La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

La detención ocurrió después de que las autoridades determinaran que María Cristina fue víctima de una muerte violenta.

María Cristina murió por asfixia, determinan forenses

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, María Cristina Muñoz fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en una vivienda relacionada con Jorge “N”, en el puerto de Veracruz.

Tras el hallazgo, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Díaz Mirón, donde personal médico determinó que había llegado sin signos vitales.

La investigación continuó con los estudios correspondientes para establecer las causas de la muerte. Los resultados emitidos por médicos forenses determinaron que María Cristina falleció como consecuencia de una asfixia.

Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio.

El señalado acudió este lunes a la audiencia inicial en la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Ortiz Rubio del puerto de Veracruz, donde un juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada.

La medida permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal correspondiente.

La Ciudad Judicial se encuentra a pocos metros del departamento ubicado en la calle Alvarado, en su cruce con Jiménez Sur, inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados por las autoridades.

María Cristina era economista y egresada de la Universidad Cristóbal Colón, institución educativa del puerto de Veracruz.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Colectiva convoca a protesta por justicia para María Cristina

Tras la detención de Jorge “N”, la colectiva feminista Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por el caso de María Cristina.

La organización llamó a solidarizarse con la víctima y su familia este jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas.

A través de su convocatoria, la colectiva señaló que la movilización tiene como propósito acompañar a los familiares de María Cristina y exigir que el caso se conduzca con apego a la ley, la verdad y la justicia.

El llamado ocurre mientras el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la Fiscalía de Veracruz continúa con las diligencias para integrar la investigación.

El caso de María Cristina se suma a las investigaciones por muertes violentas de mujeres en la entidad, aunque corresponderá a las autoridades judiciales determinar, conforme avance el procedimiento, la responsabilidad penal de Jorge “N”.

Por ahora, el acusado permanece privado de la libertad como resultado de la medida cautelar dictada durante la audiencia inicial, mientras continúa el proceso por el delito de feminicidio.

Más de 20 instituciones públicas, organizaciones civiles y organismos internacionales revisaron medidas para ampliar la atención, mejorar el análisis de la violencia y reforzar la protección de mujeres, adolescentes y niñas en República Dominicana, según un reporte del Poder Judicial dominicano.

El encuentro correspondió a una reunión ordinaria del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. Las entidades evaluaron avances en la respuesta ante emergencias, la cobertura territorial de los servicios, la producción de datos, la protección social y la actualización del marco normativo.

Participaron la viceministra de Interior y Policía, Chandrai Estévez Zorilla; la viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Paula Disla; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez; y la directora general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Mildred Martínez Mejía.

También asistió la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de la Policía Nacional, la general Yanet Jiménez Cabral, junto con representantes de las instituciones que integran el Gabinete.

El 9-1-1 y la Línea 212 cruzarán información sobre denuncias y asistencias

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 expuso los resultados de su articulación con la Línea de Emergencia 212 del Ministerio de la Mujer. El mecanismo busca mejorar la coordinación en situaciones de violencia y adecuar las respuestas a las características de cada caso.

La integración incluye el intercambio de información y el cruce de registros de denuncias y asistencias. De acuerdo con lo presentado ante el Gabinete, esta herramienta permitirá identificar recurrencias y zonas con mayor concentración de casos de violencia contra las mujeres.

Los datos también podrán orientar la distribución de recursos públicos y respaldar decisiones sobre la ubicación y el alcance de los servicios de atención.

El programa PRISMA prevé comenzar en 2027 en tres provincias

El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (PRISMA), cuya puesta en marcha está prevista para 2027. La iniciativa contempla ampliar la cobertura territorial a través de asociaciones sin fines de lucro que cumplan requisitos técnicos y operativos.

La viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Rosa Mejía, explicó que estas organizaciones se incorporarán bajo protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión definidos por el Ministerio.

La primera etapa se concentrará en Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, provincias que aparecen con mayor intensidad de casos en el mapa de calor de la violencia. El objetivo es dirigir la capacidad de atención hacia los territorios con mayores necesidades.

Hacienda planteó desafíos en mortalidad materna y brechas de género

El Ministerio de Hacienda y Economía presentó la hoja de ruta del Consenso de Montevideo y los resultados expuestos por República Dominicana en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.

El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martín Francos Rodríguez, informó sobre avances en reducción de la pobreza, cobertura sanitaria, prevención del embarazo adolescente y de las uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social.

La exposición señaló pendientes en mortalidad materna, trabajo no remunerado, desigualdades territoriales y brechas de género. Entre las prioridades figura fortalecer la producción de información estadística y su uso en la planificación de las políticas públicas.

La Ley Mirabal busca un sistema integral de prevención y reparación

El Gabinete conoció además los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, presentado por la encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer, Melina Zaiz.

La propuesta busca establecer un marco que reúna la prevención, la atención, la protección, el acceso a la justicia, la sanción y la reparación ante la violencia contra las mujeres. El texto contempla derechos y garantías para las víctimas, obligaciones para las instituciones y la organización de un Sistema Nacional de Protección Integral.

El proceso incluye la revisión de las iniciativas legislativas existentes y su articulación con el Código Penal y el Código Procesal Penal, a partir de las modificaciones recientes. Según el reporte, hubo consultas con organismos públicos, integrantes del sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su novio en la localidad madrileña de Leganés. Se llamaba Cristina, no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra su agresor. Su cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado en la vivienda donde ambos convivían.

El hombre, de 35 años, ha sido detenido por la Policía Nacional en Alicante. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha explicado que el sábado, en torno a las 15:15 horas, el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta, con signos de violencia, en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 38 en 2026, nueve víctimas más que en el mismo período de 2025, según los datos oficiales. Por otro lado, el total de feminicidios se sitúa en 1.379 desde 2003, año en que comenzó el registro oficial de estos crímenes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo asesinato machista, además de trasladar su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a las instituciones, las administraciones y al conjunto de la sociedad a reforzar los esfuerzos para prevenir la violencia de género y evitar nuevas muertes.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, una mujer de 47 años hallada sin vida con aparentes signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en el distrito madrileño de Arganzuela. La autopsia deberá determinar la causa exacta del fallecimiento, mientras el Grupo VI de Homicidios investiga las circunstancias del suceso.

El aviso ha entrado a las 11.10 horas a través de la Sala CIMACC 091, después de que el hijo del arrestado, expareja de la mujer, comunicara que su padre le había telefoneado para asegurar que había cometido “un hecho grave” y que aguardaba la llegada de los agentes, según han informado fuentes policiales a EFE.

Los hechos han ocurrido en el número 30 de la calle Ferrocarril, donde residían el detenido, de nacionalidad española, y la víctima, de origen asiático. La relación entre ambos era la de exsuegro y exnuera, han confirmado la Policía Nacional y fuentes consultadas por Europa Press.

La investigación continúa abierta

Los primeros agentes que han llegado al piso han encontrado a la mujer tendida en el suelo, inconsciente y sin signos vitales. La Policía Municipal ha iniciado maniobras de reanimación antes de la llegada del personal sanitario, sin que fuera posible recuperar sus constantes.

Los sanitarios del Summa 112 han confirmado el fallecimiento y han apreciado síntomas compatibles con un posible estrangulamiento. El portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Luis Serrano, ha precisado a EFE que será el examen forense el que establezca la causa de la muerte.

La vivienda ha sido inspeccionada por el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica, encargado de recabar indicios en el inmueble. El Grupo VI de Homicidios ha asumido las pesquisas para reconstruir la secuencia de lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el conflicto pudo estar relacionado con la permanencia de la mujer en la vivienda. Esa hipótesis forma parte de una investigación todavía abierta y no ha sido confirmada oficialmente por los responsables policiales.

El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional a Europa Press.

016, atención a víctimas de violencia contra las mujeres

El 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es gratuito y confidencial, funciona las 24 horas y presta atención telefónica en 53 idiomas.

También están disponibles el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el chat en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el WhatsApp 600 000 016, exclusivo para mensajes. Los menores pueden contactar con el teléfono de la Fundación ANAR: 900 20 20 10.

Ante una emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional, en el 091, o a la Guardia Civil, en el 062. Si no es posible realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años de edad, fue hallada sin vida en Zapopan, Jalisco, dos días después que su familia la reportó como desaparecida, sumándose a los casos de feminicidio de jóvenes universitarias que se han registrado este año en el país.

La familia de la joven estudiante originaria de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo, así como Blanca Trujillo, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quien aseguró que desde que se reportó la desaparición de Karla Margarita se realizó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones.

“Cuando se tomó conocimiento el día 15 de septiembre por la noche de la desaparición de una joven de 22 años, el personal ministerial se puso a trabajar de forma inmediata en su búsqueda y localización.

“También nos apoyó Zapopan, incluso con su equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida de esta joven. Entonces, sí está confirmado que se trata de ella”, dijo la vicefiscal en conferencia de prensa.

Carlos Pérez, hermano de la joven, informó anoche a través de su cuenta de Facebook que su hermana falleció y agradeció a quienes le ayudaron a difundir la ficha de búsqueda de Karla.

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días", escribió en la red social.

En la misma publicación, Carlos dijo sentirse con el “corazón competamente destrozado” por el presunto asesinato de su hermana y aseguró que “esto no termina aquí, haciendo un llamado a combatir la crisis de desaparición de personas que a traviesa el país.

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más", concluyó.

Familia convoca a marcha para exigir justicia

Esta mañana, Carlos convocó “a toda la comunidad” a realizar hoy una marcha pacífica para exigir justicia por la desaparición y presunto asesinato de su hermana, al considerar isuficiente la actuación de las autoridades.

“Como hermano y familia directa de Karla, nos dirigimos a las autoridades y a toda la sociedad: ya no basta con que se pongan en contacto con nosotros, exigimos la investigación inmediata y la detención de los responsables. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a aceptar largas.

“Convocamos a toda la comunidad a unirse a nuestra marcha para respaldar nuestra exigencia de justicia y demostrar que Karla no está sola. Vamos a exigir respuestas y resultados hasta las últimas consecuencias”, puntualizó.

La marcha iniciará en la salida a León, en el semáforo frente al cementerio Gayosso, a las 17:00 horas de este jueves 17 de septiembre.

Mencionó que quienes deseen asistir deberán vestir prendas blancas o moradas, veladoras y pancartas.

“Ayúdanos compartiendo esta publicación para que nuestra voz se escuche con fuerza y las autoridades actúen de inmediato. #JusticiaParaKarla #HastaDarConLosResponsables #NiUnaMenos #ExigimosResultados”, se lee en la publicación.

Caso Karla Margarita Pérez

De acuerdo con las publicaciones que realizó Carlos desde que desaparició su hermana, Karla Margarita Pérez, fue vista con vida por última vez el 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Era originaria de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, dejó su hogar para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

El miedo a no ser creídas, la vergüenza, la posibilidad de afrontar un proceso judicial revictimizante o el temor al agresor son algunos de los motivos que dificultan que muchas víctimas denuncien la violencia sexual, unas barreras que pueden ser aún mayores cuando la acusación señala a una figura pública. A Laura y Rebeca, las mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por los presuntos abusos sufridos en 2021 en las residencias del artista en las Bahamas y República Dominicana, tampoco les ha resultado sencillo enfrentarse a ese desequilibrio de poder, pero han decidido seguir con su reclamo. A principios de este mes de septiembre presentaron una nueva querella en la Audiencia Nacional, después de que la primera denuncia fuera archivada en España por falta de jurisdicción, y la semana pasada sus representantes legales llevaron el caso ante seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas.

En esa comunicación presentada el 10 de septiembre a diferentes instancias de la ONU por Women’s Link, organización que asesora a Laura y Rebeca (nombres ficticios), advierten que España podría incumplir su deber de investigar los hechos denunciados, por lo que piden que se requiera información a las autoridades. Desde Women’s Link explican a Infobae que las dos vías legales, es decir, la querella y la comunicación urgente presentada a la ONU, pueden coexistir y avanzar de manera complementaria y simultánea.

“Con esta carta pedimos a los mandatos que soliciten a España información sobre cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, que recomienden medidas urgentes de protección para Rebeca, Laura, sus familias y los testigos, además de que se examine el caso desde una perspectiva de género interseccional. También se les ha pedido a estos mecanismos especiales que trasladen al Estado español una comunicación urgente que informe sobre todas las medidas que está tomando o tomará en relación con sus obligaciones de prevención, juzgamiento y reparación”, señala Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link.

La organización recuerda que no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado español en su respuesta ante la violencia de género. En 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que el país no actuó con la diligencia debida para proteger a Ángela González Carreño, una mujer que sufrió violencia machista durante años por parte de su marido, Felipe Rascón, quien terminó asesinando a la hija de ambos en 2003 para después suicidarse. Por otro lado, en octubre de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso T.V. por deficiencias en las primeras etapas de una investigación vinculada a explotación laboral.

“Insistimos en que España tiene la obligación de investigar los hechos que Rebeca y Laura han denunciado. Los sistemas de justicia deben ser congruentes, pues no basta con alentar a las mujeres a denunciar, sino que es necesario garantizar que, al hacerlo, puedan acceder a una investigación efectiva y a las medidas de protección que correspondan”, añade Ríos Cisnero.

Temor a represalias

El aspecto más urgente es la seguridad de las denunciantes, ya que ambas temen posibles represalias, señala la organización, que considera que la diferencia de poder, recursos, influencia pública y exposición mediática entre las partes “obliga a reforzar las garantías institucionales”. “Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia”, indica por su parte la abogada Estefanny Molina, directora adjunta de Women’s Link.

Entre las medidas solicitadas figura la anonimización de todos aquellos datos que puedan permitir la identificación, directa o indirecta, de las denunciantes, sus familiares y los testigos. También piden que se valore una prohibición de aproximación y de comunicación del querellado hacia las mujeres, ya sea de forma directa o a través de terceras personas.

Pese a los obstáculos, la organización confía en que el caso de Rebeca y Laura “se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones de justicia en España sí pueden honrar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales”. Esperan que la querella también sea admitida y estudiada de fondo.

“Sin duda, no ha sido un proceso fácil dado el acceso a recursos e influencia pública del querellado. Sin embargo, su caso es una oportunidad para las instituciones del Estado y la sociedad en general de acompañar a las mujeres que denuncian. Cuando existen importantes diferencias de recursos, influencia o exposición pública entre las partes, las instituciones tienen la responsabilidad de reforzar las medidas de protección para garantizar un acceso efectivo a la justicia, lo cual es especialmente relevante cuando las denunciantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, o provienen de contextos donde persisten falencias estructurales en los sistemas de justicia”, concluye la organización.

Ambiente marcado por el control y el acoso

La investigación periodística que permitió conocer los testimonios de Laura y Rebeca, publicada el pasado mes de enero, fue realizada por elDiario.es y Univision durante tres años. Las mujeres describieron un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, así como por comportamientos que calificaron de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados. Los hechos, según relataron, se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Documentación médica a la que accedieron estos medios también mostró cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las mujeres señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

La Universidad de Sevilla (US) anunció que reforzará los protocolos de colaboración con instituciones educativas extranjeras, entre ellas las mexicanas, luego del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada (UGR) que fue atacada en el municipio de Cuautla, estado de Morelos, en el centro de México.

La rectora de la US, Carmen Vargas, explicó que “siempre que pasa una cosa de estas hay que aprovechar para intentar mejorar y si se puede, dar más información y reforzar los protocolos”, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios tras un minuto de silencio convocado en distintas capitales de provincia andaluzas en memoria de la estudiante.

Universidades mexicanas, responsables de la seguridad de estudiantes extranjeros

Vargas remarcó que la institución receptora en México “se responsabiliza de acoger a los estudiantes y de darle la atención correspondiente”. Adelantó que el tema se abordará desde la sectorial de internacionalización de las universidades públicas andaluzas, con miras a ampliar la colaboración con centros mexicanos.

La UGR, por su parte, ya ofreció a otros estudiantes con movilidad programada hacia México la posibilidad de reubicar su destino académico, ante la preocupación generada por el caso.

“México tiene grandes universidades”: la postura de la rectora

Pese al hecho, Carmen Vargas defendió los vínculos académicos entre España y México:

• “México tiene grandes universidades, hay mucha movilidad internacional con centros de ese país”
• “También tenemos muchos mexicanos que vienen a nuestras universidades”
• El caso representa, en sus palabras, “un horror para la propia universidad” y, en lo personal, “una vida muy joven, truncada”

La rectora insistió en que no se debe “estigmatizar” a México, aunque reconoció que existen zonas del país que requieren mayor precaución que otras.

Recomendaciones para estudiantes en movilidad internacional

Según Vargas, a los estudiantes que viajan al extranjero se les recomienda de antemano:

• Usar el sentido común
• Evitar desplazarse solos
• Mantenerse informados sobre el entorno de su destino

No obstante, subrayó que “un accidente o una cuestión de este tipo puede pasar” en cualquier país, no exclusivamente en México.

El caso se suma a otros homicidios de estudiantes de la UGR en 2026

Cabe destacar que el homicidio de Claudia Tacoronte se suma a una serie de casos que han generado preocupación en la comunidad académica de la Universidad de Granada, luego de que cuatro estudiantes de esa institución fueran asesinadas durante 2026, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

Vargas cerró su mensaje solidarizándose con la UGR: “Lamentamos lo que ha pasado a nuestra universidad hermana de Granada como si hubiera sido a la Universidad de Sevilla; de hecho, le podría haber pasado a cualquier universidad andaluza, española o internacional”.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente por parte de autoridades mexicanas el estatus completo de la investigación sobre el homicidio de la estudiante en Morelos.

En la Universidad de Granada (UGR), donde Claudia, natural de Gran Canaria, cursaba el último curso de Educación Infantil, continúa la conmoción y el centro ha decidido cancelar la estancia de otras tres estudiantes españolas que hacían un Erasmus en Morelos, después de conocerse que en la misma universidad mexicana han sido asesinadas en siete meses otras tres alumnas.

Lara Tacoronte, hermana de la víctima, ha compartido a través de redes sociales un vídeo de repulsa por el asesinato de Claudia, en el que exige justicia por su crimen, que se investigue el caso y que “por favor, encuentren a ese tío”.

“Mi hermana tenía 21 años. Estaba estudiando en Granada Educación Infantil. Hace menos de un mes, tres semanas, se fue a México de intercambio. Y anoche alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo. Él fue detrás de ella. Le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, por lo visto. Sin ningún tipo de justificación ni excusa”, relata la joven.

Lara ha denunciado públicamente que nadie hubiese avisado previamente a su hermana de que en la misma universidad se habían producido ya otros tres asesinatos. No fue hasta que llegó allí cuando se enteró de lo sucedido. “Ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos”.

“Vivimos en una sociedad enferma”

La hermana de Claudia niega que estén recibiendo apoyo y acompañamiento por parte de las autoridades y administraciones. “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, ha explicado, más allá de las comunicaciones que han mantenido con respecto al papeleo.

Según el testimonio de Lara, además, tampoco han recibido información con respecto a las circunstancias del asesinato de su hermana, sino que se ha enterado a través de los medios de comunicación: “¿Qué necesidad tienes de apuñalar a alguien porque te da la gana? O sea, porque sí, porque no hay ningún motivo. Ella no hizo nada. Simplemente salió corriendo. Buscó ayuda y el tío fue a rematarla. Encima ese señor está por ahí suelto, en algún sitio de México, viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo".

“No tengo palabras, no sé que decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma llena de gente que es inhumana”, ha afirmado Lara. “De verdad que me parece increíble. ¿Tenemos que normalidad que se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Tenemos que normalizar que esto se algo común, que haya gente así, que tú vayas por la calle y de repente te puedan clavar un cuchillo y te mueras así?“.

La gobernadora de Morelos apunta a “avances significativos” en la investigación

Margarita González Saravia, gobernadora del estado mexicano de Morelos, ha señalado que se han realizado “avances significativos” en la investigación del asesinato de la estudiante y que “darán con el responsable” del crimen.

“Estamos en coordinación con la Fiscalía del estado de Morelos, pero también con el Consulado de España. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia. Como Gobierno del estado, nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y dar respuestas”, ha señalado en redes sociales.

El asesinato de Claudia se investiga como un posible feminicidio, por lo que Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, ha señalado que todas las actuaciones realizadas hasta el momento se han hecho con perspectiva de género. Por ahora, todas las líneas de investigación continúan abiertas, incluida la de un posible robo.

Un británico de unos 60 años ha admitido este lunes ante el Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester, que ha cometido más de 60 delitos sexuales contra su esposa, a quien, según la acusación, ha drogado y violado sin su consentimiento durante más de dos décadas en el domicilio que compartían en Stockport, en el noroeste de Inglaterra.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido para proteger la privacidad de la víctima, se ha declarado culpable de 45 cargos. Entre ellos, ha reconocido 16 violaciones, nueve agresiones sexuales con penetración y un delito por administrar una sustancia con intención delictiva. Los cargos que ha admitido han correspondido a hechos cometidos entre 2004 y 2025.

La confesión se ha sumado a otros 15 delitos sexuales que el acusado ya había admitido a comienzos de este año, durante una audiencia anterior. El caso ha involucrado además a otros 13 hombres: 12 acusados, de entre 28 y 74 años, quienes han negado delitos sexuales contra la misma mujer, mientras que un decimotercer implicado ya ha reconocido cargos de esta índole.

La acusación ha situado las agresiones en la vivienda del matrimonio

Los hechos se produjeron entre el 12 de noviembre de 2004 y el 25 de octubre de 2025 en la vivienda del matrimonio, ubicada en Stockport, dentro del área de Gran Mánchester. Según la Fiscalía, la mujer sufrió agresiones reiteradas mientras se encontraba inconsciente bajo los efectos de las sustancias que le suministraba su marido.

Durante la comparecencia, que se ha prolongado durante 18 minutos, el acusado ha roto a llorar en el banquillo mientras repetía la palabra “culpable” después de la lectura de cada cargo. Medios ingleses han informado que el juez Maurice Greene le ha permitido sentarse antes de que terminara el procedimiento.

La víctima, casada durante décadas con el acusado, ha seguido la audiencia desde la primera fila de la tribuna pública. Sus familiares la han acompañado y reconfortado durante la declaración. La corte no ha revelado el nombre del hombre, quien es originario de Stockport, para impedir que se identifique a su esposa, que ha optado por permanecer también en el anonimato.

12 acusados que afrontarán un juicio de varios meses

La admisión de culpabilidad del marido no ha cerrado el proceso. Otros 12 hombres, mayoritariamente británicos, han sido acusados de violar y agredir sexualmente a la misma víctima entre septiembre de 2018 y noviembre de 2025. Todos han negado los cargos y se espera que su juicio se celebre en el mismo tribunal durante los próximos meses. A diferencia de un decimotercer implicado, que ya ha reconocido los abusos.

La Fiscalía ha constituido un jurado para continuar con la causa contra los acusados que han rechazado las imputaciones, aunque el proceso contra ellos todavía no ha comenzado. El esposo, detenido en octubre del año pasado, ha quedado a la espera de que se dicte su condena una vez que finalice el juicio del resto.

El subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, ha afirmado que el objetivo de las autoridades ha sido “apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”. También ha señalado que la mujer ha continuado con apoyo especializado y ha pedido a quienes sospechen que han sufrido abusos sexuales facilitados con drogas que soliciten ayuda. “No se espera que comprendas exactamente lo que ha sucedido ni quiénes han estado involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo ha sucedido, por favor, repórtalo o pide ayuda”, ha indicado.

La violencia machista no entiende de edades ni contextos sociales. Así lo evidencia el último feminicidio de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) a manos de su cónyuge el pasado 11 de septiembre, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Igualdad. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que tras cometer el crimen, se suicidó, por lo que nunca podrá ser juzgado por los hechos. El hombre tenía 90 años.

Según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, fue la cuidadora del matrimonio quien encontró el viernes en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posible suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio con múltiples traumatismos. La víctima falleció en el hospital un día después.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 37 en 2026 y a 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Según los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, de 2019, las mujeres mayores muestran prevalencias de violencia más altas que las que tienen menos de 65 años, y acuden en menor medida a los servicios de ayuda disponibles. Por otro lado, el 54% de las mujeres de 65 años o más ha contado a su entorno la violencia machista sufrida frente al 81% de las mujeres de 16 a 64 años, lo que evidencia que lo ocultan en mayor medida que el resto, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Universidad de Granada (UGR) ha activado su protocolo internacional y ha contactado con la veintena de estudiantes Erasmus que cursan estudios en México tras el asesinato el pasado sábado de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El crimen ocurrió en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, a unos 130 kilómetros al sur de Ciudad de México y, según las primeras informaciones, fue asaltada.

La joven era natural de Gran Canaria y estudiaba cuarto de Educación Infantil en Granada. La UGR ha expresado su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y ha anunciado un minuto de silencio en su memoria. El homenaje tendrá lugar a las 11:00 en las puertas de todos los centros de trabajo de la institución.

“La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor. Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”, indica la UGR en un comunicado.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha calificado lo ocurrido como un “acto brutal” en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press y ha confiado en que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la Justicia. También ha explicado que la Universidad se ha comunicado con el Consulado y la Embajada de España en México para conocer las circunstancias del caso.

Asesinan a 10 mujeres al día

Por su parte, la UAEM ha informado que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes para mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia de la estudiante, a través de la Universidad de Granada y de las autoridades consulares españolas. La institución también ha reclamado a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género.

El fiscal general de ese Estado, Fernando Blumenkron Escobar, ha explicado que se realizan ya las diligencias para esclarecer lo ocurrido, bajo el protocolo de feminicidio, y para identificar a la persona que habría participado en la agresión y determinar su posible vínculo con la víctima.

Según datos de organizaciones sociales del país, en México asesinan a diez mujeres al día. Durante el pasado mes de julio, la cifra de crímenes machistas ascendió a 380, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México ha sido asesinada en el estado de Morelos, en el centro del país. La Fiscalía investiga el caso como un posible crimen machista, según han informado este domingo autoridades locales.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Blumenkron ha explicado que tras obtener la confirmación del crimen, las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

No han trascendido los detalles de lo ocurrido

Blumenkron ha detallado a la prensa mexicana que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

La Universidad de Granada en shock

La Universidad de Granada (UGR) ha expresado este lunes su “más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de la estudiante. En un comunicado, el equipo de gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven “para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos” y ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus “más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de la joven en estos momentos de tan profundo dolor” y reitera la “necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” como “institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico”.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha subrayado que “es un día de profunda tristeza y también de mucha rabia institucional al haber conocido la tristísima noticia del asesinato por muerte violenta de nuestra estudiante Claudia Tacoronte en el estado de Morelos, en México”.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro hombres, de entre 44 y 53 años, acusados de participar presuntamente en agresiones sexuales contra la expareja de uno de ellos. El hombre de 51 años, expareja de la víctima, también fue arrestado por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

La investigación comenzó el 11 de agosto, cuando la mujer acudió a una comisaría para pedir asesoramiento por episodios de acoso, amenazas y agresiones sexuales que, según denunció, sufrió durante la relación, según informa la agencia EFE.

Tras recibir atención de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima formalizó la denuncia. Relató que su expareja la obligó en varias ocasiones, bajo amenazas y violencia física, a mantener relaciones sexuales con él, con el hermano de este y con dos amigos.

Según fuentes policiales, el principal investigado presuntamente grababa los encuentros con su teléfono móvil sin consentimiento de la mujer y la amenazaba con difundir las imágenes si se negaba a sus exigencias.

Los agentes localizaron primero a la expareja de la víctima, de 51 años, a quien atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Más tarde identificaron y detuvieron a los otros tres sospechosos, investigados por un presunto delito de agresión sexual.

Crecen los delitos contra la libertad sexual en 2026

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2026, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 1,1% sobre 2025, pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024).

Los delitos contra la libertad sexual con penetración han crecido en esos primeros tres meses del año un 3,8% respecto de 2025, un dato que coincide con una mayor disposición de las víctimas a denunciar tras años de campañas de concienciación y de menor tolerancia social frente a estas violencias, tal y como indica el informe de Interior. Las autoridades advierten que esa tendencia puede reflejar, al menos en parte, una reducción de la infradenuncia histórica en este tipo de delitos: más víctimas recurren a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ponen los casos en conocimiento de la Justicia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

(Con información de EFE)

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, han aceptado este jueves una condena de un año de prisión por pornografía infantil por un vídeo sexual grabado en Gran Canaria en 2023. En cambio, Raúl Asencio ha quedado absuelto.

El acuerdo, ya firme, se ha alcanzado entre las defensas y las acusaciones después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes —una de ellas tenía 16 años en ese momento— declararan durante el juicio que perdonaban a los cuatro futbolistas, según informa la agencia EFE.

Ese perdón ha dejado sin efecto la acusación contra Asencio por revelación de secretos, vinculada a la difusión del video a un tercero. También ha permitido que la Fiscalía aplicara una atenuante a los otros tres acusados por el delito de pornografía infantil.

Antes del pacto, el Ministerio Fiscal solicitaba penas de cuatro años y siete meses de prisión para Ruiz, Rodríguez y García, y de dos años y medio para Asencio.

Para tomar esa decisión, la magistrada Virginia Peña ha tenido en cuenta sus “circunstancias personales y sociales”, el hecho de carecer de antecedentes penales y “el esfuerzo que han hecho por reparar el daño causado”. Tanto la fiscal como la magistrada han explicado que son merecedores de esa suspensión en atención a lo que establece el Código Penal para las penas de cárcel inferiores a dos años.

Condenado por conducir alcoholizado

Esta misma semana, Asencio ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido el pasado mes de agosto conduciendo su vehículo, un Porsche, con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. La prueba de aire espirado arrojó un resultado de 0,90 mg/l, frente al límite legal de 0,25 mg/l.

El control se produjo el 16 de agosto en una zona de ocio del sur de Gran Canaria, dentro de un dispositivo rutinario de vigilancia. El jugador fue juzgado en un procedimiento rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana, que concluyó con una multa de 14.400 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

(Con información de EFE)

La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio desde Marruecos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

De esas 23 agresiones, según han informado fuentes fiscales a la agencia EFE, cinco de ellas han sido violaciones. Nueve de las víctimas de esas agresiones sexuales son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis.

Organizaciones humanitarias especializadas en infancia como Save the Children ya han advertido en varias ocasiones de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación.

Organizaciones vecinales se han encargado de proteger a mujeres y niñas

Aunque ya han sido reubicadas unas 400 menores en espacios provisionales, hasta el momento otras 300 niñas permanecían fuera del sistema de protección, según ha adelantado la Cadena Ser, aunque el Gobierno de la ciudad autónoma espera poder acogerlas este martes en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque no disponía de electricidad. En total, el sistema de protección de menores de Ceuta acoge a unos 1.500 niños.

Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible” acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta para “destensionar la situación” de la ciudad y porque “es la mejor manera de garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”, añadió la ministra durante su comparecencia. Ante esta situación, Rego reclama agilizar el traslado a la Península de 500 niñas de las 760 que, según estima el ministerio, aún permanecen en la ciudad.

Ante la falta de recursos oficiales, han sido varias las organizaciones vecinales que se han encargado de proteger a estas menores, convirtiendo campos de fútbol sala en campamentos improvisados para evitar que durmieran en el monte, con los riesgos que implica.

“Requiere la actuación ágil de la justicia”

Este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cifró en 21 las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta en este último mes, advirtió que se trata de “hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español”.

Redondo, que intervino en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis en Ceuta, explicó que el Centro de Crisis 24 horas destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata, gestionado por el gobierno de la ciudad autónoma, está acogiendo a nueve menores víctimas de agresión sexual en las 14 plazas residenciales de corta estancia de las que dispone.

(Con información de EFE)

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a dos personas en el distrito de Ciudad Lineal tras descubrir que una mujer había sido drogada y forzada a prostituirse en contra de su voluntad. El operativo se activó a las 6:00 de la mañana del pasado martes, 25 de agosto, cuando un hombre alertó a los agentes en la calle Veinticinco de Septiembre de que una amiga suya estaba retenida en un local de la zona.

La intervención se produjo tres días más tarde de que ella entrase al local, después de que la víctima lograra comunicarse con su amigo por teléfono y le pidiera ayuda, según ha podido saber Europa Press. La joven ha explicado que fue contratada como camarera, pero al llegar al establecimiento fue obligada a mantener relaciones sexuales con desconocidos.

Los agentes que acudieron al local descubrieron que la mujer estaba encerrada en una sala. En ese instante se encontraba recostada sobre una cama matrimonial que habían dispuesto los propietarios y presentaba signos de somnolencia y dificultades para hablar, indicios de que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Amenazas constantes durante tres días

Las autoridades han detallado que la joven presentaba un claro estado de pánico. Además, según ha declarado la propia víctima, estuvo privada de libertad y sometida a amenazas constantes. Los responsables de estas acciones son un hombre de 62 años y una mujer de 28.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica. De este modo, los detenidos, propietarios del local, enfrentan acusaciones de prostitución y trata de personas. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si existen más víctimas.

Cuáles son las penas por delitos de prostitución y trata de personas

Aunque el caso sigue bajo estudio policial y judicial, la prostitución y trata de personas son delitos tipificados en el sistema penal español. Concretamente, recogidos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se observan en el artículo 177 bis y en el 187.

El primero de ellos detalla la trata de seres humanos como la captación, transporte, traslado, retención o recepción de personas en territorio español, desde él, o en tránsito, empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de necesidad o vulnerabilidad. Su fin es la explotación (como la explotación sexual, laboral, mendicidad, extracción de órganos o matrimonios forzados). La pena general es de 5 a 8 años de prisión, imponiéndose la pena superior en grado si se pone en peligro la vida de la víctima, si esta es menor de edad o especialmente vulnerable, o si se actúa dentro de una organización criminal.

Mientras que con el artículo 187 se castiga a quien determine a otra persona a ejercer o mantenerse en la prostitución usando violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, vulnerabilidad o necesidad, con una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. También se sanciona con 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución ajena (aun con su consentimiento) si la víctima está en situación de vulnerabilidad o bajo condiciones gravosas o abusivas.

La Policía Nacional ha detenido esta semana a dos futbolistas de la cantera del RCD Mallorca por presuntamente grabar sin consentimiento las relaciones sexuales que uno de ellos mantuvo con una chica menor de edad en una vivienda en Palma.

Los hechos, por los que han sido acusados de un presunto delito de corrupción de menores, habrían ocurrido el pasado 14 de agosto en el inmueble de la capital balear en el que residen varios jóvenes vinculados al club deportivo, según ha adelantado este sábado el diario Última Hora.

La joven se percató de que uno de los detenidos estaba escondido en un armario

Según ha informado EFE, la víctima de las grabaciones no consentidas es menor de edad, pero mayor de 16 años. La joven habría decidido voluntariamente mantener relaciones sexuales con uno de los jugadores detenidos, por lo que se retiraron a una de las habitaciones del inmueble.

Allí, la chica se percató de que otro joven estaba escondido dentro de un armario y que estaba grabando el encuentro sexual sin su consentimiento, motivo por el que decidió denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional.

Tras la denuncia, los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) iniciaron las gestiones para localizar a los sospechosos. Los dos jóvenes involucrados en los hechos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores el jueves. El joven acusado de grabar el encuentro es menor de edad, por lo que su expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores, mientras que el otro futbolista, mayor de edad, pasó el jueves a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su puesta en libertad.

Según ha publicado el diario Última Hora en base a fuentes policiales, ahora se investiga si podría haber más jóvenes que hubiesen podido ser grabadas manteniendo relaciones sexuales con los sospechosos o con otros jóvenes de su entorno.

El RCD Mallorca expulsa a los dos jugadores

A raíz de conocerse los hechos, el RCD Mallorca ha emitido un comunicado en el que ha informado sobre la expulsión del club de los dos canteranos detenidos: “Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido”.

Tras finalizar el procedimiento correspondiente y después de haberse analizado “los hechos y las circunstancias concurrentes”, el club de fútbol decidió extinguir los contratos de ambos futbolistas, “por lo que han dejado de pertenecer a la entidad”.

“El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club”, concluye el comunicado.

*Con información de EFE

Los agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a un hombre de 60 años de nacionalidad italiana acusado del presunto asesinato de su pareja, una mujer de 47 años. Los hechos, según ha informado EFE, han ocurrido en la localidad de Isla Cristina, en la provincia de Huelva.

El cuerpo de la víctima, según fuentes de la investigación, ha sido encontrado en la playa Punta del Caimán. La mujer, de nacionalidad alemana, presentaba múltiples heridas de arma blanca. A las 08.50 horas, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer “inmóvil” y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios y agentes de la Policía Local, que hallaron a la mujer tirada en la vía pública y solamente pudieron confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. El instituto armado ha destacado que, por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.

De confirmarse la naturaleza machista del caso, se elevarían a 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, así como a 1.378 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos de forma conjunta. Además, también sería el undécimo caso de violencia de género en Andalucía este 2026, lo que la convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas del año.

Actualmente, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este crimen, tal y como ha informado a través de X la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE y Europa Press

“Aquí hay algo fundamental y es que socialmente todavía no somos conscientes del grado de impunidad que hay hacia los hombres que agreden sexualmente o hacia los hombres que reproducen la cultura de la violación. Uno de los ejes fundamentales de la cultura de la violación, es decir, de todo ese sistema que sostiene la violencia sexual, se fundamenta en algo clave, que es abrazar la impunidad”, señala a Infobae Bárbara Tardón, doctora en Estudios de Género e investigadora experta en violencias sexuales. La experta explica que, pese a los avances sociales y legislativos que se han producido en España en los últimos años en materia de igualdad, la cultura de la violación permanece arraigada desde hace siglos y es transversal. “Por eso esa naturalización de la violencia sexual y la impunidad permiten que se graben y difundan videos de contenido tan extremo y tan aberrante como este”, añade Tardón en referencia a la transmisión en directo que Alonso realizó en Kick, una plataforma de streaming. “Los agresores navegan en la impunidad”.

La escena, que se prolonga durante unos siete minutos, fue seguida por espectadores que comentaban la transmisión, muchos de ellos alentando el acoso, mientras que otros expresaban su rechazo a la actitud del streamer, que cuenta con más de 220.000 suscriptores en Youtube y 287.000 en Instagram. En el mismo vídeo lanza un comentario racista contra un hombre negro que se detiene para ayudar a la joven y les exige que dejen de grabar.

Esta, además, no es la primera vez que Alonso protagoniza vídeos en los que se hace referencia explícita a situaciones de violencia sexual contra mujeres. Él, por su parte, considera injustificadas las críticas que le han caído y las atribuye a una campaña de desprestigio impulsada por medios de comunicación y sectores progresistas.

En este contexto, Tardón subraya que el arraigo histórico y social de la violencia sexual exige respuestas a largo plazo y una mayor implicación de las administraciones públicas. “Esto requiere una inversión sostenida en prevención y sensibilización, así como en la lucha contra las ideas y prácticas que perpetúan la cultura de la violación”, indica, al tiempo que critica que en la actualidad haya partidos políticos ultraconservadores como Vox que siguen negando la violencia de género, pues dificultan el avance de políticas efectivas.

La sociedad ha cambiado y estos casos se denuncian

No obstante, “a pesar de los intentos del machismo y el patriarcado por abrirse camino”, recuerda la experta, la sociedad española ha experimentado un cambio profundo en las últimas dos décadas y casos de acoso sexual como el protagonizado por el streamer en Japón reciben numerosas críticas y denuncias públicas, algo que no sucedía en el pasado.

“Nuestra sociedad es diferente a la de hace veinte años gracias a las víctimas y a las supervivientes que los denuncian, gracias al movimiento feminista, gracias a una sociedad más concienciada y también a las comunicadoras que se hacen eco y denuncian lo que está pasando”, resume.

En esta misma línea se expresa la socióloga Carmen Ruiz Repullo, profesora en la Universidad de Granada, que considera que lo relevante de este tipo de casos es que ya no pasan desapercibidos, incluso cuando se intentan justificar como una broma. “Esas actitudes forman parte de la cultura de la masculinidad, pero cada vez más personas rechazan este tipo de conductas, porque se ha hecho mucha pedagogía feminista”, señala a este periódico.

La docente coincide en que uno de los principales avances ha sido visibilizar la cultura de la violación en sus manifestaciones cotidianas, como tratar a las mujeres como objetos disponibles, ignorando su consentimiento y deseo, y destaca que, frente a este modelo, hoy se promueve la ética del consentimiento, que sitúa la voluntad y el deseo de ambas partes en el centro de las relaciones. Para Ruiz Repullo, el progreso hacia la ética del consentimiento en España constituye uno de los logros más relevantes de los últimos años y sigue siendo una tarea fundamental en la lucha contra la violencia sexual.

En medio de la polémica por comentarios misóginos vertidos en un pódcast sobre las jugadoras del Cruz Azul Femenil, el activista Mauro Vargas Urías, sociólogo y fundador de la consultoría Umbrales, advierte que estas expresiones no son bromas, sino síntomas de una masculinidad frágil que se resiste a la presencia y éxito de las mujeres en el deporte profesional.

En entrevista con Infobae México, Vargas subrayó que este tipo de discursos no solo perpetúan la desigualdad, sino que representan un riesgo real para las nuevas generaciones.

“Este tipo de reacciones, pues son un, un síntoma muy clásico, muy común, digamos, de lo que se puede llamar esa masculinidad frágil. Esta idea de que existe un cierto sector de hombres que se siente amenazado porque las mujeres están ocupando espacios de prestigio social o de protagonismo, como lo es el fútbol profesional, en áreas que se consideraban muy masculinas, ¿no?”, sostuvo.

Sancionar el discurso misógino y la responsabilidad institucional

Vargas consideró que los comentarios vertidos en el pódcast no pueden minimizarse ni tratarse como travesuras.

Señaló que quienes los emiten son generadores de opinión con alcance masivo, conscientes de la influencia que ejercen sobre adolescentes varones y otros públicos.

Por ello, exigió sanciones claras y efectivas tanto a nivel legal como institucional, y demanda que las autoridades y clubes dejen de lado los comunicados ambiguos.

“Para mí sí son, eh, acreedores a una sanción, eh, efectiva. Las mujeres o estas jo-jóvenas, digamos, deportistas, no tienen por qué aguantar esto como parte del deporte, digamos, ¿no? Sino yo creo que tanto el club, eh, en este caso el Cruz Azul como Juvenil, DMX, este, tienen la obligación de actuar y proceder Legal o penalmente, ¿no? No, no solo con un comunicado tibio, sino con acciones concretas y contundentes”, comentó.

Vargas propone que los “influencers” y generadores de este tipo de contenido sean vetados de las instalaciones del club.

Además, sugiere que se impulsen campañas de educación y reeducación dirigidas tanto a jugadores como a aficionados, con el objetivo de transformar las lógicas machistas que aún predominan en el entorno futbolístico.

“Denuncias penales por violencia digital, en este caso, que se les vete el acceso a estos, entre comillas, influencers, a sus instalaciones y también, pues campañas que contrarresten, ¿no? Campañas de educación o de reeducación para los jugadores, para las, para los fans, los fanáticos del fútbol, para que eventualmente puedan transitar hacia ser al, hacia ser aliados y no solo cómplices silenciosos, pues, ¿no?”, señaló.

Masculinidad frágil: raíz de la resistencia y la ridiculización

El activista explicó que la hostilidad contra las mujeres en el deporte surge de una psicología masculina ligada al poder, el control y la dominación.

Para muchos, la llegada de las mujeres al fútbol profesional se percibe como una afrenta personal, lo que motiva la ridiculización y la sexualización de las deportistas como mecanismo de defensa.

Esta reacción, advirtió, está profundamente enraizada en la socialización de género y no es exclusiva del ámbito deportivo.

“Su autoestima con ma-masculina está como muy atada a las nociones de dominación, de control, de dominio, de poder y no soportan ver que una mujer, eh, esté cumpliendo con ese tipo de roles. Por, por eso necesitan rebajarla a, a roles de objeto sexual o de ama de casa, por ejemplo, ¿no?”, señaló.

Recalcó que este fenómeno se reproduce y amplifica cuando figuras públicas, lejos de cuestionarse, legitiman los modelos tradicionales de masculinidad y enseñan a los jóvenes que ser hombre implica despreciar y ridiculizar a las mujeres.

“Sus discursos no solo reflejan una mentalidad, pues retrógrada, sino que también amplifican y, y legitiman, eh, ante su audiencia, eh, sobre todo es-- adolescentes varones, estas lógicas de modelo de masculinidad tradicional, hegemónica o machista. Y entonces, pues bueno, a raíz de todo esto, están enseñando a estas nuevas generaciones que ser hombre implica, entre otras cosas, ridiculizar y despreciar a las mujeres.”

La banalización de la misoginia y el impacto en redes sociales

Vargas alertó sobre el peligro de disfrazar la misoginia como humor o simple chiste, ya que esta estrategia oculta el daño real que provocan los mensajes machistas.

La legitimación de estos discursos a través de plataformas digitales y pódcast multiplica su alcance y normaliza la violencia simbólica en la vida cotidiana.

“Creo que lo complejo es que este mensaje tiene consecuencias y que esto afecta. Y que hay una responsabilidad en quienes tienen el uso de un micrófono, ¿no?... cuando transgrede ciertas lógicas, pues afrontar también las consecuencias”.

El activista señaló que no basta con afirmar que solo “tres personas” escuchan estos programas, ya que nunca se sabe el verdadero alcance y el eco que pueden tener entre quienes buscan justificar actitudes discriminatorias.

“Ellos dicen como de: ‘Pero ni al caso, si a mí me ven como tres personas’. Y es como de: sí, pero pues nunca sabes quién te va a ver, ¿no?... siguen dando estas opiniones sin, sin creer en lo que realmente afecta.”

El pacto patriarcal y las justificaciones económicas

El discurso que intenta excusar la discriminación bajo argumentos de falta de consumo, menor audiencia o escaso patrocinio para el fútbol femenil, es, según Vargas, una trampa discursiva vinculada al pacto patriarcal.

Esta narrativa, que se propaga incluso entre jóvenes influencers, refuerza la idea de que el espacio deportivo es propiedad de los hombres y cualquier avance femenino es visto como una amenaza.

“Yo creo que históricamente a los hombres se nos ha enseñado que ser hombre es no ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí cualquier logro de las, de, de las mujeres en un, en el terreno masculino se vive como una afrenta personal. Y estas personas, estos jóvenes influencers, pues reproducen el mandato de que la hombría se demuestra humillando a lo femenino.”

Vargas insiste en que la verdadera masculinidad no se construye sobre la humillación de las mujeres, sino en el reconocimiento y celebración de su talento. Invita a los hombres a asumir una postura activa contra la misoginia, no solo absteniéndose de comentarios ofensivos, sino confrontando a quienes los propagan.

“Ser un hombre seguro de sí mismo, pues no, no requiere rebajar a nadie, ¿no? Al contrario, la verdadera masculinidad saludable o empática o positiva es aquella que celebra el talento ajeno, el talento de las mujeres, sin sentirse disminuido.”

Educación de género y la complicidad silenciosa

El problema, señala Vargas, no se soluciona solo en el ámbito doméstico. Aunque el ejemplo en casa es fundamental, los niños y jóvenes absorben modelos de conducta en la escuela, el trabajo y los medios de comunicación. Por ello, aboga por campañas educativas constantes y diversas que alcancen a toda la sociedad.

“Yo, yo, yo no me quedaría solamente también con lo que se puede hacer en la casa, que es importante... porque un papá que modela este tipo de actitudes, pues está dejando semillas de machismo en sus hijos, ¿no?... Pero luego también si encuentran... lo contrario en la escuela o en el ámbito público o con sus cares, pues también estos educan de alguna forma, ¿no? Entonces, las campañas y las acciones deben ser constantes y, y diversas también, pues, ¿no?”

Vargas hace hincapié en que el silencio de los hombres que se consideran “buenos” o “progresistas” fortalece la impunidad de quienes ejercen violencia. Sostiene que la complicidad pasiva es uno de los principales obstáculos para el cambio.

“El silencio de los hombres buenos, entre comillas, es el mejor aliado de esos hombres violentos, ¿no? Ese hombre que dice: ‘No, pues yo, yo no me meto’, pero, pero tampoco le pones un límite a nadie, ¿no?”

Crítica a la impunidad y a la respuesta institucional

Respecto al marco legal, Vargas reconoció que México cuenta con leyes suficientes para sancionar estas conductas, pero el problema, afirma, está en la falta de aplicación efectiva.

Denunció que las instituciones frecuentemente detienen los procesos de denuncia y que la impunidad se convierte en un obstáculo para la justicia.

“Yo creo que somos un país con un, un muy buen andamiaje legal o, o en el marco legal para proteger y procurar justicia, eh, en esta materia. El tema es que no siempre se ejerce de, de forma expedita ni adecuada... luego no ocurre de forma ni pronta ni, ni efectiva, ¿no? Entonces, por eso te hablaba hace rato de, de que hay en muchos varones indolencia, pero también impunidad.”

El activista sostuvo que, aunque la sanción es necesaria en casos graves, la vía más efectiva para erradicar la misoginia sigue siendo la educación, la sensibilización y la intervención proactiva.

“Yo soy de las personas que opta más que por la sanción, por mecanismos de educación, de reeducación, de sensibilización, de información, etcétera.

“Porque si podemos llegar a más hombres, con quienes podamos tocar fibras sensibles, pues a lo mejor por ahí está una veta de cambio más efectiva a que te sancionen por ser un hijo sano del patriarcado, como decimos, ¿no?”

La violencia simbólica en el fútbol: disciplinamiento y amenazas veladas

Vargas indicó que las burlas y ataques hacia las jugadoras no son solo expresiones de libertad de opinión, sino formas de disciplinamiento social que buscan desalentar su presencia y éxito en el fútbol.

Estas amenazas implícitas, afirmó, pretenden devolver a las mujeres a los roles tradicionales y reforzar la idea de que el fútbol es un “refugio” masculino, un “man cave” exclusivo.

“Yo creo que este tipo de expresiones que, que manifestaron, pues son amenazas encubiertas y una forma de disciplinamiento social dirigido a ellas, ¿no? Lo que ellos colocan está, está diciendo en el fondo que ustedes como mujeres transgreden un espacio que, que consideramos nuestro, el fútbol.”

Para Vargas, reducir a las mujeres a objetos sexuales o ridiculizarlas por errores en el campo es un acto de violencia simbólica que debe ser combatido, pues sus efectos trascienden la esfera deportiva y contribuyen a la crisis de violencia de género en el país.

“Lo que hacen es humillarlas y reducirlas a su valor, eh, sexual, pero de una forma estigmatizada, ¿no? Y eso, pues para mí no es libertad de expresión, sino más bien un llamado a la violencia que en un país como en-- como México, donde el feminicidio es, pues ya es una crisis, pues también tiene consecuencias reales.”

“Cada partido que juegan es un gol contra el machismo”

El activista insistió en que la igualdad sustantiva implica el acceso pleno de mujeres y hombres a los mismos derechos y oportunidades.

Hizo un llamado a que las jugadoras y niñas a no dejarse desalentar por los discursos violentos y a seguir ocupando los espacios deportivos, pues cada partido jugado representa una victoria simbólica contra el machismo.

“Esa, esa igualdad que, que digamos, nos-- que implica en un país democrático que todas, todos, todes podamos vivir nuestros derechos, ejercerlos, pero también acceder a todo tipo de oportunidades sin menoscabo de nada.

“Entonces, yo sí diría a las jóvenes jugadoras de cualquier disciplina, a las niñas que sueñan con ser futbolistas o atletas en cualquier orden, que no permitan que estos discursos las desalienten, ¿no?, ni las silencien.”

El deporte como espacio de transformación social

Por último, Vargas subrayó el potencial del deporte como agente de cambio, siempre que se incorporen valores de igualdad, empatía y diversidad.

Adviertió que la cultura de la competencia a toda costa y la exclusión de las mujeres perpetúan dinámicas regresivas, pero que una transformación en la educación y los valores puede convertir al fútbol en un campo de inclusión genuina.

“El deporte creo que puede ser un, un factor de cambio muy importante si logramos colocar valores genuinos de, de igualdad, de empo-- de empatía, de diversidad, etcétera, ¿no?”, concluyó.

El Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que el cambio de sexo no sirve para eludir el agravante de género tras una sentencia por la violencia. No obstante, la ley trans ya especifica que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género.

El Tribunal ha desestimado el recurso presentado por un hombre condenado por violencia de género, que argumentó que su reciente cambio registral de sexo invalidaba la condena. La sentencia, que se ha hecho pública este martes, marca un precedente sobre el alcance de los cambios de sexo en el Registro Civil en causas penales.

La causa se originó después de que D.R. (hombre) y M.J.E. (mujer) fueran condenados en junio de 2022 por el Juzgado de lo Penal N° 3 de Castellón. El fallo consideró probado que el 20 de abril de 2022, tras una situación de tensión en el domicilio de la ex pareja de D.R., ambos agredieron a la mujer y a la hija menor de ocho años de la expareja.

D.R. fue sentenciado a nueve meses y un día de prisión por violencia de género, además de otras sanciones como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y su hija por un año y un día. También se le impuso la privación del derecho a portar armas por dos años y la responsabilidad civil de pagar 350 euros a la expareja y 180 euros por las lesiones a la hija. Por su parte, M.J.E. fue condenada a un mes y quince días de multa por un delito leve de lesiones.

La Audiencia Provincial de Castellón confirmó la sentencia en junio de 2023 y impuso además el pago del 50% de las costas procesales a cada uno de los condenados, pero ambos acusados recurrieron ante el Tribunal Supremo.

Sus defensas alegaron que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, planteando cuestiones constitucionales para intentar revertir la condena. Pero, además, el hombre, que después de la condena tramitó y obtuvo el 1 de junio de 2023 el cambio registral de sexo ante el Registro Civil de Castellón, argumentó que ya no podía ser considerado autor de violencia de género, por tratarse actualmente de una mujer.

El cambio no es retroactivo

El Tribunal Supremo ha rechazado todos los argumentos. “No puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por delito correspondiente a la violencia de género, en los dos casos siguientes: a) Cuando los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, a tenor de sus datos registrales, en el momento de los hechos, pues el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. b) Cuando el cambio de sexo sea una operación registral civil previa al delito, llevada a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley”, recuerda en la sentencia.

Esto significa que la justicia mantiene la condena original, al considerar el género según figuraba en el registro civil en el momento de los hechos juzgados, sin admitir que una modificación posterior pueda afectar la calificación penal de lo ocurrido, ni en este caso, ni en ningún otro.

Aunque el Gobierno ha cifrado en 1.342 los menores no acompañados registrados hasta ahora en el sistema de acogida en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, las organizaciones sociales advierten que aún hay muchos más niños, niñas y adolescentes escondidos en zonas boscosas o en otros puntos de la ciudad autónoma, sin acceso a un lugar seguro ni a los recursos de protección que necesitan. Esa falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, asegura Save the Children, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, por lo que la organización reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

“En una crisis de estas dimensiones, las niñas y adolescentes pueden quedar especialmente invisibilizadas. No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata”, indica Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España, que destaca que las entidades que trabajan sobre el terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle “están alertando de la enorme situación de vulnerabilidad en la que se encuentran” estas menores.

Este viernes, de hecho, la Delegación del Gobierno confirmó que se han recibido casos de violaciones a menores marroquíes, hechos que ya investiga la Unidad de Atención a Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Organización vecinal al límite

En barrios ceutíes como Sidi Embarek, la urgencia ha llevado a los vecinos a tomar la iniciativa y buscar soluciones frente a la ausencia de recursos oficiales. Liderados por Abdellah Mustafa, presidente vecinal, la comunidad ha convertido un campo de fútbol sala en refugio improvisado para mujeres y niñas migrantes, en un intento por evitar que sigan pasando las noches en el monte. La situación, lejos de estabilizarse, se agrava cada día, según ha relatado Mustafa en declaraciones a El Faro de Ceuta, y ya son más de 300 personas las que acoge este espacio pensado como medida de emergencia, entre ellas también jóvenes y niños. La realidad que describe el presidente de la barriada es estremecedora, ya que asegura que muchas de las recién llegadas llegan en shock tras haber sufrido agresiones sexuales.

“Hay niñas que vienen violadas. He mandado a una chica con dos abogadas para denunciar que la habían violado en el monte”, ha señalado Mustafa a El Faro de Ceuta, al tiempo que explica que muchas no denuncian por el estado psicológico en el que llegan.

Además, según este medio local, la ayuda vecinal también empieza a mostrar señales de agotamiento después de llevar días donando mantas, comprando alimentos con sus propios recursos y organizando turnos de vigilancia para proteger a las mujeres durante la noche y el día, por lo que cada jornada resulta más difícil sostener la atención y garantizar la seguridad de quienes buscan resguardo, ante la magnitud de la emergencia y la falta de apoyo externo.

Atención especializada y apoyo psicosocial

Por ello, desde Save the Children insisten en que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de manera activa y urgente, incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección, y que todas sean derivadas a espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

A comienzos de la semana, la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, envió una carta a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, en la que ya alertaba sobre el “riesgo extremo” que enfrentan las mujeres migrantes ante posibles agresiones físicas, sexuales o situaciones de trata.

En el documento, el Gobierno central pidió al Ejecutivo ceutí que empleara los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para responder a la emergencia, y manifestó su disposición a colaborar de forma coordinada. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad mantiene contacto con el Instituto de las Mujeres de Ceuta, la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género, con el objetivo de buscar soluciones tras la llegada de este flujo migratorio.

Por el momento, esta crisis ha dejado al menos 141 fallecidos, según las estimaciones de la ONG Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.

Un hombre de 54 años ha sido detenido y puesto a disposición judicial por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia de género tras retener a su mujer en su casa en Vélez-Málaga (Málaga) y amenazar con quemar la vivienda. Aunque los hijos de la pareja consiguieron liberar a su madre, el hombre huyó del domicilio y fue localizado poco después.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del jueves, en la localidad malagueña de Almayate, cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso de que un hombre, en aparente estado de agitación, había rociado la vivienda con gasolina y amenazaba con prenderle fuego. Los testigos alertaron además de que su mujer se encontraba en el interior y que no le permitía salir.

Según fuentes cercanas a las que tuvo acceso el diario Sur, el individuo habría cerrado con llave las puertas del domicilio y atrancado las cerraduras para impedir que la mujer pudiera escapar. Cuando los dos hijos de la pareja llegaron a la vivienda, se encontraron con los accesos bloqueados y no pudieron entrar.

A pesar de las amenazas de su padre para que se marcharan, los jóvenes consiguieron forzar y romper una de las puertas del inmueble. De este modo, lograron entrar en la vivienda y liberar a su madre.

La Policía desplegó un dispositivo para localizar al sospechoso

Cuando llegaron las primeras dotaciones de la Policía Nacional, los agentes comprobaron que el sospechoso había huido del domicilio. Además, en el interior de la vivienda hallaron varios elementos impregnados de gasolina, entre ellos mantas y otros textiles, además de una caja de cerillas.

Ante la posibilidad de que el sospechoso permaneciera escondido en las inmediaciones, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona. Hasta el lugar fueron requeridos también los bomberos y más unidades policiales, mientras se acordonaba el área.

Finalmente, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) localizaron al hombre escondido en la buhardilla de una vivienda contigua. El individuo, de nacionalidad española y 54 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género. Además, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Vélez-Málaga este viernes. Por el momento, se desconoce la resolución judicial.

Según ha podido saber Diario Sur, la mujer llevaría años soportando un supuesto historial de maltrato continuado por parte del investigado. Además, la Policía Nacional ha señalado que el suceso no dejó daños personales.

36 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año

Los dos últimos crímenes machistas confirmados en Llanes (Asturias) y Murcia, junto al caso de Benahavís (Málaga), han elevado a 36 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026. Se trata del peor dato a estas alturas del año desde 2019, cuando el 7 de agosto ya se habían registrado 42 víctimas. En total, desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estas estadísticas, son 1.377 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que 26 menores han quedado huérfanos por esta violencia en lo que va de año.

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas y cualquier persona que conozca o sospeche de un caso pueden recurrir al 016, que ofrece información y asesoramiento jurídico, así como al correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el chat online. Estos servicios funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes que el caso de una mujer asesinada en Benahavís (Málaga), encontrada en el interior de su vivienda el pasado 21 de julio, es un presunto feminicidio, lo que eleva la cifra de víctimas mortales de violencia de género a 36 en lo que va de año.

En un primer momento, se había descartado la naturaleza machista de este crimen. Sin embargo, a medida que la Guardia Civil ha avanzando en las investigaciones, se ha constatado que la víctima y el presunto agresor fueron pareja y que ahora compartían piso. La mujer, de 45 años y origen húngaro, no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

Según ha recogido EFE en base a fuentes de la Guardia Civil, el presunto asesino se encuentra en prisión desde el 3 de agosto y habría confesado el crimen en un diario que escribió durante los días en los que permaneció huido.

Una vecina del inmueble en el que se produjeron los hechos, alertó al teléfono 112 de que estaba escuchando gritos de la mujer pidiendo auxilio. Tras esta llamada, según su testimonio, observó a un hombre saliendo del domicilio, al que grabó en vídeo con su teléfono móvil.

El sospechoso del asesinato de la mujer huyó en un vehículo que abandonó en Marbella y todo parecía indicar que estaba oculto en una zona de monte de Istán, en la provincia de Málaga. Allí se desplegó un operativo y fue localizado el 31 de julio, escondido junto a un bancal.

El hombre tuvo que ser auxiliado después de hacerse un corte en el cuello con un cúter al verse cercado por la Guardia Civil. Los servicios sanitarios lo trasladaron inconsciente al centro de salud de Istán y, de allí, al Hospital Costa del Sol de Marbella. Al día siguiente fue dado de alta y detenido.

Tal y como han señalado ahora que ha avanzado la investigación, la víctima y el presunto autor de su asesinato habían mantenido una relación sentimental entre los años 2018 y 2020. Tras varios años en el extranjero, retomaron el contacto y actualmente eran compañeros de piso.

El peor dato desde 2019

Con la confirmación de la naturaleza machista de este crimen, se elevan a 36 el número de mujeres víctimas de violencia de género, después de que ayer el Ministerio de Igualdad condenase también los presuntos asesinatos producidos en Llanes (Asturias) y en Murcia.

Esta es la peor cifra desde 2019 en lo que va de año: a 7 de agosto, en 2021 (49 en total en ese año) y 2023 (58 en total en ese año) se habían producido ya 35 crímenes machistas; en 2019 (56 en total de ese año), en estas fechas, ya eran 42 el número de mujeres víctimas de violencia de género.

Recursos para las víctimas

*El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE

La violencia machista sigue sin dar tregua en España, con un verano especialmente trágico. Entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres y solo en lo que llevamos de agosto se han registrado otros dos feminicidios en Asturias y Murcia, ambos el pasado día 5 con escasas horas de diferencia, lo que eleva a 35 el total de víctimas mortales en lo que va de año y a 1.376 desde 2003, año en que se comenzaron a recopilar estos casos.

Además, el Ministerio del Interior ha comunicado que hasta el 31 de julio de 2026 tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 104.666 casos activos de violencia de género. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo. Según esos mismos datos, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo.

Por comunidades autónomas, tanto en los feminicidios como en los casos activos de violencia machista registrados en España en lo que va de año, Andalucía es la comunidad autónoma con peores datos. Nueve mujeres, lo que representa el 27% del total nacional, han sido asesinadas en esta región, que también suma 27.885 casos activos de violencia de género, según los datos oficiales.

Miedo a denunciar o sentirse desprotegidas

Por todo ello, para especialistas en violencia de género como la socióloga Carmen Repullo y la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja resulta especialmente preocupante la decisión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla de transferir a Vox la gestión de la valoración de víctimas de violencia machista, en virtud de sus nuevas competencias en Justicia, ya que el partido de Santiago Abascal niega la existencia de este tipo de violencia.

“En este tipo de decisiones se aprecia la preocupación que tiene el Gobierno de Andalucía por las víctimas de la violencia de género. Y una de las cuestiones más alarmantes, no solo por los datos de Andalucía, que efectivamente es la región con más feminicidios, es el hecho de que las mujeres vean en este cambio que no tienen cubiertos sus derechos. Es decir, que tengan miedo a denunciar, que sientan que el sistema de valoración de la violencia de género en Andalucía no las protege ni a ellas ni a sus hijos o que puedan pensar que ese recurso no es valioso”, explica Repullo, profesora en la Universidad de Granada, en conversación con Infobae. “¿Cómo va a proteger a las víctimas un partido que cuestiona la violencia de género, cuando no reconoce el problema en su origen?”, se pregunta la experta.

Repullo considera que la violencia debe identificarse por su naturaleza específica y, en el caso de la de género, asignarle ese carácter resulta fundamental. La socióloga advierte que Vox pretende eliminar esa distinción, lo que implicaría tratar todas las formas de violencia de igual manera.

“La violencia de género requiere especialistas, estrategias de protección y una coordinación adecuada entre distintas unidades. Lo que quieren es volver a la anécdota y que esta violencia no sea considerada como un problema social y estructural, cuando a los problemas estructurales no se les pueden dar respuestas puntuales”, sostiene la docente.

La importancia de evaluar el riesgo

En esa misma línea se expresa Zorrilla Pantoja, que destaca la importancia de “desterrar la idea de que la violencia de género es un conflicto de pareja o de relación”, porque se trata de una violencia que tiene unas características propias, que se produce “en un contexto de desigualdad, de control y de dominación, lo cual requiere una mirada más integral y una mirada especializada, que permita identificar las verdaderas causas de la violencia y visibilizar dinámicas que no siempre son visibles”.

Para la especialista reducir la violencia de género a un conflicto familiar o interpersonal implica perder la perspectiva de género necesaria para abordarla de manera adecuada. “Sin un enfoque especializado, se dificulta la comprensión de las características específicas de este tipo de violencia y la correcta evaluación del riesgo, lo que puede derivar en respuestas ineficaces y mayor riesgo de revictimización.

“Si dejamos de entender la violencia de género como lo que es, que es una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que la causa está en el machismo y en el sistema patriarcal, y pasamos a tratarla como un conflicto familiar o como cualquier tipo de violencia interpersonal más, perdemos el enfoque necesario para poder combatirla”, indica la psicóloga especializada en violencia de género, victimología y psicología forense.

También explica que una de las funciones más importantes de los servicios especializados de violencia de género es evaluar el riesgo de las víctimas y, dependiendo de ello, se aplican unas medidas determinadas de seguridad. “Las víctimas suelen presentar relatos fragmentados, porque el trauma genera bloqueos, y además hay muchos mitos de cómo son las mujeres que sufren violencia de género, por eso se requiere profesionales capacitados. Sin un enfoque especializado, puede haber una revictimización y generar un daño secundario no solo a las mujeres, sino también a los hijos e hijas que se quedan en una situación de desprotección, porque la violencia que se ejerce contra sus madres impacta negativamente en su desarrollo”, añade.

Si Vox en Andalucía asume estas competencias y elimina los programas basados en la evidencia o reduce la violencia machista a casos individuales, advierte la especialista, “disminuirá la prevención y favorecerá la cronificación del problema”. “La concentración de programas y colectivos en menos equipos genera sobrecarga y provoca más bajas, rotación de profesionales, menor continuidad asistencial y menos seguimiento de casos”, resume Zorrilla Pantoja.

Igualdad exige una reunión con Moreno Bonilla

La decisión de la Junta de Andalucía ha hecho que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exija una reunión urgente al presidente andaluz, al considerar que “transmite falta de compromiso a las víctimas”, al tiempo que ha advertido que trasladar esas competencias a quienes niegan la violencia de género puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) también lo han censurado. Mientras la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que “cuando PP y Vox pactan, siempre perjudican a las mujeres”, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que Moreno Bonilla “vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres”. “El PP no solo no pone límites a la extrema derecha, sino que hace propia su agenda”, ha añadido Maíllo, que también es coordinador federal de IU.

En esa misma línea se ha expresado el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, que ha asegurado que estarán “vigilantes” para “no permitir ningún retroceso de derechos”.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado los últimos feminicidios de dos mujeres registrados en Llanes (Asturias) y Murcia el pasado 5 de agosto, con apenas unas horas de diferencia. La víctima de Asturias, de 50 años y madre de dos hijas menores de edad, ha sido asesinada por su expareja, un hombre de 49 años sobre quien ya pesaban denuncias previas por violencia de género. La mujer asesinada en Murcia, también a manos de su expareja y con denuncias previas contra su agresor, tenía 44 años y una hija menor de edad.

Tras la confirmación de estos dos crímenes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España se eleva a 35 en lo que va de 2026, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos. Por otro lado, los menores huérfanos por esta causa alcanza los 26 en 2026 y los 536 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han transmitido su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante estos nuevos feminicidios machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que solicita una reunión urgente y una rectificación tras la decisión del Ejecutivo andaluz de transferir a Vox competencias relacionadas con la atención a las víctimas de violencia de género. El partido liderado por Santiago Abascal sigue negando la violencia machista pese a los 1.376 feminicidios registrados en España desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. Además, en lo que llevamos de año, 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas.

En el escrito, remitido este jueves, Redondo expone la “profunda preocupación” del Ministerio de Igualdad ante una medida que, según indica, marca un punto de inflexión en el compromiso que Andalucía ha mostrado durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra subraya que esta decisión supone “un cuestionamiento del consenso alcanzado en torno a la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos”.

La carta, que también ha sido dirigida a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, pone en duda la conveniencia de delegar estas políticas en una formación que ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de la violencia de género.

Qué puede suponer el cambio

Redondo advierte que este cambio transmite un mensaje de falta de compromiso institucional y podría afectar la gestión de los fondos vinculados al Pacto de Estado, recursos destinados a garantizar la prevención, la atención integral y la protección de las mujeres y sus hijos.

La ministra insta al Ejecutivo de Moreno Bonilla a reconsiderar la medida y a mantener la coherencia institucional que, recalca, ha caracterizado a la comunidad en materia de igualdad y protección de las víctimas. “Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en ciudadanas de segunda ni ver debilitadas las políticas públicas orientadas a garantizar su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, especialmente en un contexto de alta incidencia de la violencia de género en la región”, señala en la misiva.

Más de 100.000 casos activos de violencia de género

Este mismo jueves el Ministerio del Interior ha informado que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, en España se han registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

Andalucía lidera la lista

En ese sentido, Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

El Ministerio del Interior ha registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén entre el 1 de enero y el 31 de julio. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

La estadística revela que existen 13.464 casos “de especial relevancia”, en los que se identifican combinaciones de indicadores que elevan considerablemente el riesgo de que la víctima sufra violencia grave o letal por parte del agresor.

Andalucía es la región con más casos

Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

35 feminicidios en lo que va de año

Por otro lado, según la estadística de violencia de género recogida por el Ministerio de Igualdad, en lo que va de año 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos.

Los últimos feminicidios han ocurrido este miércoles, con escasas horas de diferencia, en Llanes (Asturias) y Murcia. Además, entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

En la madrugada de este jueves, la Guardia Civil ha detenido en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a su expareja, una mujer de 44 años, a puñaladas en un centro comercial de Murcia, según ha informado EFE en base a fuentes policiales.

La magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había ordenado su búsqueda y detención después de que el presunto asesino hubiese huido del lugar de los hechos.

Según adelantó ayer el medio regional La Opinión de Murcia, los hechos se produjeron en un taller de zapatería ubicado en el centro comercial Carrefour Infante. El cuerpo de la víctima fue hallado poco después de las 17.25 horas en la trastienda del establecimiento, después de que uno de los trabajadores alertase al vigilante de seguridad de que había recibido un mensaje del sospechoso advirtiéndose de que no se acercara allí porque había matado a su mujer y el cadáver se encontraba en el interior.

Tras el hallazgo de la víctima, se dio aviso a los servicios de emergencia, por lo que agentes de la Policía Nacional y sanitarios del O61 se desplazaron hasta el lugar. Pese a ello, los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

El detenido había sido condenado por malos tratos

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el detenido, de 38 años y nacionalidad española, está acusado de los delitos de “homicidio y quebrantamiento de condena”, ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, así como comunicarse con la víctima.

La expareja tenía una hija de cinco años cuya tutela ha sido atribuida provisionalmente “a la institución pública competente” del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen “las medidas de protección que procedan”, según ha señalado la magistrada.

Este crimen se produjo apenas unas horas después del asesinato de una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias), presuntamente a manos de su expareja, también miembro del Instituto Armado. El presunto agresor abrió fuego contra la mujer cuando esta se encontraba de servicio y murió posteriormente tras resultar herido por los disparos efectuados por otros agentes al intentar impedir su huida.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando información para confirmar oficialmente si el crimen de Murcia y el ocurrido horas antes en Llanes (Asturias) constituyen nuevos casos de violencia machista. De ratificarse ambos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 35 en lo que va de 2026 y a 1.376 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

La tranquilidad de la colonia Bethania, en San Miguel Centro, se vio alterada la noche del martes, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en la casa de su excompañera de vida y la atacó con un cuchillo, dejando a dos mujeres con lesiones graves.

El hecho fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes acudieron tras recibir una alerta de emergencia de los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, llegó a la vivienda impulsado por presuntos “celos”.

Según el reporte de la PNC, el hombre agredió primero a su expareja, provocándole heridas profundas. Al intentar intervenir, la madre de la víctima también resultó atacada y sufrió lesiones de consideración. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde permanecen bajo observación médica.

Fuentes policiales informaron que, tras recibir el reporte, un equipo de inteligencia de la PNC desplegó un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso en la colonia Ciudad Toledo, dentro del mismo municipio.

La PNC confirmó que Granados Masferrer será remitido a las autoridades por el delito de intento de homicidio. A través de un comunicado la institución afirmó: “Hacemos un llamado al respeto a la vida y advertimos que quienes cometan este tipo de hechos enfrentarán las consecuencias legales que establece la ley”.

Las investigaciones continúan para determinar si existían antecedentes de violencia entre las partes y para esclarecer los motivos que llevaron al ataque.

El caso se suma a una tendencia preocupante de agresiones contra mujeres en El Salvador. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de (Ormusa), entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador, igualando la cifra registrada durante todo el mismo periodo de 2025, aunque el ciclo de monitoreo de 2026 aún no concluye.

Este registro muestra que la violencia feminicida continúa afectando a mujeres en diferentes etapas de la vida y constituye una grave violación de derechos humanos.

De estos, más de la mitad corresponden a agresiones cometidas por personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas. Las cifras reflejan que la mayoría de los casos se registran en áreas urbanas, aunque también se reportan incidentes en zonas rurales, lo que evidencia la extensión del problema.

Las estadísticas recopiladas por ORMUSA señalan que, en promedio, cada día se reportan al menos 15 incidentes de violencia contra mujeres en el territorio salvadoreño.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier forma de agresión y han puesto a disposición líneas de atención para quienes requieran apoyo.

El caso de la colonia Bethania ha generado indignación entre organizaciones sociales y defensores de los derechos de las mujeres, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención. La PNC manifestó que continuará realizando patrullajes y labores de inteligencia en la zona para prevenir nuevos hechos similares.

Las investigaciones, según lo informado por las autoridades policiales, buscan establecer con claridad la secuencia de los hechos y determinar el nivel de responsabilidad de Granados Masferrer en el ataque.

El feminicidio de Zulema de la Luz González Cisneros ha provocado indignación en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, donde familiares, amigos y habitantes exigieron la captura inmediata del presunto responsable del crimen, al asegurar que “está identificado” y que las autoridades cuentan con elementos para proceder en su contra.

La joven fue localizada sin vida el sábado 1 de agosto, apenas 24 horas después de haber sido reportada como desaparecida, hecho que conmocionó a la comunidad y reavivó las exigencias para que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género y sin impunidad.

Desde el momento en que fue confirmada la muerte de Zulema, familiares y personas cercanas comenzaron una campaña en redes sociales para exigir justicia. Con mensajes acompañados de frases como “Justicia y paz para Zulema”, “Ni una más” y “Nos falta Zulema”, pidieron que el caso sea esclarecido cuanto antes y que el responsable enfrente a la justicia.

Autoridades coordinan operativo para detener al presunto responsable

El Ayuntamiento de Playa Vicente informó que mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz para lograr la localización y detención del presunto autor material del feminicidio.

De acuerdo con las autoridades municipales, existe un trabajo conjunto con las instancias estatales para impedir que el crimen quede sin castigo.

En un posicionamiento difundido tras el hallazgo del cuerpo de la joven, el gobierno municipal aseguró que las corporaciones involucradas mantienen acciones encaminadas a capturar al presunto responsable y reiteró que existe “total coordinación para lograr que este presunto feminicidio no quede impune”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad del sospechoso ni sobre posibles órdenes de aprehensión, aunque la familia sostiene que el presunto agresor ya fue identificado.

El dolor de una comunidad y el llamado a la justicia

Durante el recibimiento de los restos de Zulema de la Luz González Cisneros, familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan tras el crimen y publicaron un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

“Recibimos el cuerpo de Zulema de la Luz González Cisneros, rodeados de un silencio que quema, de lágrimas sinceras y de un dolor que traspasa a todo Playa Vicente”, escribieron.

En el mismo mensaje lamentaron que la joven regresara con su familia “no como debió haber sido”, sino como víctima de una violencia que calificaron como cobarde y que dejó una herida profunda entre sus seres queridos y la comunidad.

Los familiares insistieron en que la investigación debe avanzar con rapidez para evitar que el caso quede impune y solicitaron que el responsable sea detenido y llevado ante un juez.

“Exigimos que el responsable pague por lo que hizo. Que este momento tan doloroso sea también el recordatorio de que la justicia para Zulema es una deuda que las autoridades deben saldar de inmediato”, señalaron.

El caso ha generado una amplia reacción entre colectivos, ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes han manifestado solidaridad con la familia y reiterado el llamado para reforzar las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el feminicidio y localizar al presunto responsable, en tanto familiares y habitantes de Playa Vicente sostienen su exigencia de justicia y de que el asesinato de Zulema de la Luz no se convierta en otro caso sin resolver.

La violencia contra las mujeres volvió a encender las alertas en Veracruz luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos asesinatos y la privación ilegal de la libertad de otra mujer en distintos puntos de la entidad. Los casos ocurrieron apenas 17 meses después de que el gobierno estatal presentara el programa “Veracruzana Protegida”, una estrategia anunciada para garantizar seguridad, protección y atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo en los municipios de Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras organizaciones y especialistas advierten que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el estado.

La primera víctima fue Zulema de la Luz González, quien había sido reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado sin vida en un predio del municipio de Playa Vicente el sábado, apenas un día después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Otra mujer asesinada y una maestra desaparecida

Horas después del hallazgo de Zulema, la violencia volvió a hacerse presente.

La mañana del domingo 2 de agosto fue asesinada Ana Libia Gutiérrez Reyes, cuyo cuerpo quedó sobre la carretera que comunica las comunidades de San Martín y Morelos, en la zona limítrofe de los municipios de Acayucan y Soteapan, al sur de Veracruz.

Al igual que en el primer caso, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Ese mismo domingo también se reportó la privación ilegal de la libertad de una mujer identificada como la maestra Elena, quien presuntamente fue interceptada por un grupo de personas cuando se encontraba en la terminal de autobuses del municipio de Gutiérrez Zamora.

Hasta el cierre de los reportes oficiales, no se había informado sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

La coincidencia temporal de estos tres hechos violentos volvió a generar preocupación entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que desde hace años han advertido sobre el incremento de desapariciones y muertes violentas en la entidad.

Las cifras mantienen encendida la alerta

Los recientes casos ocurren en un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres en Veracruz.

De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, entre enero y julio de este año se documentaron 30 presuntos feminicidios, además de 22 homicidios dolosos de mujeres, cifras que reflejan la persistencia de la violencia letal en la entidad.

El informe también reporta 216 desapariciones de mujeres durante ese mismo periodo, un promedio superior a una desaparición diaria, lo que convierte este delito en uno de los principales focos de preocupación para organizaciones civiles y familiares de víctimas.

A estos registros se suman 142 agresiones contra mujeres documentadas en distintos municipios del estado durante los primeros siete meses del año.

Asimismo, el observatorio contabilizó 52 muertes violentas de mujeres, considerando tanto feminicidios como homicidios, durante el primer semestre de 2026.

Programa bajo escrutinio

Los nuevos hechos de violencia ocurren a 17 meses de la presentación del programa “Veracruzana Protegida”, impulsado por el gobierno estatal con el objetivo de ofrecer mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata para mujeres en situación de riesgo.

Sin embargo, la persistencia de asesinatos, desapariciones y agresiones ha llevado a organizaciones civiles a cuestionar la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la violencia de género en Veracruz.

Mientras las investigaciones por los tres casos continúan, familiares de las víctimas y colectivos exigen resultados en las indagatorias, así como acciones que permitan reducir la incidencia de estos delitos y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad.

El pasado 26 de julio, la joven de 22 años Karla Valeria Jiménez Sánchez fue hallada sin vida dentro de su vivienda en San Sebastián Aparicio, en el estado de Puebla. De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, se trató de un suicidio, sin embargo, familiares exigen que el caso sea investigado como feminicidio debido a que la joven vivía violencia por parte de su pareja, identificado como Yeudiel.

Karla Valeria era madre de un niño de cuatro años y estudiaba la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario en Movimiento Por México, el cual lamentó los hechos.

El testimonio de Karo Sánchez, madre de Karla Valeria, revela el patrón de violencia previa e intimidación que vivía. A través de un video difundido por medios de comunicación durante el velorio de la joven, explicó que compañeros de trabajo notaron de forma reiterada que Karla Valeria llegaba al empleo con golpes visibles.

Relató que su hija intentaba ocultar moretones y marcas en el cuello con maquillaje y blusas de cuello alto. “Llegaba con marcas en el cuello de que la ahorcaba. Llegaba con golpes en su cara y se escondía con mucho maquillaje”, afirmó la madre en su testimonio.

De acuerdo con su madre, la joven admitió a una compañera que su esposo era cada vez más agresivo y que no lo dejaba por temor a represalias y por el bienestar de su hijo. “Él amenazó a mi hija y le dijo que no se metiera su papá, que no la defendiera porque él iba a matar a su papá”, denunció la madre, subrayando la situación de riesgo en la que vivía la víctima.

Entre los incidentes reportados, la madre mencionó un episodio en el que Karla Valeria explicó que no podía caminar porque su esposo “la tiró el de la moto”, quien participaba en el mismo grupo de motociclistas que presidía la joven.

“Ella era presidenta de un grupo de motociclistas. Ese grupo no aceptaba al esposo, pero tenían que aceptarlo por Valeria. Lo sobrellevaban y lo aguantaban por ella”, compartió.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo al testimonio de la madre de Karla Valeria, ingresaron al departamento y encontraron a la joven en condiciones críticas y ya sin signos vitales. “Con la desesperación, gritarle. Pero no, ya, ya había fallecido mi hija. Ya estaba morada, en malas condiciones que se veía mi hija”, narró la madre.

En ese momento, la familia encaró al esposo de Karla Valeria —quien la estaba abrazando cuando la familia ingresó a la vivienda— para exigirle respuestas sobre lo sucedido. “Le empezamos a decir que qué había hecho, que qué había pasado. Él dijo: ‘Yo no le hice nada, yo ni estuve acá. Ella estaba aquí solita’”, relató.

En su testimonio también relató que existen testigos que escucharon a la joven gritar antes de que ocurrieran los hechos, lo que significaría una prueba importante de que lo sucedido no fue un suicidio. “Salieron todos los vecinos y nos dijeron: ‘Los gritos de su hija eran de desesperación, gritaba, pedía auxilio. Eran unos gritos aterradores. Se escuchaba a todo alrededor de los edificios los gritos’”, afirmó la madre, enfatizando el ambiente de alarma que se vivió en la zona el día de los hechos.

Fueron 5 años de violencia los que vivió Karla, desde que se casó con Yeudiel, a quien, de acuerdo a los testimonios, ya había intentado denunciar anteriormente por violencia familiar, sin embargo, el proceso no continuó luego de que él le pidiera regresar, sin embargo, la violencia no cesó. Además, la familia también reportó que desde el día de los hechos, se desconoce el paradero de Adriel, el hijo de 4 años que Karla Valeria tenía con su esposo.

Los Mossos d’Esquadra han detenido esta madrugada, en torno a las 1.25 horas, a un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de una mujer de 34 años en el distrito de San Martí, en Barcelona. El suceso, que se investiga como un crimen machista, ocurrió en el interior de una vivienda del número 102 de la calle Andrade, delante de los dos hijos menores de la víctima, de origen brasileño.

El presunto agresor, pareja de la mujer fallecida, huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un amplio dispositivo policial con el objetivo de localizarlo. La búsqueda contó con el apoyo de la Guardia Urbana y el resto de policías locales del área metropolitana.

La detención se ha producido después de que el hombre se haya entregado en una comisaría de la policía de la Generalitat. El sospechoso, durante la fuga, incendió el vehículo en el que viajaba en la calle Palencia, a la altura de la calle Espronceda. Muy cerca de la vivienda, los agentes de los Mossos d’Esquadra —cuya División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima— han interrogado a varios testigos.

Los hechos ocurrieron frente a los dos hijos menores de la pareja

El presunto crimen machista se produjo por un apuñalamiento. El aviso llegó a los Mossos d’Esquadra a las 19.47 horas, que se desplazaron hasta la calle Andrade, al igual que una ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques. Sin embargo, la víctima estaba herida de gravedad, por lo que los sanitarios no han podido hacer nada para reanimarla.

Los hechos se habrían producido en presencia de los dos hijos de la pareja, uno de cuatro y otro de ocho años. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado técnicos de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona para asistir a varias personas afectadas por lo ocurrido.

De confirmarse como crimen machista, ya serían 32 mujeres las víctimas mortales de violencia de género en nuestro país en lo que va de año; 1.373 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse conjuntamente estos hechos.

Durante este verano, según los datos del Ministerio de Igualdad, se han analizado nueve casos en junio y julio, de los cuales solo en uno había denuncia previa. En siete de estos nueve casos, la víctima y el agresor eran convivientes; además, ocho mejores han quedado huérfanos. A estas cifras, el Ministerio añade que dos de los agresores de las mujeres asesinadas han terminado quitándose la vida y tres de ellos lo han intentado; cuatro de los casos estaban en fase de ruptura.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pusieron en marcha este viernes 25 de julio la interconexión entre la Línea 107 y la Línea 100, un mecanismo que permite derivar de forma inmediata a víctimas de violencia entre los sistemas de salud y protección social del Estado peruano, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

La alianza elimina una de las barreras históricas del sistema público: la fragmentación entre los canales de atención. Hasta ahora, una persona que llamaba a la Línea 107 de EsSalud por una emergencia de salud relacionada con un episodio de violencia debía contactar por separado a la Línea 100 del MIMP para acceder a protección social. Con la interoperabilidad, ambas plataformas quedan conectadas y el ciudadano recibe una respuesta unificada desde una sola llamada.

El proyecto fue diseñado por la Gerencia Central de Atención al Asegurado de EsSalud, a través de la Subgerencia de Atención al Asegurado en Otros Canales, en coordinación con el Programa Nacional Warmi Ñan del MIMP. Warmi Ñan es el programa que agrupa los servicios especializados del ministerio en materia de violencia: los Centros Emergencia Mujer y Familia (434 en todo el país), hogares de refugio temporal, servicios de atención rural, la propia Línea 100 y el Chat 100.

La magnitud del problema que este sistema busca abordar queda ilustrada por las cifras más recientes: la Línea 100 recibió más de 72.000 llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo en el primer semestre de 2026, según datos del MIMP. En el mismo período, Perú registró 67 feminicidios. Lima concentró más de 38.000 reportes, seguida por Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Un canal unificado para situaciones de riesgo

El mecanismo de derivación opera en tiempo real. Cuando un operador de la Línea 107 detecta un caso de violencia contra la mujer o una situación de vulnerabilidad social, activa de forma directa los protocolos del MIMP sin que la persona afectada deba colgar y marcar un nuevo número. La misma lógica funciona en sentido inverso: la Línea 100 puede derivar a EsSalud cuando la víctima requiere atención médica o psicológica especializada.

El sistema garantiza, además, atención en varias lenguas. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, subrayó ese aspecto al presentar el servicio: “Esta unión potencia la capacidad de respuesta que el Estado tiene frente a los ciudadanos y consolida nuestro deber de darles una atención especializada, integral y sin demoras. Para garantizar que nadie se quede atrás, el servicio se dará en diferentes lenguas, apoyándonos en profesionales con capacidades interculturales”. La Línea 100 ya opera en castellano, quechua, aimara y awajún.

EsSalud amplía su concepto de seguridad social

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, encuadró la iniciativa dentro de una visión más amplia de lo que debe ser la seguridad social en el país. “La interoperabilidad entre la Línea 100 y nuestra Línea 107 permitirá fortalecer mutuamente nuestras capacidades de respuesta. Para nosotros, la seguridad social también significa proteger a las mujeres de la violencia y asegurar que las familias vivan en paz, sin temor a sufrir agresiones en sus hogares”, sostuvo el funcionario durante el acto de lanzamiento.

La declaración marca un giro en el enfoque institucional de EsSalud, cuya Línea 107 queda consolidada como el principal canal gratuito de teleorientación a nivel nacional. La plataforma, que ya ofrecía orientación médica, suma ahora la capacidad de articular respuestas de protección social de forma directa, sin intermediarios y sin interrupciones en el servicio.

Warmi Ñan: 25 años de red territorial

El Programa Nacional Warmi Ñan, contraparte del MIMP en esta alianza, cumplió 25 años de operación en 2026. A lo largo de ese tiempo construyó una red que hoy incluye 434 Centros Emergencia Mujer y Familia, 29 Hogares de Refugio Temporal, 68 Servicios de Atención Rural desplegados en 23 regiones del país, 8 Servicios de Atención Urgente y 7 Centros de Atención Institucional orientados a hombres con sentencia por violencia.

Esa infraestructura territorial es la que ahora queda conectada a los canales de EsSalud. Cuando la Línea 107 derive un caso al MIMP, el Programa Nacional Warmi Ñan puede activar el servicio que corresponda según la situación de la víctima: desde orientación telefónica hasta despliegue de un equipo de atención urgente sobre el terreno.

Alcance nacional y atención a poblaciones alejadas

Uno de los objetivos explícitos del sistema es reducir las brechas geográficas y socioeconómicas en el acceso a la protección estatal. Perú tiene regiones de difícil acceso donde los servicios presenciales llegan con retraso o no llegan; la interoperabilidad telefónica permite que una víctima en una zona remota acceda a la misma cadena de atención que alguien en Lima con una sola llamada gratuita.

El servicio rural de Warmi Ñan atendió 4.898 casos de violencia en 2025 en 365 comunidades de la costa, sierra y selva. El 85% de las víctimas fueron mujeres; la violencia psicológica fue la más frecuente (43%), seguida de la física (34%), la sexual (19%) y la económica (4%). La interconexión con EsSalud añade una capa de respuesta médica a esa red de protección.

Funcionarios y próximos pasos

Al acto de lanzamiento asistieron, además del Dr. Moreno y la ministra Pariona, la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza Ríos, y la gerente central de Atención al Asegurado de EsSalud, Kristell Díaz Quiroz, junto a otros funcionarios de ambas instituciones. La plataforma entra en operación de forma inmediata y el acceso es gratuito desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el territorio nacional.

Jessica Vázquez sigue exigiendo el regreso de sus hijos, Héctor y Luciana, ya que tras la detención de Héctor “N”, quien es padre de los niños y los sustrajo con pretexto de unas vacacione hace más de un año, la complicidad familiar ha llevado a que los abuelos paternos los oculten de su madre, acusa la denunciante.

Héctor y Luciana fueron presuntamente sustraídos por sus abuelos paternos

Héctor N, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León durante la administración de Samuel García, fue detenido el pasado 1 de julio en Hidalgo, sin embargo, días después salió del Centro de Reinserción Social de Jaltocán, luego de que el juez reclasificara el delito de violencia agravada a violencia familiar.

“Cuando yo me entero que detienen al papá me voy corriendo por mis niños y ahora resulta que los abuelos paternos (Bonifacio “N” y Blanca “N”) y una empleada, que por cierto fue cómplice de mi esposo desde un principio, huyeron con mis niños”, asegura la madre de Héctor y Luciana, quien no ha dejado de buscar los medios legales para que ambos niños regresen a su lado.

En entrevista para Infobae México, la mujer comentó que pese al proceso y la denuncia de sustracción en contra de los familiares de Héctor N, las autoridades no han emprendido acciones de búsqueda, localización y restitución, ya que siguen esperando la orden del juez, sin embargo, “el Poder Judicial se fue de vacaciones”.

El caso evidencia el ejercicio del poder en contra de las mujeres, desde el exfuncionario que ha mantenido a las dos infancias alejadas de su madre por año y medio, hasta las instituciones donde permean distintas omisiones.

Emiten Alerta Amber tras sustracción de infancias en Hidalgo

El 21 de diciembre de 2024, Héctor “N” viajó a Ciudad de México para tomar su periodo vacacional, “justo ese día mi abuela paterna se interno muy grave en el hospital, situación que aprovecho para llevarse a mis hijos a unas supuestas vacaciones”.

El exfuncionario se llevó a los niños a Nuevo León, a decir de la denunciante, cuando ella fue al estado, se topó con amenazas “para irme del estado y que no volvería a ver a mis hijos”.

Los días han pasado y pese a que el hombre se encuentra en prisión domiciliaria, no han sido restituidos, aún con las múltiples solicitudes que ha hecho Jessica Vázquez, ya que asegura le han comentado que el retraso se debe a las “cargas de trabajo”.

El pasado 2 de julio, las autoridades emitieron dos Alertas Amber en Hidalgo, una por Luciana, y otra por Héctor Damián, ambos fueron vistos por última vez en Huejutla de Reyes un día antes de la denuncia, la ficha de búsqueda menciona que “fueron retenidos por sus familiares de iniciales B. V. V., B. R. H. L. y R.I.Q.V. Desde entonces se desconoce su paradero”.

Las autoridades solicitan a las personas que puedan aportar alguna información sobre el paradero de las infancias comunicarse al siguiente número: 800-008-5400.

La violencia vicaria, un delito tipificado en México

La madre de Héctor y Luciana ha denunciado públicamente la violencia vicaria a la que se ha enfrentado en los últimos meses, la cual consiste en causar daño a una mujer a través de sus hijas, hijos, animales de compañía o personas de su entorno cercano, con la intención de hacerla sufrir. Esta forma de agresión proviene de una relación de matrimonio, concubinato o vínculo afectivo similar.

Actualmente, la violencia vicaria ha sido tipificada en 31 entidades de México y las dos iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión también han sido avaladas. Chihuahua se mantiene como el único estado que no contempla medidas contra este tipo de agresión en contra de las mujeres.

La victoria de España contra Argentina tuvo amargas consecuencias para las mujeres del país: según datos oficiales consultados por el diario El País, la noche tras la final del Mundial de Fútbol 2026 aumentaron un 120,8% los contactos a los recursos del 016, el teléfono contra la violencia de género.

Llamadas, mensajes y correos electrónicos superaron el doble de los registrados en el mismo momento de la semana anterior en la franja horaria de las 23:00 a las 7:00 horas, cuando España celebraba la victoria en la competición internacional. Los contactos se incrementaron especialmente a través del email del 016, un 1.000% respecto al lunes anterior; y el chat online, donde el número de comunicaciones fue un 60% superior.

La relación entre el fútbol y la violencia machista es un fenómeno que ya se había registrado en otros países. De acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar crecen un 30% durante grandes eventos deportivos.

Un patrón global de violencia

En Reino Unido, se alerta desde hace años del incremento de la violencia de género por el fútbol. En 2014, un estudio de la Universidad de Lancaster reveló que la violencia doméstica se incrementaba cuando la selección inglesa de fútbol jugaba. Si el equipo perdía, la cifra aumentaba hasta un 38%, mientras que, si ganaba, tan solo subía un 26%. El efecto duraba hasta el día de después, cuando los altercados domésticos eran todavía un 11% más altos de lo normal.

La investigación analizaba diferentes reportes policiales y descubrió que la media de incidentes domésticos cuando jugaba Inglaterra era de 79,3, frente a los 58,2 que ocurrían en días normales. “Si bien es difícil afirmar que el torneo sea un factor causal, este prestigioso evento concentra los factores de riesgo en un período corto e inestable, intensificando así los conceptos de masculinidad, rivalidad y agresión”, expresaban los autores.

En 2022, una revisión sistemática de casos de violencia de género en Estados Unidos y Reino Unido reportó resultados similares: cuando se jugaban partidos relevantes de cualquier deporte como el fútbol, el hockey o el fútbol americano, se producía un aumento medible y estadísticamente relevante en las denuncias de violencia doméstica.

Rivalidad, alcohol y calor

Algunos componentes contribuían a amplificar este factor deportivo en la violencia de género. Si los equipos que se enfrentaban tenían una rivalidad histórica, los incidentes de violencia doméstica crecían todavía más, en especial si el desenlace del encuentro implicaba el título o la eliminación de uno de los equipos.

El consumo de alcohol también parece jugar un papel importante. Un estudio de 2021 de la Universidad de Warwick documentó que los casos de violencia doméstica relacionados con el alcohol aumentaban un 47% después de cada victoria de la selección inglesa de fútbol. El análisis detallado del tiempo muestra que la mayoría de los incidentes se concentran en las tres horas posteriores al partido, alcanzando un pico inmediatamente después del pitido final, y volviendo a niveles normales a lo largo de las siguientes 24 horas.

El calor también puede ser un componente clave, especialmente ante competiciones como el Mundial de Fútbol, que suele celebrarse en verano. Diversos estudios han evidenciado que las altas temperaturas afectan al estado de ánimo y provocan un aumento de la agresividad. Algunos investigadores alertan de un fenómeno conocido como “calor criminal”, según el cual los crímenes violentos como los feminicidios se incrementan en días con temperaturas por encima de los 34º C.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Amazonas ejecutaron en las últimas horas la captura de Alberto Vásquez Sánchez, conocido como el “hombre del machete”, tras ser identificado como el presunto responsable de un ataque armado contra dos mujeres en Leticia, ocurrido en enero de 2026.

Según información recabada por la Fiscalía, Vásquez Sánchez habría atacado con un machete a sus víctimas al intentar robarlas, ocasionando lesiones tan graves que a una de ellas le amputaron parte de la mano.

De acuerdo con el ente investigador, el agresor interceptó a las dos mujeres cerca de su residencia en el municipio de Leticia, las amenazó con un arma blanca y exigió la entrega de sus teléfonos móviles. Al recibir una negativa, Vásquez Sánchez emprendió un ataque indiscriminado y violento, que la autoridad judicial calificó como intento de homicidio, dada la gravedad de las heridas infligidas.

Investigación y captura tras el ataque

El hecho fue denunciado de inmediato por las propias víctimas, que lograron alertar a las autoridades de Leticia sobre lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal, recopilando las declaraciones de las afectadas y otros elementos de prueba.

Entre los detalles recabados, se destaca que el agresor utilizó un machete de grandes dimensiones y actuó con una fuerza desmedida que derivó en lesiones consideradas de extrema crueldad.

Gracias a la información obtenida, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías la orden de captura de Vásquez Sánchez y la imputación de cargos por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.

La autoridad judicial avaló la petición, considerando la presunta responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Finalmente, la captura se hizo efectiva en la capital del departamento, con apoyo de la Policía Nacional.

En la próxima audiencia ante el mismo juez, la Fiscalía tiene previsto formular la imputación de cargos contra Alberto Vásquez Sánchez y solicitar una medida de aseguramiento que limite su libertad. El organismo acusador argumentó que la gravedad de los hechos y el nivel de violencia exhibido justifican la necesidad de mantener al acusado bajo custodia, al considerarlo un peligro para la sociedad.

Otro episodio de violencia con machete en Tolima

En paralelo al caso de Leticia, un hecho de similares características encendió las alertas en Ibagué, departamento de Tolima. Una madre de familia denunció ante la Fiscalía y la Policía que un hombre armado con machete persiguió y amenazó de muerte a su hijo de 11 años cuando regresaba del colegio en el barrio Los Mandarinos, en la zona de Ambalá.

Según el testimonio recogido por Tolima 7 días, el menor caminaba hacia su vivienda tras finalizar la jornada escolar cuando fue seguido por el agresor hasta la entrada del domicilio.

“Mi hijo golpeó desesperadamente la puerta pidiendo ayuda. Cuando abrí, vi al señor con el machete arrinconándolo y diciéndole que lo iba a matar”, narró la madre, que también aseguró que el hombre le advirtió al niño que conocía su escuela.

Los vecinos intervinieron de inmediato y la Policía acudió al lugar, donde el denunciado manifestó ser paciente psiquiátrico. De acuerdo con la madre, los uniformados le explicaron que esa condición podría limitar la adopción de medidas restrictivas, ya que, según la información que recibió, no existiría un sitio de reclusión adecuado para personas con trastornos psiquiátricos que representen un riesgo para terceros en la ciudad.

Clamor ciudadano por mayor seguridad

La madre del menor y varios residentes del sector manifestaron su preocupación por la seguridad de los niños y estudiantes que transitan a diario por la zona. Según testimonios recogidos por el medio local, el mismo hombre habría sido visto en otras ocasiones portando palos y generando temor entre los vecinos, además de protagonizar incidentes recientes en el barrio.

Tras el episodio, la comunidad solicitó a las autoridades la adopción de medidas que garanticen la seguridad en los entornos escolares y residenciales, y recomendó a los padres de familia acompañar a sus hijos durante sus desplazamientos. Hasta ahora, la Policía y la Fiscalía no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, que permanece bajo investigación.

En Guatemala, donde la violencia contra las mujeres persiste como una amenaza cotidiana, cada vez más mujeres han decidido dejar de ser espectadoras y buscar espacios donde el miedo no tenga la última palabra.

El kickboxing, el boxeo y las artes marciales mixtas han dejado de ser solo un deporte: se han transformado en una vía de empoderamiento, defensa y reconstrucción de la confianza personal.

La realidad diaria para muchas guatemaltecas es caminar con precaución, vigilando cada paso ante el riesgo de asaltos, agresiones o acoso.

Esta sensación de vulnerabilidad alimenta la búsqueda de herramientas reales para reaccionar y protegerse. En los últimos años, un número creciente de mujeres ha encontrado en el entrenamiento físico y mental una forma efectiva de enfrentar ese entorno hostil.

Espacios seguros y entrenamiento colectivo

Con seguridad y firmeza, un grupo de mujeres encontraron en un salón de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, un refugio de lucha y de defensa, según recoge un reportaje de La Ruda.

Allí, mujeres de distintas edades, con diferentes historias de violencia, entrenan bajo la guía de instructoras, en sesiones de dos horas que mezclan técnica, disciplina y apoyo mutuo. Muchas llegaron buscando superar experiencias traumáticas; otras se sumaron motivadas por historias compartidas en redes sociales o por el deseo de aprender un deporte desafiante.

Este tipo de entrenamiento no solo fortalece el cuerpo, también ayuda a recuperar la confianza y adquirir habilidades de defensa personal. Según datos del Ministerio Público, en los primeros seis meses de 2026 se reportaron 20.884 casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, mientras que apenas 1.745 agresores recibieron condena. La brecha entre denuncias y justicia refuerza la urgencia de alternativas de protección y autocuidado.

El club donde el miedo se transforma

La iniciativa Sakura-Ki surgió en 2012 como un “club de la pelea” femenino, en reuniones casi secretas de fines de semana. Según Irenne Dávila, coordinadora del espacio, el objetivo desde el inicio fue “perder el miedo y ganar confianza para actuar ante cualquier situación de riesgo”.

Pero, lo que empezó como un grupo reducido se ha consolidado en un refugio pionero donde entrenar y crecer entre mujeres valientes es el día a día, detalla el reportaje de La Ruda.

Muchas de las participantes han llegado tras vivir episodios de violencia. El entrenamiento regular en artes marciales mixtas y boxeo les permite cambiar una historia de temor por otra de fortaleza y capacidad. La entrenadora Carolina Villela recuerda el caso de una alumna que, tras un asalto, se acercó insegura y, con el tiempo, fue “perdiendo ese miedo” a través de la práctica constante.

Comunidad, disciplina y nuevos horizontes

El espacio físico de Sakura-Ki ha cambiado de ubicación, pero el espíritu de comunidad se mantiene intacto. Hoy, el gimnasio está en la zona 2, cerca del Tribunal Supremo Electoral, con clases los sábados en dos horarios. Allí, mujeres como Jimena Maldonado y Luz Oliva destacan cómo la rutina de ejercicio se traduce en fuerza mental, confianza corporal y una sensación de protección real.

Participar en el “Club de la Pelea” permite a las asistentes medir sus habilidades en el ring, siempre desde el respeto y la disciplina. Para Luz, ponerse los guantes por primera vez representó un paso decisivo tras experiencias de vulnerabilidad. “Sé que tengo la capacidad física y mental si me vuelve a suceder”, afirma.

Aprender a defenderse y compartir la experiencia

Entre las asistentes también hay madres como Nilda Ruiz, que organiza su vida para dedicar tiempo al entrenamiento y compartir la disciplina con sus hijas. “Aprendes a defenderte en la calle o en cualquier situación”, resume, convencida de que el ejercicio es tanto una vía de desahogo como de preparación para enfrentar posibles riesgos.

Para las integrantes de Sakura-Ki, el objetivo es claro: “Queremos que siga creciendo, que sepan que es necesario saber defensa personal”, subraya Dávila. Saber cómo reaccionar ante una agresión puede marcar la diferencia. Aprender a lanzar un gancho o esquivar un golpe es, para muchas, mucho más que deporte: es una forma de recuperar la autonomía y desafiar una realidad marcada por el miedo.

En medio del espectáculo, la cantante expresó su indignación y cuestionó de manera directa el desempeño del personal encargado de mantener el orden. El episodio se produjo el domingo 19 de julio de 2026 y fue ampliamente difundido por medios digitales, en los que el video del momento se viralizó y generó una rápida reacción entre el público.

La reacción de Ana del Castillo ante la agresión

Durante su show, Ana del Castillo advirtió que una mujer había sido golpeada en la cabeza con una botella. Visiblemente alterada, la artista interrumpió el espectáculo y se dirigió al equipo de seguridad con voz firme. “Seguridad, esa mondá qué es”, reclamó desde el escenario, mientras señalaba al presunto agresor. Luego, se dirigió a él con otra frase que rápidamente circuló en redes sociales: “Es verdad me da ira, por qué no se mama (toma) la cerveza en vez de dejar a la pelada (muchacha) escoñetada (golpeada) ahí”.

La reacción de la artista fue respaldada por cientos de usuarios, que destacaron el papel de la cantante en la defensa de sus fanáticas. El hecho reavivó la conversación sobre la seguridad en los conciertos y la necesidad de prevenir situaciones de violencia, especialmente contra las mujeres.

El incidente en Aracataca expone nuevamente la problemática de la seguridad en los conciertos y la necesidad de protocolos claros para proteger a los asistentes y a los artistas. En los últimos meses, diversas figuras públicas han exigido mejoras en la organización de eventos y en la formación del personal encargado de la seguridad.

Hasta el momento, Ana del Castillo y su equipo no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho ocurrido en Magdalena. Los organizadores del evento tampoco han dado declaraciones públicas. Mientras tanto, la discusión sobre el papel de la seguridad y el respeto en los espectáculos continúa activa en redes y medios digitales.

Antecedentes en su carrera: otro incidente en diciembre de 2025

No es la primera vez que Ana del Castillo protagoniza un episodio de este tipo durante sus shows. En diciembre de 2025, la cantante interrumpió otra presentación tras un caso de acoso en el escenario.

En aquella ocasión, invitó a un fanático a subir a la tarima para tomarse una fotografía. El ambiente de cercanía se vio interrumpido cuando, según testigos, el seguidor intentó tocar a la artista de forma inapropiada.

La reacción de la cantante fue inmediata. Al percatarse del acto, detuvo el espectáculo y manifestó su molestia ante el público: “¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el culo si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen”.

El episodio, grabado en video, generó debate en plataformas digitales sobre los límites en la interacción entre artistas y seguidores. Mientras algunos respaldaban la actitud de la cantante, otros opinaban sobre la magnitud de la reacción y el impacto en la experiencia de los asistentes.

El perfil de Ana del Castillo

Ana del Castillo, nacida el 9 de abril de 1999 en Valledupar, ha construido una carrera que la posiciona entre las voces femeninas más influyentes del vallenato. Su repertorio incluye títulos como La cachera, El favor de Dios, Te amo y te amo, Pacto y El que la hace la paga. La cantante es reconocida por su capacidad vocal y su estilo directo, así como por la cercanía que suele mantener con sus seguidores durante los conciertos.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido elogios tanto del público joven como de expertos en el folclor caribeño. Su personalidad frontal y la manera en que enfrenta situaciones complejas en escena se han convertido en un sello distintivo.

En múltiples ocasiones, Ana del Castillo ha reiterado que no tolerará comportamientos irrespetuosos durante sus presentaciones y ha recordado la importancia del respeto mutuo entre artistas y asistentes.

La Policía Nacional ha encontrado a una mujer de 30 años sin vida en su vivienda de Antequera, en Málaga, con signos de violencia y lesiones de arma blanca. Las primeras pesquisas apuntan a que habría muerto por las puñaladas que recibió, pero según han confirmado las fuentes policiales al diario SUR, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo se produjo tras recibir varias llamadas de vecinos que escucharon gritos dentro del domicilio sobre las 14:00 horas, en los que se hacía referencia a la muerte de una mujer. Aunque no ha podido ser confirmado aún, las primeras hipótesis apuntan a que este asesinato estaría relacionado con el suicidio de un hombre de 35 años en el puente de Arco de los Gigantes, en pleno casco histórico de la ciudad a las 11:50 horas.

En cuanto los servicios de emergencia recibieron el aviso, se activaron distintos dispositivos policiales y sanitarios. Varias patrullas de la Policía Nacional y personal del 061 acudieron al domicilio ubicado en la calle Mederuelos, donde solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

A la espera de la autopsia, ya que podría esclarecer lo sucedido

El levantamiento del cadáver se efectuó tras las primeras inspecciones técnicas en el lugar de los hechos, mientras se recogían pruebas y testimonios de posibles testigos. La Policía Nacional investiga si el fallecido es el autor del crimen y si el hecho se enmarca en un caso de violencia machista.

Por el momento, como ha podido saber el diario SUR, los agentes encargados del caso están a la espera del resultado de la autopsia, ya que determinará si su hipótesis se confirma. Las pruebas forenses se están realizando en el Instituto de Medicina Legal (IML) de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

La cuarta mujer que muere en circunstancias violentas en Málaga

Con el caso de Antequera, ya son cuatro las mujeres muertas en circunstancias violentas en la provincia durante el mes de julio. Recordemos que el pasado 1 de julio las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de Ciudad Jardín de 35 años en un pozo de Rincón de la Victoria. Su expareja habría confesado el crimen, perpetrado semanas antes del hallazgo, con un arma blanca.

Pocos días después, las autoridades localizaron sin vida a una mujer de 61 años y a su hija de 31 en una vivienda de Mijas. Las investigaciones apuntan a que la pareja de la madre fue el autor del doble crimen, utilizando igualmente un arma blanca e intentando posteriormente incendiar la vivienda para ocultar las pruebas.

*Noticia en ampliación

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 después de la muerte de una joven de 31 años en Madrid. La víctima, que llevaba ingresada desde el mes de febrero, falleció el sábado por las heridas sufridas en un ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido a principios de año.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva, cuando dos sicarios se presentaron en casa de la mujer y la rociaron con un líquido inflamable. Posteriormente, le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. La mujer fue ingresada en el Hospital Universitario La Paz con un pronóstico grave.

Más de un mes después, el 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el delito, entre ellas el marido de la víctima, como presunto inductor de la agresión. Según las pesquisas de la Benemérita, el hombre habría contratado a dos sicarios, también arrestados, para acabar con la vida de su mujer. Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras varios meses ingresada, la mujer falleció el pasado sábado a causa de sus heridas. Este lunes, Igualdad ha confirmado su muerte como un nuevo caso de violencia machista. Según han especificado, la mujer tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

29 víctimas mortales por violencia de género

Con esta confirmación, el recuento oficial asciende a 29 víctimas mortales por violencia de género este 2026, 1.370 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos. El número de menores huérfanos por violencia de género llega a 17 en 2026 y a 527 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena” y su “absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, y han trasladado “todo” su “apoyo a familiares y amistades de la víctima”. Ambas han instado a “llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

La reciente iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta a cuestionamientos sustanciales sobre su viabilidad operativa, de acuerdo con un informe publicado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Según el documento, esto se deberá a la falta de recursos previstos para las fiscalías y servicios periciales encargados de implementar la nueva legislación, en caso de que sea aprobada.

La propuesta legislativa, que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, endurece sanciones y amplía agravantes, exigiendo a los Ministerios Públicos y servicios periciales una serie de actos de investigación pericial obligatorios.

Sin embargo, no contempla un incremento presupuestal para dotar de mayores capacidades a estas instituciones que ya presentan signos de saturación.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 citado en el informe, en el país existen 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y médicos forenses, con sólo 14 mil 466 personas peritas.

Este personal tuvo que atender en 2024 un total de 5 millones 069 mil 925 intervenciones periciales, de las cuales quedaron pendientes 557 mil 962.

Estos datos, señala el informe, muestran que el aparato de procuración de justicia opera con una sobrecarga estructural.

La exigencia de la ley de que los servicios periciales realicen identificación de víctimas mediante huellas dactilares, análisis genéticos, antropología forense y una variedad de dictámenes especializados, aunada a la creación de nuevas fiscalías especializadas en feminicidio, pone en jaque la sostenibilidad operativa del sistema, al no prever recursos adicionales para cumplir con estas tareas.

El riesgo, advierte el documento difundido por México Unido Contra la Delincuencia, es que la creación de nuevas obligaciones sin un refuerzo presupuestal tenga el efecto contrario al buscado: debilitar tanto a las nuevas instituciones como a las ya existentes, fragmentando recursos humanos y financieros y comprometiendo la calidad y oportunidad en la atención a las víctimas.

Por su parte, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030, presentado en mayo de este año, sí reconoce explícitamente la necesidad de ampliar cobertura y fortalecer capacidades, pero pospone el compromiso presupuestal hasta las etapas finales del plan, proyectándolo incluso hacia 2030 y 2045.

“El establecimiento de actos de investigación obligatorios no está acompañado de un aumento presupuestal real de los servicios periciales ni de la infraestructura forense”, señala el informe difundido por México Unido Contra la Delincuencia.

El documento subraya también que no considerar estos retos operativos pone en riesgo toda la política pública de combate al feminicidio, pues las nuevas leyes pueden quedarse en el papel si carecen del soporte institucional y financiero para ser ejecutadas.

Además, el informe documenta que la sobrecarga actual de trabajo en ministerios públicos, peritos y médicos forenses no sólo implica retrasos, sino que puede propiciar simulaciones o incumplimientos en la aplicación de protocolos, sin que existan sanciones o consecuencias jurídicas claras en caso de omisión.

Finalmente, se recalca que para que la política pública sea efectiva, es indispensable que el fortalecimiento institucional vaya acompañado de presupuesto, reglas claras de asignación de recursos y mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.

Sheinbaum envía al Congreso de la Unión iniciativa para Ley General de Feminicidio

En julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esta propuesta busca homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país, ya que hasta ese momento cada estado tenía su propia normativa y sanciones, lo que generaba irregularidades y deficiencias en la investigación de estos delitos.

Entre los problemas señalados estaban la incorrecta clasificación de feminicidios, la falta de protocolos homologados, carencia de registros públicos y ausencia de perspectiva de género.

La iniciativa establece una pena de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio y contempla 19 agravantes, así como sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad.

Prohíbe beneficios como la amnistía o la conmutación de pena y estipula que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio, bajo protocolos nacionales obligatorios.

Se plantea también la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para armonizar la legislación y dar seguimiento a la aplicación de la ley, así como la implementación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y medidas de protección integral para mujeres sobrevivientes, priorizando el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

El presunto doble feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, ha causado conmoción por la violencia con la que fueron asesinadas dos mujeres y por el vínculo familiar que existía entre las víctimas y el presunto responsable.

Las autoridades capitalinas detuvieron a Eduardo Uriel “N”, señalado como el probable responsable de privar de la vida a su madre y a su abuela utilizando un bat de béisbol que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido modificado con alambre de púas.

Conforme avanzan las investigaciones, han surgido nuevos detalles sobre el caso, incluidos testimonios de familiares y datos sobre el presunto agresor.

¿Qué ocurrió en la vivienda de la Gustavo A. Madero?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Pastora, donde presuntamente Eduardo Uriel “N” atacó a las dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth, madre del detenido, y Ana, su abuela.

Según los reportes preliminares, ambas fallecieron a consecuencia de los múltiples golpes que recibieron con un bat al que presuntamente el agresor le colocó alambre de púas, lo que incrementó la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble e iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable.

El hombre fue detenido posteriormente y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una de las líneas de investigación señala que el detenido presuntamente consumía diversas sustancias ilícitas, entre ellas cristal, piedra y mariguana. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinen si este aspecto tuvo alguna relación con los hechos.

La tía del presunto agresor narró cómo encontró a las víctimas

Uno de los testimonios que más ha impactado es el de Leticia, tía del detenido, quien relató los momentos posteriores a la agresión y cómo descubrió los cuerpos de su madre y de su hermana.

Según explicó, al llegar al domicilio observó a un familiar sentado, pero nadie le informó lo ocurrido.

“Ya cuando bajé, ya mi cuñado estaba aquí sentado y no me dijo nada. Ya cuando bajé no vi gente, y yo dije: ‘¡Mi mamá, mi mamá!’. Entré al cuarto de mi mamá y vi que mi mamá estaba en la cama ya muerta y mi hermana estaba en el suelo ya muerta”, narró.

Después del hallazgo, aseguró que el presunto responsable salió del inmueble y fue cuestionado por otro vecino sobre lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, Eduardo Uriel respondió de manera directa.

“¿Qué hiciste?”, le preguntaron.

“Pues las maté”, habría respondido el ahora detenido, según el relato de su tía.

Este testimonio forma parte de los elementos que las autoridades analizan dentro de la investigación.

La investigación continúa

Tras la detención de Eduardo Uriel “N”, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y reunir todos los elementos periciales y testimoniales necesarios.

Las autoridades deberán determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias que rodearon el ataque y las responsabilidades penales que correspondan al detenido.

Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía debido a la extrema violencia del ataque y porque las víctimas eran familiares directas del presunto agresor.

El presunto doble feminicidio vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de que estos casos sean investigados con perspectiva de género y conforme al debido proceso, mientras las autoridades avanzan en la integración de la carpeta de investigación.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha pedido que se investigue el cambio registral de un hombre denunciado por violencia de género. El acusado, con antecedentes por este mismo delito, afirma haber acudido al registro civil para ser reconocido como mujer, un cambio que los magistrados consideran como “posible fraude de ley”.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por su esposa, quien interpuso la denuncia contra el acusado. Un juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó un auto de inhibición al comprobar que el cambio de género en el registro se había realizado previamente a los hechos denunciados. Al ser la presunta autora una mujer, los hechos no podrían juzgarse como violencia de género y deberían pasar a un órgano de instrucción.

La Audiencia de Zaragoza, sin embargo, ha recordado que esta persona tenía antecedentes por violencia de género contra la misma víctima, su esposa, antes de realizar el cambio registral. Asimismo, menciona en su auto que el propio acusado reconoció ante la Guardia Civil que el cambio de sexo se realizó “con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres”.

El tribunal expresa en su auto que “el hecho de que dicha persona cuente con varios antecedentes penales por actos de violencia de género previos a ese cambio de sexo nos lleva a detectar una sospecha fundada de que el nuevo sexo registral pudo producirse con fraude de ley, prohibido expresamente por el artículo 6.4 del Código Civil”. Añaden que “caso de que la finalidad perseguida con la rectificación de la mención registral relativa al sexo fuera la de eludir la aplicación de la normativa específica de violencia de género, y no el libre desarrollo de la identidad sexual, estaríamos, indudablemente, ante un fraude de ley”.

La Audiencia de Zaragoza ha encargado la investigación a un magistrado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, a quien recuerdan que está “en juego la vulneración de los derechos de la víctima, con la correlativa puesta en riesgo de su protección integral”. Dependiendo de los resultados de las pesquisas, el caso continuaría siendo estudiado como violencia de género o, por el contrario, pasaría a un tribunal de instancia normal.

Un fraude repetido por otros maltratadores

Desde la entrada en vigor de la llamada Ley Trans, que permitió el cambio registral de sexo para las personas transgénero, otros acusados de violencia de género han intentado cambiar legalmente de género para evitar el agravante machista en su condena. Particularmente conocido fue el caso de Candy, recientemente condenado a 11 meses de prisión por amenazas a su expareja.

‘Candy’ contaba con antecedentes por violencia de género a anteriores parejas. El 11 de septiembre de 2023 fue condenado en firme y se ordenó su ingreso en prisión, pero pidió el indulto por haberse inscrito poco antes como mujer en el Registro Civil. Tras este cambio, siguió vigilando y amenazando a su expareja.

El cambio de género le permitió alargar los trámites judiciales dos años más, con varios aplazamientos en los tribunales de Sevilla. Finalmente, su caso no fue juzgado como violencia de género, pero Candy fue igualmente condenado. El pasado mes de marzo, el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla lo sentenció a 11 meses de prisión, que se sumaban a los 15 meses impuestos por amenazas anteriores a la misma mujer.

Este 14 de julio de 2026, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, con el uniforme beige y con una bolsa llena de sus pertenencias, dejó el penal de Atlacholoaya, Morelos. A su salida, abordó una camioneta y no quiso emitir alguna declaración para medios de comunicación.

Exdirector de Pemex seguirá proceso por violencia familiar

La tarde de este martes, la defensa de Rodríguez Padilla consiguió que su cliente llevara el proceso por violencia familiar en libertad, luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, le otorgara el perdón. A su salida, el también maestro en Ingeniería mostró un rostro desgastado y, con una sutil sonrisa, abandonó el penal entre cuestionamientos de la prensa.

Durante la audiencia de este día, la jueza de Control Consuelo Adriana Correa Ortiz dejó sin efectos la medida cautelar que la Fiscalía de Morelos había solicitado: prisión preventiva. Por lo que, se ordenó la libertad inmediata del exdirector.

Aunque Rodríguez Padilla abandonó el penal donde permaneció casi 7 días recluido, luego de que su esposa lo denunciara por golpearla en repetidas ocasiones, el funcionario tendrá que enfrentar el proceso penal por violencia familiar, ya que es un delito que se persigue de oficio y el otorgamiento del perdón por parte de la víctima no lo exime de la acusación.

Medios locales han precisado que la defensa del acusado presentó una escritura de un domicilio ubicado en la Ciudad de México, su pasaporte y ofreció una garantía económica que rondaría los 20 mil pesos, como medidas para demostrar que no abandonará el país.

Esta es la acusación que pesa sobre el exfuncionario

La acusación en contra de quien un día dirigió la empresa estatal petrolera de México se basa en los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026, los cuales tuvieron lugar en un fraccionamiento de Emiliano Zapata, municipio de Morelos. La situación quedó grabada en una de las cámaras de vigilancia del domicilio, donde se encontraba la pareja con su hijo menor de edad, quien habría presenciado lo sucedido.

María Felicia Jiménez, quien es doctora en Ingeniería Energética, difundió la grabación donde se ve claramente cómo su esposo ejerce violencia física en su contra, el el video fue ampliamente compartido en redes sociales y medios de comunicación el pasado 26 de junio, donde la mujer aseguró sentir temor por denunciar de manera pública:

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“.

La semana pasada, habría trascendido que la Fiscalía de Morelos buscaría acusarlo por violencia vicaria, intento de feminicidio y violencia familiar, siendo este último el único cargo que se pudo probar durante la audiencia de vinculación a proceso al exdirectivo y por el que seguirá el proceso en libertad.

Así se tipifica el delito en Morelos

La violencia familiar está prevista en el Capítulo I Bis del Código Penal de Morelos, donde precisa ser un delito que se persigue de oficio y se considera cuando uno de los miembros de la familia “realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar”, considerando los diferentes grados de parentesco que puedan tener.

Tal como en el caso de Víctor Rodríguez, el agente del Ministerio Público solicitará al juez dictar las medidas precautorias necesarias para salvaguardar a la víctima. Ante la denuncia de la esposa del exfuncionario de Pemex, la jueza impuso no acercarse ni a María Felicia Jiménez ni a su hijo, mientras transcurre el proceso penal.

La pena que podría alcanzar el acusado es de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como sujetarse a recibir tratamiento psicológico específico para su rehabilitación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria, una normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad que introduce la privación automática de la patria potestad cuando exista una sentencia condenatoria firme por delitos graves contra los hijos o la mujer. La medida aprobada este martes, según ha explicado la ministra Ana Redondo, supone una de las reformas legislativas más destacadas en materia de protección frente a la violencia de género en España.

“Avanzamos en un contexto de retroceso de derechos de las mujeres y negacionista de la igualdad. Frente a los problemas sociales hay dos formas de reaccionar: negando los problemas, lo que implica agravarlos, o analizarlos y ofrecer soluciones para avanzar y eso es lo que hacemos, progresar, seguir avanzando”, ha explicado Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La nueva ley contempla la modificación de hasta diez textos legales, entre ellos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

La normativa también habilita la privación de la patria potestad por indicios fundados de violencia o si el progenitor está incurso en un proceso judicial por determinados delitos. “Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre”, ha indicado la ministra.

La importancia de escuchar a los menores de edad

El régimen de visitas y la guarda y custodia quedarán suspendidos de manera inmediata en los casos donde exista un procedimiento abierto por violencia de género o vicaria, o cuando haya indicios racionales de que se produce este tipo de violencia dentro del núcleo familiar. Además, la norma establece la obligatoriedad de escuchar al menor en los procesos de custodia y permite que terceros puedan trasladar la voluntad del niño si no puede hacerlo directamente.

El procedimiento para la privación de la patria potestad se agilizará mediante la reforma del artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitiendo que se tramite por juicio verbal y facilitando su resolución.

En el ámbito penal, el proyecto introduce una agravante de género específica en el artículo 22.4 del Código Penal, en lugar de modificar el artículo 173 como se propuso inicialmente. Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que esta modificación persigue evitar perjuicios para las madres protectoras. Además, se añade una nueva pena que prohíbe la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos relacionados directamente con el delito cometido.

La ley mantiene la definición de violencia vicaria como aquella que, con el propósito de causar dolor a las mujeres, ejercen personas que sean o hayan sido cónyuges, parejas afectivas o tengan vínculo similar, incluso sin convivencia, utilizando personas instrumentales. Se amplía el concepto de víctimas instrumentales a todos los hijos y descendientes, mayores o menores de edad, así como a personas con discapacidad, ascendientes, hermanos o la pareja conviviente actual.

Dentro de las novedades, el texto también plantea la posibilidad de que la madre superviviente de un hijo fallecido por violencia vicaria solicite la sustitución de los apellidos del hijo fallecido y, en su caso, de los hijos comunes menores, para evitar la permanencia del vínculo nominal con el agresor. Además, se modifican los artículos 71.1, 231 y 232.1 de la Ley General de la Seguridad Social para impedir que una persona condenada por homicidio doloso genere derechos sobre prestaciones de muerte y supervivencia si la víctima fue quien originó dichas prestaciones.

El proyecto incluye medidas de sensibilización, información y seguimiento, así como mejoras en la formación de los operadores jurídicos. La violencia vicaria se incorporará en pruebas de ingreso, promoción y formación especializada. Se ampliará la Estadística de Víctimas Mortales por Violencia Contra la Mujer por Razón de Género para incluir de forma diferenciada a hijos, descendientes y otros familiares afectados.

Por otro lado, el texto final excluye por ahora a las mascotas de la definición de víctimas instrumentales, aunque el Ejecutivo confía en su posible incorporación durante el trámite parlamentario. El Código Penal ya contempla el daño a los animales para perjudicar a la pareja, lo que permite aplicar la nueva agravante de género en esos casos.

Una mujer, de 41 años y nacionalidad extranjera, permanece ingresada en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Montecelo tras sufrir una brutal agresión. El suceso ocurrió el pasado sábado 11 de julio en el municipio de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra, y actualmente se estudia si podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Por el momento, la pareja de la víctima, un varón de 48 años y nacionalidad española, ha sido detenido por las autoridades como presunto responsable del ataque y ha pasado a disposición judicial. Tal y como ha podido saber el diario Faro de Vigo, los agentes de la Guardia Civil recibieron un aviso el sábado por la tarde cuando los vecinos encontraron a la mujer ensangrentada y con importantes golpes en la cara fuera de la vivienda.

Los vecinos, como detalla el Diario de Pontevedra, se acercaron a la mujer después de escuchar sus gritos de auxilio. Al llegar, se dieron cuenta de que no hablaba castellano, por lo que apenas pudo articular palabra con los vecinos que la socorrieron.

Una discusión o un movimiento predeterminado

Actualmente, la Guardia Civil continúa estudiando lo que sucedió dentro del domicilio de la pareja. Aunque su principal hipótesis se centra en que la mujer podría haberse caído por la ventana durante una fuerte discusión o que, directamente, fuese arrojada por su pareja desde el balcón para intentar acabar con su vida.

De esta manera, el testimonio de la víctima puede ser determinante para avanzar en el caso. Sin embargo, debido al estado grave en el que se encuentra, los agentes aún no han podido interrogarla para esclarecer las circunstancias del suceso.

En cuanto a la situación legal del arrestado, fue conducido esta tarde a disposición del juzgado plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra para el inicio de las diligencias.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña anunciara que tiene aspiraciones para volver a ser el presidente del Senado de la República, surgieron reacciones inmediatas tanto al interior de Morena como entre integrantes de otras bancadas, ya que su periodo en el primer año de la LXVI Legislatura se tornó polémico.

El propio Noroña reconoció que su camino no será sencillo. “No, no creo que tenga el apoyo, no”, admitió el senador, quien también adelantó que, antes de tomar una decisión definitiva, necesita dialogar con sus compañeras y compañeros para conocer si ven con simpatía su posible regreso.

Aun así, advirtió que las acusaciones por violencia política de género podrían usarse para bloquear su candidatura: “Van a empezar a alegar: ‘Es misógino, lo acaban de sancionar por violencia política de género’”.

En este contexto, la confirmación reciente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz, complica aún más sus aspiraciones, ya que podría quedar inscrito en el durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El senador comunicó que apelará la resolución, buscando mantener sus posibilidades de contender por la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo legislativo.

Ignacio Mier le pone freno a las aspiraciones de Noroña

Mientras en Morena varios legisladores muestran interés por la presidencia de la Mesa Directiva, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue tajante al recordar que la decisión se tomará hasta agosto. “Será una distinción presidir la Mesa Directiva, pero los tiempos están establecidos con precisión”, subrayó el legislador, quien además recalcó que la actual presidenta es Laura Itzel Castillo.

Mier reiteró que la elección se realizará durante la plenaria del grupo parlamentario, donde buscarán el consenso entre todos los legisladores. Aunque reconoció que expresar aspiraciones es legítimo en política, advirtió con ironía: “A los que se destapan luego les da pulmonía”.

Consultado sobre la posibilidad de que Fernández Noroña repita en el cargo, Mier descartó esa opción y explicó que la decisión no solo corresponde a Morena, sino también a sus aliados parlamentarios. “Tenemos que buscar el consenso y el acuerdo con nuestros aliados, para garantizar la buena conducción de los trabajos en el Pleno y una responsabilidad institucional”, detalló.

Otros senadores no estarían de acuerdo con postular al polémico senador

La candidatura de Noroña también enfrenta resistencias internas y externas. El senador morenista Manuel Huerta manifestó que no apoyan la reelección en la Mesa Directiva, por principios y no por motivos personales: “No estamos por la reelección, si fuera su primera vez quizá”.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, fue incluso más crítico, ya que consideró que la presidencia de Noroña generó desacuerdos y problemas en el pasado, y planteó dudas sobre su elegibilidad tras la sanción por violencia política de género.

El morenista Oscar Cantón Zetina no descartó que el Partido Verde pueda ser incluido en la negociación, resaltando la alianza entre fuerzas políticas. Por su parte, Higinio Martínez señaló que cualquier decisión deberá pasar por el voto y la opinión de más de 60 senadores de Morena, y confirmó que él también buscará la presidencia.

El proceso formal iniciará en agosto y, hasta entonces, las distintas corrientes internas seguirán negociando.

Así es el proceso para elegir a la presidencia del Senado

La presidencia del Senado de la República se define cada año legislativo por medio de una votación secreta por cédula en el Pleno. Para ser designado, el candidato debe reunir la mayoría absoluta de los votos de los senadores presentes.

La Mesa Directiva se compone de:

• Un presidente
• Tres vicepresidentes
• Cuatro secretarios

Todos los integrantes son elegidos por mayoría absoluta y pueden ser reelectos para el ejercicio de un año legislativo. El proceso está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General y suele concretarse durante la plenaria de inicio de periodo, donde los grupos parlamentarios presentan sus propuestas y buscan consensos.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija, de 31 años, tras encontrar sus cuerpos en el interior de una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se había producido un incendio.

Los agentes recibieron el aviso a las 2:15 horas de la madrugada: una llamada al 112 advirtió de que, en una vivienda unifamiliar de la calle Tulipán, en el núcleo de las Lagunas, salían llamas y humo. Dentro del piso, encontraron los cadáveres de ambas mujeres. Si bien en un primer momento se pensó que habían fallecido a causa del incendio, tras una inspección ocular los agentes han encontrado signos de violencia en los cuerpos. En concreto, presentaban varias puñaladas.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis por el momento, pudiendo tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Aunque las pesquisas se encuentran en una fase muy incipiente, los agentes tratan ahora de determinar si el incendio trata de ocultar un doble asesinato y destruir pruebas. Los agentes han aclarado que ninguna de las víctimas figuraba dentro del sistema VioGén por violencia de género y barajan la posibilidad de que en el doble crimen haya participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.

Los cadáveres se han trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para realizarles la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes.

27 mujeres asesinadas por violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, podrían ser las víctimas número 28 y 29 por violencia de género en España este 2026. El pasado 3 de julio, el Ministerio de Igualdad confirmó como asesinatos por violencia de género los crímenes de dos mujeres en Alicante y Málaga, por lo que la cifra ascendió a 27 muertes en este año y 1.368 desde que comenzaron los registros, en el año 2003.

El caso de Alicante correspondía a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, el pasado 2 de julio en Alicante. El segundo es el de una mujer de 35 años, asesinada presuntamente por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo en Málaga. En ninguno de los dos casos había denuncias previas.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Llegan a España con la expectativa de encontrar un empleo y comenzar una nueva vida, pero terminan atrapadas en redes de trata con fines de explotación sexual. La Policía Nacional ha detectado un incremento de víctimas venezolanas captadas por organizaciones criminales que utilizan falsas ofertas de trabajo como reclamo, imponen elevadas deudas y mantienen un control constante sobre las mujeres explotadas.

La inspectora Cristina del Collado, jefa del Grupo de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha explicado que las organizaciones latinoamericanas son actualmente las más presentes en España. Entre ellas destacan las venezolanas, colombianas y paraguayas, junto a las chinas, mientras que las procedentes de países del este de Europa, especialmente Rumanía, tienen una tendencia descendente.

Las organizaciones venezolanas presentan una particularidad frente a otros grupos criminales: sus principales responsables permanecen en Venezuela, desde donde, según la inspectora, “monitorizan todo” el funcionamiento de la red. Aunque cuentan con colaboradores en España encargados de vigilar a las mujeres y trasladarlas entre diferentes pisos del territorio. Además, parte del dinero obtenido mediante la explotación sexual es enviado al país de origen de los responsables.

El perfil de las víctimas suele corresponder a mujeres muy jóvenes, de entre 18 y 20 años, en situaciones de especial vulnerabilidad y con una alta exposición a la manipulación. Antes de trasladarlas a España, las redes suelen enviarlas a otros países como Chile o Perú para “ponerlas a prueba” y comprobar si se adaptan al entorno de explotación sexual.

La captación comienza con un engaño: las organizaciones ofrecen supuestos empleos en España que prometen una oportunidad económica y una salida a situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, una vez que las mujeres llegan al país, descubren que la realidad es muy distinta y quedan sometidas a las condiciones impuestas por la red. Para mantenerlas bajo control, los responsables les imponen una deuda por el traslado y la supuesta ayuda prestada, una cantidad que puede situarse entre los 9.000 y los 15.000 euros, la cifra más elevada detectada por la Policía.

Captación, deudas y amenazas para controlar a las víctimas

En el caso de las organizaciones colombianas, el funcionamiento presenta algunas diferencias respecto a las redes venezolanas. Según ha explicado Cristina del Collado en la Universidad Complutense, los responsables suelen encontrarse en España, aunque mantienen colaboradores en Colombia encargados de localizar y captar a jóvenes a las que engañan con falsas promesas de trabajo y mejores oportunidades económicas.

Una vez trasladadas a España, las víctimas son sometidas a una deuda que oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros, una cantidad que deben devolver mediante la explotación sexual. Además, las redes recurren a mecanismos de intimidación para evitar que abandonen la situación de explotación: les hacen firmar documentos en los que deben aportar información sobre sus familiares y sus domicilios, datos que después utilizan como amenaza si intentan escapar o dejar la prostitución.

Asimismo, la Policía también ha detectado casos en los que estas organizaciones fuerzan a las víctimas al consumo de drogas, especialmente cocaína, generando una dependencia que facilita aún más su control.

Junto a las colombianas, las redes paraguayas también mantienen una presencia destacada en España, aunque emplean métodos de captación diferentes. En muchos casos, las víctimas son engañadas por familiares o personas cercanas, una circunstancia que aumenta su confianza y facilita que acepten viajar al país con la promesa de encontrar un empleo.

Una vez en España, las mujeres quedan atrapadas por una deuda que ronda los 4.000 euros. Para garantizar su pago, las organizaciones pueden obligarlas a firmar avales con los que comprometen bienes propios o de sus familias, como viviendas o vehículos, utilizando esa presión económica como otra herramienta de control sobre las víctimas.

Las redes rumanas pierden fuerza, pero mantienen su presencia en España

Mientras tanto, las organizaciones procedentes del este de Europa, especialmente las de Rumanía, continúan teniendo presencia en España, aunque la Policía Nacional ha detectado una evolución a la baja en este tipo de redes en los últimos años. Pese a este descenso, los investigadores advierten de que estas estructuras siguen utilizando métodos de captación basados en la manipulación y el engaño, entre ellos la conocida técnica del ‘lover boy’.

Este método suele estar protagonizado por un hombre, generalmente de entre 30 y 35 años, con buena apariencia física y una imagen de éxito, que se acerca a jóvenes de alrededor de 18 o 19 años y establece con ellas una relación sentimental. Una vez que consigue ganarse su confianza y generar una dependencia emocional, la víctima es presionada y obligada a ejercer la prostitución, quedando bajo el control de la organización.

Frente a estos grupos, la inspectora Cristina del Collado ha señalado que las organizaciones chinas son actualmente unas de las más complejas de investigar para las fuerzas de seguridad. Su estructura cerrada y su funcionamiento dentro de comunidades muy herméticas dificultan el acceso de los investigadores, a lo que se suman las barreras lingüísticas, sociales y culturales. Esta combinación hace más complicada tanto la identificación de los responsables como la detección y asistencia a las posibles víctimas.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, cinco hombres que entonces tenían entre 26 y 29 años agredieron sexualmente a una joven de 18 años en un portal. El caso podría haber sido uno más de los que se registran en fiestas de este tipo, pero transformó la percepción social de la violencia sexual en España e impulsó cambios en la legislación. Los autores, que grabaron la agresión con sus teléfonos móviles y robaron a la joven el suyo, actuaron con pleno conocimiento de que “no tenían el consentimiento de la víctima” y sabiendo que “atentaban contra su libertad e indemnidad sexual”, según indicó el fallo del Tribunal Supremo, que tras un proceso judicial extenso y complejo, les condenó a 15 años de cárcel.

En los mensajes intercambiados por el grupo, conocido como ‘La Manada’, compartieron comentarios celebrando lo ocurrido, utilizando expresiones que restaban gravedad a los hechos y jactándose ante otros conocidos. “Follándonos a una entre los cinco”, “todo lo que cuente es poco”, “puta pasada de viaje”, llegaron a decir en sus conversaciones con otros amigos mientras estos respondían: “Cabrones, os envidio. Esos son los viajes guapos”.

En un principio, en abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra condenó inicialmente a los cinco hombres —José Ángel Prenda (28 años), Ángel Boza (26), Jesús Escudero (27), Alfonso Jesús Cabezuelo (29) y Antonio Manuel Escudero (29)— a nueve años de prisión, al ser considerados culpables de un delito continuado de abuso sexual y no de agresión sexual (violación), ya que los magistrados entendieron que no hubo ni intimidación ni violencia física explícita, condiciones que exigía el Código Penal para que se considerase agresión sexual o violación.

Los acusados, que insistieron en que fue una relación consentida, recurrieron la decisión de la Audiencia y la respuesta en la calle fue inmediata, pues desencadenó una ola de indignación y protestas en numerosas ciudades de España que exigían una mayor protección para las víctimas en el sistema judicial. Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales reclamaron entonces una reforma legal que reflejara con mayor claridad la gravedad de estos delitos. El caso de ‘La Manada’ también puso en cuestión la actuación de la policía y la exposición pública de la víctima, que sufrió acoso y ataques en redes sociales.

En 2019 el Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se trató de una violación múltiple, elevando la condena a 15 años de cárcel. Confirmó que los cinco hombres se sirvieron de su “superioridad” para agredir sexualmente a la joven con penetraciones por vía vaginal, oral y anal. La decisión del Supremo, que volvió a derivar en protestas multitudinarias en decenas de ciudades, supuso un hito en la jurisprudencia española y sentó las bases para la posterior reforma de la ley de libertad sexual, conocida como la Ley del “solo sí es sí”, que modificó los criterios para considerar el consentimiento en los delitos sexuales.

Expertas en violencia de género aseguran que esta sentencia del Supremo representó un cambio en la interpretación judicial al establecer que la falta de resistencia de la víctima no equivale a consentimiento. El caso de La Manada aceleró también un cambio cultural en la manera de entender el consentimiento sexual, de forma que el mensaje de “solo sí es sí” ganó fuerza en la sociedad, reforzando la idea de que toda relación debe basarse en un consentimiento claro, libre y reversible en cualquier instante.

“Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista”, explicó el pasado viernes la socióloga feminista Rosa Cobo durante las jornadas ‘Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual’, según informa la agencia EFE.

Otro caso similar en Pozoblanco, Córdoba

También cabe recordar que cuatro de los cinco integrantes de la Manada ya habían sido condenados por otro delito sexual cometido meses antes de los hechos de Pamplona. En esa ocasión, según los fallos judiciales, abusaron de una joven que se encontraba inconsciente en el interior de un vehículo en Pozoblanco (Córdoba), en una agresión ocurrida en la primavera de 2016, previa a las fiestas de San Fermín. Las pruebas obtenidas durante la investigación de ambos casos evidenciaron un patrón de conducta y contribuyeron al endurecimiento de las condenas.

Además, un año después de la violación grupal en Pamplona, el movimiento internacional Me Too cobró fuerza al visibilizar denuncias de acoso, abuso y agresiones sexuales en distintos ámbitos, poniendo en evidencia que estas situaciones forman parte de un problema estructural y no de hechos aislados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la relevancia que han tenido en la historia y la actualidad del país.

Violencia de las mujeres tiene raíz en la discriminación

Ante beneficiarias del programa, Sheinbaum sostuvo que la violencia contra las mujeres tiene raíz en la discriminación y en la negación de derechos. “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”, afirmó.

La presidenta enumeró los derechos que deben garantizarse a todas las mujeres, sin distinción de oficio o profesión:

• Derecho a educarse
• Derecho a trabajar
• Derecho al acceso a la salud
• Derecho a una vida libre de violencia

Sheinbaum subrayó que reconocer a las mujeres -amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias- es la forma de combatir la desigualdad. “Siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, señaló.

Gobierno federal destina un billón en Programas para el Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, dijo, es el reconocimiento concreto al trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo: por primera vez en 200 años, una mujer llegó a la Presidencia de México.

Además del programa de pensión, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

Más de un millón de mujeres reciben apoyo en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Precisó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el estado construirá 127 Centros LIBRE, a pesar de que solo cuenta con 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Estos son algunas de las reformas impulsadas en el gobierno de Sheinbaum

El 3 de octubre de 2024, dos días después de asumir la presidencia, Sheinbaum presentó un paquete de Reformas Constitucionales enfocado en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Estas reformas establecieron el derecho a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizarlo.

El paquete incluyó disposiciones para asegurar igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso al mismo trato y oportunidades, y medidas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños en procedimientos civiles y familiares. También se incorporó el concepto de violencia vicaria y se creó el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.

Con el lema “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum formalizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que hasta abril de este año la dirigió Citlali Hernández. Esta dependencia instaló 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en varios estados del país.

Además, se implementó el programa Mujeres Bienestar, que otorgó un apoyo bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años. Entre la legislación que se impulsó este año, se encuentra la ley contra el feminicidio, aprobada en el Congreso de la Unión.

Luego de que el pasado 29 de junio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, diera a conocer que su administración considera el retiro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ (IDHIE) mostraron su preocupación y advirtieron falta de condiciones para llevar a cabo esta acción.

El mandatario estatal sustentó sus afirmaciones bajo la excusa de que informes oficiales indican que la entidad pasó del lugar número siete al doce en materia de feminicidios, sin embargo, ambas organizaciones destacaron que esto “no constituye, por sí misma, un indicador de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género”.

GIM sin sesionar y medidas no cumplidas evitan que se levante la Alerta de Violencia de Género

Destacaron la deuda del gobierno poblano con las mujeres, sobre todo, después de que en 2019 se levantara la AVGM, ya que de las “45 medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta en Puebla, únicamente 4 han sido cumplidas en su totalidad, mientras que 28 continúan en proceso de cumplimiento, 2 presentan cumplimiento parcial, 1 permanece pendiente, 1 fue pospuesta y 9 han sido incumplidas”.

Precisaron que para que el mecanismo se levante, debe haber “cumplimiento efectivo de las medidas establecidas, los avances institucionales y los resultados verificables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Por lo anterior, la Alerta de Violencia de Género no debe levantarse solo tomando en cuenta datos estadísticos, ya que esto no muestra “evidencia que demuestre que las acciones implementadas han generado condiciones reales de seguridad para las mujeres y niñas”.

También resaltaron la falta de trabajos por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el cual está enfocado en dar seguimiento a la medida implementada, mismo que “lleva más de un año sin sesionar, lo que ha impedido contar con nuevos dictámenes y realizar una evaluación integral sobre los avances y el cumplimiento de las acciones implementadas por el Estado”.

Gobierno solo reconoce 4 feminicidios de 38 muertes violentas de mujeres

Destacaron que aún está pendiente que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal de a conocer el informe con las medidas de desaparición, el cual se concluyó en 2024. Cabe destacar que, la dependencia sigue sin titular, ya que la senadora Laura Itzel Castillo -quien fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- asumirá funciones hasta septiembre de este año.

Señalaron que a las 38 muertes violentas de mujeres registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de este año, “se suma la grave problemática de desaparición de mujeres y niña”.

“Este año, simplemente solo han acreditado cuatro feminicidios de 38 asesinatos de mujeres. Entonces, esto es importante porque los estados no están acreditando el delito", señaló la directora del OCNF, María de la Luz Estrada.

Armenta insta a evaluación técnica

El 8 de abril de 2019, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue decretada para 50 municipios de Puebla debido al aumento de agresiones hacia las mujeres. Armenta afirmó que apoyó la petición de dicha alerta durante su periodo como legislador.

No obstante, subrayó que las circunstancias han cambiado y planteó la necesidad de analizar si la entidad podría superar esta medida, siempre a partir de criterios técnicos y garantizando la protección de las mujeres.

Reiteró que los avances se deben a la coordinación de dependencias estatales con la Fiscalía local, además de la puesta en marcha de las Casas Carmen Serdány losCentros LIBRE.

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado de manera encubierta a más de 130 clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento en su centro de masajes privado. Además, al sospechoso se le imputan también varios presuntos delitos de agresión sexual en algunos de los casos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una clienta que detectó la presencia de una cámara de vídeo oculta dentro de una de las cabinas del establecimiento. La mujer, al percatarse de que había un objetivo dirigido hacia la zona donde se desvestía, dio aviso a la Guardia Civil e interpuso una denuncia, lo que permitió abrir las primeras diligencias del caso.

Los agentes del Instituto Armado se desplazaron hasta el local y comprobaron la existencia del dispositivo de grabación oculto, dando inicio a una investigación más amplia, según ha adelantado ABC. A partir de ese momento se procedió a la incautación del material registrado y a la detención del responsable del centro.

Según la información recabada por los investigadores, el detenido es un hombre de 60 años y nacionalidad española, propietario del establecimiento de masajes. Tras su arresto, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial mientras continúa la instrucción del caso.

Las pesquisas posteriores han permitido localizar un elevado volumen de material audiovisual presuntamente grabado sin consentimiento. En total, los agentes han identificado más de 500 vídeos en análisis, según ha informado Diario de Rivas. Paralelamente, se ha elaborado un listado de clientas del centro, que estarían potencialmente afectadas por los hechos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el número de posibles perjudicadas asciende ya al menos a 131, aunque no se descarta que esa cifra aumente conforme avance la investigación. La Guardia Civil continúa revisando el material intervenido para determinar el alcance completo de las grabaciones y la posible existencia de otros delitos asociados.

Apoyo municipal a las víctimas

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha emitido un comunicado en el que ha expresado su “apoyo y acompañamiento” a las posibles víctimas de los hechos investigados. El consistorio ha habilitado recursos de atención psicológica y orientación jurídica para las mujeres afectadas, así como la derivación a otros servicios especializados en caso necesario.

Entre los canales de contacto habilitados se encuentra el Buzón Mujer, además de un teléfono municipal específico para ofrecer información y asistencia a las posibles víctimas. El objetivo, según ha señalado el consistorio, es facilitar el acceso rápido a apoyo institucional mientras avanza el procedimiento judicial.

Asimismo, el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de personarse como acusación popular en el caso, al considerar que los hechos podrían afectar a intereses generales y a una pluralidad de personas. No obstante, ha subrayado que cualquier decisión se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia.

El gobierno municipal ha insistido en que la prioridad en estos momentos es garantizar que cualquier persona afectada conozca los recursos disponibles y pueda recibir acompañamiento adecuado. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo supervisión judicial, a la espera de esclarecer completamente el alcance de las grabaciones y las posibles responsabilidades penales del detenido.

La violencia familiar en México se mantiene como uno de los principales delitos cometidos contra las mujeres. En los últimos años, organizaciones civiles y el gobierno implementan diversas acciones para combatir este tipo de agresiones.

Sin embargo, la cifra de casos aumentó de forma significativa entre enero y mayo del presente año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe, al corte del 30 de mayo, cuatro estados concentran el 35.8% del total de delitos de violencia familiar registrados en el país en dicho periodo.

En conjunto, estas entidades suman 40,550 delitos de un total nacional de 113,294 casos.

La Ciudad de México se posicionó como la entidad con más casos de violencia familiar, al reportar 11 mil 845 denuncias, equivalentes al 10.5% del total de casos a nivel nacional.

Le sigue Estado de México con 11 mil 317 delitos, lo que representa el 10.0% del total.

Nuevo León reporta 10 mil 080 delitos de violencia familiar en el periodo señalado. Guanajuato concentra 7 mil 308 casos. Baja California registra 6 mil 666 denuncias.

Coahuila y Chihuahua comparten la misma cifra, con 5 mil 524 delitos cada uno. Jalisco acumula 5 mil 339 casos. Puebla alcanza 4 mil 734 denuncias.

Veracruz suma 4 mil 643 delitos. San Luis Potosí cuenta con 4 mil 096 casos. Hidalgo reporta 3 mil 408 denuncias.

Tamaulipas alcanza 3 mil 106 casos. Quintana Roo y Sinaloa presentan cifras similares, con 3 mil 088 y 3 mil 070 delitos, respectivamente.

Tabasco reporta 2,890 denuncias. Morelos suma 2,888 casos. Sonora registra 2 mil 295 delitos. Durango alcanza 2,095 denuncias, mientras que Querétaro suma 2 mil 040 casos.

Colima reporta 1,755 delitos. Zacatecas acumula 1,515 denuncias. Oaxaca suma 1,482 casos. Baja California Sur reporta 1,446 delitos. Guerrero registra 1,344 casos.

Aguascalientes presenta 1,147 denuncias. Michoacán suma 860 casos. Nayarit reporta 623 delitos. Chiapas cuenta con 340 casos. Campeche registra 152 delitos, Yucatán suma 114 denuncias y Tlaxcala cierra la lista con 12 casos.

¿Cómo se sanciona?

El Código Penal Federal establece en el Artículo 343 Bis que comete el delito de violencia familiar quien ejerza actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, o sexual, contra una persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial; parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; concubinato; cohabitación, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Cuando las conductas descritas en el Artículo 343 Bis se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.

El Artículo 343 Ter señala que se equipara a la violencia familiar y se sanciona con seis meses a cuatro años de prisión a quien realice cualquiera de los actos del artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.

El Artículo 343 Ter 2o. establece que las penas previstas en el Artículo 343 Bis aumentarán hasta en una tercera parte a quien cometa el delito a través de interpósita persona.

En los casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona, el Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima, acordará medidas preventivas y solicitará medidas precautorias para salvaguardar la integridad física o psíquica, además de solicitar las órdenes de protección que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas en términos de lo dispuesto por la legislación.

Denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video donde su pareja, María Felicia Jiménez, denuncia maltratos y agresiones.

El material muestra supuestos hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en un domicilio de Emiliano Zapata, Morelos.

El video fue difundido por Jiménez, quien pidió auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México colabora para garantizar la protección de la víctima.

Tras la viralización del video, la Secretaría de Energía informó que Rodríguez no será incorporado al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, aunque previamente se había anunciado su nombramiento.

El exfuncionario declaró que se separa de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y expresó disposición para colaborar con las autoridades. El caso se da a conocer casi un mes después de que Rodríguez dejó la dirección de Pemex.

El terremoto en el fútbol italiano sigue dando nombres. La crisis que hace unos meses asolaba la Serie A desvela ahora otro nombre que está en primera línea después de que el Real Madrid lo tenga en sus listas de deseados. Alessandro Bastoni está siendo investigado por la fiscalía de Milán en el marco de una investigación por prostitución infantil.

Así lo ha confirmado La Gazzetta dello Sport después de que la fiscalía notificara al central del Inter de Milán. En cuestión, se le investiga por un presunto delito de prostitución de menores, dentro de una causa más amplia sobre una supuesta red de acompañantes que operaba en el entorno de la ciudad italiana. La notificación no implica culpabilidad, pero sí ha hecho saltar las alarmas del fútbol italiano, que vive uno de los peores episodios de su historia después de no disputar por tercera vez el Mundial.

De todos modos, Bastoni se convierte en el primer futbolista investigado dentro de esta crisis. El jugador será interrogado en los próximos días.

Una red de acompañantes

El nombre de Bastoni aparece en el marco de la investigación sobre “Ma.De”, una presunta agencia de acompañantes con sede en Cinisello Balsamo, en la provincia de Milán, que, según la acusación, organizaba fiestas “todo incluido” para clientes VIP, principalmente futbolistas, con cenas, discotecas y noches en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Según la documentación de la investigación, el defensa fue puesto en contacto en 2020, a través de un empleado de la agencia, con una joven que entonces tenía 17 años. La Fiscalía investiga si entre ambos existió una relación sexual, circunstancia que constituiría el presunto delito que se le atribuye. No obstante, la joven, interrogada como testigo, niega que haya mantenido relaciones sexuales con Bastoni.

A pesar de ello, los investigadores consideran que sigue habiendo elementos documentales y conversaciones intervenidas que justifican continuar con las diligencias y citar al futbolista para prestar declaración. Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, también ha solicitado información a otros tres futbolistas (Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi), aunque todos ellos figuran únicamente como testigos y no están siendo investigados.

Bastoni, en el radar del Real Madrid

Mientras su situación judicial acapara la actualidad, Bastoni continúa siendo uno de los centrales más cotizados del mercado. En las últimas horas, el diario AS ha relacionado al futbolista con el Real Madrid, que busca reforzar su eje de la zaga tras las llegadas de Konaté, Cucurella y Dumfries.

La relación entre ambos clubes es buena, algo que quedó patente en el reciente partido amistoso entre leyendas de los dos equipos disputado en el Bernabéu. El Inter conoce el interés madridista y, de hecho, durante la temporada ya autorizó a Bastoni a negociar su futuro, lo que le llevó a mantener conversaciones con el Barcelona que finalmente no fructificaron.

Las últimas informaciones apuntan a que el jugador podría salir por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Después de la lesión de Schlotterbeck, aunque no fue tan grave como lo esperado, ha hecho que Bastoni ganara puntos como principal objetivo madridista para la defensa. Además, encaja con la hoja de ruta de los fichajes de Mourinho: experiencia, capacidad para iniciar el juego desde atrás y consolidación en el fútbol de élite. En la última temporada, Bastoni ha jugado 40 partidos, marcado cuatro goles y dado seis asistencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá protección institucional para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos abriera una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia denunciados por su esposa.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres estableció comunicación con la víctima y reiteró que las autoridades competentes deben actuar conforme a la ley.

Sheinbaum sostuvo que el caso corresponde a la Fiscalía de Morelos debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en esa entidad. En ese sentido, enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario.

La presidenta afirmó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y señaló que ninguna persona recibirá un trato diferenciado por haber ocupado un cargo público.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, expresó.

La mandataria también aprovechó para aclarar la situación administrativa de Rodríguez Padilla dentro del gobierno federal. Explicó que el exdirector de Pemex estaba contemplado para asumir una nueva responsabilidad en el ámbito energético y que incluso ya había anunciado públicamente su próxima incorporación.

Sin embargo, precisó que el procedimiento de designación aún no se encontraba concluido porque faltaba la firma oficial del nombramiento.

“Yo no había firmado porque lleva un trámite la firma del nombramiento. Apenas iba a pasar el nombramiento”, explicó.

Por esa razón, indicó que no fue necesario revocar ninguna designación formal, ya que el proceso no se había concretado. Añadió que Alejandro Salcido continuará al frente de la posición que se tenía prevista para Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

“No ocupará otro cargo”

La presidenta fue más allá y afirmó que el exfuncionario no podrá ser considerado para otro cargo dentro de la administración federal mientras se desarrolla el caso.

“Ya no podrá ocupar otro cargo en la administración, ya no”, señaló ante la pregunta expresa de la prensa.

Las declaraciones ocurrieron después de que se difundiera un video en el que se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a una mujer. Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Sheinbaum insistió en que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación y reiteró que la aplicación de la ley debe ser igual para cualquier persona.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, sostuvo la mandataria.

Un video contradice a Sheinbaum: pidió ayuda a Rodríguez Padilla para dirigir el INEEL

El 14 de mayo de 2026, la presidenta anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

En conferencia de prensa, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, condenó la violencia física que ejerció el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en contra de su esposa, María Felicia Jiménez, quien denunció públicamente los actos cometidos por el alto exfuncionario.

Tras la viralización del caso, Montiel fue cuestionada por el caso que ha sacudido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum al tratarse de un político cercano a ella. “Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente, hacia las mujeres”, externó la dirigente.

“Todo el peso de la ley” contra Vítor Rodríguez

Respecto a la información que ha trascendido este sábado, respecto a que la Doctora María Felicia presentará una denuncia en contra de su esposo, la presidenta del partido oficialista reiteró que este proceso es de vital importancia, para que “todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta”.

Reiteró que a pesar de ser un alto funcionario, será juzgado conforme lo estipula la ley en estos casos, “La justicia es para todas las mujeres. Nuestra presidenta dijo: ‘Llegamos todas’. Y lo está cumpliendo”.

La dirigente nacional agregó que Morena se suma a “las exigencias de aplicar todo el peso de la ley a quien violenta a una mujer como lo hemos visto”.

Ariadna Montiel descalifica comunicado del exdirector de Pemex

Durante la noche del 26 de junio -día en que se dio a conocer la denuncia de María Felicia -, Víctor Rodríguez Padilla emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde aseguró “entender la sensibilidad de la situación”; sin embargo, su mensaje fue descalificado por Ariadna Montiel:

“No compartimos de ninguna manera el comunicado que el exfuncionario también presentó. Me parece que es claro y evidente que ha cometido un delito y esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley”.

En el breve texto publicado por el exdirectivo, señaló haberse “separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”; sin mayor sensibilidad y pese a haber ejercido violencia en contra de su esposa frente a su hijo, solicitó respetar la privacidad de su familia:

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”.

Esta fue la denuncia en contra del exfuncionario del INEEL

Aunque el día de ayer, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias(INEEL) aseguró que Rodríguez Padilla nunca formó parte de dicha institución, la realidad es que el pasado 3 de junio se llevó a cabo una ceremonia por el nombramiento de quien asumiría la dirección.

Por lo que al seguir siendo parte de un puesto con poder en el gobierno de Sheinbaum, el mensaje de María Felicia aseguró que “en casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, confirmando que el discurso morenista se desvanece ante la realidad que vivió la mujer:

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL".

Al decidir romper el silencio, la Doctora en Ingeniería Física Nuclear aseguró que esta situación se traducía en quedarse “sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”.

Cabe destacar que el caso se viralizó tras la publicación de un video con un mensaje donde se exhibe la violencia que ejerció el alto funcionario el pasado 15 de marzo en 2026, el delito quedó grabado en una cámara de vigilancia al interior del domicilio.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 24 de junio durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana, a la decisión del partido oficialista se le suma el proceso penal que enfrentará el dirigente juvenil.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido informó la destitución de Castillo mediante un comunicado oficial. El documento señala que la decisión responde a la “determinación irrevocable de preservar el compromiso con los valores y principios” del movimiento.

Castillo es egresado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas; tras la viralización del actuar violento, compañeros de esa institución lo han señalalado como una persona con historial de conductas agresivas.

Morena destituye al dirigente juvenil de Zacatecas

El CEN de Morena anunció que Castillo fue separado de su cargo “como un acto de responsabilidad y congruencia”. El partido subrayó que “no hay lugar para ninguna forma de violencia, y mucho menos para conductas que vulneren la integridad, los derechos o la dignidad de las mujeres”.

El Consejo Estatal de Morena Zacatecas había emitido previamente su propio comunicado en el que condenó los hechos y señaló que la conducta del dirigente “contraviene los principios y valores” del partido. “No hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres”, se lee en ese documento.

El video que desató la destitución: así ocurrió la agresión

Las imágenes grabadas por aficionados muestran el momento en que una conductora de plataforma circulaba por el Centro Histórico de la capital zacatecana cuando fue interceptada por una multitud en el cruce de la avenida Hidalgo y el callejón del Santero.

Según el video, los aficionados comenzaron a balancear el vehículo, mientras que la conductora en el intento de huir, acelera el carro. Castillo respondió abalanzándose sobre ella, golpeándola en el rostro.

Testigos en el lugar identificaron al agresor como el dirigente juvenil del partido, posteriormente, Castillo eliminó sus perfiles en redes sociales.

El proceso penal y la postura del partido

El caso no quedó en el plano disciplinario interno: Castillo enfrenta un proceso penal derivado de la agresión. El CEN destacó en su comunicado que la separación del cargo se da con apego a los documentos básicos del partido y respetando el debido proceso.

Morena también aprovechó el comunicado para fijar su postura institucional. Estos son los puntos centrales que el partido subrayó:

• La destitución busca reafirmar que ocupar una responsabilidad partidista “debe pasar por los valores” del movimiento.
• El partido reiteró su respaldo a las acciones emprendidas por Morena Zacatecas.
• El CEN señaló que el actuar de sus integrantes, “en todas las esferas de su vida”, debe ser congruente con los principios de la Cuarta Transformación.

Al cierre de esta nota, el hombre involucrado no ha emitido alguna postura pública sobre su actuar violento en contra de una mujer.

Raquel Bollo ha revisitado en televisión uno de los episodios más graves de la violencia que sufrió junto a Chiquetete y ha situado en el centro a su hijo Manuel Cortés, que con seis años interrumpió una agresión en Algeciras y facilitó que pudiera llegar ayuda.

La colaboradora ha relatado estos hechos con motivo de la publicación de La vida después del ruido, el libro en el que repasa aquella etapa y el daño que le causó no sentirse creída incluso después de existir una sentencia condenatoria por violencia de género.

Bollo ha explicado en ¡De Viernes! que el episodio ocurrió un 31 de diciembre, cuando Antonio José Cortés Pantoja la estaba golpeando y el niño llamó a la puerta de la habitación; esa irrupción hizo que él se detuviera y permitió al menor salir corriendo a buscar ayuda de unos familiares.

El papel decisivo de su hijo

La propia Bollo ha resumido el peso de aquel instante con una frase que vinculó directamente con la supervivencia: “Yo pienso que al final los hijos vienen al mundo a darte la vida y mi Manuel me la dio a mí ese día cuando llamó a la puerta”.

Antes, había advertido de que los menores perciben mucho más de lo que los adultos creen: “Muchas veces te crees que ellos no se dan cuenta y, al final, los niños son esponjas y se dan cuenta de más de lo que tú te imaginas”.

También ha precisado que todo sucedió en Algeciras y que fueron familiares de su entorno quienes acudieron con rapidez y la llevaron al hospital. La colaboradora ha añadido que en aquel momento no quería denunciar, pero su círculo fue tajante: “O denuncias tú o denunciamos nosotros”.

El relato de Bollo no se ha limitado a la agresión concreta. En la entrevista ha insistido en el efecto duradero que tuvo el cuestionamiento público después de denunciar, pese a que Chiquetete fue condenado por violencia de género y a que, según su testimonio, existía una sentencia judicial.

“A mí ya esto no me hace daño. Quiero que eso vaya por delante”, ha dicho al revisar imágenes de aquel pasado. Aun así, ha señalado que lo que le viene a la cabeza cuando revive esa etapa son sus padres y la infancia que tuvo con ellos, una etapa a la que volvería “con otra vida diferente, la que a lo mejor me correspondía o la que mis padres hubiesen querido para mí por cómo me criaron”.

El estigma tras la denuncia

En ese mismo bloque, Bollo ha descrito el peso de la sospecha social tras la denuncia: “¿Qué más le hacía falta a la gente si él mismo lo dice?”. La colaboradora lamentó que “después vino todo el ruido” y que durante mucho tiempo le hizo daño tener que “empezar a demostrar” algo que, a su juicio, no tenía que demostrar.

La entrevistada ha situado el inicio de aquella relación en su juventud, cuando, según sus palabras, era una chica enamorada de un hombre mucho mayor y muy conocido. Ha sostenido además que él estaba entonces “en su peor momento”, que con ella formó una familia y que esa salida fue posible después de 10 años gracias, en buena parte, al apoyo de su familia.

Bollo ha explicado que en La vida después del ruido ha incluido otros episodios de aquellos años, aunque sin recrearse en la violencia más explícita. Entre ellos ha citado uno que, a su juicio, retrata la dinámica de miedo en la que vivía: “Por haber perdido la llave del coche, dormía en el coche”.

Su reflexión posterior ha apuntado al desplazamiento de la vergüenza hacia la víctima. “Yo ahora pienso, digo, que yo por perder una llave me tenga que quedar en un coche y que la vergüenza mía sea que no me vea nadie en ese coche, cuando realmente la vergüenza le tendría que dar a otra persona, no a mí”, ha afirmado. También ha asegurado que perdonó “hace mucho tiempo” y que incluso llegó a sentir “más pena de él” que de sí misma.

En su paso por ¡De Viernes!, la colaboradora ha abordado además otro frente personal: el distanciamiento con Isabel Pantoja. Ha negado que hubiera una discusión entre ambas y ha situado el enfriamiento de la relación tras el fallecimiento de la madre de la cantante, cuando los contactos por mensajes se hicieron más esporádicos y “empezó a no coger el teléfono”.

Bollo ha precisado que ahora mismo no tiene trato con Pantoja, aunque eso no significa que no la quiera. También ha recordado que la artista “ha sido parte de su familia” y una persona muy importante en su vida, hasta el punto de asegurar que acudirá a verla cantar en Sevilla porque la considera “una de las grandes artistas que nos quedan en nuestro país”.

Los responsables de la organización trasladaban a las víctimas entre varios pisos prostíbulos situados en distintas localidades españolas. Este modus operandi tenía como objetivo maximizar los beneficios económicos, manteniendo un control constante sobre los movimientos y la actividad de las mujeres explotadas. Durante la operación, los agentes detuvieron a 17 integrantes de la organización y tres de ellos permanecen en prisión provisional.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos de Tenerife. Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes lograron localizar nuevas víctimas en la isla y en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento interno de la red criminal. Según la Policía, el grupo imponía deudas a las víctimas y utilizaba el traslado constante entre pisos para dificultar su localización y mantener la coacción.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Unos meses después, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

España, uno de los principales puntos de tránsito y destino en Europa para la trata

La trata con fines de explotación sexual afecta cada año a decenas de mujeres migrantes en España, muchas de ellas procedentes de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Fuentes policiales y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han advertido sobre el aumento de casos relacionados con mafias que captan a mujeres en situación vulnerable y las someten a condiciones de explotación en Europa. En los últimos años, los cuerpos de seguridad españoles han llevado a cabo operaciones similares en distintas regiones del país, desmantelando redes que replican patrones de deuda, traslado forzoso y control sistemático sobre las víctimas.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la trata de personas, y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la detección y el rescate de víctimas de estos delitos.

El juzgado de Ångermanland (norte de Suecia) ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de cárcel a Tomas Runsten por haber prostituido durante tres años a su mujer. El sexagenario, conocido como el ‘Pelicot sueco’ por las similitudes de sus actos con los cometidos por el francés Dominique Pelicot, obligó a la víctima a practicar sexo con entre 250 y 275 hombres a cambio de dinero desde 2023.

El tribunal sueco ha considerado que fue él quien tomó la iniciativa “para que la mujer empezara a vender sexo” y que el condenado “ha sido quien administró gran parte del negocio”. Así, le han declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas y deberá indemnizar a su mujer con 200.000 coronas suecas (unos 18.370 euros).

Sin embargo, Runsten ha quedado absuelto de ocho cargos por violación. Según el juez encargado del caso, Johan Ahlberg, en siete de ellos no se ha logrado demostrar la falta de consentimiento de la víctima, mientras que en el otro no ha podido establecerse qué tipo de acto sexual se mantuvo.

120 sospechosos, 28 condenados

La sentencia del tribunal sueco calcula que la mujer de Runsten fue obligada a mantener relaciones con más de 250 hombres a cambio de dinero. “Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, ha explicado Ahlberg en un comunicado.

En un inicio, la causa incluyó a 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, pues el delito prescribe a los dos años de cometerse. Finalmente, han sido 28 los condenados por compra de delitos sexuales, pero solo dos de ellos han tenido penas de cárcel y pasarán un mes en prisión. Otro hombre permanecerá en libertad vigilada, mientras que los 25 restantes pagarán multas, que van desde las 2.000 coronas (184 euros) hasta las 21.000 coronas suecas (1.927 euros).

Para Runsten, la fiscalía había pedido 10 años de prisión y una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas (unos 91,726 euros). Sin embargo, el tribunal ha reducido la condena a menos de cuatro años y medio de cárcel para el sexagenario. Según el fallo judicial, el hombre superó “los límites” impuestos por su pareja, pero esto “no puede por sí solo servir de base para interpretar que hubo falta de voluntariedad cuando esta no quedó expresamente manifestada”.

El juez Ahlberg ha considerado que no ha quedado acreditado que la participación de la víctima fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

Runsten, que ha defendido su inocencia hasta el último momento, estuvo vinculado en el pasado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno” y tenía condenas previas por maltrato y coerción, entre otros delitos. El hombre fue investigado hace dos años por abusos contra su mujer, pero el caso fue cerrado. Finalmente, el hombre deberá cumplir una pena de cuatro años y cinco meses en prisión.

Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobaron sanciones de hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos cometidos contra mujeres por razón de género, y se estableció la obligación de actuar con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.

La nueva normativa busca combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas y familiares, en un contexto donde el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios en el país.

El Estado de México concentra el 35% de los feminicidios registrados en 2025 dentro de municipios con Alerta de Violencia de Género. En 2026, la entidad destina más de 260 millones de pesos al combate de este delito, pero las diputadas advirtieron que la inversión debe ir acompañada de cambios sustanciales en la ley.

Funcionarios sancionados con prisión, multas e inhabilitación

Las comisiones para la Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia avalaron que servidores públicos de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencias o que obstruyan investigaciones relacionadas con violencia de género enfrenten penas de cárcel, además de 100 a 150 días de multa y la destitución o inhabilitación del cargo.

La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López de Morena, establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe investigar cada muerte violenta de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia. González López afirmó que la iniciativa fortalece a las instituciones y garantiza que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente.

La diputada subrayó que la reforma retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en Chimalhuacán, y que incorpora parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidos tras la sentencia del 25 de marzo de 2015, cuando el caso se reabrió para ser analizado desde una perspectiva de género.

Nueva tipificación y retos estructurales

Durante la discusión, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez de Morena expuso que las investigaciones sobre feminicidio en la entidad enfrentan deficiencias sistemáticas: pérdida de evidencia, falta de exhaustividad en carpetas y ausencia de perspectiva de género en peritajes iniciales. Destacó que la iniciativa podría contribuir a disminuir los feminicidios y sancionar a quienes obstaculicen la justicia.

La legisladora Luisa Esmeralda Navarro Hernández señaló que el proyecto legislativo evitará que carpetas de investigación se cierren bajo el argumento de suicidio, como ocurrió en el caso de Mariana Lima. Añadió que la aprobación responde a las demandas sociales para garantizar justicia y protección de los derechos humanos de las víctimas.

El diputado Octavio Martínez Vargas recordó que varios municipios mexiquenses cuentan con declaratoria por feminicidio y desaparición, y cuestionó la permanencia de la fiscal central de Género y la falta de mujeres médicas legistas en la FGJEM, señalando que muchas muertes de mujeres se clasifican como suicidios.

La diputada Selina Trujillo Arizmendi coincidió en la necesidad de incorporar médicas legistas, pues la actuación de médicos legistas hombres puede revictimizar a las víctimas y dificultar la atención de los casos. También destacó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como la autonomía económica de las mujeres.

La justicia con rostro de víctima

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, afirmó que la reforma reconoce la lucha de familiares como Irinea Buendía y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, quienes han llevado casos paradigmáticos ante la justicia. Leyva Piñón resaltó que, por primera vez, se tipifica de manera autónoma el delito de negación de la justicia por razones de género, sancionando a servidores públicos negligentes.

La legisladora sostuvo que la aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y manda el mensaje de que la omisión y la complicidad institucional también serán castigadas.

El Código Penal estatal ya contempla penas de 40 a 70 años de prisión para feminicidio y transfeminicidio, con multas que pueden incrementarse por agravantes. Ahora, la omisión o negligencia en la investigación por parte de funcionarios también será motivo de sanción penal.

No siempre se trata de cosas de niños. La Policía Nacional ha identificado a entre cinco y seis menores de entre 11 y 12 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una niña de 12 años, compañera de clase, en el transcurso de una fiesta de cumpleaños celebrada en un local privado de Burgos. Al tener todos ellos menos de 14 años, son inimputables ante la ley, por lo que el atestado con sus datos fue trasladado a la Fiscalía de Menores.

Los hechos fueron denunciados en mayo ante la Policía Nacional por la familia de la víctima, según informó el Diario de Burgos. La niña relató haber sido atacada por parte de varios compañeros de clase durante la celebración, producida a mediados de ese mes fuera del colegio en el que ambas partes estudian. Aunque en la fiesta había más asistentes, no todos participaron en los hechos.

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Tras conocerse lo ocurrido, los presuntos agresores fueron expulsados del centro escolar durante cinco días. Según la información del periódico local, los menores han sido readmitidos y separados del resto del grupo junto con otros compañeros, con el argumento de evitar su estigmatización. La víctima, que aún arrastra secuelas físicas y emocionales derivadas del ataque, retomó también la actividad escolar.

La Dirección Provincial de Educación de Burgos tiene conocimiento del episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa del centro. Al tratarse de menores de 14 años, la Policía Nacional se limitó a identificarlos y a remitir el atestado a la Fiscalía de Menores, sin posibilidad de emprender acciones penales contra ellos.

El siguiente paso previsto es la derivación del caso a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, trámite que aún no se ha producido.

Qué dice la ley española cuando un menor de 14 años comete un delito

En España, un menor de 14 años no puede ser considerado penalmente responsable, aunque haya cometido un hecho que sería delito si lo hubiera cometido un adulto. Así lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Esto significa que no se le juzga ni se le impone una condena penal. El caso se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, que remite la información a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente. Finalmente, las autoridades de protección pueden adoptar medidas de carácter asistencial, educativo o de protección, en función de las circunstancias del menor y de su entorno familiar.

Por tanto, cuando un niño de 13 años o menos comete un homicidio, una agresión sexual o cualquier otro delito, no es procesado por la jurisdicción de menores ni enviado a un centro de internamiento como medida penal. La respuesta del Estado se canaliza a través del sistema de protección de menores.

En cambio, los jóvenes que tienen 14 o 15 años sí están sujetos a la Ley del Menor y pueden ser objeto de medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o internamiento en centros de menores, con un enfoque principalmente educativo y de reinserción.

En el Congreso de la República aprobaron el proyecto de ley que establece la eliminación de la mutilación genital femenina, también conocida como ablación, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. La decisión se tomó en el cuarto y último debate de la Plenaria del Senado.

De acuerdo con la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, la iniciativa busca generar una política pública que se enfoque en prevenir, atender y erradicar la ablación. La implementación de la normativa iniciaría con el desarrollo de un registro claro y completo sobre la problemática en Colombia, porque la documentación actual tiene “deficiencias”.

“Aquí no se trata de generar un delito nuevo, sino más bien de hacer pedagogía en las comunidades y también de que el Estado colombiano tenga protocolos claros sobre qué hacer cuando se encuentra con esta práctica, porque hoy en día casi que cada funcionario cuando lo encuentra actúa como cree que debe actuar, pero no hay protocolos claros”, explicó la legisladora a los medios de comunicación.

De igual manera, precisó que es importante tener claridad sobre la manera como se deben atender estos casos, porque, en muchas ocasiones, las niñas que son víctimas de mutilación genital femenina llegan a los centros médicos por otras complicaciones de salud y terminan siendo revictimizadas.

La representante Jennifer Pedraza, que también impulsó el proyecto de ley –respaldado principalmente por mujeres indígenas–, celebró su aprobación con una publicación en redes, en la que recordó que la iniciativa estuvo a punto de caerse en el Legislativo.

“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad embrea y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley. Su liderazgo, su valentía y su compromiso hicieron posible este avance”, detalló la representante.

La Defensoría del Pueblo explicó que, para que el proyecto se convierta en Ley de la República, debe surtir un trámite de conciliación. Afirmó que el avance actual es importante, porque la mutilación genital femenina “es una práctica que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y atenta contra la integridad, la salud, la dignidad y el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres”.

La entidad indicó que contribuirá a la articulación de acciones que verdaderamente sirvan para prevenir, sensibilizar, atender y proteger a las víctimas de esta práctica, garantizando que ese trabajo se haga desde un enfoque de derechos humanos, de género y de interculturalidad. De igual manera, hizo un llamado a continuar trabajando por la eliminación de barreras que impiden a las niñas, adolescentes y mujeres gozar plenamente de sus derechos.

“La erradicación de la mutilación genital femenina constituye una responsabilidad colectiva y un imperativo ético para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana”, precisó.

De acuerdo con la ONG Equality Now, la aprobación del proyecto de ley surge casi dos décadas después de que se supiera de su existencia. Ahora, Colombia se convertirá en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica sobre el tema. Su importancia recae en la necesidad de frenar una práctica que, según datos expuestos por la organización, ha afectado a más de 230 millones de niñas y mujeres en el mundo.

“Aunque la mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos, Colombia no contaba con un marco legal específico para prevenir la MGF y la aprobación de esta ley la posiciona como referente regional en la lucha contra las prácticas nocivas”, indicó la ONG en un comunicado.

“¿Qué tiene que pasar para que la vida de las mujeres importe más que su dinero?”, este es el cuestionamiento planteado por Yeritza Bautista Córtes, sobreviviente de feminicidio, quien el pasado 9 de junio dio a conocer que su agresor, Carlos Enrique “N”, quedaría en libertad por el fallo de tres magistrados que decidieron reclasificar el delito a “violencia familiar”.

La lucha por verdad y justicia de Yeritza Bautista data de casi 6 años, en los que tres veces se ha tenido que enfrentar a un proceso donde -en dos juicios- el fallo ha sido el mismo: Carlos Enrique “N” fue encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La sentencia original dictaba 11 años y 8 meses de prisión, una resolución que ya no se cumplirá pese al riesgo que corre la víctima.

Fallo de magistrados reclasifica el delito y deja en libertad al agresor

El martes, las magistradas Blanca García Sánchez, Erika Epifanea Reséndiz Ramírez y el magistrado Rafael Inti Castillo Serrato, resolvieron reclasificar el delito a violencia familiar, reduciendo drásticamente el tiempo en prisión a solo 6 años, por lo que la pena bajo esta nueva medida permite que el acusado quede en libertad este miércoles 10 de junio.

“Se ordena la excarcelación de Carlos Enrique “N” y por ende, su inmediata libertad”, indica uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por los magistrados mencionados, el documento agrega que la víctima ya no obtendrá ningún pago como parte de la reparación del daño moral, debido a la reclasificación del delito.

“Han sido seis años de incansable lucha, no he dejado de presentarme a ninguna de mis audiencias, he luchado por obtener una sentencia en firme, he enfrentado el mismo juicio 3 veces y he logrado dos sentencias condenatorias por dos jueces diferentes… Hoy hago responsable a Carlos Enrique “N” y su familia, así como a las magistradas de lo que a mí o a mi familia nos pueda pasar”, comentó Yeritza Bautista en un video difundido en redes sociales, donde condenó que los jueces sigan liberando potenciales feminicidas.

Yeritza Bautista acusa corrupción de jueces

“No me quiero convertir en una cifra de feminicidios en México”, un temor que acecha a la sobreviviente desde el momento en que fue notificada sobre el fallo de libertad para su agresor, una decisión que asegura podría responder a actos de corrupción.

El 2020 marcó el inicio de una lucha por sobrevivir por parte de Yeritza Bautista, quien en febrero de ese año, sobrevivió al primer intento de feminicidio, a partir de ese momento la violencia por parte de Carlos Enrique “N” incrementó, al punto de que solo un mes después –22 de marzo– fue detenido en flagrancia, cuando ahorcaba a su pareja.

Las secuelas de la violencia física y psicológica han marcado la vida de la sobreviviente, quien además se ha enfrentado a una constante revictimización por parte de los familiares del agresor, ya que a partir de su denuncia, emprendieron una campaña de desprestigio que la orilló a no usar redes sociales por el acoso al que se vio sometida, aunado a esta situación, también se ha enfrentado al proceso de revictimización institucional, el cual la ha obligado a repetir su historia una y otra vez.

En septiembre de 2022 se logró un fallo histórico que reconoció la tentativa de feminicidio por estrangulamiento en contra de Yeritza Bautista, de tal forma que la sentencia dictada para Carlos Enrique “N” fue de 11 años 8 meses, sin embargo, su defensa impugnó esta resolución, hasta que en septiembre de 2024 un tribunal federal concedió el amparo y ordenó reponer el juicio por completo.

En enero de 2025, Yeritza Bautista se vio obligada por la justicia mexicana a regresar a los tribunales, un día antes de que el juicio diera inicio le notificaron el retiro de las medidas de protección, algo que ha marcado su forma de vivir desde entonces.

Para marzo de ese mismo año, un segundo juez reafirmó la culpabilidad de Carlos Enrique “N”, pese a esto, la defensa del agresor decidió presentar nuevos amparos para dilatar el proceso, una estrategia legal que también lleva al desgaste de la denunciante, tal como lo ha visibilizado en los últimos años.

Hoy, la sobreviviente vuelve a temer por su vida tras la liberación de su agresor, ya que el fallo de los magistrados minimiza la violencia a la que Yeritza Bautista se vio sometida en 2020, y pese a ser el sexenio que prioriza a las mujeres, la decisión vuelve a mandar un mensaje contundente “las denunciantes no tienen derecho a vivir una vida libre de violencia”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S. A. (ADM) —principal productora de Canal Sur Televisión— y presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la empresa.

Según ha adelantando elDiario.es, estas diligencias se han abierto tras la denuncia interpuesta por la trabajadora contra su superior, al que acusa de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia fue presentada el pasado 26 de enero y la presunta víctima, que prefiere mantenerse en el anonimato, declaró por primera vez el 25 de marzo. Ese mismo día se ordenaron las primeras diligencias, citando a declarar como imputado a Fuentes y a dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que fue número dos del CEO, y una amiga a la que reveló la presunta agresión sexual. El juez también ha ordenado un reconocimiento médico forense para acreditar el estado de salud psíquica de la denunciante.

El accionista mayoritario de ADM es la Junta de Andalucía

ADM es, además de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía —el Gobierno andaluz cuenta con una participación del 47,81 % a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel—. Su principal comprador institucional de contenido es la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y, de hecho, ADM es la productora responsable de Andalucía Directo (Canal Sur Televisión).

Junto a esto, Fuentes es desde 2023 presidente de LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. El CEO de ADM había sido llamado a declarar el 11 de mayo, semana previa a las elecciones andaluzas, pero quedó aplazada hasta el próximo 25 de junio al cambiar de abogado tres días antes. Según ha señalado elDiario.es, esa misma semana anunció a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, aunque sin aludir a este procedimiento judicial.

Los presuntos hechos por los que ha sido denunciado

Las presuntas agresiones sexuales denunciadas por la reportera ocurrieron en 2013, 2022 y 2023: la primera de ellas habría tenido lugar en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; la segunda, en 2022, en la calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); la tercera, dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), también durante la realización de un programa.

Con respecto al presunto delito de acoso sexual continuado, la víctima ha adjuntado a la denuncia 175 páginas de mensajes de Whatsapp enviados entre 2018 y la actualidad. Según ha podido comprobar elDiario.es, varios de ellos incluyen propuestas de encuentros privados y lenguaje con connotación sexual: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”, “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”, “Cariño, tengo ganas de ti”, “Tú me debes una noche loca” o “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

Según describe el abogado de la reportera en la denuncia, su respuesta es “cordial y evasiva”, lo que se correspondería con una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Por último, la reportera también ha denunciado a Fuentes por un presunto delito de acoso laboral. En octubre de 2023, tras descubrir que había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, según se recoge en la denuncia, la actitud del CEO comenzó a mostrar una “voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora. Para ello, habría empleado estrategias como “un vaciado de funciones” y “aislamiento”.

Fuentes niega los hechos

Fuentes, en declaraciones a elDiario.es, ha admitido su imputación, pero ha señalado que se trata de una “denuncia falsa”: “No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”.

La presunta víctima se encuentra actualmente geolocalizada las 24 horas del día por la Policía a través del dispositivo ATENPRO, órgano dependiente de la Consejería de Igualdad de Andalucía.

Una estudiante universitaria española de 20 años, que cursa un programa Erasmus en Milán (Italia), ha denunciado haber sufrido una violación grupal durante la noche del pasado 22 de mayo, según ha informado la agencia de noticias Ansa.

Los hechos habrían ocurrido después de que la joven asistiera a una discoteca ubicada a las afueras de la ciudad. Por el momento, la Fiscalía de Milán y la Brigada Móvil de la policía están llevando a cabo una investigación para identificar a los posibles responsables.

Según la denuncia de la estudiante universitaria, señala la agencia Ansa, dentro de la discoteca cuatro o cinco hombres se acercaron a la joven y, más tarde, ya fuera del lugar, la habrían llevado a una calle apartada y luego a un automóvil, donde fue víctima de una agresión sexual grupal.

Tras los hechos y, en estado de shock, la mujer, acompañada por una amiga, acudió a la clínica Mangiagalli de Milán, especializada en estos casos, donde la atendieron y confirmaron el abuso. Horas después, la joven presentó una denuncia ante la policía.

La joven ha regresado a España

Los agentes, según la información de Ansa, activaron de inmediato el protocolo de emergencia conocido como “código rojo” y se abrió una investigación bajo la supervisión del equipo especializado en delitos sexuales dirigido por la fiscal Letizia Mannella, si bien por el momento no hay detenidos. La joven prestó declaración para ayudar a reconstruir lo sucedido y aportó detalles relevantes sobre los agresores.

Tras los hechos, la estudiante ha regresado a España para reunirse con su familia, mientras las autoridades italianas continúan trabajando para identificar a los responsables.

La Policía Local de Blanes (Girona) rescató esta noche pasada a una mujer francesa que, según el cuerpo policial, había sido secuestrada y agredida por su expareja en una gasolinera cercana al centro de la ciudad. La intervención terminó con la detención del sospechoso tras intentar huir al ver a los agentes, de acuerdo con un comunicado que ha difundido este lunes Europa Press.

La alerta llegó pasadas las 22:30 horas por la presencia de un hombre que golpeaba un vehículo con una chica encerrada en el interior. Varias patrullas acudieron al lugar y el individuo fue interceptado después de una persecución, según la Policía Local de Blanes. Los agentes comprobaron que la joven figuraba como persona desaparecida en Francia y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que estaba en paradero desconocido, según el comunicado. El detenido sostuvo que estaban de vacaciones, que ella era su pareja y que se alojaban en un hotel de Lloret de Mar, en la misma provincia catalana.

La mujer negó esa versión y dijo a los policías que se trataba de su expareja, que la había agredido y amenazado de muerte, y que le impedía comunicarse con terceros, hasta quitarle el móvil. Tras verificar con la Policía Local de Lloret que no constaba que ninguno estuviera alojado en el hotel mencionado, la Policía de Blanes arrestó al hombre como presunto autor de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños, y trasladó a la víctima a un lugar seguro.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Noticia en ampliación.

El piloto australiano Joey Mawson, de 30 años, se ha sentado esta semana ante el Tribunal del Distrito de La Côte, en Nyon, acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una enfermera del equipo médico de Michael Schumacher. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2019 y ocurrieron en la villa que la familia Schumacher tiene a orillas del lago de Ginebra, en Gland, Suiza.

Aquella madrugada, Mawson (antiguo amigo de Mick Schumacher, hijo de la leyenda de F1) compartía una reunión informal con varios miembros del equipo médico. Al terminar su turno, se incorporó al grupo la denunciante, identificada como Najia B., de 40 años, cuidadora permanente de Schumacher desde el grave accidente de esquí que este sufrió en diciembre de 2013. El encuentro derivó en consumo de alcohol. Según la Fiscalía, la enfermera acabó sintiéndose tan mal que no podía mantenerse en pie. Sus compañeros la llevaron a su habitación. Poco después, según la acusación, Mawson entró solo en el cuarto.

Al despertar, Najia B. no recordaba nada. Encontró las sábanas manchadas de sangre y sintió dolores físicos compatibles con una agresión sexual. “Me desperté en unas sábanas manchadas de sangre”, declaró ante el tribunal. Aunque la denuncia formal no llegó hasta enero de 2022, más de dos años después. La propia víctima reconoció que no actuó antes por miedo a perder su trabajo, coincidiendo además con el momento en el que fue despedida del equipo médico de los Schumacher.

La versión del acusado

Mawson ha negado cualquier delito. Reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera esa noche, pero sostiene que fueron consentidas y alega que ambos se habían besado previamente en un club de Ginebra. La denunciante rechazó esa versión. Durante el juicio se presentaron mensajes de texto enviados por el piloto a Najia B. tras los hechos: “Lo siento muchísimo. Siento mucho el dolor que te estoy causando”. El abogado de la acusación, Patrick Michod, afirmó que las pruebas son “abrumadoras”.

Un trabajo de silencio y sacrificado

Más allá del caso judicial, el juicio ha abierto una ventana poco habitual sobre la vida dentro de la villa de los Schumacher. El abogado de Najia B. describió con detalle las condiciones del trabajo que ella y sus compañeros desempeñan: “Es un trabajo extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente”.

A esa exigencia se suma, según el letrado, el hermetismo absoluto que rodea a la familia. “Para los empleados, a quienes ni siquiera se les permite hablar con sus amigos sobre su vida diaria, la presión es enorme”, señaló ante el tribunal. Najia B. era, según su abogado, una de las profesionales de mayor confianza dentro del equipo: “Se le confiaban las tareas más difíciles. La propia familia Schumacher afirma que su trabajo era impecable”.

Mawson, una carrera truncada

Joey Mawson llegó a ser doble campeón australiano de la categoría S5000 y compitió contra futuros referentes del automovilismo mundial como Lando Norris y George Russell. Su carrera nunca despegó hacia la Fórmula 1 y terminó regresando a Australia. Actualmente está inhabilitado para competir por un escándalo de dopaje.

La Policía Nacional ha hallado este viernes a un hombre y una mujer muertos por arma de fuego en una vivienda al norte de la ciudad de Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo crimen machista, lo que elevaría a 24 las mujeres víctimas de violencia de género este 2026.

Según ha informado EFE, los cadáveres fueron hallados este viernes alrededor de las 7:30 horas de la mañana en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de dos personas aparentemente muertas en una vivienda.

Rápidamente, equipos de la Policía Nacional y el 061 se movilizaron al lugar de los hechos. En el domicilio, encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y una mujer de 51, con heridas provocadas por un arma de fuego. Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambos.

La policía apunta a un nuevo crimen machista

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta. Las primeras pesquisas apuntarían a que la mujer fue asesinada por su pareja, un hombre de 56 años, que después se habría quitado la vida.

Según ha informado la Policía Nacional a Efe, ni la mujer ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la “gran lacra” de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Mientras, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno, que deberá confirmar si el caso tuvo naturaleza machista.

De confirmarse, la malagueña sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

El cuerpo de Mercedes Martina Orellana, conocida como “Profe Chere”, fue localizado entre matorrales en el sector La Calera, a un costado de la carretera que une El Rosario con la ciudad de Comayagua.

De acuerdo con la cobertura de Diario El Tiempo, la víctima, de aproximadamente 62 años, era una figura reconocida por su dedicación a la docencia y su influencia en varias generaciones de alumnos.

Desde el hallazgo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplegó un equipo en la zona para recolectar evidencias materiales y testimoniales.

Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional, declaró a TSiHonduras que “ya la Policía Nacional, a través de la DPI, desde el día de ayer que se suscitó el hecho, está en la zona recabando las evidencias y los indicios pertinentes a través de las declaraciones de testigos que pudiesen existir en esa zona, así como de medios técnicos y tecnológicos”.

Entre los elementos analizados figuran objetos personales de la víctima, como una mochila y un bastón encontrados en la escena, los cuales fueron documentados como parte de la cadena de custodia. La Policía Nacional también indicó que revisa grabaciones de cámaras de seguridad y dispositivos móviles que pudieran haber registrado movimientos sospechosos en la franja horaria del crimen.

“Tenemos a varias personas que son testigos y los tenemos como testigos protegidos para que en su momento podamos presentar el requerimiento judicial pertinente y que los órganos jurisdiccionales puedan emitir las órdenes de captura competentes”, aseguró Mayes Ríos en declaraciones recogidas por TSiHonduras.

El funcionario detalló que, por motivos de seguridad y para evitar la fuga de los implicados, no se están divulgando detalles específicos sobre las líneas de investigación.

Sobre los posibles móviles, el comisionado explicó que en el entorno local se mencionó una disputa relacionada con la venta de un terreno, aunque aclaró que “eso es lo que se menciona en el bajo mundo ahí, que eso pudo haber sido lo que suscitó el hecho”. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una hipótesis única y la investigación permanece abierta.

La cobertura de Diario El Tiempo añade que la noticia generó numerosas reacciones en redes sociales y entre quienes conocieron a Orellana. Exalumnos y colegas han expresado públicamente su pesar y han recordado el compromiso de la docente con la formación de estudiantes en Comayagua. “Hoy es un día triste para todo nuestro pueblo. Lamentablemente muere la querida y popular señora Mercedes Orellana, o la profe ‘Chere’, como le decíamos desde pequeñitos”, reza un mensaje publicado por un exalumno y recopilado por el medio hondureño.

Consultado por la incidencia de crímenes contra mujeres, Mayes Ríos explicó que un porcentaje considerable de estos casos está vinculado a estructuras criminales, aunque también existen situaciones derivadas de conflictos personales o violencia intrafamiliar.

“Muchos hechos se están produciendo en donde los hombres o los esposos llegan ingeridos de bebidas alcohólicas exigiendo de que les pueda atender tanto en el hogar como en la cama y debido a ello es que se producen estos hechos en donde están perdiendo la vida muchas mujeres aquí en nuestro país”, detalló el portavoz de la Policía Nacional a TSiHonduras.

Por el momento, los equipos de investigación continúan con las diligencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la reconocida educadora.

No se han reportado capturas ni se ha divulgado el resultado de las primeras pruebas técnicas, informó Diario El Tiempo. Las autoridades reiteraron que la confidencialidad y protección de los testigos es clave para avanzar en el proceso judicial y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Policía Nacional mantiene el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda aportar a la resolución del caso y asegurar que el crimen no quede impune.

Todo comenzó cuando al anunciarse el premio para Pláate, ausente en la sala, Fonzi y la productora Leticia Cristi subieron al escenario para recibir el galardón en su nombr. Desde el estrado compartieron el pedido que había dejado la joven actriz para que llevaran a cabo pese a su ausencia en la noche de los galardones: un minuto de silencio por la adolescente de 14 años asesinada.

Fonzi eligió el gesto antes que el discurso. No pronunció largas palabras, pero su acción y su presencia fueron más potentes que cualquier frase. Tras el homenaje, cerró con un mensaje que rápidamente se multiplicó en redes y medios: “Nos vemos en la plaza mañana”, en alusión a la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio. La referencia no fue casual: la movilización se da en el marco del 11° aniversario desde su primera citación a las calles y en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina y Dulce María Beatriz Candia, que renovaron el reclamo por justicia y políticas de género.

La ceremonia de los Premios Sur, que suele estar dedicada a celebrar la excelencia del cine argentino, se convirtió por un momento en un espacio de memoria y reclamo social. El minuto de silencio se vivió con intensidad y dejó en claro que el arte puede y debe hacerse eco de los dolores y demandas de la sociedad. La película Belén, que narra una historia de lucha y derechos, encontró así una nueva dimensión en la gala, sumando compromiso y sensibilidad a sus méritos artísticos.

Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el filme se consagró como la mejor ficción estrenada en 2025 y fue la producción más aplaudida de la velada. La obra no solo se quedó con el premio mayor, sino que sumó cinco estatuillas en total.

El colectivo feminista convocó a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a más de una década de la primera movilización que nació tras el femicidio de Chiara Páez. Este 3 de junio, miles de personas y organizaciones feministas de todo el país volverán a las calles, exigiendo justicia por Agostina y reclamando políticas estatales para combatir la violencia de género. El nombre de la adolescente asesinada fue el eje del homenaje en el teatro y será el estandarte de la marcha, junto al de tantas otras víctimas.

La emoción vivida durante la entrega del premio a Camila Pláate y el gesto de Dolores Fonzi dejaron una huella profunda en la ceremonia. En medio del brillo de las estatuillas y los reconocimientos, la memoria de Agostina Vega ocupó el centro de la escena, recordando a todos que detrás de cada historia y cada lucha hay vidas reales y urgencias que no pueden esperar. El silencio colectivo del teatro se convirtió en un grito por justicia y en una invitación a marchar, a once años de la primera vez que el país se unió bajo la consigna de Ni Una Menos.

La localidad alicantina de Callosa de Segura se encuentra profundamente consternada tras un trágico suceso ocurrido ayer. Patricia, una vecina de 48 años, perdió la vida al ser estrangulada por su pareja sentimental, un hombre de su misma edad. El ataque tuvo lugar alrededor del mediodía en el domicilio que ambos compartían, un hecho que movilizó rápidamente a los agentes de la Guardia Civil.

Tras consumar el crimen, el propio detenido confesó ante las autoridades haber asesinado a su pareja tras una fuerte discusión. Actualmente, el Equipo Mujer Menor (EMUME) mantiene una investigación exhaustiva sobre los hechos. No obstante, el Ministerio del Interior ha enviado un comunicado en el que condena el feminicidio por violencia de género de Patricia, elevando la cifra a 23.

Las pesquisas iniciales han arrojado detalles significativos sobre la pareja. Tanto la víctima como el agresor son de nacionalidad española y no tenían hijos en común, ni convivían con ningún menor en el momento del suceso. La Guardia Civil aclaró que no existían denuncias previas por violencia de género entre ellos, por lo que Patricia no figuraba dentro del programa de protección policial VioGen. Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que el presunto asesino sí contaba con antecedentes y denuncias interpuestas por parejas anteriores. Paradójicamente, Patricia también había sido víctima de violencia machista en el pasado durante una relación anterior.

Desde 2003 se han cometido 1.364 feminicidios

Con la confirmación de la naturaleza machista de este asesinato por parte del Ministerio de Igualdad, la cifra oficial de mujeres que han perdido la vida por la violencia de género en España se eleva a 23 en 2026. Desde 2003, año en que se comenzaron a contabilizar estos registros oficiales, el número de víctimas mortales alcanza ya las 1.364. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han manifestado su más rotunda condena y su absoluto rechazo frente a este crimen.

Ambas dirigentes han trasladado todo su apoyo a la familia de Patricia, haciendo un firme llamamiento a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para multiplicar los esfuerzos orientados a evitar más muertes. El tejido local también ha respondido con una unánime repulsa. El Ayuntamiento de Callosa de Segura emitió un comunicado institucional definiendo esta lacra como “una grave vulneración de los derechos humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad”. Como muestra de dolor, el alcalde decretó tres días de luto oficial (2, 3 y 4 de junio), en los cuales las banderas ondearon a media asta, y convocó a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las puertas del consistorio local.

Recursos para las víctimas

Los organismos gubernamentales recuerdan la importancia de los recursos de asistencia disponibles. El teléfono 016, las consultas vía correo a 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el 600 000 016 están operativos las 24 horas del día. Este servicio gratuito, que ofrece atención integral en 53 idiomas, incluye asesoramiento jurídico ininterrumpido de 8 h a 22 h.

Ante cualquier emergencia inminente, se debe contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Si realizar una llamada supone un riesgo para la víctima, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal discreta y geolocalizada a las fuerzas de seguridad. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano que tenga sospechas de un caso de maltrato puede y debe activar estos medios de ayuda. Reaccionar ante el maltrato es un deber colectivo de toda la sociedad.

Sábado por la tarde, fútbol juvenil (sub-18), Polideportivo Municipal Carrús de Elche. Lo que debería ser un partido de fútbol de la Tercera FFCV se convirtió en una auténtica pesadilla para la árbitra Silvia García. Debía pitar el encuentro entre The Warriors Burnham C.F. ‘A’ y Hércules C.F. S.A.D. ‘C’. Pero finalmente el partido quedó suspendido teniendo que llamar a la Policía Local.

Los problemas comenzaron en el minuto 65. Según recoge el acta arbitral, una persona, identificada como el presidente del club local, se dirigió de forma recriminatoria a los jugadores visitantes. Acto seguido, aficionados del equipo local comenzaron a amenazar desde la grada: “Os vamos a esperar con cuchillos” o “de aquí no salís”. Silvia activó el protocolo de violencia verbal e intentó mediar, pero la situación no remitió.

Cuando se disponía a reanudar el juego, la delegada del campo local entró al terreno de juego mostrando su disconformidad con la actuación arbitral, y varios jugadores se acercaron a la colegiada. Es por eso que, “debido a la situación generada y al no poder garantizar la seguridad mía y de los integrantes del partido suspendo el mismo de forma definitiva”, escribió Silvia en el acta.

Encerrada con llave

Mientras la árbitra se dirigía sola al vestuario (nadie la acompañó, como ella misma deja constancia), un jugador local la siguió corriendo. “Te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar”, le dijo el futbolista. Y añadió: “Eres una mujer, tendrías que estar en la cocina fregando”.

No iba solo. Su entrenador le acompañaba. Ambos intentaron acceder al vestuario arbitral “con actitud agresiva”, pero Silvia cerró la puerta con llave. Golpearon varias veces. Afortunadamente, no pudieron entrar.

Desde dentro, la colegiada pudo llamar a la Policía Local. Hasta diez agentes se presentaron en cinco minutos en el campo, tomaron nota de lo ocurrido y escoltaron a Silvia hasta su vehículo una vez quedó el recinto despejado. La árbitra también señala en el acta que no pudo mostrarle la tarjeta roja al jugador en el momento de la expulsión porque, en ese instante, consideró que su integridad física corría peligro.

La otra versión

El presidente del Warriors Burnham, Héctor Octavio Burnham, ofrece un relato completamente diferente al diario Informacion. Asegura que fue el propio club quien ofreció avisar a las fuerzas de seguridad ante los insultos que, según él, recibían sus jugadores desde la grada visitante.

Afirma también que el club graba todos sus partidos (dice que son un equipo con mayoría de jugadores extranjeros y reciben frecuentes insultos) y afirma que en las imágenes se puede ver a Silvia caminando sola hacia los vestuarios. “Luego ya lo verbal es la palabra de la árbitra contra la del jugador”, zanjó.

En manos de la Federación

Dos versiones radicalmente opuestas. Una, la del acta oficial firmada por la colegiada. Otra, la del club denunciado. Corresponde ahora a los órganos disciplinarios competentes analizar lo sucedido y determinar responsabilidades. El principio general en estos procedimientos otorga respaldo a la palabra de la árbitra salvo prueba de lo contrario.

Tras más de diez años de investigaciones, autoridades de Oaxaca detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido en 2015 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, caso que permanecía abierto desde hace más de una década.

El detenido fue identificado por las iniciales E.E.C.C., alias “El Chino”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido el 28 de octubre de 2015 en el fraccionamiento Residencial San Felipe, en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en calles de esa zona habitacional cuando fue atacada con disparos de arma de fuego por personas que viajaban a bordo de una motocicleta. La agresión le provocó la muerte en el lugar.

El caso se mantuvo bajo investigación ministerial durante años, en los que las autoridades recabaron elementos para identificar a los presuntos responsables y dar seguimiento a las líneas de investigación.

Luego de labores de localización, el sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, el imputado fue trasladado ante las autoridades correspondientes para los procedimientos legales y quedó a disposición del juez que lleva la causa.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la determinación sobre su situación jurídica fue aplazada.

Será en los próximos días cuando la autoridad judicial defina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

El caso reabre la atención sobre los tiempos de resolución en investigaciones relacionadas con violencia feminicida, así como los procesos que enfrentan las autoridades para la localización y captura de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Oaxaca reporta cinco feminicidios en los primeros cuatro meses de 2026

Esta detención se produce en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema vigente en Oaxaca. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se registraron cinco feminicidios en la entidad, lo que colocó al estado en el lugar 12 nacional por incidencia de este delito. Además, las autoridades reportaron al menos dos denuncias por tentativa de feminicidio durante el mismo periodo.

Los registros oficiales muestran que la violencia letal contra las mujeres sigue presente en distintas regiones del estado. Tan sólo durante enero de 2026 se contabilizaron cuatro mujeres asesinadas en Oaxaca; sin embargo, únicamente uno de esos casos fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que los demás fueron clasificados como homicidio doloso.

La diferencia entre los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio y aquellos clasificados como homicidio doloso ha sido uno de los temas recurrentes en el debate público y entre organizaciones civiles, debido a que la tipificación del delito determina los protocolos de investigación y las sanciones aplicables a los responsables.

Este contexto explica la relevancia de las investigaciones que permanecen abiertas durante años, como el caso ocurrido en Oaxaca de Juárez en octubre de 2015, cuyo proceso judicial continúa avanzando más de una década después de los hechos.

Un hombre de 80 años ha sido detenido en Palencia por la Policía Local como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una trabajadora de un establecimiento comercial. Los hechos se habrían producido en el almacén del local, donde la empleada se encontraba descansando durante su jornada laboral.

La intervención policial se puso en marcha después de que un compañero de la víctima sorprendiera al hombre en el momento de los hechos. Según fuentes municipales recogidas por Europa Press, el detenido habría aprovechado que la trabajadora estaba sola y en una situación de vulnerabilidad para realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La reacción inmediata de los empleados fue clave para retener al individuo hasta la llegada de los agentes. Otra trabajadora también colaboró en la contención del presunto agresor, lo que permitió asegurar la situación hasta la llegada de la patrulla de Seguridad Ciudadana.

Tras recabar el testimonio de los presentes, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, que fue trasladado bajo custodia policial. Por su parte, la víctima recibió asistencia en el lugar de los hechos y, posteriormente, fue acompañada a dependencias de la Policía Nacional, donde manifestó su intención de interponer una denuncia formal. La investigación permanece abierta a la espera de que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

Qué dice el Código Penal

El delito de agresión sexual se encuentra regulado en el Código Penal español y engloba cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Tras la reforma introducida por la conocida como ley del “solo sí es sí”, el consentimiento se define como aquel que se manifiesta libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, reflejen de forma clara la voluntad de la persona.

En este sentido, el consentimiento no tiene por qué ser necesariamente verbal, pero sí debe poder deducirse de manera inequívoca a partir del comportamiento y del contexto, teniendo siempre en cuenta las circunstancias concretas de cada situación.

El artículo 178 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien realice cualquier acto de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. La reforma legal unificó además las antiguas figuras de abuso y agresión sexual, de manera que actualmente toda conducta sin consentimiento se encuadra dentro del delito de agresión sexual, según recoge el blog del abogado Gerson Vidal Rodríguez.

Con este cambio normativo desapareció la distinción previa entre abuso y agresión sexual, que diferenciaba los supuestos en los que no mediaba violencia o intimidación. En la actualidad, estas conductas se consideran agresión sexual en su modalidad básica, mientras que la concurrencia de violencia, intimidación u otras circunstancias agravantes puede elevar la pena.

En casos como el ocurrido en Palencia, en los que la víctima se encuentra dormida, la jurisprudencia entiende que no existe posibilidad de prestar consentimiento, al no poder la persona manifestar su voluntad en ese momento. Este elemento puede ser tenido en cuenta como circunstancia de especial gravedad dentro del delito.

La Ciudad de México es el cuarto estado con más casos de feminicidio a nivel nacional, durante el primer cuatrimestre del 2026, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, a esto se suma que dos alcaldías ubicadas en la zona oriente de la capital, se mantienen en el listado de los 20 municipios con más casos en el país.

Esto, a pesar de que la Ciudad de México es la entidad con más políticas a favor de las mujeres y acciones en contra del feminicidio, entre estas la Fiscalía Especializada en dicho delito.

La Fiscalía fue la primera que se habilitó en el país y se tomará como referencia para impulsar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Alcaldías de CDMX con más feminicidios

Según el mismo informe, de enero a abril de este años se han registrado cinco casos de feminicio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta alcaldía ocupa el tercer lugar en el listado de los 20 municipios con mayor incidencia, por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamulipas.

La alcaldía Iztacalco está en el lugar número 20 del listado, con dos feminicidios registrados en el mismo periodo.

Feminicidios en México

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio representó el 98.1% de los delitos cometidos contra mujeres en México, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación de las 32 entidades, destaca que Sinaloa encabeza tanto en número de víctimas (27 casos, 13% del total nacional) como en tasa por cada 100,000 mujeres (1.67).

El reporte muestra que 20 municipios concentran el 38.3% de los feminicidios del país, mientras el resto de los municipios acumula el 61.7%.

La mayoría de estos municipios se ubica en el norte del país, con entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas como focos principales.

El reporte señala que el 38.3% de los casos nacionales sucedió en ese grupo de municipios, mientras que el resto del país acumuló el 61.7% de los delitos.

A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto el número de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres, con 27 casos y una tasa de 1.67%. Morelos, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas también presentan tasas altas.

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 feminicidios, lo que representa el 10% del total nacional en el periodo analizado.

Le siguen Reynosa (Tamaulipas) y Venustiano Carranza (CDMX) con cinco casos cada uno.

El informe destaca que feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres (98.1%).

Otros delitos como rapto, corrupción de menores y trata de personas también afectan principalmente a mujeres.

Los detalles del caso de Gisèle Pelicot dieron la vuelta al mundo. Cada revelación era más escabrosa que la anterior. Durante años, Dominique Pelicot había drogado a su mujer y había ofrecido su cuerpo a otros hombres para que la violaran previo pago. Había hecho fotos y videos que circulaban en las redes y que fueron el inicio de la investigación policial. Su juicio fue uno de los más mediáticos de las últimas décadas. La sociedad, sin importar el país, miraba de frente la realidad a la que había sobrevivido la francesa. Mientras tanto, una mujer sueca vivía en un escenario similar. Fue a finales de 2025, cuando la mujer se presentó ante la Policía de Suecia para denunciar que su marido la obligaba a prestar servicios sexuales. Habría sido víctima de más de 100 hombres en menos de tres años.

El juicio empezó a principios de mes y, el lunes, la fiscal solicitó diez años de prisión para el hombre, sospechoso, entre otros delitos, de proxenetismo agravado contra su esposa. La abogada de la víctima también exige que se le imponga una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas, según detalla SVT Nyheter, la cadena de televisión pública de Suecia.

“Ha sido un caso complejo. Pocas investigaciones preliminares manejan tal cantidad de material”, explicaba la fiscal Ida Annerstedt a la cadena pública tras presentar su alegato final. “La ha utilizado como una tarjeta bancaria y la ha vendido como una mercancía”, afirmaba por su parte la abogada de la demandante, Silvia Ingolfsdottir, que también asegura que su defendida sufrió una “manipulación” constante.

El modus operandi que defiende la acusación sitúa a la víctima en una posición de vulnerabilidad ante un marido que la manipulaba y atemorizaba. Él se llamaba a sí mismo “el monstruo” para conseguir que ella le temiera y se prestara a sus agresiones. “Es una forma que tiene él de conseguir que ella haga cosas que no quiere, para provocarle miedo”, sostiene la fiscal Annerstedt.

El acusado niega que haya delito

El juicio concluirá este martes por la tarde, cuando la defensa del marido presente su alegato final. Él ha negado sistemáticamente el delito y sostiene que ella participaba libremente en este intercambio. No obstante, la legislación sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, dado que son consideradas víctimas de explotación.

Según la acusación, el acusado comenzó a obligar a su esposa a vender servicios sexuales a través de diversas plataformas en línea en agosto de 2022. Tres años después, durante septiembre y octubre de 2025, la situación se agravó por los problemas económicos que atravesaban. Según la acusación, la presunta actividad de proxenetismo duró poco más de tres años y terminó cuando la mujer huyó y presentó una denuncia.

En la gran mayoría de los casos, era el marido quien contactaba con los compradores de servicios sexuales y fingía ser su esposa. Él también niega esta parte. La acusación también afirma que el marido llevaba la agenda de la mujer y le daba instrucciones sobre el tiempo que tenía que pasar con cada cliente y las prácticas que debía realizar con ellos. También grababa los abusos y publicaba los vídeos, que acaban en páginas pornográficas y que han resultado muy útiles para la investigación.

Una carrera a contrarreloj contra los contratantes de los servicios

Paralelamente al juicio del marido, se está investigando a los 121 presuntos pagadores de servicios sexuales del caso. El plazo de prescripción del delito es de dos años, y la Policía está trabajando intensamente con recursos adicionales para llevar ante la justicia al mayor número posible de investigados. Alrededor de 30 sospechosos ya han sido acusados.

Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos engañaban a las víctimas en su país de origen y estas contraían una deuda de 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, quien relató que viajó a España convencida de que accedería a un empleo digno, pero fue sometida a condiciones de explotación sexual. Las víctimas, en su mayoría mujeres en situación precaria, eran captadas mediante páginas web eróticas o por conocidos y, una vez en territorio español, se les imponía tanto esa deuda como un sistema de multas que ascendía a 100 euros si no cumplían con las jornadas, incluso en caso de enfermedad o retraso. Las mujeres no podían abandonar los domicilios libremente y estaban sometidas a un control permanente a través de cámaras de videovigilancia.

Vigilancia constante

Los responsables imponían normas estrictas y recurrían a amenazas y coacciones, incluyendo el uso de santería, para mantener un entorno de vigilancia constante. Según la información difundida por la Policía Nacional, a las víctimas se les obligaba a consumir sustancias estupefacientes y a prestar servicios sexuales sin protección, lo que derivó en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que requirieron tratamientos médicos permanentes.

Las operaciones policiales incluyeron registros en tres domicilios utilizados como prostíbulos. En uno de ellos, agentes liberaron a cuatro mujeres, mientras que en otro punto de Madrid fueron rescatadas otras cuatro víctimas.

Obligadas a abortar

Algunas víctimas denunciaron que no podían negarse a ninguna solicitud de los clientes, incluidas aquellas que implicaban riesgos para su salud. En ciertos casos, las mujeres quedaron embarazadas y debieron recurrir a píldoras abortivas.

La Policía Nacional detalló que los clientes accedían a los domicilios mediante un código para abrir la puerta y podían adquirir bonos con ofertas sin límite de tiempo. Además, la actividad de explotación sexual se organizaba en turnos de 12 horas, y las mujeres descansaban por las noches para evitar sospechas entre los vecinos. Las amenazas incluían la posibilidad de revelar la identidad de las víctimas y su actividad sexual si intentaban abandonar el negocio.

En total, la operación policial permitió desarticular dos redes criminales, precintar dos prostíbulos y liberar a ocho mujeres, dos de las cuales se encontraban en situación irregular en España. De los once detenidos, dos ingresaron en prisión de manera inmediata.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana en casos en los que se sospeche que alguna persona es víctima de trata.

Pilar, de 38 años, fue asesinada el 4 de enero en Quesada, Jaén, a manos de su expareja, un hombre de 61 años que tenía una orden de alejamiento por haberla agredido en otras ocasiones. Ella estaba registrada en VioGén, el sistema de protección policial de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, y había denuncias previas de maltrato sobre el agresor. Kim Durán, mujer trans hondureña de 32 años, fue asesinada el pasado 19 de mayo por su expareja, Andrés Roche, de 48 años, que también contaba con orden de alejamiento y numerosos antecedentes por maltrato. La mató a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona, donde fue detenido. Estas dos mujeres son la primera y última de las 22 víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos seis años, ya que no se había alcanzado un número tan elevado desde 2019, cuando se contabilizaron 24 feminicidios en este mismo periodo.

Con este último caso en la provincia de Girona, el número de feminicidios alcanza los 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Aunque España cuenta con una normativa avanzada, la protección efectiva de las víctimas y la aplicación de la ley siguen mostrando deficiencias, según señalan expertos en la materia. Entre los principales obstáculos se encuentran la desconfianza en el sistema judicial, el temor a represalias y la preocupación por la situación de los hijos e hijas, barreras que dificultan que muchas mujeres denuncien o accedan a medidas de protección judicial.

Además, hasta este 25 de mayo, tres menores (Aitana, de 3 años, Noemí, de 12, y Yared, de 10) han sido asesinados a manos de sus padres, por lo que los crímenes vicarios se elevan a 68 desde 2013, cuando los menores comenzaron a ser considerados víctimas de la violencia de género.

Nueve agresores tenían denuncias previas por maltrato

De las 22 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, 15 eran españolas y siete extranjeras, mientras que, de los feminicidas, 16 son españoles y seis de otra nacionalidad.

De los 22 agresores, solo nueve tenían denuncias previas por maltrato (40,9%), por lo que nueve víctimas estaban bajo el sistema VioGén e incluso varias tenían medidas de protección en vigor, pero los mecanismos estatales no evitaron sus asesinatos.

Por comunidades autónomas, cuatro de las mujeres han sido asesinadas en Andalucía (18%), tres en la Comunidad Valenciana, dos en Aragón, dos en Canarias, dos en Madrid, dos en Navarra, dos en Cataluña, una en Extremadura, una en Galicia, una en Castilla y León, una en Cantabria y una en Castilla-La Mancha, según los datos oficiales.

Siete de los feminicidas eran pareja de una de las víctimas y 15 eran sus exparejas o estaban en fase de ruptura, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. De hecho, según apuntan especialistas en la materia, el momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas, ya que los agresores sienten que pierden el control y eso puede aumentar la violencia. A esto se suma que, en muchos casos, el entorno doméstico se percibe como un espacio seguro, lo que dificulta que las mujeres identifiquen la amenaza.

Más de 33.000 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género

Por otro lado, en 2025, según datos de la última Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del INE, las autoridades registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos con medidas cautelares u órdenes de protección, una cifra que representa un descenso del 3,8% respecto al año anterior. Casi la mitad de las víctimas, el 47,5%, tenía entre 30 y 44 años.

El número de hombres denunciados por violencia de género también bajó un 3,8%, de acuerdo a los datos del INE de 2025, hasta situarse en 33.228. De ellos, el 47,9% tenía entre 30 y 44 años.

A lo largo del año pasado, se dictaron e inscribieron en el Registro 98.551 medidas cautelares en asuntos de violencia de género, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% de esas medidas fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de EFE

La violencia de género no cesa. Un hombre de 37 años ha apuñalado a su expareja, de 60, en Zaragoza, esta madrugada. La víctima no corre peligro, aunque permanece ingresada en el hospital, como ha confirmado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Los hechos ocurrieron esta madrugada, cuando, como ha adelantado Aragón Noticias, el hombre entró a casa de la víctima por la ventana, para posteriormente apuñalarla con unas tijeras. El varón ha sido detenido en el mismo domicilio, que en este momento se encuentra en dependencias policiales y que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha pronunciado en sus redes sociales, y ha instado a “redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable”. “Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes, ha escrito.

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Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de Europa Press

Noticia en ampliación

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Figueres (Girona) que tenía activa una orden de alejamiento por matar en la tarde del martes a su expareja en una plaza del municipio. El hombre, de 48 años y con numerosos antecedentes, ha quebrantado por segunda vez la orden que tenía de la víctima, y la habría matado con un arma blanca.

La mujer, según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso, tenía 33 años de edad y era de origen sudamericano. Al lugar de los hechos acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, cruzó la plaza de la localidad tras el asesinato y se lavó los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, según informaron diversos testigos.

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado este nuevo feminicidio, el tercero en 2026 en Cataluña, y ha transmitido “su más sentido pésame” a familiares y amigos de la víctima.

Las autoridades investigan otros dos casos más

Por el momento, en lo que va de año hay confirmadas 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos, además de este de Figueres. Uno de los casos que están siendo investigados por las autoridades ocurrió el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de feminicidios ascendería a 22, 1.363 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas de violencia de género, porque por lo general los agresores sienten que pierden el control y eso aumenta el peligro, aunque en otros muchos casos el entorno doméstico es considerado como un lugar seguro, lo que dificulta que las mujeres reconozcan la amenaza. Según los datos del Ministerio de Igualdad, de los 19 asesinatos machistas confirmados hasta la fecha, 14 de ellos -el 73%- se produjeron cuando la pareja ya estaba separada o en fase de ruptura. Los datos también indican que una de cada cuatro condenas por violencia machista tiene como origen la separación o ruptura.

En numerosos casos, los agresores recurren incluso a los animales de compañía como herramienta de control y amenaza hacia las víctimas. Muchas mujeres temen abandonar el domicilio y que el maltratador tome represalias contra su mascota, por lo que postergan la decisión de marcharse. De ahí la importancia de iniciativas como Acopet, un programa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ofrece acogida temporal a las mascotas para facilitar que las víctimas accedan con seguridad a recursos habitacionales de emergencia. Desde 2023, ya ha puesto a salvo a más de un centenar de animales.

“La iniciativa se puso en marcha al constatar que muchas mujeres posponían o condicionaban su decisión de buscar protección por tener un animal de compañía, ya que si acudían a un recurso de ayuda, debían dejar a su mascota. El programa busca evitar que esta situación suponga una revictimización al tomar decisiones, señala a Infobae Olga Fernández-Yanez, técnica de la FEMP encargada del programa, que se gestiona mediante un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, además de contar con el apoyo de la Dirección General de Derechos de los Animales.

Contar con un lugar seguro para su mascota facilita el proceso, por ejemplo, durante una mudanza, ya que estas mujeres atraviesan situaciones de vulnerabilidad y mantienen un vínculo estrecho con sus animales. “En muchos casos, además, se trata de mujeres que se encuentran muy aisladas a consecuencia de la violencia, y las mascotas son como parte de su familia”, añade.

Desde que la FEMP asumió la gestión del servicio en marzo de 2023, el programa ha dado respuesta a 162 animales de mujeres víctimas de violencia de género. De ellos, 102 han sido o están siendo acogidos temporalmente, mientras que en 60 casos, aunque se solicitó el recurso, la situación cambió antes de formalizar la acogida. En la actualidad hay una veintena de casos activos, que incluyen la acogida de perros, gatos y tortugas.

La acogida dura 6 meses, pero se puede prorrogar

El acceso al programa se realiza desde los servicios sociales municipales, donde las mujeres solicitan ayuda, si bien también pueden acceder mediante el servicio ATENPRO, un dispositivo de atención y protección para víctimas de violencia machista. El ayuntamiento contacta con ACOPET, que gestiona la búsqueda de un hogar temporal para la mascota a través de asociaciones protectoras. Después se organiza el traslado y la atención veterinaria necesaria. Aunque en principio la acogida dura seis meses, se puede prorrogar si fuera necesario.

“El animal puede permanecer en el punto de acogida todo el tiempo que la mujer esté en el recurso habitacional o el tiempo que tenga esa necesidad”, aclara Fernández-Yanez. Por seguridad, la ubicación del animal no se revela, pero la mujer recibe información sobre su estado.

El programa está disponible para cualquier municipio, sin necesidad de una adhesión previa. Basta con detectar un caso para solicitar el servicio. En la actualidad, la red cuenta con unos 60 centros de acogida de animales distribuidos en todo el país.

Fernanda Herrera tenía 17 años cuando fue a Italia a perseguir un sueño: prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lo que encontró, según su propio relato, fue una pesadilla que llevaría tres años arrastrando en silencio. Este martes, a las puertas del Tribunal de Siena, la esgrimista mexicana (que compite con la bandera de Uzbekistán) ha decidido mostrar su rostro por primera vez y hablar alto y claro.

“Nunca quise enseñar mi cara en todo este tiempo, pero estoy cansada. Quiero que me vean porque estoy orgullosa de mí”, ha declarado entre lágrimas ante la prensa. Acababa de conocer el veredicto: los dos deportistas a los que ella acusó de agresión sexual, Emanuele Nardella y Jacopo Pucci, habían sido absueltos porque “los hechos no han sido probados”.

Pero la sentencia no la hará callar. “Llegaré hasta el final para obtener justicia”, prometió. Su abogado, Luciano Guidarelli, ya ha anunciado que presentarán recurso de apelación. En una entrevista publicada este mismo martes en el diario La Repubblica, Herrera ha sido aún más directa: “No me detendré. Seguiré adelante con la cabeza alta porque no soy solo una víctima, sino una guerrera”.

Lo que ocurrió aquella noche

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 al 5 de agosto de 2023. Herrera participaba en una concentración internacional de esgrima en Chianciano Terme cuando pasó la noche con tres atletas italianos en un bar. La convencieron de beber alcohol y después la llevaron a una habitación de hotel, donde presuntamente ocurrieron las agresiones. Un tercer joven, menor de edad en aquel momento, quedó fuera del proceso. A la mañana siguiente, Herrera presentó la denuncia.

La fiscalía había pedido cinco años y cuatro meses de prisión para Nardella y Pucci. El juez Andrea Grandinetti no lo consideró suficientemente acreditado. La defensa de los acusados argumentó que todo respondía a “problemas de comunicación” y a la “falta de madurez” de todos los implicados.

Voces de apoyo

La madre de Fernanda, que la acompañó durante todo el proceso y también estaba en Italia cuando ocurrieron los hechos, ha descrito el fallo como “devastador”. “Todavía es difícil para las mujeres encontrar justicia, incluso cuando deciden denunciar”, ha señalado a través del abogado de la familia. Y ha añadido: “La decisión del juez no cambia la valentía que ha tenido mi hija”.

Guidarelli fue contundente al valorar el proceso: “Durante el juicio ha quedado claro que mi representada no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido. Estamos hablando de una joven que era menor de edad y que ha tenido la valentía de dar la cara en todos los sentidos. Hoy ha obtenido una victoria mucho más valiosa que cualquier medalla”.

El deporte como escenario de silencio

Más allá del caso judicial, Herrera ha aprovechado su aparición pública para lanzar un mensaje a otras mujeres. “No puedo creer lo que ha sucedido. Esto no puede seguir pasando. No soy solo yo; hay tantos casos en el deporte y en el mundo donde intentan silenciar a las mujeres”, afirmó. Y se ha dirigido directamente a quienes puedan estar viviendo situaciones similares: “Estoy aquí por todas y, por favor, hablad cuando os suceda una cosa tan fea”.

La Federación Italiana de Esgrima había suspendido cautelarmente a los dos atletas en 2024 y los expulsó en 2025, aunque el proceso disciplinario quedó pausado hasta que hubiera sentencia firme. Con la absolución en primera instancia, ambos podrían retomar la competición mientras el caso continúa en los tribunales.

Fernanda Herrera, actualmente situada entre las mejores del mundo en sable femenino según el ranking de la Federación Internacional de Esgrima, es hermana de Paola Pliego, también esgrimista y también representante de Uzbekistán.

Un hombre de 48 años ha sido detenido en Figueres, Girona, tras matar a una mujer en la calle. Al parecer, el presunto asesino acuchilló a la víctima en la plaza Tarradellas a plena luz del día, tal y como ha informado El Periódico. Aunque la identidad de la mujer no ha trascendido a los medios, las fuentes policiales han confirmado que se trataría de su expareja de 33 años, quien ha perdido la vida poco antes de las 15 horas.

Además, las autoridades han afirmado que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente respecto de la víctima de 33 años, la cual habría incumplido en al menos dos ocasiones previas. Tal y como ha podido saber La Ser, la última vez que violó la orden judicial fue este mismo sábado, por el que acabó detenido.

En la intervención participaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueres que arrestaron al sospechoso en el mismo lugar de los hechos minutos después de la agresión. En estos instantes, los Mossos están hablando con los testigos que deambulaban por la zona en el momento del crimen.

Además de haber acordonado la zona, las fuentes policiales han informado a la SER que, tras los hechos, el presunto asesino se ha desplazado a una de las fuentes de la plaza para limpiarse las manos. En los primeros minutos de la emergencia, el SEM notificó sobre la intervención en la zona. Para minutos más tarde dar la noticia de que se trataba de un homicidio por violencia de género.

Ante esto, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado un minuto de silencio para mañana en la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que este es el tercer crimen machista en Cataluña desde que empezó 2026. Por el momento, la investigación sigue abierta y en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para esclarecer las causas del crimen.

Contactos de ayuda para las víctimas de violencia de género

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 21 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.362 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El cantante Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella se haya negado a retirar sus comentarios sobre la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales a varias empleadas. El entorno del cantante sostiene que esos comentarios dañan su honor y su reputación.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella. Allí Díaz ha considerado que sus comentarios no han supuesto un daño reputacional ni del honor de Iglesias y, por lo tanto, entiende que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, según han apuntado fuentes jurídicas a la agencia EFE.

En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda por sus comentarios “injuriosos y calumniosos” sobre la denuncia por presuntos abusos sexuales en el entorno laboral, pero fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese escrito, el cantante pidió que la ministra reconociera el daño, rectificara sus palabras y lo indemnizara según el alcance de la difusión.

Las declaraciones de Díaz señaladas por el cantante se hicieron en la red social Bluesky el 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en ‘La Hora de la 1’, en RTVE. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, comentó la ministra en Bluesky.

“Control, acoso y abuso de poder”

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. En una investigación publicada por elDiario.es y Univisión después de tres años de trabajo, las mujeres relataron un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante.

La documentación médica mostraba cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

Las mujeres también describieron procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos. Los hechos habrían ocurrido en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021.

(Con información de EFE)

La Policía Foral de Navarra investiga la muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Arguedas como un posible crimen machista. El hombre ha sido detenido tras entregarse a la Guardia Civil en la tarde del lunes y haber manifestado que “agredió a su pareja en el domicilio familiar”.

Fue un familiar de la mujer quien avisó de los hechos a la Policía Foral después de encontrar el cadáver en el domicilio, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La investigación determinará cuándo se ha cometido el crimen, si bien los primeros indicios apuntan a que podría haber ocurrido en la noche del domingo.

Según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género y la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

El asesinato ha sido condenado por el Ayuntamiento de Arguedas, donde al parecer residía la pareja desde hace no mucho tiempo. Desde el Consistorio han mostrado “la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso” y trasladado “todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento”.

El Gobierno de Navarra, a través de su presidenta María Chivite, también se ha sumado a las muestras de apoyo y ha condenado los hechos. “Es absolutamente insoportable. Cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos”, ha señalado Chivite en su perfil de X.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.361 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España. Esta, además, sería la segunda víctima mortal en Navarra en este 2026.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante más de dos años. La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien relató que su padre la sometió a tocamientos y prácticas sexuales de forma continuada, aprovechando los momentos en los que se encontraban solos en casa, según ha informado este lunes Europa Press.

Según la denuncia que la menor presentó en abril, el hombre la obligaba a ver películas de contenido erótico bajo el pretexto de que debía aprender. La víctima declaró que las agresiones se produjeron casi a diario hasta que el padre abandonó el domicilio familiar por conflictos con la madre.

Tras recabar el testimonio y reunir pruebas, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer localizaron al sospechoso y procedieron a su detención el pasado miércoles por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Aumentan los delitos contra la libertad sexual

Según el balance de criminalidad de Ministerio del Interior correspondiente a 2025, se denunciaron un total de 21.659 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al 2024. Pese a la subida, ese porcentaje supone un incremento inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023).

De acuerdo a los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, los delitos contra la libertad sexual con penetración aumentaron el año pasado un 2,8% respecto a 2024. En todo caso, destaca Interior, el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse, en parte, a las campañas de concienciación y a la menor tolerancia social ante estos delitos. Según el ministerio, estas políticas han facilitado que más víctimas se animen a denunciar, lo que contribuye a reducir el nivel de infradenuncia que suele darse en este tipo de casos.

(Con información de Europa Press)

La Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja y madre de su hijo, ocurrido en Torremolinos (Málaga) en 2023. Ahora, por primera vez desde su detención, el hombre de 48 años y nacionalidad italiana ha admitido ante la justicia que también mató a su anterior pareja, Sibora, cuyo cuerpo ocultó en la vivienda que compartían.

Hasta ahora, el acusado solo reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba haberla matado, atribuyendo lo ocurrido a “un asunto bastante más complejo”. Durante toda la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía “mentía” y que había sido “vendido”, una versión descartada tanto por los investigadores como por la Fiscalía.

El caso de Sibora se juzgará de forma independiente al de Paula, por el cual ya recibió una condena. Además, el Ministerio Público solicita para él 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

El caso de Sibora se remonta a 2009

El procesado conoció a Sibora en 2009, cuando ella tenía 18 años, en Nettuno (Italia). Un año después se trasladaron juntos a España y se establecieron en Torremolinos. Según el relato de la Fiscalía, la joven entró en el país con una identidad falsa, que utilizó en su vida cotidiana en el municipio.

En 2013 la relación se interrumpió temporalmente y Sibora llegó a vivir en un apartamento independiente. Sin embargo, en el momento del crimen, en 2014, ambos habían retomado la convivencia. La acusación sostiene que, en un día indeterminado de la semana del 7 al 14 de julio de ese año, Marco la atacó con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.

El hallazgo se produjo tras la investigación de la Policía Nacional a raíz del asesinato de Paula en 2023. Las pesquisas paralelas permitieron localizar el cadáver emparedado en un doble tabique de la vivienda donde el acusado ya no residía. Y ahora, finalmente, ha reconocido haber asesinado a Sibora en 2014, incluyendo la ocultación del cuerpo en una caja de madera cubierta de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El hombre será juzgado por un jurado popular en Málaga por el asesinato de Sibora, en un procedimiento distinto al de la muerte de Paula. Por su parte, la Fiscalía mantiene que actuó “de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión”. Aunque la defensa rechaza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de alevosía y premeditación.

Una relación de dominio y maltrato

En marzo de este año, la Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a Marco por el asesinato de su expareja Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, así como por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, también le impuso el pago de más de 918.000 euros en indemnización a los familiares de la víctima.

Según la resolución, el acusado mantenía una relación marcada por el control y la dominación sobre Paula, con episodios de maltrato físico y psicológico, control económico, aislamiento y amenazas. En uno de los episodios más graves, llegó a advertirle de que le haría “lo mismo que a Sibora”, en referencia a su expareja desaparecida, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda.

El crimen se produjo el 17 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a la víctima con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían. La sentencia considera probado que la engañó para que regresara al lugar, donde la esperaba para agredirla. Paula intentó huir, pero recibió hasta 16 puñaladas, lo que el tribunal interpreta como una muestra clara de la intención de matar y de la extrema violencia del ataque.

Además de la pena de prisión, la Audiencia apreció la existencia de alevosía y la agravante de género, al considerar que el acusado actuaba movido por una relación de control y dominación. También se le impusieron medidas accesorias como la privación de la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y prohibiciones de acercamiento y tenencia de armas.

Elaborado con información de Efe y Europa Press

El fútbol italiano vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años. Tras la eliminación por tercera vez consecutiva del Mundial, una investigación policial salpicó a varias decenas de futbolistas de la Serie A exponiendo una red de prostitución con scorts de lujo, fiestas VIP y “gas de la risa”.

El foco de la investigación está en una supuesta agencia de eventos, Ma.De. Milano, que según la Fiscalía italiana funcionaba como tapadera de una red de prostitución de alto nivel con una facturación superior a 1,2 millones de euros. La operación de la Guardia di Finanza ha concluido, por el momento, con cuatro detenidos, entre ellos los responsables de la empresa, Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, que se encuentran bajo arresto domiciliario por delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La investigación arrancó el 23 de agosto de 2024, cuando una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar el funcionamiento interno de la red desde 2019. Según su testimonio, todo comenzaba tras los partidos de la Serie A, con paquetes que incluían cenas en locales exclusivos de Milán como Pineta Milano o Voya Rooftop, y que podían terminar en encuentros privados en instalaciones controladas por la organización. Para evitar controles, los encuentros se realizaban en espacios propios en Cinisello Balsamo, a las afueras de la ciudad, evitando hoteles convencionales.

Sin imputaciones a los jugadores

En este punto, las autoridades italianas han sido claras: los futbolistas mencionados en las filtraciones no están siendo investigados penalmente por el simple hecho de haber asistido a estas reuniones. Se habla de hasta 70 jugadores vinculados en distintos momentos, según la agencia ANSA, pero la Guardia di Finanza insiste en que la asistencia a estas fiestas no constituye delito en sí mismo según la legislación italiana.

Aun así, los nombres han trascendido a la prensa y el impacto reputacional es evidente. La investigación sigue abierta y se sigue revisando la documentación financiera, las comunicaciones y las interceptaciones telefónicas.

Theo Hernández, Ibrahimović, Donnarumma, Brahim Díaz...

Uno de los nombres más repetidos en las informaciones es el de Theo Hernández, exjugador del AC Milan y del Real Madrid, actualmente en el Al-Hilal. Según distintas filtraciones publicadas en los medios italianos, el lateral francés no solo habría asistido a estas fiestas, sino que habría tenido un papel activo en su organización, llegando incluso a gestionar logística de transporte para los invitados.

En las últimas horas, el empresario y expaparazzi Fabrizio Corona ha difundido varios vídeos en los que, según se ve en estas publicaciones, el futbolista está rodeado de mujeres e inhalando óxido nitroso desde un globo negro. El material se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

En esos mismos contenidos también aparece el exjugador del Milan Samu Castillejo. Otros nombres recurrentes en las informaciones, aunque sin acusaciones formales, son Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Hakan Çalhanoğlu y Brahim Díaz.

El uso del “gas de la risa”

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, su atractivo en estos entornos residía en su efecto psicoactivo y, sobre todo, en que no es detectable mediante los controles antidopaje habituales.

En las escuchas intervenidas durante la investigación aparece de forma recurrente la referencia a “globos”, término utilizado de forma coloquial para pedir la sustancia. “Necesitamos globos… estamos en el Duca, en Me Milan”, recogen algunos de los registros.

Un fenómeno que traspasa fronteras

La presunta red no se limitaba a Milán. En verano, según la investigación, las actividades se trasladaban a destinos como Mykonos, donde las fiestas se habrían celebrado de forma continuada. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, en abril de 2021, se habrían detectado reuniones pese a las restricciones sanitarias.

Las escuchas también han destapado referencias a otros ámbitos del deporte, incluyendo la supuesta presencia de un piloto de Fórmula 1 como cliente, aunque su identidad no ha sido revelada y no figura como investigado.

Reacciones y situación abierta

En paralelo, algunos futbolistas han comenzado a desvincularse públicamente del caso. El entorno de Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, calificó de “totalmente inapropiada” su vinculación con la investigación, mientras que el defensa del Arsenal Riccardo Calafiori negó cualquier relación.

Por el momento, la investigación continúa su curso sin que haya imputaciones a jugadores. Sin embargo, el caso sigue creciendo, con nuevas filtraciones y vídeos que mantienen a los futbolistas de la Serie A bajo la lupa.

La violencia machista no da tregua a las mujeres. El pasado 9 de mayo, Karen Giovanna, una joven de 21 años, fue asesinada por su pareja en la provincia de Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, lo que eleva el número de feminicidios a 19 en lo que va de año y a un total de 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El agresor de este último crimen tenía 23 años y existían denuncias previas por violencia de género contra él, ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.

De las 19 mujeres asesinadas, 14 eran españolas (73,7%) y 5 extranjeras, (26,3%), la misma proporción que se observa entre los autores de los crímenes: 14 son españoles y 5 poseen otra nacionalidad. Por otro lado, ocho de los agresores tenían denuncias previas por maltrato (42,1%) y ocho víctimas estaban inscritas en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, pero estos mecanismo fueron insuficientes para salvar sus vidas.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante el nuevo feminicidio ocurrido en Madrid y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Las madres buscadoras se han convertido en las figuras centrales del combate a la desaparición de personas en México, recorriendo terrenos peligrosos, muchas veces controlados por el crimen organizado, para encontrar a sus hijos, asumiendo roles de investigadoras, peritos y acompañantes de otras víctimas.

Su labor ha sido reconocida por encima de las acciones del Estado, principalmente después de que fue el propio gobierno el que reportó que actualmente hay 132 mil personas no localizadas en el país, sin que haya una tendencia a la baja.

En la celebración del Día de las Madres, que se conmemora el 10 de Mayo y es una de las fechas más celebradas del país, muchas de las madres buscadoras no reciben flores, invitaciones a comer o regalos.

En su lugar, reciben amenazas de desaparición o muerte por parte del crimen organizado e incluso por parte de las autoridades.

“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida”, señaló la Fundación para la Justicia.

En este sentido, presentó un mapa de los asesinatos (registrados) de 2010 a 2025 por entidad federativa, con el objetivo de mostrar “lo que sufren quienes han tomado por mano propia lo que le corresponde hacer al Estado: buscar a quienes desaparecen”.

De acuerdo con la organización, en los últimos 15 años, 22 buscadoras fueron asesinadas en el país, de las cuales 15, es decir, el 63 por ciento eran las madres de personas desaparecidas.

A estos se suman dos casos de madres buscadoras que continúan en calidad de desaparecidas.

Estados más ataques a buscadoras registrados

• Guanajuato: con cinco ataques registrados.
• Sinaloa: con cuatro ataques registrados.

Por su parte, Amnistía Internacional documentó que en 2025 se registraron al menos siete asesinatos de personas buscadoras.

Además de que el país acumula más de 4 mil 500 fosas clandestinas y más de 6 mil 200 cuerpos encontrados, con una crisis forense que se agrava por la falta de políticas efectivas para la identificación de víctimas.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha señalado desde 2018 la existencia de obstáculos estructurales: ausencia de datos confiables, baja cifra de condenas y deficiencias en la atención forense.

En 2025, recomendó que el Estado mexicano reconozca formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y les otorgue protección con perspectiva de género.

La reciente decisión de la ONU de llevar la situación ante la Asamblea General representa una oportunidad histórica para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada en México.

Madres buscadoras convocan a marcha por 10 de mayo

Colectivos de madres buscadoras convocan a movilizaciones en México este 9 y 10 de mayo, en el marco del Día de la Madre, para exigir justicia ante la crisis nacional de desapariciones forzadas.

Las protestas incluyen una velada el 9 de mayo en el Monumento a la Madre en Veracruz y la “Marcha por nuestrxs desaparecidos” el 10 de mayo en Xalapa, que irá del Monumento a la Madre al Mural de Desaparecidos de Murillo Vidal.

En Ciudad de México, se realizará la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, partiendo del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia.

La convocatoria está dirigida a familias de personas desaparecidas, colectivos y la afición futbolera, aprovechando el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los colectivos comparan su lucha con un partido difícil, donde el único trofeo es el regreso de sus hijos e hijas a casa. Invitan a la sociedad y aficionados al futbol a sumarse para “ganar este marcador contra el olvido”.

Además, las madres buscadoras exigen mayor respaldo institucional, criticando la falta de protección y la impunidad prevaleciente.

Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU reconoció su valentía y resiliencia, aunque los colectivos demandan una postura más activa y respaldo explícito ante la crisis de desapariciones en el país.

ONU reitera reconocimiento a madres buscadoras

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su reconocimiento a las madres buscadoras en vísperas del Día de las Madres.

El organismo destaca que, desde hace décadas, estas mujeres han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

ONU-DH subraya que las madres buscadoras recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país.

La marcha y las acciones de estas mujeres representan memoria, esperanza y amor que persevera, a pesar de la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta México.

“En vísperas del #DíaDeLasMadres, reconocemos a quienes, desde hace décadas, han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos.

“Las #MadresBuscadoras nos recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país. Su marcha es memoria, esperanza y amor que persevera", escribió en su cuenta de X.

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja, una joven de 22 años de nacionalidad española, que fue hallada inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel este sábado por la mañana. Asimismo, según han asegurado fuentes policiales a Efe, podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso por el hallazgo de una mujer tendida en la calle, inconsciente y con una lesión en la cabeza. Según recoge el ABC, el detenido habría arrojado a su pareja por la ventana de una vivienda situada en la calle Condes de Barcelona.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que han prestado asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes únicamente han podido confirmar su fallecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, la Policía Nacional ha localizado en el domicilio en el que residía la víctima, situado en las inmediaciones del lugar del hallazgo, a un hombre de 24 años de nacionalidad ecuatoriana, pareja de la joven, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

Al lugar de los hechos también acudieron agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación ante la posibilidad de que se trate de un crimen machista.

18 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año

De confirmarse como un caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 19 en lo que va de 2026 y a 1.360 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Hasta ayer no constaba ningún caso en investigación y solo se había contabilizado un asesinato machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Además, según los datos oficiales, recientemente se excluyó del registro el caso de una mujer fallecida el pasado 1 de abril en Bizkaia, después de que el informe forense concluyera que la muerte no fue de naturaleza homicida.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 72,2% de las víctimas confirmadas en 2026 habían nacido en España, mientras que el 77,8% de los presuntos agresores también tenían nacionalidad española. Asimismo, el 77,8 % de los crímenes fueron cometidos por exparejas o parejas en proceso de ruptura.

En siete de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en cinco se produjo un quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a once menores de edad en situación de orfandad.

Uno de los casos más recientes es el de Melissa, una mujer venezolana de 43 años que fue hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en el interior de su domicilio. En la misma vivienda fue encontrado su agresor, un hombre de 50 años y también de nacionalidad venezolana, fallecido por ahorcamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR), Humberto Nava Genera, la noche del pasado jueves 7 de mayo.

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, sobre la calle División del Norte, entre las calles Miguel Ángel de Quevedo y Parque.

Los policías capitalinos lo detuvieron en la vía pública por una presunta conducta de violencia familiar, delito que en la Ciudad de México es perseguido de oficio y puede derivar en prisión preventiva según la gravedad de los hechos.

Documentos oficiales de la FGR identifican a Nava Genera como Secretario General del organismo que representa a los trabajadores de la fiscalía federal ante las autoridades institucionales.

Nava Genera quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar

Tras la detención, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar (FIDVF), instancia especializada en este tipo de casos dentro de la estructura de la fiscalía capitalina.

Fue el Ministerio Público común el que tomó conocimiento del asunto en primera instancia, antes de que el expediente quedara bajo resguardo de esa fiscalía especializada.

La FIDVF es la autoridad que investiga y da seguimiento a los delitos vinculados con violencia en el entorno familiar en la Ciudad de México.

Al cierre del registro, Nava Genera permanecía en las instalaciones de esa dependencia, a la espera de que las autoridades definieran su situación jurídica.

La detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones

El arresto de Nava Genera fue asentado en el Registro Nacional de Detenciones, el sistema oficial que documenta cada detención realizada en el país.

El registro incluyó una descripción física detallada del detenido: hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y cabello corto.

Al momento de su arresto, Nava Genera vestía camisa blanca de vestir, pantalón negro de vestir y zapatos cafés.

El documento también consignó una lesión física: una escoriación en el pómulo izquierdo, visible al momento de ser puesto a disposición de las autoridades.

La detención se realizó en la vía pública, en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, con código postal 04370.

El punto exacto fue sobre la calle División del Norte, entre Miguel Ángel de Quevedo y Parque, frente a la farmacia San Pablo, un punto de referencia en esa zona de la alcaldía.

Esto se sabe del SNTFGR

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR) tiene sus orígenes el 6 de julio de 1937, cuando trabajadores de la entonces Procuraduría General de la República fundaron la Unión de Trabajadores de la Procuraduría General de la República y designaron su Comité Ejecutivo Provisional.

Según información presente en su sitio web, la organización nació 37 años después de la creación de la PGR, en 1900, como respuesta a la necesidad de los trabajadores de defender sus derechos laborales.

De acuerdo con el sitio web del sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Humberto Nava Genera, en su calidad de Secretario General, se describe como una instancia en “constante lucha por obtener más y mejores logros a favor de la base trabajadora”.

El propio sindicato señala que la coordinación entre el Comité y los trabajadores es la vía para diseñar estrategias que beneficien a la organización.

Es precisamente ese dirigente quien la noche del jueves 7 de mayo de 2026 fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, acusado de una presunta conducta de violencia familiar.

Un fugitivo ha sido detenido este viernes en la provincia de Cuenca por agentes de la Policía Nacional y ha sido enviado a prisión preventiva, ya que sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual. El hombre se encontraba en paradero desconocido tras fugarse antes de la vista judicial y abandonar previamente el dispositivo de localización que llevaba impuesto por orden judicial para garantizar la protección de las víctimas.

Según ha informado la Policía Nacional, el prófugo contaba con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados, además de acumular más de 40 denuncias por coacciones y amenazas a sus víctimas. Además, el individuo habría cambiado de sexo presuntamente en un intento de eludir la condena por los delitos contra la libertad sexual que se le atribuyen.

La investigación policial se inició el pasado mes de abril, después de que los agentes tuviesen conocimiento de la reclamación judicial que seguía en vigor sobre el fugitivo. A partir de ese momento, los agentes comenzaron distintas tareas de localización y seguimiento para tratar de dar con el paradero del hombre, considerado por la policía como una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el hombre utilizaba supuestamente distintas estrategias para intimidar y acosar a sus víctimas. Entre otras prácticas, manifestaba ser agente de la autoridad para ejercer presión sobre ellas y reforzar su actitud de dominación. Según la información policial, también adoptaba represalias contra quienes consideraba enemigos, llegando a incendiar vehículos o viviendas y utilizando material íntimo obtenido sin el consentimiento de los afectados.

La Policía Nacional sostiene además que el detenido manipulaba de forma reiterada a las víctimas hasta el punto de lograr que algunas de ellas cometiesen delitos en su favor contra terceras personas con las que mantenía enemistades manifiestas.

El fugitivo fue localizado en un chalet de Montalbo

Tras semanas de búsqueda y distintas gestiones policiales, los agentes lograron localizar al fugitivo en la localidad de Montalbo, en la provincia de Cuenca, donde permanecía escondido en un chalet. Según la información policial, el hombre contaba con la ayuda de su actual pareja sentimental, que habría adoptado numerosas medidas de seguridad para evitar ser seguida hasta el lugar donde se ocultaba el prófugo.

Las pesquisas permitieron comprobar que la mujer proporcionaba al fugitivo distintos útiles y suministros mientras permanecía escondido. Entre ellos, incluso material deportivo con el que el hombre trataba de mantenerse activo durante el tiempo que permaneció oculto de las autoridades.

Finalmente, la Policía Nacional estableció un dispositivo en la mañana de este viernes que ha culminado con la detención del fugitivo en el domicilio en el que se escondía. El arrestado ha sido puesto posteriormente a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón.

Por su parte, la jueza de guardia se ha limitado a ejecutar el auto de prisión preventiva dictado previamente por la Audiencia Provincial de Castellón, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Una mujer de 57 años ha sido asesinada en la madrugada de este miércoles en la localidad de Santa Úrsula, Tenerife, presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, según han informado fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. La víctima no estaba inscrita en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del agresor, señala la agencia EFE.

El suceso ocurrió cerca de la vivienda de la mujer, sobre las 3:30 de la noche, donde el agresor acuchilló a la mujer e hirió a la madre de la víctima, ha explicado a la prensa el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta. “Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo”, ha afirmado el regidor, que también ha explicado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los “gritos enormes” que se produjeron durante los hechos.

Las autoridades municipales han activado los protocolos de atención y acompañamiento para los familiares y allegados de la víctima y el consistorio ha pedido “el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia”.

El Ayuntamiento de la localidad ha suspendido todos los actos oficiales previstos para hoy y mañana y ha convocado un minuto de silencio. El alcalde también ha pedido a la ciudadanía que “acompañe desde el respeto y la solidaridad”.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Anthony Laroche tenía 37 años, ojos azules, físico de ensueño y trabajaba como diseñador de interiores en Mónaco. Era el hombre perfecto. El problema es que no existía.

Detrás de ese perfil construido con la foto robada de un modelo se escondía Jack Sion, un jubilado de Niza que rondaba los 70 años cuando cometió los hechos. Durante años, utilizó esa identidad falsa en páginas de citas para atraer a mujeres a su apartamento del Paseo de los Ingleses.

Al menos 24 de ellas llegaron a visitarle. Mañana, con 78 años, se sienta de nuevo ante el Tribunal de lo Penal de Niza para responder por ello en un juicio que se prolongará hasta el 15 de mayo.

El escenario siempre era el mismo

Semanas de conversaciones casi diarias, un tono seductor y paciente, y finalmente la propuesta de una primera cita llena de “magia”. Las mujeres llegaban al piso a oscuras, se vendaban los ojos y eran guiadas por una voz tranquilizadora. Solo después del acto sexual descubrían, con horror, quién estaba realmente a su lado.

“En el instante en que le quité la venda de los ojos, apagó la luz. Vi su silueta, un hombre bajo, nada atlético, y vi su nariz, que no se parecía en nada a la de Anthony Laroche”, declaró una de las víctimas durante el primer juicio, según ha recogido Le Matin.

La investigación reveló que Sion mantenía correspondencia con 342 mujeres de entre 23 y 53 años. También guardaba notas sobre sus posibles víctimas con anotaciones sobre sus vulnerabilidades personales: enfermedades de familiares, traumas pasados, situaciones de duelo.

Un debate jurídico sin precedentes

El caso tardó años en llegar a juicio y no sin polémica. Las primeras denuncias solo derivaron en una advertencia que Sion ignoró. Cuando el asunto llegó por fin a la sala de instrucción de Aix-en-Provence, en 2018, el caso fue archivado: los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”.

Las dos partes civiles, representadas por el abogado Mohamed Maktouf, recurrieron ante el Tribunal de Casación. El máximo órgano judicial francés les dio la razón y estableció que “la penetración sexual obtenida mediante una estratagema destinada a engañar a la víctima sobre la identidad civil y física del autor constituye violación por engaño”.

El caso fue enviado al tribunal penal de Montpellier, que en octubre de 2021 condenó a Sion a ocho años de prisión. Cuatro meses después de ingresar en prisión, apeló y quedó en libertad bajo supervisión judicial. Ahora llega a este nuevo juicio como hombre libre.

Posiciones enfrentadas

La defensa tiene previsto pedir la absolución. “Haremos hincapié en que no hubo sorpresa. Por el contrario, estas relaciones sexuales habían sido definidas previamente entre los dos miembros de la pareja”, señalaron sus abogadas, Margaux Mathieu y Lou Ferdinand Dreyfus.

El propio Sion siempre ha mantenido la misma línea argumental: “Siempre he hecho cosas legales. Cosas malas, pero legales”.

Por el otro lado, la acusación no comparte esa visión. “Mis clientes esperan que la avanzada edad del acusado no sea un obstáculo para la condena”, advirtió Maktouf. El tribunal tiene hasta el 15 de mayo para decidir si la historia de Anthony Laroche merece, esta vez, una condena firme.

Las mujeres negras están más expuestas a la violencia machista y a una mayor falta de protección institucional en España. Así lo revela un reciente informe elaborado por la Asociación Biznegra a través de un centenar de entrevistas en profundidad, que denuncia una doble vulnerabilidad: la violencia de género se agrava por el racismo estructural y una respuesta insuficiente de los sistemas públicos.

El estudio, titulado Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España, señala que entre 2003 y 2021 el 31% de los feminicidios registrados en el país afectaron a mujeres migrantes, a pesar de que este colectivo representa solo el 9% de la población femenina. El fenómeno, según el informe, revela una sobrerrepresentación de mujeres migrantes en las estadísticas de feminicidio, lo que sugiere un riesgo hasta cinco veces superior en comparación con las mujeres nacidas en el país. También subraya que los datos oficiales no consideran la variable étnico-racial, lo que invisibiliza la dimensión específica del racismo en la violencia de género.

Las entrevistas recogidas por la Asociación Biznegra muestran cómo mujeres africanas, afrodescendientes y migrantes de América Latina sufren una violencia machista reforzada por estereotipos racistas. La imagen social de “fuerza” atribuida a las mujeres negras se convierte en una trampa, ya que se les exige resistir y callar, sostienen. Muchas relatan experiencias de hipersexualización y deshumanización, además de que su credibilidad suele ser cuestionada tanto en el ámbito privado como institucional. “A las mujeres blancas se las protege, a nosotras se nos exige resistencia”, resume una de las entrevistadas en el informe.

El miedo a denunciar, especialmente entre quienes carecen de permiso de residencia, y la falta de intérpretes en procesos administrativos y judiciales, constituyen barreras adicionales. Según la asociación, muchas mujeres negras enfrentan un trato condescendiente, revictimizador o abiertamente racista cuando buscan protección. Esta situación genera desconfianza y refuerza su desamparo ante la violencia.

“La resiliencia y el miedo terminan funcionando como mecanismos de supervivencia ante la falta de protección efectiva. Irónicamente, esta dinámica puede convertir la resiliencia en una violencia añadida cuando el sistema celebra que las mujeres resistan, en lugar de cuestionar por qué se ven obligadas a resistir tanto”, advierte el informe.

La aplicación de leyes sigue siendo “limitada”

En materia legislativa, el estudio destaca que las leyes estatales y autonómicas han comenzado a incorporar los conceptos de “interseccionalidad” y “discriminación múltiple”, pero la aplicación real sigue siendo limitada. La mayoría de las normativas se refieren a una víctima tipo, sin contemplar las circunstancias de las mujeres racializadas. Solo algunas comunidades autónomas incluyen explícitamente el origen étnico y la situación migratoria en sus leyes de protección.

Además, añade el informe, la ausencia de datos desglosados por raza o nacionalidad y la escasa presencia de mujeres negras en el diseño de políticas públicas mantienen “puntos ciegos” del sistema.

Consecuencias en la salud mental

El estudio también alerta sobre las consecuencias de esta situación en la salud mental de las mujeres negras, que viven bajo una constante presión social y una sensación de hipervigilancia. El racismo institucional y la discriminación refuerzan el aislamiento y la indefensión, amplificando el trauma psicosocial, añade el documento, donde se subraya que “hablar de la violencia machista hacia mujeres negras no es fragmentar la lucha feminista, sino completarla”. “Si no ponemos en el centro a quienes más sufren, nunca lograremos una protección real para todas”, añade.

Entre las recomendaciones, la Asociación Biznegra propone la recogida obligatoria de datos con perspectiva racial, la participación activa de mujeres negras en el diseño de políticas, intérpretes especializados en violencia de género, formación antirracista obligatoria para todo el personal y garantías legales que desvinculen la protección frente a la violencia del estatus migratorio. Estas medidas buscan cerrar la brecha estructural y ofrecer una respuesta efectiva a una población especialmente vulnerable.

El informe también considera prioritario que el Estado y las comunidades autónomas adopten un enfoque antirracista real en la lucha contra la violencia machista. Solo así, concluye la asociación, se podrá avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres, independientemente de su origen, puedan acceder a la protección y a sus derechos en igualdad de condiciones.