Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo, fue detenido este 6 de agosto en el estado de Guerrero tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en su contra. La captura llegó más de dos meses después de que Paula exhibiera públicamente las agresiones que vivió durante años, y pese al amparo que él mismo promovió para evitar ser detenido.

La detención se concretó tras la actuación de la Fiscalía General del Estado de Morelos en coordinación con autoridades de Guerrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según informó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

Paula Fajardo agradeció la detención y confirmó que ocurrió en Acapulco

En un video publicado en redes sociales tras conocer la noticia, Paula Fajardo agradeció la captura de su exesposo. “Hoy detuvieron al señor Jorge Francisco, mi violentador”, dijo, y añadió: “Sí se pudo. Sí se pudo”.

Fajardo Melgarejo agradeció directamente a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal Fernando Blumenkron, así como a los medios de comunicación y a quienes la apoyaron durante el proceso. También precisó un dato que no había trascendido en los comunicados oficiales: la detención ocurrió en el municipio de Acapulco.

Seis años de silencio que rompió con videos desde su propia casa

El 30 de mayo de 2026, Paula Esbeydi publicó en Facebook grabaciones de cámaras de seguridad de su domicilio en Cuernavaca. En ellas se ve a Jorge Francisco “N” golpearla, patearla y jalarla del cabello, en ocasiones con sus hijos menores de edad presentes en la misma habitación.

El video que más reacciones provocó registró una agresión del 14 de noviembre de 2020: Paula estaba embarazada y faltaba un mes para dar a luz. Los archivos documentaron episodios de 2020 a 2021. Paula publicó también fotografías de lesiones propias y de sus hijos, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y estados del señalado.

Ante las acusaciones de que las grabaciones fueron fabricadas con inteligencia artificial, ella respondió que no publicaba el material por venganza ni por dinero, sino porque la verdad le importaba. Explicó que guardó silencio durante años por respeto a sus hijos y no por falta de pruebas.

Jorge Francisco “N” ya había usado un amparo antes para frenar su detención

Cuando los videos se viralizaron, Jorge Francisco “N” no se presentó ante las autoridades y el 1 de junio promovió un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, expediente 933/2026, a cargo de la jueza Tania Gómez Ibarra, con el argumento de que temía la existencia de una orden de detención en su contra.

Dos días después, el juzgado le concedió una suspensión provisional que impidió que la FGE de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal o la FGR lo capturaran. La medida generó cuestionamientos porque se otorgó en plena controversia pública, según reportes de medios locales.

No era la primera vez que recurría a esa vía. Paula relató que un amparo previo ya había frustrado una detención anterior, lo que la llevó a hacer pública la denuncia.

La Secretaría de las Mujeres de Morelos intervino desde el 31 de mayo y una petición ciudadana sumó casi 5 mil firmas

El 31 de mayo, un día después de que los videos se difundieran, la Secretaría de las Mujeres de Morelos estableció contacto directo con Paula para ofrecerle asesoría jurídica, acompañamiento institucional y seguimiento de las acciones legales correspondientes. La dependencia actuó en el marco de la estrategia de la gobernadora Margarita González Saravia para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres, según información publicada en las redes oficiales de la dependencia.

En paralelo, en Change.org se abrió una petición dirigida al Poder Judicial de la Federación, la FGE de Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir acción penal contra Jorge Francisco ”N". Datos consultados por Infobae México muestran que al momento de la detención, la petición acumulaba 4 mil 962 firmas verificadas y había sido compartida mil 583 veces.

La petición exigía protección inmediata para Paula y sus cuatro hijos, transparencia institucional sobre las medidas de seguridad implementadas y que ninguna resolución judicial los colocara en situación de vulnerabilidad.

La trata de personas en México experimentó un repunte durante la Copa Mundial FIFA 2026, con un aumento en la explotación sexual y en la demanda de mujeres mexicanas para el turismo sexual, según el 6° Reporte de Trata de Personas 2025-2026 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

La celebración del torneo, que se realizó entre junio y julio pasado, propició condiciones excepcionales que facilitaron la captación y explotación de víctimas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes mexicanas.

Según el documento, la Línea y Chat Nacional contra la Trata registró un incremento del 60% en llamadas y chats durante el Mundial, así como un 45% más de reportes y un alza del 5% en casos clasificados como trata de personas, respecto al mismo periodo de 2025.

Del total de reportes entre enero de 2025 y julio de 2026, 6 mil 653 fueron atendidos en ese lapso y 26 mil 592 desde la creación de la línea.

Demanda de mujeres mexicanas

El 90% de las víctimas identificadas para fines de explotación sexual durante el Mundial fueron mujeres mexicanas, cifra notablemente mayor a la de años previos.

Esta tendencia se atribuye a la preferencia de los turistas por la “experiencia local” y a los precios más accesibles en el “mercado de explotación nacional”, además de los estereotipos vinculados al viaje.

Sin embargo, también se reportó una alta demanda dirigida hacia mujeres colombianas y venezolanas.

La prostitución ajena y la explotación sexual se mantuvieron como la modalidad de trata de mayor incidencia, representando el 56% de los casos. Siete de cada diez víctimas de trata son mujeres, según los reportes clasificados por la Línea Nacional.

Durante el periodo mundialista, los bares, centros nocturnos y table dance se convirtieron en los principales lugares de explotación, desplazando a casas y hoteles, que eran los sitios predominantes en 2025.

Jalisco pasó del cuarto al segundo lugar nacional en reportes de trata de personas.

Nuevas formas de enganche

Durante el Mundial, cuatro de cada 10 víctimas adultas fueron enganchadas mediante falsas ofertas de empleo, principalmente en servicios de entretenimiento para adultos.

Respecto a niñas, niños y adolescentes, el 65% fue captado a través de vínculos familiares.

Entorno digital y diversificación transnacional

El 92% de los casos de material de abuso sexual infantil tuvo origen en entornos digitales, con un incremento del 62.5% en comparación con el reporte anterior.

El 76% de este material fue autogenerado por las víctimas bajo manipulación o coacción, y el 67% de quienes lo entregaron también sufrió sextorsión.

El delito reafirmó su carácter transnacional: se identificaron víctimas de 18 nacionalidades diferentes, frente a las 10 del reporte previo.

México continuó como país de origen, tránsito y destino para víctimas nacionales y extranjeras.

Respuesta institucional

El Consejo Ciudadano impulsó campañas como “Mundial sin Trata”, “It’s a Penalty”, “Tarjeta Azul” y “Falsas Ofertas de Empleo”, dirigidas a turistas, hoteleros y el sector transporte, y capacitó a 103 mil 314 personas a lo largo de 2025 y 2026.

En el periodo mundialista, la colaboración interinstitucional permitió el rescate de 70 víctimas, la protección de 230 personas en terminales y puntos mundialistas, la detención de 29 personas y la apertura de 48 carpetas de investigación.

El 61% de los reportes fue realizado por mujeres, consolidando un cambio de paradigma en la denuncia y combate a la trata.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una mujer de 31 años, en un caso que conmocionó a los vecinos del distrito de Ate. La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el pasado 2 de julio, a pocos metros de la vivienda de la víctima. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el investigado habría aprovechado una reunión acordada con la mujer para atacarla con un arma cortante, luego de citarla bajo el argumento de devolver y recoger algunas pertenencias tras el término de su relación sentimental. Mientras continúan las diligencias, el acusado permanecerá recluido de manera preventiva.

Fiscalía sostiene que el investigado planeó el encuentro y la atacó con un cúter

El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que consiguió que se imponga nueve meses de prisión preventiva contra Christian Cruz, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado.

Según la tesis presentada por el Ministerio Público, el imputado contactó a su expareja para encontrarse en la intersección de la calle 3 de Agosto con la avenida 26 de Mayo, en Ate. La reunión, de acuerdo con las investigaciones, tenía como finalidad recuperar objetos personales luego de haber concluido la relación que ambos mantenían.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el investigado llegó al lugar portando un cúter que mantenía oculto. Una vez frente a la víctima, la habría atacado por la espalda para inmovilizarla y evitar que pudiera defenderse.

La hipótesis fiscal señala que, tras un forcejeo, la mujer quedó en una situación de indefensión. En esas circunstancias, el investigado le habría provocado varias heridas cortantes en el cuello, lesiones que ocasionaron una hemorragia externa severa, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la audiencia en la que se evaluó el requerimiento de prisión preventiva, la fiscal adjunta provincial Nataly Ortega Vera presentó distintos elementos que, según la investigación, vinculan al imputado con el crimen.

Entre las pruebas expuestas figura el acta de necropsia elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), documento que detalla la causa de muerte de la víctima. También se incorporaron las declaraciones de testigos que presenciaron parte de lo ocurrido y el acta de la inspección técnico-policial, mediante la cual se registró y documentó la escena donde ocurrió el ataque.

Con estos elementos, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento formulado por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por nueve meses para el investigado, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

• Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.
• Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.
• Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.

“Yo voy a opinar sobre todo como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero realmente si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado”, dijo Fujimori. “Sería muy lamentable, sobre todo de cara al mensaje que se le da a las mujeres. Yo por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer”, añadió.

Fujimori rechaza cualquier violencia contra la mujer

La presidenta formuló sus declaraciones durante una actividad en Piura, donde fue consultada por la prensa sobre el caso que sacudió al Parlamento en sus primeros días de funcionamiento. Fujimori aclaró que emitía su opinión desde su condición de mujer y no desde el conocimiento técnico del expediente, aunque fue categórica al señalar que la situación descripta en los medios resultaría incompatible con el ejercicio de un cargo legislativo.

El pronunciamiento de la jefa de Estado se produce en un contexto en que el caso ya generó reacciones en cadena dentro de la propia bancada del diputado. El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente a la Comisión de Disciplina del partido el inicio de un proceso disciplinario y la suspensión cautelar de Pérez Mallqui mientras avancen las investigaciones. “Solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, escribió Zunini en el documento.

El análisis legal: “Camino a una eventual condena”

El abogado penalista Carlos Caro analizó la situación procesal del diputado y fue directo sobre las perspectivas del caso. Según Caro, la ausencia de una versión propia del imputado y la falta de atenuantes configuran un escenario adverso para la defensa.

“No teniendo muchos argumentos de defensa, seguramente el consejo de su abogado es: ‘Oye, quédate callado, porque acá de todas maneras te van a acusar y va a haber una sentencia condenatoria’”, señaló. El letrado advirtió que la defensa podría optar por una estrategia dilatoria: “Puede jugar al obstruccionismo, ¿no? Hacerla larga, pedir pruebas, contrapruebas, nulidades, formalismos, todo con la finalidad de atrasar el desenlace final”, indicó Caro.

Sobre la ruta procesal, el penalista fue preciso: el caso seguirá la vía de proceso inmediato, con acusación y eventual condena. Respecto al fuero del diputado, Caro aclaró que Pérez Mallqui no cuenta con protección parlamentaria para este tipo de casos: solo tiene el privilegio de ser investigado por una Fiscalía Suprema y, eventualmente, juzgado por la Corte Suprema, pero fuera de ello es tratado como cualquier ciudadano.

Ante la pregunta de si lo más probable es que el diputado sea condenado, Caro no dejó margen para la duda: “El cúmulo de pruebas de cargo es absoluto y más bien prueba de descargo hay ninguna. No hay ni siquiera una versión, no hay ni siquiera un pedido de disculpa”. Y concluyó: “No habiendo atenuantes, está camino a una eventual condena cuando se cumplan los plazos correspondientes”.

El relato de la víctima: mensajes, audios y cámaras de seguridad

La mañana del 30 de julio, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por el dominical Panorama, Pérez Mallqui llegó en una camioneta Toyota Fortuner con lunas polarizadas hasta la vivienda de su expareja en San Miguel. A las 8:03, le escribió por WhatsApp: “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”. Minutos después insistió: “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

La denunciante no respondió. “Desde las 5:58 de la mañana que me llamó por primera vez... yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él”, relató en un audio difundido por Panorama.

Las cámaras registraron el momento en que el padre de la denunciante, un adulto mayor de 80 años, salió de la vivienda para realizar trabajos en el exterior. Pérez Mallqui descendió del vehículo e ingresó al inmueble sin que el anciano advirtiera su presencia. Llegó directamente hasta la habitación de la mujer. “Cuando él entró a mi habitación, cuando él empujó la puerta, yo me asusté mucho. Pensé en mi niña”, declaró la denunciante.

La denuncia policial consigna que el diputado “ingresó a su cuarto empujando la puerta de manera intempestiva”, mientras reclamaba por las llamadas no respondidas y utilizaba expresiones ofensivas. Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras el llamado de auxilio y trasladaron a ambas partes a la comisaría de San Miguel.

La segunda agresión: dentro de la comisaría

El caso no terminó con la intervención policial. La denunciante presentó una segunda denuncia por un presunto acto de violencia física ocurrido dentro de la propia comisaría. Según su relato, cuando salió de los servicios higiénicos de la dependencia, Pérez Mallqui la jaloneó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha. La agresión ocurrió ante la vista de los efectivos presentes, lo que motivó que el comisario dispusiera la detención inmediata del diputado por agresión física en flagrancia.

“Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo: ‘No sabes lo que estás haciendo, vas a ver’”, declaró la mujer en un audio difundido por Panorama. Y añadió: “Los policías me vieron que yo estaba tratando de que él me suelte el brazo derecho porque tengo todo el brazo rojo, y la pierna”.

Antes y durante esas horas, el diputado le envió mensajes intentando persuadirla de desistir de las acciones legales. Uno de ellos decía: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano”. En otro escribió: “Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa”. La denunciante fue categórica sobre la intención de esos mensajes: “Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa”, expresó.

Un diputado con antecedentes judiciales previos

El caso colocó nuevamente bajo escrutinio público el historial judicial de Pérez Mallqui. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones, el diputado electo por la región Cusco arrastra sentencias por lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

El antecedente más cuestionado data del 9 de febrero de 2024, cuando Pérez Mallqui atropelló a una menor de siete años y a su madre en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco, presuntamente en estado de ebriedad. El Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a más de cuatro años de prisión suspendida y al pago de S/ 80.000 por reparación civil. La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves con secuelas permanentes. La defensa del diputado presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, y el proceso continúa en revisión.

Las reacciones institucionales

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenó el hecho de manera enfática y desplegó un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan en la comisaría de San Miguel para brindar apoyo legal y psicológico a la denunciante. La cartera exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad y sancionar al responsable conforme a la ley.

La Comisión de Ética del Parlamento tomará competencia sobre el caso apenas quede instalada, según adelantó el diputado Harvey Colchado, dado que la denuncia se produjo antes del inicio formal de la primera legislatura 2026-2031. Dentro de Juntos por el Perú, el vocero Zunini fue más allá del comunicado oficial del partido y pidió la suspensión cautelar de Pérez Mallqui sin esperar el desenlace judicial.

Pérez Mallqui, por su parte, recuperó la libertad el 1 de agosto al vencerse el plazo de detención y negó las acusaciones ante la prensa: “Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría”. Evitó responder si agredió o no a la denunciante y anunció que colaborará con las investigaciones. “Yo soy bastante respetuoso contra toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor”, sostuvo.

Pérez Mallqui sostuvo ante los periodistas que ha respetado el procedimiento desde su intervención y que continuará haciéndolo mientras avance el caso.

“Estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso”, declaró el legislador, quien insistió en que la investigación todavía no ha concluido.

El diputado también aseguró que su relación sentimental con la mujer denunciante terminó hace aproximadamente seis meses. “Mi relación con la señora terminó hace seis meses, yo nada tenía que ver con ella. Pero lamentablemente esto sucedió”, manifestó.

Diputado evita responder si hubo agresión

Durante su salida de la dependencia policial, la prensa nacional le preguntó directamente por el contenido de la nota policial, en la que se consignó que habría jaloneado a la mujer. Ante la consulta sobre si ese hecho constituía violencia, Pérez Mallqui evitó confirmar o negar la acusación y pidió esperar el desarrollo de las investigaciones.

“A ver, hay un proceso. Lo has leído, todas las actas que hoy día están emitiendo. Sería mejor que ustedes como prensa tengan la objetividad de informar al país”, respondió.

Ante una nueva pregunta sobre qué habría ocurrido realmente, el diputado reiteró que no daría mayores detalles mientras el caso permanezca en investigación.

“Esto todavía está en proceso. Voy a ser respetuoso de todo el procedimiento y, según va avanzando este proceso, ustedes van a tener toda la facilidad de tener todos los documentos paso a paso para seguir que este proceso termine y salga un fallo”, señaló.

Pérez Mallqui agregó que serán las instancias correspondientes las que determinen la veracidad de las imputaciones una vez que concluya el proceso.

Pérez Mallqui dice que el caso afecta la imagen del Congreso

Los periodistas también cuestionaron al diputado por el impacto que la denuncia tiene sobre la imagen del Congreso de la República, cuya nueva composición asumió funciones apenas días atrás.

El legislador reconoció que el caso perjudica la imagen del Parlamento y sostuvo que por esa razón ha optado por mantener una postura reservada frente a las acusaciones.

“Definitivamente. Por eso estoy siendo lo más responsable y respetuoso con todo el país, porque en estos días se ha informado de mala manera”, afirmó.

Pérez Mallqui señaló además que los actuales parlamentarios son “nuevas autoridades” y admitió que una situación como esta no contribuye a proyectar una buena imagen del nuevo Congreso.

¿Qué dijo Julián Pérez Mallqui sobre la violencia contra la mujer?

Durante sus declaraciones, el diputado aseguró que respeta las investigaciones y rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer.

“Yo soy bastante respetuoso de toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor. Con todo lo que me ha pasado, con todo lo que está pasando esto, vamos a mejorar la defensa para ambas partes”, sostuvo.

El legislador, quien cuenta con una denuncia previa por violencia, permanece bajo investigación por la reciente acusación presentada en su contra. La Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las acciones que correspondan.

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció oficialmente sobre el caso del diputado Julián Pérez Mallqui, quien permanece investigado por una presunta agresión física contra su expareja en el distrito limeño de San Miguel. La agrupación reafirmó su rechazo a cualquier forma de violencia y señaló que esperará el avance de las investigaciones antes de definir eventuales acciones internas.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario indicó que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que, dentro de sus competencias, evaluará las medidas que correspondan de acuerdo con los resultados de la investigación fiscal y sus normas internas.

“Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso. Seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones y en el ámbito de nuestras competencias evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan conforme a los resultados de la investigación y a nuestras normas internas”, señaló Juntos por el Perú.

El pronunciamiento mantiene la línea expresada previamente por dirigentes de la agrupación, quienes indicaron que no tomarían una decisión hasta conocer los avances de la Fiscalía y determinar las responsabilidades en el caso.

Jaime Quito afirmó que la bancada no conocía la denuncia

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, aseguró que la bancada no tenía conocimiento de la detención del diputado Julián Pérez Mallqui ni de la denuncia presentada en su contra.

En declaraciones a RPP, el legislador sostuvo que los hechos deben ser esclarecidos completamente y pidió que la investigación concluya lo antes posible.

“Se debe conocer a plena cabalidad lo ocurrido”, manifestó Quito, quien además recordó que existen parlamentarios de distintas agrupaciones políticas con investigaciones judiciales en curso que lograron llegar a cargos de elección popular.

No obstante, señaló que el caso podría ser revisado por los órganos internos del partido. En ese sentido, indicó que Juntos por el Perú cuenta con una Comisión de Ética que podría evaluar la situación del diputado.

Fiscalía continúa investigación contra Julián Pérez Mallqui

Julián Pérez Mallqui permanece bajo investigación luego de que una abogada denunciara haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y psicológicas en un inmueble ubicado en San Miguel.

Según la información consignada en la nota policial, la denunciante afirmó que el legislador la habría sujetado por el cuello y empujado durante una discusión. Tras la intervención policial, ambos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Por su parte, Pérez Mallqui negó haber cometido agresiones y declaró ante la Policía que fue él quien resultó afectado durante el enfrentamiento, señalando que habría recibido arañones en el rostro.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda apoyo legal y psicológico a la presunta víctima.

Antecedentes judiciales del diputado

El caso también vuelve a poner bajo escrutinio los antecedentes judiciales de Pérez Mallqui. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado cuenta con sentencias por falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

Además, en 2024 estuvo involucrado en un accidente vehicular ocurrido en Pichari, provincia de La Convención, Cusco, por el que fue investigado luego de que se reportara el atropello en presunto estado de ebriedad de una madre de familia y su menor hija. Por este caso cumplió diez meses de prisión preventiva y posteriormente enfrentó un proceso judicial por lesiones culposas.

La detención ha generado atención nacional debido a la trayectoria judicial del diputado, quien fue elegido por la región Cusco. Pérez Mallqui ya cuenta con antecedentes penales y procesos judiciales previos, incluyendo una sentencia por lesiones culposas.

El incidente actual involucra a una mujer cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Un familiar de la víctima, que acudió a la comisaría, declaró que su principal pedido a las autoridades es que “no debe haber agresión ante nadie”. La familiar confirmó el vínculo con ambas partes y corroboró la existencia de la presunta agresión.

Intervención policial en el domicilio de la víctima

Según fuentes policiales, Julián Pérez Mallqui se presentó en la vivienda de la presunta víctima. Al tocar la puerta, fue recibido por el padre de la mujer. En ese momento, se produjo un forcejeo entre ambos, lo que permitió que el diputado ingresara al inmueble. Ante esta situación, la mujer realizó llamadas de auxilio a la Policía Nacional y al Serenazgo del distrito.

La intervención de las autoridades se dio de inmediato, resultando en la detención en flagrancia del legislador. Tanto Pérez Mallqui como la presunta víctima participan actualmente en las diligencias programadas y serán sometidos a exámenes médico-legales para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Actuación fiscal tras la detención

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar inició diligencias urgentes luego de la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica. Las acciones se desarrollan en la comisaría de San Miguel, donde se busca recabar elementos de convicción que ayuden a esclarecer la denuncia presentada.

El Ministerio Público enfoca sus labores en garantizar la protección de la presunta agraviada y en dictar las medidas legales necesarias según los hallazgos de la investigación. La intervención fiscal incluye la toma de declaraciones, el acopio de pruebas y la disposición de medidas de protección mientras continúan las indagaciones sobre el caso.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría de San Miguel para brindar apoyo legal y psicológico a la mujer que denunció ser víctima de violencia por parte del diputado Julián Pérez Mallqui. La cartera condenó de manera enfática el hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida.

El MIMP dispuso profesionales en psicología y servicios de asesoría legal y social para asistir a la víctima. Además, exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad, garantizar una investigación exhaustiva y sancionar al responsable conforme a la ley.

Antecedentes judiciales y penales del diputado

La situación de Julián Pérez Mallqui cobra mayor relevancia debido a su historial judicial. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado electo por Cusco ya había enfrentado procesos por distintos hechos, entre ellos lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

Uno de los casos más cuestionados ocurrió el 9 de febrero de 2024, cuando fue involucrado en un accidente vehicular registrado en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco. Pérez Mallqui habría conducido presuntamente en estado de ebriedad y atropelló a una menor de 7 años y a su madre. Por este hecho, el Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a una pena de más de cuatro años de prisión suspendida y estableció el pago de S/80 mil por reparación civil.

La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves y que, como consecuencia del accidente, presenta secuelas permanentes. En tanto, el proceso continúa en revisión luego de que la defensa del parlamentario presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Durante una entrevista difundida por Panorama, Pérez Mallqui cuestionó el monto solicitado por la familia de la menor como reparación civil y se pronunció sobre la pretensión económica planteada en el proceso.

Además de este caso, la información consignada ante el JNE registra otras sentencias contra el legislador, entre ellas por violencia familiar y falsa declaración en proceso administrativo.

Siete meses de violencia y una agresión que terminó con la vida de Sandra Patricia Gómez Cetina fueron los elementos que llevaron a un juez de Bogotá a condenar a José Francisco Suárez de Ávila a 43 años de prisión. El fallo concluyó que el acusado intentó ocultar el crimen al presentar la muerte de su pareja como un accidente doméstico.

La decisión de primera instancia estableció que las pruebas recopiladas durante el juicio permitieron demostrar que el hombre ejerció violencia física, psicológica y económica contra Sandra Patricia durante siete meses antes del ataque que terminó con su muerte. El juez encargado del caso señaló que los elementos presentados por la Fiscalía permitieron establecer que la víctima falleció como consecuencia de una agresión brutal ocurrida dentro de la vivienda ubicada en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy.

“Nada desvirtúa que la muerte de Sandra Patricia Gómez Cetina se produjo en virtud de una fuerte y brutal agresión que sufriera ese 8 de octubre de 2023 en horas de la tarde”, señaló el juez durante la lectura de la decisión, al descartar los argumentos presentados por la defensa. De acuerdo con los informes conocidos durante el proceso judicial, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que Suárez de Ávila atacó a su pareja. Las imágenes permitieron observar cómo la tomó del cabello, la arrojó al piso y la golpeó con patadas en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Tras la agresión, el hombre no solicitó ayuda médica de inmediato para Sandra Patricia. Según el fallo, la víctima permaneció varias horas dentro de una habitación sin recibir asistencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El juez consideró esa actuación como un factor determinante para aumentar la pena impuesta al condenado. “El motivo por el cual a la pena mínima se le aumentan 20 meses corresponde a la actitud inhumana y para nada solidaria de José Francisco Suárez de Ávila frente a su compañera y víctima. Lo anterior obedece a que, pese a la grave agresión física que sufriera Sandra Patricia Gómez el 8 de octubre en horas de la tarde, solo hasta el día siguiente a las seis de la mañana fue trasladada a un centro médico”, advirtió.

El funcionario judicial agregó que la mujer estuvo sin recibir auxilio después de una fuerte agresión física. “Lo que significa que la víctima permaneció varias horas, después de una fuerte agresión física, inconsciente, al interior de una pieza, sin socorro alguno. En forma adicional, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años”, añadió.

Durante el juicio se estableció que solo hasta la mañana del 9 de octubre de 2023 Suárez de Ávila trasladó a Sandra Patricia a un centro médico utilizando un bicitaxi. Posteriormente, el informe de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico con hemorragia intracraneal masiva.

La investigación también permitió establecer que el condenado intentó cambiar la versión de lo ocurrido. Al momento de su captura, aseguró que su pareja sufrió una caída por las escaleras y presentó el hecho como un accidente ocurrido dentro de la vivienda. Sin embargo, las pruebas recolectadas durante el proceso penal mostraron indicios sobre la violencia ejercida contra la víctima y la intención de modificar la interpretación de lo sucedido en el lugar de los hechos.

Además de la pena de prisión, el juez determinó que José Francisco Suárez de Ávila no podrá acceder a beneficios judiciales como la detención domiciliaria o la libertad condicional. También recibió una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. El condenado permanece actualmente privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá, mientras cumple la sentencia impuesta por el asesinato de Sandra Patricia Gómez Cetina.

En México suma 315 casos de feminicidio en el primer semestre del 2026, luego de que en junio se registraron 48 casos más, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS).

De acuerdo con el documento, cuatro entidades concentran el 34% de los casos a nivel nacional, lo que equivale a 107 víctimas; sin embargo, este último mes hubo un ligero incremento en al menos dos estados.

Sinaloa se mantiene como la entidad con más casos, al registrar 42 víctimas, seguido del Estado de México y Chiapas, los cuales superaron a la Ciudad de México, con 24 y 21 feminicidios respectivamente.

La capital del país se mantuvo con 20 casos registrados, misma cifra que reportó en mayo, cuando ocupó el segundo lugar del listado de estados con más casos.

Le siguen en quinto lugar Tamaulipas, con 18 casos, Morelos, con 16, Sonora, con 15; Chihuahua, con 14; y Guanajuato, con 13.

En Jalisco suman 12 casos; en Oaxaca y Veracruz 11, respectivamente, mientras que Guerrero tiene 10 casos, y Nuevo León y Tabasco, nueve cada uno.

Entre los estados con menos de cinco casos están Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Coahuila, Yucatán, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Tlaxcala y Nayarit.

Municipios con más casos de feminicidio

Aunque la Ciudad de México bajó de lugar en el listado de estados con más feminicidios, tres alcaldías de la capital se mantienen entre los 20 municipios con más casos a nivel nacional: Venustiano Carranza, con cinco casos, mientras que Iztacalco y La Magdalena Contreras registran tres casos cada una.

Culiacán en Sinaloa encabeza el listado nacional con 29 feminicidios. En segundo lugar está Reynosa, Tamaulipas, con 10 casos, mientras que Benito Juárez en Quintana Roo, Centro en Tabasco, y Chihuahua capital suman cinco carpetas de investigación cada uno.

En Hermosillo, Sonora, Juárez en Chihuahua y Mexicali en Baja California registran cuatro casos cada uno. Cajeme en Sonora, Cuauhtémoc en Chihuahua, Cuautla en Morelos, Fresnillo en Zacatecas, Irapuato y León en Guanajuato, La Paz en Baja California Sur, Mazatlán en Sinaloa y Mérida en Yucatán presentan tres feminicidios cada uno.

Homicidio doloso

El informe señala los casos de homicidio doloso de mueres, los cuales ya suman 772 en lo que va del año. En este rubro, los estados con más casos son Guanajuato, con 100 casos, Baja California, con 60; y Guerrero, con 50.

Van por homologar investigación del feminicidio en México

El 15 de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar la investigación y las sanciones en todo el país.

La propuesta define el feminicidio como el acto de privar de la vida a una mujer por razón de género y enumeró diez razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia o asimetría de poder.

Establece una pena de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes, como cuando la víctima fuera niña, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante. La tentativa se sanciona con una pena proporcional.

La iniciativa prohíbe excusas absolutorias y beneficios como la libertad condicionada, amnistía o criterios de oportunidad, y estableció la imprescriptibilidad del delito y la reparación del daño.

Ordena que toda muerte violenta de mujer fuera investigada como feminicidio desde el inicio, con protocolos nacionales homologados y unidades especializadas en fiscalías. También incluyó un régimen de reparación integral para las víctimas y sus familias, acceso a atención médica y psicológica, servicios de traducción y asistencia jurídica gratuita.

El proyecto propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y fortalecer refugios y líneas de atención.

E introduce la supervisión de medios y plataformas para respetar la dignidad de víctimas y extendió la obligación de garantizar el derecho a la verdad a todas las autoridades. La Comisión Especial y un Programa Integral vigilaría la aplicación de estas medidas en todo el país.

El Ministerio del Trabajo impuso una serie de medidas preventivas a Homecenter tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, que se presentó la tarde del domingo 12 de julio de 2026 en una de las sedes de la cadena de retail ubicada en el municipio de Soacha (Cundinamarca), vecino a Bogotá.

La decisión se dio luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por la Dirección Territorial Cundinamarca para verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre prevención de la violencia y el acoso en el entorno laboral.

Como resultado de esta inspección, la empresa deberá actualizar formalmente su Política de Prevención de la Discriminación, la Violencia, el Acoso Laboral y el Acoso Sexual, en concordancia con la Ley 2528 de 2025 y el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Esta actualización busca garantizar que existan lineamientos claros y efectivos para enfrentar cualquier situación de violencia o acoso en el trabajo.

Entre las obligaciones impuestas, se encuentra fortalecer las rutas de atención a víctimas dentro de la empresa.

Homecenter deberá actualizar sus rutas de atención, tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya

Homecenter deberá actualizar su ruta de atención, asegurarse de que todos los trabajadores la conozcan y articularla con las rutas externas de protección ofrecidas por las autoridades competentes.

La meta es que cualquier persona que enfrente una situación de violencia o acoso tenga acceso rápido y eficiente a los canales de ayuda y protección.

El Ministerio también ordenó la capacitación especializada para todos los cargos con personal a su cargo, incluyendo gerentes, supervisores, jefes inmediatos, líderes de equipo, miembros del Comité de Convivencia Laboral y responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Esta formación está orientada a que el liderazgo de la empresa cuente con herramientas para identificar, prevenir y actuar ante hechos de violencia y acoso laboral o sexual.

En cuanto a la prevención, la empresa deberá fortalecer la debida diligencia, el enfoque de género y la prevención de violencias basadas en género, así como la prevención de violencias ejercidas por terceros, no solo en el ambiente interno de la empresa; también frente a actores externos que puedan afectar a sus trabajadores.

Otra de las medidas relevantes es la obligación de actuar incluso sin una denuncia formal.

Desde la cartera de Trabajo se exigió que Homecenter implemente protocolos que permitan reaccionar ante cualquier indicio de violencia, sin esperar necesariamente una denuncia escrita.

Esto responde a la necesidad de intervenir de manera temprana y proteger a las posibles víctimas desde el primer momento en que se detecte una situación de riesgo.

Sumado a todo lo anterior, la violencia y el acoso deberán ser incorporados en la matriz de riesgos del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) de la empresa, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones antes de que ocurran y adoptar medidas proactivas y correctivas.

Sumado a todo lo anterior, el Ministerio del Trabajo advirtió que Homecenter deberá demostrar documentalmente el cumplimiento de todas las medidas ordenadas.

En caso de incumplimiento, la entidad podrá iniciar actuaciones administrativas sancionatorias contra la empresa.

Los acosos de los que venía siendo víctima Rosa Mayerly Olaya

La Fiscalía General de la Nación imputó por feminicidio agravado a Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, atacada con arma blanca el domingo 12 de julio de 2026 dentro de un Homecenter de Soacha, un caso que volvió al centro del debate por los antecedentes de acoso que, según el ente acusador, ya habían motivado acompañamiento policial para la víctima antes del crimen.

El caso ocurre en un municipio que, de acuerdo con cifras oficiales, concentró el 32% de los feminicidios de Cundinamarca y cerró 2025 con 2.416 casos de violencia intrafamiliar.

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel informó además que en Soacha se registran más de 18.000 casos de violencia contra las mujeres o la población Lgbtiq+.

Marulanda no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía sostuvo que el procesado conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años y que, tras recibir una negativa a su interés de iniciar una relación sentimental, comenzó un hostigamiento persistente.

De acuerdo con las pesquisas que llevó a cabo el mismo ente, la Policía Nacional acompañó a Rosa Mayerly Olaya en al menos dos oportunidades desde su lugar de trabajo hasta su vivienda por la preocupación que ya generaba la situación.

El expediente también recoge que el 10 de mayo y el 5 de junio el hoy procesado habría llegado a la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

La acusación señala que ese patrón terminó cuando ingresó al almacén y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas de gravedad. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones.

Los hechos de violencia contra la mujer persisten en Colombia. De acuerdo con el informativo El País, de Cali (Valle del Cauca), una joven universitaria identificada como Dahiana, denunció estar siendo víctima de acoso por parte de un hombre al que identificó como Juan Camilo García.

De acuerdo con su relato, el hostigamiento comenzó después de haber ido a comer con él a inicios de 2026. La joven indicó que, aunque compartieron ese momento, en ningún momento se configuró una relación con el sujeto. Pese a ello, el señalado acosador habría empezado a perseguirla y a buscarla; la situación se extendió por seis meses.

El presunto acosador empezó a seguirla en la universidad, donde estudia y en su trabajo. También afirmó que el asedio alcanzó espacios de su vida privada, como el edificio donde vive.

La joven afirmó que bloqueó al hombre en todas sus redes sociales, pero el presunto acosador habría encontrado la manera de contactarla a través del correo electrónico. En uno de esos mensajes que recibió se lee: “Pasé por tu casa, Dahiana, sentí tu ki. Siempre me da nervios ir a buscarte jajaja revisé su moto y ya voy para Jamundí. No te pude dejar un detalle hoy, pero mañana, con la ayuda de Dios, te molesto la vida... Te amo hasta que me muera, Dahiana (sic)”.

En otro correo que la joven aseguró haber recibido, el hombre le pidió que se pusiera en contacto con él e incluso le hizo saber que estaba en el conjunto residencial donde vive: “En todas las fotos te ves hermosa, háblame, princesa. Decíme algo, por favor. Veo que está tu moto en tu casa pero no sé qué hacer”.

La denunciante aseguró que, en su momento, el hombre habría revisado la basura del conjunto residencial en donde vive y habría hurtado objetos de motocicletas al creer que una de ellas era de la joven. De igual manera, al parecer, habría dejado regalos para ella en esos vehículos.

En otra ocasión, el sujeto en cuestión le habría enviado una fotografía de él oliendo una gorra que, presuntamente, habría hallado en la basura del edificio. Sin embargo, la ciudadana aseguró que ese accesorio no le pertenece.

El nivel de acoso fue tal que, en su momento, tuvo que recurrir a las autoridades para que frenaran al señalado acosador. La intervención de la Policía Nacional se tradujo en una detención del hombre por 24 horas, que, además, ya está denunciado. “Hace poco la Policía por fin se lo llevó, después de varios intentos pidiéndoles ayuda, ya que hay una demanda en proceso a causa de esta situación, también existe una medida de protección y este hombre la infringió muchas veces”, detalló la ciudadana en una publicación a la que tuvo acceso el medio de comunicación citado.

Segunda denunciante afirmó haber sido acosada por el mismo hombre

De acuerdo con el informativo local, una segunda mujer afirmó que también fue víctima del presunto acosador. Según su testimonio, ambos habían tenido una relación sentimental. Al terminar ese vínculo, el sujeto, al parecer, continuó buscándola y trató de acercarse a ella de todas las maneras posibles.

La ciudadana afirmó que su familia supo sobre el hostigamiento del que estaba siendo víctima. “Durante más de dos años después de haber terminado la relación, este hombre ha insistido en contactarme por diferentes medios y llegó, incluso, a presentarse recientemente en mi casa, pese a que en repetidas ocasiones le he dejado claro que no quería tener ningún tipo de contacto. Mis padres, amigos y personas cercanas fueron testigos de esta situación. Mi solidaridad con quien decidió hacerlo público”, detalló la denunciante citada por el medio.

El Gobierno de México y las principales plataformas digitales: Google, YouTube, Meta y TikTok acordaron impulsar una campaña mensual contra la violencia de género.

La estrategia, respaldada por la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), busca enfrentar la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en el entorno digital.

¿En qué consiste?

Como parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, cada 25 de mes se difundirán mensajes educativos y preventivos en las cuentas oficiales de las instituciones y empresas participantes.

El objetivo es informar, sensibilizar y prevenir las distintas formas de violencia digital, así como fortalecer la seguridad y el uso responsable de las plataformas.

La acción se enmarca en el Día Naranja, iniciativa internacional dedicada a promover el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias.

La estrategia contempla la publicación de contenidos diseñados para fortalecer la cultura de la seguridad digital y contribuir a la construcción de espacios libres de violencia.

Según el acuerdo, el Gobierno de México y las plataformas tecnológicas refrendan su compromiso para avanzar hacia una vida libre de violencias para todas las mexicanas.

Violencia familiar y feminicidio: cifras recientes

Entre enero y mayo de 2026, se reportaron 113 mil 294 delitos de violencia familiar en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ciudad de México encabeza las denuncias con 11 mil 845 casos, seguida por Estado de México (11 mil 317), Nuevo León (10 mil 080) y Guanajuato (7 mil 308).

Estos estados concentran el 35.8% de los casos. Otras entidades con cifras altas son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Puebla.

El Código Penal Federal sanciona la violencia familiar con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico.

Las sanciones aumentan si la víctima es mujer embarazada, persona adulta mayor o con discapacidad.

El Ministerio Público puede ordenar medidas preventivas y de protección.

Un caso destacado es la denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, investigado por la Fiscalía de Morelos tras la difusión de un video donde su pareja lo acusa de agresiones.

Tras la viralización, autoridades federales y la Secretaría de Energía intervinieron para garantizar la protección de la víctima y Rodríguez quedó fuera de nuevos cargos públicos mientras enfrenta el proceso.

Datos de feminicidio y homicidio de mujeres

Durante mayo de 2026 se registraron 59 feminicidios en México, sumando 267 víctimas entre enero y mayo.

Sinaloa encabeza con 34 víctimas, seguido por Ciudad de México y Estado de México con 20 casos cada uno, y Chiapas con 18, mientras la capital del país subió al segundo lugar nacional respecto al año anterior.

La mayoría de las víctimas, 219 de 267, son mujeres mayores de 18 años. Veinte municipios del país agrupan el 36.5% de los feminicidios, con Culiacán (Sinaloa) a la cabeza con 24 casos.

En el mismo periodo, se reportaron 658 homicidios dolosos de mujeres, con Guanajuato como el estado con más casos (88), seguido por Guerrero (46) y Baja California (44).

El homicidio culposo de mujeres alcanzó 1,251 víctimas, concentrándose el 33.1% en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

El acuerdo entre autoridades y plataformas busca contribuir a frenar estas tendencias, mediante el impulso de entornos digitales más seguros para mujeres, adolescentes y niñas.

Alba Rubi Gómez, madre de María Camila Potosí ―la joven de 21 años hallada sin vida en Cali y que tenía ocho meses de embarazo― compartió un testimonio conmovedor sobre los días de angustia que vivió tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

En entrevista con El País, y en medio de un homenaje que se realizó para exigir justicia y confirmar dónde estaría la bebé de ocho meses de gestación que esperaba, relató los momentos clave de la búsqueda, el dolor por la pérdida y la esperanza de que su nieta, a quien María Camila llevaba en el vientre, aún pueda estar con vida.

“Madre, vas a ser abuela; estoy en embarazo, estoy feliz”, recordó Alba Rubi sobre el anuncio que le hizo María Camila seis meses atrás, cuando le confirmó que esperaba una niña a la que llamaría Alahia.

La noticia, que trajo alegría a la familia, se tornó en tragedia cuando la joven de 21 años desapareció el jueves 16 de julio de 2026 y fue encontrada muerta cinco días después, envuelta en una sábana a orillas del río Meléndez.

Alba Rubi describió la angustia de los momentos previos al reconocimiento del cuerpo.

“Cuando fuimos a reconocerla a donde me la habían dejado, tenía su vientre como si estuviera la bebé ahí, o sea, se veía el embarazo. Entonces, por eso pensamos y pensé que la bebé la tenía ahí”, relató la progenitora, al detallar que la familia mantuvo la esperanza de que, al menos, la bebé estuviera a salvo.

Esa esperanza se renovó al recibir la noticia, por parte de Medicina Legal, de que la bebé de ocho meses de gestación no se encontraba en el vientre de María Camila cuando fue hallada.

“Yo tengo la esperanza y me siento feliz al mismo tiempo de saber que la bebé puede estar viva; no aseguro que la bebé esté viva, pero nos dio una luz de esperanza cuando dijeron que la bebé no la tenía mi hija dentro de su vientre”, dijo la mamá de María Camila.

Entre lágrimas, la madre narró cómo durante la búsqueda pedía a Dios que la persona hallada no fuera su hija.

Ahora, la familia centra sus esperanzas en que la menor pueda ser encontrada con vida. Las autoridades continúan investigando el caso y han abierto una línea de trabajo para determinar el paradero de la bebé, mientras la comunidad y los seres queridos de María Camila acompañan a Alba Rubi en medio del dolor y la incertidumbre.

Por su parte, y en entrevista con Noticias RCN, la secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, Nigeria Rentería, confirmó que la María Camila asisitía al programa Fami (Familia, Mujer e Infancia) del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), además de la mujer que fue vista en un video transportando en una motocicleta a la joven.

“Efectivamente hacían parte de este programa, estaban siendo atendidas y sobre ello ahora a las demás madres gestantes les estamos haciendo precisamente acompañamiento psicosocial por este hecho tan lamentable”, detalló Rentería.

La funcionaria aseguró que desde la administración del alcalde Alejandro Eder “hay un repudio total y de todas maneras un gran impacto”.

Al final, Rentería confirmó que se está brindando asesoría a la familia de María Camila, “también activando todo lo que es la atención psicosocial, o sea, ese acompañamiento para poder a ellos brindarle una forma de que pueda soslayar todo este momento tan difícil que están pasando”.

Para cerrar, y para confirmar cómo fue que las autoridades desde la Alcaldía se enteraron del caso de María Camila, la funcionaria expresó que “el día que ya en medios se conoce (la desaparición de Potosí) se pudo establecer que iba camino a su última cita, pero no tuvimos más conocimiento”, cerró Rentería al añadir que por el momento todo es “materia de investigación” y a la espera de los resultados forenses por parte de Medicina Legal porque, como sentenció la funcionaria, “aquí debe haber y hay una investigación muy seria que posiblemente arrojara y por eso la Alcaldía se suma a este tema de la investigación”.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso este martes 22 de julio la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, volverlo imprescriptible y fijar reglas nacionales de coordinación, atención a víctimas y reparación del daño.

Esta propuesta se realizan ante un crimen que, según la exposición de motivos de la reforma de feminicidio, no debe tratarse sólo como ilícito penal, sino como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo con la CEPAL, citado en la reforma, en los últimos cinco años al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe. Sólo en 2024 se registraron 3 mil 828.

En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2024 se registraron 855 feminicidios, en 2025 fueron 732 y en enero de 2026 hubo 94 casos. El documento sostiene que, aunque hay una reducción en la incidencia, la violencia letal contra las mujeres persiste y se concentra en entidades como Sinaloa, Estado de México, CDMX, Morelos y Chihuahua, que reúnen aproximadamente una tercera parte de los casos del país.

La iniciativa plantea un tipo penal único y que el feminicidio no prescriba

El eje central de la propuesta es expedir una ley general que armonice los marcos penales de las 32 entidades federativas. La Presidencia argumentó que hoy todas tipifican el feminicidio, pero con diferencias de fondo en las razones de género, las agravantes y las penas, lo que deriva en respuestas desiguales, dificultades para clasificar los delitos y subregistro.

La iniciativa también plantea que el feminicidio sea imprescriptible. La exposición de motivos señaló que este delito reúne rasgos similares a otras conductas que no deben extinguirse por el paso del tiempo, porque se comete en contextos estructurales de subordinación y discriminación, responde a patrones reiterados y su impunidad favorece la repetición.

El documento añadió que 18 estados ya reconocen la imprescriptibilidad del feminicidio en sus códigos penales: Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Bajo ese argumento, la propuesta sostiene que aplicar prescripción a este delito sería una regresión en los estándares de protección.

Para justificar ese cambio, la iniciativa cita criterios de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos aparecen los casos González y otras, conocido como Campo Algodonero, Digna Ochoa y otros, García Andrade y otros, y Ascencio Rosario y otros, así como los amparos en revisión 554/2013, directo 69/2015 y directo 30/2025.

Ley obligaría a investigar desde el inicio como feminicidio

La iniciativa responde de forma directa a una de las fallas que identifica en el sistema actual: las investigaciones que descartan de manera prematura la violencia de género. El texto propone fortalecer las responsabilidades de las autoridades investigadoras, los derechos de las víctimas y la aplicación de protocolos especializados homogéneos en todo el país.

Esos protocolos deberán incluir perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

La reforma también incorpora datos del INEGI para describir el entorno de violencia previo al feminicidio. Según la ENDIREH 2021, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más, equivalente a 70.1%, han vivido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminatoria a lo largo de su vida.

Con esa base, el proyecto entiende la violencia feminicida como la culminación de un continuo de agresiones que atraviesa los ámbitos familiar, comunitario, laboral e institucional. Por eso plantea que la respuesta del Estado no se limite al castigo, sino que combine prevención, investigación eficaz, sanción, atención y reparación integral del daño.

El proyecto crea registros nacionales para víctimas y menores en orfandad

Otro componente de la iniciativa es la consolidación de un registro interinstitucional de feminicidios. Su función sería integrar antecedentes de violencia, relación entre víctima y agresor, contextos de riesgo y circunstancias del delito para identificar patrones y activar intervenciones tempranas.

El documento sostiene que en múltiples casos se han documentado agresiones previas del mismo agresor, como violencia familiar, amenazas, golpes o agresión sexual, pero la información permanece fragmentada entre áreas de seguridad pública, procuración de justicia, salud y atención a víctimas. Esa dispersión, añade, impide detectar a tiempo factores de riesgo y responder de forma preventiva.

La propuesta también crea un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. La intención es identificar a las víctimas indirectas, generar estadística confiable, dar seguimiento a su situación social y jurídica y garantizar acceso a apoyo psicológico especializado, servicios integrales de salud, continuidad educativa, asistencia jurídica y programas sociales.

Ese registro operaría con criterios estrictos de confidencialidad y protección de datos personales. También busca articular la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de las autoridades responsables de la protección de la niñez y la atención a víctimas.

En materia de prevención y atención, el proyecto ordena a la Federación, los estados, la CDMX y los municipios promover y fortalecer espacios especializados como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros LIBRE.

La meta es ampliar la cobertura de servicios, facilitar la denuncia, coordinar a las instituciones y asegurar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición conforme a la Ley General de Víctimas.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que esta mañana recibieron la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que recientemente firmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, la senadora de Morena recordó que la propuesta busca homologar los protocolos de investigación de los casos de feminicidio y las sanciones por dicho delito a nivel nacional.

Castillo Juárez indicó que la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado.

¿Qué propone la iniciativa?

El 15 de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la cual busca homologar la atención a los casos.

La iniciativa prevé un tipo penal único, definiendo el feminicidio como el homicidio de una mujer por razón de género, y establece diez razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia o contextos de desigualdad de poder.

La sanción propuesta será de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que elevan la pena, como si la víctima es menor, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o si hay violencia extrema. La tentativa se sancionará con la mitad o dos terceras partes de la pena.

La ley también contempla sanciones complementarias: pérdida de derechos sucesorios, de patria potestad y de tutela, así como destitución e inhabilitación para servidores públicos responsables.

No habrá excusas absolutorias ni atenuantes y el delito será imprescriptible, sin acceso a criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistía.

Asimismo, señala que la investigación de toda muerte violenta de una mujer deberá iniciarse bajo el protocolo de feminicidio y las fiscalías deberán contar con unidades especializadas y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado.

El Ministerio Público podrá solicitar inteligencia y peritajes especializados, incorporando perspectiva de género y analizando antecedentes incluso sin denuncia previa.

La reparación integral del daño será obligatoria e incluirá atención médica, psicológica, restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica y servicios de traducción.

Y se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y se fortalecerán refugios y centros de justicia.

La iniciativa también obliga a medios y plataformas digitales a respetar la dignidad de las víctimas y amplía el derecho a la verdad para sobrevivientes e indirectos.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, en México se registraron 59 feminicidios, sumando 267 casos a nivel nacional entre enero y mayo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentraron el 34.5% de los feminicidios en ese periodo, con 92 víctimas. Sinaloa encabezó la lista con 34 casos, seguido por la Ciudad de México con 20, lo que significó un repunte para la capital, que pasó del cuarto al segundo lugar en incidencia.

El Estado de México también reportó 20 feminicidios, ubicándose en tercer lugar, y Chiapas ocupó el cuarto puesto con 18 casos. Morelos registró 14 víctimas, mientras que Chihuahua y Tamaulipas reportaron 13 cada uno.

En contraste, estados como Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala tuvieron dos casos cada uno, mientras que Coahuila y Nayarit registraron solo uno.

El informe detalló que 219 de las 267 víctimas eran mujeres mayores de 18 años; el resto corresponde a menores de edad o casos donde no se precisó la edad.

El análisis municipal mostró que el 36.5% de los feminicidios se concentró en 20 municipios. Destacan Culiacán, Sinaloa, con 24 casos; Reynosa, Tamaulipas, con 9; Benito Juárez, Quintana Roo, con 5; y varias demarcaciones de la Ciudad de México como Venustiano Carranza, Iztacalco y La Magdalena Contreras, cada una con 3 a 5 casos.

Esta mañana, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de dos integrantes del Ejército peruano tras ser señalados como presuntos autores de un caso de tocamientos indebidos contra adolescentes en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Según información del Ministerio de Educación, ambos militares pertenecían a la base Ciro Alegría y fueron acusados de ingresar de manera irregular a la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el relato de Julio Gallardo, director de la institución, los militares habrían accedido a la residencia cerca de las 3:30 a. m. del 20 de julio y habrían cometido tocamientos indebidos contra dos estudiantes de 16 años. Las adolescentes notificaron lo sucedido al personal encargado de la residencia, quienes ofrecen acompañamiento permanente a las estudiantes en los dormitorios.

Tras la alerta, el personal de la residencia intervino de inmediato. Lograron detener a uno de los presuntos responsables mientras intentaba escapar y, poco después, identificaron al segundo implicado.

Ambos fueron puestos a disposición de la PNP para el inicio de las investigaciones, según confirmó el director del centro educativo.

MIMP realiza seguimiento a caso

El equipo de Bienestar de la residencia estudiantil, integrado por una psicóloga, una promotora de vida saludable y la coordinadora de la residencia, brindó atención inmediata a las adolescentes. Las autoridades confirmaron que este acompañamiento socioemocional continuará a lo largo del año lectivo, con el objetivo de garantizar la estabilidad y seguridad de las estudiantes afectadas.

El Centro de Emergencia Mujer, adscrito al Ministerio de la Mujer, comenzó a proporcionar acompañamiento especializado y coordina acciones para asegurar la protección integral de las víctimas. Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó la realización de la entrevista única mediante cámara Gesell, un procedimiento que busca salvaguardar los derechos de las adolescentes y evitar su revictimización.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría local por el propio director de la institución educativa, asegurando la derivación inmediata del caso al sistema judicial. El jefe de la base militar Ciro Alegría acudió rápidamente al lugar de los hechos y colaboró con la identificación de los presuntos implicados, ordenando su entrega a la PNP.

Otro caso de violencia

Una niña awajún de siete años fue trasladada de emergencia desde la comunidad nativa de Pantam Entsa, ubicada en el distrito de El Cenepa, hasta la ciudad de Bagua, región Amazonas, luego de confirmarse que fue víctima de violencia sexual. La menor permanece en estado crítico en el Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján, donde recibe atención médica especializada. Según los testimonios de líderes comunales, el presunto agresor sería su padrastro, quien fue retenido inicialmente por la propia comunidad bajo la custodia de la autoridad indígena local, conocida como apu.

La Defensoría del Pueblo supervisó el operativo de evacuación, que contó con el apoyo logístico del Ejército del Perú y del Centro Emergencia Mujer de la comisaría local.

La madre de la niña autorizó los procedimientos médicos y ambas reciben atención legal, social y psicológica en un albergue con enfoque intercultural. Las fiscalías de El Cenepa y Bagua asumieron las investigaciones, pero durante el traslado del sospechoso, este logró escapar y permanece prófugo. Las autoridades continúan monitoreando la salud de la menor y trabajan en la localización del presunto responsable del abuso

Un soldado adscrito al Batallón Ayacucho de Manizales enfrenta un proceso judicial en el municipio de Chinchiná, Caldas, por presuntos delitos de maltrato físico, psicológico y económico.

El proceso judicial también lo señala por amenazas graves contra su expareja sentimental.

El caso, que ha generado preocupación entre las autoridades y organizaciones de derechos de las mujeres que han rechazado este nuevo caso de violencia contra las mujeres en el país, revela un patrón que se habría extendido durante tres años de convivencia y persistió incluso después de la ruptura de la relación.

Según la Fiscalía General de la Nación, el militar ejerció control y agresiones constantes durante una década de relación, aunque los últimos tres años estuvieron marcados por episodios de violencia física y emocional.

Las pruebas recolectadas incluyen testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad que registraron agresiones, y audios en los que el uniformado amenaza con matar a su expareja si llegaba a verla con otra persona, destacó el diario La Patria de Manizales.

Los hechos violentos, de acuerdo con la investigación, solían intensificarse cuando el soldado consumía alcohol.

La denuncia de un presunto plan para asesinar a la mujer por parte del militar

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la acusación de que el militar habría encargado a un tercero el asesinato de la mujer.

El supuesto sicario, conocedor de la víctima desde tiempo atrás, se habría arrepentido y acudió a advertirle que su expareja le había dado la orden de matarla.

Este último episodio, de acuerdo con los expedientes del caso se presentó el 2 de mayo de 2026, y motivó nuevas acciones judiciales y medidas de protección para salvaguardar la integridad de la denunciante.

A pesar de la gravedad de los hechos, el procesado busca acogerse a un principio de oportunidad, figura que le permitiría evitar una condena penal a cambio de asumir compromisos como someterse a terapias para tratar su problema con el alcohol.

La defensa solicitó la libertad del acusado en espera del acuerdo, pero la solicitud fue rechazada por la juez, quien valoró el riesgo que representa para la víctima.

A su vez, el ente investigador ha destacado que, a lo largo del proceso, se han adoptado medidas especiales de protección, ordenadas por la Comisaría de Familia en 2025, aunque el militar incumplió las restricciones de alejamiento, lo que llevó a su captura y reclusión preventiva. Desde septiembre de ese año, las valoraciones psicológicas y de riesgo evidenciaron la urgencia de intervenir para evitar consecuencias fatales.

El fiscal del caso hizo hincapié que “durante mucho tiempo se trabajó para que se garantizarán los derechos de la víctima y se actuara con prontitud antes de que algo más grave ocurriera”.

No obstante, la afectada ha expresado su disposición a aceptar el principio de oportunidad, bajo la condición de que el procesado reciba tratamiento adecuado y se comprometa a no reincidir en conductas violentas.

El proceso judicial continuará el próximo 30 de julio, fecha en la que se evaluará en audiencia si se concede el principio de oportunidad o si el caso avanza hacia una sentencia definitiva.

La Fiscalía aclaró que la aceptación de esta figura no implica una declaración de culpabilidad, sino que será un juez quien determine la responsabilidad penal del militar.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de maltrato o amenaza y de garantizar que quienes ejercen violencia no queden impunes ni puedan eludir su responsabilidad penal.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco obtuvo 128 autos de vinculación a proceso contra presuntos agresores de mujeres durante la primera quincena de julio de 2026, en el marco de un despliegue operativo y jurídico que abarcó diversos municipios del estado.

Según datos revelados este 21 de julio por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la mayoría de los casos involucraron a integrantes del núcleo familiar o conocidos de las víctimas, con hechos registrados entre los años 2022 y 2026.

Violencia familiar concentró 108 de las carpetas de investigación

Las carpetas de investigación desahogadas registraron violencia familiar como el delito predominante, con 108 casos. El patrón reflejó que los agresores no eran, en la mayoría de los casos, personas ajenas a las víctimas: el vínculo familiar o de conocidos fue la constante en los expedientes abiertos.

El resto de los delitos procesados se distribuyó de la siguiente manera, para dar un total de 127 indagatorias por 128 persuntos responsables:

• 7 carpetas por delitos contra la dignidad de las personas
• 3 carpetas por violación
• 2 carpetas por violación a la intimidad sexual
• 2 carpetas por amenazas
• 1 carpeta por ciberacoso
• 1 carpeta por daño a las cosas
• 1 carpeta por inducción o ayuda al suicidio feminicida
• 1 carpeta por lesiones
• 1 carpeta por parricidio

La presencia de delitos como el ciberacoso y la violación a la intimidad sexual dentro del expediente reflejó que la violencia contra las mujeres no se limitó al entorno físico, sino que también se extendió al ámbito digital.

Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan concentraron la mayor carga procesal

La distribución territorial de las 127 carpetas de investigación mostró que ninguna región del estado quedó al margen del fenómeno. Los municipios con mayor volumen de casos procesados fueron:

• 34 casos en agencias regionales del estado
• 29 casos en Guadalajara
• 21 casos en San Pedro Tlaquepaque
• 13 casos en Zapopan
• 13 casos en Tonalá
• 11 casos en Tlajomulco de Zúñiga
• 6 casos en Puerto Vallarta

La zona metropolitana de Guadalajara concentró la mayor parte de la actividad procesal, con los municipios conurbados sumando en conjunto más de la mitad de las carpetas desahogadas en el periodo.

Citaciones, aprehensiones y flagrancias: así se condujo a los imputados ante el juez

Para llevar a los 128 imputados ante la autoridad judicial, la Fiscalía del Estado empleó distintas vías. La citación fue el mecanismo más utilizado: 99 personas comparecieron por esa vía. En paralelo, se ejecutaron 22 ordenes de aprehensión, se concretaron dos detenciones en flagrancia y se solventaron cinco reposiciones de procedimiento.

Una vez presentados ante el juez, las resoluciones en materia de medidas cautelares quedaron distribuidas así:

• 58 imputados recibieron medidas cautelares distintas a la prisión
• 52 imputados obtuvieron la suspensión condicional del proceso
• 12 imputados fueron sujetos a prisión preventiva justificada
• 4 imputados quedaron bajo prisión preventiva oficiosa
• 2 asuntos en los que el juez no impuso medida alguna

La suspensión condicional del proceso, autorizada en 52 casos, implica que los imputados deben cumplir condiciones específicas fijadas por el juez para evitar continuar con el proceso penal. Su aplicación en casi la mitad de los casos reflejó el uso de salidas alternas dentro del sistema de justicia.

La vicefiscalía especializada como eje de la persecución penal con enfoque de género

El despliegue que derivó en las 128 vinculaciones a proceso fue coordinado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia creada para atender de forma diferenciada los delitos que afectan a estos grupos. La operación abarcó del primero al 15 de julio de 2026 e involucró tanto trabajo de campo como gestión jurídica ante los juzgados.

La fiscalía señaló que las acciones se condujeron con un enfoque transversal de derechos humanos y de género, lo que implica que cada carpeta fue analizada considerando las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y el contexto en que ocurrieron los hechos.

El principal sospechoso, Christiam Francis Cruz Eusebio, permanece prófugo, pese a que el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar en su contra. Ante ello, la familia pide mayor celeridad en la invetsigación y puedan capturar a la expareja de la víctima.

Según Domingo Al Día, Laura Huere salió de su vivienda para encontrarse con Cruz Eusebio, su expareja. Testimonios familiares y registros de cámaras de seguridad confirmaron que la joven se dirigía a devolver una computadora, aparentemente bajo el pretexto de finalizar un intercambio de pertenencias tras la ruptura de la relación. Minutos después del encuentro, vecinos encontraron a Laura degollada sobre la vereda, mientras la computadora permanecía abandonada en el lugar.

Según allegados y familiares, Cruz Eusebio ejercía conductas de control, celos y vigilancia hacia la joven. Personas cercanas afirmaron que él llegó a inscribirse en el mismo gimnasio solo para acompañarla y limitar sus interacciones con otras personas.

Familiares exigen justicia y denuncian falencias

La familia de Laura Huere tomó un papel activo en la recolección de pruebas, tras considerar insuficiente la actuación de las autoridades.

“Por favor, ayúdenme a encontrarlo, porque la policía no me está ayudando. Me siento sola”. La familia logró acceder a la laptop de Laura, donde encontraron conversaciones y evidencia que vincularían a Cruz Eusebio con el crimen. En los mensajes de WhatsApp, él insistía en reunirse para recuperar su computadora, lo que derivó en la cita del 2 de julio.

A pesar de que la familia entregó estas pruebas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público, la respuesta institucional ha resultado insuficiente para los deudos. El día en que la orden de detención preliminar fue emitida, las autoridades acudieron al domicilio registrado de Cruz Eusebio, pero este ya no se encontraba en el lugar. Según la familia, la diligencia se realizó con un solo agente y sin el despliegue adecuado de recursos, lo que permitió la fuga del principal sospechoso.

Prófugo de la justicia

Christian Francis Cruz Eusebio, natural de La Oroya y de 40 años, trabajaba como mototaxista y mantenía una relación sentimental con Laura Huere. Según testigos y conocidos, presentaba conductas posesivas y episodios de celos frecuentes.

La investigación también reveló que, el mismo día del crimen, Cruz Eusebio relató a un conocido haber sido víctima de un asalto en el que resultó herido en una mano, versión que ahora es parte de la pesquisa.

Su perfil en redes sociales permanece activo y Cruz Eusebio actualizó su foto de perfil el 15 de julio. Sus publicaciones giran en torno a temas de cosmología, música y relaciones de pareja.

El citado medio acudió a la su vivienda, pero informaron que ya no vive ahí hace tres años. Ahora, su paradero es desconocido.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que respaldará la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión esta semana, para homologar la atención del delito a nivel nacional.

Sin embargo, en conferencia de prensa, precisó que esto dependerá de si fortalece la protección de las mujeres y combate la impunidad, señalando que también debe de haber presupuesto para las fiscalías estatales.

López Rabadán afirmó que el objetivo de los legisladores “debe ser construir una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo nuestro país; que proteja a las víctimas, que garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”.

La diputada se manifestó a favor de que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, para que ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo.

También respaldó que, en estos casos, no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada o amnistías que puedan traducirse en impunidad.

López Rabadán puntualizó que una buena ley es indispensable, pero no suficiente por sí sola, pues sostuvo que se requieren fiscalías especializadas, con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar, integrar correctamente las carpetas y obtener sentencias contra los responsables.

La diputada enfatizó que el caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, no debe verse como un caso aislado, sino como una expresión de la violencia que padecen miles de mujeres en el país y de la percepción de impunidad entre muchos agresores.

“El video que conocimos es indignante, pero también lo es ver que quien enfrenta una acusación por violentar a una mujer puede salir de un juzgado sonriendo y regresar a la comodidad de su casa”, lamentó.

Aseveró que los agresores deben tener la certeza de que sus actos tendrán consecuencias, que violentar a una mujer no quedará impune y que, cuando corresponda, recibirán una sanción proporcional a la gravedad de sus conductas.

“Debemos tener claro que cualquier acto de violencia contra una mujer puede escalar y desembocar en un feminicidio. Por eso, la violencia debe detenerse desde su primera manifestación, proteger inmediatamente a la víctima y evitar que la agresión se repita”, insistió.

López Rabadán recordó que, como legisladora, servidora pública y mujer, ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una causa central de su vida política.

Presentó y acompañó iniciativas de paridad que hoy garantizan la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión pública.

Reconoció que se han logrado avances, pero advirtió que la lucha está lejos de concluir.

“No puede haber igualdad plena mientras una mujer sea violentada, mientras una víctima tenga miedo de denunciar o mientras un agresor confíe en que puede evadir la justicia”.

Ante el anuncio de que la Presidencia de la República enviará al Congreso la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, López Rabadán expuso que deberá analizarse con seriedad, responsabilidad y objetividad.

“Si lo que se busca es fortalecer la protección de las mujeres y combatir la impunidad contará con mi apoyo”, reiteró.

La mujer que fue víctima de una violenta agresión registrada por cámaras de seguridad en Fusagasugá, Cundinamarca, reapareció sana y salva y ya rindió declaración ante la Fiscalía.

Su regreso ocurrió luego de varias horas de incertidumbre, durante las cuales familiares, medios locales y ciudadanos manifestaron su preocupación por desconocer su paradero tras el ataque ocurrido en la madrugada del 15 de julio de 2026.

El caso cobró notoriedad nacional después de que un video de una cámara de seguridad comenzara a circular ampliamente en redes sociales y medios regionales, mostrando el momento en que un hombre la golpea de manera reiterada en plena vía pública, despertando la indignación y haciendo un llamado para que las autoridades localicen al presunto responsable antes de que ocurra una tragedia mayor.

De acuerdo con la información divulgada por el medio Control Noticias de Fusagasugá, Mónica Pérez llegó a la sede de la Fiscalía en compañía de sus familiares para entregar su versión de los hechos y avanzar en el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente al agresor, quien, según las primeras versiones, sería su pareja sentimental.

“Nos encontramos a las afueras de la Fiscalía de Fusagasugá, donde acaba de ingresar Mónica, la mujer que fue golpeada por su pareja la madrugada del 15 de julio. Ella apareció hace pocos minutos, según la información que recogimos, apareció por parte de la familia que se comunicó con ellos para poder dar declaraciones de lo que sucedió y a esta hora se encuentra aquí en la Fiscalía de Fusagasugá. Ya se encuentra dando las declaraciones de lo sucedido”, informó el medio Control Noticias de Fusagasugá.

La aparición de la joven puso fin a la incertidumbre que se generó luego de que familiares y habitantes del municipio aseguraran que no tenían noticias de ella desde la agresión.

Según la información compartida por el medio mencionado, la mujer permaneció cerca de 24 horas sin comunicación con sus allegados, pues los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de julio y solo volvió a tener contacto con su familia en la noche del 16 de julio.

Mientras la Fiscalía recopila su testimonio, el proceso judicial continúa enfocado en establecer la identidad y ubicación del hombre señalado de protagonizar la agresión.

El caso ha despertado especial preocupación entre organizaciones y ciudadanos que insisten en la necesidad de adoptar medidas de protección para la víctima y evitar que el episodio escale a un posible feminicidio.

El video de la agresión que conmocionó a los ciudadanos

La situación se conoció por la difusión de un video captado por un sistema de vigilancia del barrio Gaitán, en Fusagasugá, donde quedó registrado el ataque que sufrió la mujer en plena vía pública.

Las imágenes muestran que la víctima acababa de descender de un taxi con una maleta cuando fue sorprendida por un hombre que aparentemente ya la esperaba en el lugar. Sin darle oportunidad de alejarse, el sujeto la tomó violentamente del cabello mientras la insultaba, iniciando una agresión que se prolongó durante varios minutos.

En medio de la confusión, la mujer intentó reclamar por lo sucedido mientras aún se encontraba cerca del vehículo de servicio público.

“Oiga, ¿qué le pasa?”, alcanza a decir la joven al agresor mientras intenta comprender lo que ocurre y espera que la situación se detenga. Sin embargo, el conductor del taxi abandona el lugar y la víctima queda sola frente al atacante.

El video evidencia cómo el hombre continúa atacándola con puños y patadas mientras ella trata de protegerse. Posteriormente toma un casco de motocicleta y lo utiliza para propinarle repetidos golpes en la espalda y la cabeza, pese a que la mujer intenta cubrirse y refugiarse junto a una grúa estacionada en la vía.

Uno de los momentos que más impacto causó entre quienes observaron la grabación ocurre cuando la víctima, completamente indefensa, pide ayuda mientras llora por el dolor de los golpes recibidos.

“Auxilio”, se escucha gritar a la joven mientras intenta protegerse con los brazos y se toca las zonas donde fue golpeada. A pesar de sus llamados, aparentemente ningún vecino sale a intervenir. En contraste, varios perros callejeros se acercan al sitio y comienzan a ladrarle insistentemente al agresor, que se aleja por momentos.

De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, una de las hipótesis que hace parte de la investigación señala que el ataque habría estado motivado, presuntamente, por un reclamo relacionado con un supuesto beso que la mujer le habría dado a otra persona. No obstante, esa información aún hace parte de las indagaciones y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Policía mantiene abierta la investigación y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar al presunto agresor.

El conductor del taxi intentó avanzar, pero se detuvo, y el agresor sacó a la víctima del vehículo tomándola del cabello. El taxista se fue del sitio y las agresiones contra la mujer continuaron. El hombre la golpeó en repetidas oportunidades; recurrió a puños y patadas. Además, también utilizó su casco para infligir más daño a la víctima.

El caso causó indignación y las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del agresor. Así lo informó la secretaria de Mujer y Género de la Alcaldía de Fusagasugá, Carolina Rico.

“La Secretaría de Mujer y Género y la administración municipal, en articulación con la Policía Nacional y todas nuestras autoridades jurisdiccionales, rechazamos enfáticamente los hechos que ocurrieron el día de ayer con una mujer fusagasugueña en el barrio Gaitán. Hemos activado todas las rutas necesarias para poder brindar apoyo psicosocial, jurídico y, en este caso, todas las rutas necesarias para dar con el paradero del agresor”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con información expuesta en redes sociales, la ciudadana agredida fue identificada como Mónica Pérez, aunque las autoridades no han confirmado esa información. Además, publicaron un cartel en el que se reporta su desaparición.

Concejala de Bogotá condenó hechos de violencia en Fusagasugá

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X. En ella, hizo un llamado para que la ciudadana sea ubicada tan pronto como sea posible y para que se puedan activar las rutas de protección requeridas para garantizar su seguridad. Además, solicitó a las autoridades que actúen con celeridad para que el agresor sea plenamente identificado y judicializado por estos hechos.

Además, criticó la actitud que tuvo el taxista al percatarse de las agresiones que estaba sufriendo la mujer. “En lugar de auxiliarla o alertar a las autoridades, el conductor decidió ignorar lo sucedido y marcharse”, señaló.

La funcionaria indicó que las violencias basadas en género persisten no solo porque hay personas que cometen las agresiones, también porque hay quienes deciden no hacer nada al respecto.

“Como sociedad no avanzaremos si, cuando una agresión ocurre frente a nuestros ojos, optamos por la indiferencia en lugar de proteger a la víctima. Esto también es consecuencia de una sociedad que se niega a educar desde la infancia en el reconocimiento y la prevención de las VBG, mientras intenta desviar la discusión con la inexistente “ideología de género””, indicó.

Al igual que la concejala de Bogotá, la excongresista Alexandra Vásquez instó a la ciudadanía a actuar para poder dar con el paradero de la ciudadana. De acuerdo con la exlegisladora, teniendo en cuenta las agresiones que sufrió, el nivel de riesgo que enfrenta es alto.

“Alerta. Es urgente encontrarla, después de esa paliza, cualquier cosa le pudo haber pasado”, señaló.

Por su parte, la secretaría de Mujer y Género dio a conocer las líneas a través de la cuales la población puede ponerse en contacto con las autoridades competentes para informar cualquier novedad sobre el caso de la mujer agredida.

• Secretaría de Mujer y Género: 3102842690
• Línea de Atención de Violencias Basadas en Género: 155
• Línea Púrpura: 3152341739
• Estación de Policía de Fusagasugá: 3213907771

“Hacemos un llamado a toda la comunidad para que nos brinden la mayor información posible para poder dar continuidad a este proceso de cierre de ciclos de violencia contra nuestras mujeres fusagasugueñas. Agradecemos cualquier información que la comunidad pueda prestarnos o brindarnos (...). Estamos para trabajar por ustedes y para erradicar las violencias basadas en género”, indicó la funcionaria.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los elementos suficientes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Paulino “N”, fue localizado y aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por agentes de la Policía de Investigación. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial y el juez determinó su vinculación a proceso. Las autoridades no revelaron en qué compañía prestaba servicios el presunto agresor.

La víctima solicitó el servicio desde Tlalpan y fue agredida durante el recorrido

Investigaciones revelaron que el pasado 1 de junio de 2025 la víctima -de identidad reservada- pidió un servicio de transporte al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

Durante el trayecto se quedó dormida. El conductor habría aprovechado ese momento para abandonar el asiento delantero, trasladarse a la parte trasera del vehículo y agredir sexualmente a la pasajera.

La víctima despertó mientras ocurrían los hechos y al darse cuenta de lo que sucedía, reclamó directamente al conductor. Pese a ello, el hombre regresó al asiento delantero y continuó el recorrido hasta dejar a la mujer en su domicilio, como si nada hubiera ocurrido.

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante la FGJCDMX. A partir de ese momento, el agente del Ministerio Público a cargo del caso abrió la carpeta de investigación correspondiente e inició las diligencias para identificar al responsable.

Entrevistas y análisis periciales permitieron identificar y aprehender al probable responsable

Según datos oficiales, la investigación incluyó entrevistas, análisis periciales y otras diligencias que, en conjunto, generaron los datos de prueba necesarios para señalar a Paulino “N” como el probable responsable de la agresión. Con esa base, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias de campo que permitieron localizar al imputado. Paulino “N” fue aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, más de un año después de los hechos denunciados.

La audiencia inicial se celebró el mismo día de la aprehensión. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de cargo ante el juez, quien resolvió vincular a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Paulino “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron si Paulino “N” tiene averiguaciones previas por otros casos.

Los servicios de transporte por aplicación han sido escenario de agresiones y feminicidios en México

El caso de Paulino “N” no es aislado. En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi para regresar a su domicilio en Metepec tras una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México. El viaje fue marcado como finalizado a las 23:10 horas, pero la joven nunca llegó y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abordó una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. El vehículo no cumplía con las condiciones para operar como transporte de plataforma.

Tres días después, el 3 de marzo, autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, a unos 10 minutos del punto donde abordó el vehículo. Presentaba signos visibles de violencia.

La FGJEM abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio e identificó y detuvo a Daniel “N” como el conductor de la motoneta, quien según fuentes extraoficiales habría confesado el crimen.

Hay consternación en Colombia por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya, investigado por la Fiscalía General de la Nación como un feminicidio, el cual fue presuntamente perpetrado por un sujeto identificado como Óscar Giovanny Marulanda. De acuerdo con el ente acusador, la víctima fue acosada de manera sistemática por el señalado feminicida, hasta que, el 12 de julio de 2026, la buscó en su lugar de trabajo –un Homecenter de Soacha, Cundinamarca– y la atacó con un arma blanca en repetidas oportunidades.

“El hombre habría ingresado al establecimiento de comercio donde ella cumplía su jornada y atacado con un cuchillo, causándole cuatro heridas. Aunque fue trasladada a un hospital en una patrulla de la Policía Nacional, murió por la gravedad de las lesiones. El señalado agresor fue capturado en flagrancia”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El caso de Rosa Mayerly Olaya se suma a muchos otros que han enlutado al país, en donde persisten las violencias basadas en género y el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. La representante a la Cámara electa Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que hizo una crítica a la institucionalidad por la falta de garantías de seguridad para las mujeres.

De acuerdo con la congresista electa, todavía no hay protocolos claros y efectivos que verdaderamente sirvan para proteger a las mujeres que son víctimas de acoso y hostigamiento y cuya integridad y vida están en riesgo.

“Las instituciones no le pueden seguir dando la espalda a las mujeres. No puede ser que sigamos expuestas a hechos de violencia que nos cuestan la vida y la tranquilidad y que nadie haga nada para evitarlo. A Rosa Mayerly Olaya la venían acosando hace meses, es inaceptable que no existan protocolos y rutas adecuadas para proteger a las mujeres”, expresó Beltrán en la red social.

Recordó que, según la información recaudada por la Fiscalía y los testimonios de los allegados de la víctima, las autoridades tenían pleno conocimiento del acoso que estaba sufriendo. De hecho, el comunicado del ente acusador reporta que en dos oportunidades fue necesario que la Policía Nacional trasladara a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su casa, con el fin de evitar que fuera hostigada por el sujeto procesado.

En consecuencia, la representante electa rechazó el asesinato de la ciudadana y recalcó la importancia de reconocer la riesgosa realidad que enfrentan las mujeres por la persistencia de las violencias basadas en género.

“Una vez más la policía conoce con anterioridad las alertas y no pasó nada. Lamento profundamente el feminicidio de una mujer trabajadora y madre de familia. No podemos seguir siendo indiferentes, cuando la violencia machista le cuesta la vida a las mujeres. ¡Ni una más!”, escribió.

Detalles del caso: acoso sistemático

La Fiscalía informó que, de acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la víctima en febrero de 2026 en el almacén donde ella trabajaba. El hombre aseguró a la mujer tener un interés sentimental y ella fue clara en indicar que no quería tener una relación amorosa con él.

Aunque la ciudadana recalcó que no estaba interesada en ser pareja de Marulanda, presuntamente, el sujeto ignoró su respuesta y empezó a acosarla. La situación de asedio se extendió por varios meses y se tornó insoportable para la víctima. Según el ente acusador, el hostigamiento era tal que el 10 de mayo y el 5 de junio, el hombre llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa Mayerly y a la de su excompañero sentimental, con el fin de intimidarla.

“Se obsesionó con ella, la perseguía, la acosaba, la seguía donde ella estuviera (...). Ella tiene un niño de 11 años; perseguía al niño. Ella mantenía con miedo. Ella puso la denuncia”, relató una familiar de la víctima, en diálogo con El Tiempo.

Siete días después, la buscó en su sitio de trabajo y la asesinó. En consecuencia, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó cargos en contra del procesado por el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó. Además, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al sujeto, para que asuma el proceso penal en privación de la libertad, hasta que se defina su situación jurídica.

El asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado en una de las sedes de Homecenter ubicada en el municipio de Soacha (Cundinamarca, y vecino a Bogotá) ha puesto en el centro del debate un patrón de violencia que, según la psicóloga forense Sara Gómez Arciniegas, resulta fundamental para comprender la raíz de este tipo de crímenes.

La especialista, reconocida por su trabajo en el análisis de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, abordó el caso a través de una explicación que compartió el miércoles 15 de julio de 2026 en su cuenta de Instagram, en la que destacó el concepto de “stalking” como clave para entender lo ocurrido.

De acuerdo con lo que detalló Gómez Arciniegas, la historia de Rosa Mayerly desmonta una de las creencias más arraigadas y peligrosas sobre la violencia contra las mujeres: la idea de que los casos de feminicidio siempre derivan de relaciones sentimentales previas o conflictos de pareja.

En este caso, la víctima, colaboradora en la reconocida tienda de cadena de elementos para construcción y el hogar, fue asesinada con arma cortopunzante por Óscar Giovanny Marulanda, un hombre que la acosó y persiguió durante varios meses luego de que ella rechazara sus intentos de iniciar una relación.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación y testimonios de sus familiares, nunca existió vínculo sentimental entre ambos.

La publicación de la psicóloga forense puntualizó que la pregunta central no debe limitarse a por qué ocurrió el feminicidio, sino que debe abordar cómo es posible que una persona desarrolle una fijación tan intensa por alguien con quien nunca mantuvo una relación.

En palabras de Gómez Arciniegas, allí radica uno de los aspectos más complejos de la psicología forense y, para comprenderlo, introduce un concepto que califica como “importante”: el “stalking”.

Caso Rosa Mayerly Olaya: ¿Qué es el ‘stalking’?

Según la experta, el stalking es un patrón persistente de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o persecución que continúa pese al rechazo de la otra persona.

“La evidencia muestra que estas conductas pueden representar un importante factor de riesgo para futuras formas de violencia”, explicó Gómez Arciniegas en su mensaje.

Este patrón, añadió la experta, suele confundirse con insistencia o romanticismo en la cultura popular, lo que agrava el problema.

“No se rinde”, “está enamorado”, “solo quiere hablar” son frases que, según la psicóloga forense, muchas veces camuflan una vulneración de límites y una invasión a la autonomía de la víctima.

La especialista advierte que el problema no radica en el rechazo en sí mismo, ya que este forma parte de cualquier relación humana.

El verdadero riesgo surge cuando la persona acosadora interpreta el rechazo no como un límite legítimo, sino como una amenaza, una humillación o una pérdida de control que debe corregirse. Es en ese punto donde ciertas dinámicas pueden escalar hacia formas más graves de violencia, como ocurrió en el caso de Rosa Mayerly Olaya.

Gómez Arciniegas hizo hincapié en que la historia de la víctima muestra la importancia de dejar de normalizar conductas que invaden, persiguen y desconocen un “no”.

La violencia extrema, señala la experta, rara vez aparece de manera repentina; en la mayoría de los casos, comienza cuando una persona deja de reconocer el derecho del otro a decidir.

“Muchas veces la violencia extrema no aparece de un día para otro, sino que comienza cuando alguien deja de reconocer el derecho del otro a decidir”, indicó la psicóloga en su publicación.

En el caso de Soacha, la investigación determinó que luego del rechazo, Óscar Giovanny Marulanda inició una serie de conductas persistentes de seguimiento, hostigamiento e intimidación hacia Rosa Mayerly, todas reportadas por la Fiscalía antes del ataque fatal.

Este patrón de acoso, según la literatura científica citada por Gómez Arciniegas, responde a patrones psicológicos muy fuertes en los agresores, como el rechazo constante a aceptar un “no”, la necesidad de control, las ideas de derecho sobre la otra persona, la cosificación y la intolerancia al rechazo.

La experta advierte que una de las dificultades más grandes para la prevención de estos hechos reside en la tendencia social a minimizar o romantizar la insistencia del acosador, sin reconocer que se trata de una vulneración grave de los límites personales.

“Estamos hablando realmente de una vulneración de límites”, recalcó Gómez Arciniegas al referirse al caso.

En su análisis, la psicóloga forense insiste en que la prioridad debe ser siempre respetar la decisión del otro y frenar cualquier intento de cosificación o control.

Cuando determinadas distorsiones cognitivas aparecen en el agresor, la prioridad deja de ser el respeto por la autonomía ajena y se convierte en una búsqueda obsesiva por recuperar el control perdido.

El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado evidencia, según Sara Gómez Arciniegas, la urgencia de atender los primeros signos de acoso y vigilancia persistente, pero también se menciona la responsabilidad de las autoridades, dado que varios feminicidios se han reportado a pesar de que las víctimas pusieron en conocimiento la Policía y la Fiscalía dichas conductas.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y medios locales, evidencian un ataque a puños, patadas y con un casco de motocicleta, situación que desató un llamado urgente para que las autoridades identifiquen, capturen y judicialicen al responsable antes de que ocurra una tragedia mayor.

El caso ha generado especial preocupación debido a la extrema violencia registrada por el sistema de videovigilancia, por eso, ciudadanos y organizaciones han advertido sobre el riesgo que correría la víctima, mientras exigen medidas de protección inmediatas y una respuesta rápida de las autoridades competentes.

De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales, la mujer acababa de llegar al lugar en un taxi y descendía del vehículo con una maleta en la mano cuando fue sorprendida por el hombre que, al parecer, ya la estaba esperando y sin darle tiempo para alejarse del automóvil, el sujeto la tomó del cabello de manera violenta mientras la insultaba.

En medio del ataque, la víctima alcanzó a reclamarle a su agresor por lo sucedido: “Oiga ¿Qué le pasa?”, se escucha decir a la mujer mientras intenta comprender la reacción del hombre y espera que se detenga, incluso teniendo en cuenta la presencia del conductor. Sin embargo, la situación no mejoró y, lejos de intervenir, el taxista emprende la marcha y abandona el lugar, dejando a la joven sola frente a su atacante.

A partir de ese momento, la agresión escala rápidamente. El hombre comienza a golpearla con puños y patadas, mientras ella intenta cubrirse y retroceder para protegerse. Según se aprecia en el video, la víctima busca refugiarse junto a una grúa estacionada en la vía, pero el agresor continúa persiguiéndola para seguir atacándola.

Uno de los momentos que más rechazo ha provocado entre quienes observaron el video ocurre cuando el sujeto toma un casco de motocicleta y empieza a golpear repetidamente a la mujer en la espalda y la cabeza con ese objeto. A pesar de que ella intenta cubrirse con los brazos y mantenerse de pie, el hombre continúa arremetiendo contra ella en varias oportunidades.

Las imágenes también registran los llamados de auxilio de la víctima. Mientras llora y se toca las zonas donde ha recibido los golpes, la mujer alcanza a pedir ayuda sin que, aparentemente, ningún vecino salga a intervenir.

“Auxilio”, grita la joven en medio del ataque, mientras intenta protegerse de los golpes y soporta el dolor provocado por la agresión. En contraste con la ausencia de personas que acudieran en su ayuda, varios perros callejeros se acercan al lugar y comienzan a ladrarle insistentemente al agresor, como si intentaran ahuyentarlo, pero el hombre se aleja solo por algunos segundos y vuelve repetidamente para continuar golpeándola hasta que finalmente decide abandonar el sitio.

De acuerdo con las primeras versiones que han trascendido en medios locales, el ataque habría estado motivado, presuntamente, porque el agresor le reclamaba a la mujer por haberse besado con otro hombre. No obstante, esa hipótesis hace parte de las indagaciones y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas del caso.

La difusión del video ha generado una ola de rechazo e indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios han pedido una rápida actuación de las autoridades para evitar que el caso termine convirtiéndose en un feminicidio. Mientras tanto, la Policía adelanta las investigaciones e hizo un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita identificar y ubicar al presunto responsable.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana puede ser determinante para esclarecer lo ocurrido, por lo que solicitaron que cualquier persona que tenga datos sobre la identidad o el paradero del agresor se comunique con la Policía Nacional o con los organismos competentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el delito de feminicidio en México ha disminuído desde el 2021, debido a diversos factores sociales, entre ellos, que por primera vez una mujer es la titular del Poder Ejecutivo Federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta explicó que el promedio diario de víctimas de feminicidio ha bajado 38% desde 2021.

En este sentido, también atribuyó la reducción tanto al trabajo de las fiscalías para combatir la impunidad como a los cambios culturales a favor de la igualdad y en contra del machismo, así como al movimiento feminista.

“Hay una disminución del 2021 a la fecha y tiene que ver con muchos temas. Uno, muchas fiscalías que actúan para acabar con la impunidad en el caso de feminicidio, pero tiene que ver también con una cultura que se va promoviendo de igualdad.

“Si se promueve una cultura de discriminación, de machismo, pues hay cada vez más discriminación contra las mujeres, que se puede llegar a traducir en el peor de los delitos, que es el feminicidio contra una mujer. Entonces, todo lo que ha ocurrido, que haya una mujer presidenta ayuda. Y también el movimiento de las mujeres. (...) Todo ayuda en la sociedad a disminuir la violencia contra las mujeres”, dijo en Palacio Nacional.

A esto, según la mandataria, se sumará la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, iniciativa que firmó hoy y envió al Congreso de la Unión para su análisis y discusión.

“Y ahora esta ley va a ayudar más, porque va a ser el mismo esquema de investigación y de sanción que haya en todo el país. Y eso es muy, muy importante. (La homologación)”, concluyó.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar los procesos de investigación y sanciones en todo México.

La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y define diez causales, entre ellas violencia sexual, antecedentes de violencia, prejuicios o asimetría de poder.

Propone una pena de 50 a 70 años de prisión e incluye 19 agravantes, como cuando la víctima es menor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si es atacada con ácido.

Además, contempla sanciones como la pérdida de derechos sucesorios y de la patria potestad, e inhabilitación para funcionarios públicos.

El delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles y no habrá beneficios como libertad condicionada ni amnistía. Asimismo, exige que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio y mandata protocolos nacionales con perspectiva de género.

Se prioriza la reparación integral y el bienestar de víctimas indirectas, y se prevén registros nacionales, campañas de prevención y protección para sobrevivientes. El enfoque es garantizar acceso a la verdad, justicia y atención integral a víctimas en todo el país.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, México registró el asesinato de 59 mujeres, sumando un total de 267 feminicidios en lo que va del año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentran el 34.5% de estos casos: Sinaloa con 34 víctimas, Ciudad de México con 20, Estado de México también con 20 y Chiapas con 18. La capital del país avanzó del cuarto al segundo lugar nacional en incidencia, lo que representa un retroceso en materia de seguridad para las mujeres.

Entre los estados con menor número de feminicidios están Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala, cada uno con dos casos, mientras que Coahuila y Nayarit reportan un caso respectivamente.

Según el informe, el 82% de las víctimas son mujeres mayores de 18 años, aunque también hay menores y casos donde la edad no se precisa.

El 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios, destacando Culiacán (Sinaloa) con 24 casos y Reynosa (Tamaulipas) con 9.

Además, el informe señala 658 homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo, con Guanajuato a la cabeza (88 casos), y 1,251 homicidios culposos, concentrándose un tercio en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

Estos datos reflejan la persistencia del problema de la violencia de género en distintas regiones del país y evidencian un repunte preocupante en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual tiene el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país.

Inicialmente, la propuesta de ley se presentó en marzo pasado, sin embargo, fue hasta abril que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, recordó que actualmente cada estado tiene sus propias normativas para la investigación del feminicidio, así como diversas sanciones y agravantes, lo cual genera irregularidades en los procesos de investigación.

“Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género, que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios.

“Las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”, explicó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

A esto se suma, según la funcionaria federal, la falta de mecanismos de información, de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica.

Alcalde Luján indicó que la iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso de la Unión, sin precisar a qué cámara.

¿En qué consiste la propuesta para crear la Ley General de Feminicidio?

La iniciativa homologa el tipo penal, al establecer que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.

Asimismo, se establecen 10 razones de género, entre ellos que haya signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.

¿Cuáles serían las sanciones?

La propuesta fija una pena homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes para aumentar la sanción en distintas circunstancias. Entre ellas:

• Cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
• Cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
• Cuando el delito lo cometa una persona servidora pública.
• Cuando la víctima presente signos de violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además, se sanciona la tentativa con una pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes de la pena prevista de cincuenta a setenta años.

• Sanciones adicionales

Además de la prisión, la ley contempla sanciones complementarias:

• Pérdida de derechos sucesorios.
• Pérdida de tutela y de guarda y custodia.
• Pérdida de patria potestad.
• Destitución e inhabilitación, cuando se trate de personas servidoras públicas.

La iniciativa prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio y establece que su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.

También señala que no proceden beneficios como criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni, en ningún caso, la vía de la amnistía.

• Protocolos obligatorios y enfoque de género en la investigación

La inicitiva señala que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio.

Para ello, las fiscalías (Federación y estados) deberán contar con unidades especializadas, y la Fiscalía General de la República expedirá un Protocolo Nacional Homologado para las investigaciones.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales especializados.

La investigación tendrá el deber de incorporar perspectiva de género y diligencia reforzada, así como analizar antecedentes aún si no existen denuncias previas.

El objetivo es una determinación de la verdad y reparación integral del daño. Se otorga especial protección a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

• Reparación integral y derechos para las víctimas

El régimen de reparación transformadora obligaría a todas las autoridades a garantizar el acceso a la verdad, justicia y medidas de bienestar.

Se prioriza la atención médica y psicológica urgente, sobre todo a sobrevivientes y víctimas indirectas.

La restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica gratuita y servicios de traducción e interpretación completan el catálogo de derechos, aplicable con énfasis en hijas e hijos en situación de orfandad.

Un elemento novedoso es el establecimiento de la Comisión Especial y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, la cual supervisará la armonización legal, actualizará protocolos, impulsará registros nacionales y acompañará los procesos de investigación.

Asimismo, por primera vez se señala que personas, medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas directas e indirectas y que la obligación de garantizar el derecho a la verdad se extiende a todas las autoridades.

• Prevención, registro y protección a sobrevivientes

La inicitiva también propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como la implementación de planes de protección integral para mujeres sobrevivientes.

Para ello, se fortalecerán Centros de Justicia para Mujeres, refugios, líneas de atención (#079-1), asesoría legal gratuita y campañas de concientización coordinadas entre la Federación y los estados.

Un hombre identificado como Pablo Figueroa Guardado fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, crimen cometido entre el 30 y 31 de mayo de 2025 al interior de una vivienda en la colonia San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan, Estado de México.

Según los datos oficiales, basados en indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la agresión ocurrió al interior del inmueble que ambos compartían. Fue ahí donde el sentenciado comenzó a golpear a la víctima hasta privarla de la vida.

Tras asesinar a la mujer, cuya identidad fue reservada por las autoridades, Figueroa Guardado introdujo el cuerpo en un contenedor plástico y lo trasladó hasta la carretera Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia San Francisco Chimalpa, donde lo abandonó antes de huir del lugar.

La sentencia fue compartida este 14 de julio por la FGJEM en sus canales oficiales. Asimismo, fueron habilitados distintos canales de denuncia ciudadana para que quienes reconozcan a Figueroa Guardado como probable implicado en otro hecho delictivo puedan reportarlo. Los medios disponibles son el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 7028770.

La Fiscalía identificó al responsable y obtuvo la orden de aprehensión

La FGJEM inició las investigaciones al conocer el caso. Las diligencias ministeriales permitieron identificar a Figueroa Guardado como el posible responsable del feminicidio. Con la evidencia suficiente en mano, solicitaron una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Una vez ejecutada la orden, fue puesto a disposición del juez e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Edomex, donde quedó bajo proceso formal por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental.

El proceso legal siguió su curso. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las pruebas que acreditaron tanto la comisión del delito como la responsabilidad directa de Figueroa Guardado en los hechos ocurridos en Naucalpan.

Al concluir el proceso, el juez acreditó la plena responsabilidad de Pablo Figueroa Guardado en el feminicidio de quien fuera su pareja y dictó una sentencia de 47 años y seis meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo.

El Código Penal del Edomex fija penas de hasta 70 años por feminicidio

El artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de México establece una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia para quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de 700 a 5 mil días multa.

La ley considera que existe feminicidio cuando la víctima y el responsable tenían una relación sentimental, afectiva o de confianza; cuando el cuerpo fue expuesto en un lugar público; o cuando existieron antecedentes de violencia familiar, entre otras circunstancias.

El código no permite ningún beneficio ni reducción de pena para este tipo de delitos.

Edomex sigue registrando feminicidios: Miriam, estudiante de la UAEMéx

El Estado de México acumula casos de feminicidio cometidos por parejas o exparejas sentimentales. El pasado 13 de junio de 2026, Miriam, estudiante de 23 años de la carrera de Derecho en la UAEMéx, fue asesinada con un objeto punzocortante al interior de un domicilio en la colonia Santa María Nativitas, en Chimalhuacán.

El presunto responsable, identificado como Francisco Iván “N”, era su expareja sentimental. Tras la agresión, huyó del municipio. La FGJEM lo localizó mediante geolocalización celular en la colonia San Nicolás Tlaminca, en Texcoco, donde fue detenido.

Un juez con sede en Nezahualcóyotl lo vinculó a proceso el 18 de junio y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

La concejala de Bogotá Rocío Dussán Pérez, del Polo Democrático Alternativo y la Coalición del Pacto Histórico, alzó su voz en X la mañana del martes 14 de julio para exigir respuestas y medidas efectivas tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en una sede de Homecenter en Soacha.

En el primer mensaje de su hilo, Dussán Pérez advirtió: “Bogotá es la segunda región más peligrosa del país para ser mujer”.

La cabildante puntualizó la gravedad del aumento de feminicidios en Colombia al recordar según registros oficiales que en 2023 se registraron 525 casos, en 2024 la cifra superó los 800 y en 2025 se acercó al millar de víctimas.

“En apenas 2 años, la violencia feminicida se disparó de manera alarmante, lo más grave es que, según el Ministerio de Justicia, solo el 23% de los casos logra una decisión de justicia, la impunidad sigue protegiendo a los agresores, mientras las mujeres siguen siendo asesinadas y sus hijos quedan huérfanos”, señaló Dussán.

La concejala detalló los mecanismos más frecuentes de agresión y los escenarios donde suelen ocurrir estos crímenes.

“Las armas más utilizadas son de fuego, armas cortopunzantes y combustibles; y los escenarios se repiten, la casa, la calle y los establecimientos comerciales”, puntualizó Dussán.

En ese sentido, ella alertó en su publicación en redes sociales que en 2025, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, cerca de 900 mujeres fueron víctimas de tentativa de feminicidio en Bogotá.

Además, entre enero y mayo de 2026, Medicina Legal ya había realizado 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, “un aumento del 75%” respecto a periodos anteriores.

La falta de respuesta instiucional que denunció la concejala Rocío Dussán

Dussán Pérez también cuestionó la respuesta estatal ante la escalada de violencia.

Ella dejó esta pregunta a modo de reflexión en el hilo de X que compartió: “¿Qué más tiene que pasar para actuar?”, cuestionó la cabildante al referirse a la falta de celeridad y cobertura en la atención a las víctimas.

La publicación de Dussán también precisó exigencias directas a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Integración Social y al alcalde Carlos Fernando Galán, reclamando acciones concretas, hasta criticó la forma en cómo se atienden las denuncias.

“¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el Estado actúe? Exigimos respuestas de Fiscalía, Policía de Bogotá, Secretaría de la Mujer, Integración Social y del alcalde Carlos Galán. La violencia no tiene horario, pero muchas Casas de Justicia sí, según víctimas atienden de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se necesitan rutas de atención 24/7, protección inmediata y justicia de verdad”, denunció Dussán Pérez en su intervención digital.

El feminicidio de Olaya Coronado dentro del establecimiento comercial en Soacha reabrió el debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos y privados, debido a que el caso hizo recordar el feminicidio de Erika Aponte, el domingo 14 de mayo de 2023 a manos de su expareja sentimental Christian Camilo Rincón Díaz, en el centro comercial Unicentro, en Bogotá.

La concejala concluyó su pronunciamiento con una advertencia, y con un juego de palabras que sirvió a modo de crítica frente a la gestión del alcalde Galán y su política de gobierno: “En Bogotá, las mujeres NO caminan seguras”.

El reclamo social se mantiene activo en redes sociales bajo la etiqueta #JusticiaParaMayerliOlaya.

Además de Dussán Sánchez, la concejala capitalina Heidy Sánchez también reaccionó al feminicidio de Olaya y cuestionó los supuestos “espacios seguros” en los que las mujeres ni siquiera estarían a salvo.

“Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas. Cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, escribió Sánchez desde su cuenta de X, y añadió: “Esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”.

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llevará su proceso en libertad sobre el caso de violencia familiar en contra de su esposa, luego de que la jueza determinara un cambio de medida cautelar en contra del exfuncionario tras la audiencia de este martes 14 de julio.

La jueza Consuelo Adriana Correa ordenó su liberación inmediata tras considerar diversos elementos presentados por las partes, entre ellos el perdón otorgado por la víctima, lo que influyó en la decisión de sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos restrictiva.

Con ello, Víctor Rodríguez Padilla abandonará el centro penitenciario donde permanecía internado y enfrentará el proceso judicial fuera de prisión, aunque deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

La decisión no implica el cierre del caso ni una sentencia absolutoria, sino únicamente un cambio en las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentará el procedimiento judicial.

Defensa ofrece garantía económica

Como parte de la audiencia, la defensa legal de Víctor Rodríguez presentó una garantía económica de 20 mil pesos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares y evitar el riesgo de que el exfuncionario abandone el país.

La garantía económica forma parte de las herramientas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso, cuando el juez considera que ya no resulta necesaria una medida más restrictiva como la prisión preventiva.

¿Qué dijo la defensa del exdirector de Pemex?

Desde antes de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla denunció un supuesto “linchamiento mediático” y pidió que se respetara la vida privada tanto del exfuncionario como de su familia.

Los abogados sostienen que la amplia difusión del caso ha afectado el derecho de su cliente a un juicio imparcial y han insistido en que debe privilegiarse una salida alterna al conflicto.

Además, argumentan que Rodríguez Padilla, de 69 años, enfrenta problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de cáncer de próstata, por lo que han solicitado que pueda continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares o mediante mecanismos de justicia restaurativa.

¿Qué significa que lleve su proceso en libertad?

En el sistema penal acusatorio mexicano, una persona imputada puede enfrentar un proceso penal en libertad cuando el juez determina que existen medidas cautelares suficientes para garantizar su comparecencia ante la justicia, proteger a la víctima y evitar la obstaculización de la investigación.

La modificación de una medida cautelar no representa una declaración de inocencia ni de culpabilidad. El proceso judicial continúa y será durante las siguientes etapas cuando se presenten las pruebas, se desahoguen los argumentos de las partes y, en su momento, se determine la responsabilidad penal del acusado.

Entre las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva pueden encontrarse la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir del país, restricciones para acercarse a la víctima y la imposición de garantías económicas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso y de la valoración realizada por el órgano jurisdiccional.

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía de Morelos, María Felicia Jiménez manifestó expresamente su voluntad de otorgar el perdón al exfuncionario y solicitó que cesaran las investigaciones iniciadas en su contra.

La principal razón expuesta por la denunciante fue proteger la estabilidad de su familia, además de señalar que no tenía intención de ratificar las denuncias durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza precisó que la decisión de la víctima no modifica la obligación legal del Estado de investigar los hechos cuando se trata de delitos que afectan el interés público, como ocurre con la violencia familiar.

En la misma audiencia también se resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación. En consecuencia, el proceso continuará únicamente por violencia familiar.

¿Por qué el perdón no detuvo el proceso?

En el sistema penal mexicano, el perdón de la víctima únicamente puede poner fin a un procedimiento cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que requieren la denuncia y la voluntad de la persona afectada para continuar.

En cambio, delitos como la violencia familiar se investigan de oficio, por lo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la víctima decida desistirse o solicitar el cierre de la investigación.

Esto significa que la decisión de María Felicia Jiménez fue tomada en cuenta dentro del expediente, pero no tiene el efecto legal de cancelar automáticamente el procedimiento penal que enfrenta el exdirector de Pemex.

¿De qué se le acusa a Víctor Rodríguez Padilla?

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video donde se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio.

Días después, el pasado 7 de julio, Rodríguez Padilla fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Morelos para ser presentado ante un juez e iniciar el proceso penal en su contra.

• Presunta violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez.
• Presuntas agresiones físicas ocurridas en marzo de 2026 dentro del domicilio familiar en Morelos.
• La agresión habría ocurrido frente al hijo menor de edad de la pareja.
• La denuncia pública incluyó señalamientos de violencia física, psicológica y económica ejercida durante varios años.

Inicialmente también fue investigado por violencia vicaria; sin embargo, ese delito fue desestimado por la jueza al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por esa conducta.

El panorama de violencia contra las mujeres en Colombia volvió a dar de qué hablar por la compleja situación que viven muchas víctimas que, pese a poner en conocimiento de las autoridades su caso, siguen sintiéndose inseguras. Uno de esos casos fue el de Rosa Mayerly Olaya Coronado.

La colaboradora de una reconocida cadena de almacenes (Homecenter) fue víctima de un nuevo caso de feminicidio cuando un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, llegó hasta la sede del lugar ubicado en un centro comercial de Soacha, el municipio vecino a Bogotá, y allí la atacó en cuatro ocasiones con un arma cortopunzante.

Pese a que la mujer oriunda del municipio de Natagaima (Tolima) alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital Cardiovascular el domingo 12 de julio, el alcalde del municipio, Julián Sánchez Jr., confirmó su muerte.

Por este motivo, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez (Unión Patriótica y Coalición del Pacto Histórico) señaló con ahínco en un mensaje que compartió desde su cuenta en X la mañana del martes 14 de julio los riesgos que, como ella, corren las mujeres en la capital, y alrededor del mundo, solo por el simple hecho de ser mujeres.

“Con profunda indignación rechazamos el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, asesinada mientras trabajaba en un Homecenter de Soacha. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas”, cuestionó la cabildante al principio de su publicación.

Para Sánchez, “cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, sigue el mensaje por parte de la concejala.

Al final, la cabildante por Bogotá se solidarizó la familia de Olaya Coronado (que se confirmó, será velada en Soacha) y pidió que se haga justicia para que los hechos no queden impune, teniendo en cuenta que se realizó la captura de Marulanda en el lugar de los hechos.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”, cerró Sánchez.

La Fiscalía sostiene que el ataque estuvo precedido por meses de hostigamiento

De acuerdo con el ente investigador, el hombre conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

Tras expresar interés sentimental y recibir una negativa, habría iniciado una secuencia de asedio y acoso permanente.

El proceso también registró dos episodios previos: el 10 de mayo y el 5 de junio, el señalado agresor se presentó en la vivienda de la madre de la víctima y en la de su excompañero sentimental para buscarla e intimidarla.

La acusación sostiene que ese seguimiento terminó con el ingreso al comercio donde ella trabajaba y el ataque con cuchillo.

Las autoridades identificaron a Marulanda como el presunto autor del crimen, y lo acusan de feminicidio agravado. Por tal motivo, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

La Fiscalía afirmó que las pruebas recogidas muestran un patrón de persecución que culminó en el homicidio y reiteró que estos antecedentes deben ser atendidos con urgencia en los casos de violencia contra las mujeres.

La familia desmintió que el agresor fuera su expareja

En las primeras horas posteriores al crimen circuló una versión según la cual el atacante era la expareja de Olaya Coronado.

Esa información fue desmentida por su familia, que sostuvo que no existía una relación sentimental previa.

En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima, Maira Yulieth Caballero, dijo: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Caballero pidió que esa versión fuera corregida “por respeto a la memoria” de su hermana y reclamó una investigación rigurosa para esclarecer por completo los hechos.

Cuando hoy hablamos de violencia de género, maltrato psicológico, coerción emocional o dependencia afectiva, pensamos de inmediato en conceptos construidos desde la sociología, la psicología clínica o el derecho contemporáneo. Los asociamos a un vocabulario nacido en las últimas décadas, fruto de la investigación científica, la evolución legislativa y una creciente conciencia social.

Pero la literatura –y, de manera muy especial, el teatro– suele adelantarse a la historia. Antes de que la sociedad encuentre palabras para nombrar determinadas heridas, algunos creadores ya han sabido reconocerlas, observarlas y convertirlas en materia dramática.

Así sucede con una de las obras menos frecuentadas y, paradójicamente, más modernas de Benito Pérez Galdós: Bárbara (1905).

Es cierto que no podemos afirmar que fuese el primer autor en mostrar sobre un escenario aquello que hoy identificamos como violencia contra la mujer. La escena europea de finales del siglo XIX había comenzado ya a cuestionar la institución matrimonial, la autoridad patriarcal y la posición social de la mujer, especialmente las obras de Henrik Ibsen y August Strindberg. Sin embargo, sí puede sostenerse con fundamento que Galdós figura entre los primeros dramaturgos europeos –y, con seguridad, entre los pioneros de la escena española– en representar con singular profundidad los mecanismos psicológicos, emocionales y sociales del maltrato ejercido contra una mujer.

Un estreno que su tiempo no pudo leer del todo

El 28 de marzo de 1905, el Teatro Español de Madrid acogió el estreno de Bárbara, con María Guerrero al frente del reparto. No era una obra más dentro de la producción dramática galdosiana. Llegaba en un momento de plena madurez teatral, cuando el escritor canario llevaba más de una década entregado intensamente a la escena tras el estreno de Realidad en 1892, también protagonizada por Guerrero.

A primera vista podría parecer un drama de pasiones, redención moral o conflictos matrimoniales. Pero una lectura atenta revela algo mucho más incómodo y profundamente moderno: Galdós está representando el progresivo proceso de destrucción interior de una mujer sometida durante años a una relación marcada por la violencia, el control y la humillación.

En 1905 no existía la expresión “violencia de género”. Tampoco había protocolos de protección, estudios clínicos sobre relaciones abusivas ni un lenguaje jurídico capaz de nombrar la violencia psicológica. Y, sin embargo, Galdós parece reconocerla con extraordinaria lucidez.

Bárbara no aparece únicamente como una esposa desgraciada o una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. Es una mujer emocionalmente erosionada, insegura, culpabilizada, aislada y, en muchos momentos, incapaz de reconocerse fuera de la estructura que la oprime.

Su relación con Lotario –su esposo– no responde simplemente al modelo tradicional del marido autoritario. Lotario controla, humilla, desacredita, ridiculiza, aísla y, finalmente, consigue que Bárbara termine dudando incluso de su propia percepción de la realidad, uno de los mecanismos más devastadores del maltrato psicológico.

Lo verdaderamente sorprendente es que Galdós no necesita construir grandes escenas de violencia explícita para transmitir esa opresión. Le bastan la palabra, el tono, la pausa, la repetición, el silenciamiento: la mirada del otro convertida en juicio permanente. Sobre todo, le interesan los demás, ya que, en el primer acto, en un acto de defensa, Bárbara, sin desearlo, mata a Lotario. Los restantes tres actos muestran cómo reaccionan Bárbara y la sociedad ante una tragedia de este tipo.

Quien hoy se acerque a la obra reconocerá con inquietante claridad comportamientos que la psicología contemporánea describe con términos como manipulación emocional, pérdida progresiva de autoestima, dependencia afectiva o normalización del abuso.

No estamos, por tanto, ante una lectura anacrónica proyectada desde el presente; diversas investigaciones filológicas han puesto de relieve esta dimensión de la obra. Precisamente, Carolina Melini y yo hemos estudiado la extraordinaria modernidad de Bárbara como representación dramática del maltrato y de los micromachismos.

Una preocupación constante en la obra de Galdós

Esta pieza no surge por casualidad. Casi desde los inicios de su creación Galdós había convertido a las mujeres en uno de los centros de gravedad de su universo. Fortunata, Jacinta, Tristana o Marianela demuestran el interés del autor por explorar la condición femenina dentro de una sociedad profundamente patriarcal, con mujeres condicionadas por matrimonios de conveniencia, dependencias económicas, limitaciones educativas, estructuras morales que restringían su libertad, etc.

Cuando Galdós llega al teatro, esa preocupación se intensifica: de las veintidós obras de teatro estrenadas, diecisiete de ellas tienen a una mujer como protagonista absoluta. La escena no solo permite contar el conflicto, sino compartirlo, hacerlo visible y convertirlo en experiencia colectiva. Por ello, Bárbara fue una obra especialmente incómoda para la España de comienzos del siglo XX.

¿Por qué sigue interpelándonos más de un siglo después?

Los mecanismos esenciales del abuso han cambiado menos de lo que quisiéramos pensar. Se han modificado el lenguaje, la legislación o los sistemas de protección, pero la culpa, el miedo, la dependencia, la manipulación emocional y la destrucción de la autoestima siguen formando parte de demasiadas historias.

Y ahí reside la extraordinaria modernidad de Galdós, quien nunca escribió sobre una moda intelectual de su tiempo. No construyó una simple denuncia coyuntural, sino que identificó una de las formas más persistentes de violencia dentro de la intimidad humana y tuvo la valentía de colocarla en el centro del escenario.

Por ello reivindicamos que esta obra entre en el canon. Igual que su autor, debería ser un clásico. Los clásicos no sobreviven porque hablen del pasado. Lo hacen porque siguen poniendo nombre a aquello que una sociedad, en ocasiones, todavía no se atreve a mirar de frente.

Más de ciento veinte años después del estreno de Bárbara, la pregunta no es si Galdós fue uno de los primeros dramaturgos en mostrar la violencia contra la mujer desde un escenario. La pregunta sería: si él fue capaz de verla con tanta claridad en 1905, ¿qué excusa puede permitirse nuestra sociedad para no reconocerla hoy?

Quizá haya llegado el momento de devolver Bárbara al debate público.

*Es profesora titular de Literatura española, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Fotos: Philadelphia Museum of Art; Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques y Biblioteca Nacional de España.

Un caso se hizo viral en redes sociales entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio de 2026 en Bogotá por un intento de feminicidio que denunció una joven, en hechos que se presentaron en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital colombiana.

Así lo reveló la entrevista que le concedió al diario Q’hubo Bogotá, en la que la víctima contó detalles del ataque que sufrió por parte de una persona que, en apariencia, no representaba un peligro para la mujer, y que ha generado conmoción. Además de redoblar las alertas alrededor del debate sobre la violencia de género y la respuesta institucional.

La joven que se identificó como Alejandra Vergara González, mujer de 25 años, madre de dos niñas y de nacionalidad venezolana, permanece hospitalizada luego de recibir un disparo en el rostro con un arma traumática por parte de un hombre que trabajaba como domiciliario en la zona.

Lo más inaudito de todo lo anterior es que el agresor, que conocía a la víctima por su trabajo como repartidor en una tienda OXXO situada cerca de la vivienda de la mujer, huyó y en este momento evade la acción de la justicia.

Una invitación a salir

La historia comenzó meses atrás, cuando el agresor, domiciliario de una tienda de conveniencia cercana, empezó a invitar de manera insistente a Alejandra a salir con él.

“Él es domiciliario del OXXO que está cerca de mi casa y nos llevaba los pedidos a nosotras. Llevaba como tres o cuatro meses invitándome a salir. Él nunca me dijo nada raro, solamente me invitaba a salir, normal. Nunca me levantó sospechas, porque si no, nunca hubiera aceptado salir con él”, relató la joven al diario bogotano.

La insistencia no levantó alarmas en la víctima, que al final aceptó acudir a la casa del hombre, ubicada en el barrio Turingia de Suba, cerca de un parque del sector.

De acuerdo con su testimonio, el encuentro inició de manera tranquila. Fueron a ver un partido de fútbol, luego subieron a la terraza para conversar.

Un cambio en la atmósfera ocurrió cuando comenzó a llover y el hombre propuso entrar al inmueble. Fue en ese momento cuando el agresor la sorprendió.

“Cuando entramos, él me dice, ‘jugando’, según él: ‘Esto es lo que te va a pasar si te llego a ver con otro man’. Sacó un arma traumática… me disparó en la cara”, relató Vergara.

El proyectil impactó el rostro de la joven, causándole graves lesiones, y, de acuerdo con lo que contó la ciudadana venezolana, ocasionó la pérdida de dos dientes; adicional, su labio interior quedó destruido.

El agresor, lejos de asumir responsabilidad, intentó manipular la versión de los hechos, situación que agravó el rechazo por parte de la víctima.

“Me pidió que dijera que fue que me intentaron robar. Ni siquiera entró, me dejó afuera del hospital, se desapareció y desactivó el WhatsApp”, expresó la víctima, que permanece bajo atención médica y espera una cirugía reconstructiva en el Hospital de Suba.

Venezolana señaló demoras en la atención de su caso por parte de las autoridades en Bogotá

El episodio de Vergara evidencia las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

“Todavía estoy en el hospital, esperando en una silla. La atención ha sido muy regular; no me han dado fecha exacta de cirugía, pero sí ya me aprobaron el traslado al Hospital de Suba que es donde me la van a hacer. La Policía no me preguntó absolutamente nada en el hospital”, denunció la joven.

Pese a haber entregado todos los datos del agresor a las autoridades, incluyendo dirección, fotografías y otros detalles, la víctima asegura que no ha visto avances en la investigación.

“Yo he denunciado en la Línea Púrpura, en la Fiscalía y en la Policía; a ellos les entregué la dirección de él, sus datos, sus fotos, y las autoridades no han hecho absolutamente nada. Ya todos me han tomado declaraciones varias veces. Lo que pido es que le pongan atención, que hagan algo al respecto, porque mientras él está tranquilo en su casa viendo el partido y tomando con sus amigos, yo estoy en un hospital”, concluyó Vergara González.

En su respuesta oficial, la Secretaría de la Mujer confirmó que se viene el acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima y su familia.

Además, la entidad indicó que el expediente fue remitido a la Fiscalía y se espera que avance el proceso de judicialización del agresor.

La Secretaría de Seguridad, por su parte, aseguró que se realizan esfuerzos para lograr la captura del responsables.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de violencia familiar, a casi dos semanas después de que se difundió un video en el que se ve al exfuncionario federal agredir física y verbalmente a su ahora exesposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2026, María Felicia Jiménez se encontraba con Rodríguez Padilla en un domicilio ubicado en Morelos, donde la habría agredido tras una discusión.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos estableció la probable participación del exfuncionario y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar, un delito que en México se sanciona con prisión, multa económica, pérdida de derechos e incluso obligatoriedad de tratamiento psicológico.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

• Código Penal Federal

El Artículo 343 bis del Código Penal Federal establece que la violencia familiar consiste en el uso de la fuerza física o moral, o la omisión grave, ejercida de manera reiterada por un integrante de la familia en contra de otro, afectando su integridad física, psíquica o ambas, sin importar si causa lesiones.

Comete este delito el cónyuge, concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.

La sanción para quien comete violencia familiar es de seis meses a cuatro años de prisión, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico especializado.

El delito se persigue por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se persigue de oficio.

El Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público debe exhortar al probable responsable a abstenerse de conductas ofensivas hacia la víctima, acordar medidas preventivas para protegerla y solicitar las medidas precautorias pertinentes.

• Código Penal del Estado de Morelos

El Artículo 202 BIS establece que comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, causando daño o sufrimiento.

La sanción es de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos respecto al ofendido (incluidos los sucesorios, patria potestad o tutela) y tratamiento psicológico específico para rehabilitación. El delito se persigue de oficio.

El Artículo 202 TER equipara al delito de violencia familiar los actos cometidos contra personas bajo guardia, protección, cuidado o educación, siempre que vivan en la misma casa.

El Artículo 202 QUATER indica que el Ministerio Público debe acordar las medidas preventivas necesarias para proteger la integridad física y psíquica de la víctima y solicitar al juez medidas precautorias.

El Artículo 202 QUINTUS equipara la violencia familiar a los actos cometidos contra una persona con la que exista una relación de hecho, aunque no vivan en el mismo domicilio.

El Artículo 36 contempla la reparación del daño, que incluye el pago de tratamientos psicoterapéuticos para la víctima y familiares directos, así como la indemnización por daño material y moral.

¿Cómo fue detenido Víctor Rodríguez?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido y presentado esposado ante la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser acusado de violencia de género por su esposa, María Felicia Jiménez.

La detención se realizó la tarde del martes 7 de julio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, luego de que la víctima hiciera pública la denuncia y difundiera en redes sociales imágenes de la agresión sufrida el 3 de marzo de 2026.

Rodríguez Padilla llegó escoltado por tres agentes mujeres, con semblante molesto y vestido de camisa blanca y pantalón negro.

Tras su certificación en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, fue entregado a la Fiscalía de Morelos, estado donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a Morelos para comparecer ante un juez de control de dicho estado y poco después, ingresó al penal de Atlacholoaya.

La denuncia de Jiménez expone que el exfuncionario la agredió física y verbalmente de manera reiterada desde 2022, incluso delante de su hijo menor, situación que quedó grabada pese a los intentos del acusado por destruir la cámara.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones describe a Rodríguez Padilla como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y candidato a dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

El Poder Judicial rechazó, por el momento, el pedido del expresidente interino y congresista José Jerí para que se levanten las medidas de protección que se le impusieron en el marco de la denuncia por supuesta violencia sexual en su contra. Si bien la investigación fiscal por la presunta violación sexual fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, las medidas de protección siguen vigentes hasta que el Juzgado de Familia lo considere.

Así, el pasado 19 de mayo, José Jerí solicitó el levantamiento o cancelación de las medidas de protección. Sin embargo, la jueza de familia Roxana Becerra declaró “no ha lugar” a la solicitud del saliente parlamentario, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae.

Jerí, dice el documento, “no ha cumplido con acreditar, de manera objetiva, suficiente e idónea, el acatamiento del tratamiento reeducativo impuesto judicialmente”. La magistrada se refiere a la orden de someterse a terapia psicológica para manejo de agresividad, control de impulsos, ira y patología psicosexual. Esta medida fue impuesta en enero de 2025, hace aproximadamente un año y medio.

Esta omisión, se lee, impide a la jueza “verificar el cumplimiento integral de las disposiciones orientadas a garantizar la protección de la parte agraviada y la finalidad preventiva de las medidas dictadas”.

“En tal sentido, al no haberse acreditado el cumplimiento de una de las obligaciones esenciales impuestas al denunciado, no resulta jurídicamente viable amparar la solicitud de levantamiento y/o cancelación de las medidas de protección, correspondiendo además reiterar el cumplimiento estricto de los mandatos judiciales emitidos en autos”, se lee en la resolución.

Por ello, la jueza del Juzgado Civil de Canta fijó un plazo de 15 días hábiles para que José Jerí cumpla, estricta e inmediatamente, con las medidas de protección impuestas, “debiendo presentar ante esta judicatura la constancia, certificado y/o documento fehaciente que acredite que viene realizando o ha culminado las terapias y tratamiento reeducativo obligatorio ordenado judicialmente”.

En caso de no cumplir con lo ordenado, se notificaría al Ministerio Público para que evalúe iniciar una investigación contra el expresidente del Congreso por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad.

Congreso evalúa condecorar a Jerí

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República tiene programada para este jueves 9 de julio, a las 2:00 p.m., una sesión para decidir si otorga la Medalla de Gran Cruz al congresista José Jerí, quien ejerció la Presidencia de la República por poco más de cuatro meses.

La propuesta lo condecora en su condición de presidente del Congreso durante el período 2025-2026. Según la agenda del Consejo, el caso de Jerí es el primer punto a tratar.

Jerí llegó al poder el 10 de octubre de 2025 por sucesión constitucional —no por elección popular— y se convirtió en el tercer mandatario del período 2021-2026 y el séptimo presidente del país desde 2016. Su gobierno se autodenominó “de Transición y Reconciliación Nacional”.

Los cuestionamientos lo acompañaron desde el inicio: antes de conformar gabinete ya era criticado por la lentitud en armar su equipo. Además, enfrentó una investigación —luego archivada— por presunta violación sexual.

Los cuestionamientos que terminarían en su destitución aparecieron en enero de 2026, cuando se reveló una reunión encubierta con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, a la que Jerí acudió encapuchado y sin registro en su agenda oficial. Posteriormente, se supo que otro empresario chino bajo arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera había visitado Palacio de Gobierno en tres ocasiones. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

A eso se sumó que 11 jóvenes que habían visitado a Jerí en Palacio obtuvieron contratos estatales. El 17 de febrero de 2026, tras acumular siete mociones de censura, el Congreso lo apartó del cargo, convirtiéndolo en el segundo gobierno más corto de la historia peruana del siglo XX.

María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, cuenta con medidas de protección otorgadas por las autoridades tras presentar denuncias por violencia familiar en su contra, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

¿Qué medidas de protección tiene la víctima?

Según declaró el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas cautelares a favor de Jiménez Lavie, las cuales se activarán de manera inmediata en el momento en que ella lo requiera.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre las acciones contempladas se encuentran:

• Vigilancia y rondines de seguridad en el domicilio de la víctima, a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
• Prohibición de contacto entre Rodríguez Padilla y Jiménez Lavie.
• Restricción de acercamiento al domicilio donde reside la denunciante.
• Extensión de las medidas a los hijos menores de edad de la víctima.

Estas medidas deberán ser notificadas formalmente al señalado una vez que así lo determine un juez de control, según explicó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar.

Acompañamiento institucional

La dependencia federal estableció contacto con Jiménez desde que tuvo conocimiento del caso y, de acuerdo con Gómez Saracibar, se conformó una célula interdisciplinaria integrada por una psicóloga y dos abogadas, que la asistió para presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El acompañamiento, precisó la funcionaria, no se limita al ámbito jurídico, sino que también contempla atención psicoemocional para la víctima y para uno de sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres mantiene además coordinación con la Fiscalía de Morelos, entidad donde, según las indagatorias, ocurrieron los hechos que ahora se judicializan.

Coordinación entre fiscalías

El caso involucra la intervención de dos fiscalías: la de la Ciudad de México, donde Jiménez presentó su denuncia formal el 1 de julio, y la de Morelos, que abrió una carpeta de investigación de oficio desde el 26 de junio, tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa la agresión.

Blumenkron Escobar señaló que ambas instituciones “continuarán las diligencias relacionadas con los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia”.

El contexto de la denuncia

Jiménez Lavie, doctora en ingeniería física nuclear y académica de la UNAM, ha declarado en entrevistas con medios de comunicación que los episodios de violencia habrían comenzado en 2022 y se habrían intensificado durante el tiempo en que Rodríguez Padilla ocupó cargos públicos de alto nivel. La denunciante ha señalado que decidió hacer público el caso para proteger a sus hijos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las medidas de protección fueron modificadas tras la detención de Rodríguez Padilla, ocurrida el 7 de julio.

La tarde de este 7 de julio se dio a conocer la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por agentes de la Policía Ministerial, tras la denuncia por violencia familiar de su esposa María Felicia Jiménez.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones precisa que su arresto se llevó a cabo en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez la tarde de este martes, alrededor de las 17:32 horas.

Así fue el momento de la denuncia pública por parte de María Felicia Jiménez

El pasado 26 de junio, María Felicia Jiménez dio a conocer un video a través de la plataforma de YouTube donde mostraba cómo el exdirector de Pemex ejercía violencia física en contra de ella y en presencia de su hijo menor de edad.

El video, cuya fecha apuntaría al 15 de marzo de 2026 por las marcas de origen del material, acompañó el mensaje escrito con el que Jiménez decidió hacer pública su situación.

En las descripciones, advirtió que hablar tiene un precio concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad. Atribuyó ese riesgo a la cercanía de su esposo con figuras de alto nivel del gobierno federal, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa... Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.

La grabación mostraba el forcejeo del exfuncionario en contra de su esposa, en un inicio, se puede ver que la discusión tuvo su origen por un porta documentos de color verde; el niño que presencia la escena, corre hacia las escaleras cuando los golpes se hacen presentes.

Rodríguez Padilla lanza a la mujer al sillón, donde la golpea de manera reiterada, jalándole del cabello y sometiéndola. En algún momento, también intenta tirar la cámara que graba lo que ahora será parte de las evidencias que lo muestran golpeando a su esposa.

Mujeres en el poder exigieron que “caiga todo el peso de la ley”

La presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada la noche de ese mismo 26 de junio, quien mandó un mensaje contundente, asegurando que se le daría “toda la ayuda” a la esposa del exfuncionario cercano a ella.

Durante la mañanera del 29 de junio, la mandataria pidió “que se aplique todo el pesos de la ley” a Víctor Rodríguez Padilla, asegurando que su gobierno no protegería a nadie.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió lo mismo a las autoridades, reiterando la relevancia de la denuncia en este tipo de casos: “todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta”.

La Secretaría de las Mujeres condenó la violencia ejercida en contra de María Felicia Jiménez, tras la viralización del caso, contactó a la víctima para brindarle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección:

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”.

El caso ha generado polémica debido a la cercanía que tenía Rodríguez Padilla con la presidenta, ya que cuando llevó a cabo las agresiones en contra de su esposa, aún era director de Pemex, y cuando dejó el cargo la mandataria mexicano resaltó su carrera en la función pública.

Con la decisión, contenida en la sentencia SP627-2026, la Corte dejó en firme el fallo que había sido proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja y posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Bucaramanga. El condenado fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa.

La defensa acudió al recurso extraordinario de casación alegando múltiples irregularidades durante el proceso, entre ellas supuestas fallas en la valoración de las pruebas, vulneraciones al debido proceso y la existencia de duda razonable sobre la autoría. Sin embargo, la Corte concluyó que ninguno de los cargos prosperaba, pues las decisiones de los jueces de instancia estuvieron sustentadas en un análisis integral del material probatorio.

El crimen ocurrió frente a la hija de la pareja

De acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, el 25 de mayo de 2011, hacia las 5:30 a. m., Telma del Pilar Hernández Torres, de 32 años, esperaba junto a su hija de cinco años la llegada del transporte escolar frente a su vivienda, ubicada en el barrio Olaya Herrera de Barrancabermeja.

En ese momento apareció Oscar Iván Hernández Bermúdez, quien era su expareja sentimental, padre de la menor y mayor retirado del Ejército Nacional. Según quedó acreditado en el proceso, el hombre la atacó repetidamente con dos armas blancas delante de la niña, causándole al menos doce heridas en distintas partes del cuerpo, una de ellas con compromiso del pulmón y del corazón.

La madre de la víctima, Sara Elena Torres Martínez, intervino para intentar proteger a su hija. El agresor también la apuñaló en el pecho antes de huir del lugar, acciones que igualmente fueron presenciadas por la menor. Aunque ambas mujeres fueron trasladadas a centros asistenciales, Hernández Torres falleció como consecuencia de un shock hipovolémico ocasionado por una lesión cardíaca, mientras que Sara Elena sobrevivió y recibió una incapacidad médico legal de diez días.

El proceso penal inició con la captura del militar el 30 de julio de 2011. Aunque inicialmente existió un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, este fue anulado por el Tribunal Superior de Bucaramanga, lo que dio paso al juicio ordinario, desarrollado entre 2014 y 2020. Finalmente, en febrero de 2021 fue condenado a 500 meses de prisión, pena equivalente a 41 años y ocho meses, decisión que posteriormente fue ratificada en segunda instancia.

La Corte descartó la existencia de duda razonable

En casación, la defensa presentó ocho cargos mediante los cuales cuestionó la legalidad del proceso. Entre ellos sostuvo que las estipulaciones probatorias comprometían indebidamente la responsabilidad penal del acusado, que se le había impedido declarar durante el juicio, que existían irregularidades relacionadas con la imparcialidad de la jueza y que las pruebas científicas presentaban inconsistencias suficientes para generar duda razonable.

Uno de los principales argumentos hacía referencia al estudio lofoscópico realizado sobre las armas blancas utilizadas en el crimen. La defensa insistía en que el resultado negativo en la búsqueda de huellas dactilares del acusado debilitaba la hipótesis de la Fiscalía y debía conducir a una absolución.

Sin embargo, la Sala concluyó que ese elemento no tenía la capacidad de desvirtuar el conjunto de pruebas que sustentaban la responsabilidad penal del procesado.

Otro de los aspectos analizados por la Corte correspondió a las presuntas vulneraciones del debido proceso denunciadas por el condenado. La defensa sostuvo que el procesado no había podido declarar durante el juicio, que la jueza debía declararse impedida por un supuesto conflicto relacionado con una decisión previa adoptada por su cónyuge, que existieron problemas con la revocatoria del poder de sus abogadas y que la sentencia desconocía el principio de congruencia.

Tras revisar el expediente y las grabaciones de las audiencias, la Sala concluyó que el acusado tuvo varias oportunidades procesales para ejercer su derecho a declarar y no lo hizo, además de establecer que las recusaciones e impedimentos alegados carecían de fundamento jurídico.

Respecto de la actuación de la jueza, el alto tribunal explicó que no existía ninguna circunstancia que comprometiera su imparcialidad, pues la decisión anticipada proferida años atrás por quien entonces ocupaba el despacho había perdido efectos tras la nulidad decretada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, de manera que el juicio ordinario se desarrolló con un acervo probatorio completamente distinto.

Tras la derrota de México ante Inglaterra, que dejó al Tri fuera del Mundial 3-2 en octavos de final, no solo circularon memes y mensajes de tristeza compartida: también empezaron a circular videos de hombres protagonizando verdaderos berrinches, con reacciones tan exageradas que rápidamente se ganaron las críticas —y las burlas— de miles de usuarios en redes sociales.

En las grabaciones se puede ver a un hombre golpeando la pantalla de su televisor como si el aparato tuviera la culpa del resultado; a otro disparando un arma mientras aseguraba haber apostado al partido; y a un tercero rompiendo en un berrido frente a su propia familia —entre gritos y golpes a la pared— mientras uno de los niños presentes se ríe sin entender del todo semejante escena de descontrol.

Lo que pasó en la cancha: México cae 3-2 ante Inglaterra

Esa ilusión se derrumbó la noche del domingo. México perdió por primera vez en su historia en Mundiales en el Estadio Ciudad de México ante Inglaterra en los octavos de final, en un partido apasionante que tuvo polémicas decisiones arbitrales y que terminó 3-2 en el Estadio Azteca. Pese a la celebración por parte del equipo inglés, la atención se centró principalmente en las calles de la capital mexicana, donde cientos de personas cambiaron las celebraciones por llanto y melancolía.

Los videos que se volvieron virales

Estos clips generaron una ola de comentarios en X. Varios usuarios cuestionaron el nivel de descontrol mostrado y señalaron, con ironía, que ese tipo de reacciones evidencian más un problema de manejo de la frustración que una verdadera pasión por el futbol. El fenómeno no es menor: ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han advertido que la violencia familiar puede incrementarse hasta un 38% durante grandes eventos deportivos como los Mundiales, un patrón que se agrava cuando la selección apoyada pierde y cuando el consumo de alcohol se suma a la ecuación. En ese sentido, estos videos virales no solo reflejan un problema de forma —el “descontrol” en redes—, sino que se enmarcan en una tendencia documentada de frustración deportiva que se traduce en agresividad, un patrón que distintos organismos internacionales han identificado como recurrente en cada edición de la Copa del Mundo.

Sin embargo, entre las críticas también se colaron comentarios con tintes xenófobos y generalizaciones despectivas hacia los mexicanos, lo que abrió un segundo debate: si la crítica legítima a estas sobrerreacciones —y a la violencia asociada a la frustración futbolera que ya han documentado organismos como la ONU— se está usando como excusa para lanzar estereotipos discriminatorios contra todo un país.

Un problema que va más allá del futbol

El debate llega, además, en momentos en que organismos internacionales han insistido en que la frustración derivada de resultados deportivos adversos —combinada con el consumo de alcohol y las apuestas— puede derivar en violencia dentro de los hogares, lo que pone en perspectiva por qué estos videos, más allá de lo viral, encienden alertas legítimas sobre el manejo de la frustración masculina en el deporte.

La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra (3-2) la madrugada de este domingo enciende las alertas en México: organismos internacionales confirman que la derrota de un equipo puede disparar hasta 38% los casos de violencia familiar, superando incluso el riesgo que representan las victorias o los empates.

El dato que preocupa a las autoridades

De acuerdo con evidencia recopilada por UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, los grandes eventos deportivos como el Mundial no provocan la violencia por sí mismos, pero sí detonan conflictos ya existentes dentro de los hogares.

Los números son contundentes:

• Cuando el equipo del agresor gana o empata, la violencia familiar aumenta 26%.
• Cuando el equipo pierde, el incremento llega a 38%.
• Los incidentes vinculados al consumo de alcohol suben hasta 47% en día de partido.
• El pico de violencia no ocurre durante el juego, sino entre 10 y 12 horas después de iniciado el encuentro.

¿Por qué sube el riesgo tras la eliminación de México?

Con la salida del Tricolor del Mundial, los especialistas identifican varios factores que pueden agravar la tensión en los hogares mexicanos en las próximas horas:

• Frustración deportiva acumulada tras un resultado adverso.
• Consumo excesivo de alcohol durante y después del partido.
• Presión económica derivada de apuestas y gastos del torneo.
• Normas de masculinidad que asocian la derrota con reacciones agresivas.

El mensaje de los organismos es claro: el resultado del partido nunca debe traducirse en violencia dentro de casa.

La campaña “En equipo contra la violencia familiar”

Ante este panorama, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, junto con UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, mantiene activa la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, que busca:

• Enseñar a reconocer señales de alerta en casas vecinas o familiares.
• Impulsar el reporte oportuno, sin necesidad de tener certeza absoluta.
• Recordar que ninguna celebración deportiva justifica poner en riesgo la seguridad de mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Señales de alerta que no debes ignorar

Las autoridades piden estar atentos a:

• Gritos, golpes o ruidos violentos repetidos, especialmente después de los partidos.
• Llantos prolongados o silencios sospechosos tras discusiones.
• Niñas, niños o adolescentes con miedo de que llegue cierta hora.
• Cambios bruscos de comportamiento: aislamiento, ansiedad o tristeza.
• Marcas físicas sin explicación clara.

Líneas de ayuda disponibles

Si tú o alguien más está en riesgo, los organismos recuerdan que existen canales de atención inmediata:

• Línea de las Mujeres: 079
• Emergencias: 9-1-1

La recomendación de ONU Mujeres y UNICEF es mantener la vigilancia no solo durante el partido, sino en las horas posteriores, cuando el riesgo real de violencia familiar tiende a incrementarse con mayor fuerza.

Ser mujer y gamer en Latinoamérica implica estar continuamente en un entorno donde los insultos, el acoso y la violencia. Esta discriminación no solo se manifiestan durante las partidas, sino que muchas veces trascienden la pantalla y afectan la vida diaria de las jugadoras.

Testimonios y estudios recientes documentan cómo esta realidad obliga a cientos de mujeres a ocultar su identidad o modificar su conducta para poder participar en comunidades gamer. A pesar de que, según datos de Global Power of Play, el 48% de los gamers actuales son mujeres, por lo que esta porción de la comunidad ya no es algo casual, sino un grupo igual de importante e impactante que los hombres.

Cómo son los insultos, amenazas y acoso que sufren las mujeres gamer

En América Latina, el acoso en videojuegos se minimiza frecuentemente bajo la etiqueta de “toxicidad”. Sin embargo, especialistas destacan que este término reduce una problemática mucho más grave. La violencia puede abarcar desde insultos sexistas y burlas hasta amenazas directas, acoso persistente e incluso agresiones que cruzan la frontera digital.

El caso de Nathalie Jasso, quien jugaba Ragnarok Online, ilustra cómo la violencia puede extenderse fuera del juego. Tras confiar en un compañero de juego, este instaló un software espía en su computadora, lo que le permitió vigilar sus actividades durante meses.

Nathalie relató a Wired que el descubrimiento de este espionaje la llevó a sentirse insegura incluso fuera del entorno digital, afectando su bienestar emocional y su relación con los videojuegos.

En 2021, se produjo en Brasil el primer feminicidio en América Latina documentado con origen en una comunidad gamer. Ingrid “Sol” Oliveira Bueno da Silva, de 19 años, fue asesinada por un jugador al que había conocido en línea. Este hecho evidenció hasta dónde puede escalar la violencia de género en estos espacios.

La investigadora Jimena Yisel Caballero sostiene que la violencia que enfrentan las mujeres en comunidades gamer latinoamericanas es elevada y poco estudiada en comparación con otras regiones. Los insultos y el desprecio suelen ir acompañados de una hostilidad que se manifiesta en frases como: “Hay una mujer en la partida, ya vamos a perder” o “vete a la cocina”, expresiones que muchas jugadoras han escuchado reiteradamente.

Qué pasa en Latinoamérica con las mujeres gamer: el problema en cifras

El 50,2% de quienes juegan videojuegos en México son mujeres, según el informe “Estado del gaming en México” de 2025. Esta cifra desmiente la idea de que los videojuegos son un pasatiempo masculino. Sin embargo, la presencia femenina no garantiza igualdad de trato ni seguridad.

Una encuesta de 2021 realizada por Latam Digital Marketing y Nivea en México reveló que el 77% de las gamers ha experimentado acoso en línea y más del 60% ha optado por ocultar su género usando apodos neutros o masculinos.

Un estudio de la organización Mujeres en VG, publicado en 2026 y basado en respuestas de 2.993 mujeres de 12 países latinoamericanos, señala que el 73% ha presenciado situaciones de acoso o discriminación en espacios de gaming.

Cómo las mujeres ocultan su identidad para evitar el acoso

Frente a la violencia y el acoso, muchas mujeres han desarrollado estrategias de autoprotección. Entre las medidas más comunes figuran evitar el chat de voz, utilizar nombres neutros o masculinos y limitarse a jugar con amistades de confianza. Algunas prefieren comunidades privadas o restringen su participación a grupos pequeños, mientras que otras abandonan los videojuegos competitivos o en línea.

El estudio “Hiding in the shadows” de 2024 concluyó que las jugadoras modifican su forma de jugar para protegerse de acoso, discriminación y cuestionamientos sexistas. Muchas sienten la presión de demostrar un alto nivel de habilidad para no ser cuestionadas por su desempeño, y no pocas optan por retirarse o guardar silencio como forma de protección.

La aparición de colectivos y comunidades exclusivas para mujeres, como Women in Gamex, Fem Devs Perú, League of Women Latam, Women in Games Argentina y She Gaming Colombia, busca crear espacios seguros. Sin embargo, algunas entrevistadas señalan que la responsabilidad de cuidarse recae en ellas, y que la actividad de estos espacios ha disminuido tras la pandemia, en parte por la monetización y cambios en la dinámica comunitaria.

Cómo se muestran las mujeres en los videojuegos y qué hacen las plataformas

Mario Fausto Gómez Lamont señala que la masculinidad se construye sobre la idea de dominio del espacio, por lo que la presencia de mujeres puede percibirse como una invasión, generando rechazo. Representaciones de personajes femeninos como secundarios o sexualizados refuerzan esta exclusión, tal como observa la investigadora María Eugenia Ferreiro.

Cuando las jugadoras denuncian violencia sexista, las plataformas suelen responder de forma insuficiente, priorizando otras formas de discriminación. Las especialistas coinciden en que la responsabilidad de crear espacios seguros no debe recaer en las propias jugadoras, sino que desarrolladoras, plataformas y Estados deben asumir un papel activo en la regulación y sanción de la violencia digital.

Sin estas acciones, serán las mujeres quienes deban seguir protegiéndose en entornos que deberían ser seguros para toda la comunidad.

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector general de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, cuenta con medidas de protección tras la difusión de un video en el que se observa al exfuncionario agrediéndola físicamente al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

El fiscal Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), confirmó que el acompañamiento a la víctima lo realiza la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), debido a que Jiménez se encuentra actualmente en esa entidad.

Según la información oficial, revelada tras preguntas de medios de comunicación, las autoridades de Morelos asumirían la protección en cuanto ella se presente en el estado.

Además, fue confirmado que Felicia Jiménez no ha acudido formalmente a denunciar. Blumenkron precisó que las diligencias realizadas en colaboración con la Fiscalía capitalina serían compartidas con la fiscalía morelense.

Las medidas de protección también se extendieron a los hijos menores de edad de la víctima.

El video muestra forcejeos, jalones de cabello y un intento de destruir la cámara de seguridad

El material, de cinco minutos y cuatro segundos de duración y sin audio, mostró a Rodríguez Padilla forcejeando con Jiménez por un porta documentos de color verde. Un menor de edad presenció la escena y corrió hacia las escaleras cuando la situación empeoró.

La disputa escaló al sillón, donde el exfuncionario lanzó a la mujer en su intento por arrebatarle el portafolio. Después la tomó del cabello y la sometió. Ella se levantó y cerró la puerta que daba hacia la calle.

Cuando Jiménez recuperó el portafolio, Rodríguez Padilla regresó con un palo para intentar golpear la cámara de seguridad que documentó todo. Ella evitó la agresión, pero volvió a ser violentada en el sillón. El contenido del porta documentos no fue revelado.

Jiménez publicó el video en su canal de YouTube junto con una serie de mensajes en los que responsabilizó directamente al exfuncionario de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió en la descripción de los videos, mensaje que publicó en dos ocasiones.

La mujer también cuestionó el discurso público de su esposo: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”, escribió. Días después las autoridades confirmaron que luego de dejar

FGE Morelos abrió carpeta de investigación luego de ser publicado el video

La FGE Morelos abrió una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión del video. Según el comunicado oficial, los hechos habrían ocurrido el 15 de marzo de 2026 en el interior del domicilio en Emiliano Zapata. La fecha proporcionada por las autoridades concuerda con la presente en el video de la cámara de seguridad.

El Centro de Justicia para Mujeres de Morelos otorgó las medidas de protección aplicables para cuando la víctima se encuentre en territorio morelense. Blumenkron señaló que dichas medidas consistían en rondines y patrullaje.

Desde la tarde del viernes 26 de junio, la FGE inició intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima. La dependencia reiteró su compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia.

La Secretaría de las Mujeres reaccionó esa misma noche con un comunicado: “No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”. Fue la primera respuesta institucional del gobierno federal al caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en gira por Chiapas, también se pronunció al ser cuestionada sobre el caso: “Se le va a dar toda la ayuda”, dijo en referencia a Jiménez, quien había apelado a ella por considerar que encabeza un gobierno de mujeres. Posteriormente reafirmó el apoyo a la víctima durante la mañanera.

Rodríguez Padilla acumuló 42 años en el sector energético antes de ser denunciado

Víctor Rodríguez Padilla dirigió Pemex durante año y medio desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Salió de la petrolera el 14 de mayo de 2026, en un momento en que la empresa reportó pérdidas.

El 1 de junio de 2026, dieciocho días después de su salida de Pemex, fue destapado como director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). Para confirmar el cargo hubo un evento de bienvenida. Sin embargo, posteriormente la institución señaló que nunca asumió la dirección y la presidenta Sheinbaum detalló que fue debido a que ella no firmó el nombramiento.

A lo largo de su trayectoria fungió como asesor en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la ASF, el Consejo de la Judicatura y la SCJN, además de diversas dependencias gubernamentales.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Investigación Económica “Jesús Silva Herzog” y la medalla “Gabino Barreda” de la UNAM.

Tras la difusión del video, Rodríguez Padilla publicó en X que se separaba de cualquier cargo público: “Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”. Añadió que confiaba en que los hechos se esclarecieran “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

Protesta frente a la institución educativa

Padres y madres se reunieron en la puerta del colegio para reclamar una intervención urgente. Varios familiares compartieron que los menores describieron situaciones ocurridas dentro del plantel, donde el personal de limpieza habría tenido contacto físico inadecuado con los niños.

Los relatos coinciden en que el trabajador frecuentaba los espacios de juegos y baños, lo que generó preocupación entre las familias.

Algunos responsables de los niños detectaron molestias físicas en los menores, lo que motivó preguntas sobre posibles incidentes en el colegio. Los testimonios apuntan a que los niños identificaron al trabajador de limpieza por su nombre y que, tras las confesiones, los padres decidieron acudir al colegio y reclamar una investigación transparente.

Reclamos hacia la administración y la UGEL

La dirección del nido informó a los familiares que el acusado pertenece al personal asignado por la UGEL. Las familias manifestaron inquietud ante la falta de control y fiscalización sobre los antecedentes del personal destinado a trabajar en instituciones educativas, sobre todo en niveles de inicial. Se pidió la presencia de representantes de la UGEL para que brinden explicaciones y acompañen a las familias en el proceso de denuncia.

En la protesta, los padres expresaron malestar por la ausencia de respuestas inmediatas por parte de la directora del centro educativo y cuestionaron la continuidad del trabajador en el cargo. Además, se observó la retirada de un vehículo utilizado por el acusado, lo que generó dudas sobre la protección de pruebas.

El trabajador señalado, Luis Alberto César Oceda Bastidas, de 33 años, cumplía funciones de limpieza en aulas, juegos y baños. Los padres resaltaron que el acusado trabajó durante ocho años en el colegio.

Las familias solicitaron acompañamiento psicológico y legal para los menores implicados y exigieron que el caso se investigue a fondo, evitando que el trabajador acusado sea trasladado a otra escuela mientras duren las indagaciones.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas del día. Ofrece orientación, consejería y soporte emocional para casos de violencia familiar, abuso sexual infantil y otros tipos de vulneración de derechos. También brinda información sobre rutas de denuncia y derivación a servicios especializados.
• Los Centros de Emergencia Mujer atienden presencialmente a víctimas de violencia y sus familias. Brindan atención legal, psicológica y social, y acompañan el proceso de denuncia ante las autoridades. Hay CEM en todas las regiones del país y algunos funcionan las 24 horas.
• La Policía Nacional del Perú atiende denuncias de delitos contra menores en cualquier comisaría. El personal está facultado para activar protocolos de protección y derivar los casos a la fiscalía especializada.

En México, 59 mujeres fueron asesinadas durante mayo pasado, con los cuales ya suman un total de 267 casos a nivel nacional en lo que va del 2026, de acuerdo con el último informe de la Secretariado Ejecutivo de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS).

De acuerdo con el informe, cuatro entidades concentran el 34.5% de los casos, es decir, 92 víctimas entre enero y mayo del año actual.

Sinaloa continúa como el estado con más casos, al registrar 34 víctimas en el mismo periodo; seguido por la Ciudad de México, con 20. Esta última cifra representa un retroceso para la capital del país, ya que pasó del cuarto al segundo lugar de las entidades con más casos.

El Estado de México se posicionó en tercer lugar, con 20 casos, y Chiapas en cuarto, con 18. Morelos suma 14 víctimas, mientras que en Chihuahua y Tamaulipas, se han reportado 13, respectivamente.

Entre los estados con menos casos están: Aguascalientes, Colima, Campeche, Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos casos en cada entidad, así como Coahuila y Nayarit, con un caso, respectivamente.

Edad promedio de víctimas de feminicidio en México

Según la misma información, 219 de las 267 víctimas son mujeres de 18 años en adelante.

El resto corresponde a menores de edad y víctimas cuya edad se desconoce, sin precisar la cantidad de casos que corresponden a cada grupo.

Municipios con más casos de feminicidio

El Secretariado indicó que 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios:

1. Culiacán,Sinaloa: 24
2. Reynosa, Tamaulipas: 9
3. Benito Juárez, Quintana Roo: 5
4. Venustiano Carranza, Ciudad de México: 5
5. Chihuahua, Chihuahua: 5
6. Hermosillo, Sonora: 4
7. Centro, Tabasco: 4
8. Cuauhtémoc, Chihuahua: 3
9. Cuautla, Morelos: 3
10. Fresnillo, Zacatecas: 3
11. Iztacalco, Ciudad de México: 3
12. Juárez, Chihuahua: 3
13. La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 3
14. La Paz, Baja California Sur: 3
15. Mérida, Yucatán: 3
16. Mexicali, Baja California: 3
17. Playa del Carmen, Quintana Roo: 3
18. Tapachula, Chiapas: 3
19. Toluca, Estado de México: 3
20. Tuxtla Chico, Chiapas: 3

Homicidio doloso y culposo de mujeres en México

No obstante, el informe también contempla por separado los casos de homicidio doloso de mujeres en México durante los primeros cinco meses del 2026, lo cuales suman un total de 658.

De esta última cifra, 88 casos ocurrieron en Guanajuato; 46 más en Guerrero; y 44 en Baja California. Michoacán reportó 41 víctimas en el mismo periodo y Colima 38 más.

Asimismo, señaló que van mil 251 mujeres víctimas de homicidio culposo, entre enero y mayo de este año.

De este total, 33.1% de los casos se concentran en cuatro estados: Michoacán, con 120 casos; Veracruz, con 103; Guanajuato, con 96; y Jalisco, con 95.

Daniela Aguilera, joven creadora de contenido conocida en TikTok e Instagram como Paranordan, denunció el pasado 22 de junio en sus redes sociales que un locatario del Mercado de Sonora abusó sexualmente de ella durante un supuesto ritual de limpieza.

El agresor, de identidad desconocida, habría aprovechado la situación para bajarle el pantalón junto con la ropa interior y tocarla en sus genitales. El hecho ocurrió en un cuarto ubicado en la parte superior de uno de los locales del mercado, ubicado en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

En el testimonio, compartido mediante dos videos, la joven explicó que acudió al mercado a comprar hierbas y otros insumos para hacer una limpia. Ya estando en el sitio, un locatario la llamó desde su puesto, le vendió algunos productos y comenzó a hacerle un ritual de limpieza sin que ella se lo hubiera pedido.

Locatario habría usado el ritual como pretexto para tocarla

En un primer video, compartido el pasado 22 de junio, Aguilera narró que el hombre escupió agua, colocó algo en la parte superior de su trasero y empezó a hacer movimientos circulares mientras le preguntaba sobre su energía. El sujeto fue bajando su pantalón y ropa interior de forma gradual mientras continuaba con oraciones.

Según el testimonio, ella se acomodó la ropa en más de una ocasión, pero el hombre realizó tocamientos en sus genitales.

“Me quité, me subí el pantalón, bajé, agarré mis cosas y él todavía me vendió una vela. ¿Qué puto ritual me acaba bajando el calzón?”, expresó.

En un segundo video, publicado el 23 de junio, la víctima contó que el locatario le había dicho desde el inicio del encuentro que le atraía su vibra y su energía. Con esa frase, la joven concluyó que el hombre actuó de forma premeditada. “Estoy segura que este güey se aprovechó totalmente de que sí sabe de brujería y lo puso de pretexto”, señaló.

Así reaccionó tras el abuso

En el material publicado el 23 de junio, la joven narró que tras salir del mercado entró en pánico y llamó a una amiga para pedirle orientación.

Siguiendo las indicaciones de su conocida se hizo una limpia con huevo y baños de asiento para quitarse lo que el hombre le había dejado.

La joven también señaló que el sujeto le regaló objetos de protección —entre ellos un jabón y piel de serpiente— y que no sabía qué hacer con ellos ni con las cosas que ella misma había comprado.

Dijo que quería deshacerse de todo, pero no sabía si tirarlos o quemarlos.

Tras la publicación de los videos, usuarios en redes sociales manifestaron su apoyo y la exhortaron a presentar una denuncia formal. Posteriormente, en entrevista con Milenio, la joven reconoció querer hacerlo, pero dijo que primero necesitaba sentirse tranquila y lista, además de afirmar que tiene miedo a represalias

Esto dice el Código Penal de la CDMX sobre el abuso sexual

El artículo 176 del Código Penal para la Ciudad de México establece que comete abuso sexual quien ejecute sobre otra persona, sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, cualquier acto de naturaleza sexual.

La norma define como acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

La ley precisa que “el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no podrán interpretarse como consentimiento”. El delito se persigue de oficio y la pena va de uno a seis años de prisión, más la obligación de acudir a servicios reeducativos.

El artículo 176 Bis contempla agravantes que aumentan la condena en un año, entre ellas que el abuso ocurra en un lugar solitario o poco accesible, o que el agresor haya construido previamente una relación de confianza con la víctima.

Nicolás Orbe de la O, identificado como sacerdote en Coyuca de Benítez, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, tras ser detenido el pasado sábado 20 de junio a las 7:40 de la mañana en la entrada del Seminario del Buen Pastor, en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, un juez de control determinó que podría enfrentar su proceso en libertad si cubre una garantía económica de un millón de pesos, junto con otras dos medidas.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 2015, cuando el imputado presuntamente cometió el delito en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

Según reportes de medios locales, se trató de una adolescente de 16 años que habría sido agredida mientras asistía a clases de catecismo. Entre la fecha de los hechos y la detención transcurrieron más de diez años.

La detención fue resultado de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), que derivaron en la emisión de una orden judicial de aprehensión, así lo informó la propia fiscalía estatal.

Juez fijó fianza de un millón de pesos y prohibió al imputado salir de Acapulco

Según el reporte oficial compartido este 21 de junio por la FGE Guerrero, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control valoró como suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial impuso tres medidas cautelares:

• Presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares
• El pago de una garantía económica de un millón de pesos
• La prohibición de salir del municipio de Acapulco de Juárez

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras ese plazo transcurra, Nicolás Orbe podría continuar su proceso en libertad, siempre que cubra la fianza impuesta y cumpla con las demás condiciones establecidas por el tribunal.

Hasta el momento no se ha confirmado su liberación.

La FGE Guerrero señaló en su boletín que refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que vulneren su integridad y desarrollo.

Policía Ministerial lo detuvo en la entrada de un seminario en Acapulco

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial el sábado 20 de junio de 2026 a las 7:40 de la mañana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

El operativo se realizó sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Azul.

El Registro Nacional de Detenciones precisó que el imputado fue asegurado en la entrada del Seminario del Buen Pastor. Tras el arresto, Orbe de la O fue trasladado a bordo de la unidad oficial PM-344 por diversas vialidades de Acapulco hasta la Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso.

Posterior al traslado, quedó a disposición del juez de control para que determinara su situación jurídica, lo que derivó en la audiencia inicial donde se dictó la vinculación a proceso.

86% de las víctimas de delitos sexuales contra menores en México son mujeres

Según datos consultados previamente por Infobae México, de enero a abril de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, cifra dada a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La categoría incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El 86% fueron mujeres y el 59.2% tenía entre 13 y 17 años.

En total, más de 52 mil menores de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia y otros delitos en ese periodo. Las mujeres representaron el 55.1% de las personas agredidas.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal.

Un juez dictó sentencia de prisión a Enrique “N” luego de que aceptó su culpabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El caso, según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), se originó en la madrugada del 12 de junio de 2026, en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón. En el lugar, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Launa “N”, de 33 años de edad.

Detalles del crimen en Purísima del Rincón

De acuerdo con los expedientes oficiales, el ataque ocurrió en el interior de la vivienda mencionada. El hallazgo fue realizado por elementos policiales, quienes notificaron de inmediato a la Fiscalía estatal. El reporte identificó a la víctima y precisó la ubicación del inmueble donde sucedieron los hechos.

La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El agresor, identificado como Enrique “N”, fue presentado ante la autoridad competente, donde enfrentó los cargos por feminicidio. La información oficial no especifica el tipo de vínculo previo entre la víctima y el responsable.

Proceso judicial y sentencia

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de Enrique “N” en el delito de feminicidio. Ante el peso de los elementos probatorios, el imputado optó por acogerse al procedimiento abreviado, figura legal que permite al acusado aceptar los cargos y recibir sentencia sin llegar a juicio oral.

El juez, al validar la admisión de culpabilidad y la suficiencia de las pruebas, dictó la pena privativa de libertad definitiva. La sentencia de 23 años y 4 meses marca el cierre del proceso penal contra Enrique “N”, quien deberá cumplir la condena en un centro penitenciario estatal.

Mecanismo legal utilizado

El procedimiento penal se resolvió mediante la figura jurídica del procedimiento abreviado, establecida en la legislación procesal mexicana. Esta modalidad agiliza la resolución de casos cuando el acusado acepta su responsabilidad, evitando la etapa de juicio oral y permitiendo una sentencia expedita.

El uso de este mecanismo fue determinante en la conclusión del caso, ya que la aceptación de los hechos por parte de Enrique “N” permitió a la autoridad judicial emitir una condena inmediata y definitiva.

Implicaciones sociales y oficiales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato resaltó la sentencia como parte de la lucha institucional contra el feminicidio en la entidad. El caso representa un ejemplo de aplicación del marco legal vigente ante delitos de género y del trabajo coordinado entre autoridades locales y estatales.

Las instituciones reiteraron su compromiso con la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como con el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Quién encabeza el ranking nacional de feminicidios

A nivel nacional se contabilizaron 148 feminicidios en el primer trimestre. Sinaloa lideró la lista con 15 casos, seguido de Chiapas con 13 y la Ciudad de México junto al Estado de México con 11 cada uno.

Sonora ocupó el quinto lugar con 10 casos y Veracruz el sexto con nueve. Chihuahua y Morelos registraron ocho cada uno, mientras que Jalisco y Tamaulipas reportaron seis.

La paradoja de los números

El dato contrasta con otra realidad: en homicidios dolosos generales, Guanajuato encabeza la lista nacional con el 8.8% de los casos registrados en mayo de 2026, según el mismo SESNSP.

En los últimos 11 años —de 2015 a 2025— el estado acumuló 2 mil 482 homicidios dolosos de mujeres y solo 222 feminicidios reconocidos como tales. Es decir, apenas uno de cada 11 asesinatos de mujeres fue clasificado como feminicidio en ese período.

Una investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de Nuevo León destapó lo que sería un feminicidio disfrazado de accidente.

Según las investigaciones, José Antonio “N”, de 48 años, habría atropellado de forma intencional a su pareja sentimental con una camioneta BMW el pasado 6 de junio de 2026 el estacionamiento de un complejo departamental en la colonia La Banda, en Santa Catarina.

Después de la agresión, el imputado presuntamente trasladó a la víctima a un hospital privado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García. Una vez en el sitio, le dijo a médicos y familiares que ella había sufrido una caída accidental en las escaleras del edificio.

La víctima, identificada con las iniciales G.D.S., murió once días después, el 17 de junio de 2026.

El dictamen forense desmintió la versión de una caída accidental

La gravedad de las heridas de G.D.S. obligó a referirla de urgencia a un hospital de alta especialidad en la colonia Balcones de Galerías, donde quedó internada hasta su muerte. El SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León practicó el estudio necrológico y determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo y lesiones vertebromedulares cervicales.

Ese dictamen resultó incompatible con la versión de una caída por escaleras y se convirtió en uno de los pilares de la carpeta de investigación.

Según informes publicados el pasado 20 de junio de 2026, la Fiscalía Especializada detectó desde el primer momento esa inconsistencia e inició actos de investigación con debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

Los datos de prueba recabados por las autoridades establecieron que José Antonio “N” conducía una camioneta de la marca BMW, color blanco, con placas del estado de Coahuila al momento de la agresión. Las evidencias acreditaron que el impacto habría sido de forma intencional: el imputado habría dirigido el vehículo contra G.D.S. dentro del estacionamiento del complejo donde ambos vivían.

Además, autoridades revelaron que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron entrevistas informativas, las cuales mostraron un patrón previo de violencia de género ejercida por el imputado contra la víctima.

Esos testimonios contradijeron la versión que José Antonio “N” había sostenido ante el personal médico y los familiares de la mujer asesinada desde el momento en que la ingresó al hospital privado.

Cateo, indicios materiales y aprehensión en Monterrey

El pasado 18 de junio de 2026, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la FGJNL ejecutaron una orden de cateo con autorización judicial en el inmueble de la colonia La Banda, identificado como lugar de los hechos. Durante la intervención recopilaron numerosos indicios materiales de diverso tipo que se sumaron a la carpeta de investigación.

Con la suma de evidencias forenses, testimonios e indicios materiales, el agente del Ministerio Público especializado en feminicidios solicitó una orden de aprehensión ante un Juez de Control. El juez la concedió.

Al día siguiente, el 19 de junio, detectives adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios de la AEI localizaron y detuvieron a José Antonio “N” en la vía pública en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El imputado quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado de Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio.

El futbol mexicano mantiene un entorno hostil para mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, donde la violencia y la discriminación persisten a pesar del potencial integrador del deporte.

El informe “Tarjeta roja a la violencia de género”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), documentó que al corte de julio del 2025, la mayoría de mujeres y mujeres trans que participan en el fútbol han experimentado algún tipo de violencia de género, desde insultos y acoso hasta discriminación sistemática.

Más de la mitad de las participantes en la encuesta aplicada por el PNUD reporta haber buscado apoyo psicológico tras vivir episodios de violencia; 59% siente desmotivación y considera dejar el fútbol.

Solo 13% recibió apoyo institucional adecuado, mientras que el 36% no obtuvo respaldo alguno.

El informe destaca que 78% de las mujeres y 100% de las mujeres trans sufrieron violencia de género dentro del entorno futbolístico mexicano.

La violencia de género inicia desde etapas tempranas

Según la encuesta, el 72% de las mujeres sufrió violencia verbal, caracterizada por insultos, lenguaje sexista y ridiculización. Un 56% enfrentó imposición de roles tradicionales y desvalorización, y 54% experimentó exclusión y discriminación por género u orientación sexual.

El acoso y la violencia sexual afectan a 41%, con incidentes que incluyen comentarios y gestos inapropiados, hasta tocamientos y coacción.

Las agresiones ocurren en partidos, vestidores, clubes y redes sociales.

Las principales fuentes de violencia son la afición, con 78% de los casos de insultos y cánticos misóginos, directivos con 45% de los reportes de discriminación y distribución desigual de recursos, y jugadores varones y medios de comunicación, ambos con 47%.

Obstáculos estructurales y legales

La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, pero carece de definiciones y acciones específicas frente a la violencia de género. No obliga a clubes ni federaciones a implementar protocolos efectivos de prevención y atención.

El informe señala que la ausencia de mecanismos claros, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades mantienen la impunidad y el silencio institucional.

El estudio del PNUD reunió testimonios de mujeres, hombres y mujeres trans de diferentes roles: jugadoras, entrenadoras, cuerpos técnicos, madres de jugadoras, consultoras y personal de ONG.

La muestra, aunque limitada, permite identificar patrones y problemas estructurales en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.

El impacto de la violencia en la vida de las víctimas

El 58% reportó cambios emocionales, 44% ansiedad, 38% baja autoestima y 23% problemas de sueño.

La violencia de género afecta la permanencia y participación de mujeres y personas LGBTI+ en el fútbol, generando abandono, desmotivación y afectaciones a la salud mental.

El 70% de las personas encuestadas ha presenciado violencia de género en el fútbol, lo que evidencia la frecuencia y normalización del problema.

Medidas urgentes y recomendaciones

El informe del PNUD plantea la necesidad de políticas de tolerancia cero, promoción de liderazgos femeninos y campañas de sensibilización.

Recomienda reformas legales que incorporen perspectiva de género, protocolos obligatorios en federaciones y clubes, capacitación en derechos humanos y códigos de conducta vinculantes.

Subraya la importancia de la participación de medios de comunicación, la sociedad civil y la afición para erradicar la violencia y crear espacios seguros y respetuosos.

El fútbol en México, aunque es motor de unión nacional, mantiene barreras y prácticas que impiden la participación igualitaria.

El llamado del PNUD es claro: transformar las canchas para que sean espacios libres de violencia y discriminación para todas las personas.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmÓ que erradicar la tortura sexual en México exige coordinación interinstitucional en todo el país y el fortalecimiento de mecanismos de prevención, atención, investigación y sanción.

En el simposio La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación, la titular de la CNDH sostuvo que aunque se identifica una tendencia continua a la baja, las acciones deben mantenerse mientras exista un solo caso.

Piedra Ibarra señaló que la tortura sexual, dirigida tanto a mujeres como a hombres, “es una de las más graves y reprobables manifestaciones de discriminación y desigualdad” porque vulnera la integridad física y psicológica de las personas, además de sus derechos a la dignidad humana, la libertad y la autonomía.

Indicó que la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), da seguimiento “permanente, sistemático y especializado” en lugares de privación de la libertad con el propósito de identificar factores de riesgo que puedan ocasionar tortura o malos tratos.

Piedra Ibarra precisó que, de 2021 a la fecha, el MNPT publica 18 informes de supervisión y especiales, en los que propone sugerencias de buenas prácticas con enfoque de género para salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con sus necesidades particulares y con efectos preventivos frente a la tortura sexual.

Tres de cada 10 mujeres han sido víctimas

Durante el simposio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía, expone que en el país tres de cada 10 mujeres son atrapadas por el flagelo de la tortura sexual, lo que lacera su dignidad.

Rodríguez Mejía añadió que, tan solo en 2025, se inician investigaciones por 848 casos.

También subrayó la importancia de fortalecer acciones de prevención, acompañamiento a víctimas, vigilancia de centros de detención y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Piden prevención en el centro y un enfoque multidisciplinario

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, planteó que la tortura sexual es una problemática histórica que exige dignificar a las víctimas y hacer realidad la justicia.

Señaló que su atención requiere un enfoque multidisciplinario sustentado en criterios éticos, para evitar que los hechos caigan en el silencio o la omisión, y reitera que la prevención debe colocarse en el centro de las acciones institucionales.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, afirmó que la dignidad humana debe mantenerse como eje de las decisiones y actuaciones institucionales.

Advierte que el desafío no se limita a reaccionar ante la violencia una vez ocurrida, sino a prevenirla y fortalecer capacidades mediante el intercambio de experiencias, conocimientos e información.

El Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como modalidad específica

El director general y encargado de la Segunda Visitaduría General, Omar Jair Pasarán Nieto, sostiene que, aunque la legislación mexicana no distingue las diferentes formas de tortura, el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una modalidad específica y particularmente grave.

Pasarán Nieto afirma que esta práctica busca degradar y someter a las víctimas, por lo que considera necesario impulsar reformas legislativas para que se reconozca expresamente como una de las formas más crueles de tortura.

El simposio reúne a autoridades de derechos humanos con el objetivo de fortalecer esfuerzos para prevenir, atender, investigar y erradicar la tortura sexual.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló cargos contra un sujeto identificado como Juan Carlos “N” por el delito de desaparición en contra de una mujer de 31 años de iniciales J.G.C., su ex pareja sentimental, desaparecida el 4 de junio de 2026 en el municipio de Chimalhuacán.

Un cateo en el domicilio del hombre reveló restos humanos y prendas con manchas de sangre. De encontrarse responsable, podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

El imputado ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl por delitos contra la salud desde el 10 de junio. Elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión este 16 de junio, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial por el delito de desaparición de personas.

Cámaras de videovigilancia lo ubicaron en el domicilio donde hallaron los restos

La desaparición de J.G.C. fue denunciada el 4 de junio de 2026. El seguimiento de cámaras de videovigilancia permitió determinar que la víctima salió de su casa, abordó un moto taxi y se trasladó al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su pareja sentimental.

Desde ese momento se desconoció su paradero, según los datos oficiales.

Las mismas investigaciones identificaron que el imputado llegó a su domicilio a bordo de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa y color blanco, del cual bajó bolsas negras.

Con esos indicios, el 10 de junio la FGJEM solicitó y obtuvo de una juez la autorización para realizar un cateo en el inmueble. No se reveló la ubicación exacta del sitio.

Restos humanos y huellas de sangre

La Fiscalía mexiquense compartió este 16 de junio que durante el cateo fueron localizados diversos restos humanos, prendas con manchas color rojizo —al parecer huellas de sangre— y otros indicios que fueron asegurados.

Los restos fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos periciales de identificación de la víctima.

Derivado de esos hallazgos, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo de una Autoridad competente la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” por el delito de desaparición.

La orden fue cumplimentada en reclusión, dado que el imputado ya se encontraba detenido por un caso de delitos contra la salud.

Tras cumplimentar la orden fue presentado ante un juez de control. En dicha audiencia inicial para la formulación de imputación, la defensa de Juan Carlos “N” solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez encargado fijó el 19 de junio como fecha para la continuación de la audiencia y decretó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Las autoridades afirmaron que a Juan Carlos “N” se le debe considerar inocente hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

Análisis periciales en el SEMEFO determinarán si los restos hallados corresponden a J.G.C.

Los restos localizados durante el cateo fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos de identificación. De acuerdo con protocolos de identificación forense, el proceso involucra al menos cinco especialidades:

• Fotografía forense
• Dactiloscopia
• Odontología
• Antropología
• Genética forense

Los peritos elaboran un archivo básico que incluye fotografías del cuerpo, dictámenes de autopsia, fichas odontológicas y huellas dactilares. Esa información se coteja con los datos que aporten los familiares de J.G.C.

En caso de que el estado de los restos lo requiera, se recurre al análisis de ADN, que puede realizarse mediante ADN mitocondrial, del cromosoma Y o nuclear, según el grado de conservación del cuerpo.

Isela Lizbeth González López, contadora de profesión y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca (PRD), fue asesinada el pasado 12 de junio de 2026 en céntricas calles de Santiago Pinotepa Nacional.

Luego del crimen, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca lo condenó, describiéndolo como un acribillamiento, y exigiendo una investigación inmediata con perspectiva de género.

El partido calificó el asesinato como “un acto brutal de violencia extrema contra una mujer y un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas”. Asimismo, el PRD Oaxaca señaló que la violencia feminicida persiste y escala particularmente en la región Costa, donde ocurrió el crimen.

PRD Oaxaca exigió a la Fiscalía castigo ejemplar y medidas concretas contra la impunidad

Mediante un comunicado de prensa compartido este 13 de junio, la dirigencia perredista demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación diligente, exhaustiva y apegada al Protocolo de Feminicidio.

Exigió la identificación plena de los responsables y el castigo ejemplar conforme a la ley, y advirtió que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.

Además, el PRD llamó a las autoridades estatales y federales a implementar medidas concretas de prevención, protección y acceso a la justicia. Asimismo, convocó a la sociedad oaxaqueña a unir esfuerzos para erradicar la violencia machista y feminicida. Por último, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca extendió condolencias a la familia de González López y reafirmó su posición.

“La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, afirmó.

Violencia en Oaxaca: tres políticos atacados en menos de cinco días

El feminicidio de González López no fue el único ataque contra figuras políticas en Oaxaca durante esos días. El pasado 11 de junio de 2026, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue baleado en calles del centro de esa población de la Sierra Sur. El ataque dejó a Figueroa y a un trabajador del ayuntamiento con lesiones que no pusieron en riesgo su vida.

La FGEO realizó la detención del probable autor material, identificado con las iniciales I. C. F. J., tras el señalamiento directo de testigos presenciales. Ya fue localizada y resguardada de la motocicleta utilizada para cometer el ataque.

La aprehensión se logró en menos de 24 horas. Las investigaciones continúan para localizar a un segundo participante y para identificar a los posibles autores intelectuales.

Dos días después, este mismo 13 de junio, Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su casa en la zona centro de ese municipio de la Mixteca oaxaqueña.

El edil panista de 53 años había solicitado protección al Estado por temor a su seguridad; según él mismo informó, esa solicitud no fue atendida.

No era la primera vez que Bravo Martínez enfrentaba una agresión. El 22 de mayo fue atacado en la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, cuando regresaba de una reunión de trabajo. Dos camionetas le cerraron el paso, hombres armados los obligaron a bajar del vehículo, los amenazaron y los golpearon.

Gobernaba San Miguel Amatitlán en su tercer periodo como alcalde. Hasta el cierre de esta nota no había detenidos ni móvil confirmado en el crimen contra Bravo.

Los tres ataques ocurrieron en distintas regiones del estado: la Sierra Sur, la Mixteca y la Costa.

La Fiscal General del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó este 12 de junio en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) será la autoridad encargada de investigar la privación de la libertad en contra de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital por parte de un comando armado.

Según la titular, la carpeta de investigación fue entregada este 12 de junio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México. La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el pasado 10 de junio.

La comunicadora raptada es fundadora del medio Pulso Informativo del Sur.

Esto reveló la Fiscal en conferencia

Jiménez precisó que la FGE Veracruz realizó todas las diligencias correspondientes desde el día de los hechos: entrevistas, dictámenes y labores de búsqueda.

Sin embargo, subrayó que la entrega de la carpeta no implica el cese de las investigaciones por parte de la fiscalía estatal. “Continuamos”, afirmó.

La titular de la FGE señaló que la investigación cuenta con al menos dos líneas activas y que ninguna ha sido descartada. Advirtió que el caso debe analizarse en su contexto social y familiar, y que existen especulaciones —sobre una posible aparición de la periodista y sobre detenciones— que deben ser evaluadas con cautela antes de establecer conclusiones.

“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”, sostuvo Jiménez.

Agregó que la fiscalía estatal se mantiene “muy respetuosa” de la facultad de atracción ejercida por la FGR.

Operativo de búsqueda desde el primer día

El mismo 2 de junio, el Gobierno de Veracruz desplegó un operativo de búsqueda y localización. La Secretaría de Seguridad Pública del estado encabezó las acciones, con la participación de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la FGE.

De manera paralela, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video en el que se observa a sujetos encapuchados irrumpir en la vivienda de la periodista, romper los vidrios de la entrada y apuntar con armas largas hacia el interior.

El padre de Roxana Guzmán intentó interponerse; los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron inmovilizado en el suelo. Tuvo que ser hospitalizado.

Avances en la investigación: seis detenidos, tres liberados

Extraoficialmente se reportó que la madrugada del 6 de junio, efectivos de la Policía Ministerial detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con el secuestro de Roxana, en un domicilio del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital.

Los arrestos no fueron confirmados de forma oficial por la FGE ni por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Reportes periodísticos actualizaron que el 8 de junio fueron presentados ante un juez de control en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

Tras una audiencia de más de seis horas, el juez habría resuelto el liberar a tres de los imputados formalmente, al no lograr la Fiscalía sustentar los cargos de ataque a las instituciones públicas y narcomenudeo.

Uno de los sujetos, identificado como César Alejandro, trabajador de Pemex, presuntamente quedó detenido y continúa su proceso. No se ha confirmado su participación directa en el secuestro.

Los familiares de los arrestados denunciaron irregularidades durante el operativo y señalaron que los elementos policiales irrumpieron sin orden de aprehensión.

Artículo 19 exige mantener la búsqueda y denuncia cobertura especulativa

La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, urgió a las autoridades federales y estatales a no detener las labores de búsqueda para localizar con vida a Guzmán Ramírez.

Señaló que, pese a los avances reportados y a la detención de presuntos responsables, la coordinación institucional debe mantenerse hasta dar con el paradero de la comunicadora.

La organización también expresó preocupación por los señalamientos de la familia sobre una aparente disminución en la comunicación con las autoridades. La madre de Roxana Guzmán declaró que se enteró de algunos avances —entre ellos, la detención de seis personas y la posterior liberación de algunas de ellas— únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas.

Artículo 19 criticó además parte de la cobertura mediática del caso, que habría difundido versiones especulativas sobre posibles vínculos de terceros con actividades ilícitas y narrativas que buscan atribuir responsabilidades a decisiones editoriales o laborales de la propia periodista.

FGR confirmó la atracción del caso, horas después del anuncio estatal

La FGR informó la noche de este 12 de junio que, a través de la FEADLE, ejerció la facultad de atracción del caso para continuar su integración bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

La dependencia federal precisó que la FEADLE puede atraer delitos del fuero común cometidos contra personas periodistas o comunicadoras cuando estos tengan conexidad con delitos federales o afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, conforme a lo previsto por los artículos 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGR señaló que la FEADLE continuará trabajando de manera coordinada con las diversas autoridades que participan en el seguimiento del caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este 11 de junio los detalles de dos capturas distintas logradas con apoyo de autoridades de Estados Unidos. Se trata de un hombre buscado por tentativa de doble homicidio en San Luis Río Colorado y otro deportado por una orden de aprehensión por incumplimiento de obligaciones familiares en Agua Prieta.

Ambos casos, sin relación entre sí, ilustran la coordinación binacional que la FGJES ha impulsado para dar cumplimiento a mandamientos judiciales pendientes.

En el primero, Carlos Javier “N”, de 38 años, fue detenido al cruzar de regreso a México luego de que autoridades estadounidenses lo rastrearon durante semanas en San Luis, Arizona, donde residía tras huir de Sonora.

En el segundo, Leonel “N”, de 33 años y originario de Agua Prieta, fue puesto a disposición de la AMIC por la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser deportado y entregado en la garita de Nogales.

Carlos Javier “N” atacó a dos hombres con machete y tubo metálico en junio de 2025

Los hechos que originaron la captura de Carlos Javier “N” ocurrieron la madrugada del 8 de junio de 2025, entre la 1:50 y las 2:15 horas, en un domicilio de la colonia Reforma de San Luis Río Colorado.

Según las indagatorias reveladas por la FGJES, las víctimas —identificadas como Eliseo “N” y Jonathan Eliseo “N”— convivían con otras personas y consumían bebidas alcohólicas cuando el ahora detenido inició la agresión.

Carlos Javier “N” presuntamente atacó primero a Eliseo “N” con un machete y un tubo metálico, causándole lesiones en la cabeza y el rostro. Cuando Jonathan Eliseo “N” intentó intervenir para auxiliar a la primera víctima, el imputado lo agredió también con el machete y le provocó lesiones en el tórax, el pulgar izquierdo, el antebrazo derecho y la mano derecha.

Mientras los agredía, Carlos Javier “N” presuntamente amenazaba de muerte a las dos víctimas.

Las autoridades revelaron que la violencia no se detuvo ahí. Al intentar retirarse del lugar a bordo de una Toyota 4Runner del año 1997, Eliseo “N” fue perseguido por el agresor, quien golpeó el vehículo con el machete y el tubo, dañando el parabrisas, las puertas, los marcos de ventanas y la defensa trasera.

Las víctimas lograron abandonar el lugar, lo que impidió que fueran asesinados.

Tras los hechos, Carlos Javier “N” cruzó hacia San Luis, Arizona, donde estableció su residencia. Autoridades estadounidenses lo monitorearon durante el seguimiento binacional y documentaron sus desplazamientos:

• Primero utilizó una pickup de la marca Ford, modelo F-150, que remolcaba un automóvil Honda.
• Luego condujo una Jeep modelo Grand Cherokee 
• Finalmente utilizó un Nissan Altima, vehículo en el que cruzó de regreso a territorio mexicano

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora lo interceptaron al momento del cruce.

Leonel “N” acumulaba antecedentes por violencia familiar desde 2021

El otro caso es derivado de una orden de aprehensión contra Leonel “N”, girada desde el 27 de marzo de 2025 dentro de la causa penal correspondiente por incumplimiento de obligaciones familiares, en perjuicio de una menor de edad.

Las investigaciones de la FGJES establecieron su probable responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia y manutención.

La captura se hizo posible luego de que Leonel “N” fue deportado por autoridades de Estados Unidos y entregado inicialmente a la Fiscalía General de la República en la garita de Nogales.

La FGR lo puso a disposición de elementos de la AMIC, quienes ejecutaron el mandamiento judicial pendiente.

El imputado no era desconocido para las autoridades. De acuerdo con registros institucionales, acumulaba antecedentes por violencia familiar en 2021 y 2022, además de una investigación previa por incumplimiento de obligaciones familiares registrada en 2023.

Una vez ejecutada la orden, Leonel “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Agua Prieta, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que habrá de definir su situación legal.

Según la información de ATV Noticias, la última comunicación que mantuvo con su familia fue a través de un mensaje de WhatsApp, donde confirmó a su hijo menor que regresaría después de su cita.

Declararon que la madre había conocido a Edwin Ángel Durán Valenzuela, el principal sospechoso de la investigación, poco tiempo antes del encuentro fatal. Según el relato de uno de los hijos, el contacto inicial se produjo mientras la madre realizaba compras en la zona de Gamarra.

En los días posteriores, ambos mantuvieron comunicación, en la que predominaban los mensajes de audio enviados por el sospechoso. El último registro de esta conversación señala que el hombre llegó en un vehículo a las inmediaciones del domicilio de Atocha Cruz, específicamente en un grifo ubicado frente a la casa.

Detalles del hallazgo

La familia supo del fallecimiento de Jaqueline Atocha Cruz cuando personal del Ministerio de la Mujer se acercó para solicitar el reconocimiento del cuerpo.

Vecinos del área informaron a la familia que el cuerpo de la mujer había sido abandonado en la vía pública. Fueron los propietarios quienes, al notar la situación, cubrieron el cuerpo y delimitaron el sitio hasta que la policía llegó horas después para proceder con el levantamiento. Los familiares expresaron su indignación por la tardanza de las autoridades y la manera en la que fue tratada la escena.

La necropsia practicada por las autoridades determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Esta información, confirmada a la familia por el personal forense, llevó a los hijos a señalar de manera directa la posibilidad de un homicidio. Según el testimonio de los parientes, la última persona que estuvo con Atocha Cruz fue Edwin Ángel Durán Valenzuela, de 41 años. Una amiga de la víctima indicó que la vio en un taxi en la avenida Manco Cápac cerca de la una de la madrugada, en circunstancias que calificó como inusuales.

Actualmente, las autoridades policiales mantienen a Durán Valenzuela como principal sospechoso y continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. La familia de Jaqueline Atocha Cruz reclama justicia y exige que se determine la responsabilidad del caso, mientras el entorno cercano acompaña el duelo y el proceso judicial.

Canales de ayuda

• La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de líneas telefónicas y comisarías especializadas para atender denuncias de violencia contra la mujer y personas vulnerables. Quienes requieran ayuda pueden comunicarse de manera confidencial al número 105 o acudir a la comisaría más cercana, donde personal capacitado brinda orientación y recibe denuncias las 24 horas.
• El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece atención integral, legal y psicológica para víctimas de violencia de género. El servicio de la Línea 100 está disponible todo el día y permite recibir asesoría inmediata, así como derivación a servicios de protección y acompañamiento en situaciones de emergencia.
• Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) funcionan en distintas regiones del país y proporcionan atención gratuita y especializada a víctimas de violencia familiar y sexual. En estos centros, profesionales en psicología, derecho y trabajo social atienden consultas, gestionan medidas de protección y ofrecen un espacio seguro para mujeres y sus familias.

Lorenzo Bernabé Miranda, exdirector general de la Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable del Ayuntamiento de Tulum, fue detenido este miércoles 10 de junio de por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por violencia contra la mujer en agravio de su pareja sentimental.

La captura se realizó en la colonia Alfredo V Bonfil, municipio de Benito Juárez, según información presente en su ficha cargada en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Medios locales señalaron que la víctima interpuso una denuncia en la que señaló a Lorenzo Bernabé de haberla golpeado en múltiples ocasiones en su domicilio ubicado en la ciudad de Tulum.

La Vicefiscalía de Quintana Roo ejecutó la orden de aprehensión tras denuncia de la víctima

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en un comunicado que el detenido, identificado como Lorenzo Bernabé, presuntamente maltrataba a su pareja sentimental.

La dependencia precisó que la detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía de Quintana Roo.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la captura ocurrió a las 05:09 p.m. en vía pública, en la colonia Alfredo V Bonfil, municipio Benito Juárez.

Al momento del arresto, Bernabé vestía playera color beige, pantalón de mezclilla azul y zapatos café, con complexión regular, tez clara, estatura de 1.60 metros y cabello crespo, sin tatuajes.

Tras la detención, Lorenzo quedó a disposición de un juez local en el Centro de Retención Municipal de la Ciudad de Playa del Carmen, con registro de traslado, según datos consultados por Infobae México.

De acuerdo con su información curricular publicada en 2024 por el gobierno municipal de Tulum, Miranda se desempeñó como director general de la Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable, con escolaridad en ingeniería. Su expediente no registró sanciones administrativas definitivas durante su gestión.

Casos recientes de figuras públicas arrestadas por violencia familiar en México

La detención de Lorenzo Bernabe ocurrió en un contexto en el que otras figuras públicas enfrentaron arrestos por el mismo delito en semanas recientes.

El 20 de mayo, Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fue detenido en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, por violencia familiar y lesiones contra su pareja sentimental.

La razón de que Chávez terminara en prisión preventiva fue que no era la primera vez que se le citaba. Por haber evadido constantemente los citatorios previos del juez de control, la autoridad judicial modificó las medidas cautelares y ordenó su reclusión inmediata

En otros hechos, el pasado 7 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arrestó en la alcaldía Coyoacán a Humberto Nava Genera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República, por una presunta conducta de violencia familiar.

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, sobre la calle División del Norte. Tras el arresto, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México.

En ambos casos, reportes posteriores indicaron que los implicados habrían recuperado la libertad. Omar Chávez fue liberado tras la audiencia fijada para el 25 de mayo, mientras que en el caso de Humberto Nava Genera, reportes señalaron que también habría quedado en libertad días después de su arresto.

Un hombre identificado como Alfredo “N”, trailero de profesión, fue condenado a 60 años, 7 meses y 15 días de prisión por el feminicidio de Eva Amanda “N”, cometido en diciembre de 2023 sobre la Carretera Internacional tramo Hermosillo-Guaymas.

La sentencia la obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tras una investigación que cruzó fronteras, debido a que el responsable había huido a Estados Unidos para evadir la justicia.

El juez encargado del caso impuso además a Alfredo “N” una multa de 401 mil 952 pesos y el pago de 66 mil 704.80 pesos por concepto de reparación del daño moral, lo que da un total de 468 mil 656.80 pesos a favor de la familia de Eva Amanda “N”.

Alfredo “N” golpeó a la víctima dentro de un tractocamión y abandonó el cuerpo en la carretera

Las indagatorias revelaron que el 6 de diciembre de 2023, Eva Amanda “N” y Alfredo “N” viajaban juntos a bordo de un tractocamión sobre la Carretera Internacional, en el tramo Hermosillo-Guaymas. Fue durante ese trayecto cuando ocurrió la agresión.

Las pruebas presentadas durante el juicio oral establecieron que, entre los kilómetros 247 y 231 de esa vialidad, Alfredo “N” golpeó a Eva Amanda con un objeto contundente, del cual no se revelaron más detalles.

El golpe le provocó un traumatismo severo en el cráneo que derivó en su fallecimiento.

Tras cometer la agresión, el responsable no permaneció en el lugar. Abandonó el cuerpo de la víctima sobre la carretera, aproximadamente a la altura del kilómetro 23, con la intención de evadir su responsabilidad.

Una vez que dejó el cuerpo de Eva Amanda en la vialidad, Alfredo se trasladó a Estados Unidos, donde permaneció prófugo por más de seis meses.

El CBP localizó al prófugo en Arizona y lo entregó a la AMIC en junio de 2024

La captura de Alfredo “N” fue posible gracias a la coordinación entre la FGJES y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Ambas instituciones intercambiaron información para rastrear al imputado fuera del país.

El 30 de junio de 2024, el prófugo fue localizado en el estado de Arizona. Posteriormente fue entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

El juicio oral acreditó la responsabilidad penal con pruebas científicas, periciales y testimoniales

Según el reporte de las autoridades, compartido este 10 de junio, durante el juicio oral, el personal de Litigación de la FGJES presentó un conjunto de pruebas científicas, periciales y testimoniales que acreditaron plenamente la responsabilidad penal de Alfredo “N”.

La Fiscalía afirmó que dicha investigación se condujo con perspectiva de género, en reconocimiento de que el crimen ocurrió en un contexto de violencia contra la mujer.

Ese enfoque determinó tanto la integración de la carpeta de investigación como la estrategia de litigación ante el la justicia.

La solidez del material probatorio quedó confirmada con el fallo condenatorio. El Tribunal no solo impuso la pena privativa de libertad de 60 años, 7 meses y 15 días, sino también las sanciones económicas que suman 468 mil 656.80 pesos a favor de los familiares de Eva Amanda “N”.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), llamó a reforzar de manera urgente las acciones para prevenir la tortura y otros tratos crueles cometidos contra mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México.

Al inaugurar el foro Buenas prácticas de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en la atención a mujeres privadas de la libertad en América Latina, Piedra Ibarra indicó que, a partir de diversos diagnósticos e informes, la CNDH ha identificado que las mujeres en prisión, por lo general, son personas en situación de pobreza y con pocos años de escolaridad, que antes de ingresar al penal eran las principales o únicas responsables del cuidado de hijas, hijos e incluso de otros familiares, o víctimas de diversas formas de abuso.

Subrayó que a esos factores se suma la discriminación en el caso de mujeres indígenas y afrodescendientes; de quienes viven con algún tipo de discapacidad; de las que se encuentran en estado de gestación; de adultas mayores, o de quienes padecen enfermedades crónicas, lo que las coloca en un mayor grado de vulnerabilidad, tanto en México como en otros países de la región.

En ese sentido, exhortó a atender las condiciones de internamiento de ellas y de sus hijas e hijos en los centros penitenciarios del país, y a garantizar sus derechos humanos.

Sostuvo que es preciso recuperar avances y mejores prácticas para inhibir abusos al interior de los centros penitenciarios y resaltó que la CNDH ha realizado una labor intensa para promover que las mujeres privadas de la libertad conozcan sus derechos y puedan ejercerlos.

Entre estas acciones, afirmó, está alentar la comunicación con el exterior; identificar a las mujeres sin contacto con representantes jurídicos para remediarlo y garantizar el acceso a su representación legal; y asegurar el acceso a servicios médicos, incluida la atención a la salud mental, sexual y reproductiva con enfoque de género.

La presidenta calificó como prioridad la atención a las niñas y niños que conviven con sus madres en centros de privación de la libertad. Denunció que esos lugares no suelen contar con condiciones materiales para una estancia segura, que las madres comparten los mismos espacios con el resto de la población y que no hay áreas de cuidado materno infantil.

Nestora Salgado García, directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, señaló que en México persiste un sistema penal punitivista que castiga y después investiga, lo que afecta a muchas mujeres.

Detalló que, según cifras oficiales, en diciembre de 2025 existían 15,849 mujeres privadas de la libertad, que representaban 6.18% del total de la población penitenciaria en cárceles estatales y federales.

Para abril de 2026, dijo, la cifra aumentó a 16,921 mujeres privadas de la libertad (6.36%), es decir, 1,072 mujeres más en prisión.

Aseguró que la CNDH ha detectado que el sistema penitenciario vulnera los derechos de las mujeres privadas de la libertad, debido a la falta o insuficiencia de personal médico, psicológico y psiquiátrico; la ausencia de actividades de prevención y rehabilitación en materia de adicciones, y los traslados involuntarios a otros penales, que las alejan de sus familias, entre otros factores.

Frente a ello, sostuvo que la transformación de la CNDH en una Defensoría del Pueblo permitirá impulsar una perspectiva de derechos humanos que facilite al Estado mexicano saldar la deuda histórica con las mujeres, mediante la implementación de un modelo de atención diferenciado.

Por su parte, Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, planteó que la prevención de violaciones a derechos humanos exige mecanismos capaces de identificar y atender oportunamente contextos de violencia, discriminación y exclusión que padecen las mujeres privadas de la libertad, y que la protección efectiva de sus derechos demanda respuestas institucionales tempranas, especialmente tratándose de indígenas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

Comentó que la privación de la libertad de las mujeres no ocurre en el vacío, sino en contextos atravesados por desigualdad, violencia y exclusión estructural.

“Detrás de cada expediente existe una historia humana”, por lo que “comprender ese contexto no implica sustituir la función de la justicia, sino reconocer que la protección de los derechos humanos exige mirar a las personas en toda su complejidad, sólo así podremos construir respuestas institucionales más sensibles, más incluyentes y respetuosas de la dignidad humana”.

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención de millones de personas, en Perú avanza en silencio una estadística que contrasta con la euforia del fútbol: cada 90 minutos —lo que dura un partido— ocho niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en el país. La cifra surge de los 43.855 casos registrados entre enero y diciembre de 2025 por el Portal Estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo que equivale a 120 casos diarios.

El desglose de esos registros revela la magnitud del problema: 19.692 casos corresponden a violencia sexual, 14.155 a violencia psicológica, 9.870 a violencia física y 138 a violencia económica. La violencia sexual, la más frecuente, afecta de manera desproporcionada a las menores: según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2024, una de cada cinco adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años fue víctima de este tipo de agresión en el último año, y en siete de cada diez casos el agresor pertenecía al entorno cercano de la víctima.

Frente a estas cifras anuales, el panorama histórico resulta aún más grave. Entre 2021 y 2025, el MIMP atendió 295.195 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, una acumulación que subraya la persistencia estructural del problema y la necesidad de respuestas que vayan más allá de la atención de emergencia.

La tendencia no muestra signos de reversión espontánea. Entre enero y octubre de 2025, los Centros Emergencia Mujer y Familia del ministerio ya habían registrado 142.999 casos de violencia a nivel nacional, de los cuales 27.000 correspondían a violencia sexual y 18.087 afectaban directamente a menores de edad. La viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez Yañez, alertó públicamente sobre ese incremento y remarcó que el 15% de las víctimas de agresión sexual había sufrido ataques antes de cumplir los 12 años.

El deporte como herramienta de prevención

Ante ese escenario, Plan International Perú lanzó la campaña regional Cambiemos el Juego, una iniciativa que utiliza el fútbol como plataforma de cambio social para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y promover el liderazgo de niñas y adolescentes. La campaña se enmarca en un movimiento más amplio que la organización despliega simultáneamente en América Latina, el Caribe y España, y que aprovecha la visibilidad del Mundial para instalar el debate sobre las desigualdades que condicionan la vida de millones de menores.

“Desde Plan International Perú estamos impulsando iniciativas para enfrentar desigualdades mediante programas deportivos más inclusivos. El deporte no solo promueve el bienestar físico y emocional, es también una herramienta y oportunidad de mejora para miles de niñas. Necesitamos más espacios donde se revalorice el deporte para la transformación social y la lucha contra todo tipo de violencia”, señaló Víctor García Hernández, representante País de Plan International Perú.

Juegos por la Igualdad: el programa en las aulas

La campaña tiene un correlato concreto en el programa formativo Juegos por la Igualdad, desarrollado en el marco del proyecto Decidir sin violencia de Plan International. La iniciativa opera en las regiones de Loreto, Piura y Cusco, e involucra a docentes, padres de familia y directivos escolares. Su metodología central es el deporte mixto como recurso pedagógico para abordar la prevención de la violencia desde el aula.

En el último año, el programa impactó en más de 17.000 estudiantes. Las sesiones educativas buscan que los participantes identifiquen situaciones de riesgo y conozcan los canales de denuncia disponibles, al tiempo que refuerzan habilidades personales como la autonomía y la toma de decisiones. El objetivo es construir entornos protectores desde edades tempranas, antes de que la violencia se instale como una normalidad.

Una campaña que convoca a toda la sociedad

Cambiemos el Juego aspira a ampliar el alcance de iniciativas como Juegos por la Igualdad y a movilizar a actores más allá del ámbito educativo: comunidades, familias, sector privado y administraciones públicas. La premisa de la campaña es que el deporte puede funcionar como un lenguaje común que convoca y moviliza, siempre que los espacios donde se practica sean seguros e inclusivos para las niñas.

La iniciativa regional se articula en distintos países con formatos propios. En Paraguay, por ejemplo, Plan International implementa La Liga Joaju, un proyecto de fútbol mixto en comunidades rurales e indígenas que ya alcanzó a más de 1.700 niñas, niños y adolescentes. En España, la campaña se lanzó el 4 de junio de 2026, con datos que señalan que apenas el 5% de los banquillos del fútbol profesional están liderados por mujeres. Más información sobre la iniciativa en Perú está disponible en plan-international.org/peru/cambiemos-el-juego.

En el debate público sobre hechos delictivos graves, la discusión suele concentrarse en las responsabilidades, las penas y la impunidad. Lo que rara vez se discute es lo que ocurre cuando las víctimas y sus familias deben enfrentarse al propio sistema llamado a protegerlas. La indignación colectiva y la presión pública que anteceden a la activación del aparato de justicia plantean interrogantes que merecen reflexión: ¿qué le debe el sistema a una víctima? Y, más aún: ¿a quiénes reconocemos como víctimas?

Desde la criminología y la victimología, esta pregunta tiene una respuesta técnica que el debate público rara vez incorpora: el sufrimiento no se agota en quien recibe el impacto directo del hecho delictivo. Los familiares, el entorno afectivo y quienes enfrentan un proceso judicial en busca de justicia pueden experimentar un daño igualmente profundo, muchas veces invisibilizado, que la doctrina denomina victimización secundaria.

El estudio del delito ha permanecido, durante décadas, anclado en la figura de quien comete el delito. Mientras que el victimario es estudiado, explicado y clasificado, la víctima apenas se menciona. En el ámbito peruano, esta relegación no es solo académica, sino que tiene consecuencias procesales concretas: pese a que el Código Procesal Penal reconoce a la víctima como sujeto procesal, persiste una brecha entre el reconocimiento normativo y el ejercicio efectivo de sus derechos.

La definición más sólida y ampliamente aceptada proviene de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por Naciones Unidas en 1985. Según este instrumento, son víctimas las personas que hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Esta definición se extiende a los familiares o personas que tengan relación con la víctima directa. Así la victimización se irradia al entorno cercano.

La doctrina distingue tres formas de victimización. La primaria: daño directo producido por el hecho delictivo. La secundaria: el impacto sufrido por la víctima derivado de su contacto con las instituciones: el sistema de justicia penal, los servicios de salud, los medios de comunicación y el entorno social. Se trata de una segunda lesión, causada no por el victimario, sino por quienes, en teoría, deberían proteger a la víctima.

Comprender estas formas de victimización no es un ejercicio meramente clasificatorio: es el punto de partida para entender por qué el sistema falla y a quién falla. Es ahí donde la victimología ofrece herramientas que el debate público rara vez utiliza: incluye a la víctima no como dato estadístico, sino como sujeto de derechos.

Un desarrollo significativo de la victimología contemporánea es el reconocimiento de los familiares de las víctimas como víctimas en sentido pleno. Reyes Valenzuela y Benavides Llerena (2018) documentaron este fenómeno en un caso de atropello con resultado de muerte en Ecuador: la madre de la víctima sufrió durante más de cinco años efectos psicosociales y legales de un proceso judicial marcado por irregularidades y demoras. Las secuelas se profundizan cuando el apoyo institucional, lejos de acompañar, se transforma en fuente de vulneración.

La victimización secundaria no es un fenómeno marginal: es una consecuencia estructural de un modelo de justicia penal que no fue diseñado con la víctima en el centro. No basta con investigar, acusar o sancionar. Un sistema de justicia verdaderamente comprometido con las víctimas debe informar, acompañar, proteger, reparar y evitar que el tránsito por el proceso penal se convierta en una segunda experiencia de daño.

Desde 2022, un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Pedro Rodríguez Chandoquí, es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto abuso sexual de una estudiante universitaria.

A cuatro años de la denuncia, el funcionario sigue en libertad y su defensa busca que un juez admita pruebas de una supuesta adscripción a un pueblo originario para intentar alegar “usos y costumbres”.

En una audiencia realizada a finales de mayo, la defensa del magistrado presentó una moción para que el juez del caso incorpore como prueba su presunta pertenencia a una comunidad indígena.

Con ese argumento, pretende sostener una línea de defensa basada en “usos y costumbres”, de acuerdo con lo denunciado por el medio Contra Línea, pese a que el caso se investiga como un delito sexual.

El tema se planteó hoy durante la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, cuando la mandataria fue cuestionada por dicho medio sobre la investigación y el intento de la defensa de introducir ese argumento ante el juzgador.

Sheinbaum respondió que desconoce los detalles del expediente, pero instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, a revisar el caso.

Asimismo, recalcó que la violación sexual es un delito y “no puede justificarse” con la norma de usos y costumbres".

“No conozco el caso, no sé si ustedes lo conocen, Rosa Icela o Luisa María, ahí se los encargo para que puedan revisarlo. Pero es un delito, la violación es un delito y no puede justificarse por usos y costumbres.

“Eso está tipificado y no puede haber, imagínense, como que los usos y costumbres permiten la violación de una mujer, pero eso no, no, no debe aceptarse de ninguna manera”, dijo en Palacio Nacional.

Previo a la audiencia del 29 de mayo pasado, el colectivo ADIVAC informó que tuvieron contacto con diversas personas que denunciaron “comportamientos indebidos” por partes del magistrado, sin dar mayores detales.

No obstante, a través de redes sociales, el colectivo hizo un llamado a que cualquier persona que haya sido víctima del magistrado o de cualquier otra dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo denuncie.

En su momento, la organización indicó que confía en que las autoridades actúen con debida diligencia y determinen conforme a derecho su vinculación a proceso.

“Como saben, Pedro Rodríguez Chandoqui, Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta con una denuncia penal por el delito de violación, y la audiencia de vinculación es el próximo 29 de mayo.

“Nos han contactado distintas personas que han referido comportamientos indebidos por partes de dicha persona. Si has sido victima o testigo de alguna conducta inapropiada por parte de dicha persona o de cualquier otra dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy existen nuevas condiciones para denunciarla”, se lee en una publicación de Instagram.

De acuerdo con medios de comunicación, en dicha audiencia, el magistrado fue separado temporalmente del cargo.

Antecedentes de violencia y perfil psicológico

De acuerdo con América Noticias, Alexis Alcántara Tellería acumuló denuncias por violencia contra la mujer e integrantes de su entorno familiar en 2024, además de antecedentes por lesiones graves. Estos antecedentes fueron considerados relevantes por el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú al evaluar el pedido de prisión preventiva.

El informe pericial psicológico forense, incluido en la carpeta fiscal, describe a Alcántara como una persona que “tiende a minimizar el impacto emocional de sus actos y muestra poca empatía hacia el sufrimiento ajeno”. Los especialistas concluyeron que el acusado intenta proyectar una imagen positiva de sí mismo, aunque sus acciones contradicen esa fachada ante los tribunales.

La madre y la hermana de Zoila Castillo han solicitado a las autoridades que se aplique la máxima pena al imputado.

“Este maldito no va a quedar libre, pero él tiene que tener cadena perpetua por lo que le ha hecho a mi nieto y a mi hija”, expresó la madre de la víctima tras conocer la decisión judicial. La hermana de Zoila agregó: “Que le den cadena perpetua a este sujeto porque no merece estar libre, no merece tranquilidad, no merece paz”.

El juzgado de Tocache declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses, considerando el peligro de fuga y la gravedad de los delitos imputados, que incluyen homicidio calificado y feminicidio. El documento judicial destaca que el acusado presenta un discurso conveniente y tranquilo, en el que intenta reducir su nivel de responsabilidad frente a los hechos.

Todo lo que se sabe del caso

La investigación señala que Alexis Alcántara Tellería cambió su versión en varias ocasiones ante las autoridades. Inicialmente admitió haber matado a la madre y al niño, pero posteriormente intentó justificar sus acciones alegando que Zoila había agredido primero a su propio hijo, argumento que la familia y la Fiscalía rechazan enérgicamente.

El crimen ha generado un profundo impacto en la comunidad y en el entorno familiar de las víctimas. Las voces de los allegados insisten en que se haga justicia y en que el crimen no quede impune.

El proceso judicial continúa bajo estricta vigilancia, mientras la familia de Zoila Castillo y el Ministerio Público buscan la máxima sanción posible para el acusado.

Canales de ayuda

• Línea 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Atención para emergencias policiales, delitos en curso, desapariciones, amenazas y situaciones de peligro inminente.
• Línea 100 – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Brinda orientación y soporte a víctimas de violencia familiar y sexual. Servicio confidencial y gratuito, atención las 24 horas.
• CEM – Centros de Emergencia Mujer: Oficinas distribuidas en todo el país que ofrecen apoyo legal, psicológico y social a víctimas de violencia. 

El posible proceso de revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) abre un foco de riesgo para el combate a la violencia digital en México, alertaron la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales (#LeyOlimpia), el PUEDJS-UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

En un posicionamiento difundido en la plataforma Change.org, advierten que el Capítulo 19 de Comercio de Servicios Digitales “limita peligrosamente la capacidad regulatoria de los Estados” y podría dificultar la aplicación de desarrollos normativos como la Ley Olimpia.

Las organizaciones señalan que “casi la totalidad de las interacciones en el espacio virtual en América del Norte” ocurre en un “grupo oligopólico de plataformas digitales” de grandes corporaciones tecnológicas.

En su texto, describen que estas empresas controlan redes sociales, páginas web, plataformas de videojuegos y también “mercados de explotación sexual digital”, incluidas “las comúnmente llamadas páginas pornográficas y espacios de intercambio o monetización de contenido íntimo sin consentimiento”.

A ese entramado, las colectivas y organizaciones le llaman “IMPERIO DIGITAL”, al considerar que concentra un poder “económico, político, informativo y tecnológico sin precedentes”.

Sostienen que los impactos negativos crecen a la par del poder de estas compañías y enumeran efectos que atribuyen a sus modelos de negocio, como “afectaciones a la salud mental”, “violencia masiva contra la intimidad sexual de mujeres y niñas” y “ampliación de oportunidades para depredadores sexuales”.

En el mismo documento, afirman que no se trata de hechos aislados: “La programación algorítmica de estas plataformas responde a intereses corporativos que perpetúan relaciones de dominación: un ALGORITMO PATRIARCAL”.

A pesar de ello, agregan, las empresas “continúan amparándose en la libertad de expresión, la innovación o la libre empresa para evadir responsabilidades proporcionales al enorme poder que han acumulado”.

Riesgos ven en el Capítulo 19 del T-MEC

En el apartado “Riesgos del Capítulo 19 del T-MEC”, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales indica que el texto vigente del capítulo “limita peligrosamente la capacidad regulatoria de los Estados”, “contraviene avances internacionales en materia de derechos de las mujeres en entornos digitales” —como la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género”— y “dificulta la correcta implementación” de la Ley Olimpia.

Las organizaciones destacan tres puntos que, aseguran, están en el Capítulo 19:

Primero, sostienen que “las corporaciones propietarias y gestoras de las plataformas sociodigitales no están obligadas a someterse a la jurisdicción de los países en donde hacen negocios o residen sus consumidores, por lo que operan con impunidad (Artículo 19.12)”.

Segundo, afirman que “los gobiernos, y sobre todo, las instituciones que imparten justicia, no pueden auditar a las plataformas para conocer el funcionamiento de sus diseños y algoritmos, ni para solicitarles materiales multimedia o datos que puedan servir como evidencia en casos de detección y persecución de delitos”.

En su posicionamiento, agregan que esto “vuelve difícil obtener información” para respaldar denuncias sobre violencia contra la mujer, violaciones a los derechos humanos, o acoso, abuso y daño a infancias y adolescencias (Artículo 19.16).

Tercero, señalan que “ante la ley, las plataformas no son responsables de los contenidos que exhiben, cuando sus algoritmos y pautas publicitarias sí intervienen en la masificación y visibilidad de ciertas publicaciones (Artículo 19.17)”.

A partir de esas disposiciones, las colectivas concluyen: “En conjunto, estas disposiciones facilitan que las empresas evadan responsabilidades por los daños derivados de sus propios modelos de negocio, de sus prácticas y del diseño de sus algoritmos”. Y añaden: “El resultado es claro: se fomenta la impunidad de los agresores digitales y se deja en la indefensión a las víctimas de violencia digital”.

Sobre los mecanismos de cooperación mencionados en el capítulo, el texto sostiene que “carecen de obligaciones vinculantes” y que, en la práctica, dependen de “la voluntad de las propias empresas”.

Piden más transparencia y rendición de cuentas

En su posicionamiento, las organizaciones afirman que “las plataformas no pueden ser consideradas actores neutrales” porque sus sistemas de “recomendación, monetización y moderación de contenidos” influyen en la circulación, visibilidad y rentabilidad de contenidos dañinos.

Por ello, señalan que su posición dentro del ecosistema digital exige “mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad frente a los riesgos sistémicos” de sus modelos de negocio.

También advierten que promover en acuerdos comerciales “esquemas de desregulación o inmunidad corporativa” agrava riesgos y debilita la protección de derechos humanos.

El documento sostiene que los acuerdos comerciales internacionales “deben interpretarse y aplicarse de manera compatible” con las obligaciones de derechos humanos de los Estados.

En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, las organizaciones señalan que sus disposiciones no deben entenderse ni implementarse de forma que “obstaculicen el cumplimiento de compromisos previamente asumidos” para proteger derechos fundamentales.

En ese contexto, mencionan obligaciones para “prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” y citan instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

También plantean que cualquier interpretación que limite la capacidad de regular a plataformas, supervisar prácticas o exigir responsabilidades “debe evaluarse” con el principio de coherencia del derecho internacional y el deber de garantizar una protección efectiva de derechos humanos.

“La gobernanza del ecosistema digital no puede estructurarse de manera que debilite las herramientas regulatorias necesarias para prevenir la violencia digital y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas”, subrayan.

¿Qué cambios proponen al Capítulo 19?

Ante ese escenario, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, el PUEDJS-UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. proponen “reformar el capítulo 19 del T-MEC” para:

• “Someter a las plataformas y grandes empresas a marcos regulatorios de los Estados de donde extraen capital y datos, con obligaciones reconocidas por la ley y sanciones por incumplimiento”.
• “Posibilitar que los gobiernos puedan acceder a la información alojada en centros de datos privados” en investigaciones contra casos de violencia, “específicamente sufrida por mujeres, infancias y adolescencias”, así como ante cualquier vulneración de derechos humanos.
• “Exigir una mayor rendición de cuentas a las plataformas acerca de sus códigos, diseños de funcionamiento y circulación de contenido”.
• “Reforzar la detección, persecución y sanción de cualquier tipo de violencia en entornos de Internet”, garantizando la salvaguarda de las garantías fundamentales de las y los usuarios.

En su llamado, convocan a instituciones, iniciativa privada, sociedad civil y población de México, Estados Unidos y Canadá a unir esfuerzos para que el T-MEC “contribuya y no obstaculice” la construcción de espacios digitales seguros y libres de violencia.

El congresista electo Alejandro Bermeo sigue en el centro de la polémica debido a una denuncia por abuso sexual presuntamente perpetrado contra una mujer en Ibagué, Tolima.

Días atrás, el medio El Olfato reveló apartes del expediente judicial y conversaciones que presuntamente habría sostenido el legislador electo con la denunciante, las cuales, según ese medio, evidenciarían posibles presiones e intimidaciones de carácter sexual.

Ahora, Infobae Colombia conoció en su totalidad la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que la víctima,identificada como Ingrid Yamile Quinaya Tigreros, asegura que el hoy senador la amenazó para obligarla a encontrarse con él, la agredió físicamente y posteriormente la accedió carnalmente en un establecimiento de la capital tolimense.

De acuerdo con el documento judicial, los hechos habrían ocurrido el 7 de abril de 2026. Según el relato consignado en la noticia criminal, la mujer manifestó que sostuvo una relación sentimental con Bermeo y, semanas antes de los hechos denunciados, decidió poner fin al vínculo.

Sin embargo, aseguró ante la Fiscalía que el congresista electo no habría aceptado la ruptura. Fue a partir de ese momento cuando, según la denuncia conocida por este medio, se desencadenaron los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el documento oficial radicado ante el ente acusador, el caso fue registrado como “Actos Urgentes” y quedó relacionado con el delito de “Acceso Carnal Violento. Artículo 205 del Código Penal”. La denuncia fue recibida por la URI de Ibagué y asignada a la Fiscalía 79 Local URI de Turno.

El relato entregado por la denunciante

En el documento conocido, la víctima manifestó que sostuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años con Bermeo Rodríguez. De acuerdo con su versión, dos semanas antes de los hechos decidió terminar la relación y expresó que no quería continuar teniendo ningún vínculo sentimental o íntimo con él.

La denuncia señala que el presunto agresor no habría aceptado la ruptura. En su declaración, la mujer indicó que el 7 de abril recibió una llamada en la que le pidió que se encontraran y que, en caso de negarse, haría un escándalo frente a su vivienda. Según el relato consignado por la Fiscalía, la denunciante aseguró que accedió a salir de su casa tras esa advertencia.

La narración incluida en el expediente agrega que, una vez subió al vehículo, “le pega cachetadas en la cara” y posteriormente la trasladó a un establecimiento identificado como Apartahotel Mi Oficina, ubicado en Ibagué. Allí, según la denuncia, “al llegar de manera violenta la accede sexualmente y le pega”. El documento también señala que, tras los hechos denunciados, la mujer habría sido llevada nuevamente a su residencia.

La actuación también precisa que los hechos denunciados habrían ocurrido en la comuna 4 de Ibagué, sector de Piedrapintada, y que en el registro no se reportó uso de armas ni de sustancias tóxicas.

El expediente indica que la denuncia fue presentada ante las autoridades bajo la gravedad de juramento y que a la víctima se le informó sobre sus derechos dentro del proceso penal, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

De acuerdo con el documento, la investigación quedó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de los actos urgentes correspondientes y la verificación de los hechos denunciados. Hasta el momento consignado en el reporte, no se registraban capturas, medidas judiciales o incautaciones relacionadas con el caso.

La denuncia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a la versión entregada por la presunta víctima ante las autoridades. La determinación de responsabilidades y el esclarecimiento de los hechos serán materia de las actuaciones judiciales que adelanten los organismos competentes.

El general Glenn García, director de Investigación de Trata de Personas y Desaparecidos de la PNP, informó que la detención de Alcántara se produjo luego de una orden judicial emitida por el Juzgado de Tocache. La medida respondió a los indicios y evidencias recolectados, incluyendo contradicciones en las declaraciones del detenido, quien aseguró inicialmente que Zoila Castillo y su hijo no habían llegado a Uchiza.

La versión proporcionada por el sospechoso quedó desmentida gracias a videos y a la trazabilidad del recorrido realizado por las víctimas.

“Se ha corroborado la información que él otorga, que es falsa, porque existen videos y se ha hecho una ruta de trazabilidad en el cual sí habrían llegado a Uchiza”, afirmó el general García. Este y otros elementos permitieron que la autoridad judicial dispusiera la detención preliminar del imputado.

Antecedentes y vínculos del sospechoso con la víctima

Al momento de su detención, Alcántara Tellería guardó silencio y se acogió a su derecho de no declarar hasta contar con la presencia de su abogado. La PNP detalló que el sospechoso mantiene antecedentes por violencia psicológica y física contra una expareja, hechos que se investigan como parte del contexto del caso actual.

La investigación ha confirmado que Zoila Castillo y su hijo viajaron desde Lima a Tarapoto por invitación del detenido. Posteriormente, ambos se dirigieron a Tocache y luego a Uchiza, conforme a pasajes aéreos, registros de comunicación y testimonios familiares.

Según la información recabada, la relación sentimental entre la madre desaparecida y Alcántara Tellería se habría originado a través de redes sociales. Familiares de la víctima, según testimonios que les llegaron por redes, han señalado que el sospechoso solía ofrecer regalos y viajes a diversas mujeres como parte de su comportamiento recurrente.

El general García recalcó que la investigación sigue abierta y que la revisión de las comunicaciones, el vehículo y otros elementos incautados será clave para el avance del caso. “Es muy importante, como un elemento quizás más adelante probatorio, la revisión de su celular, todas las comunicaciones, así como el vehículo”, precisó el jefe policial.

Un equipo especializado de la PNP partió desde Lima hacia Tarapoto y zonas aledañas para reforzar la búsqueda de Zoila Castillo. Las autoridades mantienen la esperanza de obtener resultados positivos en las próximas horas. Paralelamente, se coordinan pericias psicológicas, análisis forenses y exámenes a la camioneta utilizada por el sospechoso para identificar posibles rastros vinculados con el hecho.

El detenido será sometido a disposición de la justicia deTocache, conforme al principio de territorialidad. Las diligencias en Lima se concentran en obtener pruebas adicionales antes de su traslado. Mientras la familia esperan noticias sobre el paradero de la madre desaparecida.

La PNP, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), localizó a Alcántara Tellería en un inmueble de la avenida Gregorio Escobedo. La captura se realizó bajo una orden de detención preliminar de siete días emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache. El detenido fue trasladado a la sede de la DIRINCRI para iniciar diligencias y posteriormente será llevado a Uchiza para continuar con el proceso.

De acuerdo con la información policial, Alcántara Tellería habría sido la última persona en ver con vida a Zoila Castillo y su hijo, quienes viajaron desde Lima hace dos semanas hacia Tarapoto y luego continuaron hacia Tocache para encontrarse con él, su pareja sentimental. Desde el pasado sábado 16 de junio, familiares reportaron la desaparición de ambos.

Hallazgo del cuerpo y nuevas líneas de investigación

La situación se tornó aún más crítica cuando, días después de la denuncia, autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de un niño en una zona rural de Uchiza, Tocache. El cuerpo presentaba signos de violencia y características coincidentes con el menor desaparecido. Según la PNP, aún se aguardan los resultados de los exámenes forenses y la identificación por ADN. Hasta la tarde del miércoles, la familia de Zoila Castillo y las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad del menor hallado, pero la vestimenta era similar del pequeño.

Testimonios recogidos por ATV Noticias indican que la familia de Castillo relató que, al llegar a Tarapoto, Alcántara les pidió que continuaran el viaje hacia Tocache, lugar donde presuntamente se encontrarían.

A raíz de la difusión del caso, allegados de la víctima informaron haber recibido testimonios de otras mujeres que habrían tenido contacto previo con Alcántara Tellería. Estas versiones apuntan a un patrón de promesas de lujos y beneficios para convencer a mujeres de viajar a encontrarse con él. Fuentes cercanas a la investigación no descartan la posibilidad de un caso de trata de personas.

Según la denuncia realizada ante la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, Alcántara Tellería cuenta con antecedentes por violencia familiar, supuestamente en perjuicio de una expareja y madre de uno de sus hijos. La PNP detalló que, durante su detención, el sospechoso había modificado su apariencia, presentándose rasurado, distinto a como se le había visto días antes.

Alcántara señaló a la familia que había dejado a la madre y a su hijo en un paradero, pero colaboró poco con la justicia y llegó a Lima en una camioneta. El hombre no mostró indicio de querer colaborar con la justicia ni respondió a la familia por el menor que ya había sido encontrado sin vida.

A pesar de la detención y el hallazgo del menor, Zoila Carolina Castillo permanece desaparecida.

La Red Nacional de Refugios (RNR) alertó sobre un posible aumento de casos de violencia familiar en México durante la Copa Mundial FIFA 2026, que este año se realizará en tres ciudadades del país, así como en Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, la organización reprochó que el Mundial 2026 se promocione como símbolo de orgullo internacional y se destaquen los beneficios para el turismo y desarrollo económico del país, sin tomar en cuenta las violencias contra las mujeres que podrían derivar del evento deportivo.

De acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar incrementan hasta un 30% durante los grandes eventos deportivos.

Señaló que estas dinámicas pueden reflejarse en agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas.

En este sentido, la Red Nacional de Refugios afirmó que en México las preocupaciones no son menores, ante la alta cifra de casos de violencia familiar a nivel nacional.

A esto se suma, que de acuerdo con el reporte de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dos de las tres ciudadades mundialistas están dentro de los cinco estados con más casos al corte de abril del 2026.

“Resulta profundamente preocupante que, frente a este contexto, en nuestro país las estrategias rumbo al Mundial 2026 continúen privilegiando infraestructura, promoción internacional y turismo, mientras permanecen insuficientes las acciones integrales de prevención, atención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, mencionó el colectivo.

Frente a este escenario, la organización lanzó la campaña ‘La violencia contra las mujeres no es parte del juego’, “una iniciativa apartidista” que busca visibilizar “los impactos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres durante eventos deportivos masivos y la necesidad de fortalecer acciones de prevención, atención y protección antes, durante y después del Mundial”.

¿En qué consiste la campaña?

• Generar conciencia pública desde una mirada feminista y de derechos humanos  
• Promover cero tolerancia a las violencias machistas  
• Difundir mensajes de apoyo y acompañamiento  
• Construir incidencia colectiva rumbo al Mundial 2026

El colectivo indicó que la iniciativa reunirá voces de mujeres del deporte, periodismo, activismo, academia, arte y sobrevivientes de violencia, mediante fotografías, mensajes, videos y materiales digitales.

Como parte de esta acción, la campaña impulsada desde México dialoga y se articula con esfuerzos de organizaciones y redes de Estados Unidos y Canadá, países sede del Mundial 2026, mediante mensajes compartidos y acciones de sensibilización y acceso a rutas de apoyo, respetando las particularidades y necesidades de cada contexto.

“La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, la protección y prevención tampoco debería hacerlo. Hoy articulamos esfuerzos desde México con otras redes de refugios de Estados Unidos y Canadá porque la seguridad y la vida de las mujeres no pueden quedar fuera de la conversación.» Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

Resaltó que la Red Nacional de Refugios, integrada por más de 52 espacios de atención en México, continuará brindando atención gratuita y especializada para mujeres mexicanas y extranjeras que vivan violencia, reforzando además las rutas de apoyo y acompañamiento durante este contexto internacional.

“No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias, fortalecer redes de protección y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras. La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego.” — Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

“Reiteramos que la prevención, la protección y la garantía de derechos no pueden ser medidas temporales ligadas a un evento deportivo, sino compromisos permanentes del Estado y de la sociedad.

“Se requieren políticas públicas integrales, presupuestos suficientes y acciones contundentes para prevenir las violencias machistas antes, durante y después del Mundial. No puede construirse una narrativa de orgullo internacional mientras las mujeres continúan enfrentando violencia e impunidad en los mismos territorios que hoy buscan presentarse como escaparate global”, concluyó.

Van más de 87 mil casos de violencia familiar en México

El SESNSP indicó que entre enero y abril del 2026 se registraron 87 mil 827 casos de violencia familiar a nivel nacional, de los cuales 53% se concentran en cinco estados.

De acuerdo con el reporte, la Ciudad de México encabeza lista de estados con más casos, con un total de 9 mil 431.

Le siguen el Estado de México con 8 mil 645; Nuevo León, con 7 mil 631; y Guabajuato con 5 mil 600.

La denuncia y el testimonio de la familia

De acuerdo con la información de ATV Noticias, el hecho ocurrió en la mañana del lunes 25 de mayo. La menor caminaba hacia su colegio cuando, según los registros de cámaras de vigilancia, José Luis Mamani Laura la abordó por la espalda. El hombre habría intentado ganarse la confianza de la niña al afirmar que era un familiar y que iban a celebrar el cumpleaños de la abuela.

La madre de la víctima relató que su hija, al notar la situación, ingresó rápidamente al colegio y pidió ayuda a los adultos presentes. “Mi hija está asustada por todo lo que ha pasado. Yo pido justicia, para ella y para todos los niños, porque no puede estar ese sujeto libre”, declaró.

Según la denuncia, el individuo sujetó a la menor por la cintura mientras le hablaba, lo que llevó a la niña a buscar protección dentro de la escuela. Un padre de familia presenció lo ocurrido, increpó al acusado y grabó la confrontación, material que fue entregado a las autoridades.

Los familiares de la menor proporcionaron a la policía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del área. Estas imágenes permitieron ubicar y detener a José Luis Mamani Laura en su domicilio, ubicado en la urbanización Los Pinos, en Comas. La madre de la niña indicó que sintió que la denuncia no fue tomada con la seriedad necesaria, por lo que la familia realizó parte de la investigación de manera independiente, accediendo a las cámaras y recolectando pruebas.

El presunto agresor fue trasladado primero a la comisaría de Túpac Amaru y luego a la sede de la División de Investigación Criminal, donde permanece mientras se define su situación legal.

Antecedentes del acusado

Según la abogada de la familia, José Luis Mamani Laura cuenta con antecedentes penitenciarios por delitos sexuales contra menores de edad. “Este hombre ha estado recluido por temas similares de abuso sexual en contra de menores. Ahora está en la calle y es un riesgo para la comunidad”, manifestó.

El proceso de investigación incluye el apoyo del Ministerio Público y la solicitud de imágenes adicionales de cámaras de vigilancia municipales que podrían aportar más información sobre el recorrido del acusado y su interacción con la menor.

Vecinos del área y padres de familia manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el acusado quede en libertad tras cumplir el plazo de detención preliminar. La madre de la menor expresó que la familia espera que las diligencias concluyan con la formalización de la investigación y una eventual medida de prisión preventiva.

La letrada también informó que se encuentran en proceso de solicitud de formalización de la investigación preparatoria. Con esta aprobación, el caso pasaría al Poder Judicial para que determine el futuro del hombre de 57 años.

Luego de que el lunes 25 de mayo Red+ Noticias anunció, mediante un comunicado, la separación temporal de Giovanni Celis de la dirección de su noticiero, tras denuncias internas por presunto acoso sexual y laboral, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami Leal, se refirió a esta novedad en el caso.

La decisión del canal obedeció al avance de investigaciones en curso y a hallazgos preliminares del Ministerio de Trabajo que aumentaron la presión sobre la empresa.

“Las recientes denuncias sobre posibles violencias basadas en género en medios de comunicación exigen respuestas serias, transparentes y con garantías para las víctimas”, inició el mensaje por parte de Tami, que desde la Secretaría de la Mujer rechazó los testimonios de exempleados y periodistas que permitieron esta resolución por parte del canal.

Para la secretaría lo que aconteció “no son hechos aislados ni pueden minimizarse con silencios o medidas simbólicas”.

“Las mujeres tienen derecho a ejercer el periodismo en espacios seguros, libres de violencias y abusos de poder”, finalizó Tami.

Entre tanto, avanzan las indagaciones por parte del Ministerio de Trabajo, como parte de la serie de denuncias que se conocieron desde el viernes 20 de marzo de 2026, con las dilaciones que otro grupo de comunicadoras de Noticias Caracol elevó ante las directivas de Caracol Televisión, y que como parte del proceso que sigue abierto, provocó la finalización del convenio laboral con dos de los presentadores y periodistas: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Según el comunicado oficial de Red+ Noticias, la medida busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las indagaciones.

El canal sostuvo que mantendrá la colaboración con las autoridades y que aplicará de forma estricta sus protocolos internos de prevención, atención y acompañamiento para proteger los derechos y el bienestar de todos sus colaboradores.

De acuerdo con los hallazgos preliminares mencionados, solo 42 empleados estarían vinculados directamente a la organización, mientras el resto trabajaría bajo otras modalidades contractuales.

Las indagaciones oficiales también identificaron una alta dependencia de contratos de prestación de servicios y esquemas de tercerización.

Ese esquema habría generado temor entre periodistas y productores y dificultó al comienzo la presentación de denuncias formales.

La separación de Celis, de acuerdo con Red+ Noticias, responde a la gravedad de los hechos investigados y al deber de preservar un entorno laboral digno, seguro y respetuoso.

En su comunicado, desde el noticiero se afirmó: “Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”.

La empresa también expresó un rechazo categórico a cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de quienes trabajan en la organización.

La inspección del Ministerio de Trabajo abrió una crisis interna en la redacción

El Ministerio de Trabajo visitó las instalaciones de Red+ Noticias el 30 de abril en la sede de Plaza Claro, en Bogotá.

Dicha inspección marcó el inicio de una crisis interna centrada en denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la sala de redacción.

Según reveló un informe de la Revista Raya, trabajadores y excolaboradores describieron episodios reiterados de comportamientos considerados inapropiados, llamados fuera del horario laboral, humillaciones públicas y presiones ligadas a la estabilidad contractual.

De acuerdo con esos testimonios recogidos por el mismo medio, el ambiente dentro del noticiero estaba atravesado por miedo y tensión.

Las denuncias atribuidas a Giovanni Celis, según los testimonios citados por la revista, incluían comentarios sobre la apariencia física, mensajes personales fuera del contexto laboral y contactos físicos no consentidos.

Algunos relatos sostuvieron que esas situaciones se presentaban desde la etapa en que el noticiero operaba en el barrio La Macarena y continuaron después del traslado a Plaza Claro.

Entre las declaraciones aparece la de una trabajadora que relató contactos incómodos durante trayectos nocturnos en vehículos asignados por el canal.

Otra periodista afirmó al mismo medio haber recibido mensajes sobre su ropa y su apariencia después de transmisiones en vivo.

Los testimonios describen gritos, insultos y obstáculos para denunciar

Excolaboradores citados por la revista describieron la sala de redacción como un espacio de presiones constantes, con gritos, insultos y llamados de atención públicos.

En uno de los testimonios se mencionó la destrucción de un teclado durante una discusión por errores de edición, un episodio que, según empleados citados por el medio, reflejaba el clima de trabajo dentro de la empresa.

Durante la visita del Ministerio de Trabajo, según el texto fuente, se instalaron códigos QR en distintas áreas de la redacción para facilitar denuncias anónimas por acoso laboral y sexual.

Esos códigos hacían parte de los mecanismos de recolección confidencial de testimonios impulsados por la entidad oficial, y de acuerdo con chats internos entre trabajadores, algunos de esos códigos desaparecieron poco después de la inspección.

Los mensajes indicaban que solo algunos seguían visibles y que otros habrían sido retirados, una situación que generó inquietud entre el personal periodístico.

Frente a los señalamientos, Giovanni Celis negó las acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral y sostuvo no haber recibido notificación oficial sobre el proceso impulsado por las autoridades.

Las actuaciones del Ministerio de Trabajo continúan y, según el texto fuente, podrían derivar en nuevas decisiones administrativas de acuerdo con las verificaciones en curso.

Pese al abuso sistemático, la mujer de 23 años decidió que permanecería en silencio por miedo a que el criminal cumpliera con las amenazas de muerte. Así, la víctima pretendía evitar nuevas agresiones en su contra.

En el mismo operativo y en otros procedimientos recientes, las autoridades detuvieron a tres personas por distintos abusos sexuales en Medellín y su área metropolitana. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Bello, en lo corrido de 2026 ya van más de 5.000 capturados en esa jurisdicción, según un reporte del medio local El Colombiano.

El caso de la joven de 23 años salió a la luz por un ataque ocurrido en febrero de 2026 en Bello. El secretario de Seguridad explicó que el agresor entró por el patio de la casa donde vivía su expareja, al parecer armado, la intimidó y la atacó.

Durante esa agresión, el hombre le mordió la cara hasta que le arrancó un pedazo de piel. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico verificó el ataque y se comunicó con las autoridades, mientras que la joven tuvo que someterse a una cirugía.

Abusadores también atacaron a menores de edad en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores

Otro de los detenidos fue un docente de natación de 52 años capturado en el barrio Panamericano de Bello. El hombre estaba adscrito al Instituto de Recreación y Deportes de ese municipio y también daba clases en el barrio Belén de Medellín.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el profesor aprovechaba su rol para hacer tocamientos a sus alumnas, todas menores de edad.

Villa dijo: “Durante la investigación, gracias también a las denuncias, se pudo evidenciar al menos cuatro niñas que fueron abusadas por este degenerado y se tienen otras presuntas víctimas con denuncias que se siguen investigando dentro del proceso que se adelanta”.

Un tercer caso fue el de un adulto mayor de 77 años capturado en el centro de Medellín por orden judicial. De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana, el hombre exhibía sus partes íntimas desde la ventana de su casa ante menores de edad.

Las autoridades lograron establecer que el detenido vivía al lado de un colegio en el barrio Caicedo y realizaba esos actos en las tardes, a la hora de salida de los estudiantes, con el fin de que ellos lo vieran.

Mujer transgénero fue agredida en Bello

La cuarta detención relacionada con abusos sexuales se llevó a cabo en el barrio Santa Rita de Bello y el capturado es un hombre de 41 años. La investigación señala que agredía físicamente y accedía carnalmente a su pareja, una mujer transgénero, aprovechando el consumo de sustancias que la dejaban en estado de indefensión.

El diario El Colombiano también informó de un quinto procedimiento en el sector de la Veracruz, en el centro de Medellín, donde fue capturado un joven de 21 años señalado de instrumentalizar a adolescentes para la distribución de estupefacientes.

Todos los delincuentes que fueron capturados por atacar a niños y mujeres en la ciudad fueron enviados a centros penitenciarios. Sin embargo, uno de ellos obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“México, el país que ocupa el segundo lugar en registrar la mayor cantidad de transfeminicidios en el mundo. Y aún así, el juez decidió que no era suficiente” denunció Natalia Lane sobre la resolución del juez Agustín Moreno Gaspar, quien impuso la sentencia.

“Para el sistema de justicia de México, eso vale la vida de una mujer trans: 50 mil pesos. Eso es lo que vale la vida de una puta. Ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente”, aseveró la activista desde las puertas del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Lane subrayó que, a pesar de que el delito fue tipificado como feminicidio en grado de tentativa, y que ella es una sobreviviente de transfeminicidio, el fallo judicial ignoró los agravantes relacionados con su identidad de género y su trabajo. Además, denunció que la sentencia contempla descontar los años que el agresor lleva en prisión, por lo que podría pasar aproximadamente 17 o 18 años en prisión con esta nueva sentencia, lo que consideró injusto y ofensivo.

La activista expresó que la resolución envía un mensaje de desvalorización a la vida de las mujeres trans en México, al equiparar el daño sufrido con una suma económica mínima y una condena que considera insuficiente. Lane subrayó que, a pesar de este revés, seguirá luchando por la justicia, memoria y verdad para las personas trans y trabajadoras sexuales, tanto en los tribunales como en el trabajo comunitario y el acompañamiento colectivo.

Reiteró que el movimiento trans y las disidencias no se darán por vencidas, y llamó a la organización social para exigir justicia y reconocer la dignidad de todas las mujeres trans en México.

Natalia Lane es la primera mujer trans víctima de intento de transfeminicidio cuyo agresor recibió sentencia

El caso de tentativa de transfeminicidio de Natalia Lane es un referente en la lucha por los derechos de las mujeres trans en México y ha marcado varios hitos legales y sociales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de enero de 2022, cuando Natalia Lane fue atacada con una navaja por un hombre identificado como Alejandro “N” en un hotel de la colonia Portales, Ciudad de México. La agresión fue denunciada por Lane a través de un video en sus redes sociales, mostrando sus graves heridas en la nuca y el rostro mientras solicitaba ayuda.

Cinco días después del ataque, Alejandro “N” fue detenido por los delitos de tentativa de feminicidio y homicidio, ya que también lesionó a empleados del hotel. El caso fue el primero en la Ciudad de México en ser judicializado con perspectiva de género para una mujer trans, visibilizando la violencia sistemática que enfrenta la comunidad.

El 13 de abril de 2026, tras más de cuatro años de lucha, se dictó sentencia condenatoria contra el agresor de Natalia Lane, convirtiéndose en un caso histórico: es el primero en el que una mujer trans sobrevive a un intento de transfeminicidio y logra que el delito sea reconocido jurídicamente con enfoque de género.

Además, el Congreso de la CDMX entregó a Natalia la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género” por su resiliencia y defensa de los derechos humanos de las poblaciones históricamente vulneradas.

El tema recobró fuerza tras la difusión de un video del colectivo de periodistas Vera, cuya vocera, Sofía Amaya, dirigió el mensaje al director técnico argentino Néstor Lorenzo, responsable de elaborar la prelista de 55 jugadores, que en pocos días se reducirá a 26.

“Sebastián Villa está condenado por golpear a una mujer, acusado de abuso sexual a otra y preseleccionado por la selección colombiana de fútbol para ir al mundial”, inicia la intervención por parte de la periodista colombiana.

Las palabras para Lorenzo continuaron: “Usted nos ha dado muchas alegrías. Ojalá no nos amargue el mundial poniendo a jugar a un hombre que fue condenado en su país, Argentina, por lesiones y amenazas contra una mujer”, puntualizó Amaya.

Más adelante, la periodista recordó el video, además del comunicado, emitido por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín, y recalcó que ella (Marín) “ya se pronunció al respecto y fue muy clara, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni secundario, es una realidad que atraviesa diariamente la vida de millones de mujeres en Colombia”.

Sumado a lo anterior, Amaya afirmó que “durante años (la violencia en contra de las mujeres) ha sido minimizada, justificada o silenciada, también en el mundo del fútbol”.

Al final, la periodista sentenció que no estará mal sentirse disgustado con una mala presentación del equipo cafetero a comparación de la impotencia que representaría, según ella y para las mujeres, ver a Villa disputar minutos en el Mundial 2026.

“Que nos dé mal genio por verlos perder los partidos, pero no por premiar a un criminal”, concluyó Amaya.

Los reparos de la Defensoría del Pueblo al llamado de Sebastián Villa

La Defensoría del Pueblo de Colombia publicó una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, en la que llama a la reflexión sobre el verdadero significado de portar la camiseta de la selección nacional.

El comunicado se divulgó en medio de la controversia por la convocatoria de Sebastián Villa al equipo que representará al país en el próximo Mundial, pese a haber sido condenado por hechos de violencia basada en género y enfrentar acusaciones de abuso sexual en medio de una temporada que disputó en el fútbol argentino, y cuando aún era jugador de Boca Juniors.

El texto inicia evocando el histórico partido entre Colombia y Alemania en Italia 1990, recordando cómo el fútbol puede unir a un país que muchas veces parece dividido.

Para millones de personas, el fútbol representa la esperanza, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de competir de igual a igual, valores que trascienden los resultados deportivos y se transforman en aspiraciones de sociedad.

Por tal motivo, desde la Defensoría se destacó que la camiseta de Colombia es un emblema que debe ser llevado con responsabilidad ética.

El antecedente de 2011, cuando Hernán Darío Gómez dejó la dirección técnica tras agredir a una mujer, es citado como ejemplo de un límite ético que la sociedad colombiana eligió defender, más allá de cualquier obligación legal.

“No existía una regla escrita que obligara a su salida. Surgió, más bien, un límite ético que la sociedad decidió defender”, señala la misiva.

Adicional a todo lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo se hizo hincapié en que los antecedentes judiciales de Villa no pueden ser vistos como asuntos personales o separados de la responsabilidad pública de quien representa a Colombia ante el mundo.

“Cuando un jugador viste la camiseta de la selección, inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes que encuentran en el deporte modelos de admiración e identidad”, advierte la carta.

Al final, varios de los apartes del documento volvieron a referirse a las implicaciones del llamado de Villa por parte de Lorenzo: “Cada vez que la sociedad resta importancia a estos hechos, las víctimas reciben un mensaje devastador: que su dolor vale menos que un resultado deportivo”.

La Defensoría del Pueblo concluyó en la circular que Colombia ya ha demostrado en el pasado que puede enviar un mensaje distinto y que hoy tiene la oportunidad de preguntarse qué valores quiere defender cuando elige a quienes portan su camiseta más importante.

“Muchos seguimos aferrados a la idea de que el fútbol puede representar nuestra mejor versión: la unión, la esperanza, el juego limpio y el respeto. Porque la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, finaliza la carta.

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción pública. En un video difundido en redes sociales, Soler Carvajal afirmó que, tras finalizar una relación de más de 20 años, ella y sus hijos fueron víctimas de amenazas de muerte.

De acuerdo con la mujer, la ruptura se produjo el 22 de noviembre de 2025, cuando descubrió que el exgobernador mantenía una relación con una joven de 17 años en el departamento de Caquetá.

Según su testimonio, la decisión de pedirle que abandonara la vivienda desató la ira de Orozco Valero, que habría proferido amenazas directas contra su vida y la de su familia.

El video se habría grabado el 18 de marzo pero no fue hasta el 12 de mayo en que tomó la decisión de hacerlo público, al preferir dejar constancia de su temor: “Si me llega a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, el único culpable es el señor José Ricardo Orozco Valero”, advirtió.

Soler señaló que no tiene enemigos y reiteró que cualquier daño que pudiera sufrir solo podría provenir del exmandatario.

La denuncia de la exesposa del exdirigente departamental se centra en las amenazas verbales que, según afirma, recibió de Orozco Valero luego de confrontarlo por la presunta infidelidad. Señaló que Orozco fue enfático y agresivo al afirmar que no dejaría “nada de ellos sobre la faz de la tierra”, sumando inquietud sobre la seguridad de su círculo familiar cercano.

A la denuncia pública se suma el señalamiento de desprestigio por parte de Orozco Valero, quien, según Soler Carvajal, “se ha dedicado a contarle a todo el mundo” que la separación fue consecuencia de su carácter. Ella sostiene que estas versiones forman parte de una campaña para desacreditarla.

La exesposa aseguró que cuenta con videos y pruebas que respaldan sus afirmaciones. “Me tocó buscar pruebas, hacerle videos; tengo videos y evidencias de todo lo que estoy diciendo”, sostuvo en la grabación.

Además, mencionó que la actual pareja de Orozco también habría emitido amenazas a través de redes sociales, situación sobre la que dijo tener evidencia.

Las reacciones de respaldo a la mujer han sido contundentes y piden acciones legales de las autoridades del Tolima para prevenir cualquier acción que perjudique tanto a Soler como sus hijos.

Cifras de violencia contra la mujer en Colombia

Las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo revelan que Colombia enfrenta una problemática persistente de violencia de género. En 2025, se registraron 118 feminicidios, 333 intentos y 28 transfeminicidios, además de 2 feminicidios y 26 tentativas incluido enero de 2026.

Este fenómeno muestra una concentración en regiones como Caquetá, Amazonas y Casanare, que presentan las tasas más altas por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

En cuanto a la trata de personas, en 2025 hubo 193 víctimas mujeres, de las cuales 41 eran niñas o adolescentes.

Las regiones con mayores cifras fueron Norte de Santander, San Andrés, Meta y Bogotá. La violencia sexual sigue siendo una de las formas más frecuentes de agresión: se reportaron 15.729 casos en 2025, con más de la mitad afectando a niñas y adolescentes.

Los departamentos de Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas encabezan las tasas más altas de agresión sexual.

En enero de 2026, ya se contabilizaban 963 casos de violencia sexual, incluidos 453 que afectaron a menores. Además, 151 niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 2025, con Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia como zonas más afectadas.

La violencia intrafamiliar también mostró cifras preocupantes, con 14.860 casos en 2025, afectando sobre todo a mujeres en Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.

Más de 20 colectivos de nuevas masculinidades en México y Latinoamérica expresaron su rechazo a la gira mundial del influencer conocido como ‘El Temach’, llamada Solo Tour 2026, al advertir que promueve la manósfera y el discurso contra las mujeres y con ello, un retroceso en la igualdad de género.

En un comunicado conjunto, firmado principalmente por la Red de Masculinidades Críticas Latinoamérica, entre las cuales están 21 colectivos mexicanos, aclararon que el rechazo no “nace de un deseo de censura, sino de una responsabilidad ética de proteger los valores de igualdad, respeto y cooperación que como sociedad nos caracterizan”.

“Desde la vocería Venezuela de la Red de Masculinidades Criticas Latinoamérica, rechazamos contundentemente la presentación del “Show” Solo Tour 2026 del ciudadano Luis Castilleja mejor conocido en redes sociales como TEMACH", indicó.

En el mismo documento, señalaron que el discurso que promueve el influencer representa un retroceso social por dos razones: que incita a la violencia psicológica y al retroceso en los derechos de la igualdad.

Argumentó que respectó a la incitación a la violencia psicológica, consideran que ‘El Temach’ hace un llamado a que los hombres jóvenes usen técnicas de manipulación y control emocional en sus relaciones de pareja, trabajo y en su comunidad, lo cual “representa una forma clara de abuso y violencia machista”.

Sobre el retroceso en los derechos de igualdad, mencionaron que en un contexto donde a diario se lucha por erradicar la violencia machista, permitir espectáculos de personajes que deshumanizan a las mujeres y promueven conductas de dominación, es un retroceso en derechos humanos y apologia a delitos contra la integridad personal de niñas y mujeres.

“Un personaje como el Temach que promueve un discurso misógino, especialmente dirigido a una población joven representa un verdadero desafío para la sociedad venezolana donde, según estadísticas del Monitor de Femicidios UTOPIX en el año 2025 se registraron en Venezuela 145 femicidios.

“En un contexto como este, promover la presentación de este tipo de personajes, es sencillamente inadmisible”, comentaron.

En este sentido, enfatizaron que “el entretenimiento no puede estar por encima de la dignidad humana”, por lo que no se puede normalizar los discursos de odio, con los que se afirma que “el valor de hombre depende de la capacidad para someter o manipular a los demás, especialmente a las mujeres”.

Discursos machistas pueden generar agresiones contra mujeres y hombres

Advirtieron que discursos como el del Temach pueden convertirse en un detonante de radicalizacion, que lleve a algunos jóvenes a convertir el discurso de odio en ataques fisicos y otro tipo de agresiones, contra las mujeres o incluso contra hombres que consideren “inferiores”.

Asimismo, alertó sobre el peligro de las cámaras de eco que estos eventos generan, que anulan el pensamiento critico y el dialogo empatico, para alimentar el resentimiento que se valida colectivamente y se transforma en una identidad grupal agresiva.

“No podemos permitir que el espacio publico y los entornos digitales se conviertan en una plataforma de odio y de validación para prejuicios que ya creíamos superados”, comentaron.

En este sentido, hicieron un llamado a que los organizadores y patrocinadores del show del Temach, así como a las autoridades locales donde se realicen las presentaciones, “reflexionen sobre el impacto del discurso de odio en las nuevas generaciones”.

De igual forma, exhortaron a la comunidad en general a promover espacios de diálogo para hombres que se basen en la igualdad, empatía, la responsabilidad afectiva y la verdadera fortaleza emocional.

El documento cuenta con la suscripción de representantes y colectivos dedicados a las masculinidades críticas y la deconstrucción de roles de género en América Latina y México. Entre los firmantes está Jorge Plaza, vocero de la Red de Masculinidades Críticas Latinoamérica en Venezuela, además de organizaciones mexicanas como Vatos Trabajando (@vatostrabajando), Corazón del Hombre (@corazonhombre) y Padres Disidentes (@padres.disidentes).

También suscriben figuras y agrupaciones como Alberto Fregoso y Said Luna de Lunario Antipatriarcal en Guadalajara (@lunarioantipatriarcal), Christian Ortiz de Hombres Despiertos (@hombres.despiertos), Josué Lavandeira de MEJORESHombres (@mejores.hombres), Edmundo Castelan Muñoz de Hombres Necios en CDMX (@hombresnecios), GENDES AC (@gendesac), Hugo Valdés Sánchez de Varones en Obra (@varonesenobra), Axel Díaz-Avila de Vato Garabateado (@vato.garabateado) y Leonel López del Círculo de RefleAcción.

La lista incluye además a Jerry León de Masculinidades Cholula, Jonathan Sánchez y Juan Manuel Luna de Muchos Machos Pocos Hombres (@muchosmachospocoshombres), Jonathan Sánchez de Identidades más allá del abandono (@identidadesmasalladelabandono), Jesús Magallón de En Deconstrucción (@endeconstruccion), Tlacaelel Paredes Gómez de Hombres Diversos (@hombresdiversos), Fabrizio Álvarez de Observando la Sociedad (@observandolasociedad) y Luis Monjaras de Hombres en Equilibrio Mx (@hombresenequilibrio).

El director de la División de Cibercrimen de la PNP, Waldir Ángeles Puentes, precisó que la investigación permitió identificar a 142 usuarios vinculados al grupo digital, en el que se compartía y distribuía material de abuso sexual infantil.

“La Policía Nacional del Perú viene desarrollando una operación policial dirigida a la desarticulación de una red internacional de pornografía infantil que venía operando en trece países”, declaró Ángeles.

Las intervenciones se realizaron en los distritos limeños de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y se extendieron a las regiones policiales de Tacna y San Martín. Entre los detenidos figura Alex Beteta Diego, conocido como “Baby Teta”, quien fue capturado en San Martín de Porres y cuenta con antecedentes por abuso sexual infantil y acoso. Ángeles confirmó que “ha estado interno en un establecimiento penitenciario”, y que en su domicilio se incautaron medios electrónicos para ser sometidos a pericias.

Identificación de los implicados y antecedentes

Junto a Beteta Diego, la PNP detuvo a Miguel Céspedes Rojas en Villa El Salvador, Anthony Jorge Pusari en San Juan de Lurigancho, Luis Sandoval Fatama en la región San Martín y Dante Quispe Calatayud en Tacna. La investigación se centra en la posesión, distribución y posible producción de material ilegal.

“Hasta el momento, se les viene investigando a ellos por poseer material y su distribución. La investigación comprende también las acciones de posible elaboración o producción de este tipo de material”, detalló Ángeles.

Durante los allanamientos, se incautaron dispositivos y archivos digitales que están siendo sometidos a análisis antropométrico, con el objetivo de identificar a posibles víctimas en territorio peruano.

Modus operandi

Las pesquisas revelaron que el grupo exigía a los interesados en ingresar compartir material de abuso sexual infantil como requisito de acceso. Según la División de Cibercrimen, “dentro de uno de los requisitos para poder integrarse es el compartir o subir material de contenido de abuso sexual infantil, a partir del cual se contactan de manera individual para efectos de poder comercializar o producir el material”.

La operación en Perú constituye una segunda etapa de una acción internacional realizada en diciembre del año anterior en países como Argentina, Brasil, Ecuador, España, Paraguay y Honduras, donde fueron arrestadas veinticinco personas. El caso ha generado especial inquietud en el distrito de San Martín de Porres, dado que uno de los detenidos residía cerca de una casa hogar, la casa hogar San Bernardita, donde viven niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades continúan el proceso de análisis de los dispositivos incautados y coordinan con entidades internacionales para profundizar la investigación.

Tres mujeres fueron asesinadas en distintos hechos violentos ocurridos en los departamentos de Olancho y Cortés, reflejando la crisis de inseguridad que afecta al país y el incremento de los femicidios durante 2026.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Juticalpa, Olancho, donde una menor de apenas 14 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada como Carmen Maribel Rosales.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles sospechosos vinculados al hecho.

Agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras investigaciones en la escena mientras familiares y vecinos lamentaban el violento asesinato de la adolescente. El crimen ha generado consternación entre pobladores de la zona debido a la corta edad de la víctima.

Horas después, otro hecho violento se registró en Catacamas, siempre en el departamento de Olancho. Una joven identificada como Lissi Matute, de 22 años, fue atacada a disparos por sujetos armados que ingresaron a su vivienda.

La joven resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital San Francisco, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Mientras tanto, en San Pedro Sula, Cortés, la violencia dejó otra escena sangrienta luego que una madre y su hijo fueran atacados a balazos dentro de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula, en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR).

Las víctimas fueron identificadas como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, e Isadora Padilla Cardona, de 72 años. En el ataque también resultaron heridas otras dos mujeres que se transportaban en el automotor al momento del atentado.

De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado descendió de un vehículo y disparó directamente contra los ocupantes del automóvil.

Posteriormente, el sospechoso habría despojado a otro conductor de su carro para escapar de la escena del crimen.

En medio de esta nueva ola de violencia, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó que al menos 84 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2026.

Ayestas alertó que muchos de estos crímenes se están cometiendo con extrema brutalidad. “Las féminas están siendo asesinadas con saña, las decapitan, las queman y sufren violencia sexual”, expresó.

La experta también señaló que gran parte de los ataques son cometidos por personas cercanas a las víctimas. “Son las parejas, exparejas y amigos los que están matando a las mujeres”, manifestó.

Según datos del OV-UNAH, durante 2025 se registraron 265 asesinatos de mujeres, cifra que podría ser superada este año si continúa la tendencia actual.

Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación debido a que alrededor del 95 % de los casos permanece en la impunidad, situación que consideran una de las principales causas de la repetición de este tipo de crímenes.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para fortalecer las investigaciones, garantizar justicia para las víctimas y promover políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia de género y la protección de las mujeres.

Una médica residente del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que por motivos de seguridad se identifica como ‘doctora N’, denunció por acoso sexual y laboral al director de dicho centro de salud, Adrián Chávez.

De acuerdo con información difundida por colectivos en redes sociales y en la plataforma Change.org, la médica residente ya presentó una denuncia formal en contra del directivo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En el escrito publicado en la plataforma Change.org, se señala que la doctora ‘N’ “ha sido víctima de una transgresión inaceptable” por parte del doctor Adrián Chávez, que va desde el hostigamiento laboral y sexual hasta acoso en redes sociales.

Destacó que de acuerdo con la denuncia formal, las agresiones han ido “acompañadas de la reiterada insistencia de contacto no deseado”, a través de regalos que le ha enviado el directivo a pesar de que ella los ha rechazado.

“Nos dirigimos con profunda indignación y solidaridad ante la denuncia formal presentada por nuestra colega, la Dra (N)., médica residente de nuestra institución. Ella ha sido víctima de una transgresión inaceptable por parte de un miembro directivo, el Dr. Adrián Chávez.

“Las acciones descritas en su denuncia van desde hostigamiento laboral y sexual hasta acoso en redes sociales, acompañadas de la reiterada insistencia de contacto no deseado mediante el envío de obsequios a pesar de haber sido rechazados varias veces”, se lee en la publicación.

Asimismo, afirmaron que “el acoso laboral y sexual no solo es una violación de la ética profesional, sino que también destruye el ambiente integral de trabajo que una institución médica debería promover”.

Mencionó que “la evidencia presentada por la Dra (N). es alarmante”, por lo que reconoció la valentía, por lo que hacen un llamado a que médicos y personal de salud denuncien este y otros casos que ocurran en su entorno laboral.

“Es vital que nuestro colectivo no permanezca en silencio ante este tipo de conductas, que socavan el bienestar y la dignidad profesional de nuestra querida compañera y, por extensión, de todos los que trabajamos en esta institución.

“La evidencia presentada por la Dra (N). es alarmante y su valentía al dar este paso merece no solo nuestro apoyo, sino también la intervención decidida para detener estos abusos”, añadió.

Resaltó que “según estudios recientes, el acoso afecta gravemente la salud mental y física de los empleados, con repercusiones directas en su productividad y en la calidad del cuidado de los pacientes”.

Por ello, exigen que se realicen las investigaciones pertinentes de manera imparcial y la destitución inmediata del doctor Adrián Chávez.

De igual forma, proponen la implementación de un protocolo claro de denuncia y seguimiento de estos casos, así como la formación continua en temas de respeto y ética laboral dentro de la institución.

“Hacemos un llamado a la administración para que cree un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y equitativo para todos, donde cualquier tipo de acoso sea completamente inaceptable y se actúe con contundencia ante cualquier transgresión”, puntualiza.

Finalmente, recalcaron la necesidad de que colegas y la ciudadanía en general se sumen a la petición y apoye a la jóven.

“Por favor, únete a nosotros firmando esta petición para mostrar tu apoyo a la Dra (N). y para promover un cambio necesario dentro de nuestro entorno laboral. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un lugar de trabajo del que todos podamos estar orgullosos”, concluyó.

La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) cuestionó el contenido y las acciones que integran la campaña ‘Niñas, No Madres’, que recientemente difundió el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), contra la violencia sexual infantil y con ello, el embarazo en menores de edad.

En un comunicado, la organización reconoció la necesidad de impulsar acciones de sensibilización social para erradicar este tió de violencia, así como la importancia de visibilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, expresó su preocupación respecto a la campaña, “desde un enfoque basado en evidencia cientifica, derechos humanos y principios de protección integral”, al considerar que “algunos mensajes” pueden ser imprecisos y contraproducentes.

“Reconocemos la relevancia de impulsar acciones de sensibilización social para erradicar la violencia sexual infantil, asi como la importancia de visibilizar los derechos de NNA.

“Consideramos necesario señalar que algunos mensajes de la campaña, en su forma actual, pueden resultar conceptualmente imprecisos y potencialmente contraproducentes desde una perspectiva cientifica, psicológica y de politica pública”, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las presuntas fallas en la campaña?

• Consentimiento en menores de edad 

Algunos mensajes sugieren que la prevención de la violencia sexual depende de la capacidad de niñas y niños para otorgar o negar consentimiento.

La organización subraya que menores de edad no tienen la madurez cognitiva, emocional ni neurobiológica para dar un consentimiento válido en interacción con adultos, sobre todo ante relaciones de poder desiguales.

Usar el concepto de consentimiento sin contexto puede generar interpretaciones erróneas y procesos de autoinculpación en las víctimas.

• Dinámicas reales de la violencia sexual infantil 

En este tema, mencionó que la literatura científica documenta que la mayoría de los casos ocurren sin fuerza física directa, sino mediante manipulación, engaño, generación de vínculos y aislamiento.

Las respuestas neurobiológicas ante situaciones de amenaza, como el congelamiento o la sumisión, pueden impedir que niñas y niños expresen rechazo.

Por ello, se debe centrar la narrativa en “decir no” o “expresar incomodidad” resulta insuficiente.

• Riesgo de responsabilizar implícitamente a las víctimas 

Enfatizar conductas esperadas en niñas, niños y adolescentes, sin definir la responsabilidad exclusiva del agresor adulto, puede trasladar implícitamente una carga de protección a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

ADIVAC sostiene que la prevención, atención y respuesta ante la violencia sexual corresponde de manera absoluta a adultos, instituciones y al Estado.

• Precisión en la comunicación pública 

El colectivo señaló que las campañas deben evitar simplificaciones que distorsionen fenómenos complejos. La ambigüedad en conceptos clave puede provocar desinformación y prácticas inadecuadas.

Los mensajes de sensibilización deben acompañarse de rutas claras de acción, mecanismos accesibles de denuncia y fortalecimiento institucional.

• Construcción de corresponsabilidad social 

Es fundamental involucrar a distintos actores sociales, pero los mensajes deben evitar estigmatización o generalización, y promover una comprensión estructural del problema basada en la transformación de normas sociales, relaciones de poder y contextos de riesgo.

ADIVAC reitera la importancia de campañas para prevenir la violencia sexual infantil, pero subraya que deben construirse con rigor técnico, respaldo científico y enfoque especializado en desarrollo infantil y trauma.

Asimismo, de comunicar de manera inadecuada puede limitar la efectividad de las estrategias de prevención y generar riesgos adicionales para la protección de las víctimas.

La organización hace un llamado a fortalecer la participación de especialistas en psicología del desarrollo, neuropsicología, trauma, criminología, derechos de infancia y diseño de políticas públicas en la elaboración de este tipo de iniciativas, para garantizar información clara, pertinente y verdaderamente protectora de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta semana, el gobierno de México inició la estrategia territorial para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado, a casi dos años de que se difundió una lista de 30 casos de menores de edad que dieron a luz a bebés que tuvieron con hombres sognificativamente mayores que ellas, de hasta 70 años de edad.

Dicha lista fue denunciada en julio del 2025 por Infobae Mx, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en ese momento lo reconoció como posibles casos de abuso sexual y uniones forzadas.

La estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras arranca en una primera etapa que abarca 50 municipios prioritarios en 19 estados, con acciones coordinadas por la Secretaría de las Mujeres y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.

¿En qué municipios prioritarios se implementará la estrategia?

• Aguascalientes, Aguascalientes.
• Baja California, las acciones se concentraron en Tijuana.
• Coahuila de Zaragoza: Saltillo y Torreón.
• Chiapas: Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
• Chihuahua: Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua, Guachochi, Guadalupe y Juárez.
• Durango: las autoridades eligieron la capital, Durango.
• Guanajuato: en Irapuato y León.
• Guerrero:Acapulco de Juárez, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Igualapa, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac.
• Jalisco: en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
• Estado de México: en Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Santo Tomás y Toluca.
• Oaxaca: Candelaria Loxicha, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Cristóbal Amatlán, San Gabriel Mixtepec y Santiago Ixtayutla.
• Puebla: en Palmar de Bravo y la capital, Puebla.
• Querétaro, se trabajó en el municipio de Querétaro.
• Quintana Roo: Benito Juárez.
• San Luis Potosí, la intervención ocurrió en la capital homónima.
• Sinaloa: en Culiacán.
• Sonora: en Hermosillo.
• Tamaulipas: en Reynosa.
• Veracruz de Ignacio de la Llave: en Perote y San Andrés Tuxtla.

¿En qué consistirá la estrategia?

La directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres, Alina Herrera Fuentes, explicó que el embarazo en niñas y adolescentes involucra a distintos actores responsables de su protección.

En un comunicado, subrayó la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno para intervenir en las zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazo temprano, rezago social y educativo, así como pobreza y uniones forzadas.

Las acciones se estructuran en nueve intervenciones, que incluyen trabajo comunitario, recorridos casa por casa, vinculación con personal docente y de salud, capacitación a servidores públicos municipales, diálogo con madres, padres y cuidadores, atención a niñas, niños y adolescentes, actividades en espacios públicos y operación de Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).

La selección de los municipios se basa en un análisis técnico que identifica mayor prevalencia de embarazo infantil, violencia sexual y cohabitación forzada, reforzado con el diagnóstico del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sobre comunidades originarias y afromexicanas.

El financiamiento proviene del FOBAM, que permite a las IMEF contratar promotoras y brigadistas especializadas.

Este personal realiza labores didácticas y preventivas en espacios públicos, Centros LIBRE y domicilios particulares.

El objetivo es involucrar a docentes, familias y personal de salud en la detección y prevención del embarazo infantil y las uniones forzadas, así como impulsar un cambio cultural que elimine la normalización de prácticas que violentan la dignidad de niñas y adolescentes.

En el mismo comunciado, la Secretaría de las Mujeres adelantó que posteriormente se relizará una segunda fase en 44 localidades más.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada tras reconocer que la violencia basada en género funcionó como un mecanismo sistemático de control social ejercido por organizaciones paramilitares entre los años 2000 y 2004.

El fallo identificó que las afectaciones contra las mujeres no fueron hechos aislados, sino el resultado de una estrategia planificada que dejó como saldo la degradación de las víctimas y la imposición de una estructura de poder sustentada en el miedo y la humillación.

Esta sentencia establece, por primera vez en este nivel, que tales actos formaron parte explícita de la política criminal del grupo armado y exige al Estado la reparación integral de las sobrevivientes, incluyendo medidas simbólicas y garantías de atención médica y psicológica prioritaria.

La decisión judicial impuso penas de 40 años de prisión (480 meses) y multas de 50.000 salarios mínimos a José Baldomero Linares (alias “Guillermo Torres”), Rafael Salgado (“Águila”) y José Delfín Villalobos (“Alfa 1”).

Sin embargo, en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Tribunal sustituyó estas condenas por una “privación efectiva de la libertad por un término de 96 meses (8 años)”. De acuerdo con el fallo citado por El Espectador, se reconocieron 57 víctimas —39 directas y 19 indirectas— y se estableció que la reparación que deberán recibir supera los $10.000 millones.

El Tribunal ordenó, además, la realización de disculpas públicas en Puerto Gaitán y la creación de una expresión artística en Alto Neblinas en memoria de las víctimas.

Entre los hallazgos más relevantes, el Tribunal Superior de Bogotá documentó que el grupo armado utilizó el sitio conocido como Alto Neblinas, en Puerto Gaitán (Meta), como centro de retención y secuestro, en el que se perpetraron múltiples privaciones ilegítimas de la libertad bajo la consigna de una política de “corrección o escarmiento” impuesta con criterios morales arbitrarios.

Estas acciones estaban dirigidas expresamente a niñas y adolescentes, a quienes se les quería “trazar en el cuerpo un relato descarnado del dominio paramilitar”, según se lee en la sentencia.

Las prácticas de sometimiento y humillación incluyeron desde el corte violento de cabello —considerado un símbolo público de feminidad y, por lo tanto, de castigo— hasta la imposición de trabajos forzados como arreglar caminos, lavar vehículos pesados, cocinar, desyerbar, recoger leña o cargar piedras.

Estos oficios, exigidos bajo condiciones extremas y desprovistas de mínimos vitales como agua potable o alimento suficiente, buscaban “avasallar la libertad y autonomía” de las mujeres e invisibilizar la violencia bajo una apariencia doméstica o laboral.

La violencia sexual constituyó la forma más brutal de dominación. El Tribunal estableció que las niñas y adolescentes fueron objeto de acceso carnal violento, esclavitud sexual y acoso sistemático, en ocasiones bajo la amenaza del hambre: “algunos paramilitares llegaban a ofrecer comida a cambio de actos sexuales, aprovechando que las víctimas pasaban días sin consumir alimentos o agua”, de acuerdo con la motivación de la Sala de Justicia y Paz.

La sentencia subrayó que tales prácticas buscaban no solo el placer del agresor, sino la anulación de la voluntad y la exhibición de un poder absoluto sobre la vida de quienes sometían.

Esta normalización de la violencia llegó a permear a la sociedad local: las propias familias y autoridades escolares aceptaban los raptos a Alto Neblinas como una suerte de castigo ejemplarizante, convirtiendo estos delitos en rituales de “adoctrinamiento” y perpetuación del terror sobre la población, como destaca la sentencia..

El Sala también documentó la violencia sufrida por las mujeres dentro de las filas paramilitares. Reclutadas siendo muchas veces menores de edad, eran forzadas a entrenamientos degradantes y vejadas en actos de castigo que incluían la sujeción y arrastre por el cuello.

Su vida sexual era objeto de control absoluto: necesitaban autorización para tener pareja y eran obligadas a planificar. Si alguna quedaba embarazada, se le imponía una sanción económica de dos millones de pesos, descontada de la bonificación mensual.

La respuesta judicial no se limita al plano punitivo. La sentencia resalta que el proceso fue posible gracias a la “valentía de las víctimas”, a quienes dedica el cierre del fallo: “Aprovecha la Sala para dirigirse a las víctimas de violencia basada en género, en especial las que acudieron a este proceso, para agradecerles su valentía y decirles que no deben arrepentirse de haber acudido a Justicia y Paz, que esta es una oportunidad para dar a conocer lo que ocurre con las mujeres en el marco de un conflicto armado asimétrico como el que vive Colombia y que con su valentía están aportando a la paz del país”.

La Sala de Justicia y Paz fundamentó en su sentencia que la política criminal de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada incluyó estrategias de sometimiento de las mujeres mediante actos públicos y reiterados de degradación. Tal como subraya el documento, “no se trataba de impulsos sexuales individuales”, sino de una “estructura simbólica profunda” orientada a someter a la población civil a través del cuerpo femenino, equiparando el atentado contra una mujer con la sumisión de la comunidad en su conjunto.

El análisis del Tribunal contextualizó los delitos de violencia basada en género como parte de un modelo represivo, en el que la exhibición de las víctimas tras el cautiverio —marcadas física y socialmente, conocidas como “las calvas”— reforzaba la estigmatización y el aislamiento.

Las jornadas de trabajo forzado y el castigo sexual se complementaban como dispositivos de control cuyos efectos perduraron mucho más allá del final de la ocupación paramilitar en la zona.

En una de sus órdenes, el Tribunal exhortó al Estado a garantizar el acceso preferente de las víctimas a servicios médicos y psicológicos, así como a la reparación simbólica y económica.

La suma total destinada a estos fines, superior a $10.000 millones, se dirigirá al resarcimiento de quienes sufrieron de forma directa e indirecta estos crímenes, un número que por primera vez fue reconocido de manera expresa en sede judicial tras años de silencio impuesto por la violencia armada.

La Secretaría de las Mujeres celebra la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esto, luego de que ayer el Congreso emitió la declaratoria tras recibir el aval de 27 congresos locales.

¿Qué falta?

El poder legislativo cuenta ahora con un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la Ley General, que establecerá la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados.

¿Qué cambiará?

La normativa unificará el tipo penal a nivel nacional y fijará penas de entre 40 y 70 años de prisión. El delito de feminicidio no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías.

El agresor perderá la patria potestad sobre sus hijas e hijos, los derechos sucesorios y cualquier otro beneficio legal vinculado a la víctima.

La nueva ley ampliará el catálogo de razones de género que deberán considerarse al investigar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad o subordinación.

Las penas aumentarán si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada, pertenece a un pueblo indígena, es periodista o defensora de derechos humanos, o si el crimen es cometido por un servidor público.

Las políticas de prevención de la violencia feminicida quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres, que coordinará el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes.

El Estado mexicano asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, lo que incluye la creación de registros nacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Con esta declaratoria, el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el compromiso de transformar el sistema de justicia y reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad estatal y una condición indispensable para lograr la igualdad sustantiva.

No es una estadística abstracta. Es un niño, una niña, un adolescente que deja de estar. En México, 29 menores de edad desaparecen cada día, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el colectivo Hasta Encontrarles, presentados este 27 de abril en la Glorieta de las y los Desaparecidos, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El acto —una “cascarita” futbolística en vísperas del Día de la Niñez— buscó, en palabras de los organizadores, “visibilizar la indolencia de las autoridades en resolver este problema”.

Los números que el gobierno no quiere ver

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, presentó un panorama que se agrava año con año:

• En 2025 se registraron 10 mil 700 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.
• Casi 3 mil 000 menores siguen sin ser localizados.
• El número de casos aumentó 0.3% respecto a 2024, cuando se reportaron 10,631.
• El dato más alarmante: los niños de 0 a 7 años sin localizar crecieron 30.3% en un solo año, al pasar de 2,192 a 2 mil 856 casos.

“Muchos son encontrados con vida, pero siguen sin ser localizados casi 3 mil infantes”, advirtió Ramírez.

Tres estados concentran la mitad del problema

La crisis no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las entidades con mayor número de casos son:

• Estado de México: 4 mil 116 reportes — uno de cada cinco casos del país.
• Tamaulipas: mil 738 reportes (8.6%).
• Ciudad de México: mil 628 reportes (8.9%).

En conjunto, dos de cada cinco desapariciones de menores en México se concentran en estas tres entidades.

Las ONG exigen una respuesta urgente

Redim y Hasta Encontrarles no solo denuncian: también demandan acciones concretas a las autoridades. Entre sus principales exigencias destacan:

• Búsquedas inmediatas desde el momento en que se reporta la desaparición de un menor.
• Investigaciones diligentes con perspectiva de género y enfoque intercultural.
• Fortalecimiento forense y atención integral a las familias afectadas.
• Políticas integrales contra homicidios, feminicidios, reclutamiento y trata que tomen en cuenta las realidades de cada territorio.

La crisis de desapariciones de menores en México lleva años en aumento. Los niños de 0 a 7 años —los más vulnerables— son ahora quienes muestran el incremento más alarmante. Mientras las organizaciones civiles salen a las calles a jugar futbol para que el país no olvide, miles de familias esperan una respuesta que no llega.

En un foro reciente organizado por Causa en Común, una persona que busca a su familiar desaparecido sintetizó en una frase la dimensión del colapso institucional en México: ya no tiene esperanza en que este gobierno le ayude a encontrarlo.

No es un testimonio aislado. Es la conclusión colectiva de miles de familias que llevan años enfrentando omisiones, simulaciones y promesas incumplidas.

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas. Pero el dato que revela la magnitud real de la crisis no es ese número, sino su trayectoria: el 90% de los casos se concentra en los últimos años, y solo en 2024 se registró un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones.

No es una herencia del pasado. Es una crisis activa que crece.

Un andamiaje institucional que existe sobre el papel

Desde 2018, México cuenta con una Ley General en materia de desaparición, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y un sistema nacional de coordinación. En teoría, el marco existe. En la práctica, no funciona.

De los más de 130 mil casos registrados, apenas 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación. El mensaje es claro: en México, la desaparición prácticamente no se investiga.

El colapso también alcanza a los servicios forenses. Estimaciones independientes apuntan a más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en morgues de todo el país. Colectivos de familiares lo describen como una “segunda desaparición”: personas que, incluso después de ser encontradas sin vida, permanecen sin nombre.

Las familias buscan donde el Estado no llega

En ausencia institucional, son los propios familiares quienes asumen la tarea de búsqueda. Entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 3 mil 38 hallazgos de fosas clandestinas, la mayoría localizados por colectivos.

Buscar tiene un costo. Al menos 35 integrantes de colectivos han sido asesinados y ocho más han desaparecido.

La ausencia del Estado no es solo administrativa: es también física.

La respuesta del gobierno: depurar, no buscar

Frente a este escenario, la estrategia del gobierno federal ha sido centrar el debate en los registros. La revisión del padrón nacional de desaparecidos introduce categorías que clasifican casos según la “calidad” de su información o supuestas actividades posteriores a la desaparición.

El efecto es político: el problema se redefine como uno de depuración estadística, no de búsqueda e identificación.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya confirmó lo que las víctimas denuncian desde hace años: México enfrenta desapariciones generalizadas, con impunidad casi absoluta e indicios de participación o tolerancia de autoridades. La respuesta oficial ha sido rechazar ese diagnóstico.

La señal que el Estado envía

Como señala el análisis de Causa en Común, cuando las instituciones no buscan, no investigan y no informan, dejan de ser referentes de justicia para convertirse en obstáculos.

Si las desapariciones no se investigan, si los cuerpos no se identifican y si las cifras se manipulan, el mensaje implícito es demoledor: desaparecer en México no tiene consecuencias.

En México se continúan registrando altas cifras de feminicidios, en medio de un contexto que ya no solo implica una mejora en las políticas para prevenir los casos, investigarlos y sancionarlos, sino también la atención al aumento de la difusión de mensajes en contra de las mujeres a través de redes sociales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre del 2026.

De acuerdo con su reporte con corte al 31 de marzo, el 46.6% de los casos se concentran en seis estados:

Sinaloa continúa como el estado con más feminicidios, al reportar 15 casos, seguido de Chiapas, con 13.

En tercer lugar está la Ciudad de México y el Estado de México, con 11 casos cada uno. Sonora se encuentra en quinto lugar con 10 feminicidios, y Veracruz en sexto, con nueve.

Les siguen Chihuahua y Morelos, con ocho femincidios, así como Jalisco y Tamaulipas, con seis casos. Mientras que Baja California, Guanajuato y Oaxaca, tienen cinco cada uno.

En Guerrero y Nuevo León se han reportado cuatro casos, respectivamente, seguidos de Durango, Puebla y San Luis Potosí, con tres en cada entidad.

Municipios con más delitos de feminicidio

• Culicán, Sinaloa: 12
• Reynosa, Tamaulipas: 4
• Venuastiano Carranza, Ciudad de México: 4
• Hermosillo, Sonora: 3
• Juárez, Chihuahua: 3
• Tapachula, Chiapas: 3
• Anáhuac, Nuevo León: 2
• Cajeme, Sonora: 2
• Centro, Tabasco: 2
• Cuauhtémoc, Chiahuahua: 2
• Cuautla, Morelos: 2
• Cuernavaca, Morelos: 2
• Iztacalco, Ciudad de México: 2
• La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 2
• Mexicali, Baja California: 2
• Tecpan de Galeana, Guerrero: 2
• Tijuana, Baja California: 2
• Toluca, Estado de México: 2
• Tuxtla Chico, Chiapas: 2
• Victoria, Tamaulipas: 2

Edades de las víctimas

Según la misma información, 118 de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años, sin especificar cuántas eran menores de edad.

En el desglose por estado se señalan nueve casos de menores de 12 años de edad y cinco más de entre 13 y 17 años.

Asimismo, se detectaron nueve de adultas mayores y de 16 casos no se tiene dicha información.

Víctimas de homicidio doloso

En este delito, Guanajuato lidera la cifra de casos, con 46 casos, seguido de Michoacán, con 38 y Guerrero, con 30, así como Morelos, con 26.

Sheinbaum propone Ley contra el Feminicidio: en esto consiste

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de unificar la definición y sanción de este delito en todo México.

Y esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa y está siendo sicutida en los congresos estatales.

La propuesta contempla penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan feminicidio, además de establecer que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio desde la apertura de la carpeta, con perspectiva de género.

La iniciativa incluye 52 artículos distribuidos en ocho títulos y entre los elementos clave para tipificar el feminicidio se consideran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima, como ser niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con alguna discapacidad.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para robustecer las investigaciones, y se exige la existencia de unidades especializadas en fiscalías estatales y la federal, con atención continua y protocolos específicos con perspectiva de género.

Se garantiza la revisión de antecedentes de violencia, incluso sin denuncias previas, y la protección de menores en orfandad, así como la dignidad de las víctimas.

Las penas aumentan hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, sea periodista, defensora de derechos o migrante, o si se emplearon sustancias como ácido.

El responsable perderá derechos de patria potestad, herencia e inhabilitación para cargos públicos, sin acceso a libertad anticipada ni amnistía. La aprobación de esta ley representa un avance relevante para combatir la violencia feminicida en México.

Luego de la polémica que se armó en redes sociales por la difusión de una fotografía de un cartel publicitario de la empresa de telefonía Tigo que fue alterado con inteligencia artificial (IA), la Secretaría de la Mujer se sumó al rechazo por parte de la compañía.

Por medio de un mensaje que se publicó desde la cuenta de X de la entidad, se precisó que no importa ”si es publicidad, meme o IA. Usar la imagen o identidad de las mujeres para burlarse, sexualizarlas o lucrarse con ellas es violencia simbólica y digital".

La imagen que se viralizó en varias cuentas dedicadas a compartir memes en redes sociales como Facebook, Instagram y X ocasionó la respuesta vehemente y creativa por parte de Tigo, que precisó en su respuesta que lo ocurrido fue un acto de “violencia digital”.

El caso se presentó entre el 23 y el 24 de abril de 2026, cuando usuarios de plataformas digitales compartieron una fotografía intervenida de un aviso publicitario de Tigo ubicado en una parada de bus.

En la versión original, el mensaje acompañaba la imagen de una mujer y decía: “Desde que soy pospago, le comparto datos a todos”.

Sin embargo, la imagen modificada con IA cambió la frase por: “Desde que soy prepago, le comparto datos a todos”.

En Colombia, el término “prepago” tiene una connotación coloquial y peyorativa, ya que suele emplearse para referirse a mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de remuneración económica.

Por esta razón, la modificación del mensaje fue interpretada como una forma de violencia y ataque a la dignidad de la mujer retratada en el cartel.

Esto provocó que en la respuesta de Tigo (mediante una publicación en su perfil de X la noche del jueves 23 de abril) a raíz de la imagen manipulada.

Sumado a esto, la compañía difundió un video en el que mostró el mensaje real y el falso.

“Esto es lo que publicamos nosotros”, aclaró la empresa, señalando la diferencia con la versión adulterada.

La empresa de telefonía remarcó que la modificación del cartel se realizó “sin permiso, sin verdad, con inteligencia artificial” y puntualizó sobre la mujer que aparece en el cartel: “Ella es profesional. Una palabra falsa no cambia nada de eso, pero el silencio sí hubiera cambiado todo”.

En su comunicado oficial, Tigo denunció que “manipular la imagen de una mujer con inteligencia artificial es violencia digital y Tigo no se queda callado. Su imagen le pertenece a ella, como la tuya te pertenece a ti. En Tigo creemos que la tecnología debe sumar, no destruir”.

Para contrarrestar el impacto negativo y abrir un espacio de reflexión, la empresa publicó, también con ayuda de inteligencia artificial, varias imágenes alternativas del mismo cartel, esta vez con frases orientadas a empoderar a las mujeres en lugar de descalificarlas.

“Una palabra falsa, una imagen fake para unos likes. No atacaron a una marca, atacaron a una persona. ¿Querían nuevas frases? Les dejamos unas para pensar un poco más”, publicó Tigo en su cuenta oficial de X, junto al video explicativo.

Por todo lo anterior, al final del mensaje desde la Secretaría de la Mujer se añadió: “Ninguna publicación puede construirse sobre el machismo. Nuestro país necesita entornos virtuales respetuosos”.

El episodio reavivó la discusión sobre la violencia digital contra las mujeres, una problemática que abarca diversas conductas realizadas a través de medios y plataformas tecnológicas, con el objetivo de dañar, intimidar, acosar, controlar o vulnerar la dignidad y los derechos de las mujeres.

Entre las formas de violencia digital se incluyen la manipulación de imágenes, el uso no consentido de datos personales, la difusión de contenidos ofensivos o denigrantes, el acoso en línea, la suplantación de identidad, el ciberacoso y la difusión de información falsa o descontextualizada.

Tigo, en su respuesta, llamó a la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología y el respeto a la imagen y la dignidad de todas las personas.

También reiteró su compromiso en promover campañas que empoderen a las mujeres y contribuyan a erradicar las manifestaciones de violencia de género en el ámbito digital.

El registro audiovisual, que ya se encuentra en manos de la Guardia Civil española, muestra a la joven abandonando el inmueble el 5 de abril, un día antes de que se perdiera todo contacto con ella. En las imágenes se observa a Elba vistiendo un polo blanco y pantalón jean, mientras carga un celular, un abrigo, un bolso y una maleta gris. Antes de retirarse, incluso mira fijamente a la cámara de seguridad.

Según relató su hermana, Victoria Cruz, la versión entregada por la pareja de la desaparecida, identificada como Alex Ferreres, es que ambos tuvieron una discusión y que luego ella decidió irse del lugar con sus pertenencias.

“Bueno, la versión que nos da es que tuvieron una discusión, que ella se va ese día con sus cosas y me dice: ‘Todas las parejas tienen problemas’”, señaló. Previamente había manifestado sus sospechas contra Ferreres tras conocer por tercera personas que la pareja tenía antecedentes de conflicto.

Último rastro en Barcelona

Tras dejar Vinaròs, Elba viajó a Barcelona, donde registró su ingreso a un hotel el 6 de abril. Desde ese lugar envió una última fotografía a la niñera de sus hijos, quienes se encuentran en Chile, y le comentó que iba a reunirse con un hombre.

Hasta el momento, la identidad de esa persona sigue siendo desconocida para la familia.

“Ahora, la identidad de este chico no se sabe, pero en ese hotel se le pierde el rastro. Se registró sola, no hay nadie más registrado y se quedó el lunes 6 y martes 7 de abril”, explicó su hermana.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero.

Familia pide ayuda para viajar a España

Han pasado 18 días desde la desaparición y los familiares de Elba evalúan viajar a España para colaborar con las diligencias. Sin embargo, aseguran que enfrentan limitaciones económicas y logísticas, ya que la investigación principal se desarrolla en Vinaròs, donde no cuentan con familiares ni alojamiento.

“Sí, pero familiares no tenemos. Y donde nosotros necesitamos ir a quedarnos es en Vinaròs, porque la investigación se está haciendo ahí”, sostuvo Victoria Cruz.

Asimismo, la familia solicitó apoyo al consulado peruano y a la embajada española para acceder a más información y facilitar su traslado.

Detective privado y apoyo del MIMP

Ante la falta de resultados, los allegados también contrataron a un detective privado en España para intentar esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ya tomó conocimiento del caso y viene realizando seguimiento a la situación.

La desaparición de Elba Cruz mantiene en alerta a sus familiares, quienes exigen celeridad en las investigaciones y no descartan nuevas acciones para intensificar su búsqueda.

Medios de ayuda en Perú

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

Eruviel Ávila Villegas, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respondió con un breve mensaje en redes sociales a las acusaciones de su esposa, María Irene Dipp, quien lo señaló de violencia psicológica y amenazas.

En su cuenta de X, el diputado agradeció los mensajes que recibió con relación a las declaraciones de Dipp; sin embargo, hizo un llamado a llegar a un acuerdo con su esposa “en privado”.

En la misma publicación, aseguró que ambos buscarán que prevalezca el diálogo y el respeto, por el bienestar de sus dos hijos.

“Gracias a todos por sus mensajes. En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló”, escribió en la red social.

El lunes pasado, María Irene Dipp denunció públicamente que enfrenta violencia psicológica y amenazas legales de parte de Eruviel Ávila, diputado del PVEM y exgobernador del Estado de México.

En un video difundido en redes sociales, Dipp afirmó que, tras varios intentos de resolver de manera pacífica la separación, decidió apartarse junto con sus hijos debido al “ambiente tóxico” que vivían en su hogar.

Acusó que Ávila la ha amenazado repetidamente con iniciar procesos civiles y penales para quitarle la custodia de sus hijos, Juan Pablo y María Ávila Dipp.

Dipp sostuvo que estas amenazas y la violencia psicológica que dice sufrir de Ávila la llevaron a tomar la decisión de separarse con el fin de proteger a los menores y evitar que el legislador cumpla sus advertencias.

Advirtió que, ante la falta de acuerdos, Ávila intensificó la intimidación mediante acciones legales, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad y el bienestar de su familia.

En el video, Dipp responsabiliza directamente a Ávila de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. Hasta ahora, el diputado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.

Colectivos y organizaciones han expresado su apoyo a Dipp y han exigido protección para ella y sus hijos.

Eruviel Ávila ha sido presidente municipal de Ecatepec, subsecretario de Gobierno del Edomex, gobernador de la entidad y dirigente del PRI; desde 2024 es diputado federal por el PVEM.

Familia denuncia abandono legal

Luis Flores Julca, principal sospechoso del ataque, cuenta con una orden de captura vigente, pero sigue sin ser detenido por la Policía Nacional. La familia de Yanet expresa preocupación por el lento avance de las investigaciones y la posibilidad de que el agresor haya huido del país, ya que las cámaras de seguridad registraron su presencia en el lugar de los hechos y su salida con una maleta poco después del ataque.

En cuanto al apoyo institucional, la hermana de la víctima denunció la falta de acompañamiento legal por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a pesar de que inicialmente se ofreció asistencia psicológica y legal. Según relató, la abogada designada por el MIMP no se presentó a realizar las gestiones legales necesarias, lo que llevó a la familia a recurrir a un abogado particular para continuar el proceso.

“Por la parte legal del Ministerio de la Mujer sí nos quedamos totalmente decepcionados, ya que la abogada en su momento no se personó a hacer ninguna documentación y es motivo por el cual nuestro abogado de familia sigue con nosotros”, narró.

Karen pidió que las autoridades no las abandonen y refuercen la búsqueda de Flores Julca, haciendo un llamado tanto a la Policía Nacional como a la ciudadanía para aportar información que permita dar con el paradero del agresor.

MIMP responde sobre el apoyo legal

Ante la denuncia de la familia por falta de acompañamiento legal, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el Programa Nacional Warmi Ñan ofreció asistencia legal gratuita. Según el comunicado enviado a Infobae, la entidad reiteró el ofrecimiento y, aunque la hermana de la víctima permitió orientación del abogado del Programa, la representación formal quedó en manos del profesional privado contratado por la familia.

El MIMP detalló que, de oficio, solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la agraviada y a la Policía Nacional custodia permanente, ya que la víctima permanece internada. También informó que gestionó la entrega de imágenes de videovigilancia a la Municipalidad de Surquillo y solicitó a la Fiscalía Especializada en Violencia la geolocalización y levantamiento de comunicaciones del denunciado, como parte de las acciones para reforzar la investigación.

La institución remarcó que, desde el inicio del caso, brinda contención emocional y apoyo social diario a los familiares de la víctima en el hospital. Además, reiteró que sus servicios legales y de acompañamiento continúan disponibles para la familia, en caso decidan hacer uso de ellos.

Piden donantes de sangre

Urbano fue agredida tras intentar poner fin a la relación sentimental con Flores Julca. El ataque incluyó golpes, cortes con arma blanca y graves quemaduras, lo que derivó en un incendio dentro de la habitación de la víctima. Actualmente, Yanet permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arzobispo Loayza, conectada a un ventilador mecánico, con más del 70 % de su cuerpo quemado y múltiples fallas orgánicas. De acuerdo con Latina Noticias, su diagnóstico inicial fue de falla multiorgánica y muerte cerebral, producto de la gravedad de las lesiones y la inhalación de humo.

La hermana de la víctima, indicó que Yanet ha pasado por varios procedimientos médicos, entre ellos tomografías y diálisis, y que el monitoreo es constante. Destacó la atención recibida en el hospital, pero remarcó que la situación sigue siendo crítica y que la joven permanece inconsciente. En este contexto, la familia solicita donantes de sangre de manera urgente para sostener los tratamientos médicos. Karen proporcionó su número de contacto para quienes deseen colaborar: 963 033 122.

Para la Policía, el agresor estaría en Argentina u otro país cercano, debido a que se evidenció movimientos en la tarjeta de la víctima. Asimismo, las autoridades ya están efectuando la captura internacional.

María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exgobernador del Estado de México, acusó al legislador de violencia psicológica y de amenazarla con iniciar procesos legales en su contra tras separarse de él.

En un video, Dipp narró que tras varis intentos de llegar a una “solución pacífica”, tomó la decisión de separarse del diputado, junto con sus hijos, debido al “ambiente tóxico” en el que vivían.

La mujer indicó que el exgobernador mexiquense comenzó a amenazarla con iniciar un proceso legal en su contra, entre otras afectaciones directas y civiles, por lo que vive “con el miedo constante” de perder a sus hijos.

“Te hablo con claridad y desde mi verdad. Desde tiempo atrás, he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido, Eruviel Ávila Villegas. He recibido amenazas de que va a proceder legalmente en mi contra y vivo con el temor constante de perder a mis hijos”, afirmó.

Argumentó que se separó del legislador para “intentar proteger, ayudar y librar” a sus hijos, así como por el temor a que sí cumpla sus amenazas.

“Hoy, esta situación nos ha orillado a apartarnos de él, por el temor a que sí cumpla sus amenazas y nos haga daño.

“Intenté de todas las maneras llegar a una solución pacífica, buscando siempre el bien de nuestros hijos, pero recibí amenazas directas, civiles y penales en mi contra”, aseveró.

En este sentido, María Irene Dipp hizo responsable al legislador de cualquier situación que afecte tanto su integridad, como la de sus hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp.

El diputado no ha emitido ninguna declaración al respecto; sin embargo, diversos colectivos han expresado su solidaridad con la mujer.

¿Quién es Eruviel Ávila?

Entre 1994 y 1996, Eruviel Ávila ocupó el cargo de secretario del gobierno municipal de Ecatepec, Estado de México. Posteriormente, de 2001 a 2003, se desempeñó como presidente municipal de Ecatepec, responsabilidad que volvió a asumir entre 2006 y 2009.

En el ámbito estatal, ejerció como subsecretario de Gobierno del estado de México en la región de Nezahualcóyotl entre 2011 y 2017. Más adelante, asumió la gubernatura del Estado de México, cargo que ocupó desde 2017.

A esto se suma que entre 2006 y 2017, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de México.

Durante ese periodo, también se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y ocupó la coordinación de las comisiones de asuntos internacionales y de salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Además, participó activamente en el PRI y en 2017 fue vicecoordinador de la precampaña presidencial de ese partido.

En 2017 asumió la presidencia del PRI en la Ciudad de México y, posteriormente, a partir de 2024, se integró al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La sentencia, dictada en marzo por la Corte Superior de Justicia del Callao, establece una condena de 30 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva para Luis Miguel Quispe Campos, encontrado responsable del delito de violación de la libertad sexual en agravio de una menor. El proceso judicial, iniciado tras la denuncia de la familia, se extendió por seis años y culminó con un fallo que la familia considera solo parcialmente reparador ante la ausencia del sentenciado, quien no se presentó a la lectura del veredicto.

La lucha por encontrar justicia

La madre de la víctima relató que la denuncia surgió dos años después de los hechos, ocurridos en 2018, cuando su hija, aún menor de edad, narró con detalle los episodios de abuso a manos de un familiar cercano.

Durante el proceso, la familia convivió con el temor y la incertidumbre. La madre explicó que su hija desarrolló miedo a salir de casa ante la posibilidad de cruzarse con su agresor.

“No salía porque me decía: ‘Mamá, de repente me la encuentra mi tío Luis en su carro o me la encuentra en el colegio, en la puerta’. Ella tenía miedo”, relató la madre al programa Ocurre Ahora de ATV.

La situación se agrava porque el sentenciado, quien es psicólogo de profesión, atendía a menores y tenía acceso a niños en su entorno laboral. La madre de la menor remarcó que la condena no representa un cierre definitivo para su familia, ya que la ausencia de Quispe Campos mantiene latente el riesgo de represalias.

De esta manera, teme a que el agresor regrese para hacerle daño a su familia o a la víctima como parte de una “venganza”.

Ante ello, exige garantías personales y medidas de protección ante el temor de que el prófugo pueda intentar acercarse a ellos. Las autoridades judiciales han reiterado que la orden de captura está vigente y que corresponde a la Policía Nacional ejecutar la detención del sentenciado, cuyo paradero actual se desconoce.

Canales de ayuda

• El Centro de Emergencia Mujer ofrece atención integral y gratuita a víctimas de violencia familiar y sexual. Los CEM brindan apoyo legal, psicológico y social en todo el país, facilitando la denuncia y el acompañamiento durante todo el proceso.
• La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial, disponible las 24 horas del día, que brinda orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia de género.
• La Policía Nacional del Perú cuenta con comisarías especializadas y personal capacitado para atender denuncias de violencia de género. Ante una situación de peligro o emergencia, cualquier persona puede acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 105 para solicitar ayuda inmediata.

El incidente, que quedó registrado en video, expuso la doble dimensión del ataque: primero contra su esposa y después contra la oficial que acudió a atender la situación. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, uniformados acudieron al barrio Santa Elena Baja tras recibir un llamado por un posible caso de violencia intrafamiliar.

En el lugar, los agentes encontraron a Castro Montoya mientras golpeaba a su compañera sentimental, situación que fue grabada por vecinos y difundida como prueba del ataque. La intervención policial se tornó violenta cuando el agresor adoptó una actitud hostil frente a los uniformados.

Durante el procedimiento de traslado a la estación para la identificación formal, el detenido propinó una patada en el rostro a la comandante de la estación, identificada como teniente y máxima autoridad policial en El Colegio.

La agresión quedó registrada en una grabación que fue presentada ante la autoridad judicial como evidencia del ataque contra la servidora pública. El propio coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, confirmó los hechos en un comunicado a la opinión pública.

“El Departamento de Policía Cundinamarca se permite informar que el 19 de abril, en el barrio Santa Elena Baja, del municipio de El Colegio, se presentó un procedimiento policial que dejó como resultado la captura en flagrancia de una persona por el delito de violencia contra servidor público agravado”, explicó Herrera Luengas.

El oficial agregó: “Los hechos se registraron en momentos en que uniformados de la Policía Nacional atendían un caso donde un hombre agredía a su compañera sentimental. Durante la intervención policial, el individuo asumió una actitud agresiva frente al procedimiento. Al ser trasladado en vehículo institucional hacia las instalaciones policiales para su identificación, el sujeto agredió físicamente a la comandante de estación, propinándole un golpe a la altura de su rostro”.

La Policía Nacional recalcó su rechazo absoluto a toda forma de violencia contra la mujer y destacó la importancia de proteger la integridad de sus uniformados. Según el comunicado institucional, Castro Montoya fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente y se le imputó el delito de violencia contra servidor público agravado. El juez encargado del caso dictó la medida de detención intramural, que se ejecutará mientras avanza el proceso judicial.

Cifras y contexto de la violencia contra la mujer en Cundinamarca

El caso expone la situación persistente de violencia contra la mujer en Cundinamarca, una problemática que ha sido objeto de seguimiento por parte del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del departamento.

De acuerdo con el último informe presentado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia física representa el 62% de los casos reportados en la región, mientras que la violencia psicológica y económica alcanzan el 22% y 17%, respectivamente. Las cifras del Observatorio muestran que el 56% de las víctimas son mujeres adultas y el 29% jóvenes, y que la pareja o expareja es el agresor en la mayoría de los incidentes.

En municipios con alta densidad poblacional como Soacha y Facatativá, los casos reportados superan los 48 y 15, respectivamente. La tendencia revela que los hechos de violencia intrafamiliar y física predominan en el departamento, y que el 43% de los reportes corresponden a situaciones con antecedentes previos. Los canales de denuncia más utilizados son digitales, con la Línea Púrpura Distrital y WhatsApp como principales medios de contacto para las víctimas.

La respuesta institucional resalta la importancia de la orientación y el acompañamiento jurídico, que constituyen el 43% de la atención brindada, junto con el apoyo psicosocial y las remisiones a otras entidades. El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género sostiene que la prevención debe fortalecerse con información, entornos seguros y rechazo social a toda expresión de violencia.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

Natalia Lane, activista trans, informó que logró obtener una sentencia condenatoria contra el hombre que intentó asesinarla el 16 de enero de 2022 en un hotel de la Ciudad de México.

La resolución, emitida el 13 de abril en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, fue considerada un hecho histórico por ser la primera vez que en México una mujer trans sobrevive a un intento de transfeminicidio y consigue que se reconozca el factor de género en la condena.

A esro se ssuma que el caso de Lane se convierte en uno de los primeros en investigarse y resolverse como tentativa de feminicidio con perspectiva de género, aunque la figura de transfeminicidio aún no está definida en la legislación federal.

En 2022, Natalia Lane denunció a través de redes sociales que fue atacada, al publicar un video, en el que mostró sus heridas mientras buscaba ayuda.

Poco después, un juez inicia el proceso legal y, tras más de cuatro años de lucha, Lane se convierte en la primera mujer trans viva en lograr una sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio con perspectiva de género.

Natalia Lane resalta la importancia del apoyo brindado por organizaciones y el colectivo LGBTTTIQ+ durante el proceso.

“Hoy, le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras”.

Congreso de la Ciudad de México entrega medalla por la diversidad sexual y de género

El Congreso de la Ciudad de México aprueba otorgar la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género” a Natalia Sofía Cruz Cruz, conocida como Natalia Lane, y a Carlos López López, conocido como Carlos “Dosveceslópez”, por su labor en la promoción y defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género.

La decisión se toma en la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Derechos Humanos, encabezada por las diputadas Cecilia Vadillo Obregón y Jannete Elizabeth Guerrero Maya. El reconocimiento institucional destaca el acompañamiento comunitario, la incidencia política y la defensa del acceso a la justicia para poblaciones históricamente vulneradas.

La medalla se entregará en una sesión solemne en el Recinto Legislativo de Donceles por contribuir de manera significativa a fortalecer la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ en la capital.

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas al Código Penal que promovió el gobeirno estatal para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

La nueva ley obliga a inscribir en este registro a quienes reciban sentencia firme por delitos como feminicidio, trata de menores, abuso sexual, acoso, hostigamiento, afectación a la intimidad, captación y tráfico de menores, corrupción y explotación sexual.

¿Cómo será el registro de agresores y cuánto tiempo estarán inscritos?

La inscripción será obligatoria y el juez debe ordenarla cuando exista sentencia firme.

El registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la condena de prisión, incluso si la pena es sustituida o suspendida conforme a la ley.

Puntos clave:

• La inscripción se mantendrá por un periodo adicional de diez años después de que la persona sentenciada obtenga su libertad.
• La reparación del daño moral no exime a los sentenciados de aparecer en el registro.
• La Fiscalía General del Estado será responsable de administrar y operar este registro.

Iniciativa genera debate en el Congreso

La creación del registro generó discusión entre legisladores.

Algunos diputados defendieron la medida como necesaria para prevenir nuevos delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes. Señalaron que la herramienta ayuda a controlar la reincidencia y fortalece la justicia.

Otras voces advirtieron sobre posibles problemas de constitucionalidad, argumentando que un registro público con temporalidad extendida puede funcionar como una sanción adicional y afectar derechos como la reinserción social y la privacidad.

Sin embargo, la mayoría consideró que el interés superior de la niñez y la protección de las víctimas justifican la medida.

La propuesta para que el registro fuera de acceso restringido solo a autoridades no fue aprobada.

Gobernadora agradece aprobación, resalta protección a la infancia

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo agradeció al Congreso la aprobación de la iniciativa y señaló que se trata de un avance importante para fortalecer la justicia y la protección de las víctimas.

Destacó que el registro permitirá un mejor control, seguimiento y prevención, y que la cobertura se amplía a nuevos delitos, especialmente en entornos digitales.

García Muñoz Ledo afirmó que este esfuerzo está centrado en el bienestar y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, y reiteró su compromiso de impulsar acciones para que crezcan en entornos seguros y libres de violencia.

“Hoy damos un paso firme en la protección de las niñas, niños, adolescentes y de todas las personas frente a la violencia sexual en Guanajuato. La aprobación del Registro Público de Personas Agresores Sexuales fue una iniciativa que presentamos al Congreso de Guanajuato.

“Representa un avance muy importante para fortalecer la justicia, la prevención y la protección de las víctimas. Este instrumento permitirá que, una vez que exista una sentencia firme, las personas responsables de delitos sexuales queden inscritas en un registro público, generando un mecanismo de control, de seguimiento y de prevención que contribuye a evitar la reincidencia y a proteger a la sociedad”, puntualizó.

El hallazgo del cuerpo de Malqui ocurrió tras la alarma de sus familiares al notar que no respondía mensajes ni llamadas. Su madre acudió a la vivienda, ubicada en la cuadra tres del jirón Justiniano Minaya, y encontró presencia policial en la zona. De acuerdo con los testimonios de la familia, la víctima fue localizada con signos de violencia en el pie y la espalda, lo que ha reforzado la hipótesis de un ataque reciente.

Sospechoso vivía al lado de la joven

Según la información proporcionada por los familiares, Guardia García residía en el mismo piso y trabajaba como mototaxista. No mantenía una relación cercana con la víctima y, tras el crimen, tampoco se ha logrado ubicar a su pareja. La familia asegura que ni las autoridades ni los vecinos han logrado aportar datos sobre el paradero del sospechoso, lo que incrementa la incertidumbre en torno al caso.

La investigación se concentra en esclarecer las circunstancias de la muerte de Malqui, una joven de 30 años que migró desde Huánuco a Lima para completar sus estudios y trabajar como licenciada en enfermería. La víctima era el principal sostén de su madre y de dos hermanas menores.

“Ella me ayudaba en todo. Ahora no tengo a nadie que me apoye”, relató su madre, que llegó desde Huánuco, donde la comunidad local acompañó el cortejo y la despedida.

Los familiares de la víctima han expresado su malestar por la falta de avances en la investigación, al señalar que no han tenido acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad ni a otras pruebas que podrían ayudar a identificar el paradero del sospechoso.

“Solo nos dicen que están en proceso y no nos dan respuesta”, afirmó la hermana de Malqui, quien insiste en la necesidad de que las autoridades aceleren las diligencias.

La movilización social en Huánuco y el distrito limeño de Santa Anita ha sido significativa, con vecinos y allegados exigiendo justicia y mayor celeridad en la búsqueda del principal sospechoso.

El entorno de Malqui insiste en que la prioridad debe ser la localización del sospechoso y la obtención de justicia para la víctima y su familia.

Hanna Bernal, una joven creadora de contenido denunció estar siendo hostigada por un sujeto desconocido que la sigue en redes sociales. En el pódcast Conducta Delictiva, relató que lleva bastante tiempo trabajando como influenciadora y haciendo pautas publicitarias.

Su trabajo también lo realiza a través de TikTok. En esa red social, empezó a enlazar personas para que contaran historias sobre distintos temas que abordaba, como por ejemplo, relaciones sentimentales. En una ocasión, apareció la persona que, según afirma, la persigue. “Él dijo que él quería participar y yo lo enlacé. Nos comentó su historia”, detalló.

Tiempo después, el hombre empezó a escribirle por redes sociales, insistiendo en que quería entregarle un detalle por su cumpleaños. “Me mencionaba mucho unos aretes”, precisó.

Para la creadora de contenido, ese sujeto ya no era un completo desconocido, porque había notado que solía reaccionar a sus publicaciones y en varias oportunidades respondió a sus historias con mensajes enviados al interno refiriéndose a su físico y pidiendo que se vieran, pero ella siempre se negó. “Yo lo tenía referenciado. Ya sabía quién era”, indicó.

Un día, estando con su hijo cerca de su casa, mientras despinchaba una bicicleta, apareció el sujeto. “Me dijo: ‘Yo soy Diego. Ya te dejé los aretes en la papelería’. Él me dijo eso y yo sentí un vacío. Lo miré, monté al niño en la bicicleta y nos fuimos”, detalló.

La papelería en la que entregó los aretes es familiar. La tía de la creadora de contenido los recibió pensando que era un pedido más que había hecho. “Esa noche me conecté al en vivo, y el tipo empezó a escribir: ‘¿Sí recibiste los aretes? ¿Los recibiste? ¿Los recibiste? ¿Los recibiste?’ Estaba como tan fastidioso, tan insistente, que yo llegué y le dije como: ‘Sí, gracias. Ya’”.

Días después, el hombre volvió a aparecer cuando la joven y una compañera de la papelería estaban llevando una caja para una bodega. El sujeto ofreció su ayuda de manera insistente, pero la víctima se negó. Y, al notar que en redes sociales tampoco la dejaba en paz, lo bloqueó. Entonces, el sujeto se hizo pasar por un amigo suyo, buscó a su mamá y le pidió su número de teléfono; ella no se lo dio.

“Ella me dijo como: ‘El tipo no está bien, o sea, se le nota. Al primer contacto que uno tiene con él se nota que mentalmente no está muy bien’”, precisó.

A los 15 días, el hombre regresó a la papelería y Hanna lo confrontó: “Le dije: ‘Es incómodo para mí que estés acá porque yo no te conozco y este es mi espacio y lo estás invadiendo. No me gusta’”. El hombre afirmó que estaba interesado en hacer negocios con ella y, tras insistir por mucho tiempo, afirmó que no volvería a buscarla.

La creadora de contenido decidió denunciar los perfiles del sujeto en redes sociales e instauró una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, el hombre continuó buscándola. “Si iba por ahí unas tres, cuatro veces a la semana, era poquito. Mi mamá muchas veces se enfrentó a él diciéndole que me dejara en paz”, dijo.

También contactó a las personas con las que la joven trabaja en redes sociales y les pedía que le escribieran porque lo tenía bloqueado en redes. “Decía que él necesitaba contactarse conmigo porque me habían llenado la cabeza de cucarachas”.

Días después, el hombre regresó a la papelería e ingresó. Ella y una compañera salieron corriendo y buscaron ayuda de la Policía en un CAI. Cuando volvieron con las autoridades, el sujeto actuó con normalidad, afirmó conocerla y, cuando se le informó que la influenciadora interpondría una denuncia formal en su contra, respondió: “Sí, dale, que lo haga”.

Su respuesta fue parecida cuando la joven dijo que lo denunciaría en redes. “Y el tipo supernormal me dijo como: “Sí, dale, hazla”. Y yo grabándolo y todo".

El acoso continuó. “Él entraba a la papelería y preguntaba por mí. Y en otras ocasiones simplemente pasaba o se paraba literalmente en el andén de mi casa a mirar mi apartamento. O se quedaba en la puerta y timbraba en todos los timbres”, contó.

También suele dejarle en la entrada de su casa dulces y regalos, los cuales terminaban siempre en la basura. En una ocasión, dejó una bolsa roja llena de tornillos, facturas, luces LED y una caja.

Tras hacer una denuncia pública, el hombre empezó a publicar videos en redes negando las acusaciones y asegurando que la víctima estaba siendo extorsionada por alguien que supuestamente tenía fotos de ella.

A la fecha, el hombre sigue acosándola. Ella solicitó una medida de protección a las autoridades, la cual se está tramitando y debe pasar por exámenes psicológicos debido a las afectaciones a su salud mental derivadas de la situación de hostigamiento.

“Mi hijo está enterado de la situación y me rompe mucho el corazón. La última vez me dijo: ‘Déjame y yo bajo y hablo con él y que te deje en paz porque está invadiendo tu espacio’”, reveló.

Debido al acoso, dejó de trabajar en la papelería familiar y ya no monetiza en TikTok.

El gobierno del Estado de México informó que esta semana se inició los trabajos para crear e implementar una “estrategia inédita e interinstitucional” contra el feminicidio en la entidad y con ello, un plan de atención y acceso a la justicia para víctimas de este tipo de violencia.

En un comunicado, detalló que en la Mesa de Trabajo participan las secretarías estatales de Gobierno y de las Mujeres, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia local (FGJEM).

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, destacó que los trabajos para elaborar la iniciativa son “resultado de las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y en cumplimiento a las políticas contra la violencia de género promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

¿En qué consistirá la estrategia?

María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, explica que la estrategia se estructura en cinco ejes: identificación, atención, protección, procuración e impartición de justicia y recuperación del proyecto de vida.

De acuerdo con la funcionaria, este esquema será ejecutado junto con la FGJEM, el Poder Judicial mexiquense, las secretarías de Seguridad, Salud y Educación.

De igual forma, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIFEM y la Comisión de Derechos Humanos del Edomex.

La administración estatal detalla que los 41 Centros LIBRE abiertos en el Estado de México y las tres sedes de Ciudad Mujeres en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca funcionarán como primer contacto para mujeres, con el objetivo de reconocer violencias, promover el empoderamiento y fortalecer redes comunitarias.

La estrategia incluye la colaboración de los Juzgados LIBRE del PJEM y las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, donde se ofrece atención psicológica, jurídica y de trabajo social, así como casas de transición, refugios y acompañamiento permanente en coordinación con los municipios mexiquenses.

Edomex, sexto estado con más feminicidios

El Estado de México ocupa el sexto lugar nacional en feminicidios, con cinco casos que representan el 5.3% del total registrado en el país, según el reporte con corte a febrero de 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sinaloa encabeza la lista con 13 casos, equivalentes al 13.8%. Le siguen Ciudad de México y Veracruz, ambos con nueve casos (9.6% cada uno).

Mientras que Chiapas reporta ocho casos (8.5%) y Sonora, seis casos (6.4%).

La diputada Anais Miriam Burgos Hernandez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, condenó las declaraciones de Martín Palacios Calderón, legislador y líder del PT en Tabasco, quien ayer comparó a las mujeres con caballos.

La legisladora morenista compartió en sus redes sociales un comunicado, en el cual la Comisión de Igualdad de Género condenó “enérgicamente las expresiones del diputado local” y afirmó que la declaración “denigra, deshumaniza y reproduce una visión machista hacia las mujeres, colocándolas en un plano de inferioridad”.

“Condenamos enérgicamente las expresiones del diputado local de Tabasco, Martín Palacios Calderón del Grupo Parlamentario PT, por comparar a las mujeres con un animal (Caballo).

“Es una expresion que denigra, deshumaniza y reproduce una vision machista hacia las mujeres, colocándolas en un plano de inferioridad y reforzando estereotipos que por años hemos combatido desde la lucha social, institucional y legislativa”, se lee en el documento.

Destacó que en Mexico, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia psicologica los insultos, humillaciones, devaluacion y las comparaciones destructivas que dañan la estabilidad emocional y la autoestima de las mujeres.

A esto se suma que, de acuerdo con la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, el lenguaje “que invisibiliza, denigra o reduce a las mujeres refuerza una forma de violencia simbólica, que normaliza la discriminación”.

Por ello, la legisladora exigió que el diputado petista ofrezca una disculpa pública a todas las mujeres de México y que asista a talleres sobre perspectiva de género y de combate a la violencia contra las mujeres, que imparte la Secretaría de las Mujeres de Tabasco.

“Desde una convicción democrática, feminista y de respeto irrestricto a la dignidad humana, exigimos una disculpa pública del diputado Martín Palacios Calderón dirigida: a las mujeres tabasquenas y a las mujeres de todo México.

“Lo invitamos a que asista a talleres reeducativos con perspectiva de género y enfocados en la no violencia contra las mujeres, que se imparten en la Secretaria de las Mujeres de su Estado, como un paso necesario para comprender la gravedad de sus palabras y contribuir a erradicar la violencia desde el ámbito público”, resaltó.

Enfatizó que quienes emitan mensajes contra la dignidad de las mujeres no pueden ejercer un cargo de representación popular, pues “quien legisla debe hacerlo con responsabilidad, con perspectiva de género y con absoluto respeto a los derechos humanos”.

“Las mujeres no somos objetos de comparacion, no somos propiedad de nadie, no somos seres inferiores y no vamos a guardar silencio frente a expresiones misoginas que perpetúan la violencia.

“Hoy mas que nunca decimos con claridad: ninguna mujer debe ser denigrada desde el poder. La representación pública exige respeto. Y donde haya violencia simbólica, verbal o psicológica contra las mujeres, habrá también una respuesta firme y colectiva.”, concluyó.

¿Qué dijo el diputado del PT sobre las mujeres?

Martín Palacios Calderón comparó a las mujeres con caballos durante una rueda de prensa, que se realizó como parte de un encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes.

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más: hay que estar atentos, que coman bien y cuidar que no tengan problemas de salud”, afirmó el legislador, lo que provoca risas entre algunos asistentes.

En su intervención, Palacios Calderón también describe al caballo como una “representación muy bonita” y comentó que posee ejemplares propios, a los que llama “instrumentos” por su valor cultural y formativo.

¿Quién es Martín Palacio Calderón?

De acuerdo con su perfil publicado por el PT, Palacio Calderón es Médico Cirujano Dentista egresado de la Facultad De Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Actualmente es comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Tabasco, miembro activo del PT y de la Comisión Ejecutiva Nacional.

También es diputado Local del Partido del Trabajo en la LVX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, así como Coordinador Parlamentario de la Fracción del Partido del Trabajo.

El programa “Magaly TV La Firme” abordó el tema en su más reciente emisión, donde la conductora Magaly Medina dio a conocer que el investigado ha sido formalmente citado para rendir su declaración en dos fechas específicas, como parte de las diligencias que buscan esclarecer los hechos denunciados.

Según se informó, Diego Aliaga Huamán deberá presentarse los días 10 y 14 de abril, en cumplimiento de una disposición fiscal que le exige comparecer ante la justicia.

Durante el programa, la periodista fue enfática al referirse a la gravedad de la denuncia y al comportamiento que, según indicó, habría mantenido el implicado tras la exposición del caso.

“Denuncia que tiene por golpear a una pareja suya. Un hombre que además ha sido acusado de abusar del alcohol y que ahora lloriquea en cámaras, desaparece de, de sus plataformas por un tiempo porque piensa que no va a pasar nada con lo que hizo. Pero nosotros hoy acabamos de recibir esta citación que le ha hecho el Ministerio Público ya a Dialys, conocido como Dialys, pero su nombre verdadero, que a nadie le importa, pero por acá lo tengo, es Diego Marcelino Aliaga Huamán. Acá se le ha citado para el día 10 de abril a dar su declaratoria para dos días, 10 y 14 de abril”, señaló.

La denuncia fue presentada por Verónika Rojas, quien acusa a su expareja de haberla agredido físicamente a la salida de una discoteca, en un episodio que, según su defensa legal, habría sido particularmente violento. En ese contexto, la abogada de la denunciante, Karla Vizo, explicó que la citación responde a una providencia fiscal que obliga al investigado a comparecer para brindar su versión de los hechos.

Abogada Karla Vizo explica el caso

“Claro que sí. La providencia número dos ha dispuesto ya que el señor Diego, eh, Marcelino Aliaga Huamán comparezca, es decir, concurra a rendir su declaración para efectos de esclarecer los hechos, porque él tiene derecho a guardar silencio o a declarar la verdad que ya ha aceptado en un audio. Nosotros, eh, confiamos en que él va a colaborar con la justicia y va a concurrir. Igual tiene dos citaciones, ¿no?, por ley, el día 10 y el día 14”, indicó la letrada.

El proceso no solo contempla la declaración del investigado, sino también la participación de otros testigos que podrían aportar elementos clave para la investigación. Entre ellos, el padre de la denunciante, quien habría acudido al lugar tras recibir una llamada de su hija alertando sobre lo ocurrido. Según detalló la defensa, su testimonio permitirá reconstruir parte del contexto posterior a la presunta agresión.

En paralelo, se han dictado medidas de protección a favor de Verónika Rojas, las cuales prohíben cualquier tipo de acercamiento por parte del denunciado. Estas disposiciones incluyen la restricción de contacto directo, ya sea físico o a través de medios digitales, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima mientras se desarrolla el proceso.

“Es necesario que sepas, Magaly, que ella cuenta con medidas de protección, que él no puede acercarse, no puede enviarle mensajes, no la puede coaccionar ni procurar comunicarse, lo cual es una garantía que permite que la víctima esté a salvaguarda y él no interfiera, ¿no? Yo espero que no interfiera ni se evada de la acción para que esto no nos conlleve a solicitarle al Ministerio Público su captura y por supuesto, una orden de detención preliminar”, precisó Karla Vizo.

Buscan a influencer: figura como no habido tras grave denuncia

Uno de los puntos que ha generado mayor incertidumbre es la ubicación actual de Diego Aliaga Huamán. Durante la entrevista, se planteó la posibilidad de que el investigado no se encuentre en Lima, lo que podría dificultar su comparecencia. No obstante, la defensa indicó que, según información preliminar, su registro migratorio sugiere que aún estaría en el país.

“La verdad que no, eh, Magaly. No se nos ha comunicado si él se ha puesto a derecho, no se nos ha comunicado nada, eh, de parte de la comisaría de Barranco, pero confiamos en que él permanezca en Lima. Según yo estuve indagando, su movimiento migratorio indica que él se encuentra en Lima”, explicó la abogada.

Ante la posibilidad de que el investigado no acuda a las citaciones, se contemplan medidas coercitivas por parte de las autoridades. “Pues se dispondrá su conducción de grado o fuerza. Si aun así no lo ubican, no concurre con la situación de grado o fuerza, entonces, lamentablemente, el Ministerio Público tendrá que ordenar que esto sea por ubicación y captura”, advirtió.

En ese sentido, la conductora también cuestionó la eventual falta de intervención de personas que habrían estado presentes durante el incidente, como el conductor del vehículo y el guardaespaldas del denunciado.

“Conocido como Diealis, proporcione los nombres completos, dirección, celular, correo electrónico del guardaespaldas que tenía, del conductor de aquella noche, conductor de su carro, guardaespaldas, que dejó que a esta chica la golpearan como si fuera un saco de boxeo, que no hizo nada para protegerla, que no hizo absolutamente nada para librarla de la furia, de la ira incontenible de este hombre. Porque yo creo que una persona que mira cómo están golpeando a otra… eso se llama ser cómplice de una agresión”, sostuvo.