Nicolás Orbe de la O, identificado como sacerdote en Coyuca de Benítez, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, tras ser detenido el pasado sábado 20 de junio a las 7:40 de la mañana en la entrada del Seminario del Buen Pastor, en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, un juez de control determinó que podría enfrentar su proceso en libertad si cubre una garantía económica de un millón de pesos, junto con otras dos medidas.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 2015, cuando el imputado presuntamente cometió el delito en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

Según reportes de medios locales, se trató de una adolescente de 16 años que habría sido agredida mientras asistía a clases de catecismo. Entre la fecha de los hechos y la detención transcurrieron más de diez años.

La detención fue resultado de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), que derivaron en la emisión de una orden judicial de aprehensión, así lo informó la propia fiscalía estatal.

Juez fijó fianza de un millón de pesos y prohibió al imputado salir de Acapulco

Según el reporte oficial compartido este 21 de junio por la FGE Guerrero, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control valoró como suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial impuso tres medidas cautelares:

• Presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares
• El pago de una garantía económica de un millón de pesos
• La prohibición de salir del municipio de Acapulco de Juárez

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras ese plazo transcurra, Nicolás Orbe podría continuar su proceso en libertad, siempre que cubra la fianza impuesta y cumpla con las demás condiciones establecidas por el tribunal.

Hasta el momento no se ha confirmado su liberación.

La FGE Guerrero señaló en su boletín que refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que vulneren su integridad y desarrollo.

Policía Ministerial lo detuvo en la entrada de un seminario en Acapulco

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial el sábado 20 de junio de 2026 a las 7:40 de la mañana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

El operativo se realizó sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Azul.

El Registro Nacional de Detenciones precisó que el imputado fue asegurado en la entrada del Seminario del Buen Pastor. Tras el arresto, Orbe de la O fue trasladado a bordo de la unidad oficial PM-344 por diversas vialidades de Acapulco hasta la Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso.

Posterior al traslado, quedó a disposición del juez de control para que determinara su situación jurídica, lo que derivó en la audiencia inicial donde se dictó la vinculación a proceso.

86% de las víctimas de delitos sexuales contra menores en México son mujeres

Según datos consultados previamente por Infobae México, de enero a abril de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, cifra dada a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La categoría incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El 86% fueron mujeres y el 59.2% tenía entre 13 y 17 años.

En total, más de 52 mil menores de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia y otros delitos en ese periodo. Las mujeres representaron el 55.1% de las personas agredidas.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal.

Un juez dictó sentencia de prisión a Enrique “N” luego de que aceptó su culpabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El caso, según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), se originó en la madrugada del 12 de junio de 2026, en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón. En el lugar, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Launa “N”, de 33 años de edad.

Detalles del crimen en Purísima del Rincón

De acuerdo con los expedientes oficiales, el ataque ocurrió en el interior de la vivienda mencionada. El hallazgo fue realizado por elementos policiales, quienes notificaron de inmediato a la Fiscalía estatal. El reporte identificó a la víctima y precisó la ubicación del inmueble donde sucedieron los hechos.

La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El agresor, identificado como Enrique “N”, fue presentado ante la autoridad competente, donde enfrentó los cargos por feminicidio. La información oficial no especifica el tipo de vínculo previo entre la víctima y el responsable.

Proceso judicial y sentencia

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de Enrique “N” en el delito de feminicidio. Ante el peso de los elementos probatorios, el imputado optó por acogerse al procedimiento abreviado, figura legal que permite al acusado aceptar los cargos y recibir sentencia sin llegar a juicio oral.

El juez, al validar la admisión de culpabilidad y la suficiencia de las pruebas, dictó la pena privativa de libertad definitiva. La sentencia de 23 años y 4 meses marca el cierre del proceso penal contra Enrique “N”, quien deberá cumplir la condena en un centro penitenciario estatal.

Mecanismo legal utilizado

El procedimiento penal se resolvió mediante la figura jurídica del procedimiento abreviado, establecida en la legislación procesal mexicana. Esta modalidad agiliza la resolución de casos cuando el acusado acepta su responsabilidad, evitando la etapa de juicio oral y permitiendo una sentencia expedita.

El uso de este mecanismo fue determinante en la conclusión del caso, ya que la aceptación de los hechos por parte de Enrique “N” permitió a la autoridad judicial emitir una condena inmediata y definitiva.

Implicaciones sociales y oficiales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato resaltó la sentencia como parte de la lucha institucional contra el feminicidio en la entidad. El caso representa un ejemplo de aplicación del marco legal vigente ante delitos de género y del trabajo coordinado entre autoridades locales y estatales.

Las instituciones reiteraron su compromiso con la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como con el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Quién encabeza el ranking nacional de feminicidios

A nivel nacional se contabilizaron 148 feminicidios en el primer trimestre. Sinaloa lideró la lista con 15 casos, seguido de Chiapas con 13 y la Ciudad de México junto al Estado de México con 11 cada uno.

Sonora ocupó el quinto lugar con 10 casos y Veracruz el sexto con nueve. Chihuahua y Morelos registraron ocho cada uno, mientras que Jalisco y Tamaulipas reportaron seis.

La paradoja de los números

El dato contrasta con otra realidad: en homicidios dolosos generales, Guanajuato encabeza la lista nacional con el 8.8% de los casos registrados en mayo de 2026, según el mismo SESNSP.

En los últimos 11 años —de 2015 a 2025— el estado acumuló 2 mil 482 homicidios dolosos de mujeres y solo 222 feminicidios reconocidos como tales. Es decir, apenas uno de cada 11 asesinatos de mujeres fue clasificado como feminicidio en ese período.

Una investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de Nuevo León destapó lo que sería un feminicidio disfrazado de accidente.

Según las investigaciones, José Antonio “N”, de 48 años, habría atropellado de forma intencional a su pareja sentimental con una camioneta BMW el pasado 6 de junio de 2026 el estacionamiento de un complejo departamental en la colonia La Banda, en Santa Catarina.

Después de la agresión, el imputado presuntamente trasladó a la víctima a un hospital privado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García. Una vez en el sitio, le dijo a médicos y familiares que ella había sufrido una caída accidental en las escaleras del edificio.

La víctima, identificada con las iniciales G.D.S., murió once días después, el 17 de junio de 2026.

El dictamen forense desmintió la versión de una caída accidental

La gravedad de las heridas de G.D.S. obligó a referirla de urgencia a un hospital de alta especialidad en la colonia Balcones de Galerías, donde quedó internada hasta su muerte. El SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León practicó el estudio necrológico y determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo y lesiones vertebromedulares cervicales.

Ese dictamen resultó incompatible con la versión de una caída por escaleras y se convirtió en uno de los pilares de la carpeta de investigación.

Según informes publicados el pasado 20 de junio de 2026, la Fiscalía Especializada detectó desde el primer momento esa inconsistencia e inició actos de investigación con debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

Los datos de prueba recabados por las autoridades establecieron que José Antonio “N” conducía una camioneta de la marca BMW, color blanco, con placas del estado de Coahuila al momento de la agresión. Las evidencias acreditaron que el impacto habría sido de forma intencional: el imputado habría dirigido el vehículo contra G.D.S. dentro del estacionamiento del complejo donde ambos vivían.

Además, autoridades revelaron que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron entrevistas informativas, las cuales mostraron un patrón previo de violencia de género ejercida por el imputado contra la víctima.

Esos testimonios contradijeron la versión que José Antonio “N” había sostenido ante el personal médico y los familiares de la mujer asesinada desde el momento en que la ingresó al hospital privado.

Cateo, indicios materiales y aprehensión en Monterrey

El pasado 18 de junio de 2026, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la FGJNL ejecutaron una orden de cateo con autorización judicial en el inmueble de la colonia La Banda, identificado como lugar de los hechos. Durante la intervención recopilaron numerosos indicios materiales de diverso tipo que se sumaron a la carpeta de investigación.

Con la suma de evidencias forenses, testimonios e indicios materiales, el agente del Ministerio Público especializado en feminicidios solicitó una orden de aprehensión ante un Juez de Control. El juez la concedió.

Al día siguiente, el 19 de junio, detectives adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios de la AEI localizaron y detuvieron a José Antonio “N” en la vía pública en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El imputado quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado de Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio.

El futbol mexicano mantiene un entorno hostil para mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, donde la violencia y la discriminación persisten a pesar del potencial integrador del deporte.

El informe “Tarjeta roja a la violencia de género”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), documentó que al corte de julio del 2025, la mayoría de mujeres y mujeres trans que participan en el fútbol han experimentado algún tipo de violencia de género, desde insultos y acoso hasta discriminación sistemática.

Más de la mitad de las participantes en la encuesta aplicada por el PNUD reporta haber buscado apoyo psicológico tras vivir episodios de violencia; 59% siente desmotivación y considera dejar el fútbol.

Solo 13% recibió apoyo institucional adecuado, mientras que el 36% no obtuvo respaldo alguno.

El informe destaca que 78% de las mujeres y 100% de las mujeres trans sufrieron violencia de género dentro del entorno futbolístico mexicano.

La violencia de género inicia desde etapas tempranas

Según la encuesta, el 72% de las mujeres sufrió violencia verbal, caracterizada por insultos, lenguaje sexista y ridiculización. Un 56% enfrentó imposición de roles tradicionales y desvalorización, y 54% experimentó exclusión y discriminación por género u orientación sexual.

El acoso y la violencia sexual afectan a 41%, con incidentes que incluyen comentarios y gestos inapropiados, hasta tocamientos y coacción.

Las agresiones ocurren en partidos, vestidores, clubes y redes sociales.

Las principales fuentes de violencia son la afición, con 78% de los casos de insultos y cánticos misóginos, directivos con 45% de los reportes de discriminación y distribución desigual de recursos, y jugadores varones y medios de comunicación, ambos con 47%.

Obstáculos estructurales y legales

La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, pero carece de definiciones y acciones específicas frente a la violencia de género. No obliga a clubes ni federaciones a implementar protocolos efectivos de prevención y atención.

El informe señala que la ausencia de mecanismos claros, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades mantienen la impunidad y el silencio institucional.

El estudio del PNUD reunió testimonios de mujeres, hombres y mujeres trans de diferentes roles: jugadoras, entrenadoras, cuerpos técnicos, madres de jugadoras, consultoras y personal de ONG.

La muestra, aunque limitada, permite identificar patrones y problemas estructurales en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.

El impacto de la violencia en la vida de las víctimas

El 58% reportó cambios emocionales, 44% ansiedad, 38% baja autoestima y 23% problemas de sueño.

La violencia de género afecta la permanencia y participación de mujeres y personas LGBTI+ en el fútbol, generando abandono, desmotivación y afectaciones a la salud mental.

El 70% de las personas encuestadas ha presenciado violencia de género en el fútbol, lo que evidencia la frecuencia y normalización del problema.

Medidas urgentes y recomendaciones

El informe del PNUD plantea la necesidad de políticas de tolerancia cero, promoción de liderazgos femeninos y campañas de sensibilización.

Recomienda reformas legales que incorporen perspectiva de género, protocolos obligatorios en federaciones y clubes, capacitación en derechos humanos y códigos de conducta vinculantes.

Subraya la importancia de la participación de medios de comunicación, la sociedad civil y la afición para erradicar la violencia y crear espacios seguros y respetuosos.

El fútbol en México, aunque es motor de unión nacional, mantiene barreras y prácticas que impiden la participación igualitaria.

El llamado del PNUD es claro: transformar las canchas para que sean espacios libres de violencia y discriminación para todas las personas.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmÓ que erradicar la tortura sexual en México exige coordinación interinstitucional en todo el país y el fortalecimiento de mecanismos de prevención, atención, investigación y sanción.

En el simposio La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación, la titular de la CNDH sostuvo que aunque se identifica una tendencia continua a la baja, las acciones deben mantenerse mientras exista un solo caso.

Piedra Ibarra señaló que la tortura sexual, dirigida tanto a mujeres como a hombres, “es una de las más graves y reprobables manifestaciones de discriminación y desigualdad” porque vulnera la integridad física y psicológica de las personas, además de sus derechos a la dignidad humana, la libertad y la autonomía.

Indicó que la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), da seguimiento “permanente, sistemático y especializado” en lugares de privación de la libertad con el propósito de identificar factores de riesgo que puedan ocasionar tortura o malos tratos.

Piedra Ibarra precisó que, de 2021 a la fecha, el MNPT publica 18 informes de supervisión y especiales, en los que propone sugerencias de buenas prácticas con enfoque de género para salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con sus necesidades particulares y con efectos preventivos frente a la tortura sexual.

Tres de cada 10 mujeres han sido víctimas

Durante el simposio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía, expone que en el país tres de cada 10 mujeres son atrapadas por el flagelo de la tortura sexual, lo que lacera su dignidad.

Rodríguez Mejía añadió que, tan solo en 2025, se inician investigaciones por 848 casos.

También subrayó la importancia de fortalecer acciones de prevención, acompañamiento a víctimas, vigilancia de centros de detención y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Piden prevención en el centro y un enfoque multidisciplinario

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, planteó que la tortura sexual es una problemática histórica que exige dignificar a las víctimas y hacer realidad la justicia.

Señaló que su atención requiere un enfoque multidisciplinario sustentado en criterios éticos, para evitar que los hechos caigan en el silencio o la omisión, y reitera que la prevención debe colocarse en el centro de las acciones institucionales.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, afirmó que la dignidad humana debe mantenerse como eje de las decisiones y actuaciones institucionales.

Advierte que el desafío no se limita a reaccionar ante la violencia una vez ocurrida, sino a prevenirla y fortalecer capacidades mediante el intercambio de experiencias, conocimientos e información.

El Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como modalidad específica

El director general y encargado de la Segunda Visitaduría General, Omar Jair Pasarán Nieto, sostiene que, aunque la legislación mexicana no distingue las diferentes formas de tortura, el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una modalidad específica y particularmente grave.

Pasarán Nieto afirma que esta práctica busca degradar y someter a las víctimas, por lo que considera necesario impulsar reformas legislativas para que se reconozca expresamente como una de las formas más crueles de tortura.

El simposio reúne a autoridades de derechos humanos con el objetivo de fortalecer esfuerzos para prevenir, atender, investigar y erradicar la tortura sexual.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló cargos contra un sujeto identificado como Juan Carlos “N” por el delito de desaparición en contra de una mujer de 31 años de iniciales J.G.C., su ex pareja sentimental, desaparecida el 4 de junio de 2026 en el municipio de Chimalhuacán.

Un cateo en el domicilio del hombre reveló restos humanos y prendas con manchas de sangre. De encontrarse responsable, podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

El imputado ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl por delitos contra la salud desde el 10 de junio. Elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión este 16 de junio, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial por el delito de desaparición de personas.

Cámaras de videovigilancia lo ubicaron en el domicilio donde hallaron los restos

La desaparición de J.G.C. fue denunciada el 4 de junio de 2026. El seguimiento de cámaras de videovigilancia permitió determinar que la víctima salió de su casa, abordó un moto taxi y se trasladó al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su pareja sentimental.

Desde ese momento se desconoció su paradero, según los datos oficiales.

Las mismas investigaciones identificaron que el imputado llegó a su domicilio a bordo de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa y color blanco, del cual bajó bolsas negras.

Con esos indicios, el 10 de junio la FGJEM solicitó y obtuvo de una juez la autorización para realizar un cateo en el inmueble. No se reveló la ubicación exacta del sitio.

Restos humanos y huellas de sangre

La Fiscalía mexiquense compartió este 16 de junio que durante el cateo fueron localizados diversos restos humanos, prendas con manchas color rojizo —al parecer huellas de sangre— y otros indicios que fueron asegurados.

Los restos fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos periciales de identificación de la víctima.

Derivado de esos hallazgos, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo de una Autoridad competente la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” por el delito de desaparición.

La orden fue cumplimentada en reclusión, dado que el imputado ya se encontraba detenido por un caso de delitos contra la salud.

Tras cumplimentar la orden fue presentado ante un juez de control. En dicha audiencia inicial para la formulación de imputación, la defensa de Juan Carlos “N” solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez encargado fijó el 19 de junio como fecha para la continuación de la audiencia y decretó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Las autoridades afirmaron que a Juan Carlos “N” se le debe considerar inocente hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

Análisis periciales en el SEMEFO determinarán si los restos hallados corresponden a J.G.C.

Los restos localizados durante el cateo fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos de identificación. De acuerdo con protocolos de identificación forense, el proceso involucra al menos cinco especialidades:

• Fotografía forense
• Dactiloscopia
• Odontología
• Antropología
• Genética forense

Los peritos elaboran un archivo básico que incluye fotografías del cuerpo, dictámenes de autopsia, fichas odontológicas y huellas dactilares. Esa información se coteja con los datos que aporten los familiares de J.G.C.

En caso de que el estado de los restos lo requiera, se recurre al análisis de ADN, que puede realizarse mediante ADN mitocondrial, del cromosoma Y o nuclear, según el grado de conservación del cuerpo.

Isela Lizbeth González López, contadora de profesión y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca (PRD), fue asesinada el pasado 12 de junio de 2026 en céntricas calles de Santiago Pinotepa Nacional.

Luego del crimen, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca lo condenó, describiéndolo como un acribillamiento, y exigiendo una investigación inmediata con perspectiva de género.

El partido calificó el asesinato como “un acto brutal de violencia extrema contra una mujer y un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas”. Asimismo, el PRD Oaxaca señaló que la violencia feminicida persiste y escala particularmente en la región Costa, donde ocurrió el crimen.

PRD Oaxaca exigió a la Fiscalía castigo ejemplar y medidas concretas contra la impunidad

Mediante un comunicado de prensa compartido este 13 de junio, la dirigencia perredista demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación diligente, exhaustiva y apegada al Protocolo de Feminicidio.

Exigió la identificación plena de los responsables y el castigo ejemplar conforme a la ley, y advirtió que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.

Además, el PRD llamó a las autoridades estatales y federales a implementar medidas concretas de prevención, protección y acceso a la justicia. Asimismo, convocó a la sociedad oaxaqueña a unir esfuerzos para erradicar la violencia machista y feminicida. Por último, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca extendió condolencias a la familia de González López y reafirmó su posición.

“La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, afirmó.

Violencia en Oaxaca: tres políticos atacados en menos de cinco días

El feminicidio de González López no fue el único ataque contra figuras políticas en Oaxaca durante esos días. El pasado 11 de junio de 2026, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue baleado en calles del centro de esa población de la Sierra Sur. El ataque dejó a Figueroa y a un trabajador del ayuntamiento con lesiones que no pusieron en riesgo su vida.

La FGEO realizó la detención del probable autor material, identificado con las iniciales I. C. F. J., tras el señalamiento directo de testigos presenciales. Ya fue localizada y resguardada de la motocicleta utilizada para cometer el ataque.

La aprehensión se logró en menos de 24 horas. Las investigaciones continúan para localizar a un segundo participante y para identificar a los posibles autores intelectuales.

Dos días después, este mismo 13 de junio, Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su casa en la zona centro de ese municipio de la Mixteca oaxaqueña.

El edil panista de 53 años había solicitado protección al Estado por temor a su seguridad; según él mismo informó, esa solicitud no fue atendida.

No era la primera vez que Bravo Martínez enfrentaba una agresión. El 22 de mayo fue atacado en la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, cuando regresaba de una reunión de trabajo. Dos camionetas le cerraron el paso, hombres armados los obligaron a bajar del vehículo, los amenazaron y los golpearon.

Gobernaba San Miguel Amatitlán en su tercer periodo como alcalde. Hasta el cierre de esta nota no había detenidos ni móvil confirmado en el crimen contra Bravo.

Los tres ataques ocurrieron en distintas regiones del estado: la Sierra Sur, la Mixteca y la Costa.

La Fiscal General del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó este 12 de junio en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) será la autoridad encargada de investigar la privación de la libertad en contra de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital por parte de un comando armado.

Según la titular, la carpeta de investigación fue entregada este 12 de junio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México. La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el pasado 10 de junio.

La comunicadora raptada es fundadora del medio Pulso Informativo del Sur.

Esto reveló la Fiscal en conferencia

Jiménez precisó que la FGE Veracruz realizó todas las diligencias correspondientes desde el día de los hechos: entrevistas, dictámenes y labores de búsqueda.

Sin embargo, subrayó que la entrega de la carpeta no implica el cese de las investigaciones por parte de la fiscalía estatal. “Continuamos”, afirmó.

La titular de la FGE señaló que la investigación cuenta con al menos dos líneas activas y que ninguna ha sido descartada. Advirtió que el caso debe analizarse en su contexto social y familiar, y que existen especulaciones —sobre una posible aparición de la periodista y sobre detenciones— que deben ser evaluadas con cautela antes de establecer conclusiones.

“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”, sostuvo Jiménez.

Agregó que la fiscalía estatal se mantiene “muy respetuosa” de la facultad de atracción ejercida por la FGR.

Operativo de búsqueda desde el primer día

El mismo 2 de junio, el Gobierno de Veracruz desplegó un operativo de búsqueda y localización. La Secretaría de Seguridad Pública del estado encabezó las acciones, con la participación de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la FGE.

De manera paralela, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video en el que se observa a sujetos encapuchados irrumpir en la vivienda de la periodista, romper los vidrios de la entrada y apuntar con armas largas hacia el interior.

El padre de Roxana Guzmán intentó interponerse; los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron inmovilizado en el suelo. Tuvo que ser hospitalizado.

Avances en la investigación: seis detenidos, tres liberados

Extraoficialmente se reportó que la madrugada del 6 de junio, efectivos de la Policía Ministerial detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con el secuestro de Roxana, en un domicilio del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital.

Los arrestos no fueron confirmados de forma oficial por la FGE ni por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Reportes periodísticos actualizaron que el 8 de junio fueron presentados ante un juez de control en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

Tras una audiencia de más de seis horas, el juez habría resuelto el liberar a tres de los imputados formalmente, al no lograr la Fiscalía sustentar los cargos de ataque a las instituciones públicas y narcomenudeo.

Uno de los sujetos, identificado como César Alejandro, trabajador de Pemex, presuntamente quedó detenido y continúa su proceso. No se ha confirmado su participación directa en el secuestro.

Los familiares de los arrestados denunciaron irregularidades durante el operativo y señalaron que los elementos policiales irrumpieron sin orden de aprehensión.

Artículo 19 exige mantener la búsqueda y denuncia cobertura especulativa

La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, urgió a las autoridades federales y estatales a no detener las labores de búsqueda para localizar con vida a Guzmán Ramírez.

Señaló que, pese a los avances reportados y a la detención de presuntos responsables, la coordinación institucional debe mantenerse hasta dar con el paradero de la comunicadora.

La organización también expresó preocupación por los señalamientos de la familia sobre una aparente disminución en la comunicación con las autoridades. La madre de Roxana Guzmán declaró que se enteró de algunos avances —entre ellos, la detención de seis personas y la posterior liberación de algunas de ellas— únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas.

Artículo 19 criticó además parte de la cobertura mediática del caso, que habría difundido versiones especulativas sobre posibles vínculos de terceros con actividades ilícitas y narrativas que buscan atribuir responsabilidades a decisiones editoriales o laborales de la propia periodista.

FGR confirmó la atracción del caso, horas después del anuncio estatal

La FGR informó la noche de este 12 de junio que, a través de la FEADLE, ejerció la facultad de atracción del caso para continuar su integración bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

La dependencia federal precisó que la FEADLE puede atraer delitos del fuero común cometidos contra personas periodistas o comunicadoras cuando estos tengan conexidad con delitos federales o afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, conforme a lo previsto por los artículos 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGR señaló que la FEADLE continuará trabajando de manera coordinada con las diversas autoridades que participan en el seguimiento del caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este 11 de junio los detalles de dos capturas distintas logradas con apoyo de autoridades de Estados Unidos. Se trata de un hombre buscado por tentativa de doble homicidio en San Luis Río Colorado y otro deportado por una orden de aprehensión por incumplimiento de obligaciones familiares en Agua Prieta.

Ambos casos, sin relación entre sí, ilustran la coordinación binacional que la FGJES ha impulsado para dar cumplimiento a mandamientos judiciales pendientes.

En el primero, Carlos Javier “N”, de 38 años, fue detenido al cruzar de regreso a México luego de que autoridades estadounidenses lo rastrearon durante semanas en San Luis, Arizona, donde residía tras huir de Sonora.

En el segundo, Leonel “N”, de 33 años y originario de Agua Prieta, fue puesto a disposición de la AMIC por la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser deportado y entregado en la garita de Nogales.

Carlos Javier “N” atacó a dos hombres con machete y tubo metálico en junio de 2025

Los hechos que originaron la captura de Carlos Javier “N” ocurrieron la madrugada del 8 de junio de 2025, entre la 1:50 y las 2:15 horas, en un domicilio de la colonia Reforma de San Luis Río Colorado.

Según las indagatorias reveladas por la FGJES, las víctimas —identificadas como Eliseo “N” y Jonathan Eliseo “N”— convivían con otras personas y consumían bebidas alcohólicas cuando el ahora detenido inició la agresión.

Carlos Javier “N” presuntamente atacó primero a Eliseo “N” con un machete y un tubo metálico, causándole lesiones en la cabeza y el rostro. Cuando Jonathan Eliseo “N” intentó intervenir para auxiliar a la primera víctima, el imputado lo agredió también con el machete y le provocó lesiones en el tórax, el pulgar izquierdo, el antebrazo derecho y la mano derecha.

Mientras los agredía, Carlos Javier “N” presuntamente amenazaba de muerte a las dos víctimas.

Las autoridades revelaron que la violencia no se detuvo ahí. Al intentar retirarse del lugar a bordo de una Toyota 4Runner del año 1997, Eliseo “N” fue perseguido por el agresor, quien golpeó el vehículo con el machete y el tubo, dañando el parabrisas, las puertas, los marcos de ventanas y la defensa trasera.

Las víctimas lograron abandonar el lugar, lo que impidió que fueran asesinados.

Tras los hechos, Carlos Javier “N” cruzó hacia San Luis, Arizona, donde estableció su residencia. Autoridades estadounidenses lo monitorearon durante el seguimiento binacional y documentaron sus desplazamientos:

• Primero utilizó una pickup de la marca Ford, modelo F-150, que remolcaba un automóvil Honda.
• Luego condujo una Jeep modelo Grand Cherokee 
• Finalmente utilizó un Nissan Altima, vehículo en el que cruzó de regreso a territorio mexicano

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora lo interceptaron al momento del cruce.

Leonel “N” acumulaba antecedentes por violencia familiar desde 2021

El otro caso es derivado de una orden de aprehensión contra Leonel “N”, girada desde el 27 de marzo de 2025 dentro de la causa penal correspondiente por incumplimiento de obligaciones familiares, en perjuicio de una menor de edad.

Las investigaciones de la FGJES establecieron su probable responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia y manutención.

La captura se hizo posible luego de que Leonel “N” fue deportado por autoridades de Estados Unidos y entregado inicialmente a la Fiscalía General de la República en la garita de Nogales.

La FGR lo puso a disposición de elementos de la AMIC, quienes ejecutaron el mandamiento judicial pendiente.

El imputado no era desconocido para las autoridades. De acuerdo con registros institucionales, acumulaba antecedentes por violencia familiar en 2021 y 2022, además de una investigación previa por incumplimiento de obligaciones familiares registrada en 2023.

Una vez ejecutada la orden, Leonel “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Agua Prieta, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que habrá de definir su situación legal.

Según la información de ATV Noticias, la última comunicación que mantuvo con su familia fue a través de un mensaje de WhatsApp, donde confirmó a su hijo menor que regresaría después de su cita.

Declararon que la madre había conocido a Edwin Ángel Durán Valenzuela, el principal sospechoso de la investigación, poco tiempo antes del encuentro fatal. Según el relato de uno de los hijos, el contacto inicial se produjo mientras la madre realizaba compras en la zona de Gamarra.

En los días posteriores, ambos mantuvieron comunicación, en la que predominaban los mensajes de audio enviados por el sospechoso. El último registro de esta conversación señala que el hombre llegó en un vehículo a las inmediaciones del domicilio de Atocha Cruz, específicamente en un grifo ubicado frente a la casa.

Detalles del hallazgo

La familia supo del fallecimiento de Jaqueline Atocha Cruz cuando personal del Ministerio de la Mujer se acercó para solicitar el reconocimiento del cuerpo.

Vecinos del área informaron a la familia que el cuerpo de la mujer había sido abandonado en la vía pública. Fueron los propietarios quienes, al notar la situación, cubrieron el cuerpo y delimitaron el sitio hasta que la policía llegó horas después para proceder con el levantamiento. Los familiares expresaron su indignación por la tardanza de las autoridades y la manera en la que fue tratada la escena.

La necropsia practicada por las autoridades determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Esta información, confirmada a la familia por el personal forense, llevó a los hijos a señalar de manera directa la posibilidad de un homicidio. Según el testimonio de los parientes, la última persona que estuvo con Atocha Cruz fue Edwin Ángel Durán Valenzuela, de 41 años. Una amiga de la víctima indicó que la vio en un taxi en la avenida Manco Cápac cerca de la una de la madrugada, en circunstancias que calificó como inusuales.

Actualmente, las autoridades policiales mantienen a Durán Valenzuela como principal sospechoso y continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. La familia de Jaqueline Atocha Cruz reclama justicia y exige que se determine la responsabilidad del caso, mientras el entorno cercano acompaña el duelo y el proceso judicial.

Canales de ayuda

• La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de líneas telefónicas y comisarías especializadas para atender denuncias de violencia contra la mujer y personas vulnerables. Quienes requieran ayuda pueden comunicarse de manera confidencial al número 105 o acudir a la comisaría más cercana, donde personal capacitado brinda orientación y recibe denuncias las 24 horas.
• El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece atención integral, legal y psicológica para víctimas de violencia de género. El servicio de la Línea 100 está disponible todo el día y permite recibir asesoría inmediata, así como derivación a servicios de protección y acompañamiento en situaciones de emergencia.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) funcionan en distintas regiones del país y proporcionan atención gratuita y especializada a víctimas de violencia familiar y sexual. En estos centros, profesionales en psicología, derecho y trabajo social atienden consultas, gestionan medidas de protección y ofrecen un espacio seguro para mujeres y sus familias.

Lorenzo Bernabé Miranda, exdirector general de la Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable del Ayuntamiento de Tulum, fue detenido este miércoles 10 de junio de por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por violencia contra la mujer en agravio de su pareja sentimental.

La captura se realizó en la colonia Alfredo V Bonfil, municipio de Benito Juárez, según información presente en su ficha cargada en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Medios locales señalaron que la víctima interpuso una denuncia en la que señaló a Lorenzo Bernabé de haberla golpeado en múltiples ocasiones en su domicilio ubicado en la ciudad de Tulum.

La Vicefiscalía de Quintana Roo ejecutó la orden de aprehensión tras denuncia de la víctima

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en un comunicado que el detenido, identificado como Lorenzo Bernabé, presuntamente maltrataba a su pareja sentimental.

La dependencia precisó que la detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía de Quintana Roo.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la captura ocurrió a las 05:09 p.m. en vía pública, en la colonia Alfredo V Bonfil, municipio Benito Juárez.

Al momento del arresto, Bernabé vestía playera color beige, pantalón de mezclilla azul y zapatos café, con complexión regular, tez clara, estatura de 1.60 metros y cabello crespo, sin tatuajes.

Tras la detención, Lorenzo quedó a disposición de un juez local en el Centro de Retención Municipal de la Ciudad de Playa del Carmen, con registro de traslado, según datos consultados por Infobae México.

De acuerdo con su información curricular publicada en 2024 por el gobierno municipal de Tulum, Miranda se desempeñó como director general de la Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable, con escolaridad en ingeniería. Su expediente no registró sanciones administrativas definitivas durante su gestión.

Casos recientes de figuras públicas arrestadas por violencia familiar en México

La detención de Lorenzo Bernabe ocurrió en un contexto en el que otras figuras públicas enfrentaron arrestos por el mismo delito en semanas recientes.

El 20 de mayo, Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fue detenido en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, por violencia familiar y lesiones contra su pareja sentimental.

La razón de que Chávez terminara en prisión preventiva fue que no era la primera vez que se le citaba. Por haber evadido constantemente los citatorios previos del juez de control, la autoridad judicial modificó las medidas cautelares y ordenó su reclusión inmediata

En otros hechos, el pasado 7 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arrestó en la alcaldía Coyoacán a Humberto Nava Genera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República, por una presunta conducta de violencia familiar.

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, sobre la calle División del Norte. Tras el arresto, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México.

En ambos casos, reportes posteriores indicaron que los implicados habrían recuperado la libertad. Omar Chávez fue liberado tras la audiencia fijada para el 25 de mayo, mientras que en el caso de Humberto Nava Genera, reportes señalaron que también habría quedado en libertad días después de su arresto.

Un hombre identificado como Alfredo “N”, trailero de profesión, fue condenado a 60 años, 7 meses y 15 días de prisión por el feminicidio de Eva Amanda “N”, cometido en diciembre de 2023 sobre la Carretera Internacional tramo Hermosillo-Guaymas.

La sentencia la obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tras una investigación que cruzó fronteras, debido a que el responsable había huido a Estados Unidos para evadir la justicia.

El juez encargado del caso impuso además a Alfredo “N” una multa de 401 mil 952 pesos y el pago de 66 mil 704.80 pesos por concepto de reparación del daño moral, lo que da un total de 468 mil 656.80 pesos a favor de la familia de Eva Amanda “N”.

Alfredo “N” golpeó a la víctima dentro de un tractocamión y abandonó el cuerpo en la carretera

Las indagatorias revelaron que el 6 de diciembre de 2023, Eva Amanda “N” y Alfredo “N” viajaban juntos a bordo de un tractocamión sobre la Carretera Internacional, en el tramo Hermosillo-Guaymas. Fue durante ese trayecto cuando ocurrió la agresión.

Las pruebas presentadas durante el juicio oral establecieron que, entre los kilómetros 247 y 231 de esa vialidad, Alfredo “N” golpeó a Eva Amanda con un objeto contundente, del cual no se revelaron más detalles.

El golpe le provocó un traumatismo severo en el cráneo que derivó en su fallecimiento.

Tras cometer la agresión, el responsable no permaneció en el lugar. Abandonó el cuerpo de la víctima sobre la carretera, aproximadamente a la altura del kilómetro 23, con la intención de evadir su responsabilidad.

Una vez que dejó el cuerpo de Eva Amanda en la vialidad, Alfredo se trasladó a Estados Unidos, donde permaneció prófugo por más de seis meses.

El CBP localizó al prófugo en Arizona y lo entregó a la AMIC en junio de 2024

La captura de Alfredo “N” fue posible gracias a la coordinación entre la FGJES y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Ambas instituciones intercambiaron información para rastrear al imputado fuera del país.

El 30 de junio de 2024, el prófugo fue localizado en el estado de Arizona. Posteriormente fue entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

El juicio oral acreditó la responsabilidad penal con pruebas científicas, periciales y testimoniales

Según el reporte de las autoridades, compartido este 10 de junio, durante el juicio oral, el personal de Litigación de la FGJES presentó un conjunto de pruebas científicas, periciales y testimoniales que acreditaron plenamente la responsabilidad penal de Alfredo “N”.

La Fiscalía afirmó que dicha investigación se condujo con perspectiva de género, en reconocimiento de que el crimen ocurrió en un contexto de violencia contra la mujer.

Ese enfoque determinó tanto la integración de la carpeta de investigación como la estrategia de litigación ante el la justicia.

La solidez del material probatorio quedó confirmada con el fallo condenatorio. El Tribunal no solo impuso la pena privativa de libertad de 60 años, 7 meses y 15 días, sino también las sanciones económicas que suman 468 mil 656.80 pesos a favor de los familiares de Eva Amanda “N”.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), llamó a reforzar de manera urgente las acciones para prevenir la tortura y otros tratos crueles cometidos contra mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México.

Al inaugurar el foro Buenas prácticas de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en la atención a mujeres privadas de la libertad en América Latina, Piedra Ibarra indicó que, a partir de diversos diagnósticos e informes, la CNDH ha identificado que las mujeres en prisión, por lo general, son personas en situación de pobreza y con pocos años de escolaridad, que antes de ingresar al penal eran las principales o únicas responsables del cuidado de hijas, hijos e incluso de otros familiares, o víctimas de diversas formas de abuso.

Subrayó que a esos factores se suma la discriminación en el caso de mujeres indígenas y afrodescendientes; de quienes viven con algún tipo de discapacidad; de las que se encuentran en estado de gestación; de adultas mayores, o de quienes padecen enfermedades crónicas, lo que las coloca en un mayor grado de vulnerabilidad, tanto en México como en otros países de la región.

En ese sentido, exhortó a atender las condiciones de internamiento de ellas y de sus hijas e hijos en los centros penitenciarios del país, y a garantizar sus derechos humanos.

Sostuvo que es preciso recuperar avances y mejores prácticas para inhibir abusos al interior de los centros penitenciarios y resaltó que la CNDH ha realizado una labor intensa para promover que las mujeres privadas de la libertad conozcan sus derechos y puedan ejercerlos.

Entre estas acciones, afirmó, está alentar la comunicación con el exterior; identificar a las mujeres sin contacto con representantes jurídicos para remediarlo y garantizar el acceso a su representación legal; y asegurar el acceso a servicios médicos, incluida la atención a la salud mental, sexual y reproductiva con enfoque de género.

La presidenta calificó como prioridad la atención a las niñas y niños que conviven con sus madres en centros de privación de la libertad. Denunció que esos lugares no suelen contar con condiciones materiales para una estancia segura, que las madres comparten los mismos espacios con el resto de la población y que no hay áreas de cuidado materno infantil.

Nestora Salgado García, directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, señaló que en México persiste un sistema penal punitivista que castiga y después investiga, lo que afecta a muchas mujeres.

Detalló que, según cifras oficiales, en diciembre de 2025 existían 15,849 mujeres privadas de la libertad, que representaban 6.18% del total de la población penitenciaria en cárceles estatales y federales.

Para abril de 2026, dijo, la cifra aumentó a 16,921 mujeres privadas de la libertad (6.36%), es decir, 1,072 mujeres más en prisión.

Aseguró que la CNDH ha detectado que el sistema penitenciario vulnera los derechos de las mujeres privadas de la libertad, debido a la falta o insuficiencia de personal médico, psicológico y psiquiátrico; la ausencia de actividades de prevención y rehabilitación en materia de adicciones, y los traslados involuntarios a otros penales, que las alejan de sus familias, entre otros factores.

Frente a ello, sostuvo que la transformación de la CNDH en una Defensoría del Pueblo permitirá impulsar una perspectiva de derechos humanos que facilite al Estado mexicano saldar la deuda histórica con las mujeres, mediante la implementación de un modelo de atención diferenciado.

Por su parte, Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, planteó que la prevención de violaciones a derechos humanos exige mecanismos capaces de identificar y atender oportunamente contextos de violencia, discriminación y exclusión que padecen las mujeres privadas de la libertad, y que la protección efectiva de sus derechos demanda respuestas institucionales tempranas, especialmente tratándose de indígenas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

Comentó que la privación de la libertad de las mujeres no ocurre en el vacío, sino en contextos atravesados por desigualdad, violencia y exclusión estructural.

“Detrás de cada expediente existe una historia humana”, por lo que “comprender ese contexto no implica sustituir la función de la justicia, sino reconocer que la protección de los derechos humanos exige mirar a las personas en toda su complejidad, sólo así podremos construir respuestas institucionales más sensibles, más incluyentes y respetuosas de la dignidad humana”.

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención de millones de personas, en Perú avanza en silencio una estadística que contrasta con la euforia del fútbol: cada 90 minutos —lo que dura un partido— ocho niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en el país. La cifra surge de los 43.855 casos registrados entre enero y diciembre de 2025 por el Portal Estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo que equivale a 120 casos diarios.

El desglose de esos registros revela la magnitud del problema: 19.692 casos corresponden a violencia sexual, 14.155 a violencia psicológica, 9.870 a violencia física y 138 a violencia económica. La violencia sexual, la más frecuente, afecta de manera desproporcionada a las menores: según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2024, una de cada cinco adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años fue víctima de este tipo de agresión en el último año, y en siete de cada diez casos el agresor pertenecía al entorno cercano de la víctima.

Frente a estas cifras anuales, el panorama histórico resulta aún más grave. Entre 2021 y 2025, el MIMP atendió 295.195 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, una acumulación que subraya la persistencia estructural del problema y la necesidad de respuestas que vayan más allá de la atención de emergencia.

La tendencia no muestra signos de reversión espontánea. Entre enero y octubre de 2025, los Centros Emergencia Mujer y Familia del ministerio ya habían registrado 142.999 casos de violencia a nivel nacional, de los cuales 27.000 correspondían a violencia sexual y 18.087 afectaban directamente a menores de edad. La viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez Yañez, alertó públicamente sobre ese incremento y remarcó que el 15% de las víctimas de agresión sexual había sufrido ataques antes de cumplir los 12 años.

El deporte como herramienta de prevención

Ante ese escenario, Plan International Perú lanzó la campaña regional Cambiemos el Juego, una iniciativa que utiliza el fútbol como plataforma de cambio social para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y promover el liderazgo de niñas y adolescentes. La campaña se enmarca en un movimiento más amplio que la organización despliega simultáneamente en América Latina, el Caribe y España, y que aprovecha la visibilidad del Mundial para instalar el debate sobre las desigualdades que condicionan la vida de millones de menores.

“Desde Plan International Perú estamos impulsando iniciativas para enfrentar desigualdades mediante programas deportivos más inclusivos. El deporte no solo promueve el bienestar físico y emocional, es también una herramienta y oportunidad de mejora para miles de niñas. Necesitamos más espacios donde se revalorice el deporte para la transformación social y la lucha contra todo tipo de violencia”, señaló Víctor García Hernández, representante País de Plan International Perú.

Juegos por la Igualdad: el programa en las aulas

La campaña tiene un correlato concreto en el programa formativo Juegos por la Igualdad, desarrollado en el marco del proyecto Decidir sin violencia de Plan International. La iniciativa opera en las regiones de Loreto, Piura y Cusco, e involucra a docentes, padres de familia y directivos escolares. Su metodología central es el deporte mixto como recurso pedagógico para abordar la prevención de la violencia desde el aula.

En el último año, el programa impactó en más de 17.000 estudiantes. Las sesiones educativas buscan que los participantes identifiquen situaciones de riesgo y conozcan los canales de denuncia disponibles, al tiempo que refuerzan habilidades personales como la autonomía y la toma de decisiones. El objetivo es construir entornos protectores desde edades tempranas, antes de que la violencia se instale como una normalidad.

Una campaña que convoca a toda la sociedad

Cambiemos el Juego aspira a ampliar el alcance de iniciativas como Juegos por la Igualdad y a movilizar a actores más allá del ámbito educativo: comunidades, familias, sector privado y administraciones públicas. La premisa de la campaña es que el deporte puede funcionar como un lenguaje común que convoca y moviliza, siempre que los espacios donde se practica sean seguros e inclusivos para las niñas.

La iniciativa regional se articula en distintos países con formatos propios. En Paraguay, por ejemplo, Plan International implementa La Liga Joaju, un proyecto de fútbol mixto en comunidades rurales e indígenas que ya alcanzó a más de 1.700 niñas, niños y adolescentes. En España, la campaña se lanzó el 4 de junio de 2026, con datos que señalan que apenas el 5% de los banquillos del fútbol profesional están liderados por mujeres. Más información sobre la iniciativa en Perú está disponible en plan-international.org/peru/cambiemos-el-juego.

En el debate público sobre hechos delictivos graves, la discusión suele concentrarse en las responsabilidades, las penas y la impunidad. Lo que rara vez se discute es lo que ocurre cuando las víctimas y sus familias deben enfrentarse al propio sistema llamado a protegerlas. La indignación colectiva y la presión pública que anteceden a la activación del aparato de justicia plantean interrogantes que merecen reflexión: ¿qué le debe el sistema a una víctima? Y, más aún: ¿a quiénes reconocemos como víctimas?

Desde la criminología y la victimología, esta pregunta tiene una respuesta técnica que el debate público rara vez incorpora: el sufrimiento no se agota en quien recibe el impacto directo del hecho delictivo. Los familiares, el entorno afectivo y quienes enfrentan un proceso judicial en busca de justicia pueden experimentar un daño igualmente profundo, muchas veces invisibilizado, que la doctrina denomina victimización secundaria.

El estudio del delito ha permanecido, durante décadas, anclado en la figura de quien comete el delito. Mientras que el victimario es estudiado, explicado y clasificado, la víctima apenas se menciona. En el ámbito peruano, esta relegación no es solo académica, sino que tiene consecuencias procesales concretas: pese a que el Código Procesal Penal reconoce a la víctima como sujeto procesal, persiste una brecha entre el reconocimiento normativo y el ejercicio efectivo de sus derechos.

La definición más sólida y ampliamente aceptada proviene de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por Naciones Unidas en 1985. Según este instrumento, son víctimas las personas que hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Esta definición se extiende a los familiares o personas que tengan relación con la víctima directa. Así la victimización se irradia al entorno cercano.

La doctrina distingue tres formas de victimización. La primaria: daño directo producido por el hecho delictivo. La secundaria: el impacto sufrido por la víctima derivado de su contacto con las instituciones: el sistema de justicia penal, los servicios de salud, los medios de comunicación y el entorno social. Se trata de una segunda lesión, causada no por el victimario, sino por quienes, en teoría, deberían proteger a la víctima.

Comprender estas formas de victimización no es un ejercicio meramente clasificatorio: es el punto de partida para entender por qué el sistema falla y a quién falla. Es ahí donde la victimología ofrece herramientas que el debate público rara vez utiliza: incluye a la víctima no como dato estadístico, sino como sujeto de derechos.

Un desarrollo significativo de la victimología contemporánea es el reconocimiento de los familiares de las víctimas como víctimas en sentido pleno. Reyes Valenzuela y Benavides Llerena (2018) documentaron este fenómeno en un caso de atropello con resultado de muerte en Ecuador: la madre de la víctima sufrió durante más de cinco años efectos psicosociales y legales de un proceso judicial marcado por irregularidades y demoras. Las secuelas se profundizan cuando el apoyo institucional, lejos de acompañar, se transforma en fuente de vulneración.

La victimización secundaria no es un fenómeno marginal: es una consecuencia estructural de un modelo de justicia penal que no fue diseñado con la víctima en el centro. No basta con investigar, acusar o sancionar. Un sistema de justicia verdaderamente comprometido con las víctimas debe informar, acompañar, proteger, reparar y evitar que el tránsito por el proceso penal se convierta en una segunda experiencia de daño.

Desde 2022, un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Pedro Rodríguez Chandoquí, es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto abuso sexual de una estudiante universitaria.

A cuatro años de la denuncia, el funcionario sigue en libertad y su defensa busca que un juez admita pruebas de una supuesta adscripción a un pueblo originario para intentar alegar “usos y costumbres”.

En una audiencia realizada a finales de mayo, la defensa del magistrado presentó una moción para que el juez del caso incorpore como prueba su presunta pertenencia a una comunidad indígena.

Con ese argumento, pretende sostener una línea de defensa basada en “usos y costumbres”, de acuerdo con lo denunciado por el medio Contra Línea, pese a que el caso se investiga como un delito sexual.

El tema se planteó hoy durante la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, cuando la mandataria fue cuestionada por dicho medio sobre la investigación y el intento de la defensa de introducir ese argumento ante el juzgador.

Sheinbaum respondió que desconoce los detalles del expediente, pero instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, a revisar el caso.

Asimismo, recalcó que la violación sexual es un delito y “no puede justificarse” con la norma de usos y costumbres".

“No conozco el caso, no sé si ustedes lo conocen, Rosa Icela o Luisa María, ahí se los encargo para que puedan revisarlo. Pero es un delito, la violación es un delito y no puede justificarse por usos y costumbres.

“Eso está tipificado y no puede haber, imagínense, como que los usos y costumbres permiten la violación de una mujer, pero eso no, no, no debe aceptarse de ninguna manera”, dijo en Palacio Nacional.

Previo a la audiencia del 29 de mayo pasado, el colectivo ADIVAC informó que tuvieron contacto con diversas personas que denunciaron “comportamientos indebidos” por partes del magistrado, sin dar mayores detales.

No obstante, a través de redes sociales, el colectivo hizo un llamado a que cualquier persona que haya sido víctima del magistrado o de cualquier otra dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo denuncie.

En su momento, la organización indicó que confía en que las autoridades actúen con debida diligencia y determinen conforme a derecho su vinculación a proceso.

“Como saben, Pedro Rodríguez Chandoqui, Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta con una denuncia penal por el delito de violación, y la audiencia de vinculación es el próximo 29 de mayo.

“Nos han contactado distintas personas que han referido comportamientos indebidos por partes de dicha persona. Si has sido victima o testigo de alguna conducta inapropiada por parte de dicha persona o de cualquier otra dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy existen nuevas condiciones para denunciarla”, se lee en una publicación de Instagram.

De acuerdo con medios de comunicación, en dicha audiencia, el magistrado fue separado temporalmente del cargo.

Antecedentes de violencia y perfil psicológico

De acuerdo con América Noticias, Alexis Alcántara Tellería acumuló denuncias por violencia contra la mujer e integrantes de su entorno familiar en 2024, además de antecedentes por lesiones graves. Estos antecedentes fueron considerados relevantes por el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú al evaluar el pedido de prisión preventiva.

El informe pericial psicológico forense, incluido en la carpeta fiscal, describe a Alcántara como una persona que “tiende a minimizar el impacto emocional de sus actos y muestra poca empatía hacia el sufrimiento ajeno”. Los especialistas concluyeron que el acusado intenta proyectar una imagen positiva de sí mismo, aunque sus acciones contradicen esa fachada ante los tribunales.

La madre y la hermana de Zoila Castillo han solicitado a las autoridades que se aplique la máxima pena al imputado.

“Este maldito no va a quedar libre, pero él tiene que tener cadena perpetua por lo que le ha hecho a mi nieto y a mi hija”, expresó la madre de la víctima tras conocer la decisión judicial. La hermana de Zoila agregó: “Que le den cadena perpetua a este sujeto porque no merece estar libre, no merece tranquilidad, no merece paz”.

El juzgado de Tocache declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses, considerando el peligro de fuga y la gravedad de los delitos imputados, que incluyen homicidio calificado y feminicidio. El documento judicial destaca que el acusado presenta un discurso conveniente y tranquilo, en el que intenta reducir su nivel de responsabilidad frente a los hechos.

Todo lo que se sabe del caso

La investigación señala que Alexis Alcántara Tellería cambió su versión en varias ocasiones ante las autoridades. Inicialmente admitió haber matado a la madre y al niño, pero posteriormente intentó justificar sus acciones alegando que Zoila había agredido primero a su propio hijo, argumento que la familia y la Fiscalía rechazan enérgicamente.

El crimen ha generado un profundo impacto en la comunidad y en el entorno familiar de las víctimas. Las voces de los allegados insisten en que se haga justicia y en que el crimen no quede impune.

El proceso judicial continúa bajo estricta vigilancia, mientras la familia de Zoila Castillo y el Ministerio Público buscan la máxima sanción posible para el acusado.

Canales de ayuda

• Línea 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Atención para emergencias policiales, delitos en curso, desapariciones, amenazas y situaciones de peligro inminente.
• Línea 100 – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Brinda orientación y soporte a víctimas de violencia familiar y sexual. Servicio confidencial y gratuito, atención las 24 horas.
• CEM – Centros de Emergencia Mujer: Oficinas distribuidas en todo el país que ofrecen apoyo legal, psicológico y social a víctimas de violencia. 

El posible proceso de revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) abre un foco de riesgo para el combate a la violencia digital en México, alertaron la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales (#LeyOlimpia), el PUEDJS-UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

En un posicionamiento difundido en la plataforma Change.org, advierten que el Capítulo 19 de Comercio de Servicios Digitales “limita peligrosamente la capacidad regulatoria de los Estados” y podría dificultar la aplicación de desarrollos normativos como la Ley Olimpia.

Las organizaciones señalan que “casi la totalidad de las interacciones en el espacio virtual en América del Norte” ocurre en un “grupo oligopólico de plataformas digitales” de grandes corporaciones tecnológicas.

En su texto, describen que estas empresas controlan redes sociales, páginas web, plataformas de videojuegos y también “mercados de explotación sexual digital”, incluidas “las comúnmente llamadas páginas pornográficas y espacios de intercambio o monetización de contenido íntimo sin consentimiento”.

A ese entramado, las colectivas y organizaciones le llaman “IMPERIO DIGITAL”, al considerar que concentra un poder “económico, político, informativo y tecnológico sin precedentes”.

Sostienen que los impactos negativos crecen a la par del poder de estas compañías y enumeran efectos que atribuyen a sus modelos de negocio, como “afectaciones a la salud mental”, “violencia masiva contra la intimidad sexual de mujeres y niñas” y “ampliación de oportunidades para depredadores sexuales”.

En el mismo documento, afirman que no se trata de hechos aislados: “La programación algorítmica de estas plataformas responde a intereses corporativos que perpetúan relaciones de dominación: un ALGORITMO PATRIARCAL”.

A pesar de ello, agregan, las empresas “continúan amparándose en la libertad de expresión, la innovación o la libre empresa para evadir responsabilidades proporcionales al enorme poder que han acumulado”.

Riesgos ven en el Capítulo 19 del T-MEC

En el apartado “Riesgos del Capítulo 19 del T-MEC”, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales indica que el texto vigente del capítulo “limita peligrosamente la capacidad regulatoria de los Estados”, “contraviene avances internacionales en materia de derechos de las mujeres en entornos digitales” —como la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género”— y “dificulta la correcta implementación” de la Ley Olimpia.

Las organizaciones destacan tres puntos que, aseguran, están en el Capítulo 19:

Primero, sostienen que “las corporaciones propietarias y gestoras de las plataformas sociodigitales no están obligadas a someterse a la jurisdicción de los países en donde hacen negocios o residen sus consumidores, por lo que operan con impunidad (Artículo 19.12)”.

Segundo, afirman que “los gobiernos, y sobre todo, las instituciones que imparten justicia, no pueden auditar a las plataformas para conocer el funcionamiento de sus diseños y algoritmos, ni para solicitarles materiales multimedia o datos que puedan servir como evidencia en casos de detección y persecución de delitos”.

En su posicionamiento, agregan que esto “vuelve difícil obtener información” para respaldar denuncias sobre violencia contra la mujer, violaciones a los derechos humanos, o acoso, abuso y daño a infancias y adolescencias (Artículo 19.16).

Tercero, señalan que “ante la ley, las plataformas no son responsables de los contenidos que exhiben, cuando sus algoritmos y pautas publicitarias sí intervienen en la masificación y visibilidad de ciertas publicaciones (Artículo 19.17)”.

A partir de esas disposiciones, las colectivas concluyen: “En conjunto, estas disposiciones facilitan que las empresas evadan responsabilidades por los daños derivados de sus propios modelos de negocio, de sus prácticas y del diseño de sus algoritmos”. Y añaden: “El resultado es claro: se fomenta la impunidad de los agresores digitales y se deja en la indefensión a las víctimas de violencia digital”.

Sobre los mecanismos de cooperación mencionados en el capítulo, el texto sostiene que “carecen de obligaciones vinculantes” y que, en la práctica, dependen de “la voluntad de las propias empresas”.

Piden más transparencia y rendición de cuentas

En su posicionamiento, las organizaciones afirman que “las plataformas no pueden ser consideradas actores neutrales” porque sus sistemas de “recomendación, monetización y moderación de contenidos” influyen en la circulación, visibilidad y rentabilidad de contenidos dañinos.

Por ello, señalan que su posición dentro del ecosistema digital exige “mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad frente a los riesgos sistémicos” de sus modelos de negocio.

También advierten que promover en acuerdos comerciales “esquemas de desregulación o inmunidad corporativa” agrava riesgos y debilita la protección de derechos humanos.

El documento sostiene que los acuerdos comerciales internacionales “deben interpretarse y aplicarse de manera compatible” con las obligaciones de derechos humanos de los Estados.

En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, las organizaciones señalan que sus disposiciones no deben entenderse ni implementarse de forma que “obstaculicen el cumplimiento de compromisos previamente asumidos” para proteger derechos fundamentales.

En ese contexto, mencionan obligaciones para “prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” y citan instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

También plantean que cualquier interpretación que limite la capacidad de regular a plataformas, supervisar prácticas o exigir responsabilidades “debe evaluarse” con el principio de coherencia del derecho internacional y el deber de garantizar una protección efectiva de derechos humanos.

“La gobernanza del ecosistema digital no puede estructurarse de manera que debilite las herramientas regulatorias necesarias para prevenir la violencia digital y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas”, subrayan.

¿Qué cambios proponen al Capítulo 19?

Ante ese escenario, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, el PUEDJS-UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. proponen “reformar el capítulo 19 del T-MEC” para:

• “Someter a las plataformas y grandes empresas a marcos regulatorios de los Estados de donde extraen capital y datos, con obligaciones reconocidas por la ley y sanciones por incumplimiento”.
• “Posibilitar que los gobiernos puedan acceder a la información alojada en centros de datos privados” en investigaciones contra casos de violencia, “específicamente sufrida por mujeres, infancias y adolescencias”, así como ante cualquier vulneración de derechos humanos.
• “Exigir una mayor rendición de cuentas a las plataformas acerca de sus códigos, diseños de funcionamiento y circulación de contenido”.
• “Reforzar la detección, persecución y sanción de cualquier tipo de violencia en entornos de Internet”, garantizando la salvaguarda de las garantías fundamentales de las y los usuarios.

En su llamado, convocan a instituciones, iniciativa privada, sociedad civil y población de México, Estados Unidos y Canadá a unir esfuerzos para que el T-MEC “contribuya y no obstaculice” la construcción de espacios digitales seguros y libres de violencia.

El congresista electo Alejandro Bermeo sigue en el centro de la polémica debido a una denuncia por abuso sexual presuntamente perpetrado contra una mujer en Ibagué, Tolima.

Días atrás, el medio El Olfato reveló apartes del expediente judicial y conversaciones que presuntamente habría sostenido el legislador electo con la denunciante, las cuales, según ese medio, evidenciarían posibles presiones e intimidaciones de carácter sexual.

Ahora, Infobae Colombia conoció en su totalidad la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que la víctima,identificada como Ingrid Yamile Quinaya Tigreros, asegura que el hoy senador la amenazó para obligarla a encontrarse con él, la agredió físicamente y posteriormente la accedió carnalmente en un establecimiento de la capital tolimense.

De acuerdo con el documento judicial, los hechos habrían ocurrido el 7 de abril de 2026. Según el relato consignado en la noticia criminal, la mujer manifestó que sostuvo una relación sentimental con Bermeo y, semanas antes de los hechos denunciados, decidió poner fin al vínculo.

Sin embargo, aseguró ante la Fiscalía que el congresista electo no habría aceptado la ruptura. Fue a partir de ese momento cuando, según la denuncia conocida por este medio, se desencadenaron los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el documento oficial radicado ante el ente acusador, el caso fue registrado como “Actos Urgentes” y quedó relacionado con el delito de “Acceso Carnal Violento. Artículo 205 del Código Penal”. La denuncia fue recibida por la URI de Ibagué y asignada a la Fiscalía 79 Local URI de Turno.

El relato entregado por la denunciante

En el documento conocido, la víctima manifestó que sostuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años con Bermeo Rodríguez. De acuerdo con su versión, dos semanas antes de los hechos decidió terminar la relación y expresó que no quería continuar teniendo ningún vínculo sentimental o íntimo con él.

La denuncia señala que el presunto agresor no habría aceptado la ruptura. En su declaración, la mujer indicó que el 7 de abril recibió una llamada en la que le pidió que se encontraran y que, en caso de negarse, haría un escándalo frente a su vivienda. Según el relato consignado por la Fiscalía, la denunciante aseguró que accedió a salir de su casa tras esa advertencia.

La narración incluida en el expediente agrega que, una vez subió al vehículo, “le pega cachetadas en la cara” y posteriormente la trasladó a un establecimiento identificado como Apartahotel Mi Oficina, ubicado en Ibagué. Allí, según la denuncia, “al llegar de manera violenta la accede sexualmente y le pega”. El documento también señala que, tras los hechos denunciados, la mujer habría sido llevada nuevamente a su residencia.

La actuación también precisa que los hechos denunciados habrían ocurrido en la comuna 4 de Ibagué, sector de Piedrapintada, y que en el registro no se reportó uso de armas ni de sustancias tóxicas.

El expediente indica que la denuncia fue presentada ante las autoridades bajo la gravedad de juramento y que a la víctima se le informó sobre sus derechos dentro del proceso penal, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

De acuerdo con el documento, la investigación quedó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de los actos urgentes correspondientes y la verificación de los hechos denunciados. Hasta el momento consignado en el reporte, no se registraban capturas, medidas judiciales o incautaciones relacionadas con el caso.

La denuncia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a la versión entregada por la presunta víctima ante las autoridades. La determinación de responsabilidades y el esclarecimiento de los hechos serán materia de las actuaciones judiciales que adelanten los organismos competentes.

El general Glenn García, director de Investigación de Trata de Personas y Desaparecidos de la PNP, informó que la detención de Alcántara se produjo luego de una orden judicial emitida por el Juzgado de Tocache. La medida respondió a los indicios y evidencias recolectados, incluyendo contradicciones en las declaraciones del detenido, quien aseguró inicialmente que Zoila Castillo y su hijo no habían llegado a Uchiza.

La versión proporcionada por el sospechoso quedó desmentida gracias a videos y a la trazabilidad del recorrido realizado por las víctimas.

“Se ha corroborado la información que él otorga, que es falsa, porque existen videos y se ha hecho una ruta de trazabilidad en el cual sí habrían llegado a Uchiza”, afirmó el general García. Este y otros elementos permitieron que la autoridad judicial dispusiera la detención preliminar del imputado.

Antecedentes y vínculos del sospechoso con la víctima

Al momento de su detención, Alcántara Tellería guardó silencio y se acogió a su derecho de no declarar hasta contar con la presencia de su abogado. La PNP detalló que el sospechoso mantiene antecedentes por violencia psicológica y física contra una expareja, hechos que se investigan como parte del contexto del caso actual.

La investigación ha confirmado que Zoila Castillo y su hijo viajaron desde Lima a Tarapoto por invitación del detenido. Posteriormente, ambos se dirigieron a Tocache y luego a Uchiza, conforme a pasajes aéreos, registros de comunicación y testimonios familiares.

Según la información recabada, la relación sentimental entre la madre desaparecida y Alcántara Tellería se habría originado a través de redes sociales. Familiares de la víctima, según testimonios que les llegaron por redes, han señalado que el sospechoso solía ofrecer regalos y viajes a diversas mujeres como parte de su comportamiento recurrente.

El general García recalcó que la investigación sigue abierta y que la revisión de las comunicaciones, el vehículo y otros elementos incautados será clave para el avance del caso. “Es muy importante, como un elemento quizás más adelante probatorio, la revisión de su celular, todas las comunicaciones, así como el vehículo”, precisó el jefe policial.

Un equipo especializado de la PNP partió desde Lima hacia Tarapoto y zonas aledañas para reforzar la búsqueda de Zoila Castillo. Las autoridades mantienen la esperanza de obtener resultados positivos en las próximas horas. Paralelamente, se coordinan pericias psicológicas, análisis forenses y exámenes a la camioneta utilizada por el sospechoso para identificar posibles rastros vinculados con el hecho.

El detenido será sometido a disposición de la justicia deTocache, conforme al principio de territorialidad. Las diligencias en Lima se concentran en obtener pruebas adicionales antes de su traslado. Mientras la familia esperan noticias sobre el paradero de la madre desaparecida.

La PNP, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), localizó a Alcántara Tellería en un inmueble de la avenida Gregorio Escobedo. La captura se realizó bajo una orden de detención preliminar de siete días emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache. El detenido fue trasladado a la sede de la DIRINCRI para iniciar diligencias y posteriormente será llevado a Uchiza para continuar con el proceso.

De acuerdo con la información policial, Alcántara Tellería habría sido la última persona en ver con vida a Zoila Castillo y su hijo, quienes viajaron desde Lima hace dos semanas hacia Tarapoto y luego continuaron hacia Tocache para encontrarse con él, su pareja sentimental. Desde el pasado sábado 16 de junio, familiares reportaron la desaparición de ambos.

Hallazgo del cuerpo y nuevas líneas de investigación

La situación se tornó aún más crítica cuando, días después de la denuncia, autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de un niño en una zona rural de Uchiza, Tocache. El cuerpo presentaba signos de violencia y características coincidentes con el menor desaparecido. Según la PNP, aún se aguardan los resultados de los exámenes forenses y la identificación por ADN. Hasta la tarde del miércoles, la familia de Zoila Castillo y las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad del menor hallado, pero la vestimenta era similar del pequeño.

Testimonios recogidos por ATV Noticias indican que la familia de Castillo relató que, al llegar a Tarapoto, Alcántara les pidió que continuaran el viaje hacia Tocache, lugar donde presuntamente se encontrarían.

A raíz de la difusión del caso, allegados de la víctima informaron haber recibido testimonios de otras mujeres que habrían tenido contacto previo con Alcántara Tellería. Estas versiones apuntan a un patrón de promesas de lujos y beneficios para convencer a mujeres de viajar a encontrarse con él. Fuentes cercanas a la investigación no descartan la posibilidad de un caso de trata de personas.

Según la denuncia realizada ante la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, Alcántara Tellería cuenta con antecedentes por violencia familiar, supuestamente en perjuicio de una expareja y madre de uno de sus hijos. La PNP detalló que, durante su detención, el sospechoso había modificado su apariencia, presentándose rasurado, distinto a como se le había visto días antes.

Alcántara señaló a la familia que había dejado a la madre y a su hijo en un paradero, pero colaboró poco con la justicia y llegó a Lima en una camioneta. El hombre no mostró indicio de querer colaborar con la justicia ni respondió a la familia por el menor que ya había sido encontrado sin vida.

A pesar de la detención y el hallazgo del menor, Zoila Carolina Castillo permanece desaparecida.

La Red Nacional de Refugios (RNR) alertó sobre un posible aumento de casos de violencia familiar en México durante la Copa Mundial FIFA 2026, que este año se realizará en tres ciudadades del país, así como en Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, la organización reprochó que el Mundial 2026 se promocione como símbolo de orgullo internacional y se destaquen los beneficios para el turismo y desarrollo económico del país, sin tomar en cuenta las violencias contra las mujeres que podrían derivar del evento deportivo.

De acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar incrementan hasta un 30% durante los grandes eventos deportivos.

Señaló que estas dinámicas pueden reflejarse en agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas.

En este sentido, la Red Nacional de Refugios afirmó que en México las preocupaciones no son menores, ante la alta cifra de casos de violencia familiar a nivel nacional.

A esto se suma, que de acuerdo con el reporte de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dos de las tres ciudadades mundialistas están dentro de los cinco estados con más casos al corte de abril del 2026.

“Resulta profundamente preocupante que, frente a este contexto, en nuestro país las estrategias rumbo al Mundial 2026 continúen privilegiando infraestructura, promoción internacional y turismo, mientras permanecen insuficientes las acciones integrales de prevención, atención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, mencionó el colectivo.

Frente a este escenario, la organización lanzó la campaña ‘La violencia contra las mujeres no es parte del juego’, “una iniciativa apartidista” que busca visibilizar “los impactos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres durante eventos deportivos masivos y la necesidad de fortalecer acciones de prevención, atención y protección antes, durante y después del Mundial”.

¿En qué consiste la campaña?

• Generar conciencia pública desde una mirada feminista y de derechos humanos  
• Promover cero tolerancia a las violencias machistas  
• Difundir mensajes de apoyo y acompañamiento  
• Construir incidencia colectiva rumbo al Mundial 2026

El colectivo indicó que la iniciativa reunirá voces de mujeres del deporte, periodismo, activismo, academia, arte y sobrevivientes de violencia, mediante fotografías, mensajes, videos y materiales digitales.

Como parte de esta acción, la campaña impulsada desde México dialoga y se articula con esfuerzos de organizaciones y redes de Estados Unidos y Canadá, países sede del Mundial 2026, mediante mensajes compartidos y acciones de sensibilización y acceso a rutas de apoyo, respetando las particularidades y necesidades de cada contexto.

“La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, la protección y prevención tampoco debería hacerlo. Hoy articulamos esfuerzos desde México con otras redes de refugios de Estados Unidos y Canadá porque la seguridad y la vida de las mujeres no pueden quedar fuera de la conversación.» Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

Resaltó que la Red Nacional de Refugios, integrada por más de 52 espacios de atención en México, continuará brindando atención gratuita y especializada para mujeres mexicanas y extranjeras que vivan violencia, reforzando además las rutas de apoyo y acompañamiento durante este contexto internacional.

“No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias, fortalecer redes de protección y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras. La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego.” — Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

“Reiteramos que la prevención, la protección y la garantía de derechos no pueden ser medidas temporales ligadas a un evento deportivo, sino compromisos permanentes del Estado y de la sociedad.

“Se requieren políticas públicas integrales, presupuestos suficientes y acciones contundentes para prevenir las violencias machistas antes, durante y después del Mundial. No puede construirse una narrativa de orgullo internacional mientras las mujeres continúan enfrentando violencia e impunidad en los mismos territorios que hoy buscan presentarse como escaparate global”, concluyó.

Van más de 87 mil casos de violencia familiar en México

El SESNSP indicó que entre enero y abril del 2026 se registraron 87 mil 827 casos de violencia familiar a nivel nacional, de los cuales 53% se concentran en cinco estados.

De acuerdo con el reporte, la Ciudad de México encabeza lista de estados con más casos, con un total de 9 mil 431.

Le siguen el Estado de México con 8 mil 645; Nuevo León, con 7 mil 631; y Guabajuato con 5 mil 600.

La denuncia y el testimonio de la familia

De acuerdo con la información de ATV Noticias, el hecho ocurrió en la mañana del lunes 25 de mayo. La menor caminaba hacia su colegio cuando, según los registros de cámaras de vigilancia, José Luis Mamani Laura la abordó por la espalda. El hombre habría intentado ganarse la confianza de la niña al afirmar que era un familiar y que iban a celebrar el cumpleaños de la abuela.

La madre de la víctima relató que su hija, al notar la situación, ingresó rápidamente al colegio y pidió ayuda a los adultos presentes. “Mi hija está asustada por todo lo que ha pasado. Yo pido justicia, para ella y para todos los niños, porque no puede estar ese sujeto libre”, declaró.

Según la denuncia, el individuo sujetó a la menor por la cintura mientras le hablaba, lo que llevó a la niña a buscar protección dentro de la escuela. Un padre de familia presenció lo ocurrido, increpó al acusado y grabó la confrontación, material que fue entregado a las autoridades.

Los familiares de la menor proporcionaron a la policía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del área. Estas imágenes permitieron ubicar y detener a José Luis Mamani Laura en su domicilio, ubicado en la urbanización Los Pinos, en Comas. La madre de la niña indicó que sintió que la denuncia no fue tomada con la seriedad necesaria, por lo que la familia realizó parte de la investigación de manera independiente, accediendo a las cámaras y recolectando pruebas.

El presunto agresor fue trasladado primero a la comisaría de Túpac Amaru y luego a la sede de la División de Investigación Criminal, donde permanece mientras se define su situación legal.

Antecedentes del acusado

Según la abogada de la familia, José Luis Mamani Laura cuenta con antecedentes penitenciarios por delitos sexuales contra menores de edad. “Este hombre ha estado recluido por temas similares de abuso sexual en contra de menores. Ahora está en la calle y es un riesgo para la comunidad”, manifestó.

El proceso de investigación incluye el apoyo del Ministerio Público y la solicitud de imágenes adicionales de cámaras de vigilancia municipales que podrían aportar más información sobre el recorrido del acusado y su interacción con la menor.

Vecinos del área y padres de familia manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el acusado quede en libertad tras cumplir el plazo de detención preliminar. La madre de la menor expresó que la familia espera que las diligencias concluyan con la formalización de la investigación y una eventual medida de prisión preventiva.

La letrada también informó que se encuentran en proceso de solicitud de formalización de la investigación preparatoria. Con esta aprobación, el caso pasaría al Poder Judicial para que determine el futuro del hombre de 57 años.

Luego de que el lunes 25 de mayo Red+ Noticias anunció, mediante un comunicado, la separación temporal de Giovanni Celis de la dirección de su noticiero, tras denuncias internas por presunto acoso sexual y laboral, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami Leal, se refirió a esta novedad en el caso.

La decisión del canal obedeció al avance de investigaciones en curso y a hallazgos preliminares del Ministerio de Trabajo que aumentaron la presión sobre la empresa.

“Las recientes denuncias sobre posibles violencias basadas en género en medios de comunicación exigen respuestas serias, transparentes y con garantías para las víctimas”, inició el mensaje por parte de Tami, que desde la Secretaría de la Mujer rechazó los testimonios de exempleados y periodistas que permitieron esta resolución por parte del canal.

Para la secretaría lo que aconteció “no son hechos aislados ni pueden minimizarse con silencios o medidas simbólicas”.

“Las mujeres tienen derecho a ejercer el periodismo en espacios seguros, libres de violencias y abusos de poder”, finalizó Tami.

Entre tanto, avanzan las indagaciones por parte del Ministerio de Trabajo, como parte de la serie de denuncias que se conocieron desde el viernes 20 de marzo de 2026, con las dilaciones que otro grupo de comunicadoras de Noticias Caracol elevó ante las directivas de Caracol Televisión, y que como parte del proceso que sigue abierto, provocó la finalización del convenio laboral con dos de los presentadores y periodistas: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Según el comunicado oficial de Red+ Noticias, la medida busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las indagaciones.

El canal sostuvo que mantendrá la colaboración con las autoridades y que aplicará de forma estricta sus protocolos internos de prevención, atención y acompañamiento para proteger los derechos y el bienestar de todos sus colaboradores.

De acuerdo con los hallazgos preliminares mencionados, solo 42 empleados estarían vinculados directamente a la organización, mientras el resto trabajaría bajo otras modalidades contractuales.

Las indagaciones oficiales también identificaron una alta dependencia de contratos de prestación de servicios y esquemas de tercerización.

Ese esquema habría generado temor entre periodistas y productores y dificultó al comienzo la presentación de denuncias formales.

La separación de Celis, de acuerdo con Red+ Noticias, responde a la gravedad de los hechos investigados y al deber de preservar un entorno laboral digno, seguro y respetuoso.

En su comunicado, desde el noticiero se afirmó: “Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”.

La empresa también expresó un rechazo categórico a cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de quienes trabajan en la organización.

La inspección del Ministerio de Trabajo abrió una crisis interna en la redacción

El Ministerio de Trabajo visitó las instalaciones de Red+ Noticias el 30 de abril en la sede de Plaza Claro, en Bogotá.

Dicha inspección marcó el inicio de una crisis interna centrada en denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la sala de redacción.

Según reveló un informe de la Revista Raya, trabajadores y excolaboradores describieron episodios reiterados de comportamientos considerados inapropiados, llamados fuera del horario laboral, humillaciones públicas y presiones ligadas a la estabilidad contractual.

De acuerdo con esos testimonios recogidos por el mismo medio, el ambiente dentro del noticiero estaba atravesado por miedo y tensión.

Las denuncias atribuidas a Giovanni Celis, según los testimonios citados por la revista, incluían comentarios sobre la apariencia física, mensajes personales fuera del contexto laboral y contactos físicos no consentidos.

Algunos relatos sostuvieron que esas situaciones se presentaban desde la etapa en que el noticiero operaba en el barrio La Macarena y continuaron después del traslado a Plaza Claro.

Entre las declaraciones aparece la de una trabajadora que relató contactos incómodos durante trayectos nocturnos en vehículos asignados por el canal.

Otra periodista afirmó al mismo medio haber recibido mensajes sobre su ropa y su apariencia después de transmisiones en vivo.

Los testimonios describen gritos, insultos y obstáculos para denunciar

Excolaboradores citados por la revista describieron la sala de redacción como un espacio de presiones constantes, con gritos, insultos y llamados de atención públicos.

En uno de los testimonios se mencionó la destrucción de un teclado durante una discusión por errores de edición, un episodio que, según empleados citados por el medio, reflejaba el clima de trabajo dentro de la empresa.

Durante la visita del Ministerio de Trabajo, según el texto fuente, se instalaron códigos QR en distintas áreas de la redacción para facilitar denuncias anónimas por acoso laboral y sexual.

Esos códigos hacían parte de los mecanismos de recolección confidencial de testimonios impulsados por la entidad oficial, y de acuerdo con chats internos entre trabajadores, algunos de esos códigos desaparecieron poco después de la inspección.

Los mensajes indicaban que solo algunos seguían visibles y que otros habrían sido retirados, una situación que generó inquietud entre el personal periodístico.

Frente a los señalamientos, Giovanni Celis negó las acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral y sostuvo no haber recibido notificación oficial sobre el proceso impulsado por las autoridades.

Las actuaciones del Ministerio de Trabajo continúan y, según el texto fuente, podrían derivar en nuevas decisiones administrativas de acuerdo con las verificaciones en curso.

Pese al abuso sistemático, la mujer de 23 años decidió que permanecería en silencio por miedo a que el criminal cumpliera con las amenazas de muerte. Así, la víctima pretendía evitar nuevas agresiones en su contra.

En el mismo operativo y en otros procedimientos recientes, las autoridades detuvieron a tres personas por distintos abusos sexuales en Medellín y su área metropolitana. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Bello, en lo corrido de 2026 ya van más de 5.000 capturados en esa jurisdicción, según un reporte del medio local El Colombiano.

El caso de la joven de 23 años salió a la luz por un ataque ocurrido en febrero de 2026 en Bello. El secretario de Seguridad explicó que el agresor entró por el patio de la casa donde vivía su expareja, al parecer armado, la intimidó y la atacó.

Durante esa agresión, el hombre le mordió la cara hasta que le arrancó un pedazo de piel. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico verificó el ataque y se comunicó con las autoridades, mientras que la joven tuvo que someterse a una cirugía.

Abusadores también atacaron a menores de edad en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores

Otro de los detenidos fue un docente de natación de 52 años capturado en el barrio Panamericano de Bello. El hombre estaba adscrito al Instituto de Recreación y Deportes de ese municipio y también daba clases en el barrio Belén de Medellín.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el profesor aprovechaba su rol para hacer tocamientos a sus alumnas, todas menores de edad.

Villa dijo: “Durante la investigación, gracias también a las denuncias, se pudo evidenciar al menos cuatro niñas que fueron abusadas por este degenerado y se tienen otras presuntas víctimas con denuncias que se siguen investigando dentro del proceso que se adelanta”.

Un tercer caso fue el de un adulto mayor de 77 años capturado en el centro de Medellín por orden judicial. De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana, el hombre exhibía sus partes íntimas desde la ventana de su casa ante menores de edad.

Las autoridades lograron establecer que el detenido vivía al lado de un colegio en el barrio Caicedo y realizaba esos actos en las tardes, a la hora de salida de los estudiantes, con el fin de que ellos lo vieran.

Mujer transgénero fue agredida en Bello

La cuarta detención relacionada con abusos sexuales se llevó a cabo en el barrio Santa Rita de Bello y el capturado es un hombre de 41 años. La investigación señala que agredía físicamente y accedía carnalmente a su pareja, una mujer transgénero, aprovechando el consumo de sustancias que la dejaban en estado de indefensión.

El diario El Colombiano también informó de un quinto procedimiento en el sector de la Veracruz, en el centro de Medellín, donde fue capturado un joven de 21 años señalado de instrumentalizar a adolescentes para la distribución de estupefacientes.

Todos los delincuentes que fueron capturados por atacar a niños y mujeres en la ciudad fueron enviados a centros penitenciarios. Sin embargo, uno de ellos obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“México, el país que ocupa el segundo lugar en registrar la mayor cantidad de transfeminicidios en el mundo. Y aún así, el juez decidió que no era suficiente” denunció Natalia Lane sobre la resolución del juez Agustín Moreno Gaspar, quien impuso la sentencia.

“Para el sistema de justicia de México, eso vale la vida de una mujer trans: 50 mil pesos. Eso es lo que vale la vida de una puta. Ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente”, aseveró la activista desde las puertas del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Lane subrayó que, a pesar de que el delito fue tipificado como feminicidio en grado de tentativa, y que ella es una sobreviviente de transfeminicidio, el fallo judicial ignoró los agravantes relacionados con su identidad de género y su trabajo. Además, denunció que la sentencia contempla descontar los años que el agresor lleva en prisión, por lo que podría pasar aproximadamente 17 o 18 años en prisión con esta nueva sentencia, lo que consideró injusto y ofensivo.

La activista expresó que la resolución envía un mensaje de desvalorización a la vida de las mujeres trans en México, al equiparar el daño sufrido con una suma económica mínima y una condena que considera insuficiente. Lane subrayó que, a pesar de este revés, seguirá luchando por la justicia, memoria y verdad para las personas trans y trabajadoras sexuales, tanto en los tribunales como en el trabajo comunitario y el acompañamiento colectivo.

Reiteró que el movimiento trans y las disidencias no se darán por vencidas, y llamó a la organización social para exigir justicia y reconocer la dignidad de todas las mujeres trans en México.

Natalia Lane es la primera mujer trans víctima de intento de transfeminicidio cuyo agresor recibió sentencia

El caso de tentativa de transfeminicidio de Natalia Lane es un referente en la lucha por los derechos de las mujeres trans en México y ha marcado varios hitos legales y sociales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de enero de 2022, cuando Natalia Lane fue atacada con una navaja por un hombre identificado como Alejandro “N” en un hotel de la colonia Portales, Ciudad de México. La agresión fue denunciada por Lane a través de un video en sus redes sociales, mostrando sus graves heridas en la nuca y el rostro mientras solicitaba ayuda.

Cinco días después del ataque, Alejandro “N” fue detenido por los delitos de tentativa de feminicidio y homicidio, ya que también lesionó a empleados del hotel. El caso fue el primero en la Ciudad de México en ser judicializado con perspectiva de género para una mujer trans, visibilizando la violencia sistemática que enfrenta la comunidad.

El 13 de abril de 2026, tras más de cuatro años de lucha, se dictó sentencia condenatoria contra el agresor de Natalia Lane, convirtiéndose en un caso histórico: es el primero en el que una mujer trans sobrevive a un intento de transfeminicidio y logra que el delito sea reconocido jurídicamente con enfoque de género.

Además, el Congreso de la CDMX entregó a Natalia la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género” por su resiliencia y defensa de los derechos humanos de las poblaciones históricamente vulneradas.

El tema recobró fuerza tras la difusión de un video del colectivo de periodistas Vera, cuya vocera, Sofía Amaya, dirigió el mensaje al director técnico argentino Néstor Lorenzo, responsable de elaborar la prelista de 55 jugadores, que en pocos días se reducirá a 26.

“Sebastián Villa está condenado por golpear a una mujer, acusado de abuso sexual a otra y preseleccionado por la selección colombiana de fútbol para ir al mundial”, inicia la intervención por parte de la periodista colombiana.

Las palabras para Lorenzo continuaron: “Usted nos ha dado muchas alegrías. Ojalá no nos amargue el mundial poniendo a jugar a un hombre que fue condenado en su país, Argentina, por lesiones y amenazas contra una mujer”, puntualizó Amaya.

Más adelante, la periodista recordó el video, además del comunicado, emitido por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín, y recalcó que ella (Marín) “ya se pronunció al respecto y fue muy clara, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni secundario, es una realidad que atraviesa diariamente la vida de millones de mujeres en Colombia”.

Sumado a lo anterior, Amaya afirmó que “durante años (la violencia en contra de las mujeres) ha sido minimizada, justificada o silenciada, también en el mundo del fútbol”.

Al final, la periodista sentenció que no estará mal sentirse disgustado con una mala presentación del equipo cafetero a comparación de la impotencia que representaría, según ella y para las mujeres, ver a Villa disputar minutos en el Mundial 2026.

“Que nos dé mal genio por verlos perder los partidos, pero no por premiar a un criminal”, concluyó Amaya.

Los reparos de la Defensoría del Pueblo al llamado de Sebastián Villa

La Defensoría del Pueblo de Colombia publicó una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, en la que llama a la reflexión sobre el verdadero significado de portar la camiseta de la selección nacional.

El comunicado se divulgó en medio de la controversia por la convocatoria de Sebastián Villa al equipo que representará al país en el próximo Mundial, pese a haber sido condenado por hechos de violencia basada en género y enfrentar acusaciones de abuso sexual en medio de una temporada que disputó en el fútbol argentino, y cuando aún era jugador de Boca Juniors.

El texto inicia evocando el histórico partido entre Colombia y Alemania en Italia 1990, recordando cómo el fútbol puede unir a un país que muchas veces parece dividido.

Para millones de personas, el fútbol representa la esperanza, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de competir de igual a igual, valores que trascienden los resultados deportivos y se transforman en aspiraciones de sociedad.

Por tal motivo, desde la Defensoría se destacó que la camiseta de Colombia es un emblema que debe ser llevado con responsabilidad ética.

El antecedente de 2011, cuando Hernán Darío Gómez dejó la dirección técnica tras agredir a una mujer, es citado como ejemplo de un límite ético que la sociedad colombiana eligió defender, más allá de cualquier obligación legal.

“No existía una regla escrita que obligara a su salida. Surgió, más bien, un límite ético que la sociedad decidió defender”, señala la misiva.

Adicional a todo lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo se hizo hincapié en que los antecedentes judiciales de Villa no pueden ser vistos como asuntos personales o separados de la responsabilidad pública de quien representa a Colombia ante el mundo.

“Cuando un jugador viste la camiseta de la selección, inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes que encuentran en el deporte modelos de admiración e identidad”, advierte la carta.

Al final, varios de los apartes del documento volvieron a referirse a las implicaciones del llamado de Villa por parte de Lorenzo: “Cada vez que la sociedad resta importancia a estos hechos, las víctimas reciben un mensaje devastador: que su dolor vale menos que un resultado deportivo”.

La Defensoría del Pueblo concluyó en la circular que Colombia ya ha demostrado en el pasado que puede enviar un mensaje distinto y que hoy tiene la oportunidad de preguntarse qué valores quiere defender cuando elige a quienes portan su camiseta más importante.

“Muchos seguimos aferrados a la idea de que el fútbol puede representar nuestra mejor versión: la unión, la esperanza, el juego limpio y el respeto. Porque la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, finaliza la carta.

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción pública. En un video difundido en redes sociales, Soler Carvajal afirmó que, tras finalizar una relación de más de 20 años, ella y sus hijos fueron víctimas de amenazas de muerte.

De acuerdo con la mujer, la ruptura se produjo el 22 de noviembre de 2025, cuando descubrió que el exgobernador mantenía una relación con una joven de 17 años en el departamento de Caquetá.

Según su testimonio, la decisión de pedirle que abandonara la vivienda desató la ira de Orozco Valero, que habría proferido amenazas directas contra su vida y la de su familia.

El video se habría grabado el 18 de marzo pero no fue hasta el 12 de mayo en que tomó la decisión de hacerlo público, al preferir dejar constancia de su temor: “Si me llega a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, el único culpable es el señor José Ricardo Orozco Valero”, advirtió.

Soler señaló que no tiene enemigos y reiteró que cualquier daño que pudiera sufrir solo podría provenir del exmandatario.

La denuncia de la exesposa del exdirigente departamental se centra en las amenazas verbales que, según afirma, recibió de Orozco Valero luego de confrontarlo por la presunta infidelidad. Señaló que Orozco fue enfático y agresivo al afirmar que no dejaría “nada de ellos sobre la faz de la tierra”, sumando inquietud sobre la seguridad de su círculo familiar cercano.

A la denuncia pública se suma el señalamiento de desprestigio por parte de Orozco Valero, quien, según Soler Carvajal, “se ha dedicado a contarle a todo el mundo” que la separación fue consecuencia de su carácter. Ella sostiene que estas versiones forman parte de una campaña para desacreditarla.

La exesposa aseguró que cuenta con videos y pruebas que respaldan sus afirmaciones. “Me tocó buscar pruebas, hacerle videos; tengo videos y evidencias de todo lo que estoy diciendo”, sostuvo en la grabación.

Además, mencionó que la actual pareja de Orozco también habría emitido amenazas a través de redes sociales, situación sobre la que dijo tener evidencia.

Las reacciones de respaldo a la mujer han sido contundentes y piden acciones legales de las autoridades del Tolima para prevenir cualquier acción que perjudique tanto a Soler como sus hijos.

Cifras de violencia contra la mujer en Colombia

Las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo revelan que Colombia enfrenta una problemática persistente de violencia de género. En 2025, se registraron 118 feminicidios, 333 intentos y 28 transfeminicidios, además de 2 feminicidios y 26 tentativas incluido enero de 2026.

Este fenómeno muestra una concentración en regiones como Caquetá, Amazonas y Casanare, que presentan las tasas más altas por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

En cuanto a la trata de personas, en 2025 hubo 193 víctimas mujeres, de las cuales 41 eran niñas o adolescentes.

Las regiones con mayores cifras fueron Norte de Santander, San Andrés, Meta y Bogotá. La violencia sexual sigue siendo una de las formas más frecuentes de agresión: se reportaron 15.729 casos en 2025, con más de la mitad afectando a niñas y adolescentes.

Los departamentos de Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas encabezan las tasas más altas de agresión sexual.

En enero de 2026, ya se contabilizaban 963 casos de violencia sexual, incluidos 453 que afectaron a menores. Además, 151 niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 2025, con Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia como zonas más afectadas.

La violencia intrafamiliar también mostró cifras preocupantes, con 14.860 casos en 2025, afectando sobre todo a mujeres en Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.

Más de 20 colectivos de nuevas masculinidades en México y Latinoamérica expresaron su rechazo a la gira mundial del influencer conocido como ‘El Temach’, llamada Solo Tour 2026, al advertir que promueve la manósfera y el discurso contra las mujeres y con ello, un retroceso en la igualdad de género.

En un comunicado conjunto, firmado principalmente por la Red de Masculinidades Críticas Latinoamérica, entre las cuales están 21 colectivos mexicanos, aclararon que el rechazo no “nace de un deseo de censura, sino de una responsabilidad ética de proteger los valores de igualdad, respeto y cooperación que como sociedad nos caracterizan”.

“Desde la vocería Venezuela de la Red de Masculinidades Criticas Latinoamérica, rechazamos contundentemente la presentación del “Show” Solo Tour 2026 del ciudadano Luis Castilleja mejor conocido en redes sociales como TEMACH", indicó.

En el mismo documento, señalaron que el discurso que promueve el influencer representa un retroceso social por dos razones: que incita a la violencia psicológica y al retroceso en los derechos de la igualdad.

Argumentó que respectó a la incitación a la violencia psicológica, consideran que ‘El Temach’ hace un llamado a que los hombres jóvenes usen técnicas de manipulación y control emocional en sus relaciones de pareja, trabajo y en su comunidad, lo cual “representa una forma clara de abuso y violencia machista”.

Sobre el retroceso en los derechos de igualdad, mencionaron que en un contexto donde a diario se lucha por erradicar la violencia machista, permitir espectáculos de personajes que deshumanizan a las mujeres y promueven conductas de dominación, es un retroceso en derechos humanos y apologia a delitos contra la integridad personal de niñas y mujeres.

“Un personaje como el Temach que promueve un discurso misógino, especialmente dirigido a una población joven representa un verdadero desafío para la sociedad venezolana donde, según estadísticas del Monitor de Femicidios UTOPIX en el año 2025 se registraron en Venezuela 145 femicidios.

“En un contexto como este, promover la presentación de este tipo de personajes, es sencillamente inadmisible”, comentaron.

En este sentido, enfatizaron que “el entretenimiento no puede estar por encima de la dignidad humana”, por lo que no se puede normalizar los discursos de odio, con los que se afirma que “el valor de hombre depende de la capacidad para someter o manipular a los demás, especialmente a las mujeres”.

Discursos machistas pueden generar agresiones contra mujeres y hombres

Advirtieron que discursos como el del Temach pueden convertirse en un detonante de radicalizacion, que lleve a algunos jóvenes a convertir el discurso de odio en ataques fisicos y otro tipo de agresiones, contra las mujeres o incluso contra hombres que consideren “inferiores”.

Asimismo, alertó sobre el peligro de las cámaras de eco que estos eventos generan, que anulan el pensamiento critico y el dialogo empatico, para alimentar el resentimiento que se valida colectivamente y se transforma en una identidad grupal agresiva.

“No podemos permitir que el espacio publico y los entornos digitales se conviertan en una plataforma de odio y de validación para prejuicios que ya creíamos superados”, comentaron.

En este sentido, hicieron un llamado a que los organizadores y patrocinadores del show del Temach, así como a las autoridades locales donde se realicen las presentaciones, “reflexionen sobre el impacto del discurso de odio en las nuevas generaciones”.

De igual forma, exhortaron a la comunidad en general a promover espacios de diálogo para hombres que se basen en la igualdad, empatía, la responsabilidad afectiva y la verdadera fortaleza emocional.

El documento cuenta con la suscripción de representantes y colectivos dedicados a las masculinidades críticas y la deconstrucción de roles de género en América Latina y México. Entre los firmantes está Jorge Plaza, vocero de la Red de Masculinidades Críticas Latinoamérica en Venezuela, además de organizaciones mexicanas como Vatos Trabajando (@vatostrabajando), Corazón del Hombre (@corazonhombre) y Padres Disidentes (@padres.disidentes).

También suscriben figuras y agrupaciones como Alberto Fregoso y Said Luna de Lunario Antipatriarcal en Guadalajara (@lunarioantipatriarcal), Christian Ortiz de Hombres Despiertos (@hombres.despiertos), Josué Lavandeira de MEJORESHombres (@mejores.hombres), Edmundo Castelan Muñoz de Hombres Necios en CDMX (@hombresnecios), GENDES AC (@gendesac), Hugo Valdés Sánchez de Varones en Obra (@varonesenobra), Axel Díaz-Avila de Vato Garabateado (@vato.garabateado) y Leonel López del Círculo de RefleAcción.

La lista incluye además a Jerry León de Masculinidades Cholula, Jonathan Sánchez y Juan Manuel Luna de Muchos Machos Pocos Hombres (@muchosmachospocoshombres), Jonathan Sánchez de Identidades más allá del abandono (@identidadesmasalladelabandono), Jesús Magallón de En Deconstrucción (@endeconstruccion), Tlacaelel Paredes Gómez de Hombres Diversos (@hombresdiversos), Fabrizio Álvarez de Observando la Sociedad (@observandolasociedad) y Luis Monjaras de Hombres en Equilibrio Mx (@hombresenequilibrio).

El director de la División de Cibercrimen de la PNP, Waldir Ángeles Puentes, precisó que la investigación permitió identificar a 142 usuarios vinculados al grupo digital, en el que se compartía y distribuía material de abuso sexual infantil.

“La Policía Nacional del Perú viene desarrollando una operación policial dirigida a la desarticulación de una red internacional de pornografía infantil que venía operando en trece países”, declaró Ángeles.

Las intervenciones se realizaron en los distritos limeños de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y se extendieron a las regiones policiales de Tacna y San Martín. Entre los detenidos figura Alex Beteta Diego, conocido como “Baby Teta”, quien fue capturado en San Martín de Porres y cuenta con antecedentes por abuso sexual infantil y acoso. Ángeles confirmó que “ha estado interno en un establecimiento penitenciario”, y que en su domicilio se incautaron medios electrónicos para ser sometidos a pericias.

Identificación de los implicados y antecedentes

Junto a Beteta Diego, la PNP detuvo a Miguel Céspedes Rojas en Villa El Salvador, Anthony Jorge Pusari en San Juan de Lurigancho, Luis Sandoval Fatama en la región San Martín y Dante Quispe Calatayud en Tacna. La investigación se centra en la posesión, distribución y posible producción de material ilegal.

“Hasta el momento, se les viene investigando a ellos por poseer material y su distribución. La investigación comprende también las acciones de posible elaboración o producción de este tipo de material”, detalló Ángeles.

Durante los allanamientos, se incautaron dispositivos y archivos digitales que están siendo sometidos a análisis antropométrico, con el objetivo de identificar a posibles víctimas en territorio peruano.

Modus operandi

Las pesquisas revelaron que el grupo exigía a los interesados en ingresar compartir material de abuso sexual infantil como requisito de acceso. Según la División de Cibercrimen, “dentro de uno de los requisitos para poder integrarse es el compartir o subir material de contenido de abuso sexual infantil, a partir del cual se contactan de manera individual para efectos de poder comercializar o producir el material”.

La operación en Perú constituye una segunda etapa de una acción internacional realizada en diciembre del año anterior en países como Argentina, Brasil, Ecuador, España, Paraguay y Honduras, donde fueron arrestadas veinticinco personas. El caso ha generado especial inquietud en el distrito de San Martín de Porres, dado que uno de los detenidos residía cerca de una casa hogar, la casa hogar San Bernardita, donde viven niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades continúan el proceso de análisis de los dispositivos incautados y coordinan con entidades internacionales para profundizar la investigación.

Tres mujeres fueron asesinadas en distintos hechos violentos ocurridos en los departamentos de Olancho y Cortés, reflejando la crisis de inseguridad que afecta al país y el incremento de los femicidios durante 2026.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Juticalpa, Olancho, donde una menor de apenas 14 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada como Carmen Maribel Rosales.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles sospechosos vinculados al hecho.

Agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras investigaciones en la escena mientras familiares y vecinos lamentaban el violento asesinato de la adolescente. El crimen ha generado consternación entre pobladores de la zona debido a la corta edad de la víctima.

Horas después, otro hecho violento se registró en Catacamas, siempre en el departamento de Olancho. Una joven identificada como Lissi Matute, de 22 años, fue atacada a disparos por sujetos armados que ingresaron a su vivienda.

La joven resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital San Francisco, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Mientras tanto, en San Pedro Sula, Cortés, la violencia dejó otra escena sangrienta luego que una madre y su hijo fueran atacados a balazos dentro de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula, en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR).

Las víctimas fueron identificadas como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, e Isadora Padilla Cardona, de 72 años. En el ataque también resultaron heridas otras dos mujeres que se transportaban en el automotor al momento del atentado.

De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado descendió de un vehículo y disparó directamente contra los ocupantes del automóvil.

Posteriormente, el sospechoso habría despojado a otro conductor de su carro para escapar de la escena del crimen.

En medio de esta nueva ola de violencia, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó que al menos 84 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2026.

Ayestas alertó que muchos de estos crímenes se están cometiendo con extrema brutalidad. “Las féminas están siendo asesinadas con saña, las decapitan, las queman y sufren violencia sexual”, expresó.

La experta también señaló que gran parte de los ataques son cometidos por personas cercanas a las víctimas. “Son las parejas, exparejas y amigos los que están matando a las mujeres”, manifestó.

Según datos del OV-UNAH, durante 2025 se registraron 265 asesinatos de mujeres, cifra que podría ser superada este año si continúa la tendencia actual.

Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación debido a que alrededor del 95 % de los casos permanece en la impunidad, situación que consideran una de las principales causas de la repetición de este tipo de crímenes.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para fortalecer las investigaciones, garantizar justicia para las víctimas y promover políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia de género y la protección de las mujeres.

Una médica residente del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que por motivos de seguridad se identifica como ‘doctora N’, denunció por acoso sexual y laboral al director de dicho centro de salud, Adrián Chávez.

De acuerdo con información difundida por colectivos en redes sociales y en la plataforma Change.org, la médica residente ya presentó una denuncia formal en contra del directivo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En el escrito publicado en la plataforma Change.org, se señala que la doctora ‘N’ “ha sido víctima de una transgresión inaceptable” por parte del doctor Adrián Chávez, que va desde el hostigamiento laboral y sexual hasta acoso en redes sociales.

Destacó que de acuerdo con la denuncia formal, las agresiones han ido “acompañadas de la reiterada insistencia de contacto no deseado”, a través de regalos que le ha enviado el directivo a pesar de que ella los ha rechazado.

“Nos dirigimos con profunda indignación y solidaridad ante la denuncia formal presentada por nuestra colega, la Dra (N)., médica residente de nuestra institución. Ella ha sido víctima de una transgresión inaceptable por parte de un miembro directivo, el Dr. Adrián Chávez.

“Las acciones descritas en su denuncia van desde hostigamiento laboral y sexual hasta acoso en redes sociales, acompañadas de la reiterada insistencia de contacto no deseado mediante el envío de obsequios a pesar de haber sido rechazados varias veces”, se lee en la publicación.

Asimismo, afirmaron que “el acoso laboral y sexual no solo es una violación de la ética profesional, sino que también destruye el ambiente integral de trabajo que una institución médica debería promover”.

Mencionó que “la evidencia presentada por la Dra (N). es alarmante”, por lo que reconoció la valentía, por lo que hacen un llamado a que médicos y personal de salud denuncien este y otros casos que ocurran en su entorno laboral.

“Es vital que nuestro colectivo no permanezca en silencio ante este tipo de conductas, que socavan el bienestar y la dignidad profesional de nuestra querida compañera y, por extensión, de todos los que trabajamos en esta institución.

“La evidencia presentada por la Dra (N). es alarmante y su valentía al dar este paso merece no solo nuestro apoyo, sino también la intervención decidida para detener estos abusos”, añadió.

Resaltó que “según estudios recientes, el acoso afecta gravemente la salud mental y física de los empleados, con repercusiones directas en su productividad y en la calidad del cuidado de los pacientes”.

Por ello, exigen que se realicen las investigaciones pertinentes de manera imparcial y la destitución inmediata del doctor Adrián Chávez.

De igual forma, proponen la implementación de un protocolo claro de denuncia y seguimiento de estos casos, así como la formación continua en temas de respeto y ética laboral dentro de la institución.

“Hacemos un llamado a la administración para que cree un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y equitativo para todos, donde cualquier tipo de acoso sea completamente inaceptable y se actúe con contundencia ante cualquier transgresión”, puntualiza.

Finalmente, recalcaron la necesidad de que colegas y la ciudadanía en general se sumen a la petición y apoye a la jóven.

“Por favor, únete a nosotros firmando esta petición para mostrar tu apoyo a la Dra (N). y para promover un cambio necesario dentro de nuestro entorno laboral. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un lugar de trabajo del que todos podamos estar orgullosos”, concluyó.

La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) cuestionó el contenido y las acciones que integran la campaña ‘Niñas, No Madres’, que recientemente difundió el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), contra la violencia sexual infantil y con ello, el embarazo en menores de edad.

En un comunicado, la organización reconoció la necesidad de impulsar acciones de sensibilización social para erradicar este tió de violencia, así como la importancia de visibilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, expresó su preocupación respecto a la campaña, “desde un enfoque basado en evidencia cientifica, derechos humanos y principios de protección integral”, al considerar que “algunos mensajes” pueden ser imprecisos y contraproducentes.

“Reconocemos la relevancia de impulsar acciones de sensibilización social para erradicar la violencia sexual infantil, asi como la importancia de visibilizar los derechos de NNA.

“Consideramos necesario señalar que algunos mensajes de la campaña, en su forma actual, pueden resultar conceptualmente imprecisos y potencialmente contraproducentes desde una perspectiva cientifica, psicológica y de politica pública”, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las presuntas fallas en la campaña?

• Consentimiento en menores de edad 

Algunos mensajes sugieren que la prevención de la violencia sexual depende de la capacidad de niñas y niños para otorgar o negar consentimiento.

La organización subraya que menores de edad no tienen la madurez cognitiva, emocional ni neurobiológica para dar un consentimiento válido en interacción con adultos, sobre todo ante relaciones de poder desiguales.

Usar el concepto de consentimiento sin contexto puede generar interpretaciones erróneas y procesos de autoinculpación en las víctimas.

• Dinámicas reales de la violencia sexual infantil 

En este tema, mencionó que la literatura científica documenta que la mayoría de los casos ocurren sin fuerza física directa, sino mediante manipulación, engaño, generación de vínculos y aislamiento.

Las respuestas neurobiológicas ante situaciones de amenaza, como el congelamiento o la sumisión, pueden impedir que niñas y niños expresen rechazo.

Por ello, se debe centrar la narrativa en “decir no” o “expresar incomodidad” resulta insuficiente.

• Riesgo de responsabilizar implícitamente a las víctimas 

Enfatizar conductas esperadas en niñas, niños y adolescentes, sin definir la responsabilidad exclusiva del agresor adulto, puede trasladar implícitamente una carga de protección a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

ADIVAC sostiene que la prevención, atención y respuesta ante la violencia sexual corresponde de manera absoluta a adultos, instituciones y al Estado.

• Precisión en la comunicación pública 

El colectivo señaló que las campañas deben evitar simplificaciones que distorsionen fenómenos complejos. La ambigüedad en conceptos clave puede provocar desinformación y prácticas inadecuadas.

Los mensajes de sensibilización deben acompañarse de rutas claras de acción, mecanismos accesibles de denuncia y fortalecimiento institucional.

• Construcción de corresponsabilidad social 

Es fundamental involucrar a distintos actores sociales, pero los mensajes deben evitar estigmatización o generalización, y promover una comprensión estructural del problema basada en la transformación de normas sociales, relaciones de poder y contextos de riesgo.

ADIVAC reitera la importancia de campañas para prevenir la violencia sexual infantil, pero subraya que deben construirse con rigor técnico, respaldo científico y enfoque especializado en desarrollo infantil y trauma.

Asimismo, de comunicar de manera inadecuada puede limitar la efectividad de las estrategias de prevención y generar riesgos adicionales para la protección de las víctimas.

La organización hace un llamado a fortalecer la participación de especialistas en psicología del desarrollo, neuropsicología, trauma, criminología, derechos de infancia y diseño de políticas públicas en la elaboración de este tipo de iniciativas, para garantizar información clara, pertinente y verdaderamente protectora de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta semana, el gobierno de México inició la estrategia territorial para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado, a casi dos años de que se difundió una lista de 30 casos de menores de edad que dieron a luz a bebés que tuvieron con hombres sognificativamente mayores que ellas, de hasta 70 años de edad.

Dicha lista fue denunciada en julio del 2025 por Infobae Mx, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en ese momento lo reconoció como posibles casos de abuso sexual y uniones forzadas.

La estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras arranca en una primera etapa que abarca 50 municipios prioritarios en 19 estados, con acciones coordinadas por la Secretaría de las Mujeres y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.

¿En qué municipios prioritarios se implementará la estrategia?

• Aguascalientes, Aguascalientes.
• Baja California, las acciones se concentraron en Tijuana.
• Coahuila de Zaragoza: Saltillo y Torreón.
• Chiapas: Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
• Chihuahua: Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua, Guachochi, Guadalupe y Juárez.
• Durango: las autoridades eligieron la capital, Durango.
• Guanajuato: en Irapuato y León.
• Guerrero:Acapulco de Juárez, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Igualapa, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac.
• Jalisco: en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
• Estado de México: en Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Santo Tomás y Toluca.
• Oaxaca: Candelaria Loxicha, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Cristóbal Amatlán, San Gabriel Mixtepec y Santiago Ixtayutla.
• Puebla: en Palmar de Bravo y la capital, Puebla.
• Querétaro, se trabajó en el municipio de Querétaro.
• Quintana Roo: Benito Juárez.
• San Luis Potosí, la intervención ocurrió en la capital homónima.
• Sinaloa: en Culiacán.
• Sonora: en Hermosillo.
• Tamaulipas: en Reynosa.
• Veracruz de Ignacio de la Llave: en Perote y San Andrés Tuxtla.

¿En qué consistirá la estrategia?

La directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres, Alina Herrera Fuentes, explicó que el embarazo en niñas y adolescentes involucra a distintos actores responsables de su protección.

En un comunicado, subrayó la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno para intervenir en las zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazo temprano, rezago social y educativo, así como pobreza y uniones forzadas.

Las acciones se estructuran en nueve intervenciones, que incluyen trabajo comunitario, recorridos casa por casa, vinculación con personal docente y de salud, capacitación a servidores públicos municipales, diálogo con madres, padres y cuidadores, atención a niñas, niños y adolescentes, actividades en espacios públicos y operación de Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).

La selección de los municipios se basa en un análisis técnico que identifica mayor prevalencia de embarazo infantil, violencia sexual y cohabitación forzada, reforzado con el diagnóstico del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sobre comunidades originarias y afromexicanas.

El financiamiento proviene del FOBAM, que permite a las IMEF contratar promotoras y brigadistas especializadas.

Este personal realiza labores didácticas y preventivas en espacios públicos, Centros LIBRE y domicilios particulares.

El objetivo es involucrar a docentes, familias y personal de salud en la detección y prevención del embarazo infantil y las uniones forzadas, así como impulsar un cambio cultural que elimine la normalización de prácticas que violentan la dignidad de niñas y adolescentes.

En el mismo comunciado, la Secretaría de las Mujeres adelantó que posteriormente se relizará una segunda fase en 44 localidades más.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada tras reconocer que la violencia basada en género funcionó como un mecanismo sistemático de control social ejercido por organizaciones paramilitares entre los años 2000 y 2004.

El fallo identificó que las afectaciones contra las mujeres no fueron hechos aislados, sino el resultado de una estrategia planificada que dejó como saldo la degradación de las víctimas y la imposición de una estructura de poder sustentada en el miedo y la humillación.

Esta sentencia establece, por primera vez en este nivel, que tales actos formaron parte explícita de la política criminal del grupo armado y exige al Estado la reparación integral de las sobrevivientes, incluyendo medidas simbólicas y garantías de atención médica y psicológica prioritaria.

La decisión judicial impuso penas de 40 años de prisión (480 meses) y multas de 50.000 salarios mínimos a José Baldomero Linares (alias “Guillermo Torres”), Rafael Salgado (“Águila”) y José Delfín Villalobos (“Alfa 1”).

Sin embargo, en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Tribunal sustituyó estas condenas por una “privación efectiva de la libertad por un término de 96 meses (8 años)”. De acuerdo con el fallo citado por El Espectador, se reconocieron 57 víctimas —39 directas y 19 indirectas— y se estableció que la reparación que deberán recibir supera los $10.000 millones.

El Tribunal ordenó, además, la realización de disculpas públicas en Puerto Gaitán y la creación de una expresión artística en Alto Neblinas en memoria de las víctimas.

Entre los hallazgos más relevantes, el Tribunal Superior de Bogotá documentó que el grupo armado utilizó el sitio conocido como Alto Neblinas, en Puerto Gaitán (Meta), como centro de retención y secuestro, en el que se perpetraron múltiples privaciones ilegítimas de la libertad bajo la consigna de una política de “corrección o escarmiento” impuesta con criterios morales arbitrarios.

Estas acciones estaban dirigidas expresamente a niñas y adolescentes, a quienes se les quería “trazar en el cuerpo un relato descarnado del dominio paramilitar”, según se lee en la sentencia.

Las prácticas de sometimiento y humillación incluyeron desde el corte violento de cabello —considerado un símbolo público de feminidad y, por lo tanto, de castigo— hasta la imposición de trabajos forzados como arreglar caminos, lavar vehículos pesados, cocinar, desyerbar, recoger leña o cargar piedras.

Estos oficios, exigidos bajo condiciones extremas y desprovistas de mínimos vitales como agua potable o alimento suficiente, buscaban “avasallar la libertad y autonomía” de las mujeres e invisibilizar la violencia bajo una apariencia doméstica o laboral.

La violencia sexual constituyó la forma más brutal de dominación. El Tribunal estableció que las niñas y adolescentes fueron objeto de acceso carnal violento, esclavitud sexual y acoso sistemático, en ocasiones bajo la amenaza del hambre: “algunos paramilitares llegaban a ofrecer comida a cambio de actos sexuales, aprovechando que las víctimas pasaban días sin consumir alimentos o agua”, de acuerdo con la motivación de la Sala de Justicia y Paz.

La sentencia subrayó que tales prácticas buscaban no solo el placer del agresor, sino la anulación de la voluntad y la exhibición de un poder absoluto sobre la vida de quienes sometían.

Esta normalización de la violencia llegó a permear a la sociedad local: las propias familias y autoridades escolares aceptaban los raptos a Alto Neblinas como una suerte de castigo ejemplarizante, convirtiendo estos delitos en rituales de “adoctrinamiento” y perpetuación del terror sobre la población, como destaca la sentencia..

El Sala también documentó la violencia sufrida por las mujeres dentro de las filas paramilitares. Reclutadas siendo muchas veces menores de edad, eran forzadas a entrenamientos degradantes y vejadas en actos de castigo que incluían la sujeción y arrastre por el cuello.

Su vida sexual era objeto de control absoluto: necesitaban autorización para tener pareja y eran obligadas a planificar. Si alguna quedaba embarazada, se le imponía una sanción económica de dos millones de pesos, descontada de la bonificación mensual.

La respuesta judicial no se limita al plano punitivo. La sentencia resalta que el proceso fue posible gracias a la “valentía de las víctimas”, a quienes dedica el cierre del fallo: “Aprovecha la Sala para dirigirse a las víctimas de violencia basada en género, en especial las que acudieron a este proceso, para agradecerles su valentía y decirles que no deben arrepentirse de haber acudido a Justicia y Paz, que esta es una oportunidad para dar a conocer lo que ocurre con las mujeres en el marco de un conflicto armado asimétrico como el que vive Colombia y que con su valentía están aportando a la paz del país”.

La Sala de Justicia y Paz fundamentó en su sentencia que la política criminal de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada incluyó estrategias de sometimiento de las mujeres mediante actos públicos y reiterados de degradación. Tal como subraya el documento, “no se trataba de impulsos sexuales individuales”, sino de una “estructura simbólica profunda” orientada a someter a la población civil a través del cuerpo femenino, equiparando el atentado contra una mujer con la sumisión de la comunidad en su conjunto.

El análisis del Tribunal contextualizó los delitos de violencia basada en género como parte de un modelo represivo, en el que la exhibición de las víctimas tras el cautiverio —marcadas física y socialmente, conocidas como “las calvas”— reforzaba la estigmatización y el aislamiento.

Las jornadas de trabajo forzado y el castigo sexual se complementaban como dispositivos de control cuyos efectos perduraron mucho más allá del final de la ocupación paramilitar en la zona.

En una de sus órdenes, el Tribunal exhortó al Estado a garantizar el acceso preferente de las víctimas a servicios médicos y psicológicos, así como a la reparación simbólica y económica.

La suma total destinada a estos fines, superior a $10.000 millones, se dirigirá al resarcimiento de quienes sufrieron de forma directa e indirecta estos crímenes, un número que por primera vez fue reconocido de manera expresa en sede judicial tras años de silencio impuesto por la violencia armada.

La Secretaría de las Mujeres celebra la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esto, luego de que ayer el Congreso emitió la declaratoria tras recibir el aval de 27 congresos locales.

¿Qué falta?

El poder legislativo cuenta ahora con un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la Ley General, que establecerá la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados.

¿Qué cambiará?

La normativa unificará el tipo penal a nivel nacional y fijará penas de entre 40 y 70 años de prisión. El delito de feminicidio no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías.

El agresor perderá la patria potestad sobre sus hijas e hijos, los derechos sucesorios y cualquier otro beneficio legal vinculado a la víctima.

La nueva ley ampliará el catálogo de razones de género que deberán considerarse al investigar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad o subordinación.

Las penas aumentarán si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada, pertenece a un pueblo indígena, es periodista o defensora de derechos humanos, o si el crimen es cometido por un servidor público.

Las políticas de prevención de la violencia feminicida quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres, que coordinará el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes.

El Estado mexicano asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, lo que incluye la creación de registros nacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Con esta declaratoria, el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el compromiso de transformar el sistema de justicia y reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad estatal y una condición indispensable para lograr la igualdad sustantiva.

No es una estadística abstracta. Es un niño, una niña, un adolescente que deja de estar. En México, 29 menores de edad desaparecen cada día, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el colectivo Hasta Encontrarles, presentados este 27 de abril en la Glorieta de las y los Desaparecidos, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El acto —una “cascarita” futbolística en vísperas del Día de la Niñez— buscó, en palabras de los organizadores, “visibilizar la indolencia de las autoridades en resolver este problema”.

Los números que el gobierno no quiere ver

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, presentó un panorama que se agrava año con año:

• En 2025 se registraron 10 mil 700 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.
• Casi 3 mil 000 menores siguen sin ser localizados.
• El número de casos aumentó 0.3% respecto a 2024, cuando se reportaron 10,631.
• El dato más alarmante: los niños de 0 a 7 años sin localizar crecieron 30.3% en un solo año, al pasar de 2,192 a 2 mil 856 casos.

“Muchos son encontrados con vida, pero siguen sin ser localizados casi 3 mil infantes”, advirtió Ramírez.

Tres estados concentran la mitad del problema

La crisis no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las entidades con mayor número de casos son:

• Estado de México: 4 mil 116 reportes — uno de cada cinco casos del país.
• Tamaulipas: mil 738 reportes (8.6%).
• Ciudad de México: mil 628 reportes (8.9%).

En conjunto, dos de cada cinco desapariciones de menores en México se concentran en estas tres entidades.

Las ONG exigen una respuesta urgente

Redim y Hasta Encontrarles no solo denuncian: también demandan acciones concretas a las autoridades. Entre sus principales exigencias destacan:

• Búsquedas inmediatas desde el momento en que se reporta la desaparición de un menor.
• Investigaciones diligentes con perspectiva de género y enfoque intercultural.
• Fortalecimiento forense y atención integral a las familias afectadas.
• Políticas integrales contra homicidios, feminicidios, reclutamiento y trata que tomen en cuenta las realidades de cada territorio.

La crisis de desapariciones de menores en México lleva años en aumento. Los niños de 0 a 7 años —los más vulnerables— son ahora quienes muestran el incremento más alarmante. Mientras las organizaciones civiles salen a las calles a jugar futbol para que el país no olvide, miles de familias esperan una respuesta que no llega.

En un foro reciente organizado por Causa en Común, una persona que busca a su familiar desaparecido sintetizó en una frase la dimensión del colapso institucional en México: ya no tiene esperanza en que este gobierno le ayude a encontrarlo.

No es un testimonio aislado. Es la conclusión colectiva de miles de familias que llevan años enfrentando omisiones, simulaciones y promesas incumplidas.

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas. Pero el dato que revela la magnitud real de la crisis no es ese número, sino su trayectoria: el 90% de los casos se concentra en los últimos años, y solo en 2024 se registró un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones.

No es una herencia del pasado. Es una crisis activa que crece.

Un andamiaje institucional que existe sobre el papel

Desde 2018, México cuenta con una Ley General en materia de desaparición, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y un sistema nacional de coordinación. En teoría, el marco existe. En la práctica, no funciona.

De los más de 130 mil casos registrados, apenas 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación. El mensaje es claro: en México, la desaparición prácticamente no se investiga.

El colapso también alcanza a los servicios forenses. Estimaciones independientes apuntan a más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en morgues de todo el país. Colectivos de familiares lo describen como una “segunda desaparición”: personas que, incluso después de ser encontradas sin vida, permanecen sin nombre.

Las familias buscan donde el Estado no llega

En ausencia institucional, son los propios familiares quienes asumen la tarea de búsqueda. Entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 3 mil 38 hallazgos de fosas clandestinas, la mayoría localizados por colectivos.

Buscar tiene un costo. Al menos 35 integrantes de colectivos han sido asesinados y ocho más han desaparecido.

La ausencia del Estado no es solo administrativa: es también física.

La respuesta del gobierno: depurar, no buscar

Frente a este escenario, la estrategia del gobierno federal ha sido centrar el debate en los registros. La revisión del padrón nacional de desaparecidos introduce categorías que clasifican casos según la “calidad” de su información o supuestas actividades posteriores a la desaparición.

El efecto es político: el problema se redefine como uno de depuración estadística, no de búsqueda e identificación.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya confirmó lo que las víctimas denuncian desde hace años: México enfrenta desapariciones generalizadas, con impunidad casi absoluta e indicios de participación o tolerancia de autoridades. La respuesta oficial ha sido rechazar ese diagnóstico.

La señal que el Estado envía

Como señala el análisis de Causa en Común, cuando las instituciones no buscan, no investigan y no informan, dejan de ser referentes de justicia para convertirse en obstáculos.

Si las desapariciones no se investigan, si los cuerpos no se identifican y si las cifras se manipulan, el mensaje implícito es demoledor: desaparecer en México no tiene consecuencias.

En México se continúan registrando altas cifras de feminicidios, en medio de un contexto que ya no solo implica una mejora en las políticas para prevenir los casos, investigarlos y sancionarlos, sino también la atención al aumento de la difusión de mensajes en contra de las mujeres a través de redes sociales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre del 2026.

De acuerdo con su reporte con corte al 31 de marzo, el 46.6% de los casos se concentran en seis estados:

Sinaloa continúa como el estado con más feminicidios, al reportar 15 casos, seguido de Chiapas, con 13.

En tercer lugar está la Ciudad de México y el Estado de México, con 11 casos cada uno. Sonora se encuentra en quinto lugar con 10 feminicidios, y Veracruz en sexto, con nueve.

Les siguen Chihuahua y Morelos, con ocho femincidios, así como Jalisco y Tamaulipas, con seis casos. Mientras que Baja California, Guanajuato y Oaxaca, tienen cinco cada uno.

En Guerrero y Nuevo León se han reportado cuatro casos, respectivamente, seguidos de Durango, Puebla y San Luis Potosí, con tres en cada entidad.

Municipios con más delitos de feminicidio

• Culicán, Sinaloa: 12
• Reynosa, Tamaulipas: 4
• Venuastiano Carranza, Ciudad de México: 4
• Hermosillo, Sonora: 3
• Juárez, Chihuahua: 3
• Tapachula, Chiapas: 3
• Anáhuac, Nuevo León: 2
• Cajeme, Sonora: 2
• Centro, Tabasco: 2
• Cuauhtémoc, Chiahuahua: 2
• Cuautla, Morelos: 2
• Cuernavaca, Morelos: 2
• Iztacalco, Ciudad de México: 2
• La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 2
• Mexicali, Baja California: 2
• Tecpan de Galeana, Guerrero: 2
• Tijuana, Baja California: 2
• Toluca, Estado de México: 2
• Tuxtla Chico, Chiapas: 2
• Victoria, Tamaulipas: 2

Edades de las víctimas

Según la misma información, 118 de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años, sin especificar cuántas eran menores de edad.

En el desglose por estado se señalan nueve casos de menores de 12 años de edad y cinco más de entre 13 y 17 años.

Asimismo, se detectaron nueve de adultas mayores y de 16 casos no se tiene dicha información.

Víctimas de homicidio doloso

En este delito, Guanajuato lidera la cifra de casos, con 46 casos, seguido de Michoacán, con 38 y Guerrero, con 30, así como Morelos, con 26.

Sheinbaum propone Ley contra el Feminicidio: en esto consiste

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de unificar la definición y sanción de este delito en todo México.

Y esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa y está siendo sicutida en los congresos estatales.

La propuesta contempla penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan feminicidio, además de establecer que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio desde la apertura de la carpeta, con perspectiva de género.

La iniciativa incluye 52 artículos distribuidos en ocho títulos y entre los elementos clave para tipificar el feminicidio se consideran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima, como ser niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con alguna discapacidad.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para robustecer las investigaciones, y se exige la existencia de unidades especializadas en fiscalías estatales y la federal, con atención continua y protocolos específicos con perspectiva de género.

Se garantiza la revisión de antecedentes de violencia, incluso sin denuncias previas, y la protección de menores en orfandad, así como la dignidad de las víctimas.

Las penas aumentan hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, sea periodista, defensora de derechos o migrante, o si se emplearon sustancias como ácido.

El responsable perderá derechos de patria potestad, herencia e inhabilitación para cargos públicos, sin acceso a libertad anticipada ni amnistía. La aprobación de esta ley representa un avance relevante para combatir la violencia feminicida en México.

Luego de la polémica que se armó en redes sociales por la difusión de una fotografía de un cartel publicitario de la empresa de telefonía Tigo que fue alterado con inteligencia artificial (IA), la Secretaría de la Mujer se sumó al rechazo por parte de la compañía.

Por medio de un mensaje que se publicó desde la cuenta de X de la entidad, se precisó que no importa ”si es publicidad, meme o IA. Usar la imagen o identidad de las mujeres para burlarse, sexualizarlas o lucrarse con ellas es violencia simbólica y digital".

La imagen que se viralizó en varias cuentas dedicadas a compartir memes en redes sociales como Facebook, Instagram y X ocasionó la respuesta vehemente y creativa por parte de Tigo, que precisó en su respuesta que lo ocurrido fue un acto de “violencia digital”.

El caso se presentó entre el 23 y el 24 de abril de 2026, cuando usuarios de plataformas digitales compartieron una fotografía intervenida de un aviso publicitario de Tigo ubicado en una parada de bus.

En la versión original, el mensaje acompañaba la imagen de una mujer y decía: “Desde que soy pospago, le comparto datos a todos”.

Sin embargo, la imagen modificada con IA cambió la frase por: “Desde que soy prepago, le comparto datos a todos”.

En Colombia, el término “prepago” tiene una connotación coloquial y peyorativa, ya que suele emplearse para referirse a mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de remuneración económica.

Por esta razón, la modificación del mensaje fue interpretada como una forma de violencia y ataque a la dignidad de la mujer retratada en el cartel.

Esto provocó que en la respuesta de Tigo (mediante una publicación en su perfil de X la noche del jueves 23 de abril) a raíz de la imagen manipulada.

Sumado a esto, la compañía difundió un video en el que mostró el mensaje real y el falso.

“Esto es lo que publicamos nosotros”, aclaró la empresa, señalando la diferencia con la versión adulterada.

La empresa de telefonía remarcó que la modificación del cartel se realizó “sin permiso, sin verdad, con inteligencia artificial” y puntualizó sobre la mujer que aparece en el cartel: “Ella es profesional. Una palabra falsa no cambia nada de eso, pero el silencio sí hubiera cambiado todo”.

En su comunicado oficial, Tigo denunció que “manipular la imagen de una mujer con inteligencia artificial es violencia digital y Tigo no se queda callado. Su imagen le pertenece a ella, como la tuya te pertenece a ti. En Tigo creemos que la tecnología debe sumar, no destruir”.

Para contrarrestar el impacto negativo y abrir un espacio de reflexión, la empresa publicó, también con ayuda de inteligencia artificial, varias imágenes alternativas del mismo cartel, esta vez con frases orientadas a empoderar a las mujeres en lugar de descalificarlas.

“Una palabra falsa, una imagen fake para unos likes. No atacaron a una marca, atacaron a una persona. ¿Querían nuevas frases? Les dejamos unas para pensar un poco más”, publicó Tigo en su cuenta oficial de X, junto al video explicativo.

Por todo lo anterior, al final del mensaje desde la Secretaría de la Mujer se añadió: “Ninguna publicación puede construirse sobre el machismo. Nuestro país necesita entornos virtuales respetuosos”.

El episodio reavivó la discusión sobre la violencia digital contra las mujeres, una problemática que abarca diversas conductas realizadas a través de medios y plataformas tecnológicas, con el objetivo de dañar, intimidar, acosar, controlar o vulnerar la dignidad y los derechos de las mujeres.

Entre las formas de violencia digital se incluyen la manipulación de imágenes, el uso no consentido de datos personales, la difusión de contenidos ofensivos o denigrantes, el acoso en línea, la suplantación de identidad, el ciberacoso y la difusión de información falsa o descontextualizada.

Tigo, en su respuesta, llamó a la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología y el respeto a la imagen y la dignidad de todas las personas.

También reiteró su compromiso en promover campañas que empoderen a las mujeres y contribuyan a erradicar las manifestaciones de violencia de género en el ámbito digital.

El registro audiovisual, que ya se encuentra en manos de la Guardia Civil española, muestra a la joven abandonando el inmueble el 5 de abril, un día antes de que se perdiera todo contacto con ella. En las imágenes se observa a Elba vistiendo un polo blanco y pantalón jean, mientras carga un celular, un abrigo, un bolso y una maleta gris. Antes de retirarse, incluso mira fijamente a la cámara de seguridad.

Según relató su hermana, Victoria Cruz, la versión entregada por la pareja de la desaparecida, identificada como Alex Ferreres, es que ambos tuvieron una discusión y que luego ella decidió irse del lugar con sus pertenencias.

“Bueno, la versión que nos da es que tuvieron una discusión, que ella se va ese día con sus cosas y me dice: ‘Todas las parejas tienen problemas’”, señaló. Previamente había manifestado sus sospechas contra Ferreres tras conocer por tercera personas que la pareja tenía antecedentes de conflicto.

Último rastro en Barcelona

Tras dejar Vinaròs, Elba viajó a Barcelona, donde registró su ingreso a un hotel el 6 de abril. Desde ese lugar envió una última fotografía a la niñera de sus hijos, quienes se encuentran en Chile, y le comentó que iba a reunirse con un hombre.

Hasta el momento, la identidad de esa persona sigue siendo desconocida para la familia.

“Ahora, la identidad de este chico no se sabe, pero en ese hotel se le pierde el rastro. Se registró sola, no hay nadie más registrado y se quedó el lunes 6 y martes 7 de abril”, explicó su hermana.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero.

Familia pide ayuda para viajar a España

Han pasado 18 días desde la desaparición y los familiares de Elba evalúan viajar a España para colaborar con las diligencias. Sin embargo, aseguran que enfrentan limitaciones económicas y logísticas, ya que la investigación principal se desarrolla en Vinaròs, donde no cuentan con familiares ni alojamiento.

“Sí, pero familiares no tenemos. Y donde nosotros necesitamos ir a quedarnos es en Vinaròs, porque la investigación se está haciendo ahí”, sostuvo Victoria Cruz.

Asimismo, la familia solicitó apoyo al consulado peruano y a la embajada española para acceder a más información y facilitar su traslado.

Detective privado y apoyo del MIMP

Ante la falta de resultados, los allegados también contrataron a un detective privado en España para intentar esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ya tomó conocimiento del caso y viene realizando seguimiento a la situación.

La desaparición de Elba Cruz mantiene en alerta a sus familiares, quienes exigen celeridad en las investigaciones y no descartan nuevas acciones para intensificar su búsqueda.

Medios de ayuda en Perú

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

Eruviel Ávila Villegas, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respondió con un breve mensaje en redes sociales a las acusaciones de su esposa, María Irene Dipp, quien lo señaló de violencia psicológica y amenazas.

En su cuenta de X, el diputado agradeció los mensajes que recibió con relación a las declaraciones de Dipp; sin embargo, hizo un llamado a llegar a un acuerdo con su esposa “en privado”.

En la misma publicación, aseguró que ambos buscarán que prevalezca el diálogo y el respeto, por el bienestar de sus dos hijos.

“Gracias a todos por sus mensajes. En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló”, escribió en la red social.

El lunes pasado, María Irene Dipp denunció públicamente que enfrenta violencia psicológica y amenazas legales de parte de Eruviel Ávila, diputado del PVEM y exgobernador del Estado de México.

En un video difundido en redes sociales, Dipp afirmó que, tras varios intentos de resolver de manera pacífica la separación, decidió apartarse junto con sus hijos debido al “ambiente tóxico” que vivían en su hogar.

Acusó que Ávila la ha amenazado repetidamente con iniciar procesos civiles y penales para quitarle la custodia de sus hijos, Juan Pablo y María Ávila Dipp.

Dipp sostuvo que estas amenazas y la violencia psicológica que dice sufrir de Ávila la llevaron a tomar la decisión de separarse con el fin de proteger a los menores y evitar que el legislador cumpla sus advertencias.

Advirtió que, ante la falta de acuerdos, Ávila intensificó la intimidación mediante acciones legales, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad y el bienestar de su familia.

En el video, Dipp responsabiliza directamente a Ávila de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. Hasta ahora, el diputado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.

Colectivos y organizaciones han expresado su apoyo a Dipp y han exigido protección para ella y sus hijos.

Eruviel Ávila ha sido presidente municipal de Ecatepec, subsecretario de Gobierno del Edomex, gobernador de la entidad y dirigente del PRI; desde 2024 es diputado federal por el PVEM.

Familia denuncia abandono legal

Luis Flores Julca, principal sospechoso del ataque, cuenta con una orden de captura vigente, pero sigue sin ser detenido por la Policía Nacional. La familia de Yanet expresa preocupación por el lento avance de las investigaciones y la posibilidad de que el agresor haya huido del país, ya que las cámaras de seguridad registraron su presencia en el lugar de los hechos y su salida con una maleta poco después del ataque.

En cuanto al apoyo institucional, la hermana de la víctima denunció la falta de acompañamiento legal por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a pesar de que inicialmente se ofreció asistencia psicológica y legal. Según relató, la abogada designada por el MIMP no se presentó a realizar las gestiones legales necesarias, lo que llevó a la familia a recurrir a un abogado particular para continuar el proceso.

“Por la parte legal del Ministerio de la Mujer sí nos quedamos totalmente decepcionados, ya que la abogada en su momento no se personó a hacer ninguna documentación y es motivo por el cual nuestro abogado de familia sigue con nosotros”, narró.

Karen pidió que las autoridades no las abandonen y refuercen la búsqueda de Flores Julca, haciendo un llamado tanto a la Policía Nacional como a la ciudadanía para aportar información que permita dar con el paradero del agresor.

MIMP responde sobre el apoyo legal

Ante la denuncia de la familia por falta de acompañamiento legal, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el Programa Nacional Warmi Ñan ofreció asistencia legal gratuita. Según el comunicado enviado a Infobae, la entidad reiteró el ofrecimiento y, aunque la hermana de la víctima permitió orientación del abogado del Programa, la representación formal quedó en manos del profesional privado contratado por la familia.

El MIMP detalló que, de oficio, solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la agraviada y a la Policía Nacional custodia permanente, ya que la víctima permanece internada. También informó que gestionó la entrega de imágenes de videovigilancia a la Municipalidad de Surquillo y solicitó a la Fiscalía Especializada en Violencia la geolocalización y levantamiento de comunicaciones del denunciado, como parte de las acciones para reforzar la investigación.

La institución remarcó que, desde el inicio del caso, brinda contención emocional y apoyo social diario a los familiares de la víctima en el hospital. Además, reiteró que sus servicios legales y de acompañamiento continúan disponibles para la familia, en caso decidan hacer uso de ellos.

Piden donantes de sangre

Urbano fue agredida tras intentar poner fin a la relación sentimental con Flores Julca. El ataque incluyó golpes, cortes con arma blanca y graves quemaduras, lo que derivó en un incendio dentro de la habitación de la víctima. Actualmente, Yanet permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arzobispo Loayza, conectada a un ventilador mecánico, con más del 70 % de su cuerpo quemado y múltiples fallas orgánicas. De acuerdo con Latina Noticias, su diagnóstico inicial fue de falla multiorgánica y muerte cerebral, producto de la gravedad de las lesiones y la inhalación de humo.

La hermana de la víctima, indicó que Yanet ha pasado por varios procedimientos médicos, entre ellos tomografías y diálisis, y que el monitoreo es constante. Destacó la atención recibida en el hospital, pero remarcó que la situación sigue siendo crítica y que la joven permanece inconsciente. En este contexto, la familia solicita donantes de sangre de manera urgente para sostener los tratamientos médicos. Karen proporcionó su número de contacto para quienes deseen colaborar: 963 033 122.

Para la Policía, el agresor estaría en Argentina u otro país cercano, debido a que se evidenció movimientos en la tarjeta de la víctima. Asimismo, las autoridades ya están efectuando la captura internacional.

María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exgobernador del Estado de México, acusó al legislador de violencia psicológica y de amenazarla con iniciar procesos legales en su contra tras separarse de él.

En un video, Dipp narró que tras varis intentos de llegar a una “solución pacífica”, tomó la decisión de separarse del diputado, junto con sus hijos, debido al “ambiente tóxico” en el que vivían.

La mujer indicó que el exgobernador mexiquense comenzó a amenazarla con iniciar un proceso legal en su contra, entre otras afectaciones directas y civiles, por lo que vive “con el miedo constante” de perder a sus hijos.

“Te hablo con claridad y desde mi verdad. Desde tiempo atrás, he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido, Eruviel Ávila Villegas. He recibido amenazas de que va a proceder legalmente en mi contra y vivo con el temor constante de perder a mis hijos”, afirmó.

Argumentó que se separó del legislador para “intentar proteger, ayudar y librar” a sus hijos, así como por el temor a que sí cumpla sus amenazas.

“Hoy, esta situación nos ha orillado a apartarnos de él, por el temor a que sí cumpla sus amenazas y nos haga daño.

“Intenté de todas las maneras llegar a una solución pacífica, buscando siempre el bien de nuestros hijos, pero recibí amenazas directas, civiles y penales en mi contra”, aseveró.

En este sentido, María Irene Dipp hizo responsable al legislador de cualquier situación que afecte tanto su integridad, como la de sus hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp.

El diputado no ha emitido ninguna declaración al respecto; sin embargo, diversos colectivos han expresado su solidaridad con la mujer.

¿Quién es Eruviel Ávila?

Entre 1994 y 1996, Eruviel Ávila ocupó el cargo de secretario del gobierno municipal de Ecatepec, Estado de México. Posteriormente, de 2001 a 2003, se desempeñó como presidente municipal de Ecatepec, responsabilidad que volvió a asumir entre 2006 y 2009.

En el ámbito estatal, ejerció como subsecretario de Gobierno del estado de México en la región de Nezahualcóyotl entre 2011 y 2017. Más adelante, asumió la gubernatura del Estado de México, cargo que ocupó desde 2017.

A esto se suma que entre 2006 y 2017, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de México.

Durante ese periodo, también se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y ocupó la coordinación de las comisiones de asuntos internacionales y de salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Además, participó activamente en el PRI y en 2017 fue vicecoordinador de la precampaña presidencial de ese partido.

En 2017 asumió la presidencia del PRI en la Ciudad de México y, posteriormente, a partir de 2024, se integró al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La sentencia, dictada en marzo por la Corte Superior de Justicia del Callao, establece una condena de 30 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva para Luis Miguel Quispe Campos, encontrado responsable del delito de violación de la libertad sexual en agravio de una menor. El proceso judicial, iniciado tras la denuncia de la familia, se extendió por seis años y culminó con un fallo que la familia considera solo parcialmente reparador ante la ausencia del sentenciado, quien no se presentó a la lectura del veredicto.

La lucha por encontrar justicia

La madre de la víctima relató que la denuncia surgió dos años después de los hechos, ocurridos en 2018, cuando su hija, aún menor de edad, narró con detalle los episodios de abuso a manos de un familiar cercano.

Durante el proceso, la familia convivió con el temor y la incertidumbre. La madre explicó que su hija desarrolló miedo a salir de casa ante la posibilidad de cruzarse con su agresor.

“No salía porque me decía: ‘Mamá, de repente me la encuentra mi tío Luis en su carro o me la encuentra en el colegio, en la puerta’. Ella tenía miedo”, relató la madre al programa Ocurre Ahora de ATV.

La situación se agrava porque el sentenciado, quien es psicólogo de profesión, atendía a menores y tenía acceso a niños en su entorno laboral. La madre de la menor remarcó que la condena no representa un cierre definitivo para su familia, ya que la ausencia de Quispe Campos mantiene latente el riesgo de represalias.

De esta manera, teme a que el agresor regrese para hacerle daño a su familia o a la víctima como parte de una “venganza”.

Ante ello, exige garantías personales y medidas de protección ante el temor de que el prófugo pueda intentar acercarse a ellos. Las autoridades judiciales han reiterado que la orden de captura está vigente y que corresponde a la Policía Nacional ejecutar la detención del sentenciado, cuyo paradero actual se desconoce.

Canales de ayuda

• El Centro de Emergencia Mujer ofrece atención integral y gratuita a víctimas de violencia familiar y sexual. Los CEM brindan apoyo legal, psicológico y social en todo el país, facilitando la denuncia y el acompañamiento durante todo el proceso.
• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial, disponible las 24 horas del día, que brinda orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia de género.
• La Policía Nacional del Perú cuenta con comisarías especializadas y personal capacitado para atender denuncias de violencia de género. Ante una situación de peligro o emergencia, cualquier persona puede acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 105 para solicitar ayuda inmediata.

El incidente, que quedó registrado en video, expuso la doble dimensión del ataque: primero contra su esposa y después contra la oficial que acudió a atender la situación. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, uniformados acudieron al barrio Santa Elena Baja tras recibir un llamado por un posible caso de violencia intrafamiliar.

En el lugar, los agentes encontraron a Castro Montoya mientras golpeaba a su compañera sentimental, situación que fue grabada por vecinos y difundida como prueba del ataque. La intervención policial se tornó violenta cuando el agresor adoptó una actitud hostil frente a los uniformados.

Durante el procedimiento de traslado a la estación para la identificación formal, el detenido propinó una patada en el rostro a la comandante de la estación, identificada como teniente y máxima autoridad policial en El Colegio.

La agresión quedó registrada en una grabación que fue presentada ante la autoridad judicial como evidencia del ataque contra la servidora pública. El propio coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, confirmó los hechos en un comunicado a la opinión pública.

“El Departamento de Policía Cundinamarca se permite informar que el 19 de abril, en el barrio Santa Elena Baja, del municipio de El Colegio, se presentó un procedimiento policial que dejó como resultado la captura en flagrancia de una persona por el delito de violencia contra servidor público agravado”, explicó Herrera Luengas.

El oficial agregó: “Los hechos se registraron en momentos en que uniformados de la Policía Nacional atendían un caso donde un hombre agredía a su compañera sentimental. Durante la intervención policial, el individuo asumió una actitud agresiva frente al procedimiento. Al ser trasladado en vehículo institucional hacia las instalaciones policiales para su identificación, el sujeto agredió físicamente a la comandante de estación, propinándole un golpe a la altura de su rostro”.

La Policía Nacional recalcó su rechazo absoluto a toda forma de violencia contra la mujer y destacó la importancia de proteger la integridad de sus uniformados. Según el comunicado institucional, Castro Montoya fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente y se le imputó el delito de violencia contra servidor público agravado. El juez encargado del caso dictó la medida de detención intramural, que se ejecutará mientras avanza el proceso judicial.

Cifras y contexto de la violencia contra la mujer en Cundinamarca

El caso expone la situación persistente de violencia contra la mujer en Cundinamarca, una problemática que ha sido objeto de seguimiento por parte del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del departamento.

De acuerdo con el último informe presentado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia física representa el 62% de los casos reportados en la región, mientras que la violencia psicológica y económica alcanzan el 22% y 17%, respectivamente. Las cifras del Observatorio muestran que el 56% de las víctimas son mujeres adultas y el 29% jóvenes, y que la pareja o expareja es el agresor en la mayoría de los incidentes.

En municipios con alta densidad poblacional como Soacha y Facatativá, los casos reportados superan los 48 y 15, respectivamente. La tendencia revela que los hechos de violencia intrafamiliar y física predominan en el departamento, y que el 43% de los reportes corresponden a situaciones con antecedentes previos. Los canales de denuncia más utilizados son digitales, con la Línea Púrpura Distrital y WhatsApp como principales medios de contacto para las víctimas.

La respuesta institucional resalta la importancia de la orientación y el acompañamiento jurídico, que constituyen el 43% de la atención brindada, junto con el apoyo psicosocial y las remisiones a otras entidades. El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género sostiene que la prevención debe fortalecerse con información, entornos seguros y rechazo social a toda expresión de violencia.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

Natalia Lane, activista trans, informó que logró obtener una sentencia condenatoria contra el hombre que intentó asesinarla el 16 de enero de 2022 en un hotel de la Ciudad de México.

La resolución, emitida el 13 de abril en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, fue considerada un hecho histórico por ser la primera vez que en México una mujer trans sobrevive a un intento de transfeminicidio y consigue que se reconozca el factor de género en la condena.

A esro se ssuma que el caso de Lane se convierte en uno de los primeros en investigarse y resolverse como tentativa de feminicidio con perspectiva de género, aunque la figura de transfeminicidio aún no está definida en la legislación federal.

En 2022, Natalia Lane denunció a través de redes sociales que fue atacada, al publicar un video, en el que mostró sus heridas mientras buscaba ayuda.

Poco después, un juez inicia el proceso legal y, tras más de cuatro años de lucha, Lane se convierte en la primera mujer trans viva en lograr una sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio con perspectiva de género.

Natalia Lane resalta la importancia del apoyo brindado por organizaciones y el colectivo LGBTTTIQ+ durante el proceso.

“Hoy, le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras”.

Congreso de la Ciudad de México entrega medalla por la diversidad sexual y de género

El Congreso de la Ciudad de México aprueba otorgar la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género” a Natalia Sofía Cruz Cruz, conocida como Natalia Lane, y a Carlos López López, conocido como Carlos “Dosveceslópez”, por su labor en la promoción y defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género.

La decisión se toma en la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Derechos Humanos, encabezada por las diputadas Cecilia Vadillo Obregón y Jannete Elizabeth Guerrero Maya. El reconocimiento institucional destaca el acompañamiento comunitario, la incidencia política y la defensa del acceso a la justicia para poblaciones históricamente vulneradas.

La medalla se entregará en una sesión solemne en el Recinto Legislativo de Donceles por contribuir de manera significativa a fortalecer la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ en la capital.

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas al Código Penal que promovió el gobeirno estatal para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

La nueva ley obliga a inscribir en este registro a quienes reciban sentencia firme por delitos como feminicidio, trata de menores, abuso sexual, acoso, hostigamiento, afectación a la intimidad, captación y tráfico de menores, corrupción y explotación sexual.

¿Cómo será el registro de agresores y cuánto tiempo estarán inscritos?

La inscripción será obligatoria y el juez debe ordenarla cuando exista sentencia firme.

El registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la condena de prisión, incluso si la pena es sustituida o suspendida conforme a la ley.

Puntos clave:

• La inscripción se mantendrá por un periodo adicional de diez años después de que la persona sentenciada obtenga su libertad.
• La reparación del daño moral no exime a los sentenciados de aparecer en el registro.
• La Fiscalía General del Estado será responsable de administrar y operar este registro.

Iniciativa genera debate en el Congreso

La creación del registro generó discusión entre legisladores.

Algunos diputados defendieron la medida como necesaria para prevenir nuevos delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes. Señalaron que la herramienta ayuda a controlar la reincidencia y fortalece la justicia.

Otras voces advirtieron sobre posibles problemas de constitucionalidad, argumentando que un registro público con temporalidad extendida puede funcionar como una sanción adicional y afectar derechos como la reinserción social y la privacidad.

Sin embargo, la mayoría consideró que el interés superior de la niñez y la protección de las víctimas justifican la medida.

La propuesta para que el registro fuera de acceso restringido solo a autoridades no fue aprobada.

Gobernadora agradece aprobación, resalta protección a la infancia

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo agradeció al Congreso la aprobación de la iniciativa y señaló que se trata de un avance importante para fortalecer la justicia y la protección de las víctimas.

Destacó que el registro permitirá un mejor control, seguimiento y prevención, y que la cobertura se amplía a nuevos delitos, especialmente en entornos digitales.

García Muñoz Ledo afirmó que este esfuerzo está centrado en el bienestar y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, y reiteró su compromiso de impulsar acciones para que crezcan en entornos seguros y libres de violencia.

“Hoy damos un paso firme en la protección de las niñas, niños, adolescentes y de todas las personas frente a la violencia sexual en Guanajuato. La aprobación del Registro Público de Personas Agresores Sexuales fue una iniciativa que presentamos al Congreso de Guanajuato.

“Representa un avance muy importante para fortalecer la justicia, la prevención y la protección de las víctimas. Este instrumento permitirá que, una vez que exista una sentencia firme, las personas responsables de delitos sexuales queden inscritas en un registro público, generando un mecanismo de control, de seguimiento y de prevención que contribuye a evitar la reincidencia y a proteger a la sociedad”, puntualizó.

El hallazgo del cuerpo de Malqui ocurrió tras la alarma de sus familiares al notar que no respondía mensajes ni llamadas. Su madre acudió a la vivienda, ubicada en la cuadra tres del jirón Justiniano Minaya, y encontró presencia policial en la zona. De acuerdo con los testimonios de la familia, la víctima fue localizada con signos de violencia en el pie y la espalda, lo que ha reforzado la hipótesis de un ataque reciente.

Sospechoso vivía al lado de la joven

Según la información proporcionada por los familiares, Guardia García residía en el mismo piso y trabajaba como mototaxista. No mantenía una relación cercana con la víctima y, tras el crimen, tampoco se ha logrado ubicar a su pareja. La familia asegura que ni las autoridades ni los vecinos han logrado aportar datos sobre el paradero del sospechoso, lo que incrementa la incertidumbre en torno al caso.

La investigación se concentra en esclarecer las circunstancias de la muerte de Malqui, una joven de 30 años que migró desde Huánuco a Lima para completar sus estudios y trabajar como licenciada en enfermería. La víctima era el principal sostén de su madre y de dos hermanas menores.

“Ella me ayudaba en todo. Ahora no tengo a nadie que me apoye”, relató su madre, que llegó desde Huánuco, donde la comunidad local acompañó el cortejo y la despedida.

Los familiares de la víctima han expresado su malestar por la falta de avances en la investigación, al señalar que no han tenido acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad ni a otras pruebas que podrían ayudar a identificar el paradero del sospechoso.

“Solo nos dicen que están en proceso y no nos dan respuesta”, afirmó la hermana de Malqui, quien insiste en la necesidad de que las autoridades aceleren las diligencias.

La movilización social en Huánuco y el distrito limeño de Santa Anita ha sido significativa, con vecinos y allegados exigiendo justicia y mayor celeridad en la búsqueda del principal sospechoso.

El entorno de Malqui insiste en que la prioridad debe ser la localización del sospechoso y la obtención de justicia para la víctima y su familia.

Hanna Bernal, una joven creadora de contenido denunció estar siendo hostigada por un sujeto desconocido que la sigue en redes sociales. En el pódcast Conducta Delictiva, relató que lleva bastante tiempo trabajando como influenciadora y haciendo pautas publicitarias.

Su trabajo también lo realiza a través de TikTok. En esa red social, empezó a enlazar personas para que contaran historias sobre distintos temas que abordaba, como por ejemplo, relaciones sentimentales. En una ocasión, apareció la persona que, según afirma, la persigue. “Él dijo que él quería participar y yo lo enlacé. Nos comentó su historia”, detalló.

Tiempo después, el hombre empezó a escribirle por redes sociales, insistiendo en que quería entregarle un detalle por su cumpleaños. “Me mencionaba mucho unos aretes”, precisó.

Para la creadora de contenido, ese sujeto ya no era un completo desconocido, porque había notado que solía reaccionar a sus publicaciones y en varias oportunidades respondió a sus historias con mensajes enviados al interno refiriéndose a su físico y pidiendo que se vieran, pero ella siempre se negó. “Yo lo tenía referenciado. Ya sabía quién era”, indicó.

Un día, estando con su hijo cerca de su casa, mientras despinchaba una bicicleta, apareció el sujeto. “Me dijo: ‘Yo soy Diego. Ya te dejé los aretes en la papelería’. Él me dijo eso y yo sentí un vacío. Lo miré, monté al niño en la bicicleta y nos fuimos”, detalló.

La papelería en la que entregó los aretes es familiar. La tía de la creadora de contenido los recibió pensando que era un pedido más que había hecho. “Esa noche me conecté al en vivo, y el tipo empezó a escribir: ‘¿Sí recibiste los aretes? ¿Los recibiste? ¿Los recibiste? ¿Los recibiste?’ Estaba como tan fastidioso, tan insistente, que yo llegué y le dije como: ‘Sí, gracias. Ya’”.

Días después, el hombre volvió a aparecer cuando la joven y una compañera de la papelería estaban llevando una caja para una bodega. El sujeto ofreció su ayuda de manera insistente, pero la víctima se negó. Y, al notar que en redes sociales tampoco la dejaba en paz, lo bloqueó. Entonces, el sujeto se hizo pasar por un amigo suyo, buscó a su mamá y le pidió su número de teléfono; ella no se lo dio.

“Ella me dijo como: ‘El tipo no está bien, o sea, se le nota. Al primer contacto que uno tiene con él se nota que mentalmente no está muy bien’”, precisó.

A los 15 días, el hombre regresó a la papelería y Hanna lo confrontó: “Le dije: ‘Es incómodo para mí que estés acá porque yo no te conozco y este es mi espacio y lo estás invadiendo. No me gusta’”. El hombre afirmó que estaba interesado en hacer negocios con ella y, tras insistir por mucho tiempo, afirmó que no volvería a buscarla.

La creadora de contenido decidió denunciar los perfiles del sujeto en redes sociales e instauró una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, el hombre continuó buscándola. “Si iba por ahí unas tres, cuatro veces a la semana, era poquito. Mi mamá muchas veces se enfrentó a él diciéndole que me dejara en paz”, dijo.

También contactó a las personas con las que la joven trabaja en redes sociales y les pedía que le escribieran porque lo tenía bloqueado en redes. “Decía que él necesitaba contactarse conmigo porque me habían llenado la cabeza de cucarachas”.

Días después, el hombre regresó a la papelería e ingresó. Ella y una compañera salieron corriendo y buscaron ayuda de la Policía en un CAI. Cuando volvieron con las autoridades, el sujeto actuó con normalidad, afirmó conocerla y, cuando se le informó que la influenciadora interpondría una denuncia formal en su contra, respondió: “Sí, dale, que lo haga”.

Su respuesta fue parecida cuando la joven dijo que lo denunciaría en redes. “Y el tipo supernormal me dijo como: “Sí, dale, hazla”. Y yo grabándolo y todo".

El acoso continuó. “Él entraba a la papelería y preguntaba por mí. Y en otras ocasiones simplemente pasaba o se paraba literalmente en el andén de mi casa a mirar mi apartamento. O se quedaba en la puerta y timbraba en todos los timbres”, contó.

También suele dejarle en la entrada de su casa dulces y regalos, los cuales terminaban siempre en la basura. En una ocasión, dejó una bolsa roja llena de tornillos, facturas, luces LED y una caja.

Tras hacer una denuncia pública, el hombre empezó a publicar videos en redes negando las acusaciones y asegurando que la víctima estaba siendo extorsionada por alguien que supuestamente tenía fotos de ella.

A la fecha, el hombre sigue acosándola. Ella solicitó una medida de protección a las autoridades, la cual se está tramitando y debe pasar por exámenes psicológicos debido a las afectaciones a su salud mental derivadas de la situación de hostigamiento.

“Mi hijo está enterado de la situación y me rompe mucho el corazón. La última vez me dijo: ‘Déjame y yo bajo y hablo con él y que te deje en paz porque está invadiendo tu espacio’”, reveló.

Debido al acoso, dejó de trabajar en la papelería familiar y ya no monetiza en TikTok.

El gobierno del Estado de México informó que esta semana se inició los trabajos para crear e implementar una “estrategia inédita e interinstitucional” contra el feminicidio en la entidad y con ello, un plan de atención y acceso a la justicia para víctimas de este tipo de violencia.

En un comunicado, detalló que en la Mesa de Trabajo participan las secretarías estatales de Gobierno y de las Mujeres, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia local (FGJEM).

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, destacó que los trabajos para elaborar la iniciativa son “resultado de las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y en cumplimiento a las políticas contra la violencia de género promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

¿En qué consistirá la estrategia?

María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, explica que la estrategia se estructura en cinco ejes: identificación, atención, protección, procuración e impartición de justicia y recuperación del proyecto de vida.

De acuerdo con la funcionaria, este esquema será ejecutado junto con la FGJEM, el Poder Judicial mexiquense, las secretarías de Seguridad, Salud y Educación.

De igual forma, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIFEM y la Comisión de Derechos Humanos del Edomex.

La administración estatal detalla que los 41 Centros LIBRE abiertos en el Estado de México y las tres sedes de Ciudad Mujeres en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca funcionarán como primer contacto para mujeres, con el objetivo de reconocer violencias, promover el empoderamiento y fortalecer redes comunitarias.

La estrategia incluye la colaboración de los Juzgados LIBRE del PJEM y las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, donde se ofrece atención psicológica, jurídica y de trabajo social, así como casas de transición, refugios y acompañamiento permanente en coordinación con los municipios mexiquenses.

Edomex, sexto estado con más feminicidios

El Estado de México ocupa el sexto lugar nacional en feminicidios, con cinco casos que representan el 5.3% del total registrado en el país, según el reporte con corte a febrero de 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sinaloa encabeza la lista con 13 casos, equivalentes al 13.8%. Le siguen Ciudad de México y Veracruz, ambos con nueve casos (9.6% cada uno).

Mientras que Chiapas reporta ocho casos (8.5%) y Sonora, seis casos (6.4%).

La diputada Anais Miriam Burgos Hernandez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, condenó las declaraciones de Martín Palacios Calderón, legislador y líder del PT en Tabasco, quien ayer comparó a las mujeres con caballos.

La legisladora morenista compartió en sus redes sociales un comunicado, en el cual la Comisión de Igualdad de Género condenó “enérgicamente las expresiones del diputado local” y afirmó que la declaración “denigra, deshumaniza y reproduce una visión machista hacia las mujeres, colocándolas en un plano de inferioridad”.

“Condenamos enérgicamente las expresiones del diputado local de Tabasco, Martín Palacios Calderón del Grupo Parlamentario PT, por comparar a las mujeres con un animal (Caballo).

“Es una expresion que denigra, deshumaniza y reproduce una vision machista hacia las mujeres, colocándolas en un plano de inferioridad y reforzando estereotipos que por años hemos combatido desde la lucha social, institucional y legislativa”, se lee en el documento.

Destacó que en Mexico, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia psicologica los insultos, humillaciones, devaluacion y las comparaciones destructivas que dañan la estabilidad emocional y la autoestima de las mujeres.

A esto se suma que, de acuerdo con la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, el lenguaje “que invisibiliza, denigra o reduce a las mujeres refuerza una forma de violencia simbólica, que normaliza la discriminación”.

Por ello, la legisladora exigió que el diputado petista ofrezca una disculpa pública a todas las mujeres de México y que asista a talleres sobre perspectiva de género y de combate a la violencia contra las mujeres, que imparte la Secretaría de las Mujeres de Tabasco.

“Desde una convicción democrática, feminista y de respeto irrestricto a la dignidad humana, exigimos una disculpa pública del diputado Martín Palacios Calderón dirigida: a las mujeres tabasquenas y a las mujeres de todo México.

“Lo invitamos a que asista a talleres reeducativos con perspectiva de género y enfocados en la no violencia contra las mujeres, que se imparten en la Secretaria de las Mujeres de su Estado, como un paso necesario para comprender la gravedad de sus palabras y contribuir a erradicar la violencia desde el ámbito público”, resaltó.

Enfatizó que quienes emitan mensajes contra la dignidad de las mujeres no pueden ejercer un cargo de representación popular, pues “quien legisla debe hacerlo con responsabilidad, con perspectiva de género y con absoluto respeto a los derechos humanos”.

“Las mujeres no somos objetos de comparacion, no somos propiedad de nadie, no somos seres inferiores y no vamos a guardar silencio frente a expresiones misoginas que perpetúan la violencia.

“Hoy mas que nunca decimos con claridad: ninguna mujer debe ser denigrada desde el poder. La representación pública exige respeto. Y donde haya violencia simbólica, verbal o psicológica contra las mujeres, habrá también una respuesta firme y colectiva.”, concluyó.

¿Qué dijo el diputado del PT sobre las mujeres?

Martín Palacios Calderón comparó a las mujeres con caballos durante una rueda de prensa, que se realizó como parte de un encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes.

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más: hay que estar atentos, que coman bien y cuidar que no tengan problemas de salud”, afirmó el legislador, lo que provoca risas entre algunos asistentes.

En su intervención, Palacios Calderón también describe al caballo como una “representación muy bonita” y comentó que posee ejemplares propios, a los que llama “instrumentos” por su valor cultural y formativo.

¿Quién es Martín Palacio Calderón?

De acuerdo con su perfil publicado por el PT, Palacio Calderón es Médico Cirujano Dentista egresado de la Facultad De Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Actualmente es comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Tabasco, miembro activo del PT y de la Comisión Ejecutiva Nacional.

También es diputado Local del Partido del Trabajo en la LVX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, así como Coordinador Parlamentario de la Fracción del Partido del Trabajo.

El programa “Magaly TV La Firme” abordó el tema en su más reciente emisión, donde la conductora Magaly Medina dio a conocer que el investigado ha sido formalmente citado para rendir su declaración en dos fechas específicas, como parte de las diligencias que buscan esclarecer los hechos denunciados.

Según se informó, Diego Aliaga Huamán deberá presentarse los días 10 y 14 de abril, en cumplimiento de una disposición fiscal que le exige comparecer ante la justicia.

Durante el programa, la periodista fue enfática al referirse a la gravedad de la denuncia y al comportamiento que, según indicó, habría mantenido el implicado tras la exposición del caso.

“Denuncia que tiene por golpear a una pareja suya. Un hombre que además ha sido acusado de abusar del alcohol y que ahora lloriquea en cámaras, desaparece de, de sus plataformas por un tiempo porque piensa que no va a pasar nada con lo que hizo. Pero nosotros hoy acabamos de recibir esta citación que le ha hecho el Ministerio Público ya a Dialys, conocido como Dialys, pero su nombre verdadero, que a nadie le importa, pero por acá lo tengo, es Diego Marcelino Aliaga Huamán. Acá se le ha citado para el día 10 de abril a dar su declaratoria para dos días, 10 y 14 de abril”, señaló.

La denuncia fue presentada por Verónika Rojas, quien acusa a su expareja de haberla agredido físicamente a la salida de una discoteca, en un episodio que, según su defensa legal, habría sido particularmente violento. En ese contexto, la abogada de la denunciante, Karla Vizo, explicó que la citación responde a una providencia fiscal que obliga al investigado a comparecer para brindar su versión de los hechos.

Abogada Karla Vizo explica el caso

“Claro que sí. La providencia número dos ha dispuesto ya que el señor Diego, eh, Marcelino Aliaga Huamán comparezca, es decir, concurra a rendir su declaración para efectos de esclarecer los hechos, porque él tiene derecho a guardar silencio o a declarar la verdad que ya ha aceptado en un audio. Nosotros, eh, confiamos en que él va a colaborar con la justicia y va a concurrir. Igual tiene dos citaciones, ¿no?, por ley, el día 10 y el día 14”, indicó la letrada.

El proceso no solo contempla la declaración del investigado, sino también la participación de otros testigos que podrían aportar elementos clave para la investigación. Entre ellos, el padre de la denunciante, quien habría acudido al lugar tras recibir una llamada de su hija alertando sobre lo ocurrido. Según detalló la defensa, su testimonio permitirá reconstruir parte del contexto posterior a la presunta agresión.

En paralelo, se han dictado medidas de protección a favor de Verónika Rojas, las cuales prohíben cualquier tipo de acercamiento por parte del denunciado. Estas disposiciones incluyen la restricción de contacto directo, ya sea físico o a través de medios digitales, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima mientras se desarrolla el proceso.

“Es necesario que sepas, Magaly, que ella cuenta con medidas de protección, que él no puede acercarse, no puede enviarle mensajes, no la puede coaccionar ni procurar comunicarse, lo cual es una garantía que permite que la víctima esté a salvaguarda y él no interfiera, ¿no? Yo espero que no interfiera ni se evada de la acción para que esto no nos conlleve a solicitarle al Ministerio Público su captura y por supuesto, una orden de detención preliminar”, precisó Karla Vizo.

Buscan a influencer: figura como no habido tras grave denuncia

Uno de los puntos que ha generado mayor incertidumbre es la ubicación actual de Diego Aliaga Huamán. Durante la entrevista, se planteó la posibilidad de que el investigado no se encuentre en Lima, lo que podría dificultar su comparecencia. No obstante, la defensa indicó que, según información preliminar, su registro migratorio sugiere que aún estaría en el país.

“La verdad que no, eh, Magaly. No se nos ha comunicado si él se ha puesto a derecho, no se nos ha comunicado nada, eh, de parte de la comisaría de Barranco, pero confiamos en que él permanezca en Lima. Según yo estuve indagando, su movimiento migratorio indica que él se encuentra en Lima”, explicó la abogada.

Ante la posibilidad de que el investigado no acuda a las citaciones, se contemplan medidas coercitivas por parte de las autoridades. “Pues se dispondrá su conducción de grado o fuerza. Si aun así no lo ubican, no concurre con la situación de grado o fuerza, entonces, lamentablemente, el Ministerio Público tendrá que ordenar que esto sea por ubicación y captura”, advirtió.

En ese sentido, la conductora también cuestionó la eventual falta de intervención de personas que habrían estado presentes durante el incidente, como el conductor del vehículo y el guardaespaldas del denunciado.

“Conocido como Diealis, proporcione los nombres completos, dirección, celular, correo electrónico del guardaespaldas que tenía, del conductor de aquella noche, conductor de su carro, guardaespaldas, que dejó que a esta chica la golpearan como si fuera un saco de boxeo, que no hizo nada para protegerla, que no hizo absolutamente nada para librarla de la furia, de la ira incontenible de este hombre. Porque yo creo que una persona que mira cómo están golpeando a otra… eso se llama ser cómplice de una agresión”, sostuvo.

Organizaciones religiosas y grupos conservadores realizarán el evento denominado ‘FearLess Congress 2026′, en Guadalajara, Jalisco, lo cual ha sido fuertemente criticado por colectivos de nuevas masculinidades ante la persepción de un incremento en la difusión de discursos que atentan contra los derechos de las mujeres.

De acuerdo con su página de internet, los organizadores de dicho evento lo califican como “el congreso de masculinidad más grande de latinoamérica” y entre sus actividades están foros con personajes como Eduardo Verastegui, quien ha sido señalado de promover discursos machistas y en contra de la comunidad LGBT.

Según la misma información, el congreso surgió “a partir del ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos”, sin dar mayores detalles. Sin embargo, al evento también pueden asistir mujeres.

Entre los promotores destacan diversas figuras del clero y el deportista Carles Puyol, entre otros.

Colectivos de nuevas masculinidades señalan retroceso

El Fear Less Congress, programado del 17 al 19 de abril, generó rechazo entre colectivos de nuevas masculinidades, organizaciones feministas y grupos de trabajo con hombres, quienes califican el evento como un retroceso en la discusión pública sobre el tema.

Las agrupaciones advierten que el congreso está impulsado por actores vinculados a Regnum Christi, la red de colegios Semper Altius y la Red de Universidades Anáhuac.

“Este congreso no representa un avance en la discusión sobre masculinidades. Representa un retroceso”, sostuvieron en un comunicado conjunto, firmado por más de 140 organizaciones.

De acuerdo con los colectivos, bajo un discurso aparentemente innovador, el evento “recicla y legitima modelos de masculinidad patriarcal que históricamente han sostenido la desigualdad, la violencia machista y la exclusión de las mujeres”.

El posicionamiento señala que no basta con llamarse “congreso de masculinidad” para comprometerse con la igualdad. Consideran que se trata de “una apropiación preocupante de un campo construido desde luchas feministas, académicas y de intervención social que han demostrado que transformar a los hombres implica cuestionar privilegios, no reforzarlos”.

Rechazan uso de lenguaje de cambio social y exigen transparencia

Las organizaciones firmantes rechazan el uso del lenguaje de cambio social para “encubrir agendas ideológicas conservadoras que buscan reinstalar roles de género rígidos bajo nuevas narrativas”. También rechazan que este tipo de eventos se presenten como alternativas cuando en realidad son “una reacción organizada frente a los avances en igualdad de género”.

El documento sostiene: “De confirmarse el financiamiento o respaldo institucional a este evento, estaríamos frente a un hecho grave: recursos públicos destinados a promover visiones contrarias a los derechos humanos y al principio de laicidad del Estado. Además de reproducir violencias estructurales contrarias a la igualdad sustantiva”.

Las organizaciones destacan que estos espacios no son neutrales y tienen efectos concretos, como confundir a la opinión pública, debilitar el trabajo serio en prevención de la violencia y legitimar discursos que han sostenido relaciones de poder desiguales.

Exigen a las autoridades transparencia inmediata sobre cualquier financiamiento, apoyo o vinculación con el Fear Less Congress y la cancelación de recursos públicos destinados al evento. También piden responsabilidad a las instituciones convocantes sobre los contenidos y sus efectos sociales, y llaman a la sociedad a no normalizar “estos retrocesos disfrazados de innovación”.

“El trabajo con hombres y las masculinidades no puede ser un espacio para suavizar el machismo ni para hacerlo más aceptable. Debe ser un campo para transformarlo de raíz”, señalan.

Adviertieron que “no todo lo que habla de ‘masculinidad’ es transformación. Se necesita un compromiso ético y con responsabilidad social. No todo lo que se presenta como cambio lo es. Debe ser fundamentado en el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Y este congreso, claramente, no lo es”.

El posicionamiento es firmado por más de cien organizaciones, colectivas y activistas, quienes exigen una respuesta pública sobre el financiamiento y la responsabilidad de las instituciones involucradas.

El plan de gobierno de Jorge Nieto y el Partido del Buen Gobierno establece una sección específica sobre género bajo el lema “Perú con igualdad: mujeres protagonistas del desarrollo”. Entre sus principales objetivos figura la reducción del embarazo adolescente de 13,4% a 7,2% para el año 2031, el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. El plan también contempla la creación de centros de atención integral, juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género, así como el incremento de refugios temporales y la reducción de feminicidios.

Aunque se proponen metas cuantificables, el plan no menciona el aborto terapéutico ni protocolos de acceso para niñas víctimas de violencia sexual. Tampoco identifica barreras específicas para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en casos de violación, lo que deja sin cobertura a una población especialmente vulnerable; así lo evidencia el análisis del Movimiento Manuela Ramos.

Asimismo, subraya la carencia de rutas de atención diferenciadas, la falta de protocolos de no revictimización y la ausencia de un enfoque con perspectiva de niñez.

Educación sexual integral

El plan incorpora la educación sexual integral (ESI) y la prevención del embarazo adolescente en el currículo nacional, con un enfoque de género y diversidad. Sin embargo, la ESI no aparece en la matriz de indicadores educativos ni cuenta con presupuesto propio.

Tampoco se establece su obligatoriedad ni mecanismos de evaluación verificable. El discurso oficial no incluye referencias a ideología de género ni a la subsidiaridad parental.

En la matriz de la propuesta, el plan fija metas como la reducción de la violencia hacia las mujeres, el aumento de mujeres congresistas, la disminución de la brecha salarial y la institucionalización de la igualdad de género. El seguimiento y evaluación quedan a cargo del MIMP y de observatorios descentralizados, con la publicación de resultados y análisis de brechas pendientes.

El plan de Jorge Nieto presenta vacíos relevantes: no aborda el aborto terapéutico, carece de protocolos para niñas víctimas de violencia sexual y no garantiza la implementación obligatoria y financiada de la educación sexual integral.

“El plan tiene el marco de derechos; lo que falta es la traducción en políticas concretas con presupuesto, protocolos e indicadores de cumplimiento”, se lee en el informe del movimiento.

¿Cuál es la postura de Jorge Nieto sobre el aborto terapeútico?

El candidato presidencial de Buen Gobierno, Jorge Nieto, manifestó su posición sobre el aborto durante una entrevista con La República. Aunque el plan de gobierno del partido no incluye propuestas específicas en esta materia, Nieto afirmó que “la mujer tiene el derecho a decidir” respecto a la interrupción del embarazo.

El aspirante señaló que en Perú se producen alrededor de 350 mil abortos clandestinos al año, una situación que afecta de manera desproporcionada a mujeres de escasos recursos.

De acuerdo con Nieto, mientras que las mujeres de clases medias y altas acceden a procedimientos en condiciones sanitarias adecuadas, muchas mujeres pobres mueren por falta de acceso a servicios seguros, lo que profundiza las desigualdades.

“El aborto no es algo que le guste a ninguna mujer, es un hecho traumático, pero ya tomaron la decisión. Respeto el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”, expresó Nieto.

El candidato también se refirió al caso de víctimas de violación, señalando que frente a la violación “hay que añadirle además la carga eterna de tener un niño resultado de esa violación. Eso es terrible”.

El descubrimiento ocurrió después de que la familia de la menor reportó su desaparición. La madre de la víctima, visiblemente afectada, relató que notó la ausencia de su hija cuando esta no regresó a casa y decidió buscarla por distintos comercios de la zona, sin éxito.

“Me he dado cuenta cuando no aparecía a tiempo y he ido a buscar y no había. Y después me he ido por las tiendas y no he encontrado”, expresó entre lágrimas.

Familia sospecha de agresor denunciado hace un año

En el lugar donde se halló el cuerpo, los especialistas encontraron un teléfono celular, un blíster de pastillas y una botella de agua. Los primeros indicios recogidos por los forenses apuntan a una posible muerte violenta, aunque las autoridades aguardan los resultados de la necropsia para determinar la causa precisa del fallecimiento.

La familia de la escolar rechaza la hipótesis de suicidio y apunta a un posible caso de represalia. El padre de la menor señaló como principal sospechoso a un sujeto que había sido denunciado previamente por violación sexual.

Según los familiares, la adolescente debía acudir en los próximos días a una cámara Gesell para ratificar su denuncia contra el presunto agresor. La madre recordó que su hija también habría sido víctima de secuestro un año atrás por parte de un hombre de 28 años, a quien responsabilizó directamente por el crimen.

En tanto, la familia aclaró que la menor no tenía celular, por lo que las autoridades deberán determinar a quién le pertenecería este aparato encontrado en el lugar de la escena.

El Ministerio Público de Puno y la Policía Nacional han trasladado el cuerpo a la morgue de San Román para continuar con las investigaciones y determinar los pormenores del hecho. Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que se trate de un crimen vinculado a una denuncia previa, sin descartar otras líneas de investigación.

Las muestras recogidas en el lugar, junto con los testimonios de los padres, serán fundamentales en el proceso judicial. “Las autoridades no descartan que el caso sea un posible crimen por represalia”, detalló uno de los agentes a cargo. Los familiares insisten en que se esclarezcan todas las circunstancias y se sancione a los responsables.

La investigación continúa bajo estricta vigilancia del Ministerio Público para evitar más víctimas.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona a nivel nacional, las 24 horas del día, y ofrece orientación, consejería y apoyo en casos de violencia familiar, sexual o de género.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral y gratuita a víctimas de violencia en distintas regiones del país. Estos espacios ofrecen apoyo legal, psicológico y social, así como acompañamiento durante los procesos de denuncia y protección.

Hace unas semanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de implementar múltiples acciones que castiguen a las personas que cometan este delito.

Con condenas de entre 40 y 70 años y multas de mil a dos mil UMS, se busca homologar este crimen en todo el país, obligando a las autoridades a investigar el asesinato violento de mujeres con perspectiva de género desde la apertura de la carpeta.

Esta iniciativa de ley, que se compone de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, se prevé que sea discutida en el Senado de la República esta semana, tras el receso de Semana Santa. Al mismo tiempo, al ser contemplada como una legislación general deberá aprobarse de forma individual en cada uno de los estados.

Su aprobación marcaría un avance en materia de violencia contra la mujer, y una oportunidad para frenar las altas cifras de feminicidios en México.

Puntos clave de la Ley General contra el feminicidio

• Homologación Nacional

El delito de feminicidio se configura cuando una persona priva de la vida a una mujer por razones de género. Entre los elementos que lo caracterizan se encuentran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia contra la víctima y condiciones de desigualdad de poder, como cuando se trata de una niña, adolescente, adulta mayor, una mujer embarazada o con alguna discapacidad.

• Investigación obligatoria

La iniciativa establece que el Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para fortalecer las investigaciones. También plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales cuenten con unidades especializadas que garanticen atención continua, con protocolos específicos y perspectiva de género. Se analizarán antecedentes de violencia, aun sin denuncias previas, y toda muerte violenta de mujeres será investigada como feminicidio. El proceso buscará la verdad y la reparación del daño, evitando estereotipos. Además, contempla medidas de igualdad y protección a menores en orfandad, así como la obligación de respetar la dignidad de las víctimas.

• Penas contra el feminicidio

La propuesta plantea sancionar este delito con penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a 2 mil UMAS. Estas penalizaciones aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad, o sea periodista, defensora de derechos o migrante. Por otro lado, aplicará el incremento si se emplearon sustancias como ácido o si el responsable es servidor público. Además, no se permitirá justificar el delito bajo ninguna circunstancia. El agresor perderá derechos como la patria potestad y herencia, quedará inhabilitado para cargos públicos y no podrá acceder a beneficios como libertad anticipada o amnistía.

La violencia contra las mujeres en México adopta múltiples expresiones, entre ellas el acoso callejero, desde conductas aparentemente ‘inofensivas’ hasta actos de abuso sexual.

Por ello, la organización GENDES, dedicada a la promoción de nuevas masculinidades y la lucha contra la violencia de género, advirtió sobre la naturalización de la “mirada lasciva” como una forma de conducta machista.

En un video difundido recientemente, la agrupación define este comportamiento como “mirada pornográfica”, señalando que equivale a acoso sexual y constituye una manifestación de violencia cotidiana hacia las mujeres.

Según GENDES, la llamada “mirada pornográfica” se refiere a observar a las mujeres por partes de su cuerpo y no como personas completas, subrayando que esta práctica, conocida coloquialmente como “echar taco de ojo” o “escanear”, está presente en espacios públicos, el trabajo y el transporte, y responde a una intención sexualizada que busca obtener placer a costa de la dignidad ajena.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la organización sostiene que este comportamiento se aprende desde edades tempranas, en gran medida debido al consumo de pornografía, que ofrece un modelo de sexualidad centrado en el placer masculino y en la representación de la mujer como objeto sexual.

GENDES citó un estudio de Save the Children España publicado en 2020, que señala que los hombres suelen consumir pornografía para satisfacer impulsos sexuales, mientras que las mujeres la consultan para aprender conductas esperadas durante el acto sexual.

El análisis destaca que el modelo sexual masculino se construye en torno al placer propio, lo que refuerza patrones de desigualdad y cosificación de las mujeres.

Además, la organización mexicana alerta que, de acuerdo con su estudio de 2022, los hombres en México comienzan a consumir pornografía entre los 11 y 14 años, aunque una proporción considerable lo hace incluso antes de los 10.

El video de GENDES resalta que el contacto temprano con la pornografía suele preceder la experiencia afectiva con mujeres, estableciendo así el primer modelo de contacto erótico y percepción del cuerpo femenino.

México figura entre los 10 países con mayor consumo de pornografía a nivel mundial, lo que, según la organización, agrava la normalización de la sexualización de las mujeres en la vida cotidiana y en la ficción.

La agrupación enfatiza que la representación pornográfica constituye un acto violento y deshumanizante, y que la tendencia a sexualizar a las mujeres se extiende más allá del contenido explícito, formando parte de la manera en que los hombres las perciben y otorgan espacios de representación en la sociedad.

“El que ejerce la mirada pornográfica ejerce la misma violencia del que hace piropos no solicitados. Es una manera de ejercer y perpetuar la dominación masculina sobre la mujer”, advierte el video.

GENDES invita a los hombres a reflexionar sobre su conducta, reconociendo cuándo observan a las mujeres de manera sexualizada y cuestionando la justificación común de que “no hay problema mientras no se den cuenta”.

La organización concluye que esta práctica resta capacidad para establecer relaciones de igualdad, al anteponer el placer propio sobre el reconocimiento de la mujer como persona.

“Hombre, la próxima vez que vayas por la vida, date cuenta qué es lo primero que observas de las mujeres. Si observaste sus pechos, nalgas o cualquier otra parte de la cual obtienes placer sexual antes de siquiera ver su rostro, estás ejerciendo la mirada pornográfica.

“Y este comportamiento te hará cada vez más incapaz de sostener relaciones de igualdad con las mujeres a tu alrededor, pues antes de percibirlas como personas, compañeras o amigas, primero son objetos sexuales de los cuales obtenemos placer”, concluyó.

Diversos bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo senatorial avanzaron en los últimos días con un nuevo proyecto para un tema delicado: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

La iniciativa original fue empujada por una radical Carolina Losada (Santa Fe) y fue casi prioritaria en su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

El último despacho -ahora, en foja cero- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Otro artículo establecía: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

Meses atrás, uno de los que acompañó fue el exmacrista y actual violáceo “con reparos” Luis Juez (Córdoba), quien consideró: “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”.

Un experimentado legislador que siguió de cerca el asunto denostó la idea que empujaban, en aquella ocasión, el tándem Losada-Pagotto. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, expresó a este medio.

“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, analizó este miércoles una legisladora. Además, deslizó a Infobae que un nuevo articulado ya circula entre bloques. Incluso, no se descarta que la semana próxima o la siguiente se analice en la comisión de Asuntos, hoy en manos del discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta).

Con perfil más bajo y menos pomposidad que Losada o Pagotto, Guzmán Coraita se acerca a un mejor entendimiento con otras bancadas y, en principio, lograría mantener el esqueleto de la última versión. Siempre, avalado por la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. De esa manera, se evitaría un desastre en el recinto por un tema que, sin dudas, generará fuertes cruces con el kirchnerismo e incluso algunos aliados.

Karla Miranda Rangel Flores, una joven de 20 años e hija de migrantes mexicanos, fue asesinada por su esposo en Estados Unidos, a tan solo un mes de que contrajeron matrimonio. Esto, no solo ha generado un llamado a la justicia, sino también una solicitud de apoyo para su familia.

En un video, Acela Romo, mamá de Karla, narró que ”hace algunos años" su familia migró de México hacia Estados Unidos debido a una “situación de inseguridad”, aparentemente relacionada a la extorsión.

No obstante, precisó que Karla es ciudadana estadounidense, al igual que su hermano, y quería ser aeromoza de la aerolínea Delta, pero mientras terminaba sus estudios, conoció a Francisco.

Acela platicó que su hija y Francisco comenzaron su relación hace dos años y durante un tiempo ambos vivieron con ella, además de que él trabajó en el negocio familiar.

Resaltó que en ese momento ellos no notaron alguna “red flag” en el comportamiento de Francisco e incluso, él les afirmó constantemente que se sentía “en paz” estando con ellos.

Sin embargo, en varias ocasiones les comentó que “el esposo de su tía era cuñado de una regidora municipal” en México y que Karla lo había salvado, ya que antes de conocerla “tenía episodios de ira”.

Todo cambió cuando se casaron

Acela comentó que la pareja contrajo matrimonio el 26 de febrero pasado, en el condado de Benton, con una ceremonia a la que solo acudió ella para pagar por el trámite.

Las semanas siguientes, Francisco comenzó a actuar de forma grosera con la familia de Karla y dejó de “hacer el esfuerzo por conseguir”, dejando a la joven a cargo de los ingresos para su sustento.

Poco después, la pareja decidió mudarse en medio de una pelea entre ambos, lo cual generó incertidumbre sobre la seguridad de Karla, ya que ella le comunicó la noticia a su mamá llorando, pero lo aceptó y les permitió llevarse una camioneta de la familia.

En las semanas siguientes, por diversas situaciones, Karla fue quien recibía los pagos por el negocio de su familia y hacia las transferencias que le pedía su mamá.

En una ocasión, le pidió enviar un pago, pero Karla le indicó que en su cuenta solo había 200 dólares, lo que generó sospechas que el sábado 21 de marzo, se sumaron a dudas sobre dónde vivía la pareja, pues el único dato que tenían era que estaban en un Air BnB y una ubicación compartida por chat. Sin embargo, desconocía cómo lo habían obtenido y si tenían lo suficiente para vivir.

“El martes fui y me di la vuelta donde me había mandado ella la ubicación, vi que era un lugar bien, que era un lugar donde había muchas tiendas, que se veía muy tranquilo y pues por esa parte pues yo también me quedé tranquila porque dije bueno, pues están en un lugar bien”, dijo.

“Karla ya no está con nosotros”

El miércoles siguiente, a las 11:00 de la mañana, Acela recibió la noticia por parte de dos policías, quienes tocaron a su puerta y le preguntaron cuántos hijos tenía y los nombres de cada uno.

“Yo le respondo los nombres de mis hijos y le digo que Karla. Y le cambia la expresión al oficial. Y me dice que pues Karla ya no está con nosotros. Entonces, pues obviamente mi reacción no es buena y los detectives se empiezan a poner en contacto conmigo, con mi hijo y platicamos”, precisó.

Acela indicó que de acuerdo con las autoridades, los vecinos de su hija alertaron a la policía sobre gritos de auxilio en el departamento donde vivía con Francisco.

Al llegar, los oficiales vieron a Francisco bajar por las escaleras con el arma homicida, alegando que “lo habían obligado”.

Según los informes policiales, Karla fue golpeada en varias partes del cuerpo hasta quedar inconsciente, después fue violentada sexualmente y posteriormente, le cortaron el cuello.

“Mi hija fue golpeada hasta quedar inconsciente. Después fue [susurrando] violada hasta quitarle su vida. Después le cortaron su cuello. Cuando llegó la policía, llegó porque los vecinos hablaron porque se escuchaban gritos de pide, de, que Karla estaba pidiendo auxilio.

“Cuando ellos llegaron, llegaron al departamento incorrecto, pero al asomarse al balcón contiguo, pues vieron a mi hija tirada. Entraron rápido y en eso iba bajando Francisco. Aún llevaba el, el objeto con el que, eh, le quitó su vida. Y dijo que lo obligaron”, señaló.

Descartó que la pelea comenzó como una discusión doméstica y comentó que se especula que Karla estaba embarazada, aunque eso aún no ha sido confirmado.

Acela mencionó que tras el asesinato se descubrió que la familia de Francisco fueron quienes les consiguieron el departamento, por lo que posiblemente sabían de su situación, y que en el lugar se encontraron notas “extrañas”, junto con una veladora.

“Se dice o se sospecha porque se encontró una cita con un ginecólogo y ahí la sospecha. Todavía no nos dicen a nosotros qué es lo que pasó. El departamento se lo consiguió la familia de Francisco, donde estaban viviendo, porque no era donde ella me había dicho. O sea, era un lugar totalmente diferente a donde me habían mandado la ubicación. Este, todo eso él lo estuvo hablando con, con su familia.

“(...) Son cosas que no, no entiendo. Tengo demasiadas preguntas. Todo fue muy malo, muy terrible. No entiendo, no entiendo nada. Estamos desgastados emocionalmente, físicamente, económicamente”, agregó.

Acela Romo expresó confianza en la labor de los detectives de Texas y solicitó que la familia de Francisco, con presuntos vínculos de poder en México, no interfiera en el proceso judicial.

“Confío mucho en las autoridades de los Estados Unidos, en las autoridades de Texas, en los detectives. Pero sí necesito que se haga justicia”, manifestó.

Reiteró el llamado a la comunidad para obtener apoyo legal y económico, a través de GoFundMe, ya que la familia enfrenta dificultades para costear los gastos derivados del crimen y aún no ha recibido el cuerpo de Karla.

De acuerdo con las imágenes, la situación escaló al cruzar la avenida bajo el puente, donde conductores de combis le dirigieron frases ofensivas y exigencias para que abordara sus vehículos. La periodista describió el momento como “muy incómodo”, señalando que sujetos la llamaban insistentemente y le lanzaban piropos mientras subía unas escaleras.

“Sentí mucho miedo y pánico porque yo estaba caminando tranquila y estos sujetos de la nada me pedían insistentemente que suba a la combi”, relató la reportera.

La persecución no terminó allí. Un joven la siguió durante varias cuadras, simulando que atendería una llamada para disimular su seguimiento. Solo se retiró cuando notó la presencia de otras personas.

Acoso en el transporte público

Carolina MC. Callok Silva, vocera de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), declaró que existen casos a víctimas menores de edad y recordó que el acoso callejero constituye un delito sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión, especialmente cuando existen agravantes.

Explicó que el transporte público, como el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, concentra los reportes más frecuentes de acoso.

“Me pasó una vez cuando iba a la universidad, porque utilizaba más este medio de transporte y en algún momento como que llegué a sentir un roce. Y fue bastante incómodo, porque ahí no tienes facilidad para trasladarte a otro lugar”, explicó una usuaria.

La ATU implementó desde 2022 una brigada especializada para orientar y asistir a las víctimas de acoso en el sistema del Metropolitano. Según cifras oficiales entregadas, en 2025 se atendieron 337 casos y durante los dos primeros meses de 2026 ya suman 35 intervenciones. Silva atribuyó el aumento de reportes a la existencia de más canales de atención y enfatizó que el acoso no distingue la vestimenta ni la edad de la víctima.

La legislación peruana establece que el hostigamiento, la vigilancia o el asedio constante y sin consentimiento se sancionan con penas de prisión.

Canales de ayuda

• Policía Nacional del Perú (PNP): Se puede realizar una denuncia inmediata llamando al 105 o acudiendo a la comisaría más cercana.
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a la Línea 100: Atención gratuita, confidencial y especializada para orientación en casos de violencia contra la mujer y acoso sexual. Disponible las 24 horas.
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Espacios de atención integral para víctimas de violencia y acoso, con presencia en diferentes distritos de Lima.
• La ATU cuenta con una brigada especializada para orientar y asistir a víctimas de acoso en sistemas como el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. También puedes avisar al conductor.

La periodista cartagenera Kathy Lambis se unió a las reacciones de otras comunicadoras que cuestionaron al periodista y presentador Ricardo Orrego debido a denuncias sobre acoso sexual. La situación derivó en su salida de Caracol Televisión, canal del cual también quedó por fuera el periodista Jorge Alfredo Vargas.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, informó el canal en un comunicado.

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La comunicadora festejó la terminación del contrato de Orrego con Caracol Televisión, indicando que años atrás recibió algunos mensajes de su parte en Instagram, los cuales, según detalló, le permiten suponer que el periodista pudo haber incurrido en conductas de acoso sexual con otras mujeres.

“Hola, @OrregoRicardo. Celebro tu salida del canal porque si así me escribías por privado sin conocerme en 2020, no quiero imaginar lo que pudieron haber recibido mis colegas que trabajaron contigo. Espero estés aprendiendo la lección”, indicó.

En los mensajes que recibió por parte de Orrego, el periodista se refirió a su apariencia física, pidió una invitación a su vivienda e hizo insinuaciones: “¿Me invitas a tu terraza?”, “Me engancha tu sonrisa...” y “Yo me divertiría... y mucho... con todo”, “Abrazo y saludo”.

Luego de que la periodista expuso la captura de pantalla del chat, recibió comentarios de varias personas en los que fue criticada e insultada. De acuerdo con la denuncia pública que hizo, en al menos uno de los mensajes que recibió hubo una incitación a la violencia sexual. En consecuencia, reflexionó sobre las situaciones que suelen enfrentar las mujeres cuando deciden exponer a presuntos agresores.

“Se fueron a todas mis redes a gritarme «zorra», «puta», «asquerosa» y hasta a desearme que me empalen. El problema nunca ha sido que las mujeres hablen; es lo que hacen cuando lo hacemos”, aseveró.

Los ataques de los que fue blanco la comunicadora incluyen señalamientos sobre su vida sexual, sobre su apariencia física y sobre un presunto interés económico detrás de relaciones sexuales consentidas: “Triste que después de que abrió las piernas para ser alguna más denuncia lo que UD buscó y permitió”; “Con esa cara de perra que tienes jajaja”; “Eso es porque el man es calvo y viejo y quería todo gratis, donde hubiera ofrecido buena platica ahí si se quedaban calladas”.

Otro hombre, identificado como Martín Romero, acusó a la periodista de intentar difamar al expresentador de Caracol Televisión y, como hicieron otros de los internautas que le escribieron, se refirió a su físico para restar credibilidad a su denuncia.

“Cuanto has sufrido por el acoso del periodista... fracasada busca fama. Dedícate a mejorar como persona para que no tengas que difamar a la gente para buscar notoriedad. Empieza por la dieta y el gym. Saludos”, señaló.

La presentadora y locutora Mónica Rodríguez se solidarizó con la comunicadora ante los mensajes que recibió a través de sus redes sociales. Afirmó que esos comentarios constituyen ataques y tienen como fin invisibilizar las denuncias de las mujeres.

“Toda mi solidaridad Kathy. Es el mundo en el que vivimos. Hombres que atacan por denunciar y mujeres que hacen lo mismo, invisibilizando el acoso diciendo que “a ellas nunca les pasó nada””, precisó.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se unió a los mensajes de apoyo para la periodista. “¡Te abrazamos y te creemos! No estás sola”, escribió la congresista en su cuenta de X.

En México, 40 mujeres fueron asesinadas durante febrero de este año, sumándo así 94 casos a nivel nacional en lo que va del 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS).

En el reporte del SESNSS, con corte al 28 de febrero, el 41.5% de los casos registrados se concentran en cuatro estados, menteniéndose Sinaloa y la Ciudad de México en primer y segundo lugar, respectivamente.

Estados con más casos de feminicidio

Según el documento, en Sinaloa se han reportado 13 casos, de los cuales ocho ocurrieron en enero y cinco en febrero.

Mientras que en la Ciudad de México, ya suman nueve feminicidios, de los cuales cinco se registraron en enero y cuatro en febrero.

El tercer lugar lo ocupa Veracruz, con nueve casos, a pesar de que en enero pasado se encontraba en el onceavo lugar.

Chiapas pasó del quinto al cuarto lugar, con ocho casos, seguido de Sonora con seis feminicidios registrados.

El informe muestra que unicamente los estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Yucatán, no han reportado ni un solo caso.

Respecto a los grupos de edad, 77 de las 94 víctimas son mayores de 18 años, mientras que el resto son menores de edad o no está especificado este dato.

Municipios con más casos

AL corte de febrero, Culiacán, en Sinaloa, registró el mayor número de delitos reportados, con un total de 10 casos, lo que representa el 10.5% del total consignado.

Le siguen Reynosa, en Tamaulipas, y Venustiano Carranza, en Ciudad de México, cada uno con 3 delitos reportados, equivalentes al 3.2% respectivamente.

Municipios como Cajeme y Hermosillo, ambos en Sonora, así como Juárez en Chihuahua, La Magdalena Contreras en Ciudad de México, Tapachula y Tuxtla Chico en Chiapas, y Victoria en Tamaulipas, reportaron 2 delitos cada uno, representando el 2.1% para cada caso.

Otros municipios, entre los que se encuentran Acatlán de Pérez Figueroa en Oaxaca, Agua Dulce en Veracruz, Álvaro Obregón en Ciudad de México, Anáhuac en Nuevo León, Atotonilco de Tula en Hidalgo, Autlán de Navarro en Jalisco, Calkiní en Campeche, Candelaria Loxicha en Oaxaca, Centro en Tabasco y Chilpancingo de los Bravo en Guerrero, registraron un delito cada uno, con una participación del 1.1% por municipio.

El resto de los municipios acumulan 55 delitos, lo que representa el 57.9% del total registrado.

Según la hermana de la mujer atacada, este no fue el primer atentado que sufrió la madre de familia de 42 años. El pasado 10 de marzo, dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarla tras dejar a su hija en la escuela, ubicada a pocas cuadras de su domicilio. Aunque la denuncia fue presentada el mismo día ante la comisaría de Jesús María, la familia afirma que no recibió respuesta ni información formal de las autoridades sobre avances en la investigación.

Madre lucha por su vida

La mañana del 24 de marzo, el ataque se repitió: poco después de las 7:00, cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre encapuchado ingresó corriendo al edificio y disparó directamente contra la víctima, quien volvía a su vivienda acompañada de una vecina. A pesar de intentar esquivar los disparos, la mujer resultó herida y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La hermana de la víctima sostuvo ante Latina Noticias que las amenazas contra su familia se intensificaron tras el inicio de un proceso judicial por alimentos. El trámite legal fue iniciado hace tres semanas, luego de cuatro años en los que, según la denunciante, no habría cumplido con la manutención de sus hijos.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el grado de responsabilidad de José en los hechos y determinar si existen otros implicados. La familia de la víctima solicita garantías y protección ante el riesgo de nuevas represalias.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas del día. Ofrece orientación psicológica, legal y social a personas afectadas por violencia familiar o sexual, así como a sus allegados, y puede activar rutas de protección en casos de riesgo inminente.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral a víctimas de violencia de género en todo el país. Estos centros cuentan con equipos multidisciplinarios que ofrecen asesoría legal, acompañamiento psicológico y gestión social.
• El Chat 100 es una plataforma virtual que permite recibir orientación y contención de manera escrita, para quienes prefieren comunicarse sin realizar una llamada. El servicio es confidencial y se accede a través del portal del Ministerio de la Mujer, facilitando apoyo especializado en situaciones de violencia.
• La Policía Nacional del Perú y las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer están habilitadas para recibir denuncias, brindar protección inmediata y coordinar medidas cautelares. Acudir a una comisaría o a la fiscalía puede activar protocolos de resguardo, especialmente en casos de peligro urgente.

A propósito, La Uribe (Meta), fue escenario de un grave hecho de violencia de género que reavivó el debate sobre el trato hacia las mujeres en entornos públicos y reservados.

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La situación se registró cuando un hombre identificado como David Junior Torres, reconocido en el municipio por ser entrenador de microfútbol, habría golpeado en el rostro a una mujer durante una discusión verbal.

Testigos señalaron que Torres habría consumido bebidas alcohólicas antes del altercado, lo que habría influido en su inaceptable comportamiento.

Detalles de la agresión

En un video difundido en redes sociales se escucha a Torres decir: “Yo soy la chimba porque usted es una boba, y se la tenía que pegar”, declaración que generó rechazo y cuestionamientos al comportamiento del entrenador.

Después de la agresión, el acusado habría mostrado una actitud grosera ante los policías que acudieron a atender la situación, de acuerdo con el reporte inicial. Por esta razón, las autoridades impusieron un comparendo por agresión a servidor público al entrenador, medida contemplada en la normativa vigente. Sin embargo, no se conocen detalles de las repercusiones que tuvo por la cachetada que le propinó a la mujer.

La difusión del video desató una ola de comentarios en redes sociales en la que cuestionan la actitud violenta del sujeto: “O sea un niño le saca la piedra y como lo va a tratar?” ; “Totalmente reprochable sus acciones entrenador” ; “Ya el muy maltratador poco hombre... Salio a darcelas de victima Segun el la culpable es la mujer. Por hombres como este es que hay tanto feminidicio excudándose (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

La excusa del señalado agresor y disculpas

Ante la polémica y la divulgación masiva del video, el entrenador de microfútbol se pronunció públicamente tras la situación en el que propinó una cachetada a una mujer en un establecimiento comercial del municipio del Meta.

En su declaración, Torres explicó que los hechos ocurrieron la noche del martes 17 de marzo, luego de compartir con jugadoras del municipio tras un partido de fútbol de salón. Según su versión, la discusión se originó cuando la mujer llegó al lugar y comenzaron a conversar sobre asuntos personales.

Torres afirmó que, durante el intercambio, recibió “una agresión verbal” por parte de la mujer, relacionada con temas personales de los cuales, aseguró, desconocía detalles y prefirió no exponer públicamente.

El sujeto señaló que la disputa con la mujer tiene antecedentes de más de tres años, y atribuyó a ella la difusión de comentarios sobre su vida sentimental y emocional, lo que, según él, ha generado problemas con terceras personas y afectado su entorno familiar y laboral.

En palabras de Torres: “Mi vida sentimental, mi vida emocional, se ha visto un poco afectada después de todos esos comentarios que han pasado”.

El entrenador reconoció que ninguna razón justifica su reacción y asumió la responsabilidad por lo ocurrido: “Ese tipo de acciones están mal. Tendré que, en algún momento, responder por eso”. También pidió disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido afectadas directa o indirectamente por el incidente, así como a la familia y pareja sentimental de la agredida.

Torres admitió que actuó “en un momento de rabia” y lamentó el daño causado a su imagen y a quienes lo rodean. Aunque reiteró que el conflicto con la mujer surgió por comentarios que le han perjudicado, insistió en que “no amerita la acción” que tomó y expresó su deseo de que lo ocurrido no siga generando divisiones.

Finalmente, el entrenador recalcó que está dispuesto a asumir las consecuencias legales y sociales de su comportamiento, al destacar el impacto negativo que el episodio ha tenido en su vida personal y profesional.

La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, informó a través de su cuenta de X que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un proceso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por violencia contra las mujeres en política.

A través del Auto CNE-ACM-067-2026 del 24 de marzo, el CNE dispuso: “AVOCAR CONOCIMIENTO dentro del trámite de la queja interpuesta por la ciudadana LINA MARÍA GARRIDO MARTIN, en contra del ciudadano ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA, por la presunta comisión de violencia contra las mujeres en política surtida bajo el radicado CNE-E-DG-2026-008436.

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Esta decisión surgió luego de que Garrido presentara una queja contra Benedetti ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. La coordinadora de la comisión, María Cristina Rosado Sarabia, trasladó la queja al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero.

En la queja, la congresista pidió que se reconozcan varios hechos relacionados con el ministro que, a su juicio, constituyen violencia contra la mujer en la política; que se activen rutas institucionales de protección ante las autoridades competentes; que se ordenen medidas de rectificación pública y de reparación.

“Su historial como agresor de mujeres es conocido. También lo denuncié ante la @PGN_COL por su descarada participación en política. Confío en que las actuaciones que inician en el #CNE inviten a los demás órganos de control a actuar y suspender a este sujeto”, expresó Garrido en la red social.

El Consejo Nacional Electoral decidió avocar conocimiento dentro del trámite de la queja y ofició a Lina María Garrido para que, en un término de tres días después de la comunicación del auto, allegue una ampliación de la queja, exponiendo de forma clara “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” de los hechos.

De igual manera, instó al ministro del Interior a dar una versión libre al respecto. “Oficiar al ciudadano ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA para que, dentro de los tres (03) días siguientes a la comunicación de este Auto, remita a este Despacho a través del correo atencionalciudadano@cne.gov.co, su versión libre de los hechos referente a la presunta comisión de violencia contra las mujeres en política en contra de la ciudadana LINA MARÍA GARRIDO MARTIN; en el mismo sentido, para que remita y solicite las pruebas que considere necesarias”, detalla el documento del CNE compartido por la representante.

La presunta agresión de Benedetti a su esposa

El ministro del Interior estuvo bajo el escrutinio público luego de que El País de España informara que en 2024 su esposa, Adelina Guerrero Covo, denunció ante las autoridades españolas actos de violencia presuntamente perpetrados por él. El informativo cita un informe policial en el que se afirma que la mujer “denunció que su esposo había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole ropa”.

Guerrero se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, negando cualquier agresión por parte del jefe de la cartera. Afirmó que las afirmaciones que fueron publicadas en el medio español y que fueron replicadas por la prensa colombiana, afectaron a su familia.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, precisó.

Desde entonces, la esposa de Benedetti ha reiterado que jamás estuvo expuesta a hechos de violencia con su pareja. En conversación con la revista Semana, de hecho, aseguró que sí existió una discusión de pareja “de 30 segundos” de la cual prefirió retirarse; en ese momento, el ministro le “rompió unos objetos personales”, pero aclaró que la situación no escaló a agresiones físicas ni amenazas.

Gonzales García y Gutiérrez Arzapalo convivían desde hace aproximadamente ocho meses en un inmueble alquilado, ubicado en el cuarto piso de un edificio de la mencionada urbanización. Ambos formaban parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque González García había sido recientemente transferida desde la unidad de tránsito de Lima Este a otra división.

De acuerdo con la información de América Noticias, la pareja sostuvo una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas. En medio del altercado, Gutiérrez Arzapalo utilizó su arma de fuego y disparó a su pareja en la cabeza.

Policía confiesa feminicidio de su pareja

El agresor reconoció ante los investigadores que ya había agredido previamente a la víctima, situación que fue corroborada por varios vecinos. Ninguna denuncia formal fue presentada por González García, quien era natural de Amazonas.

Esto sucedió porque el propio suboficial llamó a la comisaría de Villahermosa para informar sobre el asesinato y solicitar ayuda para trasladar a González García al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Felipe Gutiérrez Arzapalo, natural de Junín, permanece bajo custodia en la comisaría de Villahermosa y ha sido sometido a exámenes de medicina legal.

Vecinos del inmueble señalaron a las autoridades que las discusiones y episodios de violencia eran frecuentes. Ambos agentes policiales iniciaron su relación hace nueve meses y comenzaron a convivir cinco meses después.

Comunicado de la PNP

La Policía Nacional del Perú informó que, tras los hechos ocurridos la madrugada de hoy en el distrito de Santa Anita, se activaron de inmediato los protocolos de respuesta, lo que permitió la detención del presunto autor de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

De acuerdo con el comunicado, el presunto responsable fue intervenido rápidamente por los agentes, luego de que habría intentado quitarse la vida tras el ataque. Durante la intervención se le incautó un arma de fuego de propiedad particular, quedando bajo custodia de las autoridades competentes.

La escena del crimen fue asegurada para el trabajo de criminalística, mientras continúan las investigaciones orientadas a esclarecer las circunstancias de este hecho.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda orientación, información y soporte emocional en casos de violencia familiar o sexual. Funciona todos los días del año, las 24 horas, y está disponible para cualquier persona que requiera ayuda o desee denunciar una situación de violencia.
• Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención integral y especializada a víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Cuentan con equipos de profesionales en psicología, derecho y trabajo social para brindar asistencia gratuita. Los CEM operan en distintas regiones del país y pueden ser ubicados a través del portal del MIMP.
• El Chat 100 es una plataforma virtual que permite recibir orientación y apoyo psicológico en tiempo real para quienes sufren violencia de género o familiar. El servicio es confidencial y está disponible ingresando al sitio web del MIMP, facilitando el acceso a quienes no pueden o prefieren no llamar por teléfono.
• Las comisarías de la Policía Nacional están habilitadas para recibir denuncias de violencia de género y brindar protección inmediata a las víctimas. Además, existen comisarías especializadas en familia que ofrecen atención personalizada.

El exministro intentó defenderse públicamente, alegando que su único error fue “enamorarse”. Además, Alfaro acusó a la denunciante de haber recibido dinero para hacer pública la acusación. Esta versión fue rechazada por Dona Canani, quien decidió hacer público su testimonio y responder a las imputaciones.

Canani describió la transformación abrupta de su vida escolar ante el abuso sexual.

“Pasé de ser una estudiante de secundaria a convertirme en madre. Ser madre y, al mismo tiempo, ser tratada como la mujer de un hombre que me amenazaba y hacía conmigo lo que él quería”, relató al programa de Willax.

El calvario que ninguna niña debe vivir

Canani explicó que concluyó la secundaria en la nocturna debido a la “vergüenza” que sentía por el embarazo, que ya era visible en los meses finales. Relató las dificultades médicas que enfrentó y cómo tuvo que continuar con este proceso.

“Con 16 años me practicaron una cesárea porque mi cuerpo no soportaba un parto normal. Al recordar esa cesárea, pienso en mi hijo. Ese señor no tiene idea del daño emocional que me ha causado”, afirmó.

En respuesta a las acusaciones del exministro sobre pagos y beneficios económicos, Canani negó haber recibido dinero o favores. “Yo lo hago porque quiero liberarme emocionalmente de ese hombre que frustró mi vida durante años. He tenido que sanar heridas para poder hablar. Quiero ver a mi hijo”, declaró.

Sin embargo, no era la única situación en la que estaba sometida, sino también estaba confinada en una villa, sin la posibilidad de salir libremente, y que cualquier intento de hacerlo era reportado de inmediato a Ángelo Alfaro por el personal de seguridad, según narró.

Enfatizó que este encierro y la vigilancia constante le generaron profundas secuelas emocionales, dejando una huella permanente en su vida.

“Si salía, él era informado de inmediato por la garita de control”, manifestó.

La joven cuestionó la defensa legal del exministro y expresó indignación por la actitud del Colegio de Abogados al permitir que un “pseudoabogado” asumiera la defensa de Alfaro tras su reciente renuncia al cargo ministerial.

Canales de ayuda

Línea 100: Teléfono gratuito que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas, todos los días, en quechua, aimara y castellano. Se puede llamar desde cualquier teléfono fijo o celular.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Atención gratuita, integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual en todo el país. Ofrecen asesoría legal, contención emocional y apoyo social.

Chat 100: Servicio de orientación y consejería psicológica en tiempo real y confidencial, disponible las 24 horas.

Comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP): Recepción de denuncias las 24 horas. Busca la más cercana a tu zona. La atención de las autoridades es inmediata.

Un episodio de violencia intrafamiliar en Cartagena generó rechazo entre la ciudadanía tras la agresión de un hombre a su madre, de 45 años, en el barrio Paseo Bolívar. El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026 después de una discusión surgida a raíz de señalamientos hechos por vecinos.

Tras varios días de revisión del caso, el sujeto fue judicializado por cometer el brutal ataque en contra de su progenitora. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión se produjo cuando la víctima lo increpó tras recibir comentarios de vecinos sobre un supuesto hurto de un aviso.

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El caso dio lugar a la intervención de las autoridades y a la aplicación inmediata de medidas judiciales en contra del señalado de atacar a su propia madre, en un hecho que fue ampliamente rechazado por la comunidad que pidió una condena justa en contra del acusado.

En medio del intenso llamado de la ciudadanía por justicia, las autoridades confirmaron que el agresor fue procesado por violencia intrafamiliar agravada.

Al parecer, el caso de violencia intrafamiliar sucedió cuando la mujer le reclamó por un robo del que los vecinos lo señalaban como el responsable, según información del diario local El Universal. El hombre reaccionó de manera violenta a los comentarios de su madre y la agredió físicamente, situación que provocó la indignación pública y la respuesta institucional en defensa de la víctima.

Proceso judicial y respuesta de las autoridades

Las actuaciones judiciales fueron lideradas por la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas ante los jueces de control de garantías que determinaron la medida de aseguramiento en centro carcelario para el señalado mientras avanza el proceso en su contra, con el fin de evitar que pueda atacar nuevamente a su progenitora.

En otro caso de violencia intrafamiliar, un hombre sometía a su pareja a maltratos físicos, verbales y psicológicos en Turbaco, por lo que fue capturado por la Policía el 9 de marzo y también fue enviado a prisión.

Ninguno de los acusados en estos hechos admitió el delito de violencia intrafamiliar agravada que les imputó el ente judicial. Las capturas forman parte de una serie de intervenciones recientes de las autoridades para acabar con el maltrato en el entorno familiar.

La conducta de los agresores reactivó las demandas ciudadanas de justicia y protección para las víctimas, por lo que la Fiscalía General de la Nación reiteró la importancia de sancionar a aquellos que incurren en estos delitos.

Llamado a la denuncia y sensibilización sobre violencia intrafamiliar

Las autoridades insistieron en la urgencia de que la población denuncie cualquier forma de maltrato; especialmente si afecta la integridad de mujeres y familiares. Además, recordaron que existen canales para presentar denuncias, como la línea 123, y señalaron que es fundamental no tolerar la violencia doméstica.

Por ahora, las instituciones continúan trabajando para cumplir con su deber de proteger la dignidad y el bienestar de toda persona dentro del núcleo familiar.

Cabe mencionar que las consecuencias de la violencia familiar van más allá de la víctima directa y afectan a toda la comunidad, por lo que es necesario sensibilizar a la sociedad sobre el daño que generan estos delitos y la importancia de actuar a tiempo.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, amenazó a la mujer que lo acusa de violación sexual cuando era menor de edad, Jennifer Canani Panduro, según chats entregados por la misma denunciante y difundidos por el programa Beto a Saber.

Como se recuerda, Canani Panduro denunció públicamente al titular de Minem de violación sexual ocurrida en el año 2000, cuando la denunciante tenía 16 años y el ministro, entonces de 47 años, ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali en Pucallpa.

Producto de esa agresión sexual, dice la mujer, quedó embarazada y posteriormente Alfaro reconoció legalmente al hijo nacido.

Ahora, de acuerdo con las capturas de conversaciones de WhatsApp, el ministro de Energía y Minas habría intentado frenar la emisión del reportaje intimidando a la Canani.

“Giuseppe (el hijo producto de la presunta violación sexual) tiene muchos recuerdos tuyos y no buenos, yo no me canso de repetirle tiempo al tiempo, si en lugar de mandar esa nota amenazante hubieses ido como una madre que quiere recuperar a su hijo, otro seria ahora el cantar, y no metas a otros, ellos ni se comunican con Giuseppe, yo soy prácticamente su único soporte emocional y cuando puedo económico. Esperaremos que sucede”, se lee en el mensaje.

En un siguiente mensaje se lee: “Esfuérzate que no salga nada ni en Willax ni en otro. No quiero exponer todos tus registros policiales y penales con el papá de Bruno. Sería una pena hacerlo”.

La denuncia

El ministro de Energía y Minas Ángelo Alfaro fue denunciado por Jennifer Canani Panduro por violencia sexual ocurrida en el año 2000, cuando la denunciante tenía 16 años y el ministro 47 años.

De acuerdo con el testimonio de Canani Panduro en Willax, no pudo denunciar el hecho en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa porque se negaron a recibir la acusación. También señaló que, como resultado, tiene un hijo que actualmente reside en Australia y que no ha podido ver desde 2016, motivo por el cual hizo público el caso para lograr un reencuentro.

Al ser consultado por el programa antes de la emisión del reportaje, el ministro respondió: “¿En la tarde por qué no vienes a hablar conmigo mismo? Justo ahorita están cambiando de gabinete; vente en la tarde y ahí despejado conversamos”.

En un posterior mensaje en su página de Facebook, Alfaro sostuvo que “mantuvo una sana convivencia durante cinco años” con quien ahora lo denuncia y añadió: “entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”.

La presencia de Ángelo Alfaro en el gabinete ministerial fue ratificada, luego de la negativa de varios partidos a otorgar el voto de confianza a la saliente primera ministra Denisse Miralles, lo que llevó al presidente interino José Balcázar a recomponer el gabinete a menos de un mes de las elecciones generales, con solo seis cambios y manteniendo a Alfaro en el cargo.

La desigualdad de género mantiene arraigo en México pese a la existencia de leyes y políticas orientadas a la igualdad, según el informe “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: Indicadores de género de México a 2025”, presentado por ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres.

El documento revela que persisten desigualdades estructurales de género en pobreza, acceso al ingreso y cuidados no remunerados, y que tanto la violencia de género como la inseguridad muestran tendencias al alza, afectando especialmente a mujeres y niñas en contextos de mayor vulnerabilidad.

El análisis de ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres detalla que, aunque entre 2018 y 2024 más de trece millones de personas dejaron la pobreza, la incidencia sigue siendo mayor en mujeres: en 2024, el 30.1% de las mexicanas vivía en pobreza multidimensional frente al 28.9% de los hombres, mientras un 5,5% de las mujeres se encontraba en pobreza extrema.

Las cifras se agravan en grupos interseccionales; el 75% de las mujeres hablantes de lengua indígena en zonas rurales padece pobreza y el 37% pobreza extrema, superando doce veces la proporción de quienes residen en zonas urbanas.

El informe atribuye esta brecha a la limitada autonomía económica de las mexicanas. Una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años no percibe ingresos propios ni estudia, una proporción cuatro veces superior a la de los hombres.

Esta vulnerabilidad se intensifica en los quintiles de menor ingreso y entre quienes dedican más de cuatro horas diarias a trabajos de cuidados no remunerados.

Solo la mitad de las mujeres cuenta con algún esquema de seguridad social y apenas el 14.6% de las madres recientes recibió prestaciones económicas por maternidad en 2022, con una brecha más amplia entre mujeres indígenas o con discapacidad.

La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, considerado indispensable para el bienestar social, recae principalmente en las mujeres mexicanas.

De acuerdo con el documento de ONU Mujeres, en 2024 ellas dedicaron en promedio 39.7 horas semanales a actividades no remuneradas, el doble que los hombres. El tiempo diario invertido por las mujeres en estos quehaceres alcanza 5.6 horas, frente a 2.6 horas entre los hombres.

Las disparidades aumentan en comunidades indígenas y rurales. Esta distribución desigual limita el acceso de las mujeres al empleo formal y a la generación de ingresos propios.

Nueve de cada diez personas que salieron del mercado laboral por tareas de cuidados en 2022 eran mujeres. El porcentaje de jóvenes mujeres de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan triplica al de los hombres, principalmente a causa de la carga de trabajo no remunerado.

La brecha de ingresos y la persistencia de la informalidad también marcan la realidad laboral.

La participación laboral femenina se sitúa en 45.8%, frente a 75.1% entre los hombres. La mitad de las mujeres ocupadas trabaja fuera de la formalidad, con tasas de 78% en el ámbito rural y 82% en el sector agropecuario.

Por cada 100 pesos que perciben los hombres, las mujeres reciben 83, cifra que baja a 75 pesos en la informalidad.

En materia de violencia de género, el informe presentado por ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres advierte que el 70.1% de las mexicanas de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia en su vida.

Las formas sexual y psicológica muestran los mayores incrementos recientes y una de cada cinco mujeres sufrió violencia sexual en los últimos 12 meses. La violencia feminicida permanece: durante 2024, al menos 852 mujeres fueron víctimas de feminicidio y, sumando los homicidios dolosos, diez mujeres son asesinadas diariamente en el país. Jóvenes, indígenas y rurales figuran entre las más afectadas.

El temor también impacta el día a día: siete de cada diez mexicanas reportan sentirse inseguras al caminar solas de noche en su comunidad, una brecha de veinte puntos respecto a los hombres.

El fenómeno de la violencia se extiende a la niñez: casi la mitad de las niñas entre 1 y 14 años ha sufrido castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores, según el reporte de ONU Mujeres.

Pese a avances como la paridad legislativa, reformas constitucionales y la creación de la Secretaría de las Mujeres, la aplicación de políticas efectivas tropieza con la permanencia de estereotipos de género y la lentitud en la transformación estructural.

El informe subraya la necesidad de atacar los nudos estructurales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar una vida libre de violencia y discriminación para mujeres y niñas.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General de la Nación busca investigar si los hechos constituyen un posible feminicidio agravado, principal hipótesis que manejan.

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De acuerdo con la información oficial, el incendio se registró en la madrugada del 14 de marzo de 2026 en el barrio Coronado, y se estima que habría sido provocado para destruir pruebas y dificultar la labor judicial, una hipótesis que ha llevado a la imputación inicial por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Del mismo modo, las autoridades informaron que el cuerpo de la víctima permaneció oculto por tres días dentro de la vivienda antes de que se desatara el fuego.

Según el comandante del Distrito Especial de Policía de Palmira, el teniente coronel Edinson Aux Mora, una vez controladas las llamas por el Cuerpo de Bomberos, los socorristas hallaron el cadáver en la casa. Al parecer, el presunto agresor cometió el crimen y generó el incendio presuntamente para borrar rastros, aunque fue detenido en flagrancia durante el procedimiento.

La investigación avanza bajo la dirección de un equipo técnico de la Fiscalía que recopila elementos de prueba para esclarecer los motivos del brutal ataque a la joven.

Mientras tanto, se conoció que el detenido quedó a disposición de la justicia, en espera de la formalización de cargos que podrían incluir feminicidio agravado, precisó la información policial.

Ante la gravedad del caso se pronunció el personero de Palmira William Espinoza, que expresó su rechazo al crimen y exigió la investigación exhaustiva del caso y la pronta condena para el agresor, en dado caso de comprobarse su responsabilidad. En su mensaje, citado por Noticias RCN, el funcionario no solo lamentó el fallecimiento, también recordó la obligación estatal de garantizar que los actos de violencia contra la mujer no queden impunes.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actos violentos o situaciones que vulneren la seguridad de las habitantes del Valle del Cauca y otras regiones del país, enfatizando que la colaboración es fundamental para la prevención y esclarecimiento de estos crímenes.

Por ahora, un grupo especializado de Policía Judicial está a cargo de los actos urgentes y la recolección de evidencia clave para determinar con precisión la secuencia de hechos y las eventuales responsabilidades del señalado agresor.

Alerta por otros casos de violencia en el municipio

La gravedad de este hecho se suma a una serie de operativos recientes en Palmira relacionados con homicidios y estructuras criminales. El 10 de marzo de 2026, de acuerdo con información del Departamento de Policía del Valle, fue capturado en el barrio 20 de Julio un hombre identificado como “Chivo”, presunto autor del primer homicidio del año en el municipio, ocurrido el 1 de enero y que tuvo como víctima a Yury Ayde Castillo Requejo.

Según la Policía, alias Chivo pertenece a la estructura delincuencial conocida como Los M20, cuenta con una trayectoria aproximada de 5 años, y registra antecedentes por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en 2019 y 2021. Estas acciones, de acuerdo con las autoridades, afectan las operaciones de grupos como Los 300 y Esparta, que mantienen confrontaciones por el control delictivo en la Comuna 1 de la ciudad.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara Modesto Enrique Aguilera Vides por el delito de acto sexual violento y le impuso una pena de 102 meses de prisión, equivalente a ocho años y seis meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo.

La decisión judicial establece también que el congresista deberá pagar a la víctima una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, como reparación por los perjuicios morales ocasionados. Asimismo, el alto tribunal dispuso el pago de las agencias en derecho correspondientes dentro del proceso.

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De acuerdo con la sentencia, la Sala negó tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como el beneficio de prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar la orden de captura respectiva para que el condenado cumpla la sanción una vez el fallo quede en firme.

La decisión puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la misma corporación judicial.

Hechos ocurridos en un hotel de Barranquilla

Los hechos analizados por la Sala se remontan a finales de octubre y comienzos de noviembre de 2020, cuando una joven fue llevada a una supuesta reunión política en un hotel de la ciudad de Barranquilla. Según la decisión judicial, la mujer fue dejada a solas con el congresista en el lugar.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, en ese espacio el procesado la sujetó, la besó en el cuello y le realizó tocamientos, además de practicar actos de onanismo en su presencia, sin que mediara consentimiento por parte de la víctima.

Durante el proceso, la Sala evaluó las pruebas presentadas por las partes y concluyó que el testimonio de la víctima resultó determinante para acreditar tanto la ocurrencia de la conducta como la responsabilidad penal del acusado. El alto tribunal señaló que esa declaración estuvo respaldada por elementos de corroboración que permitieron sustentar los hechos denunciados.

Valoración del daño y determinación de la pena

Al fijar la pena, la Sala tuvo en cuenta la gravedad del comportamiento y las circunstancias en las que se produjo la agresión. En la sentencia se señala que el procesado utilizó su condición de congresista y la influencia que tenía sobre la víctima al convocarla a una supuesta reunión política, lo que generó el contexto que permitió la comisión del delito.

En el fallo, el alto tribunal indicó: “La magnitud del daño trascendió la integridad sexual para impactar el proyecto de vida de la víctima y su familia, provocando la fractura del tejido familiar y la afectación psicológica que requirió intervención. Este escenario de victimización múltiple evidencia que la conducta desbordó la mera transgresión típica para generar consecuencias de difícil reparación, lo que justifica un juicio más severo en la dosificación de la pena”.

De acuerdo con la corporación judicial, estas circunstancias fueron determinantes para establecer la sanción impuesta en la sentencia condenatoria.

Compulsa de copias para investigación adicional

Además de la condena contra el representante a la Cámara, la Sala Especial de Primera Instancia ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Jonathan Enrique Torregrosa Viana, primo de la víctima.

Según el expediente, esta persona fue quien llevó a la joven al hotel donde se encontraba el congresista y posteriormente la dejó a solas con él. Dentro del proceso también se relacionan evidencias que apuntan a una posible manipulación de información en el registro de personas que ingresaron al establecimiento.

De acuerdo con la sentencia, dicha situación habría ocurrido en la época en la que Torregrosa Viana habría tenido acercamientos con la gerencia del hotel, lo que motivó la remisión del caso a las autoridades competentes para que determinen si existen responsabilidades penales adicionales.

La acción judicial se llevó a cabo tras la viralización del material audiovisual en el que quedaron registrados los hechos, lo que permitió a las autoridades reaccionar y garantizar acompañamiento legal y psicológico a la víctima, una respuesta que, según la administración, busca prevenir la escalada de la violencia intrafamiliar en la ciudad.

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Entre los delitos imputados a Alzate figura la violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, llama la atención que, pese a las pruebas presentadas en su contra, el procesado no aceptó los cargos.

A raíz de la situación que se viralizó ampliamente en las diferentes plataformas digitales, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, confirmó que, desde la Administración distrital, se activó un esquema de defensa técnica con expertos en violencia de género, además de extender el acompañamiento jurídico y psicosocial al núcleo familiar de la víctima, según información citada por el medio local Alerta Paisa.

La denuncia pública y la difusión de videos fue clave para la captura

El episodio fue ampliamente difundido en redes sociales mediante videos grabados y publicados por la propia víctima, lo que generó indignación entre los habitantes de Medellín y usuarios de las diferentes plataformas digitales.

Y es que en las grabaciones se muestran discusiones dentro de la vivienda mientras se escucha el llanto de la hija en común. En uno de los registros visuales se observa el momento en el que el agresor rompió el vidrio de una ventana y tomó un trozo del cristal para amenazar a la mujer.

En otro video la víctima pidió ayuda a la Policía y el agresor lanzó intimidaciones verbales, advirtiéndole que “no la salva nadie”. Además, el sujeto amenazó con agravar la situación si la mujer se comunicaba con las autoridades, lo que se convirtió en ejemplo de los constantes episodios de violencia que vivía.

La rápida circulación de este material en internet activó una operación conjunta entre la Policía Nacional y entidades municipales encargadas de combatir la violencia de género. Tras ser identificado, el presunto agresor fue ubicado y capturado, quedando a disposición de la justicia.

La respuesta institucional

La denuncia pública y la visibilización de los hechos fueron fundamentales para acelerar las acciones de las autoridades y articular a las instituciones de atención a víctimas. La secretaria Valeria Molina sostuvo que el acompañamiento se centra en brindar contención a la víctima y a su entorno cercano tras vivir esta grave situación.

Este caso reavivó el debate sobre la persistencia de la violencia basada en género y la urgencia de las denuncias tempranas para evitar que los casos terminen en fatalidad, pues así como se pide a las víctimas denunciar a tiempo se espera que las autoridades reaccionen de forma inmediata, pues los ciudadanos compararon otros casos en los que las víctimas exponen sus casos y no reciben la atención requerida.

Las autoridades reiteran el llamado a que las víctimas de amenazas o agresiones por parte de sus compañeros sentimentales o cualquier hombre acudan a las líneas de emergencia y activen los mecanismos institucionales para su protección, antes de que este tipo de situaciones deriven en hechos de consecuencias irreversibles.

Entre las líneas de apoyo se encuentran la Línea 155, la Línea 123 y el correo atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co.

Ángela Aguilar se colocó en el centro de la controversia luego de compartir una serie de mensajes en su cuenta de Instagram donde abordó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo. La artista publicó cuatro historias en esa red social, en medio de un clima tenso generado por las críticas y señalamientos en torno a su relación con Christian Nodal y los recientes pronunciamientos de Cazzu y el propio cantante.

Entre los mensajes, destaca uno que ha generado debate en redes sociales al cuestionar la dinámica de agresiones digitales entre mujeres. Se trata de una imagen con fondo morado y texto en letras blancas, creada por Erick Nieto, fotógrafo que colabora con Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Christian Nodal.

“Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”, publicó Aguilar en una de sus historias, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores y detractores.

Cabe señalar que Ángela Aguilar se ha mantenido en el foco mediático desde que su relación con Nodal se hizo pública. La artista ha sido objeto de numerosos comentarios críticos y ataques en plataformas digitales, tras las declaraciones de Julieta Cazzuchelli, cuando salió a pronunciarse ante las entrevistas que ofrecía la hija de Pepe Aguilar.

La menor de la dinastía Aguilar compartió dichas publicaciones pero no fueron de su autoría, sino republicaciones de diversas cuentas enfocadas en el activismo de género. En una de ellas, se lee: “Hoy no te deseo un ‘feliz día’; deseo que en cualquier lugar que vayas seas respetada, que seas celebrada, que nadie te haga sentir que tu opinión no tiene valor, que levantes siempre la mirada hacia lo que quieres, que vayas en busca de tus sueños, que no permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades, que dejes de normalizar conductas que te hacen daño, que recuerdes que no estás sola, que mereces amor y respeto, que te vayas de los lugares que te hacen daño, que recuerdes siempre lo valiosa que eres por el simple hecho de ser tú”.

Las publicaciones de Ángela Aguilar generaron respuestas divididas. Algunas usuarias reconocieron el gesto y la visibilización de problemáticas que afectan a las mujeres en la vida cotidiana y digital, mientras que otras cuestionaron la congruencia de la cantante por el contexto mediático en el que se encuentra.

Otra de las publicaciones de la cantante fue un carrusel con información en inglés del medio The New York Times, donde se habla de un texto titulado “Por qué México no celebra el Día Internacional de la Mujer”. Finalmente Ángela reposteó un video donde aparece una niña con el siguiente diálogo: “Prefiero incomodar con mi verdad a ser aceptada por mi silencio. La belleza se termina y el carácter es lo que hace a alguien imposible de olvidar (...) Mi presencia tiene valor... Los errores no me definen, me dan experiencia”.

Así reaccionaron los internautas al mensaje de Ángela Aguilar

• “Meterse con hombres casados no es digno del 8 de marzo”
• “Ella igual vive del sufrimiento de una mujer y una niña”
• “Voy a ser tía”
• “La más sorora”
• “Aquí todos somos adultos”
• “Así como comparte contenido donde atacan a Inti”
• “Aquí no hay ninguna pobrecita, aquí no hay víctimas”
• “La más empática de las mujeres”

La violencia contra las mujeres mantiene una presencia constante en las estadísticas oficiales del Perú. Los registros del sistema de justicia exponen cifras que reflejan la dimensión de este delito y su impacto en la vida de muchas familias. Detrás de cada caso aparece una historia marcada por agresiones previas, relaciones conflictivas y, en varios escenarios, denuncias que no lograron detener la escalada de violencia.

El Ministerio Público difundió datos que permiten observar la evolución reciente de este problema. Entre el año 2024 y los primeros meses de 2026 se registraron 187 víctimas de feminicidio en el país. A esta cifra se suman 186 muertes de mujeres que continúan bajo investigación preliminar por el mismo delito.

Cifras registradas entre 2024 y 2026

De acuerdo con información del Ministerio Público, el año 2024 concentró la mayor cantidad de casos recientes. Durante ese periodo se registraron 119 víctimas de feminicidio en el país.

El año 2025 presentó una cifra menor, con 67 casos reportados. En tanto, hasta febrero de 2026 se registró un caso adicional dentro de las estadísticas oficiales.

Además de los feminicidios confirmados, el Ministerio Público indicó que existen 186 muertes de mujeres bajo investigación preliminar por este delito. Estos procesos buscan determinar si las circunstancias corresponden a feminicidio según la legislación peruana.

Los registros oficiales muestran que la mayor parte de las víctimas corresponde a mujeres jóvenes o adultas.

El grupo con mayor proporción se ubica entre los 25 y 34 años, con el 27,8 % del total de casos. En segundo lugar aparece el rango de 18 a 24 años, que representa el 25,1 %.

Las mujeres entre 35 y 44 años conforman el 20,9 % de las víctimas registradas en este periodo.

Vínculo entre agresor y víctima

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que en la mayoría de los feminicidios el agresor mantenía una relación cercana con la víctima.

El 80 % de los casos involucra a la pareja o expareja. Este dato sitúa la violencia dentro de relaciones afectivas o convivencias previas.

En otros escenarios, el agresor pertenece al entorno cercano. Un 8,4 % corresponde a familiares y otro 8,4 % a conocidos.

Los casos en los que el responsable no tenía relación previa con la víctima representan el 3,2 % del total.

Los registros del Ministerio Público indican que la mayoría de feminicidios ocurre dentro de espacios privados.

El 65,8 % de los crímenes se cometió dentro del hogar de la víctima o del agresor. En cambio, el 34,2 % ocurrió fuera de la vivienda.

Esta distribución muestra que gran parte de la violencia se produce en entornos domésticos, donde las víctimas conviven o mantienen contacto frecuente con el agresor.

Métodos utilizados en los feminicidios

La Fiscalía también detalló las formas de agresión registradas en estos crímenes.

El 31,6 % de los casos se cometió con arma blanca. La asfixia aparece como el segundo método más frecuente, con el 26,7 %.

Los golpes representan el 23 % de los casos. En tanto, el uso de arma de fuego aparece en el 11,2 % de los registros.

Estos datos forman parte de las investigaciones que permiten reconstruir las circunstancias de cada caso.

Motivos identificados en las investigaciones

Las indagaciones fiscales también identifican motivos recurrentes detrás de los feminicidios.

El 34 % de los casos se relaciona con celos. Otro 24,6 % presenta antecedentes de violencia familiar dentro de la relación.

En el 8,6 % de los casos, el crimen ocurrió tras la negativa de la víctima a retomar la relación con su pareja. Un 8 % se vincula con la decisión de terminar la relación.

Estas cifras forman parte de los análisis que el Ministerio Público utiliza para comprender los factores presentes en estos delitos.

Factores que alertan a la Fiscalía

Entre los datos recopilados por el Ministerio Público aparece un elemento que genera preocupación: el 34,8 % de las víctimas había presentado denuncias previas contra su agresor.

Además, el 32,1 % de los crímenes ocurrió durante la noche. En el 31,9 % de los casos, el agresor se encontraba bajo efectos del alcohol.

La Fiscalía considera que estos factores permiten identificar situaciones de riesgo que preceden a los feminicidios.

Regiones con mayor número de casos

Las estadísticas del Ministerio Público también muestran diferencias por región.

Cusco encabeza la lista con 17 casos registrados, lo que representa el 9,1 % del total. Le sigue Junín con 11 casos, equivalente al 5,9 %.

Cajamarca aparece en tercer lugar con 10 casos, que representan el 5,3 %.

En Lima, las cifras se distribuyen en distintos sectores de la capital. Lima Norte registra 13 casos, Lima Sur 12 y Lima Este 10.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) disponible las 24 horas del día.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ofrecen atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual en todo el país. Estos centros brindan asesoramiento legal, apoyo psicológico y asistencia social de manera gratuita.
• El Chat 100 es una plataforma digital que permite a las personas afectadas por violencia de pareja recibir orientación y apoyo de manera confidencial a través de internet.
• En situaciones de emergencia o riesgo inminente, se recomienda acudir a la comisaría más cercana o comunicarse con la Policía Nacional del Perú llamando al 105.
• El Ministerio Público cuenta con Fiscalías de Familia y Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer, donde se pueden presentar denuncias por hechos de violencia de pareja.

La violencia contra las mujeres en Perú persiste con fuerza, dejando un saldo de siete feminicidios y diez intentos solo en enero de 2026, según el programa Warmi Ñan del MIMP. Estos números provienen del reporte preliminar del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM), que da cuenta de una situación que exige una respuesta urgente de toda la sociedad.

Beatriz, María, Patricia y más nombres se suman a la lista de mujeres que no volvieron a casa, porque fueron asesinadas.

El CEM registró 13 mil 668 casos de violencia atendidos a nivel nacional en el primer mes del año. Además de la atención directa, se realizaron 2 894 acciones preventivas y se logró informar a 43 mil 027 personas acerca de los derechos y recursos disponibles para quienes sufren violencia.

Limitaciones del Estado y falta de respuestas

La situación de violencia contra las mujeres en Perú mantiene cifras alarmantes, mientras el accionar estatal muestra limitaciones frente a un fenómeno que se extiende en diferentes ámbitos sociales y geográficos, así lo señaló Paulina Flor de Paz, cofundadora de Yana Ñawi, en conversación con Infobae Perú.

Para Flor de Paz, la normalización de la violencia de género se refleja en decisiones políticas y discursos provenientes de los propios poderes del Estado. Recordó el caso del expresidente Jerí, quien asumió el cargo pese a contar con una sentencia que lo obliga a recibir terapia psicológica. Asimismo, criticó que José Balcázar continúe siendo representante tras estar a favor de las relaciones sexuales con menores de edad.

La cofundadora de Yana Ñawi detalló que su organización realizó una vigilancia ciudadana en 16 establecimientos de salud de primer nivel, donde apenas el 44 % contaba con información básica sobre cómo denunciar o actuar ante casos de violencia, sin abordar las raíces del problema como los prejuicios y estereotipos machistas.

“No existe un trabajo de prevención. A veces hay ferias o campañas en fechas importantes, pero no hay continuidad”, afirmó.

En relación a la revictimización de niñas y adolescentes, Flor de Paz criticó la gestión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la falta de protocolos claros para derivar a menores víctimas de violencia sexual a albergues adecuados. Esto luego de conocer que la congresista Milagros Jaúregui expuso a menores de edad.

Deficiencias en la prevención de la violencia de género en Lima Norte

En Lima Norte, la violencia de género mantiene niveles críticos. Solo en 2024, los juzgados de la zona registraron cerca de 31 mil denuncias por violencia familiar. El distrito de Comas, uno de los más poblados del país, cuenta únicamente con dos Centros de Emergencia Mujer (CEM), resultado insuficiente ante la demanda creciente.

El 86 % de las personas atendidas por violencia de género en el área son mujeres. Un proceso de vigilancia ciudadana realizado por organizaciones y colectivas barriales, en articulación con DEMUS y la red “Tinkuy Feminista”, examinó 16 establecimientos de salud de primer nivel en Comas.

El informe confirmó que el 70 % de usuarias de Centros de Salud Mental Comunitaria no recibe acciones preventivas durante las atenciones.

La investigación identificó también barreras culturales y de género. La mitad de los establecimientos no utiliza lenguaje inclusivo y, en los que sí, el enfoque se mantiene binario, dejando fuera a la población LGTBIQ+. Menos del 60 % adapta sus mensajes o materiales a la realidad sociocultural del distrito.

“La prevención no puede limitarse a actuar cuando el daño ya ocurrió. Necesitamos transformar las creencias que sostienen la violencia desde la infancia y la adolescencia”, sostuvo Flor de Paz.

Los datos de percepción ciudadana recabados en Comas por Ipsos para DEMUS (2025) muestran que el 38 % de las personas encuestadas considera que una niña se convierte en mujer al iniciar su menstruación, el 15 % cree que la violencia sexual en la familia debe mantenerse en secreto y el 51 % atribuye la maternidad múltiple en zonas rurales a la “falta de cuidado” de las mujeres. Estas creencias evidencian la persistencia de estereotipos sexistas y racistas que alimentan la impunidad.

En México, el feminicidio persiste como uno de los delitos más graves contra las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.

El organismo señaló que el 54.7% de estos crímenes se concentró en solo 20 municipios, la mayoría situados en el centro y norte del territorio nacional.

El informe destaca que el 38.95% de los feminicidios se concentró en cuatro estados: Sinaloa, con ocho casos; Ciudad de México, con cinco; Estado de México, con cuatro; y Tamaulipas, con cuatro también.

Otros estados con incidencia relevante fueron Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz, cada uno con tres casos de feminicidio en el periodo analizado.

El SESNSP detalló que 43 de las víctimas eran mujeres mayores de 18 años. En Michoacán y Tamaulipas, al menos un caso corresponde a una menor de entre cero y 12 años.

Municipios con más feminicidios

El organismo señaló que el 54.7% de los casos de feminicidio registrados en enero del 2026 ocurrieron principalmente en 20 municipios, la mayoría de ellos en el centro y norte del país.

Municipio con más delitos:

• Culiacán, Sinaloa, con 6 delitos (11.3%).

Municipios con 2 delitos (3.8% cada uno):

• Juárez, Chihuahua
• Reynosa, Tamaulipas
• Venustiano Carranza, Ciudad de México
• Victoria, Tamaulipas

Municipios con 1 delito (1.9% cada uno):

• Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca
• Agua Dulce, Veracruz
• Anáhuac, Nuevo León
• Autlán de Navarro, Jalisco
• Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
• Cintalapa de Figueroa, Chiapas
• Cosoleacaque, Veracruz
• Cuauhtémoc, Ciudad de México
• Cuautitlán, Estado de México
• Cuernavaca, Morelos
• Cuerámaro, Guanajuato
• Emiliano Zapata, Morelos
• Epitacio Huerta, Michoacán
• García, Nuevo León
• Guasave, Sinaloa

El concepto de femicidio, también denominado feminicidio, corresponde al asesinato intencional de mujeres o niñas por motivos de género. Esta violencia se diferencia del homicidio común porque la motivación se encuentra directamente vinculada al género de la víctima.

Las causas suelen relacionarse con la discriminación, los desequilibrios de poder, los estereotipos y las normas sociales perjudiciales.

Esta forma de violencia se expresa tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, escolar o en espacios públicos, y abarca fenómenos como la violencia de pareja, el acoso sexual, la violencia sexual, prácticas nocivas y la trata de personas.

Un juez penal condenó a 50 años de prisión a Jhon Torres Murcia por su responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida de Slendy Hernández, una niña de 9 años, en una vivienda del municipio de Mosquera, Cundinamarca. La decisión judicial se produjo tras el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, que estableció la responsabilidad del hombre en el delito de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

El fallo fue emitido por el Juzgado de Circuito Penal Número 2 de Funza, que impuso una pena de 600 meses de prisión luego de que el acusado aceptara los cargos imputados durante el proceso judicial.

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Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en la madrugada del 14 de septiembre de 2025 en la vivienda donde residía la menor junto a su madre y el entonces compañero sentimental de ella.

De acuerdo con el expediente judicial, el caso se conoció después de que las autoridades fueran alertadas sobre una situación ocurrida dentro del inmueble. La investigación permitió establecer que la menor fue sometida sexualmente y posteriormente fue apuñalada dentro de la vivienda.

Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal citado en el proceso, la niña presentó múltiples lesiones ocasionadas con arma blanca en distintas partes de su cuerpo, elementos que hicieron parte de las pruebas evaluadas por la justicia durante el desarrollo del caso.

Tras los hechos, Torres Murcia se ocasionó lesiones en el pecho y el abdomen, situación por la cual fue trasladado al hospital San Rafael del municipio de Facatativá. Allí permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras recibía atención médica.

Posteriormente, una vez presentó avances en su recuperación, las autoridades procedieron con su captura y con la legalización del procedimiento ante un juez, que determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzaba el proceso judicial.

Testimonio de un testigo en la vivienda

Durante la investigación también se conocieron testimonios de personas que se encontraban en el inmueble en el momento de los hechos. Uno de los inquilinos relató lo que observó dentro de la vivienda en declaraciones recogidas por CityTv.

“Bajé hacia el segundo piso, y cuando iba bajando las escaleras, lo miro a él en el pasillo del segundo piso, que va para la habitación, con el cuchillo en la mano, lleno de sangre. Me regresé inmediatamente, pensando que me iba a hacer algo, y yo no tenía con qué defenderme. En el momento pensé en bajar nuevamente a mirar qué había sucedido con las niñas, pero escuché ruidos donde rompían los vidrios y le daban patadas a la puerta”, relató. El testimonio hizo parte del material analizado por las autoridades dentro del expediente judicial.

El documento del fallo condenatorio, que consta de 27 páginas, describe las circunstancias en las que ocurrió el caso y las pruebas recopiladas durante el proceso. Entre los elementos evaluados por el juzgado se incluyeron informes periciales, testimonios y el análisis de los hechos registrados durante la madrugada del 14 de septiembre de 2025.

Intervención policial y traslado al hospital

La intervención de la Policía se produjo después de que los uniformados ingresaran al inmueble tras recibir alertas sobre la situación que se presentaba en el lugar. Según el relato de la madre de la menor, la actuación de las autoridades permitió trasladar a la niña a un centro médico.

“En medio de la desesperación grité que me ayudaran porque la niña aún respiraba. Cargaron a mi hija, bajamos lo más rápido posible, nos subimos a la patrulla para dirigirnos al hospital para que la atendieran; al llegar la ingresan a la sala de reanimación y luego me informan que mi hija fallece”, indicó.

Ante esa situación, explicó que acudió al cuadrante de la Policía de Mosquera con el objetivo de retirar a su hija de la vivienda por temor a que se presentara algún riesgo.

Tras conocerse los hechos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se pronunció: “Nadie que cometa un delito de esta magnitud, y menos contra una menor de edad, puede pretender evadir la acción de la justicia. Reprochamos con firmeza este atroz acto y abrazamos con solidaridad a la familia de Slendy, en este momento tan doloroso”, señaló.

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, recordó que la ciudadanía puede realizar denuncias a través de la línea 123 de la Policía Nacional y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), canales habilitados para atender situaciones que afecten a menores de edad.

Sinaloa no solo es uno de los estados con mayor percepción de violencia en México, sino que actualmente es el estado con más casos de feminicidio en lo que va del 2026 a nivel nacional.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en enero de este año se reportaron en total 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.

Sin embargo, ocho de los casos ocurrieron en Sinaloa, por lo que al menos hasta el momento, es el estado con mayor incidencia de este delito al representar el 14.8% de los casos a nivel nacional, seguido por la Ciudad de México, con cinco.

Según la dependencia, cuatro de los feminicidios que han ocurrido en Sinaloa corresponden a mujeres de 18 a 29 años y la segunda mitad de los casos, son víctimas de 30 a 69 años de edad.

El Secretariado precisó que seis de los casos de feminicidio en ese estado ocurrieron en el municipio de Culiacán y uno más en Guasave, mientras que sobre el octavo caso no mostró ese dato.

Aunque en enero pasado se registró una disminución en los casos de feminicidio en México respecto al mismo mes del 2025, el delito continúa con una alta incidencia.

A esto se suman otros delitos que también han afectado de manera significativa a las mujeres, como la violencia doméstica, secuestro, trata de personas y el abuso sexual.

Estados con más casos de violencia contra la mujer

• Homicidio doloso de mujeres

El Secretariado indicó que Guanajuato es el estado con más casos de homicidio doloso de mujeres al tener 16 casos reportados en enero de 2026.

Esto representa el 12.15% de los 128 casos que se registraron durante el mismo mes a nivel nacional.

• Homicidio culposo de mujeres

Según el mismo informe, Michoacán es el estado con mayor número de casos de homicidio culposo de mujeres, con 16 víctimas reportadas en enero de este año.

Esto corresponde al 10% de los 221 casos registrados en el mismo periodo en todo el país.

• Lesiones dolosas

En este rubro, destaca el Estado de México con 2 mil 048 casos en enero, los cuales representan 34.8% de los 5 mil 885 que hay registrados a nivel nacional en el mismo periodo.

• Secuestro de mujeres

Veracruz registró dos casos, cifra que representa el 28.6% de los siete hechos informados en todo el país.

• Extorsión a mujeres

La Ciudad de México reportó 42 casos de extorsión contra mujeres, equivalentes al 21.8% de los 193 casos nacionales, según los datos difundidos por el Secretariado Ejecutivo.

• Corrupción de menores:

Guanajuato contabilizó 55 víctimas, abarcando el 32.7% de los 168 casos notificados a nivel nacional.

• Trata de personas:

Quintana Roo reportó 35 casos de trata de personas, cifra que representa el 74.5% de los 47 incidentes identificados en todo México, de acuerdo con el documento federal.

• Violencia familiar

Ciudad de México también lidera en violencia familiar, con un total de 2 mil 356 denuncias, lo que equivale al 12.5% de los 18 mil 812 casos reportados en el país durante enero de 2026.

• Violación

El Estado de México lidera la lista de entidades con más casos, al contabilizar 211, que representan 15.5% de mil 359 a nivel nacional durante enero pasado.

Durante la grabación, se escucha al agresor lanzar amenazas explícitas contra la víctima, al tiempo que destrozaba objetos dentro del inmueble, un hábito que, al parecer, era recurrente.

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La mujer solicitó ayuda urgente a la Policía Nacional, mientras el sujeto advertía que ni la llegada de los agentes podría protegerla. Las amenazas continuaron en un segundo video, donde el individuo repetía el mismo patrón y rompía las ventanas de la vivienda.

Tras la viralización del caso, la Policía recibió una nueva denuncia la noche del jueves 5 de marzo sobre reincidencia en los abusos y amenazas.

De inmediato, un cuadrante fue desplazado hasta la zona, donde observaron al hombre gritando e intentando ingresar nuevamente a la residencia. Al percatarse de la presencia policial, el agresor intentó huir por los callejones del barrio.

La persecución culminó con la captura de Freddy en la carrera 46A con la calle 95A. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. La Policía confirmó que esta intervención se realizó gracias a la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana.

Secretaría de las Mujeres de Medellín

En respuesta, la Secretaría de las Mujeres, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, activó los protocolos de atención integral.

Desde la dependencia informaron que se brindó acompañamiento psicológico y administrativo a la víctima, garantizando la protección institucional para ella y su núcleo familiar.

Voceros oficiales destacaron que la acción coordinada permitió conectar rápidamente con la mujer y dar con el paradero del presunto agresor.

“Esto demuestra que en la Alcaldía de la gente estamos articulados y ponemos como primer lugar la vida de las mujeres y rechazamos cualquier tipo de violencia para que no llegue a un feminicidio”, señalaron desde la Secretaría de las Mujeres.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

“Estos encuentros hacen parte de los compromisos asumidos en la última Mesa Extraordinaria de Erradicación de Violencias contra las Mujeres y buscan brindar herramientas claras y actualizadas para una atención oportuna y efectiva”, declaró Lopera Tobón.

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

“Las jornadas de capacitación han sido muy valiosas en las diferentes etapas que se deben llevar dentro de los procesos que se atienden en comisarías de familia con las víctimas de violencias basadas en género”, afirmó Jenny Gutiérrez Ángel, comisaria de familia de Valdivia.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales.

Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.

En un fallo que expone las deficiencias del Estado peruano en la atención de la violencia estructural contra las mujeres, el Tribunal de Milán determinó que Perú no puede ser considerado un país seguro para las mujeres, no por la ausencia de leyes, sino por la falta de aplicación efectiva de las mismas. La sentencia, emitida en diciembre y publicada en el portal italiano Progetto Melting Pot Europa, ha cobrado relevancia en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

El proceso se originó tras la solicitud de asilo de una inmigrante peruana que huyó de años de violencia y persecución por parte de su expareja. A pesar de haber interpuesto denuncias en el Perú, la víctima nunca encontró un auxilio real por parte de las autoridades locales, lo que la obligó a buscar refugio en Europa para salvaguardar su vida.

El caso tomó un giro crítico cuando el Gobierno italiano intentó aplicar un procedimiento acelerado, bajo el argumento de que el Perú integra la lista de ‘países seguros’ desde mayo de 2024. Este mecanismo implica un trámite de asilo express que suele resolverse en pocos días, con una altísima probabilidad de rechazo inmediato y la ejecución de una orden de deportación.

Frente a este escenario, la solicitante interpuso un recurso de apelación exigiendo la suspensión de los efectos de la expulsión, alegando ‘motivos graves y concretos’ de riesgo en su país de origen. Para resolver el caso, el Tribunal de Milán realizó un exhaustivo análisis de la Información sobre el País de Origen (COI), contrastando el relato de la víctima con informes de organismos internacionales que alertan sobre la impunidad sistémica y el aumento de feminicidios en el Perú.

Tras confirmar que el sistema de justicia del Perú es incapaz de garantizar una protección efectiva pese a contar con las leyes adecuadas, la justicia italiana otorgó a la peruana el procedimiento ordinario para su solicitud de asilo. Este mecanismo garantiza un examen minucioso de su expediente, le permite permanecer legalmente en Italia durante todo el proceso y elimina la falsa presunción de seguridad que el decreto gubernamental pretendía imponer para el Perú.

El panel presidido por el juez italiano Pietro Caccialanza partió de una premisa expuesta en el perfil de país y determinó que la situación en Perú, caracterizada por “persecución y tratos inhumanos y degradantes contra toda una categoría de personas, a saber, las mujeres, es tal que requiere la no aplicación del artículo 2-bis párrafo 1 del Decreto Legislativo n.º 25/2008 - debido a su conflicto con el artículo 37 de la Directiva 2013/32/UE, leído en conjunto con el Anexo I de dicha Directiva - en la parte en la que también designa al Perú como país de origen seguro”, menciona la sentencia.

La desprotección del Estado peruano a las mujeres en portadas de medios italianos

El fallo repercutió en otros medios italianos como IL Giorno donde citaron datos publicados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú el cual recoge cifras de reportes de donde se consignó que en 2024 se reportaron 168.492 casos de violencia, de los cuales el 84% afectó a mujeres. Además, el medio destacó los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, que reveló que el 52% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas, evidenciando la magnitud del problema en el país.

Según información actualizada de Infobae Perú, en 2025 y solo hasta noviembre se habían reportado 176.925 casos de violencia, cifra que superó ampliamente la registrada en 2024. Ese año, el país cerró con 133 feminicidios, un número inferior al del año anterior, pero que sigue reflejando la gravedad del problema y el peligro al que están expuestas las mujeres.

El medio italiano Il Giorno también citó una nota de Infobae en la que se señala que cerca del 90% de las denuncias por violencia de género en Perú no llega a una condena. Este dato refleja la persistencia de patrones culturales machistas y la revictimización en los procesos judiciales, factores que contribuyen a que las denuncias se diluyan con el tiempo.

La exposición “Hijas de ningún Dios”, presentada por la española Nuria López Torres en el Museo del Teatro Romano, emplea testimonios directos y relatos familiares para poner de manifiesto el sufrimiento de quienes han perdido a sus hijas o han visto desaparecer a un familiar en México. Esta muestra, que forma parte de la programación de FotoFest Cartagena hasta el 13 de abril, pone en el centro de la escena a quienes experimentan la violencia de género y sus diferentes manifestaciones, tanto víctimas como familiares cercanos, según informó el Ayuntamiento de Cartagena.

La bienal de fotografía, organizada por el Ayuntamiento local, ha incluido esta colección de la fotoperiodista como una de las actividades para abordar la problemática de la violencia contra la mujer, conforme detalla en un comunicado el Consistorio. “Hijas de ningún Dios” busca denunciar cuestiones como los feminicidios, las desapariciones de mujeres y niñas, violaciones y la explotación sexual, temas documentados a través de imágenes y relatos recogidos en México por López Torres.

Según señaló la autora, el proyecto nació tras una experiencia personal que la marcó durante una manifestación el 8 de marzo en México, organizada en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Durante esa movilización, presenció a familiares provenientes de diferentes estados del país en busca de personas desaparecidas. Entre ellos, Tadeo, un niño que portaba una pancarta en la que solicitaba información sobre el paradero de su madre y distribuía volantes con la esperanza de encontrarla. Este episodio motivó a López Torres a indagar en la magnitud del problema, constatando la gravedad de la desaparición tanto de hombres como de mujeres en México, algo que impulsó su trabajo posterior, detalló el medio organizador.

López Torres explicó que el objetivo de la muestra se centra en dar visibilidad a las víctimas y a las familias que siguen buscando o ya han perdido a sus seres queridos a causa de feminicidios o de la trata de personas. “Las personas, los familiares, tanto padres como madres, como hijos, como hermanos, son el centro de este proyecto, es el sufrimiento de esas familias que tienen a sus desaparecidos, de esas familias que ya saben que tienen a sus hijas asesinadas, de esas mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual”, expuso la fotografa en declaraciones recogidas por el Ayuntamiento de Cartagena.

La exposición utiliza imágenes y relatos reunidos a lo largo de diferentes experiencias de López Torres en México para reflejar la diversidad de situaciones de violencia que afectan a las mujeres. Según publicó el Consistorio, la fotoperiodista sostiene que la muestra pretende no solo exhibir la realidad mexicana, sino motivar la reflexión social y el debate sobre esta problemática, cuya dimensión trasciende fronteras. Para la autora, aunque México pueda parecer lejano geográficamente para el público español, las historias y dramas representados en la exposición tienen un carácter universal.

La directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, en declaraciones registradas por el consistorio, resaltó el valor internacional de la exposición y su conexión con la vocación global del museo, que es el más visitado de la Región de Murcia. El espacio acoge la muestra desde el inicio de FotoFest Cartagena, celebrado en enero, y coordina las visitas y actividades relacionadas con la exposición, que prioriza la conciencia y sensibilidad hacia los temas presentados.

La muestra de Nuria López Torres pretende generar conciencia social a partir de un enfoque íntimo, centrado en los testimonios reales de quienes conviven con las consecuencias del feminicidio y la desaparición, así como de quienes han sufrido la explotación sexual. La artista considera que reflejar estas vivencias resulta fundamental para comprender la dimensión humana de una problemática que, aunque tiene lugar en México, guarda similitudes con situaciones que se producen en otras partes del mundo, tal como insiste la autora en distintos fragmentos de su recorrido y su trabajo expuesto en Cartagena.

En una de las grabaciones, se escucha al agresor proferir amenazas e insultos. En las imágenes difundidas, la mujer expresa sentirse desprotegida y solicita ayuda urgente, advirtiendo que la situación podría agravarse si no intervienen las autoridades. “Triple... No te salva nadie (...) No vengan, manipuladora”, se le alcanza a escuchar al sujeto en una de las grabaciones.

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Mientras el hombre la insulta, la víctima, al parecer, llama a la Policía y le expresa que necesita ayuda e indica la dirección de la que sería su residencia: “Hola buenas, cuadrante, necesito que me colaboren en el Popular 1, por favor ayudenme”.

En el video, el hombre insiste en permanecer en el lugar para dañar algunos enseres de la mujer, no sin antes preguntar repetidamente a su hija si desea que él se quede. La menor, visiblemente afectada y entre lágrimas, le responde que no quiere.

El caso ha generado preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, que exigen acciones inmediatas para evitar consecuencias mayores.

Entre los comentarios destacados se encuentran críticas a la falta de respuesta efectiva de la justicia y llamados a brindar apoyo a la víctima. Usuarios señalaron la necesidad de protegerla y cuestionaron la impunidad que persiste en estos casos.

“Ella puede poner la denuncia, pero hasta que no le haga daño, no le hacen caso porque así es la justicia en este país, qué tristeza”; “Como siempre, no falta el agüevado que se cree dueño de una mujer”; “Cuando estamos bien con alguien, solo es amor y nunca terminamos de conocer a las personas. A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Ahora no es momento de juzgar a la chica por haberse metido con él; esperemos que le brinden ayuda y salga bien de este mal momento”, fueron algunos comentarios al respecto.

Violencia y hostigamiento contra la mujer en el país

Este episodio de violencia se suma a los 2 feminicidios y 26 tentativas documentados en el país solo en enero de 2026, lo que ilustra la gravedad y persistencia de esta problemática que afecta a las mujeres.

Durante 2025, los registros oficiales contabilizaron 118 feminicidios, 333 tentativas y 28 transfeminicidios en Colombia. Las cifras muestran una mayor concentración de casos en regiones específicas: Caquetá, Amazonas y Casanare son los territorios con las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

Según los datos de la Defensoría del Pueblo, la concentración de la violencia en estas zonas está asociada a vulnerabilidades geográficas y debilidad institucional, lo que incrementa el riesgo para las mujeres.

El informe oficial también señaló que en 2025 se registraron 193 mujeres víctimas de trata de personas, de las cuales 95 eran adultas y 41 menores de edad. Norte de Santander y San Andrés encabezaron las tasas de este delito, seguidos por Meta y Bogotá. Esta situación ha generado alarma entre autoridades, padres y cuidadores.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

Para enfrentar este panorama, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres. La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales. Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.

La Secretaría de las Mujeres advirtió que la gordofobia constituye un tipo de violencia que impacta a toda la sociedad y limita la autonomía y los derechos de las mujeres en México y el mundo.

Al conmemorar el Día Mundial Contra la Gordofobia, la dependencia subrayó en su cuenta oficial de X que ninguna persona debe ser violentada por su apariencia física y que la discriminación basada en el peso corporal persiste como una problemática estructural.

La Secretaría de las Mujeres puntualizó que la gordofobia ha afectado históricamente con mayor intensidad a las mujeres, restringiendo su acceso a oportunidades y su participación plena en ámbitos laborales, médicos y sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido, los comentarios que excluyen o refuerzan estereotipos de belleza y salud en función del peso son considerados una forma de violencia.

“Discriminar, excluir, criticar o hacer comentarios hirientes sobre los cuerpos, NO es normal, es violencia”, expresó la dependencia en diversas infografías.

En sus publicaciones, la Secretaría definió la gordofobia como discriminación y denunció que históricamente los cuerpos “delgados” o “esbeltos” han recibido mayor reconocimiento y acceso a oportunidades, mientras que los cuerpos que no se ajustan a esos parámetros enfrentan barreras y exclusión.

“Gordofobia es discriminación. Se impone así una idea única de éxito, bienestar y salud, lo que constituye una carga social que excluye a cuerpos que no encajan en esa visión”, señaló la dependencia.

La institución resaltó que este tipo de violencia refuerza la percepción de que solo ciertos cuerpos merecen vivir libres de discriminación en espacios públicos, laborales y académicos.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en burlas ni emitir comentarios sobre cuerpos ajenos, y a promover entornos donde la diversidad corporal exista sin críticas ni discriminación.

“Construyamos espacios donde la diversidad de cuerpos existan sin críticas, sin discriminación y sin violencia”, convocó la Secretaría.

El mensaje de la Secretaría de las Mujeres se difundió bajo los hashtags #NoEsNormal y #EsViolencia, en un esfuerzo por visibilizar una problemática que, según la dependencia, sigue vigente y requiere acciones para erradicar toda forma de exclusión o violencia basada en el peso corporal.

Gordofobia: sistema de opresión que genera sufrimiento

La investigadora Patricia Matus Alonso, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, afirmó que la gordofobia es un sistema de opresión que regula conductas, moldea cuerpos y genera sufrimiento.

Explicó que este fenómeno constituye una red de violencias normalizadas presentes en todos los ámbitos sociales y no se limita a un grupo específico. Destacó que la gordofobia se entrelaza con dinámicas de violencia y racismo, al promover un único tipo de cuerpo y excluir la diversidad corporal.

En el Istmo de Tehuantepec, la investigadora documentó que, aunque la gordura se asocia tradicionalmente con bienestar y belleza entre mujeres mayores, esa percepción se modifica entre generaciones jóvenes, influenciadas por discursos globales.

El intento por encajar en estándares de belleza genera malestar físico y emocional y vulnera la dignidad individual.

En el ámbito sanitario, la búsqueda de salud muchas veces se traduce en control corporal, lo que profundiza el sufrimiento y ocasiona afectaciones emocionales y mentales.

La normalización de prácticas como la industria del fitness, la moda y el uso de medicamentos para adelgazar refuerza la idea de que el cuerpo debe corregirse de manera constante, lo que lleva a muchas personas a ocultar su cuerpo por miedo a la discriminación.

Los datos reportan una prevalencia nacional de obesidad en adultos de 37.1% entre 2020 y 2023, con el porcentaje más alto en el grupo de 40 a 59 años. El incremento de obesidad grado III fue de 211% en varones y 96% en mujeres.

La divulgación de una caricatura realizada por el caricaturista Matador, aspirante al Congreso por el Pacto Histórico, provocó una fuerte polémica en redes sociales al equiparar a figuras de la derecha colombiana con personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’.

El dibujo mostró a Vicky Dávila como la Chimoltrufia, Iván Duque representado como el Botija, Álvaro Uribe en el papel del Chómpiras, Paloma Valencia como el señor Barriga y Abelardo de la Espriella como la Popis. El mensaje cerró con una ironía: “Dirección: Enrique Segoviano”.

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La publicación desató reacciones inmediatas. Vicky Dávila, periodista y candidata a la presidencia, respondió en X: “Te faltó, Matador, como el golpeador profesional de mujeres en la vecindad”.

El caricaturista no tardó en replicar: “Querida @VickyDavilaH pero no se enoje”, defendiendo el propósito de la sátira. Matador explicó que “el dibujo humorístico exagera, es el código de su lenguaje para decir verdades”.

Sostuvo que la caricatura constituye un arte honesto, ya que “advierte siempre al lector que lo que allí se plasma es una exageración y no es real”. Profundizó, además, en la función del género: “Enojarse por una caricatura es desconocer la naturaleza de la misma, ya que todo allí es, inexistente, lúdico e hilarante”.

El artista remató su argumento asegurando: “Quien se tome una caricatura en serio y con trascendencia, es porque se trata de una persona inculta, que necesariamente es analfabeta visual”. El cruce continuó con una frase dirigida a Dávila: “Noto por tu reacción querida Vicky, que eres inmune al aprendizaje”.

Dávila, por su parte, insistió en la crítica y pidió a Matador que se retratara a sí mismo como “el golpeador de mujeres profesional de la vecindad”.

La periodista afirmó: “Utiliza contigo mismo ese código maravilloso de la caricatura para decir tus propias verdades” y lo acusó de violencia intrafamiliar. Solicitó que el caricaturista utilice su “arte honesto” para exponer públicamente la situación: “Utiliza ese ‘arte honesto’ para que Colombia toda sepa quién eres de verdad”, concluyó.

Tras lo anterior, el cruce de mensajes entre la periodista Vicky Dávila y el caricaturista Matador en la red social X evidenció una escalada en el debate sobre propiedad intelectual, difamación y denuncias personales. El intercambio se originó cuando Dávila compartió una ilustración que, según el dibujante, no le pertenece, donde aparece un hombre llevando del pelo a una mujer, después de haberla golpeado.

“Esa caricatura que utilizas en ese trino es falsa y fue robada de mi trabajo como caricaturista”, reclamó Matador.

“La usas de esa manera, para inducir a las personas que la vean que crean que soy yo el que dibujó y escribió esas barbaridades”, reprochó el caricaturista, quien calificó la acción como “un truco profundamente bajo”.

Matador comparó la situación con la manipulación de columnas periodísticas y señaló: “Deberías saber, como periodista, que eso es un robo a la propiedad intelectual. Además, ‘matador’ es una marca registrada”.

El dibujante identificó a la cuenta @Rettador como responsable de la caricatura apócrifa y expresó que considera necesario capturar y judicializar a quienes incurren en estas prácticas.

“Creo que esta clase de ladrones deberían ser capturados y judicializados. Y ojalá arrojados a un agujero profundo. Un hoyo tan profundo como tu lugar en las encuestas”, puntualizó.

Vicky Dávila, por su parte, redobló las acusaciones y afirmó: “Del delito que no quieres hablar es del que hay tras lesionar a una mujer, golpearla. Eso hiciste tú con la mamá de tus hijos, tu señora. Deberías estar preso. Pero estás de candidato, como si no hubieras hecho nada. Eso sí es bajo y repito, es delito”.

Matador respondió a Dávila aclarando: “Cometí un error hace 13 años; pagué por él, lo enmendé y aprendí. Seguimos juntos como pareja y tenemos un hijo de 11 años. El amor de los tres (incluida mi hija mayor) me sacó de la depresión causada por la difamación reiterada hacia mi persona”.

El caricaturista anunció la disposición de su esposa para hablar públicamente del tema: “Ayer le pregunté a mi esposa si aceptaría una entrevista contigo para hablar del tema del maltrato, y me dijo que sí. Mi esposa, Alejandra, queda atenta a tu respuesta”.

El mensaje concluyó con una ironía política dirigida a Dávila, sugiriendo que podría acompañar al “Tigre” como fórmula vicepresidencial.

De acuerdo con la información recopilada, el presunto agresor, expareja de la víctima, fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Pereira, luego de que los gritos de auxilio de la mujer movilizaran a decenas de vecinos. La reacción comunitaria estuvo marcada por la ira: al menos 50 personas salieron a las calles armadas con palos y piedras, intentando hacer justicia por mano propia contra el señalado feminicida.

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La intervención policial evitó una tragedia mayor

Tras la alerta de la comunidad, la Policía desplegó un operativo de aproximadamente 30 uniformados, incluyendo miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), para evitar un linchamiento. El presunto agresor se escondió en una vivienda del barrio El Progreso, donde fue rodeado y golpeado varias veces por los habitantes del sector.

La comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Pereira, teniente coronel Laura Cruz Carreño, explicó que la oportuna reacción institucional permitió capturar al implicado y evitar otra muerte.

“La Policía Metropolitana utilizó cerca de 30 policías, entre ellos el Undmo, para lograr la captura y prevenir otra muerte en manos de la comunidad. Cerca de 50 habitantes del barrio El Progreso, con palos y algunas armas contundentes, atacaron a la Policía y al presunto homicida”, afirmó la oficial.

En videos tomados durante el procedimiento, se observa al capturado con el rostro ensangrentado, mientras los uniformados contenían la agresión de la multitud. La Policía reiteró la importancia de no tomar justicia por mano propia y recordó a la ciudadanía la necesidad de denunciar los casos de violencia intrafamiliar a tiempo.

Angelly Teixeira, la víctima de una ola de violencia de género

Angelly Eiling Teixeira Zerpa se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 28 con carrera 1 bis de Pereira, cuando ocurrió la agresión. Con base en las versiones preliminares, la mujer habría sostenido una discusión con su expareja, que la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el acto. La noticia provocó indignación entre los residentes, que decidieron actuar ante la tardanza de los servicios de emergencia.

La joven madre migró desde Venezuela buscando mejores oportunidades para sus hijos, pero su vida se truncó en medio de una situación de violencia doméstica. Las autoridades confirmaron que, de verificarse, este sería el primer feminicidio del año en Pereira y en el departamento de Risaralda. Según datos de Medicina Legal, en la capital risaraldense se presentaron 25 homicidios en lo que va del 2026.

Proceso judicial y llamado institucional

El presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de feminicidio. El proceso judicial buscará esclarecer las circunstancias exactas del crimen y aplicar la sanción correspondiente. La Policía rechazó todo acto de violencia contra la mujer y reiteró su compromiso con la protección de las víctimas.

La teniente coronel Cruz Carreño insistió en la importancia de acudir a las autoridades ante situaciones de violencia intrafamiliar y reiteró el llamado a la ciudadanía a confiar en la institucionalidad. “La oportuna reacción institucional permitió no solo la captura del implicado, sino también evitar una situación de mayor gravedad, luego de que un grupo de ciudadanos intentara agredirlo”, aseguró la oficial.

Enero y febrero han marcado un inicio de año especialmente grave en España en cuanto a violencia de género, con un total de 10 mujeres y dos menores de edad asesinados. La frecuencia de estos crímenes machistas, uno cada cinco días, evidencia la persistencia de un problema estructural que desafía los sistemas de protección actuales, pues en cinco de los casos las víctimas habían denunciado a los agresores y estaban inscritas en VioGén —algunas contaban con órdenes de alejamiento vigentes—, pero los mecanismos de protección no fueron suficientes para protegerlas.

Con la confirmación oficial de estos crímenes, el número de feminicidios se eleva a 1.353 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos, y a 67 los crímenes vicarios perpetrados desde 2013.

Las 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los dos primeros meses del año se llamaban Pilar, Czarina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana, y representan la cifra más alta en un inicio de año desde 2020, cuando se contabilizaron 13 feminicidios en el mismo periodo. El comienzo de 2026 se sitúa, además, entre los peores registros de los últimos 23 años. Sus nombres, junto al de los dos menores asesinados —Noemí, de 12 años, y Yared, de 10—, recuerdan que cada crimen machista deja una ausencia irreparable y un impacto devastador para familiares y amigos.

La abogada Amparo Díaz Ramos, experta en violencia de género, explica a Infobae que, aunque España cuenta con una normativa avanzada en esta materia, la aplicación práctica de la ley y la protección de las víctimas presentan deficiencias significativas. Entre los principales obstáculos, señala la falta de confianza en el sistema judicial, el temor a represalias y la incertidumbre sobre la situación en la que quedarán sus hijos e hijas. “Esto hace que haya muchas mujeres que no llegan a denunciar ni a obtener ningún tipo de protección del sistema judicial”, señala.

Díaz Ramos advierte que incluso cuando se presenta una denuncia, la valoración del riesgo suele quedarse corta, ya que a menudo solo se tienen en cuenta los episodios más recientes y no la totalidad del maltrato sufrido durante años. Este enfoque puede minimizar la gravedad real de la situación. Además, en el proceso para solicitar una orden de protección, normalmente solo se consideran las declaraciones de la víctima y el agresor, sin pruebas adicionales, lo que complica la acreditación de la violencia, especialmente en casos psicológicos, asegura.

La experta también señala que, durante la tramitación de las órdenes de protección y el desarrollo de los procedimientos judiciales, frecuentemente se prioriza la rapidez por encima de un análisis profundo. Muchos casos se resuelven como juicios rápidos, limitando la investigación a informes elaborados por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, donde los especialistas escuchan a ambas partes y determinan a quién consideran más creíble, lo que no siempre permite una evaluación completa de cada caso.

Denunciar también limita la conducta de los agresores

No obstante, a pesar de las dificultades, Díaz Ramos insiste en que denunciar resulta útil para muchas mujeres, pues los agresores toman conciencia de las posibles consecuencias legales y eso “limita su conducta y hace que se alejen de las víctimas”. En muchos casos, además, las medidas de alejamiento o una condena con penas accesorias aportan protección efectiva.

Parejas que ya no convivían juntas o estaban en fase de ruptura

Los dos últimos asesinatos confirmados por Igualdad ocurrieron en Navarra y en Santa Cruz de Tenerife el pasado 20 de febrero. En el caso de Navarra, se trata de Tatiana, una mujer de 28 años que fue asesinada por su pareja. La víctima tenía una hija y tres hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor. El crimen ocurrido en Santa Cruz de Tenerife es el de Yared, que fue asesinado por su padre, y en este caso tampoco existían denuncias previas.

De las 10 mujeres asesinadas, 7 eran españolas y 3 procedían de otros países, al igual que sus feminicidas. En solo uno de los casos la pareja seguía conviviendo, mientras que en los otros nueve la relación había terminado o estaban en fase de ruptura.

Tres mujeres están hospitalizadas

Además de los 12 asesinatos registrados en lo que va de año, tres mujeres permanecen hospitalizadas después de haber sufrido agresiones por parte de sus parejas o exparejas. Una de ellas se encuentra en estado de muerte cerebral y entre las heridas también figura la madre de uno de los feminicidas, según informa la Agencia EFE.

En estos dos meses, un total de 10 menores también han quedado huérfanos a consecuencia de esta violencia, cifra que se eleva a 514 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas).

El presunto feminicidio de María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, provocó rechazo entre los habitantes del barrio Pinar del Río, en Barranquilla. Vecinos y allegados a la víctima solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido en la vivienda que la ciudadana compartía con su compañero sentimental.

Por ahora, las autoridades investigan lo sucedido como un posible caso de violencia de género, tras lo ocurrido durante la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 alrededor de las 11:00 a. m. en el sector conocido como Altos del Río, según información aportada por familiares de la víctima a los medios locales.

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Vecinos del área manifestaron estar alterados por lo ocurrido y pidieron acciones inmediatas por parte de las autoridades para esclarecer el hecho y hacer justicia, pues el entorno permanece en estado de asombro tras el violento caso.

Las primeras diligencias apuntan a que María de los Reyes Herrera Ospino habría sido agredida mortalmente con arma blanca dentro de su residencia, que compartía con su pareja sentimental, al que se le señala como el principal responsable.

Ante la gravedad de la situación, los familiares de la víctima han señalado directamente al compañero sentimental como el responsable, indicando que fue visto saliendo del sitio durante la mañana de ese día, de acuerdo con versiones que fueron citadas por el diario local El Heraldo.

Como parte de la investigación, las autoridades se encuentran revisando videos de las cámaras de seguridad del sector para confirmar o descartar la versión entregada por los familiares y confirmar si, efectivamente, el atacante estuvo en la vivienda mientras se cometió el brutal ataque que acabó con la vida de la ciudadana.

Finalmente, se confirmó que el cuerpo de María de los Reyes Herrera Ospino fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla para los procedimientos correspondientes.

Hija de la víctima dio su versión de los hechos

La hija de María de los Reyes Herrera Ospina relató al diario El Heraldo que el cuerpo sin vida fue hallado en su vivienda ubicada en la calle 145 con carrera 20. Del mismo modo, se informó que el principal sospechoso es su pareja sentimental, Martín Santos De la Cruz, que vivía desde hacía dos décadas con la víctima.

Familiares y allegados solicitaron a las autoridades la pronta captura de De la Cruz, así como el esclarecimiento del crimen y que no quede en la impunidad. Según estos testimonios recolectados por el diario local, el hombre habría abandonado el domicilio tras la agresión, llevándose todas sus pertenencias y dejando la casa bajo llave antes de huir en dirección desconocida.

Durante la madrugada previa al hallazgo, vecinos señalaron una discusión entre la pareja, pero no escucharon ningún incidente posterior.

La hija de Herrera Ospina relató: “Mi madre no merecía esto, ella siempre estaba pendiente de su hogar y de nosotros, por eso pedimos a las autoridades que esto no quede impune”.

El agresor, originario de Lomita Arena, Bolívar, se desempeñaba en albañilería y oficios varios y, según los vecinos, solía cuidar un terreno cercano, aunque en este momento no se conocen detalles sobre su paradero. Por ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta, mientras continúa la búsqueda del presunto responsable.

Cabe mencionar que este no es el primer caso de violencia contra la mujer que se ha registrado durante el 2026, por lo que la comunidad pide que se investigue el caso y sea judicializado el responsable, así como el esclarecimiento de otras situaciones de este tipo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) falló a favor de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y ordenó al representante a la Cámara Duvalier Sánchez retirar una publicación en Instagram y presentar excusas públicas.

La decisión se da luego de un proceso que analizó diversas publicaciones realizadas por el congresista en sus redes sociales durante 2025 y 2026.

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El fallo, emitido el 25 de febrero de 2026 mediante la Resolución de Sala Plena, se centra en un video publicado el 13 de enero de 2026 en el que Sánchez hizo alusiones al aspecto físico de Toro y la comparó con la líder política Clara Luz Roldán.

La denuncia fue presentada el 21 de enero de 2026 por Antonio Abel Calvo Gómez, presidente del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U. En su escrito, Calvo solicitó la activación de facultades de inspección, vigilancia y control para garantizar el retiro inmediato de propaganda, publicaciones digitales y contenido multimedia que configurara violencia simbólica o hostigamiento contra Toro.

Sobre las publicaciones analizadas

Según la resolución, el proceso comenzó con la revisión de publicaciones realizadas entre marzo y septiembre de 2025. La primera de ellas, del 29 de marzo, mostraba al congresista junto a una caricatura de Toro con el mensaje: “Gober, Dilian Francisca, mirá cómo quedamos, en el anime no te ves tan villana”. Otras publicaciones se registraron los días 11 y 27 de abril, y el 15 de septiembre del mismo año.

El CNE determinó que estas publicaciones iniciales “si bien pueden resultar incómodas, llamativas, punzantes o chocantes, no constituyen por ese solo hecho violencia política de género. Se tratan, por el contrario, de usos retóricos legítimos dentro del debate público, especialmente en el marco del ejercicio de control político, por las razones ya expuestas”.

No obstante, la publicación del 13 de enero de 2026 fue calificada de manera distinta, ya que, según la Sala Plena, constituye una conducta que vulnera los derechos de Toro al ser una acción de violencia política de género.

En su ponencia, el magistrado Altus Baquero señaló que “las referencias al cabello, arreglos estéticos, cirugías y, especialmente, la expresión ‘aumentar su capital erótico con la plata de los vallecaucanos’ incorporan una dimensión corporal y sexualizada innecesaria para el cuestionamiento político”.

“No autoriza el uso de expresiones que cosifiquen el cuerpo femenino ni la reproducción de estereotipos que vinculen el ejercicio del poder de las mujeres con su apariencia o sexualidad. Las denuncias por presunta corrupción podían formularse sin recurrir a tales referencias, cuya inclusión evidencia un trato diferenciado basado en el género”, añadió el togado en la ponencia.

Medidas ordenadas por el CNE

En la resolución, el CNE ordenó al representante Sánchez retirar el contenido de Instagram y cualquier otra red social donde pudiera estar alojado. Además, el congresista debe presentar excusas públicas dentro de los cinco días siguientes a la notificación, las cuales deberán permanecer visibles en su cuenta oficial durante un mínimo de treinta días calendario.

Asimismo, exhortó al representante a la Cámara a abstenerse de realizar cualquier actuación que constituya violencia política de género contra cualquier mujer, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 2453 de 2025.

El CNE acumuló este expediente con otro anterior, dado que ambos procesos se originan en hechos relacionados con presuntos actos de violencia política basada en género contra la gobernadora del Valle. El tribunal electoral destacó que la decisión no solo busca reparar los derechos vulnerados de la gobernadora, también garantizar estándares de respeto y no discriminación en el marco de la política colombiana.

De esta manera, el CNE reafirmó su función de proteger a las mujeres frente a conductas que puedan menoscabar su participación política y su imagen pública.

La justicia colombiana ratificó una de las sentencias más severas de los últimos años al confirmar, en segunda instancia, la condena a 48 años de prisión contra Dalmer Antonio Álvarez Guerra por delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir y secuestro.

La decisión judicial se tomó tras identificarse un patrón sistemático de abuso, manipulación y retención forzada de mujeres y menores mediante engaños y coacción, según informó la Fiscalía General de la Nación.

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Entre los elementos probatorios que sustentaron la determinación por parte de las autoridades, destaca el caso de una menor de 14 años que permaneció 20 días secuestrada bajo amenazas constantes por parte del criminal.

El informe oficial indica que el agresor empleó sustancias con opioides y ritos esotéricos para anular la resistencia de sus víctimas, en hechos ocurridos en la ciudad de Santa Marta, detalló el organismo acusador.

Del mismo modo, se confirmó que Álvarez Guerra, detenido el 30 de enero de 2026 en Fonseca (La Guajira) por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cumplirá su condena en la cárcel Rodrigo de Bastidas de la capital de Magdalena.

Indignación por el uso de brebajes y rituales para someter a las víctimas

Las investigaciones del ente judicial documentaron que, entre 2009 y 2010, Álvarez Guerra captaba a adolescentes y mujeres adultas en su establecimiento comercial ubicado en el sector El Rodadero de Santa Marta.

Bajo la promesa de empleos como modelos o vendedoras de ropa, lograba ganarse su confianza. Una vez en su local o en su vivienda del barrio Gaira, inducía el consumo de brebajes con opioides, lo que provocaba en las víctimas pérdida de conciencia y somnolencia, dejando anulada su capacidad de resistencia y luego procedía a someterlas a todo tipo de vejámenes sexuales.

Los delitos documentados incluían no solo los actos sexuales consumados, sino también el secuestro y retención involuntaria por horas e incluso días. El relato de la menor mantenida privada de libertad durante 20 días fue determinante para iniciar el proceso judicial en contra del criminal y determinar la máxima sentencia en su contra.

En sus declaraciones ante la justicia, la joven describió el encierro, las amenazas de muerte y el maltrato que sufrió durante ese periodo, elementos que el Tribunal Superior de Santa Marta consideró prueba crucial para confirmar la pena impuesta.

Decisión judicial por un caso similar en Cartagena

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación comunicó la imputación de un hombre de 35 años en Cartagena, presuntamente responsable de abusar sexualmente de la hija de su pareja sentimental. De acuerdo con el ente investigador, estos hechos habrían ocurrido en el barrio Olaya Herrera, iniciando en septiembre de 2021 cuando la víctima tenía 8 años y extendiéndose hasta marzo de 2024.

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el 11 de febrero, tras la denuncia presentada por un familiar de la menor. La Fiscalía indicó que existe evidencia sobre la reiteración de tocamientos de índole sexual durante los momentos a solas entre el agresor y la niña.

Por esta razón, el imputado enfrenta un cargo agravado por actos sexuales con menor de 14 años, que no aceptó en las audiencias preliminares ante el juez de Control de Garantías.

Los dos casos, abordados por la Fiscalía General de la Nación, exponen las diversas estrategias de captación y sometimiento empleadas contra víctimas menores de edad y reflejan el endurecimiento de las sanciones penales en Colombia por delitos sexuales, especialmente aquellos que implican secuestro, abuso sistemático y manipulación química o psicológica de las afectadas.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en enero de este año se reportaron en total 54 casos de feminicidio a nivel nacional, que aunque representa una disminución respecto al mismo mes del 2025, el delito continúa con una alta incidencia.

De acuerdo con el último reporte del SESNPS, indicó que del 1 al 31 de enero se reportaron 54 casos de feminicidio, de los cuales el 38.95 se concentran en cuatro estado: Sinaloa, con ocho; Ciudad de México, con cinco; Estado de México, con cuatro y Tamaulipas, con cuatro más.

Resaltó que en estados como Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz, se registraron tres casos en cada entidad.

Mientras que en Chihuahua, Puebla, Querétaro y Sonora, hubo dos casos en cada estado durante el mismo mes. Asimismo, se registró un caso en las entidades: Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Nayarit y San Luis Potosí. En el resto del país no reportó ningún caso durante enero.

En el mismo informe, el Secretariado Ejecutivo detalló que 43 de las víctimas son mujeres mayores de 18 años, sin precisar cuántas son menores de edad o no hay información sobre su edad.

Sin embargo, señaló que en Michoacán y Tamaulipas hay al menos un caso que corresponde a una menor de entre cero y 12 años.

Agregó que en la Ciudad de México y Jalisco, un caso en cada estado corresponde a una adulta mayor.

Municipios con más feminicidios

El organismo señaló que el 54.7% de los casos de feminicidio registrados en enero del 2026 ocurrieron principalmente en 20 municipios, la mayoría de ellos en el centro y norte del país.

Municipio con más delitos:

• Culiacán, Sinaloa, con 6 delitos (11.3%).

Municipios con 2 delitos (3.8% cada uno):

• Juárez, Chihuahua
• Reynosa, Tamaulipas
• Venustiano Carranza, Ciudad de México
• Victoria, Tamaulipas

Municipios con 1 delito (1.9% cada uno):

• Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca
• Agua Dulce, Veracruz
• Anáhuac, Nuevo León
• Autlán de Navarro, Jalisco
• Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
• Cintalapa de Figueroa, Chiapas
• Cosoleacaque, Veracruz
• Cuauhtémoc, Ciudad de México
• Cuautitlán, Estado de México
• Cuernavaca, Morelos
• Cuerámaro, Guanajuato
• Emiliano Zapata, Morelos
• Epitacio Huerta, Michoacán
• García, Nuevo León
• Guasave, Sinaloa

El Secretariado indicó que en el 2025 hubo un total de 725 casos de feminicidio reportados a nivel nacional, de los cuales 65 ocurrieron en enero de ese año.

Añadió que entre enero de 2015 y enero de 2026, el número de mujeres víctimas de homicidio doloso a nivel nacional mostró una tendencia al alza hasta alcanzar un pico y posteriormente registrar una disminución.

En 2015 se contabilizaron mil 733 víctimas y la cifra aumentó de manera constante en los años siguientes: 2 mil 186 en 2016, 2 mil 532 en 2017, 2 mil 758 en 2018, 2 mil 873 en 2019 y 2 mil 804 en 2020.

El periodo de mayor incidencia se registró entre 2020 y 2022, donde se mantuvieron cifras cercanas o superiores a 2 mil 800 víctimas anuales, con un máximo semestral de 277 víctimas en enero de 2019.

A partir de 2023, los registros comenzaron a mostrar una reducción. Ese año se reportaron 2 mil 581 víctimas, en 2024 fueron 2 mil 559 y en 2025 la cifra bajó a 2 mil 073. Para enero de 2026, el dato más reciente disponible, se contabilizaron 128 víctimas.

Los valores semestrales mínimos y máximos destacan 104 víctimas en julio de 2015 y 277 en enero de 2019, respectivamente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El agresor de Karina Rincón, identificado como José Urbano Medina Villa, enfrenta un juicio por intento de feminicidio agravado luego de haber agredido a la víctima con un martillo en su vivienda de Bogotá.

Tras no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General y declararse inocente, Medina Villa se expone a una condena que podría oscilar entre 20 y 40 años de prisión en caso de ser hallado culpable, según indicó la fiscal delegada al terminar la audiencia.

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Así mismo, la Fiscalía detalló ante la juez del caso que el ataque ocurrió el lunes 22 de septiembre, cuando Medina Villa, de 51 años, golpeó en al menos 20 oportunidades a Rincón —17 en el cráneo y tres en el rostro— utilizando un martillo extraído de una caja de herramientas.

El informe forense y los testimonios recogidos en el expediente subrayan la gravedad de las lesiones sufridas por Rincón, que fue trasladada en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Kennedy.

Tras el ataque, Rincón permaneció diez días en cuidados intensivos y fue sometida a varias cirugías de reconstrucción craneal y rehabilitación oral, habiendo perdido parte de la dentadura como consecuencia de la agresión.

Según la fiscal delegada en el proceso, José Urbano Medina Villa sometía de manera sistemática a su expareja a ciclos de violencia y control.

Durante la audiencia, la fiscal relató que Rincón era frecuentemente encerrada en una habitación y que Medina intentaba accederla sexualmente sin su consentimiento. Al narrar estos episodios en sala, el acusado reaccionó con burla e ironía.

La defensa de la víctima y testimonios familiares aportados a la investigación señalaron que Rincón había denunciado en tres ocasiones previas episodios de violencia intrafamiliar sin obtener respuesta institucional eficaz.

En el momento del ataque —según consta en las declaraciones— Medina Villa pidió a su suegra que fuera a recoger a la hija común al colegio, ya que asumía que había causado la muerte de Rincón. “Señora, he matado a su hija, quedó muerta en el apartamento”, habría dicho a la madre de la víctima antes de huir, según consta en el acta recogida por La FM.

En testimonio recogido por el mismo medio, Karina Rincón relató que el ataque se produjo sin previo aviso, después de regresar de una cena con amigos por motivo de su cumpleaños. “Yo lo había saludado, se encontraba en el escritorio, normal. Ingresó y tomó un pantalón y lo rompió por completo.

Me quedé sorprendida en la cama sentada y le dije, ¿qué estás haciendo?”, narró la víctima en su declaración. Rincón describió cómo Medina tomó el martillo del baño social y comenzó a golpearla con velocidad y fuerza. “Inmediatamente yo tenía un martillazo en mi cabeza”, afirmó.

Durante el ataque, la víctima intentó escapar para proteger a su hija de cinco años, que permanecía en el interior del apartamento. “En ese momento solamente se me vino un pensamiento en mi cabeza, quedó en blanco y yo pensaba: ‘no voy a morir, hoy no voy a morir, soy la madre de mi bebé y voy a estar viva’”.

Rincón añadió: “Recuerdo cuatro martillazos y en un momento me solté un poco, logré caminar hacia la habitación de mi bebé, abrí la puerta y la vi, pero él estaba detrás mío y me dio otro martillazo y perdí el conocimiento”.

La agresión fue interrumpida tras la intervención de vecinos alertados por los gritos de auxilio y los ladridos del perro de la víctima. El vigilante del edificio acudió acompañado de la Policía Nacional, obligando a Medina Villa a salir precipitadamente del lugar.

Antes de huir, llamó a la madre de Rincón para comunicarle que la había dejado muerta en el apartamento. El vigilante encontró a la víctima inconsciente y la condujo a la portería del edificio, donde, tras recuperar brevemente la conciencia, la agredida pidió que rescataran a su hija.

El proceso judicial contra José Urbano Medina Villa avanza con base en una acusación de tentativa de feminicidio agravado. Durante la audiencia, la fiscalía advirtió que, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de violencia, la condena podría alcanzar hasta 40 años de prisión, aunque también se estima la posibilidad de que la pena sea de 30 años en función de la calificación final y la aceptación o rechazo de cargos.

El juicio está previsto para iniciar en mayo de este año, decisión que mantiene a la expectativa a organizaciones sociales y sectores que acompañan a la familia de la víctima. Karina Rincón, que ha hecho un llamado público de solidaridad para costear los elevados gastos médicos y de rehabilitación necesarios tras el ataque, se encuentra en proceso de recuperación física y psicológica.

Entre los factores que favorecieron un desenlace tan violento, Rincón identificó los celos posesivos de su expareja y el consumo ocasional de licor, que provocaban episodios de transformación de su comportamiento. En palabras de la víctima, “cuando consumía una copa de licor se transformaba en un monstruo”.

La Fiscalía General y la defensa solicitan que el caso de Karina Rincón sea considerado un llamado de atención frente a los mecanismos de protección y prevención en casos de violencia de género, tras constatar que las denuncias interpuestas no recibieron respuesta efectiva antes de la tentativa de feminicidio.

Juvinao publicó un video grabado por Córdoba, en el que se expone una situación de violencia psicológica y física presuntamente perpetrada por el funcionario en contra de su expareja.

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“Publicamos estas imágenes por solicitud de la víctima y exigimos las acciones correspondientes por parte de las autoridades, así como una investigación inmediata del ministro @GA_Jaramillo y la separación del cargo como medida cautelar de protección a la vida e integridad de Verónica, dado que ella también trabaja en la entidad y está siendo revictimizada”, detalló la aspirante al Congreso.

El contenido del video

La grabación, que contiene imágenes que pueden resultar sensibles para la audiencia, muestra a Nelson David Hernández sosteniendo una conversación con Verónica Córdoba. En ese diálogo, el funcionario asegura que no quiere vivir y señala a su expareja de desequilibrarlo.

“Me desequilibras, me desequilibras, me desequilibras. Yo estoy haciendo las cosas bien. Me enamoré, me desequilibras, me desequilibras, me desequilibras. Quiero morir. Quiero morir. No quiero seguir viviendo. Me quiero morir. No soy tan valiente para hacerlo. Quiero morir. No quiero más, no quiero más. No quiero estar más en este puto mundo, ¡este puto mundo! Mierda, hijueputas todos“, aseveró Hernández.

Luego, se le ve acostado en el suelo, golpeándose contra él, mientras Córdoba le pide que se vayan del lugar. Y, posteriormente, le pide que se acerque a él y le asegura que su conducta no suele ser esa.

“Ven para acá. Ven para acá. Yo no soy así, yo no he estado así. No sé lo que me está pasando. Yo no, yo no sé. Yo hace mucho tiempo estoy con mucha presión, con mucha presión”, dijo.

Posteriormente, aparecen varias fotografías que corresponderían a partes del cuerpo de la denunciante. Se evidencian heridas en sus piernas, brazos y espalda, que presuntamente habrían sido causadas por el subdirector de Infraestructura del Ministerio de Salud.

Ante esta denuncia pública que hizo la víctima, Juvinao instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación a tomar las acciones pertinentes, con el fin de salvaguardar a la ciudadana que aseguró haber sido víctima del funcionario. Instó a que en sus investigaciones priorice el enfoque de género y que evite la reproducción de la violencia institucional.

De igual manera, criticó al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, por tener entre sus trabajadores a presuntos maltratadores. “Es inaceptable que este tipo de funcionarios sean los que lideren el ministerio que debe velar por la salud de las y los colombianos. Un caso más que evidencia la misoginia, el machismo y la violencia contra las mujeres que abunda entre los funcionarios del gobierno de @petrogustavo”, señaló.

Según la representante, la Fiscalía se puso en contacto con la denunciante e insistió en que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debería separar al presunto agresor del cargo que ostenta en la cartera.

El activista político de izquierda David Rozo, conocido como Don Izquierdo en redes sociales, había hecho eco de esta situación a inicios de febrero. En su cuenta de X compartió la captura de pantalla de una publicación que hizo la víctima, en la que denunció haber sido agredida físicamente por Nelson David Hernández Pinto.

“No fue un accidente, no fue un malentendido, no fue mi culpa. Denuncio porque merezco respeto, porque callar protege al agresor y porque ninguna mujer debería normalizar la violencia. Estoy priorizando mi vida, mi integridad y mi dignidad”, indicó Córdoba en su publicación.

Las cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo muestran que en 2025 los registros de la Fiscalía General de la Nación contabilizaron 118 feminicidios, 333 tentativas y 28 transfeminicidios en Colombia, datos que generan alarma por la seguridad de las mujeres en todo el territorio nacional, aunque hay algunas regiones específicas en las que se contabiliza una mayor cantidad de hechos.

De acuerdo con el reporte oficial, estos casos se suman a los 2 feminicidios y 26 tentativas que fueron documentados en el primer mes de 2026, lo que se convierte en un ejemplo de la persistencia y gravedad de la violencia de género en el país.

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Además, se evidencia una concentración de los indicadores más altos en territorios concretos, lo que lleva a la Defensoría a demandar una respuesta integral y urgente del Estado colombiano en estas zonas específicamente, según el informe que fue difundido por Blu Radio.

Caquetá, Amazonas y Casanare lideran las tasas de feminicidio en el país

Al analizar la tasa de feminicidio por cada 100.000 mujeres, la información oficial sitúa a Caquetá, Amazonas y Casanare como los territorios con los índices más altos, seguidos por San Andrés.

La concentración significativa en regiones de la Amazonía y en zonas de frontera demuestra las vulnerabilidades y riesgos que, asociadas a las características geográficas y la debilidad institucional, favorecen la persistencia de estas violencias.

El informe también indica que el 2025 cerró con 193 mujeres víctimas de trata de personas, de este total, 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes, lo que causa una mayor preocupación entre las autoridades, padres y cuidadores. En este delito, las tasas más elevadas se documentaron en Norte de Santander y San Andrés, seguidos de Meta y Bogotá.

Delitos sexuales y explotación de niñas: cifras alarmantes en zonas periféricas

La Defensoría del Pueblo informa que los delitos sexuales contra mujeres permanecen entre las formas más recurrentes y voluminosas de violencia. En 2025 se reportaron 15.729 hechos, de estos, son 8.644 los que corresponden a niñas y adolescentes, superando el 50% del total de víctimas. Las tasas más altas de agresiones sexuales se encuentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas.

En enero de 2026 ya se contabilizaban 963 casos de violencia sexual, incluyendo 453 que afectaron a menores de edad. Respecto a la explotación sexual de niñas y adolescentes, en 2025 hubo 151 víctimas, con una mayor cantidad de cifras en regiones como Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia.

La entidad resaltó que la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de gran magnitud, debido a que en 2025 se registraron 14.860 casos de agresión contra mujeres. Las mayores tasas se presentaron en Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo alertó: “Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, haciendo así un llamado a las autoridades locales y nacionales para actuar frente a esta problemática que continúa dejando víctimas.

Finalmente, la institución afirmó que la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad del Estado colombiano, que debe fortalecer las campañas y educación en todas las ciudades y municipios del país para evitar que los agresores se continúen formando desde temprana edad.

Además, se espera que sean involucradas las familias, con el fin de demostrar desde el ejemplo en el hogar y así formar una sociedad que no tenga que lamentar ataques fatales en contra de la mujer a diario.

La seguridad de las mujeres sigue siendo motivo de preocupación. Entre la noche del 20 de febrero y la madrugada del 21 de febrero, una joven de 22 años identificada como Laura Valentina Lozano Torres, fue asesinada por su expareja sentimental, José David López Celis. Los hechos se presentaron en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con El Tiempo, la víctima fue a la casa de su exnovio para recoger a su mascota y algunas pertenencias. Tras sacar todo lo que necesitaba y dejarlo en el vehículo que la estaba esperando fuera de la vivienda, al parecer, se percató de que había olvidado su teléfono en el inmueble, por lo que volvió a ingresar a la casa.

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La joven nunca volvió a salir del apartamento. Según explicó el conductor del vehículo que la estaba esperando, varios minutos después de que la víctima entró por segunda vez a la vivienda, el señalado asesino se asomó por una ventana, admitió que acababa de matar a la joven y amenazó con suicidarse.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, indicó que las autoridades fueron notificadas sobre lo ocurrido y de inmediato llegaron al sitio, donde encontraron el cuerpo de la joven.

“Lamentablemente, una expareja genera el feminicidio en la localidad de Usaquén. Justo ella (la víctima) había llegado, había subido al apartamento porque iba a recoger sus maletas, ya pues esa relación había culminado. Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y, posteriormente, pues incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar esta persona”, precisó el uniformado, citado por Noticias Caracol.

Presunto feminicida en libertad

El sospechoso del crimen fue presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura y su judicialización. En la audiencia, se le imputó el delito de feminicidio, contemplado en el artículo 104A del Código Penal Colombiano, pero no fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación.

Red+ Noticias tuvo acceso a la audiencia en cuestión, en la que el juez Óscar David Gómez dejó en libertad al señalado feminicida. Según explicó, a su juicio, el hecho de que el procesado presuntamente haya asesinado a su expareja no quiere decir que otras mujeres con las que tenga contacto vayan a estar en riesgo.

“Permite descartar o refutar ese planteamiento, según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra. Dado que, entre otras cosas, asumir como cierto este planteamiento sería tanto como avalar posturas del derecho penal del autor, plenamente proscritas”, indicó el togado en la diligencia.

Aunado a ello, afirmó que Édgar David López Bonilla, padre del joven investigado, contó que su hijo tiene una relación sentimental con una mujer identificada como Daniela Pulido.

Laura Tami Leal, secretaria Distrital de la Mujer, se pronunció sobre la decisión del juez de control de garantías de no ordenar la privación de la libertad intramural para el procesado. En su cuenta de X, rechazó la determinación, recordando que el joven fue capturado en flagrancia y asegurando que sí representa un peligro para otras mujeres.

“No es aceptable. No es comprensible. No es un mensaje tolerable para las mujeres de esta ciudad. Un presunto feminicida sí representa una amenaza. Y cada decisión que relativiza la gravedad de la violencia feminicida aumenta el riesgo para todas. Exigimos justicia para Valentina, celeridad en el proceso y decisiones que le pongan fin a la impunidad”, detalló.

En la tarde de este martes 24 de febrero, el Juzgado Séptimo de Control de Garantías de Barranquilla llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de Alexis Castillo Jiménez, concejal del Partido Conservador y miembro de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla.

La audiencia se realizó de manera virtual, y el cabildante se presentó personalmente ante la Fiscalía General de la Nación tras conocer que existía una orden de captura en su contra por denuncias de violencia intrafamiliar agravada.

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La orden de captura fue ejecutada el 23 de febrero de 2026, y al día siguiente, en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla, se confirmó que Castillo Jiménez había sido detenido con éxito.

La medida judicial responde a denuncias interpuestas por su exesposa, Silvia Aragón Molina, que aseguró haber sido víctima de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica desde 2023, período en el que convivía con el concejal.

Detalles de la audiencia y acusación

Durante la diligencia, el juez otorgó un receso para que Castillo Jiménez y su abogado revisaran el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, se procederá a la audiencia de imputación de cargos y a la solicitud de medida de aseguramiento.

Según el testimonio de la denunciante a Revista Semana, ha sufrido “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”. Entre las acciones denunciadas se mencionan golpes, gritos, insultos y humillaciones.

Desde octubre de 2024, la denunciante tiene la custodia legal de los hijos que comparte con el concejal, según un documento autenticado, en el que la denunciante indicó que dicha medida busca proteger la seguridad y el bienestar de los menores. Pese a esto, la mujer también señaló haber recibido amenazas constantes del cabildante, quien, según su testimonio, le habría dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”.

Actualmente, existen tres procesos abiertos contra Castillo Jiménez: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un juzgado de familia. Aragón Molina aseguró a Semana que el concejal habría intentado retrasar el avance de estos procedimientos.

Versión del concejal

En una comunicación pública, Castillo Jiménez sostuvo que la medida de captura lo tomó por sorpresa y firmó que no corresponde a nuevos hechos de violencia, sino a una incomparecencia a una audiencia programada en noviembre de 2025, relacionada con el traslado del escrito de acusación, y que ese día se encontraba atendiendo compromisos previamente citados en el concejo distrital.

El concejal agregó que su ausencia fue interpretada por la Fiscalía como una posible obstrucción al proceso, lo que habría motivado la solicitud de captura para garantizar su presencia en la siguiente etapa judicial.

Así mismo, manifestó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si la medida no es revocada, y aseguró que el proceso tiene como origen un conflicto derivado de su separación, el cual se extiende por cerca de dos años y ha incluido espacios de conciliación centrados en el bienestar de sus hijos.

Además, el concejal insinuó que la difusión pública de la orden judicial podría tener un impacto político, dado que la situación se conoce en un periodo electoral y él ha manifestado públicamente respaldos a determinados candidatos.

Reservas y lo que sigue en el proceso

Por solicitud de la defensa de la víctima, las siguientes audiencias fueron declaradas reservadas para no revictimizarla a través de redes sociales. Solo permanecieron en la sala virtual Fiscalía, Procuraduría, y las partes involucradas; el resto de personas, incluida la prensa, fueron retiradas.

Tras la legalización de la captura, los procedimientos judiciales seguirán la ruta prevista en casos similares. El próximo paso es la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía formalizará la acusación ante el juez. Posteriormente, se evaluará la solicitud de medida de aseguramiento, que puede incluir detención preventiva en un centro carcelario, casa por cárcel o medidas sustitutivas según lo determine la autoridad judicial.

Durante este proceso, el juez valorará la evidencia presentada por la Fiscalía y las pruebas aportadas por la defensa, garantizando la participación de todas las partes involucradas.

Un patrón de violencia de género con dos víctimas en el mismo escenario llevó a las autoridades a adelantar una investigación contra Héctor Guayabo Bernal, que fue acusado formalmente por el presunto feminicidio agravado de su pareja en Villavicencio en hechos ocurridos en agosto de 2021.

En su reporte, la Fiscalía General de la Nación indicó que en el actuar delictivo del acusado existe una reiteración de conductas criminales, pues la repetición en el modus operandi está basada en el ocultamiento de los cuerpos en las proximidades del río Guatiquía.

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Del mismo modo, se reveló que el cadáver de la víctima atacada en 2021 fue hallado el 7 de enero de 2022 en avanzado estado de descomposición a orillas del afluente, lo que dificultó establecer la causa precisa de la muerte en un primer momento.

Sin embargo, las pruebas recolectadas por los investigadores lograron confirmar que la mujer habría sido objeto de amenazas y agresiones psicológicas antes de su desaparición, lo que representó un ciclo de violencia previa atribuido a Guayabo Bernal.

El segundo feminicidio

Este proceso judicial no es el primero en el que la justicia colombiana vincula a Guayabo Bernal con el asesinato de una pareja sentimental. Y es que en febrero de 2025, un tribunal lo condenó a 36 años de prisión por el feminicidio agravado de otra mujer con la que mantenía una relación en 2024.

En ese hecho, el cuerpo de la víctima también apareció en las inmediaciones del río Guatiquía, lo que establece una coincidencia en el lugar y la forma en que se intentó desaparecer los restos.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación destacó que la conducta reincidente y la elección de la zona ribereña como punto para deshacerse de los cuerpos permiten perfilar un modus operandi claramente definido, debido a que los dos casos señalan una continuidad en la elección del escenario y en el tipo de violencia ejercida, según los datos aportados por la investigación.

Guayabo Bernal afronta un nuevo proceso judicial privado de la libertad

Tras la condena por el feminicidio ocurrido en 2024 y con la acusación formal por el crimen de 2021, Héctor Guayabo Bernal permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario. El proceso avanza en la justicia mientras la Fiscalía busca una condena ejemplar que haga justicia por la muerte de su compañera sentimental y permita cerrar uno de los episodios de mayor gravedad en la violencia de género registrada en la capital del departamento del Meta.

El esclarecimiento de estos crímenes ha puesto en evidencia la urgencia de intervenir de manera efectiva frente a los ciclos de violencia que enfrentan mujeres en situaciones de pareja. La reiteración de hechos y la presencia de elementos probatorios sólidos sitúan este caso como uno de los más relevantes en la lucha contra el feminicidio en la región.

Feminicidios en Colombia durante 2025

Entre enero y noviembre de 2025, en Colombia se contabilizaron 111 feminicidios y 297 tentativas, de acuerdo con lo informado en el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre violencias basadas en género.

La entidad alertó sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres en distintas regiones, a pesar de que estos indicadores muestran una disminución respecto de 2024.

La mayor concentración de casos por cada 100.000 habitantes se encuentra en los departamentos de Caquetá, Amazonas y Casanare. Asimismo, se confirmó que los transfeminicidios registraron un incremento, pasando de 20 a 26 casos, señalando así la especial vulnerabilidad que enfrentan las personas trans ante las violencias de género.

El entorno personal de la denunciante, así como su abogado, han expresado preocupación ante la posibilidad de represalias tras la denuncia presentada contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Según detalló Europa Press, el letrado Jorge Piedrafita también alertó respecto a la posible existencia de un patrón de abuso dentro del cuerpo policial y solicitó al Ministerio del Interior la adopción de medidas de protección efectivas para su clienta. Este caso ha incrementado la presión política y la atención mediática, junto a especulaciones sobre la aparición de nuevos testimonios.

De acuerdo con Europa Press, la denunciante se encuentra atravesando una situación difícil, especialmente tras la exposición pública de la denuncia y la reacción mediática que esta ha generado. Piedrafita manifestó que tanto la víctima como su entorno han sufrido un aumento de acoso y presión, afectando su bienestar. El abogado puntualizó que desde el martes, cuando la subdirectora general de la Policía, Gemma Barroso, estableció contacto con la afectada, la atención fue considerada respetuosa, y señaló que espera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, proporcione la protección adecuada.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista radial, el abogado informó que la denuncia se presentó oficialmente el pasado 9 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla. Tras esa acción, el procedimiento ha seguido su curso hasta llegar a un juez de violencia contra la mujer. Piedrafita confirmó que no existió comunicación previa con el Ministerio del Interior antes de esa fecha, en concordancia con la versión ofrecida por el ministro Grande-Marlaska, quien el miércoles declaró en el Congreso de los Diputados su determinación de presentar su renuncia si la denunciante considerara que no se sintió protegida o respaldada por su gestión.

José Ángel González renunció al cargo la tarde del martes. Para ese momento, ya se le había citado como investigado por la supuesta agresión sexual a una agente que entonces era su subordinada. El letrado ha precisado que los hechos objeto de la denuncia ocurrieron el 23 de abril, luego de que la víctima, en cumplimiento de órdenes directas del DAO, acudiera al lugar donde este se encontraba almorzando y lo trasladara a su residencia oficial. Posteriormente, el mando policial pidió a la agente subir a la vivienda con el pretexto de conversar sobre una cuestión confidencial. Según las declaraciones del abogado, dentro del domicilio González intentó forzar sexualmente a la agente mediante violencia, incluyendo la rotura de prendas.

Europa Press informó que a pesar de la resistencia opuesta por la víctima y de haber logrado huir tras varios minutos de forcejeo, el mando policial continuó presionando a la agente y le reprochó su reacción, con la participación activa de su colaborador directo, el comisario Óscar San Juan. De acuerdo con el relato de la defensa, en aras de evitar una denuncia, a la agente se le ofreció poder solicitar el destino de su preferencia dentro de la Policía Nacional.

El abogado detalló también el impacto psicológico que sufrió la denunciante, indicando que debió recibir atención médica y que aún permanece en proceso de recuperación. El equipo legal priorizó la confidencialidad y discreción durante meses para preparar la querella y evitar que la investigación sufriera interferencias ajenas al ámbito judicial. Piedrafita subrayó que el caso llegó directamente al juzgado y el Ministerio solo tuvo conocimiento formal cuando la querella fue admitida y se produjo el primer contacto entre la denunciante y la subdirectora general de Personal.

Según recogió también Europa Press, el letrado mencionó el vínculo de la denuncia con un supuesto uso indebido de recursos públicos. Sostuvo que González, sirviéndose de su rango, habría ordenado a la agente utilizar un vehículo oficial y permitido el ingreso a una vivienda del Ministerio del Interior para actividades ajenas al servicio, lo que constituye, en opinión de la defensa, un posible delito de malversación.

El proceso judicial, según el abogado de la denunciante, podría implicar a más personas del organigrama policial, más allá del principal investigado. Entre los nombres destacados figura el comisario Óscar San Juan, cuya participación activa en los hechos deberá ser aclarada en la instrucción del caso, junto con la posible implicación de otros funcionarios, como el chófer asignado u otros integrantes del cuerpo.

Europa Press también recogió los señalamientos sobre la existencia de más víctimas. Desde el entorno de la denunciante y la defensa legal reconocen que han recibido rumores sobre otros posibles casos similares acaecidos dentro de la institución, por lo que han dirigido un llamado a eventuales afectadas para que puedan comparecer judicialmente, admitiendo la dificultad y dureza emocional que supone afrontarlo, pero remarcando la necesidad de esclarecer los hechos y prevenir la reiteración de este tipo de conductas en los órganos policiales.

Durante el desarrollo del caso, el abogado destacó las complicaciones existentes en la administración de justicia, aludiendo al estado de los juzgados y a las dificultades de funcionamiento originadas, en parte, por la denominada Ley Bolaños. Denunció la existencia de una notoria desorganización y carencia de medios en los juzgados, lo que habría afectado negativamente la eficacia del procedimiento judicial.

El seguimiento mediático y las declaraciones públicas, en particular las formuladas en sede parlamentaria por el ministro Grande-Marlaska, han intensificado la atención sobre el curso de la investigación. El titular de Interior ha reiterado que desconocía la denuncia hasta el martes, coincidiendo con la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial competente, lo que corroboró el abogado de la denunciante. El objetivo de la defensa, según Piedrafita, ha sido precisamente garantizar que las actuaciones no se gestionaran a través de los canales policiales sino mediante vías estrictamente judiciales, procurando evitar cualquier influencia que pudiera dificultar la protección y atención de la víctima.

La defensa de la denunciante insistió en la necesidad de que el Ministerio del Interior adopte todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad física y psicológica de la afectada, especialmente ante la posible existencia de represalias o ataques hacia su entorno. Insistió, además, en la importancia de esclarecer por completo las circunstancias y la existencia de otros posibles afectados para depurar todas las posibles responsabilidades dentro del cuerpo policial, según consignó Europa Press.