tareas dentro de una organización orientada a la trata.

El documento subraya la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las denunciantes y el contexto de los países de los que proceden, elementos que, a juicio de la acusación, son claves para entender la relación de poder y la dependencia económica que las mantenía ligadas a su empleo en las villas del cantante.

Agresiones, acoso y lesiones

Además del delito de trata, la denuncia atribuye a Iglesias varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales conforme al Código Penal vigente en 2021, antes de la entrada en vigor de la ley de libertad sexual. En ese marco legal, las agresiones sexuales requerían violencia o intimidación, que podía ser también de carácter ambiental, es decir, una atmósfera de miedo o coacción que anulase la capacidad de resistencia de la víctima.

En el caso de una de las mujeres, las abogadas describen distintas agresiones sexuales, con y sin penetración, en un contexto de intimidación ambiental reforzado por la presencia de dos superiores jerárquicos en la habitación. En el de la otra, identifican una agresión sexual cometida aprovechándose de la superioridad del denunciado. También se solicita que se tengan en cuenta agravantes como el carácter degradante y vejatorio de la violencia, la especial vulnerabilidad de las víctimas, la posición de superioridad del artista y la participación de varios autores.

La denuncia recoge igualmente conductas que podrían constituir acoso sexual sistemático desde el inicio de la relación laboral, con propuestas de favores sexuales y comentarios humillantes de índole sexual. A ello se añaden dos posibles delitos de lesiones contra una de las mujeres, que afirma haber sido sujetada por el cabello y zarandeada en presencia de otras trabajadoras, además de sufrir actos sexuales no consentidos que le provocaron moretones y mordeduras visibles.

En el ámbito laboral, el escrito señala presuntas vulneraciones reiteradas de la normativa en materia de trabajo y seguridad social, como la ausencia de contrato, la imposición de condiciones irregulares, la falta de descansos y situaciones que afectaban a la intimidad y dignidad de las empleadas. En uno de los casos, se añade la contratación sin el permiso de trabajo adecuado.

Petición de medidas de protección

Las dos mujeres han interpuesto la denuncia con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que ha solicitado a la Fiscalía medidas urgentes de protección para las víctimas. Las abogadas piden que se preserve su identidad y la de sus familiares debido a su especial vulnerabilidad y a la posición de influencia y poder del denunciado, al que atribuyen una considerable capacidad para tomar represalias o intimidarlas. También reclaman que se evite cualquier contacto entre las denunciantes y los sospechosos, ante el temor de presiones o amenazas destinadas a que desistan de sus acciones judiciales.

En declaraciones a elDiario.es, Rebeca explica que su objetivo es que lo ocurrido no quede impune y que el cantante no pueda seguir actuando de la misma manera. Laura, por su parte, afirma que quiere que su voz sirva para que otras posibles víctimas se animen a hablar y confíen en la justicia, y para denunciar el maltrato físico, psicológico y sexual que, según sostiene, sufrieron varias trabajadoras en esas casas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra ahora en una fase muy preliminar de análisis, en la que debe valorar el relato de los hechos, la legitimidad de las denunciantes y su propia competencia para investigar, teniendo en cuenta el lugar de comisión de los presuntos delitos y la nacionalidad de las partes implicadas. Las diligencias se mantienen bajo secreto.

Tanto elDiario.es como Univision han intentado recabar la versión de Julio Iglesias y de las dos encargadas señaladas en la denuncia. El cantante no ha respondido a ninguno de los intentos de contacto. Una de las responsables de las casas tampoco ha contestado, mientras que la otra se ha limitado a señalar que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.