La sumisión química —el uso de drogas o fármacos sin el consentimiento de la persona con el objetivo de anular su voluntad, alterar su conciencia o reducir su capacidad de resistencia para cometer un delito, normalmente de carácter sexual— ha aumentado en España en los últimos años.

Contabilizar los casos, sin embargo, se convierte en una tarea difícil debido a que no todas las víctimas denuncian o a que, pasado cierto tiempo, ya no es posible detectar la sustancia en el organismo mediante los análisis de laboratorio.

Ante el incremento de esta violencia, que sufren especialmente las mujeres en contextos festivos, cada vez surgen más inventos para que las víctimas puedan detectar cuándo su bebida ha sido alterada, permitiéndoles actuar a tiempo e incluso tener pruebas del intento de sumisión química.

Uno de ellos está a punto de llegar a España desde Corea del Sur: Spy nails by Freshia, un adhesivo para uñas que cuenta con tecnología de detección química; cuando entra en contacto con éxtasis líquido, cambia de color, de amarillo a verde. Este producto procede del laboratorio coreano Philmedi, con el que el Grupo Lizne, una empresa valenciana, ha llegado a un acuerdo de distribución en España.

La pegatina decorativa, que cuenta con diez diseños diferentes (corazones, estrellas, calaveras...), se podrá adquirir en farmacias, parafarmacias, perfumerías, droguerías, festivales de música, puntos violetas e internet. Actualmente se encuentra en fabricación, después de que un laboratorio de la Universidad de Valladolid lo haya certificado como producto genérico.

Desde la empresa valenciana recuerdan que el adhesivo es una prueba preliminar específica para GHB, por lo que no detecta el resto de drogas y no sustituye a los análisis de laboratorio. Además, un resultado negativo no garantiza con seguridad que la bebida no haya sido adulterada, por lo que, ante cualquier sospecha, lo recomendable es no consumirla y acudir a los servicios de emergencia si es necesario.

Tecnología para detectar la sumisión química

No es el único producto que busca aumentar la seguridad de las mujeres cuando salen de fiesta a discotecas o festivales. Recientemente ha nacido la empresa madrileña NarXcup, una startup que ha creado un dispositivo con apariencia de cubito de hielo que sirve para detectar droga en la copa. Cuando el resultado es positivo, la membrana inteligente que recubre su exterior se rompe y un polímero absorbente provoca que la bebida adquiera un sabor amargo, se tiña de un color azul intenso y se gelifique hasta convertirse en un bloque sólido.

Este proyecto, que ha sido nombrado como NarXcube y cuya investigación comenzó en el año 2022, puede reaccionar ante drogas como la escopolamina (burundanga) y no solo permite a las víctimas percatarse cuándo su bebida ha sido manipulada, sino que también atrapa la sustancia. Estos narcóticos suelen ser de difícil detección, pues suelen metabolizarse y desaparecen del organismo a las pocas horas. Al gelificar el líquido, queda conservado y puede analizarse.

Todavía no se encuentra a la venta, algo que se espera que se produzcan en 2027, pero ya ha sido probado en las festividades de municipios como Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, y El Casar y Alovera, en Castilla-La Mancha.

Cada vez en más planes de ocio nocturno se apuesta por este tipo de estrategias para evitar la sumisión química. En la Feria de Málaga, de hecho, se repartieron de forma gratuita más de 3.000 pulseras dotadas con sensores reactivos para detectar este tipo de sustancias.

Muchos de los casos no son denunciados

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2025 se denunciaron en España 357 agresiones sexuales con sumisión química. Los datos reflejan una tendencia al alza que tuvo su punto de inflexión den 2022, cuando hubo 315 casos, frente a los 65 del año anterior.

Los resultados, además, no muestran toda la realidad del problema, pues no incorporan los registros de Cataluña y el País Vasco, donde operan policías autonómicas con sistemas propios.

Además, no todos los casos de agresión sexual en los que ha influido la sumisión química llegan a los cuerpos de seguridad, pues muchas víctimas no denuncian. Otras, pese a dar el paso, no lo hacen a tiempo: pasadas varias horas, la sustancia se vuelve indetectable en el organismo, lo que dificulta probar que se haya empleado su uso.

Según los datos recabados por una investigación llevada a cabo este año por el Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas, en 95,7 % de las víctimas jóvenes que han sufrido violencia sexual por sumisión química en un contexto de fiesta u ocio nocturno no comunican este hecho a los servicios sanitarios, psicológicos o autoridades.

*Con información de EFE

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la detención de Erick Gustavo Acero Hernández, alias “El Acero”, de 29 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de su esposa Cristian Ziboney Cárdenas, agente activa de la Guardia Nacional.

La captura ocurrió la madrugada de este viernes 6 de noviembre en Culiacán, cuatro días después del hallazgo del cuerpo de la víctima en un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en el mismo municipio.

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron la orden judicial y pusieron al detenido a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

El hombre fue detenido en una zona rural al oriente de Culiacán

El Registro Nacional de Detenciones, consultado por Infobae México, ubicó la aprehensión a las 03:45 horas de este viernes, sobre la carretera El Ranchito a Costa Rica, entre los ejidos La Pedrera y El Álamo, cerca del negocio Maquinaria Solorio, en Culiacán.

El mismo registro describió a Acero Hernández como una persona de complexión robusta, 89 kilogramos de peso y 1.76 metros de estatura, con cicatrices en la cabeza y en la ceja izquierda. Al momento de su captura vestía playera verde claro, pants negro con línea gris y tenis blancos.

Tras la detención, el presunto feminicida quedó en traslado hacia el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde permanecería bajo resguardo mientras el juez local resolvía su situación jurídica.

El domicilio del crimen se ubicó cerca del cruce con Cima de Monte de la Mesa

Cristian Ziboney fue localizada en un inmueble sobre la calle Cima del César, cerca del cruce con Cima de Monte de la Mesa, en el sector suroriente de Culiacán, de acuerdo con reportes previos de Infobae México. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Originaria de Teacapán, municipio de Escuinapa, Ziboney tenía 34 años y se desempeñaba como elemento activo de la Guardia Nacional. Según documentó este medio en su cobertura inicial del caso, cuando los cuerpos de emergencia entraron al domicilio hallaron a la víctima sin ropa, sin conocimiento y con marcas visibles de agresión física.

El área especializada en feminicidios de la Fiscalía tomó el caso y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Los peritajes clasificaron la muerte como homicidio, con asfixia por ahorcamiento como mecanismo probable.

Amigos de la víctima, identificada también como “Chikis” en su círculo cercano, relataron al medio Latinus que ella misma marcó a la policía para denunciar que su esposo la golpeaba. De acuerdo con esa fuente, “El Acero” escapó a bordo de un automóvil de color gris tras dejar el cuerpo en el lugar.

Orquídeas Moradas advirtió que la detención no significa el fin del caso

La Colectiva Feminista Orquídeas Moradas difundió un pronunciamiento tras conocerse la captura de “El Acero”, en el que calificó la detención como “un paso” pero insistió en que “la justicia para Cristian Ziboney aún no está completa”.

La organización reconoció el arresto como “un avance importante”, aunque exigió que el proceso judicial continuara, que se investigaran todos los antecedentes y que, de acreditarse la responsabilidad del detenido, recibiera una sentencia proporcional a la gravedad del delito.

El colectivo planteó una serie de interrogantes sobre el futuro de los hijos de la víctima: cuestionó quién garantizará la reparación integral del daño y los derechos de las infancias, y qué tipo de apoyo económico, psicológico, educativo y social recibirán. Además, señaló que ninguna sentencia devolverá a Cristian ni reparará el dolor de su familia, pero sostuvo que el proceso puede sentar un precedente.

En el texto, Orquídeas Moradas advirtió que ningún uniforme, cargo, arma o pertenencia a una institución de seguridad puede convertirse en un escudo para ejercer violencia contra las mujeres “y después pretender que no habrá consecuencias”. El colectivo subrayó que quienes forman parte de las fuerzas armadas y de las corporaciones de seguridad tienen responsabilidades especiales frente a la sociedad, y que su autoridad, conocimientos y recursos deben estar al servicio de la protección de la vida, nunca convertirse en herramientas para violentar, intimidar o asesinar mujeres.

La organización exigió investigaciones, rendición de cuentas y justicia, “sin privilegios ni encubrimientos”, y rechazó que las instituciones protejan a sus elementos por encima de las víctimas. El comunicado recordó que Cristian era originaria de Teacapán, Escuinapa, y que tenía una vida, una historia y una familia que continúa exigiendo justicia.

El colectivo cerró el pronunciamiento con la exigencia de que el caso no quede impune, que los hijos de la víctima no queden desamparados y que ningún elemento de seguridad vuelva a creer que el uniforme le da permiso para ejercer violencia y salir impune.

Cuauhtémoc Blanco podría enfrentar un nuevo procedimiento para ser desaforado en la Cámara de Diputados, luego de que la mañana de este 5 de noviembre de 2026, integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) acudieron a la Fiscalía General del Estado de Morelos para exigir avances en la investigación por la denuncia de presunta violación en grado de tentativa presentada por su media hermana.

El partido naranja busca que las autoridades corrijan las deficiencias que frenaron el primer intento de retirarle la inmunidad constitucional y expliquen por qué, después de más de un año, no se ha presentado una nueva solicitud.

La visita estuvo encabezada por Jessica Ortega de la Cruz, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Morelos, e Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada naranja en San Lázaro.

Ambas señalaron que el fuero no debe convertirse en un obstáculo para que la Fiscalía investigue los señalamientos contra el exgobernador, quien actualmente ocupa una curul federal por Morena.

Movimiento Ciudadano exige respuestas por la investigación contra Cuauhtémoc Blanco

Durante su visita a la Fiscalía de Morelos, Jessica Ortega emplazó al fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, a concluir las diligencias que permanecen pendientes y explicar qué ha impedido reunir los elementos jurídicos necesarios para solicitar nuevamente el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

La dirigente cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, la investigación todavía no tenga los avances necesarios para que el caso pueda regresar a la Cámara de Diputados.

En el posicionamiento del partido, Ortega sostuvo que las mujeres de Morelos necesitan respuestas de las autoridades y reclamó que no se otorgue protección política a una persona señalada por un delito de esta gravedad.

También responsabilizó a Morena, al PRI y a sus aliados de haber favorecido al exgobernador durante la discusión legislativa de marzo en 2025, cuando se rechazó la solicitud para retirarle el fuero.

Sin embargo, la coordinadora estatal aclaró que su presencia en la Fiscalía fue como ciudadana y que no acudió en representación de la mujer que presentó la denuncia ni para intervenir en sus decisiones personales.

¿Por qué quieren quitarle nuevamente el fuero a Cuauhtémoc Blanco?

El nuevo reclamo de Movimiento Ciudadano tiene como antecedente la decisión de la Cámara de Diputados del 25 de marzo de 2025, cuando se desechó la solicitud de desafuero contra Blanco Bravo.

En aquella sesión, la Sección Instructora avaló un dictamen que impidió que el procedimiento avanzara hacia el retiro de la inmunidad constitucional del entonces exgobernador de Morelos. La discusión estuvo marcada por reclamos y confrontaciones entre legisladores.

Días después, el 27 de marzo, Blanco manifestó que no pediría licencia a su cargo como diputado federal para enfrentar las acusaciones ante la Fiscalía estatal. Un mes después, sostuvo públicamente que no necesitaba el fuero para demostrar su inocencia.

El caso volvió a generar presión un año después, cuando se planteó impulsar una estrategia legislativa con un bloque de 253 diputadas para insistir en que se le retirara la protección constitucional.

Ahora, Movimiento Ciudadano vuelve a poner el tema sobre la mesa, aunque el primer paso depende de que la Fiscalía de Morelos atienda las deficiencias señaladas y determine si existen elementos suficientes para presentar una nueva solicitud.

Ivonne Ortega cuestiona que el fuero impida avanzar en el caso

Por su parte, Ivonne Ortega expresó su inconformidad por la falta de resultados de las gestiones realizadas durante más de un año ante autoridades estatales y federales. Para la legisladora, la inmunidad constitucional no debe funcionar como una barrera para investigar una denuncia de violencia sexual.

La coordinadora parlamentaria hizo una precisión sobre la postura de su partido: no corresponde a los legisladores determinar la culpabilidad o inocencia de Blanco, sino garantizar que las autoridades puedan investigar sin obstáculos.

“No decimos si es culpable o es inocente, no lo sabemos. Lo que sí decimos es que debe renunciar a su fuero”, expresó.

Ortega también advirtió sobre la posibilidad de que el exgobernador busque otro cargo de elección popular en 2027, escenario que, desde su perspectiva, podría prolongar la discusión sobre su inmunidad y retrasar el avance del procedimiento.

Otro de sus señalamientos estuvo dirigido a Hugo Eric Flores Cervantes, quien recientemente ofreció disculpas por haber impulsado la carrera política de Blanco. Jessica Ortega consideró que ese reconocimiento no es suficiente y le pidió asumir su responsabilidad política por el respaldo que dio al exmandatario.

Movimiento Ciudadano también reclama resultados al gobierno de Morelos

Ivonne Ortega también cuestionó los resultados del gobierno de Margarita González Saravia frente a la violencia que afecta a Morelos, particularmente los feminicidios y los asesinatos de estudiantes universitarias.

La diputada consideró que la seguridad debe estar por encima de los intereses políticos y reclamó que las autoridades estatales ofrezcan respuestas ante los hechos violentos registrados en la entidad.

En ese contexto, la dirigente también planteó la necesidad de esclarecer los antecedentes relacionados con esos hechos y anunció que Movimiento Ciudadano analizará las vías jurídicas para solicitar investigaciones exhaustivas. Asimismo, rechazó proyectos inmobiliarios que puedan provocar daños ambientales en beneficio de intereses particulares.

Un hombre fue condenado a cadena perpetua en Cuba por asesinar a su expareja después de descubrir que ella mantenía una nueva relación con otro hombre. La segunda víctima fue identificada como Abel Morales Castro, quien era la pareja sentimental de la mujer. El doble crimen sacudió el municipio de Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila, y terminó con la máxima pena de privación de libertad prevista por la legislación cubana.

El sentenciado es Adrián Cruz Díaz, confesó el brutal crimen y se declarado culpable por las muertes de Marialina García Borroto y Morales Castro. La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila dictó el fallo luego de un juicio oral y público.

La condena fue comunicada por el tribunal provincial, que calificó el hecho como asesinato con circunstancias agravantes y aplicó la sanción de privación perpetua de libertad. La resolución judicial se conoció esta semana, más de un año después de que trascendiera el ataque contra la pareja en Florencia.

La información vinculada al proceso señala que Cruz Díaz era expareja de García Borroto. De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso, el hombre asesinó a la mujer tras enterarse de su vínculo con Morales Castro. Las autoridades establecieron que el segundo cuerpo correspondía al hombre con quien ella mantenía esa relación.

El crimen ocurrió durante 2025, aunque la comunicación judicial no indicó la fecha precisa del hecho. En agosto de ese año circularon reportes sobre el asesinato de dos personas dentro de una vivienda de Florencia. El caso generó preocupación en esa localidad de Ciego de Ávila, una provincia situada en la zona central de la isla.

La condena contra Cruz Díaz llega en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Cuba. Organizaciones independientes que siguen estos casos registraron 49 feminicidios en 2025 y al menos 61 durante 2026 hasta los primeros días de noviembre.

El Observatorio de Género de Alas Tensas documentó que una proporción importante de los feminicidios verificados en la isla tiene como agresores a parejas o exparejas de las víctimas. Sus registros también señalan que una parte relevante de los ataques ocurre dentro de las viviendas o en sus inmediaciones.

La muerte de García Borroto se inscribe en ese patrón de violencia ejercida por hombres con vínculos afectivos previos o actuales con las víctimas. El hecho derivó además en la muerte de Morales Castro, a quien las autoridades identificaron como la nueva pareja de la mujer.

Cubano contempla el feminicidio como un delito autónomo en su Código Penal. Los asesinatos de mujeres por razones de género pueden ser investigados bajo figuras como homicidio o asesinato, con agravantes según las características del caso.

Organizaciones de derechos de las mujeres han reclamado durante años registros públicos sistemáticos, mecanismos de prevención y mayor protección para quienes enfrentan situaciones de violencia. El Estado cubano sostiene que aplica una política de tolerancia cero ante la violencia de género, mientras los observatorios independientes continúan documentando casos a partir de información disponible en comunidades, redes sociales y fuentes cercanas a las víctimas.

En el proceso de Ciego de Ávila, el tribunal consideró probada la responsabilidad penal de Cruz Díaz en las dos muertes y dictó una pena de prisión perpetua. La sentencia coloca el caso entre los hechos de violencia contra las mujeres que han generado atención en Cuba durante los últimos meses.

Una bebé de solo siete meses fue violentamente agredida junto a su madre en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), que detuvo a un hombre de 27 años señalado por el hecho. La menor tenía hematomas visibles en el rostro cuando los agentes llegaron al lugar tras recibir una denuncia.

El detenido fue identificado como Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años. De acuerdo con la versión policial, fue localizado a pocos metros del sitio donde ocurrió la agresión contra la mujer y su hija.

La PNC informó que sus equipos atendieron el reporte en esa localidad de Sonsonate y hallaron a la bebé con lesiones en el rostro. La institución no detalló cómo se produjo el ataque o si la menor requirió atención médica después de la intervención.

Tampoco se conoce cuál era la relación entre López Borja, las víctimas de ese nuevo cosa de violencia contra las mujeres ocurrido en el territorio salvadoreño. Las autoridades no han precisado si existía un vínculo familiar, si convivían o bajo qué circunstancias se encontraban antes de la denuncia.

El hombre será remitido por el delito de lesiones, según el reporte divulgado por la Policía. El caso seguirá su curso en las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará su situación legal.

La denuncia llevó a los agentes hasta el lugar donde estaba la bebé lesionada

La presencia de hematomas en el rostro de la niña de siete meses fue uno de los datos señalados por la PNC al informar sobre la captura. La institución no comunicó si hubo testigos de la agresión ni si se registraron denuncias previas vinculadas con el acusado.

La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad que pudiera corresponder al detenido. Por ahora, la información oficial confirma que la denuncia involucró a una mujer y a su hija menor de edad.

La captura se produjo en San Antonio del Monte, municipio que forma parte de Sonsonate Centro. Los agentes interceptaron al sospechoso cerca del lugar señalado en el reporte, tras atender la alerta sobre la agresión.

En Santa Ana, una mujer fue golpeada durante el robo de su celular

En un hecho distinto, la PNC informó sobre la detención de un hombre acusado de agredir a una mujer para quitarle su teléfono celular en Santa Ana Centro.

El detenido fue identificado como Robinson Alberto Corado Núñez, de 50 años. Según la Policía, la víctima ingresaba a una colonia cuando el hombre la atacó y le provocó golpes en la boca y en la cabeza.

Durante la agresión, la cartera de la mujer cayó al suelo. De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso aprovechó ese momento para tomar el celular y alejarse del lugar.

La ubicación del dispositivo permitió a los agentes avanzar en la búsqueda. La señal de GPS llevó a los equipos policiales hasta las inmediaciones de la vivienda del acusado, en el cantón El Ranchador.

Al registrarlo, los policías encontraron el teléfono que había sido robado, según la PNC. Corado Núñez será remitido por los delitos de robo y lesiones.

En El Salvador, el acoso callejero persiste como una práctica cotidiana en calles y transporte colectivo que vulnera la seguridad de miles de mujeres, muchas de las cuales guardan silencio ante la falta de orientación sobre los procedimientos legales o por desconocimiento de las normativas vigentes que sancionan estas conductas.

La naturalización de tocamientos, persecuciones y expresiones verbales obscenas en el espacio público genera un entorno de indefensión, agravado por la desconfianza en la respuesta institucional y la escasez de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Frente a este escenario, el abogado salvadoreño Edward Alexander Benavides, brindó a Infobae los alcances, vacíos de la legislación penal nacional, los mecanismos de prueba disponibles y los desafíos procesales que enfrentan las víctimas al acudir a la sede judicial.

¿Bajo qué figuras legales se sanciona actualmente el acoso callejero en el país?

El acoso está regulado de forma general en el artículo 165 del Código Penal. Esta disposición abarca a quien realice una conducta sexual indeseada que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca.

La pena establecida va de tres a cinco años de prisión, pero si la acción se ejecuta contra una persona menor de 15 años, la sanción aumenta de cuatro a ocho años de cárcel, además de 100 a 200 días multa.

Por otro lado, existe la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que aborda los hechos delictivos cometidos contra la mujer por motivos de género, como las expresiones de violencia contempladas en el artículo 55.

¿Qué diferencia existe en la práctica entre un comentario verbal y una conducta constitutiva de delito penal?

Existe una línea compleja de carácter probatorio y social. En el ámbito legal, cualquier acto con connotación sexual no consentida califica como falta o delito según su gravedad.

Sin embargo, en el terreno de las palabras o ademanes en la vía pública, la valoración recae en el impacto sobre la persona receptora y en el criterio del juzgador.

Cuando una mujer presenta una denuncia, la declaración testimonial activa la intervención de las autoridades policiales, lo cual exige determinar con precisión la intencionalidad y el contexto de lo ocurrido para evitar decisiones arbitrarias.

Mecanismos de prueba frente a la falta de testigos

¿Cuáles son las herramientas probatorias para sustentar un caso si no existen testigos en la calle o en el transporte?

Los hechos que ocurren en el transporte público o en vehículos de plataformas particulares suelen carecer de personas dispuestas a declarar. En estos casos, la prueba fundamental es el peritaje psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML).

Los especialistas determinan a través de evaluaciones técnicas la veracidad del testimonio y las afectaciones emocionales derivadas del hecho. La jurisprudencia reconoce la validez del testimonio de la víctima cuando está sustentado por este informe pericial.

¿Qué validez legal tienen las grabaciones de teléfonos celulares y cámaras de seguridad?

Las filmaciones captadas con dispositivos móviles o sistemas de videovigilancia poseen plena validez procesal. Cuando una persona sufre una agresión ilícita en la vía pública, la ley salvadoreña faculta el registro de los hechos para utilizarlos como elemento de cargo.

La Fiscalía General de la República puede solicitar judicialmente la extracción forense de datos telefónicos, imágenes o vídeos para robustecer el expediente acusatorio ante los tribunales.

Tiempos de respuesta y prevención

¿Qué tan expedita resulta la respuesta de las autoridades tras presentar una denuncia formal?

La recomendación técnica siempre es interponer la denuncia de manera directa en la sede fiscal para agilizar la apertura formal del expediente.

A pesar de esto, el sistema judicial salvadoreño presenta una saturación que extiende los tiempos de citación e investigación por meses o hasta un año, salvo en casos donde las víctimas son menores de edad, donde el aparato estatal actúa con mayor celeridad.

Los jueces tienen la potestad de emitir medidas cautelares de protección para prohibir el acercamiento del agresor a la denunciante mientras continúa el proceso.

¿Considera que el incremento de las penas erradicaría esta problemática en los espacios públicos?

El incremento de las condenas de cárcel no soluciona el origen del problema. La respuesta para transformar una sociedad con conductas machistas arraigadas radica en la educación ciudadana y en la prevención temprana, más que en el castigo penitenciario posterior.

En las aceras empinadas de los barrios, en los andenes del Centro Histórico de San Salvador y en los pasillos atestados del transporte colectivo, cinco mujeres salvadoreñas reconstruyen cómo el acoso sexual callejero violentó sus vidas desde que eran niñas.

En entrevistas concedidas a Infobae, solo Karla López decidió hacer público su nombre y su rostro; las otras cuatro optaron por el anonimato.

Cada una narra desde su propia memoria cómo la agresión física, el exhibicionismo premeditado y la mirada lasciva se convirtieron en una constante que debieron enfrentar solas, rodeadas por el silencio de los testigos y la inacción policial en El Salvador.

El engaño del conductor y el choque emocional en plena calle

“Salía de la universidad a las cuatro de la tarde y bajaba por una calle sola rumbo a mi casa. Un pickup en subida se detuvo junto a mí. El hombre me dijo que andaba buscando a una persona y por amabilidad me detuve a darle direcciones”, relata la primera víctima, que en el primer semestre de 2018 tenía 22 años.

“Por verlo a los ojos no me di cuenta de que, desde que empezó a hablar, se estaba masturbando. Cuando vi su mano inquieta y todo su miembro, él ni se perturbó; siguió haciéndolo de lo más normal. Me fui congelada. A las seis de la tarde llamé a la Policía Nacional Civil porque pensé en las niñas que salían de las escuelas. La operadora solo me dijo que guardara la calma y que patrullarían la zona, pero a mí no me dieron ninguna atención ni protocolo”, recuerda.

Un mes más tarde, en una parada de autobuses, otro conductor repitió la misma conducta ante ella y huyó tras cruzar un semáforo en rojo.

La indiferencia colectiva en los autobuses y la persecución en la vía pública

A sus 33 años, Karla López recuerda con nitidez cada agresión acumulada desde la infancia. “La primera vez tenía 11 años. Íbamos con mi hermana en el bus hacia la Universidad de El Salvador (UES) y un hombre se subió a pedir dinero; le hizo comentarios a ella e hizo el ademán de tocarla. Me enojé porque el motorista y los pasajeros escucharon y nadie hizo nada”, relata.

A los 14 años, cerca del hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), un hombre la persiguió durante cuadras enteras mientras se masturbaba y le murmuraba obscenidades.

En su juventud, a bordo de la Ruta 44, un sujeto frotó deliberadamente sus genitales contra su hombro. En 2017, un transeúnte le metió la mano entre las piernas en el centro capitalino y huyó riéndose. “Aprovechan cuando una mujer va sola y se ve pequeña; el acoso se ensaña hacia las niñas”, afirma López, quien insiste en que las víctimas deben utilizar sus teléfonos para registrar a los agresores y exigir castigo legal.

La culpa impuesta a una alumna de 15 años vestida con uniforme

“A los 13 años tenía una gemela con quien nos vestíamos iguales, pero dejamos de hacerlo por el acoso que vivimos al buscar los estrenos en el centro histórico; los comentarios nos dejaron tan traumadas que cambiamos nuestra forma de vestir”, confiesa la tercera declarante ante este medio.

El episodio más violento ocurrió poco tiempo después. “En mi primera semana de bachillerato en el Instituto Nacional Francisco Morazán (INFRAMOR), un hombre me tocó en el transporte público. Me agarró la pompa y hasta la movió; me bajé llorando del bus y la gente decía que era mi culpa a pesar de que el bus iba llenísimo y yo vestía mi uniforme escolar de falda bajo la rodilla. Tenía apenas 15 años y me da cólera recordar que nadie me defendió”, relata.

Uniformados en la cuarentena y la modificación obligada de rutinas diarias

Para la cuarta entrevistada, de 31 años, el hostigamiento provino de quienes debían brindar seguridad. En marzo de 2020, durante el régimen de confinamiento obligatorio por la pandemia de covid-19, caminaba sola hacia el mercado por un pasaje cerrado: “Andaba en ropa holgada y pasé frente a policías y militares. Desde que me vieron me siguieron con la mirada y me dijeron cosas inapropiadas. Me sentí indefensa. Desde ese día perdí la confianza en las autoridades”.

En 2023, la misma mujer vivió semanas de zozobra en la Ruta 52. Un usuario formalmente vestido comenzó a vigilarla en las mañanas desde la plaza Salvador del Mundo hasta tocarle el hombro sin motivo.

“Tuve tanto miedo que debí cambiar de horario, dejar de tomar los buses climatizados y coordinarme con otras pasajeras para no viajar sola. Aunque exista la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, esta conducta sigue normalizada entre los hombres”, explica.

La agresión contra una pasajera dormida con traje de oficina

La quinta mujer relata que su primera experiencia traumática ocurrió a los 15 años, al regresar de su jornada inicial de trabajo, cuando un individuo se masturbaba mientras la observaba fijamente y le profería frases obscenas, lo que la obligó a abandonar el microbús en pánico.

Años después, la violencia se repitió cuando volvía de sus labores profesionales. “Me quedé dormida con ropa de oficina, un vestido hasta la rodilla y chaqueta. Me desperté sobresaltada porque un pasajero me estaba tocando la pierna; de inmediato lo insulté y lo encaré”, recuerda.

Los cinco testimonios dan cuenta de un acoso callejero cotidiano que trasciende la vestimenta, la edad y los horarios, al tiempo que exhibe una constante omisión de auxilio por parte de los testigos y vacíos en los protocolos de respuesta policial.

Pese a que la legislación salvadoreña contempla herramientas legales y sanciones penales contra el acoso sexual en el espacio público, la falta de denuncias formales por desconfianza en las autoridades y la impunidad en las calles perpetúan un ciclo de agresiones donde las víctimas deben asumir en soledad el costo emocional y la necesidad de alterar sus vidas cotidianas.

El acoso callejero, que abarca conductas no deseadas como comentarios invasivos, miradas intimidatorias, persecuciones y tocamientos en espacios de uso común, condiciona a diario la movilidad de miles de salvadoreñas e impide su libre tránsito por calles y vecindarios.

La normalización de estas agresiones impone barreras cotidianas que obligan a las mujeres a modificar sus rutas o cambiar su forma de vestir para resguardarse, de acuerdo con una encuesta realizada en junio de 2025 por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Frente a este panorama, la coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, Silvia Juárez, explicó a Infobae cómo opera esta problemática cotidiana en El Salvador.

“El acoso sexual o el acoso callejero son mecanismos que operan como dispositivos de segregación espacial para las mujeres, como una forma de control”, afirmó la especialista al describir el impacto que produce circular en un entorno hostil.

La investigación desarrollada por el observatorio en 2025 señala que el 27% de las mujeres consultadas identificó al transporte público como el principal escenario del acoso sexual, mientras que un 15.7% de las encuestadas lo experimentó directamente en la calle o en su comunidad.

Además, el registro institucional revela que una de cada cuatro mujeres padeció este tipo de vulneraciones dentro de autobuses o en paradas de abordaje. El temor a transitar cerca de talleres mecánicos, zonas con poca afluencia o canchas deportivas empuja a las usuarias a calcular cada paso.

Para viajar en autobús, muchas deciden descartar el uso de faldas y sentarse únicamente al lado del pasillo para facilitar una salida rápida, o bien ubicarse cerca del conductor en busca de auxilio ante cualquier comportamiento agresivo.

En horarios nocturnos, la falta de alternativas seguras empuja a asumir el gasto imprevisto de taxis privados con el propósito de eludir riesgos en las aceras.

Las agresiones tempranas imponen miedo desde la niñez

Las primeras vivencias de hostigamiento callejero en El Salvador suelen ocurrir durante la infancia y los primeros años de la adolescencia. Niñas en edad escolar enfrentan seguimientos intimidatorios en trayectos comunes hacia sus centros de estudio o comercios cercanos, en situaciones de clara asimetría frente a adultos.

Frente a la respuesta social habitual que resta importancia a estos hechos cuando no derivan en un ataque físico extremo, Juárez subrayó la carga emocional que provocan estas conductas: “Todo el mundo entiende que esto es una práctica muy acostumbrada, que no va a terminar aparentemente en ninguna agresión, pero que te produce un miedo. Y eso tiene que ver con la gestión del terror”.

El diseño material del entorno urbano en El Salvador agrava las condiciones de indefensión para las transeúntes. Calles sin alumbrado, predios baldíos abandonados sin poda y paradas de autobuses deterioradas reducen los márgenes de seguridad para quienes circulan a pie.

Asimismo, la infraestructura urbana actual carece de baños públicos dignos y resguardados, un servicio elemental que expone a las mujeres a situaciones de peligro cuando requieren utilizarlos en medio de sus diligencias diarias.

Al referirse a las carencias del entorno construido, Juárez remarcó la deuda institucional pendiente: “La arquitectura de las ciudades también ofrece una visión de la democracia que hay en la participación o en el uso de esos espacios”.

Frente a este escenario, las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan la urgencia de diseñar políticas urbanas con enfoque de género que prioricen la iluminación de vías peatonales, la adecuación de paradas y la capacitación de los operadores del transporte colectivo, con el propósito de garantizar que el espacio público sea un entorno accesible y libre de intimidaciones para las salvadoreñas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos cada una para localizar a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello.

Además, la fiscalía también activó una recompensa con el mismo monto por su padre, Lenin Yuri Córdova Santana, acusado de encubrimiento.

El anuncio se dio a conocer este 27 de octubre a través de las fichas oficiales de la dependencia, que suman 700 mil pesos en recompensas por ambos hombres, prófugos desde el crimen ocurrido el 15 de octubre en Coatzacoalcos.

La recompensa y las vías para aportar información

La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por cada uno de los dos hombres buscados: Lenin Salvador Córdova Pérez es señalado como el feminicida de la doctora Cristina Ramos, y su padre, acusado de haberlo ayudado a huir. Las fichas corresponden a los acuerdos 174/2026 y 175/2026, y la dependencia garantiza confidencialidad total para quien aporte datos.

Según la institución, el monto se otorgará a “quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, efectiva y oportuna” que contribuya a la localización de ambas personas.

La FGE habilitó tres canales para recibir denuncias: el teléfono 800 890 6863, el correo electrónico recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx y las oficinas ubicadas en Circuito Guízar y Valencia número 707, colonia Reserva Territorial, en Xalapa.

La dependencia precisó que la identidad de los informantes y los datos que proporcionen serán tratados de manera estrictamente confidencial. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de los dos sujetos.

El feminicidio de Cristina Ramos Argüello

Cristina Ramos Argüello, de 34 años, era médica y laboraba tanto en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar como en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos. Fue hallada sin vida la mañana del 15 de octubre en su departamento del fraccionamiento privado Santa Cecilia, al poniente del municipio.

La familia de la doctora fue alertada por compañeros de trabajo, quienes avisaron que Cristina no había llegado a su centro de atención médica esa jornada. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro de su propio domicilio.

Ramos Argüello tenía menos de seis años ejerciendo como especialista en el municipio de Coatzacoalcos, donde cubría un turno en cada uno de los dos hospitales públicos en los que trabajaba.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el presunto agresor ingresó al fraccionamiento donde ella vivía.

Tras el ataque, el señalado huyó del lugar y permanece prófugo desde entonces. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente a este delito.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo, la Coordinación del IMSS-Bienestar del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la doctora. El organismo le dedicó un mensaje en el que destacó “su vocación de servicio, compromiso y calidad humana”.

Perfil y fuga del principal sospechoso

Lenin Salvador Córdova Pérez tiene 21 años y era pareja sentimental de la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos. Era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana al momento del crimen.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo del cuerpo, la FGE cateó su vivienda ubicada en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias de la investigación. En ese operativo las autoridades habrían localizado evidencia que lo relaciona con el feminicidio.

Las primeras versiones apuntaron a Córdova como principal sospechoso por las imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Santa Cecilia. Posteriormente, la Fiscalía confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Hasta el momento, el señalado continúa sin ser localizado ni detenido.

La acusación contra el padre del sospechoso

La segunda ficha de recompensa difundida por la FGE corresponde a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso. Contra él pesa una orden de aprehensión por el presunto delito de encubrimiento.

Al padre del señalado se le aplican las reformas legales conocidas popularmente como “Ley Montse”, que castiga a familiares que ayuden a escapar a un feminicida. Familiares y conocidos de la doctora acusaron a Córdova Santana de haber sacado a su hijo de la ciudad de Coatzacoalcos para evadir a las autoridades tras el crimen.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que se han registrado 518 feminicidios en México, de enero a septiembre del presente año, de los cuales el 26% se concentran en dos estados y al menos 54 víctimas son menores de edad.

En su informe mensual de violencia contra las mujeres, la dependencia indicó que Sinaloa continúa como el estado con más femincidios en lo que va del 2026, con un total de 97 casos registrados; seguido del Estado de México, con 38.

El mismo documento coloca a Tamaulipas como el tercer estado con más casos, con 34 víctimas; en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 29; y en quinto, Chiapas y Chihuahua con 28 feminicidios cada uno.

Los cinco casos con menos casos son: Aguascalientes, Colima e Hidalgo, con tres cada uno; así como Nayarit y Tlaxcala, con dos víctimas respectivamente.

El Secretariado Ejectuvo precisó que en cuanto a la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, Sinaloa también encabeza el listado, con 5.99. En segundo lugar está Morelos, con 2.73.

Municipios con más feminicidios

El informe destacó que el 35.8% de los delitos registrados a nivel nacional se concentra en 20 municipios.

Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 44 casos y 8,9%, seguido por Mazatlán, Sinaloa, con 21 casos y 4,3%; Escuinapa, Sinaloa, ocupa el tercer lugar con 17 casos.

Reynosa, Tamaulipas, ocupa el cuarto lugar al sumr 14 casos, mientras que Chihuahua, Chihuahua, reportó 10.

Benito Juárez, Quintana Roo, registró siete; Hermosillo, Sonora, seis; y Centro, Tabasco, cinco. Cuautla, Morelos; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; y Venustiano Carranza, Ciudad de México, contabilizaron cinco casos cada uno.

Siguen el minicipio de Cuauhtémoc, Chihuahua; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; León, Guanajuato; Mérida, Yucatán; Puebla, Puebla; Toluca, Estado de México; y Veracruz, Veracruz, registraron cuatro casos cada uno.

Al menos 54 víctimas son niñas y adolescentes

Respecto a la edad de las víctimas, el informe resaltó que al menos 54 eran mujeres ede entre 0 y 17 años.

Mientras que 428 eran mayores de 18 años, y las 36 restantes, son de edad desconocida.

Mujeres víctimas de homicidio doloso

El informe del Secretariado presentó también los casos de homicidio doloso de mujeres, que se han registrado a nivel nacional en el mismo periodo. Según el documetno, el total es de mil 100 víctimas.

De estos, Guanajuato registra 138 casos, equivalentes al 12,5%; Baja California, 95 (8,6%); Chihuahua, 77 (7,0%); Guerrero, 77 (7,0%); y Michoacán, 66 (6,0%). Estas cinco entidades concentran el 41,2% del total nacional, con 453 víctimas. Les siguen el Estado de México, con 62 casos (5,6%); Morelos, con 58 (5,3%); Ciudad de México, con 54 (4,9%); Jalisco, con 52 (4,7%); Colima, con 51 (4,7%); Puebla, con 50 (4,5%); Sonora y Oaxaca, con 46 cada uno (4,2%), y Veracruz y Tabasco, con 45 cada uno (4,1%).

Chiapas registra 39 víctimas (3,5%); Nuevo León, 26 (2,5%); Hidalgo, 26 (2,4%); Sinaloa, 18 (1,6%); Quintana Roo, 16 (1,5%); Durango, 12 (1,1%); Zacatecas, ocho (0,7%); San Luis Potosí y Coahuila, cinco cada uno (0,5%); Aguascalientes, Campeche, Tamaulipas y Tlaxcala, tres cada uno (0,3%); Baja California Sur, Querétaro y Yucatán, dos cada uno (0,2%), y Nayarit, uno (0,1%).

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras haber sido detenido por mantener encerrada, encadenada y sometida a tratos vejatorios a su pareja sentimental, una joven de 18 años, en un piso de Sevilla. El arresto se produjo tras un operativo desplegado por la Policía Nacional en una vivienda ubicada en la zona conocida popularmente como Las Vegas, dentro del distrito de Las Tres Mil Viviendas.

La víctima permanecía retenida bajo llave en el interior de una habitación sin posibilidad alguna de salir al exterior. Además, la joven llegó a estar atada físicamente con una cadena y, en el momento de su rescate, presentaba signos evidentes de desnutrición tras días de privación de libertad, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press.

El rescate fue posible gracias a un descuido del agresor el pasado viernes. En ese momento, la víctima aprovechó la oportunidad para acercarse a la ventana y gritar pidiendo auxilio a los viandantes. Varios vecinos de la zona escucharon los gritos de socorro y alertaron de inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del teléfono de emergencias.

A continuación, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde desplegaron un dispositivo de intervención. La actuación policial concluyó con la liberación inmediata de la joven y la detención de cuatro personas dentro de la vivienda: el novio de la víctima y tres acompañantes.

Al principal sospechoso, que cuenta con un amplio historial de antecedentes penales por diversos delitos —algunos de ellos violentos—, se le imputa de forma provisional un delito de detención ilegal. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia, el magistrado ha decretado su ingreso en prisión preventiva sin fianza.

Por su parte, las otras tres personas arrestadas durante el operativo, investigadas como presuntas encubridoras o colaboradoras en el cautiverio, han quedado en libertad provisional con cargos mientras la investigación judicial continúa su curso.

Precedentes de encierros en la región

Este grave suceso se suma a otros casos violencia machista registrados en la provincia de Sevilla durante los últimos años. En enero de 2025, la Policía arrestó a un hombre en Alcalá de Guadaíra por mantener a su pareja retenida en casa sin comida ni agua durante diez días.

A este caso le precede una condena de siete años dictada en 2024 contra un individuo que apuñaló a su novia tras mantenerla encerrada al anunciar esta su intención de romper la relación, así como la detención en 2023 de otro hombre por atrancar y dejar bajo llave a su esposa en el barrio de San Jerónimo.

La problemática de los cautiverios domésticos también ha dejado episodios recientes en otros puntos de Andalucía. A principios del pasado mes de agosto, la Policía Nacional detuvo en la provincia de Málaga a un hombre de 54 años acusado de atrancar los accesos de la vivienda familiar para impedir salir a su mujer mientras amenazaba con prender fuego al inmueble, un suceso en el que la rápida intervención de los dos hijos de la pareja evitó consecuencias trágicas.

Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, pidió a Omar García Harfuch reforzar la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Dania R.G., una mujer de 28 años que fue atacada a balazos en un negocio de tacos ubicado en la colonia Los Pinos.

Quiroz García difundió desde su cuenta oficial en ‘X’, que estableció comuinicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para reportar los hechos y solicitar mayor coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

“No podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia”, escribió Quiroz. La publicación ocurre después de la agresión armada registrada la noche del sábado en un establecimiento de la calle Venustiano Carranza, al poniente de Uruapan.

Dania muere después de recibir atención médica

Reportes preliminares difundidos en medios locales señalan que dos mujeres fueron atacadas dentro o en las inmediaciones del negocio. Una de las víctimas fue identificada como Dania R. G., de 28 años, quien habría recibido un disparo en la cabeza.

Dania fue trasladada a un hospital, pero murió a causa de la gravedad de las lesiones. Hasta ahora, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han reportado detenciones relacionadas con el caso. En el sitio también habría resultado lesionada otra mujer. Los primeros reportes apuntan a que ambas eran nuera y suegra, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por las familias.

Dos niñas que presuntamente estaban en el lugar sufrieron golpes durante el incidente. Tampoco se ha detallado su estado de salud ni las circunstancias en las que resultaron heridas.

Quiroz sostuvo que pidió a la Fiscalía estatal agilizar las investigaciones para esclarecer la agresión e identificar a los responsables. “La seguridad y la vida de nuestra gente deben estar por encima de cualquier diferencia”, señaló.

La hermana gemela de Dania exige justicia

Diana Rojas, hermana gemela de Dania, compartió un mensaje en redes sociales en el que reclamó justicia por el homicidio y cuestionó la normalización de la violencia en el municipio.

“Dania no murió, a Dania la mataron ruin y cobardemente”, escribió. En su publicación, recordó que ambas no habían llegado a la mitad de sus vidas y afirmó que el asesinato le arrebató “la mitad” de su vida.

También rechazó la idea de que las víctimas de ataques violentos necesariamente estén vinculadas con actividades delictivas. “Uno cree que solo le pasa a quien andaba mal, pero hoy me doy cuenta de que no es así”, señaló.

El caso generó reclamos públicos sobre la seguridad en Uruapan, uno de los municipios michoacanos que enfrenta episodios de violencia ligados a ataques armados y hechos delictivos. Además de haber vivido el magnicidio de Carlos Manzo Rodríguez y una serie de ataques armados.

Funcionaria cuestiona respuesta de Grecia Quiroz

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria de Carlos Manzo Rodríguez —y quien ha señalado a Grecia Quiroz como implicada en el asesinato de su esposo—, cuestionó el posicionamiento de Quiroz y sostuvo que la violencia no representa un hecho aislado ni reciente en el municipio.

Méndez afirmó que habitantes de Uruapan viven con preocupación e incertidumbre ante la inseguridad. También acusó a Quiroz de realizar giras y asistir a eventos mientras la ciudadanía exige acciones frente a los homicidios y ataques armados.

“La seguridad no es un asunto secundario, ni un tema que pueda atenderse cuando haya tiempo”, publicó. La funcionaria pidió explicaciones, medidas concretas y resultados ante los casos de violencia reportados en la ciudad.

Quiroz afirmó que acompañará a la familia de Dania y dará seguimiento al expediente. Las autoridades no han difundido información oficial sobre los agresores, el número de personas involucradas ni una línea de investigación por el ataque ocurrido en la colonia Los Pinos..

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) confirmó este viernes el feminicidio de Ana Vivian Suárez Cruz, una joven de 21 años asesinada el 13 de agosto en La Palma, Pinar del Río, y elevó a 59 el número de casos documentados en Cuba durante 2026.

OGAT verificó nueva información sobre la muerte de la joven, cuyo caso había generado interrogantes en redes sociales por las circunstancias en las que fue hallada. Tras su investigación, la organización independiente concluyó que se trató de un feminicidio y advirtió sobre la posible simulación de un suicidio para encubrir el crimen.

Según fuentes comunitarias consultadas por OGAT, la pareja de Ana Suárez enfrenta un proceso judicial por el hecho. Personas que presenciaron una reconstrucción policial afirmaron haber visto al hombre durante esa diligencia, según el Observatorio.

El hombre señalado tiene antecedentes de violencia contra las mujeres. OGATmantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que otra persona haya participado en el asesinato.

Posible intento de ocultar el crimen

El Observatorio señaló que sigue de cerca las circunstancias del crimen y que analiza indicios sobre una eventual participación adicional. En una declaración difundida sobre el caso, OGAT alertó que el hecho podría reflejar métodos para ocultar la responsabilidad de los agresores, entre ellos la aparente simulación de un suicidio.

La organización sostuvo que estos mecanismos pueden dificultar el esclarecimiento judicial y retrasar la identificación de los responsables.

La joven fue recordada en redes sociales por familiares, amigos y personas de su comunidad, quienes difundieron mensajes de condolencias y exigieron justicia.

El 75.5% de las víctimas registradas entre enero y agosto fue asesinado por parejas o exparejas

El caso se conoce después de que OGAT difundiera un informe semestral sobre los feminicidios ocurridos entre enero y agosto de este año. El documento registró 49 asesinatos por razones de género en ese período.

De ese total, 37 mujeres, equivalentes al 75.5%, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En 25 de los casos, los agresores eran exparejas; en los otros 12, se trataba de parejas actuales.

Los datos muestran que la violencia dentro de vínculos afectivos constituye el principal contexto de los feminicidios registrados por el Observatorio.

Falta de datos oficiales dificulta reconstruir los antecedentes de violencia

El Observatorio advirtió que la ausencia de acceso a expedientes policiales y judiciales limita la posibilidad de establecer con precisión las circunstancias de cada crimen y de evaluar la actuación de las instituciones.

En 28 de los 49 feminicidios, incluidos en el informe, se desconocía si las víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores. Ese vacío impide determinar si existieron señales de riesgo antes de los asesinatos y si se adoptaron medidas de protección.

OGAT también cuestionó las demoras de los procesos judiciales y el alcance de las estadísticas oficiales, que contabilizan los asesinatos por motivos de género a partir de las causas juzgadas en un período determinado, aunque los crímenes se hayan cometido en años anteriores.

Hasta el 23 de octubre, el registro independiente contabilizaba además 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización reclama información sobre las investigaciones de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez, y mantiene bajo observación la muerte de Bárbara Sánchez González, catalogada de forma preliminar como un posible suicidio feminicida.

OGAT también investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. A esa lista se suman 11 posibles feminicidios y 16 intentos de feminicidio notificados durante 2026, aún pendientes de verificación.

Según ha informado Europa Press, el presunto autor del crimen fue localizado en el interior de su vehículo gracias a un indicado del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde. Esto fue posible gracias al dispositivo de búsqueda establecido por la Policía Nacional tras determinar la identidad del sospechoso por el asesinato de la mujer, de origen guatemalteco.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que el presunto autor de los hechos no tenía denuncias previas por violencia machista ni antecedentes penales.

La mujer fue asesinada frente a un portal en Carabanchel

En torno a las 14.45 horas de este martes 20 de octubre, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública, a plena luz del día. Hasta el lugar, frente al portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en Carabanchel, se desplazaron los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112.

La mujer, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y en el abdomen, fue localizada en parada cardiorrespiratoria. Después de que los servicios sanitarios lograsen revertir la parada, la víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre bajo un dispositivo de escolta de la Policía Municipal de Madrid para agilizar la llegada de la ambulancia. Pese a los esfuerzos por estabilizarla, la víctima acabó falleciendo en el hospital a causa de la severidad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. Todas las hipótesis permanecen abiertas y no se descarta que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, se trataría de la sexta víctima mortal por esta causa en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, elevando la cifra nacional a 43 mujeres asesinadas en España en 2026 y a 1.384 desde 2003, año en el que el Ministerio de Igualdad comenzó a recopilar de forma oficial estos registros estadísticos. Asimismo, en lo que va de ejercicio, dejan un balance de más de una treintena de menores huérfanos en el país.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de Europa Press y EFE

La ruptura con una pareja violenta no siempre termina cuando se pone fin a la relación. Para algunas madres que crían solas, también supone perder la vivienda compartida y empezar a rotar por alojamientos temporales: la casa de un familiar, una habitación realquilada, una pensión o un hotel de emergencia. Esta precariedad habitacional de las familias monomarentales se analiza en un estudio reciente de Esade que identifica las separaciones en contextos de violencia entre los detonantes más frecuentes de la pérdida de vivienda.

La investigación, elaborada con Fundació Hàbitat3 y Fundació Habitatge Social, recoge 48 entrevistas a mujeres que sostienen solas sus hogares. Entre todas tienen 86 hijos. El trabajo no permite calcular cuántas madres atraviesan esta situación en el conjunto de Cataluña o España, pero describe cómo se cruzan la precariedad laboral, los cuidados, la violencia machista, la migración y la falta de vivienda asequible.

La mayoría de las entrevistadas no pasan de la vivienda compartida directamente a la calle. Antes pasan por una cadena de soluciones temporales que evita el desamparo más visible, aunque no garantiza un hogar seguro. El estudio denomina a esa realidad como sinhogarismo oculto: familias que no figuran necesariamente en los recuentos de personas sin hogar, pero encadenan estancias sin contrato, recursos de emergencia y convivencias forzadas.

Sin casa y sin margen para pagar un alquiler

La separación puede suponer también la pérdida de la aportación económica de la pareja, asumir sola el cuidado de los hijos y buscar una vivienda en un mercado que exige ingresos estables, fianzas y garantías. El informe recoge que la violencia aparece en una parte significativa de los relatos, a través de agresiones denunciadas, violencia económica y emocional o experiencias de estigmatización en los servicios públicos.

El problema se agrava cuando la madre depende de empleos con salarios bajos o jornadas irregulares. Solo una de cada tres entrevistadas tenía un contrato formal. El 66,7% estaba fuera del empleo regulado: el 33,3% se encontraba en paro, el 31,3% trabajaba en la economía informal y el 2,1% estaba en situación de incapacidad.

Los sectores a los que acceden muchas de ellas -limpieza, cuidados, servicio doméstico, hostelería y comercio- suelen ofrecer horarios incompatibles con la entrada y salida del colegio. Una madre sola no puede ampliar jornada si no dispone de una escuela infantil, actividades extraescolares o una red familiar que se haga cargo de sus hijos. La conciliación, por tanto, condiciona los ingresos y, con ellos, la posibilidad de mantener un alquiler.

La presión del mercado deja poco margen. El informe sitúa el precio medio del alquiler en Barcelona en 1.087 euros mensuales en 2025 y calcula que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compra o alquiler ronda el 46% de la renta familiar, muy por encima del 30% considerado asumible.

Las habitaciones y pensiones ocultan una crisis que no aparece en la calle

Las experiencias recogidas por Esade muestran un patrón repetido: una vivienda perdida tras una ruptura o un impago, una estancia con familiares o amistades, una habitación realquilada, una pensión, un hotel pagado por los servicios sociales o un recurso de urgencia. Después puede llegar un piso de alquiler social o, si no hay alternativa, una okupación.

La calle aparece como una amenaza, pero rara vez como el desenlace definitivo. No significa que exista una solución estable, sino que las madres despliegan estrategias para proteger a sus hijos. Algunas aceptan alojamientos sin contrato, comparten espacios reducidos o prolongan convivencias que querían dejar atrás. Otras intercambian cuidados por un techo.

El impacto alcanza a los menores. La incertidumbre sobre el siguiente domicilio dificulta sostener la escolarización, conservar amistades y organizar la vida diaria. El informe recoge casos de mujeres que, ante la falta de empleo y vivienda, enviaron temporalmente a sus hijos a vivir con los abuelos.

La situación se inserta en un problema más amplio. El 43,8% de los hogares monomarentales de Cataluña vive bajo el umbral de pobreza, el equivalente a unas 119.900 familias, según datos de Save the Children citados en el estudio. Además, el 34,7% de los menores de 18 años de la comunidad está en riesgo de pobreza.

El alquiler social aporta estabilidad, pero el problema vuelve cuando termina el contrato

El estudio no cuestiona la utilidad de los programas de vivienda social. Las mujeres entrevistadas describen la llegada a un piso con apoyo como un punto de inflexión: facilita recuperar rutinas, mejorar el rendimiento escolar de los hijos, buscar empleo con menos urgencia y establecer vínculos con el barrio.

El problema aparece al final. Los contratos de estos programas son temporales y, en algunos casos, se revisan cada año. La incertidumbre sobre la renovación se mantiene incluso cuando la familia ha estabilizado su situación. El informe concluye que falta una política específica que conecte el acompañamiento social con una vivienda asequible y permanente.

El salto al mercado inmobiliario privado resulta inasumible para buena parte de las participantes. La vivienda de protección oficial exige ingresos mínimos que pueden dejar fuera a quienes tienen un solo salario y personas a cargo.

En este sentido, el estudio propone revisar los umbrales de ingresos para acceder al alquiler protegido, adaptar las ayudas a hogares con una sola persona perceptora de renta y menores a cargo, y flexibilizar los requisitos para quienes viven en habitaciones sin contrato o en situaciones de okupación.

Al final de esta cadena de precariedad está la okupación

La okupación forma parte del estudio porque permite observar las formas de exclusión que quedan fuera de los circuitos institucionales. No se presenta como una decisión ideológica, sino como una salida de supervivencia para algunas mujeres que ya han pasado por impagos, habitaciones, pensiones o recursos de emergencia.

Los datos del Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones de Barcelona citados en el informe reflejan que el 87,4% de los casos de okupación atendidos correspondía a hogares con menores, frente al 35,9% de media en la ciudad. Casi la mitad de esos hogares eran monomarentales.

Una habitación, una pensión o un piso social temporal pueden frenar la emergencia y dar a una familia un margen para recomponerse. Pero el problema reaparecerá siempre al final del contrato: sin una vivienda asequible a la que ir después, la inestabilidad dejará huella en sus vidas.

A través de sus redes sociales, la defensora de derechos digitales recordó que los delitos por los que se le imputa son reconocidos en la Ley Olimpia—marco jurídico que frena la violencia digital y la difusión no consentida de contenidos íntimos—, que se aplica en la entidad desde el año 2018.

“Esta detención representa un avance de acceso a la justicia ante la gran deuda histórica que se tiene sobre todo en materia de violencia digital hacia las niñas y las mujeres”, expresó.

En su mensaje, Coral Melo pidió “un gran favor” tanto a las personas que replican la información como a los medios de difusión: “No ilustrar la noticia con las imágenes sexuales no autorizadas”, porque esto implica revictimizar a las mujeres mencionadas en dichas publicaciones.

Asimismo, según la activista, la publicación donde aparecen las víctimas puede considerarse una apología del delito, así como el delito propio.

Coral subrayó que informar sin revictimizar “es un valor” que suma a erradicar la violencia digital.

Detención de Francisco ‘’N’' por ciberacoso a mujeres políticas en Puebla

Agentes ministeriales detuvieron el pasado 16 de octubre a Francisco V.R., señalado como el presunto administrador de la cuenta de ‘X’ “@inforneutra”, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles. Tras su aprehensión, el sujeto fue trasladado e ingresado al penal de Tepexi Rodríguez.

Francisco “N” enfrenta acusaciones por los delitos de ciberacoso, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con Central Puebla Irreverente, desde dicho perfil se dedicaba sistemáticamente a atacar, insultar y difamar a mujeres del ámbito político local.

El medio señala que, según investigación, Gabriela Sánchez Saveedra, quien era secretaria del Deporte —y ahora busca ser alcaldesa de Morena en Puebla—, fue una de las más criticadas por Francisco “N”.

¿De qué se les acusa a Samuel García y Mariana Rodríguez?

La diputada local denunció a Samuel García y Mariana Rodríguez porque, según afirmó, ambos difundieron acusaciones falsas sobre su situación política y sobre un presunto desvío de recursos. La legisladora pidió que las autoridades investiguen si esas expresiones constituyen violencia política de género o calumnia y, de acreditarse una infracción, apliquen las sanciones correspondientes.

De la Garza rechazó la versión que le atribuye una inhabilitación por el manejo irregular de recursos públicos. “Ellos han dicho en varias ocasiones que yo fui inhabilitada por desviar 20 millones de pesos”, expresó.

La diputada afirmó que esa acusación carece de sustento. “Eso es absolutamente falso, es una mentira y sobre todo ellos lo saben y lo tienen muy claro”, agregó. La legisladora aseguró que el gobernador y Rodríguez Cantú ya han dirigido ataques contra otras figuras políticas, incluidas mujeres.

Por esa razón, consideró que debe establecerse un límite a esas prácticas desde las instancias encargadas de revisar posibles faltas electorales y delitos: “La violencia política de género no la pueden usar como un escudo solo cuando a ellos o a ella les conviene”, afirmó De la Garza.

La diputada también anticipó que no enfrentará el proceso de manera individual. “Yo sí les quiero poner un alto. Y no lo voy a hacer sola”, sostuvo. La definición del caso quedó en manos de la Fiscalía y de las autoridades electorales de Nuevo León. De la Garza señaló que continuará con su trabajo político por Monterrey mientras se desarrollan las investigaciones.

¿Cuáles son los antecedentes de los señalamientos?

El conflicto entre el gobernador Samuel García y la diputada Dela Garza se intensificó en septiembre, cuando el mandatario la calificó de “corrupta” e “inhabilitada” y la responsabilizó por el freno al presupuesto estatal. La legisladora respondió que no renunciaría a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y afirmó que mantendría una postura crítica frente al gobierno.

De la Garza vinculó la supuesta sanción que se le atribuye con un antecedente de 2017, de acuerdo con reportes periodísticos relacionados con la denuncia presentada en octubre de 2026. La diputada sostuvo su permanencia al frente de la comisión legislativa pese a los señalamientos del gobernador y rechazó apartarse de sus funciones.

Las diferencias entre ambos también se remontan a 2023, cuando De la Garza acusó a García Sepúlveda de intentar extorsionar al Congreso local para obtener una licencia y buscar la candidatura gubernamental. Durante la campaña electoral de 2024, cuando la diputada buscaba la reelección, denunció además que García habría intervenido para favorecer la candidatura de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey y solicitó sanciones por parte de los órganos electorales.

Al corte de esta nota, ni Rodríguez ni García Sepúlveda se han pronunciado respecto a la denuncia de la diputada priista; sin embargo, el día de ayer, la titular de la unidad administrativa Amar a Nuevo León subió en sus historias de Instagram diciendo: “Mentiras nadie dijo”, en un fondo negro acompañado de un emoji de risa. Esta publicación no representa un posicionamiento ni una respuesta oficial; sin embargo, internautas lo interpretan como una respuesta a De la Garza.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que investiga como feminicidio el asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en el municipio de Coatzacoalcos.

La médica fue localizada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, después de varias horas de haber sido reportada como desaparecida. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca.

La Fiscalía señaló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las actuaciones se llevan a cabo conforme al protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Fiscalía busca establecer las líneas de investigación

En un comunicado emitido antes de la medianoche, la FGE indicó que las investigaciones permanecen en curso para establecer las líneas que permitan identificar y localizar a la persona o personas que resulten responsables del asesinato.

La institución señaló que el objetivo es esclarecer lo ocurrido y evitar que el crimen quede impune.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó públicamente cuáles son las líneas específicas que se siguen dentro de la investigación ni confirmó que una de ellas esté dirigida contra un joven universitario señalado preliminarmente como una persona cercana a la víctima.

De acuerdo con información preliminar difundida tras el hallazgo, dicho joven sería considerado el primer sospechoso y se encontraría prófugo. Sin embargo, esta versión no fue confirmada de manera oficial por la FGE en su comunicado.

Por ello, la responsabilidad del asesinato no ha sido atribuida formalmente a ninguna persona y las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió y quién o quiénes estarían involucrados.

Investigación quedó a cargo de Fiscalía especializada

La indagatoria quedó integrada en una carpeta de investigación y es desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas.

La dependencia estatal reiteró que fiscales, peritos y agentes ministeriales trabajan para recabar los elementos necesarios que permitan esclarecer el crimen de la doctora.

El caso es investigado bajo el protocolo correspondiente al delito de feminicidio, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Cristina Ramos Argüello y establecer las posibles responsabilidades.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre la mecánica del asesinato, el número de heridas que presentaba la víctima ni sobre posibles indicios localizados en el domicilio.

Mientras avanzan las investigaciones, la FGE aseguró que continuará con las diligencias necesarias para establecer las líneas de investigación y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 15 de octubre la detención de Carlos Alexander C., de 35 años, acusado de mantener encerrada a su compañera de vida, privarla de alimentos y agredirla de forma reiterada con un martillo. El procedimiento ocurrió en el cantón Ashapuco, en Ahuachapán Centro, departamento de Ahuachapán.

Según información publicada por la PNC por medio de sus redes sociales, la víctima se encontraba dentro de la vivienda junto a su hijo cuando un equipo policial atendió la denuncia. Los agentes permanecieron en el lugar hasta que el sospechoso regresó de su trabajo.

Al llegar a la casa, los policías le solicitaron que abriera la puerta. De acuerdo con la institución policial, el individuo reaccionó de forma violenta durante el operativo, tras lo cual quedó bajo custodia.

La víctima fue trasladada a un hospital por lesiones y una fractura

La mujer fue trasladada a un hospital, donde permanecía ingresada debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo. La PNC indicó que también sufrió una fractura en uno de sus brazos.

La denuncia señala que el hombre dejaba a su pareja encerrada en la vivienda sin alimentos y la atacaba con frecuencia. Entre las agresiones denunciadas figura el uso de un martillo con el que presuntamente le habría causado parte de las lesiones.

El hijo de la víctima estaba con ella dentro del inmueble cuando llegaron los agentes. Las autoridades no brindaron detalles sobre su edad ni precisaron desde cuándo habrían ocurrido los hechos investigados.

El detenido tenía una orden judicial por violación agravada, según la PNC

Tras la captura, la Policía Nacional Civil consultó el sistema de Órdenes de Novedad e Información (ONI). Según la institución, la verificación permitió confirmar que el detenido tenía una orden judicial de captura por violación agravada en modalidad de delito continuo.

Carlos Alexander C. será puesto a disposición del tribunal que emitió esa orden. Además, la PNC indicó que será remitido por los delitos de privación de libertad, lesiones y amenazas.

De igual manera, la Policía Nacional Civil atribuyó el procedimiento a uno de sus equipos desplegados en Ahuachapán Centro, tras recibir el aviso de la víctima. La institución presentó el caso como una intervención derivada de una denuncia directa, que permitió ubicar a la mujer y a su hijo dentro de la vivienda.

El detenido enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que le atribuyen las autoridades. La situación médica de la víctima quedó bajo seguimiento hospitalario, mientras continúa ingresada por las lesiones y la fractura sufridas.

La PNC señaló que el caso pasará a la instancia judicial, donde se definirá la situación procesal por la orden pendiente y por los nuevos cargos vinculados con la denuncia de su compañera de vida.

El sistema ONI de la Policía Nacional Civil de El Salvador es una herramienta tecnológica de consulta en tiempo real. La misma permite a los agentes revisar antecedentes delictivos y órdenes de captura, además de identificar personas mediante reconocimiento facial durante operativos y patrullajes.

Los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez salieron en defensa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras los comentarios que el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, publicó en su contra en redes sociales. Ambos exmandatarios rechazaron los señalamientos, que también provocaron reacciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y un pronunciamiento de la Presidencia de la República.

Duque se refirió a Pineda como una persona íntegra y trabajadora, y cuestionó las expresiones utilizadas por el caricaturista. “La primera dama Ana Lucía Pineda es una persona íntegra, trabajadora y motivada por el servicio a Colombia. Los ataques miserables de un maltratador que se ha hecho notorio por violencia contra la mujer solo reiteran su condición criminal y ameritan el rechazo generalizado de todo el país”. Por su parte, Uribe expresó su respaldo a la esposa del mandatario con un mensaje publicado en X: “Todo el respeto por la Primera Dama”.

Las reacciones de los dos expresidentes se conocieron después de una publicación de Matador, realizada el 11 de octubre, en la que cuestionó la ejecución de los recursos recaudados por el Fondo Milagro para ayudar a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Pereira.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira?Te escucho pati raquítica", escribió el caricaturista. El mensaje generó críticas por las expresiones despectivas dirigidas a Pineda y las alusiones a su apariencia física.

Gobierno pidió a la Fiscalía evaluar posibles acciones legales

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, también reaccionó a la controversia y cuestionó al caricaturista a través de la misma red social. “No se puede ser más ruin y canalla que este tipo”, escribió el funcionario. A su vez, la Presidencia de la República y el gabinete ministerial rechazaron las expresiones contra la primera dama y solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que examine si los comentarios pueden constituir conductas sancionables.

En el pronunciamiento, el Ejecutivo sostuvo que las burlas sobre el aspecto físico de una mujer y el uso de términos despectivos pueden convertirse en formas de descalificación misógina que afectan su dignidad y su liderazgo público. El Gobierno reconoció que la crítica política, la sátira y el disenso están protegidos por la libertad de expresión. Sin embargo, señaló que esa garantía no impide rechazar públicamente los mensajes que considera degradantes o discriminatorios contra las mujeres.

Para sustentar su posición, la Presidencia recordó las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres para acceder a espacios de liderazgo y participar en la vida pública. También citó la Ley 1257 de 2008, que establece medidas para prevenir y sancionar distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la psicológica.

Además, mencionó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres que ejercen sus derechos políticos. Esta norma comprende conductas basadas en el género que pueden perjudicar su liderazgo, participación e imagen pública. El Gobierno pidió a la Fiscalía examinar las expresiones con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso, con el fin de establecer si corresponde iniciar actuaciones legales.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias. Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, señala el pronunciamiento.

El Gobierno sostuvo que la respuesta institucional frente a la violencia de género debe ser consistente y sin distinciones por razones ideológicas, origen, apellido o reconocimiento público de las víctimas. Asimismo, expresó su respaldo a la primera dama y a las mujeres colombianas que han sufrido discriminación, humillaciones o agresiones por asumir roles de liderazgo y participar en espacios de la vida pública.

Un día después de que el caricaturista Julio César González, mejor conocido como “Matador”, se refiriera a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda, usando términos peyorativos como “ratita” y “pati raquítica” en protesta por las demoras en la ejecución de recursos recaudados por el Fondo Milagro para las víctimas del terremoto del 10 de agosto, desde la Presidencia de Colombia exigieron al también excandidato retractarse de sus palabras.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional y su gabinete ministerial rechazaron las expresiones contra Pineda y pidieron a la Fiscalía General de la Nación que determine si corresponde activar mecanismos legales por posibles conductas sancionables.

El pronunciamiento cuestionó en particular el uso del término “ratica” y las referencias a la apariencia física de la esposa del presidente. La Presidencia de la República sostuvo que la animalización y las burlas sobre el aspecto de una mujer constituyen formas de descalificación misógina que pueden afectar su dignidad y su liderazgo público.

Las autoridades señalaron que la crítica política, la sátira y el disenso están protegidos por la libertad de expresión. Sin embargo, afirmaron que ese derecho no impide rechazar expresiones degradantes o discriminatorias dirigidas contra las mujeres.

“Históricamente, las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública. Cada avance ha exigido superar prejuicios, discriminación y distintas formas de violencia que buscan desacreditarlas, silenciarlas o reducir su participación. Ejercer un liderazgo público no puede significar renunciar a la dignidad ni aceptar la humillación como el precio de ser mujer”, señaló la Presidencia.

La posición oficial recordó que la Ley 1257 de 2008 establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica. También citó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres que ejercen sus derechos políticos.

Esa norma abarca conductas basadas en el género que puedan perjudicar el liderazgo, la participación y la imagen pública de las mujeres. El Gobierno pidió a la Fiscalía que examine las expresiones mencionadas con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias. Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, señala el pronunciamiento.

El comunicado sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer si los hechos configuran una conducta sancionable. También planteó que las mujeres no deberían soportar humillaciones, ataques contra sus cuerpos ni expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad pública.

“Hacemos un llamado firme a la Fiscalía General de la Nación para que examine estas expresiones con la seriedad y diligencia que exige la protección de los derechos de las mujeres. Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, señaló el Ejecutivo.

El reclamo contra las condenas selectivas

El Ejecutivo afirmó que la lucha contra la violencia de género requiere coherencia institucional y rechazó que haya condenas selectivas según la ideología, el origen, el apellido o la posición pública de las afectadas.

Además, el Gobierno manifestó su solidaridad con la primera dama y con las mujeres colombianas que hayan enfrentado discriminación, humillaciones o violencia por ejercer liderazgo y participar en la vida pública.

“Defendemos la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político. Pero también defendemos el derecho de toda mujer a que su dignidad sea respetada, sin que su apariencia física o su condición de género sean utilizadas como herramientas de descalificación. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la primera dama de la Nación y a todas las mujeres colombianas que han enfrentado humillaciones, discriminación o violencia por ejercer su liderazgo y participar en la vida pública”, concluyó la Presidencia de la República.

La impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en México no solo se sostiene cuando no hay denuncia, investigación o sentencia, pues también se reproduce cuando los procesos judiciales obligan a las víctimas y sus familias a esperar años, enfrentar audiencias suspendidas, probar una y otra vez el daño sufrido y atravesar decisiones que priorizan los derechos de los agresores sin ponderar los suyos.

En esos casos, de acuerdo con el informe Análisis de sentencias con perspectiva de género y derechos humanos. Un estudio del desempeño judicial en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD), una condena puede llegar, pero no necesariamente representa justicia.

El documento, producido en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos en México (FORTAJUS-DH), exhibe 20 procesos —19 penales y uno civil— acompañados por la organización y con sentencias emitidas entre 2022 y 2024.

El estudio aclara que su contenido y opiniones no reflejan necesariamente las posturas de esas instituciones.

La conclusión principal es contundente: el desempeño de las autoridades jurisdiccionales fue mayoritariamente “regular/malo” en los ocho rubros analizados.

No hubo un promedio de desempeño excelente en ninguno de ellos y los peores resultados se concentraron en la aplicación de normas de derechos humanos y en la reparación integral del daño.

Como resume el IMDHD, obtener una resolución favorable no borra las fallas previas: “el hecho de tener una sentencia condenatoria en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, de ninguna forma garantiza que haya sido una sentencia con perspectiva de género o que el proceso haya estado apegado a los estándares y reglas en materia de derechos humanos”.

Procesos de años y audiencias suspendidas

La demora es uno de los principales obstáculos identificados. Los procedimientos revisados tardaron, en promedio, 3.6 años desde la denuncia hasta la sentencia. Ningún caso concluyó antes de dos años.

Los más prolongados fueron el de Daniela S., con siete años de espera, y los feminicidios de Fernanda S. y Fernanda C., cuyos procesos tardaron ocho años desde los hechos hasta la resolución judicial.

El informe también retoma que, considerando los procesos acompañados por el IMDHD desde la investigación hasta la sentencia, el promedio de duración fue de siete años.

Esa extensión afecta a mujeres, niñas, adolescentes y familiares que deben permanecer durante largo tiempo vinculados a un sistema de justicia que, según el estudio, con frecuencia reproduce violencia institucional.

“Es tan largo el tiempo que tienen que esperar a que [la sentencia] llegue, son tantas las vicisitudes que tienen que pasar ante las autoridades y es tan extremo el daño a su proyecto de vida (...) que, al final, una sentencia no siempre es sinónimo de justicia”, señala el informe.

El análisis registró un promedio de 19.8 audiencias por caso, una cifra que el IMDHD considera contraria a los principios de concentración y continuidad del sistema penal acusatorio. Los casos de Daniela S., Andrea M., Fernanda S. y Claudia U. tuvieron un promedio de 33 audiencias, alrededor de 13 más que el promedio general.

Las principales demoras ocurrieron en las etapas de investigación, investigación complementaria e intermedia, donde intervienen principalmente los ministerios públicos y los jueces de control. Cuando los asuntos llegaron a juicio oral, las dilaciones disminuyeron en la mayoría de los casos.

Sin embargo, la actuación judicial también influyó en los retrasos. En los procesos de Daniela S. y Andrea M., los agresores solicitaron más de diez veces la suspensión de audiencias para intentar conseguir pruebas.

En el caso de Andrea M., además, defensores del acusado dejaron de presentarse en aproximadamente seis ocasiones, lo que impedía avanzar porque el imputado no puede estar sin defensa.

El problema, de acuerdo con el análisis, no fue que se presentaran solicitudes, sino que las personas juzgadoras las admitieran reiteradamente aun cuando la etapa para ofrecer pruebas ya había concluido.

El IMDHD sostiene que, en esos casos, “las autoridades jurisdiccionales privilegiaron siempre los derechos del acusado, sin considerar el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita”.

Hubo también prácticas distintas. En el caso de Rihanna J., una niña víctima de agresión sexual, se dictó sentencia condenatoria en seis audiencias, aunque transcurrieron cuatro años de demoras en la investigación antes de llegar a esa fase.

En otro proceso de Daniela S., una jueza desahogó pruebas y dictó sentencia el mismo día; y en el de Liliana C., el juez programó desde el inicio tres días consecutivos para el desarrollo de las pruebas.

Discriminación contra mujeres indígenas y falta de explicación a víctimas

El estudio encontró actuaciones particularmente graves en los casos de mujeres indígenas. Aurelia C., indígena náhuatl; Liliana C., mujer wixárika víctima de feminicidio; y Maisha P., adolescente otomí víctima de feminicidio, no tuvieron garantías efectivas de interpretación en sus lenguas durante los procedimientos.

En el caso de Aurelia C., acusada tras un parto fortuito derivado de una violación sexual, la jueza ordenó a la intérprete que tradujera “de manera resumida” para no “retardar tanto la audiencia”.

La resolución judicial también le negó un cambio de medida cautelar bajo el argumento de que, por ser pobre, no había garantía de que pudiera trasladarse a las audiencias si continuaba el proceso en libertad.

Para el IMDHD, estos hechos reflejan que el derecho a intérprete sigue tratándose como una formalidad y no como una garantía para comprender y participar en el proceso. El informe advierte que persisten “comentarios discriminatorios basados en estereotipos en contra de mujeres indígenas”.

En el caso de Liliana C., el juez no advirtió que en distintos momentos la intérprete dejaba de traducir. En el de Maisha P., aun con conocimiento de que las víctimas indirectas requerían interpretación, el juzgador omitió ordenar de oficio la presencia de una persona que tradujera, lo que causó diferimientos.

El estudio también identificó que muchas juezas y jueces preguntan a las víctimas si conocen sus derechos, pero no verifican que comprendan el proceso.

En casi la mitad de los procedimientos, las autoridades no se aseguraron de que entendieran lo que ocurría durante las audiencias; en numerosos casos se limitaron a indicarles que preguntaran al Ministerio Público o a su asesoría jurídica.

Pruebas para los agresores, restricciones para las víctimas

Otro de los hallazgos centrales es la desigualdad al admitir y valorar pruebas. El IMDHD identificó que los juzgadores aceptaron pruebas ofrecidas por agresores incluso cuando eran impertinentes, sobreabundantes o presentadas fuera del plazo legal, con la justificación de evitar que posteriormente se ordenara reponer el procedimiento.

En contraste, a las víctimas y a las mujeres acusadas se les impusieron mayores restricciones. El informe señala un trato desigual tanto entre imputados y víctimas como entre hombres y mujeres acusadas de delitos.

En el caso de Valeria G., niña de 12 años víctima de corrupción de menores, la autoridad permitió incorporar su expediente clínico para intentar acreditar conductas sexuales anteriores.

La defensa pretendía desacreditarla a partir de sus antecedentes familiares, sexuales y de salud mental, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe rendir pruebas sobre la conducta sexual previa o posterior de la víctima.

En el proceso de Daniela S., el agresor ofreció como prueba toda una carpeta de investigación relacionada con un conflicto familiar ajeno a los hechos que se discutían. El juez suspendió varias audiencias para que el acusado consiguiera ese expediente.

En el de Andrea M., sobreviviente de tentativa de feminicidio, se admitió un informe sobre el estado de salud del acusado cuando ingresó al centro penitenciario, aunque no estaba relacionado con la agresión investigada.

Estas decisiones llevaron a debates humillantes y revictimizantes. Según el análisis, las autoridades suelen justificar la admisión amplia de pruebas como una garantía para el acusado, sin ponderar los derechos de las víctimas. El IMDHD cuestiona que esa lógica se convierta en un “todo se vale” que evita controles judiciales efectivos.

El estudio sí identificó algunas prácticas positivas: en todos los casos se otorgó valor relevante al testimonio de las víctimas, especialmente en asuntos de violencia sexual y violencia familiar. También se admitieron peritajes psicológicos, análisis de contexto y pruebas de antropología social, aunque no siempre recibieron suficiente valor al dictar sentencia.

Solo en cuatro expedientes las autoridades revisaron con rigor la fiabilidad científica de los peritajes. Una de esas excepciones ocurrió en el caso de Liliana C., donde el juez comparó dos dictámenes de necropsia con conclusiones opuestas y cuestionó que el perito de la defensa no hubiera cumplido protocolos formales.

La situación contraria se presentó en el caso de Aurelia C.: la jueza dio pleno valor a un peritaje cuestionado por la comunidad científica nacional e internacional debido a su falta de confiabilidad y amplio margen de error.

Juzgar sin contexto ni perspectiva interseccional

El análisis calificó como deficiente la valoración de los hechos. Solo un caso alcanzó una evaluación excelente: uno de los procesos de Daniela S., en el que la jueza examinó la relación de poder, la reiteración de agresiones y el “continuum de violencia” durante la relación con su agresor.

Los casos de Valeria G., otro de Daniela S. y Monserrat O. tuvieron un desempeño bueno. El resto fue considerado violatorio de derechos humanos, con especial gravedad en los expedientes de Zahori F., Aurelia C., Erika M., Liliana C. y Claudia U.

En el caso de Valeria G., la juzgadora reconoció la asimetría entre la adolescente y su agresor de 38 años, así como la manipulación ejercida sobre ella. En el de Monserrat O., quien fue demandada por daño moral después de denunciar públicamente una violación sexual, una jueza civil la absolvió y reconoció que su denuncia era un ejercicio de libertad de expresión.

La resolución sostuvo que la denuncia pública de Monserrat O. “surge como resultado del ejercicio del derecho a denunciar hechos constitutivos de violencia sexual cometidos en su contra” y que el asunto involucraba hechos de interés público, considerando las acusaciones de otras mujeres contra el mismo hombre.

La juzgadora también consideró la utilidad de las redes sociales para mujeres que no denuncian ante instituciones.

“Las denuncias públicas por medio de las redes sociales se han vuelto un foro abierto que permite una organización mucho más sencilla por parte de mujeres que deciden hacer pública su experiencia negativa”, señaló la sentencia citada en el informe.

Pero estos criterios fueron excepcionales. En los casos de Liliana C. y Aurelia C., las autoridades omitieron considerar que ambas pudieron enfrentar formas específicas de discriminación por la intersección entre género e identidad étnica.

El análisis interseccional solo se aplicó en 40% de los casos y, de ese grupo, apenas una cuarta parte de las personas juzgadoras identificó estereotipos de género u otros prejuicios que pudieron influir en los hechos.

En los casos de Zahori F., Erika M. y Claudia U., las autoridades se limitaron a revisar pruebas y argumentos en “estricto derecho”, sin analizar el género ni otras condiciones particulares.

En el caso de Zahori F., niña abusada sexualmente por un familiar, la jueza resolvió sobre la procedencia de un procedimiento abreviado sin referirse a la gravedad de la agresión ni a la condición de infancia de la víctima.

Derechos humanos: mencionados, pero poco aplicados

La aplicación de instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos fue uno de los dos rubros con desempeño “absolutamente violatorio”, junto con la reparación integral del daño.

En 90% de los casos, el desempeño fue regular, malo o violatorio. Las normas nacionales fueron invocadas y aplicadas con mayor frecuencia: cuando se mencionaron, se aplicaron en 93% de los casos.

Pero con los instrumentos internacionales ocurrió lo contrario: solo se aplicaron realmente en dos casos, equivalentes al 14% de las ocasiones en que fueron citados; en 57% de los casos se mencionaron sin aplicarse y en 28% hubo una aplicación parcial.

El informe identifica una “renuencia casi absoluta” a invocar tratados internacionales, además de errores en la ponderación de derechos, detectados en 40% de los expedientes. También hubo una omisión casi total de estándares no vinculantes o de soft law.

Solo en el caso de Monserrat O. la juzgadora aludió a criterios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las únicas juezas que identificaron derechos adicionales a los expresamente alegados por las partes fueron las de Valeria G. y Giovana T., víctima de violación por parte de su expareja. En el caso de Valeria, se profundizó en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad. En el de Giovana, se advirtió que los argumentos de la defensa podían constituir revictimización y afectaciones a su intimidad y privacidad.

Sentencias favorables, pero con contradicciones

Aunque todos los procesos analizados concluyeron con sentencias condenatorias contra agresores o con absoluciones para mujeres criminalizadas, el IMDHD encontró fallas en la fundamentación de las penas y en la valoración de la gravedad de los delitos.

Los casos incluyeron feminicidios, tentativa de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar, desaparición forzada, daño moral y criminalización de la protesta.

Entre las condenas por feminicidio se encuentran las de Liliana C., mujer wixárika asesinada por su pareja en Jalisco, cuyo agresor recibió 70 años de prisión; Fernanda C., asesinada en Ciudad de México por su pareja, con una condena de 37 años; Fernanda S., asesinada estando embarazada en el Estado de México, con 69 años y tres meses; Sandra K., cuyo agresor recibió prisión vitalicia; y Maisha P., adolescente otomí, cuyo agresor fue condenado a 64 años.

También hubo una condena de 29 años y cuatro meses de prisión en el caso de Andrea M., sobreviviente de tentativa de feminicidio; penas de entre tres y 48 años por delitos sexuales contra Zahori F., Valeria G., Viridiana H., Rihanna J. y Giovana T.; tres sentencias contra el agresor de Daniela S. por violencia familiar; y tres sentencias por la desaparición forzada de Claudia U., activista desaparecida en Nochixtlán, Oaxaca.

Aurelia C. fue absuelta en diciembre de 2022, luego de haber sido condenada a 13 años y cuatro meses de prisión tras un parto fortuito ocurrido después de una violación. Monserrat O. fue absuelta de la demanda civil por daño moral promovida por su agresor.

Erika M. obtuvo el perdón de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un mecanismo alternativo de solución de controversias con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, después de ser criminalizada por participar en una protesta en la que exigía justicia.

Sin embargo, incluso en casos condenatorios se detectaron decisiones incongruentes. En el expediente de Valeria G., la jueza reconoció la especial vulnerabilidad de la víctima, la diferencia de edad con el agresor y el daño a su dignidad, pero impuso el grado mínimo de culpabilidad.

En el caso de Fernanda C., el juez fijó un grado medio de culpabilidad para el feminicida sin considerar que asesinó a la joven frente a su hija de ocho años e intentó engañar a las vecinas que acudieron a ayudar.

En 24% de los casos, las penas no fueron proporcionales a las afectaciones y derechos vulnerados; en 18%, solo lo fueron parcialmente. Además, 47% de las sentencias se limitó a imponer prisión y la pérdida de derechos políticos, sin medidas adicionales vinculadas con el delito.

En otros casos sí se ordenaron acciones complementarias: cuatro agresores fueron inscritos en el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México; en dos asuntos se ordenó una disculpa pública, y en cinco se instruyó al centro penitenciario otorgar reeducación en género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.

Reparaciones insuficientes y cargas para las víctimas

La reparación integral del daño fue el rubro con peores resultados. De los 18 casos en los que era aplicable, 83% fue calificado como violatorio de derechos humanos. No hubo ningún caso con desempeño excelente; solo uno fue considerado bueno.

Las fallas se agruparon en cuatro problemas: falta de reconocimiento de víctimas indirectas; ausencia de condenas integrales; incumplimiento de estándares nacionales e internacionales, y falta de reconocimiento de todas las afectaciones ocasionadas.

Aunque en todos los expedientes hubo una condena genérica a reparar el daño, solo en los casos de Valeria G., Andrea M. y Liliana C. se fijó una reparación integral con rubros y montos específicos.

En el resto, las autoridades generalmente se limitaron a ordenar terapias psicológicas o dejaron la cuantificación para la etapa de ejecución.

En 56% de los asuntos, las víctimas tuvieron que aportar recibos, comprobantes, documentos o tickets para demostrar sus gastos.

El IMDHD considera esta exigencia desproporcionada, pues las víctimas no necesariamente conservan comprobantes durante un proceso penal que puede extenderse por años.

El informe recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las afectaciones a familiares cercanos de víctimas directas no deben estar siempre sujetas a prueba y que, cuando no existen elementos suficientes para calcular un monto exacto, debe fijarse una cantidad “en equidad”.

No obstante, solo 11% de las normas internacionales sobre reparación fue aplicado, frente a 50% de aplicación de normas nacionales como la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución.

Únicamente en el caso de Valeria G. se realizó un control de convencionalidad para definir la reparación.

Una de las decisiones más cuestionadas se dio en el caso de Maisha P. El juez rechazó condenar al pago de lucro cesante porque consideró que no puede asignarse un valor económico a la vida de una persona.

Para el IMDHD, esa interpretación es incorrecta: el lucro cesante no busca “poner precio” a la víctima, sino medir cómo la pérdida de sus ingresos afectó económicamente a su familia.

Las medidas de rehabilitación solo se ordenaron en los casos de Daniela S. y Andrea M. Las medidas de satisfacción se reconocieron expresamente en los expedientes de Valeria G., Giovana T. y Andrea M.

En materia de garantías de no repetición, se incluyeron inscripciones en el registro de agresores sexuales y cursos sobre género y derechos humanos.

El IMDHD también cuestiona que se utilice la Ley Federal del Trabajo para calcular indemnizaciones por muerte en feminicidios. La organización considera que equiparar estos casos a muertes laborales desconoce la gravedad y el contexto específico de la violencia feminicida.

Las únicas prácticas ampliamente protectoras fueron atribuidas a la misma jueza en los casos de Andrea M. y Valeria G.

El informe destaca que no exigió recibos para reconocer el daño moral y el daño al proyecto de vida, y que retomó los montos solicitados por la asesoría jurídica a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

El derecho a la justicia no puede ser parcial

El estudio encontró mejores resultados relativos en el trato judicial, en los plazos de juicio oral y en la valoración de pruebas, aunque estos avances fueron insuficientes frente a los problemas detectados.

Solo el caso de Monserrat O. alcanzó una calificación general excelente, mientras que los peores parámetros correspondieron a Zahori F., Fernanda C. y Claudia U.

El IMDHD subraya que las autoridades deben garantizar que las víctimas comprendan el proceso, participen en las audiencias y cuenten con asesoría jurídica reconocida como parte procesal autónoma, no como un apéndice del Ministerio Público.

También plantea que deben establecerse reglas para evitar diferimientos reiterados y excluir pruebas impertinentes sin que esto implique, de manera automática, reponer el procedimiento.

Asimismo, señala la necesidad de que las sentencias identifiquen relaciones de poder, estereotipos, desigualdades de género e intersecciones de vulnerabilidad, como la pertenencia indígena, la niñez o la defensa de derechos humanos.

La conclusión del informe es que las violaciones cometidas durante los procesos judiciales pueden mantener la impunidad incluso cuando hay sentencias favorables.

“Las violaciones a sus derechos humanos durante el proceso, aun cuando obtengan una sentencia favorable, es revictimizante y anula la percepción de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que, por sí mismo, sigue perpetuando la impunidad en procesos relacionados con violencia contra las mujeres”, advierte el IMDHD.

La exigencia que abre el documento, pronunciada por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, resume la distancia entre una sentencia y una justicia real: “Yo solo exijo dos cosas: justicia y justicia”.

En septiembre, una exalumna de la Universidad Cornell, en el estado de Nueva York, demandó a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, a quienes acusa de haberla drogado y violado en grupo en 2024. También demandó a la universidad por presunta negligencia. Ninguno de los siete ha sido condenado.

El fiscal del condado de Tompkins señaló que la primera declaración de la denunciante difiere de lo expuesto en la demanda y que el caso volverá ante un gran jurado. Según la querella, en un grupo de Snapchat con decenas de integrantes se hicieron comentarios sobre lo ocurrido, pero nadie intervino.

Más allá de lo que determinen los tribunales, el caso vuelve a plantear una pregunta incómoda que Francia enfrentó con Gisèle Pelicot: ¿qué lleva a hombres aparentemente comunes a participar juntos en una violación?

El juicio por uno de los casos de violencia sexual más estremecedores de Francia dejó al descubierto una realidad difícil de aceptar: los agresores no siempre encajan en el estereotipo del monstruo.

Durante una década, Dominique Pelicot drogó a su esposa y convocó a decenas de hombres para que abusaran de ella, mientras él grababa las agresiones. Las edades de los acusados oscilaban entre los 21 y los 68 años. El 19 de diciembre de 2024, Dominique fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima prevista para ese delito en Francia, y otros 50 hombres fueron declarados culpables de violación o agresión sexual.

Gisèle rechazó que el juicio se celebrara a puerta cerrada y convirtió su decisión en una forma de denuncia pública. En sus memorias, publicadas en febrero de 2026, mantuvo una postura que ya había expresado durante el proceso: la vergüenza debe cambiar de bando. No debe recaer sobre las víctimas, sino sobre quienes ejercen la violencia y quienes la toleran.

La investigación académica lleva décadas cuestionando la idea de que la violencia sexual sea, ante todo, producto de una enfermedad mental. En los años ochenta, la socióloga Diana Scully entrevistó a 114 violadores encarcelados.

Sus hallazgos, publicados en Understanding Sexual Violence en 1990, mostraron que la mayoría no presentaba una enfermedad mental que explicara sus actos, sino que recurría a justificaciones aprendidas y reproducidas en su entorno cultural.

En 2002, los investigadores estadounidenses David Lisak y Paul Miller encuestaron a cerca de mil 900 universitarios mediante preguntas sobre conductas concretas, sin utilizar directamente la palabra violación.

Alrededor del 6 por ciento describió comportamientos que podían constituir delitos sexuales, y la mayoría de ese grupo reconoció haberlos cometido más de una vez. El resultado cuestionó la idea de que estos delitos son necesariamente episodios aislados perpetrados por desconocidos o individuos fácilmente identificables como peligrosos.

Por su parte, el psicólogo estadounidense Neil Malamuth ha investigado desde la década de 1980 las actitudes y los factores asociados con la agresión sexual masculina. Sus estudios contribuyeron a documentar la existencia de hombres que reconocen una disposición hipotética a cometer una violación bajo determinadas condiciones, como la percepción de que no enfrentarían consecuencias. La impunidad, real o imaginada, también importa.

Pero ¿por qué la violencia sexual puede adquirir una dimensión colectiva?

Una parte de la respuesta está en la presión por obtener la aprobación de otros hombres. En Fraternity Gang Rape (1990), la antropóloga Peggy Reeves Sanday examinó la cultura de las fraternidades universitarias y describió cómo, en determinados entornos, la violación colectiva puede operar como un ritual de pertenencia, reforzado por la complicidad y el silencio.

Cuando la masculinidad se construye sobre la necesidad de demostrar dureza, dominio y ausencia de vulnerabilidad, la pertenencia al grupo puede convertirse en una prueba constante. La aprobación de los compañeros adquiere un peso desproporcionado y la transgresión puede presentarse como una demostración de poder. En ese contexto, participar en la violencia o guardar silencio puede funcionar como una forma de asegurar un lugar dentro de la manada.

No se trata de atribuir estos actos a un supuesto deseo homosexual reprimido ni de relacionar la diversidad sexual con la violencia. Esa interpretación desvía la atención del problema: el ejercicio del poder, el desprecio por el consentimiento y la necesidad de obtener reconocimiento mediante la dominación de una mujer. La complicidad masculina no se explica por la orientación sexual, sino por normas de género y dinámicas grupales que pueden legitimar la agresión.

Los estudios sobre los campus universitarios también han identificado factores preocupantes. Una investigación de Jacqueline Chevalier Minow y Christopher Einolf, publicada en 2009 y basada en 779 estudiantes, examinó la relación entre los espacios universitarios y las agresiones sexuales, incluidas las ocurridas en viviendas de fraternidades.

Por su parte, Taylor Martínez y sus colaboradores estudiaron en 2018 las creencias sobre la violación y las actitudes hacia los agresores en contextos universitarios. Este tipo de investigaciones permite analizar cómo los mitos sobre la violencia sexual pueden dificultar que se reconozcan las conductas abusivas y se cuestione a quienes las cometen.

Uno de esos mitos es que los violadores son siempre individuos excepcionales, fácilmente distinguibles del resto. Si se acepta esa idea, los hombres que estudian, conviven y mantienen relaciones sociales ordinarias quedan fuera de toda sospecha. La violencia se atribuye entonces a un grupo marginal, mientras se minimizan las conductas, las justificaciones y los silencios que pueden sostenerla dentro de comunidades aparentemente respetables.

En el caso de Cornell, según el abogado de la denunciante, solo dos de los siete señalados fueron expulsados. La universidad, por su parte, sostiene que investigó el caso y aplicó sanciones, y rechaza que las consecuencias se limitaran a la elaboración de ensayos. Estas versiones deberán contrastarse con los elementos del procedimiento. La responsabilidad penal de los acusados y la posible responsabilidad institucional corresponden a las instancias competentes.

Nada de esto significa que todos los hombres sean agresores ni que la pertenencia a una fraternidad conduzca inevitablemente a la violencia. Significa que las agresiones sexuales no pueden entenderse únicamente como el resultado de decisiones individuales desvinculadas de su entorno. También es necesario examinar las normas sociales que las justifican, la presión del grupo que las facilita y los mecanismos de silencio que impiden denunciarlas.

La pregunta de fondo, por tanto, no es qué hay de extraordinario en la mente de un violador, sino qué enseñamos a los hombres sobre el valor de pertenecer a un grupo y los límites que deben respetar para formar parte de él.

Si la aceptación de la manada pesa más que la autonomía y la integridad de una mujer, la complicidad seguirá encontrando terreno fértil. Romper ese ciclo exige cuestionar los códigos que convierten la dominación en una prueba de masculinidad, intervenir ante la violencia y dejar de proteger la reputación de los grupos por encima de quienes sufren sus abusos.

La vergüenza, como reclamó Gisèle Pelicot, tiene que cambiar de bando.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central revisar urgentemente los criterios del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) al ver que la mitad de las mujeres asesinadas por violencia de género en Madrid en 2025 estaban consideradas como “riesgo bajo”.

El año pasado, ocho mujeres murieron en la Comunidad de Madrid a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, cuatro se encontraban dentro del sistema Viogén, pero calificadas de riesgo bajo. “Los algoritmos del sistema no funcionan”, ha reclamado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El sistema Viogén mantiene activos 12.851 casos en la Comunidad de Madrid, pero solo 132 están catalogados con riesgo alto o extremo, menos del 1% del total. Estas dos categorías activan la vigilancia permanente de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

El representante autonómico ha solicitado este viernes una revisión “urgente y en profundidad” de los mecanismos de gestión, valoración de riesgos y los protocolos de Viogén, que espera que estudie cada caso. Asimismo, ha solicitado “refuerzo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional” para “garantizar la protección adecuada” de las víctimas y su entorno, ya que se cuenta “con una media de un agente protector por cada 100 mujeres”.

El consejero ha aprovechado igualmente para reclamar “que se mejore el funcionamiento y se corrijan cuanto antes los fallos que se siguen produciendo en las pulseras antimaltrato”. Según los datos recabados por la Comunidad en un comunicado, se han recogido 40 posibles fallos relativos al año 2025.

Más de 18.000 mujeres atendidas por violencia de género en Madrid

El Ejecutivo autonómico ha destacado que la red autonómica ha realizado 120.000 actuaciones de atención psicológica, reparación emocional, asesoramiento jurídico y atención social. “Estamos hablando de 120.000 actuaciones, entre ellas son atención psicológica y de reparación emocional, atención jurídica y atención social”, ha indicado Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

En lo que va de año, la Comunidad ha atendido en 2026 a más de 18.000 personas afectadas por violencia de género. La cifra engloba a mujeres, sus hijos y otros familiares. La consejera ha sostenido que Madrid cuenta con “una red más amplia y más especializada en la atención a mujeres víctimas” de violencia de género.

Asimismo, la región está personada en 80 procedimientos judiciales por el asesinato de mujeres madrileñas a manos de sus parejas o exparejas. En materia de vivienda, la Agencia de Vivienda Social ha adjudicado 101 viviendas a mujeres víctimas de violencia en la región en lo que va de año. En el ámbito laboral, 6.147 mujeres reciben servicios y recursos de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad prevé poner en marcha en 2027 un nuevo centro especializado en rehabilitación y formación profesional para mujeres víctimas. Dávila también ha mencionado la incorporación de un programa de terapia asistida con caballos para la recuperación emocional y el convenio en elaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para extender ese servicio.

Casi cuatro meses después de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fuera denunciado por su esposa por el delito de violencia familiar, este jueves 8 de octubre, obtuvo una suspensión condicional por seis meses.

La medida del proceso penal que enfrentaba fue emitida por la jueza de control, Consuelo Adriana Correa Ortiz, tras la aprobación del plan de reparación del daño, medida presentada por la defensa del exfuncionario.

Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez Padilla, quien lo denunció en julio por la violencia ejercida en su contra, ejerció su derecho a aceptar un acuerdo reparatorio que incluye el pago de 120 mil pesos.

¿Qué es una suspensión condicional y a qué acuerdo llegó el exdirector de Pemex?

La suspensión condicional del proceso es una salida alterna dentro del sistema penal, la cual permite a la persona imputada continuar el proceso sin llegar a juicio, siempre que cumpla las condiciones que fija el Juez de Control.

Una vez cumplidas estas condiciones, la causa penal concluye, el objetivo es que, a partir del cumplimiento de las obligaciones judiciales impuestas, se extinga la acción penal.

Lo trascendido en medios de comunicación de corte local refieren que el exdirectivo deberá cumplir por seis meses al menos cuatro medidas, entre las que se encuentran:

• El pago de 120 mil pesos como reparación del daño;
• Un depósito mensual de 14 mil pesos por pensión alimentaria;
• Someterse a tratamiento psicológico;
• También deberá presentarse a firmar ante las autoridades judiciales de forma periódica cada dos meses.

Los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la persona asesora jurídica particular de la víctima manifestaron du conformidad con el acuerdo presentado.

Un caso que puso en la mira el actuar de las autoridades por tratarse de un exfuncionario cercano a Sheinbaum

El exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por violencia familiar después de que un video de agresión contra su esposa se viralizara en redes sociales. La grabación, difundida el 26 de junio por Felicia Jiménez en su canal de YouTube, mostró al exfuncionario golpeándola de manera reiterada dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.

La agresión, fechada el 3 de marzo de 2026, ocurrió frente al hijo menor de la pareja y detonó dos carpetas de investigación, una en Morelos y otra en la Ciudad de México.

La difusión del caso provocó la reacción del gobierno federal antes de cualquier resolución judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en una conferencia matutina “que se aplique todo el peso de la ley” y descartó trato preferencial para servidores públicos involucrados en violencia de género.

El gobierno canceló además el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, cargo que estaba por asumir.

Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su homóloga en Morelos.

Al día siguiente, la jueza Consuelo Adriana Correa dictó prisión preventiva en su contra, pese a que su defensa calificó la cobertura informativa como un “linchamiento mediático” y argumentó que el delito no ameritaba esa medida.

Días después, el 10 de julio, Jiménez presentó un escrito donde manifestó su voluntad de perdonar al exfuncionario y solicitó el cese de las investigaciones, priorizando la estabilidad de su núcleo familiar.

La jueza aclaró que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio, por lo que el perdón no canceló el procedimiento.

El 13 de julio resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por violencia vicaria, al considerar insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía, y el caso continuó únicamente por violencia familiar.

Un día después, la autoridad judicial ordenó su liberación inmediata al sustituir la prisión preventiva por una garantía económica de 20 mil pesos, luego de que su defensa expusiera también un diagnóstico de cáncer de próstata del exfuncionario, de 69 años.

Un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el miércoles 7 de octubre de 2026 en una zona rural del municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

De acuerdo con la información de las autoridades, se adelantaron los procedimientos forenses para establecer si los restos corresponden a Luz Edenis Méndez Ramírez, una mototaxista reportada como desaparecida desde el domingo 4 de octubre del año en curso.

El alcalde de Chaparral, Helver González, informó a Caracol Radio que el hallazgo ocurrió específicamente en el corregimiento de La Marina. Según explicó, el estado del cadáver dificultó la identificación de la víctima y, por ende, la causa de muerte.

Esta información coincide con los detalles que publicó la gobernadora tolimense Adriana Magali Matiz, quien aseguró que, pese a las barreras en la investigación, “el CTI de la Fiscalía y la Sijín adelantan los procedimientos correspondientes. Serán las autoridades forenses las encargadas de esclarecer estos aspectos”.

No obstante, Sandra Mahecha, secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima, confirmó a medios locales en una rueda de prensa que la familia de Méndez Ramírez indica que el cuerpo corresponde a la mujer mototaxista.

“Efectivamente, estuvimos en contacto con el novio y con la hermana, y ella nos informa que sí era la persona, era su hermana la que encontraron, pues desafortunadamente demasiados rasgos de violencia, pero que ellas la reconocieron por sus características específicas”.

Los reportes suministrados por las autoridades indican que Méndez Ramírez fue vista por última vez cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía entre el casco urbano de Chaparral y el corregimiento de Tuluní, donde presuntamente prestaba un servicio de transporte. La mujer era madre de dos menores de edad, que dependían económicamente de ella.

La gobernadora del Tolima, además, pidió prudencia frente a la identificación del cadáver y señaló que los organismos judiciales mantienen abiertas las diligencias.

Gobernación tolimense y Alcaldía de Ibagué exigieron identificar y judicializar a los responsables, si se confirma homicidio

El alcalde Helver González solicitó celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.

“Es de dolor e indignación lo que ha pasado en Chaparral. La exigencia a las autoridades es que hagan todo lo pertinente y den con los responsables”, afirmó el mandatario local al medio radial mencionado.

Por su parte, Matiz manifestó solidaridad con los familiares de la mujer desaparecida y condicionó cualquier conclusión al resultado de los análisis forenses y judiciales.

“Acompañamos a su familia en este difícil momento y hacemos un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que se esclarezca lo ocurrido y, de confirmarse el homicidio de Luz Edenis, se identifique y judicialice a los responsables”, señaló.

La Gobernación del Tolima aseguró que seguirá atenta a la información oficial sobre “la investigación y a la información oficial para comunicarla oportunamente, con responsabilidad, respeto y solidaridad con la familia”, agregó Matiz.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de la Gobernación comentó que se activó una ruta ante un presunto caso de violencia de género. Dicha ruta “está en Medicina Legal y nosotros como Secretaría de la Mujer siempre les ponemos un abogado para que esté atenta, esté presente en la Fiscalía y en los diferentes entes que se encargan de la investigación”.

Afirmó que la Gobernación está haciendo un acompañamiento a la familia Méndez Ramírez, que se encuentra “consternada, pues es un tema muy difícil”.

“Les hemos dicho que estamos ahí presentes, atentos a cualquier requerimiento. Nosotros siempre cuando hay un caso de violencia contra la mujer, a primera hora nos estamos comunicando y las hacemos un acompañamiento psicológico y jurídico”, concluyó.

El copiloto de Flydubai que atacó al piloto durante el vuelo FZ1073 con destino a Tel Aviv publicó mensajes sexistas y misóginos en redes sociales antes de que su cuenta fuera eliminada, según informó el Financial Times.

El periódico revisó más de 3.000 publicaciones en árabe que Hamam al-Hammami, un piloto de origen omaní y sirio, escribió en Twitter entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, cuando tenía 25 años. Los mensajes permanecen disponibles en un archivo de internet.

Según el Financial Times, Al-Hammami combinaba interpretaciones conservadoras del islam con expresiones asociadas a la llamada “manosfera”. El exespeculador de criptomonedas describía la aviación como el “medio de transporte más seguro” y expresaba su deseo de contraer un matrimonio arreglado.

Publicaciones sobre mujeres y matrimonio

Las publicaciones atribuidas a Al-Hammami muestran que buscaba una esposa de entre 18 y 23 años, religiosa, saudí, usuaria de niqab y sin empleo fuera del hogar. También afirmó que la mayoría de las mujeres “se preocupa principalmente por el dinero” y es “experta en fingir”, según la revisión del periódico.

En enero de 2022, escribió: “Tengo 25 años y quiero casarme hoy, ¡antes de mañana!”. El Financial Times señaló que sus mensajes incluían referencias frecuentes a la violencia contra las mujeres.

En una de esas publicaciones, sostuvo que una mujer que buscara divorciarse “necesita una buena paliza”. En otro mensaje, dijo que nunca había tenido contacto físico con una mujer: “Nunca he tocado a una chica en mi vida”.

Pérdidas en criptomonedas

Al-Hammami también relató en 2019 que se sintió tentado por “el diablo” después de incursionar en la especulación con criptomonedas y perder 120.000 riales.

No precisó a qué moneda se refería. Si se tratara de riales omaníes, la pérdida superaría los USD 300.000.

El 30 de septiembre de 2026, el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 182 personas a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia en Hail, Arabia Saudita, después de que el copiloto Hamam al-Hammami atacara al capitán dentro de la cabina.

Según la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos, Al-Hammami utilizó un hacha de emergencia guardada en la cabina para agredir al piloto. El ataque ocurrió unas dos horas y media después del despegue y derivó en un altercado que afectó los controles de la aeronave.

Durante el episodio, el avión descendió cerca de 5.000 metros en aproximadamente un minuto. El piloto indio Smit Machchhar afirmó que sintió que la aeronave “iba en picado” cuando, herido, consiguió abrir la puerta de la cabina para pedir ayuda.

Miembros de la tripulación y varios pasajeros ingresaron a la cabina, redujeron al copiloto y permitieron que el avión se desviara hacia Hail. Las autoridades saudíes arrestaron a Al-Hammami tras el aterrizaje.

Investigación sobre el copiloto

Las pesquisas buscan determinar si el copiloto actuó solo o mantenía vínculos con algún grupo extremista. De acuerdo con la información difundida sobre su declaración, Al-Hammami sostuvo que quería estrellar el avión porque creía que el capitán era “el Anticristo” y que el vuelo transportaba a “los seguidores del diablo”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el copiloto atravesó un proceso de “radicalización islamista”, aunque no presentó pruebas para respaldar esa declaración.

La Buckinghamshire New University informó que Al-Hammami había completado a distancia un curso de gestión de la aviación. La institución precisó que no recibió formación como piloto en esa universidad.

“Nuestros pensamientos están con el piloto herido, la tripulación y los pasajeros afectados por este incidente”, señaló la universidad, que añadió que sus cursos de aviación abordan la logística, la seguridad y la gestión de esa industria.

“Hago un llamado a la FGR, a Ernestina Godoy, para que me escuche en mi calidad de víctima indirecta, porque no estoy pidiendo un favor. Es algo que me corresponde y tengo todo el derecho de seguir exigiendo justicia”.

“(...) Le pido, presidenta, en nombre de esos niños, que seguramente crecerán y sabrán lo que un día sucedió, que el futuro de México hoy está en sus manos, pero que la decisión que hay de usted de cómo quiera ser recordada, no solo para mis hijos, sino para muchos hijos de madres buscadoras y de mujeres que han enfrentado la violencia a causa del crimen organizado”, expresó la líder del Movimiento Independiente del Sombrero.

¿Por qué Grecia Quiroz quiere que la FGR tome la investigación?

La presidenta de Uruapan explicó que a once meses de investigación, a través de sus abogados ha recopilado información de las indagaciones que hasta ahora están a cargo de la Fiscalía Estatal de Michoacán (FGE).

“No he obtenido al cien por ciento esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes y creo que es una razón más para decir que sea la FGR que atraiga”, acusó Quiroz y subrayó su confianza en que el organismo podría aclarar el homicidio de Carlos Manzo, porque posee mayor autonomía y “neutral” en el caso.

Otro de los motivos es porque la FGE, según la alcaldesa, está “politizando” las indagaciones.

En caso de que la FGR no tome la investigación, la funcionaria municipal señaló que buscará llegar hasta las últimas instancias; recordó que hace un par de días entregó una solicitud ante el gobierno federal.

Quiroz niega amenazas del vicefiscal de ser arrestada por no entregar celular de Carlos Manzo

Luego de que Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán, advirtiera a Grecia Quiroz que, en caso de que no entregara los teléfonos celulares de Carlos Manzo, podría ser arrestada o que se abriera una carpeta de investigación por obstrucción de justicia en contra de la viuda, la alcaldesa explicó el día de hoy:

“La información de ese aparato está protegida por el derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones, artículo 16 de la Constitución”, argumentó la alcaldesa, quien sostuvo que la FGE puede obtener esa información a través de un control judicial previo, con un juez federal porque “puede autorizar la intervención de un teléfono”.

Quiroz consultó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, si era posible que las amenazas del vicefiscal se materializaran; ante esto, el funcionario le dijo: “Presidenta, usted no tiene por qué entregar ese aparato telefónico; nosotros ya tenemos toda la información que necesitábamos de ese aparato telefónico, tenemos todo el poder para ir a las compañías de ese teléfono, precisamente para solicitar las comunicaciones que Carlos tuvo, los mensajes que le mandaron”.

Pese a la aclaración de Harfuch, la alcaldesa encuentra posible que se “atrevan” a meterla a la cárcel, “por su puesto que sí, tienen todo el poder, tienen todo a su favor”. Ante esto, insistió a Sheinbaum para “que ponga atención en cómo se están manejando sus fiscalías y cómo se están manejando sus gobernantes, porque detrás de Grecia Quiroz hay mucha gente que me respalda”.

La muerte de Sharol Abigail Cortes Cruz permanece bajo evaluación luego de que su cuerpo fuera hallado el pasado domingo 4 de octubre en un departamento de Bagua Grande, en la región Amazonas. Su expareja, Junior Jonathan Rodríguez Arista, médico anestesiólogo, fue detenida de manera preliminar por el caso.

Según informó Willax TV, la joven tenía 24 años, había terminado recientemente la carrera de enfermería y administraba un espacio destinado a perros abandonados. La familia rechaza la hipótesis de que se haya quitado la vida y cuestiona el contenido del informe de necropsia.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:00 del domingo 4 de octubre, en el departamento de Rodríguez Arista. El reporte televisivo señaló que el cuerpo de la joven presentaba señales de haber recibido pinchazos en distintas partes.

Rodríguez Arista es médico especialista en anestesiología. Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron su detención preliminar por siete días, de acuerdo con el reporte de Willax TV.

La familia de Sharol Abigail Cortes Cruz sostuvo que existían antecedentes de violencia en la relación. Una persona cercana a la víctima relató que la joven había manifestado temor de regresar con su expareja: “Yo no me quiero regresar allá porque ese hombre me va a matar”.

El mismo testimonio indicó que ella habría vuelto a confiar en promesas de cambio. “Siempre le creyó y siempre confió”, afirmó la fuente consultada por el medio.

La necropsia

El informe de necropsia, según Willax TV, no concluye que la muerte de la joven haya sido producto de un asesinato. Las causas del fallecimiento continúan en evaluación.

Un familiar cuestionó los resultados preliminares y afirmó que, al recibir el cuerpo, encontraron lesiones que no habrían sido consignadas en la información conocida por la familia. “Tiene moretones en todo el cuerpo”, sostuvo.

La misma persona declaró que las piernas de la joven presentaban lesiones visibles y rechazó la versión de una muerte autoinfligida. “Ella no se autoeliminó”, afirmó durante el reportaje.

Otro de los puntos expuestos por la familia es que la joven presuntamente habría tenido semanas de gestación. Según la denuncia recogida por el canal, el útero fue trasladado a Lima, una situación que generó interrogantes entre sus allegados.

Agresiones contra mujeres

El reportaje presentó a Junior Jonathan Rodríguez Arista como una persona con antecedentes de agresiones contra mujeres. La familia de la joven sostiene que esos antecedentes debieron ser considerados por las autoridades.

También expresó preocupación ante la posibilidad de que el detenido recupere su libertad al concluir el plazo de detención preliminar. De acuerdo con el informe, Rodríguez Arista cumple una medida de siete días y podía salir en libertad el sábado, si no se dictaba una nueva disposición judicial.

“Yo me hago responsable de lo que hablo. Yo le puedo decir en la cara a esa persona que él fue el que me la quitó”, manifestó una persona cercana a la víctima en declaraciones recogidas por Willax TV.

Negó parentesco

La familia de la joven afirmó que Rodríguez Arista tendría vínculos familiares con José Arista, a quien el reportaje identificó como senador de Fuerza Popular y exministro de Economía durante el gobierno de Dina Boluarte.

Ante esa versión, Arista negó cualquier parentesco o relación con el detenido. “El hecho de que compartamos el mismo apellido no significa que tengamos alguna relación familiar, de parentesco o cualquier otro tipo de relación con este presunto asesino”, declaró.

La investigación continúa a la espera de precisiones sobre la causa de muerte de Sharol Abigail Cortes Cruz y de las decisiones que adopten las autoridades tras el vencimiento de la detención preliminar de Rodríguez Arista.

La violencia machista ha dejado 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante los primeros nueve meses del año, la cifra más alta para este periodo desde 2023, cuando se registraron 51 víctimas. Las últimas víctimas mortales tenían 33, 35 y 47 años y en ninguno de los tres casos existían denuncias por malos tratos contra sus agresores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Igualdad. El número de feminicidios en España asciende ya a 1.382 desde 2003, año en el que se comenzaron a recopilar estos datos.

Ieva, de 35 años, y madre de una hija y un hijo, fue asesinada en la provincia de Málaga por su pareja, un hombre de 39 años que la estranguló en el domicilio familiar el 16 de septiembre. Cinco días después, el 21, la mujer falleció en el hospital.

Vanessa Y. M., de 47 años, fue asesinada por su pareja, Pedro, de 56 años, el 26 de septiembre en La Campana, Sevilla, delante de su hijo de 17 años. La mujer fue apuñalada en la vía pública y, aunque llegó a ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, falleció poco antes de la medianoche.

Meriane, de 33 años y origen brasileño, fue asesinada un día después, el 27 de septiembre, a manos de su pareja en su domicilio de Benidorm (Alicante) y luego trasladó su cuerpo a una zona de campo con la ayuda de otros dos hombres.

Del total de 41 víctimas asesinadas en estos nueve meses, 27 eran españolas, el 65%, mientras que 14, el 34%, eran extranjeras, la misma proporción que en el caso de los feminicidas.

Doce víctimas figuraban en el sistema VioGén

En 12 de los 41 casos existían denuncias previas por malos tratos, lo que equivale al 29% del total. Las doce víctimas estaban inscritas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), el mecanismo del Ministerio del Interior para evaluar el riesgo y activar medidas de protección.

Varias de ellas tenían medidas de protección en vigor cuando fueron asesinadas, lo que vuelve a cuestionar la respuesta institucional ante las mujeres que ya habían alertado sobre la violencia que sufrían. El hecho de que casi tres de cada diez víctimas estuvieran incorporadas a VioGén muestra que la detección previa no bastó para evitar los asesinatos en esos expedientes.

Andalucía concentra casi tres de cada diez asesinatos

Andalucía concentra el mayor número de víctimas, con 12 mujeres asesinadas, el 29% del total. Le siguen la Comunidad Valenciana, con seis casos, y Madrid, con cinco. Cataluña registró tres asesinatos. Aragón, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha y Cantabria contabilizaron dos víctimas cada una.

En Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Murcia fue asesinada una mujer en cada comunidad autónoma.

Los datos del Ministerio de Igualdad también indican que de los 41 agresores, 18 mantenían una relación con la víctima en el momento del asesinato, mientras que los otros 23 eran exparejas o atravesaban un proceso de ruptura. Más de la mitad de los crímenes se produjo, por tanto, después de que la mujer hubiera decidido poner fin a la relación o comunicara su intención de hacerlo, por eso los especialistas advierten de que la separación figura entre los momentos de mayor riesgo para las víctimas: el agresor percibe que pierde el control sobre la mujer.

Solo 12 de las 41 víctimas mortales habían denunciado los malos tratos. Muchas mujeres no acuden a las autoridades por miedo a las represalias, dependencia económica o emocional, o porque todavía no identifican las conductas que sufren como violencia de género. De ahí la importancia de que estos casos se detecten de forma temprana y de que cuenten con el acompañamiento del entorno.

*Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico ’016-online@igualdad.gob.es’. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional.

La Audiencia Provincial de Baleares ha comenzado este viernes el juicio por el crimen machista de Can Pastilla. Los magistrados y el jurado deberán deliberar sobre la culpabilidad de un hombre acusado de asesinar a su pareja asestándole 66 puñaladas delante de su hija.

Durante la primera jornada del juicio, el inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que instruyó las diligencias del asesinato ha asegurado que no había presenciado “burrada semejante” en los 16 años que lleva en el cuerpo armado.

El crimen de Can Pastilla recibe el nombre de la localidad en la que fue encontrada la víctima. La mujer, ya fallecida, fue abandonada en un vehículo junto con su hija, menor de edad, que presenció el asesinato. La policía encontró al acusado media hora después, en un parque cercano y “cubierto de sangre”, ha puntualizado el inspector en sus declaraciones.

Engañó a su mujer y la mató delante de su hija

Los hechos se remontan al 10 de diciembre de 2024. Por aquel entonces, el acusado ya contaba con una orden de alejamiento de la víctima, de la que debía mantenerse a más de 500 metros de distancia. La mujer portaba por ello una pulsera telemática de control.

El hombre tampoco tenía permitido comunicarse con ella, pero tras diversas llamadas y mensajes, consiguió convencerla para verse. La pareja acudió ese día a recoger juntos a su hija menor a la escuela. Para poder hacerlo, le pidió a la mujer que dejase la pulsera en casa.

Una vez recogieron a la niña del colegio, la familia volvió al coche: él se sentó en el asiento del conductor, ella en el del copiloto y la menor, en el asiento trasero del vehículo. Cuando circulaban por el camí de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo y le asestó 66 puñaladas a la mujer en la cabeza, el cuello, tórax, abdomen y brazos. La víctima no pudo defenderse, debido al reducido espacio del automóvil, y falleció a los pocos minutos.

El acusado se bajó del vehículo e intentó darse a la fuga. A la llegada de los equipos de emergencia, sobre las 15:30 horas, encontraron a la mujer, que presentaba “incontables puñaladas” por todo el cuerpo.

La Policía Local de Palma lo detuvo media hora después, en un parque de la zona y cubierto de sangre. El agente ha recordado que, en el momento de la detención, el acusado levantó la mano y aseguró a los policías locales que era “el que había matado a su pareja”. El policía, además, ha revelado que dieron con un vídeo en redes sociales en el que el acusado, en primer plano, aparecía con una canción que consideró “amenazante y reveladora”.

Piden 27 años de cárcel por el asesinato

El Ministerio Fiscal acusa al procesado de los delitos de asesinato, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones en el ámbito familiar. En el caso del homicidio, le impone los agravantes de género y parentesco. Por todo ello, pide 27 años de prisión: 25 años por el asesinato y un año por cada uno de los dos delitos restantes.

Asimismo, la Fiscalía solicita la privación de la patria potestad y la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 1.000 metros de las hijas, sus centros de estudio o de trabajo durante los próximos 33 años. El Ministerio Público reclama a su vez una indemnización de casi 250.000 euros para los familiares de la víctima.

La familia de Luz Mery Tristán volvió a enfrentarse al proceso judicial por el feminicidio de la deportista colombiana, asesinada en Cali en agosto de 2023. Esta vez, la atención se concentró en el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali, que mantuvo la condena contra Andrés Gustavo Ricci García por feminicidio agravado, aunque excluyó el delito relacionado con el porte ilegal de armas.

Para Valeria Tristán, hija de la campeona mundial de patinaje, cada novedad judicial implica regresar a los días posteriores al crimen y a los detalles de una pérdida que todavía atraviesa a toda su familia.

“Nosotros solo queremos que ya se acabe esto”, expresó en diálogo con La FM. La joven sostuvo que las actuaciones judiciales han prolongado el impacto emocional que dejó el asesinato de su madre y recordó que, después de la condena inicial, la familia esperaba cerrar esa etapa.

La decisión de segunda instancia modificó la pena que había sido impuesta en primera instancia de 45 años y 9 meses de prisión. El ajuste ocurrió luego de que el Tribunal retirara la condena por porte o tenencia ilegal de armas, al considerar que Ricci tenía permiso para las armas registradas a su nombre.

De acuerdo con la información conocida sobre el fallo, la pena definitiva quedó fijada en 42 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Luz Mery Tristán. Para sus hijos, el punto central de la decisión fue que la justicia mantuvo la calificación de feminicidio agravado.

La familia destacó que se mantuvo la condena por feminicidio agravado

Valeria Tristán señaló que el reconocimiento judicial de la violencia que sufrió su madre era uno de los aspectos principales para la familia. Según dijo, durante el proceso se acreditaron elementos que permitieron establecer que no se trató de un hecho aislado.

“Al fin y al cabo, lo más importante era el feminicidio agravado. Se dieron todas las pruebas de que fue así y quedó sin duda alguna que se probó toda la violencia que ella vivió durante hace años”, afirmó.

La joven explicó que la reducción de la condena generó malestar, aunque consideró que la confirmación de la responsabilidad por feminicidio preserva el resultado por el que la familia insistió desde el inicio del proceso.

Y es que el crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023, en una vivienda ubicada en el barrio Mameyal de Cali, donde Luz Mery Tristán convivía con Ricci. La pareja llevaba cerca de siete años de relación y tenía planes de casarse el 21 de octubre de ese año, según los antecedentes expuestos durante el proceso.

Las autoridades hallaron cinco armas en el inmueble: dos de fuego y tres traumáticas. La revisión de la situación legal de esos elementos llevó a que el Tribunal excluyera el delito de porte ilegal de armas de la sentencia contra Ricci.

Para Valeria, las consecuencias del caso no se limitan a la pena. También tienen que ver con la memoria pública de su madre, a quien definió como una mujer ejemplar y una figura central del deporte colombiano.

“Cada vez que pasa esto se remueven muchas cosas, es doloroso, pero hay que seguir intentando hacer lo que se pueda para que el nombre de mi mamá quede en alto”, dijo en la cadena radial.

“Nunca pidió perdón”, dijo Valeria Tristán sobre Ricci

Durante la entrevista, la hija de la patinadora relató que conoció a Ricci cuando tenía cerca de 15 años y que durante un largo período tuvo una relación cercana con él. Esa cercanía previa, explicó, hizo más difícil asimilar el crimen y los hechos posteriores.

Valeria contó que creció sin la presencia de su padre y que por esa razón llegó a tenerle afecto a Ricci: “Yo personalmente tenía una buena relación con él. Él llegó a mi vida cuando yo era muy joven”.

La joven cuestionó las apariciones públicas del condenado en videos, pódcasts y contenidos difundidos en internet desde prisión. A su juicio, esas intervenciones afectan el recuerdo de Luz Mery Tristán y contrastan con la ausencia de contacto con sus hijos.

“Muy duro que no haya podido poner un teléfono para decir perdón por haberle matado a su mamá”, expresó al referirse a la posibilidad de que Ricci se comunicara con la familia.

Ante la pregunta de si el condenado había pedido disculpas, la respuesta de Valeria fue directa: “Nunca”. Dijo que no recibieron una llamada, una carta enviada por abogados ni otro mensaje dirigido a ella o a sus hermanos.

Cabe destacar que Ricci permanece recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña, en Ibagué (Tolima).

Valeria Tristán pidió mayor atención ante las señales de violencia

La hija de la deportista también aprovechó la entrevista para hablar sobre los casos de violencia contra las mujeres y las dificultades que enfrentan quienes buscan denunciar.

Según contó, varias mujeres se acercaron a ella en los últimos años para compartir experiencias de agresiones y situaciones de maltrato. Algunas intentaron pedir ayuda, pero no encontraron una respuesta institucional que les permitiera salir de esos contextos.

“Los procesos son superrevictimizantes para las mujeres”, sostuvo Valeria, que pidió que las autoridades y la sociedad actúen antes de que las situaciones de violencia deriven en un feminicidio.

También cuestionó los señalamientos que suelen recibir las víctimas cuando se les pregunta por qué no denunciaron antes o por qué no abandonaron una relación violenta. “No es tan fácil”, afirmó.

Para la familia Tristán, el expediente judicial no puede reparar la ausencia de Luz Mery. Sin embargo, Valeria aseguró que continuará junto a sus hermanos con las acciones que consideren necesarias para defender la memoria de su madre y exigir respuestas ante los feminicidios.

“Nada va a poder devolver a nuestra mamá, pero si hay algo que podamos hacer para asegurar que se haga justicia no solo por ella, sino por todas las víctimas, aquí lo vamos a hacer”, concluyó en ducha entrevista.

Las relaciones afectivas y de convivencia representan el principal entorno de riesgo para las mujeres que buscan ayuda institucional en El Salvador. Entre enero y junio de 2026, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) atendió 1,863 casos de mujeres en situaciones de violencia o vulnerabilidad, y en el 73.3% de los registros con información del agresor, la violencia provino de una pareja, expareja o persona conviviente.

Así lo revela un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) elaborado a partir de los datos del ISDEMU. De los 1,849 casos que incluyeron el detalle del vínculo, 1.356 identificaron directamente a este tipo de agresores.

La categoría individual con mayor número de reportes fue la de exconviviente, con 571 registros, seguida por los esposos (419), convivientes (209), exnovios (67), novios (48) y exesposos (42). En menor proporción, la violencia también fue ejercida por otros familiares como padres (74 casos), padrastros (31), hijos (24) y hermanos (23), mientras que 46 casos correspondieron a desconocidos y 38 a vecinos.

En cuanto a las formas en que se manifestó este impacto, la violencia psicológica fue la agresión predominante al sumar 1,100 casos, lo que equivale al 59% de las atenciones de todo el semestre. Le siguieron la violencia económica (290 casos), física (201), sexual (193), patrimonial (66), violencia feminicida (11 casos), violencia simbólica (1) y otra vulneración (1). ORMUSA aclaró que una misma mujer puede atravesar simultáneamente por más de una forma de agresión.

El perfil de las mujeres atendidas por el ISDEMU durante el semestre

El perfil de las personas asistidas muestra que las mujeres adultas jóvenes son las más afectadas por este fenómeno. Las víctimas de entre 25 y 39 años concentraron el 44.1% de los registros nacionales (822 casos en total), con el grupo de 30 a 34 años a la cabeza (299 casos).

Asimismo, los datos revelan que la violencia ejercida en estos entornos alcanza a niñas y adolescentes: el 13.7% de los casos (255 atenciones) correspondió a menores de 19 años, incluyendo 161 adolescentes de entre 15 y 19 años y 79 niñas de entre 10 y 14 años.

Geográficamente, el mayor volumen de atenciones brindadas por el ISDEMU ante estas situaciones se concentró en la zona central y occidental del país. La Libertad (400) y San Salvador (357) reunieron más del 40% de los casos nacionales, mientras que al sumar Sonsonate (241), San Miguel (236) y Usulután (210), estos cinco departamentos acumularon el 77,5% de los registros del semestre.

ORMUSA precisó que estas cifras institucionales reflejan la demanda de asistencia y las rutas de atención disponibles, y no necesariamente la totalidad de los hechos ocurridos en el territorio.

Además, la organización diferenció estos registros del monitoreo de feminicidios, que contabilizó 21 casos entre enero y septiembre de 2026, el 62% a manos de parejas o exparejas, e instó a fortalecer la prevención temprana, las medidas de protección y el acceso a la justicia para abordar las agresiones cometidas en el entorno cercano de las víctimas.

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer por arma blanca en el municipio de Benidorm (Alicante). Por el momento, se desconocen los detalles del caso, pero los agentes han detenido tanto al novio de la víctima como presunto autor del crimen, como a otros individuos que habrían encubierto el suceso.

Según ha informado el cuerpo armado a Efe, los hechos ocurrieron tras una discusión. Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre, de 30 años, asesinó a su pareja, de 33 años, en su domicilio y después trató de deshacerse del cuerpo. A esta tarea ayudaron los otros dos detenidos, de 40 y 45 años.

Ambos acudieron al domicilio del presunto homicida para comprobar los hechos y, bajo amenaza, ayudaron a trasladar a la víctima hasta una zona de campo entre Benidorm y Finestrat. Uno de ellos proporcionó su vehículo y el otro colaboró a desplazar el cadáver.

Fueron los dos encubridores los que alertaron a las autoridades. Tras desplazar el cuerpo, acudieron a la comisaría de Benidorm para explicar que un conocido suyo les había dicho que había asesinado a su pareja sentimental durante una discusión.

Su testimonio ha permitido a los agentes localizar el cuerpo sin vida de la mujer, de unos 33 años y de origen caucásico, a falta de confirmar oficialmente la identidad del cadáver. La Policía Nacional ha detenido a los tres implicados, tanto por el asesinato como por encubridores.

Sin denuncias previas

En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante. De confirmarse, serían 39 las mujeres asesinadas en España a mano de sus parejas o exparejas. A la cuenta oficial podría unirse otra mujer, asesinada este domingo en Sevilla por su pareja, un caso que todavía debe confirmarse como violencia machista.

El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado que la víctima de Benidorm no había interpuesto denuncias previas por violencia machista contra su pareja sentimental y presunto asesino, ambos de nacionalidad brasileña.

Muere una mujer en un incendio en Oviedo

En Asturias, la Policía Nacional trabaja por esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer este domingo en el incendio de una vivienda en Oviedo. Los bomberos acudieron a sofocar el fuego y encontraron su cuerpo medio calcinado.

El incendio se declaró a primera hora de la mañana del domingo en una vivienda ubicada en el número 4 de la calle Eugenio Tamayo. Los bomberos acudieron rápidamente al domicilio y localizaron en el interior el cuerpo sin vida de una mujer, que presentaba distintas quemaduras. Por el momento, los agentes no descartan ninguna hipótesis, según ha informado a Efe la Jefatura Superior de Policía.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Una mujer de 47 años, identificada como Vanessa, ha sido asesinada durante la noche del sábado en La Campana, un municipio sevillano de unos 5.000 habitantes. El presunto autor, su pareja, un hombre de 56 años, ha permanecido atrincherado casi doce horas en su vivienda antes de entregarse este domingo al mediodía. La Guardia Civil lo investiga como un posible crimen de violencia machista, que sería el 39 registrado este año en nuestro país.

Los hechos se produjeron sobre las 22:40 horas del sábado, según ha relatado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar, encontraron a la mujer con heridas de arma blanca en plena calle. Los servicios sanitarios la trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde ha fallecido poco antes de la medianoche.

Tras la agresión, el presunto autor se refugió en su domicilio y se negó a salir. Ante esto, la Guardia Civil desplegó un operativo con agentes especializados en gestión de crisis para intentar que el hombre saliera por su propio pie. La negación se ha prolongado durante toda la madrugada y buena parte de la mañana del domingo, hasta que finalmente el hombre se ha entregado.

El detenido se causó heridas y fue trasladado en helicóptero

Antes de entregarse a los agentes, el presunto agresor se infligió varias heridas, entre ellas una en el cuello. Debido a la gravedad de las lesiones, ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario, donde permanece bajo atención médica y custodia policial.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por EFE han indicado que la víctima y el detenido tenían un hijo en común, y que algunos vecinos habrían presenciado parte de la agresión. Las mismas fuentes han detallado que Vanessa figuraba en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género Viogen, aunque por una relación anterior a la que mantenía con el ahora detenido.

La cifra de víctimas por violencia machista sube a 39 en España

El delegado del Gobierno en Sevilla ha explicado que, de confirmarse este asesinato como un caso de violencia de género, se convertiría en la víctima mortal número 39 de lo que llevamos de año en España, y la segunda en la provincia de Sevilla. La Delegación Especial contra la Violencia de Género ya ha asumido la investigación del caso.

“Estamos ante una nueva tragedia que nos recuerda que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones con todos los recursos disponibles y con la máxima coordinación para proteger a las mujeres y combatir esta violencia”, ha declarado el subdelegado del Gobierno.

Además, el Ayuntamiento de La Campana ha emitido un comunicado en el que ha expresado su “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia” y reitera su “más firme condena” ante la violencia machista, además del compromiso de toda la sociedad para combatirla. El consistorio ha trasladado su pésame y apoyo a la familia de la víctima y ha decretado un día de luto oficial en el municipio, convocando un minuto de silencio para este lunes a las puertas del edificio municipal.

Noticia elaborada con información de EFE.

Un juez vinculó a proceso a Eduardo Isaac N, conductor de motocicleta de una plataforma inDrive, por el feminicidio de la estudiante de Medicina Karla Margarita Pérez Jiménez. El juez segundo de lo penal, Luis Alberto Castellanos, dictó la resolución el 23 de septiembre en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, tras un ataque ocurrido el 14 de septiembre cuando la joven abordó un viaje en motocicleta y fue conducida a un despoblado en Zapopan.

El juzgador impuso al acusado dos años de prisión preventiva oficiosa. Además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó registros del viaje y videos del C5 contra Eduardo Isaac N

La audiencia se realizó en las salas 3 y 4 de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1. Comenzó a las 11:12 horas y concluyó a las 12:46 horas del 23 de septiembre.

Medios locales detallaron que la Fiscalía del Estado presentó registros del viaje, videos de cámaras privadas y del sistema C5. Estos elementos permitieron reconstruir los movimientos del acusado y de la motocicleta tras el abordaje de Karla Margarita, sin embarco, aún no se ha confirmado si el sujeto pertenecía a dicha aplicación.

Karla Margarita Pérez Jiménez desapareció el 14 de septiembre después de solicitar un viaje en motocicleta por una app en la colonia Prados Vallarta, Zapopan. Su cuerpo apareció sin vida dos días después en una brecha rumbo a Nextipac, con lesiones que un dictamen forense atribuyó a un agente punzocortante y a violencia sexual.

De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, la joven abordó el servicio a las 20:42 horas de ese día en la avenida Patria y Lázaro Cárdenas. La estudiante no llegó al destino solicitado.

Los registros que reportan medios locales mostraron un desvío de la ruta original y una parada de 24 minutos en un punto fijo. Después, la motocicleta circuló sin la pasajera cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, según reconstruyó la publicación.

El dictamen de mecánica de lesiones estableció que Karla Margarita fue “sometida y arrastrada”. La estudiante presentó heridas en el tórax, los pulmones y el cuello, provocadas por un objeto punzocortante.

El informe forense confirmó además que la joven sufrió violencia sexual y fue despojada de sus prendas interiores. El Ministerio Público señaló que estos elementos permitieron acreditar agravantes del delito de feminicidio.

El acusado se quedó con el teléfono celular y la bolsa de la víctima, de acuerdo con la reconstrucción del caso. Asimismo, se agregó que Eduardo Isaac vendió el celular por 200 pesos a Rosalío Brandon, guardia de una fábrica de la zona.

inDrive confirmó la colaboración con la Fiscalía y el bloqueo del conductor

La empresa inDrive emitió un comunicado el 24 de septiembre en el que lamentó el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez y rechazó “categóricamente cualquier acto de violencia”. La plataforma confirmó así, de forma directa, su vínculo con el caso.

inDrive informó que bloqueó a Eduardo Isaac N como conductor registrado en la aplicación. La empresa precisó que el acusado no contaba con reportes ni incidentes previos antes de este hecho.

La compañía también reveló que inhabilitó la cuenta de la usuaria como medida de seguridad preventiva. El objetivo, según el comunicado, fue evitar cualquier uso indebido por parte de terceros.

inDrive detalló que entregó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco una Carta de Colaboración con la totalidad de la información y los registros técnicos disponibles. La empresa afirmó que colaboró “de manera inmediata, exhaustiva y transparente” desde que tomó conocimiento de la investigación.

La plataforma enumeró los mecanismos de seguridad que opera en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Entre ellos mencionó la verificación de antecedentes penales mediante Truora, la prueba de vida o Liveness Check, la grabación de audio durante el viaje, el monitoreo en ruta y el botón de emergencia.

Asimismo, argumentó “estricto apego a las reservas del debido proceso legal” y respeto a la memoria de la víctima y su familia.

La defensa de Eduardo Isaac N alegó un asalto, pero el juez Luis Alberto Castellanos desestimó la versión

El padre del imputado, Francisco Javier, declaró como testigo de la defensa durante la audiencia, según relató la publicación. El hombre contó que su hijo lo llamó el día de los hechos para pedirle ayuda tras un supuesto asalto.

Según el padre, dos hombres interceptaron a Eduardo Isaac y lo amenazaron mientras prestaba el servicio de transporte. Francisco Javier afirmó ante el semanario que su hijo “se asustó y huyó” del lugar

El padre contó que le exigió a su hijo regresar por la pasajera porque era “su responsabilidad”. Ambos intentaron ubicar el sitio de la agresión y después acudieron a presentar una denuncia.

Eduardo Isaac realizó una llamada al número de emergencias desde el teléfono de su padre. Posteriormente, Francisco Javier le sugirió guardar la ropa que llevaba puesta, la cual fue entregada a la pareja del acusado.

El juez Luis Alberto Castellanos cuestionó que el acusado no activara el botón de pánico disponible en la aplicación durante el supuesto asalto. También señaló que Eduardo Isaac tenía en su poder el celular de la víctima y no lo usó para pedir auxilio.

El imputado no presentaba lesiones ni contaba con un parte médico que respaldara la agresión relatada. El Ministerio Público calificó de inverosímil la versión de los dos hombres y sostuvo que el acusado buscaba “engañar” a la autoridad.

La Fiscalía incorporó el testimonio de Uriel, amigo de la víctima, quien declaró que la joven usaba con frecuencia motocicletas de aplicación como medio de transporte. El juez desestimó la versión de la defensa y resolvió vincular a proceso a Eduardo Isaac por el delito de feminicidio.

El acusado declinó hacer declaraciones durante la audiencia. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence el 22 de diciembre y la prisión preventiva oficiosa se extenderá hasta el 23 de septiembre de 2028.

El asesor jurídico de los padres de la víctima, Juan Gerardo de León Castro, dijo a Proceso que “había elementos muy fuertes” para lograr la vinculación exitosa. El abogado añadió que la familia de Karla Margarita atraviesa un momento de profunda afectación y pidió no ser contactada directamente.

Infobae documentó la búsqueda, la captura y la reacción de la familia de Karla Margarita Pérez

Infobae informó que la vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Blanca Trujillo, confirmó el hallazgo del cuerpo en conferencia de prensa. La funcionaria explicó que la búsqueda incluyó un operativo con drones tras el reporte de desaparición de la joven.

El hermano de la víctima, Carlos Pérez, anunció la muerte de la joven a través de redes sociales y convocó a una marcha para exigir justicia. El medio detalló que Carlos Pérez escribió: “no me regresaba sin mi hermana”, antes de confirmar el hallazgo.

Infobae reportó que agentes de la Comandancia de Feminicidios detuvieron a Eduardo Isaac N un día después del hallazgo del cuerpo. La publicación precisó que la joven fue encontrada con el uniforme quirúrgico azul y la bata blanca que usaba en su internado en el Hospitalito de Zapopan.

Asimismo, se indicó que las autoridades localizaron una motocicleta calcinada cerca del sitio donde apareció el cuerpo. El teléfono celular de la víctima y el vehículo fueron incorporados como indicios para la investigación pericial.

El diario El Financiero reportó que la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) endureció los operativos contra el traslado de pasajeros en motocicleta tras el crimen. La dependencia aseguró 41 motocicletas y aplicó multas de hasta 22 mil 628 pesos a los infractores.

El artículo 215, fracción XVI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe ese tipo de servicio, según precisó el diario. inDrive se comprometió ante la dependencia a retirar del estado la opción de traslado en motocicleta en un plazo de 24 horas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

La detención ocurrió después de que las autoridades determinaran que María Cristina fue víctima de una muerte violenta.

María Cristina murió por asfixia, determinan forenses

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, María Cristina Muñoz fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en una vivienda relacionada con Jorge “N”, en el puerto de Veracruz.

Tras el hallazgo, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Díaz Mirón, donde personal médico determinó que había llegado sin signos vitales.

La investigación continuó con los estudios correspondientes para establecer las causas de la muerte. Los resultados emitidos por médicos forenses determinaron que María Cristina falleció como consecuencia de una asfixia.

Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio.

El señalado acudió este lunes a la audiencia inicial en la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Ortiz Rubio del puerto de Veracruz, donde un juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada.

La medida permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal correspondiente.

La Ciudad Judicial se encuentra a pocos metros del departamento ubicado en la calle Alvarado, en su cruce con Jiménez Sur, inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados por las autoridades.

María Cristina era economista y egresada de la Universidad Cristóbal Colón, institución educativa del puerto de Veracruz.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Colectiva convoca a protesta por justicia para María Cristina

Tras la detención de Jorge “N”, la colectiva feminista Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por el caso de María Cristina.

La organización llamó a solidarizarse con la víctima y su familia este jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas.

A través de su convocatoria, la colectiva señaló que la movilización tiene como propósito acompañar a los familiares de María Cristina y exigir que el caso se conduzca con apego a la ley, la verdad y la justicia.

El llamado ocurre mientras el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la Fiscalía de Veracruz continúa con las diligencias para integrar la investigación.

El caso de María Cristina se suma a las investigaciones por muertes violentas de mujeres en la entidad, aunque corresponderá a las autoridades judiciales determinar, conforme avance el procedimiento, la responsabilidad penal de Jorge “N”.

Por ahora, el acusado permanece privado de la libertad como resultado de la medida cautelar dictada durante la audiencia inicial, mientras continúa el proceso por el delito de feminicidio.

Más de 20 instituciones públicas, organizaciones civiles y organismos internacionales revisaron medidas para ampliar la atención, mejorar el análisis de la violencia y reforzar la protección de mujeres, adolescentes y niñas en República Dominicana, según un reporte del Poder Judicial dominicano.

El encuentro correspondió a una reunión ordinaria del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. Las entidades evaluaron avances en la respuesta ante emergencias, la cobertura territorial de los servicios, la producción de datos, la protección social y la actualización del marco normativo.

Participaron la viceministra de Interior y Policía, Chandrai Estévez Zorilla; la viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Paula Disla; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez; y la directora general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Mildred Martínez Mejía.

También asistió la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de la Policía Nacional, la general Yanet Jiménez Cabral, junto con representantes de las instituciones que integran el Gabinete.

El 9-1-1 y la Línea 212 cruzarán información sobre denuncias y asistencias

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 expuso los resultados de su articulación con la Línea de Emergencia 212 del Ministerio de la Mujer. El mecanismo busca mejorar la coordinación en situaciones de violencia y adecuar las respuestas a las características de cada caso.

La integración incluye el intercambio de información y el cruce de registros de denuncias y asistencias. De acuerdo con lo presentado ante el Gabinete, esta herramienta permitirá identificar recurrencias y zonas con mayor concentración de casos de violencia contra las mujeres.

Los datos también podrán orientar la distribución de recursos públicos y respaldar decisiones sobre la ubicación y el alcance de los servicios de atención.

El programa PRISMA prevé comenzar en 2027 en tres provincias

El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (PRISMA), cuya puesta en marcha está prevista para 2027. La iniciativa contempla ampliar la cobertura territorial a través de asociaciones sin fines de lucro que cumplan requisitos técnicos y operativos.

La viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Rosa Mejía, explicó que estas organizaciones se incorporarán bajo protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión definidos por el Ministerio.

La primera etapa se concentrará en Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, provincias que aparecen con mayor intensidad de casos en el mapa de calor de la violencia. El objetivo es dirigir la capacidad de atención hacia los territorios con mayores necesidades.

Hacienda planteó desafíos en mortalidad materna y brechas de género

El Ministerio de Hacienda y Economía presentó la hoja de ruta del Consenso de Montevideo y los resultados expuestos por República Dominicana en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.

El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martín Francos Rodríguez, informó sobre avances en reducción de la pobreza, cobertura sanitaria, prevención del embarazo adolescente y de las uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social.

La exposición señaló pendientes en mortalidad materna, trabajo no remunerado, desigualdades territoriales y brechas de género. Entre las prioridades figura fortalecer la producción de información estadística y su uso en la planificación de las políticas públicas.

La Ley Mirabal busca un sistema integral de prevención y reparación

El Gabinete conoció además los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, presentado por la encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer, Melina Zaiz.

La propuesta busca establecer un marco que reúna la prevención, la atención, la protección, el acceso a la justicia, la sanción y la reparación ante la violencia contra las mujeres. El texto contempla derechos y garantías para las víctimas, obligaciones para las instituciones y la organización de un Sistema Nacional de Protección Integral.

El proceso incluye la revisión de las iniciativas legislativas existentes y su articulación con el Código Penal y el Código Procesal Penal, a partir de las modificaciones recientes. Según el reporte, hubo consultas con organismos públicos, integrantes del sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su novio en la localidad madrileña de Leganés. Se llamaba Cristina, no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra su agresor. Su cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado en la vivienda donde ambos convivían.

El hombre, de 35 años, ha sido detenido por la Policía Nacional en Alicante. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha explicado que el sábado, en torno a las 15:15 horas, el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta, con signos de violencia, en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 38 en 2026, nueve víctimas más que en el mismo período de 2025, según los datos oficiales. Por otro lado, el total de feminicidios se sitúa en 1.379 desde 2003, año en que comenzó el registro oficial de estos crímenes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo asesinato machista, además de trasladar su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a las instituciones, las administraciones y al conjunto de la sociedad a reforzar los esfuerzos para prevenir la violencia de género y evitar nuevas muertes.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, una mujer de 47 años hallada sin vida con aparentes signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en el distrito madrileño de Arganzuela. La autopsia deberá determinar la causa exacta del fallecimiento, mientras el Grupo VI de Homicidios investiga las circunstancias del suceso.

El aviso ha entrado a las 11.10 horas a través de la Sala CIMACC 091, después de que el hijo del arrestado, expareja de la mujer, comunicara que su padre le había telefoneado para asegurar que había cometido “un hecho grave” y que aguardaba la llegada de los agentes, según han informado fuentes policiales a EFE.

Los hechos han ocurrido en el número 30 de la calle Ferrocarril, donde residían el detenido, de nacionalidad española, y la víctima, de origen asiático. La relación entre ambos era la de exsuegro y exnuera, han confirmado la Policía Nacional y fuentes consultadas por Europa Press.

La investigación continúa abierta

Los primeros agentes que han llegado al piso han encontrado a la mujer tendida en el suelo, inconsciente y sin signos vitales. La Policía Municipal ha iniciado maniobras de reanimación antes de la llegada del personal sanitario, sin que fuera posible recuperar sus constantes.

Los sanitarios del Summa 112 han confirmado el fallecimiento y han apreciado síntomas compatibles con un posible estrangulamiento. El portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Luis Serrano, ha precisado a EFE que será el examen forense el que establezca la causa de la muerte.

La vivienda ha sido inspeccionada por el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica, encargado de recabar indicios en el inmueble. El Grupo VI de Homicidios ha asumido las pesquisas para reconstruir la secuencia de lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el conflicto pudo estar relacionado con la permanencia de la mujer en la vivienda. Esa hipótesis forma parte de una investigación todavía abierta y no ha sido confirmada oficialmente por los responsables policiales.

El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional a Europa Press.

016, atención a víctimas de violencia contra las mujeres

El 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es gratuito y confidencial, funciona las 24 horas y presta atención telefónica en 53 idiomas.

También están disponibles el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el chat en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el WhatsApp 600 000 016, exclusivo para mensajes. Los menores pueden contactar con el teléfono de la Fundación ANAR: 900 20 20 10.

Ante una emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional, en el 091, o a la Guardia Civil, en el 062. Si no es posible realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años de edad, fue hallada sin vida en Zapopan, Jalisco, dos días después que su familia la reportó como desaparecida, sumándose a los casos de feminicidio de jóvenes universitarias que se han registrado este año en el país.

La familia de la joven estudiante originaria de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo, así como Blanca Trujillo, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quien aseguró que desde que se reportó la desaparición de Karla Margarita se realizó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones.

“Cuando se tomó conocimiento el día 15 de septiembre por la noche de la desaparición de una joven de 22 años, el personal ministerial se puso a trabajar de forma inmediata en su búsqueda y localización.

“También nos apoyó Zapopan, incluso con su equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida de esta joven. Entonces, sí está confirmado que se trata de ella”, dijo la vicefiscal en conferencia de prensa.

Carlos Pérez, hermano de la joven, informó anoche a través de su cuenta de Facebook que su hermana falleció y agradeció a quienes le ayudaron a difundir la ficha de búsqueda de Karla.

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días", escribió en la red social.

En la misma publicación, Carlos dijo sentirse con el “corazón competamente destrozado” por el presunto asesinato de su hermana y aseguró que “esto no termina aquí, haciendo un llamado a combatir la crisis de desaparición de personas que a traviesa el país.

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más", concluyó.

Familia convoca a marcha para exigir justicia

Esta mañana, Carlos convocó “a toda la comunidad” a realizar hoy una marcha pacífica para exigir justicia por la desaparición y presunto asesinato de su hermana, al considerar isuficiente la actuación de las autoridades.

“Como hermano y familia directa de Karla, nos dirigimos a las autoridades y a toda la sociedad: ya no basta con que se pongan en contacto con nosotros, exigimos la investigación inmediata y la detención de los responsables. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a aceptar largas.

“Convocamos a toda la comunidad a unirse a nuestra marcha para respaldar nuestra exigencia de justicia y demostrar que Karla no está sola. Vamos a exigir respuestas y resultados hasta las últimas consecuencias”, puntualizó.

La marcha iniciará en la salida a León, en el semáforo frente al cementerio Gayosso, a las 17:00 horas de este jueves 17 de septiembre.

Mencionó que quienes deseen asistir deberán vestir prendas blancas o moradas, veladoras y pancartas.

“Ayúdanos compartiendo esta publicación para que nuestra voz se escuche con fuerza y las autoridades actúen de inmediato. #JusticiaParaKarla #HastaDarConLosResponsables #NiUnaMenos #ExigimosResultados”, se lee en la publicación.

Caso Karla Margarita Pérez

De acuerdo con las publicaciones que realizó Carlos desde que desaparició su hermana, Karla Margarita Pérez, fue vista con vida por última vez el 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Era originaria de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, dejó su hogar para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

El miedo a no ser creídas, la vergüenza, la posibilidad de afrontar un proceso judicial revictimizante o el temor al agresor son algunos de los motivos que dificultan que muchas víctimas denuncien la violencia sexual, unas barreras que pueden ser aún mayores cuando la acusación señala a una figura pública. A Laura y Rebeca, las mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por los presuntos abusos sufridos en 2021 en las residencias del artista en las Bahamas y República Dominicana, tampoco les ha resultado sencillo enfrentarse a ese desequilibrio de poder, pero han decidido seguir con su reclamo. A principios de este mes de septiembre presentaron una nueva querella en la Audiencia Nacional, después de que la primera denuncia fuera archivada en España por falta de jurisdicción, y la semana pasada sus representantes legales llevaron el caso ante seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas.

En esa comunicación presentada el 10 de septiembre a diferentes instancias de la ONU por Women’s Link, organización que asesora a Laura y Rebeca (nombres ficticios), advierten que España podría incumplir su deber de investigar los hechos denunciados, por lo que piden que se requiera información a las autoridades. Desde Women’s Link explican a Infobae que las dos vías legales, es decir, la querella y la comunicación urgente presentada a la ONU, pueden coexistir y avanzar de manera complementaria y simultánea.

“Con esta carta pedimos a los mandatos que soliciten a España información sobre cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, que recomienden medidas urgentes de protección para Rebeca, Laura, sus familias y los testigos, además de que se examine el caso desde una perspectiva de género interseccional. También se les ha pedido a estos mecanismos especiales que trasladen al Estado español una comunicación urgente que informe sobre todas las medidas que está tomando o tomará en relación con sus obligaciones de prevención, juzgamiento y reparación”, señala Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link.

La organización recuerda que no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado español en su respuesta ante la violencia de género. En 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que el país no actuó con la diligencia debida para proteger a Ángela González Carreño, una mujer que sufrió violencia machista durante años por parte de su marido, Felipe Rascón, quien terminó asesinando a la hija de ambos en 2003 para después suicidarse. Por otro lado, en octubre de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso T.V. por deficiencias en las primeras etapas de una investigación vinculada a explotación laboral.

“Insistimos en que España tiene la obligación de investigar los hechos que Rebeca y Laura han denunciado. Los sistemas de justicia deben ser congruentes, pues no basta con alentar a las mujeres a denunciar, sino que es necesario garantizar que, al hacerlo, puedan acceder a una investigación efectiva y a las medidas de protección que correspondan”, añade Ríos Cisnero.

Temor a represalias

El aspecto más urgente es la seguridad de las denunciantes, ya que ambas temen posibles represalias, señala la organización, que considera que la diferencia de poder, recursos, influencia pública y exposición mediática entre las partes “obliga a reforzar las garantías institucionales”. “Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia”, indica por su parte la abogada Estefanny Molina, directora adjunta de Women’s Link.

Entre las medidas solicitadas figura la anonimización de todos aquellos datos que puedan permitir la identificación, directa o indirecta, de las denunciantes, sus familiares y los testigos. También piden que se valore una prohibición de aproximación y de comunicación del querellado hacia las mujeres, ya sea de forma directa o a través de terceras personas.

Pese a los obstáculos, la organización confía en que el caso de Rebeca y Laura “se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones de justicia en España sí pueden honrar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales”. Esperan que la querella también sea admitida y estudiada de fondo.

“Sin duda, no ha sido un proceso fácil dado el acceso a recursos e influencia pública del querellado. Sin embargo, su caso es una oportunidad para las instituciones del Estado y la sociedad en general de acompañar a las mujeres que denuncian. Cuando existen importantes diferencias de recursos, influencia o exposición pública entre las partes, las instituciones tienen la responsabilidad de reforzar las medidas de protección para garantizar un acceso efectivo a la justicia, lo cual es especialmente relevante cuando las denunciantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, o provienen de contextos donde persisten falencias estructurales en los sistemas de justicia”, concluye la organización.

Ambiente marcado por el control y el acoso

La investigación periodística que permitió conocer los testimonios de Laura y Rebeca, publicada el pasado mes de enero, fue realizada por elDiario.es y Univision durante tres años. Las mujeres describieron un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, así como por comportamientos que calificaron de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados. Los hechos, según relataron, se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Documentación médica a la que accedieron estos medios también mostró cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las mujeres señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

La Universidad de Sevilla (US) anunció que reforzará los protocolos de colaboración con instituciones educativas extranjeras, entre ellas las mexicanas, luego del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada (UGR) que fue atacada en el municipio de Cuautla, estado de Morelos, en el centro de México.

La rectora de la US, Carmen Vargas, explicó que “siempre que pasa una cosa de estas hay que aprovechar para intentar mejorar y si se puede, dar más información y reforzar los protocolos”, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios tras un minuto de silencio convocado en distintas capitales de provincia andaluzas en memoria de la estudiante.

Universidades mexicanas, responsables de la seguridad de estudiantes extranjeros

Vargas remarcó que la institución receptora en México “se responsabiliza de acoger a los estudiantes y de darle la atención correspondiente”. Adelantó que el tema se abordará desde la sectorial de internacionalización de las universidades públicas andaluzas, con miras a ampliar la colaboración con centros mexicanos.

La UGR, por su parte, ya ofreció a otros estudiantes con movilidad programada hacia México la posibilidad de reubicar su destino académico, ante la preocupación generada por el caso.

“México tiene grandes universidades”: la postura de la rectora

Pese al hecho, Carmen Vargas defendió los vínculos académicos entre España y México:

• “México tiene grandes universidades, hay mucha movilidad internacional con centros de ese país”
• “También tenemos muchos mexicanos que vienen a nuestras universidades”
• El caso representa, en sus palabras, “un horror para la propia universidad” y, en lo personal, “una vida muy joven, truncada”

La rectora insistió en que no se debe “estigmatizar” a México, aunque reconoció que existen zonas del país que requieren mayor precaución que otras.

Recomendaciones para estudiantes en movilidad internacional

Según Vargas, a los estudiantes que viajan al extranjero se les recomienda de antemano:

• Usar el sentido común
• Evitar desplazarse solos
• Mantenerse informados sobre el entorno de su destino

No obstante, subrayó que “un accidente o una cuestión de este tipo puede pasar” en cualquier país, no exclusivamente en México.

El caso se suma a otros homicidios de estudiantes de la UGR en 2026

Cabe destacar que el homicidio de Claudia Tacoronte se suma a una serie de casos que han generado preocupación en la comunidad académica de la Universidad de Granada, luego de que cuatro estudiantes de esa institución fueran asesinadas durante 2026, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

Vargas cerró su mensaje solidarizándose con la UGR: “Lamentamos lo que ha pasado a nuestra universidad hermana de Granada como si hubiera sido a la Universidad de Sevilla; de hecho, le podría haber pasado a cualquier universidad andaluza, española o internacional”.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente por parte de autoridades mexicanas el estatus completo de la investigación sobre el homicidio de la estudiante en Morelos.

En la Universidad de Granada (UGR), donde Claudia, natural de Gran Canaria, cursaba el último curso de Educación Infantil, continúa la conmoción y el centro ha decidido cancelar la estancia de otras tres estudiantes españolas que hacían un Erasmus en Morelos, después de conocerse que en la misma universidad mexicana han sido asesinadas en siete meses otras tres alumnas.

Lara Tacoronte, hermana de la víctima, ha compartido a través de redes sociales un vídeo de repulsa por el asesinato de Claudia, en el que exige justicia por su crimen, que se investigue el caso y que “por favor, encuentren a ese tío”.

“Mi hermana tenía 21 años. Estaba estudiando en Granada Educación Infantil. Hace menos de un mes, tres semanas, se fue a México de intercambio. Y anoche alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo. Él fue detrás de ella. Le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, por lo visto. Sin ningún tipo de justificación ni excusa”, relata la joven.

Lara ha denunciado públicamente que nadie hubiese avisado previamente a su hermana de que en la misma universidad se habían producido ya otros tres asesinatos. No fue hasta que llegó allí cuando se enteró de lo sucedido. “Ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos”.

“Vivimos en una sociedad enferma”

La hermana de Claudia niega que estén recibiendo apoyo y acompañamiento por parte de las autoridades y administraciones. “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, ha explicado, más allá de las comunicaciones que han mantenido con respecto al papeleo.

Según el testimonio de Lara, además, tampoco han recibido información con respecto a las circunstancias del asesinato de su hermana, sino que se ha enterado a través de los medios de comunicación: “¿Qué necesidad tienes de apuñalar a alguien porque te da la gana? O sea, porque sí, porque no hay ningún motivo. Ella no hizo nada. Simplemente salió corriendo. Buscó ayuda y el tío fue a rematarla. Encima ese señor está por ahí suelto, en algún sitio de México, viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo".

“No tengo palabras, no sé que decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma llena de gente que es inhumana”, ha afirmado Lara. “De verdad que me parece increíble. ¿Tenemos que normalidad que se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Tenemos que normalizar que esto se algo común, que haya gente así, que tú vayas por la calle y de repente te puedan clavar un cuchillo y te mueras así?“.

La gobernadora de Morelos apunta a “avances significativos” en la investigación

Margarita González Saravia, gobernadora del estado mexicano de Morelos, ha señalado que se han realizado “avances significativos” en la investigación del asesinato de la estudiante y que “darán con el responsable” del crimen.

“Estamos en coordinación con la Fiscalía del estado de Morelos, pero también con el Consulado de España. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia. Como Gobierno del estado, nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y dar respuestas”, ha señalado en redes sociales.

El asesinato de Claudia se investiga como un posible feminicidio, por lo que Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, ha señalado que todas las actuaciones realizadas hasta el momento se han hecho con perspectiva de género. Por ahora, todas las líneas de investigación continúan abiertas, incluida la de un posible robo.

Un británico de unos 60 años ha admitido este lunes ante el Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester, que ha cometido más de 60 delitos sexuales contra su esposa, a quien, según la acusación, ha drogado y violado sin su consentimiento durante más de dos décadas en el domicilio que compartían en Stockport, en el noroeste de Inglaterra.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido para proteger la privacidad de la víctima, se ha declarado culpable de 45 cargos. Entre ellos, ha reconocido 16 violaciones, nueve agresiones sexuales con penetración y un delito por administrar una sustancia con intención delictiva. Los cargos que ha admitido han correspondido a hechos cometidos entre 2004 y 2025.

La confesión se ha sumado a otros 15 delitos sexuales que el acusado ya había admitido a comienzos de este año, durante una audiencia anterior. El caso ha involucrado además a otros 13 hombres: 12 acusados, de entre 28 y 74 años, quienes han negado delitos sexuales contra la misma mujer, mientras que un decimotercer implicado ya ha reconocido cargos de esta índole.

La acusación ha situado las agresiones en la vivienda del matrimonio

Los hechos se produjeron entre el 12 de noviembre de 2004 y el 25 de octubre de 2025 en la vivienda del matrimonio, ubicada en Stockport, dentro del área de Gran Mánchester. Según la Fiscalía, la mujer sufrió agresiones reiteradas mientras se encontraba inconsciente bajo los efectos de las sustancias que le suministraba su marido.

Durante la comparecencia, que se ha prolongado durante 18 minutos, el acusado ha roto a llorar en el banquillo mientras repetía la palabra “culpable” después de la lectura de cada cargo. Medios ingleses han informado que el juez Maurice Greene le ha permitido sentarse antes de que terminara el procedimiento.

La víctima, casada durante décadas con el acusado, ha seguido la audiencia desde la primera fila de la tribuna pública. Sus familiares la han acompañado y reconfortado durante la declaración. La corte no ha revelado el nombre del hombre, quien es originario de Stockport, para impedir que se identifique a su esposa, que ha optado por permanecer también en el anonimato.

12 acusados que afrontarán un juicio de varios meses

La admisión de culpabilidad del marido no ha cerrado el proceso. Otros 12 hombres, mayoritariamente británicos, han sido acusados de violar y agredir sexualmente a la misma víctima entre septiembre de 2018 y noviembre de 2025. Todos han negado los cargos y se espera que su juicio se celebre en el mismo tribunal durante los próximos meses. A diferencia de un decimotercer implicado, que ya ha reconocido los abusos.

La Fiscalía ha constituido un jurado para continuar con la causa contra los acusados que han rechazado las imputaciones, aunque el proceso contra ellos todavía no ha comenzado. El esposo, detenido en octubre del año pasado, ha quedado a la espera de que se dicte su condena una vez que finalice el juicio del resto.

El subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, ha afirmado que el objetivo de las autoridades ha sido “apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”. También ha señalado que la mujer ha continuado con apoyo especializado y ha pedido a quienes sospechen que han sufrido abusos sexuales facilitados con drogas que soliciten ayuda. “No se espera que comprendas exactamente lo que ha sucedido ni quiénes han estado involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo ha sucedido, por favor, repórtalo o pide ayuda”, ha indicado.

La violencia machista no entiende de edades ni contextos sociales. Así lo evidencia el último feminicidio de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) a manos de su cónyuge el pasado 11 de septiembre, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Igualdad. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que tras cometer el crimen, se suicidó, por lo que nunca podrá ser juzgado por los hechos. El hombre tenía 90 años.

Según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, fue la cuidadora del matrimonio quien encontró el viernes en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posible suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio con múltiples traumatismos. La víctima falleció en el hospital un día después.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 37 en 2026 y a 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Según los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, de 2019, las mujeres mayores muestran prevalencias de violencia más altas que las que tienen menos de 65 años, y acuden en menor medida a los servicios de ayuda disponibles. Por otro lado, el 54% de las mujeres de 65 años o más ha contado a su entorno la violencia machista sufrida frente al 81% de las mujeres de 16 a 64 años, lo que evidencia que lo ocultan en mayor medida que el resto, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Universidad de Granada (UGR) ha activado su protocolo internacional y ha contactado con la veintena de estudiantes Erasmus que cursan estudios en México tras el asesinato el pasado sábado de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El crimen ocurrió en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, a unos 130 kilómetros al sur de Ciudad de México y, según las primeras informaciones, fue asaltada.

La joven era natural de Gran Canaria y estudiaba cuarto de Educación Infantil en Granada. La UGR ha expresado su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y ha anunciado un minuto de silencio en su memoria. El homenaje tendrá lugar a las 11:00 en las puertas de todos los centros de trabajo de la institución.

“La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor. Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”, indica la UGR en un comunicado.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha calificado lo ocurrido como un “acto brutal” en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press y ha confiado en que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la Justicia. También ha explicado que la Universidad se ha comunicado con el Consulado y la Embajada de España en México para conocer las circunstancias del caso.

Asesinan a 10 mujeres al día

Por su parte, la UAEM ha informado que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes para mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia de la estudiante, a través de la Universidad de Granada y de las autoridades consulares españolas. La institución también ha reclamado a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género.

El fiscal general de ese Estado, Fernando Blumenkron Escobar, ha explicado que se realizan ya las diligencias para esclarecer lo ocurrido, bajo el protocolo de feminicidio, y para identificar a la persona que habría participado en la agresión y determinar su posible vínculo con la víctima.

Según datos de organizaciones sociales del país, en México asesinan a diez mujeres al día. Durante el pasado mes de julio, la cifra de crímenes machistas ascendió a 380, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México ha sido asesinada en el estado de Morelos, en el centro del país. La Fiscalía investiga el caso como un posible crimen machista, según han informado este domingo autoridades locales.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Blumenkron ha explicado que tras obtener la confirmación del crimen, las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

No han trascendido los detalles de lo ocurrido

Blumenkron ha detallado a la prensa mexicana que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

La Universidad de Granada en shock

La Universidad de Granada (UGR) ha expresado este lunes su “más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de la estudiante. En un comunicado, el equipo de gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven “para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos” y ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus “más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de la joven en estos momentos de tan profundo dolor” y reitera la “necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” como “institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico”.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha subrayado que “es un día de profunda tristeza y también de mucha rabia institucional al haber conocido la tristísima noticia del asesinato por muerte violenta de nuestra estudiante Claudia Tacoronte en el estado de Morelos, en México”.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro hombres, de entre 44 y 53 años, acusados de participar presuntamente en agresiones sexuales contra la expareja de uno de ellos. El hombre de 51 años, expareja de la víctima, también fue arrestado por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

La investigación comenzó el 11 de agosto, cuando la mujer acudió a una comisaría para pedir asesoramiento por episodios de acoso, amenazas y agresiones sexuales que, según denunció, sufrió durante la relación, según informa la agencia EFE.

Tras recibir atención de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima formalizó la denuncia. Relató que su expareja la obligó en varias ocasiones, bajo amenazas y violencia física, a mantener relaciones sexuales con él, con el hermano de este y con dos amigos.

Según fuentes policiales, el principal investigado presuntamente grababa los encuentros con su teléfono móvil sin consentimiento de la mujer y la amenazaba con difundir las imágenes si se negaba a sus exigencias.

Los agentes localizaron primero a la expareja de la víctima, de 51 años, a quien atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Más tarde identificaron y detuvieron a los otros tres sospechosos, investigados por un presunto delito de agresión sexual.

Crecen los delitos contra la libertad sexual en 2026

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2026, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 1,1% sobre 2025, pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024).

Los delitos contra la libertad sexual con penetración han crecido en esos primeros tres meses del año un 3,8% respecto de 2025, un dato que coincide con una mayor disposición de las víctimas a denunciar tras años de campañas de concienciación y de menor tolerancia social frente a estas violencias, tal y como indica el informe de Interior. Las autoridades advierten que esa tendencia puede reflejar, al menos en parte, una reducción de la infradenuncia histórica en este tipo de delitos: más víctimas recurren a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ponen los casos en conocimiento de la Justicia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

(Con información de EFE)

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, han aceptado este jueves una condena de un año de prisión por pornografía infantil por un vídeo sexual grabado en Gran Canaria en 2023. En cambio, Raúl Asencio ha quedado absuelto.

El acuerdo, ya firme, se ha alcanzado entre las defensas y las acusaciones después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes —una de ellas tenía 16 años en ese momento— declararan durante el juicio que perdonaban a los cuatro futbolistas, según informa la agencia EFE.

Ese perdón ha dejado sin efecto la acusación contra Asencio por revelación de secretos, vinculada a la difusión del video a un tercero. También ha permitido que la Fiscalía aplicara una atenuante a los otros tres acusados por el delito de pornografía infantil.

Antes del pacto, el Ministerio Fiscal solicitaba penas de cuatro años y siete meses de prisión para Ruiz, Rodríguez y García, y de dos años y medio para Asencio.

Para tomar esa decisión, la magistrada Virginia Peña ha tenido en cuenta sus “circunstancias personales y sociales”, el hecho de carecer de antecedentes penales y “el esfuerzo que han hecho por reparar el daño causado”. Tanto la fiscal como la magistrada han explicado que son merecedores de esa suspensión en atención a lo que establece el Código Penal para las penas de cárcel inferiores a dos años.

Condenado por conducir alcoholizado

Esta misma semana, Asencio ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido el pasado mes de agosto conduciendo su vehículo, un Porsche, con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. La prueba de aire espirado arrojó un resultado de 0,90 mg/l, frente al límite legal de 0,25 mg/l.

El control se produjo el 16 de agosto en una zona de ocio del sur de Gran Canaria, dentro de un dispositivo rutinario de vigilancia. El jugador fue juzgado en un procedimiento rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana, que concluyó con una multa de 14.400 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

(Con información de EFE)

La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio desde Marruecos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

De esas 23 agresiones, según han informado fuentes fiscales a la agencia EFE, cinco de ellas han sido violaciones. Nueve de las víctimas de esas agresiones sexuales son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis.

Organizaciones humanitarias especializadas en infancia como Save the Children ya han advertido en varias ocasiones de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación.

Organizaciones vecinales se han encargado de proteger a mujeres y niñas

Aunque ya han sido reubicadas unas 400 menores en espacios provisionales, hasta el momento otras 300 niñas permanecían fuera del sistema de protección, según ha adelantado la Cadena Ser, aunque el Gobierno de la ciudad autónoma espera poder acogerlas este martes en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque no disponía de electricidad. En total, el sistema de protección de menores de Ceuta acoge a unos 1.500 niños.

Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible” acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta para “destensionar la situación” de la ciudad y porque “es la mejor manera de garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”, añadió la ministra durante su comparecencia. Ante esta situación, Rego reclama agilizar el traslado a la Península de 500 niñas de las 760 que, según estima el ministerio, aún permanecen en la ciudad.

Ante la falta de recursos oficiales, han sido varias las organizaciones vecinales que se han encargado de proteger a estas menores, convirtiendo campos de fútbol sala en campamentos improvisados para evitar que durmieran en el monte, con los riesgos que implica.

“Requiere la actuación ágil de la justicia”

Este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cifró en 21 las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta en este último mes, advirtió que se trata de “hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español”.

Redondo, que intervino en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis en Ceuta, explicó que el Centro de Crisis 24 horas destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata, gestionado por el gobierno de la ciudad autónoma, está acogiendo a nueve menores víctimas de agresión sexual en las 14 plazas residenciales de corta estancia de las que dispone.

(Con información de EFE)

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a dos personas en el distrito de Ciudad Lineal tras descubrir que una mujer había sido drogada y forzada a prostituirse en contra de su voluntad. El operativo se activó a las 6:00 de la mañana del pasado martes, 25 de agosto, cuando un hombre alertó a los agentes en la calle Veinticinco de Septiembre de que una amiga suya estaba retenida en un local de la zona.

La intervención se produjo tres días más tarde de que ella entrase al local, después de que la víctima lograra comunicarse con su amigo por teléfono y le pidiera ayuda, según ha podido saber Europa Press. La joven ha explicado que fue contratada como camarera, pero al llegar al establecimiento fue obligada a mantener relaciones sexuales con desconocidos.

Los agentes que acudieron al local descubrieron que la mujer estaba encerrada en una sala. En ese instante se encontraba recostada sobre una cama matrimonial que habían dispuesto los propietarios y presentaba signos de somnolencia y dificultades para hablar, indicios de que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Amenazas constantes durante tres días

Las autoridades han detallado que la joven presentaba un claro estado de pánico. Además, según ha declarado la propia víctima, estuvo privada de libertad y sometida a amenazas constantes. Los responsables de estas acciones son un hombre de 62 años y una mujer de 28.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica. De este modo, los detenidos, propietarios del local, enfrentan acusaciones de prostitución y trata de personas. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si existen más víctimas.

Cuáles son las penas por delitos de prostitución y trata de personas

Aunque el caso sigue bajo estudio policial y judicial, la prostitución y trata de personas son delitos tipificados en el sistema penal español. Concretamente, recogidos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se observan en el artículo 177 bis y en el 187.

El primero de ellos detalla la trata de seres humanos como la captación, transporte, traslado, retención o recepción de personas en territorio español, desde él, o en tránsito, empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de necesidad o vulnerabilidad. Su fin es la explotación (como la explotación sexual, laboral, mendicidad, extracción de órganos o matrimonios forzados). La pena general es de 5 a 8 años de prisión, imponiéndose la pena superior en grado si se pone en peligro la vida de la víctima, si esta es menor de edad o especialmente vulnerable, o si se actúa dentro de una organización criminal.

Mientras que con el artículo 187 se castiga a quien determine a otra persona a ejercer o mantenerse en la prostitución usando violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, vulnerabilidad o necesidad, con una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. También se sanciona con 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución ajena (aun con su consentimiento) si la víctima está en situación de vulnerabilidad o bajo condiciones gravosas o abusivas.

La Policía Nacional ha detenido esta semana a dos futbolistas de la cantera del RCD Mallorca por presuntamente grabar sin consentimiento las relaciones sexuales que uno de ellos mantuvo con una chica menor de edad en una vivienda en Palma.

Los hechos, por los que han sido acusados de un presunto delito de corrupción de menores, habrían ocurrido el pasado 14 de agosto en el inmueble de la capital balear en el que residen varios jóvenes vinculados al club deportivo, según ha adelantado este sábado el diario Última Hora.

La joven se percató de que uno de los detenidos estaba escondido en un armario

Según ha informado EFE, la víctima de las grabaciones no consentidas es menor de edad, pero mayor de 16 años. La joven habría decidido voluntariamente mantener relaciones sexuales con uno de los jugadores detenidos, por lo que se retiraron a una de las habitaciones del inmueble.

Allí, la chica se percató de que otro joven estaba escondido dentro de un armario y que estaba grabando el encuentro sexual sin su consentimiento, motivo por el que decidió denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional.

Tras la denuncia, los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) iniciaron las gestiones para localizar a los sospechosos. Los dos jóvenes involucrados en los hechos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores el jueves. El joven acusado de grabar el encuentro es menor de edad, por lo que su expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores, mientras que el otro futbolista, mayor de edad, pasó el jueves a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su puesta en libertad.

Según ha publicado el diario Última Hora en base a fuentes policiales, ahora se investiga si podría haber más jóvenes que hubiesen podido ser grabadas manteniendo relaciones sexuales con los sospechosos o con otros jóvenes de su entorno.

El RCD Mallorca expulsa a los dos jugadores

A raíz de conocerse los hechos, el RCD Mallorca ha emitido un comunicado en el que ha informado sobre la expulsión del club de los dos canteranos detenidos: “Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido”.

Tras finalizar el procedimiento correspondiente y después de haberse analizado “los hechos y las circunstancias concurrentes”, el club de fútbol decidió extinguir los contratos de ambos futbolistas, “por lo que han dejado de pertenecer a la entidad”.

“El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club”, concluye el comunicado.

*Con información de EFE

Los agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a un hombre de 60 años de nacionalidad italiana acusado del presunto asesinato de su pareja, una mujer de 47 años. Los hechos, según ha informado EFE, han ocurrido en la localidad de Isla Cristina, en la provincia de Huelva.

El cuerpo de la víctima, según fuentes de la investigación, ha sido encontrado en la playa Punta del Caimán. La mujer, de nacionalidad alemana, presentaba múltiples heridas de arma blanca. A las 08.50 horas, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer “inmóvil” y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios y agentes de la Policía Local, que hallaron a la mujer tirada en la vía pública y solamente pudieron confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. El instituto armado ha destacado que, por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.

De confirmarse la naturaleza machista del caso, se elevarían a 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, así como a 1.378 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos de forma conjunta. Además, también sería el undécimo caso de violencia de género en Andalucía este 2026, lo que la convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas del año.

Actualmente, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este crimen, tal y como ha informado a través de X la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE y Europa Press

“Aquí hay algo fundamental y es que socialmente todavía no somos conscientes del grado de impunidad que hay hacia los hombres que agreden sexualmente o hacia los hombres que reproducen la cultura de la violación. Uno de los ejes fundamentales de la cultura de la violación, es decir, de todo ese sistema que sostiene la violencia sexual, se fundamenta en algo clave, que es abrazar la impunidad”, señala a Infobae Bárbara Tardón, doctora en Estudios de Género e investigadora experta en violencias sexuales. La experta explica que, pese a los avances sociales y legislativos que se han producido en España en los últimos años en materia de igualdad, la cultura de la violación permanece arraigada desde hace siglos y es transversal. “Por eso esa naturalización de la violencia sexual y la impunidad permiten que se graben y difundan videos de contenido tan extremo y tan aberrante como este”, añade Tardón en referencia a la transmisión en directo que Alonso realizó en Kick, una plataforma de streaming. “Los agresores navegan en la impunidad”.

La escena, que se prolonga durante unos siete minutos, fue seguida por espectadores que comentaban la transmisión, muchos de ellos alentando el acoso, mientras que otros expresaban su rechazo a la actitud del streamer, que cuenta con más de 220.000 suscriptores en Youtube y 287.000 en Instagram. En el mismo vídeo lanza un comentario racista contra un hombre negro que se detiene para ayudar a la joven y les exige que dejen de grabar.

Esta, además, no es la primera vez que Alonso protagoniza vídeos en los que se hace referencia explícita a situaciones de violencia sexual contra mujeres. Él, por su parte, considera injustificadas las críticas que le han caído y las atribuye a una campaña de desprestigio impulsada por medios de comunicación y sectores progresistas.

En este contexto, Tardón subraya que el arraigo histórico y social de la violencia sexual exige respuestas a largo plazo y una mayor implicación de las administraciones públicas. “Esto requiere una inversión sostenida en prevención y sensibilización, así como en la lucha contra las ideas y prácticas que perpetúan la cultura de la violación”, indica, al tiempo que critica que en la actualidad haya partidos políticos ultraconservadores como Vox que siguen negando la violencia de género, pues dificultan el avance de políticas efectivas.

La sociedad ha cambiado y estos casos se denuncian

No obstante, “a pesar de los intentos del machismo y el patriarcado por abrirse camino”, recuerda la experta, la sociedad española ha experimentado un cambio profundo en las últimas dos décadas y casos de acoso sexual como el protagonizado por el streamer en Japón reciben numerosas críticas y denuncias públicas, algo que no sucedía en el pasado.

“Nuestra sociedad es diferente a la de hace veinte años gracias a las víctimas y a las supervivientes que los denuncian, gracias al movimiento feminista, gracias a una sociedad más concienciada y también a las comunicadoras que se hacen eco y denuncian lo que está pasando”, resume.

En esta misma línea se expresa la socióloga Carmen Ruiz Repullo, profesora en la Universidad de Granada, que considera que lo relevante de este tipo de casos es que ya no pasan desapercibidos, incluso cuando se intentan justificar como una broma. “Esas actitudes forman parte de la cultura de la masculinidad, pero cada vez más personas rechazan este tipo de conductas, porque se ha hecho mucha pedagogía feminista”, señala a este periódico.

La docente coincide en que uno de los principales avances ha sido visibilizar la cultura de la violación en sus manifestaciones cotidianas, como tratar a las mujeres como objetos disponibles, ignorando su consentimiento y deseo, y destaca que, frente a este modelo, hoy se promueve la ética del consentimiento, que sitúa la voluntad y el deseo de ambas partes en el centro de las relaciones. Para Ruiz Repullo, el progreso hacia la ética del consentimiento en España constituye uno de los logros más relevantes de los últimos años y sigue siendo una tarea fundamental en la lucha contra la violencia sexual.

En medio de la polémica por comentarios misóginos vertidos en un pódcast sobre las jugadoras del Cruz Azul Femenil, el activista Mauro Vargas Urías, sociólogo y fundador de la consultoría Umbrales, advierte que estas expresiones no son bromas, sino síntomas de una masculinidad frágil que se resiste a la presencia y éxito de las mujeres en el deporte profesional.

En entrevista con Infobae México, Vargas subrayó que este tipo de discursos no solo perpetúan la desigualdad, sino que representan un riesgo real para las nuevas generaciones.

“Este tipo de reacciones, pues son un, un síntoma muy clásico, muy común, digamos, de lo que se puede llamar esa masculinidad frágil. Esta idea de que existe un cierto sector de hombres que se siente amenazado porque las mujeres están ocupando espacios de prestigio social o de protagonismo, como lo es el fútbol profesional, en áreas que se consideraban muy masculinas, ¿no?”, sostuvo.

Sancionar el discurso misógino y la responsabilidad institucional

Vargas consideró que los comentarios vertidos en el pódcast no pueden minimizarse ni tratarse como travesuras.

Señaló que quienes los emiten son generadores de opinión con alcance masivo, conscientes de la influencia que ejercen sobre adolescentes varones y otros públicos.

Por ello, exigió sanciones claras y efectivas tanto a nivel legal como institucional, y demanda que las autoridades y clubes dejen de lado los comunicados ambiguos.

“Para mí sí son, eh, acreedores a una sanción, eh, efectiva. Las mujeres o estas jo-jóvenas, digamos, deportistas, no tienen por qué aguantar esto como parte del deporte, digamos, ¿no? Sino yo creo que tanto el club, eh, en este caso el Cruz Azul como Juvenil, DMX, este, tienen la obligación de actuar y proceder Legal o penalmente, ¿no? No, no solo con un comunicado tibio, sino con acciones concretas y contundentes”, comentó.

Vargas propone que los “influencers” y generadores de este tipo de contenido sean vetados de las instalaciones del club.

Además, sugiere que se impulsen campañas de educación y reeducación dirigidas tanto a jugadores como a aficionados, con el objetivo de transformar las lógicas machistas que aún predominan en el entorno futbolístico.

“Denuncias penales por violencia digital, en este caso, que se les vete el acceso a estos, entre comillas, influencers, a sus instalaciones y también, pues campañas que contrarresten, ¿no? Campañas de educación o de reeducación para los jugadores, para las, para los fans, los fanáticos del fútbol, para que eventualmente puedan transitar hacia ser al, hacia ser aliados y no solo cómplices silenciosos, pues, ¿no?”, señaló.

Masculinidad frágil: raíz de la resistencia y la ridiculización

El activista explicó que la hostilidad contra las mujeres en el deporte surge de una psicología masculina ligada al poder, el control y la dominación.

Para muchos, la llegada de las mujeres al fútbol profesional se percibe como una afrenta personal, lo que motiva la ridiculización y la sexualización de las deportistas como mecanismo de defensa.

Esta reacción, advirtió, está profundamente enraizada en la socialización de género y no es exclusiva del ámbito deportivo.

“Su autoestima con ma-masculina está como muy atada a las nociones de dominación, de control, de dominio, de poder y no soportan ver que una mujer, eh, esté cumpliendo con ese tipo de roles. Por, por eso necesitan rebajarla a, a roles de objeto sexual o de ama de casa, por ejemplo, ¿no?”, señaló.

Recalcó que este fenómeno se reproduce y amplifica cuando figuras públicas, lejos de cuestionarse, legitiman los modelos tradicionales de masculinidad y enseñan a los jóvenes que ser hombre implica despreciar y ridiculizar a las mujeres.

“Sus discursos no solo reflejan una mentalidad, pues retrógrada, sino que también amplifican y, y legitiman, eh, ante su audiencia, eh, sobre todo es-- adolescentes varones, estas lógicas de modelo de masculinidad tradicional, hegemónica o machista. Y entonces, pues bueno, a raíz de todo esto, están enseñando a estas nuevas generaciones que ser hombre implica, entre otras cosas, ridiculizar y despreciar a las mujeres.”

La banalización de la misoginia y el impacto en redes sociales

Vargas alertó sobre el peligro de disfrazar la misoginia como humor o simple chiste, ya que esta estrategia oculta el daño real que provocan los mensajes machistas.

La legitimación de estos discursos a través de plataformas digitales y pódcast multiplica su alcance y normaliza la violencia simbólica en la vida cotidiana.

“Creo que lo complejo es que este mensaje tiene consecuencias y que esto afecta. Y que hay una responsabilidad en quienes tienen el uso de un micrófono, ¿no?... cuando transgrede ciertas lógicas, pues afrontar también las consecuencias”.

El activista señaló que no basta con afirmar que solo “tres personas” escuchan estos programas, ya que nunca se sabe el verdadero alcance y el eco que pueden tener entre quienes buscan justificar actitudes discriminatorias.

“Ellos dicen como de: ‘Pero ni al caso, si a mí me ven como tres personas’. Y es como de: sí, pero pues nunca sabes quién te va a ver, ¿no?... siguen dando estas opiniones sin, sin creer en lo que realmente afecta.”

El pacto patriarcal y las justificaciones económicas

El discurso que intenta excusar la discriminación bajo argumentos de falta de consumo, menor audiencia o escaso patrocinio para el fútbol femenil, es, según Vargas, una trampa discursiva vinculada al pacto patriarcal.

Esta narrativa, que se propaga incluso entre jóvenes influencers, refuerza la idea de que el espacio deportivo es propiedad de los hombres y cualquier avance femenino es visto como una amenaza.

“Yo creo que históricamente a los hombres se nos ha enseñado que ser hombre es no ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí cualquier logro de las, de, de las mujeres en un, en el terreno masculino se vive como una afrenta personal. Y estas personas, estos jóvenes influencers, pues reproducen el mandato de que la hombría se demuestra humillando a lo femenino.”

Vargas insiste en que la verdadera masculinidad no se construye sobre la humillación de las mujeres, sino en el reconocimiento y celebración de su talento. Invita a los hombres a asumir una postura activa contra la misoginia, no solo absteniéndose de comentarios ofensivos, sino confrontando a quienes los propagan.

“Ser un hombre seguro de sí mismo, pues no, no requiere rebajar a nadie, ¿no? Al contrario, la verdadera masculinidad saludable o empática o positiva es aquella que celebra el talento ajeno, el talento de las mujeres, sin sentirse disminuido.”

Educación de género y la complicidad silenciosa

El problema, señala Vargas, no se soluciona solo en el ámbito doméstico. Aunque el ejemplo en casa es fundamental, los niños y jóvenes absorben modelos de conducta en la escuela, el trabajo y los medios de comunicación. Por ello, aboga por campañas educativas constantes y diversas que alcancen a toda la sociedad.

“Yo, yo, yo no me quedaría solamente también con lo que se puede hacer en la casa, que es importante... porque un papá que modela este tipo de actitudes, pues está dejando semillas de machismo en sus hijos, ¿no?... Pero luego también si encuentran... lo contrario en la escuela o en el ámbito público o con sus cares, pues también estos educan de alguna forma, ¿no? Entonces, las campañas y las acciones deben ser constantes y, y diversas también, pues, ¿no?”

Vargas hace hincapié en que el silencio de los hombres que se consideran “buenos” o “progresistas” fortalece la impunidad de quienes ejercen violencia. Sostiene que la complicidad pasiva es uno de los principales obstáculos para el cambio.

“El silencio de los hombres buenos, entre comillas, es el mejor aliado de esos hombres violentos, ¿no? Ese hombre que dice: ‘No, pues yo, yo no me meto’, pero, pero tampoco le pones un límite a nadie, ¿no?”

Crítica a la impunidad y a la respuesta institucional

Respecto al marco legal, Vargas reconoció que México cuenta con leyes suficientes para sancionar estas conductas, pero el problema, afirma, está en la falta de aplicación efectiva.

Denunció que las instituciones frecuentemente detienen los procesos de denuncia y que la impunidad se convierte en un obstáculo para la justicia.

“Yo creo que somos un país con un, un muy buen andamiaje legal o, o en el marco legal para proteger y procurar justicia, eh, en esta materia. El tema es que no siempre se ejerce de, de forma expedita ni adecuada... luego no ocurre de forma ni pronta ni, ni efectiva, ¿no? Entonces, por eso te hablaba hace rato de, de que hay en muchos varones indolencia, pero también impunidad.”

El activista sostuvo que, aunque la sanción es necesaria en casos graves, la vía más efectiva para erradicar la misoginia sigue siendo la educación, la sensibilización y la intervención proactiva.

“Yo soy de las personas que opta más que por la sanción, por mecanismos de educación, de reeducación, de sensibilización, de información, etcétera.

“Porque si podemos llegar a más hombres, con quienes podamos tocar fibras sensibles, pues a lo mejor por ahí está una veta de cambio más efectiva a que te sancionen por ser un hijo sano del patriarcado, como decimos, ¿no?”

La violencia simbólica en el fútbol: disciplinamiento y amenazas veladas

Vargas indicó que las burlas y ataques hacia las jugadoras no son solo expresiones de libertad de opinión, sino formas de disciplinamiento social que buscan desalentar su presencia y éxito en el fútbol.

Estas amenazas implícitas, afirmó, pretenden devolver a las mujeres a los roles tradicionales y reforzar la idea de que el fútbol es un “refugio” masculino, un “man cave” exclusivo.

“Yo creo que este tipo de expresiones que, que manifestaron, pues son amenazas encubiertas y una forma de disciplinamiento social dirigido a ellas, ¿no? Lo que ellos colocan está, está diciendo en el fondo que ustedes como mujeres transgreden un espacio que, que consideramos nuestro, el fútbol.”

Para Vargas, reducir a las mujeres a objetos sexuales o ridiculizarlas por errores en el campo es un acto de violencia simbólica que debe ser combatido, pues sus efectos trascienden la esfera deportiva y contribuyen a la crisis de violencia de género en el país.

“Lo que hacen es humillarlas y reducirlas a su valor, eh, sexual, pero de una forma estigmatizada, ¿no? Y eso, pues para mí no es libertad de expresión, sino más bien un llamado a la violencia que en un país como en-- como México, donde el feminicidio es, pues ya es una crisis, pues también tiene consecuencias reales.”

“Cada partido que juegan es un gol contra el machismo”

El activista insistió en que la igualdad sustantiva implica el acceso pleno de mujeres y hombres a los mismos derechos y oportunidades.

Hizo un llamado a que las jugadoras y niñas a no dejarse desalentar por los discursos violentos y a seguir ocupando los espacios deportivos, pues cada partido jugado representa una victoria simbólica contra el machismo.

“Esa, esa igualdad que, que digamos, nos-- que implica en un país democrático que todas, todos, todes podamos vivir nuestros derechos, ejercerlos, pero también acceder a todo tipo de oportunidades sin menoscabo de nada.

“Entonces, yo sí diría a las jóvenes jugadoras de cualquier disciplina, a las niñas que sueñan con ser futbolistas o atletas en cualquier orden, que no permitan que estos discursos las desalienten, ¿no?, ni las silencien.”

El deporte como espacio de transformación social

Por último, Vargas subrayó el potencial del deporte como agente de cambio, siempre que se incorporen valores de igualdad, empatía y diversidad.

Adviertió que la cultura de la competencia a toda costa y la exclusión de las mujeres perpetúan dinámicas regresivas, pero que una transformación en la educación y los valores puede convertir al fútbol en un campo de inclusión genuina.

“El deporte creo que puede ser un, un factor de cambio muy importante si logramos colocar valores genuinos de, de igualdad, de empo-- de empatía, de diversidad, etcétera, ¿no?”, concluyó.

El Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que el cambio de sexo no sirve para eludir el agravante de género tras una sentencia por la violencia. No obstante, la ley trans ya especifica que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género.

El Tribunal ha desestimado el recurso presentado por un hombre condenado por violencia de género, que argumentó que su reciente cambio registral de sexo invalidaba la condena. La sentencia, que se ha hecho pública este martes, marca un precedente sobre el alcance de los cambios de sexo en el Registro Civil en causas penales.

La causa se originó después de que D.R. (hombre) y M.J.E. (mujer) fueran condenados en junio de 2022 por el Juzgado de lo Penal N° 3 de Castellón. El fallo consideró probado que el 20 de abril de 2022, tras una situación de tensión en el domicilio de la ex pareja de D.R., ambos agredieron a la mujer y a la hija menor de ocho años de la expareja.

D.R. fue sentenciado a nueve meses y un día de prisión por violencia de género, además de otras sanciones como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y su hija por un año y un día. También se le impuso la privación del derecho a portar armas por dos años y la responsabilidad civil de pagar 350 euros a la expareja y 180 euros por las lesiones a la hija. Por su parte, M.J.E. fue condenada a un mes y quince días de multa por un delito leve de lesiones.

La Audiencia Provincial de Castellón confirmó la sentencia en junio de 2023 y impuso además el pago del 50% de las costas procesales a cada uno de los condenados, pero ambos acusados recurrieron ante el Tribunal Supremo.

Sus defensas alegaron que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, planteando cuestiones constitucionales para intentar revertir la condena. Pero, además, el hombre, que después de la condena tramitó y obtuvo el 1 de junio de 2023 el cambio registral de sexo ante el Registro Civil de Castellón, argumentó que ya no podía ser considerado autor de violencia de género, por tratarse actualmente de una mujer.

El cambio no es retroactivo

El Tribunal Supremo ha rechazado todos los argumentos. “No puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por delito correspondiente a la violencia de género, en los dos casos siguientes: a) Cuando los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, a tenor de sus datos registrales, en el momento de los hechos, pues el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. b) Cuando el cambio de sexo sea una operación registral civil previa al delito, llevada a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley”, recuerda en la sentencia.

Esto significa que la justicia mantiene la condena original, al considerar el género según figuraba en el registro civil en el momento de los hechos juzgados, sin admitir que una modificación posterior pueda afectar la calificación penal de lo ocurrido, ni en este caso, ni en ningún otro.

Aunque el Gobierno ha cifrado en 1.342 los menores no acompañados registrados hasta ahora en el sistema de acogida en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, las organizaciones sociales advierten que aún hay muchos más niños, niñas y adolescentes escondidos en zonas boscosas o en otros puntos de la ciudad autónoma, sin acceso a un lugar seguro ni a los recursos de protección que necesitan. Esa falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, asegura Save the Children, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, por lo que la organización reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

“En una crisis de estas dimensiones, las niñas y adolescentes pueden quedar especialmente invisibilizadas. No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata”, indica Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España, que destaca que las entidades que trabajan sobre el terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle “están alertando de la enorme situación de vulnerabilidad en la que se encuentran” estas menores.

Este viernes, de hecho, la Delegación del Gobierno confirmó que se han recibido casos de violaciones a menores marroquíes, hechos que ya investiga la Unidad de Atención a Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Organización vecinal al límite

En barrios ceutíes como Sidi Embarek, la urgencia ha llevado a los vecinos a tomar la iniciativa y buscar soluciones frente a la ausencia de recursos oficiales. Liderados por Abdellah Mustafa, presidente vecinal, la comunidad ha convertido un campo de fútbol sala en refugio improvisado para mujeres y niñas migrantes, en un intento por evitar que sigan pasando las noches en el monte. La situación, lejos de estabilizarse, se agrava cada día, según ha relatado Mustafa en declaraciones a El Faro de Ceuta, y ya son más de 300 personas las que acoge este espacio pensado como medida de emergencia, entre ellas también jóvenes y niños. La realidad que describe el presidente de la barriada es estremecedora, ya que asegura que muchas de las recién llegadas llegan en shock tras haber sufrido agresiones sexuales.

“Hay niñas que vienen violadas. He mandado a una chica con dos abogadas para denunciar que la habían violado en el monte”, ha señalado Mustafa a El Faro de Ceuta, al tiempo que explica que muchas no denuncian por el estado psicológico en el que llegan.

Además, según este medio local, la ayuda vecinal también empieza a mostrar señales de agotamiento después de llevar días donando mantas, comprando alimentos con sus propios recursos y organizando turnos de vigilancia para proteger a las mujeres durante la noche y el día, por lo que cada jornada resulta más difícil sostener la atención y garantizar la seguridad de quienes buscan resguardo, ante la magnitud de la emergencia y la falta de apoyo externo.

Atención especializada y apoyo psicosocial

Por ello, desde Save the Children insisten en que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de manera activa y urgente, incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección, y que todas sean derivadas a espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

A comienzos de la semana, la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, envió una carta a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, en la que ya alertaba sobre el “riesgo extremo” que enfrentan las mujeres migrantes ante posibles agresiones físicas, sexuales o situaciones de trata.

En el documento, el Gobierno central pidió al Ejecutivo ceutí que empleara los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para responder a la emergencia, y manifestó su disposición a colaborar de forma coordinada. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad mantiene contacto con el Instituto de las Mujeres de Ceuta, la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género, con el objetivo de buscar soluciones tras la llegada de este flujo migratorio.

Por el momento, esta crisis ha dejado al menos 141 fallecidos, según las estimaciones de la ONG Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.

Un hombre de 54 años ha sido detenido y puesto a disposición judicial por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia de género tras retener a su mujer en su casa en Vélez-Málaga (Málaga) y amenazar con quemar la vivienda. Aunque los hijos de la pareja consiguieron liberar a su madre, el hombre huyó del domicilio y fue localizado poco después.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del jueves, en la localidad malagueña de Almayate, cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso de que un hombre, en aparente estado de agitación, había rociado la vivienda con gasolina y amenazaba con prenderle fuego. Los testigos alertaron además de que su mujer se encontraba en el interior y que no le permitía salir.

Según fuentes cercanas a las que tuvo acceso el diario Sur, el individuo habría cerrado con llave las puertas del domicilio y atrancado las cerraduras para impedir que la mujer pudiera escapar. Cuando los dos hijos de la pareja llegaron a la vivienda, se encontraron con los accesos bloqueados y no pudieron entrar.

A pesar de las amenazas de su padre para que se marcharan, los jóvenes consiguieron forzar y romper una de las puertas del inmueble. De este modo, lograron entrar en la vivienda y liberar a su madre.

La Policía desplegó un dispositivo para localizar al sospechoso

Cuando llegaron las primeras dotaciones de la Policía Nacional, los agentes comprobaron que el sospechoso había huido del domicilio. Además, en el interior de la vivienda hallaron varios elementos impregnados de gasolina, entre ellos mantas y otros textiles, además de una caja de cerillas.

Ante la posibilidad de que el sospechoso permaneciera escondido en las inmediaciones, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona. Hasta el lugar fueron requeridos también los bomberos y más unidades policiales, mientras se acordonaba el área.

Finalmente, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) localizaron al hombre escondido en la buhardilla de una vivienda contigua. El individuo, de nacionalidad española y 54 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género. Además, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Vélez-Málaga este viernes. Por el momento, se desconoce la resolución judicial.

Según ha podido saber Diario Sur, la mujer llevaría años soportando un supuesto historial de maltrato continuado por parte del investigado. Además, la Policía Nacional ha señalado que el suceso no dejó daños personales.

36 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año

Los dos últimos crímenes machistas confirmados en Llanes (Asturias) y Murcia, junto al caso de Benahavís (Málaga), han elevado a 36 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026. Se trata del peor dato a estas alturas del año desde 2019, cuando el 7 de agosto ya se habían registrado 42 víctimas. En total, desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estas estadísticas, son 1.377 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que 26 menores han quedado huérfanos por esta violencia en lo que va de año.

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas y cualquier persona que conozca o sospeche de un caso pueden recurrir al 016, que ofrece información y asesoramiento jurídico, así como al correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el chat online. Estos servicios funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes que el caso de una mujer asesinada en Benahavís (Málaga), encontrada en el interior de su vivienda el pasado 21 de julio, es un presunto feminicidio, lo que eleva la cifra de víctimas mortales de violencia de género a 36 en lo que va de año.

En un primer momento, se había descartado la naturaleza machista de este crimen. Sin embargo, a medida que la Guardia Civil ha avanzando en las investigaciones, se ha constatado que la víctima y el presunto agresor fueron pareja y que ahora compartían piso. La mujer, de 45 años y origen húngaro, no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

Según ha recogido EFE en base a fuentes de la Guardia Civil, el presunto asesino se encuentra en prisión desde el 3 de agosto y habría confesado el crimen en un diario que escribió durante los días en los que permaneció huido.

Una vecina del inmueble en el que se produjeron los hechos, alertó al teléfono 112 de que estaba escuchando gritos de la mujer pidiendo auxilio. Tras esta llamada, según su testimonio, observó a un hombre saliendo del domicilio, al que grabó en vídeo con su teléfono móvil.

El sospechoso del asesinato de la mujer huyó en un vehículo que abandonó en Marbella y todo parecía indicar que estaba oculto en una zona de monte de Istán, en la provincia de Málaga. Allí se desplegó un operativo y fue localizado el 31 de julio, escondido junto a un bancal.

El hombre tuvo que ser auxiliado después de hacerse un corte en el cuello con un cúter al verse cercado por la Guardia Civil. Los servicios sanitarios lo trasladaron inconsciente al centro de salud de Istán y, de allí, al Hospital Costa del Sol de Marbella. Al día siguiente fue dado de alta y detenido.

Tal y como han señalado ahora que ha avanzado la investigación, la víctima y el presunto autor de su asesinato habían mantenido una relación sentimental entre los años 2018 y 2020. Tras varios años en el extranjero, retomaron el contacto y actualmente eran compañeros de piso.

El peor dato desde 2019

Con la confirmación de la naturaleza machista de este crimen, se elevan a 36 el número de mujeres víctimas de violencia de género, después de que ayer el Ministerio de Igualdad condenase también los presuntos asesinatos producidos en Llanes (Asturias) y en Murcia.

Esta es la peor cifra desde 2019 en lo que va de año: a 7 de agosto, en 2021 (49 en total en ese año) y 2023 (58 en total en ese año) se habían producido ya 35 crímenes machistas; en 2019 (56 en total de ese año), en estas fechas, ya eran 42 el número de mujeres víctimas de violencia de género.

Recursos para las víctimas

*El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE

La violencia machista sigue sin dar tregua en España, con un verano especialmente trágico. Entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres y solo en lo que llevamos de agosto se han registrado otros dos feminicidios en Asturias y Murcia, ambos el pasado día 5 con escasas horas de diferencia, lo que eleva a 35 el total de víctimas mortales en lo que va de año y a 1.376 desde 2003, año en que se comenzaron a recopilar estos casos.

Además, el Ministerio del Interior ha comunicado que hasta el 31 de julio de 2026 tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 104.666 casos activos de violencia de género. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo. Según esos mismos datos, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo.

Por comunidades autónomas, tanto en los feminicidios como en los casos activos de violencia machista registrados en España en lo que va de año, Andalucía es la comunidad autónoma con peores datos. Nueve mujeres, lo que representa el 27% del total nacional, han sido asesinadas en esta región, que también suma 27.885 casos activos de violencia de género, según los datos oficiales.

Miedo a denunciar o sentirse desprotegidas

Por todo ello, para especialistas en violencia de género como la socióloga Carmen Repullo y la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja resulta especialmente preocupante la decisión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla de transferir a Vox la gestión de la valoración de víctimas de violencia machista, en virtud de sus nuevas competencias en Justicia, ya que el partido de Santiago Abascal niega la existencia de este tipo de violencia.

“En este tipo de decisiones se aprecia la preocupación que tiene el Gobierno de Andalucía por las víctimas de la violencia de género. Y una de las cuestiones más alarmantes, no solo por los datos de Andalucía, que efectivamente es la región con más feminicidios, es el hecho de que las mujeres vean en este cambio que no tienen cubiertos sus derechos. Es decir, que tengan miedo a denunciar, que sientan que el sistema de valoración de la violencia de género en Andalucía no las protege ni a ellas ni a sus hijos o que puedan pensar que ese recurso no es valioso”, explica Repullo, profesora en la Universidad de Granada, en conversación con Infobae. “¿Cómo va a proteger a las víctimas un partido que cuestiona la violencia de género, cuando no reconoce el problema en su origen?”, se pregunta la experta.

Repullo considera que la violencia debe identificarse por su naturaleza específica y, en el caso de la de género, asignarle ese carácter resulta fundamental. La socióloga advierte que Vox pretende eliminar esa distinción, lo que implicaría tratar todas las formas de violencia de igual manera.

“La violencia de género requiere especialistas, estrategias de protección y una coordinación adecuada entre distintas unidades. Lo que quieren es volver a la anécdota y que esta violencia no sea considerada como un problema social y estructural, cuando a los problemas estructurales no se les pueden dar respuestas puntuales”, sostiene la docente.

La importancia de evaluar el riesgo

En esa misma línea se expresa Zorrilla Pantoja, que destaca la importancia de “desterrar la idea de que la violencia de género es un conflicto de pareja o de relación”, porque se trata de una violencia que tiene unas características propias, que se produce “en un contexto de desigualdad, de control y de dominación, lo cual requiere una mirada más integral y una mirada especializada, que permita identificar las verdaderas causas de la violencia y visibilizar dinámicas que no siempre son visibles”.

Para la especialista reducir la violencia de género a un conflicto familiar o interpersonal implica perder la perspectiva de género necesaria para abordarla de manera adecuada. “Sin un enfoque especializado, se dificulta la comprensión de las características específicas de este tipo de violencia y la correcta evaluación del riesgo, lo que puede derivar en respuestas ineficaces y mayor riesgo de revictimización.

“Si dejamos de entender la violencia de género como lo que es, que es una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que la causa está en el machismo y en el sistema patriarcal, y pasamos a tratarla como un conflicto familiar o como cualquier tipo de violencia interpersonal más, perdemos el enfoque necesario para poder combatirla”, indica la psicóloga especializada en violencia de género, victimología y psicología forense.

También explica que una de las funciones más importantes de los servicios especializados de violencia de género es evaluar el riesgo de las víctimas y, dependiendo de ello, se aplican unas medidas determinadas de seguridad. “Las víctimas suelen presentar relatos fragmentados, porque el trauma genera bloqueos, y además hay muchos mitos de cómo son las mujeres que sufren violencia de género, por eso se requiere profesionales capacitados. Sin un enfoque especializado, puede haber una revictimización y generar un daño secundario no solo a las mujeres, sino también a los hijos e hijas que se quedan en una situación de desprotección, porque la violencia que se ejerce contra sus madres impacta negativamente en su desarrollo”, añade.

Si Vox en Andalucía asume estas competencias y elimina los programas basados en la evidencia o reduce la violencia machista a casos individuales, advierte la especialista, “disminuirá la prevención y favorecerá la cronificación del problema”. “La concentración de programas y colectivos en menos equipos genera sobrecarga y provoca más bajas, rotación de profesionales, menor continuidad asistencial y menos seguimiento de casos”, resume Zorrilla Pantoja.

Igualdad exige una reunión con Moreno Bonilla

La decisión de la Junta de Andalucía ha hecho que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exija una reunión urgente al presidente andaluz, al considerar que “transmite falta de compromiso a las víctimas”, al tiempo que ha advertido que trasladar esas competencias a quienes niegan la violencia de género puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) también lo han censurado. Mientras la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que “cuando PP y Vox pactan, siempre perjudican a las mujeres”, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que Moreno Bonilla “vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres”. “El PP no solo no pone límites a la extrema derecha, sino que hace propia su agenda”, ha añadido Maíllo, que también es coordinador federal de IU.

En esa misma línea se ha expresado el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, que ha asegurado que estarán “vigilantes” para “no permitir ningún retroceso de derechos”.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado los últimos feminicidios de dos mujeres registrados en Llanes (Asturias) y Murcia el pasado 5 de agosto, con apenas unas horas de diferencia. La víctima de Asturias, de 50 años y madre de dos hijas menores de edad, ha sido asesinada por su expareja, un hombre de 49 años sobre quien ya pesaban denuncias previas por violencia de género. La mujer asesinada en Murcia, también a manos de su expareja y con denuncias previas contra su agresor, tenía 44 años y una hija menor de edad.

Tras la confirmación de estos dos crímenes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España se eleva a 35 en lo que va de 2026, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos. Por otro lado, los menores huérfanos por esta causa alcanza los 26 en 2026 y los 536 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han transmitido su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante estos nuevos feminicidios machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que solicita una reunión urgente y una rectificación tras la decisión del Ejecutivo andaluz de transferir a Vox competencias relacionadas con la atención a las víctimas de violencia de género. El partido liderado por Santiago Abascal sigue negando la violencia machista pese a los 1.376 feminicidios registrados en España desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. Además, en lo que llevamos de año, 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas.

En el escrito, remitido este jueves, Redondo expone la “profunda preocupación” del Ministerio de Igualdad ante una medida que, según indica, marca un punto de inflexión en el compromiso que Andalucía ha mostrado durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra subraya que esta decisión supone “un cuestionamiento del consenso alcanzado en torno a la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos”.

La carta, que también ha sido dirigida a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, pone en duda la conveniencia de delegar estas políticas en una formación que ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de la violencia de género.

Qué puede suponer el cambio

Redondo advierte que este cambio transmite un mensaje de falta de compromiso institucional y podría afectar la gestión de los fondos vinculados al Pacto de Estado, recursos destinados a garantizar la prevención, la atención integral y la protección de las mujeres y sus hijos.

La ministra insta al Ejecutivo de Moreno Bonilla a reconsiderar la medida y a mantener la coherencia institucional que, recalca, ha caracterizado a la comunidad en materia de igualdad y protección de las víctimas. “Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en ciudadanas de segunda ni ver debilitadas las políticas públicas orientadas a garantizar su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, especialmente en un contexto de alta incidencia de la violencia de género en la región”, señala en la misiva.

Más de 100.000 casos activos de violencia de género

Este mismo jueves el Ministerio del Interior ha informado que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, en España se han registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

Andalucía lidera la lista

En ese sentido, Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

El Ministerio del Interior ha registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén entre el 1 de enero y el 31 de julio. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

La estadística revela que existen 13.464 casos “de especial relevancia”, en los que se identifican combinaciones de indicadores que elevan considerablemente el riesgo de que la víctima sufra violencia grave o letal por parte del agresor.

Andalucía es la región con más casos

Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

35 feminicidios en lo que va de año

Por otro lado, según la estadística de violencia de género recogida por el Ministerio de Igualdad, en lo que va de año 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos.

Los últimos feminicidios han ocurrido este miércoles, con escasas horas de diferencia, en Llanes (Asturias) y Murcia. Además, entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

En la madrugada de este jueves, la Guardia Civil ha detenido en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a su expareja, una mujer de 44 años, a puñaladas en un centro comercial de Murcia, según ha informado EFE en base a fuentes policiales.

La magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había ordenado su búsqueda y detención después de que el presunto asesino hubiese huido del lugar de los hechos.

Según adelantó ayer el medio regional La Opinión de Murcia, los hechos se produjeron en un taller de zapatería ubicado en el centro comercial Carrefour Infante. El cuerpo de la víctima fue hallado poco después de las 17.25 horas en la trastienda del establecimiento, después de que uno de los trabajadores alertase al vigilante de seguridad de que había recibido un mensaje del sospechoso advirtiéndose de que no se acercara allí porque había matado a su mujer y el cadáver se encontraba en el interior.

Tras el hallazgo de la víctima, se dio aviso a los servicios de emergencia, por lo que agentes de la Policía Nacional y sanitarios del O61 se desplazaron hasta el lugar. Pese a ello, los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

El detenido había sido condenado por malos tratos

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el detenido, de 38 años y nacionalidad española, está acusado de los delitos de “homicidio y quebrantamiento de condena”, ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, así como comunicarse con la víctima.

La expareja tenía una hija de cinco años cuya tutela ha sido atribuida provisionalmente “a la institución pública competente” del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen “las medidas de protección que procedan”, según ha señalado la magistrada.

Este crimen se produjo apenas unas horas después del asesinato de una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias), presuntamente a manos de su expareja, también miembro del Instituto Armado. El presunto agresor abrió fuego contra la mujer cuando esta se encontraba de servicio y murió posteriormente tras resultar herido por los disparos efectuados por otros agentes al intentar impedir su huida.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando información para confirmar oficialmente si el crimen de Murcia y el ocurrido horas antes en Llanes (Asturias) constituyen nuevos casos de violencia machista. De ratificarse ambos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 35 en lo que va de 2026 y a 1.376 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

La tranquilidad de la colonia Bethania, en San Miguel Centro, se vio alterada la noche del martes, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en la casa de su excompañera de vida y la atacó con un cuchillo, dejando a dos mujeres con lesiones graves.

El hecho fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes acudieron tras recibir una alerta de emergencia de los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, llegó a la vivienda impulsado por presuntos “celos”.

Según el reporte de la PNC, el hombre agredió primero a su expareja, provocándole heridas profundas. Al intentar intervenir, la madre de la víctima también resultó atacada y sufrió lesiones de consideración. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde permanecen bajo observación médica.

Fuentes policiales informaron que, tras recibir el reporte, un equipo de inteligencia de la PNC desplegó un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso en la colonia Ciudad Toledo, dentro del mismo municipio.

La PNC confirmó que Granados Masferrer será remitido a las autoridades por el delito de intento de homicidio. A través de un comunicado la institución afirmó: “Hacemos un llamado al respeto a la vida y advertimos que quienes cometan este tipo de hechos enfrentarán las consecuencias legales que establece la ley”.

Las investigaciones continúan para determinar si existían antecedentes de violencia entre las partes y para esclarecer los motivos que llevaron al ataque.

El caso se suma a una tendencia preocupante de agresiones contra mujeres en El Salvador. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de (Ormusa), entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador, igualando la cifra registrada durante todo el mismo periodo de 2025, aunque el ciclo de monitoreo de 2026 aún no concluye.

Este registro muestra que la violencia feminicida continúa afectando a mujeres en diferentes etapas de la vida y constituye una grave violación de derechos humanos.

De estos, más de la mitad corresponden a agresiones cometidas por personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas. Las cifras reflejan que la mayoría de los casos se registran en áreas urbanas, aunque también se reportan incidentes en zonas rurales, lo que evidencia la extensión del problema.

Las estadísticas recopiladas por ORMUSA señalan que, en promedio, cada día se reportan al menos 15 incidentes de violencia contra mujeres en el territorio salvadoreño.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier forma de agresión y han puesto a disposición líneas de atención para quienes requieran apoyo.

El caso de la colonia Bethania ha generado indignación entre organizaciones sociales y defensores de los derechos de las mujeres, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención. La PNC manifestó que continuará realizando patrullajes y labores de inteligencia en la zona para prevenir nuevos hechos similares.

Las investigaciones, según lo informado por las autoridades policiales, buscan establecer con claridad la secuencia de los hechos y determinar el nivel de responsabilidad de Granados Masferrer en el ataque.

El feminicidio de Zulema de la Luz González Cisneros ha provocado indignación en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, donde familiares, amigos y habitantes exigieron la captura inmediata del presunto responsable del crimen, al asegurar que “está identificado” y que las autoridades cuentan con elementos para proceder en su contra.

La joven fue localizada sin vida el sábado 1 de agosto, apenas 24 horas después de haber sido reportada como desaparecida, hecho que conmocionó a la comunidad y reavivó las exigencias para que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género y sin impunidad.

Desde el momento en que fue confirmada la muerte de Zulema, familiares y personas cercanas comenzaron una campaña en redes sociales para exigir justicia. Con mensajes acompañados de frases como “Justicia y paz para Zulema”, “Ni una más” y “Nos falta Zulema”, pidieron que el caso sea esclarecido cuanto antes y que el responsable enfrente a la justicia.

Autoridades coordinan operativo para detener al presunto responsable

El Ayuntamiento de Playa Vicente informó que mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz para lograr la localización y detención del presunto autor material del feminicidio.

De acuerdo con las autoridades municipales, existe un trabajo conjunto con las instancias estatales para impedir que el crimen quede sin castigo.

En un posicionamiento difundido tras el hallazgo del cuerpo de la joven, el gobierno municipal aseguró que las corporaciones involucradas mantienen acciones encaminadas a capturar al presunto responsable y reiteró que existe “total coordinación para lograr que este presunto feminicidio no quede impune”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad del sospechoso ni sobre posibles órdenes de aprehensión, aunque la familia sostiene que el presunto agresor ya fue identificado.

El dolor de una comunidad y el llamado a la justicia

Durante el recibimiento de los restos de Zulema de la Luz González Cisneros, familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan tras el crimen y publicaron un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

“Recibimos el cuerpo de Zulema de la Luz González Cisneros, rodeados de un silencio que quema, de lágrimas sinceras y de un dolor que traspasa a todo Playa Vicente”, escribieron.

En el mismo mensaje lamentaron que la joven regresara con su familia “no como debió haber sido”, sino como víctima de una violencia que calificaron como cobarde y que dejó una herida profunda entre sus seres queridos y la comunidad.

Los familiares insistieron en que la investigación debe avanzar con rapidez para evitar que el caso quede impune y solicitaron que el responsable sea detenido y llevado ante un juez.

“Exigimos que el responsable pague por lo que hizo. Que este momento tan doloroso sea también el recordatorio de que la justicia para Zulema es una deuda que las autoridades deben saldar de inmediato”, señalaron.

El caso ha generado una amplia reacción entre colectivos, ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes han manifestado solidaridad con la familia y reiterado el llamado para reforzar las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el feminicidio y localizar al presunto responsable, en tanto familiares y habitantes de Playa Vicente sostienen su exigencia de justicia y de que el asesinato de Zulema de la Luz no se convierta en otro caso sin resolver.

La violencia contra las mujeres volvió a encender las alertas en Veracruz luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos asesinatos y la privación ilegal de la libertad de otra mujer en distintos puntos de la entidad. Los casos ocurrieron apenas 17 meses después de que el gobierno estatal presentara el programa “Veracruzana Protegida”, una estrategia anunciada para garantizar seguridad, protección y atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo en los municipios de Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras organizaciones y especialistas advierten que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el estado.

La primera víctima fue Zulema de la Luz González, quien había sido reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado sin vida en un predio del municipio de Playa Vicente el sábado, apenas un día después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Otra mujer asesinada y una maestra desaparecida

Horas después del hallazgo de Zulema, la violencia volvió a hacerse presente.

La mañana del domingo 2 de agosto fue asesinada Ana Libia Gutiérrez Reyes, cuyo cuerpo quedó sobre la carretera que comunica las comunidades de San Martín y Morelos, en la zona limítrofe de los municipios de Acayucan y Soteapan, al sur de Veracruz.

Al igual que en el primer caso, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Ese mismo domingo también se reportó la privación ilegal de la libertad de una mujer identificada como la maestra Elena, quien presuntamente fue interceptada por un grupo de personas cuando se encontraba en la terminal de autobuses del municipio de Gutiérrez Zamora.

Hasta el cierre de los reportes oficiales, no se había informado sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

La coincidencia temporal de estos tres hechos violentos volvió a generar preocupación entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que desde hace años han advertido sobre el incremento de desapariciones y muertes violentas en la entidad.

Las cifras mantienen encendida la alerta

Los recientes casos ocurren en un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres en Veracruz.

De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, entre enero y julio de este año se documentaron 30 presuntos feminicidios, además de 22 homicidios dolosos de mujeres, cifras que reflejan la persistencia de la violencia letal en la entidad.

El informe también reporta 216 desapariciones de mujeres durante ese mismo periodo, un promedio superior a una desaparición diaria, lo que convierte este delito en uno de los principales focos de preocupación para organizaciones civiles y familiares de víctimas.

A estos registros se suman 142 agresiones contra mujeres documentadas en distintos municipios del estado durante los primeros siete meses del año.

Asimismo, el observatorio contabilizó 52 muertes violentas de mujeres, considerando tanto feminicidios como homicidios, durante el primer semestre de 2026.

Programa bajo escrutinio

Los nuevos hechos de violencia ocurren a 17 meses de la presentación del programa “Veracruzana Protegida”, impulsado por el gobierno estatal con el objetivo de ofrecer mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata para mujeres en situación de riesgo.

Sin embargo, la persistencia de asesinatos, desapariciones y agresiones ha llevado a organizaciones civiles a cuestionar la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la violencia de género en Veracruz.

Mientras las investigaciones por los tres casos continúan, familiares de las víctimas y colectivos exigen resultados en las indagatorias, así como acciones que permitan reducir la incidencia de estos delitos y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad.

El pasado 26 de julio, la joven de 22 años Karla Valeria Jiménez Sánchez fue hallada sin vida dentro de su vivienda en San Sebastián Aparicio, en el estado de Puebla. De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, se trató de un suicidio, sin embargo, familiares exigen que el caso sea investigado como feminicidio debido a que la joven vivía violencia por parte de su pareja, identificado como Yeudiel.

Karla Valeria era madre de un niño de cuatro años y estudiaba la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario en Movimiento Por México, el cual lamentó los hechos.

El testimonio de Karo Sánchez, madre de Karla Valeria, revela el patrón de violencia previa e intimidación que vivía. A través de un video difundido por medios de comunicación durante el velorio de la joven, explicó que compañeros de trabajo notaron de forma reiterada que Karla Valeria llegaba al empleo con golpes visibles.

Relató que su hija intentaba ocultar moretones y marcas en el cuello con maquillaje y blusas de cuello alto. “Llegaba con marcas en el cuello de que la ahorcaba. Llegaba con golpes en su cara y se escondía con mucho maquillaje”, afirmó la madre en su testimonio.

De acuerdo con su madre, la joven admitió a una compañera que su esposo era cada vez más agresivo y que no lo dejaba por temor a represalias y por el bienestar de su hijo. “Él amenazó a mi hija y le dijo que no se metiera su papá, que no la defendiera porque él iba a matar a su papá”, denunció la madre, subrayando la situación de riesgo en la que vivía la víctima.

Entre los incidentes reportados, la madre mencionó un episodio en el que Karla Valeria explicó que no podía caminar porque su esposo “la tiró el de la moto”, quien participaba en el mismo grupo de motociclistas que presidía la joven.

“Ella era presidenta de un grupo de motociclistas. Ese grupo no aceptaba al esposo, pero tenían que aceptarlo por Valeria. Lo sobrellevaban y lo aguantaban por ella”, compartió.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo al testimonio de la madre de Karla Valeria, ingresaron al departamento y encontraron a la joven en condiciones críticas y ya sin signos vitales. “Con la desesperación, gritarle. Pero no, ya, ya había fallecido mi hija. Ya estaba morada, en malas condiciones que se veía mi hija”, narró la madre.

En ese momento, la familia encaró al esposo de Karla Valeria —quien la estaba abrazando cuando la familia ingresó a la vivienda— para exigirle respuestas sobre lo sucedido. “Le empezamos a decir que qué había hecho, que qué había pasado. Él dijo: ‘Yo no le hice nada, yo ni estuve acá. Ella estaba aquí solita’”, relató.

En su testimonio también relató que existen testigos que escucharon a la joven gritar antes de que ocurrieran los hechos, lo que significaría una prueba importante de que lo sucedido no fue un suicidio. “Salieron todos los vecinos y nos dijeron: ‘Los gritos de su hija eran de desesperación, gritaba, pedía auxilio. Eran unos gritos aterradores. Se escuchaba a todo alrededor de los edificios los gritos’”, afirmó la madre, enfatizando el ambiente de alarma que se vivió en la zona el día de los hechos.

Fueron 5 años de violencia los que vivió Karla, desde que se casó con Yeudiel, a quien, de acuerdo a los testimonios, ya había intentado denunciar anteriormente por violencia familiar, sin embargo, el proceso no continuó luego de que él le pidiera regresar, sin embargo, la violencia no cesó. Además, la familia también reportó que desde el día de los hechos, se desconoce el paradero de Adriel, el hijo de 4 años que Karla Valeria tenía con su esposo.

Los Mossos d’Esquadra han detenido esta madrugada, en torno a las 1.25 horas, a un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de una mujer de 34 años en el distrito de San Martí, en Barcelona. El suceso, que se investiga como un crimen machista, ocurrió en el interior de una vivienda del número 102 de la calle Andrade, delante de los dos hijos menores de la víctima, de origen brasileño.

El presunto agresor, pareja de la mujer fallecida, huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un amplio dispositivo policial con el objetivo de localizarlo. La búsqueda contó con el apoyo de la Guardia Urbana y el resto de policías locales del área metropolitana.

La detención se ha producido después de que el hombre se haya entregado en una comisaría de la policía de la Generalitat. El sospechoso, durante la fuga, incendió el vehículo en el que viajaba en la calle Palencia, a la altura de la calle Espronceda. Muy cerca de la vivienda, los agentes de los Mossos d’Esquadra —cuya División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima— han interrogado a varios testigos.

Los hechos ocurrieron frente a los dos hijos menores de la pareja

El presunto crimen machista se produjo por un apuñalamiento. El aviso llegó a los Mossos d’Esquadra a las 19.47 horas, que se desplazaron hasta la calle Andrade, al igual que una ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques. Sin embargo, la víctima estaba herida de gravedad, por lo que los sanitarios no han podido hacer nada para reanimarla.

Los hechos se habrían producido en presencia de los dos hijos de la pareja, uno de cuatro y otro de ocho años. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado técnicos de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona para asistir a varias personas afectadas por lo ocurrido.

De confirmarse como crimen machista, ya serían 32 mujeres las víctimas mortales de violencia de género en nuestro país en lo que va de año; 1.373 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse conjuntamente estos hechos.

Durante este verano, según los datos del Ministerio de Igualdad, se han analizado nueve casos en junio y julio, de los cuales solo en uno había denuncia previa. En siete de estos nueve casos, la víctima y el agresor eran convivientes; además, ocho mejores han quedado huérfanos. A estas cifras, el Ministerio añade que dos de los agresores de las mujeres asesinadas han terminado quitándose la vida y tres de ellos lo han intentado; cuatro de los casos estaban en fase de ruptura.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pusieron en marcha este viernes 25 de julio la interconexión entre la Línea 107 y la Línea 100, un mecanismo que permite derivar de forma inmediata a víctimas de violencia entre los sistemas de salud y protección social del Estado peruano, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

La alianza elimina una de las barreras históricas del sistema público: la fragmentación entre los canales de atención. Hasta ahora, una persona que llamaba a la Línea 107 de EsSalud por una emergencia de salud relacionada con un episodio de violencia debía contactar por separado a la Línea 100 del MIMP para acceder a protección social. Con la interoperabilidad, ambas plataformas quedan conectadas y el ciudadano recibe una respuesta unificada desde una sola llamada.

El proyecto fue diseñado por la Gerencia Central de Atención al Asegurado de EsSalud, a través de la Subgerencia de Atención al Asegurado en Otros Canales, en coordinación con el Programa Nacional Warmi Ñan del MIMP. Warmi Ñan es el programa que agrupa los servicios especializados del ministerio en materia de violencia: los Centros Emergencia Mujer y Familia (434 en todo el país), hogares de refugio temporal, servicios de atención rural, la propia Línea 100 y el Chat 100.

La magnitud del problema que este sistema busca abordar queda ilustrada por las cifras más recientes: la Línea 100 recibió más de 72.000 llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo en el primer semestre de 2026, según datos del MIMP. En el mismo período, Perú registró 67 feminicidios. Lima concentró más de 38.000 reportes, seguida por Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Un canal unificado para situaciones de riesgo

El mecanismo de derivación opera en tiempo real. Cuando un operador de la Línea 107 detecta un caso de violencia contra la mujer o una situación de vulnerabilidad social, activa de forma directa los protocolos del MIMP sin que la persona afectada deba colgar y marcar un nuevo número. La misma lógica funciona en sentido inverso: la Línea 100 puede derivar a EsSalud cuando la víctima requiere atención médica o psicológica especializada.

El sistema garantiza, además, atención en varias lenguas. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, subrayó ese aspecto al presentar el servicio: “Esta unión potencia la capacidad de respuesta que el Estado tiene frente a los ciudadanos y consolida nuestro deber de darles una atención especializada, integral y sin demoras. Para garantizar que nadie se quede atrás, el servicio se dará en diferentes lenguas, apoyándonos en profesionales con capacidades interculturales”. La Línea 100 ya opera en castellano, quechua, aimara y awajún.

EsSalud amplía su concepto de seguridad social

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, encuadró la iniciativa dentro de una visión más amplia de lo que debe ser la seguridad social en el país. “La interoperabilidad entre la Línea 100 y nuestra Línea 107 permitirá fortalecer mutuamente nuestras capacidades de respuesta. Para nosotros, la seguridad social también significa proteger a las mujeres de la violencia y asegurar que las familias vivan en paz, sin temor a sufrir agresiones en sus hogares”, sostuvo el funcionario durante el acto de lanzamiento.

La declaración marca un giro en el enfoque institucional de EsSalud, cuya Línea 107 queda consolidada como el principal canal gratuito de teleorientación a nivel nacional. La plataforma, que ya ofrecía orientación médica, suma ahora la capacidad de articular respuestas de protección social de forma directa, sin intermediarios y sin interrupciones en el servicio.

Warmi Ñan: 25 años de red territorial

El Programa Nacional Warmi Ñan, contraparte del MIMP en esta alianza, cumplió 25 años de operación en 2026. A lo largo de ese tiempo construyó una red que hoy incluye 434 Centros Emergencia Mujer y Familia, 29 Hogares de Refugio Temporal, 68 Servicios de Atención Rural desplegados en 23 regiones del país, 8 Servicios de Atención Urgente y 7 Centros de Atención Institucional orientados a hombres con sentencia por violencia.

Esa infraestructura territorial es la que ahora queda conectada a los canales de EsSalud. Cuando la Línea 107 derive un caso al MIMP, el Programa Nacional Warmi Ñan puede activar el servicio que corresponda según la situación de la víctima: desde orientación telefónica hasta despliegue de un equipo de atención urgente sobre el terreno.

Alcance nacional y atención a poblaciones alejadas

Uno de los objetivos explícitos del sistema es reducir las brechas geográficas y socioeconómicas en el acceso a la protección estatal. Perú tiene regiones de difícil acceso donde los servicios presenciales llegan con retraso o no llegan; la interoperabilidad telefónica permite que una víctima en una zona remota acceda a la misma cadena de atención que alguien en Lima con una sola llamada gratuita.

El servicio rural de Warmi Ñan atendió 4.898 casos de violencia en 2025 en 365 comunidades de la costa, sierra y selva. El 85% de las víctimas fueron mujeres; la violencia psicológica fue la más frecuente (43%), seguida de la física (34%), la sexual (19%) y la económica (4%). La interconexión con EsSalud añade una capa de respuesta médica a esa red de protección.

Funcionarios y próximos pasos

Al acto de lanzamiento asistieron, además del Dr. Moreno y la ministra Pariona, la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza Ríos, y la gerente central de Atención al Asegurado de EsSalud, Kristell Díaz Quiroz, junto a otros funcionarios de ambas instituciones. La plataforma entra en operación de forma inmediata y el acceso es gratuito desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el territorio nacional.

Jessica Vázquez sigue exigiendo el regreso de sus hijos, Héctor y Luciana, ya que tras la detención de Héctor “N”, quien es padre de los niños y los sustrajo con pretexto de unas vacacione hace más de un año, la complicidad familiar ha llevado a que los abuelos paternos los oculten de su madre, acusa la denunciante.

Héctor y Luciana fueron presuntamente sustraídos por sus abuelos paternos

Héctor N, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León durante la administración de Samuel García, fue detenido el pasado 1 de julio en Hidalgo, sin embargo, días después salió del Centro de Reinserción Social de Jaltocán, luego de que el juez reclasificara el delito de violencia agravada a violencia familiar.

“Cuando yo me entero que detienen al papá me voy corriendo por mis niños y ahora resulta que los abuelos paternos (Bonifacio “N” y Blanca “N”) y una empleada, que por cierto fue cómplice de mi esposo desde un principio, huyeron con mis niños”, asegura la madre de Héctor y Luciana, quien no ha dejado de buscar los medios legales para que ambos niños regresen a su lado.

En entrevista para Infobae México, la mujer comentó que pese al proceso y la denuncia de sustracción en contra de los familiares de Héctor N, las autoridades no han emprendido acciones de búsqueda, localización y restitución, ya que siguen esperando la orden del juez, sin embargo, “el Poder Judicial se fue de vacaciones”.

El caso evidencia el ejercicio del poder en contra de las mujeres, desde el exfuncionario que ha mantenido a las dos infancias alejadas de su madre por año y medio, hasta las instituciones donde permean distintas omisiones.

Emiten Alerta Amber tras sustracción de infancias en Hidalgo

El 21 de diciembre de 2024, Héctor “N” viajó a Ciudad de México para tomar su periodo vacacional, “justo ese día mi abuela paterna se interno muy grave en el hospital, situación que aprovecho para llevarse a mis hijos a unas supuestas vacaciones”.

El exfuncionario se llevó a los niños a Nuevo León, a decir de la denunciante, cuando ella fue al estado, se topó con amenazas “para irme del estado y que no volvería a ver a mis hijos”.

Los días han pasado y pese a que el hombre se encuentra en prisión domiciliaria, no han sido restituidos, aún con las múltiples solicitudes que ha hecho Jessica Vázquez, ya que asegura le han comentado que el retraso se debe a las “cargas de trabajo”.

El pasado 2 de julio, las autoridades emitieron dos Alertas Amber en Hidalgo, una por Luciana, y otra por Héctor Damián, ambos fueron vistos por última vez en Huejutla de Reyes un día antes de la denuncia, la ficha de búsqueda menciona que “fueron retenidos por sus familiares de iniciales B. V. V., B. R. H. L. y R.I.Q.V. Desde entonces se desconoce su paradero”.

Las autoridades solicitan a las personas que puedan aportar alguna información sobre el paradero de las infancias comunicarse al siguiente número: 800-008-5400.

La violencia vicaria, un delito tipificado en México

La madre de Héctor y Luciana ha denunciado públicamente la violencia vicaria a la que se ha enfrentado en los últimos meses, la cual consiste en causar daño a una mujer a través de sus hijas, hijos, animales de compañía o personas de su entorno cercano, con la intención de hacerla sufrir. Esta forma de agresión proviene de una relación de matrimonio, concubinato o vínculo afectivo similar.

Actualmente, la violencia vicaria ha sido tipificada en 31 entidades de México y las dos iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión también han sido avaladas. Chihuahua se mantiene como el único estado que no contempla medidas contra este tipo de agresión en contra de las mujeres.

La victoria de España contra Argentina tuvo amargas consecuencias para las mujeres del país: según datos oficiales consultados por el diario El País, la noche tras la final del Mundial de Fútbol 2026 aumentaron un 120,8% los contactos a los recursos del 016, el teléfono contra la violencia de género.

Llamadas, mensajes y correos electrónicos superaron el doble de los registrados en el mismo momento de la semana anterior en la franja horaria de las 23:00 a las 7:00 horas, cuando España celebraba la victoria en la competición internacional. Los contactos se incrementaron especialmente a través del email del 016, un 1.000% respecto al lunes anterior; y el chat online, donde el número de comunicaciones fue un 60% superior.

La relación entre el fútbol y la violencia machista es un fenómeno que ya se había registrado en otros países. De acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar crecen un 30% durante grandes eventos deportivos.

Un patrón global de violencia

En Reino Unido, se alerta desde hace años del incremento de la violencia de género por el fútbol. En 2014, un estudio de la Universidad de Lancaster reveló que la violencia doméstica se incrementaba cuando la selección inglesa de fútbol jugaba. Si el equipo perdía, la cifra aumentaba hasta un 38%, mientras que, si ganaba, tan solo subía un 26%. El efecto duraba hasta el día de después, cuando los altercados domésticos eran todavía un 11% más altos de lo normal.

La investigación analizaba diferentes reportes policiales y descubrió que la media de incidentes domésticos cuando jugaba Inglaterra era de 79,3, frente a los 58,2 que ocurrían en días normales. “Si bien es difícil afirmar que el torneo sea un factor causal, este prestigioso evento concentra los factores de riesgo en un período corto e inestable, intensificando así los conceptos de masculinidad, rivalidad y agresión”, expresaban los autores.

En 2022, una revisión sistemática de casos de violencia de género en Estados Unidos y Reino Unido reportó resultados similares: cuando se jugaban partidos relevantes de cualquier deporte como el fútbol, el hockey o el fútbol americano, se producía un aumento medible y estadísticamente relevante en las denuncias de violencia doméstica.

Rivalidad, alcohol y calor

Algunos componentes contribuían a amplificar este factor deportivo en la violencia de género. Si los equipos que se enfrentaban tenían una rivalidad histórica, los incidentes de violencia doméstica crecían todavía más, en especial si el desenlace del encuentro implicaba el título o la eliminación de uno de los equipos.

El consumo de alcohol también parece jugar un papel importante. Un estudio de 2021 de la Universidad de Warwick documentó que los casos de violencia doméstica relacionados con el alcohol aumentaban un 47% después de cada victoria de la selección inglesa de fútbol. El análisis detallado del tiempo muestra que la mayoría de los incidentes se concentran en las tres horas posteriores al partido, alcanzando un pico inmediatamente después del pitido final, y volviendo a niveles normales a lo largo de las siguientes 24 horas.

El calor también puede ser un componente clave, especialmente ante competiciones como el Mundial de Fútbol, que suele celebrarse en verano. Diversos estudios han evidenciado que las altas temperaturas afectan al estado de ánimo y provocan un aumento de la agresividad. Algunos investigadores alertan de un fenómeno conocido como “calor criminal”, según el cual los crímenes violentos como los feminicidios se incrementan en días con temperaturas por encima de los 34º C.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Amazonas ejecutaron en las últimas horas la captura de Alberto Vásquez Sánchez, conocido como el “hombre del machete”, tras ser identificado como el presunto responsable de un ataque armado contra dos mujeres en Leticia, ocurrido en enero de 2026.

Según información recabada por la Fiscalía, Vásquez Sánchez habría atacado con un machete a sus víctimas al intentar robarlas, ocasionando lesiones tan graves que a una de ellas le amputaron parte de la mano.

De acuerdo con el ente investigador, el agresor interceptó a las dos mujeres cerca de su residencia en el municipio de Leticia, las amenazó con un arma blanca y exigió la entrega de sus teléfonos móviles. Al recibir una negativa, Vásquez Sánchez emprendió un ataque indiscriminado y violento, que la autoridad judicial calificó como intento de homicidio, dada la gravedad de las heridas infligidas.

Investigación y captura tras el ataque

El hecho fue denunciado de inmediato por las propias víctimas, que lograron alertar a las autoridades de Leticia sobre lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal, recopilando las declaraciones de las afectadas y otros elementos de prueba.

Entre los detalles recabados, se destaca que el agresor utilizó un machete de grandes dimensiones y actuó con una fuerza desmedida que derivó en lesiones consideradas de extrema crueldad.

Gracias a la información obtenida, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías la orden de captura de Vásquez Sánchez y la imputación de cargos por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.

La autoridad judicial avaló la petición, considerando la presunta responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Finalmente, la captura se hizo efectiva en la capital del departamento, con apoyo de la Policía Nacional.

En la próxima audiencia ante el mismo juez, la Fiscalía tiene previsto formular la imputación de cargos contra Alberto Vásquez Sánchez y solicitar una medida de aseguramiento que limite su libertad. El organismo acusador argumentó que la gravedad de los hechos y el nivel de violencia exhibido justifican la necesidad de mantener al acusado bajo custodia, al considerarlo un peligro para la sociedad.

Otro episodio de violencia con machete en Tolima

En paralelo al caso de Leticia, un hecho de similares características encendió las alertas en Ibagué, departamento de Tolima. Una madre de familia denunció ante la Fiscalía y la Policía que un hombre armado con machete persiguió y amenazó de muerte a su hijo de 11 años cuando regresaba del colegio en el barrio Los Mandarinos, en la zona de Ambalá.

Según el testimonio recogido por Tolima 7 días, el menor caminaba hacia su vivienda tras finalizar la jornada escolar cuando fue seguido por el agresor hasta la entrada del domicilio.

“Mi hijo golpeó desesperadamente la puerta pidiendo ayuda. Cuando abrí, vi al señor con el machete arrinconándolo y diciéndole que lo iba a matar”, narró la madre, que también aseguró que el hombre le advirtió al niño que conocía su escuela.

Los vecinos intervinieron de inmediato y la Policía acudió al lugar, donde el denunciado manifestó ser paciente psiquiátrico. De acuerdo con la madre, los uniformados le explicaron que esa condición podría limitar la adopción de medidas restrictivas, ya que, según la información que recibió, no existiría un sitio de reclusión adecuado para personas con trastornos psiquiátricos que representen un riesgo para terceros en la ciudad.

Clamor ciudadano por mayor seguridad

La madre del menor y varios residentes del sector manifestaron su preocupación por la seguridad de los niños y estudiantes que transitan a diario por la zona. Según testimonios recogidos por el medio local, el mismo hombre habría sido visto en otras ocasiones portando palos y generando temor entre los vecinos, además de protagonizar incidentes recientes en el barrio.

Tras el episodio, la comunidad solicitó a las autoridades la adopción de medidas que garanticen la seguridad en los entornos escolares y residenciales, y recomendó a los padres de familia acompañar a sus hijos durante sus desplazamientos. Hasta ahora, la Policía y la Fiscalía no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, que permanece bajo investigación.

En Guatemala, donde la violencia contra las mujeres persiste como una amenaza cotidiana, cada vez más mujeres han decidido dejar de ser espectadoras y buscar espacios donde el miedo no tenga la última palabra.

El kickboxing, el boxeo y las artes marciales mixtas han dejado de ser solo un deporte: se han transformado en una vía de empoderamiento, defensa y reconstrucción de la confianza personal.

La realidad diaria para muchas guatemaltecas es caminar con precaución, vigilando cada paso ante el riesgo de asaltos, agresiones o acoso.

Esta sensación de vulnerabilidad alimenta la búsqueda de herramientas reales para reaccionar y protegerse. En los últimos años, un número creciente de mujeres ha encontrado en el entrenamiento físico y mental una forma efectiva de enfrentar ese entorno hostil.

Espacios seguros y entrenamiento colectivo

Con seguridad y firmeza, un grupo de mujeres encontraron en un salón de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, un refugio de lucha y de defensa, según recoge un reportaje de La Ruda.

Allí, mujeres de distintas edades, con diferentes historias de violencia, entrenan bajo la guía de instructoras, en sesiones de dos horas que mezclan técnica, disciplina y apoyo mutuo. Muchas llegaron buscando superar experiencias traumáticas; otras se sumaron motivadas por historias compartidas en redes sociales o por el deseo de aprender un deporte desafiante.

Este tipo de entrenamiento no solo fortalece el cuerpo, también ayuda a recuperar la confianza y adquirir habilidades de defensa personal. Según datos del Ministerio Público, en los primeros seis meses de 2026 se reportaron 20.884 casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, mientras que apenas 1.745 agresores recibieron condena. La brecha entre denuncias y justicia refuerza la urgencia de alternativas de protección y autocuidado.

El club donde el miedo se transforma

La iniciativa Sakura-Ki surgió en 2012 como un “club de la pelea” femenino, en reuniones casi secretas de fines de semana. Según Irenne Dávila, coordinadora del espacio, el objetivo desde el inicio fue “perder el miedo y ganar confianza para actuar ante cualquier situación de riesgo”.

Pero, lo que empezó como un grupo reducido se ha consolidado en un refugio pionero donde entrenar y crecer entre mujeres valientes es el día a día, detalla el reportaje de La Ruda.

Muchas de las participantes han llegado tras vivir episodios de violencia. El entrenamiento regular en artes marciales mixtas y boxeo les permite cambiar una historia de temor por otra de fortaleza y capacidad. La entrenadora Carolina Villela recuerda el caso de una alumna que, tras un asalto, se acercó insegura y, con el tiempo, fue “perdiendo ese miedo” a través de la práctica constante.

Comunidad, disciplina y nuevos horizontes

El espacio físico de Sakura-Ki ha cambiado de ubicación, pero el espíritu de comunidad se mantiene intacto. Hoy, el gimnasio está en la zona 2, cerca del Tribunal Supremo Electoral, con clases los sábados en dos horarios. Allí, mujeres como Jimena Maldonado y Luz Oliva destacan cómo la rutina de ejercicio se traduce en fuerza mental, confianza corporal y una sensación de protección real.

Participar en el “Club de la Pelea” permite a las asistentes medir sus habilidades en el ring, siempre desde el respeto y la disciplina. Para Luz, ponerse los guantes por primera vez representó un paso decisivo tras experiencias de vulnerabilidad. “Sé que tengo la capacidad física y mental si me vuelve a suceder”, afirma.

Aprender a defenderse y compartir la experiencia

Entre las asistentes también hay madres como Nilda Ruiz, que organiza su vida para dedicar tiempo al entrenamiento y compartir la disciplina con sus hijas. “Aprendes a defenderte en la calle o en cualquier situación”, resume, convencida de que el ejercicio es tanto una vía de desahogo como de preparación para enfrentar posibles riesgos.

Para las integrantes de Sakura-Ki, el objetivo es claro: “Queremos que siga creciendo, que sepan que es necesario saber defensa personal”, subraya Dávila. Saber cómo reaccionar ante una agresión puede marcar la diferencia. Aprender a lanzar un gancho o esquivar un golpe es, para muchas, mucho más que deporte: es una forma de recuperar la autonomía y desafiar una realidad marcada por el miedo.

En medio del espectáculo, la cantante expresó su indignación y cuestionó de manera directa el desempeño del personal encargado de mantener el orden. El episodio se produjo el domingo 19 de julio de 2026 y fue ampliamente difundido por medios digitales, en los que el video del momento se viralizó y generó una rápida reacción entre el público.

La reacción de Ana del Castillo ante la agresión

Durante su show, Ana del Castillo advirtió que una mujer había sido golpeada en la cabeza con una botella. Visiblemente alterada, la artista interrumpió el espectáculo y se dirigió al equipo de seguridad con voz firme. “Seguridad, esa mondá qué es”, reclamó desde el escenario, mientras señalaba al presunto agresor. Luego, se dirigió a él con otra frase que rápidamente circuló en redes sociales: “Es verdad me da ira, por qué no se mama (toma) la cerveza en vez de dejar a la pelada (muchacha) escoñetada (golpeada) ahí”.

La reacción de la artista fue respaldada por cientos de usuarios, que destacaron el papel de la cantante en la defensa de sus fanáticas. El hecho reavivó la conversación sobre la seguridad en los conciertos y la necesidad de prevenir situaciones de violencia, especialmente contra las mujeres.

El incidente en Aracataca expone nuevamente la problemática de la seguridad en los conciertos y la necesidad de protocolos claros para proteger a los asistentes y a los artistas. En los últimos meses, diversas figuras públicas han exigido mejoras en la organización de eventos y en la formación del personal encargado de la seguridad.

Hasta el momento, Ana del Castillo y su equipo no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho ocurrido en Magdalena. Los organizadores del evento tampoco han dado declaraciones públicas. Mientras tanto, la discusión sobre el papel de la seguridad y el respeto en los espectáculos continúa activa en redes y medios digitales.

Antecedentes en su carrera: otro incidente en diciembre de 2025

No es la primera vez que Ana del Castillo protagoniza un episodio de este tipo durante sus shows. En diciembre de 2025, la cantante interrumpió otra presentación tras un caso de acoso en el escenario.

En aquella ocasión, invitó a un fanático a subir a la tarima para tomarse una fotografía. El ambiente de cercanía se vio interrumpido cuando, según testigos, el seguidor intentó tocar a la artista de forma inapropiada.

La reacción de la cantante fue inmediata. Al percatarse del acto, detuvo el espectáculo y manifestó su molestia ante el público: “¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el culo si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen”.

El episodio, grabado en video, generó debate en plataformas digitales sobre los límites en la interacción entre artistas y seguidores. Mientras algunos respaldaban la actitud de la cantante, otros opinaban sobre la magnitud de la reacción y el impacto en la experiencia de los asistentes.

El perfil de Ana del Castillo

Ana del Castillo, nacida el 9 de abril de 1999 en Valledupar, ha construido una carrera que la posiciona entre las voces femeninas más influyentes del vallenato. Su repertorio incluye títulos como La cachera, El favor de Dios, Te amo y te amo, Pacto y El que la hace la paga. La cantante es reconocida por su capacidad vocal y su estilo directo, así como por la cercanía que suele mantener con sus seguidores durante los conciertos.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido elogios tanto del público joven como de expertos en el folclor caribeño. Su personalidad frontal y la manera en que enfrenta situaciones complejas en escena se han convertido en un sello distintivo.

En múltiples ocasiones, Ana del Castillo ha reiterado que no tolerará comportamientos irrespetuosos durante sus presentaciones y ha recordado la importancia del respeto mutuo entre artistas y asistentes.

La Policía Nacional ha encontrado a una mujer de 30 años sin vida en su vivienda de Antequera, en Málaga, con signos de violencia y lesiones de arma blanca. Las primeras pesquisas apuntan a que habría muerto por las puñaladas que recibió, pero según han confirmado las fuentes policiales al diario SUR, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo se produjo tras recibir varias llamadas de vecinos que escucharon gritos dentro del domicilio sobre las 14:00 horas, en los que se hacía referencia a la muerte de una mujer. Aunque no ha podido ser confirmado aún, las primeras hipótesis apuntan a que este asesinato estaría relacionado con el suicidio de un hombre de 35 años en el puente de Arco de los Gigantes, en pleno casco histórico de la ciudad a las 11:50 horas.

En cuanto los servicios de emergencia recibieron el aviso, se activaron distintos dispositivos policiales y sanitarios. Varias patrullas de la Policía Nacional y personal del 061 acudieron al domicilio ubicado en la calle Mederuelos, donde solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

A la espera de la autopsia, ya que podría esclarecer lo sucedido

El levantamiento del cadáver se efectuó tras las primeras inspecciones técnicas en el lugar de los hechos, mientras se recogían pruebas y testimonios de posibles testigos. La Policía Nacional investiga si el fallecido es el autor del crimen y si el hecho se enmarca en un caso de violencia machista.

Por el momento, como ha podido saber el diario SUR, los agentes encargados del caso están a la espera del resultado de la autopsia, ya que determinará si su hipótesis se confirma. Las pruebas forenses se están realizando en el Instituto de Medicina Legal (IML) de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

La cuarta mujer que muere en circunstancias violentas en Málaga

Con el caso de Antequera, ya son cuatro las mujeres muertas en circunstancias violentas en la provincia durante el mes de julio. Recordemos que el pasado 1 de julio las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de Ciudad Jardín de 35 años en un pozo de Rincón de la Victoria. Su expareja habría confesado el crimen, perpetrado semanas antes del hallazgo, con un arma blanca.

Pocos días después, las autoridades localizaron sin vida a una mujer de 61 años y a su hija de 31 en una vivienda de Mijas. Las investigaciones apuntan a que la pareja de la madre fue el autor del doble crimen, utilizando igualmente un arma blanca e intentando posteriormente incendiar la vivienda para ocultar las pruebas.

*Noticia en ampliación

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 después de la muerte de una joven de 31 años en Madrid. La víctima, que llevaba ingresada desde el mes de febrero, falleció el sábado por las heridas sufridas en un ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido a principios de año.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva, cuando dos sicarios se presentaron en casa de la mujer y la rociaron con un líquido inflamable. Posteriormente, le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. La mujer fue ingresada en el Hospital Universitario La Paz con un pronóstico grave.

Más de un mes después, el 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el delito, entre ellas el marido de la víctima, como presunto inductor de la agresión. Según las pesquisas de la Benemérita, el hombre habría contratado a dos sicarios, también arrestados, para acabar con la vida de su mujer. Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras varios meses ingresada, la mujer falleció el pasado sábado a causa de sus heridas. Este lunes, Igualdad ha confirmado su muerte como un nuevo caso de violencia machista. Según han especificado, la mujer tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

29 víctimas mortales por violencia de género

Con esta confirmación, el recuento oficial asciende a 29 víctimas mortales por violencia de género este 2026, 1.370 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos. El número de menores huérfanos por violencia de género llega a 17 en 2026 y a 527 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena” y su “absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, y han trasladado “todo” su “apoyo a familiares y amistades de la víctima”. Ambas han instado a “llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

La reciente iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta a cuestionamientos sustanciales sobre su viabilidad operativa, de acuerdo con un informe publicado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Según el documento, esto se deberá a la falta de recursos previstos para las fiscalías y servicios periciales encargados de implementar la nueva legislación, en caso de que sea aprobada.

La propuesta legislativa, que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, endurece sanciones y amplía agravantes, exigiendo a los Ministerios Públicos y servicios periciales una serie de actos de investigación pericial obligatorios.

Sin embargo, no contempla un incremento presupuestal para dotar de mayores capacidades a estas instituciones que ya presentan signos de saturación.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 citado en el informe, en el país existen 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y médicos forenses, con sólo 14 mil 466 personas peritas.

Este personal tuvo que atender en 2024 un total de 5 millones 069 mil 925 intervenciones periciales, de las cuales quedaron pendientes 557 mil 962.

Estos datos, señala el informe, muestran que el aparato de procuración de justicia opera con una sobrecarga estructural.

La exigencia de la ley de que los servicios periciales realicen identificación de víctimas mediante huellas dactilares, análisis genéticos, antropología forense y una variedad de dictámenes especializados, aunada a la creación de nuevas fiscalías especializadas en feminicidio, pone en jaque la sostenibilidad operativa del sistema, al no prever recursos adicionales para cumplir con estas tareas.

El riesgo, advierte el documento difundido por México Unido Contra la Delincuencia, es que la creación de nuevas obligaciones sin un refuerzo presupuestal tenga el efecto contrario al buscado: debilitar tanto a las nuevas instituciones como a las ya existentes, fragmentando recursos humanos y financieros y comprometiendo la calidad y oportunidad en la atención a las víctimas.

Por su parte, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030, presentado en mayo de este año, sí reconoce explícitamente la necesidad de ampliar cobertura y fortalecer capacidades, pero pospone el compromiso presupuestal hasta las etapas finales del plan, proyectándolo incluso hacia 2030 y 2045.

“El establecimiento de actos de investigación obligatorios no está acompañado de un aumento presupuestal real de los servicios periciales ni de la infraestructura forense”, señala el informe difundido por México Unido Contra la Delincuencia.

El documento subraya también que no considerar estos retos operativos pone en riesgo toda la política pública de combate al feminicidio, pues las nuevas leyes pueden quedarse en el papel si carecen del soporte institucional y financiero para ser ejecutadas.

Además, el informe documenta que la sobrecarga actual de trabajo en ministerios públicos, peritos y médicos forenses no sólo implica retrasos, sino que puede propiciar simulaciones o incumplimientos en la aplicación de protocolos, sin que existan sanciones o consecuencias jurídicas claras en caso de omisión.

Finalmente, se recalca que para que la política pública sea efectiva, es indispensable que el fortalecimiento institucional vaya acompañado de presupuesto, reglas claras de asignación de recursos y mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.

Sheinbaum envía al Congreso de la Unión iniciativa para Ley General de Feminicidio

En julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esta propuesta busca homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país, ya que hasta ese momento cada estado tenía su propia normativa y sanciones, lo que generaba irregularidades y deficiencias en la investigación de estos delitos.

Entre los problemas señalados estaban la incorrecta clasificación de feminicidios, la falta de protocolos homologados, carencia de registros públicos y ausencia de perspectiva de género.

La iniciativa establece una pena de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio y contempla 19 agravantes, así como sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad.

Prohíbe beneficios como la amnistía o la conmutación de pena y estipula que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio, bajo protocolos nacionales obligatorios.

Se plantea también la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para armonizar la legislación y dar seguimiento a la aplicación de la ley, así como la implementación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y medidas de protección integral para mujeres sobrevivientes, priorizando el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

El presunto doble feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, ha causado conmoción por la violencia con la que fueron asesinadas dos mujeres y por el vínculo familiar que existía entre las víctimas y el presunto responsable.

Las autoridades capitalinas detuvieron a Eduardo Uriel “N”, señalado como el probable responsable de privar de la vida a su madre y a su abuela utilizando un bat de béisbol que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido modificado con alambre de púas.

Conforme avanzan las investigaciones, han surgido nuevos detalles sobre el caso, incluidos testimonios de familiares y datos sobre el presunto agresor.

¿Qué ocurrió en la vivienda de la Gustavo A. Madero?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Pastora, donde presuntamente Eduardo Uriel “N” atacó a las dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth, madre del detenido, y Ana, su abuela.

Según los reportes preliminares, ambas fallecieron a consecuencia de los múltiples golpes que recibieron con un bat al que presuntamente el agresor le colocó alambre de púas, lo que incrementó la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble e iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable.

El hombre fue detenido posteriormente y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una de las líneas de investigación señala que el detenido presuntamente consumía diversas sustancias ilícitas, entre ellas cristal, piedra y mariguana. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinen si este aspecto tuvo alguna relación con los hechos.

La tía del presunto agresor narró cómo encontró a las víctimas

Uno de los testimonios que más ha impactado es el de Leticia, tía del detenido, quien relató los momentos posteriores a la agresión y cómo descubrió los cuerpos de su madre y de su hermana.

Según explicó, al llegar al domicilio observó a un familiar sentado, pero nadie le informó lo ocurrido.

“Ya cuando bajé, ya mi cuñado estaba aquí sentado y no me dijo nada. Ya cuando bajé no vi gente, y yo dije: ‘¡Mi mamá, mi mamá!’. Entré al cuarto de mi mamá y vi que mi mamá estaba en la cama ya muerta y mi hermana estaba en el suelo ya muerta”, narró.

Después del hallazgo, aseguró que el presunto responsable salió del inmueble y fue cuestionado por otro vecino sobre lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, Eduardo Uriel respondió de manera directa.

“¿Qué hiciste?”, le preguntaron.

“Pues las maté”, habría respondido el ahora detenido, según el relato de su tía.

Este testimonio forma parte de los elementos que las autoridades analizan dentro de la investigación.

La investigación continúa

Tras la detención de Eduardo Uriel “N”, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y reunir todos los elementos periciales y testimoniales necesarios.

Las autoridades deberán determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias que rodearon el ataque y las responsabilidades penales que correspondan al detenido.

Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía debido a la extrema violencia del ataque y porque las víctimas eran familiares directas del presunto agresor.

El presunto doble feminicidio vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de que estos casos sean investigados con perspectiva de género y conforme al debido proceso, mientras las autoridades avanzan en la integración de la carpeta de investigación.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha pedido que se investigue el cambio registral de un hombre denunciado por violencia de género. El acusado, con antecedentes por este mismo delito, afirma haber acudido al registro civil para ser reconocido como mujer, un cambio que los magistrados consideran como “posible fraude de ley”.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por su esposa, quien interpuso la denuncia contra el acusado. Un juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó un auto de inhibición al comprobar que el cambio de género en el registro se había realizado previamente a los hechos denunciados. Al ser la presunta autora una mujer, los hechos no podrían juzgarse como violencia de género y deberían pasar a un órgano de instrucción.

La Audiencia de Zaragoza, sin embargo, ha recordado que esta persona tenía antecedentes por violencia de género contra la misma víctima, su esposa, antes de realizar el cambio registral. Asimismo, menciona en su auto que el propio acusado reconoció ante la Guardia Civil que el cambio de sexo se realizó “con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres”.

El tribunal expresa en su auto que “el hecho de que dicha persona cuente con varios antecedentes penales por actos de violencia de género previos a ese cambio de sexo nos lleva a detectar una sospecha fundada de que el nuevo sexo registral pudo producirse con fraude de ley, prohibido expresamente por el artículo 6.4 del Código Civil”. Añaden que “caso de que la finalidad perseguida con la rectificación de la mención registral relativa al sexo fuera la de eludir la aplicación de la normativa específica de violencia de género, y no el libre desarrollo de la identidad sexual, estaríamos, indudablemente, ante un fraude de ley”.

La Audiencia de Zaragoza ha encargado la investigación a un magistrado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, a quien recuerdan que está “en juego la vulneración de los derechos de la víctima, con la correlativa puesta en riesgo de su protección integral”. Dependiendo de los resultados de las pesquisas, el caso continuaría siendo estudiado como violencia de género o, por el contrario, pasaría a un tribunal de instancia normal.

Un fraude repetido por otros maltratadores

Desde la entrada en vigor de la llamada Ley Trans, que permitió el cambio registral de sexo para las personas transgénero, otros acusados de violencia de género han intentado cambiar legalmente de género para evitar el agravante machista en su condena. Particularmente conocido fue el caso de Candy, recientemente condenado a 11 meses de prisión por amenazas a su expareja.

‘Candy’ contaba con antecedentes por violencia de género a anteriores parejas. El 11 de septiembre de 2023 fue condenado en firme y se ordenó su ingreso en prisión, pero pidió el indulto por haberse inscrito poco antes como mujer en el Registro Civil. Tras este cambio, siguió vigilando y amenazando a su expareja.

El cambio de género le permitió alargar los trámites judiciales dos años más, con varios aplazamientos en los tribunales de Sevilla. Finalmente, su caso no fue juzgado como violencia de género, pero Candy fue igualmente condenado. El pasado mes de marzo, el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla lo sentenció a 11 meses de prisión, que se sumaban a los 15 meses impuestos por amenazas anteriores a la misma mujer.

Este 14 de julio de 2026, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, con el uniforme beige y con una bolsa llena de sus pertenencias, dejó el penal de Atlacholoaya, Morelos. A su salida, abordó una camioneta y no quiso emitir alguna declaración para medios de comunicación.

Exdirector de Pemex seguirá proceso por violencia familiar

La tarde de este martes, la defensa de Rodríguez Padilla consiguió que su cliente llevara el proceso por violencia familiar en libertad, luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, le otorgara el perdón. A su salida, el también maestro en Ingeniería mostró un rostro desgastado y, con una sutil sonrisa, abandonó el penal entre cuestionamientos de la prensa.

Durante la audiencia de este día, la jueza de Control Consuelo Adriana Correa Ortiz dejó sin efectos la medida cautelar que la Fiscalía de Morelos había solicitado: prisión preventiva. Por lo que, se ordenó la libertad inmediata del exdirector.

Aunque Rodríguez Padilla abandonó el penal donde permaneció casi 7 días recluido, luego de que su esposa lo denunciara por golpearla en repetidas ocasiones, el funcionario tendrá que enfrentar el proceso penal por violencia familiar, ya que es un delito que se persigue de oficio y el otorgamiento del perdón por parte de la víctima no lo exime de la acusación.

Medios locales han precisado que la defensa del acusado presentó una escritura de un domicilio ubicado en la Ciudad de México, su pasaporte y ofreció una garantía económica que rondaría los 20 mil pesos, como medidas para demostrar que no abandonará el país.

Esta es la acusación que pesa sobre el exfuncionario

La acusación en contra de quien un día dirigió la empresa estatal petrolera de México se basa en los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026, los cuales tuvieron lugar en un fraccionamiento de Emiliano Zapata, municipio de Morelos. La situación quedó grabada en una de las cámaras de vigilancia del domicilio, donde se encontraba la pareja con su hijo menor de edad, quien habría presenciado lo sucedido.

María Felicia Jiménez, quien es doctora en Ingeniería Energética, difundió la grabación donde se ve claramente cómo su esposo ejerce violencia física en su contra, el el video fue ampliamente compartido en redes sociales y medios de comunicación el pasado 26 de junio, donde la mujer aseguró sentir temor por denunciar de manera pública:

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“.

La semana pasada, habría trascendido que la Fiscalía de Morelos buscaría acusarlo por violencia vicaria, intento de feminicidio y violencia familiar, siendo este último el único cargo que se pudo probar durante la audiencia de vinculación a proceso al exdirectivo y por el que seguirá el proceso en libertad.

Así se tipifica el delito en Morelos

La violencia familiar está prevista en el Capítulo I Bis del Código Penal de Morelos, donde precisa ser un delito que se persigue de oficio y se considera cuando uno de los miembros de la familia “realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar”, considerando los diferentes grados de parentesco que puedan tener.

Tal como en el caso de Víctor Rodríguez, el agente del Ministerio Público solicitará al juez dictar las medidas precautorias necesarias para salvaguardar a la víctima. Ante la denuncia de la esposa del exfuncionario de Pemex, la jueza impuso no acercarse ni a María Felicia Jiménez ni a su hijo, mientras transcurre el proceso penal.

La pena que podría alcanzar el acusado es de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como sujetarse a recibir tratamiento psicológico específico para su rehabilitación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria, una normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad que introduce la privación automática de la patria potestad cuando exista una sentencia condenatoria firme por delitos graves contra los hijos o la mujer. La medida aprobada este martes, según ha explicado la ministra Ana Redondo, supone una de las reformas legislativas más destacadas en materia de protección frente a la violencia de género en España.

“Avanzamos en un contexto de retroceso de derechos de las mujeres y negacionista de la igualdad. Frente a los problemas sociales hay dos formas de reaccionar: negando los problemas, lo que implica agravarlos, o analizarlos y ofrecer soluciones para avanzar y eso es lo que hacemos, progresar, seguir avanzando”, ha explicado Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La nueva ley contempla la modificación de hasta diez textos legales, entre ellos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

La normativa también habilita la privación de la patria potestad por indicios fundados de violencia o si el progenitor está incurso en un proceso judicial por determinados delitos. “Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre”, ha indicado la ministra.

La importancia de escuchar a los menores de edad

El régimen de visitas y la guarda y custodia quedarán suspendidos de manera inmediata en los casos donde exista un procedimiento abierto por violencia de género o vicaria, o cuando haya indicios racionales de que se produce este tipo de violencia dentro del núcleo familiar. Además, la norma establece la obligatoriedad de escuchar al menor en los procesos de custodia y permite que terceros puedan trasladar la voluntad del niño si no puede hacerlo directamente.

El procedimiento para la privación de la patria potestad se agilizará mediante la reforma del artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitiendo que se tramite por juicio verbal y facilitando su resolución.

En el ámbito penal, el proyecto introduce una agravante de género específica en el artículo 22.4 del Código Penal, en lugar de modificar el artículo 173 como se propuso inicialmente. Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que esta modificación persigue evitar perjuicios para las madres protectoras. Además, se añade una nueva pena que prohíbe la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos relacionados directamente con el delito cometido.

La ley mantiene la definición de violencia vicaria como aquella que, con el propósito de causar dolor a las mujeres, ejercen personas que sean o hayan sido cónyuges, parejas afectivas o tengan vínculo similar, incluso sin convivencia, utilizando personas instrumentales. Se amplía el concepto de víctimas instrumentales a todos los hijos y descendientes, mayores o menores de edad, así como a personas con discapacidad, ascendientes, hermanos o la pareja conviviente actual.

Dentro de las novedades, el texto también plantea la posibilidad de que la madre superviviente de un hijo fallecido por violencia vicaria solicite la sustitución de los apellidos del hijo fallecido y, en su caso, de los hijos comunes menores, para evitar la permanencia del vínculo nominal con el agresor. Además, se modifican los artículos 71.1, 231 y 232.1 de la Ley General de la Seguridad Social para impedir que una persona condenada por homicidio doloso genere derechos sobre prestaciones de muerte y supervivencia si la víctima fue quien originó dichas prestaciones.

El proyecto incluye medidas de sensibilización, información y seguimiento, así como mejoras en la formación de los operadores jurídicos. La violencia vicaria se incorporará en pruebas de ingreso, promoción y formación especializada. Se ampliará la Estadística de Víctimas Mortales por Violencia Contra la Mujer por Razón de Género para incluir de forma diferenciada a hijos, descendientes y otros familiares afectados.

Por otro lado, el texto final excluye por ahora a las mascotas de la definición de víctimas instrumentales, aunque el Ejecutivo confía en su posible incorporación durante el trámite parlamentario. El Código Penal ya contempla el daño a los animales para perjudicar a la pareja, lo que permite aplicar la nueva agravante de género en esos casos.

Una mujer, de 41 años y nacionalidad extranjera, permanece ingresada en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Montecelo tras sufrir una brutal agresión. El suceso ocurrió el pasado sábado 11 de julio en el municipio de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra, y actualmente se estudia si podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Por el momento, la pareja de la víctima, un varón de 48 años y nacionalidad española, ha sido detenido por las autoridades como presunto responsable del ataque y ha pasado a disposición judicial. Tal y como ha podido saber el diario Faro de Vigo, los agentes de la Guardia Civil recibieron un aviso el sábado por la tarde cuando los vecinos encontraron a la mujer ensangrentada y con importantes golpes en la cara fuera de la vivienda.

Los vecinos, como detalla el Diario de Pontevedra, se acercaron a la mujer después de escuchar sus gritos de auxilio. Al llegar, se dieron cuenta de que no hablaba castellano, por lo que apenas pudo articular palabra con los vecinos que la socorrieron.

Una discusión o un movimiento predeterminado

Actualmente, la Guardia Civil continúa estudiando lo que sucedió dentro del domicilio de la pareja. Aunque su principal hipótesis se centra en que la mujer podría haberse caído por la ventana durante una fuerte discusión o que, directamente, fuese arrojada por su pareja desde el balcón para intentar acabar con su vida.

De esta manera, el testimonio de la víctima puede ser determinante para avanzar en el caso. Sin embargo, debido al estado grave en el que se encuentra, los agentes aún no han podido interrogarla para esclarecer las circunstancias del suceso.

En cuanto a la situación legal del arrestado, fue conducido esta tarde a disposición del juzgado plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra para el inicio de las diligencias.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña anunciara que tiene aspiraciones para volver a ser el presidente del Senado de la República, surgieron reacciones inmediatas tanto al interior de Morena como entre integrantes de otras bancadas, ya que su periodo en el primer año de la LXVI Legislatura se tornó polémico.

El propio Noroña reconoció que su camino no será sencillo. “No, no creo que tenga el apoyo, no”, admitió el senador, quien también adelantó que, antes de tomar una decisión definitiva, necesita dialogar con sus compañeras y compañeros para conocer si ven con simpatía su posible regreso.

Aun así, advirtió que las acusaciones por violencia política de género podrían usarse para bloquear su candidatura: “Van a empezar a alegar: ‘Es misógino, lo acaban de sancionar por violencia política de género’”.

En este contexto, la confirmación reciente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz, complica aún más sus aspiraciones, ya que podría quedar inscrito en el durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El senador comunicó que apelará la resolución, buscando mantener sus posibilidades de contender por la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo legislativo.

Ignacio Mier le pone freno a las aspiraciones de Noroña

Mientras en Morena varios legisladores muestran interés por la presidencia de la Mesa Directiva, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue tajante al recordar que la decisión se tomará hasta agosto. “Será una distinción presidir la Mesa Directiva, pero los tiempos están establecidos con precisión”, subrayó el legislador, quien además recalcó que la actual presidenta es Laura Itzel Castillo.

Mier reiteró que la elección se realizará durante la plenaria del grupo parlamentario, donde buscarán el consenso entre todos los legisladores. Aunque reconoció que expresar aspiraciones es legítimo en política, advirtió con ironía: “A los que se destapan luego les da pulmonía”.

Consultado sobre la posibilidad de que Fernández Noroña repita en el cargo, Mier descartó esa opción y explicó que la decisión no solo corresponde a Morena, sino también a sus aliados parlamentarios. “Tenemos que buscar el consenso y el acuerdo con nuestros aliados, para garantizar la buena conducción de los trabajos en el Pleno y una responsabilidad institucional”, detalló.

Otros senadores no estarían de acuerdo con postular al polémico senador

La candidatura de Noroña también enfrenta resistencias internas y externas. El senador morenista Manuel Huerta manifestó que no apoyan la reelección en la Mesa Directiva, por principios y no por motivos personales: “No estamos por la reelección, si fuera su primera vez quizá”.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, fue incluso más crítico, ya que consideró que la presidencia de Noroña generó desacuerdos y problemas en el pasado, y planteó dudas sobre su elegibilidad tras la sanción por violencia política de género.

El morenista Oscar Cantón Zetina no descartó que el Partido Verde pueda ser incluido en la negociación, resaltando la alianza entre fuerzas políticas. Por su parte, Higinio Martínez señaló que cualquier decisión deberá pasar por el voto y la opinión de más de 60 senadores de Morena, y confirmó que él también buscará la presidencia.

El proceso formal iniciará en agosto y, hasta entonces, las distintas corrientes internas seguirán negociando.

Así es el proceso para elegir a la presidencia del Senado

La presidencia del Senado de la República se define cada año legislativo por medio de una votación secreta por cédula en el Pleno. Para ser designado, el candidato debe reunir la mayoría absoluta de los votos de los senadores presentes.

La Mesa Directiva se compone de:

• Un presidente
• Tres vicepresidentes
• Cuatro secretarios

Todos los integrantes son elegidos por mayoría absoluta y pueden ser reelectos para el ejercicio de un año legislativo. El proceso está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General y suele concretarse durante la plenaria de inicio de periodo, donde los grupos parlamentarios presentan sus propuestas y buscan consensos.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija, de 31 años, tras encontrar sus cuerpos en el interior de una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se había producido un incendio.

Los agentes recibieron el aviso a las 2:15 horas de la madrugada: una llamada al 112 advirtió de que, en una vivienda unifamiliar de la calle Tulipán, en el núcleo de las Lagunas, salían llamas y humo. Dentro del piso, encontraron los cadáveres de ambas mujeres. Si bien en un primer momento se pensó que habían fallecido a causa del incendio, tras una inspección ocular los agentes han encontrado signos de violencia en los cuerpos. En concreto, presentaban varias puñaladas.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis por el momento, pudiendo tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Aunque las pesquisas se encuentran en una fase muy incipiente, los agentes tratan ahora de determinar si el incendio trata de ocultar un doble asesinato y destruir pruebas. Los agentes han aclarado que ninguna de las víctimas figuraba dentro del sistema VioGén por violencia de género y barajan la posibilidad de que en el doble crimen haya participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.

Los cadáveres se han trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para realizarles la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes.

27 mujeres asesinadas por violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, podrían ser las víctimas número 28 y 29 por violencia de género en España este 2026. El pasado 3 de julio, el Ministerio de Igualdad confirmó como asesinatos por violencia de género los crímenes de dos mujeres en Alicante y Málaga, por lo que la cifra ascendió a 27 muertes en este año y 1.368 desde que comenzaron los registros, en el año 2003.

El caso de Alicante correspondía a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, el pasado 2 de julio en Alicante. El segundo es el de una mujer de 35 años, asesinada presuntamente por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo en Málaga. En ninguno de los dos casos había denuncias previas.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Llegan a España con la expectativa de encontrar un empleo y comenzar una nueva vida, pero terminan atrapadas en redes de trata con fines de explotación sexual. La Policía Nacional ha detectado un incremento de víctimas venezolanas captadas por organizaciones criminales que utilizan falsas ofertas de trabajo como reclamo, imponen elevadas deudas y mantienen un control constante sobre las mujeres explotadas.

La inspectora Cristina del Collado, jefa del Grupo de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha explicado que las organizaciones latinoamericanas son actualmente las más presentes en España. Entre ellas destacan las venezolanas, colombianas y paraguayas, junto a las chinas, mientras que las procedentes de países del este de Europa, especialmente Rumanía, tienen una tendencia descendente.

Las organizaciones venezolanas presentan una particularidad frente a otros grupos criminales: sus principales responsables permanecen en Venezuela, desde donde, según la inspectora, “monitorizan todo” el funcionamiento de la red. Aunque cuentan con colaboradores en España encargados de vigilar a las mujeres y trasladarlas entre diferentes pisos del territorio. Además, parte del dinero obtenido mediante la explotación sexual es enviado al país de origen de los responsables.

El perfil de las víctimas suele corresponder a mujeres muy jóvenes, de entre 18 y 20 años, en situaciones de especial vulnerabilidad y con una alta exposición a la manipulación. Antes de trasladarlas a España, las redes suelen enviarlas a otros países como Chile o Perú para “ponerlas a prueba” y comprobar si se adaptan al entorno de explotación sexual.

La captación comienza con un engaño: las organizaciones ofrecen supuestos empleos en España que prometen una oportunidad económica y una salida a situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, una vez que las mujeres llegan al país, descubren que la realidad es muy distinta y quedan sometidas a las condiciones impuestas por la red. Para mantenerlas bajo control, los responsables les imponen una deuda por el traslado y la supuesta ayuda prestada, una cantidad que puede situarse entre los 9.000 y los 15.000 euros, la cifra más elevada detectada por la Policía.

Captación, deudas y amenazas para controlar a las víctimas

En el caso de las organizaciones colombianas, el funcionamiento presenta algunas diferencias respecto a las redes venezolanas. Según ha explicado Cristina del Collado en la Universidad Complutense, los responsables suelen encontrarse en España, aunque mantienen colaboradores en Colombia encargados de localizar y captar a jóvenes a las que engañan con falsas promesas de trabajo y mejores oportunidades económicas.

Una vez trasladadas a España, las víctimas son sometidas a una deuda que oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros, una cantidad que deben devolver mediante la explotación sexual. Además, las redes recurren a mecanismos de intimidación para evitar que abandonen la situación de explotación: les hacen firmar documentos en los que deben aportar información sobre sus familiares y sus domicilios, datos que después utilizan como amenaza si intentan escapar o dejar la prostitución.

Asimismo, la Policía también ha detectado casos en los que estas organizaciones fuerzan a las víctimas al consumo de drogas, especialmente cocaína, generando una dependencia que facilita aún más su control.

Junto a las colombianas, las redes paraguayas también mantienen una presencia destacada en España, aunque emplean métodos de captación diferentes. En muchos casos, las víctimas son engañadas por familiares o personas cercanas, una circunstancia que aumenta su confianza y facilita que acepten viajar al país con la promesa de encontrar un empleo.

Una vez en España, las mujeres quedan atrapadas por una deuda que ronda los 4.000 euros. Para garantizar su pago, las organizaciones pueden obligarlas a firmar avales con los que comprometen bienes propios o de sus familias, como viviendas o vehículos, utilizando esa presión económica como otra herramienta de control sobre las víctimas.

Las redes rumanas pierden fuerza, pero mantienen su presencia en España

Mientras tanto, las organizaciones procedentes del este de Europa, especialmente las de Rumanía, continúan teniendo presencia en España, aunque la Policía Nacional ha detectado una evolución a la baja en este tipo de redes en los últimos años. Pese a este descenso, los investigadores advierten de que estas estructuras siguen utilizando métodos de captación basados en la manipulación y el engaño, entre ellos la conocida técnica del ‘lover boy’.

Este método suele estar protagonizado por un hombre, generalmente de entre 30 y 35 años, con buena apariencia física y una imagen de éxito, que se acerca a jóvenes de alrededor de 18 o 19 años y establece con ellas una relación sentimental. Una vez que consigue ganarse su confianza y generar una dependencia emocional, la víctima es presionada y obligada a ejercer la prostitución, quedando bajo el control de la organización.

Frente a estos grupos, la inspectora Cristina del Collado ha señalado que las organizaciones chinas son actualmente unas de las más complejas de investigar para las fuerzas de seguridad. Su estructura cerrada y su funcionamiento dentro de comunidades muy herméticas dificultan el acceso de los investigadores, a lo que se suman las barreras lingüísticas, sociales y culturales. Esta combinación hace más complicada tanto la identificación de los responsables como la detección y asistencia a las posibles víctimas.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, cinco hombres que entonces tenían entre 26 y 29 años agredieron sexualmente a una joven de 18 años en un portal. El caso podría haber sido uno más de los que se registran en fiestas de este tipo, pero transformó la percepción social de la violencia sexual en España e impulsó cambios en la legislación. Los autores, que grabaron la agresión con sus teléfonos móviles y robaron a la joven el suyo, actuaron con pleno conocimiento de que “no tenían el consentimiento de la víctima” y sabiendo que “atentaban contra su libertad e indemnidad sexual”, según indicó el fallo del Tribunal Supremo, que tras un proceso judicial extenso y complejo, les condenó a 15 años de cárcel.

En los mensajes intercambiados por el grupo, conocido como ‘La Manada’, compartieron comentarios celebrando lo ocurrido, utilizando expresiones que restaban gravedad a los hechos y jactándose ante otros conocidos. “Follándonos a una entre los cinco”, “todo lo que cuente es poco”, “puta pasada de viaje”, llegaron a decir en sus conversaciones con otros amigos mientras estos respondían: “Cabrones, os envidio. Esos son los viajes guapos”.

En un principio, en abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra condenó inicialmente a los cinco hombres —José Ángel Prenda (28 años), Ángel Boza (26), Jesús Escudero (27), Alfonso Jesús Cabezuelo (29) y Antonio Manuel Escudero (29)— a nueve años de prisión, al ser considerados culpables de un delito continuado de abuso sexual y no de agresión sexual (violación), ya que los magistrados entendieron que no hubo ni intimidación ni violencia física explícita, condiciones que exigía el Código Penal para que se considerase agresión sexual o violación.

Los acusados, que insistieron en que fue una relación consentida, recurrieron la decisión de la Audiencia y la respuesta en la calle fue inmediata, pues desencadenó una ola de indignación y protestas en numerosas ciudades de España que exigían una mayor protección para las víctimas en el sistema judicial. Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales reclamaron entonces una reforma legal que reflejara con mayor claridad la gravedad de estos delitos. El caso de ‘La Manada’ también puso en cuestión la actuación de la policía y la exposición pública de la víctima, que sufrió acoso y ataques en redes sociales.

En 2019 el Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se trató de una violación múltiple, elevando la condena a 15 años de cárcel. Confirmó que los cinco hombres se sirvieron de su “superioridad” para agredir sexualmente a la joven con penetraciones por vía vaginal, oral y anal. La decisión del Supremo, que volvió a derivar en protestas multitudinarias en decenas de ciudades, supuso un hito en la jurisprudencia española y sentó las bases para la posterior reforma de la ley de libertad sexual, conocida como la Ley del “solo sí es sí”, que modificó los criterios para considerar el consentimiento en los delitos sexuales.

Expertas en violencia de género aseguran que esta sentencia del Supremo representó un cambio en la interpretación judicial al establecer que la falta de resistencia de la víctima no equivale a consentimiento. El caso de La Manada aceleró también un cambio cultural en la manera de entender el consentimiento sexual, de forma que el mensaje de “solo sí es sí” ganó fuerza en la sociedad, reforzando la idea de que toda relación debe basarse en un consentimiento claro, libre y reversible en cualquier instante.

“Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista”, explicó el pasado viernes la socióloga feminista Rosa Cobo durante las jornadas ‘Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual’, según informa la agencia EFE.

Otro caso similar en Pozoblanco, Córdoba

También cabe recordar que cuatro de los cinco integrantes de la Manada ya habían sido condenados por otro delito sexual cometido meses antes de los hechos de Pamplona. En esa ocasión, según los fallos judiciales, abusaron de una joven que se encontraba inconsciente en el interior de un vehículo en Pozoblanco (Córdoba), en una agresión ocurrida en la primavera de 2016, previa a las fiestas de San Fermín. Las pruebas obtenidas durante la investigación de ambos casos evidenciaron un patrón de conducta y contribuyeron al endurecimiento de las condenas.

Además, un año después de la violación grupal en Pamplona, el movimiento internacional Me Too cobró fuerza al visibilizar denuncias de acoso, abuso y agresiones sexuales en distintos ámbitos, poniendo en evidencia que estas situaciones forman parte de un problema estructural y no de hechos aislados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la relevancia que han tenido en la historia y la actualidad del país.

Violencia de las mujeres tiene raíz en la discriminación

Ante beneficiarias del programa, Sheinbaum sostuvo que la violencia contra las mujeres tiene raíz en la discriminación y en la negación de derechos. “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”, afirmó.

La presidenta enumeró los derechos que deben garantizarse a todas las mujeres, sin distinción de oficio o profesión:

• Derecho a educarse
• Derecho a trabajar
• Derecho al acceso a la salud
• Derecho a una vida libre de violencia

Sheinbaum subrayó que reconocer a las mujeres -amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias- es la forma de combatir la desigualdad. “Siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, señaló.

Gobierno federal destina un billón en Programas para el Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, dijo, es el reconocimiento concreto al trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo: por primera vez en 200 años, una mujer llegó a la Presidencia de México.

Además del programa de pensión, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

Más de un millón de mujeres reciben apoyo en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Precisó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el estado construirá 127 Centros LIBRE, a pesar de que solo cuenta con 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Estos son algunas de las reformas impulsadas en el gobierno de Sheinbaum

El 3 de octubre de 2024, dos días después de asumir la presidencia, Sheinbaum presentó un paquete de Reformas Constitucionales enfocado en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Estas reformas establecieron el derecho a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizarlo.

El paquete incluyó disposiciones para asegurar igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso al mismo trato y oportunidades, y medidas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños en procedimientos civiles y familiares. También se incorporó el concepto de violencia vicaria y se creó el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.

Con el lema “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum formalizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que hasta abril de este año la dirigió Citlali Hernández. Esta dependencia instaló 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en varios estados del país.

Además, se implementó el programa Mujeres Bienestar, que otorgó un apoyo bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años. Entre la legislación que se impulsó este año, se encuentra la ley contra el feminicidio, aprobada en el Congreso de la Unión.

Luego de que el pasado 29 de junio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, diera a conocer que su administración considera el retiro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ (IDHIE) mostraron su preocupación y advirtieron falta de condiciones para llevar a cabo esta acción.

El mandatario estatal sustentó sus afirmaciones bajo la excusa de que informes oficiales indican que la entidad pasó del lugar número siete al doce en materia de feminicidios, sin embargo, ambas organizaciones destacaron que esto “no constituye, por sí misma, un indicador de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género”.

GIM sin sesionar y medidas no cumplidas evitan que se levante la Alerta de Violencia de Género

Destacaron la deuda del gobierno poblano con las mujeres, sobre todo, después de que en 2019 se levantara la AVGM, ya que de las “45 medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta en Puebla, únicamente 4 han sido cumplidas en su totalidad, mientras que 28 continúan en proceso de cumplimiento, 2 presentan cumplimiento parcial, 1 permanece pendiente, 1 fue pospuesta y 9 han sido incumplidas”.

Precisaron que para que el mecanismo se levante, debe haber “cumplimiento efectivo de las medidas establecidas, los avances institucionales y los resultados verificables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Por lo anterior, la Alerta de Violencia de Género no debe levantarse solo tomando en cuenta datos estadísticos, ya que esto no muestra “evidencia que demuestre que las acciones implementadas han generado condiciones reales de seguridad para las mujeres y niñas”.

También resaltaron la falta de trabajos por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el cual está enfocado en dar seguimiento a la medida implementada, mismo que “lleva más de un año sin sesionar, lo que ha impedido contar con nuevos dictámenes y realizar una evaluación integral sobre los avances y el cumplimiento de las acciones implementadas por el Estado”.

Gobierno solo reconoce 4 feminicidios de 38 muertes violentas de mujeres

Destacaron que aún está pendiente que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal de a conocer el informe con las medidas de desaparición, el cual se concluyó en 2024. Cabe destacar que, la dependencia sigue sin titular, ya que la senadora Laura Itzel Castillo -quien fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- asumirá funciones hasta septiembre de este año.

Señalaron que a las 38 muertes violentas de mujeres registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de este año, “se suma la grave problemática de desaparición de mujeres y niña”.

“Este año, simplemente solo han acreditado cuatro feminicidios de 38 asesinatos de mujeres. Entonces, esto es importante porque los estados no están acreditando el delito", señaló la directora del OCNF, María de la Luz Estrada.

Armenta insta a evaluación técnica

El 8 de abril de 2019, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue decretada para 50 municipios de Puebla debido al aumento de agresiones hacia las mujeres. Armenta afirmó que apoyó la petición de dicha alerta durante su periodo como legislador.

No obstante, subrayó que las circunstancias han cambiado y planteó la necesidad de analizar si la entidad podría superar esta medida, siempre a partir de criterios técnicos y garantizando la protección de las mujeres.

Reiteró que los avances se deben a la coordinación de dependencias estatales con la Fiscalía local, además de la puesta en marcha de las Casas Carmen Serdány losCentros LIBRE.

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado de manera encubierta a más de 130 clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento en su centro de masajes privado. Además, al sospechoso se le imputan también varios presuntos delitos de agresión sexual en algunos de los casos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una clienta que detectó la presencia de una cámara de vídeo oculta dentro de una de las cabinas del establecimiento. La mujer, al percatarse de que había un objetivo dirigido hacia la zona donde se desvestía, dio aviso a la Guardia Civil e interpuso una denuncia, lo que permitió abrir las primeras diligencias del caso.

Los agentes del Instituto Armado se desplazaron hasta el local y comprobaron la existencia del dispositivo de grabación oculto, dando inicio a una investigación más amplia, según ha adelantado ABC. A partir de ese momento se procedió a la incautación del material registrado y a la detención del responsable del centro.

Según la información recabada por los investigadores, el detenido es un hombre de 60 años y nacionalidad española, propietario del establecimiento de masajes. Tras su arresto, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial mientras continúa la instrucción del caso.

Las pesquisas posteriores han permitido localizar un elevado volumen de material audiovisual presuntamente grabado sin consentimiento. En total, los agentes han identificado más de 500 vídeos en análisis, según ha informado Diario de Rivas. Paralelamente, se ha elaborado un listado de clientas del centro, que estarían potencialmente afectadas por los hechos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el número de posibles perjudicadas asciende ya al menos a 131, aunque no se descarta que esa cifra aumente conforme avance la investigación. La Guardia Civil continúa revisando el material intervenido para determinar el alcance completo de las grabaciones y la posible existencia de otros delitos asociados.

Apoyo municipal a las víctimas

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha emitido un comunicado en el que ha expresado su “apoyo y acompañamiento” a las posibles víctimas de los hechos investigados. El consistorio ha habilitado recursos de atención psicológica y orientación jurídica para las mujeres afectadas, así como la derivación a otros servicios especializados en caso necesario.

Entre los canales de contacto habilitados se encuentra el Buzón Mujer, además de un teléfono municipal específico para ofrecer información y asistencia a las posibles víctimas. El objetivo, según ha señalado el consistorio, es facilitar el acceso rápido a apoyo institucional mientras avanza el procedimiento judicial.

Asimismo, el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de personarse como acusación popular en el caso, al considerar que los hechos podrían afectar a intereses generales y a una pluralidad de personas. No obstante, ha subrayado que cualquier decisión se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia.

El gobierno municipal ha insistido en que la prioridad en estos momentos es garantizar que cualquier persona afectada conozca los recursos disponibles y pueda recibir acompañamiento adecuado. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo supervisión judicial, a la espera de esclarecer completamente el alcance de las grabaciones y las posibles responsabilidades penales del detenido.

La violencia familiar en México se mantiene como uno de los principales delitos cometidos contra las mujeres. En los últimos años, organizaciones civiles y el gobierno implementan diversas acciones para combatir este tipo de agresiones.

Sin embargo, la cifra de casos aumentó de forma significativa entre enero y mayo del presente año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe, al corte del 30 de mayo, cuatro estados concentran el 35.8% del total de delitos de violencia familiar registrados en el país en dicho periodo.

En conjunto, estas entidades suman 40,550 delitos de un total nacional de 113,294 casos.

La Ciudad de México se posicionó como la entidad con más casos de violencia familiar, al reportar 11 mil 845 denuncias, equivalentes al 10.5% del total de casos a nivel nacional.

Le sigue Estado de México con 11 mil 317 delitos, lo que representa el 10.0% del total.

Nuevo León reporta 10 mil 080 delitos de violencia familiar en el periodo señalado. Guanajuato concentra 7 mil 308 casos. Baja California registra 6 mil 666 denuncias.

Coahuila y Chihuahua comparten la misma cifra, con 5 mil 524 delitos cada uno. Jalisco acumula 5 mil 339 casos. Puebla alcanza 4 mil 734 denuncias.

Veracruz suma 4 mil 643 delitos. San Luis Potosí cuenta con 4 mil 096 casos. Hidalgo reporta 3 mil 408 denuncias.

Tamaulipas alcanza 3 mil 106 casos. Quintana Roo y Sinaloa presentan cifras similares, con 3 mil 088 y 3 mil 070 delitos, respectivamente.

Tabasco reporta 2,890 denuncias. Morelos suma 2,888 casos. Sonora registra 2 mil 295 delitos. Durango alcanza 2,095 denuncias, mientras que Querétaro suma 2 mil 040 casos.

Colima reporta 1,755 delitos. Zacatecas acumula 1,515 denuncias. Oaxaca suma 1,482 casos. Baja California Sur reporta 1,446 delitos. Guerrero registra 1,344 casos.

Aguascalientes presenta 1,147 denuncias. Michoacán suma 860 casos. Nayarit reporta 623 delitos. Chiapas cuenta con 340 casos. Campeche registra 152 delitos, Yucatán suma 114 denuncias y Tlaxcala cierra la lista con 12 casos.

¿Cómo se sanciona?

El Código Penal Federal establece en el Artículo 343 Bis que comete el delito de violencia familiar quien ejerza actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, o sexual, contra una persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial; parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; concubinato; cohabitación, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Cuando las conductas descritas en el Artículo 343 Bis se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.

El Artículo 343 Ter señala que se equipara a la violencia familiar y se sanciona con seis meses a cuatro años de prisión a quien realice cualquiera de los actos del artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.

El Artículo 343 Ter 2o. establece que las penas previstas en el Artículo 343 Bis aumentarán hasta en una tercera parte a quien cometa el delito a través de interpósita persona.

En los casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona, el Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima, acordará medidas preventivas y solicitará medidas precautorias para salvaguardar la integridad física o psíquica, además de solicitar las órdenes de protección que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas en términos de lo dispuesto por la legislación.

Denuncia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video donde su pareja, María Felicia Jiménez, denuncia maltratos y agresiones.

El material muestra supuestos hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en un domicilio de Emiliano Zapata, Morelos.

El video fue difundido por Jiménez, quien pidió auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México colabora para garantizar la protección de la víctima.

Tras la viralización del video, la Secretaría de Energía informó que Rodríguez no será incorporado al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, aunque previamente se había anunciado su nombramiento.

El exfuncionario declaró que se separa de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y expresó disposición para colaborar con las autoridades. El caso se da a conocer casi un mes después de que Rodríguez dejó la dirección de Pemex.

El terremoto en el fútbol italiano sigue dando nombres. La crisis que hace unos meses asolaba la Serie A desvela ahora otro nombre que está en primera línea después de que el Real Madrid lo tenga en sus listas de deseados. Alessandro Bastoni está siendo investigado por la fiscalía de Milán en el marco de una investigación por prostitución infantil.

Así lo ha confirmado La Gazzetta dello Sport después de que la fiscalía notificara al central del Inter de Milán. En cuestión, se le investiga por un presunto delito de prostitución de menores, dentro de una causa más amplia sobre una supuesta red de acompañantes que operaba en el entorno de la ciudad italiana. La notificación no implica culpabilidad, pero sí ha hecho saltar las alarmas del fútbol italiano, que vive uno de los peores episodios de su historia después de no disputar por tercera vez el Mundial.

De todos modos, Bastoni se convierte en el primer futbolista investigado dentro de esta crisis. El jugador será interrogado en los próximos días.

Una red de acompañantes

El nombre de Bastoni aparece en el marco de la investigación sobre “Ma.De”, una presunta agencia de acompañantes con sede en Cinisello Balsamo, en la provincia de Milán, que, según la acusación, organizaba fiestas “todo incluido” para clientes VIP, principalmente futbolistas, con cenas, discotecas y noches en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Según la documentación de la investigación, el defensa fue puesto en contacto en 2020, a través de un empleado de la agencia, con una joven que entonces tenía 17 años. La Fiscalía investiga si entre ambos existió una relación sexual, circunstancia que constituiría el presunto delito que se le atribuye. No obstante, la joven, interrogada como testigo, niega que haya mantenido relaciones sexuales con Bastoni.

A pesar de ello, los investigadores consideran que sigue habiendo elementos documentales y conversaciones intervenidas que justifican continuar con las diligencias y citar al futbolista para prestar declaración. Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, también ha solicitado información a otros tres futbolistas (Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi), aunque todos ellos figuran únicamente como testigos y no están siendo investigados.

Bastoni, en el radar del Real Madrid

Mientras su situación judicial acapara la actualidad, Bastoni continúa siendo uno de los centrales más cotizados del mercado. En las últimas horas, el diario AS ha relacionado al futbolista con el Real Madrid, que busca reforzar su eje de la zaga tras las llegadas de Konaté, Cucurella y Dumfries.

La relación entre ambos clubes es buena, algo que quedó patente en el reciente partido amistoso entre leyendas de los dos equipos disputado en el Bernabéu. El Inter conoce el interés madridista y, de hecho, durante la temporada ya autorizó a Bastoni a negociar su futuro, lo que le llevó a mantener conversaciones con el Barcelona que finalmente no fructificaron.

Las últimas informaciones apuntan a que el jugador podría salir por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Después de la lesión de Schlotterbeck, aunque no fue tan grave como lo esperado, ha hecho que Bastoni ganara puntos como principal objetivo madridista para la defensa. Además, encaja con la hoja de ruta de los fichajes de Mourinho: experiencia, capacidad para iniciar el juego desde atrás y consolidación en el fútbol de élite. En la última temporada, Bastoni ha jugado 40 partidos, marcado cuatro goles y dado seis asistencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá protección institucional para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos abriera una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia denunciados por su esposa.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres estableció comunicación con la víctima y reiteró que las autoridades competentes deben actuar conforme a la ley.

Sheinbaum sostuvo que el caso corresponde a la Fiscalía de Morelos debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en esa entidad. En ese sentido, enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario.

La presidenta afirmó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y señaló que ninguna persona recibirá un trato diferenciado por haber ocupado un cargo público.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, expresó.

La mandataria también aprovechó para aclarar la situación administrativa de Rodríguez Padilla dentro del gobierno federal. Explicó que el exdirector de Pemex estaba contemplado para asumir una nueva responsabilidad en el ámbito energético y que incluso ya había anunciado públicamente su próxima incorporación.

Sin embargo, precisó que el procedimiento de designación aún no se encontraba concluido porque faltaba la firma oficial del nombramiento.

“Yo no había firmado porque lleva un trámite la firma del nombramiento. Apenas iba a pasar el nombramiento”, explicó.

Por esa razón, indicó que no fue necesario revocar ninguna designación formal, ya que el proceso no se había concretado. Añadió que Alejandro Salcido continuará al frente de la posición que se tenía prevista para Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

“No ocupará otro cargo”

La presidenta fue más allá y afirmó que el exfuncionario no podrá ser considerado para otro cargo dentro de la administración federal mientras se desarrolla el caso.

“Ya no podrá ocupar otro cargo en la administración, ya no”, señaló ante la pregunta expresa de la prensa.

Las declaraciones ocurrieron después de que se difundiera un video en el que se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a una mujer. Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Sheinbaum insistió en que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación y reiteró que la aplicación de la ley debe ser igual para cualquier persona.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, sostuvo la mandataria.

Un video contradice a Sheinbaum: pidió ayuda a Rodríguez Padilla para dirigir el INEEL

El 14 de mayo de 2026, la presidenta anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

En conferencia de prensa, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, condenó la violencia física que ejerció el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en contra de su esposa, María Felicia Jiménez, quien denunció públicamente los actos cometidos por el alto exfuncionario.

Tras la viralización del caso, Montiel fue cuestionada por el caso que ha sacudido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum al tratarse de un político cercano a ella. “Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente, hacia las mujeres”, externó la dirigente.

“Todo el peso de la ley” contra Vítor Rodríguez

Respecto a la información que ha trascendido este sábado, respecto a que la Doctora María Felicia presentará una denuncia en contra de su esposo, la presidenta del partido oficialista reiteró que este proceso es de vital importancia, para que “todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta”.

Reiteró que a pesar de ser un alto funcionario, será juzgado conforme lo estipula la ley en estos casos, “La justicia es para todas las mujeres. Nuestra presidenta dijo: ‘Llegamos todas’. Y lo está cumpliendo”.

La dirigente nacional agregó que Morena se suma a “las exigencias de aplicar todo el peso de la ley a quien violenta a una mujer como lo hemos visto”.

Ariadna Montiel descalifica comunicado del exdirector de Pemex

Durante la noche del 26 de junio -día en que se dio a conocer la denuncia de María Felicia -, Víctor Rodríguez Padilla emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde aseguró “entender la sensibilidad de la situación”; sin embargo, su mensaje fue descalificado por Ariadna Montiel:

“No compartimos de ninguna manera el comunicado que el exfuncionario también presentó. Me parece que es claro y evidente que ha cometido un delito y esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley”.

En el breve texto publicado por el exdirectivo, señaló haberse “separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”; sin mayor sensibilidad y pese a haber ejercido violencia en contra de su esposa frente a su hijo, solicitó respetar la privacidad de su familia:

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”.

Esta fue la denuncia en contra del exfuncionario del INEEL

Aunque el día de ayer, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias(INEEL) aseguró que Rodríguez Padilla nunca formó parte de dicha institución, la realidad es que el pasado 3 de junio se llevó a cabo una ceremonia por el nombramiento de quien asumiría la dirección.

Por lo que al seguir siendo parte de un puesto con poder en el gobierno de Sheinbaum, el mensaje de María Felicia aseguró que “en casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, confirmando que el discurso morenista se desvanece ante la realidad que vivió la mujer:

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL".

Al decidir romper el silencio, la Doctora en Ingeniería Física Nuclear aseguró que esta situación se traducía en quedarse “sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”.

Cabe destacar que el caso se viralizó tras la publicación de un video con un mensaje donde se exhibe la violencia que ejerció el alto funcionario el pasado 15 de marzo en 2026, el delito quedó grabado en una cámara de vigilancia al interior del domicilio.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 24 de junio durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana, a la decisión del partido oficialista se le suma el proceso penal que enfrentará el dirigente juvenil.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido informó la destitución de Castillo mediante un comunicado oficial. El documento señala que la decisión responde a la “determinación irrevocable de preservar el compromiso con los valores y principios” del movimiento.

Castillo es egresado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas; tras la viralización del actuar violento, compañeros de esa institución lo han señalalado como una persona con historial de conductas agresivas.

Morena destituye al dirigente juvenil de Zacatecas

El CEN de Morena anunció que Castillo fue separado de su cargo “como un acto de responsabilidad y congruencia”. El partido subrayó que “no hay lugar para ninguna forma de violencia, y mucho menos para conductas que vulneren la integridad, los derechos o la dignidad de las mujeres”.

El Consejo Estatal de Morena Zacatecas había emitido previamente su propio comunicado en el que condenó los hechos y señaló que la conducta del dirigente “contraviene los principios y valores” del partido. “No hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres”, se lee en ese documento.

El video que desató la destitución: así ocurrió la agresión

Las imágenes grabadas por aficionados muestran el momento en que una conductora de plataforma circulaba por el Centro Histórico de la capital zacatecana cuando fue interceptada por una multitud en el cruce de la avenida Hidalgo y el callejón del Santero.

Según el video, los aficionados comenzaron a balancear el vehículo, mientras que la conductora en el intento de huir, acelera el carro. Castillo respondió abalanzándose sobre ella, golpeándola en el rostro.

Testigos en el lugar identificaron al agresor como el dirigente juvenil del partido, posteriormente, Castillo eliminó sus perfiles en redes sociales.

El proceso penal y la postura del partido

El caso no quedó en el plano disciplinario interno: Castillo enfrenta un proceso penal derivado de la agresión. El CEN destacó en su comunicado que la separación del cargo se da con apego a los documentos básicos del partido y respetando el debido proceso.

Morena también aprovechó el comunicado para fijar su postura institucional. Estos son los puntos centrales que el partido subrayó:

• La destitución busca reafirmar que ocupar una responsabilidad partidista “debe pasar por los valores” del movimiento.
• El partido reiteró su respaldo a las acciones emprendidas por Morena Zacatecas.
• El CEN señaló que el actuar de sus integrantes, “en todas las esferas de su vida”, debe ser congruente con los principios de la Cuarta Transformación.

Al cierre de esta nota, el hombre involucrado no ha emitido alguna postura pública sobre su actuar violento en contra de una mujer.

Raquel Bollo ha revisitado en televisión uno de los episodios más graves de la violencia que sufrió junto a Chiquetete y ha situado en el centro a su hijo Manuel Cortés, que con seis años interrumpió una agresión en Algeciras y facilitó que pudiera llegar ayuda.

La colaboradora ha relatado estos hechos con motivo de la publicación de La vida después del ruido, el libro en el que repasa aquella etapa y el daño que le causó no sentirse creída incluso después de existir una sentencia condenatoria por violencia de género.

Bollo ha explicado en ¡De Viernes! que el episodio ocurrió un 31 de diciembre, cuando Antonio José Cortés Pantoja la estaba golpeando y el niño llamó a la puerta de la habitación; esa irrupción hizo que él se detuviera y permitió al menor salir corriendo a buscar ayuda de unos familiares.

El papel decisivo de su hijo

La propia Bollo ha resumido el peso de aquel instante con una frase que vinculó directamente con la supervivencia: “Yo pienso que al final los hijos vienen al mundo a darte la vida y mi Manuel me la dio a mí ese día cuando llamó a la puerta”.

Antes, había advertido de que los menores perciben mucho más de lo que los adultos creen: “Muchas veces te crees que ellos no se dan cuenta y, al final, los niños son esponjas y se dan cuenta de más de lo que tú te imaginas”.

También ha precisado que todo sucedió en Algeciras y que fueron familiares de su entorno quienes acudieron con rapidez y la llevaron al hospital. La colaboradora ha añadido que en aquel momento no quería denunciar, pero su círculo fue tajante: “O denuncias tú o denunciamos nosotros”.

El relato de Bollo no se ha limitado a la agresión concreta. En la entrevista ha insistido en el efecto duradero que tuvo el cuestionamiento público después de denunciar, pese a que Chiquetete fue condenado por violencia de género y a que, según su testimonio, existía una sentencia judicial.

“A mí ya esto no me hace daño. Quiero que eso vaya por delante”, ha dicho al revisar imágenes de aquel pasado. Aun así, ha señalado que lo que le viene a la cabeza cuando revive esa etapa son sus padres y la infancia que tuvo con ellos, una etapa a la que volvería “con otra vida diferente, la que a lo mejor me correspondía o la que mis padres hubiesen querido para mí por cómo me criaron”.

El estigma tras la denuncia

En ese mismo bloque, Bollo ha descrito el peso de la sospecha social tras la denuncia: “¿Qué más le hacía falta a la gente si él mismo lo dice?”. La colaboradora lamentó que “después vino todo el ruido” y que durante mucho tiempo le hizo daño tener que “empezar a demostrar” algo que, a su juicio, no tenía que demostrar.

La entrevistada ha situado el inicio de aquella relación en su juventud, cuando, según sus palabras, era una chica enamorada de un hombre mucho mayor y muy conocido. Ha sostenido además que él estaba entonces “en su peor momento”, que con ella formó una familia y que esa salida fue posible después de 10 años gracias, en buena parte, al apoyo de su familia.

Bollo ha explicado que en La vida después del ruido ha incluido otros episodios de aquellos años, aunque sin recrearse en la violencia más explícita. Entre ellos ha citado uno que, a su juicio, retrata la dinámica de miedo en la que vivía: “Por haber perdido la llave del coche, dormía en el coche”.

Su reflexión posterior ha apuntado al desplazamiento de la vergüenza hacia la víctima. “Yo ahora pienso, digo, que yo por perder una llave me tenga que quedar en un coche y que la vergüenza mía sea que no me vea nadie en ese coche, cuando realmente la vergüenza le tendría que dar a otra persona, no a mí”, ha afirmado. También ha asegurado que perdonó “hace mucho tiempo” y que incluso llegó a sentir “más pena de él” que de sí misma.

En su paso por ¡De Viernes!, la colaboradora ha abordado además otro frente personal: el distanciamiento con Isabel Pantoja. Ha negado que hubiera una discusión entre ambas y ha situado el enfriamiento de la relación tras el fallecimiento de la madre de la cantante, cuando los contactos por mensajes se hicieron más esporádicos y “empezó a no coger el teléfono”.

Bollo ha precisado que ahora mismo no tiene trato con Pantoja, aunque eso no significa que no la quiera. También ha recordado que la artista “ha sido parte de su familia” y una persona muy importante en su vida, hasta el punto de asegurar que acudirá a verla cantar en Sevilla porque la considera “una de las grandes artistas que nos quedan en nuestro país”.

Los responsables de la organización trasladaban a las víctimas entre varios pisos prostíbulos situados en distintas localidades españolas. Este modus operandi tenía como objetivo maximizar los beneficios económicos, manteniendo un control constante sobre los movimientos y la actividad de las mujeres explotadas. Durante la operación, los agentes detuvieron a 17 integrantes de la organización y tres de ellos permanecen en prisión provisional.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos de Tenerife. Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes lograron localizar nuevas víctimas en la isla y en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento interno de la red criminal. Según la Policía, el grupo imponía deudas a las víctimas y utilizaba el traslado constante entre pisos para dificultar su localización y mantener la coacción.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Unos meses después, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

España, uno de los principales puntos de tránsito y destino en Europa para la trata

La trata con fines de explotación sexual afecta cada año a decenas de mujeres migrantes en España, muchas de ellas procedentes de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Fuentes policiales y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han advertido sobre el aumento de casos relacionados con mafias que captan a mujeres en situación vulnerable y las someten a condiciones de explotación en Europa. En los últimos años, los cuerpos de seguridad españoles han llevado a cabo operaciones similares en distintas regiones del país, desmantelando redes que replican patrones de deuda, traslado forzoso y control sistemático sobre las víctimas.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la trata de personas, y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la detección y el rescate de víctimas de estos delitos.

El juzgado de Ångermanland (norte de Suecia) ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de cárcel a Tomas Runsten por haber prostituido durante tres años a su mujer. El sexagenario, conocido como el ‘Pelicot sueco’ por las similitudes de sus actos con los cometidos por el francés Dominique Pelicot, obligó a la víctima a practicar sexo con entre 250 y 275 hombres a cambio de dinero desde 2023.

El tribunal sueco ha considerado que fue él quien tomó la iniciativa “para que la mujer empezara a vender sexo” y que el condenado “ha sido quien administró gran parte del negocio”. Así, le han declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas y deberá indemnizar a su mujer con 200.000 coronas suecas (unos 18.370 euros).

Sin embargo, Runsten ha quedado absuelto de ocho cargos por violación. Según el juez encargado del caso, Johan Ahlberg, en siete de ellos no se ha logrado demostrar la falta de consentimiento de la víctima, mientras que en el otro no ha podido establecerse qué tipo de acto sexual se mantuvo.

120 sospechosos, 28 condenados

La sentencia del tribunal sueco calcula que la mujer de Runsten fue obligada a mantener relaciones con más de 250 hombres a cambio de dinero. “Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, ha explicado Ahlberg en un comunicado.

En un inicio, la causa incluyó a 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, pues el delito prescribe a los dos años de cometerse. Finalmente, han sido 28 los condenados por compra de delitos sexuales, pero solo dos de ellos han tenido penas de cárcel y pasarán un mes en prisión. Otro hombre permanecerá en libertad vigilada, mientras que los 25 restantes pagarán multas, que van desde las 2.000 coronas (184 euros) hasta las 21.000 coronas suecas (1.927 euros).

Para Runsten, la fiscalía había pedido 10 años de prisión y una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas (unos 91,726 euros). Sin embargo, el tribunal ha reducido la condena a menos de cuatro años y medio de cárcel para el sexagenario. Según el fallo judicial, el hombre superó “los límites” impuestos por su pareja, pero esto “no puede por sí solo servir de base para interpretar que hubo falta de voluntariedad cuando esta no quedó expresamente manifestada”.

El juez Ahlberg ha considerado que no ha quedado acreditado que la participación de la víctima fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

Runsten, que ha defendido su inocencia hasta el último momento, estuvo vinculado en el pasado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno” y tenía condenas previas por maltrato y coerción, entre otros delitos. El hombre fue investigado hace dos años por abusos contra su mujer, pero el caso fue cerrado. Finalmente, el hombre deberá cumplir una pena de cuatro años y cinco meses en prisión.

Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobaron sanciones de hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos cometidos contra mujeres por razón de género, y se estableció la obligación de actuar con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.

La nueva normativa busca combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas y familiares, en un contexto donde el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios en el país.

El Estado de México concentra el 35% de los feminicidios registrados en 2025 dentro de municipios con Alerta de Violencia de Género. En 2026, la entidad destina más de 260 millones de pesos al combate de este delito, pero las diputadas advirtieron que la inversión debe ir acompañada de cambios sustanciales en la ley.

Funcionarios sancionados con prisión, multas e inhabilitación

Las comisiones para la Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia avalaron que servidores públicos de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencias o que obstruyan investigaciones relacionadas con violencia de género enfrenten penas de cárcel, además de 100 a 150 días de multa y la destitución o inhabilitación del cargo.

La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López de Morena, establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe investigar cada muerte violenta de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia. González López afirmó que la iniciativa fortalece a las instituciones y garantiza que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente.

La diputada subrayó que la reforma retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en Chimalhuacán, y que incorpora parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidos tras la sentencia del 25 de marzo de 2015, cuando el caso se reabrió para ser analizado desde una perspectiva de género.

Nueva tipificación y retos estructurales

Durante la discusión, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez de Morena expuso que las investigaciones sobre feminicidio en la entidad enfrentan deficiencias sistemáticas: pérdida de evidencia, falta de exhaustividad en carpetas y ausencia de perspectiva de género en peritajes iniciales. Destacó que la iniciativa podría contribuir a disminuir los feminicidios y sancionar a quienes obstaculicen la justicia.

La legisladora Luisa Esmeralda Navarro Hernández señaló que el proyecto legislativo evitará que carpetas de investigación se cierren bajo el argumento de suicidio, como ocurrió en el caso de Mariana Lima. Añadió que la aprobación responde a las demandas sociales para garantizar justicia y protección de los derechos humanos de las víctimas.

El diputado Octavio Martínez Vargas recordó que varios municipios mexiquenses cuentan con declaratoria por feminicidio y desaparición, y cuestionó la permanencia de la fiscal central de Género y la falta de mujeres médicas legistas en la FGJEM, señalando que muchas muertes de mujeres se clasifican como suicidios.

La diputada Selina Trujillo Arizmendi coincidió en la necesidad de incorporar médicas legistas, pues la actuación de médicos legistas hombres puede revictimizar a las víctimas y dificultar la atención de los casos. También destacó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como la autonomía económica de las mujeres.

La justicia con rostro de víctima

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, afirmó que la reforma reconoce la lucha de familiares como Irinea Buendía y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, quienes han llevado casos paradigmáticos ante la justicia. Leyva Piñón resaltó que, por primera vez, se tipifica de manera autónoma el delito de negación de la justicia por razones de género, sancionando a servidores públicos negligentes.

La legisladora sostuvo que la aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y manda el mensaje de que la omisión y la complicidad institucional también serán castigadas.

El Código Penal estatal ya contempla penas de 40 a 70 años de prisión para feminicidio y transfeminicidio, con multas que pueden incrementarse por agravantes. Ahora, la omisión o negligencia en la investigación por parte de funcionarios también será motivo de sanción penal.