Raquel Bollo ha revisitado en televisión uno de los episodios más graves de la violencia que sufrió junto a Chiquetete y ha situado en el centro a su hijo Manuel Cortés, que con seis años interrumpió una agresión en Algeciras y facilitó que pudiera llegar ayuda.

La colaboradora ha relatado estos hechos con motivo de la publicación de La vida después del ruido, el libro en el que repasa aquella etapa y el daño que le causó no sentirse creída incluso después de existir una sentencia condenatoria por violencia de género.

Bollo ha explicado en ¡De Viernes! que el episodio ocurrió un 31 de diciembre, cuando Antonio José Cortés Pantoja la estaba golpeando y el niño llamó a la puerta de la habitación; esa irrupción hizo que él se detuviera y permitió al menor salir corriendo a buscar ayuda de unos familiares.

El papel decisivo de su hijo

La propia Bollo ha resumido el peso de aquel instante con una frase que vinculó directamente con la supervivencia: “Yo pienso que al final los hijos vienen al mundo a darte la vida y mi Manuel me la dio a mí ese día cuando llamó a la puerta”.

Antes, había advertido de que los menores perciben mucho más de lo que los adultos creen: “Muchas veces te crees que ellos no se dan cuenta y, al final, los niños son esponjas y se dan cuenta de más de lo que tú te imaginas”.

También ha precisado que todo sucedió en Algeciras y que fueron familiares de su entorno quienes acudieron con rapidez y la llevaron al hospital. La colaboradora ha añadido que en aquel momento no quería denunciar, pero su círculo fue tajante: “O denuncias tú o denunciamos nosotros”.

El relato de Bollo no se ha limitado a la agresión concreta. En la entrevista ha insistido en el efecto duradero que tuvo el cuestionamiento público después de denunciar, pese a que Chiquetete fue condenado por violencia de género y a que, según su testimonio, existía una sentencia judicial.

“A mí ya esto no me hace daño. Quiero que eso vaya por delante”, ha dicho al revisar imágenes de aquel pasado. Aun así, ha señalado que lo que le viene a la cabeza cuando revive esa etapa son sus padres y la infancia que tuvo con ellos, una etapa a la que volvería “con otra vida diferente, la que a lo mejor me correspondía o la que mis padres hubiesen querido para mí por cómo me criaron”.

El estigma tras la denuncia

En ese mismo bloque, Bollo ha descrito el peso de la sospecha social tras la denuncia: “¿Qué más le hacía falta a la gente si él mismo lo dice?”. La colaboradora lamentó que “después vino todo el ruido” y que durante mucho tiempo le hizo daño tener que “empezar a demostrar” algo que, a su juicio, no tenía que demostrar.

La entrevistada ha situado el inicio de aquella relación en su juventud, cuando, según sus palabras, era una chica enamorada de un hombre mucho mayor y muy conocido. Ha sostenido además que él estaba entonces “en su peor momento”, que con ella formó una familia y que esa salida fue posible después de 10 años gracias, en buena parte, al apoyo de su familia.

Bollo ha explicado que en La vida después del ruido ha incluido otros episodios de aquellos años, aunque sin recrearse en la violencia más explícita. Entre ellos ha citado uno que, a su juicio, retrata la dinámica de miedo en la que vivía: “Por haber perdido la llave del coche, dormía en el coche”.

Su reflexión posterior ha apuntado al desplazamiento de la vergüenza hacia la víctima. “Yo ahora pienso, digo, que yo por perder una llave me tenga que quedar en un coche y que la vergüenza mía sea que no me vea nadie en ese coche, cuando realmente la vergüenza le tendría que dar a otra persona, no a mí”, ha afirmado. También ha asegurado que perdonó “hace mucho tiempo” y que incluso llegó a sentir “más pena de él” que de sí misma.

En su paso por ¡De Viernes!, la colaboradora ha abordado además otro frente personal: el distanciamiento con Isabel Pantoja. Ha negado que hubiera una discusión entre ambas y ha situado el enfriamiento de la relación tras el fallecimiento de la madre de la cantante, cuando los contactos por mensajes se hicieron más esporádicos y “empezó a no coger el teléfono”.

Bollo ha precisado que ahora mismo no tiene trato con Pantoja, aunque eso no significa que no la quiera. También ha recordado que la artista “ha sido parte de su familia” y una persona muy importante en su vida, hasta el punto de asegurar que acudirá a verla cantar en Sevilla porque la considera “una de las grandes artistas que nos quedan en nuestro país”.

Los responsables de la organización trasladaban a las víctimas entre varios pisos prostíbulos situados en distintas localidades españolas. Este modus operandi tenía como objetivo maximizar los beneficios económicos, manteniendo un control constante sobre los movimientos y la actividad de las mujeres explotadas. Durante la operación, los agentes detuvieron a 17 integrantes de la organización y tres de ellos permanecen en prisión provisional.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos de Tenerife. Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes lograron localizar nuevas víctimas en la isla y en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento interno de la red criminal. Según la Policía, el grupo imponía deudas a las víctimas y utilizaba el traslado constante entre pisos para dificultar su localización y mantener la coacción.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Unos meses después, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

España, uno de los principales puntos de tránsito y destino en Europa para la trata

La trata con fines de explotación sexual afecta cada año a decenas de mujeres migrantes en España, muchas de ellas procedentes de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Fuentes policiales y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han advertido sobre el aumento de casos relacionados con mafias que captan a mujeres en situación vulnerable y las someten a condiciones de explotación en Europa. En los últimos años, los cuerpos de seguridad españoles han llevado a cabo operaciones similares en distintas regiones del país, desmantelando redes que replican patrones de deuda, traslado forzoso y control sistemático sobre las víctimas.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la trata de personas, y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la detección y el rescate de víctimas de estos delitos.

El juzgado de Ångermanland (norte de Suecia) ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de cárcel a Tomas Runsten por haber prostituido durante tres años a su mujer. El sexagenario, conocido como el ‘Pelicot sueco’ por las similitudes de sus actos con los cometidos por el francés Dominique Pelicot, obligó a la víctima a practicar sexo con entre 250 y 275 hombres a cambio de dinero desde 2023.

El tribunal sueco ha considerado que fue él quien tomó la iniciativa “para que la mujer empezara a vender sexo” y que el condenado “ha sido quien administró gran parte del negocio”. Así, le han declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas y deberá indemnizar a su mujer con 200.000 coronas suecas (unos 18.370 euros).

Sin embargo, Runsten ha quedado absuelto de ocho cargos por violación. Según el juez encargado del caso, Johan Ahlberg, en siete de ellos no se ha logrado demostrar la falta de consentimiento de la víctima, mientras que en el otro no ha podido establecerse qué tipo de acto sexual se mantuvo.

120 sospechosos, 28 condenados

La sentencia del tribunal sueco calcula que la mujer de Runsten fue obligada a mantener relaciones con más de 250 hombres a cambio de dinero. “Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, ha explicado Ahlberg en un comunicado.

En un inicio, la causa incluyó a 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, pues el delito prescribe a los dos años de cometerse. Finalmente, han sido 28 los condenados por compra de delitos sexuales, pero solo dos de ellos han tenido penas de cárcel y pasarán un mes en prisión. Otro hombre permanecerá en libertad vigilada, mientras que los 25 restantes pagarán multas, que van desde las 2.000 coronas (184 euros) hasta las 21.000 coronas suecas (1.927 euros).

Para Runsten, la fiscalía había pedido 10 años de prisión y una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas (unos 91,726 euros). Sin embargo, el tribunal ha reducido la condena a menos de cuatro años y medio de cárcel para el sexagenario. Según el fallo judicial, el hombre superó “los límites” impuestos por su pareja, pero esto “no puede por sí solo servir de base para interpretar que hubo falta de voluntariedad cuando esta no quedó expresamente manifestada”.

El juez Ahlberg ha considerado que no ha quedado acreditado que la participación de la víctima fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

Runsten, que ha defendido su inocencia hasta el último momento, estuvo vinculado en el pasado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno” y tenía condenas previas por maltrato y coerción, entre otros delitos. El hombre fue investigado hace dos años por abusos contra su mujer, pero el caso fue cerrado. Finalmente, el hombre deberá cumplir una pena de cuatro años y cinco meses en prisión.

Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobaron sanciones de hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos cometidos contra mujeres por razón de género, y se estableció la obligación de actuar con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.

La nueva normativa busca combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas y familiares, en un contexto donde el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios en el país.

El Estado de México concentra el 35% de los feminicidios registrados en 2025 dentro de municipios con Alerta de Violencia de Género. En 2026, la entidad destina más de 260 millones de pesos al combate de este delito, pero las diputadas advirtieron que la inversión debe ir acompañada de cambios sustanciales en la ley.

Funcionarios sancionados con prisión, multas e inhabilitación

Las comisiones para la Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia avalaron que servidores públicos de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencias o que obstruyan investigaciones relacionadas con violencia de género enfrenten penas de cárcel, además de 100 a 150 días de multa y la destitución o inhabilitación del cargo.

La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López de Morena, establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe investigar cada muerte violenta de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia. González López afirmó que la iniciativa fortalece a las instituciones y garantiza que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente.

La diputada subrayó que la reforma retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en Chimalhuacán, y que incorpora parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidos tras la sentencia del 25 de marzo de 2015, cuando el caso se reabrió para ser analizado desde una perspectiva de género.

Nueva tipificación y retos estructurales

Durante la discusión, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez de Morena expuso que las investigaciones sobre feminicidio en la entidad enfrentan deficiencias sistemáticas: pérdida de evidencia, falta de exhaustividad en carpetas y ausencia de perspectiva de género en peritajes iniciales. Destacó que la iniciativa podría contribuir a disminuir los feminicidios y sancionar a quienes obstaculicen la justicia.

La legisladora Luisa Esmeralda Navarro Hernández señaló que el proyecto legislativo evitará que carpetas de investigación se cierren bajo el argumento de suicidio, como ocurrió en el caso de Mariana Lima. Añadió que la aprobación responde a las demandas sociales para garantizar justicia y protección de los derechos humanos de las víctimas.

El diputado Octavio Martínez Vargas recordó que varios municipios mexiquenses cuentan con declaratoria por feminicidio y desaparición, y cuestionó la permanencia de la fiscal central de Género y la falta de mujeres médicas legistas en la FGJEM, señalando que muchas muertes de mujeres se clasifican como suicidios.

La diputada Selina Trujillo Arizmendi coincidió en la necesidad de incorporar médicas legistas, pues la actuación de médicos legistas hombres puede revictimizar a las víctimas y dificultar la atención de los casos. También destacó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como la autonomía económica de las mujeres.

La justicia con rostro de víctima

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, afirmó que la reforma reconoce la lucha de familiares como Irinea Buendía y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, quienes han llevado casos paradigmáticos ante la justicia. Leyva Piñón resaltó que, por primera vez, se tipifica de manera autónoma el delito de negación de la justicia por razones de género, sancionando a servidores públicos negligentes.

La legisladora sostuvo que la aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y manda el mensaje de que la omisión y la complicidad institucional también serán castigadas.

El Código Penal estatal ya contempla penas de 40 a 70 años de prisión para feminicidio y transfeminicidio, con multas que pueden incrementarse por agravantes. Ahora, la omisión o negligencia en la investigación por parte de funcionarios también será motivo de sanción penal.

No siempre se trata de cosas de niños. La Policía Nacional ha identificado a entre cinco y seis menores de entre 11 y 12 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una niña de 12 años, compañera de clase, en el transcurso de una fiesta de cumpleaños celebrada en un local privado de Burgos. Al tener todos ellos menos de 14 años, son inimputables ante la ley, por lo que el atestado con sus datos fue trasladado a la Fiscalía de Menores.

Los hechos fueron denunciados en mayo ante la Policía Nacional por la familia de la víctima, según informó el Diario de Burgos. La niña relató haber sido atacada por parte de varios compañeros de clase durante la celebración, producida a mediados de ese mes fuera del colegio en el que ambas partes estudian. Aunque en la fiesta había más asistentes, no todos participaron en los hechos.

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Tras conocerse lo ocurrido, los presuntos agresores fueron expulsados del centro escolar durante cinco días. Según la información del periódico local, los menores han sido readmitidos y separados del resto del grupo junto con otros compañeros, con el argumento de evitar su estigmatización. La víctima, que aún arrastra secuelas físicas y emocionales derivadas del ataque, retomó también la actividad escolar.

La Dirección Provincial de Educación de Burgos tiene conocimiento del episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa del centro. Al tratarse de menores de 14 años, la Policía Nacional se limitó a identificarlos y a remitir el atestado a la Fiscalía de Menores, sin posibilidad de emprender acciones penales contra ellos.

El siguiente paso previsto es la derivación del caso a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, trámite que aún no se ha producido.

Qué dice la ley española cuando un menor de 14 años comete un delito

En España, un menor de 14 años no puede ser considerado penalmente responsable, aunque haya cometido un hecho que sería delito si lo hubiera cometido un adulto. Así lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Esto significa que no se le juzga ni se le impone una condena penal. El caso se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, que remite la información a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente. Finalmente, las autoridades de protección pueden adoptar medidas de carácter asistencial, educativo o de protección, en función de las circunstancias del menor y de su entorno familiar.

Por tanto, cuando un niño de 13 años o menos comete un homicidio, una agresión sexual o cualquier otro delito, no es procesado por la jurisdicción de menores ni enviado a un centro de internamiento como medida penal. La respuesta del Estado se canaliza a través del sistema de protección de menores.

En cambio, los jóvenes que tienen 14 o 15 años sí están sujetos a la Ley del Menor y pueden ser objeto de medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o internamiento en centros de menores, con un enfoque principalmente educativo y de reinserción.

En el Congreso de la República aprobaron el proyecto de ley que establece la eliminación de la mutilación genital femenina, también conocida como ablación, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. La decisión se tomó en el cuarto y último debate de la Plenaria del Senado.

De acuerdo con la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, la iniciativa busca generar una política pública que se enfoque en prevenir, atender y erradicar la ablación. La implementación de la normativa iniciaría con el desarrollo de un registro claro y completo sobre la problemática en Colombia, porque la documentación actual tiene “deficiencias”.

“Aquí no se trata de generar un delito nuevo, sino más bien de hacer pedagogía en las comunidades y también de que el Estado colombiano tenga protocolos claros sobre qué hacer cuando se encuentra con esta práctica, porque hoy en día casi que cada funcionario cuando lo encuentra actúa como cree que debe actuar, pero no hay protocolos claros”, explicó la legisladora a los medios de comunicación.

De igual manera, precisó que es importante tener claridad sobre la manera como se deben atender estos casos, porque, en muchas ocasiones, las niñas que son víctimas de mutilación genital femenina llegan a los centros médicos por otras complicaciones de salud y terminan siendo revictimizadas.

La representante Jennifer Pedraza, que también impulsó el proyecto de ley –respaldado principalmente por mujeres indígenas–, celebró su aprobación con una publicación en redes, en la que recordó que la iniciativa estuvo a punto de caerse en el Legislativo.

“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad embrea y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley. Su liderazgo, su valentía y su compromiso hicieron posible este avance”, detalló la representante.

La Defensoría del Pueblo explicó que, para que el proyecto se convierta en Ley de la República, debe surtir un trámite de conciliación. Afirmó que el avance actual es importante, porque la mutilación genital femenina “es una práctica que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y atenta contra la integridad, la salud, la dignidad y el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres”.

La entidad indicó que contribuirá a la articulación de acciones que verdaderamente sirvan para prevenir, sensibilizar, atender y proteger a las víctimas de esta práctica, garantizando que ese trabajo se haga desde un enfoque de derechos humanos, de género y de interculturalidad. De igual manera, hizo un llamado a continuar trabajando por la eliminación de barreras que impiden a las niñas, adolescentes y mujeres gozar plenamente de sus derechos.

“La erradicación de la mutilación genital femenina constituye una responsabilidad colectiva y un imperativo ético para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana”, precisó.

De acuerdo con la ONG Equality Now, la aprobación del proyecto de ley surge casi dos décadas después de que se supiera de su existencia. Ahora, Colombia se convertirá en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica sobre el tema. Su importancia recae en la necesidad de frenar una práctica que, según datos expuestos por la organización, ha afectado a más de 230 millones de niñas y mujeres en el mundo.

“Aunque la mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos, Colombia no contaba con un marco legal específico para prevenir la MGF y la aprobación de esta ley la posiciona como referente regional en la lucha contra las prácticas nocivas”, indicó la ONG en un comunicado.

“¿Qué tiene que pasar para que la vida de las mujeres importe más que su dinero?”, este es el cuestionamiento planteado por Yeritza Bautista Córtes, sobreviviente de feminicidio, quien el pasado 9 de junio dio a conocer que su agresor, Carlos Enrique “N”, quedaría en libertad por el fallo de tres magistrados que decidieron reclasificar el delito a “violencia familiar”.

La lucha por verdad y justicia de Yeritza Bautista data de casi 6 años, en los que tres veces se ha tenido que enfrentar a un proceso donde -en dos juicios- el fallo ha sido el mismo: Carlos Enrique “N” fue encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La sentencia original dictaba 11 años y 8 meses de prisión, una resolución que ya no se cumplirá pese al riesgo que corre la víctima.

Fallo de magistrados reclasifica el delito y deja en libertad al agresor

El martes, las magistradas Blanca García Sánchez, Erika Epifanea Reséndiz Ramírez y el magistrado Rafael Inti Castillo Serrato, resolvieron reclasificar el delito a violencia familiar, reduciendo drásticamente el tiempo en prisión a solo 6 años, por lo que la pena bajo esta nueva medida permite que el acusado quede en libertad este miércoles 10 de junio.

“Se ordena la excarcelación de Carlos Enrique “N” y por ende, su inmediata libertad”, indica uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por los magistrados mencionados, el documento agrega que la víctima ya no obtendrá ningún pago como parte de la reparación del daño moral, debido a la reclasificación del delito.

“Han sido seis años de incansable lucha, no he dejado de presentarme a ninguna de mis audiencias, he luchado por obtener una sentencia en firme, he enfrentado el mismo juicio 3 veces y he logrado dos sentencias condenatorias por dos jueces diferentes… Hoy hago responsable a Carlos Enrique “N” y su familia, así como a las magistradas de lo que a mí o a mi familia nos pueda pasar”, comentó Yeritza Bautista en un video difundido en redes sociales, donde condenó que los jueces sigan liberando potenciales feminicidas.

Yeritza Bautista acusa corrupción de jueces

“No me quiero convertir en una cifra de feminicidios en México”, un temor que acecha a la sobreviviente desde el momento en que fue notificada sobre el fallo de libertad para su agresor, una decisión que asegura podría responder a actos de corrupción.

El 2020 marcó el inicio de una lucha por sobrevivir por parte de Yeritza Bautista, quien en febrero de ese año, sobrevivió al primer intento de feminicidio, a partir de ese momento la violencia por parte de Carlos Enrique “N” incrementó, al punto de que solo un mes después –22 de marzo– fue detenido en flagrancia, cuando ahorcaba a su pareja.

Las secuelas de la violencia física y psicológica han marcado la vida de la sobreviviente, quien además se ha enfrentado a una constante revictimización por parte de los familiares del agresor, ya que a partir de su denuncia, emprendieron una campaña de desprestigio que la orilló a no usar redes sociales por el acoso al que se vio sometida, aunado a esta situación, también se ha enfrentado al proceso de revictimización institucional, el cual la ha obligado a repetir su historia una y otra vez.

En septiembre de 2022 se logró un fallo histórico que reconoció la tentativa de feminicidio por estrangulamiento en contra de Yeritza Bautista, de tal forma que la sentencia dictada para Carlos Enrique “N” fue de 11 años 8 meses, sin embargo, su defensa impugnó esta resolución, hasta que en septiembre de 2024 un tribunal federal concedió el amparo y ordenó reponer el juicio por completo.

En enero de 2025, Yeritza Bautista se vio obligada por la justicia mexicana a regresar a los tribunales, un día antes de que el juicio diera inicio le notificaron el retiro de las medidas de protección, algo que ha marcado su forma de vivir desde entonces.

Para marzo de ese mismo año, un segundo juez reafirmó la culpabilidad de Carlos Enrique “N”, pese a esto, la defensa del agresor decidió presentar nuevos amparos para dilatar el proceso, una estrategia legal que también lleva al desgaste de la denunciante, tal como lo ha visibilizado en los últimos años.

Hoy, la sobreviviente vuelve a temer por su vida tras la liberación de su agresor, ya que el fallo de los magistrados minimiza la violencia a la que Yeritza Bautista se vio sometida en 2020, y pese a ser el sexenio que prioriza a las mujeres, la decisión vuelve a mandar un mensaje contundente “las denunciantes no tienen derecho a vivir una vida libre de violencia”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S. A. (ADM) —principal productora de Canal Sur Televisión— y presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la empresa.

Según ha adelantando elDiario.es, estas diligencias se han abierto tras la denuncia interpuesta por la trabajadora contra su superior, al que acusa de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia fue presentada el pasado 26 de enero y la presunta víctima, que prefiere mantenerse en el anonimato, declaró por primera vez el 25 de marzo. Ese mismo día se ordenaron las primeras diligencias, citando a declarar como imputado a Fuentes y a dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que fue número dos del CEO, y una amiga a la que reveló la presunta agresión sexual. El juez también ha ordenado un reconocimiento médico forense para acreditar el estado de salud psíquica de la denunciante.

El accionista mayoritario de ADM es la Junta de Andalucía

ADM es, además de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía —el Gobierno andaluz cuenta con una participación del 47,81 % a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel—. Su principal comprador institucional de contenido es la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y, de hecho, ADM es la productora responsable de Andalucía Directo (Canal Sur Televisión).

Junto a esto, Fuentes es desde 2023 presidente de LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. El CEO de ADM había sido llamado a declarar el 11 de mayo, semana previa a las elecciones andaluzas, pero quedó aplazada hasta el próximo 25 de junio al cambiar de abogado tres días antes. Según ha señalado elDiario.es, esa misma semana anunció a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, aunque sin aludir a este procedimiento judicial.

Los presuntos hechos por los que ha sido denunciado

Las presuntas agresiones sexuales denunciadas por la reportera ocurrieron en 2013, 2022 y 2023: la primera de ellas habría tenido lugar en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; la segunda, en 2022, en la calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); la tercera, dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), también durante la realización de un programa.

Con respecto al presunto delito de acoso sexual continuado, la víctima ha adjuntado a la denuncia 175 páginas de mensajes de Whatsapp enviados entre 2018 y la actualidad. Según ha podido comprobar elDiario.es, varios de ellos incluyen propuestas de encuentros privados y lenguaje con connotación sexual: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”, “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”, “Cariño, tengo ganas de ti”, “Tú me debes una noche loca” o “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

Según describe el abogado de la reportera en la denuncia, su respuesta es “cordial y evasiva”, lo que se correspondería con una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Por último, la reportera también ha denunciado a Fuentes por un presunto delito de acoso laboral. En octubre de 2023, tras descubrir que había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, según se recoge en la denuncia, la actitud del CEO comenzó a mostrar una “voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora. Para ello, habría empleado estrategias como “un vaciado de funciones” y “aislamiento”.

Fuentes niega los hechos

Fuentes, en declaraciones a elDiario.es, ha admitido su imputación, pero ha señalado que se trata de una “denuncia falsa”: “No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”.

La presunta víctima se encuentra actualmente geolocalizada las 24 horas del día por la Policía a través del dispositivo ATENPRO, órgano dependiente de la Consejería de Igualdad de Andalucía.

Una estudiante universitaria española de 20 años, que cursa un programa Erasmus en Milán (Italia), ha denunciado haber sufrido una violación grupal durante la noche del pasado 22 de mayo, según ha informado la agencia de noticias Ansa.

Los hechos habrían ocurrido después de que la joven asistiera a una discoteca ubicada a las afueras de la ciudad. Por el momento, la Fiscalía de Milán y la Brigada Móvil de la policía están llevando a cabo una investigación para identificar a los posibles responsables.

Según la denuncia de la estudiante universitaria, señala la agencia Ansa, dentro de la discoteca cuatro o cinco hombres se acercaron a la joven y, más tarde, ya fuera del lugar, la habrían llevado a una calle apartada y luego a un automóvil, donde fue víctima de una agresión sexual grupal.

Tras los hechos y, en estado de shock, la mujer, acompañada por una amiga, acudió a la clínica Mangiagalli de Milán, especializada en estos casos, donde la atendieron y confirmaron el abuso. Horas después, la joven presentó una denuncia ante la policía.

La joven ha regresado a España

Los agentes, según la información de Ansa, activaron de inmediato el protocolo de emergencia conocido como “código rojo” y se abrió una investigación bajo la supervisión del equipo especializado en delitos sexuales dirigido por la fiscal Letizia Mannella, si bien por el momento no hay detenidos. La joven prestó declaración para ayudar a reconstruir lo sucedido y aportó detalles relevantes sobre los agresores.

Tras los hechos, la estudiante ha regresado a España para reunirse con su familia, mientras las autoridades italianas continúan trabajando para identificar a los responsables.

La Policía Local de Blanes (Girona) rescató esta noche pasada a una mujer francesa que, según el cuerpo policial, había sido secuestrada y agredida por su expareja en una gasolinera cercana al centro de la ciudad. La intervención terminó con la detención del sospechoso tras intentar huir al ver a los agentes, de acuerdo con un comunicado que ha difundido este lunes Europa Press.

La alerta llegó pasadas las 22:30 horas por la presencia de un hombre que golpeaba un vehículo con una chica encerrada en el interior. Varias patrullas acudieron al lugar y el individuo fue interceptado después de una persecución, según la Policía Local de Blanes. Los agentes comprobaron que la joven figuraba como persona desaparecida en Francia y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que estaba en paradero desconocido, según el comunicado. El detenido sostuvo que estaban de vacaciones, que ella era su pareja y que se alojaban en un hotel de Lloret de Mar, en la misma provincia catalana.

La mujer negó esa versión y dijo a los policías que se trataba de su expareja, que la había agredido y amenazado de muerte, y que le impedía comunicarse con terceros, hasta quitarle el móvil. Tras verificar con la Policía Local de Lloret que no constaba que ninguno estuviera alojado en el hotel mencionado, la Policía de Blanes arrestó al hombre como presunto autor de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños, y trasladó a la víctima a un lugar seguro.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Noticia en ampliación.

El piloto australiano Joey Mawson, de 30 años, se ha sentado esta semana ante el Tribunal del Distrito de La Côte, en Nyon, acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una enfermera del equipo médico de Michael Schumacher. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2019 y ocurrieron en la villa que la familia Schumacher tiene a orillas del lago de Ginebra, en Gland, Suiza.

Aquella madrugada, Mawson (antiguo amigo de Mick Schumacher, hijo de la leyenda de F1) compartía una reunión informal con varios miembros del equipo médico. Al terminar su turno, se incorporó al grupo la denunciante, identificada como Najia B., de 40 años, cuidadora permanente de Schumacher desde el grave accidente de esquí que este sufrió en diciembre de 2013. El encuentro derivó en consumo de alcohol. Según la Fiscalía, la enfermera acabó sintiéndose tan mal que no podía mantenerse en pie. Sus compañeros la llevaron a su habitación. Poco después, según la acusación, Mawson entró solo en el cuarto.

Al despertar, Najia B. no recordaba nada. Encontró las sábanas manchadas de sangre y sintió dolores físicos compatibles con una agresión sexual. “Me desperté en unas sábanas manchadas de sangre”, declaró ante el tribunal. Aunque la denuncia formal no llegó hasta enero de 2022, más de dos años después. La propia víctima reconoció que no actuó antes por miedo a perder su trabajo, coincidiendo además con el momento en el que fue despedida del equipo médico de los Schumacher.

La versión del acusado

Mawson ha negado cualquier delito. Reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera esa noche, pero sostiene que fueron consentidas y alega que ambos se habían besado previamente en un club de Ginebra. La denunciante rechazó esa versión. Durante el juicio se presentaron mensajes de texto enviados por el piloto a Najia B. tras los hechos: “Lo siento muchísimo. Siento mucho el dolor que te estoy causando”. El abogado de la acusación, Patrick Michod, afirmó que las pruebas son “abrumadoras”.

Un trabajo de silencio y sacrificado

Más allá del caso judicial, el juicio ha abierto una ventana poco habitual sobre la vida dentro de la villa de los Schumacher. El abogado de Najia B. describió con detalle las condiciones del trabajo que ella y sus compañeros desempeñan: “Es un trabajo extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente”.

A esa exigencia se suma, según el letrado, el hermetismo absoluto que rodea a la familia. “Para los empleados, a quienes ni siquiera se les permite hablar con sus amigos sobre su vida diaria, la presión es enorme”, señaló ante el tribunal. Najia B. era, según su abogado, una de las profesionales de mayor confianza dentro del equipo: “Se le confiaban las tareas más difíciles. La propia familia Schumacher afirma que su trabajo era impecable”.

Mawson, una carrera truncada

Joey Mawson llegó a ser doble campeón australiano de la categoría S5000 y compitió contra futuros referentes del automovilismo mundial como Lando Norris y George Russell. Su carrera nunca despegó hacia la Fórmula 1 y terminó regresando a Australia. Actualmente está inhabilitado para competir por un escándalo de dopaje.

La Policía Nacional ha hallado este viernes a un hombre y una mujer muertos por arma de fuego en una vivienda al norte de la ciudad de Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo crimen machista, lo que elevaría a 24 las mujeres víctimas de violencia de género este 2026.

Según ha informado EFE, los cadáveres fueron hallados este viernes alrededor de las 7:30 horas de la mañana en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de dos personas aparentemente muertas en una vivienda.

Rápidamente, equipos de la Policía Nacional y el 061 se movilizaron al lugar de los hechos. En el domicilio, encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y una mujer de 51, con heridas provocadas por un arma de fuego. Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambos.

La policía apunta a un nuevo crimen machista

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta. Las primeras pesquisas apuntarían a que la mujer fue asesinada por su pareja, un hombre de 56 años, que después se habría quitado la vida.

Según ha informado la Policía Nacional a Efe, ni la mujer ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la “gran lacra” de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Mientras, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno, que deberá confirmar si el caso tuvo naturaleza machista.

De confirmarse, la malagueña sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

El cuerpo de Mercedes Martina Orellana, conocida como “Profe Chere”, fue localizado entre matorrales en el sector La Calera, a un costado de la carretera que une El Rosario con la ciudad de Comayagua.

De acuerdo con la cobertura de Diario El Tiempo, la víctima, de aproximadamente 62 años, era una figura reconocida por su dedicación a la docencia y su influencia en varias generaciones de alumnos.

Desde el hallazgo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplegó un equipo en la zona para recolectar evidencias materiales y testimoniales.

Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional, declaró a TSiHonduras que “ya la Policía Nacional, a través de la DPI, desde el día de ayer que se suscitó el hecho, está en la zona recabando las evidencias y los indicios pertinentes a través de las declaraciones de testigos que pudiesen existir en esa zona, así como de medios técnicos y tecnológicos”.

Entre los elementos analizados figuran objetos personales de la víctima, como una mochila y un bastón encontrados en la escena, los cuales fueron documentados como parte de la cadena de custodia. La Policía Nacional también indicó que revisa grabaciones de cámaras de seguridad y dispositivos móviles que pudieran haber registrado movimientos sospechosos en la franja horaria del crimen.

“Tenemos a varias personas que son testigos y los tenemos como testigos protegidos para que en su momento podamos presentar el requerimiento judicial pertinente y que los órganos jurisdiccionales puedan emitir las órdenes de captura competentes”, aseguró Mayes Ríos en declaraciones recogidas por TSiHonduras.

El funcionario detalló que, por motivos de seguridad y para evitar la fuga de los implicados, no se están divulgando detalles específicos sobre las líneas de investigación.

Sobre los posibles móviles, el comisionado explicó que en el entorno local se mencionó una disputa relacionada con la venta de un terreno, aunque aclaró que “eso es lo que se menciona en el bajo mundo ahí, que eso pudo haber sido lo que suscitó el hecho”. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una hipótesis única y la investigación permanece abierta.

La cobertura de Diario El Tiempo añade que la noticia generó numerosas reacciones en redes sociales y entre quienes conocieron a Orellana. Exalumnos y colegas han expresado públicamente su pesar y han recordado el compromiso de la docente con la formación de estudiantes en Comayagua. “Hoy es un día triste para todo nuestro pueblo. Lamentablemente muere la querida y popular señora Mercedes Orellana, o la profe ‘Chere’, como le decíamos desde pequeñitos”, reza un mensaje publicado por un exalumno y recopilado por el medio hondureño.

Consultado por la incidencia de crímenes contra mujeres, Mayes Ríos explicó que un porcentaje considerable de estos casos está vinculado a estructuras criminales, aunque también existen situaciones derivadas de conflictos personales o violencia intrafamiliar.

“Muchos hechos se están produciendo en donde los hombres o los esposos llegan ingeridos de bebidas alcohólicas exigiendo de que les pueda atender tanto en el hogar como en la cama y debido a ello es que se producen estos hechos en donde están perdiendo la vida muchas mujeres aquí en nuestro país”, detalló el portavoz de la Policía Nacional a TSiHonduras.

Por el momento, los equipos de investigación continúan con las diligencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la reconocida educadora.

No se han reportado capturas ni se ha divulgado el resultado de las primeras pruebas técnicas, informó Diario El Tiempo. Las autoridades reiteraron que la confidencialidad y protección de los testigos es clave para avanzar en el proceso judicial y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Policía Nacional mantiene el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda aportar a la resolución del caso y asegurar que el crimen no quede impune.

Todo comenzó cuando al anunciarse el premio para Pláate, ausente en la sala, Fonzi y la productora Leticia Cristi subieron al escenario para recibir el galardón en su nombr. Desde el estrado compartieron el pedido que había dejado la joven actriz para que llevaran a cabo pese a su ausencia en la noche de los galardones: un minuto de silencio por la adolescente de 14 años asesinada.

Fonzi eligió el gesto antes que el discurso. No pronunció largas palabras, pero su acción y su presencia fueron más potentes que cualquier frase. Tras el homenaje, cerró con un mensaje que rápidamente se multiplicó en redes y medios: “Nos vemos en la plaza mañana”, en alusión a la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio. La referencia no fue casual: la movilización se da en el marco del 11° aniversario desde su primera citación a las calles y en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina y Dulce María Beatriz Candia, que renovaron el reclamo por justicia y políticas de género.

La ceremonia de los Premios Sur, que suele estar dedicada a celebrar la excelencia del cine argentino, se convirtió por un momento en un espacio de memoria y reclamo social. El minuto de silencio se vivió con intensidad y dejó en claro que el arte puede y debe hacerse eco de los dolores y demandas de la sociedad. La película Belén, que narra una historia de lucha y derechos, encontró así una nueva dimensión en la gala, sumando compromiso y sensibilidad a sus méritos artísticos.

Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el filme se consagró como la mejor ficción estrenada en 2025 y fue la producción más aplaudida de la velada. La obra no solo se quedó con el premio mayor, sino que sumó cinco estatuillas en total.

El colectivo feminista convocó a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a más de una década de la primera movilización que nació tras el femicidio de Chiara Páez. Este 3 de junio, miles de personas y organizaciones feministas de todo el país volverán a las calles, exigiendo justicia por Agostina y reclamando políticas estatales para combatir la violencia de género. El nombre de la adolescente asesinada fue el eje del homenaje en el teatro y será el estandarte de la marcha, junto al de tantas otras víctimas.

La emoción vivida durante la entrega del premio a Camila Pláate y el gesto de Dolores Fonzi dejaron una huella profunda en la ceremonia. En medio del brillo de las estatuillas y los reconocimientos, la memoria de Agostina Vega ocupó el centro de la escena, recordando a todos que detrás de cada historia y cada lucha hay vidas reales y urgencias que no pueden esperar. El silencio colectivo del teatro se convirtió en un grito por justicia y en una invitación a marchar, a once años de la primera vez que el país se unió bajo la consigna de Ni Una Menos.

La localidad alicantina de Callosa de Segura se encuentra profundamente consternada tras un trágico suceso ocurrido ayer. Patricia, una vecina de 48 años, perdió la vida al ser estrangulada por su pareja sentimental, un hombre de su misma edad. El ataque tuvo lugar alrededor del mediodía en el domicilio que ambos compartían, un hecho que movilizó rápidamente a los agentes de la Guardia Civil.

Tras consumar el crimen, el propio detenido confesó ante las autoridades haber asesinado a su pareja tras una fuerte discusión. Actualmente, el Equipo Mujer Menor (EMUME) mantiene una investigación exhaustiva sobre los hechos. No obstante, el Ministerio del Interior ha enviado un comunicado en el que condena el feminicidio por violencia de género de Patricia, elevando la cifra a 23.

Las pesquisas iniciales han arrojado detalles significativos sobre la pareja. Tanto la víctima como el agresor son de nacionalidad española y no tenían hijos en común, ni convivían con ningún menor en el momento del suceso. La Guardia Civil aclaró que no existían denuncias previas por violencia de género entre ellos, por lo que Patricia no figuraba dentro del programa de protección policial VioGen. Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que el presunto asesino sí contaba con antecedentes y denuncias interpuestas por parejas anteriores. Paradójicamente, Patricia también había sido víctima de violencia machista en el pasado durante una relación anterior.

Desde 2003 se han cometido 1.364 feminicidios

Con la confirmación de la naturaleza machista de este asesinato por parte del Ministerio de Igualdad, la cifra oficial de mujeres que han perdido la vida por la violencia de género en España se eleva a 23 en 2026. Desde 2003, año en que se comenzaron a contabilizar estos registros oficiales, el número de víctimas mortales alcanza ya las 1.364. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han manifestado su más rotunda condena y su absoluto rechazo frente a este crimen.

Ambas dirigentes han trasladado todo su apoyo a la familia de Patricia, haciendo un firme llamamiento a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para multiplicar los esfuerzos orientados a evitar más muertes. El tejido local también ha respondido con una unánime repulsa. El Ayuntamiento de Callosa de Segura emitió un comunicado institucional definiendo esta lacra como “una grave vulneración de los derechos humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad”. Como muestra de dolor, el alcalde decretó tres días de luto oficial (2, 3 y 4 de junio), en los cuales las banderas ondearon a media asta, y convocó a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las puertas del consistorio local.

Recursos para las víctimas

Los organismos gubernamentales recuerdan la importancia de los recursos de asistencia disponibles. El teléfono 016, las consultas vía correo a 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el 600 000 016 están operativos las 24 horas del día. Este servicio gratuito, que ofrece atención integral en 53 idiomas, incluye asesoramiento jurídico ininterrumpido de 8 h a 22 h.

Ante cualquier emergencia inminente, se debe contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Si realizar una llamada supone un riesgo para la víctima, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal discreta y geolocalizada a las fuerzas de seguridad. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano que tenga sospechas de un caso de maltrato puede y debe activar estos medios de ayuda. Reaccionar ante el maltrato es un deber colectivo de toda la sociedad.

Sábado por la tarde, fútbol juvenil (sub-18), Polideportivo Municipal Carrús de Elche. Lo que debería ser un partido de fútbol de la Tercera FFCV se convirtió en una auténtica pesadilla para la árbitra Silvia García. Debía pitar el encuentro entre The Warriors Burnham C.F. ‘A’ y Hércules C.F. S.A.D. ‘C’. Pero finalmente el partido quedó suspendido teniendo que llamar a la Policía Local.

Los problemas comenzaron en el minuto 65. Según recoge el acta arbitral, una persona, identificada como el presidente del club local, se dirigió de forma recriminatoria a los jugadores visitantes. Acto seguido, aficionados del equipo local comenzaron a amenazar desde la grada: “Os vamos a esperar con cuchillos” o “de aquí no salís”. Silvia activó el protocolo de violencia verbal e intentó mediar, pero la situación no remitió.

Cuando se disponía a reanudar el juego, la delegada del campo local entró al terreno de juego mostrando su disconformidad con la actuación arbitral, y varios jugadores se acercaron a la colegiada. Es por eso que, “debido a la situación generada y al no poder garantizar la seguridad mía y de los integrantes del partido suspendo el mismo de forma definitiva”, escribió Silvia en el acta.

Encerrada con llave

Mientras la árbitra se dirigía sola al vestuario (nadie la acompañó, como ella misma deja constancia), un jugador local la siguió corriendo. “Te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar”, le dijo el futbolista. Y añadió: “Eres una mujer, tendrías que estar en la cocina fregando”.

No iba solo. Su entrenador le acompañaba. Ambos intentaron acceder al vestuario arbitral “con actitud agresiva”, pero Silvia cerró la puerta con llave. Golpearon varias veces. Afortunadamente, no pudieron entrar.

Desde dentro, la colegiada pudo llamar a la Policía Local. Hasta diez agentes se presentaron en cinco minutos en el campo, tomaron nota de lo ocurrido y escoltaron a Silvia hasta su vehículo una vez quedó el recinto despejado. La árbitra también señala en el acta que no pudo mostrarle la tarjeta roja al jugador en el momento de la expulsión porque, en ese instante, consideró que su integridad física corría peligro.

La otra versión

El presidente del Warriors Burnham, Héctor Octavio Burnham, ofrece un relato completamente diferente al diario Informacion. Asegura que fue el propio club quien ofreció avisar a las fuerzas de seguridad ante los insultos que, según él, recibían sus jugadores desde la grada visitante.

Afirma también que el club graba todos sus partidos (dice que son un equipo con mayoría de jugadores extranjeros y reciben frecuentes insultos) y afirma que en las imágenes se puede ver a Silvia caminando sola hacia los vestuarios. “Luego ya lo verbal es la palabra de la árbitra contra la del jugador”, zanjó.

En manos de la Federación

Dos versiones radicalmente opuestas. Una, la del acta oficial firmada por la colegiada. Otra, la del club denunciado. Corresponde ahora a los órganos disciplinarios competentes analizar lo sucedido y determinar responsabilidades. El principio general en estos procedimientos otorga respaldo a la palabra de la árbitra salvo prueba de lo contrario.

Tras más de diez años de investigaciones, autoridades de Oaxaca detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido en 2015 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, caso que permanecía abierto desde hace más de una década.

El detenido fue identificado por las iniciales E.E.C.C., alias “El Chino”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido el 28 de octubre de 2015 en el fraccionamiento Residencial San Felipe, en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en calles de esa zona habitacional cuando fue atacada con disparos de arma de fuego por personas que viajaban a bordo de una motocicleta. La agresión le provocó la muerte en el lugar.

El caso se mantuvo bajo investigación ministerial durante años, en los que las autoridades recabaron elementos para identificar a los presuntos responsables y dar seguimiento a las líneas de investigación.

Luego de labores de localización, el sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, el imputado fue trasladado ante las autoridades correspondientes para los procedimientos legales y quedó a disposición del juez que lleva la causa.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la determinación sobre su situación jurídica fue aplazada.

Será en los próximos días cuando la autoridad judicial defina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

El caso reabre la atención sobre los tiempos de resolución en investigaciones relacionadas con violencia feminicida, así como los procesos que enfrentan las autoridades para la localización y captura de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Oaxaca reporta cinco feminicidios en los primeros cuatro meses de 2026

Esta detención se produce en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema vigente en Oaxaca. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se registraron cinco feminicidios en la entidad, lo que colocó al estado en el lugar 12 nacional por incidencia de este delito. Además, las autoridades reportaron al menos dos denuncias por tentativa de feminicidio durante el mismo periodo.

Los registros oficiales muestran que la violencia letal contra las mujeres sigue presente en distintas regiones del estado. Tan sólo durante enero de 2026 se contabilizaron cuatro mujeres asesinadas en Oaxaca; sin embargo, únicamente uno de esos casos fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que los demás fueron clasificados como homicidio doloso.

La diferencia entre los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio y aquellos clasificados como homicidio doloso ha sido uno de los temas recurrentes en el debate público y entre organizaciones civiles, debido a que la tipificación del delito determina los protocolos de investigación y las sanciones aplicables a los responsables.

Este contexto explica la relevancia de las investigaciones que permanecen abiertas durante años, como el caso ocurrido en Oaxaca de Juárez en octubre de 2015, cuyo proceso judicial continúa avanzando más de una década después de los hechos.

Un hombre de 80 años ha sido detenido en Palencia por la Policía Local como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una trabajadora de un establecimiento comercial. Los hechos se habrían producido en el almacén del local, donde la empleada se encontraba descansando durante su jornada laboral.

La intervención policial se puso en marcha después de que un compañero de la víctima sorprendiera al hombre en el momento de los hechos. Según fuentes municipales recogidas por Europa Press, el detenido habría aprovechado que la trabajadora estaba sola y en una situación de vulnerabilidad para realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La reacción inmediata de los empleados fue clave para retener al individuo hasta la llegada de los agentes. Otra trabajadora también colaboró en la contención del presunto agresor, lo que permitió asegurar la situación hasta la llegada de la patrulla de Seguridad Ciudadana.

Tras recabar el testimonio de los presentes, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, que fue trasladado bajo custodia policial. Por su parte, la víctima recibió asistencia en el lugar de los hechos y, posteriormente, fue acompañada a dependencias de la Policía Nacional, donde manifestó su intención de interponer una denuncia formal. La investigación permanece abierta a la espera de que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

Qué dice el Código Penal

El delito de agresión sexual se encuentra regulado en el Código Penal español y engloba cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Tras la reforma introducida por la conocida como ley del “solo sí es sí”, el consentimiento se define como aquel que se manifiesta libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, reflejen de forma clara la voluntad de la persona.

En este sentido, el consentimiento no tiene por qué ser necesariamente verbal, pero sí debe poder deducirse de manera inequívoca a partir del comportamiento y del contexto, teniendo siempre en cuenta las circunstancias concretas de cada situación.

El artículo 178 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien realice cualquier acto de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. La reforma legal unificó además las antiguas figuras de abuso y agresión sexual, de manera que actualmente toda conducta sin consentimiento se encuadra dentro del delito de agresión sexual, según recoge el blog del abogado Gerson Vidal Rodríguez.

Con este cambio normativo desapareció la distinción previa entre abuso y agresión sexual, que diferenciaba los supuestos en los que no mediaba violencia o intimidación. En la actualidad, estas conductas se consideran agresión sexual en su modalidad básica, mientras que la concurrencia de violencia, intimidación u otras circunstancias agravantes puede elevar la pena.

En casos como el ocurrido en Palencia, en los que la víctima se encuentra dormida, la jurisprudencia entiende que no existe posibilidad de prestar consentimiento, al no poder la persona manifestar su voluntad en ese momento. Este elemento puede ser tenido en cuenta como circunstancia de especial gravedad dentro del delito.

La Ciudad de México es el cuarto estado con más casos de feminicidio a nivel nacional, durante el primer cuatrimestre del 2026, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, a esto se suma que dos alcaldías ubicadas en la zona oriente de la capital, se mantienen en el listado de los 20 municipios con más casos en el país.

Esto, a pesar de que la Ciudad de México es la entidad con más políticas a favor de las mujeres y acciones en contra del feminicidio, entre estas la Fiscalía Especializada en dicho delito.

La Fiscalía fue la primera que se habilitó en el país y se tomará como referencia para impulsar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Alcaldías de CDMX con más feminicidios

Según el mismo informe, de enero a abril de este años se han registrado cinco casos de feminicio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta alcaldía ocupa el tercer lugar en el listado de los 20 municipios con mayor incidencia, por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamulipas.

La alcaldía Iztacalco está en el lugar número 20 del listado, con dos feminicidios registrados en el mismo periodo.

Feminicidios en México

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio representó el 98.1% de los delitos cometidos contra mujeres en México, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación de las 32 entidades, destaca que Sinaloa encabeza tanto en número de víctimas (27 casos, 13% del total nacional) como en tasa por cada 100,000 mujeres (1.67).

El reporte muestra que 20 municipios concentran el 38.3% de los feminicidios del país, mientras el resto de los municipios acumula el 61.7%.

La mayoría de estos municipios se ubica en el norte del país, con entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas como focos principales.

El reporte señala que el 38.3% de los casos nacionales sucedió en ese grupo de municipios, mientras que el resto del país acumuló el 61.7% de los delitos.

A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto el número de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres, con 27 casos y una tasa de 1.67%. Morelos, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas también presentan tasas altas.

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 feminicidios, lo que representa el 10% del total nacional en el periodo analizado.

Le siguen Reynosa (Tamaulipas) y Venustiano Carranza (CDMX) con cinco casos cada uno.

El informe destaca que feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres (98.1%).

Otros delitos como rapto, corrupción de menores y trata de personas también afectan principalmente a mujeres.

Los detalles del caso de Gisèle Pelicot dieron la vuelta al mundo. Cada revelación era más escabrosa que la anterior. Durante años, Dominique Pelicot había drogado a su mujer y había ofrecido su cuerpo a otros hombres para que la violaran previo pago. Había hecho fotos y videos que circulaban en las redes y que fueron el inicio de la investigación policial. Su juicio fue uno de los más mediáticos de las últimas décadas. La sociedad, sin importar el país, miraba de frente la realidad a la que había sobrevivido la francesa. Mientras tanto, una mujer sueca vivía en un escenario similar. Fue a finales de 2025, cuando la mujer se presentó ante la Policía de Suecia para denunciar que su marido la obligaba a prestar servicios sexuales. Habría sido víctima de más de 100 hombres en menos de tres años.

El juicio empezó a principios de mes y, el lunes, la fiscal solicitó diez años de prisión para el hombre, sospechoso, entre otros delitos, de proxenetismo agravado contra su esposa. La abogada de la víctima también exige que se le imponga una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas, según detalla SVT Nyheter, la cadena de televisión pública de Suecia.

“Ha sido un caso complejo. Pocas investigaciones preliminares manejan tal cantidad de material”, explicaba la fiscal Ida Annerstedt a la cadena pública tras presentar su alegato final. “La ha utilizado como una tarjeta bancaria y la ha vendido como una mercancía”, afirmaba por su parte la abogada de la demandante, Silvia Ingolfsdottir, que también asegura que su defendida sufrió una “manipulación” constante.

El modus operandi que defiende la acusación sitúa a la víctima en una posición de vulnerabilidad ante un marido que la manipulaba y atemorizaba. Él se llamaba a sí mismo “el monstruo” para conseguir que ella le temiera y se prestara a sus agresiones. “Es una forma que tiene él de conseguir que ella haga cosas que no quiere, para provocarle miedo”, sostiene la fiscal Annerstedt.

El acusado niega que haya delito

El juicio concluirá este martes por la tarde, cuando la defensa del marido presente su alegato final. Él ha negado sistemáticamente el delito y sostiene que ella participaba libremente en este intercambio. No obstante, la legislación sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, dado que son consideradas víctimas de explotación.

Según la acusación, el acusado comenzó a obligar a su esposa a vender servicios sexuales a través de diversas plataformas en línea en agosto de 2022. Tres años después, durante septiembre y octubre de 2025, la situación se agravó por los problemas económicos que atravesaban. Según la acusación, la presunta actividad de proxenetismo duró poco más de tres años y terminó cuando la mujer huyó y presentó una denuncia.

En la gran mayoría de los casos, era el marido quien contactaba con los compradores de servicios sexuales y fingía ser su esposa. Él también niega esta parte. La acusación también afirma que el marido llevaba la agenda de la mujer y le daba instrucciones sobre el tiempo que tenía que pasar con cada cliente y las prácticas que debía realizar con ellos. También grababa los abusos y publicaba los vídeos, que acaban en páginas pornográficas y que han resultado muy útiles para la investigación.

Una carrera a contrarreloj contra los contratantes de los servicios

Paralelamente al juicio del marido, se está investigando a los 121 presuntos pagadores de servicios sexuales del caso. El plazo de prescripción del delito es de dos años, y la Policía está trabajando intensamente con recursos adicionales para llevar ante la justicia al mayor número posible de investigados. Alrededor de 30 sospechosos ya han sido acusados.

Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos engañaban a las víctimas en su país de origen y estas contraían una deuda de 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, quien relató que viajó a España convencida de que accedería a un empleo digno, pero fue sometida a condiciones de explotación sexual. Las víctimas, en su mayoría mujeres en situación precaria, eran captadas mediante páginas web eróticas o por conocidos y, una vez en territorio español, se les imponía tanto esa deuda como un sistema de multas que ascendía a 100 euros si no cumplían con las jornadas, incluso en caso de enfermedad o retraso. Las mujeres no podían abandonar los domicilios libremente y estaban sometidas a un control permanente a través de cámaras de videovigilancia.

Vigilancia constante

Los responsables imponían normas estrictas y recurrían a amenazas y coacciones, incluyendo el uso de santería, para mantener un entorno de vigilancia constante. Según la información difundida por la Policía Nacional, a las víctimas se les obligaba a consumir sustancias estupefacientes y a prestar servicios sexuales sin protección, lo que derivó en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que requirieron tratamientos médicos permanentes.

Las operaciones policiales incluyeron registros en tres domicilios utilizados como prostíbulos. En uno de ellos, agentes liberaron a cuatro mujeres, mientras que en otro punto de Madrid fueron rescatadas otras cuatro víctimas.

Obligadas a abortar

Algunas víctimas denunciaron que no podían negarse a ninguna solicitud de los clientes, incluidas aquellas que implicaban riesgos para su salud. En ciertos casos, las mujeres quedaron embarazadas y debieron recurrir a píldoras abortivas.

La Policía Nacional detalló que los clientes accedían a los domicilios mediante un código para abrir la puerta y podían adquirir bonos con ofertas sin límite de tiempo. Además, la actividad de explotación sexual se organizaba en turnos de 12 horas, y las mujeres descansaban por las noches para evitar sospechas entre los vecinos. Las amenazas incluían la posibilidad de revelar la identidad de las víctimas y su actividad sexual si intentaban abandonar el negocio.

En total, la operación policial permitió desarticular dos redes criminales, precintar dos prostíbulos y liberar a ocho mujeres, dos de las cuales se encontraban en situación irregular en España. De los once detenidos, dos ingresaron en prisión de manera inmediata.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana en casos en los que se sospeche que alguna persona es víctima de trata.

Pilar, de 38 años, fue asesinada el 4 de enero en Quesada, Jaén, a manos de su expareja, un hombre de 61 años que tenía una orden de alejamiento por haberla agredido en otras ocasiones. Ella estaba registrada en VioGén, el sistema de protección policial de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, y había denuncias previas de maltrato sobre el agresor. Kim Durán, mujer trans hondureña de 32 años, fue asesinada el pasado 19 de mayo por su expareja, Andrés Roche, de 48 años, que también contaba con orden de alejamiento y numerosos antecedentes por maltrato. La mató a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona, donde fue detenido. Estas dos mujeres son la primera y última de las 22 víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos seis años, ya que no se había alcanzado un número tan elevado desde 2019, cuando se contabilizaron 24 feminicidios en este mismo periodo.

Con este último caso en la provincia de Girona, el número de feminicidios alcanza los 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Aunque España cuenta con una normativa avanzada, la protección efectiva de las víctimas y la aplicación de la ley siguen mostrando deficiencias, según señalan expertos en la materia. Entre los principales obstáculos se encuentran la desconfianza en el sistema judicial, el temor a represalias y la preocupación por la situación de los hijos e hijas, barreras que dificultan que muchas mujeres denuncien o accedan a medidas de protección judicial.

Además, hasta este 25 de mayo, tres menores (Aitana, de 3 años, Noemí, de 12, y Yared, de 10) han sido asesinados a manos de sus padres, por lo que los crímenes vicarios se elevan a 68 desde 2013, cuando los menores comenzaron a ser considerados víctimas de la violencia de género.

Nueve agresores tenían denuncias previas por maltrato

De las 22 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, 15 eran españolas y siete extranjeras, mientras que, de los feminicidas, 16 son españoles y seis de otra nacionalidad.

De los 22 agresores, solo nueve tenían denuncias previas por maltrato (40,9%), por lo que nueve víctimas estaban bajo el sistema VioGén e incluso varias tenían medidas de protección en vigor, pero los mecanismos estatales no evitaron sus asesinatos.

Por comunidades autónomas, cuatro de las mujeres han sido asesinadas en Andalucía (18%), tres en la Comunidad Valenciana, dos en Aragón, dos en Canarias, dos en Madrid, dos en Navarra, dos en Cataluña, una en Extremadura, una en Galicia, una en Castilla y León, una en Cantabria y una en Castilla-La Mancha, según los datos oficiales.

Siete de los feminicidas eran pareja de una de las víctimas y 15 eran sus exparejas o estaban en fase de ruptura, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. De hecho, según apuntan especialistas en la materia, el momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas, ya que los agresores sienten que pierden el control y eso puede aumentar la violencia. A esto se suma que, en muchos casos, el entorno doméstico se percibe como un espacio seguro, lo que dificulta que las mujeres identifiquen la amenaza.

Más de 33.000 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género

Por otro lado, en 2025, según datos de la última Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del INE, las autoridades registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos con medidas cautelares u órdenes de protección, una cifra que representa un descenso del 3,8% respecto al año anterior. Casi la mitad de las víctimas, el 47,5%, tenía entre 30 y 44 años.

El número de hombres denunciados por violencia de género también bajó un 3,8%, de acuerdo a los datos del INE de 2025, hasta situarse en 33.228. De ellos, el 47,9% tenía entre 30 y 44 años.

A lo largo del año pasado, se dictaron e inscribieron en el Registro 98.551 medidas cautelares en asuntos de violencia de género, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% de esas medidas fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de EFE

La violencia de género no cesa. Un hombre de 37 años ha apuñalado a su expareja, de 60, en Zaragoza, esta madrugada. La víctima no corre peligro, aunque permanece ingresada en el hospital, como ha confirmado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Los hechos ocurrieron esta madrugada, cuando, como ha adelantado Aragón Noticias, el hombre entró a casa de la víctima por la ventana, para posteriormente apuñalarla con unas tijeras. El varón ha sido detenido en el mismo domicilio, que en este momento se encuentra en dependencias policiales y que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha pronunciado en sus redes sociales, y ha instado a “redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable”. “Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes, ha escrito.

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Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de Europa Press

Noticia en ampliación

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Figueres (Girona) que tenía activa una orden de alejamiento por matar en la tarde del martes a su expareja en una plaza del municipio. El hombre, de 48 años y con numerosos antecedentes, ha quebrantado por segunda vez la orden que tenía de la víctima, y la habría matado con un arma blanca.

La mujer, según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso, tenía 33 años de edad y era de origen sudamericano. Al lugar de los hechos acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, cruzó la plaza de la localidad tras el asesinato y se lavó los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, según informaron diversos testigos.

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado este nuevo feminicidio, el tercero en 2026 en Cataluña, y ha transmitido “su más sentido pésame” a familiares y amigos de la víctima.

Las autoridades investigan otros dos casos más

Por el momento, en lo que va de año hay confirmadas 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos, además de este de Figueres. Uno de los casos que están siendo investigados por las autoridades ocurrió el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de feminicidios ascendería a 22, 1.363 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas de violencia de género, porque por lo general los agresores sienten que pierden el control y eso aumenta el peligro, aunque en otros muchos casos el entorno doméstico es considerado como un lugar seguro, lo que dificulta que las mujeres reconozcan la amenaza. Según los datos del Ministerio de Igualdad, de los 19 asesinatos machistas confirmados hasta la fecha, 14 de ellos -el 73%- se produjeron cuando la pareja ya estaba separada o en fase de ruptura. Los datos también indican que una de cada cuatro condenas por violencia machista tiene como origen la separación o ruptura.

En numerosos casos, los agresores recurren incluso a los animales de compañía como herramienta de control y amenaza hacia las víctimas. Muchas mujeres temen abandonar el domicilio y que el maltratador tome represalias contra su mascota, por lo que postergan la decisión de marcharse. De ahí la importancia de iniciativas como Acopet, un programa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ofrece acogida temporal a las mascotas para facilitar que las víctimas accedan con seguridad a recursos habitacionales de emergencia. Desde 2023, ya ha puesto a salvo a más de un centenar de animales.

“La iniciativa se puso en marcha al constatar que muchas mujeres posponían o condicionaban su decisión de buscar protección por tener un animal de compañía, ya que si acudían a un recurso de ayuda, debían dejar a su mascota. El programa busca evitar que esta situación suponga una revictimización al tomar decisiones, señala a Infobae Olga Fernández-Yanez, técnica de la FEMP encargada del programa, que se gestiona mediante un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, además de contar con el apoyo de la Dirección General de Derechos de los Animales.

Contar con un lugar seguro para su mascota facilita el proceso, por ejemplo, durante una mudanza, ya que estas mujeres atraviesan situaciones de vulnerabilidad y mantienen un vínculo estrecho con sus animales. “En muchos casos, además, se trata de mujeres que se encuentran muy aisladas a consecuencia de la violencia, y las mascotas son como parte de su familia”, añade.

Desde que la FEMP asumió la gestión del servicio en marzo de 2023, el programa ha dado respuesta a 162 animales de mujeres víctimas de violencia de género. De ellos, 102 han sido o están siendo acogidos temporalmente, mientras que en 60 casos, aunque se solicitó el recurso, la situación cambió antes de formalizar la acogida. En la actualidad hay una veintena de casos activos, que incluyen la acogida de perros, gatos y tortugas.

La acogida dura 6 meses, pero se puede prorrogar

El acceso al programa se realiza desde los servicios sociales municipales, donde las mujeres solicitan ayuda, si bien también pueden acceder mediante el servicio ATENPRO, un dispositivo de atención y protección para víctimas de violencia machista. El ayuntamiento contacta con ACOPET, que gestiona la búsqueda de un hogar temporal para la mascota a través de asociaciones protectoras. Después se organiza el traslado y la atención veterinaria necesaria. Aunque en principio la acogida dura seis meses, se puede prorrogar si fuera necesario.

“El animal puede permanecer en el punto de acogida todo el tiempo que la mujer esté en el recurso habitacional o el tiempo que tenga esa necesidad”, aclara Fernández-Yanez. Por seguridad, la ubicación del animal no se revela, pero la mujer recibe información sobre su estado.

El programa está disponible para cualquier municipio, sin necesidad de una adhesión previa. Basta con detectar un caso para solicitar el servicio. En la actualidad, la red cuenta con unos 60 centros de acogida de animales distribuidos en todo el país.

Fernanda Herrera tenía 17 años cuando fue a Italia a perseguir un sueño: prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lo que encontró, según su propio relato, fue una pesadilla que llevaría tres años arrastrando en silencio. Este martes, a las puertas del Tribunal de Siena, la esgrimista mexicana (que compite con la bandera de Uzbekistán) ha decidido mostrar su rostro por primera vez y hablar alto y claro.

“Nunca quise enseñar mi cara en todo este tiempo, pero estoy cansada. Quiero que me vean porque estoy orgullosa de mí”, ha declarado entre lágrimas ante la prensa. Acababa de conocer el veredicto: los dos deportistas a los que ella acusó de agresión sexual, Emanuele Nardella y Jacopo Pucci, habían sido absueltos porque “los hechos no han sido probados”.

Pero la sentencia no la hará callar. “Llegaré hasta el final para obtener justicia”, prometió. Su abogado, Luciano Guidarelli, ya ha anunciado que presentarán recurso de apelación. En una entrevista publicada este mismo martes en el diario La Repubblica, Herrera ha sido aún más directa: “No me detendré. Seguiré adelante con la cabeza alta porque no soy solo una víctima, sino una guerrera”.

Lo que ocurrió aquella noche

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 al 5 de agosto de 2023. Herrera participaba en una concentración internacional de esgrima en Chianciano Terme cuando pasó la noche con tres atletas italianos en un bar. La convencieron de beber alcohol y después la llevaron a una habitación de hotel, donde presuntamente ocurrieron las agresiones. Un tercer joven, menor de edad en aquel momento, quedó fuera del proceso. A la mañana siguiente, Herrera presentó la denuncia.

La fiscalía había pedido cinco años y cuatro meses de prisión para Nardella y Pucci. El juez Andrea Grandinetti no lo consideró suficientemente acreditado. La defensa de los acusados argumentó que todo respondía a “problemas de comunicación” y a la “falta de madurez” de todos los implicados.

Voces de apoyo

La madre de Fernanda, que la acompañó durante todo el proceso y también estaba en Italia cuando ocurrieron los hechos, ha descrito el fallo como “devastador”. “Todavía es difícil para las mujeres encontrar justicia, incluso cuando deciden denunciar”, ha señalado a través del abogado de la familia. Y ha añadido: “La decisión del juez no cambia la valentía que ha tenido mi hija”.

Guidarelli fue contundente al valorar el proceso: “Durante el juicio ha quedado claro que mi representada no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido. Estamos hablando de una joven que era menor de edad y que ha tenido la valentía de dar la cara en todos los sentidos. Hoy ha obtenido una victoria mucho más valiosa que cualquier medalla”.

El deporte como escenario de silencio

Más allá del caso judicial, Herrera ha aprovechado su aparición pública para lanzar un mensaje a otras mujeres. “No puedo creer lo que ha sucedido. Esto no puede seguir pasando. No soy solo yo; hay tantos casos en el deporte y en el mundo donde intentan silenciar a las mujeres”, afirmó. Y se ha dirigido directamente a quienes puedan estar viviendo situaciones similares: “Estoy aquí por todas y, por favor, hablad cuando os suceda una cosa tan fea”.

La Federación Italiana de Esgrima había suspendido cautelarmente a los dos atletas en 2024 y los expulsó en 2025, aunque el proceso disciplinario quedó pausado hasta que hubiera sentencia firme. Con la absolución en primera instancia, ambos podrían retomar la competición mientras el caso continúa en los tribunales.

Fernanda Herrera, actualmente situada entre las mejores del mundo en sable femenino según el ranking de la Federación Internacional de Esgrima, es hermana de Paola Pliego, también esgrimista y también representante de Uzbekistán.

Un hombre de 48 años ha sido detenido en Figueres, Girona, tras matar a una mujer en la calle. Al parecer, el presunto asesino acuchilló a la víctima en la plaza Tarradellas a plena luz del día, tal y como ha informado El Periódico. Aunque la identidad de la mujer no ha trascendido a los medios, las fuentes policiales han confirmado que se trataría de su expareja de 33 años, quien ha perdido la vida poco antes de las 15 horas.

Además, las autoridades han afirmado que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente respecto de la víctima de 33 años, la cual habría incumplido en al menos dos ocasiones previas. Tal y como ha podido saber La Ser, la última vez que violó la orden judicial fue este mismo sábado, por el que acabó detenido.

En la intervención participaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueres que arrestaron al sospechoso en el mismo lugar de los hechos minutos después de la agresión. En estos instantes, los Mossos están hablando con los testigos que deambulaban por la zona en el momento del crimen.

Además de haber acordonado la zona, las fuentes policiales han informado a la SER que, tras los hechos, el presunto asesino se ha desplazado a una de las fuentes de la plaza para limpiarse las manos. En los primeros minutos de la emergencia, el SEM notificó sobre la intervención en la zona. Para minutos más tarde dar la noticia de que se trataba de un homicidio por violencia de género.

Ante esto, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado un minuto de silencio para mañana en la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que este es el tercer crimen machista en Cataluña desde que empezó 2026. Por el momento, la investigación sigue abierta y en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para esclarecer las causas del crimen.

Contactos de ayuda para las víctimas de violencia de género

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 21 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.362 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El cantante Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella se haya negado a retirar sus comentarios sobre la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales a varias empleadas. El entorno del cantante sostiene que esos comentarios dañan su honor y su reputación.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella. Allí Díaz ha considerado que sus comentarios no han supuesto un daño reputacional ni del honor de Iglesias y, por lo tanto, entiende que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, según han apuntado fuentes jurídicas a la agencia EFE.

En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda por sus comentarios “injuriosos y calumniosos” sobre la denuncia por presuntos abusos sexuales en el entorno laboral, pero fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese escrito, el cantante pidió que la ministra reconociera el daño, rectificara sus palabras y lo indemnizara según el alcance de la difusión.

Las declaraciones de Díaz señaladas por el cantante se hicieron en la red social Bluesky el 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en ‘La Hora de la 1’, en RTVE. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, comentó la ministra en Bluesky.

“Control, acoso y abuso de poder”

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. En una investigación publicada por elDiario.es y Univisión después de tres años de trabajo, las mujeres relataron un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante.

La documentación médica mostraba cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

Las mujeres también describieron procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos. Los hechos habrían ocurrido en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021.

(Con información de EFE)

La Policía Foral de Navarra investiga la muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Arguedas como un posible crimen machista. El hombre ha sido detenido tras entregarse a la Guardia Civil en la tarde del lunes y haber manifestado que “agredió a su pareja en el domicilio familiar”.

Fue un familiar de la mujer quien avisó de los hechos a la Policía Foral después de encontrar el cadáver en el domicilio, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La investigación determinará cuándo se ha cometido el crimen, si bien los primeros indicios apuntan a que podría haber ocurrido en la noche del domingo.

Según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género y la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

El asesinato ha sido condenado por el Ayuntamiento de Arguedas, donde al parecer residía la pareja desde hace no mucho tiempo. Desde el Consistorio han mostrado “la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso” y trasladado “todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento”.

El Gobierno de Navarra, a través de su presidenta María Chivite, también se ha sumado a las muestras de apoyo y ha condenado los hechos. “Es absolutamente insoportable. Cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos”, ha señalado Chivite en su perfil de X.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.361 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España. Esta, además, sería la segunda víctima mortal en Navarra en este 2026.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante más de dos años. La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien relató que su padre la sometió a tocamientos y prácticas sexuales de forma continuada, aprovechando los momentos en los que se encontraban solos en casa, según ha informado este lunes Europa Press.

Según la denuncia que la menor presentó en abril, el hombre la obligaba a ver películas de contenido erótico bajo el pretexto de que debía aprender. La víctima declaró que las agresiones se produjeron casi a diario hasta que el padre abandonó el domicilio familiar por conflictos con la madre.

Tras recabar el testimonio y reunir pruebas, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer localizaron al sospechoso y procedieron a su detención el pasado miércoles por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Aumentan los delitos contra la libertad sexual

Según el balance de criminalidad de Ministerio del Interior correspondiente a 2025, se denunciaron un total de 21.659 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al 2024. Pese a la subida, ese porcentaje supone un incremento inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023).

De acuerdo a los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, los delitos contra la libertad sexual con penetración aumentaron el año pasado un 2,8% respecto a 2024. En todo caso, destaca Interior, el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse, en parte, a las campañas de concienciación y a la menor tolerancia social ante estos delitos. Según el ministerio, estas políticas han facilitado que más víctimas se animen a denunciar, lo que contribuye a reducir el nivel de infradenuncia que suele darse en este tipo de casos.

(Con información de Europa Press)

La Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja y madre de su hijo, ocurrido en Torremolinos (Málaga) en 2023. Ahora, por primera vez desde su detención, el hombre de 48 años y nacionalidad italiana ha admitido ante la justicia que también mató a su anterior pareja, Sibora, cuyo cuerpo ocultó en la vivienda que compartían.

Hasta ahora, el acusado solo reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba haberla matado, atribuyendo lo ocurrido a “un asunto bastante más complejo”. Durante toda la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía “mentía” y que había sido “vendido”, una versión descartada tanto por los investigadores como por la Fiscalía.

El caso de Sibora se juzgará de forma independiente al de Paula, por el cual ya recibió una condena. Además, el Ministerio Público solicita para él 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

El caso de Sibora se remonta a 2009

El procesado conoció a Sibora en 2009, cuando ella tenía 18 años, en Nettuno (Italia). Un año después se trasladaron juntos a España y se establecieron en Torremolinos. Según el relato de la Fiscalía, la joven entró en el país con una identidad falsa, que utilizó en su vida cotidiana en el municipio.

En 2013 la relación se interrumpió temporalmente y Sibora llegó a vivir en un apartamento independiente. Sin embargo, en el momento del crimen, en 2014, ambos habían retomado la convivencia. La acusación sostiene que, en un día indeterminado de la semana del 7 al 14 de julio de ese año, Marco la atacó con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.

El hallazgo se produjo tras la investigación de la Policía Nacional a raíz del asesinato de Paula en 2023. Las pesquisas paralelas permitieron localizar el cadáver emparedado en un doble tabique de la vivienda donde el acusado ya no residía. Y ahora, finalmente, ha reconocido haber asesinado a Sibora en 2014, incluyendo la ocultación del cuerpo en una caja de madera cubierta de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El hombre será juzgado por un jurado popular en Málaga por el asesinato de Sibora, en un procedimiento distinto al de la muerte de Paula. Por su parte, la Fiscalía mantiene que actuó “de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión”. Aunque la defensa rechaza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de alevosía y premeditación.

Una relación de dominio y maltrato

En marzo de este año, la Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a Marco por el asesinato de su expareja Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, así como por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, también le impuso el pago de más de 918.000 euros en indemnización a los familiares de la víctima.

Según la resolución, el acusado mantenía una relación marcada por el control y la dominación sobre Paula, con episodios de maltrato físico y psicológico, control económico, aislamiento y amenazas. En uno de los episodios más graves, llegó a advertirle de que le haría “lo mismo que a Sibora”, en referencia a su expareja desaparecida, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda.

El crimen se produjo el 17 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a la víctima con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían. La sentencia considera probado que la engañó para que regresara al lugar, donde la esperaba para agredirla. Paula intentó huir, pero recibió hasta 16 puñaladas, lo que el tribunal interpreta como una muestra clara de la intención de matar y de la extrema violencia del ataque.

Además de la pena de prisión, la Audiencia apreció la existencia de alevosía y la agravante de género, al considerar que el acusado actuaba movido por una relación de control y dominación. También se le impusieron medidas accesorias como la privación de la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y prohibiciones de acercamiento y tenencia de armas.

Elaborado con información de Efe y Europa Press

El fútbol italiano vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años. Tras la eliminación por tercera vez consecutiva del Mundial, una investigación policial salpicó a varias decenas de futbolistas de la Serie A exponiendo una red de prostitución con scorts de lujo, fiestas VIP y “gas de la risa”.

El foco de la investigación está en una supuesta agencia de eventos, Ma.De. Milano, que según la Fiscalía italiana funcionaba como tapadera de una red de prostitución de alto nivel con una facturación superior a 1,2 millones de euros. La operación de la Guardia di Finanza ha concluido, por el momento, con cuatro detenidos, entre ellos los responsables de la empresa, Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, que se encuentran bajo arresto domiciliario por delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La investigación arrancó el 23 de agosto de 2024, cuando una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar el funcionamiento interno de la red desde 2019. Según su testimonio, todo comenzaba tras los partidos de la Serie A, con paquetes que incluían cenas en locales exclusivos de Milán como Pineta Milano o Voya Rooftop, y que podían terminar en encuentros privados en instalaciones controladas por la organización. Para evitar controles, los encuentros se realizaban en espacios propios en Cinisello Balsamo, a las afueras de la ciudad, evitando hoteles convencionales.

Sin imputaciones a los jugadores

En este punto, las autoridades italianas han sido claras: los futbolistas mencionados en las filtraciones no están siendo investigados penalmente por el simple hecho de haber asistido a estas reuniones. Se habla de hasta 70 jugadores vinculados en distintos momentos, según la agencia ANSA, pero la Guardia di Finanza insiste en que la asistencia a estas fiestas no constituye delito en sí mismo según la legislación italiana.

Aun así, los nombres han trascendido a la prensa y el impacto reputacional es evidente. La investigación sigue abierta y se sigue revisando la documentación financiera, las comunicaciones y las interceptaciones telefónicas.

Theo Hernández, Ibrahimović, Donnarumma, Brahim Díaz...

Uno de los nombres más repetidos en las informaciones es el de Theo Hernández, exjugador del AC Milan y del Real Madrid, actualmente en el Al-Hilal. Según distintas filtraciones publicadas en los medios italianos, el lateral francés no solo habría asistido a estas fiestas, sino que habría tenido un papel activo en su organización, llegando incluso a gestionar logística de transporte para los invitados.

En las últimas horas, el empresario y expaparazzi Fabrizio Corona ha difundido varios vídeos en los que, según se ve en estas publicaciones, el futbolista está rodeado de mujeres e inhalando óxido nitroso desde un globo negro. El material se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

En esos mismos contenidos también aparece el exjugador del Milan Samu Castillejo. Otros nombres recurrentes en las informaciones, aunque sin acusaciones formales, son Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Hakan Çalhanoğlu y Brahim Díaz.

El uso del “gas de la risa”

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, su atractivo en estos entornos residía en su efecto psicoactivo y, sobre todo, en que no es detectable mediante los controles antidopaje habituales.

En las escuchas intervenidas durante la investigación aparece de forma recurrente la referencia a “globos”, término utilizado de forma coloquial para pedir la sustancia. “Necesitamos globos… estamos en el Duca, en Me Milan”, recogen algunos de los registros.

Un fenómeno que traspasa fronteras

La presunta red no se limitaba a Milán. En verano, según la investigación, las actividades se trasladaban a destinos como Mykonos, donde las fiestas se habrían celebrado de forma continuada. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, en abril de 2021, se habrían detectado reuniones pese a las restricciones sanitarias.

Las escuchas también han destapado referencias a otros ámbitos del deporte, incluyendo la supuesta presencia de un piloto de Fórmula 1 como cliente, aunque su identidad no ha sido revelada y no figura como investigado.

Reacciones y situación abierta

En paralelo, algunos futbolistas han comenzado a desvincularse públicamente del caso. El entorno de Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, calificó de “totalmente inapropiada” su vinculación con la investigación, mientras que el defensa del Arsenal Riccardo Calafiori negó cualquier relación.

Por el momento, la investigación continúa su curso sin que haya imputaciones a jugadores. Sin embargo, el caso sigue creciendo, con nuevas filtraciones y vídeos que mantienen a los futbolistas de la Serie A bajo la lupa.

La violencia machista no da tregua a las mujeres. El pasado 9 de mayo, Karen Giovanna, una joven de 21 años, fue asesinada por su pareja en la provincia de Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, lo que eleva el número de feminicidios a 19 en lo que va de año y a un total de 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El agresor de este último crimen tenía 23 años y existían denuncias previas por violencia de género contra él, ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.

De las 19 mujeres asesinadas, 14 eran españolas (73,7%) y 5 extranjeras, (26,3%), la misma proporción que se observa entre los autores de los crímenes: 14 son españoles y 5 poseen otra nacionalidad. Por otro lado, ocho de los agresores tenían denuncias previas por maltrato (42,1%) y ocho víctimas estaban inscritas en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, pero estos mecanismo fueron insuficientes para salvar sus vidas.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante el nuevo feminicidio ocurrido en Madrid y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Las madres buscadoras se han convertido en las figuras centrales del combate a la desaparición de personas en México, recorriendo terrenos peligrosos, muchas veces controlados por el crimen organizado, para encontrar a sus hijos, asumiendo roles de investigadoras, peritos y acompañantes de otras víctimas.

Su labor ha sido reconocida por encima de las acciones del Estado, principalmente después de que fue el propio gobierno el que reportó que actualmente hay 132 mil personas no localizadas en el país, sin que haya una tendencia a la baja.

En la celebración del Día de las Madres, que se conmemora el 10 de Mayo y es una de las fechas más celebradas del país, muchas de las madres buscadoras no reciben flores, invitaciones a comer o regalos.

En su lugar, reciben amenazas de desaparición o muerte por parte del crimen organizado e incluso por parte de las autoridades.

“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida”, señaló la Fundación para la Justicia.

En este sentido, presentó un mapa de los asesinatos (registrados) de 2010 a 2025 por entidad federativa, con el objetivo de mostrar “lo que sufren quienes han tomado por mano propia lo que le corresponde hacer al Estado: buscar a quienes desaparecen”.

De acuerdo con la organización, en los últimos 15 años, 22 buscadoras fueron asesinadas en el país, de las cuales 15, es decir, el 63 por ciento eran las madres de personas desaparecidas.

A estos se suman dos casos de madres buscadoras que continúan en calidad de desaparecidas.

Estados más ataques a buscadoras registrados

• Guanajuato: con cinco ataques registrados.
• Sinaloa: con cuatro ataques registrados.

Por su parte, Amnistía Internacional documentó que en 2025 se registraron al menos siete asesinatos de personas buscadoras.

Además de que el país acumula más de 4 mil 500 fosas clandestinas y más de 6 mil 200 cuerpos encontrados, con una crisis forense que se agrava por la falta de políticas efectivas para la identificación de víctimas.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha señalado desde 2018 la existencia de obstáculos estructurales: ausencia de datos confiables, baja cifra de condenas y deficiencias en la atención forense.

En 2025, recomendó que el Estado mexicano reconozca formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y les otorgue protección con perspectiva de género.

La reciente decisión de la ONU de llevar la situación ante la Asamblea General representa una oportunidad histórica para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada en México.

Madres buscadoras convocan a marcha por 10 de mayo

Colectivos de madres buscadoras convocan a movilizaciones en México este 9 y 10 de mayo, en el marco del Día de la Madre, para exigir justicia ante la crisis nacional de desapariciones forzadas.

Las protestas incluyen una velada el 9 de mayo en el Monumento a la Madre en Veracruz y la “Marcha por nuestrxs desaparecidos” el 10 de mayo en Xalapa, que irá del Monumento a la Madre al Mural de Desaparecidos de Murillo Vidal.

En Ciudad de México, se realizará la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, partiendo del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia.

La convocatoria está dirigida a familias de personas desaparecidas, colectivos y la afición futbolera, aprovechando el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los colectivos comparan su lucha con un partido difícil, donde el único trofeo es el regreso de sus hijos e hijas a casa. Invitan a la sociedad y aficionados al futbol a sumarse para “ganar este marcador contra el olvido”.

Además, las madres buscadoras exigen mayor respaldo institucional, criticando la falta de protección y la impunidad prevaleciente.

Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU reconoció su valentía y resiliencia, aunque los colectivos demandan una postura más activa y respaldo explícito ante la crisis de desapariciones en el país.

ONU reitera reconocimiento a madres buscadoras

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su reconocimiento a las madres buscadoras en vísperas del Día de las Madres.

El organismo destaca que, desde hace décadas, estas mujeres han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

ONU-DH subraya que las madres buscadoras recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país.

La marcha y las acciones de estas mujeres representan memoria, esperanza y amor que persevera, a pesar de la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta México.

“En vísperas del #DíaDeLasMadres, reconocemos a quienes, desde hace décadas, han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos.

“Las #MadresBuscadoras nos recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país. Su marcha es memoria, esperanza y amor que persevera", escribió en su cuenta de X.

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja, una joven de 22 años de nacionalidad española, que fue hallada inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel este sábado por la mañana. Asimismo, según han asegurado fuentes policiales a Efe, podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso por el hallazgo de una mujer tendida en la calle, inconsciente y con una lesión en la cabeza. Según recoge el ABC, el detenido habría arrojado a su pareja por la ventana de una vivienda situada en la calle Condes de Barcelona.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que han prestado asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes únicamente han podido confirmar su fallecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, la Policía Nacional ha localizado en el domicilio en el que residía la víctima, situado en las inmediaciones del lugar del hallazgo, a un hombre de 24 años de nacionalidad ecuatoriana, pareja de la joven, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

Al lugar de los hechos también acudieron agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación ante la posibilidad de que se trate de un crimen machista.

18 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año

De confirmarse como un caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 19 en lo que va de 2026 y a 1.360 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Hasta ayer no constaba ningún caso en investigación y solo se había contabilizado un asesinato machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Además, según los datos oficiales, recientemente se excluyó del registro el caso de una mujer fallecida el pasado 1 de abril en Bizkaia, después de que el informe forense concluyera que la muerte no fue de naturaleza homicida.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 72,2% de las víctimas confirmadas en 2026 habían nacido en España, mientras que el 77,8% de los presuntos agresores también tenían nacionalidad española. Asimismo, el 77,8 % de los crímenes fueron cometidos por exparejas o parejas en proceso de ruptura.

En siete de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en cinco se produjo un quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a once menores de edad en situación de orfandad.

Uno de los casos más recientes es el de Melissa, una mujer venezolana de 43 años que fue hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en el interior de su domicilio. En la misma vivienda fue encontrado su agresor, un hombre de 50 años y también de nacionalidad venezolana, fallecido por ahorcamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR), Humberto Nava Genera, la noche del pasado jueves 7 de mayo.

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, sobre la calle División del Norte, entre las calles Miguel Ángel de Quevedo y Parque.

Los policías capitalinos lo detuvieron en la vía pública por una presunta conducta de violencia familiar, delito que en la Ciudad de México es perseguido de oficio y puede derivar en prisión preventiva según la gravedad de los hechos.

Documentos oficiales de la FGR identifican a Nava Genera como Secretario General del organismo que representa a los trabajadores de la fiscalía federal ante las autoridades institucionales.

Nava Genera quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar

Tras la detención, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar (FIDVF), instancia especializada en este tipo de casos dentro de la estructura de la fiscalía capitalina.

Fue el Ministerio Público común el que tomó conocimiento del asunto en primera instancia, antes de que el expediente quedara bajo resguardo de esa fiscalía especializada.

La FIDVF es la autoridad que investiga y da seguimiento a los delitos vinculados con violencia en el entorno familiar en la Ciudad de México.

Al cierre del registro, Nava Genera permanecía en las instalaciones de esa dependencia, a la espera de que las autoridades definieran su situación jurídica.

La detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones

El arresto de Nava Genera fue asentado en el Registro Nacional de Detenciones, el sistema oficial que documenta cada detención realizada en el país.

El registro incluyó una descripción física detallada del detenido: hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y cabello corto.

Al momento de su arresto, Nava Genera vestía camisa blanca de vestir, pantalón negro de vestir y zapatos cafés.

El documento también consignó una lesión física: una escoriación en el pómulo izquierdo, visible al momento de ser puesto a disposición de las autoridades.

La detención se realizó en la vía pública, en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, con código postal 04370.

El punto exacto fue sobre la calle División del Norte, entre Miguel Ángel de Quevedo y Parque, frente a la farmacia San Pablo, un punto de referencia en esa zona de la alcaldía.

Esto se sabe del SNTFGR

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR) tiene sus orígenes el 6 de julio de 1937, cuando trabajadores de la entonces Procuraduría General de la República fundaron la Unión de Trabajadores de la Procuraduría General de la República y designaron su Comité Ejecutivo Provisional.

Según información presente en su sitio web, la organización nació 37 años después de la creación de la PGR, en 1900, como respuesta a la necesidad de los trabajadores de defender sus derechos laborales.

De acuerdo con el sitio web del sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Humberto Nava Genera, en su calidad de Secretario General, se describe como una instancia en “constante lucha por obtener más y mejores logros a favor de la base trabajadora”.

El propio sindicato señala que la coordinación entre el Comité y los trabajadores es la vía para diseñar estrategias que beneficien a la organización.

Es precisamente ese dirigente quien la noche del jueves 7 de mayo de 2026 fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, acusado de una presunta conducta de violencia familiar.

Un fugitivo ha sido detenido este viernes en la provincia de Cuenca por agentes de la Policía Nacional y ha sido enviado a prisión preventiva, ya que sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual. El hombre se encontraba en paradero desconocido tras fugarse antes de la vista judicial y abandonar previamente el dispositivo de localización que llevaba impuesto por orden judicial para garantizar la protección de las víctimas.

Según ha informado la Policía Nacional, el prófugo contaba con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados, además de acumular más de 40 denuncias por coacciones y amenazas a sus víctimas. Además, el individuo habría cambiado de sexo presuntamente en un intento de eludir la condena por los delitos contra la libertad sexual que se le atribuyen.

La investigación policial se inició el pasado mes de abril, después de que los agentes tuviesen conocimiento de la reclamación judicial que seguía en vigor sobre el fugitivo. A partir de ese momento, los agentes comenzaron distintas tareas de localización y seguimiento para tratar de dar con el paradero del hombre, considerado por la policía como una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el hombre utilizaba supuestamente distintas estrategias para intimidar y acosar a sus víctimas. Entre otras prácticas, manifestaba ser agente de la autoridad para ejercer presión sobre ellas y reforzar su actitud de dominación. Según la información policial, también adoptaba represalias contra quienes consideraba enemigos, llegando a incendiar vehículos o viviendas y utilizando material íntimo obtenido sin el consentimiento de los afectados.

La Policía Nacional sostiene además que el detenido manipulaba de forma reiterada a las víctimas hasta el punto de lograr que algunas de ellas cometiesen delitos en su favor contra terceras personas con las que mantenía enemistades manifiestas.

El fugitivo fue localizado en un chalet de Montalbo

Tras semanas de búsqueda y distintas gestiones policiales, los agentes lograron localizar al fugitivo en la localidad de Montalbo, en la provincia de Cuenca, donde permanecía escondido en un chalet. Según la información policial, el hombre contaba con la ayuda de su actual pareja sentimental, que habría adoptado numerosas medidas de seguridad para evitar ser seguida hasta el lugar donde se ocultaba el prófugo.

Las pesquisas permitieron comprobar que la mujer proporcionaba al fugitivo distintos útiles y suministros mientras permanecía escondido. Entre ellos, incluso material deportivo con el que el hombre trataba de mantenerse activo durante el tiempo que permaneció oculto de las autoridades.

Finalmente, la Policía Nacional estableció un dispositivo en la mañana de este viernes que ha culminado con la detención del fugitivo en el domicilio en el que se escondía. El arrestado ha sido puesto posteriormente a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón.

Por su parte, la jueza de guardia se ha limitado a ejecutar el auto de prisión preventiva dictado previamente por la Audiencia Provincial de Castellón, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Una mujer de 57 años ha sido asesinada en la madrugada de este miércoles en la localidad de Santa Úrsula, Tenerife, presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, según han informado fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. La víctima no estaba inscrita en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del agresor, señala la agencia EFE.

El suceso ocurrió cerca de la vivienda de la mujer, sobre las 3:30 de la noche, donde el agresor acuchilló a la mujer e hirió a la madre de la víctima, ha explicado a la prensa el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta. “Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo”, ha afirmado el regidor, que también ha explicado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los “gritos enormes” que se produjeron durante los hechos.

Las autoridades municipales han activado los protocolos de atención y acompañamiento para los familiares y allegados de la víctima y el consistorio ha pedido “el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia”.

El Ayuntamiento de la localidad ha suspendido todos los actos oficiales previstos para hoy y mañana y ha convocado un minuto de silencio. El alcalde también ha pedido a la ciudadanía que “acompañe desde el respeto y la solidaridad”.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Anthony Laroche tenía 37 años, ojos azules, físico de ensueño y trabajaba como diseñador de interiores en Mónaco. Era el hombre perfecto. El problema es que no existía.

Detrás de ese perfil construido con la foto robada de un modelo se escondía Jack Sion, un jubilado de Niza que rondaba los 70 años cuando cometió los hechos. Durante años, utilizó esa identidad falsa en páginas de citas para atraer a mujeres a su apartamento del Paseo de los Ingleses.

Al menos 24 de ellas llegaron a visitarle. Mañana, con 78 años, se sienta de nuevo ante el Tribunal de lo Penal de Niza para responder por ello en un juicio que se prolongará hasta el 15 de mayo.

El escenario siempre era el mismo

Semanas de conversaciones casi diarias, un tono seductor y paciente, y finalmente la propuesta de una primera cita llena de “magia”. Las mujeres llegaban al piso a oscuras, se vendaban los ojos y eran guiadas por una voz tranquilizadora. Solo después del acto sexual descubrían, con horror, quién estaba realmente a su lado.

“En el instante en que le quité la venda de los ojos, apagó la luz. Vi su silueta, un hombre bajo, nada atlético, y vi su nariz, que no se parecía en nada a la de Anthony Laroche”, declaró una de las víctimas durante el primer juicio, según ha recogido Le Matin.

La investigación reveló que Sion mantenía correspondencia con 342 mujeres de entre 23 y 53 años. También guardaba notas sobre sus posibles víctimas con anotaciones sobre sus vulnerabilidades personales: enfermedades de familiares, traumas pasados, situaciones de duelo.

Un debate jurídico sin precedentes

El caso tardó años en llegar a juicio y no sin polémica. Las primeras denuncias solo derivaron en una advertencia que Sion ignoró. Cuando el asunto llegó por fin a la sala de instrucción de Aix-en-Provence, en 2018, el caso fue archivado: los magistrados consideraron que los hechos no podían calificarse como “violación por sorpresa”.

Las dos partes civiles, representadas por el abogado Mohamed Maktouf, recurrieron ante el Tribunal de Casación. El máximo órgano judicial francés les dio la razón y estableció que “la penetración sexual obtenida mediante una estratagema destinada a engañar a la víctima sobre la identidad civil y física del autor constituye violación por engaño”.

El caso fue enviado al tribunal penal de Montpellier, que en octubre de 2021 condenó a Sion a ocho años de prisión. Cuatro meses después de ingresar en prisión, apeló y quedó en libertad bajo supervisión judicial. Ahora llega a este nuevo juicio como hombre libre.

Posiciones enfrentadas

La defensa tiene previsto pedir la absolución. “Haremos hincapié en que no hubo sorpresa. Por el contrario, estas relaciones sexuales habían sido definidas previamente entre los dos miembros de la pareja”, señalaron sus abogadas, Margaux Mathieu y Lou Ferdinand Dreyfus.

El propio Sion siempre ha mantenido la misma línea argumental: “Siempre he hecho cosas legales. Cosas malas, pero legales”.

Por el otro lado, la acusación no comparte esa visión. “Mis clientes esperan que la avanzada edad del acusado no sea un obstáculo para la condena”, advirtió Maktouf. El tribunal tiene hasta el 15 de mayo para decidir si la historia de Anthony Laroche merece, esta vez, una condena firme.

Las mujeres negras están más expuestas a la violencia machista y a una mayor falta de protección institucional en España. Así lo revela un reciente informe elaborado por la Asociación Biznegra a través de un centenar de entrevistas en profundidad, que denuncia una doble vulnerabilidad: la violencia de género se agrava por el racismo estructural y una respuesta insuficiente de los sistemas públicos.

El estudio, titulado Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España, señala que entre 2003 y 2021 el 31% de los feminicidios registrados en el país afectaron a mujeres migrantes, a pesar de que este colectivo representa solo el 9% de la población femenina. El fenómeno, según el informe, revela una sobrerrepresentación de mujeres migrantes en las estadísticas de feminicidio, lo que sugiere un riesgo hasta cinco veces superior en comparación con las mujeres nacidas en el país. También subraya que los datos oficiales no consideran la variable étnico-racial, lo que invisibiliza la dimensión específica del racismo en la violencia de género.

Las entrevistas recogidas por la Asociación Biznegra muestran cómo mujeres africanas, afrodescendientes y migrantes de América Latina sufren una violencia machista reforzada por estereotipos racistas. La imagen social de “fuerza” atribuida a las mujeres negras se convierte en una trampa, ya que se les exige resistir y callar, sostienen. Muchas relatan experiencias de hipersexualización y deshumanización, además de que su credibilidad suele ser cuestionada tanto en el ámbito privado como institucional. “A las mujeres blancas se las protege, a nosotras se nos exige resistencia”, resume una de las entrevistadas en el informe.

El miedo a denunciar, especialmente entre quienes carecen de permiso de residencia, y la falta de intérpretes en procesos administrativos y judiciales, constituyen barreras adicionales. Según la asociación, muchas mujeres negras enfrentan un trato condescendiente, revictimizador o abiertamente racista cuando buscan protección. Esta situación genera desconfianza y refuerza su desamparo ante la violencia.

“La resiliencia y el miedo terminan funcionando como mecanismos de supervivencia ante la falta de protección efectiva. Irónicamente, esta dinámica puede convertir la resiliencia en una violencia añadida cuando el sistema celebra que las mujeres resistan, en lugar de cuestionar por qué se ven obligadas a resistir tanto”, advierte el informe.

La aplicación de leyes sigue siendo “limitada”

En materia legislativa, el estudio destaca que las leyes estatales y autonómicas han comenzado a incorporar los conceptos de “interseccionalidad” y “discriminación múltiple”, pero la aplicación real sigue siendo limitada. La mayoría de las normativas se refieren a una víctima tipo, sin contemplar las circunstancias de las mujeres racializadas. Solo algunas comunidades autónomas incluyen explícitamente el origen étnico y la situación migratoria en sus leyes de protección.

Además, añade el informe, la ausencia de datos desglosados por raza o nacionalidad y la escasa presencia de mujeres negras en el diseño de políticas públicas mantienen “puntos ciegos” del sistema.

Consecuencias en la salud mental

El estudio también alerta sobre las consecuencias de esta situación en la salud mental de las mujeres negras, que viven bajo una constante presión social y una sensación de hipervigilancia. El racismo institucional y la discriminación refuerzan el aislamiento y la indefensión, amplificando el trauma psicosocial, añade el documento, donde se subraya que “hablar de la violencia machista hacia mujeres negras no es fragmentar la lucha feminista, sino completarla”. “Si no ponemos en el centro a quienes más sufren, nunca lograremos una protección real para todas”, añade.

Entre las recomendaciones, la Asociación Biznegra propone la recogida obligatoria de datos con perspectiva racial, la participación activa de mujeres negras en el diseño de políticas, intérpretes especializados en violencia de género, formación antirracista obligatoria para todo el personal y garantías legales que desvinculen la protección frente a la violencia del estatus migratorio. Estas medidas buscan cerrar la brecha estructural y ofrecer una respuesta efectiva a una población especialmente vulnerable.

El informe también considera prioritario que el Estado y las comunidades autónomas adopten un enfoque antirracista real en la lucha contra la violencia machista. Solo así, concluye la asociación, se podrá avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres, independientemente de su origen, puedan acceder a la protección y a sus derechos en igualdad de condiciones.

Ante la reciente difusión de la campaña “Niñas, no madres”, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) expresó su profunda preocupación por el enfoque de los mensajes emitidos por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La organización considera que la estrategia presenta imprecisiones conceptuales que pueden resultar contraproducentes desde perspectivas científicas, psicológicas y de política pública.

Si bien ADIVAC reconoce la importancia de visibilizar los derechos de la infancia y combatir la violencia sexual, advirtió a través de un comunicado que algunos mensajes de la campaña sugieren que la prevención recae en la capacidad de los menores para otorgar o negar su consentimiento.

Esta premisa contradice la evidencia psicológica actual, la cual sostiene que:

• Asimetría de poder: Los menores no poseen la madurez cognitiva ni emocional para consentir en contextos de desigualdad frente a un adulto.
• Peligro de autoculpación: Al no contextualizar el concepto de consentimiento, se corre el riesgo de que las víctimas sientan que la ausencia de una negativa explícita implica una participación voluntaria, generando procesos de revictimización.
• Mecanismos de agresión: La asociación destacó que la mayoría de los casos ocurren mediante manipulación, seducción o engaño, y no necesariamente a través de la fuerza física. Estos métodos anulan la capacidad de rechazo de las infancias, por lo que centrar el mensaje en un “decir no” resulta insuficiente y simplista.

Responsabilidad de adultos y el Estado

De acuerdo con ADIVAC, es un error trasladar la carga de la autoprotección a las víctimas. La organización enfatizó que la obligación de prevenir, atender y responder ante la violencia sexual corresponde estrictamente a:

1. Los adultos del entorno.
2. Las instituciones públicas.
3. El Estado en su conjunto.

“Las campañas deben evitar enfatizar conductas esperadas en los menores y dejar claro que la responsabilidad de protección es institucional y social”, señala el organismo.

ADIVAC subrayó la necesidad de que las campañas de comunicación social sean diseñadas por especialistas en psicología infantil, neuropsicología, trauma y políticas públicas. Instó a SIPINNA a que sus mensajes incluyan rutas claras de acción y mecanismos accesibles de denuncia, evitando simplificaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Cuál es la postura de SIPINNA?

Por su parte, el SIPINNA presentó la campaña “Niñas, no madres” con el objetivo de que la sociedad rechace de forma contundente el embarazo infantil, catalogándolo directamente como un acto de violencia. La estrategia busca activar acciones para detectar y erradicar las condiciones que permiten estas agresiones.

La estrategia de SIPINNA se divide en tres fases operativas:

• Fortalecimiento institucional: Mejora en la atención de denuncias por parte de las autoridades.
• Activación comunitaria: Trabajo en familias, escuelas y comunidades para crear entornos seguros donde las niñas sean escuchadas y respetadas.
• Corresponsabilidad masculina: Un llamado a los hombres para romper pactos de silencio y convertirse en agentes activos de cambio contra la violencia de género.

El Parlamento Europeo quiere establecer una definición única de violación en todos los países de la Unión Europea, con el objetivo de que el consentimiento libre, informado y revocable sea el elemento clave para tipificar este delito, dejando de lado legislaciones que solo consideran la violencia o la fuerza como base para una condena. En un informe aprobado el pasado martes con 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados urgen a la Comisión Europea a presentar “sin demora” una nueva propuesta legislativa para unificar este criterio en todos los Estados miembros y lo adapten así a las normas internacionales y al Convenio de Estambul, ratificado por la UE en 2023.

Entre los puntos esenciales, los eurodiputados insisten en que el silencio, la falta de resistencia o la ausencia de un “no” no deben interpretarse como consentimiento. Tampoco lo deben ser el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o cualquier relación, actual o anterior, entre las partes implicadas.

“Es moral y jurídicamente inaceptable que las mujeres no estén protegidas por leyes de ‘sólo sí es sí’ en toda la UE. Llevamos años pidiendo una definición europea común de violación, y aunque el Consejo impidió que se incluyera en la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, cada vez más gobiernos reconocen la necesidad de este enfoque”, explicó la eurodiputada socialdemócrata sueca Evin Incir, ponente de la comisión de Libertades Civiles, que destacó que desde 2023 países como Francia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos han introducido leyes basadas en el consentimiento. Cabe también recordar que España aprobó en 2022 la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, poniendo el consentimiento en el centro de la norma y ampliando la protección para las víctimas de violencia sexual.

“Ha llegado el momento de ofrecer una definición europea común de violación basada en la ausencia de consentimiento libremente otorgado y revocable”, añadió Incir, según un comunicado del Parlamento Europeo.

Un enfoque centrado en las víctimas

Los eurodiputados sostienen que el consentimiento siempre debe analizarse según las circunstancias de cada caso. Señalan que no puede considerarse válido si hay violencia, amenazas, abuso de poder, miedo, intimidación o situaciones en las que la víctima está inconsciente, bajo los efectos de sustancias, dormida, enferma, con discapacidad o en condición de vulnerabilidad. También piden que la ley y los jueces tengan en cuenta las reacciones que puede tener una persona ante un trauma, como quedarse inmóvil o actuar de forma inesperada. Además, insisten en que la violencia de género debe ser reconocida como delito en toda la Unión Europea.

El Parlamento Europeo cree que solo una ley que ponga el consentimiento en el centro puede asegurar justicia para las víctimas. Por eso, plantea que la Unión Europea debe ofrecer atención médica inmediata, servicios de salud sexual y reproductiva, aborto seguro, apoyo psicológico, ayuda legal y centros de crisis gratuitos y disponibles las 24 horas para quienes han sufrido una violación.

Por su parte, la socialista polaca Joanna Scheuring-Wielgus, ponente de la comisión de Derechos de la Mujer, recordó que “una de cada tres mujeres en la Unión ha sufrido violencia de género y una de cada veinte ha sido víctima de violación”. En ese sentido, destacó el papel de Gisèle Pelicot, cuyo testimonio ha ayudado a visibilizar la necesidad de cambios en la legislación, si bien subrayó que muchas víctimas aún no acceden a la justicia.

No basta con cambiar la definición legal

Amnistía Internacional celebra la iniciativa de la Eurocámara, ya que marca un paso relevante en la armonización de las leyes de protección contra la violencia sexual en Europa, aunque la organización también subraya que, para lograr una verdadera cultura del consentimiento en la Unión Europea, no basta con cambiar la definición legal.

“Además de una definición de la violación basada en el consentimiento, el fomento de una cultura del consentimiento en toda la UE dependerá de la adopción de un enfoque interseccional y centrado en las supervivientes, de una educación sexual integral, y de campañas públicas de concienciación y prevención", sostiene Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta para Europa de Amnistía Internacional. La organización también pide a la Comisión Europea que proponga cuanto antes esa legislación común.

En plena vía pública, un hombre ha matado este sábado a una mujer en el municipio de Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Tal y como han señalado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, la muerte violenta se ha producido alrededor de las 11.00 horas.

El 112 informó a los agentes del aviso recibido, en el que se notificaba que un hombre había herido con un arma blanca a una mujer y después había huido. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Mossos d’Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero la víctima ha fallecido tras el ataque.

Posteriormente, el autor del crimen, que se investiga como un presunto caso de violencia de género, ha sido localizado y detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo secreto de las actuaciones.

El Ayuntamiento condena el crimen

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condenado el asesinato de la mujer. El Consistorio ha señalado su “preocupación” por el grave suceso, ya que este afecta “a la convivencia y a la seguridad ciudadana”.

En un comunicado ha señalado que “lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad”, así como ha trasladado su consuelo a su familia y personas próximas.

“Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas”, concluye el comunicado.

*Con información de EFE

Aunque en la última década México ha impulsado políticas para combatir la violencia contra la mujer, reducir la brecha laboral de género y erradicar los feminicidios, los avances en igualdad siguen siendo limitados en la vida cotidiana.

El rezago persiste en el ámbito familiar, escolar y comunitario, donde los estereotipos, las prácticas discriminatorias y la normalización de la violencia continúan reproduciéndose desde la infancia.

El impacto de estas carencias atraviesa generaciones, frenando el acceso efectivo a derechos, oportunidades y una convivencia libre de violencia para las infancias y juventudes del país.

En el Día de las Niñeces, el colectivo GENDES plantea que combatir el machismo desde la infancia requiere transformar la crianza y la educación emocional y sexual en casa y escuela, según el informe “Jugando a ser grandes”.

La organización advierte que la familia y el entorno educativo son los espacios donde se transmiten las reglas sobre cómo deben comportarse niñas y niños, y destaca que estos aprendizajes no son permanentes.

El informe identifica que la gestión emocional y la educación sexual integral son temas poco abordados en la infancia.

Solo el 26% de niñas, niños y adolescentes declara estar plenamente satisfecho con el comportamiento de su padre, mientras el 36% reporta no vivir con él y el 9% afirma no tener relación con su padre.

La figura paterna continúa vinculada al rol de proveedor y autoridad, aunque el 67% de niñas y niños considera que un buen papá debe ser cariñoso y el 51% desea mayor presencia y juego con el padre.

La corresponsabilidad doméstica y de cuidados sigue recayendo en madres y abuelas.

El informe de GENDES señala que cuando los hombres participan en tareas del hogar, su acción suele verse como “ayuda” y no como un deber compartido.

Desde la infancia, niñas y niños reproducen una división sexual del trabajo: ellas cuidan y preparan alimentos, ellos hacen tareas físicas. La ausencia de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad contribuye al abandono de niñas, niños y adolescentes en muchos hogares.

La gestión emocional y la educación sexual, tareas pendientes

El 19% de niñas, niños y adolescentes no sabe cómo manejar sentimientos negativos y el 14% carece de alguien con quien compartir sus emociones.

Las madres son la principal figura de confianza emocional, seguidas de amistades del mismo sexo; el padre ocupa un rol lejano.

El control emocional predomina como ideal: se exige a los hombres contener o reprimir sus emociones. El discurso familiar sobre sexualidad se centra en riesgos, omitiendo identidad, diversidad y placer.

El 68% de adolescentes acudiría a un adulto para resolver dudas, pero los adultos muestran incomodidad para el diálogo.

La violencia se aprende y normaliza principalmente en el hogar. El 52% de niñas y niños identifica a la familia como principal espacio de aprendizaje de la violencia y el 67% reconoce el golpe como violencia, aunque el 27% lo rechaza como tal.

Niños y adolescentes varones consideran la violencia “natural e inevitable” en mayor proporción que las mujeres.

Recomendaciones para transformar la crianza y la educación

GENDES recomienda generar programas de crianza positiva y medidas legislativas para la corresponsabilidad masculina, así como políticas de conciliación laboral-familiar.

El colectivo plantea la promoción y difusión de paternidades afectivas y corresponsables, atención y acompañamiento en salud mental infantil y educación sexual integral con perspectiva de género y derechos.

En el ámbito escolar, el informe urge a incluir la gestión emocional y la formación socioemocional desde la educación inicial, ampliar la educación sexual y formar a docentes en igualdad de género y diversidad sexual.

Propone incorporar prácticas para el respeto, la empatía y el reconocimiento de nuevas masculinidades.

Para los medios de comunicación, GENDES recomienda difundir historias de paternidades positivas, visibilizar nuevas masculinidades y promover debates informados sobre igualdad de género y alternativas no violentas en la convivencia.

Conforme a lo estipulado, lo mínimo que debe contener son dos factores:

• Los tipos penales
• Las sanciones

27 congresos locales aprobaron la reforma impulsada por Sheinbaum

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, comentó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Los 27 congresos que aprobaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, son:

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Colima
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Michoacán de Ocampo
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz de Ignacio de la Llave
• Yucatán
• Zacatecas
• Ciudad de México

Cabe destacar que el dictamen aprobado estipula que dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor, el Congreso de la Unión deberá expedir dicha legislación.

Puntos destacados de la iniciativa

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

• Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
• Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
• Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 constituye uno de los ejes de la reciente aprobación impulsada por el gobierno de la presidenta, cuyo objetivo reside en atender compromisos relacionados con la igualdad y el combate a la violencia de género.

Esta iniciativa pretende reducir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia, poniendo en el centro los derechos humanos de mujeres y niñas.

• Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.
• Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención, investigación y sanción del delito.
• El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

Una ley necesaria ante la violencia contra las mujeres

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS) han registrado al menos 148 feminicidios a nivel nacional en el primer trimestre del 2026.

Entre los estados con mayor presencia de este delito se encuentran:

• Sinaloa con 15 casos registrados
• Chiapas con 13 casos registrados
• Ciudad de México y Estado de México con 11 casos registrados
• Sonora con 10 casos registrados
• Veracruz con 9 casos registrados

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar las quejas presentadas contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Las protestas tienen su origen en unas declaraciones realizadas en una jornada formativa en el Colegio de la Abogacía de Madrid en las que cuestionó el sistema de denuncias en materia de violencia de género y aseguró que las mujeres cuentan con “tantas ventajas” para denunciar.

La decisión ha sido adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, quien deberá determinar si las manifestaciones del magistrado tienen relevancia suficiente para derivar en la apertura de un expediente disciplinario o si procede el archivo de las actuaciones. La incoación de diligencias constituye el primer paso en este tipo de procedimientos y tiene como finalidad comprobar la veracidad de los hechos y su posible encaje en el régimen disciplinario de la carrera judicial.

El origen de la polémica se sitúa en una intervención pública del juez el pasado 18 de febrero, en el marco de una jornada jurídica centrada en los criterios de competencia en materia penal y civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. Durante su exposición, Maman sostuvo que muchas denuncias “se ve que no tienen demasiado sentido” y que, en ocasiones, responden a una estrategia orientada a obtener órdenes de protección de forma inmediata.

“Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”, planteó el magistrado ante un auditorio compuesto por profesionales del ámbito jurídico. En la misma intervención, cuestionó el sistema de asistencia jurídica al afirmar que a las denunciantes “se les da asistencia jurídica gratuita aunque tengan un millón de euros en la cuenta” y que cuentan con abogado de oficio desde el primer momento. “¿Pero qué pierde?”, insistió.

El juez también se mostró crítico con el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género, que combinan competencias penales y civiles, y que, a su juicio, se han convertido en “un camino casi forzado”. En ese contexto, señaló que los abogados “tienen una gran afición a visitarnos” y que, aunque lo entiende, se intenta “forzar una vía”.

Asimismo, el magistrado sostuvo que los procedimientos judiciales “se eternizan” y apuntó a posibles consecuencias en el ámbito familiar durante ese tiempo. En concreto, afirmó que “la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño” y que se produce un distanciamiento progresivo respecto al padre.

Las reacciones a sus palabras

Las declaraciones provocaron la reacción de asociaciones feministas, que solicitaron el apartamiento del juez del procedimiento que instruye contra el exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, investigado por una presunta violación. La controversia se vio intensificada por el hecho de que la intervención pública del magistrado tuvo lugar apenas un día después de que la denunciante compareciera ante él para ratificar su denuncia.

Un mes después de aquellas manifestaciones, el juez rechazó la petición de la denunciante de prohibir a González comunicarse con ella, una decisión que ha sido también objeto de atención en el marco de las críticas vertidas contra su actuación.

Las quejas ante el CGPJ se han articulado a través de distintas iniciativas, incluidas campañas promovidas para formalizar denuncias disciplinarias contra el magistrado. En ellas se cuestiona que sus declaraciones puedan suponer una falta de consideración hacia las víctimas de violencia de género y un cuestionamiento del sistema de protección vigente.

El órgano de gobierno de los jueces tiene atribuida la competencia para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados cuando su conducta se aparta de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional, como la imparcialidad, la independencia o el respeto a las partes. Las sanciones previstas en la normativa pueden abarcar desde advertencias o multas hasta medidas más graves, como traslados forzosos, suspensiones o incluso la expulsión de la carrera judicial.

Fuentes del CGPJ señalan que la apertura de diligencias informativas es un trámite habitual ante la recepción de quejas, con el objetivo de realizar una primera verificación de los hechos denunciados. Tras esta fase inicial, el promotor deberá decidir si propone la apertura de un expediente disciplinario, que correspondería resolver a la Comisión Disciplinaria, o si, por el contrario, procede el archivo, decisión que requiere el aval de la Comisión Permanente.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sevilla acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la Feria de Abril, según ha informado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el último balance de incidencias de la celebración, que concluye hoy.

El arresto se realizó hacia las 3:40 de la madrugada en la calle Gitanillo de Triana y, además del presunto delito de agresión sexual, al detenido se le imputa un atentado contra la autoridad, ya que cuatro agentes resultaron lesionados durante su intervención. Este caso se suma a otro similar ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, cuando la Policía Nacional abrió una investigación tras la denuncia de una mujer que sufrió una agresión sexual en los baños de una caseta.

Además, solo en las últimas horas de la feria se han abierto otras diez diligencias , que han dejado un saldo de cuatro arrestos más: dos por atentado a la autoridad, uno por robo y cinco por delitos relacionados con el tráfico.

Entre las actuaciones policiales destaca también la detención de un individuo este domingo a las 7:50 en la Avenida Flota de Indias, tras irrumpir en la vía y poner en peligro su vida y la seguridad vial. Al intentar ser retirado, reaccionó de manera violenta contra los agentes.

Incidente en una atracción con cuatro heridos

Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno.

Respecto al incidente que se produjo el pasado viernes en esa atracción, cuatro personas resultaron heridas tras la rotura de una de las cuerdas del tirachinas mecánico conocido como ‘Steel Max’. El fallo provocó que la cápsula, donde se encontraban dos menores, cayera al suelo y ambos quedaran atrapados en el interior durante varios minutos. Si bien sufrieron algunas lesiones, ninguna era de gravedad. Otras dos personas del público necesitaron también atención médica tras ser alcanzadas por una de las cuerdas desprendidas durante el fallo.

La Feria de Abril transforma cada primavera el barrio de Los Remedios en una ciudad efímera, con más de mil casetas y una portada iluminada por más de 28.000 bombillas, que convierte el recinto en el principal punto de encuentro social de Sevilla durante una semana. La portada de este año ha rendido homenaje a la arquitectura local, con referencias al Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 y al Cenador de Carlos V del Real Alcázar, alcanzando los 40 metros de altura. La edición concluye a las 24:00 de este domingo.

(Con información de la agencia EFE)

Cada 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica para reivindicar los derechos de un colectivo que sigue siendo, en gran medida, ignorado por el sistema. Sin embargo, la visibilidad está lejos de ser un camino seguro. Para la periodista y autora de La única lesbiana de Ávila, Laura Terciado, ser visible hoy en día no es un estado natural, sino un “sobreesfuerzo de exposición y reafirmación” al que el sistema empuja a las mujeres: “La única lesbiana visible lo es porque mete ruido. Para que a una la reconozcan, tiene que gritar e insistir una y otra vez que lo es”.

Ese “ruido” no es un capricho, sino una respuesta necesaria a la hostilidad. Según el último estudio del CIS, el 11% de las mujeres en España se identifica como lesbiana o bisexual, una cifra que, trasladada a la población actual, supone más de 2,3 millones de ciudadanas. Pero la cifra convive con un dato alarmante: el informe Estado del Odio 2026 de la FELGTBI+ revela que el 41% de las lesbianas ha sufrido acoso en el último año y un 21% ha sido víctima de agresiones físicas. Sin embargo, las lesbianas son el colectivo que menos denuncia, con un 69% de víctimas que opta por no acudir a las autoridades.

La desconfianza hacia el sistema podría tener su origen en la memoria colectiva. Este lunes, el Ministerio de Igualdad celebra un acto institucional para homenajear a Dolores Vázquez, cuya condena por el asesinato de Rocío Wanninkhof permanece como el mayor exponente de cómo la lesbofobia puede actuar como motor judicial. Tras la desaparición de la joven Rocío en 1999, la investigación se centró en Vázquez por el único hecho de haber mantenido una relación sentimental con la madre de la víctima.

Sin pruebas biológicas, fue declarada culpable y pasó 519 días en prisión hasta que la detención del verdadero asesino, Tony King, demostró su inocencia. Durante el proceso, el sistema utilizó su orientación sexual para construir un relato que la presentaba ante el jurado como una mujer “fría y calculadora”.

Para Laura Terciado, este caso es el “eje” de la lesbofobia en el que basa su análisis sobre la violencia y el borrado sistemático. Según la periodista, lo que ocurrió con Vázquez demuestra cómo el sistema es capaz de criminalizar una identidad que se salga de la norma. “Sigue siendo necesario reivindicar porque falta archivo. La historia nos ha traducido siempre a algo que la heteronorma pueda comer sin atragantarse, tachando o quemando nuestra realidad”, reflexiona la autora.

Esa “falta de archivo” es la que obliga a realizar una “arqueología compleja”, según la periodista, para rescatar identidades que fueron camufladas bajo eufemismos. El ejemplo más claro para ella es el de Emily Dickinson, cuya relación con Susan Gilbert está documentada desde hace décadas y demostrada por cientos de cartas, pero que todavía hoy se intenta suavizar bajo el eufemismo de una “amistad íntima”.

A pesar de los avances sociales, la resistencia a llamar a las parejas por su nombre persiste. Mientras que cualquier imagen de un hombre y una mujer se etiqueta automáticamente como romance, las lesbianas siguen atrapadas en el laberinto del eufemismo: amigas, primas o compañeras. El caso reciente de Rosalía y Loli Bahía, calificadas por la prensa como una “bonita amistad”, evidencia que la negación sigue siendo sistémica. Para Terciado, esta ceguera es voluntaria: “La sociedad compra una caricatura para no rebuscar más”.

Visibilidad global frente al “hipercontrol” de la provincia

Frente a este borrado histórico, hoy asistimos a una presencia mediática sin precedentes, liderada por iconos globales como Chappell Roan o Young Miko, y respaldada en España por referentes como las actrices Inma Cuesta y Paula Usero o la cantante Chiara Oliver. Sin embargo, este espejismo de normalidad en las pantallas contrasta con la realidad a pie de calle en las zonas rurales, donde se sigue señalando a aquel que se sale de la norma y el anonimato es un lujo inexistente. Terciado recuerda que su juventud en su ciudad natal estuvo marcada por un “hipercontrol social” asfixiante: “Si yo me daba un beso con una chica, mi madre se iba a enterar a los diez minutos”.

“He crecido pensando que no podía ser lo que soy porque no tenía ni un solo espejo donde mirarme”, recuerda la autora sobre su juventud marcada por la ausencia de referentes. Hoy, sin embargo, las redes sociales han roto esos muros de silencio. Para las nuevas generaciones, el escenario ha cambiado radicalmente: ya no solo cuentan con iconos mediáticos que hablan de su sexualidad en televisión o a través de su música, sino que plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en una ventana para tejer redes de apoyo y sentir que no están solos en el mundo.

Del exilio a ser una ciudadana más

Esta presión en las provincias no es solo social, sino también política. La periodista denuncia que Castilla y León sigue siendo la única comunidad autónoma en España sin una ley LGTBIQ+ propia en pleno 2026, una situación que tilda de “vergüenza extrema”. Este vacío legal es el reflejo institucional de una homofobia que empuja a muchas mujeres al “exilio” hacia grandes capitales. Como relata la autora, el vínculo con la mirada del resto se vuelve más complejo y contradictorio con los años: “La visibilidad lésbica es un oxímoron, porque también nosotras mismas estamos cómodas en esa invisibilidad de que nos dejen en paz”.

Esa búsqueda de paz es, en esencia, una reclamación de normalidad. Para Terciado, la verdadera igualdad no es un concepto abstracto, sino el derecho a la tranquilidad: “Significa poder ser una ciudadana de pleno derecho como el resto; no tener que estar sobrepensando todo el tiempo ni cuestionar mi identidad a cada rato”. Su deseo de cambio es tan cotidiano como profundamente político: “Quiero que los señores dejen de quedarse mirando cuando estoy con una mujer”.

Lejos de la hostilidad, Terciado ofrece un mensaje para las jóvenes que hoy se asoman a ese abismo identitario. La periodista insiste en que el presente ofrece el privilegio de habitar un mundo más ancho, donde es posible distanciarse de los entornos que asfixian o invalidan. “No va a pasar nada. Nada es tan importante. Todo se reestructura, la familia también se coloca y el tiempo pone a cada uno en su sitio”, asegura con la serenidad de quien ya ha completado ese viaje.

Asimismo, Terciado apuesta por una visibilidad que nazca de lo cotidiano: construir comunidades donde compartir un picnic, salir a escalar o, simplemente, estar juntas. “Somos más fuertes en grupo”, concluye, proyectando un futuro donde ser visible deje de ser un sobreesfuerzo agotador para transformarse en la celebración de vivir, disfrutar y, sobre todo, existir sin tener que pedir permiso.

Una mujer fue asesinada ayer en Seseña (Toledo) a manos de su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista, el primero de estas características registrado en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha lamentado lo ocurrido en un audio remitido a los medios, en el que ha expresado su condena por la muerte de la mujer “a manos de su expareja y con desprecio a su dignidad”. Sabrido ha afirmado sentirse “consternado y triste” ante este crimen y ha trasladado sus condolencias y apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.358 desde que comenzaron los registros en 2003, tras confirmar el nuevo caso de Melissa en la provincia de Toledo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, junto a los 17 casos confirmados en 2026, existe además un caso adicional que permanece bajo investigación. Entre las víctimas confirmadas este año, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos.

El caso de Melissa

Melissa, una mujer de 43 años y nacionalidad venezolana, fue hallada sin vida por la Guardia Civil en el interior de una vivienda de Seseña (Toledo), con signos de violencia por arma blanca. En el mismo domicilio se encontró también el cuerpo del presunto agresor, un hombre de 50 años y de la misma nacionalidad, que se había ahorcado.

El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital. Según informaron fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, concretamente por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que comenzaron los trámites de divorcio.

A raíz de esa denuncia, el hombre fue detenido y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por incumplir una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección.

Un minuto de silencio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado un minuto de silencio durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor, celebrada en Azuqueca de Henares, en señal de duelo por lo que ha definido como “lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista” ocurrido este jueves en Seseña (Toledo).

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de “seguir aprendiendo” en materia de igualdad entre hombres y mujeres, recoge Europa Press. En este sentido, ha recordado cómo eran las relaciones entre ambos sexos en generaciones anteriores y ha destacado que “han cambiado afortunadamente mucho las cosas”.

No obstante, ha advertido de que “hay chicos jóvenes hoy que tienen que seguir aprendiendo lo que ha aprendido España, que es el respeto entre unos y otros y, especialmente, entre la mitad de la población y la otra mitad”. “La igualdad, si no es entre hombres y mujeres, no se puede pedir para ninguna otra cosa de la vida”, ha añadido.

Un hombre ha asesinado presuntamente a su expareja en su vivienda del municipio toledano de Seseña y, tras el crimen, se ha suicidado. El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital.

La Guardia Civil localizó el cuerpo de Melissa, una mujer de 43 años de nacionalidad venezolana, en el interior del domicilio con signos de violencia por arma blanca. En la misma vivienda fue hallado el presunto agresor, de 50 años y también venezolano, fallecido por ahorcamiento.

Según han informado fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión entre el agresor y el hijo de la víctima. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la escena del crimen: la mujer ya había fallecido y el hombre se había quitado la vida.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, en concreto por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido a raíz de esa denuncia y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantar una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección, el mecanismo que evalúa el riesgo y activa protocolos de seguimiento policial en casos de violencia de género.

Un total de 16 mujeres asesinadas por violencia machista en 2026

De confirmarse el caso de Melissa como violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a 17 en lo que va de año en España. Desde 2003, año en el que se inició el registro oficial, el número total alcanzaría las 1.360 víctimas, según el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En el mes de abril se han contabilizado dos mujeres asesinadas. La primera, el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), una mujer de 44 años y madre de una hija de 18, presuntamente asesinada por su pareja, de 45 años. La segunda, el 13 de abril en Córdoba, una mujer de 64 años y madre de dos hijos mayores de edad, que figuraba en el sistema VioGén con riesgo medio, fue presuntamente asesinada por su exmarido, quien contaba con una orden de alejamiento.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad, además de las 16 víctimas registradas en 2026, hay un caso adicional que permanece actualmente en investigación. De las víctimas confirmadas, el 75% eran mujeres nacidas en España, mientras que el 81,3% de los presuntos agresores también tenía nacionalidad española.

Asimismo, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos. En 7 de los casos existían denuncias previas y medidas de protección en vigor, mientras que en 6 se había producido el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, estos asesinatos han dejado a 11 menores de 18 años en situación de orfandad.

Las redes sociales están plagadas de contenido dirigido a quienes están inmersos en distintos tipos de relaciones amorosas, sean del tipo que sean. En esta ocasión, el creador de contenido Fran Sánchez, psicólogo según se lee en su perfil de TikTok, ha optado por explicar un fenómeno que afecta a quienes han atravesado relaciones de pareja marcadas por el conflicto. “Sales de una relación tóxica y cuando encuentras a alguien bueno, sientes que te falta algo, eso tiene un nombre”, de esta manera, captaba a sus seguidores a permanecer en el vídeo.

Según Sánchez, muchas personas experimentan la sensación de vacío al iniciar vínculos sanos y estables tras haber vivido relaciones intensas o tóxicas. El especialista sostiene que este efecto tiene una raíz psicológica específica y que comprenderlo resulta clave para evitar recaídas en patrones disfuncionales. Aquello que plantea Sánchez es que cuando alguien permanece en relaciones con altos niveles de conflicto, idas y venidas y atención intermitente, la mente empieza a asociar la intensidad emocional con el amor. Un error.

De acuerdo con el influencer, el cerebro aprende que para amar debe haber un alto nivel de intensidad emocional. Esta asociación condiciona la manera en la que las personas interpretan sus vínculos futuros. “Tu mente aprende que amar es sentir mucho, que tiene que haber un nivel alto de intensidad, que si no hay ese nivel emocional, entonces no es la persona”, señaló el especialista. Así, la experiencia emocional de una relación estable puede parecer insuficiente.

El efecto invisible de las relaciones conflictivas: por qué la estabilidad puede parecer insuficiente

El especialista destaca que en relaciones sanas, caracterizadas por la estabilidad y la previsibilidad, muchas personas sienten que “falta algo”, ya que “ya no hay ese pico, no hay esa euforia, no hay esa montaña rusa y tu cuerpo interpreta: esto no es amor”. Según Sánchez, el cuerpo se acostumbra a esos ingredientes que en realidad solo aparecen en relaciones disfuncionales.

Uno de los puntos centrales en la explicación de Fran Sánchez es el ciclo de conflicto y reconciliación. “Cuando hay un conflicto y se resuelve, hay un subidón enorme porque aquello que quieres deja de estar en peligro. En ese momento parece que nos queremos más que nunca y ese subidón queda codificado como amor”, detalló el psicólogo. La frase “es que cuando estábamos bien, estábamos tan bien” resume, según el especialista, el atractivo de esos estímulos intensos.

El psicólogo advierte que este patrón puede distorsionar la percepción del amor en futuros vínculos. “Son estímulos muy potentes, pero no son amor, son respuestas al miedo, a la inestabilidad y a la incertidumbre”, afirmó. La ausencia de esos picos emocionales en una relación estable puede confundirse con falta de amor, lo cual constituye “el error”, en palabras de Sánchez. El mensaje central del especialista es que comprender este mecanismo puede ayudar a romper el ciclo de relaciones conflictivas. “Muchas veces eso que sientes que falta no es amor, es la intensidad a la que te acostumbraste”, concluyó Fran Sánchez en su video de TikTok.

Una pareja de propietarios vivió una experiencia que jamás imaginó tras alquilar su vivienda durante una semana a través de Airbnb. Lo que parecía una operación rutinaria terminó con una intervención policial y el descubrimiento de que el inmueble había sido utilizado como base de una red de prostitución que explotaba a una menor de 13 años.

Cinco días después del inicio del alquiler, agentes de la unidad especial RAID irrumpieron en la casa. La puerta principal fue forzada y el interior quedó totalmente revuelto.

Los hechos ocurrieron en Bourges, en el centro de Francia. La vivienda había sido ocupada por varias personas y en el interior encontraron restos de comida, basura y múltiples indicios de la actividad criminal: ropa, ropa interior y preservativos.

Seis personas fueron detenidas, acusadas de integrar una red de prostitución y extorsión, con episodios de violencia contra clientes. Cuatro de ellas, de entre 19 y 22 años, permanecen en prisión preventiva, según ha recogido TF1.

Las sospechas ignoradas

Todo parecía normal. El cliente se presentó como un hombre de negocios, lo que tranquilizó a los propietarios. Sin embargo, el día de la entrega de las llaves surgieron las primeras dudas. El hombre llegó acompañado de una joven que no hablaba, evitaba la mirada y no llevaba equipaje.

“Sentimos que algo andaba mal, pero pensé que tal vez era timidez”, ha explicado el propietario. Días después, se confirmó que la joven tenía solo 13 años y que estaba siendo obligada a prostituirse bajo amenazas de individuos armados.

Intervención urgente para proteger a la víctima

La rapidez de la operación policial estuvo motivada por el riesgo inminente para la menor. “Lo que nos impulsó a actuar con tanta rapidez fue el temor a que la víctima desapareciera en los próximos días”, ha explicado la fiscal Céline Visiedo.

La investigación apunta a una organización que utilizaba viviendas de alquiler temporal como base de operaciones, lo que facilitaba su movilidad y dificultaba su detección. “Se trata de lugares de prostitución efímeros”, ha subrayado la magistrada.

Un fenómeno en expansión

El caso no es aislado en Francia. En París, otra propietaria descubrió, gracias a una cámara en la entrada, un flujo constante de hombres que acudían a su vivienda durante el periodo de alquiler. “Tenemos intervalos de 20, 30, 40 minutos, y nunca son las mismas personas”, relató.

Según datos de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Personas, el fenómeno ha crecido de forma notable: si en 2016 el 34% de la prostitución se ejercía en inmuebles alquilados, hoy esa cifra alcanza el 93%. “Nos sentimos un poco impotentes. Es grave y es repugnante”, ha recalcado el propietario.

Multas dispares

Mientras la legislación sanciona desde hace una década a los clientes con multas de 1.500 euros, los propietarios pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión y multas de 750.000 euros si no actúan ante las actividades.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar la identidad de los inquilinos, evitar los pagos en efectivo y no entregar las llaves a terceros no identificados. Ante cualquier sospecha, se debe contactar con la policía y notificar a los ocupantes de que se ha dado aviso.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusa negligencia institucional en los casos de Ana Febe Rojas Vega y Edith Guadalupe, cuyos feminicidios en Ciudad de México muestran que la falta de acción de las autoridades sigue cobrando vidas, destaca la organización.

Según la red, los hechos recientes exhiben una tendencia donde las fiscalías minimizan la violencia y desatienden obligaciones legales, lo que agrava el riesgo para mujeres y familias.

En el caso de Edith Guadalupe, el cual conmocionó a los capitalinos y llevó a movilizaciones entre el 15 y 17 de abril, la familia reportó de inmediato la desaparición y entregó información clave a las autoridades, incluyendo la ubicación en tiempo real de la joven.

La actuación de la Fiscalía llegó dos días después y la localizaron sin vida, pese a que existen protocolos que permiten la intervención urgente ante riesgo inminente. El Observatorio advirtió que las omisiones de este tipo no son aisladas y recalca que cada retraso tiene consecuencias irreparables.

Fiscalía clasifica feminicidio como homicidio culposo

La muerte de Ana Febe Rojas Vega, egresada de la FES Acatlán, ocurrió el 24 de marzo. Su esposo fue señalado como presunto responsable, pero la Fiscalía de Cuajimalpa clasificó el caso como homicidio culposo, no feminicidio. Para el Observatorio, esta actuación representa un retroceso, pues ignora la reciente propuesta de Ley de Feminicidio y recomendaciones internacionales. El seguimiento del caso por parte de la organización reveló que la investigación fue minimizada y se ignoraron avances en derechos de las mujeres.

El 15 de abril, Edith Guadalupe desapareció en la alcaldía Benito Juárez tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Aunque la familia denunció de inmediato, la Fiscalía capitalina se negó a activar mecanismos de búsqueda eficaces y exigió esperar 72 horas para iniciar la pesquisa. Mientras tanto, la familia recorrió calles y revisó cámaras por cuenta propia, logrando ubicar el sitio donde Edith ingresó. La Fiscalía intervino hasta el 17 de abril. La organización señaló que no aplicar los protocolos de intervención urgente es una omisión grave y determinante.

• La familia de Edith entregó datos de geolocalización en tiempo real.
• La autoridad retrasó la búsqueda dos días pese a los riesgos.
• La Fiscalía minimizó la desaparición bajo prejuicios y obstaculizó la denuncia.

El Observatorio exige acciones y resultados inmediatos

El Observatorio exigió investigaciones con debida diligencia conforme a estándares nacionales e internacionales, respeto al debido proceso y que se evite la revictimización de las familias. Señala que la actuación del Ministerio Público en el caso de Edith fue negligente y contraria a la legalidad. El feminicidio de Edith, afirma el Observatorio, pudo haberse evitado si la autoridad hubiera actuado con urgencia.

La organización llamó a reforzar el protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios, así como a implementar de manera efectiva mecanismos de búsqueda especializada. Sostuvo que la creación de protocolos y reformas es insuficiente mientras las fiscalías sigan operando con inercias y falta de debida diligencia. La justicia para Ana Febe y Edith, concluyó, no puede esperar.

Las omisiones en el reciente caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés; la lucha de justicia de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía asesinada en 2010; así como la falta de investigación y la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, fueron retomados durante el debate de la Ley general en materia de feminicidio aprobada en la Cámara de Diputados.

Con 467 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada por unanimidad, por lo que se dará cumplimiento a la declaratoria de publicidad de este dictamen.

El debate resaltó la necesidad de justicia en México

Las legisladoras que tomaron la tribuna, destacaron que con esta reforma no acabará con el delito, pero sí representa un paso importante para la homologación del delito, lo cual permitirá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.

De igual forma, instaron a los congresos locales para avanzar en la legislación y a las autoridades de los estados para apegarse y conocer el término “feminicidio”, destacaron el sentido de no olvidar cada uno de los casos que cada día hiere a la sociedad y acecha a las mexicanas.

“No es cierto que llegamos todas”, comentaron las diputadas de la oposición sobre la falta de justicia en los casos de violencia contra las mujeres, un tema que persiste, aún en la administración de Sheinbaum.

Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada del PRI, encendió la tribuna, debido a que soltó un par expresiones que desentonaron con el discurso dado por la mayoría de las legisladoras:

“Subo a esta tribuna con mucho coraje, por Edith y por todas las madres buscadoras... Simplemente yo que fui violentada y no he recibido respuesta, mis violentadores van a ser candidatos, yo creo que aquí lo que debemos hacer es dejarnos de hacer pendejos, porque sabemos lo que está pasando en nuestro país”.

Esta situación desencadenó señalamientos por parte de diputadas de Morena y el PT, ya que acusaron que parte del discurso de la priista “las violenta”.

Otro tema que resaltó en el debate fue la falta de presupuesto en materia de mujeres, ya que denunciaron que debido a la falta de recursos se ha entorpecido el trabajo en Ministerios Públicos o en mecanismos que pueden prevenir la violencia o apoyan a víctimas de violencia como los refugios.

Lilia Agilar Gil, diputada del Partido del Trabajo (PT), recriminó que Margarita Zavala se subiera a la tribuna por el incremento en cifras en materia de desaparición y violencia contra las mujeres durante el sexenio del expresidente, Felipe Calderón. Por lo que, la bancada del PAN contestó asegurando que Morena y la alianza violenta a las mujeres retomando el discurso de: “La esposa de”.

Así quedó el dictamen de la Ley de Feminicidio

El dictamen sobre la Ley de Feminicidio, impulsado por la presidenta, establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación general en materia de feminicidio, conforme al artículo 73 de la Constitución.

Mientras tanto, las leyes federales y locales existentes sobre feminicidio seguirán vigentes hasta que entre en vigor la nueva ley general.

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

• Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
• Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
• Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

El dictamen otorga al Congreso de la Unión nuevas facultades para legislar sobre el feminicidio, lo que permitirá homologar el tipo penal en todo el país y facilitar el acceso a la justicia.

Se busca reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente, priorizando los derechos humanos de mujeres y niñas.

Con esta aprobación, el Gobierno de la República busca cumplir compromisos en materia de igualdad y combate a la violencia de género, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

• Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.
• Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención, investigación y sanción del delito.
• El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

La nueva legislación representa un paso para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y mejorar la eficacia de las acciones estatales en la materia.

Prácticamente un mes después de que la eliminación para el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina pusiera patas arriba el entramado de la Federación Italiana de Fútbol, una investigación señala directamente a numerosos futbolistas de la Serie A como clientes de prostitutas y drogas durante las fiestas que organizaba una compañía que ofrecía sus servicios por redes sociales.

El 23 de agosto de 2024, una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar lo que había vivido desde 2019 en un edificio de Cinisello Balsamo, a las afueras de Milán.

El caso, adelantado por La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que actuaba bajo la tapadera de empresa de eventos llamada Ma.De Milano, especializada en ocio nocturno. Sin embargo, en la práctica, según la Fiscalía, era el eje de una red de prostitución con una facturación superior a 1,2 millones de euros.

Fiestas “todo incluido” tras los partidos

Tras los encuentros de la Serie A, los clientes (principalmente futbolistas) accedían a paquetes exclusivos que arrancaban en locales de moda y podían terminar en habitaciones privadas con escorts. Espacios como Pineta Milano, Langosteria Bistrot o Voya Rooftop formaban parte del circuito habitual.

“Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, recogen documentos de la Fiscalía difundidos por Tg1.

Para garantizar la discreción, la organización evitaba hoteles convencionales y utilizaba sus propias estancias en Cinisello Balsamo. El servicio se promocionaba incluso en redes sociales, dirigido a clientes dispuestos a pagar “sumas significativas”.

El gas de la risa

Uno de los elementos más llamativos es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, “se utiliza como sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo es indetectable mediante las pruebas antidopaje estándar”, lo que lo hacía especialmente atractivo para deportistas de élite.

En las escuchas telefónicas se refleja un uso intensivo del gas: “Necesitamos globos... Estamos en el Duca, en Me Milan”, se repetía, según recogen los diversos medios italianos.

Pero la red no se limitaba solo a Milán. En verano se trasladaba a Mykonos (Grecia) y, según la testigo principal, se organizaban fiestas casi a diario.

Es más, ni el confinamiento por la pandemia frenó la actividad. En abril de 2021, en plena emergencia sanitaria, se identificó a 17 personas reunidas en la sede, cuando este tipo de encuentros estaban prohibidos.

Un piloto de Fórmula 1

Además de los futbolistas, también hay grandes nombres fuera de otras disciplinas deportivas. En las escuchas telefónicas aparece la referencia: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán esta noche y quiere una chica”.

Ni su identidad ni la de otros clientes ha sido revelada, y ninguno está siendo investigado.

Cuatro detenidos y más de un millón incautado

La operación de la Guardia Civil di Finanza se ha saldado con cuatro detenidos, considerados el núcleo de la organización. Entre ellos están Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, principales responsables, quienes han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario.

Se enfrentan a delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por otra parte, están los clientes, alrededor de 70 futbolistas, según ANSA, quienes no serán investigados: “No es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes”, explicaron fuentes de la Guardia di Finanza.

Entre los equipos mencionados en el contexto del caso aparecen clubes como Inter, Milan o Juventus, aunque sin nombres concretos.

El acusado de asesinar a Débora M.D. y ocultar su cuerpo durante seis meses, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial los hechos, asegurando que actuó en un “arrebato” tras perder “el control”. El proceso judicial, que ha comenzado hoy y cuenta con jurado popular, se desarrolla tras casi dos años de investigaciones y con la petición de quince años de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

La vista de hoy ha recogido el testimonio del principal sospechoso, el marido de la víctima, quien ha relatado cómo transportó el cuerpo de Débora tras la discusión que acabó con su vida: la envolvió en plástico y una manta y la llevó hasta una nave industrial en Málaga de su propiedad, donde lo enterró bajo hormigón y maquinaria pesada. Durante medio año, mantuvo la desaparición en secreto. De hecho, manipuló el teléfono de Débora para que familiares y allegados creyeran que ella se había marchado voluntariamente.

La discusión entre el acusado y Débora se centraba en la intención de la mujer de divorciarse. El autor del crimen ha añadido que todo sucedió “muy rápido”; “me nublé”. Sin embargo, la Fiscalía señala que la agresión demostró “expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad”.

“Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad”

La pareja convivía con sus dos hijas, de 5 y 17 años, en el domicilio donde ocurrieron los hechos el 28 de marzo de 2022. Tras el crimen, el acusado trasladó el cadáver en una carretilla hasta su furgón y posteriormente a la nave industrial, donde “excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima”, junto con efectos personales, como su bolso y tarjetas bancarias, tal y como ha recogido EFE.

Además, el hecho de haberse hecho pasar por ella todos esos meses hasta que el cuerpo fue hallado por la Policía Nacional ha motivado que la fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres, insistiera ante el juzgado que: “Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad, que él no permitía”, y reclamó “sentido común y sensatez” en su condena.

Por su parte, el acusado ha afirmado que solo pensaba “en que mis hijas no supieran lo que había pasado”. Por lo que, pese a que “no pensaba” en ese momento qué hacer con el cadáver, “desgraciadamente oculté el cuerpo de mi mujer”. Durante los seis meses que estuvo bajo el hormigón de la nave industrial, asegura que vivió “una carga grandísima”.

Pero no fue hasta su cuarta declaración ante el cuerpo policial que confesó “todo”. Un momento que llegó después de que un amigo de Débora que vivía en Palma de Mallorca denunciase su desaparición, ya que la víctima, de origen brasileño y nacionalidad española, no tenía familiares directos en España. Asimismo, ha pedido “perdón por los daños causados” a su familia, incluidas sus hijas, como ha recogido Europa Press. Del mismo modo ha afirmado que ha renunciado “a todo” en favor de ellas: “Ojalá pudiera volver atrás”.

Había denunciado al acusado por malos tratos en 2012

Los antecedentes del agresor evidencian que la víctima ya había denunciado al acusado en 2012 por malos tratos. No obstante, la denuncia no fue ratificada en sede judicial. Años más tarde, en 2021, la mujer fue atendida en un hospital por lesiones compatibles con otra agresión, lo que llevó a la activación del protocolo por supuesta violencia de género, aunque tampoco formalizó la denuncia.

Ahora, la Fiscalía solicita una indemnización de 300.000 euros para las dos hijas, mientras que la acusación particular eleva la petición a 500.000 euros. El acusado ha abonado ya una cantidad de 145.000 euros. El abogado de la acusación particular, Mario García, ha indicado que busca “procurar la defensa de las menores en el sentido de que patrimonialmente se quedaran en mejor situación”, reconociendo así la colaboración del acusado en ese aspecto.

Por su parte, la defensa del procesado aboga por una condena de cinco años y la aplicación de los atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, argumentando que el acusado confesó “voluntariamente” y que, sin su testimonio, “posiblemente el cuerpo no habría aparecido”. Aun así, tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazan la atenuación de la pena, al considerar que “pasaron seis meses” hasta que se encontró el cuerpo y que “no ha resarcido todo el daño moral” a las hijas de la víctima. Por el momento, queda esperar la intervención de testigos y peritos en los próximos días para conocer el veredicto del jurado.

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha aceptado investigar la denuncia de una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que un médico forense la examine para evaluar los daños que pudo haber sufrido.

La jueza considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos de acoso sexual y laboral, maltrato, lesiones, amenazas y revelación de secretos, y que corresponde a su juzgado investigarlos. Esta decisión se tomó poco después de que la Fiscalía pidiera reactivar el caso, ya que el proceso llevaba tiempo parado.

El PP “no activó los protocolos de protección”

La exconcejala presentó la querella contra Bautista el pasado 17 de febrero. Su abogado asegura que no recibió apoyo del PP y que fue revictimizada dentro del partido, formación que la exedil abandonó en octubre de 2024.

La querella formalizada expone que parte de los hechos transcurrieron en ámbitos privados, lo que complica su investigación, y denuncia la desaparición de correos electrónicos oficiales de la víctima. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, argumenta que la falta de protección y respuesta dentro del partido llevó a su clienta a recurrir a la vía penal.

La denuncia incluye pruebas que, según el letrado, demuestran la supuesta solicitud de favores sexuales y un posterior hostigamiento laboral cuando ella se negó, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento, por lo que terminó dejando su puesto. La denuncia también se dirige contra el Partido Popular como organización, por considerar que no activó los protocolos de protección y no respondió institucionalmente.

Además, la exconcejala denuncia la difusión de correos electrónicos intercambiados con la Comunidad de Madrid, enviados a varios medios y donde se habría revelado su identidad. Su abogado sostiene que esto podría constituir un delito de revelación de secretos.

El alcalde niega las acusaciones

Por su parte, Manuel Bautista niega todas las acusaciones. El Ayuntamiento de Móstoles aseguró el pasado viernes que las acusaciones contra el alcalde “son falsas” y carecen de “credibilidad”, y que él aún no ha recibido la querella oficialmente. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al alcalde, al considerar que se encuentra “en situación de indefensión”, y acusa al Gobierno central de tratar el caso de forma abusiva.

Otros casos en el ámbito político

Las denuncias por acoso sexual en el ámbito político, que también afectan a figuras como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, o Francisco Salazar, exdirigente socialista, evidencian cómo a pesar de los avances en igualdad y leyes de protección, persisten entornos laborales masculinizados que no garantizan espacios seguros para las mujeres, tal y como señalaron expertas consultadas por Infobae en este artículo.

Estos casos también reflejan la persistencia de dinámicas de poder y estructuras jerárquicas que dificultan la denuncia y la protección efectiva de las víctimas. Las expertas también recuerdan que la respuesta institucional suele ser insuficiente y que la presión social sobre las denunciantes puede llevar al silencio o al abandono de sus cargos.

(Con información de EFE)

La salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres es una decisión que preocupa a organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), la cual ha hecho un llamado al gobierno federal para garantizar la continuidad en materia de derechos de las mujeres en México.

La renuncia de la exfuncionaria fue anunciada durante la “Mañanera del Pueblo” este jueves, donde la presidenta Claudia Sheinbaum comentó los motivos de la decisión:

“Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres y se va al partido. Casi me voy de espaldas, me dijo: hablé con Luisa María y quiero ir a ayudarles al partido”.

Salida de Citlalli Hernández se da en un momento clave

La organización dedicada a la prevención de la violencia contra las mujeres aseguró que la salida de Hernández Mora ocurre en un “momento clave para la política pública dirigida a garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres”, por lo que calificó como indispensable mantener las acciones y programas de atención.

Aseguró que es un momento que abre la oportunidad para que los pendientes sean atendidos, de tal forma que, los avances fortalezcan la política pública “con enfoque de derechos e igualdad hacia una política de Estado feminista”.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, el cual instaron a traducir en resultados concretos que lleven a “acciones conjuntas”.

¿Cuál es el motivo detrás de la renuncia?

Rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo en 2027, la presidenta Sheinbaum recordó un poco del papel estratégico que jugó Citlalli Hernández en los comicios de 2024:

“Entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema”.

También destacó su trabajo al frente de la secretaría: “Llegó creo que a 500 Centros Libres o más. La Red de Tejedoras de la Patria también de manera excepcional y es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora”.

Cambia el puesto para dirigir la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Más tarde, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, informó que la exsecretaria de las Mujeres llega al partido para presidir la Comisión Nacional de Elecciones, detalló que hace unos días le propuso regresar al partido para apoyar en el proceso electoral que se avecina, debido a la relevancia de los cargos que se elegirán.

La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue uno de los logros atribuidos a su gestión, considerada una pieza clave en la articulación de acuerdos políticos previos.

El exciclista cántabro Óscar Freire ha sido detenido después de que su mujer le denunciara el domingo por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar. La esposa acudió sobre las 14:00 horas del 12 de abril al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al tricampeón mundial, del que se está divorciando actualmente, por agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.

Según el relato de la mujer, recogido en un atestado policial que ha difundido Europa Press, el deportista “siempre ha sido muy controlador” durante toda su relación, pero los malos tratos habrían comenzado en 2023, después de dos décadas de matrimonio. La pareja ha mantenido “muchas discusiones violentas” estos últimos tres años, algunas de ellas delante de sus hijos, según lo que ha relatado a la Guardia Civil.

Pese a estar separados desde noviembre de 2025, asegura sufrir un “acoso continuo” por parte de Freire, que le habría colocado micrófonos en el coche y en casa y localizadores GPS en el vehículo, además de duplicar su WhatsApp. La denunciante afirma que el control de Freire sobre ella “es total”, “siempre sabe dónde está y lo que hace” y es “muy celoso y posesivo”, según el atestado recogido por la Benemérita.

Insultos, amenazas y múltiples amantes

La denunciante ha relatado a los agentes algunas de las múltiples “discusiones violentas” que habría mantenido con el exciclista. En uno de los episodios, ocurrido en septiembre de 2025, Freire le habría arrebatado el teléfono con violencia, cuando ella intentaba llamar al hermano de su marido, y se lo estrelló contra el suelo.

Tras ver a Freire “muy agresivo”, ella amenazó con llamar a la Policía. El exciclista respondió agarrándola fuerte de los brazos y empujándola contra la puerta, iniciando un forcejeo del que la mujer se pudo escapar para abandonar la vivienda.

En otra ocasión, el deportista habría comenzado a destrozar los muebles de la casa en plena madrugada, mientras sus hijos estaban en la vivienda. Según el relato de la mujer, Freire habría quitado un lienzo de la pared, del que arrancó su cara, profiriendo a la mujer: “Esto es lo que quieres”, para después tirarle la fotografía a la cara. La esposa del ciclista asegura que, durante estas peleas, el exciclista profería insultos, comentarios vejatorios sobre su físico y le habría amenazado con “hacerle la vida imposible”, dejarle “sin un duro” y también que iba a perder a sus hijos.

La denunciante también ha asegurado, informa Europa Press, que su marido llevaba “una vida paralela” en los últimos dos años, manteniendo relaciones con otras mujeres. Es un aspecto que el exciclista no escondía y, de hecho, obligaba a la mujer “a realizar prácticas sexuales que hacía con sus amantes”. “Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar”, le habría espetado a su esposa. Ella afirma que terminaba accediendo a mantener relaciones sexuales, “sin ganas y por no discutir”.

El último desencuentro habría ocurrido el pasado domingo, cuando ella se dirigía a misa en la iglesia de Puente San Miguel. Freire habría entrado después que ella al servicio y, aunque en un inicio se sentaron en bancos separados, el hombre se cambió después para colocarse junto a ella. Después se inició una discusión.

La mujer le habría dicho que ese no era el lugar e intentó irse, pero él la retuvo agarrándola “fuertemente” del brazo. Finalmente pudo levantarse y abandonar la iglesia. Una vez fuera del lugar de culto, intentó llamar al hermano del exciclista, momento en el que él le arrebató el teléfono, aunque posteriormente se lo entregó. El episodio ocurrió “delante de mucha gente”, según la denunciante, que acudiría menos de dos horas después a la Guardia Civil.

Freire fue detenido el domingo sobre las 19:00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Este lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5. La denunciante ha acudido acompañada de su letrada, María Mendieta, a prestar declaración.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba, dos días después de haber sido detenido por agredirla, según han confirmado a EFE fuentes policiales. El hombre, de 65 años, provocó una situación de riesgo en el edificio donde han ocurrido los hechos, al llenar de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Tras ser detenido el pasado sábado y pasar a disposición judicial, el agresor quedó en libertad con medidas cautelares, según fuentes próximas a la investigación, que también han explicado que ambos estaban citados hoy en el juzgado. Tanto la víctima como el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa. Tras cometer el asesinato, el hombre se ha atrincherado en la vivienda y ha inundado de gas el portal del edificio, si bien finalmente los bomberos han logrado entrar en el piso, donde han comprobado que la mujer había fallecido por heridas de arma blanca. Los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre.

Los feminicidios se elevarían a 16 en lo que va de año

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado en su perfil de la red social X que está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género. De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia machista se elevaría a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos.

Este domingo, la Policía también detuvo a un hombre que había quebrantado una orden de alejamiento tras la muerte de una mujer de 37 años que cayó desde un tercer piso en Pamplona. Las autoridades tratan ahora de esclarecer si la caída fue accidental o si concurren circunstancias que vinculen al arrestado con lo ocurrido.

Los hechos se produjeron de madrugada en el número 4 de la calle Sanduzelai, en el domicilio en el que residía la víctima, de origen nicaragüense, junto a otras personas. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y sanitarios tras recibir el aviso, si bien los servicios médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Recursos para las víctimas

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

(Con información de EFE)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 44 años ocurrido el 1 de abril en Basauri (Bizkaia), elevando a 15 el número de víctimas de violencia de género en 2026 y a 1.358 desde 2003, según datos oficiales. El presunto autor del caso fue detenido por la Ertzaintza el 3 de abril.

La mujer, de 44 años, fue asesinada el pasado miércoles 1 de abril en su vivienda. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a una indisposición, el análisis forense de la Ertzainzta confirmaría después una posible muerte violenta. Por este hecho, la pareja de la víctima, de 45 años, fue detenida dos días después. Posteriormente, fue puesta en libertad provisional por decisión judicial, con la obligación de presentarse ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao y la retirada de su pasaporte, según informó el Ministerio de Igualdad.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más rotunda condena y absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, al tiempo que trasladaron su apoyo a los allegados de la víctima. El ministerio ha pedido “todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Asesinada por su pareja en Basauri

El arrestado por este nuevo crimen machista es la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, arrestado por su presunta implicación en la muerte violenta. El detenido tenía antecedentes por violencia de género, si bien se desconoce si se debe a hechos relacionados con la víctima o con otra mujer. El hombre permaneció bajo custodia policial, hasta ser puesto en libertad provisional. Se le acusa de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Colectivas, organizaciones y activistas feministas denunciaron que recientemente se han generado casos de intimidación en contra de mujeres que atraviesan algún proceso por violencia vicaria, a través de mecanismos que facilitan la manipulación de la información.

En un comunicado, las 14 colectivas firmantes, entre estas el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señalaron que presuntamente los agresores vicarios utilizan dichos mecanismos para tergiversar las narrativas de las víctimas y con ello, “seguir controlando y generando miedo”.

Acusaron que esto surgió luego de que el autodenominado Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, al cual señalaron de promover un discurso “machista y antiderechos con el lema #SoyPapaNoCriminal”, difundió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) habría aceptado establecer un protocolo de colaboración con dicho grupo.

No obstante, las organizaciones afirmaron que “tras verificar la información”, se confirmó que no existe dicho acuerdo, pues “en cumplimiento de su mandato como organismo público”, la CEEAVI únicamente les concendió una audiencia, en la cual no se pactó ningún protocolo.

Esto lo calificaron como “una evidencia más de cómo los agresores vicarios tergiversan la información”, con el objetivo de incidir en la percepción pública y aparentar legitimidad institucional como forma de intimidación, así como para “generar miedo, preocupación y angustia en las mujeres víctimas”, intentando hacer creer que ellos “tienen el control y la verdad en la mano”.

“Se trata de una práctica recurrente que aprovecha la misoginia y el machismo aun imperantes en la sociedad para cambiar la narrativa a su favory perpetuar la violencia”, agregaron.

En el mismo documento, las organizaciones expusieron el caso de un supuesto representante en Puebla del colectivo, identificado como David N, asegurando que él “no es víctima de falsas denuncias”.

Detallararon que en este caso existen antecedentes documentados de violencia vicaria y “terrorismo judicial” ejercidos contra una mujer identificada como Daniela, quien estuvo separada de su hija durante siete años por acusaciones fabricadas y por el abuso de vacíos legales.

Las colectivas firmantes piden a la CEEAVI que aclare públicamente que no existe acuerdo con ese colectivo y que reafirme su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, solicitan que se evite el uso de falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas, puntualizando que la Ley Vicaria responde a un problema real y documentado, reconocido por organismos nacionales e internacionales y advirtieron que la legitimidad “no puede ser socavada por colectivos que buscan proteger a agresores”.

Las organizaciones y activistas reiteran que seguirán defendiendo el derecho a una vida libre de violencia y aseguran que no permitirán que quienes ejercen violencia vicaria se presenten como víctimas para continuar dañando a mujeres, hijas e hijos.

“Solicitamos respetuosamente que la CEEAVI se pronuncie para aclarar que no existe acuerdo alguno con este colectivo y reafirmar el compromiso institucional con el derecho de las mujeresa una vida libre de violencia, evitando que se utilicen falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas.

“Reafirmamos que la Ley Vicaria responde a una problemática real y documentada, reconocidapor organismos nacionales e internacionales. Su legitimidad no puede ser socavada por colectivos quebuscan proteger a agresores”, concluyó.

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz, Vizcaya, tras apuñalar varias veces y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, una mujer de 38 años, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes en el domicilio familiar.

La intervención de los cuatro hijos e hijas y un vecino ha conseguido frenar la agresión antes de la llegada policial, aunque una de las menores, de 15 años, ha resultado herida leve al tratar de proteger a su madre.

Fue una llamada telefónica la que alertó a la Ertzaintza sobre un posible apuñalamiento. Varios agentes acudieron rápidamente al lugar y encontraron al agresor en la calle, donde lograron detenerlo. La víctima, una mujer de origen subsahariano, al igual que el detenido, fue hallada en el interior de la vivienda con varias heridas de arma blanca y en estado grave. Los agentes le aplicaron un torniquete para frenar la hemorragia antes de que el helicóptero la trasladara al hospital de Cruces.

El detenido ya ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes mientras la Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

Otro detenido en Toledo por violencia machista

Este mismo lunes, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que llevaba un año escondido en un domicilio de Seseña, en Toledo, después de agredir gravemente a su expareja con un destornillador. Se le imputan los delitos de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad.

Este caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el hombre violó la orden de alejamiento y atacó a su expareja en su lugar de trabajo. La víctima sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica y a la intervención de vecinos y compañeros, que evitaron que el ataque continuara.

Durante el año que estuvo prófugo, el detenido tomó precauciones para no ser localizado. No utilizó dispositivos electrónicos, no renovó su documentación y redujo al mínimo su contacto con otras personas.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.

El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el acusado irrumpió en el lugar de trabajo de su expareja y quebrantó la medida de alejamiento vigente. Durante una discusión, el hombre extrajo varios destornilladores y le clavó uno en el cuello a la mujer en repetidas ocasiones, quien logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. Según informa la Policía en un comunicado, el agresor dijo a la víctima: “Si no eres para mí, no eres para nadie”. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos y empleados, quienes intervinieron y evitaron que el ataque continuara.

La rápida llegada de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios permitió estabilizar a la mujer, quien fue trasladada a un hospital de la zona. Tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para localizar al autor de la brutal agresión.

Evitó el uso de dispositivos electrónicos

Durante el año que permaneció prófugo, el detenido adoptó medidas de seguridad estrictas para evitar su localización. Evitó el uso de dispositivos electrónicos, no renovó documentos de identidad y limitó su contacto con el exterior. Según indican fuentes policiales, el hombre residía con una mujer, presuntamente su actual pareja, en un domicilio de Seseña.

La Policía Nacional estableció un operativo que culminó el 20 de marzo con la detención del sospechoso cuando abandonaba su vivienda. Durante el arresto, el agresor se resistió y causó lesiones en el tórax a uno de los agentes que intervinieron en el dispositivo, según indicó la propia institución.

El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad. Tras declarar ante el juez, se ordenó su ingreso en prisión provisional.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.

El despliegue de un operativo nacional de prevención de la violencia contra las mujeres marcará la Semana Santa de 2026, impulsado por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas en coordinación con el Ministerio de la Mujer y otras instituciones públicas.

El objetivo central de la estrategia es garantizar la protección y la atención oportuna de la ciudadanía durante el asueto religioso, ante el aumento de riesgos que suelen registrarse en esta época. El propio gobierno destacó que la iniciativa busca articular acciones rápidas y eficaces, pero también instalar una cultura preventiva involucrando activamente a toda la sociedad, según informó la Presidencia de la República.

Dentro del operativo diseñado para la Semana Santa de 2026, más de 355,000 materiales de sensibilización y prevención serán distribuidos por el Ministerio de la Mujer, la Defensa Civil, la Policía Nacional y organizaciones aliadas, en coordinación interinstitucional con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El despliegue contempla el reparto de estos materiales en lugares de alto tránsito y concentración de personas con el propósito de informar sobre rutas de atención y prevenir situaciones de violencia.

Además, el Ministerio de la Mujer está impulsando una campaña de comunicación digital orientada a: promover relaciones respetuosas, erradicar prácticas normalizadas de violencia y recordar los canales de ayuda disponibles.

Esta campaña digital se complementa con actividades presenciales en comunidades, jornadas educativas y asesoramiento directo, acciones lideradas por las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPM y OMM).

Durante los operativos coordinados por el COE, el personal especializado del Ministerio de la Mujer asumirá tareas clave en puntos estratégicos: proporcionará información, acompañará a posibles víctimas y canalizará denuncias, trabajando de forma coordinada con las instituciones de primera respuesta para asegurar una intervención rápida y eficaz.

Estrategia multicanal y cooperación interinstitucional para responder emergencias

La ministra de la Mujer Gloria Reyes destacó que este despliegue forma parte de un proceso continuo de fortalecimiento estatal frente a la violencia contra las mujeres. Reyes subrayó en sus declaraciones que: “Estamos trabajando para que cada institución actúe de manera articulada, con rapidez y eficacia, pero también para que la prevención sea una tarea compartida por toda la sociedad”, señaló la funcionaria, citada por Semana Santa 2026.

Reyes recordó también que el canal de atención inmediata ante cualquier emergencia es el Sistema 9-1-1, que ahora ha ampliado sus capacidades para responder a casos de violencia de género.

Paralelamente, la línea *212 sigue habilitada para la ciudadanía como servicio gratuito y confidencial de orientación y seguimiento de situaciones de violencia contra las mujeres. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, ambos recursos buscan evitar la revictimización y agilizar el acceso a la ayuda oficial y especializada.

El operativo integra además la movilización de equipos territoriales y la realización de jornadas internas de sensibilización en entidades públicas. El objetivo es extender la distribución de información preventiva y consolidar una presencia más cercana y efectiva en todo el territorio nacional.

Las autoridades insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad ciudadana, promover la no violencia y utilizar los canales de denuncia y atención ante cualquier situación de riesgo. El llamado central reiterado por el Gabinete de Mujeres y la ministra Reyes es a no permanecer indiferentes ante casos de violencia, buscar ayuda y activar los mecanismos de respuesta disponibles para proteger la integridad de mujeres y niñas en todo el país.

Una adolescente de 16 años vivió durante semanas una situación marcada por el abuso en su propio hogar. Obligada por su madre y su padrastro, la joven fue forzada a grabar en vídeo los encuentros sexuales de la pareja en la vivienda familiar de Saint-Cyr-l’École, en Yvelines, Francia. El caso, que salió a la luz en abril de 2025, ha tenido consecuencias penales y sociales para los adultos responsables y para la vida de la menor.

El tribunal de Versalles condenó el 26 de marzo de 2026 a la madre, Aurélie, de 41 años, y a su pareja, Brice, de 47 años, a cuatro años de prisión por corrupción de menores. Según el relato presentado ante la justicia, la adolescente y sus hermanos fueron puestos inmediatamente bajo la tutela de los servicios de protección infantil, quedando fuera de la custodia de sus progenitores.

Este caso expone cómo la vulnerabilidad de los menores puede verse agravada dentro del propio núcleo familiar y cómo la intervención de organismos externos es determinante para frenar situaciones de abuso. Las pruebas reunidas y los testimonios recabados por las autoridades fueron fundamentales para la resolución judicial y la protección de la víctima.

La denuncia anónima y los primeros pasos de la investigación

Todo comenzó cuando la unidad de recopilación de información sobre situaciones preocupantes (CRIP) de Yvelines recibió una denuncia anónima. El aviso indicaba que una joven estaba siendo obligada a presenciar y grabar actos sexuales entre su madre y su padrastro en el domicilio familiar. A partir de esa alerta, los servicios de protección infantil iniciaron las indagaciones y el seguimiento del caso.

Los investigadores contactaron a la adolescente y le tomaron declaración. La joven confirmó lo ocurrido y detalló cómo su madre y su padrastro le exigieron que entrara a la habitación mientras mantenían relaciones sexuales, obligándola a sentarse en el borde de la cama y grabar la escena. El medio Actu informa que, además de su testimonio, se analizaron los teléfonos móviles de los adultos, donde se hallaron varios vídeos que corroboran la versión de la menor.

El hallazgo de estas grabaciones fue clave para la investigación. En ellas, se escucha al padrastro dando instrucciones directas a la adolescente para que accediera a las peticiones de la pareja. Además, en mensajes enviados a un amigo, el hombre expresó su deseo explícito de tener relaciones sexuales con la joven, lo que agravó la situación legal de los implicados y permitió avanzar en la causa.

El testimonio de la adolescente

Durante los interrogatorios, la adolescente relató el calvario que vivió y cómo fue presionada por los adultos para participar en una situación que no comprendía ni deseaba. Los testimonios recogidos por Actu muestran que la joven no solo fue víctima de una situación de abuso psicológico y emocional, sino que además debió enfrentar la incredulidad de los acusados durante la investigación.

En su defensa, la madre declaró ante los investigadores que la joven era quien insistía en entrar a la habitación y que no supo cómo reaccionar al momento de los hechos. El padrastro, por su parte, intentó desviar la responsabilidad afirmando que la menor “vigilaba” a la pareja y que incluso se mostraba ante él con diferentes atuendos. Estas explicaciones fueron descartadas por las pruebas materiales y el testimonio de la víctima.

La investigación también expuso deficiencias en la higiene, salud y crianza de los cuatro hijos de la madre. Por ello, los servicios de protección infantil decidieron trasladar a todos los menores a hogares de acogida, alejándolos del entorno familiar donde se produjeron los hechos.

La actuación de las autoridades, impulsada por la denuncia anónima y la colaboración de la adolescente, permitió documentar la gravedad de la situación y garantizar la protección de las víctimas. De acuerdo con Actu, tanto la investigación como el proceso judicial pusieron en evidencia la necesidad de mecanismos efectivos para detectar y abordar casos de abuso dentro del ámbito familiar en Francia.

El 25 de marzo de 2026, la policía portuguesa encontró en la Sierra de la Nogueira, en el distrito de Bragança, los cuerpos sin vida de Audrey Cavalié, de 40 años, y Angela Legobien-Cadillac, de 26. Ambas habían desaparecido cinco días antes en Aveyron (Francia). El principal sospechoso, Cédric Prizzon, expolicía de 42 años, fue detenido un día antes en Mêda, a unos 120 kilómetros del lugar. Llevaba cuatro días fugado.

Antes de la desaparición, la relación entre su exmujer, Audrey, y Prizzon ya estaba marcada por denuncias y condenas. El expolicía había sido condenado en 2022 por amenazas de muerte y en 2023 por acoso psicológico contra su expareja.

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En redes sociales, el propio Prizzon alimentaba el conflicto. Llamaba a Audrey “criminal” y advertía: “Si es necesario, provocaré un escándalo nacional”. Sus publicaciones eran frecuentes y formaban parte de una escalada de tensión que, según el entorno de la víctima, generaba miedo constante. “Ya me había hablado de su miedo… era algo que podíamos haber previsto”, explicó una conocida a los Sic Noticias.

La desaparición: una huida planificada

El viernes 20 de marzo de 2026, un familiar dio la voz de alarma. Audrey no se había presentado en su trabajo y su hijo no había acudido al colegio. La ausencia resultó inmediatamente inquietante.

La investigación se amplió con rapidez: también faltaban Angela Legobien-Cadillac, pareja actual de Prizzon, y el propio sospechoso. Se desplegó un amplio operativo con agentes, drones, helicópteros y unidades caninas. Además, se activó una alerta en el sistema europeo de información.

Desde las primeras horas, los investigadores descartaron una desaparición espontánea. “Las investigaciones se orientaron rápidamente hacia la hipótesis de una salida preparada hacia el extranjero”, destacaron.

Durante los días siguientes, Prizzon recorrió más de 1.100 kilómetros desde Francia hasta el norte de Portugal. En la furgoneta viajaban Audrey, Angela y los dos hijos menores: un niño de 12 años, Elio, hijo de Audrey, y una bebé de 18 meses, hija de Angela.

La detención se produjo el 24 de marzo en Mêda, durante un control de tráfico. El contenido del vehículo confirmó la hipótesis de una fuga planificada: un arma, matrículas falsas, varios dispositivos electrónicos y 17.000 euros en efectivo.

“Estaba locamente enamorada”

Angela Legobien-Cadillac había iniciado su relación con Prizzon tras la ruptura con Audrey. Tenía poco más de 20 años. En 2021 dejó su trabajo, vendió sus pertenencias y se marchó con él a España. “Estaba locamente enamorada… estaba bajo su control”, explicó su abogado. Con el paso del tiempo, se alejó de su entorno y desapareció de las redes sociales. En 2024, la pareja tuvo una hija en común.

Un hijo “de guardia”

Los hechos más graves ocurrieron en el norte de Portugal, en la región de Bragança, en la frontera con León. El relato del hijo mayor permitió reconstruir la secuencia. Según su testimonio, su padre “mató a su madre primero y luego a su actual pareja”.

Primero fue Audrey Cavalié. Después, se produjo una discusión con Angela. Su novia le pidió que se entregara a las autoridades. Pero poco después, también fue asesinada. Ambas muertes se produjeron por asfixia o estrangulamiento. El hijo mayor relató que su padre le obligó a “hacer guardia” mientras enterraba los cuerpos en una zona aislada. Gracias a él, los investigadores tienen detalles suficientes para localizar el lugar exacto.

Investigación abierta

El 26 de marzo, tras varias horas de interrogatorio, Cédric Prizzon fue puesto en prisión preventiva en Portugal. Se enfrenta a cargos por doble homicidio agravado, secuestro, profanación de cadáver, violencia contra sus hijos, falsificación documental y posesión ilegal de armas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan en la protección de los menores y en la coordinación entre Francia y Portugal para traerlos a casa. Por parte del padre, la decisión sobre su posible extradición sigue abierta.

El aumento de feminicidios y la mayor brutalidad de los ataques machistas en España coinciden con el avance de discursos negacionistas y mensajes antifeministas. En lo que va del año, 14 mujeres han sido asesinadas por violencia de género —cinco de ellas habían denunciado previamente a su agresor— lo que eleva el total de víctimas mortales a 1.357 desde 2003. Para Miguel Lorente, profesor de Medicina legal en la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, esta situación evidencia que el problema no se está abordando de forma integral y que los sistemas de protección a las víctimas se activan demasiado tarde.

En entrevista con Infobae, Lorente insiste en la necesidad de reforzar la prevención y la educación, y advierte que un clima social y político como el actual propicia la persistencia y el agravamiento de la violencia machista.

Pregunta: No han transcurrido ni tres meses y 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, además de tres menores de edad. ¿Qué está fallando?

Respuesta: Estamos hablando de una violencia social, estructural, que afecta a más de seis millones de mujeres en España, según los datos de la última Macroencuesta del Ministerio de Igualdad, pero solo se aborda en circunstancias muy limitadas, como cuando se denuncia o cuando hay un elemento apreciable de que existe violencia, y sin embargo no hay una detección adecuada. La violencia forma parte de una construcción androcéntrica que atraviesa toda la sociedad y luego hay elementos como el factor estacional [la tendencia de que los feminicidios aumenten durante épocas vacacionales] que también influye. Ese factor también actúa como un refuerzo positivo, es decir, quienes ya están considerando cometer un asesinato encuentran validación al ver que otros han actuado antes, de forma que esta exposición incrementa el riesgo de que se produzcan más violencia.

Otro factor que actualmente tiene un peso considerable es el social. El negacionismo, los ataques hacia las mujeres y la presentación del feminismo como una amenaza para los hombres son tendencias en aumento, tal y como muestran encuestas del CIS o estudios de la fundación FAD Juventud. Cuando hay un clima social que cuestiona la existencia de la violencia se crea una tormenta perfecta para que algunos hombres que ya han ejercido violencia continúen escalando hasta llegar al homicidio. No se trata, por tanto, de un fallo, sino de que no estamos abordando la violencia de género con toda la globalidad e integralidad que requiere, y ponemos en marcha todos los sistemas de protección en una fase muy tardía de la relación violenta.

P: Llegan entonces tarde las medidas...

R: Se actúa como en un hospital o como en una UCI cuando el caso ha llegado hasta allí, es decir, si te da un infarto en mitad de la sierra, te mueres. Si te da un infarto en tu casa o en una ciudad, la probabilidad de que llamen a una ambulancia y te lleven a un hospital e ingreses en la UCI hace que tu riesgo de muerte sea menor. Aquí sucede lo mismo: si esperamos a que toda la violencia de género se manifieste o se conozca para actuar, el sistema puede funcionar, pero no es suficiente debido a las características de esta violencia.

P: Respecto al negacionismo de la violencia machista y a los mensajes antifeministas que promueven algunos líderes de extrema derecha, tanto en España como a nivel global, ¿cómo se puede combatir ese tipo de discursos?

R: Lo primero es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Actualmente, la ultraderecha busca recuperar valores identitarios y elementos culturales para imponerlos como parte de la normalidad. Se quiere recuperar un marco donde las propuestas de derecha se perciban como coherentes y necesarias, mientras que las propuestas progresistas y feministas se ven como un ataque, un caos o un desorden. Nadie quiere identificarse con el caos, por lo que no necesitan criticar las políticas progresistas una por una, basta con instalar ese marco general.

Por otro lado, la izquierda también enfrenta dificultades para combatir estos discursos, en parte porque sigue existiendo una visión androcéntrica, incluso dentro de los partidos progresistas. Siempre he dicho que la diferencia entre un partido de derecha y uno de izquierda no está en el número de machistas, sino en el número de feministas. El modelo androcéntrico sigue considerándose la norma, incluso en espacios que se definen como progresistas.

El feminismo no debe entenderse como una política sectorial, sino como una perspectiva que atraviese todas las políticas. El cambio cultural que requiere combatir el negacionismo y los discursos antifeministas necesita políticas profundamente transformadoras. No basta con aprobar una nueva ley puntual, ya que eso solo gestiona la situación actual sin transformar de raíz la cultura. No se trata de gestionar el machismo, sino de transformarlo y erradicarlo. Por la urgencia actual, es necesario actuar sobre las consecuencias del machismo para minimizarlas, pero toda política feminista y progresista debería, además de abordar los efectos, contribuir a transformar las causas que originan esa violencia.

Tampoco deberíamos permitir la justificación ni la minimización de la violencia machista desde partidos políticos. Por ejemplo, a Bildu se le critica por su vínculo histórico con ETA aunque hoy no defienda ni justifique las acciones violentas de ETA, y eso es suficiente para no pactar con ellos. En cambio, con partidos que están haciendo apología del machismo asesino, porque el machismo mata, no pasa nada. Aquí los únicos que están llevando la violencia a la política son Vox, directamente, y el PP cuando secunda sus propuestas. No se debería diferenciar entre distintos tipos de violencia, como terrorismo, narcotráfico u otras formas; la violencia es violencia. En este contexto, Vox y el PP utilizan el debate sobre la violencia para ocultar la violencia contra las mujeres, y esto se está permitiendo.

P: ¿Consideras que los discursos antifeministas y conservadores están influyendo en el aumento de la violencia machista y la gravedad de las agresiones contra las mujeres?

R: La consecuencia de este clima violento es un aumento tanto en la cantidad como en la gravedad de los ataques. Los datos muestran que, en los últimos diez años, se ha incrementado la intensidad de la violencia. Por ejemplo, el número medio de puñaladas en los crímenes ha pasado de dieciséis a veinticuatro, y los asesinatos con traumatismos craneoencefálicos han subido de trece a veinte. Además, ahora se registran más asesinatos de menores y también se cometen estos crímenes en espacios públicos, como lugares de trabajo, tal y como sucedió hace unos días con una mujer en Zaragoza que fue asesinada por su expareja cuando acudía a abrir la peluquería donde trabajaba.

En los años 90 yo no tenía conocimiento del problema social que suponía la violencia de género, pero como médico forense observaba ciertas características particulares: era inmotivada, desproporcionada y aleccionadora, ocurría en espacios públicos y se dirige también a hijos e hijas. En la actualidad, la violencia contra las mujeres se divide en categorías como vicaria, obstétrica, digital, física, psicológica y económica, y esa fragmentación puede hacer que se pierda la perspectiva de que todas estas formas responden a una misma realidad: el ejercicio de poder y control sobre las mujeres. Al clasificar la violencia en distintos tipos, se dificulta comprender su magnitud y su origen común, lo que debilita la conciencia social sobre la gravedad del problema.

P: ¿Cree que estamos dando pasos atrás?

R: No creo que estemos retrocediendo, pero los datos muestran una realidad compleja. Si comparamos la última década con la anterior, el número de asesinatos de mujeres ha disminuido, lo que indica que se está avanzando en algunos aspectos. Sin embargo, preocupa que el 38,5% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia previa, un porcentaje mucho mayor que la media anual, que suele ser del 25%. Esto evidencia fallos en la protección institucional, ya que estas mujeres sí buscaron ayuda.

Hay un problema de fondo en la transmisión de valores machistas a las nuevas generaciones. Según el último barómetro del Centro Reina Sofía, el 22% de los jóvenes de entre 15 y 29 años considera que la violencia de baja intensidad no es un problema en la pareja, y este porcentaje ha ido aumentando año tras año. Esto demuestra que los mensajes conservadores y machistas siguen calando en la sociedad, mientras que no se ha avanzado lo suficiente en educación y concienciación. El debate, por ejemplo, sobre el “pin parental” ha desaparecido porque ya casi no se organizan actividades educativas sobre igualdad y violencia de género en los colegios, debido a la presión de algunos sectores. Si en estos 22 años de ley integral se hubiera trabajado de manera constante en educación, la situación sería distinta. Falta avanzar en la prevención y en la educación, que son aspectos esenciales para erradicar el machismo.

Olimpia Coral, activista en contra de la violencia digital e impulsora nacional de la llamada Ley Olimpia, afirmó que el asesinato de las maestras María del Rosario y Tatiana, perpetrado por un alumno de preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no fue un hecho aislado y señaló que derivó de una falta de responsabilidad social.

En un video publicado en su cuenta de X, la defensora se dijo “consternada por la noticia”, principalmente por que ella estuvo en la misma localidad el día del ataque, impartiendo una conferencia ante mil quinientos alumnos de preparatoria y universidad.

“Súper concernada por la noticia. Vengo apenas llegando a casa, a la Ciudad de México, y me estoy enterando que mientras, eh, yo estaba dando una conferencia justo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de lo cual viajé de San Luis Potosí doce horas terrestre para poder llegar a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Al mismo tiempo que yo estaba dando una conferencia ante mil quinientos alumnos de preparatoria, de universidad, estaba pasando una tragedia. Un alumno de quince años le disparó a sus maestras”, dijo.

La activista refirió que el joven asesinó a dos de sus profesoras y horas antes se grabó en sus redes sociales con una larga y haciendo alusión a la violencia con mensajes de odio, incluso contra colectivos feministas y discursos de igualdad entre hombres y mujeres.

“Esto definitivamente no es un hecho aislado. Esto definitivamente es una responsabilidad social de todas y de todos, de todas y de todos. Son jóvenes. Cada año, muchísimos más jóvenes están ejerciendo en contra de muchísimas personas, pero en especial contra mujeres y contra niñas”, enfatizó.

La exsenadora y excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, también reaccionó al caso través de su cuenta de X.

“Devastador lo sucedido en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras de su preparatoria, horas después de presumir la posesión de armas largas en sus redes sociales. ¿Qué nos sucede como sociedad? ¿Qué no están haciendo las autoridades? Luchemos para evitar normalizar la violencia", comentó.

Las reacciones se centraron en la responsabilidad social ante hechos de violencia en espacios educativos y en la inquietud por evitar la normalización de estos actos, especialmente cuando las víctimas son mujeres y niñas.

Esto en el contexto de que el alumno que perpetró el asesinato se identificó como miembro de un grupo INCEL.

Esta mñana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla fueron el objetivo principal del ataque perpetrado por un estudiante de 15 años en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el hecho como “muy doloroso en muchos sentidos” y anunció que el gobierno atenderá el caso de manera integral para que no se repita.

Señaló que el atacante, quien ingresó armado con un fusil AR-15, había preparado el ataque y fue detenido por alumnos y personal antes de la llegada de la policía, que aseguró el arma y un cargador.

Informó que el gobierno ampliará un programa de salud mental dirigido a adolescentes, ya implementado en tercer año de secundaria, para abarcar también la educación media superior.

El programa contempla capacitación a maestros, contratación de personal especializado y guías para estudiantes, docentes y padres de familia.

La Secretaría de Educación Pública lamentó el ataque y se comprometió a fortalecer la seguridad y formación socioemocional en las escuelas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación y brinda acompañamiento a las familias de las víctimas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal firmaron un Convenio Marco de Colaboración interinstitucional, cuyo objetivo es coordinar acciones para fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, así como erradicar las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas.

Durante la ceremonia, realizada en la sede de la Suprema Corte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, coincidieron en la urgencia de avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Para ello, subrayaron la necesidad de unir esfuerzos y enfrentar los retos derivados de la desigualdad estructural.

El ministro presidente destacó que la igualdad formal no es suficiente y señaló la necesidad de “trabajar fuerte hacia la igualdad sustantiva, la igualdad real y verdadera, la que se sienta en el cuerpo, en la dignidad de cada una de ustedes”.

“Esta para mí es la apuesta central”, puntualizó.

Agregó que la Corte está abierta a recibir todas las contribuciones y propuestas para alcanzar la justicia para las mujeres.

Citlalli Hernández Mora afirmó que la firma del convenio marco con el Alto Tribunal ocurre en un contexto histórico sin precedentes.

“Estamos muy claras en el momento que estamos viviendo, tenemos a la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos en un momento donde los avances de la lucha de las mujeres son evidentes, están a la vista, la paridad de género es una realidad, más mujeres estamos en la toma de decisiones; pero también hay muchos retos y estamos en la construcción de la sociedad de un México más igualitario”, remarcó.

Por su parte, Néstor Vargas Solano sostuvo que el objetivo principal es coordinar acciones para fortalecer la administración de justicia y recordó que México cuenta con una larga tradición en la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Detalló que la igualdad sustantiva se elevó a rango constitucional, lo que establece la obligación de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, garantizar la igualdad salarial y reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia laboral y familiar.

En el evento, la gobernadora de Quintana Roo y presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago, Mara Lezama Espinosa, señaló que México vive un momento histórico, con una Suprema Corte integrada por cinco mujeres ministras, lo que representa una justicia más cercana a la sociedad.

La ministra Lenia Batres Guadarrama resaltó que el convenio permitirá “una colaboración estratégica, orientada a garantizar que todas las mujeres adolescentes y niñas ejerzan plenamente su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa celebró la alianza como muestra de la voluntad institucional para sumar esfuerzos en la eliminación de la violencia y discriminación, y para garantizar el acceso pleno a la justicia con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra precisó que la nueva SCJN busca ser un hito para los derechos humanos de las mujeres mexicanas a través de criterios que garanticen el acceso a la justicia en todos los ámbitos.

Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte, subrayó que este convenio fortalece la administración de justicia y avanza en la garantía de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas, así como en el derecho a una vida libre de violencias.

En la firma participaron también magistradas, magistrados, representantes del Tribunal Electoral, de la Defensoría Pública, legisladoras y legisladores, así como funcionarias y funcionarios de la Suprema Corte y de la Secretaría de las Mujeres.

El feminicidio es uno de los delitos contra las mujeres con alta incidencia a nivel nacional, por lo que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley para prevenir los casos, homologar las sanciones y garantizar el acceso a la justicia.

De acuerdo con el gobierno federal, la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio se compone de 52 artículos distribuidos en ocho títulos.

Uno de los principales, será la homolgación del término feminicidio y sus agravantes, así como las sanciones y el método de investigación.

¿Qué se considera feminicidio en la iniciativa?

La propuesta establece que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”, para lo cual se señalaron nueve posibles motivos:

Esto incluye situaciones como: violencia sexual contra la víctima, ataques motivados por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia hacia la víctima y situaciones de desigualdad de poder (por ejemplo: cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con discapacidad).

¿Cómo se investigará el feminicidio?

El Ministerio Público tendrá la facultad de solicitar productos de inteligencia y utilizar servicios periciales para fortalecer las investigaciones de feminicidio.

Según la propuesta, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas que aseguren atención permanente y continua en cada caso, aplicando protocolos específicos y una perspectiva de género.

Según lo establecido, toda muerte violenta de mujeres se investigará inicialmente como feminicidio, priorizando la búsqueda de la verdad y la reparación integral del daño.

La iniciativa establece que se analizarán antecedentes de violencia, aunque no existan denuncias previas, y que todas las autoridades tendrán la obligación de garantizar el derecho a la verdad en el marco de sus competencias.

El Ministerio Público deberá iniciar la investigación de oficio de manera inmediata, y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado para la investigación de estos delitos.

Además, la medida contempla la protección especial para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de feminicidios.

En este sentido, la propuesta también incorpora la exigencia de que personas, medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas directas e indirectas.

¿Cuáles serían las sanciones y agravantes?

Con la iniciativa el feminicidio se sancionaría con 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS.

Estas penas aumentarán a la mitad si la víctima era menor, adulta mayor, embarazada, con discapacidad, periodista, defensora de derechos, migrante, si fue atacada con ácido o sustancias inflamables, o si el responsable era servidor público.

El delito no podrá justificarse bajo ninguna circunstancia, el agresor perderá patria potestad y derechos de herencia, quedará inhabilitado para cargos públicos y no tendrá acceso a libertad anticipada ni amnistía. El delito será imprescriptible.

Nayara apenas guarda recuerdos de su madre, Patricia Maurel. Tenía tan solo tres años cuando, en 2003, su padre la asesinó a tiros en la provincia de Teruel, un crimen por el que fue condenado a 18 años de cárcel. Tanto ella como sus dos hermanos, que entonces tenían 5 y 7 años, se quedaron al cargo de sus abuelos maternos, que se enfrentaron a grandes dificultades, tanto emocionales como económicas, e incluso tuvieron que luchar para evitar que la custodia pasara a la hermana del feminicida. El apoyo institucional que los tres menores recibieron entonces fue muy limitado, cuenta Nayara a Infobae, por eso destaca la importancia de ayudas como las becas Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres, que brindan apoyo a hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género y que, en su caso, le permitieron estudiar integración social y continuar su formación en Zaragoza.

La orfandad a consecuencia de un feminicidio es una situación de riesgo de pobreza infantil que se manifiesta en la totalidad de los casos, según recoge un informe la fundación, ya que habitualmente pierden a sus principales proveedores de recursos. La mayoría de huérfanos y huérfanas se quedan al cuidado de otros miembros de la familia y, cuando se trata de los abuelos y abuelas, es habitual que utilicen sus pensiones de jubilación o no contributivas, prestaciones económicas que suelen ser “insuficientes para atender las obligaciones de crianza a medio y largo plazo”.

Cuando asesinaron a la madre de Nayara, sus abuelos todavía no se habían jubilado, pero aún así atravesaban una situación económica precaria: él trabajaba en la construcción y ella se encargaba de las tareas de la casa, y tuvieron que asumir todos los gastos y cuidados de los tres nietos. El padre de Nayara nunca pagó los más de 300.000 euros de indemnización que la justicia fijó como responsabilidad civil para sus hijos.

“No tenemos palabras para agradecer a mis abuelos cómo se han portado, porque además de mover cielo y tierra para que la hermana de mi padre no se quedara con nuestra custodia, tuvieron incluso que llevarnos hasta la cárcel para visitarle, porque estaban obligados a hacerlo, lo que ahora a nadie en su sano juicio se le ocurriría”, relata Nayara, que recuerda que “un maltratador nunca es un buen padre”.

Su abuela suele decir que los nietos la han ayudado en todo, pero ella insiste en la dificultad de sacar adelante a tres niños pequeños con pocos recursos económicos. “Imagina lo que supuso hacerse cargo de nosotros sin apenas ayuda. Lo han pasado muy mal, siempre con problemas para llegar a fin de mes, porque, además, la pensión por orfandad la empezamos a cobrar mi hermano mediano y yo siendo ya adolescentes, mientras que a mi hermano mayor ni le tocó”, añade la joven, que ahora tiene 26 años.

En ese contexto, las becas Soledad Cazorla marcaron la diferencia para Nayara, que reconoce que sin esa ayuda no habría podido continuar sus estudios. Este programa, gestionado por la Fundación Mujeres, nació en 2016 por iniciativa de la familia de Soledad Cazorla, primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y en estos diez años ha acompañado a 79 familias y concedido 288 becas a 135 menores. Nayara también destaca el acompañamiento y el apoyo continuado de la fundación, que sigue en contacto con su familia y la invita a los encuentros del programa. “Siguen pendientes de nosotros y se preocupan por cómo estamos”, asegura.

Las becas, con un importe máximo de 2.200 euros y renovables hasta tres años, han facilitado que numerosos beneficiarios prosigan su formación académica y profesional. El Fondo también ha fortalecido el apoyo emocional a las familias con ‘Escucha su voz’, un encuentro anual que reúne a niños y familiares afectados por la violencia machista en diferentes ciudades, creando un espacio seguro para compartir vivencias y reducir el aislamiento.

Desafíos pendientes

Entre los retos pendientes, explica la Fundación Mujeres, destaca la necesidad de mejorar la recopilación de datos para conocer el número real de huérfanos y el alcance de las ayudas concedidas, así como garantizar que todas las víctimas reciban el mismo nivel de apoyo, sin diferencias según la comunidad autónoma. También reclaman que los hijos e hijas mayores de 18 años sean reconocidos como víctimas de violencia de género, ya que las estadísticas actuales no los incluyen, “y eso supone el olvido”.

La organización solicita, asimismo, un protocolo de actuación inmediata tras el crimen machista para que las familias puedan acceder más fácilmente a la información sobre ayudas y acceso a la justicia gratuita.

En menos de tres meses 14 mujeres han sido asesinadas

Solo en lo que va de año, hasta el 23 de marzo, 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años, lo que eleva el total de feminicidios a 1.357 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Estos feminicidios han dejado doce menores huérfanos en 2026, una cifra que asciende a 516 desde 2013.

Además, en lo que va de año tres menores han sido asesinados por sus padres. El último de estos crímenes vicarios se produjo el pasado viernes 20 de marzo en Torrevieja, Alicante, donde un hombre de 40 años mató a su hija, de tres.

El último feminicidio se produjo en Zaragoza el sábado 21, en plena calle, cuando un hombre se acercó a la peluquería de su expareja, una mujer de 42 años, y antes de que ella pudiera abrir el local, le disparó cuatro veces. Tanto en el asesinato de la niña como en este, los agresores se suicidaron, una situación que se da en algo más del 40% de estos casos, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Igualdad.

El padre de Nayara también entra dentro de esa estadística, pero no por el caso de su madre. Por este crimen, el hombre estuvo preso en la cárcel de Teruel entre 2003 y 2013, año en el que fue trasladado a un centro de inserción, y en 2017 obtuvo la libertad condicional. Sin embargo, dos años más tarde, en 2019, asesinó a la abogada penalista que le defendió en aquel juicio, Rebeca Santamalia, con quien mantenía una relación sentimental. Fue tras ese segundo crimen cuando él se suicidó.

Tres hombres han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de planear y ejecutar un ataque en el que una mujer fue rociada con líquido inflamable y quemada en su vivienda en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, el pasado mes de febrero, según han informado a la agencia EFE fuentes de la investigación. Los agentes han comunicado que el pasado miércoles arrestaron a tres personas, dos en Móstoles y una en Quijorna, en relación con este caso, y han aclarado que uno de ellos es el marido de la víctima, señalado como presunto inductor del ataque, mientras que los otros dos habrían llevado a cabo la agresión.

El brutal ataque se produjo el 2 de febrero cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio. Los hombres posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.

La mujer permanece hospitalizada y las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todos los detalles del caso. Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos.

La violencia machista no da tregua

Solo en lo que va de año, 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años, lo que eleva el total de feminicidios a 1.357 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Estos feminicidios han dejado doce menores huérfanos en 2026, una cifra que asciende a 516 desde 2013.

En lo que va de año también han sido asesinados tres menores por sus padres. El último de estos crímenes vicarios se produjo el pasado viernes 20 de marzo en Torrevieja, Alicante, donde un hombre de 40 años mató a su hija, de tres.

Además de este repunte de asesinatos machistas en este primer trimestre del año, expertos advierten que los ataques presentan un nivel de violencia cada vez mayor. Señalan que los últimos casos muestran agresiones con mayor ensañamiento y métodos más extremos, lo que refleja una tendencia preocupante en la gravedad de la violencia ejercida contra las víctimas.

El recuerdo de lo ocurrido días antes, cuando el Gobierno de Aragón ya había condenado el asesinato machista de María Paloma en Barbastro, estuvo presente en la concentración que reunió a autoridades, familiares y representantes institucionales frente al Edificio Pignatelli. Allí, como reportó el medio, se sumó un nuevo nombre, Silvia, víctima de violencia por parte de su expareja este pasado sábado en Zaragoza. Según detalló el Gobierno de Aragón, estos hechos han provocado una honda consternación en la comunidad autónoma y han llevado a resaltar la necesidad de que la respuesta social e institucional frente a la violencia contra las mujeres sea constante, decidida y conjunta.

De acuerdo con la información publicada, la primera de las cuatro concentraciones convocadas este domingo tuvo lugar a las 10:30 de la mañana y contó con la asistencia de varios consejeros autonómicos, incluida la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, así como la consejera de Políticas Sociales y concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós. Durante el acto oficial, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, fue la encargada de leer el manifiesto en el que se reiteró la condena institucional y se explicitó el compromiso del Ejecutivo para prevenir y combatir cualquier expresión de violencia contra las mujeres.

Tal como consignó la fuente, el manifiesto hizo hincapié en el dolor y la rabia compartidos por la sociedad aragonesa tras conocerse el fallecimiento de Silvia, que fue asesinada presuntamente por su expareja. El texto leído arrojó una reflexión sobre el impacto de estos hechos, enfatizando que no se trata solo de estadísticas, sino de vidas abruptamente terminadas y núcleos familiares devastados. El Gobierno de Aragón insistió en la importancia de que la sociedad no normalice estas tragedias, subrayando la responsabilidad colectiva de rechazar y actuar frente a la violencia machista.

Según informó el Gobierno de Aragón, la concentración celebrada este domingo representa la primera de las cuatro convocadas tras el asesinato de Silvia, lo que evidencia el compromiso y la preocupación de las instituciones aragonesas ante la frecuencia y gravedad de estos hechos. Las autoridades autonómicas expresaron su pésame y solidaridad al entorno afectado, extendiendo el mensaje de que las víctimas y sus familias no están solas, y que el apoyo institucional se mantendrá firme y constante.

En el desarrollo del acto, el manifiesto proclamó que la memoria de Silvia y demás víctimas debe servir para renovar los esfuerzos de prevención y protección. “Vuestro testimonio y vuestro recuerdo serán siempre un acicate para que todas las instituciones trabajemos juntas, sin descanso”, recoge el pronunciamiento citado por el medio. En esa línea, el documento insistió en que la lucha contra la violencia de género compete a toda la sociedad y requiere coordinación entre instituciones y ciudadanía.

El Ejecutivo autonómico también recordó durante la jornada la existencia de un teléfono de ayuda, el 900 504 405, habilitado para atender denuncias, solicitudes de auxilio u ofrecer un canal seguro de comunicación para quienes sean testigos o conozcan posibles casos de violencia machista. El Gobierno instó a la población a recurrir a este recurso y a no guardar silencio ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las mujeres.

Como describió la fuente, el Ejecutivo de Aragón estuvo representado por los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; de Sanidad, José Luis Bancalero Flores; y de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés. Su presencia destacó el respaldo institucional y la coordinación entre diferentes áreas de la administración para enfrentar la problemática.

El contexto de la concentración, situada frente al Edificio Pignatelli, refuerza un mensaje de unidad y determinación estatal en la respuesta ante la violencia de género en Aragón. Autoridades recordaron el reciente caso de María Paloma y enfatizaron que la recurrencia de estos episodios demanda una reacción firme y sostenida. El Gobierno de Aragón expresó que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que interpela a toda la ciudadanía, exigiendo respuesta conjunta, no solo del sector público, sino también del conjunto social.

El acto institucional estuvo marcado por un minuto de silencio en memoria de Silvia, así como de otras víctimas, como una manifestación visible del rechazo de la comunidad aragonesa hacia todo acto de violencia machista. Según la información difundida por el Gobierno regional, la condena fue reforzada por las palabras de las autoridades, que señalaron la gravedad de los hechos y la urgencia de coordinar esfuerzos preventivos y de protección.

En distintos momentos del manifiesto, el Ejecutivo reiteró que la violencia de género no debe ser aceptada ni relegada al ámbito privado, y abogó por una postura pública e inequívoca de repulsa. El texto leído insistió en la responsabilidad comunitaria y la necesidad de que las instituciones colaboren para erradicar esta problemática.

En las palabras pronunciadas este domingo, las instituciones dejaron en claro que el proceso de apoyo y acompañamiento a las víctimas y sus familias será permanente. Además, se hizo un llamamiento para que todas las mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo, o que hayan sufrido alguna agresión, recurran a los recursos disponibles y confíen en el respaldo de los organismos que ofrecen ayuda específica. Como reiteró el manifiesto, la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere un esfuerzo colectivo continuado y una vigilancia activa por parte de todas las capas sociales.

La violencia de género en Aragón ha motivado la implementación y actualización constante de protocolos y de recursos a disposición de la ciudadanía, así como la organización de actos institucionales que buscan sensibilizar y movilizar a la sociedad. De acuerdo con los pronunciamientos recogidos por la fuente, la respuesta del Gobierno autonómico se presenta como fuerte y prioritaria, orientada tanto a la prevención de nuevos delitos como al acompañamiento integral de quienes han sufrido sus consecuencias.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de una menor de tres años y de su padre, un hombre de 41 años, en casa de este como un posible nuevo caso de violencia vicaria. Según las primeras investigaciones, el progenitor podría haber asesinado a su hija y haberse suicidado posteriormente. El suceso ha tenido lugar en Torrevieja (Alicante), durante esta noche.

A través de su cuenta de X, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha señalado que actualmente se están recabando datos “del asesinato por presunta violencia vicaria de una menor en la provincia de Alicante”.

Por su parte, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha expresado sentirse “conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante”: “Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos”, ha escrito.

Según ha señalado la agencia EFE en base a declaraciones cercanas al caso, ambos cuerpos habrían sido hallados ahorcados poco antes de las 02.00 horas de la pasada madrugada. La madre, una mujer de 36 años que ya no mantenía una relación con el presunto autor del crimen, había alertado a la Guardia Civil de que no conseguía contactar con él desde hacía varias horas.

Tras el aviso, los agentes del Instituto Armado se trasladaron hacia el domicilio de su expareja, donde localizaron ambos cuerpos. Según ha señalado la agencia EFE, no existían denuncias previas de malos tratos entre ambos progenitores. La madre de la menor presuntamente asesinada por su padre ha tenido que ser trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad.

Conmoción en Torrevieja por el presunto caso de violencia vicaria

El caso de Torrevieja está siendo dirigido por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Según los primeros indicios, sería un nuevo caso de violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

Los hechos han provocado una fuerte conmoción en el municipio alicantino y el Ayuntamiento de la localidad declarará a lo largo de este sábado medidas de duelo por el fallecimiento de la menor de 3 años.

De confirmarse, este sería el tercer asesinato por violencia vicaria en lo que llevamos de año, tras las muertes de Noemí, de 12, y Yared, de 10. De igual manera, los crímenes vicarios ascenderían a un total de 68 desde 2018, fecha en la que los menores pasaron a ser reconocimos como víctimas de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Con información de Europa Press y EFE

Apenas han transcurrido dos meses y medio de 2026 y España ya contabiliza 13 asesinatos machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años. Siete de las víctimas mortales eran mujeres de edades comprendidas entre 51 y 84 años, pero pese a estos datos, la violencia de género que afecta a las mujeres mayores permanece mucho más oculta que la sufrida en otros grupos de edad. Con los feminicidios registrados en lo que va de año, el total de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas asciende a un total de 1.356 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

“Estos datos, en los que cada vez aparecen más mujeres de más edad asesinadas, son la cúspide de la violencia invisibilizada que han sufrido las mujeres mayores en distintas formas: psicológica, de control, económica o sexual, casi siempre en silencio y fuera del foco público”, señala a Infobae la antropóloga Mónica Ramos. Esa invisibilización, añade, responde en parte a los estereotipos que asocian la violencia de género principalmente con mujeres jóvenes o adultas con menores a cargo.

Ramos, coordinadora técnica del grupo social de la Universidad Permanente de Cantabria (UNATE), una alianza de entidades que trabaja con y por las personas mayores, recuerda que desde 2003 ha habido años en los que casi el 20% de las mujeres asesinadas por violencia de género tenían más de 71 años, “una proporción que cuestiona la idea de que la violencia de género afecta principalemente a mujeres jóvenes y evidencia la necesidad de replantear el enfoque social y mediático” sobre esta problemática. En 2025, por ejemplo, el 31% de las víctimas mortales tenían entre 51 y 84 años -e incluso una de ellas superaba los 85, “lo que refleja la dimensión del fenómeno”.

El último feminicidio de este 2026 ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando un hombre de 52 años asesinó a su pareja, una mujer de 64 años, en la localidad cántabra de Pedreña. No existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que ha sido detenido y previamente había sido condenado por dos casos de violencia de género en Madrid.

Esta misma semana, el Ministerio de Igualdad también ha confirmado el crimen machista de una mujer de 53 años en Huesca, que fue asesinada por su pareja, un hombre de 63, el pasado 17 de enero, y tampoco existían denuncias previas. En este caso, el cuerpo de la mujer había sido localizado en un barranco y la Guardia Civil consideró que había sido un suicidio, aunque después encontraron indicios de homicidio, por lo que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Entre los investigados se encuentran la actual pareja de la mujer, su marido y un tercer implicado.

Muchas mujeres no denuncian

A pesar de las múltiples caras de la violencia machista, advierte Mónica Ramos, muchas víctimas mayores no denuncian estos abusos, ya sea por dificultades para identificarlos o por la falta de apoyo en su entorno cercano. La experta recuerda el caso de Ana Orantes, la mujer que fue asesinada por su exmarido en 1997 tras relatar en un programa de televisión los 40 años de violencia machista sufrida durante su matrimonio. Orantes, que tenía 60 años, denunció los golpes y humillaciones a los que había sido sometida durante más de media vida.

A pesar de que solo han transcurrido poco más de dos meses y medio de año, Igualdad ya ha reunido dos veces al comité de crisis de violencia machista -se convocan cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes-. En el del pasado martes, la ministra Ana Redondo apeló al Consejo General del Poder Judicial para que los jueces se formen en perspectiva de género y la apliquen “con el máximo rigor la ley”, sobre todo a los asesinos, maltratadores y violentos reincidentes, a los que, ha remarcado, habría que hacer un seguimiento “muy particular” cuando salen de prisión, informa la agencia EFE. “Creo que, en este contexto, lo que tenemos es que evaluar el Código Penal, evaluar las medidas y llevarlas a máximos”, ha opinado.

La ministra también destacó la importancia de que los municipios se incorporen a VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, dado que una de las funciones de las policías locales es realizar la monitorización de los agresores reincidentes, una vez son puestos en libertad. Asimismo, pidió un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas, ya que son las que desarrollan “en buena parte” los planes de igualdad y contra la violencia de género.

El momento de la separación es uno de los más peligrosos para las víctimas

De las 13 mujeres asesinadas en lo que va de año, 10 eran españolas y 3 extranjeras, al igual que sus feminicidas, según los datos de Igualdad. Diez de las víctimas ya no convivían con sus agresores o estaban en proceso de separación, lo que evidencia que el momento de separarse de un maltratador es uno de los de mayor riesgo. Cuando ellas comunican su decisión de marcharse, ellos perciben que pierden el control sobre sus víctimas.

Cinco de las víctimas habían denunciado por malos tratos a sus agresores, estaban inscritas en VioGén, e incluso varias de ellas contaban con medidas de protección en vigor, pero los mecanismos institucionales no fueron suficientes para protegerlas.

Además de estos feminicidios, en lo que va de año la violencia machista también se ha cobrado la vida de dos menores: Noemí, de 12 años, y Yared, de 10, que fueron asesinados por sus padres. Los crímenes vicarios ascienden a un total de 67 desde 2013, fecha en la que los menores pasaron a ser reconocidos como víctimas de la violencia de género.

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de un posible asesinato por violencia machista de una mujer en Huesca, según ha asegurado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en X. De confirmarse, sería la decimotercera víctima en lo que llevamos de año, y la 1.356 desde 2003.

Pese a la falta de confirmación de la cartera que dirige Ana Redondo, según ha asegurado El Heraldo de Aragón y EFE, el cuerpo de la mujer corresponde al que se encontró hace dos meses en un barranco de la localidad de Colungo. El 18 de enero apareció el cadaver de la mujer, de unos 53 años en el barranco del Fornocal. El citado medio explica que la mujer se encontró indecumentada y que parecía que se trataba de un accidente o un suicidio, motivo por el que el caso no transcendió. Sin embargo, la investigación revela ahora que existen “indicios de homicidio doloso”.

Ahora, dos meses después, y como ha podido saber el citado medio, el Juzgado número dos de Barbastro ha tomado declaración a tres personas en la mañana de este lunes, dos de ellas detenidas el pasado viernes y a tres testigos. Uno de ellos es su marido.

El último caso ocurrió este mismo domingo en Cantabria, donde la Guardia Civil detuvo en Pedreña a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años. Según informó ayer la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron el sábado un aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en su casa.

Cómo buscar ayuda

El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas pueden pedir ayuda en el teléfono 016, a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los cinco asesinatos por violencia de género perpetrados en España en el mes de febrero. Además, este mismo domingo la Guardia Civil ha detenido en Pedreña, Cantabria, a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64. Si se confirma su naturaleza machista, ya serían 12 los feminicidios registrados en lo que va de año, lo que eleva el total de víctimas mortales a 1.355 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos de forma oficial.

Entre las víctimas del pasado mes de febrero se encuentran María José Rodríguez, de 52 años, quien fue asesinada el 1 de febrero en Mos (Pontevedra) a manos de su expareja, lo que convierte en la sexta víctima mortal por violencia de género en lo que va de 2026. El 16 de febrero, Carmen López, de 64 años, también fue asesinada por su expareja en Benicàssim (Castellón).

A María José, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, su expareja y padre de la niña, las asesinó el 17 de febrero en Xilxes, Castellón, y en esta caso existían denuncias previas contra el agresor. Al día siguiente, el 18 de febrero, Petronila, de 37 años y madre de dos hijos, fue asesinada en Madrid por su expareja, un hombre de 34 años que confesó el crimen.

El 20 de febrero se produjo el crimen de Tatiana Rodríguez, de 28 años y madre de una niña y tres niños, a manos de su marido, de 30, en Sarriguren, Navarra. En este caso no constaban denuncias previas contra el agresor.

Además de estos crímenes machistas, en febrero también fue asesinado por su propio padre un niño de 10 años, Yared, en Santa Cruz de Tenerife. El agresor fue abatido por disparos de la Guardia Civil, aunque previamente también hirió de gravedad a la madre del menor. El hombre no tenía antecedentes por violencia de género.

Cabe recordar que Igualdad convoca estos comités de crisis cuando se registran cinco o más asesinatos por violencia de género en un mismo mes. En las reuniones, representantes de diversas instituciones analizan los antecedentes y circunstancias de cada caso desde distintas perspectivas con el objetivo de identificar posibles áreas de mejora en la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Andalucía es la región que más feminicidios concentra

De las once víctimas mortales confirmadas por Igualdad en lo que va año, 8 eran españolas y tres extranjeras, al igual que los feminicidas. Por comunidades autónomas, Andalucía registró tres casos y la Comunidad Valenciana dos, mientras que Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Castilla y León contabilizaron un caso cada una.

En el último feminicidio confirmado, ocurrido el pasado 10 de marzo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, un hombre provocó un incendio en una vivienda, en la que fallecieron como consecuencia del mismo tanto la expareja como otras dos mujeres, la madre de la víctima y una vecina. El agresor, que fue detenido, tiene en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Ante el repunte de la violencia de género en este inicio de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que quiere buscar acuerdos con todos los grupos políticos. “Es una escalada de violencia terrible que condenamos. Esto es un terrorismo contra las mujeres, un terrorismo por el único hecho de ser mujeres”, ha destacado ante los medios.

(Con información de agencias)

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, según informa EFE. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar el sábado.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio. La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres. Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

11 feminicidios en menos de tres meses

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en 2026 y a 1.355 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos.

Servicios de ayuda para las mujeres que sufren maltrato

Las mujeres que sufren la violencia de género no están solas. El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas pueden pedir ayuda en el teléfono 016, a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. “Es un deber de toda la sociedad reaccionar”, insiste Igualdad.

El 25 de febrero, la Policía Nacional detuvo a tres adolescentes de 14 y 15 años como supuestos autores de la violación de otra menor de 13 años que se habría producido semanas antes en un centro comercial en Valencia. No es común, pero sucede. A pesar de que en la mayoría de los casos son adultos los que ejercen la violencia sexual contra menores, cerca del 9% de los adolescentes son víctimas de otros adolescentes. El dato lo recoge el informe La violencia sexual entre adolescentes de la Plataforma de Infancia. El mismo estudio apunta además que un 62% de los menores de entre 13 y 17 años han visto pornografía alguna vez en su vida. De hecho, la mitad de ellos accedieron a ella antes de los 13 años, y una décima parte antes de los 10 años. A ojos de los expertos, estas cifras guardan una estrecha relación con el aumento de los casos de abusos sexuales entre menores.

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la plataforma, explica en conversación con Infobae que, aunque los agresores sexuales suelen ser adultos, cada vez hay más casos de menores que agreden. Para Escorial, este fenómeno está relacionado con la falta de educación afectivo-sexual, que lleva a los adolescentes a buscar respuestas en la pornografía. “Ahí es donde dan por bueno y normal las cosas que ven y las aplican en sus relaciones sociales”, explica. Pero no es el único foco peligroso.

La experta señala que la violencia sexual también está presente en las series, películas, canciones y videojuegos, donde hay “una exposición de baja intensidad, que va calando”, pero especialmente en el entorno digital, “donde más violencia sexual se ejerce”. Por ello, desde la plataforma piden que salga adelante la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que sigue atascada en el Congreso. Pero, sobre todo, reclama que se pongan barreras digitales efectivas que no permitan acceder a los menores a contenido de adultos.

“La conclusión a la que llegamos las asociaciones de infancia es que realmente no se está poniendo el foco en la adolescencia en materia de política pública”, insiste, ni en prevención ni en materia de reeducación. Escorial denuncia que el sistema falla “a la hora de abordar la atención integral de los niños que ejercen conductas sexuales problemáticas, dañinas, abusivas o violentas porque no siempre se trabaja con ellos en intervenciones terapéuticas especializadas”, porque “recordemos que son menores”.

En ocasiones, tras un proceso judicial de por medio, se impone una pena de libertad en centros de menores, pero eso no significa que se trabaje con ellos. Es más, los menores de 14 años —que son inimputables— no reciben este tipo de medidas y tampoco la atención necesaria para que no vuelva a producirse el mismo comportamiento. Muchas veces esas intervenciones quedan en manos de organismos privados, como la Fundación Márgenes y Vínculos, que trabaja con menores que han cometido abusos sexuales.

Celia Nevado, doctora en psicología y directora de Programas de Intervención con menores víctimas y menores que ejercen violencia de la Fundación Márgenes y Vínculos, coincide en que “el acceso a contenidos sexuales no adaptado a la edad en los niños y niñas produce un efecto de imitación” que conduce a que lleven a cabo “prácticas sexuales problemáticas”. Lo ven claramente en las intervenciones que realiza con estos menores. No obstante, aclara que no todos los casos son iguales.

En conversación con Infobae, Nevado detalla que en la fundación trabajan fundamentalmente con dos perfiles. Hasta los 10 o 12 años, consideran que son “niños con conductas sexuales problemáticas”; y a partir de los 12 años, hablan de “niños o adolescentes con conductas sexuales dañinas”. Del mismo modo que Escorial, Nevado insiste en que se trata de menores de edad y que, por lo tanto, sus actos pueden responder a factores externos como la exposición a la pornografía o haber sido testigos de violencia de género en su casa, lo que les condiciona. Esto no les exime, pero sí se debe tener en cuenta, sobre todo a la hora de tratar de corregir esa actitud y mentalidad. “No debemos etiquetarlos como agresores porque a estas edades, tanto en la infancia como en la adolescencia, trabajar con estos chicos a nivel terapéutico hace que el riesgo de que vuelva a suceder sea muy bajo”, apunta.

Cómo es el trabajo terapéutico con niños con conductas sexuales problemáticas

La experta explica que frecuentemente en la fundación reciben llamadas de familias y centros educativos que han descubierto que hay niños, incluso de cuatro o cinco años, con “conductas sexuales problemáticas”. “Por eso creemos que hay una gran influencia del acceso a contenidos sexuales a través de las nuevas tecnologías, porque si no, es muy extraño que un niño quiera llevar a cabo esas conductas”, destaca. En estos casos, están ejerciendo violencia sexual sin violencia física al no entender que esas conductas no son apropiadas, sobre todo hacia niños más pequeños”. En este segundo caso, aclara, se trata de niños que han visto imágenes inapropiadas e imitan el comportamiento sin saber que es dañino. “No identifican que, por ejemplo, que esa diferencia de edad hace que no sea positivo ni saludable”, añade.

Y, ¿cómo trabajan con ellos cuando esto sucede? “Por un lado, hacemos una valoración de factores sociales, como por ejemplo, que tengan acceso a información sexual no apropiada; por otro, desarrollamos una labor psicoeducativa, para que entiendan qué conductas sexuales son adecuadas o saludables a su edad y cuáles no, de una manera adaptada a través de juegos y libros”, cuenta.

Estos niños deben aprender cómo es una sexualidad positiva, qué es el consentimiento o cómo expresar afecto. A veces, comenta, creen que es lo que están haciendo. Su objetivo finalmente es que el menor entienda y sea capaz de no llevar a cabo estas conductas “porque a veces también hay problemas de control de impulso”. No obstante, también tratan de descubrir si ellos también han sufrido abusos. “Estos chicos y chicas muchas veces ejercen esas conductas sexuales violentas o abusivas porque han sido víctimas de violencia sexual o de situaciones de violencia de género en su casa”, lamenta.

Adolescentes con “conductas sexuales dañinas”

Cuando los menores ya son adolescentes, el escenario es diferente. “Nos encontramos con chicos en los que hay un componente de ideas sexistas influenciadas por la pornografía o por una imagen que cosifica a las chicas”, dice y añade que “creen que, aunque parezca que no, a ella también le gusta que se ejerza con violencia, o si se hace de esta manera es más placentero o eres más macho”. Hay una idea violenta implantada.

En estos ejemplos, también realizan una valoración de las experiencias que hayan podido tener. “En muchos casos han vivido experiencias de violencia de género en sus casas, entonces han tenido modelos que les transmiten esa imagen negativa de cosificación”, señala. Por ello, se centran en la detección de las creencias y mitos sobre la mujer y la sexualidad a través de conversaciones para que ellos lleguen a interiorizar la realidad.

“No le podemos decir: ‘Eso está mal, lo que has hecho porque está mal”'. No, tienen que entenderlo, tienen que saber qué repercusiones tiene e identificar por qué tienen esa actitud hacia la mujer”, señala la experta. “Y al fin y al cabo, lo que intentamos es trabajar con ellos; les explicamos que nuestro objetivo es que puedan tener relaciones afectivas, de pareja y sexuales satisfactorias para todos, que es lo que ellos van a querer, ¿no? Y entonces ellos dicen: “Pues sí, es verdad’. Los adolescentes que abusan de otros adolescentes deben reparar el daño que han hecho, pero también interiorizar que no deben repetirlo”, finaliza.

La segunda mujer que interpuso una denuncia contra el exdiputado Íñigo Errejón el pasado mes de febrero no acudió el jueves a ratificar sus acusaciones. La denunciante debía acercarse al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid el día 12 de marzo, pero finalmente no se presentó a la cita, según ha confirmado a Infobae su abogado, Alfredo Arrién.

El letrado ha explicado a El País que la magistrada deberá archivar provisionalmente la denuncia, si bien desde su bufete intentarán “que se pueda continuar adelante” con el proceso judicial. La presunta víctima había solicitado la condición de testigo protegido, pues se trataba de una actriz “de reconocida notoriedad pública y de proyección”, según reflejaba la denuncia, pero la jueza no se lo concedió.

Finalmente, la denunciante decidió no presentarse este jueves a ratificar sus acusaciones. Según Arrién, que también representa a Elisa Mouliáa, su cliente tiene “más que perder, que ganar” en estos momentos, ha declarado a El País.

“Si te resistes, será peor”

La segunda denunciante habría conocido al exportavoz de Sumar en 2021 a través de Instagram y, poco después, comenzaron a comunicarse a través de Telegram, plataforma que permite eliminar los mensajes automáticamente.

Los hechos denunciados se remontaban al 16 de octubre de ese mismo año. Según la acusación, ambos se encontraron en una fiesta, donde Errejón habría insistido en que le practicara sexo oral. La mujer habría accedido “de manera renuente” al encuentro sexual, en un contexto de consumo de alcohol y cocaína, según refleja el escrito.

Los dos se desplazarían después al domicilio del político en el vehículo de uno de sus amigos. Durante el trayecto, Errejón habría realizado tocamientos sin consentimiento a la mujer, que asegura que expresó de forma clara su negativa y trató de apartarse, produciéndose un forcejeo. El político habría intentado convencerla con frases como “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”, según la versión de la denunciante.

Una vez dentro de la vivienda, el exdiputado habría manifestado su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, acto al que la denunciante se negó. La mujer, sin embargo, afirma que fue sujetada por el cuello y penetrada “por la fuerza y sin consentimiento”, pese a que gritó para que cesara la agresión.

Errejón habría mantenido contacto con la denunciante hasta enero de 2022. Ese mismo día, según el escrito, la mujer sufrió un ataque de pánico en su domicilio e inició tratamiento psicológico y psiquiátrico. La mujer, sin embargo, ha decidido no ratificar su denuncia.

Dos años de la denuncia de Mouliaà

La actriz Elisa Mouliaá fue la primera en dar un paso al frente y denunciar públicamente a Íñigo Errejón después de que, en octubre de 2024, la periodista Cristina Fallarás publicase en su perfil de Instagram el relato anónimo de una víctima y muchos identificasen en los comentarios al político como su agresor.

La acusación provocó la dimisión de Errejón el 24 de octubre. En una carta publicada en su perfil de Twitter (ahora X), el político decía haber llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona” y reconocía llevar tiempo “trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico”, que le forzaba a abandonar la política institucional.

El 14 de noviembre de 2025, Errejón fue procesado por el juez al considerar que existían indicios suficientes de delito. La acusación particular solicitó la apertura de juicio oral en diciembre, mientras la Fiscalía pedía el archivo de la causa al considerar que no había suficientes pruebas que acreditasen la perpetración del delito.

Mouliaá llegó a retirar su acusación contra el político el 4 de febrero de 2026 por motivos personales y de salud, si bien días después decidió que continuaría con el procedimiento. El pasado 16 de febrero, el juez Adolfo Carretero suspendió la citación prevista para comunicar a Errejón la apertura de juicio oral, tras un nuevo recurso del acusado.

La violencia digital es una de las formas de abuso que más se está intensificando contra las mujeres, especialmente con quienes tienen visibilidad pública como políticas, periodistas o activistas. Este tipo de agresión utiliza distintas plataformas y redes sociales para acosar, intimidar y desalentar la participación de las mujeres en debates públicos y, aunque muchas veces se le resta importancia frente a otras formas de violencia machista, sus efectos trascienden el mundo digital.

Así lo demuestran las campañas de descrédito, publicaciones de datos personales o amenazas graves que han denunciado políticas como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la exministra Irene Montero, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, o las periodistas Cristina Fallarás y Sarah Santaolalla. En el caso de Belarra, este mismo miércoles la Policía Nacional detuvo a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) como presuntos autores de las amenazas y el ciberacoso que denunció sufrir en su cuenta de Instagram.

Esta realidad también queda reflejada en estudios como el que recientemente ha publicado el Ministerio de Igualdad, que destaca que las mujeres con perfiles públicos son las principales destinatarias de la violencia digital, especialmente a través de ataques sexistas enfocados en su apariencia física más que en sus opiniones o argumentos. El informe también revela que el 80% de las jóvenes en España ha experimentado algún episodio de violencia digital y que siete de cada diez denuncias recibidas en canales especializados corresponden a agresiones en el entorno virtual.

Silvia Díaz Fernández, investigadora del CSIC, señala a Infobae que este tipo de violencia puede darse de manera individual, cuando una persona menosprecia, ridiculiza o sexualiza de forma vejatoria a una mujer, o a través de ataques coordinados desde comunidades o plataformas que organizan acciones masivas. Según la experta en violencia contra las mujeres y antifeminismo, estos ataques grupales tienen un mayor alcance e impacto, ya que “generan una gran cantidad de mensajes de odio” en redes sociales.

Troleo, ‘doxing’, ‘deepfakes’ y amenazas de muerte

Dentro de esas formas de hostigamiento virtual se encuentra el “troleo de género” (gendertrolling), una práctica que consiste en sabotear o secuestrar conversaciones públicas lideradas por mujeres, desplazando el debate hacia lo absurdo para ridiculizarlas y restar legitimidad a sus mensajes. Otra forma grave de violencia digital es el doxing, que se refiere a la publicación de información personal de mujeres en redes sociales, exponiéndolas a riesgos fuera del entorno virtual, como le ha ocurrido a Rita Maestre, que ha denunciado acoso en su propio domicilio después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

“Los hombres que han acudido a la casa de Rita Maestre saben perfectamente adónde van, no es que les hayan engañado. Se trata de una forma de intimidación física”, afirma Díaz Fernández. “La violencia digital rara vez se limita al entorno virtual: trasciende y afecta la vida cotidiana de la víctima y su interacción social. El nivel de hostigamiento que genera es enorme”, añade la especialista.

También se consideran violencia digital los deepfakes, que son vídeos o imágenes manipulados con inteligencia artificial para que parezcan reales y así desacreditar, intimidar o dañar. Entre las formas más graves de este abuso se encuentran las amenazas de muerte, que buscan infundir miedo y silenciar voces, generando un clima de hostilidad que afecta tanto a la seguridad personal de la víctima como su participación en la vida pública, como le ha sucedido a Irene Montero. La exministra ha denunciado amenazas de muerte por parte de un grupo neonazi y ha pedido protección al Ministerio de Interior.

Obligada a mudarse por el acoso

A las denuncias de Montero y Maestre se suman las de Cristina Fallarás, quien afirma haber sufrido acoso en su domicilio tras la visita reiterada de personas que acudieron a su casa para hostigarla. Fallarás ha relatado que, debido a esta situación, se ha visto obligada a cambiar de vivienda en varias ocasiones.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció que el agitador ultra Vito Quiles la “agredió físicamente” al salir de un acto en el Senado. La comunicadora, además, ha abandonado esta misma semana En boca de todos, el programa de televisión donde colaboraba, debido a las “situaciones machistas, negacionistas e inhumanas” que ha vivido.

Defender el feminismo

Estos casos evidencian que el odio se intensifica cuando se trata de mujeres de izquierdas o progresistas que “defienden en su discurso derechos de igualdad o feminismo”. “Los ataques no son los mismos cuando una mujer expone contenido feminista o vinculado a la izquierda. El nivel de odio aumenta si el feminismo forma parte de su agenda pública”, afirma Díaz Fernández. La investigadora señala que los grupos organizados de la llamada manosfera, comunidades y foros en internet donde hombres difunden mensajes antifeministas y misóginos, desempeñan un papel central en estos ataques. “Plataformas como Telegram facilitan la coordinación de acciones masivas gracias al anonimato que proporcionan”, añade.

En España, esa manosfera, según el mencionado informe sobre violencia digital del Ministerio de Igualdad, está formada por los llamados “hombres que siguen su propio camino” (MGTOW, por sus siglas en inglés), los “incels” (célibes involuntarios), Forocoches o influencers antifeministas, entre otros.

El objetivo es “disciplinar” y “amedrentar” a las mujeres

Las consecuencias de todas estas violencias digitales son tanto personales como colectivas, afirma la investigadora. “Las víctimas experimentan ansiedad, miedo y malestar y, más allá del daño individual, estos ataques buscan disciplinar y amedrentar a todas las mujeres, enviando el mensaje de que ciertos espacios públicos son exclusivos para hombres”, explica. “Estos ataques son una forma de marcar una línea de comportamiento. Si te sales de lo que esperan de ti, y esa línea siempre se está moviendo, te exponen a la corrección pública constante”.

Esto provoca que muchas mujeres terminen apartándose de los espacios públicos, no solo por el miedo a que la violencia digital se traslade al plano físico, sino también por la presión que se ejerce sobre su entorno familiar. Muchas madres reciben ataques dirigidos a sus hijos, lo que introduce un componente de violencia vicaria porque, aunque los agresores no sean padres de esos menores, utilizan a la familia para generar aún más temor y forzar la retirada de las mujeres de la vida pública.

Un hombre de 59 años con antecedentes por violencia de género fue detenido este miércoles por haber provocado un incendio en un edificio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro en el que han muerto su expareja, de 58 años, la madre de ella, de 78, y una vecina, de 24. Se llamaban Dolores, Antonia y Laura Valentina, respectivamente. Otras cuatro personas resultaron también heridas, dos de ellos niños de 7 y 11 años, cuya vida no corre peligro.

El hombre acudió a la casa de la expareja la noche del martes, acumuló varios enseres y colchones viejos en la puerta del inmueble para después prenderlos fuego. Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas, mientras que la vecina se encontraba con ellas en el momento del incendio y no pudieron escapar de las llamas.

El detenido se presentó en la comisaría del municipio al saber que la Policía le estaba buscando, aunque de momento no ha confesado los hechos. La agentes le buscaban porque momentos antes de declararse el incendio se encontraba gritando por la zona donde un testigo, vecino de las víctimas le vio gritando a Dolores a la puerta de su casa, según ha explicado a los medios.

Antecedentes por secuestros a mujeres

El hombre fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres, según han informado a EFE fuentes policiales y judiciales. En concreto, el 12 de noviembre 2024 la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.

A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional. Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante catorce horas también en Miranda de Ebro a una niña de 9 años a la que maniató y después fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

Once asesinatos machistas en lo que va año

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato de la mujer de 58 años como un caso de violencia machista. Las otras dos víctimas también serán incluidas en la estadística oficial de feminicidios, en las categorías social y familiar, cuando avancen las investigaciones y se actualicen los datos. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 11 en 2026 y a 1.354 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos en España.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, el departamento de Redondo también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091)y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS,desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.

(Con información de la agencia EFE)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por acosar a través de mensajes privados de Instagram a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Las autoridades están investigando una causa por amenazas y ciberacoso contra la líder del partido y exministra del Gobierno.

Como ha confirmado EFE, las detenciones tuvieron lugar en febrero. Una de ellos, un hombre de 49 años sin atecedentes, fue detenido en Toledo, mientras que el segundo de ellos, de 30 años fue arrestado en el municipio valenciano de Xirivella, este sin antecedentes.

Según ha señalado la Policía, uno de ellos habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante.

Belarra, pero también Montero y Rita Maestre

Belarra es la segunda dirigente de Podemos que denuncia acoso en los últimos días. Este domingo 8 de marzo, la exministra de Igualdad y actual eurodiputada Irene Montero, aseguró haber recibido amenazas de muerte atribuidas al grupo 764, una organización neonazi que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI consideran terrorista. Pero como informó Podemos, las amenazas señala su domicilio, donde también residen sus tres hijos, y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Por este motivo, solicitó protección al Ministro de Interior.

Por si fuera poco, la semana pasada la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, denunciaba en sus redes sociales que lleva un año sufiriendo acoso. “Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

Esta situación provocó que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explicó.

El pasado martes 3 de marzo, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

De acuerdo con lo publicado por el Gobierno vasco, la adhesión al lema “Dale espacio a la igualdad”, adoptado con motivo del Día Internacional de las Mujeres por las instituciones vascas, representa una respuesta institucional ante el resurgimiento de posturas y argumentarios que cuestionan el movimiento feminista. El comunicado oficial destacó que estos discursos, lejos de haberse superado, se ven reactivados y respaldados por sectores cuyas posiciones políticas rechazan tanto las políticas de igualdad como el propio concepto de feminismo.

El Ejecutivo autónomo subrayó, según consignó el comunicado, que los avances en materia de derechos de las mujeres y equidad social logrados en los últimos años derivan de “una tarea colectiva diaria”, lo que significa que cualquier relajación frente al mantenimiento de estos valores puede facilitar retrocesos. El Gobierno vasco afirmó que la igualdad es un espacio que requiere de protección, ampliación y consolidación a través de acciones cotidianas y estructuradas en todos los ámbitos sociales, educativos y laborales.

El medio institucional detalló los ámbitos de intervención prioritaria, señalando la necesidad de fortalecer la implementación de planes de igualdad en el entorno empresarial, así como de trabajar para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El Gobierno promueve la educación en la igualdad desde las etapas escolares, proponiendo la coeducación y la eliminación de roles de género que limiten el desarrollo y las oportunidades de niñas y niños. En la esfera doméstica, aboga por el reparto equitativo de las tareas y los cuidados, promoviendo una corresponsabilidad efectiva en el hogar.

El comunicado, según difundió el Consejo de Gobierno, enfatizó la importancia de denunciar los discursos de odio y la desinformación que afectan la percepción pública de la violencia de género y los derechos de las mujeres. Además, exhortó a la incorporación permanente de la perspectiva de género en la elaboración y aplicación de políticas públicas, decisiones institucionales y planes de acción, entendido como una vía para combatir las desigualdades estructurales.

Tal como informó el propio Gobierno vasco, la declaración institucional pidió a la ciudadanía un compromiso público y visible que trascienda el marco de celebraciones u homenajes puntuales en jornadas señaladas. El comunicado remarca la importancia de expresar apoyo a la equidad de manera constante, argumentando que solamente la acción colectiva y cotidiana puede garantizar avances sostenidos en los derechos y condiciones de vida de las mujeres.

El mensaje concluyó con un llamado a la acción, solicitando a la sociedad que “dé a la igualdad el espacio que se merece” e impulse una cultura cívica basada en el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, recalcando la vigencia y la necesidad de las políticas de igualdad en el contexto político y social actual.

Las calles del centro de Madrid se han vuelto a teñir de morado este 8 de marzo con las miles de personas, en su mayoría mujeres, que han salido a reivindicar el papel del feminismo frente a las distintas formas de violencia machista y a defender los derechos conquistados. Con cánticos como “Que viva la lucha de las mujeres”, “Feministas antifascistas”, “Tocan a una, tocan a todas” o “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, las manifestantes han exigido una “igualdad real” y el fin de los feminicidios —que suman 10 en lo que va del año—, además de denunciar la falta de corresponsabilidad en los cuidados, la brecha salarial o la discriminación hacia mujeres migrantes y racializadas, entre otras demandas.

La multitudinaria marcha convocada por la Comisión 8M, que ha comenzado a las 12 horas desde Atocha para finalizar junto a la estación del Metro Sevilla, se ha celebrado bajo el lema ‘Feministas antifascistas. Somos más en todas partes’, en respuesta al avance de los discursos de extrema derecha y la proliferación de las posturas antifeministas, en un contexto internacional atravesado por conflictos armados, genocidios y crisis humanitarias. El grito contra la guerra ha recorrido toda la manifestación, que ha avanzado muy lentamente ante la multitud de personas presentes.

Lucía, de 31 años, ha acudido a la marcha junto a sus amigas porque “aún hay muchas desigualdades que forman parte de la vida cotidiana” y cree que hay que “salir juntas a la calle para recordarlo” y pedir que esta realidad cambie. Cerca de ellas, también se manifestaba otro grupo de chicas jóvenes que se han mostrado especialmente indignadas con la persistencia de la violencia contra las mujeres. “Las medidas institucionales siguen siendo insuficientes para prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas y, teniendo en cuenta que en lo que llevamos de año ya hay 10 mujeres asesinadas, debería haber más recursos y más medios para tratar de evitarlo”, dice Almudena, una trabajadora social de 27 años.

La marcha en Madrid, que se ha dividido ya por quinto año consecutivo, evidenciando la brecha que atraviesa el movimiento en torno a cuestiones como los derechos de las personas trans o la prostitución, ha ido haciendo paradas en diferentes puntos, dedicados a Palestina y el antimilitarismo, al antirracismo y la regularización de personas extranjeras, a los derechos sexuales y reproductivos, así como a las disidencias, el desarrollo de la ley trans y las subvenciones frente al Ministerio de Igualdad.

Entre las participantes también ha estado presente Azar, una mujer iraní, que denuncia la situación que enfrentan las mujeres en su país. “Siempre somos nosotras, las mujeres, quienes más sufrimos”, afirma, mientras muestra su rechazo el régimen teocrático de los ayatolás. Y sobre las mujeres iraníes se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les ha mostrado su apoyo.

“Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo”, ha señalado Díaz durante su participación en la marcha de la Comisión 8M. Junto a ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad y que tiene un objetivo común, independientemente de las sensibilidades: la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres.

Por su parte, los colectivos que defienden el derecho a una vivienda digna también han recordado que las mujeres son quienes sufren más desahucios y las que sostienen, principalmente, los cuidados.

Contra el auge de la extrema derecha

También son muchas las personas que en la marcha han expresado su indignación frente al auge de la extrema derecha, tanto en España —donde Vox niega la violencia de género como un fenómeno estructural específico y propone cambios o derogaciones en leyes de igualdad—, como en otros países, con líderes políticos de ultraderecha que han consolidado el antifeminismo como uno de sus ejes políticos y que buscan eliminar derechos consolidados, como el acceso al aborto.

Preocupa especialmente la normalización de esos discursos antifeministas en el debate público, que cala sobre todo entre los jóvenes. De hecho, un estudio reciente de FAD Juventud indica que solo el 38% de los jóvenes en España se declara feminista, frente al 50% de hace cuatro años, y que casi la mitad de los encuestados considera el feminismo como una herramienta utilizada para la manipulación política.

“Me preocupa que cada vez se escuchen más discursos que ridiculizan el feminismo o niegan problemas como la violencia machista. Parece que algunos derechos que pensábamos que ya estaban consolidados ahora se cuestionan otra vez”, lamenta Natalia, de 37 años. Por eso cree que, hoy más que nunca, es importante salir a la calle para recordar que “la igualdad no debería ser algo discutible”. “No se trata solo de lo que pasa ahora, sino de evitar retrocesos, porque muchas de las cosas que hoy damos por normales se han conseguido con movilización”, añade junto al grupo de amigas con las que ha acudido a la marcha.

Críticas a Isabel Díaz Ayuso

Otro de los reclamos presentes en la manifestación ha sido la defensa del derecho al aborto, donde se han podido leer lemas contra la privatización de la sanidad impulsada por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, como “Aborto libre y en la pública. Ayuso vete tú” o “Ayuso machista, Madrid es feminista”. Las manifestantes también han entonado un abucheo contra el Ayuntamiento de la capital, han denunciado los “fondos buitres” y han criticado la “inacción de los poderes públicos negacionistas”.

Durante la marcha, las participantes también han coreado lemas para recordar a las mujeres asesinadas por la violencia machista al grito de “no son muertas, son asesinadas”. Asimismo han denunciado la discriminación que sufren las mujeres migrantes, reclamando que no sean perseguidas por carecer de documentación regularizada o por llevar hiyab.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de España y de todo el mundo salen a las calles por y para la igualdad. Desde la celebración de los derechos adquiridos, gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos, las protestas reclamarán su consolidación —ante el retroceso que supone el auge de la extrema derecha— y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencias machistas y más igualitaria, no solo sobre el papel, sino también en la práctica.

Este domingo, las mujeres toman las calles para gritar que, en lo que va de 2026, 10 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003. Pero también se reivindica la lucha contra la violencia sexual, contra la brecha de género, contra el reparto desigual de los cuidados, contra el acoso que sufren las mujeres en cualquier cargo y contra la guerra que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

Miles de andaluces salen a las calles para reivindicar la igualdad, el feminismo y la paz

Miles de andaluces han salido a las calles este domingo, para participar en manifestaciones en defensa de la igualdad, la paz y el feminismo como herramienta para erradicar la violencia machista de la sociedad, como han clamado en sus pancartas y eslóganes. Las más multitudinarias se han celebrado en la capital andaluza, una de las ciudades que ha contado con dos convocatorias paralelas. Una de ellas ha recorrido las calles del centro, desde plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y la Plataforma 8M, y ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La segunda, organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), ha partido de la Torre Pelli para llegar el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, bajo el lema “Avanzamos colectivamente: feminismos diversos y combativos”.

En todas las capitales de provincia de Andalucía se han celebrado manifestaciones con motivo del 8 de marzo, que este año han hecho hincapié en el avance de discursos reaccionarios contra el feminismo. También ha habido un recuerdo a las víctimas de la violencia machista, entre ellas Pilar, la primera víctima mortal de este año, en el municipio de Quesada (Jaén).

*Información elaborada por EFE.

/espana/2026/03/08/el-feminismo-sale-a-la-calle-para-plantar-cara-al-auge-de-la-extrema-derecha-y-luchar-contra-un-retroceso-en-los-derechos-sociales/

22.000 personas asisten a la manifestación principal del 8M de Barcelona

La manifestación principal del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Barcelona ha reunido este domingo, según cifras de la Guardia Urbana, por la mañana a unas 22.000 personas en el centro de la ciudad. La marcha, convocada por Assemblea 8M, ha empezado en Jardinets de Gràcia minutos después de las 11.30 horas, ha bajado hasta la plaza Catalunya por Passeig de Gràcia y ha continuado por la Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, donde ha finalizado. Este año la protesta se ha centrado en dar respuesta al “embate reaccionario a nivel global” que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, bajo el lema ‘Ante el imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista’.

Los asistentes han gritado lemas como ‘Així, així, ni un pas enrere, contra el patriarcat acció directa’, ‘Viva, viva, viva la lucha feminista’, ‘Fuera rosarios de nuestros ovarios’ y ‘La nit és nostra, cap agressió sense resposta’, y han agitado banderas moradas con el símbolo feminista.

También han llevado pancartas con mensajes como ‘No voy a pedir permiso para ser libre’, ‘No me llamo guapa’, ‘Con los pelos del culo estrangulo machirulos’, ‘Ni el ChatGPT entiende por qué tenemos que explicar que no hay igualdad’ y ‘El futuro es femenino’.

El manifiesto, leído al final de la manifestación, se ha posicionado en contra de la “persecución migratoria de Trump y su ICE criminal; el brutal intervencionismo contra Venezuela, Cuba y Groenlandia; la escalada del conflicto bélico en Ucrania, el genocidio en Palestina, la ofensiva militar en Rojava, la represión en Irán y Afganistán y las guerras silenciadas del Líbano, Congo, Sudán o Nigeria”.

“Gritamos alto y claro ‘no’ a las políticas de ultraderecha, al racismo, a los discursos de odio, al antifeminismo y a la LGTBIQA+fobia”, han subrayado las activistas que han leído el manifiesto, y que han llamado a organizarse ante lo que consideran una crisis de reproducción de la vida, en el ámbito de los cuidados, la vivienda y a nivel ecosocial.

También han declarado al movimiento feminista en alerta y movilizado “frente al mayor ciclo de rearme en Europa desde la Guerra Fría y a raíz del ecocidio global”, y han defendido a los feminismos como el espacio de resistencia a los pensamientos más conservadores.

*Información elaborada por Europa Press.

El Moviment Feminista saca a miles de personas a las calles de Palma de Mallorca

El Moviment Feminista de Mallorca ha sacado a miles de personas a las calles de Palma para luchar por la igualdad real y hacer frente al “retroceso” de derechos derivado de la entrada de la extrema derecha en las instituciones. La manifestación, que discurre bajo el lema ‘Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo’, ha salido de la plaza de Espanya.

Este 2026 se cumplen 90 años del primer 8M celebrado en Mallorca, que tuvo lugar en 1934 impulsado por activistas como Aurora Picornell, posteriormente represaliada por el franquismo, en los barrios obreros de la capital. Una de las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, ha considerado que el feminismo es “la única herramienta efectiva para luchar contra el machismo estructural y alcanzar algún día la igualdad real”.

Las 2.000 manifestantes, según datos de la Policía Nacional, han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como ‘Mereces ser amada sin ser sexualizada’, ‘Nadie debería sentir miedo de ser quien es’ o ‘Lo contrario al feminismo es ignorancia’. También se han coreado consignas como “ante la violencia, resistencia”, “hoy no es fiesta, es día de protesta”, “ser mujer no es un sentimiento” o “patriotismo de balcón, silencio en la agresión”. No han faltado los mensajes a favor de la abolición de la prostitución, con cánticos como “para abolir la protestitución las mujeres hacemos la revolución” o pancartas en las que se podía leer ‘¿La diferencia entre un violador o un putero? El dinero’.

El rechazo a la guerra en Oriente Medio también se ha colado en la movilización, en la que se han podido ver antiguas pancartas con el ‘No a la guerra’, una consigna que también se ha podido escuchar a lo largo de la marcha, y se ha leído un manifiesto por la paz.

*Información elaborada por Europa Press.

“Ayuso vete tú”

Las manifestantes de Madrid también claman por la defensa del derecho al aborto, donde se han podido leer lemas contra la privatización de la sanidad impulsada por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, como “aborto libre y en la pública. Ayuso vete tú”.

/espana/cultura/2026/03/08/la-historia-olvidada-de-las-primeras-nueve-diputadas-de-espana-lo-que-hicieron-estas-mujeres-fue-impresionante/

De Irán a Ucrania, “la lucha sigue, cueste lo que cueste”

“De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste” es otro de los lemas más coreados este domingo en Madrid y es que, hoy más que nunca, las marchas tienen un carácter internacional. Las manifestantes que salen a la calle en España este domingo tienen la mirada puesta en las mujeres de todas partes del mundo que están sufriendo las consecuencias de la guerra.

Azar, una mujer iraní, también ha acudido a la manifestación de la capital para mostrar su rechazo a la situación que viven las mujeres en el país persa. “Siempre somos nosotras, las mujeres, quienes más sufrimos”, señala, mientras expresa su rechazo al régimen teocrático de los ayatolás.

*Informa María García Arenales.

En marcha contra el avance de la ultraderecha que “pone en peligro los derechos conquistados”

Delfina, una mujer argentina, que marcha en Madrid, tiene claro que la ultraderecha “pone en peligro los derechos conquistados” y anima a salir a las calles para que esa ola reaccionaria internacional no avance.

Gema, de 23 años, también advierte de los mensajes antifeministas de la ultraderecha “están calando especialmente en los jóvenes. “Cuando predominan en las redes sociales los discursos individualistas, es mal difícil crear espacios colectivos de lucha. Algo estamos haciendo mal”, sostiene. Además, asegura que hay que seguir saliendo a la calle para defender los derechos conseguidos y porque son las mujeres quienes principalmente sufren las violencias machistas, no solo la física, sino también la psicológica, la brecha salarial o la falta de corresponsabilidad de los cuidados. “Somos nosotras las que sufrimos las violencias machistas mientras la justicia no llega desde las instituciones”.

*Informa María García Arenales.

Redondo, desde la manifestación de Valladolid: “La igualdad es pacifismo, por eso reivindicamos la paz y el ‘no a la guerra’”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a los jóvenes para que consideren que la igualdad “mola más” y “es más erótica” que la “imposición machista”, que ha pedido combatir con una mirada feminista internacional, dirigida a territorios como Irán, Afganistán y Ucrania.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada en Valladolid, Redondo ha recordado que esta jornada debe ser de celebración pero también de reivindicación, para defender a las mujeres que en Irán “están sufriendo la violencia de la guerra” después de haber padecido antes “con el régimen de los ayatolás”, o a las mujeres afganas que “están en esa cárcel” con todos sus derechos reprimidos.

Se ha acordado también de las ucranianas que “llevan 4 años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel” y a otras mujeres que en distintos puntos del planeta “siguen sufriendo la violencia y la el rechazo a sus derechos”.

En referencia a los jóvenes y las jóvenes, Redondo ha asegurado que deben salir del esquema planteado por el machismo: “Queremos especialmente decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, es mucho más importante, mola más, es más erótica la igualdad que la imposición machista, que consideren esa posibilidad”.

“El tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres también, por supuesto, y desde luego para las mujeres”, ha insistido Redondo, que ha apelado a “cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance”.

Redondo ha celebrado que las mujeres participen en estas marchas como muestra de que quieren “igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva”, a la que agregar la paz, porque “la igualdad es pacifismo y el feminismo es pacifista”. “Por eso hoy también desde este 8M reivindicamos la paz y el ‘no a la guerra’”, ha concluido.

*Información elaborada por EFE.

/espana/2026/03/08/dimite-la-concejala-del-pp-de-collado-villalba-tras-interrumpir-un-monologo-feminista-por-considerarlo-una-falta-de-respeto/

“Las medidas institucionales siguen siendo insuficientes”

Lucía, de 31 años, ha acudido a la marcha de la capital junto a sus amigas porque “aún hay muchas desigualdades que forman parte de la vida cotidiana” y cree que hay que “salir juntas a la calle para recordarlo” y pedir que esta realidad cambie. Cerca de ellas, también se manifestaba otro grupo de chicas jóvenes que se han mostrado especialmente indignadas con la persistencia de la violencia contra las mujeres.

“Las medidas institucionales siguen siendo insuficientes para prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas y, teniendo en cuenta que en lo que llevamos de año ya hay 10 mujeres asesinadas, debería haber más recursos y más medios para tratar de evitarlo”, dice Almudena, una trabajadora social de 27 años.

Victoria, una joven que ha acudido a la marcha junto a su familia, también reclama una igualdad real y denuncia la brecha salarial que “sigue afectando a las mujeres aunque mucha gente crea que no existe”.

*Informa María García Arenales.

“Tocan a una, tocan a todas”: la manifestación del 8M empieza en Madrid

Miles de personas de todas las edades han salido a marchar en este Día Internacional de la Mujer para defender los derechos conquistados, como el aborto, y evitar los intentos de restringirlos o eliminarlos. Con cánticos como “Tocan a una, tocan a todas”, “Aquí estamos las feministas” o “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, la manifestación multitudinaria del 8M ha arrancado pasadas las 12 en Madrid para exigir una “igualdad real”, el fin de la violencia machista y plantar cara al auge de la ultraderecha.

La marcha en Madrid, que se ha dividido ya por quinto año consecutivo, evidenciando la brecha que atraviesa el movimiento en torno a cuestiones como los derechos de las personas trans o la prostitución, realizará paradas en diferentes puntos dedicadas a Palestina y el antimilitarismo, al antirracismo y la regularización de personas extranjeras, a los derechos sexuales y reproductivos.

*Informa María García Arenales.

Arrancan las primeras manifestaciones del 8M en España

Las primeras manifestaciones han empezado en la mayoría de las ciudades de España. Desde Bilbao hasta Cádiz, pasando por Madrid, las mujeres ya marchan por las calles para gritar contra la violencia de género —que ya se ha llevado la vida de 10 mujeres en lo que llevamos de 2026—, para pedir la igualdad real y para clamar contra la guerra.

/espana/2026/03/08/el-numero-de-mujeres-en-las-fuerzas-armadas-de-espana-crece-hasta-el-134-de-los-militares-pero-entre-los-227-generales-solo-hay-11/

Feijóo: “Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado un “feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país“, en un mensaje publicado a través de su cuenta de X en el que afirma que “con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor”. “En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad”, apunta.

Su felicitación va acompañada de un video que trata de la reina María Isabel de Braganza, que alentó y auspició la creación del Museo del Prado, y de Isabel de Farnesio, que como coleccionista y mecenas, engrandeció la colección real del museo. También menciona a Noelia García Pérez, comisaria de la exposición que rinde homenaje a las dos figuras históricas.

/espana/2026/03/08/la-brecha-de-genero-tambien-afecta-a-la-confianza-por-que-las-mujeres-dicen-no-lo-se-mas-a-menudo-aunque-sepan-la-respuesta/

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Sánchez, por el feminismo este 8M: “No permitiremos que el odio sustituya a los derechos”

A través de su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no permitirá que “el odio sustituya a los derechos” y no se normalizará “la desigualdad”. Por eso, llama a “no dar un paso atrás” en los avances conseguidos en igualdad, que “no son fruto de la casualidad”, sino del “esfuerzo y empuje del movimiento feminista” a lo largo de las últimas décadas".

“En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad”, ha insistido. Al mensaje le acompaña un video en el que expresa su agradecimiento a las mujeres que abrieron camino cuando “nada era fácil”, a las que “sostienen el país cada día” y a las jóvenes “que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás”.

A cuatro años del límite fijado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que existen retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva en México, a pesar de los avances, como la llegada de la primera presidenta.

Según información de ONU Mujeres México, este 8 de marzo, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la ONU demanda medidas concretas para que la igualdad ante la ley sea una realidad.

De acuerdo con ONU Mujeres México, las mujeres y niñas cuentan en promedio con solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres. Con el ritmo actual, cerrar esa brecha tomaría hasta tres siglos.

Resaltó que la elección de la primera presidenta de México marca, según ONU Mujeres México, “un antes y un después en la defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el país”.

A esto se suma que se ha mejorado la paridad de género en los poderes legislativos federal y local, y 13 estados tienen gobernadoras, casi el doble que en 2018.

El organismo resalta reformas legales e institucionales recientes, como la tipificación de la violencia digital y política por razón de género, el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva y salarial, y el derecho a una vida libre de violencia.

Subraya la creación de la Secretaría de las Mujeres y la apertura de los Centros LIBRE, con 678 sedes en 2025 y apoyo de las 32 entidades federativas.

En 2025, Ciudad de México fue sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se adoptó el Compromiso de Tlatelolco, que impulsa una década de acción para acelerar la igualdad sustantiva y avanzar hacia una sociedad del cuidado como pilar del desarrollo sostenible y la paz.

A pesar de los avances, la ONU señala que solo el 13.1% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual por parte de su pareja denunció ante una autoridad.

Las principales razones para no denunciar son el miedo, la estigmatización, la revictimización, el desconocimiento de los mecanismos, la desconfianza institucional y la impunidad.

Para superar estas barreras, ONU Mujeres México subraya que las instituciones de procuración e impartición de justicia deben actuar de forma articulada, con procesos accesibles y alineados con los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad.

La ONU hace un llamado a gobiernos, parlamentos, poder judicial, fiscalías, sector privado, academia, medios, sociedad civil y sindicatos a invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad, fortalecer la aplicación de leyes existentes e impulsar políticas basadas en evidencia para cerrar brechas.

“El acceso a la justicia es un pilar del desarrollo sostenible. Los avances muestran que el cambio es posible; el desafío es asegurar que los marcos legales se traduzcan en protección efectiva y que los sistemas de justicia garanticen igualdad real para todas las mujeres y niñas sin distinción”, concluye ONU Mujeres México.

El lunes de la semana que viene, 9 de marzo, comienza el juicio contra los ocho hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a una joven turista de origen británico que se encontraba inconsciente en un hotel de Magaluf, en Calvià (Mallorca). Los hechos, ocurridos en el año 2023, fueron grabados y difundidos a través de una aplicación que permite que las imágenes se autodestruyan a los segundos.

Según defiende la Fiscalía, el suceso se produjo el 14 de agosto de 2023. Seis de los acusados se dirigieron junto a la joven británica —que se encontraba en un estado de semiinconsciencia por el consumo elevado de alcohol— a la habitación de hotel en la que se hospedaba el séptimo de los procesados, que ya estaba en compañía del octavo.

Allí, según relató la joven cuando denunció los abusos a su regreso al Reino Unido y pudo observarse en las imágenes grabadas, los acusados habrían agredido sexualmente a la víctima, mientras proferían insultos y expresiones denigrantes contra ella.

Tras la denuncia, entre los días 15 y 18 de agosto se dictó prisión provisional para los ocho presuntos autores de la violación grupal, siete de los cuales son de origen francés y otro, suizo. Desde entonces, los acusados permanecen en el centro penitenciario a la espera del juicio, que tendrá lugar la semana que viene. Según la agencia EFE, está previsto que se celebre los días 9, 11, 12 y 13 de marzo.

Los acusados grabaron y difundieron la presunta violación

Según el escrito de la Fiscalía, aprovechando su estado de semiinconsciencia —en un momento llegó a quedarse totalmente inconsciente—, los acusados desnudaron y agredieron sexualmente a la víctima pese a saber que no contaban con su consentimiento.

La turista británica, según el ministerio público, sufrió tocamientos, tratos vejatorios, actitudes burlescas, penetraciones orales e introducción de partes del cuerpo en sus genitales. Durante los hechos, los detenidos habrían insultados y proferido expresiones denigrantes contra ella.

Todo esto quedó registrado en vídeo, ya que los propios presuntos agresores grabaron con sus teléfonos móviles los hechos. Estas imágenes fueron compartidas a través de una red social.

La víctima, a consecuencia de lo sucedido, habría sufrido dos hematomas en el brazo izquierdo y un pequeño corte en la parte del pecho. Estas heridas, sin embargo, según la Fiscalía, no precisaron de asistencia médica.

La Fiscalía pide 151 años de prisión

La acusación reclama un total de 151 años de prisión para los ocho acusados (entre 18 y 20 años para cada uno de ellos), así como una indemnización de 100.000 euros para la víctima. Los procesados se sentarán en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia de Baleares por presuntos delitos de agresión sexual, contra la intimidad por la grabación y difusión de los vídeos y de maltrato.

Uno de los acusados se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por delitos de agresión sexual y contra la intimidad. También una multa de 1.200 euros por un delito de maltrato de obra —agresión física de una persona sin causarle lesiones que requieran asistencia médica—.

A otros cuatro la Fiscalía los señala como responsables agresión sexual, un delito contra la intimidad y maltrato de obra. Por ello, se solicita 19 años de cárcel y multas de 15.600 euros.

El sexto acusado se enfrenta a 19 años de prisión por agresión sexual y contra la intimidad, mientras que los dos restantes a 18 por los mismos delitos, así como una multa de 14.400 euros.

El movimiento feminista vuelve este 8 de marzo a las calles con diferentes manifestaciones en todo el país para levantar la voz y decir basta a las desigualdades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además de denunciar la violencia machista, que en lo que va de 2026 ya se ha cobrado la vida de 10 mujeres, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003, este domingo también reivindicarán el fin de la brecha salarial y que haya un reconocimiento real del trabajo de cuidados, tantas veces invisible. La protesta también pone el foco en la violencia sexual, el miedo a caminar solas, la pérdida de derechos o los límites que aún impiden a las mujeres alcanzar puestos de decisión en la política, la empresa o las instituciones.

En el caso de la Comisión 8M, organizadora de las principales protestas, ha convocado a su marcha bajo el lema ‘Feministas antifascistas. Somos más en todas partes’ y con el objetivo de combatir el auge de discursos de extrema derecha y la normalización de la violencia de género y el racismo.

“Este 8M llamamos a reconocernos en una resistencia común, porque incluso quienes no se definen como feministas o antifascistas forman parte de una sociedad cansada e indignada ante estas derivas globales”, explica a Infobae Cecilia Cienfuegos, portavoz de la Comisión 8M.

El colectivo subraya que el feminismo es una respuesta colectiva frente al avance de fuerzas políticas que sitúan a mujeres, disidencias y personas racializadas en el centro de sus ataques. “El fascismo busca justificar la explotación de quienes sostienen la vida y legitimar el privilegio de unos pocos”, añade Cienfuegos, quien advierte que la criminalización de estos grupos facilita el recorte de derechos y agrava la desigualdad.

La convocatoria de este año busca, por tanto, visibilizar esa resistencia y sumar a todas las personas indignadas ante la escalada de violencia y la pérdida de derechos sociales. “No solo las feministas, sino también quienes rechazan la explotación y el expolio global”, indican las organizadoras, que destacan el papel fundamental de las mujeres para frenar el avance de la ultraderecha en todo el mundo, aunque advierten que esa labor queda a menudo invisibilizada.

La Comisión 8M también apunta a la persistencia de la violencia machista como una de las razones principales de la protesta, pues “sigue matando cada día a mujeres, niñas y disidencias en todas las capas de la sociedad”, señalan. A a este motivo, se suman la denuncia del racismo institucional y la solidaridad internacional con otros territorios afectados por conflictos o represión, como Palestina, Kurdistán, Sudán, el Congo y Minneapolis en Estados Unidos.

La marcha también servirá para exigir la protección de derechos laborales, la atención a colectivos vulnerables y la crítica a políticas públicas que, según las organizadoras, instrumentalizan el feminismo. “Nos movilizamos para rechazar la imposición de requisitos ideológicos [por parte del Ministerio de Igualdad] a las asociaciones que luchan contra la violencia y para reclamar políticas que estén a la altura de la dimensión del problema”, sostienen. Y es que una treintena de entidades feministas y en contra de la abolición de la prostitución han acusado al departamento que dirige Ana Redondo de querer imponer “por motivos ideológicos” criterios para acceder a las ayudas que les excluyen, como la de asumir que la prostitución es violencia contra las mujeres.

Por su parte, Igualdad ha rechazado que los nuevos criterios para optar a subvenciones supongan una “imposición ideológica” y defiende que la redacción de la orden de las bases reguladoras de las ayudas es “jurídicamente sólida” y “adecuada para garantizar la eficacia, coherencia y legitimidad de la política pública” definida por el Gobierno, según informa la agencia EFE.

La manifestación del domingo convocada por la Comisión 8M arrancará en Atocha, pasando por el paseo del Prado, Cibeles y la calle Alcalá para termianr finalmente en el metro de Sevilla. El colectivo también realizará un “tardeo feminista” tras la protesta, con el objetivo de “ocupar colectivamente el centro de la ciudad”. El evento, según han detallado, contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

Movimiento Feminista de Madrid

Por otro lado, el Movimiento Feminista de Madrid también marchará el próximo 8M y lo hará bajo el lema ‘Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista’ y el sublema ‘Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas’, recorriendo las calles de la capital en una manifestación en la que clamará por un feminismo internacionalista. La marcha saldrá a las 12:00 de Cibeles y finalizará en Plaza de España, según informa Europa Press.

Las feministas abolicionistas también se concentrarán contra “todas las formas del velado de las mujeres”, que, a juicio del movimiento, son “manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad”.

El colectivo también llama a la sociedad a posicionarse contra el avance de la ultraderecha, que niega la existencia de la violencia machista y “apuesta por desmantelar los sistemas públicos en favor de intereses privados”. Entre sus reivindicaciones, exigen la creación de un Sistema Público de Cuidados que libere a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de sostener la vida, la regularización de las mujeres migrantes para garantizar derechos a quienes trabajan en condiciones precarias, y la abolición “de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora”.

Esta situación ha provocado que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explica.

Su testimonio llega después de unos meses marcados por las sucesivas denuncias de acoso “muy graves” que han realizado otras mujeres en el ámbito de la política o el entorno policial. “La verdad es que no me he atrevido a contar [esta situación] hasta ahora”.

Maestre denuncia la publicación de su dirección en anuncios sexuales

Maestre señala que esta situación comenzó hace aproximadamente un año, cuando empezaron a aparecer “hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche”: “Las primeras veces yo no abro porque pienso o porque quiero pensar que se trata de un error”, explica.

Sin embargo, cuando esta escena se siguió repitiendo tres o cuatro veces más, “uno de estos tipos sube desde el portal hasta la puerta de mi casa y empieza a llamar al timbre y a darle a la puerta diciendo: ‘Rita, ábreme la puerta’”. Cuando la portavoz de Más Madrid le preguntó que quién era y cómo sabía dónde vivía, él le respondía que “ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram”.

Fue en ese momento cuando la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid decidió acudir a la policía para interponer una denuncia. Tras semanas de investigación, Maestre relata que los agentes le indicaron que su dirección se encontraba en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

La política ha expresado que siente “miedo”, “repugnancia” y “la sensación de invasión de la intimidad” porque “hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”. “Es una forma de decir: ‘Sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día”.

Esta sensación de inseguridad se acrecienta, según explica la propia Maestre, por el hecho de que tiene dos hijas pequeñas: “Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras las estoy bañando, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al tiempo o aporrear la puerta de mi casa”.

“Esto no me pasaría si yo no fuera mujer”

El pasado martes, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

En ocasiones, este acoso a través de Internet se traslada al entorno físico, como ha sido el caso de Maestre, que ha denunciado “la sensación de impunidad que da el anonimato de las redes sociales”: “La violencia digital es esto, son perfiles anónimos organizados que se creen impunes para acosar”.

La portavoz de Más Madrid, además, ha defendido que esta situación “no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista”: “A los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, a todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir”, ha señalado. “No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes, mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final”.

“Cuenta con todo el apoyo y ayuda del Gobierno Municipal”

En una rueda posterior a la Junta de Gobierno que ha tenido lugar este jueves, Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, ha condenado el acoso que ha denunciado Maestre. “Por supuesto que cuenta con todo el apoyo, todo el respaldo y toda la ayuda desde el equipo de Gobierno Municipal y, por supuesto, en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid para incrementar si fuera necesario esa protección”, ha señalado. Así, ha transmitido “el apoyo, la repulsa total y absoluta a la situación que está sufriendo”.

La denuncia de Nevenka Fernández en 2001 contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en España al lograr la primera condena de este tipo contra un político. Con su valentía, Nevenka desafió a una cultura que no daba espacio a las víctimas y modificó esa mirada colectiva hacia los poderosos, pero también se quedó sola, y esa falta de apoyo y la presión mediática la llevaron a abandonar el país. En ese momento, se organizaron en la localidad leonesa manifestaciones en apoyo al agresor, quien nunca reconoció los hechos pese a la sentencia en su contra.

En la actualidad, tras más de dos décadas de avances legales y sociales en igualdad y protección institucional, la realidad es bien distinta y ahora resulta difícil imaginar una reacción social tan hostil hacia la víctima. Sin embargo, el aumento de denuncias de acoso sexual en el ámbito político y en la Policía Nacional en este último tiempo muestra que el silencio y la complicidad todavía ofrecen refugio al acoso en las esferas de poder y que aún queda mucho por hacer para garantizar entornos laborales seguros para las mujeres, según explican las expertas consultadas por Infobae España.

“La mayor diferencia respecto al caso de Nevenka es el cambio que ha habido en la percepción de estas denuncias por parte de la sociedad, porque ahora se escucha a las víctimas. En ese sentido, los movimientos Me Too y Yo Sí Te Creo han hecho una gran labor por cambiar parte de la mentalidad que se tiene“, afirma Silvia Díaz Fernández, investigadora del CSIC especializada en violencia de género. Aun así, la palabra de las mujeres sigue cuestionándose con rapidez, advierte, especialmente cuando no encajan en el estereotipo de “víctima perfecta”.

“Si una mujer no actúa como se espera tras denunciar violencia sexual, su testimonio vuelve a ponerse en duda, aunque ahora existe una mayor disposición a escuchar a las víctimas, algo que hace 25 años no ocurría”, insiste.

Las últimas investigaciones, que afectan a políticos como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, Manuel Bautista, alcalde de Móstoles (PP), y Francisco Salazar, exdirigente socialista, y a altos mandos policiales como el exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González, y el comisario Emilio de la Calle, ponen de manifiesto la persistencia de entornos laborales “extremadamente masculinizados” donde las conductas informales generan espacios inseguros para las mujeres, destaca Díaz Fernández. Y es que a pesar de que hay una mayor representación femenina, a menudo en estos entornos “la violencia sexual y el acoso permanecen ocultos”.

En esa misma línea, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, sostiene que estos últimos casos reflejan un ejercicio de poder patriarcal que exige sumisión a las mujeres. “Está completamente normalizada la cosificación de las mujeres y usar ese poder para abusar de ellas”, señala. Si bien reconoce avances en igualdad formal y derechos, advierte que la igualdad real todavía está lejos de alcanzarse. Besteiro también apunta que la complicidad entre hombres facilita la protección mutua y limita la efectividad de los mecanismos de denuncia.

Díaz Fernández coincide en la existencia de una normalización de conductas violentas e intimidatorias que “no deberían tener cabida en ningún entorno” y, en ese sentido, destaca que las generaciones más jóvenes muestran mayor claridad sobre los límites y la aceptación de ciertos comportamientos.

Ridiculizar a la víctima

En la actualidad, añade la investigadora del CIS, cuando una víctima denuncia violencia sexual contra una figura pública, como en el caso de la actriz Elisa Mouilaá con Íñigo Errejón, suele enfrentarse al escrutinio social y a intentos de ridiculización, más aún cuando no cumple con esa condición de “víctima perfecta”. “Ahora dejamos un margen más amplio para escuchar a las mujeres respecto a hace 25 años, pero el margen de creerlas, apoyarlas y acompañarlas sigue estando muy limitado”.

También recuerda que en muchos casos de violencia sexual suele predominar una visión individualizada, atribuyéndolos a circunstancias personales del agresor, como problemas personales, divorcios conflictivos o situaciones de estrés, lo que desvía el foco del carácter estructural del problema. En lugar de analizar estas conductas como parte de una dinámica opresiva, se tiende a justificar al agresor, “perpetuando un entorno que permite que estos comportamientos persistan”.

Ninguna de las expertas consultadas duda de que surgirán nuevas denuncias de acoso sexual y laboral en la política y las fuerzas de seguridad del Estado, ya que “el poder patriarcal sigue existiendo”. Aun así, coinciden en que cada testimonio, como lo fue el de Nevenka hace más de dos décadas, impulsa la transformación social. El reto, concluyen, ya no consistirá únicamente en escuchar a las víctimas, sino en modificar de manera profunda los entornos donde el abuso permanece encubierto y se acepta como parte de la cultura institucional.

El Ministerio de Igualdad ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres. El estudio, titulado La igualdad en el espacio digital es una condición indispensable para la calidad democrática, revela que siete de cada diez denuncias recibidas en canales especializados corresponden a agresiones en el entorno digital. Esta violencia afecta sobre todo a mujeres con presencia pública, como políticas, periodistas y activistas, que suelen recibir ataques de carácter sexista enfocados en su aspecto físico antes que en sus opiniones.

El objetivo de estos ataques, sostiene el informe, es silenciar y apartar a las mujeres del espacio digital, lo que limita la diversidad de voces en el debate público y debilita la calidad democrática. También indica que el 80% de las mujeres jóvenes, de entre 16 y 24 años, en España ha sufrido acoso en redes sociales.

Para hacer frente a esta situación, desde el ministerio que dirige Ana Redondo proponen reforzar la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, regular el funcionamiento de las plataformas digitales y apostar por la educación como herramienta de prevención. Según la ONU, se considera violencia digital cualquier acto cometido, asistido o amplicifcado por TICs que causa daños físicos, sexuales, psicológicos o políticos.

Otro de los datos relevantes del informe indica que esa violencia procede, en buena medida, de la “manosfera”, ese ecosistema internacional de comunidades digitales donde se organiza y refuerza la misoginia, y que en España está formado por diferentes subgrupos, como los llamados “hombres que siguen su propio camino” (MGTOW, por sus siglas en inglés), los “incels” (célibes involuntarios), Forocoches o influencers antifeministas, entre otros. Algunas de estas comunidades sostienen posiciones críticas frente al feminismo y a las transformaciones en los roles de género, y en varios casos se han asociado con la difusión de mensajes de odio y teorías conspirativas.

El papel de las tecnológicas

El informe de Igualdad también señala que las empresas tecnológicas desempeñan un papel clave en la violencia digital, ya que sus algoritmos “priorizan contenidos polarizantes y carecen de transparencia” en el manejo de la información, lo que facilita la difusión de discursos de odio y dificulta la protección de las víctimas. El ministerio subraya que la violencia digital es una forma de violencia de género y alerta sobre sus efectos, como el abandono del entorno digital por miedo, la reducción del debate, la menor participación de las mujeres y el riesgo de violencia física.

Por ello, Igualdad reclama a las tecnológicas mayor responsabilidad sobre los contenidos que amplifican, transparencia en sus algoritmos mediante auditorías, verificación obligatoria de edad para proteger a menores y la eliminación ágil de contenidos perjudiciales.

El Gobierno también ha emitido este martes una declaración institucional por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que reafirma su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de la violencia de género y la garantía de la autonomía femenina. El texto reconoce que la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto global y que las desigualdades persisten.

La demanda a su exmarido, su fortaleza durante el juicio por el caso Mazan y la narración de su testimonio en ‘Un himno a la vida’ han convertido a Gisèle Pelicot en una referente internacional del feminismo. Tras haber revelado pública y judicialmente que fue víctima de violencia sexual durante una década, la francesa de 73 años ha pasado por Madrid para presentar sus memorias, en un acto que ha reunido a decenas de personas y donde ha mantenido una conversación con la periodista Montserrat Domínguez.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Instituto Francés de Madrid, Gisèle ha reiterado el objetivo por el que decidió publicar el libro: es “un mensaje de esperanza a todas las mujeres que sufren”. Así, el relato parte de aquella mañana de noviembre de 2020 cuando acudió a la comisaría después de la detención de su entonces marido, Dominique Pelicot, quien fue sorprendido grabando a mujeres en un supermercado.

Esa acción desencadenó una investigación que destapó una red de abusos y agresiones sexuales que la escritora había padecido durante años. Con ello, se dio cuenta de que había sido víctima de sumisión química y de que era su marido el que organizaba los encuentros con terceras personas. En total, se juzgó a 50 hombres por el caso Mazan. Pero este proceso no solo le ha afectado a ella, sino que ha sido un “terremoto familiar” que ha dejado secuelas profundas en sus hijos. “Yo elegí a mi marido, pero ellos no han elegido a sus padres”, ha declarado.

“Jamás pensé que mis palabras pudieran tener este eco”

Pese a que todo su entorno desarrolló una oleada de odio y rencor hacia Dominique, la francesa ha expresado que no pudo: “Pensaba que si reaccionaba como ellos me iba a hundir; yo tenía que ser sólida, mantenerme en pie”, ha detallado. Aun así, en el acto donde la actriz Blanca Portillo (voz del audiolibro) ha leído fragmentos de la obra, Gisèle ha asegurado: “Soy una mujer fuerte, me he reinventado”.

Del mismo modo se ha sincerado y ha explicado que “jamás pensé que mis palabras pudieran tener este eco”. En este sentido, la escritora ha recordado el momento en que decidió renunciar al anonimato y pedir que el juicio se celebrara a puertas abiertas. “La vergüenza debe cambiar de bando”, ha asegurado.

Gisèle sobre su exmarido: “Un ser humano que ha cometido actos monstruosos”

Tras casarse a los 19 años con Dominique Pelicot y formar una familia, la francesa no detectó indicios de la doble vida de su marido. “Tenía una cara A, normal, la de padre de familia, la que mostraba a sus amigos y una cara B donde afloraba esa perversión, sus fantasmas y sus deseos de someter a su mujer mediante sumisión química”, ha relatado en el teatro madrileño.

Asimismo, la autora ha añadido que “la mayor parte de los perversos narcisistas se comportan de ese modo, tienen una forma de manipular que hace que no te des cuenta”. Sin embargo, no lo define como “un monstruo”, sino que es “un ser humano que ha cometido actos monstruosos”. Y es que, recordemos que su expareja la vio sufrir pérdidas de memoria y problemas de salud durante una década, mientras ella temía padecer una enfermedad similar a la que sufrió su madre.

Además, la autora ha revelado que aún no ha tenido contacto directo con él desde la sentencia, pero tiene previsto visitarlo próximamente en la cárcel. “Hoy soy una mujer fuerte, me he reinventado, no encontrará a la misma persona, él estará en una posición de debilidad, y quiero preguntarle por qué esa traición, ese mal, esas fotos de su hija”, ha manifestado. Sin duda, lo que más le ha dolido ha sido ver cómo sufrían sus hijos. Por eso mismo, Gisele ha decidido mantener el apellido de su exmarido, “por ellos, por sus hijos”, ya que esta sería una manera de “reequilibrar las cosas, he dado la vuelta a la situación”.

Pero ahora “solo quiero hablar de alegría y de esperanza”

Durante la presentación en Madrid, la francesa de 73 años también ha asegurado que el proceso de escritura ha tenido un efecto terapéutico, ya que ha aprendido a convivir con la soledad tras el escándalo judicial. “Descubrí la soledad cuando le detuvieron, después me retiré en la isla de Re -donde vive- y aprendí a conocerme; la soledad me permitió reflexionar y descubrir recursos que no imaginaba, se ha convertido en una amiga cómplice que me ha ayudado”, ha afirmado, según ha recogido EFE.

No obstante, en este momento de su vida, Gisele ha indicado que “solo quiero hablar de alegría y de esperanza”. Su mensaje de resiliencia ha sido ovacionado en el acto, donde el público la ha recibido de pie. Su presencia en Madrid se alargará unos días más y podremos ver cómo es recibida en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le impondrá la encomienda de la orden del mérito civil, en reconocimiento a su papel como icono feminista internacional y su contribución a la visibilidad de las víctimas de violencia sexual.

Las opiniones de los jóvenes sobre igualdad de género no se reducen a extremos opuestos, sino que muestran una amplia gama de matices en un escenario marcado por discursos contradictorios y polarización. Así lo refleja el informe Más allá del compromiso y la reacción: Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud en España, presentado esta semana por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que revela que más de siete de cada diez jóvenes respaldan los principios básicos de la igualdad, y que la mayoría se sitúa en posiciones abiertas o favorables a este valor.

El informe, que combina encuestas, entrevistas y propuestas de especialistas, identifica cuatro perfiles según su percepción sobre la igualdad de género, feminista, igualitario, tradicional y distante, pero el CJE aclara que no se trata de etiquetas fijas, ya que muchos jóvenes expresan dudas, inquietudes y posturas cambiantes. “Las personas jóvenes no están en posiciones extremas, sino en una escala de grises donde predominan actitudes favorables o abiertas a la igualdad”, explica Pilar Blasco, responsable de incidencia política, comunicación y feminismos del CJE.

Más que la edad, son factores como el género, la ideología y la formación los que marcan las diferencias entre los jóvenes, de forma que el estudio desmonta el mito de una juventud uniforme y destaca la importancia de analizar las causas que moldean cada postura. “Cuando abordamos el cómo ha llegado cada persona joven a su postura, es necesario tratarlo como una cuestión de corresponsabilidad, apuntando no sólo al dato, sino también los porqués y las causas. Solo así podremos proponer las soluciones adecuadas con los agentes implicados”, añade Blasco.

El informe destaca que más del 30% de los jóvenes muestran un alto compromiso con causas asociadas al feminismo, como la lucha contra la desigualdad estructural, los derechos LGBTIQ+, la autodeterminación de género, el derecho al aborto o el uso del lenguaje inclusivo. Este grupo, mayoritariamente formado por mujeres, considera la violencia de género uno de los principales problemas sociales.

El perfil más numeroso es el igualitario, que supera el 40%. Se trata de jóvenes preocupados por la discriminación y la violencia sexual, aunque mantienen ciertas reservas ante demandas del feminismo actual. Para los autores del informe, este grupo representa un espacio clave para el diálogo y la consolidación de una sociedad igualitaria.

Las posturas contrarias a la igualdad resultan minoritarias. El perfil tradicional, con un 17,2%, se concentra entre hombres jóvenes y posturas conservadoras. El CJE señala la importancia de no estigmatizar a este grupo y de analizar las causas que están detrás de estas posiciones, para poder diseñar políticas eficaces.

El papel de las redes sociales y la educación

El informe también explora cómo influyen los hábitos digitales en la construcción de opiniones. El uso de YouTube se asocia con actitudes más distantes respecto a la igualdad de género y la diversidad sexual, mientras que entre quienes muestran posturas feministas destaca el uso de TikTok. Esta diferencia evidencia la necesidad de fomentar una alfabetización digital con perspectiva de género y de regular los algoritmos que pueden amplificar discursos de odio o desinformación.

Las especialistas consultadas coinciden en la importancia de ir más allá de talleres puntuales y crear espacios de formación sostenidos, donde los jóvenes puedan reflexionar y debatir sin miedo a ser juzgados. También subrayan el valor de abordar la igualdad de forma transversal, desde el empleo juvenil hasta la salud mental, la vivienda, la educación afectivo-sexual, el deporte y los entornos digitales.

“Simplificar el debate es contraproducente”

Entre las principales propuestas del Consejo de la Juventud de España figuran la creación de itinerarios formativos continuados en igualdad, la implicación de toda la comunidad educativa en planes de igualdad adaptados a cada etapa y una mayor inversión en investigación sobre juventud e igualdad. Además, piden una regulación efectiva que proteja a jóvenes de la violencia online y la participación real de las organizaciones juveniles en el diseño de las políticas públicas.

El informe concluye que simplificar el debate sobre la igualdad en clave generacional distorsiona la realidad y dificulta la construcción de políticas eficaces. “Se está construyendo un relato que señala a la juventud como responsable del retroceso en igualdad, algo que, además de injusto, es profundamente contraproducente”, concluye Pilar Blasco.

En México, marzo se ha posicionado como uno de los periodos en que más se impulsa el combate a la violencia de género, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que incluye las marchas del 8M.

Sin embargo, durante los últimos seis años se ha consolidado también como el mes más peligroso para las defensoras de derechos humanos en México y Mesoamérica, según un informe del colectivo IM-Defensoras.

Entre 2020 y 2025, la organización documentó 5 mil 672 agresiones dirigidas contra 907 defensoras y 65 organizaciones en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, cifra que representa el 13% del total de ataques registrados en ese lapso.

El colectivo denunció que cerca del 41% de las agresiones perpetradas en marzo ocurrieron en el ámbito digital, lo que evidencia la creciente exposición de las activistas a la violencia tanto física como virtual.

Este fenómeno se vincula con la visibilidad que adquieren las luchas de las mujeres durante el llamado “mes de las mujeres”, en torno al Día Internacional de la Mujer (8M).

Las formas más frecuentes de ataques contra defensoras en marzo corresponden a hechos que comprometen su integridad personal, como la violencia física, verbal y psicológica, y el uso excesivo de la fuerza, que en conjunto suman el 32% del total.

Además, el informe destaca que el 13% de las agresiones busca limitar el derecho a la reunión y a la libertad de expresión. En Nicaragua, la represión estatal y el exilio han impedido que las defensoras puedan marchar el 8 de marzo durante ocho años consecutivos.

El contexto de marzo de 2026 está marcado por el avance de fuerzas de extrema derecha y narrativas misóginas y antiderechos, difundidas ampliamente a través de medios digitales, comunicación oficial y redes sociales.

A esto se suma, según la organización, el inicio de un nuevo ciclo de políticas intervencionistas impulsadas por Estados Unidos, que profundizan la explotación de territorios y recursos naturales en la región, afectando especialmente a comunidades y pueblos de Abya Yala.

El colectivo advierte sobre la normalización de la impunidad ante hechos de violencia extrema, como el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza y la trama del caso Epstein, que involucra redes internacionales de violencia sexual y explotación de mujeres y niñas, muchas provenientes de países de la región.

Estas dinámicas envían el mensaje de que existen cuerpos desechables y explotables marcados por género, origen, color de piel o clase social.

De acuerdo con IM-Defensoras, el impacto de estos procesos globales repercute de manera directa en los países mesoamericanos, donde se observa un recrudecimiento de la violencia, la precarización de la vida y un aumento de migraciones y desplazamientos forzados que afectan particularmente a las mujeres.

La organización sostiene que quienes defienden derechos humanos quedan más expuestas porque cuestionan las estructuras de poder y desigualdad.

El informe detalla que en tres de cada cinco agresiones registradas en marzo se identificó un componente explícito de violencia de género, que incluye mensajes misóginos, campañas de difamación sobre la sexualidad o identidad de las defensoras, amenazas sexualizadas y discursos disciplinarios orientados a castigar la desobediencia al mandato patriarcal.

Ante este panorama, IM-Defensoras subraya la importancia de que las voces de mujeres y disidencias sexo-genéricas mantengan su presencia en las calles y el espacio digital, reivindicando el derecho a la protesta y la defensa de los derechos conquistados.

La organización anuncia que durante este mes se mantendrá alerta, documentando y denunciando las agresiones patriarcales contra defensoras, organizaciones y comunidades en la región mesoamericana.

El comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, ha presentado este miércoles su dimisión después de que ha trascendido que dos mujeres lo habían denunciado por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. La renuncia se ha producido a iniciativa del propio mando policial, que ha solicitado formalmente su baja al Ayuntamiento dirigido por Judith Piquet (PP), pese a que el Gobierno municipal se ha resistido hasta ahora a cesarlo a pesar de la gravedad de las acusaciones.

Moreno ha pedido además su traslado a la Policía Local de Torrejón de Ardoz, donde ya ha ocupado el mismo puesto antes de su llegada a Alcalá de Henares y municipio en el que habrían ocurrido los hechos denunciados. En su solicitud ha alegado “motivos estrictamente personales”. El excomisario conserva allí su plaza como funcionario, por lo que mientras no exista una sentencia condenatoria firme no puede ser apartado de manera definitiva del servicio.

La dimisión ha llegado pocos días después de que se han hecho públicas las denuncias presentadas el pasado enero, aunque la existencia de acusaciones contra Moreno ha sido conocida de forma extraoficial desde hacía más de un año. La alcaldesa ha defendido su continuidad al frente del cuerpo municipal al considerar que no correspondía adoptar medidas disciplinarias hasta que la justicia se pronuncie y al sostener que los hechos investigados no están relacionados con su etapa en Alcalá.

En un comunicado dirigido a la plantilla policial y al que ha tenido acceso El País, Moreno se ha despedido de los agentes agradeciendo su trabajo y su “lealtad institucional”. “Ha sido un verdadero honor y una gran responsabilidad dirigir este Cuerpo”, ha escrito el ya excomisario, que ha asegurado marcharse “con el orgullo de haber formado parte de esta institución y con la tranquilidad de saber que el Cuerpo queda en manos de grandes profesionales”.

El tono institucional del mensaje contrasta con la percepción que parte de la plantilla tiene de su mando. Moreno no cuenta con un respaldo amplio entre los agentes y personas de su entorno lo describen como un hombre “fanfarrón” y “persecutor”, tanto en el plano personal como en el profesional. Antes incluso de que se han conocido las denuncias por violencia doméstica y de género, su nombre ya ha estado vinculado a acusaciones de acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias.

Reacciones políticas y sindicales

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha evitado valorar la dimisión más allá de confirmar que Moreno ha solicitado el reingreso en Torrejón de Ardoz “para defender su plaza”. Un portavoz municipal se ha limitado a señalar que el Consistorio respeta la decisión del excomisario, después de haber sostenido durante días su permanencia en el cargo.

La oposición municipal ha interpretado la salida como el desenlace de una situación que consideran insostenible. El portavoz socialista, Javier Rodríguez, ha calificado la jornada como “un día grande” para la ciudad y ha sostenido que la dimisión ha sido consecuencia directa de la presión política. “Hemos forzado la dimisión de una persona investigada por la justicia por violencia de género, violencia doméstica y maltrato familiar”, ha afirmado.

Rodríguez ha acusado a la alcaldesa de haber resistido durante días antes de aceptar la salida del comisario y ha criticado que Moreno vaya a reincorporarse a Torrejón de Ardoz. “Lo siento por las personas de Torrejón, porque el PP de Alcalá de Henares les exporta un problema”, ha añadido. Desde el Ayuntamiento de esa localidad han señalado que acaban de conocer la noticia y que por el momento no realizarán ninguna valoración.

Más Madrid también ha considerado que la dimisión era necesaria, aunque ha lamentado que no se hubiera producido antes. La formación ha calificado la renuncia de “tardía, pero necesaria” y ha reprochado al Gobierno municipal de PP y Vox haber mantenido al comisario en el puesto pese a la gravedad de las acusaciones. A su juicio, el Ejecutivo local ha optado por defender “una situación insostenible que ha terminado cayendo por su propio peso” y ahora debe asumir responsabilidades políticas por haber sostenido a Moreno al frente del cuerpo.

Desde el ámbito sindical, el sindicato CPPM ha interpretado la salida como una solución personal para el comisario, pero no como una reparación institucional. La organización ha asegurado que se trata de “una salida honrosa para él a título personal, pero en ningún caso para la Policía Local de Alcalá de Henares”, y ha subrayado que el cuerpo municipal nunca ha estado bajo sospecha ni vinculado a los asuntos que afectan a su ya exresponsable.

David Alonso, policía municipal y secretario general de la sección sindical, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya adoptado antes una decisión más firme y ha criticado la “falta de contundencia” mostrada por la corporación. También ha reprochado la “equidistancia” mantenida por el Gobierno municipal, especialmente en un contexto en el que el consistorio participa en actos institucionales contra la violencia de género. El representante sindical ha trasladado además su apoyo a las agentes de la Policía Local de Torrejón de Ardoz que han denunciado a Moreno.

Las denuncias

Una de las denunciantes es una agente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz con la que Moreno ha mantenido una relación sentimental. En agosto de 2025 ha trascendido que la mujer lo ha citado a un acto de conciliación en los juzgados de Alcalá de Henares después de acusarlo de acoso sexual y laboral, injurias, calumnias y vejaciones, una comparecencia a la que el comisario no ha acudido.

El conflicto ha terminado derivando en una denuncia formal presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar a finales de enero. En esa denuncia ha figurado también una segunda presunta víctima.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados una revisión “extraordinaria” de los protocolos internos contra el acoso sexual y la violencia de género en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo ha hecho tras reconocer que los mecanismos actuales fallaron en el caso de la agente que ha presentado una querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. El ministro ha explicado que la Secretaría de Estado de Seguridad será la encargada de dirigir este proceso para analizar posibles carencias y corregirlas con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Grande-Marlaska comparecía ante la Comisión de Interior para informar sobre la implantación de las balizas V16, el dispositivo luminoso con geolocalización que desde el 1 de enero es obligatorio para señalizar vehículos averiados en carretera, pero la sesión estuvo marcada por las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la denuncia presentada contra el que hasta hace unos días era el máximo responsable uniformado de la Policía Nacional. “Es gravísimo y confío en que la justicia depure con toda firmeza las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión, si se concluye que así ha ocurrido”, ha afirmado durante su intervención.

El titular de Interior admitió que el caso evidencia fallos en los mecanismos existentes. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, señaló, al justificar la revisión extraordinaria. Según explicó, el objetivo es determinar por qué la agente decidió acudir directamente a los tribunales en lugar de activar los procedimientos internos disponibles en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Revisión de los protocolos internos

Grande-Marlaska subrayó que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con protocolos específicos frente al acoso sexual y la violencia de género que, según sostuvo, han demostrado su eficacia en otros casos y son objeto de actualizaciones periódicas. No obstante, calificó la situación actual de “extraordinaria” por la relevancia del cargo del denunciado y por la gravedad de los hechos investigados, lo que, a su juicio, hace necesaria una revisión más profunda.

El ministro explicó que la Secretaría de Estado de Seguridad analizará en detalle los procedimientos vigentes para detectar posibles deficiencias en la prevención, la denuncia y la protección de las víctimas en casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo o violencia de género dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La investigación interna pretende esclarecer qué ocurrió en este caso concreto y si existieron obstáculos que disuadieran a la denunciante de utilizar los canales oficiales.

En su intervención, el responsable de Interior insistió en que el ministerio actuó con rapidez cuando tuvo conocimiento de la denuncia contra el exDAO. Según afirmó, su departamento forzó la dimisión del comisario en menos de dos horas desde que se conocieron los hechos. Grande-Marlaska defendió esa actuación como una muestra de tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con los principios de las Fuerzas de Seguridad.

El ministro también rechazó las críticas que cuestionan el funcionamiento de la institución y advirtió de que no puede permitir que este episodio sea utilizado para “denigrar la reputación de la Policía Nacional”, en alusión a los reproches lanzados por algunos grupos parlamentarios que apuntaban a una supuesta impunidad de los altos mandos.

Presión de la oposición en el Congreso

La comparecencia estuvo marcada por un duro intercambio con los grupos de la oposición, que aprovecharon la sesión para exigir explicaciones y reclamar responsabilidades políticas. El diputado del Partido Popular Ángel Hernández calificó el caso como el “ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y acusó al ministro de no haber aclarado si conocía previamente la situación ni las razones que llevaron a mantener en el cargo a su colaborador.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro reprochó a Grande-Marlaska haber permitido que el director adjunto operativo continuara en activo tras la ampliación de su edad de servicio mediante un decreto, y le acusó de haber contribuido a “revictimizar” a la denunciante al situar sobre ella la presión de la continuidad del mando policial. El diputado sostuvo que el ministro debería haber dimitido por responsabilidad política.

También el representante de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, reclamó la dimisión del titular de Interior, al que acusó de “incompetencia” y de haber permitido un “vergonzoso escándalo” protagonizado por quien calificó como su protegido. Incluso desde Esquerra Republicana, socio parlamentario del Gobierno, el diputado Francesc-Marc Álvaro solicitó explicaciones detalladas sobre un caso que, según afirmó, ha generado consternación social y ha afectado a la reputación del Ministerio del Interior y a los mecanismos de control sobre los altos mandos policiales.

Desde la apertura de la Oficina para la Atención a las Mujeres: Orientación, Remisión y Seguimiento (AMORES), la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México ha desarrollado un modelo pionero que prioriza el enfoque de género y la atención personalizada. Más de 3 mil 700 solicitudes han sido atendidas desde el inicio de este servicio, consolidando a la Secretaría como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

Atención integral y cifras de violencia atendida

El trabajo de la Secretaría se refleja en los mil 911 casos de violencias que han recibido seguimiento puntual. La mayoría de estas solicitudes corresponde a episodios de violencia psicológica (1.071 casos), seguidos por violencia sexual (342 casos) y violencia física (153 casos).

Otras formas de agresión también han sido registradas y atendidas:

• Violencia feminicida: 123 atenciones.
• Violencia patrimonial: 103 solicitudes.
• Violencia vicaria: 90 casos.
• Violencia económica: 29 atenciones.

Cada caso se canaliza a través de rutas de trabajo adaptadas a las necesidades particulares de las usuarias, asegurando intervenciones directas y, en su caso, derivaciones a otras instancias gubernamentales, tanto federales como estatales. Las solicitudes que llegan desde la oficina de atención de la Presidencia de la República también son gestionadas bajo este esquema.

Modelo incluyente y especializado: AMORES

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria Citlalli Hernández Mora, la Oficina AMORES fue diseñada para diferenciarse de los métodos tradicionales de gestión social, integrando una atención universal y cálida. Este enfoque incluye a mujeres de distintas nacionalidades que viven en México y enfrentan situaciones de violencia, discriminación o desplazamiento, como argentinas, bolivianas, palestinas y hondureñas.

La atención que brinda la Secretaría es sensible a factores como:

• Origen étnico.
• Edad.
• Discapacidad.
• Orientación sexual.
• Identidad de género.

Este modelo incluyente busca asegurar que todas las mujeres, independientemente de su contexto, reciban apoyo oportuno y especializado.

Estrategias de capacitación y red nacional de apoyo

El personal de la Secretaría se mantiene en formación continua sobre medidas de protección, procesos legales civiles y familiares, así como en los procedimientos necesarios para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Más allá de la atención centralizada, la Secretaría extiende su cobertura a casi medio millón de mujeres a través de los 678 Centros LIBRE distribuidos por todo México. Además, la Línea de las Mujeres 079 opción 1 ofrece un canal accesible para resolver dudas y recibir solicitudes de atención.

La Secretaría de las Mujeres refuerza su compromiso con una vida libre de violencias, apostando por la autonomía femenina y la transformación de las estructuras institucionales para consolidar un entorno más seguro y equitativo.

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes ante la Guardia Civil al exdirector adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, por presuntos delitos de abuso de autoridad, coacciones y contra la integridad moral. La denuncia, presentada en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), abre un nuevo frente judicial para quien hasta la pasada semana ocupaba el máximo puesto operativo de la Policía Nacional y fue cesado tras conocerse la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual presentada por una subordinada.

Fuentes conocedoras de la denuncia han señalado a EFE que el comisario atribuye a González haberle presionado para que aceptara un destino determinado. Según su relato, los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando fue cesado de su responsabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha formalizado una semana después del cese del exDAO y en un momento de especial tensión en la cúpula policial.

El denunciante ha optado por presentar la denuncia ante la Guardia Civil, y no ante instancias policiales, con el objetivo de que los hechos sean investigados por un cuerpo distinto al que pertenecen tanto él como el denunciado, según las fuentes consultadas.

El comisario sostiene que fue coaccionado para aceptar el destino al que fue trasladado tras su cese. En su denuncia atribuye al entonces máximo responsable operativo del Cuerpo la responsabilidad de las presiones que, según su versión, sufrió en el proceso que culminó con su relevo en octubre de 2024.

De acuerdo con la información conocida, el mando había sido destinado como jefe de comisaría local en 2023. Durante su etapa al frente de esa responsabilidad elaboró informes en los que advertía de la evolución de la delincuencia y de las dificultades operativas existentes en su demarcación. Esa documentación habría sido remitida a comienzos de 2024 a la Jefatura Superior de Policía de Madrid sin que, según su relato, obtuviera respuesta.

El comisario, que actualmente se encuentra de baja médica, ha decidido denunciar los hechos después de la salida de González de la dirección adjunta operativa. Su identidad no ha trascendido públicamente y, según The Objective, ha optado por mantenerse en el anonimato por temor a posibles represalias.

Un nuevo frente para el exDAO

La denuncia se suma a la causa abierta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid tras la querella presentada por una funcionaria policial que acusa al exDAO de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas. La admisión a trámite de esa querella precipitó el cese de González como número dos de la Policía Nacional.

La acumulación de denuncias ha intensificado la crisis en la cúpula policial. La salida del ex director adjunto operativo se produjo la pasada semana y ha obligado al Ministerio del Interior a iniciar el proceso para designar a su sustituto.

Mientras se completa ese relevo, la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso, ha asumido de forma interina la dirección operativa del Cuerpo. El cargo de director adjunto operativo es el responsable de coordinar la actividad policial en todo el territorio nacional y constituye el principal puesto uniformado dentro de la estructura de mando de la Policía Nacional.