La Secretaría de las Mujeres acordó con el gobierno de México fortalecer la cooperación bilateral en igualdad sustantiva, autonomía económica, cuidados y prevención de las violencias.

En un comunicado, la dependencia detalló quea propuesta plantea incorporar la perspectiva de género en los cuatro pilares de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá y abrir un espacio propio de diálogo sobre igualdad dentro del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, informó la dependencia en un comunicado.

En este sentido, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, planteó que la igualdad tenga un espacio de diálogo propio dentro del mecanismo bilateral.

“Por eso quiero proponer que la igualdad tenga en ese mecanismo un espacio propio de diálogo y que pasemos de la coincidencia de principios a una agenda de trabajo compartida”, indicó durante el encuentro con la ministra de Mujeres e Igualdad de Género de Canadá, Rechie Valdez.

Castillo Juárez señaló que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición para el crecimiento económico, el fortalecimiento de las democracias y la construcción de sociedades en paz.

El mecanismo contempla cuatro pilares: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.

La reunión tuvo como objetivo avanzar en una agenda de cooperación sobre autonomía económica, sistemas de cuidados y prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Valdez, quien también se desempeñaba como secretaria de Estado para Turismo y Pequeñas Empresas de Canadá, sostuvo que la participación plena de las mujeres es necesaria para construir economías sólidas y sociedades inclusivas.

La ministra compartió la experiencia de Canadá en políticas dirigidas a mujeres indígenas, prevención de la violencia digital y protección de niñas, niños y adolescentes ante riesgos en línea.

También expuso los avances de su país en políticas de cuidados, cuya implementación, según la dependencia mexicana, contribuyó a ampliar la participación de las mujeres en la economía.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, sostuvo que la prevención permite que niñas y jóvenes conozcan sus derechos y ayuda a transformar las condiciones que generan violencia.

La directora de Políticas de Cuidados, Gracia Morales Alzaga, explicó que la Secretaría trabaja en cuatro áreas: derechos y dignificación de las mujeres, capacitación y certificación, seguimiento de instrumentos de igualdad y políticas de cuidado.

Alertan sobre recortes y falta de recursos

El documento Tejido migratorio: Mecanismos regionales para una gobernanza migratoria con enfoque de género en el Norte de Centroamérica y México, elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, advirtió que la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad en los mecanismos regionales de migración permanecía fragmentada, limitada al discurso y expuesta a recortes financieros y resistencias políticas.

El diagnóstico analizó siete espacios regionales: la Conferencia Regional sobre Migración, el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, el Proceso de Quito, Cartagena+40, la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA y la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias.

De acuerdo con el informe, estos mecanismos carecían de canales formales de diálogo con espacios de gobernanza de género, como la Conferencia Regional de las Mujeres y la Comisión de la Mujer de la OEA.

La Red Mesoamericana consideró que esta fragmentación institucional reproducía la desatención a las poblaciones vulnerables mediante una “apropiación retórica de la interseccionalidad”.

El documento señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no contempló partidas específicas para mujeres en contextos de movilidad y reportó un recorte de 10% a la COMAR.

Según el diagnóstico, la reducción presupuestal llevó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a depender entre 70% y 80% de fondos aportados por el ACNUR.

Mujeres migrantes enfrentan barreras en salud y refugios

La investigación sostuvo que los sistemas de protección contra la violencia basada en género subordinaban la atención al estatus migratorio.

En México, identificó barreras culturales, idiomáticas y de discriminación que restringían el acceso de mujeres migrantes a servicios de salud y refugios, pese a que las normas nacionales reconocían formalmente una atención universal.

El informe añadió que los recortes en la cooperación internacional provocaron en 2025 desabasto de insumos de salud sexual en centros fronterizos.

También señaló que la coordinación entre mecanismos regionales de migración y género ocurría de manera informal, con mediación de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Aunque esa intervención aportaba estabilidad técnica, la Red Mesoamericana advirtió que la dependencia de organismos internacionales dejaba los mecanismos expuestos a reducciones en la cooperación externa.

Como ejemplo, citó la pérdida de bases de datos estatales sobre personas migrantes desaparecidas en Guatemala por falta de pago de una plataforma digital.

El estudio registró resistencias políticas en espacios multilaterales. Durante las negociaciones de Cartagena+40, en 2024, delegaciones de Argentina y El Salvador se opusieron al uso del término “género” en las declaraciones finales y buscaron eliminarlo o limitarlo a formulaciones neutras.

La Red Mesoamericana propuso fondos protegidos

La Red Mesoamericana recomendó elaborar planes de trabajo conjuntos, consolidar la Red de Puntos Focales de Género y desarrollar estrategias de incidencia con evidencia.

También propuso crear registros nacionales unificados sobre violencia basada en género en contextos de movilidad, con presupuestos estatales permanentes.

El documento planteó asignar fondos directos a municipios fronterizos, desplegar equipos consulares transnacionales especializados y establecer partidas presupuestarias nacionales protegidas, así como fondos de transición estatal ante recortes de recursos externos.

El informe destacó modelos como Ciudad Mujer en Honduras, con 10 centros de atención integral; los lineamientos del Equipo Técnico del MIRPS para programas locales de violencia basada en género, aplicados en 16 municipios receptores; y una propuesta de protocolo contra la violencia sexual de la CIM/OEA en Panamá.

Las imágenes muestran un intercambio verbal entre varias personas que escaló en pocos segundos. En medio de la confrontación, el hombre golpeó a una de las mujeres presentes, mientras otra persona intervino y el resto de los involucrados permaneció cerca de vehículos estacionados en la zona.

La cuenta que publicó el material señaló que el episodio generó tensión entre quienes observaron la escena y sostuvo que las autoridades analizan medidas frente a comportamientos que afectan la convivencia.

La grabación acumuló reacciones de usuarios que discutieron sobre las circunstancias de la pelea. Algunos comentarios cuestionaron a los protagonistas con expresiones como “mucho show”, mientras otros relacionaron el episodio con situaciones de violencia cotidiana en Medellín.

También aparecieron mensajes que atribuyeron el hecho a estereotipos sobre la población paisa. Uno de los usuarios escribió que la escena: “¿Un paisa agrediendo mujeres al pie de camionetas de traquetos? Ahí está pintada la cultura paisa".

Otra reacción planteó una versión distinta sobre lo ocurrido antes del golpe. El usuario sostuvo que ambas mujeres se dirigieron contra el hombre y especuló con que una de ellas pudo haberlo escupido.

“Yo lo que veo es que ambas mujeres van contra el tipo ese, y según mis sospechas ella le escupe porque una reacción asi de la nada no es normal”, añadió el internauta.

No hay información oficial sobre las medidas del caso

El video volvió a poner el foco sobre las agresiones registradas en espacios públicos y la necesidad de que los hechos sean denunciados ante las autoridades competentes. La evaluación de eventuales responsabilidades depende de la identificación de los involucrados, los testimonios y el análisis completo de las imágenes.

Hasta ahora, no se difundieron datos oficiales sobre personas detenidas, denuncias presentadas o medidas adoptadas tras el altercado.

Pelea entre dos mujeres en el Centro Comercial Cacique quedó grabada en videos, los suegros lo pillaron la amante

Visitantes del Centro Comercial Cacique, en Bucaramanga, presenciaron una pelea entre dos mujeres que quedó grabada en videos difundidos en redes sociales el domingo 20 de septiembre de 2026.

Las imágenes muestran una discusión que pasó de los reclamos a una confrontación física en una zona transitada del establecimiento en el Dia del Amor y la Amistad.

En los clips se observa a un grupo de personas alrededor de las involucradas; algunas intentan separarlas y otras registran la escena con sus teléfonos.

Publicaciones compartidas junto con el material señalan que la disputa habría comenzado cuando una mujer encontró a su pareja con otra persona durante la celebración de Amor y Amistad. Incluso, algunas versiones identifican a una de las participantes como la presunta suegra del hombre.

No existe, sin embargo, información oficial que permita establecer el motivo de la confrontación, el vínculo entre las personas o la secuencia previa al intercambio. Los videos no muestran el comienzo del altercado ni permiten confirmar las afirmaciones sobre una supuesta relación sentimental.

En una de las escenas se aprecia que varias personas se acercan a las mujeres para intentar contenerlas. El registro también evidencia la reacción de quienes caminaban por el lugar, que se detuvieron ante la situación y observaron lo ocurrido.

La grabación se propagó con mensajes que calificaron el caso como “intolerancia” y “escándalo”. Otros usuarios debatieron sobre la exposición pública de una presunta situación privada.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha informado sobre capturas, personas heridas o denuncias vinculadas con el incidente en el Centro Comercial Cacique.

Por útlimo, la administración del establecimiento no ha divulgado un comunicado sobre la actuación de su personal de seguridad ni sobre las medidas tomadas tras la riña. Se desconoce si los participantes fueron retirados del lugar o si salieron por cuenta propia.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, señalado como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años, así como de otros casos que están en investigación.

La detención se realizó en la zona 3 de la aldea Las Anonas, del municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por el delito de violación.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron el operativo junto con fiscales del Ministerio Público. Según las pesquisas, el hombre, de 51 años, ofrecía empleos a mujeres para conseguir su confianza antes de cometer los ataques.

La investigación sostiene que Herrera Moguel utilizaba amenazas, armas blancas, armas de fuego y fuerza física contra las víctimas. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias por otros hechos que tendrían características similares.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un automóvil, un cuchillo, tres teléfonos celulares y dos tarjetas bancarias. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para ampliar la investigación sobre los casos denunciados.

El vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, destacó el papel de las víctimas que presentaron denuncias y permitió que se activaran los mecanismos de investigación. “Hoy se ha hecho justicia para mujeres valientes que se atrevieron a denunciar”, afirmó el portavoz al referirse a la captura.

Mateo sostuvo que la detención fue resultado del trabajo conjunto entre los investigadores de la DEIC y el Ministerio Público. También pidió a posibles víctimas de delitos sexuales que se acerquen a las instituciones para denunciar, pese a las dificultades que puedan enfrentar durante ese proceso.

El detenido tiene nueve antecedentes policiales por violación, robos y hurtos

Las autoridades informaron que Herrera Moguel registra nueve antecedentes policiales por delitos de intento de robo, violación, robo agravado, violación en grado de tentativa, robo y hurto.

Los antecedentes forman parte de los datos revisados por los investigadores, mientras la PNC busca establecer si el detenido puede estar vinculado con otros ataques. La institución no precisó cuántas denuncias adicionales analiza ni si existen nuevas órdenes judiciales en trámite.

La DEIC cuenta con personal especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer, que trabaja con el Ministerio Público para dar seguimiento a las denuncias. El portavoz policial señaló que cada reporte puede permitir la activación de medidas de protección y facilitar la identificación de nuevos hechos.

En julio detuvieron a otro presunto violador serial vinculado con cerca de 20 casos

La captura de Herrera Moguel ocurrió meses después de otro operativo contra un presunto violador serial en Guatemala. En julio de 2026, agentes de la DEIC detuvieron a Luis David López Juárez, de 43 años, durante un allanamiento en el cantón Cabañas, municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retalhuleu.

Contra López Juárez pesaban tres órdenes de aprehensión. Una de ellas había sido autorizada el 7 de julio de 2026 por un juez, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Fuentes policiales lo vincularon con al menos 20 casos de agresión sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango. En el procedimiento, los agentes hallaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, prendas de ropa interior femenina y botas de tipo militar.

Las situaciones de violencia contra las mujeres pueden agravarse en cuestión de horas, incluso cuando las oficinas encargadas de brindarles apoyo están cerradas. Una agresión, una amenaza o el quebrantamiento de una medida de protección puede exigir orientación inmediata. Para atender esos casos, el Ministerio de la Mujer creó un equipo de profesionales localizables durante las noches, los fines de semana y los feriados.

El Equipo de Respuesta Inmediata del Ministerio de la Mujer (ERIM) ofrecerá atención psicológica, social y jurídica inicial a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia. Cuando las circunstancias lo requieran, la atención también abarcará a sus hijos e hijas.

El ministerio explica que el riesgo para una víctima no termina al concluir la jornada de trabajo. Por esa razón, el nuevo mecanismo busca mantener disponibles los servicios especializados todos los días del año, durante los períodos en que las oficinas estén cerradas al público. Su intervención estará dirigida especialmente a situaciones de peligro inminente para la vida o integridad de una mujer.

El equipo comenzará a operar con personal de San Miguelito, Panamá Este y la sede central del Ministerio de la Mujer. La resolución dispone que su implementación será gradual y que después se extenderá a otras provincias. Para decidir el orden de expansión se considerará la incidencia de violencia contra las mujeres, junto con los recursos humanos y operativos disponibles.

La ampliación territorial se apoyará en un primer informe de seguimiento previsto durante el semestre inicial de ejecución. Cada nueva provincia deberá incorporarse mediante una decisión administrativa fundamentada del despacho superior. Mientras avanza ese proceso, los profesionales de los Centros de Atención Integral del interior podrán actuar conjuntamente ante emergencias que ocurran en su jurisdicción.

Durante cada período de disponibilidad, el ERIM contará al menos con un profesional de trabajo social, psicología o derecho y un conductor institucional. Ese personal no tendrá que permanecer físicamente en una oficina, pero sí deberá estar localizable para responder. La disponibilidad se organizará fuera del horario regular de atención de las dependencias del ministerio.

El equipo será activado por solicitud del Ministerio Público o por petición expresa de la autoridad del Ministerio de la Mujer. El requerimiento pasará por la Coordinación Nacional de los Centros de Atención Integral, según el lugar donde ocurra el caso. La decisión de intervenir tendrá en cuenta la valoración del riesgo que enfrenta la mujer.

La respuesta dependerá de las necesidades identificadas. Un profesional de psicología podrá brindar contención emocional y primeros auxilios psicológicos, así como una valoración inicial. Trabajo social ofrecerá acompañamiento, evaluará las necesidades de la mujer y sus dependientes, e identificará opciones inmediatas de protección, asistencia y apoyo institucional.

La abogada o el abogado orientará a la víctima sobre sus derechos, la presentación de denuncias y las medidas de protección que puede solicitar. También podrá verificar las medidas cautelares vigentes y coordinar gestiones urgentes con las autoridades judiciales. La resolución precisa que esta asesoría inicial no constituye representación legal.

Si la mujer necesita servicios que excedan las funciones del ministerio, el personal coordinará su remisión a otras entidades para facilitar el acceso a atención médica, justicia, protección o asistencia social. El ERIM complementará la labor de la unidad de protección de víctimas del Ministerio Público, sin asumir las funciones procesales que corresponden a esa institución.

Antes de integrarse al mecanismo, los profesionales deberán recibir formación en atención a víctimas de violencia de género y primeros auxilios psicológicos. La capacitación incluirá la ruta de atención entre instituciones, la protección de datos y el autocuidado. El ministerio también deberá garantizar la actualización anual del personal asignado a estos períodos.

La información obtenida durante una intervención será reservada. Los funcionarios no podrán divulgar datos que permitan identificar a las mujeres atendidas ni a sus hijos. Cada caso deberá registrarse dentro de las 48 horas siguientes a la atención, mientras que la coordinación de los centros enviará informes mensuales sobre activaciones, tiempos de respuesta y remisiones.

La resolución ordena elaborar un protocolo de funcionamiento en un máximo de 30 días hábiles desde su entrada en vigor. Allí se definirán las formas de activación, los tiempos de respuesta por región y las medidas de seguridad para el personal. Quienes sean convocados para atender un caso recibirán tiempo compensatorio por las horas trabajadas.

El nuevo mecanismo surge en un contexto de alta incidencia de violencia. El Ministerio Público registró 16 femicidios y 18 tentativas entre enero y agosto de 2026. En sus estadísticas de violencia doméstica contabilizó 16,775 denuncias en ese período; esta última cifra incluye víctimas de distintos grupos y no corresponde exclusivamente a mujeres.

Una mujer murió este sábado 19 de septiembre tras ser atacada por su pareja en el distrito de Teotepeque, municipio de La Libertad Costa, en El Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). El hombre, señalado como responsable de la agresión, ingirió veneno después del hecho y falleció en una unidad de salud.

La institución policial comunicó que la víctima sufrió lesiones provocadas con un objeto contundente. “Reportamos un homicidio en Teotepeque, La Libertad Costa. La víctima es una mujer quien fue lesionada con un objeto contundente por su pareja”, indicó la institución en su reporte preliminar.

La PNC no divulgó la identidad ni las edades de las dos personas involucradas. Tampoco informó las circunstancias previas al ataque, el lugar exacto donde ocurrió ni si existían denuncias anteriores por violencia contra la mujer.

El caso quedó bajo investigación para establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Aunque el presunto agresor murió, las autoridades deberán completar las diligencias sobre la muerte, incluidos los peritajes y las entrevistas que permitan esclarecer el contexto de la agresión.

El presunto agresor murió tras ingerir una sustancia tóxica

De acuerdo con la versión policial, luego de atacar a la mujer, el hombre ingirió veneno. Posteriormente, fue trasladado a una unidad de salud, donde murió a causa de la intoxicación. “El responsable ingirió veneno tras cometer el crimen y falleció en una unidad de salud”, destacó la policía.

La información conocida hasta ahora no precisa qué sustancia consumió, cuánto tiempo transcurrió entre la agresión y el traslado médico ni la condición en la que ingresó al establecimiento de salud. La PNC tampoco detalló si hubo personas que presenciaron el hecho o que alertaron a las autoridades.

La muerte ocurrió en un contexto en el que organizaciones de derechos de las mujeres han advertido sobre la persistencia de ataques cometidos dentro de relaciones afectivas. De hecho, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró un total de 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.

Ormusa advirtió que la mayoría de los casos estuvo vinculada a parejas o exparejas

Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa, 10 de los 17 casos documentados hasta el 31 de agosto fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas. Esa cifra equivale al 59% de los registros contabilizados durante los primeros ocho meses del año.

Los datos difundidos por la organización sitúan a los vínculos de confianza y las relaciones íntimas como el principal entorno asociado a estos crímenes. Además, el 41% de los casos registrados ocurrió en la vivienda de la víctima.

El informe de Ormusa señala que Santa Ana concentró siete casos durante ese período, mientras que San Salvador registró cuatro. La entidad contabilizó 26 feminicidios en 2025 y 38 en 2024.

La muerte de la mujer en Teotepeque se conoció después del cierre de ese registro estadístico, por lo que no forma parte del balance correspondiente a enero-agosto.

La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, encabezó este jueves 17 de septiembre una conferencia de prensa junto con integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, para reconstruir los hechos del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, luego de la detención de Francisco Javier “N”, principal sospechoso del crimen.

La joven de 21 años, quien se encontraba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue atacada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre mientras participaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Cuautla.

En la mesa participaron el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar; María Esther Huerta Calderón, titular de la Fiscalía General de la República en Morelos; el general de brigada José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos; el coronel Freddy Balanzar Lozano, en representación del titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Morelos; el general de brigada Juan José Montiel Maldonado, comandante de la 24a Zona Militar, y el secretario de Gobierno del Estado, Edgar Maldonado Ceballos.

González Saravia atribuyó la captura de “El Trompas” a un trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

El fiscal explicó cómo llegó Claudia al lugar donde fue atacada

En la conferencia de prensa, Fernando Blumenkron detalló que la joven llegó un día antes del ataque a la Casa de la Cultura de Cuautla, sede de la feria de 42 años de tradición, donde realizó actividades normales hasta la noche siguiente. Alrededor de las ocho de la noche, después de cenar, Claudia salió hacia un estacionamiento abierto ubicado en el exterior del inmueble.

“Se fuma un cigarro, habla por teléfono y ahí tenemos esos datos en donde entra esta persona al estacionamiento y ahí es donde lleva a cabo estos hechos delictivos”, relató el fiscal ante los medios presentes. El funcionario precisó que esa reconstrucción forma parte de la investigación y que se mantiene bajo reserva el resto de los detalles por el debido proceso.

Blumenkron confirmó que el atacante se apoderó del teléfono celular de la estudiante durante la agresión. El fiscal descartó cualquier móvil de carácter sexual en el ataque, tras una pregunta directa sobre versiones de medios españoles que hablaban de una posible agresión con esas características. “No hay ninguna un tema de carácter sexual, eso está descartado”, afirmó.

Además, confirmó que se trató de un robo, pero explicó que las lesiones infligidas a Claudia, calificadas como infamantes, permiten clasificar el hecho como feminicidio conforme al Código Penal del Estado, más allá del despojo de sus pertenencias. El fiscal precisó que el código penal establece como una de las causales para esa clasificación la existencia de lesiones de esa naturaleza, no únicamente el hecho de que, para robarla, el atacante le haya privado la vida de esa manera.

Además, Blumenkron adelantó que la circunstancia de saña será una de las cuestiones que la Fiscalía establecerá en la formulación de imputación y en la acusación respectiva. Blumenkron señaló que buscará que esa agravante se refleje también en la sentencia, con el propósito de que se imponga la pena mayor prevista para el caso.

Periodistas cuestionaron la falta de vigilancia y alumbrado en la zona del ataque

Un reportero presente en la conferencia cuestionó la mecánica del crimen y preguntó por qué la zona permanecía sola, pese a que Cuautla es uno de los municipios con mayor presencia de la Guardia Nacional en el estado. El periodista señaló que, según vecinos consultados, se trata de “una zona sin alumbrado” donde ya habían ocurrido otros asaltos previos.

El secretario José Luis Bucio Quiroz respondió que la zona “nunca estuvo sola” y que se solicitaron patrullajes y vigilancia periférica. El funcionario aclaró que no correspondía a las corporaciones estatales intervenir dentro del recinto, responsabilidad que atribuyó a los organizadores del evento.

“Estoy de acuerdo con usted que es una zona oscura, pero creo que es una actividad que le corresponde a otras instancias el alumbrado”, declaró Bucio Quiroz, quien insistió en que sí hubo coordinación en cuanto a la presencia y vigilancia alrededor del inmueble.

El funcionario precisó que la alerta del ataque llegó al C5 y que la patrulla tardó siete minutos en llegar al lugar, mientras que la ambulancia de la Cruz Roja arribó 30 segundos después de la llegada de los elementos. Bucio Quiroz detalló que esos tiempos de respuesta quedaron reconstruidos y documentados a partir de los registros oficiales de la corporación.

El secretario insistió en que la asistencia no tardó en llegar, contrario a versiones que hablaban de una ausencia prolongada de auxilio. “No tenemos una patrulla, un elemento en la puerta, no nos corresponde. La vigilancia sí fue alrededor”, afirmó, al precisar que fueron varias áreas las que solicitaron el refuerzo de vigilancia esa noche.

Un operativo con fuerzas federales y estatales localizó a “El Trompas” en el centro de Cuautla

El fiscal detalló que Francisco Javier “N” fue detenido alrededor de las seis de la tarde de este 17 de septiembre en la avenida Insurgentes, en el centro de Cuautla. En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina.

Blumenkron explicó que la localización combinó labores de inteligencia con información aportada por la sociedad de Cuautla, luego de que la Fiscalía difundiera la ficha de búsqueda del señalado un día antes. “El día de ayer comentábamos precisamente esta posibilidad de que con la información que aportó la sociedad de Cuautla estuvimos buscando en diferentes puntos”, señaló el funcionario.

El fiscal confirmó que el detenido se rapó la cabeza en un intento por evadir su identificación, de acuerdo con el análisis de las cámaras de seguridad que documentaron la investigación. Al momento de la captura, el señalado fue encontrado en un estado de salud “normal, conveniente”, sin rastros de haber consumido droga o alcohol, aunque harán falta exámenes periciales para saber si consumió alguna sustancia.

Blumenkron precisó que Francisco Javier “N” contaba ya con antecedentes penales por robo a casa habitación en al menos cinco ocasiones. El funcionario indicó que el señalado compurgó una sentencia previa entre los años 2010 y 2012, por lo que comenzó su actividad delictiva desde joven, particularmente en delitos de robo.

La Fiscalía buscará una pena de 70 años por el feminicidio

El fiscal informó que el detenido sería puesto a disposición del juez que dictó la orden de aprehensión en cuestión de minutos tras la conferencia. Blumenkron adelantó que la audiencia para formular la imputación quedaría fijada para el día siguiente, mientras la Fiscalía reforzaba la investigación complementaria con nuevos cateos para localizar el arma homicida, el celular de la víctima y otras prendas relacionadas con el caso.

“Vamos a solicitar a la autoridad judicial que sea la máxima sanción, que en el delito de feminicidio establece el Código Penal del Estado, que son setenta años”, afirmó el fiscal, en referencia a la pena que buscará la Fiscalía por la forma en que fue privada de la vida Claudia.

El funcionario proporcionó también una cifra sobre el desempeño de la dependencia en la materia: de enero a agosto de 2026 se cumplimentaron 34 órdenes de aprehensión por feminicidio en Morelos y 33 personas fueron vinculadas a proceso.

A seis días del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española asesinada en Cuautla, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que su cuerpo será entregado este viernes a la familia. El anuncio llega horas después de que las autoridades capturaran a Francisco Javier N, alias “El Trompas”, señalado como el presunto responsable del crimen.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que familiares de la joven viajan a la entidad para realizar diversas diligencias. Entre ellas, recibir el cuerpo de manos de la Fiscalía estatal.

“Tenemos conocimiento que el día de mañana vienen familiares de Claudia para diversas actividades, pero una de ellas es que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia”, afirmó el fiscal durante la conferencia de prensa ofrecida para revelar detalles sobre el feminicidio.

Cómo ocurrió el feminicidio

Tacoronte, de 21 años y originaria de Canarias, cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La noche del sábado 12 de septiembre, la joven participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento organizado por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli, cuya sede fue la Casa de la Cultura de Cuautla.

Según el relato de la Fiscalía, Tacoronte salió del recinto alrededor de las ocho de la noche tras cenar. Se dirigió al estacionamiento exterior, donde fumó un cigarro y habló por teléfono.

Fue en ese punto donde, de acuerdo con la investigación, el atacante la abordó y le arrebató el celular. La joven pidió ayuda y corrió de regreso hacia el interior del inmueble, donde el agresor la alcanzó y la hirió con un arma blanca.

La hermana de Claudia relató públicamente que el hombre le clavó un cuchillo en el vientre varias veces mientras la perseguía. Las heridas resultaron mortales pese a la intervención de asistentes y servicios de emergencia.

Detención tras 24 horas de búsqueda

El miércoles 16 de septiembre, un juez especializado libró una orden de aprehensión contra Francisco Javier N tras el análisis de videos aportados por la ciudadanía y otros indicios recabados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Ese mismo día, la dependencia difundió una ficha de búsqueda y captura con la fotografía del sospechoso. La movilización derivó en aportes de información por parte de vecinos de Cuautla.

La detención se concretó este jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las seis de la tarde, en la avenida Insurgentes, en el centro de Cuautla. El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de sus redes sociales y detalló que la aprehensión fue producto de “un esfuerzo conjunto” que arrancó desde el momento en que se reportó el crimen.

Antecedentes del detenido y el móvil

Blumenkron reveló que Francisco Javier N contaba con antecedentes penales, particularmente por robo a casa habitación, con al menos cinco ingresos previos a prisión desde 2010. El sospechoso había compurgado sentencias en el penal de Cuautla.

El fiscal precisó que, según la investigación, el hombre se rapó la cabeza tras el ataque, presuntamente para modificar su apariencia y evadir a las autoridades. Al momento de su detención vestía playera azul marino, pantalón beige y tenis negros.

Sobre el móvil, Blumenkron descartó cualquier componente de carácter sexual. Explicó que las lesiones infligidas a la víctima permiten clasificar el hecho como feminicidio conforme al Código Penal estatal.

El funcionario adelantó que en las próximas horas se realizarán cateos adicionales para buscar indicios relacionados con el delito, entre ellos el arma homicida y el celular sustraído, elementos que se presentarán ante el juez en la etapa de investigación complementaria.

Proceso judicial y contacto con el consulado de España

El detenido será puesto a disposición del juez que otorgó la orden de aprehensión. La Fiscalía buscará su vinculación a proceso y solicitará la pena máxima prevista para feminicidio en la entidad: 70 años de prisión.

La gobernadora Margarita González Saravia informó que el gobierno estatal mantiene comunicación con el consulado español en México, a cargo de Marcos Rodríguez Cantero, a quien recibirá este viernes en Morelos.

González Saravia pidió al Poder Judicial que aplique “las sanciones más altas” que contempla la ley. La mandataria explicó que el seguimiento del caso busca acompañar el proceso “hasta que todo quede ya resuelto”.

El respaldo a la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, sumó nuevas adhesiones luego de las exigencias de renuncia surgidas tras los hechos de violencia que cobraron la vida de cuatro estudiantes vinculadas con la institución.

Cabe destacar que, estudiantes y colectivas feministas han exigido la salida de la rectora -tras el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte-, debido a que ven insuficientes los protocolos en materia de seguridad; los reclamos han puesto al centro la falta de acciones precisas en temas de acoso y violencia de género.

Por lo anterior, un pronunciamiento firmado por rectoras, exrectoras y representantes de instituciones académicas defendió la permanencia de la rectora y planteó que las responsabilidades frente a la violencia deben distinguirse entre las correspondientes a la universidad y las que competen a las autoridades del Estado.

Rectoras respaldan a la titular de la UAEM

El documento expresa solidaridad con las familias de las estudiantes asesinadas -Kimberly Joselín, Karol Toledo, Michelle Itzayana y Claudia Tacoronte-, y rechaza la violencia contra las mujeres.

Al mismo tiempo, sostiene que las universidades tienen responsabilidades específicas en materia de prevención, protección, atención y acompañamiento de su comunidad, pero que la investigación de delitos, la seguridad pública y la procuración de justicia corresponden a las instituciones estatales facultadas para ello.

Las firmantes señalaron que exigir cuentas a la Rectoría no debe confundirse con atribuirle responsabilidades que exceden sus facultades legales. En ese sentido, el respaldo a León Hernández se plantea como una defensa de la institucionalidad universitaria y no como una afirmación de que todas las decisiones de la administración sean necesariamente correctas.

Entre las personas que suscribieron el pronunciamiento se encuentran rectoras y exrectoras de instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora y distintas unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El llamado a dividir responsabilidades

El posicionamiento plantea que la crisis de violencia requiere respuestas desde distintos ámbitos y que la universidad debe asumir aquello que está dentro de sus atribuciones, mientras las autoridades públicas deben responder por las funciones que constitucionalmente tienen asignadas.

El documento hace llamados concretos a:

• La Rectoría de la UAEM, para reforzar las medidas de prevención, protección, atención y acompañamiento.
• Las autoridades estatales y municipales, para asumir sus obligaciones en seguridad pública y prevención de la violencia.
• Las fiscalías, para investigar los feminicidios y otros delitos con perspectiva de género y respeto a las víctimas.
• La comunidad universitaria, para mantener abiertos los espacios de diálogo, participación y exigencia.
• Las mujeres universitarias, para evitar que el liderazgo femenino sea deslegitimado mediante criterios diferenciados.

Las firmantes también sostienen que la indignación provocada por las tragedias no debería profundizar la fractura dentro de la institución ni convertir a una sola mujer en responsable de una problemática que, de acuerdo con el documento, involucra a distintas instancias de la sociedad y del Estado.

Detienen al presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Este jueves 17 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron a Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, atacada con arma blanca el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de sus redes sociales: “Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”. El operativo lo ejecutaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Morelos.

El detenido, conocido como “El Trompas” o “El Paco”, vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el ataque. Según el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, el sospechoso cuenta con antecedentes penales por robo tanto en Morelos como en otras entidades, ya había sido sentenciado y encarcelado en el estado.

La investigación apunta a que actuó solo, sin cómplices, y que la misma mañana del ataque habría robado un par de tenis en un comercio cercano, vistiendo la ropa que después lo identificó en las cámaras de seguridad.

Claudia Tacoronte, de 21 años, cursaba una estancia de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos proveniente de la Universidad de Granada. La joven murió tras ser atacada con un cuchillo cuando huía de Francisco Javier “N”, quien intentó arrebatarle el celular durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Este 17 de septiembre fue detenido por autoridades mexicanas Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, atacada con un arma blanca en el municipio de Cuautla el pasado sábado 12 de septiembre.

La aprehensión fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales. El arresto fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado de Morelos, en el municipio de Cuautla.

La Fiscalía General del Estado de Morelos había difundido un día antes del arresto la ficha de búsqueda contra el presunto agresor, identificado extraoficialmente con el alias de “El Trompas”. La publicación se realizó horas después de que un juez especializado concediera una orden de aprehensión en su contra.

El fiscal del estado Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida judicial antes de ser publicada la primera foto oficial del presunto criminal. “Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino”, declaró el funcionario ante medios el pasado 16 de septiembre, y adelantó que en las próximas horas se darían a conocer más detalles del caso, sin esperar que aproximadamente 24 horas después sería detenido el principal sospechoso.

Quién es el presunto asesino de Claudia Tacoronte

Francisco Javier “N”, conocido en su barrio como “El Trompas” o “El Paco”, presuntamente vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida de Claudia Tacoronte. Según reportes, vecinos de la colonia Emiliano Zapata lo reconocieron de inmediato después de que la Fiscalía difundió su ficha de búsqueda el 16 de septiembre.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Francisco Javier “N” cuenta con antecedentes penales por robo, tanto en Morelos como en otras entidades del país. “En Morelos incluso estuvo en prisión y fue sentenciado”, declaró el funcionario, quien añadió que la investigación apunta a que actuó solo, sin cómplices.

De acuerdo con videos analizados por la Fiscalía, la misma mañana del sábado 12 de septiembre el detenido habría robado un par de tenis en un comercio de la zona, vistiendo la misma bermuda y playera con logotipo deportivo que después se le identificó en las cámaras cercanas a la Casa de la Cultura.

Harfuch lamentó el feminicidio y confirmó la detención del responsable

Omar García Harfuch confirmó a través de sus canales oficiales, incluida su cuenta en la red social X, que el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera ya fue detenido. “Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, escribió el funcionario.

Harfuch detalló que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del feminicidio, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la propia SSPC y la Guardia Nacional iniciaron trabajos coordinados junto con la Fiscalía de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal para identificar, localizar y detener al responsable.

El mensaje incluyó una fotografía del “El Trompas”, en la que se observa sin cabello, a diferencia de la imagen difundida previamente en la ficha de búsqueda. El funcionario lamentó además “profundamente” el feminicidio de Claudia y envió un mensaje de solidaridad para su familia y seres queridos.

El secretario afirmó también que, para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad. Harfuch agregó que, cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, la obligación de las autoridades es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado.

Esto se sabe sobre el crimen contra la estudiante española

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, murió el sábado 12 de septiembre tras un ataque con arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven cursaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, proveniente de la Universidad de Granada, España.

Originaria de Santa Brígida, en Gran Canaria, la estudiante avanzaba en el cuarto año del Grado en Educación Infantil y había llegado a territorio morelense a mediados de agosto como parte del convenio de movilidad entre ambas universidades. La noche del ataque, la joven se encontraba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, feria cultural que se desarrollaba en los alrededores de la Casa de la Cultura.

Según el relato de su hermana, Lara Tacoronte, difundido desde España, un hombre intentó arrebatarle el celular a Claudia, quien salió corriendo en busca de auxilio antes de ser alcanzada y herida con un cuchillo en repetidas ocasiones. La joven alcanzó a resguardarse en el interior del inmueble, donde perdió la vida minutos después, sin que los servicios de emergencia llegaran a tiempo.

El fiscal Blumenkron sostuvo una reunión de trabajo el 14 de septiembre con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, y la cónsul adjunta, María Prada González, en la sede de la FGE en Temixco. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, también se reunió con representantes consulares e instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad para brindar apoyo a la familia de la víctima.

La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y facilitó el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto iniciar el siguiente semestre en esa institución. El rector Pedro Mercado calificó el crimen como un “acto brutal” y la universidad activó apoyo psicológico para los 27 estudiantes españoles que realizan estancias en centros mexicanos.

Luego de la gravedad del caso, la Academia Mexicana de Ciencias Penales emitió un comunicado el 15 de septiembre en el que lamentó el crimen y advirtió sobre los riesgos de la próxima Ley General en Materia de Feminicidio. El documento, firmado por su presidente, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que la legislación podría convertirse en “derecho penal simbólico” si no se acompaña de un modelo político criminal unificado entre los tres órdenes de gobierno.

La organización afirmó que ofreció en diversas ocasiones cooperación técnica y jurídica al gobierno federal, sin haber recibido respuesta hasta la fecha del comunicado. El caso de Claudia Tacoronte se sumó a los feminicidios de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, otras tres estudiantes vinculadas a la UAEM asesinadas en lo que va de 2026.

Videos habrían sido claves para la identificación del presunto asesino, pero necesitarían sustento ante un juez

En entrevista con medios de comunicación el pasado 16 de septiembre, el fiscal Blumenkron detalló que la Fiscalía Especializada en Feminicidios recabó del lugar de los hechos varios videos de cámaras de videovigilancia desde que tuvo conocimiento del caso. El funcionario señaló que parte de ese material se filtró después en medios de comunicación, tanto grabaciones de cámaras fijas como videos captados desde celulares.

“Esas cámaras o esos videos nos han servido también como indicios importantes”, afirmó el fiscal, quien subrayó el aporte de la ciudadanía en la integración de la carpeta de investigación. Blumenkron calificó esa colaboración como relevante para el avance del caso.

Pese a ese reconocimiento, el funcionario matizó el peso probatorio de las grabaciones. “Esa información nos sirve, pero también si esos videos o esa información no va acompañada de otras pruebas, no tendríamos éxito ante un juez en un proceso”, advirtió Blumenkron ante los reporteros presentes.

Un reportero preguntó al fiscal si el operativo se limitaba al territorio de Morelos o si se había extendido a otros estados de la República. “La búsqueda se hace en todos los estados. Incluso, obviamente, si nosotros tenemos información de que pudiera estar en otra entidad, se pide colaboración de esa entidad”, respondió Blumenkron, un día antes de la captura de Francisco Javier “N”.

Un caso que ha dado de qué hablar en el Eje Cafetero, y que se conoció en el departamento de Caldas, tiene a una mujer enfrentada en los estrados judiciales contra su expareja, procesado por tentativa de feminicidio agravado.

El hoy detenido tiene que responder luego de un ataque en el que, según el testimonio de la víctima, la roció con tíner y le prendió fuego.

El caso es analizado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, que deberá definir la responsabilidad del acusado, señaló un informe del diario La Patria.

La víctima declaró que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2025, un día después de que decidió poner fin a la relación con el padre de sus tres hijos. Esa noche, los menores estaban al cuidado de una amiga, mientras ella salió a compartir con otras personas y regresó a su vivienda, donde se quedó dormida.

De acuerdo con su relato, la mujer despertó en la madrugada cuando alguien la tomó del cabello.

Justo en ese momento ella identificó a su expareja, mientras sostenía una botella con tíner. La mujer afirmó que el hombre le lanzó el líquido sobre las piernas y luego le prendió fuego.

“Cuando me miré, estaba en llamas”, declaró durante la audiencia. La víctima relato que trató de apagarse en la ducha, pero el dolor continuó incluso cuando permaneció en la bañera.

“Pensé que era mi fin”, añadió la mujer al describir las lesiones que sufrió en las piernas.

La víctima de intento de feminicidi logró salir de la vivienda y pidió ayuda a los policías

Mientras intentaba sofocar el fuego con agua, la víctima sostuvo que el acusado continuó con las agresiones. Ella logró llegar hasta la puerta principal de la vivienda y abrirla. Afuera ya había uniformados que habían acudido tras los llamados de la comunidad.

Según la declaración por parte de la víctima, ella pidió ayuda a los policías y les dijo que su expareja quería quemarla viva. Después fue trasladada en una ambulancia y se quedó dormida durante la atención médica. Solo hasta cuando se despertó, la mujer dimensionó lo que había sucedido.

El señalado agresor escapó luego del hecho. Sin embargo, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) lo capturaron el 5 de enero de 2026. Desde entonces permanece recluido en un centro carcelario.

El fiscal expuso un posible patrón de violencia previo al ataque

Desde la Fiscalía General de la Nacióna se sostiene que el caso no se limitaría a un único episodio. Durante el juicio, el fiscal indicó que antes del ataque hubo situaciones que apuntarían a una violencia repetida dentro de la relación.

La víctima afirmó que, durante la convivencia, recibía agresiones frecuentes y humillaciones, y en especial cuando no tenía dinero. Ella también indicó que en medio de esos momentos el hombre arrojaba sus pertenencias por la ventana.

La madre de la mujer declaró sobre una agresión anterior en la que, según dijo, su hija sufrió una inflamación tan fuerte en los ojos que no podía ver.

Esos testimonios hacen parte de los elementos que el ente acusador expone para sustentar la imputación por tentativa de feminicidio agravado.

La defensa sostiene que la conducta debería investigarse como lesiones personales

La víctima recibió una incapacidad médico-legal de 25 días. Sin embargo, la defensa del procesado sostuvo que su representado no tuvo la intención de causarle la muerte y que la vida de la mujer no estuvo en riesgo.

Por esa razón, el abogado pidió que los hechos fueran valorados bajo los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar, en lugar de tentativa de feminicidio agravado.

No obstane, la Fiscalía mantiene su postura y continúa con la presentación de sus pruebas ante el juzgado.

El proceso judicial seguirá el 13 de octubre de 2026, y será el juez del caso quien valore los testimonios, los informes y los demás elementos incorporados al expediente para determinar si el acusado es responsable de los delitos atribuidos.

Luego de que el escultor peruano, Luis Sifuentes, conocido también como ‘Mamanka’, sea acusado de violación sexual, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima abrió una investigación contra el artista. Él enfrentará a la justicia por presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en perjuicio de una ciudadana colombiana.

El caso está a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, quien dispuso diligencias urgentes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la denunciante. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años.

La investigación sostiene que, después de ese episodio, el escultor la habría captado y trasladado a Lima. Según la denuncia de la víctima, la sometió a diversos episodios de violencia tras ser traída con engaños a su vivienda.

La fiscalía ordenó que la agraviada brinde su declaración a través de una entrevista única en cámara Gesell. El testimonio será incorporado como prueba anticipada ante una eventual etapa de juicio oral.

Denunciante recibe asistencia legal, psicológica y social

La ciudadana colombiana es atendida por la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT). El organismo le asignó un equipo conformado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.

La asistencia cuenta con el respaldo de OUR Rescue, entidad que coopera con las autoridades en el acompañamiento a víctimas de delitos de trata de personas y explotación sexual.

Entre las medidas dispuestas también figuran pericias fonéticas y la transcripción de audios que tendrían contenido incriminatorio. La fiscalía busca determinar el alcance de las denuncias y reunir elementos para establecer la posible responsabilidad del investigado.

La investigación apunta a establecer si existen otras posibles víctimas y si hay hechos adicionales que puedan vincular a Luis Sifuentes con delitos de trata de personas, explotación sexual o violencia sexual.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el escultor peruano Luis “Mamanka” Sifuentes no tiene, por ahora, una restricción que le impida salir de Perú.

La ministra María Seminario pidió a la Fiscalía y al Poder Judicial que adopten medidas urgentes ante el riesgo de que el investigado viaje con su hija de seis años. La madre de la niña retiró la autorización que había concedido para que Sifuentes pudiera trasladarla fuera del país.

Por lo que ahora priorizarán el juicio de la tenencia compartida.

Canales de ayuda

• Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas en todo Perú. Ofrece orientación, consejería y contención emocional a víctimas de violencia sexual, física, psicológica, económica o patrimonial.
• Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): Brindan atención presencial, especializada y gratuita a personas afectadas por violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Sus equipos ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y asistencia social.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de riesgo inmediato o un hecho de violencia, las víctimas o testigos pueden comunicarse con la central policial mediante el número 105 o acudir a la comisaría más cercana.

En Perú, un promedio de cinco niñas de 10 a 14 años da a luz cada día, de acuerdo con registros de 2025 del Ministerio de Salud. El dato, expuesto por Naciones Unidas, evidencia la persistencia de embarazos y maternidades en una población que requiere protección reforzada frente a la violencia sexual y acceso oportuno a servicios de salud, justicia y reparación.

La cifra surge del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea junto con estimaciones de población para 2025. La presentación distingue esta realidad de la que atraviesan las adolescentes de 15 a 19 años.

El documento señala que los casos de maternidad entre niñas de 10 a 14 años deben abordarse desde la protección de derechos. Entre los factores asociados, identifica la violencia sexual, las fallas en los mecanismos de protección y la necesidad de respuestas coordinadas de los sistemas de salud y justicia.

Riesgo a la salud

La maternidad temprana también implica riesgos para la salud. La tasa de mortalidad materna nacional fue de 51 por cada 100 mil nacidos vivos en 2024, mientras que para las niñas de hasta 14 años llegó a 84 por cada 100 mil nacidos vivos. Esta última cifra corresponde al promedio del período 2020-2024.

Además, cinco adolescentes de 15 a 19 años dan a luz cada hora, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población de 2025. Estos casos se relaciona con la violencia sexual, las fallas en los mecanismos de protección y las barreras para acceder a servicios de salud, justicia y reparación.

La espalda del Estado a menores

Pese a las leyes y medidas aprobadas para proteger a niñas y adolescentes, la respuesta estatal todavía resulta insuficiente para atender a las víctimas de violencia sexual. Organizaciones y autoridades advierten que muchas enfrentan procesos que reproducen el daño, por la falta de servicios especializados, las barreras de acceso a la justicia y la limitada capacidad de protección en territorios alejados.

La situación en Condorcanqui, en la región Amazonas, refleja esas falencias. A pesar de las alertas emitidas por casos de abuso sexual, las denuncias continúan.

Así también lo evidencia la jueza suprema Elvia Barrios, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien señaló que se registraron avances en la atención de casos de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, aunque sostuvo que persisten limitaciones operativas.

Barrios indicó que en los tres distritos principales de la provincia existen juzgados y fiscalías, pese a las dificultades geográficas y de infraestructura. Precisó que, entre enero y septiembre de 2026, el Poder Judicial emitió 623 medidas de protección en Condorcanqui, recibió 397 casos de violencia y dictó 142 decisiones finales con sanciones en el ámbito penal.

La jueza explicó que el acceso a varias localidades depende de rutas terrestres y fluviales: llegar a Santa María de Nieva demanda siete horas por carretera y los traslados hacia Río Santiago o Cenepa requieren unas tres horas y media por vía fluvial.

La polémica surgió a partir de reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, quien compartió material audiovisual en el que se observa a un hombre identificado como Escobedo salir de un inmueble acompañado por personal del lugar. La publicación relacionó las imágenes con un presunto altercado ocurrido dentro de una de las viviendas del residencial.

Según la información difundida, habitantes del sitio habrían escuchado una discusión y posteriormente señalado posibles actos de agresión contra integrantes de la familia del influencer. Ante el reporte, se habría solicitado la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sin embargo, los mismos reportes indicaron que familiares de Escobedo habrían solicitado al personal de seguridad del complejo que el creador de contenido fuera retirado del inmueble. Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada, no se ha confirmado públicamente la existencia de una denuncia formal presentada ante las autoridades por estos hechos.

Por ello, las acusaciones difundidas en redes permanecen como señalamientos y no deben considerarse hechos acreditados judicialmente.

Yeye publica mensaje en redes sociales

Después de que el caso comenzó a generar comentarios, Yeudiel Escobedo decidió hablar públicamente sobre la situación. El creador de contenido evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido y explicó que prefirió no realizar declaraciones relacionadas con asuntos que, desde su perspectiva, deben ser tratados mediante los canales correspondientes.

En su mensaje también pidió que su familia no sea involucrada en la polémica ni utilizada para responder a las acusaciones que comenzaron a circular.

“Me tomé el tiempo de escribir esto para todos ustedes... No voy a entrar en detalles ni hacer declaraciones sobre temas que deban atenderse ante las autoridades. Y también quiero ser muy claro, no quiero exhibir a mi familia ni utilizarla para hablar de este tema. Mi intención no es atacar ni desacreditar a nadie.

“Yo voy a defender mi nombre, mi reputación y mi trabajo con firmeza, con respeto y por las vías correspondientes, gracias a quienes han estado conmigo y a quienes eligen escuchar antes de juzgar. Sé que leyéndolo no es la mejor manera de decirlo, pero yo lo escribo desde mi posición en esta situación. Queda Yeye para rato”, afirmó.

Pide evitar ataques en redes

En su pronunciamiento, Escobedo también hizo énfasis en que sus seguidores no deben emprender ataques contra otras personas a raíz de la polémica. Su mensaje se enfocó en solicitar prudencia y evitar que la discusión digital derive en insultos o confrontaciones.

El influencer dejó claro que no pretende utilizar a sus familiares como parte de su defensa pública y que, por el contrario, buscará resolver la situación por los mecanismos que considere adecuados.

La postura de Yeye se produjo después de que el video difundido en redes sociales incrementara la conversación alrededor del supuesto incidente ocurrido en el residencial de Coyoacán.

El caso permanece sin una resolución pública

Hasta el momento, la información disponible públicamente se compone de los reportes difundidos en redes sociales, el material audiovisual relacionado con el episodio y el pronunciamiento realizado por Yeudiel Escobedo.

No se ha confirmado públicamente que exista una denuncia formal por los hechos señalados ni se ha establecido mediante una resolución judicial alguna responsabilidad del influencer.

Mientras el caso permanece bajo esa condición, Escobedo sostuvo que defenderá su nombre, reputación y actividad profesional por las vías correspondientes y pidió a quienes lo apoyan que eviten atacar a las personas involucradas.

Panamá registró 16 víctimas de femicidio entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa un aumento de 78% frente a los nueve casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Solo en agosto, tres mujeres fueron asesinadas en hechos clasificados preliminarmente como femicidios por el Ministerio Público.

El balance oficial también contabilizó 18 víctimas de tentativa de femicidio y 13 muertes violentas de mujeres durante los primeros ocho meses del año. Las tentativas aumentaron 38% frente a las 13 registradas en 2025, mientras que los fallecimientos no clasificados como femicidios crecieron 18%, al pasar de 11 a 13.

Septiembre sumó otro caso bajo investigación después del hallazgo del cuerpo de Melany Cadavid Romás, una ciudadana colombiana de 27 años, en un herbazal del sector de La Sosa, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. La mujer fue encontrada semidesnuda y con evidencias de lesiones físicas durante la mañana del sábado 12 de septiembre.

Las autoridades investigan su muerte como un posible femicidio, por lo que el total de víctimas podría elevarse a 17 durante 2026. La clasificación es preliminar y dependerá de los elementos recabados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, además de los resultados forenses y las circunstancias establecidas durante la investigación.

Los registros muestran que marzo fue el mes con la mayor cantidad de femicidios, al contabilizar cuatro víctimas. Le siguieron junio y agosto, con tres casos cada uno; febrero y mayo registraron dos, mientras que enero y abril sumaron uno. En julio no se reportaron víctimas bajo esta clasificación.

Por ubicación geográfica, Coclé, Panamá y San Miguelito acumularon tres femicidios cada uno hasta el cierre de agosto. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos en cada jurisdicción, mientras que Colón, Los Santos y Veraguas reportaron uno. Con el caso de Burunga, Panamá Oeste agregaría una nueva víctima durante septiembre.

La mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 18 y 44 años. Los grupos de 18 a 24 y de 35 a 39 años concentraron tres víctimas cada uno, mientras que dos mujeres tenían entre 25 y 29 años y otras dos estaban en el rango de 40 a 44. También figuran dos adolescentes y una adulta mayor de 80 años.

Las armas de fuego fueron empleadas en ocho de los 16 femicidios registrados hasta agosto, equivalentes a la mitad de los casos. Tres mujeres fueron asesinadas con arma blanca y otras tres mediante asfixia mecánica. El Ministerio Público atribuyó otro caso al incendiarismo, mientras el mecanismo utilizado en una de las muertes seguía sin determinarse.

Qué constituye una tentativa de femicidio

La tentativa se configura cuando una persona inicia actos dirigidos a causar la muerte de una mujer, dentro de alguna de las circunstancias que permiten calificar el hecho como femicidio, pero el resultado mortal no se produce por causas ajenas a su voluntad. No toda agresión, amenaza o caso de violencia doméstica constituye automáticamente una tentativa.

Durante septiembre, un hombre de 46 años quedó detenido provisionalmente después de ser imputado expresamente por tentativa de femicidio en La Chorrera. Según el Ministerio Público, el sospechoso ingresó el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., a la residencia de su expareja en Puerto Caimito. El juez consideró que existía peligro para la víctima y la comunidad.

Otros episodios recientes evidencian una escalada de violencia, aunque jurídicamente permanecen investigados bajo otras modalidades delictivas. En Aguadulce, un hombre de 26 años fue detenido provisionalmente por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja, tras hechos ocurridos el 29 de agosto en la barriada Hollywood, corregimiento de Pocrí.

En Chiriquí, otro hombre quedó bajo detención provisional por agresión física, quebrantamiento de una medida de protección y hostigamiento. La investigación sostiene que golpeó a su pareja el 26 de julio en David y, pese a la orden judicial que le impedía acercarse, regresó a su residencia y posteriormente la amenazó de muerte.

Las cifras del Ministerio Público son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La institución diferencia el femicidio de otras muertes violentas de mujeres mediante la valoración de las circunstancias previstas en la Ley 82 de 2013, entre ellas las relaciones de pareja, los antecedentes de violencia, la discriminación y las conductas vinculadas con el control o dominio sobre la víctima.

Un hombre de 33 años fue detenido el martes en Fontana, pronvicia de Chaco, acusado de lesiones leves en contexto de violencia de género tras una denuncia presentada por su expareja, una mujer de 34 años. La denunciante sostuvo que el acusado la interceptó cuando circulaba en motocicleta, realizó una maniobra que causó su caída y luego escapó del lugar.

El episodio ocurrió mientras la víctima tenía vigente una prohibición de acercamiento contra el hombre y contaba con un botón de pánico de la aplicación Alerta Mujer. Según manifestó, esas medidas ya habían sido vulneradas en otras ocasiones durante los cuatro meses transcurridos desde la separación.

Según informó el portal Diario Chaco, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Género. Tras la denuncia y el examen médico realizado a la mujer, la Policía localizó al acusado en las inmediaciones de la avenida 25 de Mayo y la Ruta Nacional 11, donde concretó su aprehensión.

De acuerdo con el relato efectuado ante la Policía, el hecho se produjo el lunes cerca de las 14, en la zona de avenida 25 de Mayo al 2800 y la Ruta Nacional 11. La mujer indicó que transitaba en su motocicleta cuando fue abordada por su expareja, identificado en las actuaciones como O.R.R.

Según la denuncia, el hombre le pidió conversar, pero ella se negó. En ese contexto, el acusado habría efectuado una maniobra con el vehículo que conducía. La víctima afirmó que esa acción la hizo perder estabilidad y caer sobre el asfalto.

Como resultado de la caída, la mujer sufrió heridas en el rostro. Más tarde fue examinada por profesionales de la División Medicina Legal, quienes determinaron que presentaba lesiones de carácter leve, según informó la fuerza policial.

La causa fue caratulada de manera provisoria como supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género. La intervención judicial busca determinar las circunstancias del episodio denunciado y la eventual responsabilidad del detenido.

La mujer declaró que se separó del acusado hace alrededor de cuatro meses por situaciones de violencia física y verbal ocurridas durante la relación. Ambos son padres de seis hijos menores de edad, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

También aseguró que contaba con una medida judicial de prohibición de acercamiento contra su expareja. En su presentación, sostuvo que el hombre habría incumplido esa restricción en reiteradas oportunidades, un aspecto que también forma parte de las actuaciones que analiza la Justicia.

La existencia de una medida de protección y de un dispositivo de alerta es uno de los elementos relevantes del caso. La Fiscalía deberá establecer si hubo incumplimientos previos y si esos hechos derivaron en intervenciones judiciales adicionales.

Después de la denuncia, la víctima fue trasladada a Medicina Legal para la constatación de las heridas. El informe médico consignó lesiones leves, mientras que la investigación sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Género.

Morelos continúa como uno de los estados con más feminicidios a nivel nacional, al ocupar el sexto lugar del listado en lo que va del 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe, en la entidad se han reportado 21 casos de feminicidio al corte del 31 de julio de este año, entre los que destacan los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y el más reciente, Claudia Tacoronte Aguilera, alumna originaria de España.

Los feminicidios de Kimberly y Karol ocurrieron en marzo, en circunstancias separadas, pero sus cuerpos fueron hallados con tres días de diferencia, después de que ambas fueron reportadas como desaparecidas.

Estos dos casos provocaron una movilización estudiantil. Las protestas derivaron en tomas de instalaciones y en un paro que se prolongó durante varias semanas.

Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida nueve días después, el 2 de junio.

Con este caso, el asesinato de Claudia Tacoronte se convirtió en el cuarto caso de una estudiante vinculada con la UAEM asesinada o localizada sin vida durante los primeros nueve meses del año.

A esto se suma, que según el informe del Secretariado Ejecutivo, el estado registra la segunda tasa más alta de casos por cada 100 mil habitantes y del total de feminicidios, nueve corresponden a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad; y cuatro a mujeres de 30 a 60 años.

Ley General contra del Feminicidio es una campaña propagandística, acusa activista

Tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera en Cuautla, Morelos, la activista Yndira Sandoval exigió justicia por la estudiante española y cuestionó la respuesta de las autoridades estatales, municipales y federales ante la violencia contra las mujeres, al recordar que este es el cuarto caso de feminicidio relacionado a la UAEM.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, sostuvo que las mujeres no han sido prioridad ni para el gobierno estatal, encabezado por Margarita Saravia, ni para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, Sandoval calificó como una medida propagandística la iniciativa de una Ley General de Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la propuesta carece de presupuesto para cumplir sus obligaciones y que, sin recursos, persistirán las fallas en prevención, investigación y sanción de los feminicidios.

“La ley se propone más como una campaña propagandística”, dice en la publicación.

La activista recordó que Tacoronte estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y mencionó los asesinatos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, jóvenes vinculadas con esa institución.

“Extranjeras o no, resulta que el Estado mexicano, el estado de Morelos y las autoridades municipales no han sido capaces de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”, declaró.

Sandoval también cuestionó los anuncios oficiales sobre la detención del presunto feminicida de Andrea Maylín y calificó el Plan Cuautla como “un fracaso rotundo del Estado”.

Violencia contra las mujeres en Morelos

El Secretariado Ejecutivo señaló que en los primeros siete meses del 2026, Morelos también se colocó como el sexto estado con más homicidios dolosos de mujeres.

De acuerdo con el reporte, se registraron 48 casos entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, los cuales representan 5.5% de los homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional.

En este rubro, del total de víctimas 12 son mujeres de entre 18 y 29 años; y 19 más de entre 30 y 60 años.

Respecto al homicidio culposo de mujeres, el estado ocupa el lugar número 19, con 33 casos.

Asimismo, ocupa el lugar número 27 en cuanto a lesiones dolosas, con 147 víctimas registradas; y el cuarto lugar respecto a lesiones culposas, con mil 010 casos en el mismo periodo.

El informe de la dependencia indicó que Morelos se encuentra en el lugar 18 entorno a violación simple y equiparada, con 285 casos en el mismo periodo; y es el octavo estado en el que se registraron más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Según el mismo reporte, Morelos es el cuarto estado con más casos de secuestro de mujeres, con tres reportes.

Hasta el momento, el estado no ha registrado ningún caso de tráfico de menores, aunque es el número 13 en corrupción de menores, con 28 casos.

Los pacientes proceden de comunidades atendidas por el puesto de salud de Huampami, que los derivó ante la falta de capacidad para tratar sus diagnósticos. Entre las afecciones figuran tumoraciones benignas de piel, hernias, malformaciones congénitas del oído y alteraciones oftalmológicas.

La viceministra de Salud Pública, María Cuba Fuentes, señaló que el traslado busca garantizar una atención integral para los menores. “Nuestros niños y niñas tienen derecho a ser atendidos en toda su integridad, en la prevención, en la promoción y el cuidado especializado”, afirmó.

Diez menores requieren intervenciones quirúrgicas

De los 20 pacientes trasladados, diez presentan problemas quirúrgicos y podrían permanecer más tiempo en Lima, según explicó Cuba Fuentes. El Ministerio de Salud informó que asumirá los gastos de alojamiento, alimentación, cirugías, tratamientos y rehabilitación.

“Van a ser operados, atendidos, rehabilitados y luego se va a coordinar el vuelo de retorno a su comunidad”, indicó la doctora.

La atención se concretó tras una solicitud de la comunidad awajún. El traslado ocurre en un contexto de preocupación por los casos de violencia sexual y VIH en los pueblos awajún y wampís de Condorcanqui.

La delegación cuenta con un intérprete de lengua originaria, cuya presencia busca facilitar la comunicación entre las familias awajún y los profesionales de salud durante las consultas y los tratamientos.

El Seguro Integral de Salud (SIS) asumirá la cobertura de los medicamentos, exámenes, procedimientos y demás atenciones indicadas por los especialistas para cada uno de los pacientes.

El INSN San Borja informó que, con el respaldo de aliados y cooperantes, garantizará el albergue y la alimentación de los niños, niñas y sus acompañantes durante su estadía en Lima.

Condorcanqui registra más de 1.700 casos de VIH desde 2011

La Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre la situación de violencia sexual y VIH en esa zona de Amazonas. De acuerdo con la información difundida, existen más de 350 casos de violencia contra las mujeres y violencia sexual en comunidades de la provincia.

La Dirección Regional de Salud de Amazonas detectó 1.768 casos de VIH en Condorcanqui desde 2011. Frente a esta situación, Cuba Fuentes sostuvo que el Ministerio de Salud garantiza medicamentos para el tratamiento del virus y servicios de salud sexual y reproductiva.

La viceministra añadió que el sector coordina acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, debido a que la respuesta requiere la participación de distintas entidades del Estado.

La aeronave también trasladó a una paciente adulta mayor, quien fue referida al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). A su llegada a Lima, recibió asistencia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para continuar con la atención que requiere.

Dos procesos por ataques que dejaron tres mujeres heridas avanzaron esta semana en Panamá, después de que tribunales ordenaran la detención provisional de dos hombres. Uno de los casos fue imputado como tentativa de femicidio en La Chorrera y el otro como tentativa de homicidio contra una joven y una menor de edad en San Miguelito.

El primer hecho ocurrió el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., en Puerto Caimito, distrito de La Chorrera. Un hombre de 46 años habría ingresado a la residencia de su expareja, donde presuntamente intentó causarle la muerte en circunstancias que ahora investiga la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el tribunal legalizó la aprehensión, admitió la imputación y ordenó la detención provisional del sospechoso. El juez consideró que existían riesgos de afectación de las pruebas, peligro para la comunidad y la posibilidad de que el imputado volviera a atentar contra la víctima.

El segundo proceso está relacionado con un ataque armado ocurrido el 6 de julio, cerca de un colegio público ubicado en la vía principal de Samaria, corregimiento de Belisario Porras. Según la investigación, dos hombres realizaron múltiples disparos contra una joven y una menor, quienes resultaron heridas en el ataque.

Uno de los presuntos responsables quedó detenido provisionalmente por tentativa de homicidio. La Fiscalía Regional de San Miguelito sustentó que el hecho ocurrió en un lugar frecuentado por estudiantes y otros ciudadanos, lo que elevó el peligro para las víctimas, sus familiares y las personas presentes en el sector.

El tribunal también valoró la gravedad de la conducta, el posible riesgo de afectación de las pruebas y la amenaza que representaría el imputado para la comunidad. Aunque las víctimas son mujeres, el cargo presentado en este expediente es tentativa de homicidio y no tentativa de femicidio, una diferencia jurídica que debe conservarse.

Los dos procesos se conocen pocos días después de que otros dos hombres, quienes son hermanos, fueran enviados a detención provisional en San Miguelito. Uno quedó imputado por violencia doméstica contra su expareja, mientras al segundo se le atribuyó violencia psicológica en perjuicio de su excuñada y del hermano menor de la mujer.

Ese incidente ocurrió la noche del 5 de septiembre, en el sector 4 de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias. Los imputados presuntamente amenazaron de muerte a la víctima dentro de la residencia de ambos. Posteriormente, uno de ellos acudió a la vivienda de la mujer y repitió las amenazas contra ella y su hermano.

La sucesión de casos ocurre en un contexto marcado por el aumento de la violencia extrema contra las mujeres. Entre enero y julio de 2026, Panamá contabilizó 13 víctimas de femicidio y 17 de tentativa, además de diez muertes violentas de mujeres que, tras la valoración fiscal, no fueron clasificadas como femicidios.

Las cifras preliminares muestran que los femicidios aumentaron 44% frente a los nueve registrados durante igual periodo de 2025. El crecimiento fue todavía mayor en las tentativas, que pasaron de nueve a 17 víctimas, un incremento de 89%. Las muertes violentas permanecieron sin variación, con diez casos en cada año.

Enero concentró siete de las tentativas reportadas hasta julio, seguido por febrero, marzo, mayo y junio, con dos casos cada uno. Abril y julio contabilizaron una víctima respectivamente. La distribución confirma que los ataques no se limitaron a un solo periodo, aunque el comienzo del año presentó la mayor concentración mensual.

Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién acumularon tres tentativas cada uno, mientras San Miguelito y Veraguas registraron dos casos y Coclé uno. En cuanto a los femicidios, Panamá y San Miguelito contabilizaron tres víctimas cada uno, seguidos por Chiriquí y Panamá Oeste, con dos casos por territorio.

La estadística también muestra que la violencia alcanzó a diferentes grupos de edad. Cuatro víctimas de tentativa tenían entre 18 y 24 años; tres se encontraban entre los 25 y 29 años y otras tres entre los 30 y 34. Además, dos niñas de entre cinco y nueve años fueron víctimas, al igual que dos mujeres de 70 a 74 años.

Las armas blancas fueron empleadas en ocho de las 17 tentativas registradas hasta julio, mientras cuatro ataques involucraron armas de fuego. Dos casos estuvieron relacionados con incendiarismo y en tres no se había determinado el mecanismo utilizado. En los femicidios, las armas de fuego provocaron seis de las 13 muertes.

Los procesos conocidos en septiembre son posteriores al cierre de ese informe y, por tanto, no deben sumarse automáticamente a sus cifras. La clasificación de cada caso puede variar conforme avancen las investigaciones, se conozcan nuevos elementos y los fiscales determinen si la conducta encaja en la definición legal de femicidio.

Los tres expedientes muestran distintas expresiones de violencia: el ingreso a la vivienda de una expareja, un ataque armado cerca de un colegio y amenazas reiteradas dentro del entorno familiar. En todos, los tribunales consideraron que la detención era necesaria para proteger a las víctimas, preservar las pruebas y reducir el riesgo de nuevas agresiones.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, investigado por la presunta muerte de su conviviente y de su hijo mayor en el distrito de Santa Anita. La medida regirá desde el 31 de agosto de 2026, fecha en que el investigado fue detenido en flagrancia tras el ataque ocurrido en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, exteriores de su vivienda.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Integrado Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Este aprobó el requerimiento presentado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate.

La investigación está a cargo del Primer Despacho de esa fiscalía, liderado por la fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa. El Ministerio Público atribuye a Leonardi los presuntos delitos de feminicidio en grado de tentativa y parricidio.

Disparó contra sus familiares

La tesis fiscal, señala que el hombre de 43 años disparó, tal y como se visualiza en las cámaras de seguridad, contra su conviviente, Karina Gutiérrez, y su hijo mayor, quienes murieron a causa del ataque.

La investigación también comprende la presunta tentativa de feminicidio contra una adolescente de 17 años. La menor figura como agraviada dentro del proceso abierto por las autoridades.

La medida de prisión preventiva busca garantizar la presencia de Giuseppe Leonardi durante las etapas iniciales de la investigación penal.

El equipo del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate continuará con las acciones dispuestas en el expediente. Estas labores están a cargo de la fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa, con apoyo de fiscales adjuntos y personal administrativo.

¿Qué pasó antes de atque del padre?

Según la versión de los familiares, la noche del 30 de agosto de 2026, la familia regresó a su vivienda luego de participar en una celebración por el día de Santa Rosa de Lima. Horas antes del ataque, Karina Gutiérrez había compartido un momento con sus seres queridos.

Según su hermano, la madre se molestó porque su pareja llevó su arma de fuego a la reunión. De acuerdo con lo señalado por los parientes de la víctima, el conflicto empezó cuando el hijo mayor intervino en defensa de su madre.

La madre de Karina afirmó que su hija había sufrido maltratos y conductas de control durante más de dos décadas de relación. También indicó que la pareja se separó aproximadamente tres meses antes del crimen debido a los episodios de violencia. Semanas más tarde, retomaron la convivencia luego de que el investigado prometiera modificar su conducta.

Giuseppe Leonardi Gutiérrez, de 22 años, cursaba la carrera de Marketing y Negocios Internacionales y estaba próximo a concluir sus estudios, según información difundida por sus familiares y vecinos. Además de su formación académica, tenía un emprendimiento de venta de galletas artesanales a través de redes sociales.

Sus allegados lo recuerdan como un joven cercano a su familia, aficionado al gimnasio y con proyectos personales.

Un hombre de 27 años fue condenado a 30 años de prisión por el femicidio de su expareja, una joven de 21 años asesinada con un cuchillo en Pocrí, distrito de Aguadulce. El sentenciado aceptó su responsabilidad durante la audiencia intermedia celebrada en la provincia de Coclé.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena, equivalente a 360 meses, fue validada después de que la Fiscalía imputara los delitos de femicidio y violencia de género. El tribunal también prohibió al agresor portar armas de fuego durante 10 años después de cumplir la sanción principal.

El crimen ocurrió durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. El hombre citó a la víctima en el parque de Pocrí con el argumento de conversar y, una vez reunidos, la atacó con un arma blanca. La joven murió mientras era trasladada al Hospital Rafael Estévez.

La Fiscalía señaló los celos como el detonante del ataque, aunque esa referencia no reduce ni justifica la responsabilidad del agresor. La violencia ejercida contra parejas o exparejas constituye uno de los elementos considerados para clasificar una muerte como femicidio, cuando existe una relación de poder o discriminación basada en el género.

La pena impuesta se encuentra en el límite máximo del rango ordinario establecido para el femicidio en Panamá. El artículo 132-A del Código Penal contempla entre 25 y 30 años de cárcel cuando la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja o intimidad afectiva con el agresor.

Panamá acumuló hasta el 31 de julio de 2026 13 víctimas de femicidio, frente a nueve durante igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 44%. El Ministerio Público también contabilizó 17 tentativas, casi el doble de las nueve reportadas un año antes, y 10 muertes violentas de mujeres no clasificadas como femicidios.

Los meses con mayor incidencia fueron marzo, con cuatro víctimas, y junio, con tres. En enero se registró un caso; febrero y mayo sumaron dos cada uno, mientras abril reportó uno y julio cerró sin nuevos femicidios confirmados. Las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones de los fiscales.

La distribución territorial muestra tres casos en la provincia de Panamá y otros tres en San Miguelito, contabilizado separadamente en el informe. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos cada uno, mientras Coclé, Colón y Veraguas reportaron una víctima respectivamente. En San Miguelito, el número se triplicó frente al mismo periodo de 2025.

Las armas de fuego fueron utilizadas en seis de los 13 femicidios registrados hasta julio, mientras dos mujeres murieron por ataques con armas blancas. Otros tres casos fueron causados por asfixia mecánica, uno por incendiarismo y otro permanecía sin determinar, de acuerdo con la clasificación preliminar del Ministerio Público.

Las estadísticas muestran que la violencia femicida alcanza a mujeres de edades muy diferentes. Hasta julio de 2026, las víctimas incluían dos jóvenes de 18 a 24 años, tres mujeres de 35 a 39 y dos de 40 a 44, además de dos menores de edad y dos adultas mayores.

Durante 2026 también se han dictado otras condenas relevantes. El mismo 7 de septiembre, un tribunal impuso 25 años de cárcel por el femicidio de una joven de 20 años ocurrido en Altos de Los Lagos, Colón. La víctima recibió múltiples disparos en febrero de 2023, y el responsable fue declarado culpable durante un juicio oral.

En marzo, otro hombre fue sentenciado a 25 años por matar mediante asfixia a una mujer costarricense cuyo cuerpo fue encontrado en un hospedaje de Golfito, Costa Rica. El agresor, de nacionalidad panameña, fue capturado en Chiriquí y aceptó su culpabilidad mediante un acuerdo de pena.

La justicia también condenó en abril a un hombre a 14 años de prisión por intentar asesinar a su expareja con un cuchillo en Belisario Frías, San Miguelito. La víctima sufrió heridas en la mano, el rostro y el cuello, pero sobrevivió al ataque, mientras el agresor terminó entregándose a las autoridades.

La dimensión del problema supera las fronteras panameñas. Los datos regionales más recientes indican que al menos 3,770 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o violencia letal de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe durante 2024, equivalente a por lo menos 11 muertes cada día.

En los últimos cinco años, la región acumuló más de 19,200 asesinatos de mujeres por razones de género. Las diferencias legales y estadísticas entre países impiden comparaciones completamente uniformes, pero el volumen muestra que las condenas, aunque necesarias, deben acompañarse de prevención, protección temprana y atención efectiva de las denuncias.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre y quedaron registrados parcialmente en las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la información entregada por la Policía y difundida por El Tiempo, el caso fue reportado como un delito de lesiones personales.

Así fue la agresión en la Terminal Salitre

Según las primeras versiones conocidas, el hombre llegó hasta el local donde se encontraba la mujer. Al notar su presencia, ella intentó salir del establecimiento, pero el señalado agresor la siguió.

En la grabación de las cámaras de seguridad, difundida posteriormente en redes sociales, se observa al hombre acercándose a la víctima e intentando sujetarla con una de sus manos. La mujer consigue apartarse y busca salir por otro lado del establecimiento.

El hombre intenta entonces ingresar al espacio ubicado detrás del mostrador. Durante la persecución, empuja una vitrina que cae sobre el cuerpo de la mujer. Posteriormente, las imágenes muestran que la agrede de manera reiterada con un objeto que aparenta ser un cuchillo.

La situación fue advertida por otras personas que se encontraban en la terminal. Uno de los ciudadanos intervino y logró detener al hombre, mientras otras personas se acercaron para auxiliar a la mujer.

Mujer fue trasladada a un centro médico

La teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la estación de Policía de la Terminal, confirmó que la mujer recibió atención médica después de la agresión.

La oficial explicó que el hombre “agredió y lesionó con arma cortopunzante a quien sería su expareja sentimental”.

Tras el procedimiento, se activó la ruta de atención para la víctima con la Patrulla Púrpura, unidad encargada de acompañar casos relacionados con violencia contra las mujeres. “La víctima fue trasladada a un centro médico y de manera inmediata se activó la ruta de atención con la patrulla púrpura”, indicó la comandante.

Ruiz agregó que posteriormente la Comisaría de Familia otorgó medidas de protección a la mujer. Según el reporte conocido por el medio, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Testigo habló sobre lo ocurrido

Una persona que presenció parte de lo ocurrido y cuya identidad fue protegida habló con Citytv sobre los momentos posteriores a la agresión.

“La veo que viene con las dos manos en su carita, sangrando mucho mucho. Pienso yo que fue que la apuñaló un ojo y ella dice que también en la espalda. Dicen que fueron seis puñaladas”, relató el testigo.

La persona también explicó que se encontraba dentro de un establecimiento cuando escuchó los gritos. “Fue aproximadamente tipo 8-9 de la mañana. Yo en el momento no estaba afuera, en la puerta del local, estaba adentro y solamente escuché los gritos”, contó al medio.

La cantidad de heridas mencionada por el testigo no fue confirmada en la información entregada por la Policía.

Terminal de Transporte se refirió al ataque

La Terminal de Transporte de Bogotá publicó un pronunciamiento sobre el caso en su cuenta oficial de X. La entidad aseguró que su equipo de seguridad intervino durante la agresión.

“La rápida y oportuna reacción del equipo de seguridad de La Terminal de Transporte de Bogotá permitió intervenir ante una agresión con arma blanca en contra de una mujer”, señaló la entidad.

Según el comunicado, integrantes del equipo de seguridad retuvieron al señalado agresor y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional. La terminal también informó que la mujer recibió atención tras el ataque y fue trasladada a un centro asistencial.

En el mismo pronunciamiento, la entidad rechazó “cualquier forma de violencia contra las mujeres” y señaló su compromiso con la protección, el cuidado y la seguridad de las personas que trabajan y transitan por sus instalaciones.

Reportan posibles amenazas antes de la agresión

El caso también incluye versiones sobre hechos que presuntamente habrían ocurrido antes del ataque en la terminal.

Testigos consultados por Citytv señalaron que la mujer habría recibido amenazas o agresiones durante los días anteriores por parte del hombre señalado como responsable.

Uno de los testimonios recogidos por ese medio indicó que la mujer habría contado que ambos habían vivido juntos y que el hombre supuestamente la amenazaba a ella, a sus hijos y a su madre.

“Ella cuenta que ellos vivían juntos y ella al ver que el hombre la amenazaba mucho, tanto a sus dos hijos, como a su madre, diciendo que si ella no volvía con él, él mataba a sus dos hijos, a su mamá y la mataba a ella”, aseguró el testigo.

Estos señalamientos corresponden al testimonio entregado por esa persona y hacen parte de la información conocida sobre el caso.

Captura fue legalizada este 7 de septiembre

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía citadas por El Tiempo, la captura del hombre fue legalizada el lunes 7 de septiembre. El señalado agresor permanece capturado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, mientras avanza el proceso correspondiente.

Por su parte, Red+ Noticias informó que el hombre fue identificado como Antoni Gabriel Piler Delgadillo, de 26 años. Ese medio también reportó que la víctima tendría 25 años, sería de nacionalidad venezolana y fue trasladada a la Clínica Colombia.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con los testimonios de los familiares y los registros de cámaras de seguridad mencionados por Domingo Al Día, la violencia se desató luego de una discusión que comenzó durante una reunión familiar y continuó cuando Karina, su esposo y sus hijos retornaron a su vivienda. La hija menor de la pareja, de 17 años, sobrevivió.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al investigado en el inmueble. El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente en Vista Hermosa.

Discusión comenzó durante una reunión familiar

Horas antes del crimen, Karina Gutiérrez participó junto a sus hijos, su pareja y otros parientes en un almuerzo organizado por su familia. Fotografías y videos de aquella jornada muestran a los asistentes durante la celebración.

Según Maikol Gutiérrez, hermano de Karina, existió una discusión durante el encuentro porque Leonardi Vargas habría acudido con su arma personal, con la cual trabajaba como seguridad.

“Mi hermana justamente estaba incómoda y molesta. Le llamó la atención por qué había ido con el arma”, declaró.

La familia sostuvo que, tras culminar la reunión, la familia abordaron un taxi para volver a su casa. Sin embargo, debieron regresar porque ella había olvidado su cartera en el domicilio de su hermana.

Durante ese trayecto, el conflicto habría continuado. De acuerdo con los familiares, Karina escribió a su hermana para informarle que su pareja se encontraba alterada. Cerca de las 22:00, la hermana intentó comunicarse con Giuseppe, pero no obtuvo respuesta. Luego recibió un mensaje que decía: “Ya fue tu hermana”, según el relato.

Intentaron escapar

Cuando llegaron a la vivienda de Santa Anita, Karina y su hija menor ingresaron a una habitación para buscar protección, de acuerdo con la versión de los familiares. Maikol Gutiérrez contó que ambas pidieron ayuda a Giuseppe, quien intervino ante los gritos y la discusión.

Las cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido en los exteriores del inmueble. La mujer intentó pedir ayuda a los vecinos por lo que sale de su vivienda, pero murió a consecuencia de los disparos que le proporcionó a su pareja.

La hija menor 17 años salió corriendo y logró escapar de su padre. Fue ella que pide apoyo a las autoridades para que intervengan.

Tras el ataque, agentes policiales y serenazgo llegaron a la zona. El investigado fue intervenido dentro de su vivienda.

Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez cursaba el último ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Había culminado sus estudios de inglés y proyectaba desarrollarse en su especialidad.

El joven también tenía un emprendimiento de galletas artesanales junto con su pareja. Sus familiares señalaron que combinaba sus estudios con sus proyectos personales y que buscaba hacer crecer ese negocio.

El caso fue difundido la noche del miércoles por el programa ‘Magaly TV, la firme’, espacio que mostró parte de la documentación fiscal relacionada con la denuncia. En los documentos presentados se consignan acusaciones por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además del presunto delito de acoso.

La denunciante, quien durante varios años formó parte de la orquesta de Barraza, decidió romper su silencio y explicar las razones que la llevaron a acudir ante las autoridades. Su testimonio fue presentado en medio de lágrimas y con evidente preocupación por las situaciones que, según su versión, habría atravesado durante y después de su relación con el cantante.

Ingrid Mijares cuenta por qué decidió denunciar a Tomate Barraza

En declaraciones difundidas durante el reportaje, Ingrid Mijares explicó que tomó la decisión de acudir a la Fiscalía porque consideraba que había llegado a un punto en el que ya no podía continuar soportando la situación.

“Realmente, si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad. No voy a permitir tampoco que alguien me venga a perjudicar”, manifestó la cantante.

De acuerdo con el relato que aparece en la documentación fiscal mostrada por el programa, durante el periodo en el que ambos trabajaron juntos Mijares habría recibido insultos y gritos. Sin embargo, uno de los pasajes más delicados de su declaración corresponde a un presunto episodio de violencia física que habría ocurrido en la vía pública.

Según el documento exhibido, la cantante declaró: “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”.

El testimonio de Mijares también incluye otros hechos que, según sostuvo, habrían ocurrido durante la relación y después de su separación. La cantante situó el vínculo entre ambos entre los años 2021 y 2024, periodo durante el cual también mantuvieron una relación profesional debido a que ella integraba la orquesta de Barraza.

Expareja de Tomate Barraza también denuncia presunto hostigamiento laboral

La denuncia presentada por Ingrid Mijares no se limita a los presuntos episodios de violencia física y psicológica. En la documentación difundida también aparece un señalamiento relacionado con su actividad profesional.

La cantante sostuvo que su expareja habría interferido en algunos de sus trabajos como profesora de canto y que presuntamente habría buscado que dejara determinadas actividades laborales. “El denunciado ha mandado que me despidan de los trabajos en los cuales yo daba clases de canto, de las municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel”, se lee en su declaración.

Mijares también afirmó, según el documento presentado en televisión, que Barraza habría contactado a algunas personas que la contrataban para intentar impedir su participación en determinados eventos.

La cantante aseguró además que, en algunas ocasiones, el artista habría preguntado cuánto dinero había cobrado ella por determinados trabajos y posteriormente habría ofrecido sus propios servicios por montos similares o incluso menores.

Ingrid Mijares asegura que recibió amenazas después de la denuncia

Otro de los aspectos que generó preocupación en el testimonio de Ingrid Mijares está relacionado con una presunta exposición de sus datos personales.

La cantante afirmó que, después de los hechos denunciados, habría recibido situaciones que interpretó como amenazas y hostigamiento. Entre ellas mencionó una publicación difundida en abril en la que, según su versión, se habría colocado su número telefónico personal y su dirección.

“Yo sí me he sentido bastante amenazada. En el mes de abril se hizo una publicación donde me señalan que yo daba servicios íntimos, poniendo mi número de teléfono personal, mi dirección. Me tuve que mudar de mi domicilio en menos de 15 días”, relató. La denunciante sostuvo que la difusión de esa información generó una situación de temor que la llevó a abandonar su vivienda en un periodo corto.

¿Qué denunció Ingrid Mijares contra Tomate Barraza?

La denuncia difundida públicamente reúne distintos señalamientos realizados por la cantante venezolana. Entre ellos aparecen presuntos episodios de agresión física, maltrato psicológico, acoso, hostigamiento e interferencia en sus actividades profesionales.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el referido al supuesto ataque ocurrido afuera de una discoteca, debido a que Mijares aseguró que habría sido golpeada dentro de una camioneta y que el cantante la habría jalado de los cabellos y presuntamente ahorcado.

A ello se suman sus declaraciones sobre un supuesto intento de perjudicar sus trabajos como profesora de canto y su afirmación de que habría recibido amenazas después de que sus datos personales fueran expuestos públicamente.

La III Copa Femenina de Boxeo de Independencia llevará la prevención de la trata de personas y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes al gimnasio del Complejo Deportivo de Quetzaltenango.

Bajo el lema Sueños no cadenas y la consigna “Mi vida vale y no tiene precio”, el torneo reunirá a atletas de distintos departamentos. La iniciativa busca que el deporte también sirva para informar a las familias sobre los riesgos de explotación, captación y agresiones.

El campeonato propone una respuesta comunitaria: usar el boxeo femenino para promover proyectos de vida libres de violencia, acercar mensajes de prevención a niñas y adolescentes y respaldar el papel de las mujeres dentro del deporte.

La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización dirigidas al público. La actividad será gratuita y se realizará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 09.00 horas.

Guatemala registró 8.413 denuncias de violencia sexual durante 2025

Las cifras de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) reflejan la dimensión del problema que aborda el evento. Durante 2025, el Ministerio Público recibió 8.413 denuncias por violencia sexual en Guatemala.

Los registros incluyeron 10.608 personas agraviadas. De ese total, 9.328 eran mujeres y el grupo de entre 13 y 17 años figuró como el de mayor vulnerabilidad, según los datos oficiales divulgados por la SVET.

El departamento de Quetzaltenango acumuló 504 denuncias durante ese período. La cifra coloca al territorio entre los departamentos con mayor cantidad de reportes de este delito en el país.

La trata de personas mantiene una afectación particular sobre las mujeres y adolescentes. El informe estatal presentado por la SVET reportó 1.276 posibles víctimas identificadas entre 2025 y abril de 2026, con predominio de casos vinculados con explotación sexual y laboral.

Los datos también señalaron que las adolescentes de 13 a 17 años concentraron más del 68% de los casos atendidos en albergues especializados. La prevención, por eso, será uno de los ejes de la competencia programada en Xela.

La Selección Nacional Femenina de Boxeo participará en el torneo

La jornada contará con la presencia de la Selección Nacional Femenina de Boxeo de Guatemala, que llegará a Quetzaltenango como uno de los principales atractivos deportivos. La delegación incluirá a María Victoria Chiroy, Dulcita García, Milene Yool, Naomi Gálvez y Ashley Jerez.

Los organizadores también rendirán un homenaje a María Victoria “Viko” Chiroy, medallista de oro en la división de 66 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La boxeadora compartirá con jóvenes promesas y asistentes, además de participar en una sesión de fotografías y firma de autógrafos.

“Queremos invitar a las familias quetzaltecas a que nos acompañen a este evento”, dijo Miloska Ramos, coach de la Academia Lunas. La entrenadora convocó al público a respaldar a las deportistas durante la competencia.

Ramos sostuvo que la presencia de Chiroy llevará un mensaje para las niñas, las mujeres y las familias. “Podemos alcanzar nuestros sueños”, agregó la entrenadora.

La organización remarcó que las participantes subirán al ring con un objetivo que excede el resultado de cada combate. “A través del boxeo queremos informar, prevenir y fortalecer proyectos de vida libres de violencia para la niñez, la adolescencia y las mujeres”, expresó.

El certamen cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Boxeo de Guatemala, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Comisión de Diversiones Populares de Xelafer y la SVET.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador advirtió que las exigencias sociales sobre cómo debe actuar una mujer que sufrió agresiones pueden obstaculizar el acceso a la justicia y reforzar escenarios de impunidad. La institución abordó el tema en su boletín de septiembre, titulado El mito de la víctima perfecta.

La publicación, elaborada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, señaló que la violencia de género persiste como una de las expresiones más extendidas de desigualdad. A las consecuencias de los ataques se suman prejuicios sociales, institucionales, legales y psicológicos que ponen en duda el relato de quienes denuncian.

El documento identificó como una de esas ideas el denominado mito de la víctima perfecta, que instala expectativas sobre la conducta, las reacciones y hasta la situación socioeconómica que debería tener una persona para ser considerada creíble.

Cuestionamientos sobre la denuncia y la reacción

De acuerdo con el boletín, muchas mujeres víctimas de violencia de género son cuestionadas porque no denunciaron de inmediato, porque continuaron una relación con el agresor o porque no reaccionaron de la manera que terceros consideran adecuada.

La Corte sostuvo que esas decisiones pueden estar atravesadas por factores como el miedo, la dependencia económica, el vínculo emocional y la manipulación psicológica ejercida por el agresor. Remarcó que la denuncia tardía o la continuidad de la relación no deberían utilizarse como argumentos para desestimar el testimonio.

El material también advirtió que algunas víctimas eligen permanecer en silencio por temor a no ser creídas o a enfrentar cuestionamientos en instancias judiciales. Esa situación puede contribuir a la continuidad de los ciclos de violencia y a la impunidad, según la institución.

La evaluación de los casos

El boletín planteó que la sociedad suele esperar que una víctima se muestre vulnerable, emocionalmente afectada y sin antecedentes que puedan ser objeto de cuestionamientos. Cuando una mujer no responde a ese modelo, puede ser juzgada, culpabilizada, desacreditada o revictimizada.

Para la Dirección, la credibilidad de una persona debe evaluarse a partir de los hechos y los antecedentes del caso, sin estereotipos ni expectativas sociales.

La dependencia judicial subrayó que romper con esas ideas es necesario para asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres. El boletín añadió que las consecuencias de este prejuicio pueden impedir que las instituciones encargadas de brindar protección y justicia cumplan esa función.

La Corte Suprema de Justicia informó que la atención técnica, el análisis y el seguimiento, así como la formación y sensibilización, están a cargo de las oficinas administrativas y jurídicas de la institución.

El silencio familiar: el mecanismo invisible que perpetúa la violencia de género

La Unidad de Género de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia de la CSJ alertó que el “secreto familiar” en situaciones de violencia machista funciona como una ley implícita de silencio que aísla a la víctima y protege al agresor, bajo el argumento de resguardar “la honra” o la unidad del hogar. La advertencia figura en el boletín oficial N.º 17, fechado en agosto de 2026.

El boletín describe tres dinámicas que consolidan el pacto de silencio: la normalización del abuso con frases como “así es su carácter” o “está bajo mucho estrés”; la transferencia de culpa, cuando la víctima asume la responsabilidad para no dañar la imagen externa; y la “lealtad invisible”, que instala la idea de que hablar o pedir ayuda es una “traición” al entorno cercano.

El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar judicial contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, investigado por la muerte de su conviviente, Carina Gutiérrez, y de su hijo mayor, de 22 años, en el distrito de Santa Anita. La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a través de su Primer Despacho.

La Fiscalía atribuye al investigado la presunta comisión de los delitos de feminicidio y parricidio. El caso corresponde a hechos ocurridos el 30 de agosto en los exteriores de su vivienda, ubicada en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, donde las dos víctimas recibieron disparos con arma de fuego.

Actas policiales y pericias son piezas clave

Según las indagaciones iniciales, Giuseppe Leonardi habría usado un arma de fuego contra su conviviente y su hijo. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y ubicaron al presunto autor en un inmueble cercano.

La medida de detención preliminar busca asegurar la presencia del investigado durante las diligencias dispuestas por el Ministerio Público. El plazo establecido es de siete días.

Para sustentar el pedido de detención, la Fiscalía presentó el acta de intervención policial, las actas de levantamiento de los cadáveres, certificados médico-legales e informes periciales. Estos documentos corresponden a las primeras actuaciones efectuadas luego del doble crimen.

El Ministerio Público también incorporó otros elementos recogidos en la etapa inicial de la investigación. Las diligencias y pericias científicas permitirán establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Madre de víctima pide justicias

La madre de Carina Gutiérrez afirmó que su hija sufrió episodios de violencia durante más de dos décadas de relación con Giuseppe Leonardi. Según relató a 24 horas de Panamericana TV, el hombre ejercía control sobre diversos aspectos de la vida cotidiana de la víctima.

Asimismo, señaló que Carina y Leonardi se separaron tres meses antes del doble crimen debido a los conflictos dentro de la convivencia. Semanas después, la pareja retomó la relación, luego de que el investigado prometiera cambiar su comportamiento. La reconciliación duró cerca de un mes.

También cuestionó que Leonardi trabajara como personal de seguridad y tuviera acceso a un arma de fuego. La madre de la víctima pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias del caso y establezcan las responsabilidades que correspondan.

En tanto, un familiar precisó que la adolescente de 17 años acudió a la comisaría para solicitar apoyo tras la amenaza de su padre con un arma, pero no se le hizo caso.

Canales de ayuda

• Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de riesgo o una agresión en curso, se puede llamar al 105 o acudir a la comisaría más cercana para solicitar intervención policial y presentar una denuncia.
• Línea 100: Este servicio gratuito brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
• Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM): Los CEM ofrecen atención especializada y gratuita, con orientación legal, apoyo psicológico y asistencia social para víctimas de violencia familiar o sexual.

Según la información de Latina Noticias, el ataque se desencadenó tras una discusión familiar. Leonardi Barba disparó primero contra su hijo dentro de la vivienda. La víctima fue trasladado de urgencia al hospital Hipólito Unanue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras el primer ataque, la esposa intentó huir por la calle Los Jazmines mientras pedía ayuda a los vecinos. El agresor la persiguió y le disparó dos veces, causándole la muerte en el lugar. La otra hija de la pareja, quien tiene 17 años, presenció el crimen y logró escapar antes de que su padre pudiera agredirla.

Después de cometer el doble homicidio, Leonardi Barba buscó refugio en su vivienda. Personal de serenazgo y la Policía Nacional forzaron la entrada y hallaron al agresor en el primer nivel de la casa, junto al arma utilizada en el ataque. Los agentes lo detuvieron con la ropa ensangrentada.

Hombre quedó detenido

Vecinos señalaron que la familia tenía más de 20 años de convivencia y que no era la primera vez que se registraban episodios de violencia. Según sus testimonios, el agresor trabajaba como agente de seguridad, lo que explicaría su acceso a un arma de fuego, aunque aún se busca confirmar si contaba con licencia para portarla.

Algunos vecinos mencionaron que el hombre presentaba conductas violentas y escenas de celos de manera recurrente.

Hasta el momento, Leonardi Barba permanece detenido en la sede de la Depincri de Ate Santa Anita. Asimismo, se negó a declarar ante la policía manteniendo una actitud distante.

En las primeras imágenes de la intervención, se visualiza que los serenos en compañía de la PNP llegan al lugar ante el llamado de emergencia. Tuvieron que romper la puerta para ingresar a la vivienda y detener al autor de los disparos.

Abren investigación

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita abrió diligencias preliminares contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio. La investigación se relaciona con la muerte de su conviviente, de 49 años, y de su hijo, de 22, quienes recibieron disparos de arma de fuego en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita.

La fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa dirige las acciones para esclarecer el caso. La Fiscalía ordenó la entrevista en cámara Gesell de la hija de 17 años, quien habría presenciado el ataque, además de recoger los testimonios de familiares y policías, realizar pericias y tomar la declaración del detenido. También tramita medidas de protección para la adolescente.

Según familiares, escapó de la vivienda para pedir ayuda en una comisaría, pero no recibió atención inmediata y le habrían pedido volver a su casa. La familia sostiene que la mujer sufrió maltratos y control de su pareja durante más de 20 años. La pareja se había separado tres meses antes del crimen, aunque retomó la convivencia semanas después.

Vecinos realizan misa

Vecinos de la Cooperativa Santa Rosa de Quives realizaron una misa en el lugar donde murieron Karina Gutiérrez Hidalgo y su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez. Durante el acto, colocaron velas y acompañaron con oraciones a los familiares de las víctimas.

La hija menor de la familia, de 17 años, volvió a la vivienda para declarar ante la Fiscalía sobre el ataque que presenció. La adolescente contó con apoyo psicológico, legal y social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mientras las autoridades tramitan medidas de protección a su favor.

Canales de emergencia

• La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de hechos de violencia familiar y situaciones de peligro inminente. Se puede acudir a cualquier comisaría o comunicarse de inmediato al número 105 para solicitar apoyo policial urgente.
• La Línea 100 ofrece atención gratuita, confidencial y especializada para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o sexual. El servicio está disponible las 24 horas del día y puede ser contactado marcando el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular.
• El Centro de Emergencia Mujer (CEM) brinda orientación legal, apoyo psicológico y social en casos de violencia familiar y sexual. Las víctimas pueden acudir a cualquiera de las sedes CEM a nivel nacional o consultar información adicional en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
• El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde ante emergencias médicas, accidentes y rescates. Para solicitar auxilio inmediato, se debe llamar al número 116.

El Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional de la República Dominicana sumaron a cientos de agentes a una consulta sobre prevención de la violencia contra las mujeres. Las respuestas se incorporarán a recomendaciones de política pública, según informó la Presidencia dominicana.

El panel de diálogo interinstitucional llevó por título “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”. El encuentro buscó abrir una reflexión con los agentes policiales sobre el papel de los hombres en la prevención y reducción de la violencia contra las mujeres, además de identificar acciones para transformar conductas, fortalecer la prevención y mejorar las respuestas institucionales.

La actividad se realizó en Santo Domingo y fue encabezada por la ministra de la Mujer Gloria Reyes junto con el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García. También asistió el inspector general de la institución, general Martín Miguel Tapia Sánchez.

La consulta incorpora la experiencia policial para mejorar la prevención y la respuesta

Reyes sostuvo que la participación de la Policía Nacional es clave por su presencia en todo el territorio y por el contacto permanente de sus agentes con las comunidades.

Esa cercanía, planteó, les permite conocer de primera mano situaciones que afectan la convivencia, la seguridad de las familias y la tranquilidad de los barrios.

Durante la jornada, la ministra definió el objetivo del proceso con estas palabras: “Nos convoca un propósito concreto: fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres mediante información confiable, coordinación institucional y decisiones que respondan a la realidad. Este no es un acto para cumplir con una formalidad. Es un ejercicio de escucha que busca producir conocimientos útiles para la acción pública”.

Figuereo García tuvo a su cargo la apertura del encuentro. Allí destacó la importancia de que los agentes participen en la consulta como un espacio para aportar experiencias y propuestas a las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres.

El panel estuvo integrado por la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar; Rosa Yudelka de los Santos, directora nacional de Atención a Víctimas del Ministerio Público, y Rosa Dariana Mejía Abud, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer.

La moderación estuvo a cargo de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano. En el conversatorio también participó el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico y terapeuta familiar.

El diálogo abordó masculinidades, señales de alerta y revictimización

En el intercambio se trataron temas vinculados con la construcción de masculinidades basadas en el respeto y la igualdad. También se analizaron la identificación de señales de alerta, la prevención de conductas violentas y el papel de los agentes policiales frente a situaciones de violencia contra las mujeres.

La discusión incorporó factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden incidir en comportamientos violentos. A eso se sumaron herramientas para el manejo de emociones como la ira, los celos y la frustración sin recurrir a la violencia.

La metodología incluyó preguntas dirigidas a las panelistas para profundizar en la responsabilidad de los hombres cuando conocen casos de violencia en su entorno. Otro punto central fue la necesidad de evitar la revictimización de las mujeres denunciantes y de superar la idea de que la violencia intrafamiliar pertenece al ámbito privado.

Cómo se integra la consulta al proceso nacional

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer para ampliar la participación masculina en la prevención de la violencia contra las mujeres y generar evidencia que permita fortalecer las políticas públicas.

La incorporación de la Policía Nacional, de acuerdo con la información oficial, suma al proceso la perspectiva de agentes con funciones relevantes en la prevención, detección y respuesta ante estos casos, y refuerza la articulación entre ambas instituciones.

La consulta nacional impulsada por el ministerio busca recoger percepciones, experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores de la sociedad dominicana para fortalecer las acciones de prevención. El conversatorio cerró con las explicaciones para completar el instrumento y con la aplicación de la consulta a los asistentes.

Integrantes del colectivo Casa de las Muñecas Tiresias A.C. exigieron este 1 de septiembre la destitución de Brenda Celina Bazán Varela, fiscal para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, después de que se imputara como homicidio calificado -y no como transfeminicidio- el crimen de Paola Buenrostro, en la audiencia inicial contra Arturo “N”, probable responsable.

La asociación civil publicó un video en sus redes sociales en el que su directora, Kenya Cuevas, denunció lo ocurrido durante la diligencia y planteó una serie de exigencias a las autoridades capitalinas.

Cuevas exigió la destitución de la fiscal y ser recibida por Bertha Alcalde

En el video, grabado desde el interior del Bunker de la fiscalía capitalina, Cuevas denunció que personal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la nombró como hombre y trabajador sexual, y utilizó un nombre que dejó de usar en sus documentos de identidad desde 2016.

Cuevas atribuyó lo ocurrido a una falta de capacitación y sensibilización de la fiscalía para acompañar a víctimas que enfrentan discriminación por identidad de género, pese a que durante diez años participó con esa institución en la construcción de manuales, protocolos y lineamientos con perspectiva interseccional.

La activista mencionó que construyó con recursos propios un albergue para mujeres trans, tarea que corresponde al Estado. Exigió la destitución de Bazán Varela por considerar que la funcionaria carece de capacitación y sensibilidad para el cargo, y anunció que el colectivo mantendrá manifestaciones hasta que la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y el Gobierno capitalino los reciban.

Cuevas añadió que hace cinco años, junto con la entonces coordinadora de género, Sayuri Herrera Román, se acordó clasificar la carpeta como feminicidio, porque el transfeminicidio todavía no estaba tipificado en ese momento. Ese acuerdo, según Cuevas, no se tradujo en el reconocimiento de la identidad de género de Paola ni de ella misma durante los siguientes cinco años, periodo en el que tampoco recibió notificaciones sobre el avance de la carpeta.

Arturo N permaneció prófugo casi una década antes de su detención en el Estado de México

Un día antes de la audiencia, el lunes 31 de agosto, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Arturo “N” en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. La aprehensión ocurrió casi diez años después de que un juez libró la orden en su contra, el 19 de octubre de 2016.

Para ubicarlo, la Fiscalía capitalina desarrolló múltiples líneas de investigación y realizó diligencias de campo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. También solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Baja California, lo que permitió descartar ubicaciones hasta concentrar la búsqueda en Nicolás Romero.

En abril de 2023, la Fiscalía capitalina había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien aportara información útil para su localización. El caso de Paola Buenrostro fue el primero reconocido como transfeminicidio por una autoridad de la Ciudad de México: la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante la Recomendación 02/2019.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, afirmó tras la detención que la aprehensión representaba “un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales” y aseguró que la institución sostendría el proceso “con rigor y perspectiva de género”.

La fiscal capitalina de feminicidios acumula más de una década de experiencia en casos de violencia de género

Brenda Celina Bazán Varela, fiscal cuya destitución exige el colectivo trans, es licenciada en Derecho por la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad, campus Tlalnepantla. Trabajó más de diez años como agente del Ministerio Público en agencias especializadas en violencia intrafamiliar y sexual del Estado de México.

También participó en el grupo especializado que se creó a raíz de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en 2015 por el feminicidio de Mariana Lima Buendía. En ese grupo fue titular de la investigación con perspectiva de género y logró la consignación del inculpado.

En 2021, la entonces fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, la reconoció por su desempeño en la atención de delitos vinculados a la violencia de género. Un año después, en agosto de 2022, fue nombrada fiscal para la Investigación del Delito de Feminicidio.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece, en su artículo 55, que corresponde a la fiscal garantizar que el personal a su cargo tratara con respeto y dignidad a quienes acudieran en busca de justicia. La norma prohíbe expresamente cualquier acto discriminatorio por razón de género, sexo u orientación sexual, disposición que el colectivo trans invocó al señalar la actuación del Ministerio Público durante la audiencia.

La captura de Trujillano Bustamante se produjo en la localidad de Cuñumbuza, en el distrito de Juanjui, región San Martín. El exmiembro de la Policía Nacional figuraba en el programa de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de 100 mil soles a quien aportara datos para su ubicación.

Condenado se fugó del hospital hace años

Las autoridades informaron que el exsuboficial fue hallado oculto en un inmueble de Cuñumbuza y posteriormente llevado a la comisaría de Juanjui, donde quedó a disposición de las instancias judiciales correspondientes. Trujillano Bustamante, de cuarenta años, había logrado fugarse la madrugada del 28 de agosto de 2024 del Hospital Regional de Lambayeque, donde se encontraba internado desde el 9 de ese mes por un cuadro de hemorragia gastrointestinal.

Pese a que estaba bajo la custodia de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el condenado dejó las esposas en la camilla y escapó del establecimiento.

Tras su detención, las autoridades iniciaron los trámites para su reingreso al sistema penitenciario, donde deberá continuar cumpliendo la condena de cadena perpetua impuesta por el Poder Judicial.

Caso de menor fallecida tras abuso sexual

El caso de Idubis Trujillano Bustamante comenzó en 2021 en el distrito de José Leonardo Ortiz, región Lambayeque. Trujillano Bustamante vivía con sus tres hijos menores y, en agosto de ese año, llevó a su hija mayor, de doce años, a una fiesta en la localidad de Incahuasi. Allí abusó sexualmente de la menor, a quien luego amenazó para evitar que lo denunciara y restringió todo contacto con la familia y su madre, quien trabajaba en Lima. El embarazo de la niña fue ocultado durante meses en un entorno de abuso y control.

El 3 de enero de 2022, la menor falleció con ocho meses de gestación. El padre intentó sepultarla en secreto en Chota, Cajamarca, pero la Fiscalía intervino durante el velorio y trasladó el cuerpo a la morgue para la necropsia y pruebas de ADN. Los exámenes forenses confirmaron la violación y establecieron que el propio Trujillano era el progenitor del feto, lo que derivó en una investigación judicial.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo condenó a Trujillano a cadena perpetua en diciembre de 2022, además de imponerle una reparación civil de cinco mil soles. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque lo halló responsable de violación sexual y de causar la muerte de su hija, aunque no prosperó la acusación por parricidio ante la falta de pruebas directas sobre la causa de muerte.

Permaneció recluido en el penal de Chiclayo hasta el 28 de agosto de 2024, cuando escapó durante una atención médica en el Hospital Regional de Lambayeque. Pese a estar bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los agentes encargados alegaron haberse quedado dormidos y el reo dejó las esposas en la camilla.

La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural, incluso con un mayor reconocimiento legal, de acuerdo con el informe La Violencia Obstétrica en Tres Dimensiones: Datos, Voces y Prácticas, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El documento cruza tres capas: datos estadísticos, expedientes acompañados jurídicamente y la mirada del personal de salud.

Sin embargo, el mensaje es directo: la penalización, por sí sola, no alcanza para erradicar prácticas arraigadas en la forma en que operan los servicios.

La ENDIREH muestra una baja mínima y un piso que no cede

La ENDIREH 2021 reporta que 31.4% de las mujeres que tuvieron partos entre 2016 y 2021 sufrieron algún tipo de violencia obstétrica. En el periodo 2011-2016 la proporción fue de 33.4%. La diferencia es marginal: el fenómeno baja, pero no se rompe.

El informe también describe un patrón desigual. La incidencia sube en mujeres menores de 30 años, en usuarias del IMSS, con 39.8% de los casos, y en quienes no tienen pareja, con 38.57 por ciento.

La brecha económica se refleja en los deciles de ingreso más bajos, donde el registro es de 35%, mientras que en el decil más alto baja a 18.4%.

La cifra más alta se presenta en mujeres con discapacidad: 43.9% en su último parto, frente a 30.4% entre mujeres sin discapacidad ni limitaciones. En adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, el porcentaje llega a 55.4%.

Por edad, el riesgo disminuye en la madurez: entre mujeres de 40 a 49 años sin discapacidad, la incidencia es de 22.3%.

En contraste, en el grupo de 20 a 29 años con discapacidad alcanza 45.5%. La lectura es interseccional: edad, condición de discapacidad e ingresos se acumulan y elevan el riesgo.

Presión anticonceptiva y cesáreas: prácticas que avanzan

Entre las manifestaciones documentadas, el informe señala el aumento de la presión para aceptar un método anticonceptivo o una esterilización.

Esa forma de violencia pasa de 27.7% en 2016 a 31.5% en 2021. La esterilización forzada registra el mayor incremento, con implicaciones directas en derechos reproductivos.

Otro foco es la cesárea. El porcentaje sube de 42.8% (2011-2016) a 47.4% (2016-2021). En 2021, la tasa llega a 49.1%, por encima del rango de 10-15% recomendado por la OMS.

Expedientes: cuando la atención falla y el sistema se protege

El componente cualitativo analiza 64 casos acompañados jurídicamente por GIRE. Ahí, la violencia obstétrica no aparece como un episodio aislado, sino como una cadena de fallas: comunicación clínica incompleta, decisiones sin información suficiente, trato degradante y retrasos en la atención.

El informe documenta prácticas institucionales que complican el acceso a la justicia: desplazamiento de la culpa, pérdida de expedientes y presión hacia las familias para aceptar versiones oficiales.

En los casos que involucran a mujeres indígenas, los patrones son más severos: 100% recibió respuesta clínica tardía y 88% requirió traslado por falta de infraestructura.

En 88% se reporta desplazamiento de culpa institucional y solo 63% obtiene algún reconocimiento de responsabilidad.

En 12 casos vinculados con mortalidad materna, el informe identifica infraestructura insuficiente en 75%; valoración inadecuada del riesgo en 67%; respuesta clínica tardía en 58%, y desplazamiento de culpa en 42%.

Lo que dice el personal de salud: condiciones que empujan la violencia

El informe incorpora un taller con 39 profesionales de salud realizado en junio de 2025. El consenso, según el documento, es que la violencia obstétrica tiene raíces institucionales: fallas de formación, sobrecarga laboral, falta de insumos y equipo, confusión de roles y una lógica administrativa centrada en productividad. También advierten que criminalizar el fenómeno puede incentivar prácticas defensivas sin resolver lo de fondo.

Entre las propuestas, aparecen reformas a planes de estudio en medicina, enfermería y partería para incluir parto humanizado, violencia de género, derechos reproductivos y bioética; capacitación continua en consentimiento informado y habilidades interpersonales; homologación de protocolos; equipos multidisciplinarios, y sistemas de evaluación de calidad que midan resultados en salud y experiencia de las usuarias, no solo volumen de atención.

El informe cierra con una tesis que atraviesa todo el diagnóstico: la violencia obstétrica no se desactiva únicamente con sanciones, sino con cambios de fondo en el sistema de salud, con prevención, reparación y garantías de atención digna, oportuna y sin discriminación.

Alejandro “N” recibió una condena de 45 años de prisión por el feminicidio agravado de su pareja, ocurrido el 15 de junio de 2018 en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acreditó que el sentenciado estranguló a la víctima con un lazo, vertió alcohol en su boca y colocó botellas en el piso para simular que se había tratado de un suicidio.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó el pago de la reparación del daño a cinco víctimas indirectas. El monto comprende 5 mil días de salario mínimo, dos meses de salario mínimo por gastos funerarios y más de 78 mil pesos por el daño psicológico causado a los familiares de la víctima.

Testimonios de familiares y dictámenes periciales probaron que la escena fue manipulada

Según las indagatorias, la noche del 15 de junio de 2018, Alejandro “N” agredió físicamente a la víctima dentro de su domicilio ubicado en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac. Tras la agresión, la privó de la vida utilizando un lazo.

Una vez consumado el feminicidio, el sentenciado vertió alcohol en la boca de la mujer y distribuyó botellas en el piso del domicilio. La maniobra buscaba hacer creer a las autoridades que la muerte había sido consecuencia de un suicidio.

Entrevistas con familiares de la víctima dieron cuenta de antecedentes de violencia en la relación de pareja. Esos testimonios constituyeron una de las líneas de investigación que la FGJCDMX desarrolló para reconstruir los hechos.

A las declaraciones de los familiares se sumaron dictámenes periciales en siete disciplinas:

1. Medicina
2. Criminalística
3. Necropsia
4. Química
5. Psicología
6. Patología
7. Mecánica de lesiones

El conjunto de peritajes permitió establecer cómo ocurrió el feminicidio y acreditar que la escena del crimen había sido alterada deliberadamente.

La orden de aprehensión se ejecutó casi cuatro años después del crimen

Con los datos de prueba reunidos a lo largo de la investigación, la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Alejandro “N”. La orden fue ejecutada el 5 de abril de 2022, casi cuatro años después de la muerte de la víctima.

Dos días después de la detención, el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro “N”. A partir de ese momento, el caso avanzó hacia la etapa de juicio oral.

Durante el juicio, la FGJCDMX presentó y sostuvo las pruebas testimoniales y periciales con las que acreditó la responsabilidad penal del sentenciado en el feminicidio agravado. La autoridad judicial valoró el conjunto de evidencias y determinó imponer una pena de 45 años de prisión más las multas económicas.

Víctor “N” también fue sentenciado por feminicidio tras alegar que su pareja sufrió una caída accidental

En otro caso, la FGJCDMX obtuvo una sentencia de 43 años y nueve meses de prisión contra Víctor “N” por el feminicidio de su pareja, ocurrido el 24 de junio de 2023 en el pueblo San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. Al solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ahora sentenciado afirmó que la víctima había sufrido una caída accidental.

Los dictámenes periciales descartaron su versión y acreditaron que la mujer fue privada de la vida. La Policía de Investigación (PDI) lo detuvo el 30 de junio de 2023 en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, y al día siguiente la Fiscalía obtuvo su vinculación a proceso.

La autoridad judicial lo condenó al pago de más de un millón 86 mil pesos por indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral, y a la pérdida de la patria potestad y todos los derechos respecto de su hija menor de edad.

La cifra de feminicidios en México ascendió a 380 durante julio del 2026, luego de que en ese mes se registraron 60 casos más a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

El documento indicó que el 41.3% de los casos, equivalentes a 157 víctimas, se concentran en cinco estados: Sinaloa, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

No obstante, desde enero de este año Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos de feminicidio, al registrar un total de 54 casos, la mayoría de estos en el municipio de Culiacán.

Le sigue Estado de México, con 27 casos en total, de los cuales tres ocurrieron durante julio, mientras que Chiapas ocupó nuevamente el tercer lugar con 26 feminicidios a lo largo del año.

La Ciudad de México volvió a aparecer en cuarto lugar, al sumar 25 casos en los primeros siete meses del año, principalmente en dos alcaldías.

Tamaulipas también ha registrado 25 feminicidios en el mismo periodo, siete de estos en julio. De igual forma, según el informe, Morelos continuó en sexto lugar con 21 casos, cinco más respecto al mes anterior.

Entre lso estados con menos casos están: Aguascalientes, con tres casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos feminicidios cada uno, y Nayarit, con uno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las principales víctimas son mujeres de 30 a 60 años de edad, seguidas del sector entre 18 y 29 años.

Los 20 municipios con más casos de feminicidio

• Culiacan, Sinaloa: 34
• Reynosa, Tamaulipas: 12
• Chihuahua, Chihuahua: siete
• Benito Juárez, Quintana Roo: seis.
• Mazatlán, Sinaloa: seis.
• Centro, Tabasco: cinco.
• Escuinapa, Sinaloa: cinco.
• Mexicali, Baja California: cinco.
• Tapachula, Chiapas: cinco.
• Venustiano Carranza, Ciudad de México: cinco.
• Hermosillo, Sonora: cuatro
• Juárez, Chihuahua: cuatro
• Mérida, Yucatán: cuatro
• Acapulco de Juárez, Guerrero: tres
• Cajeme, Sonora: tres
• Cuauhtémoc, Chihuahua: tres
• Cuautla, Morelos: tres
• Fresnillo, Zacatecas: tres
• Gustavo A. Madero, Ciudad de México: tres.

Homicidio doloso de mujeres

En este apartado, el informe señala 870 víctimas de homicidio doloso, entre enero y julio de este año, la mayoria de los casos en Guanajuato, con 108 casos, Baja California, con 71, y Chihuahua, con 59.

Senado discute reformas para prevenir feminicidios y proteger a la niñez huérfana

El Senado analiza modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, impulsadas por Claudia Sheinbaum.

La propuesta, en revisión tras mesas de diálogo con especialistas y familiares de víctimas, busca que el Estado priorice la prevención, la atención a la niñez y la homologación nacional de criterios para combatir la violencia feminicida.

Las discusiones han puesto énfasis en la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINNA, subraya la urgencia de garantizar a las hijas e hijos de víctimas acceso inmediato a salud, alimentación, apoyo psicológico y representación jurídica autónoma.

Plantea que la pérdida de patria potestad no debe eximir al responsable de la obligación alimentaria y que sus bienes aporten a la reparación económica.

Especialistas como Dilcya García Espinoza de los Monteros resaltan que la impunidad y los vacíos en protocolos impiden la judicialización de muchos crímenes.

La fragmentación del tipo penal en las entidades federativas es señalada como un obstáculo para la justicia.

Proponen capacitación obligatoria y protocolos homologados

Karla Micheel Salas advierte que homologar el tipo penal, establecer protocolos comunes y capacitar a servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género permitirá a México cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

David Peña enfatiza que la falta de personal y deficiencias institucionales agravan la impunidad.

Las voces reunidas coinciden en que el feminicidio es un crimen político que exige respuestas estatales profundas. Marcela Lagarde sostiene que el respeto a la vida de las mujeres debe traducirse en acciones políticas y democráticas.

El incidente habría ocurrido a pesar de que la víctima cuenta con medidas de protección y una orden de alejamiento vigentes, según manifestó la denunciante.

Caso omiso a la orden judicial

De acuerdo con la información de ATV Noticias, Alondra relató que su expareja la interceptó cuando se encontraba trabajando como mototaxista. Todo los pasos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

Michael Smith Tuñoque Pizarro, identificado como técnico y camarógrafo del grupo musical, fue señalado como el responsable de la agresión física ocurrida frente a varios testigos.

“No es la primera vez que me agrede; ya presenté una denuncia por maltrato físico y psicológico”. Además, detalló que el juzgado dictó medidas de protección y una orden de alejamiento, que no habrían impedido el acercamiento y la agresión reciente.

Según la versión de Alondra, ese día se encontraba realizando servicios de mototaxi. Tras estacionar el vehículo, fue abordada por su expareja, quien la habría golpeado en el rostro y derribado al suelo.

“Me tira un puño cerrado en la cara, luego me empuja al piso y me exige las llaves de la moto”, manifestó. Relató que intentó defenderse con una piedra y que la intervención de transeúntes permitió detener la agresión.

La víctima explicó que el agresor no aceptó el fin de la relación y que la violencia persistió a pesar de los recursos judiciales en curso.

Implicaciones laborales

Michael Tuñoque trabaja como camarógrafo en la orquesta Son del Duke. Alondra afirmó que, tras un incidente anterior, se comunicó con Alex Duque, representante del grupo musical, para informarle de la situación. Según su testimonio, recibió el contacto de un abogado de la agrupación, a quien entregó las pruebas del ataque, incluyendo videos y testimonios de testigos.

Hasta el momento, la víctima asegura que no ha recibido ninguna respuesta por parte de la orquesta. Además de la agresión física, Alondra denunció que el presunto agresor le retiró la mototaxi, vehículo que utilizaba como sustento económico, y que tampoco cumple con la pensión alimenticia de su hija en común de dos años.

“Lo denuncié por alimentos desde que mi hija tenía cinco meses, pero hasta ahora no hay resolución”, expresó.

La agresión fue presenciada por varios vecinos, quienes intervinieron para auxiliar a la víctima y evitar que el presunto agresor continuara con el ataque. Alondra informó que, tras no obtener una respuesta institucional de la empresa para la que trabaja Tuñoque Pizarro, optó por realizar una denuncia pública con el objetivo de obtener justicia y protección para ella y su hija.

Asimismo, confirmó que recibe apoyo del Ministerio de la Mujer en el caso y espera que la orquesta pueda brindarle el respaldo correspondiente con la finalidad de que su menor cuenta con un pensión por derecho.

Según relató Jessica Castro, la situación incluyó golpes en el rostro y cabeza, así como intentos de asfixia. Además, aseguró que el suboficial intentó agredirla con un cuchillo y que vecinos intervinieron ante sus gritos de auxilio.

“Me he golpeado a un punto de dejarme mi cara toda moreteada, golpeada mi cabeza”, declaró la joven.

La denunciante explicó que los episodios de violencia comenzaron cuando tenía siete meses de embarazo, después de descubrir conversaciones comprometedoras entre el suboficial y alumnas de la escuela. Jessica Castro afirmó que Huayapuma de la Cruz mantenía relaciones con varias mujeres, algunas menores de edad, y que cuenta con chats, fotos y videos que respaldan su versión.

No cumple con la orden de alejamiento

De acuerdo con los testimonios recogidos, la agresión física también alcanzó a la hija menor de la pareja. “Ha llegado a golpear a mi hijita y me ha golpeado a mí constantemente, a pesar que él tenía una orden de alejamiento”, aseguró Jessica.

“Me agredió destrozando mi teléfono, que tengo ahí las pruebas. Me estaba ahorcando y yo no sabía cómo defenderme”, manifestó.

Además, mencionó haber sido maltratada por la madre del suboficial, quien la insultó y desacreditó ante los agentes. Así como tampoco se le detuvo, a pesar de que se encontraba en flagrancia.

En uno de los audios se escucha que la madre le señala qué debería decir sobre el carácter de la joven, quien ahora se encuentra sola en Lima, debido a que su familia está en Cajamarca.

Canales de ayuda

• Línea 100: Servicio telefónico gratuito de orientación, información y soporte emocional para personas afectadas por violencia familiar o sexual. Disponible las 24 horas desde cualquier teléfono fijo o celular.
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan atención integral y especializada a víctimas de violencia familiar y sexual. Ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social en todo el país.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Las comisarías y unidades especializadas reciben denuncias y brindan protección inmediata en casos de violencia familiar, además de ejecutar medidas de protección dictadas por la autoridad.

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados continúan siendo una realidad que vulnera los derechos de niñas y adolescentes en México, principalmente de origen indígena, a pesar de los importantes avances legales, que incluyen una estrategia del gobierno federal enfocada en 50 municipios prioritarios a nivel nacional.

El análisis de los microdatos censales de 2020, procesados por la CEPAL y CELADE, revela que en el país 3.4% de las mujeres de entre 12 y 17 años estaban unidas al momento del censo, superando ampliamente la incidencia de matrimonios formales, que son prácticamente inexistentes a esa edad.

Esta realidad afecta desproporcionadamente a las niñas, toda vez que las prevalencias entre mujeres adolescentes superan por mucho a las observadas entre los hombres de la misma edad.

Seis estados son focos rojos

La información territorial muestra focos especialmente preocupantes: en estados como Nayarit, la prevalencia de uniones en niñas y adolescentes indígenas alcanza entre 9.0% y 19.3%, y se mantiene elevada en entidades como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Michoacán.

Por contraste, la prevalencia es notablemente menor en el centro del país, Tamaulipas y Ciudad de México.

Entre la población afrodescendiente, los niveles más altos se encuentran en Chiapas y Quintana Roo, aunque estos datos deben interpretarse con precaución debido al bajo número de casos absolutos detectados en el censo para este grupo.

La comparación con niñas y adolescentes no indígenas ni afrodescendientes muestra prevalencias bajas en la mayor parte del territorio nacional, salvo en Guerrero.

Estos patrones evidencian que la pertenencia étnico-racial y el territorio están profundamente conectados con la persistencia de los matrimonios y uniones infantiles en México.

El análisis por condición étnico-racial confirma que el fenómeno afecta con más fuerza a la población indígena del país.

De acuerdo con los microdatos censales, el 19% de las adolescentes indígenas se encontraba casada o unida antes de cumplir los 18 años, cifra que contrasta con los porcentajes de afrodescendientes (4.3%) y no indígenas ni afrodescendientes (5.4%) dentro de ese mismo rango etario.

En términos de cifra absoluta, 174,987 niñas y adolescentes indígenas de 12 a 17 años se reportaron alguna vez unidas/casadas en el censo 2020, así como 4,682 afrodescendientes y 65,763 del resto de la población.

Estas diferencias no son atribuibles exclusivamente a factores “culturales”, sino que reflejan desigualdades estructurales históricas vinculadas a pobreza, exclusión educativa, barreras geográficas y falta de acceso a servicios públicos y protección social.

Vínculo entre las uniones tempranas, maternidad adolescente y desigualdad estructural

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados en México están profundamente vinculados con el embarazo adolescente y con la reproducción de escenarios de desigualdad.

La evidencia censal de 2020 revela que más de la mitad de las adolescentes unidas ya son madres antes de los 18 años, mientras que la maternidad entre adolescentes solteras es baja (1.1%), mostrando que la trayectoria de unión conyugal temprana suele estar asociada a la maternidad precoz.

Este patrón se intensifica en el caso de adolescentes separadas, entre quienes la proporción de madres también es muy elevada, situando a este grupo en una situación de riesgo incrementado frente a pobreza, sobrecarga de cuidados y abandono escolar.

La interrupción de las trayectorias educativas es una consecuencia directa y estructural de esta práctica: únicamente el 23% de las niñas y adolescentes alguna vez unidas entre 12 y 17 años asiste a la escuela, frente al 90% de sus pares solteras.

Además, el 61% de este grupo no estudia ni trabaja remuneradamente —comparado con solo el 7% en el caso de las adolescentes solteras—, lo que perpetúa un círculo intergeneracional de pobreza y limita la autonomía económica y social de las jóvenes.

Estos datos evidencian que los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados refuerzan la división sexual del trabajo: entre quienes no estudian ni trabajan, el 90% de las adolescentes unidas declara dedicarse exclusivamente al trabajo no remunerado en el hogar.

Así, estas prácticas se consolidan como mecanismo de reproducción de los principales nudos estructurales de la desigualdad de género en México: restricción de la autonomía física y económica, sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, exposición a violencia de género y exclusión de la participación social y cívica.

A pesar de la prohibición legal del matrimonio infantil sin excepciones, la persistencia de estos patrones demuestra que el desafío no es solo normativo, sino estructural y requiere políticas públicas integrales, diferenciales y con enfoque de derechos, género, interculturalidad y territorialidad —como las comisiones interinstitucionales establecidas en Oaxaca y otras entidades— para erradicar de manera efectiva una práctica que continúa condicionando el presente y futuro de miles de niñas y adolescentes mexicanas.

Lo que ocurrió ese día no fue un hecho aislado ni imprevisible. Fue el desenlace de años de violencia sistemática que Esther Brenner padeció dentro de su propio hogar, a manos del hombre que ella había traído al mundo. Vecinos del sector declararon que la mujer había denunciado a su hijo en reiteradas ocasiones por agresiones físicas, pero que siempre era liberado por las autoridades. El sistema conocía el caso. Y falló.

Un historial de violencia que el Estado no supo detener

El episodio más grave previo al femicidio ocurrió en 2024, cuando Walter del Pino Brenner agredió a su madre con un balón de gas y la envió al hospital en estado crítico. Aquella vez, el Poder Judicial le impuso nueve meses de prisión preventiva mientras era procesado por el delito de tentativa de parricidio. Según consignó un informe del canal América Noticias, el cronograma procesal contemplaba dos meses para la etapa intermedia y tres meses para el juicio oral, con un plazo razonable total de nueve meses.

Esther Brenner sobrevivió a ese ataque. Y en algún momento, frente a una cámara, dejó registradas palabras que hoy suenan como una premonición: “¿Sabes qué es lo que a mí más me duele? No me duelen los golpes, las palabras. No me duele. En el momento tal vez llore y todo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Y te lo vuelvo a repetir. Es que cuando yo me muera te vas a dar cabezazos contra la pared recordando lo que me hacías.” Luego se quebró en llanto.

Esas palabras describían con precisión lo que vendría.

Salió libre y volvió a golpearla

Cumplida la prisión preventiva, Walter del Pino Brenner recuperó la libertad. Era exactamente lo que más temía su madre. Y ocurrió lo que ella había anticipado: el hombre retomó las agresiones. Esta vez, sin embargo, no hubo tentativa. La golpeó hasta causarle la muerte.

Cuando los agentes de la comisaría PNP de Pachacútec llegaron al domicilio, él se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó bajo custodia mientras se iniciaban las diligencias correspondientes. Ahora enfrenta cargos por parricidio, el delito más grave contemplado en esta clase de casos.

Qué dice la ley peruana sobre el parricidio

En el Perú, el parricidio está tipificado en el Código Penal y se configura cuando una persona mata a su padre, madre, hijo, cónyuge, conviviente u otro familiar en el marco de relaciones específicamente definidas por la norma. La pena privativa de libertad no es menor de 15 años. Cuando concurren circunstancias agravantes —como la forma especialmente grave de ejecución del crimen—, la sanción puede incrementarse de manera considerable. La pena concreta que reciba Walter del Pino Brenner dependerá de las pruebas reunidas durante la investigación y de las circunstancias que los jueces determinen al momento del juicio.

Un crimen que pudo haberse evitado

El caso de Esther Brenner expone una falla estructural del sistema de justicia frente a la violencia familiar reiterada. La víctima había denunciado, había sobrevivido a un ataque con un objeto contundente, había visto a su agresor procesado por tentativa de parricidio. Nada de eso fue suficiente para protegerla. Su hijo salió libre, volvió a la misma casa y esta vez consumó lo que antes no había logrado.

Las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en México muestran una reducción en los feminicidios registrados oficialmente, pero esto no garantiza una disminución real de la violencia feminicida.

Un estudio del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México subraya que el descenso en las cifras reportadas no siempre se traduce en menos violencia contra las mujeres.

El análisis, titulado Killing on the Basis of Sex: Do Gender Violence Alerts Actually Reduce Feminicides in Mexico?, elaborado por el doctor Juan Carlos Angulo, la doctora Alejandra Villegas y la egresada Ana Catalá, revela que tras la declaratoria de alerta, los municipios presentan una reducción promedio de 0.17 feminicidios registrados al año.

Esta cifra equivale a cerca de la mitad del promedio municipal, que es de 0.33 casos anuales.

Al considerar solo los municipios que reportaron al menos un feminicidio en el periodo 2015-2025, la disminución estimada llega a 0.38 casos, también equivalente a cerca de la mitad del promedio en ese grupo.

Las especialistas y el especialista advierten que este último dato debe analizarse con cautela, ya que la selección de municipios incluye años posteriores a la alerta y podría distorsionar el efecto real.

Las disminuciones aparecen después de dos años, pero pueden revertirse

Las AVGM son mecanismos de emergencia que buscan atender la violencia feminicida en territorios donde la gravedad del problema o la respuesta institucional lo exige.

Cada declaratoria activa medidas de prevención, seguridad, atención a víctimas y coordinación institucional, pero no existe un único modelo nacional.

El estudio de la IBERO observa que los efectos de las alertas no son inmediatos. Las disminuciones estadísticamente significativas en los feminicidios registrados comienzan a observarse hasta dos años después de la declaratoria.

Los autores plantean que este periodo puede deberse al tiempo necesario para coordinar acciones e implementar cambios.

El efecto, sin embargo, tiende a debilitarse o revertirse cerca del quinto año, aunque esta tendencia resulta menos precisa por la falta de datos suficientes a largo plazo.

Menos registros no confirma menos violencia

El equipo de la Universidad Iberoamericana advierte que un feminicidio registrado oficialmente no refleja necesariamente todos los asesinatos de mujeres por razones de género.

Para integrar un caso a las estadísticas, las autoridades deben identificar los motivos de género, investigar bajo ese protocolo y reportar el caso como feminicidio.

Las prácticas de clasificación y reporte pueden variar entre fiscalías, estados y municipios, lo que abre la posibilidad de que una reducción en los registros responda tanto a una prevención efectiva como a cambios administrativos o problemas de subregistro.

“Una baja en los feminicidios reportados puede responder a incentivos institucionales tras la declaratoria de alerta, pero no implica necesariamente menos muertes”, destaca entre las advertencias clave del estudio.

El fenómeno inverso también es posible. Si la alerta permite reconocer más asesinatos como feminicidio, el registro oficial podría aumentar, aunque la violencia no crezca.

Las estimaciones son más consistentes cuando se emplea el número absoluto de casos por municipio. Al analizar tasas por cada 100,000 mujeres o datos semestrales, la tendencia descendente se mantiene, aunque con menor precisión.

La declaratoria formal no basta

El estudio concluye que las AVGM deben evaluarse como mecanismos de emergencia y coordinación, no solo a partir de la reducción en las cifras.

Los resultados dependen de los recursos, la capacidad institucional y el seguimiento en cada territorio.

La recomendación es examinar las alertas junto con su presupuesto, las reglas de clasificación, la transparencia y el grado de implementación local.

Después de una declaratoria, las cifras de feminicidio reconocidas por las autoridades tienden a bajar en las principales estimaciones.

No obstante, el análisis plantea una pregunta fundamental: ¿disminuye la violencia o solo cambia la forma en que las instituciones la registran?

En México, el feminicidio afecta de manera directa a mujeres y, de forma indirecta, a sus hijas e hijos, quienes quedan en situación de orfandad y vulnerabilidad. El Estado mexicano, a través de diversas instancias, reconoce la necesidad de implementar acciones más efectivas para salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia frente a este delito.

Durante la Mesa de Diálogo organizada por el Senado de la República, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, manifestó su respaldo a la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Villavicencio Ayala destacó la urgencia de fortalecer 24 artículos y disposiciones transitorias de la iniciativa, para incorporar una perspectiva de infancia y garantizar la reparación integral.

La representante del SIPINNA subrayó que el reconocimiento formal de los derechos de niñas, niños y adolescentes no es suficiente; es indispensable contar con mecanismos claros y prácticos para lograr la restitución efectiva, así como coordinación interinstitucional y recursos suficientes que permitan hacer exigibles estos derechos.

Perspectiva de infancia y reparación integral

El SIPINNA propuso reforzar la iniciativa de ley mediante la incorporación de un enfoque diferenciado, que considere la edad, el desarrollo y las necesidades particulares de las víctimas indirectas de feminicidio. De acuerdo con Villavicencio Ayala, la propuesta reconoce que la violencia feminicida no solo arrebata la vida de las mujeres, sino que también deja secuelas profundas en sus hijas e hijos, quienes requieren atención especializada, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.

Entre las medidas planteadas, destaca la identificación inmediata de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como víctimas indirectas, sin depender del estado procesal de la investigación. Esta disposición permitiría activar de manera temprana los protocolos de protección y atención integral, garantizando la participación, la no revictimización y el interés superior de la niñez.

Asimismo, el documento presentado por SIPINNA plantea que la pérdida de patria potestad de la persona responsable del feminicidio no debe extinguir la obligación alimentaria, y que los bienes del agresor deberán destinarse a la reparación económica de las víctimas indirectas. Se propone también establecer un Protocolo Nacional de Atención Integral, coordinado entre el Sistema Nacional DIF y SIPINNA, que articule la labor de autoridades ministeriales, procuradurías de protección y comisiones de atención a víctimas.

Registro y derechos exigibles para la niñez

Otra propuesta central consiste en designar a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA como responsable normativa de los lineamientos del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por Feminicidio, mientras que la operación quedaría a cargo del Sistema Nacional DIF, aprovechando su presencia estatal y municipal. Este registro permitiría asegurar que la atención y protección se activen de forma inmediata y con enfoque de derechos.

El Grupo de Trabajo de Articulación de Políticas Públicas para la Atención Prioritaria de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, encabezado por SIPINNA, busca garantizar el acceso oportuno a servicios de salud, atención psicológica, alimentación, continuidad escolar y protección social. Villavicencio Ayala enfatizó que la nueva legislación debe establecer plazos definidos, recursos asignados y sistemas de información que permitan diseñar, dar seguimiento y evaluar la eficacia de las políticas públicas.

La secretaria recalcó que las instituciones deben actuar de manera coordinada y oportuna para frenar la violencia feminicida y evitar que las consecuencias del patriarcado sigan afectando a las hijas e hijos de las víctimas.

El Senado de la República inició el debate para modificar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio en México con la participación de especialistas, autoridades, familiares de víctimas y activistas colocaron en el centro demandas que buscan transformar la manera en que el Estado enfrenta la violencia feminicida.

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y actualmente en análisis en el Senado previo a su discusión formal en el Congreso de la Unión, fue analizada por los espcialistas con propuestas que insisten en la prevención, el reconocimiento de la niñez afectada y la eliminación de la impunidad.

El fenómeno del feminicidio no es solo un problema penal ni un asunto aislado. Las voces reunidas en las mesas de diálogo convocadas por las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado coincidieron en que la violencia contra las mujeres es sistemática, tiene raíces estructurales y requiere respuestas profundas desde el Estado.

La urgencia, dijeron, es prevenir los feminicidios desde los primeros signos de violencia, no solo castigar cuando ya es demasiado tarde.

Prevención, registro de orfandad y una perspectiva de niñez

Las y los especialistas señalaron que la ley debe homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas; sin embargo, plantearon también la necesidad de establecer criterios uniformes para acreditar el delito, protocolos homologados de investigación y un lenguaje jurídico que incorpore perspectiva de género y derechos de la infancia.

En este marco, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal central del Estado de México, advirtió que el feminicidio infantil debe atenderse como una prioridad, ya que muchos agresores son personas cercanas a las víctimas y las condiciones en que ocurren estos crímenes son brutales.

Subrayó que la impunidad y la falta de protocolos claros permiten que muchos casos no sean perseguidos ni judicializados.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, propuso fortalecer 24 artículos y transitorios de la iniciativa con perspectiva de infancia y reparación integral.

Insistió en la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y en garantizar la restitución de derechos a las hijas e hijos de víctimas, incluyendo atención inmediata, salud, alimentación, apoyo psicológico y representación jurídica autónoma.

Villavicencio planteó que la pérdida de patria potestad del responsable no debe extinguir su obligación alimentaria y que sus bienes contribuyan a la reparación económica de las víctimas indirectas.

También propuso un protocolo nacional de atención para niñas, niños y adolescentes en orfandad, coordinado entre el Sistema Nacional DIF y el SIPINNA.

El feminicidio, crimen político y deuda del Estado

La antropóloga Marcela Lagarde señaló que el feminicidio es un crimen político que involucra relaciones de poder y oprobio en toda la sociedad. Planteó que este delito no debe abordarse solo como una violencia, sino como un fenómeno complejo que exige una respuesta política y democrática.

Lagarde llamó a que el respeto a la vida de las mujeres pase de la teoría a la acción política.

En el mismo sentido, Maribel Bojorges Beltrán, fiscal especializada de la Fiscalía General de la República, advirtió que la ley debe construirse escuchando a quienes investigan, juzgan y acompañan a las víctimas, pero sobre todo a las familias que han aprendido a exigir justicia en medio del dolor.

Recordó que la obligación del Estado comienza mucho antes del feminicidio, en la prevención y la atención temprana de las violencias.

Capacitación y responsabilidad institucional

El debate resaltó la necesidad de capacitar y certificar a los servidores públicos que intervienen en la investigación y atención de feminicidios, dotándolos de altos estándares en derechos humanos y perspectiva de género.

Las y los participantes señalaron que la fragmentación actual del tipo penal dificulta la atención y propusieron homologar agravantes y penas, así como crear protocolos comunes para la investigación, atención y reparación.

La defensora de derechos de las mujeres Karla Micheel Salas recordó que la ley permitirá a México cumplir con sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos de Campo Algodonero, Digna Ochoa y García Andrade.

Explicó que estos precedentes establecen cómo debe actuar el Estado ante señales de riesgo, la búsqueda de desaparecidas y la protección de familiares de víctimas.

El especialista David Peña destacó que la impunidad en los feminicidios se agrava por la falta de personal, deficiencias institucionales, servicios periciales insuficientes y errores en la clasificación de casos.

Subrayó que la homologación del tipo penal y la creación de protocolos claros son fundamentales para evitar resistencias institucionales y garantizar el acceso a la justicia.

Piden participación social

Las modificaciones propuestas para la Ley General contra el Feminicidio buscan que la norma deje de ser una suma de buenas intenciones y se convierta en un instrumento real de protección, justicia y reparación.

Quienes participaron en el análisis coincidieron en que la ley debe funcionar en la realidad mexicana y ser capaz de transformarse, enriquecerse y adaptarse a las necesidades de las víctimas y sus familias.

La iniciativa, que será discutida en el Senado, incorpora demandas históricas: prevención desde el primer signo, registro de orfandad, capacitación institucional, homologación nacional y la voz de quienes acompañan y exigen justicia. El reto es que ninguna vida quede fuera del alcance de la protección del Estado.

La Fiscalía estatal detalló que de acuerdo con la carpeta de investigación, en diciembre de 2025 el hombre se presentó con la familia de la adolescente, en el Barrio San Nicolás, perteneciente al municipio de Santa Catarina Juquila.

En esa ocasión, el joven les propuso casarse con la menor; sin embargo, la familia se negó, por lo que amenazó con llevársela por la fuerza y días más tarde la convenció de irse con él con una promesa falsa de matrimonio.

“Las indagatorias ministeriales revelan que el imputado operó mediante un esquema de enganche: inicialmente se presentó ante la familia de la víctima para ofrecerle matrimonio y así poder llevársela; al recibir una negativa por parte de los familiares, amenazó con llevársela por la fuerza.

“Posteriormente, entre el 22 y 23 de diciembre de 2025, logró convencer a la adolescente de abandonar su núcleo familiar bajo engaños”, se lee en un comunciado.

Según las autoridades, una vez que la sustrajo de su hogar, la privó de la libertad con el propósito de obligarla a brindar servicios sexuales.

La familia de la menor denunció el secuestro y tras ocho meses de investigaciones, ambos fueron ubicados en Hidalgo, donde la adolescente fue rescatada.

Mientras que el joven, señalado con las siglas Á. J. G. C., fue detenido por el delito de Privación Ilegal de la Libertad con Fines Sexuales.

“Tras la denuncia interpuesta por los familiares y como resultado del exhaustivo trabajo de inteligencia y seguimiento ministerial de la FGEO -a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se ubicó el paradero del imputado y de la víctima en el estado de Hidalgo.

“Mediante labores de colaboración interinstitucional con las autoridades de dicha entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron el rescate de la víctima y la captura de Á. J. G. C. en cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente”, puntualizó la Fiscalía estatal.

El presunto secuestrador fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Oaxaca, para determinar su situación jurídica.

En tanto, a la víctima se le brindó atención médica y psicológica integral para garantizar su restitución de derechos y retorno seguro.

Explotación sexual de menores en México

La explotación sexual lideró la trata de menores en México entre enero de 2025 y mediados de 2026, según el 6to Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe, el 92% de los casos inició en entornos digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería, citas y videojuegos en línea.

Asimismo, el 73% de los reportes recibidos correspondió a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, siendo esta la principal modalidad de trata en menores.

Sin embargo, por primera vez, se detectó que el 3% de estos materiales se manipuló con inteligencia artificial y se señaló que el 76% del material íntimo fue autogenerado por las víctimas bajo coerción o engaño.

Mientras que el 67% de quienes compartieron este material sufrieron sextorsión, y el 11% entregó dinero o bienes para evitar la difusión.

El número de víctimas aumentó 62.5% respecto al periodo anterior, pasando de 696 a mil 131 menores de edad.

Las redes sociales como Instagram y Facebook, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, las plataformas de citas y videojuegos como Roblox, figuraron como principales espacios de riesgo.

El vínculo familiar se mantuvo como la principal forma de enganche, seguido de ofertas de empleo, engaños y promesas de ayuda o enamoramiento. El 67% de las víctimas y sobrevivientes de trata fueron mujeres, niñas y adolescentes.

El Consejo Ciudadano identificó a mil 465 posibles víctimas y logró el rescate de 70 personas, de las cuales el 33% eran menores.

La explotación sexual representó el 44.8% de los fines de explotación en menores, seguida del trabajo forzado (26.2%), mendicidad forzosa (11.9%), utilización en actos delictivos (9.5%), explotación laboral (4.3%), adopción ilegal (2.9%) y matrimonio forzoso (0.5%).

La mayoría de las víctimas tenía entre 13 y 17 años. En el 61% de los casos de material de abuso sexual infantil se conoció la identidad del agresor, siendo mayoritariamente amigos virtuales y desconocidos.

El Senado de la República inició hoy las mesas de diálogo para analizar la iniciativa relativa a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la cual se busca homologar la tipificación del delito a nivel nacional.

De acuerdo con el Senado, en las mesas de diálogo fueron convocatas por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, con la participación de legisladores locales y federales, académicas y académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, entre otros.

Detalló que entre los temas que se analizan están la Prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; Investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto; el Tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa.

Asimismo, temas relacionados con las víctimas, como la Reparación integral, Niñas y niños en orfandad y medidas de protección; Coordinación institucional; Sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades; así como Implementación de la Ley General.

¿Cuáles fueron las observaciones y propuestas?

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a Una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el tipo penal de feminicidio está fragmentado en la legislación local.

“Hoy tenemos un tipo penal que en todo caso está fragmentado. Hay 32 estados que regulan el feminicidio de forma diferente y de forma diferente en los elementos que conforman el tipo penal, las razones de género, las agravantes y las penas”, dijo.

Gómez Saracibar afirmó que la iniciativa busca un tipo penal sólido y fortalecido, así como la actualización y certificación de servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género.

“Esta iniciativa contempla como un principio fundamental la sentencia de Mariana Lima Buendía para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con protocolo de feminicidio, asegurando que peritajes, preservación de indicios y continuidad en la cadena de custodia, el levantamiento, traslado y preservación de los cuerpos o los restos se hagan con dignidad humana, con cuidado, con perspectiva de género y de derechos humanos, con el derecho al acceso a la verdad y la justicia y un trato digno a las víctimas y sobrevivientes”, subrayó.

Entre otras propuestas, Gómez Saracibar resaltó la obligación de crear políticas públicas para niñas y niños en orfandad, así como el reconocimiento de la familia social, y la responsabilidad de las personas morales.

Por suparte, la docente Rocío Fragoso propuso que el aprendizaje de masculinidades igualitarias y no violentas, así como la educación para la igualdad sustantiva, sean contenidos obligatorios en la educación básica y media superior.

Fragoso planteó adicionar al artículo 62 bis un capítulo de políticas de prevención, con formación docente garantizada.

“El vacío en la Nueva Escuela Mexicana sobre justamente la prevención del feminicidio es que hoy es potestativo, no garantizado. Lo que pido es justamente convertir en obligación y en política pública con presupuesto, lo que el currículum oficial ya enuncia con aspiración frontal”, señaló.

¿Por qué se analiza la iniciativa previo a su discusión?

En su cuenta de X, Laura Itzel Castillo, senadora de Morena y expresidenta del Senado, dijo que las conclusiones de las mesas de diálogo serán insumos valiosos para el dictamen a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué sigue?

Del 19 al 25 de agosto se llevará a cabo la sistematización de propuestas para integrar el proyecto de dictamen a finales de agosto e inicios de septiembre, previo a su discusión en el Congreso de la Unión.

La violencia intrafamiliar continúa golpeando a la población salvadoreña, en el más reciente caso las autoridades policiales informaron sobre la captura de un sujeto tras vapulear a su compañera de vida por presuntos “celos” tras iniciar una discusión al interior de su vivienda en la zona central del territorio nacional.

El hecho ocurrió en Zacatecoluca, municipio de La Paz Este, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a la detención de Cristian Iván Cañas Cerna, de 30 años, acusado de atacar físicamente a su compañera de vida.

Según el reporte oficial, la agresión ocurrió cuando la víctima intentó salir de la vivienda, tras una disputa motivada por celos, momento en el que Cañas Cerna la golpeó con los puños y le provocó una lesión en el tabique nasal al impactarle la cabeza, lo que requirió atención médica en un hospital.

Las autoridades arribaron a la vivienda tras recibir llamadas de alerta por parte de los vecinos de la pareja.

Las investigaciones de la PNC señalan que la pareja mantenía antecedentes de conflictos constantes por celos. El informe policial indica que la intervención inmediata se dio debido a la gravedad de las lesiones y a la reiteración de incidentes similares en el domicilio. El detenido será remitido a las autoridades judiciales para enfrentar cargos por lesiones y violencia intrafamiliar.

Este nuevo caso se suma a un contexto nacional en el que la violencia intrafamiliar sigue representando un desafío para las instituciones y la sociedad. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables reportó cerca de 16,000 denuncias oficiales por violencia de género en El Salvador.

De estas, más de 2,000 corresponden a hechos de violencia física, como el ocurrido en Zacatecoluca. La violencia sexual sigue siendo la más reportada, con 7,271 casos en el mismo periodo, seguida de la violencia psicológica, que acumuló 5,518 denuncias.

En el último año, la Fiscalía General de la República reportó la judicialización de más de 30,000 casos de violencia de género y la emisión de 13,703 sentencias condenatorias, resultado de la movilización de recursos y la realización de más de 750,000 diligencias de investigación y procedimientos judiciales.

Los efectos de la violencia intrafamiliar impactan tanto la integridad física y emocional de las víctimas como la estabilidad económica de sus hogares.

Muchas mujeres afectadas enfrentan gastos médicos inesperados, pérdida de ingresos y dificultades para el sustento familiar. Además, la violencia patrimonial, con 957 denuncias en el último año, pone de relieve el uso de recursos económicos como instrumento de control y agresión dentro del núcleo familiar.

El caso registrado en Zacatecoluca expone la persistencia de la violencia doméstica en municipios de la zona central y su repercusión en la economía y la vida cotidiana de las familias.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia y la atención oportuna para frenar la escalada de estos hechos, subrayando que la violencia intrafamiliar exige una respuesta integral de la sociedad y el Estado.

El debate sobre la regulación de redes sociales y la Inteligencia Artificial en México sube de tono ante la persistencia de la violencia política contra las mujeres, enmedio de los casos que se han registrado contra funcionarias como Citlalli Hernández, así como los discursos que se promueven en contra del voto femenino.

Al inaugurar el diplomado “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género e Interculturalidad para la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres de Oaxaca”, la consejera del INE Carla Humphrey Jordan planteó que el combate a la discriminación en la política requiere actualizar las reglas del juego digital y garantizar la protección de quienes buscan participar en condiciones de igualdad.

El evento, realizado en el auditorio “Digna Ochoa” de Ciudad Judicial, reunió a autoridades federales y locales para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en el acceso y ejercicio de sus derechos político-electorales.

Humphrey Jordan insistió en que el reconocimiento de estos derechos no es una concesión del Estado, sino una exigencia democrática basada en la dignidad y la igualdad sustantiva.

INE se pronuncia por regular entorno digital ante violencia política de género

La consejera subrayó que el INE ha instrumentado acciones afirmativas y criterios para fortalecer la representación política de mujeres y de grupos históricamente discriminados, pero reconoció que la violencia de género en el ámbito político-electoral cambia de forma y escala con las nuevas tecnologías.

Por ello, consideró urgente crear mecanismos efectivos para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar la violencia política de género, y regular el uso de redes sociales y de la Inteligencia Artificial cuando se emplean como herramientas de agresión.

Entre las propuestas mencionó la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento, defensoría y apoyo que faciliten la participación de las mujeres en condiciones de equidad.

“Cuando una mujer puede contender sin violencia, ejercer un cargo sin intimidación, decidir sin presiones y disentir sin ser objeto de ataques en razón de género es cuando fortalecemos la confianza y la democracia”, afirmó.

La jornada contó con la participación de Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, y Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los retos para erradicar la violencia política de género en el país.

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario inmobiliario de Mazatlán, Sinaloa, en San Diego, California, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuviera una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La víctima es una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, a quien el imputado habría agredido física y verbalmente el pasado 29 de junio de 2026.

La FGJCDMX solicitó una ficha roja a la Interpol y mantuvo intercambio directo de información con autoridades migratorias estadounidenses. Esas gestiones derivaron en la detención de Cortés Jiménez, quien permanece bajo custodia de Estados Unidos mientras se tramita su deportación a México.

Bertha Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México, confirmó con un mensaje en sus redes sociales que las gestiones para traer al agresor a México están en curso y que, una vez deportado, quedará a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía solicitó ficha roja de Interpol

Según datos de la investigación revelados, ante indicios de que el imputado había cruzado la frontera, la Fiscalía amplió la búsqueda al exterior. Solicitó la emisión de una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal y pidió la activación de alertas migratorias en coordinación con autoridades federales de ambos países. Esas alertas fueron las que permitieron identificarlo cuando intentaba moverse por territorio estadounidense.

Una vez confirmada su identidad, las autoridades migratorias de Estados Unidos procedieron a la detención. Hasta el momento no se conoce el sitio exacto donde se encuentra resguardado.

La FGJCDMX señaló que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales forma parte de su política para fortalecer la investigación de violencias contra las mujeres y evitar que imputados por delitos graves eludan la acción de la justicia.

El altercado en el hotel quedó registrado en cámaras de seguridad

Las cámaras del hotel Park Life Paradox captaron a Cortés Jiménez golpeando el mostrador de recepción, arrojando teléfonos y tratando de arrebatarle el celular a la trabajadora mientras ella grababa. Después vino la agresión física, acompañada de insultos. Un segundo video difundido días después permitió identificar con claridad el rostro del presunto agresor.

La recepcionista presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para obtener la orden de aprehensión.

Cortés Jiménez acumulaba señalamientos previos en Sinaloa

El empresario figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma ligada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán. Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa.

En 2025 se reportó un arresto contra Jorge Octavio en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar, sin que existiera resolución condenatoria. Cortés Jiménez no ha emitido postura pública sobre ninguno de los señalamientos en su contra.

Su nombre apareció en narcovolantes que lo señalaban como presunto socio inmobiliario de Los Chapitos

El 27 de septiembre de 2024, miles de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, Cortés Jiménez apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que se disputa el control con Los Mayos en la entidad.

Los volantes incluían números de contacto de la Novena Zona Militar, la Marina, la Defensa y la DEA de Estados Unidos, como si se tratara de un material oficial. Sin embargo, fue identificado como una estrategia de los grupos del crimen organizado.

El material anónimo llevaba la frase “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos” y, en el reverso, enumeraba presuntas conductas como cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios. Entre los nombres que acompañaban al de Cortés Jiménez figuraban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios y empresarios.

El acceso a una menstruación digna enfrenta obstáculos en la Ciudad de México por la falta de baños adecuados, materiales informativos en lenguas accesibles y actos de discriminación, principalmente para las personas menstruantes indígenas, con discapacidad y afrodescendientes, documentó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

De acuerdo con el organismo, las consecuencias afectan la salud, la educación y la autonomía tanto de niñas y adolescentes, como de las personas adultas, por lo que hizo un llamado a que las políticas públicas incorporen un enfoque interseccional, anticapacitista, intercultural y antirracista, con participación directa de las personas menstruantes.

A través de diagnósticos como Colección Ciclo Invisible y el Diagnóstico de experiencias menstruales de mujeres indígenas y afrodescendientes de la Ciudad de México, la institución identificó cómo se profundizan las desigualdades cuando confluyen diversas formas de discriminación.

Entre los datos reportados, solo 18.2% de las mujeres indígenas y 20.69% de las afrodescendientes consultadas cuenta con acceso a servicios de seguridad social.

Además, 80.6% de las participantes indígenas y 59.4% de las afrodescendientes tuvo poca o nula información sobre la menstruación al iniciar su ciclo, una condición que se mantiene para cerca de la mitad de las encuestadas en la actualidad.

Diagnósticos de COPRED documentan falta de baños accesibles y educación menstrual

Colección Ciclo Invisible documenta que 100% de las mujeres con discapacidad auditiva participantes no cuenta con materiales de educación menstrual en Lengua de Señas Mexicana. Además, 75% reporta baños públicos inadecuados.

En el caso de mujeres con discapacidad intelectual, 37% deja de asistir a la escuela por condiciones relacionadas con la menstruación. Para mujeres con discapacidad física, 85% no tiene acceso a baños accesibles para cambiarse y 77% permanece con el mismo producto durante todo el día por falta de espacios adecuados.

El diagnóstico subraya la necesidad de generar accesibilidad desde el diseño de infraestructura y reconocer a las propias mujeres con discapacidad como expertas de su experiencia.

Dolor menstrual y racismo se reportan en escuelas, trabajo y servicios médicos

El Diagnóstico de experiencias menstruales de mujeres indígenas y afrodescendientes señala que la discriminación ocurre en la escuela, la vía pública, espacios laborales, instituciones de gobierno y servicios médicos. En estos ámbitos, racismo, sexismo y clasismo inciden en las condiciones para vivir la menstruación.

El dolor menstrual es frecuente: 65.4% de las participantes indígenas y 83.6% de las afrodescendientes reporta dolor de regular a incapacitante. Esto provoca ausencias escolares y laborales, además de dificultades en el transporte.

Las participantes proponen garantizar educación menstrual accesible, atención de salud sin discriminación, infraestructura adecuada y acceso a agua e insumos en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.

Un compendio reúne hallazgos de seis años sobre gestión menstrual

COPRED presenta también el compendio Menstruar Sin Discriminación, elaborado con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

El documento reúne resultados de diagnósticos realizados en los últimos seis años sobre gestión menstrual en grupos de atención prioritaria.

En estos trabajos participa población privada de la libertad, en situación de calle, migrante, así como adolescentes y jóvenes en escuelas, entre otros sectores.

Los hallazgos muestran desigualdades persistentes en productos, información, servicios y condiciones para una menstruación digna, y buscan aportar evidencia para fortalecer políticas públicas con perspectiva de igualdad y no discriminación.

La agresión ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en el jirón Conde de la Vega, frente a una posta médica en el Cercado de Lima. Las cámaras de seguridad captaron cómo Calle Soto se acercó primero a dos estudiantes, pero desistió cuando los vio.

Solo pasaron unos minutos y se dirigió a la menor, quien caminaba sola rumbo a su centro educativo. Testigos relataron que la adolescente comenzó a correr por la pista y a pedir auxilio, mientras el atacante la perseguía.

La rápida actuación de los vecinos permitió que el agresor soltara a la menor. Una mujer logró sujetar a Calle Soto para evitar que escapara, mientras otros auxiliaron a la escolar, quien presentaba heridas en el rostro y necesitó atención médica inmediata. De acuerdo con la madre de la víctima, los médicos indicaron que la joven requeriría entre tres y cuatro puntos de sutura por la gravedad de la lesión.

En medio de la conmoción, el atacante logró huir del lugar, pero la indignación de la comunidad no cesó. Residentes y familiares de la víctima se desplazaron hasta la vivienda de Calle Soto, situada a pocos metros de la escena, exigiendo justicia.

Sujeto tiene antecedentes

De acuerdo con Latina Noticias, Juan Carlos Calle Soto tenía antecedentes por acoso sexual y violencia. En julio de 2020, fue denunciado por acoso sexual contra otra menor de 15 años, así como por lesiones dolosas a una persona con arma blanca. Incluso, su propio padre lo denunció por violencia familiar.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, tras una búsqueda en la zona y la alerta generada entre los vecinos, Calle Soto fue finalmente capturado en el distrito de Ventanilla.

Familiares y vecinos de la víctima solicitaron a las autoridades que se apliquen sanciones ejemplares contra Juan Carlos Calle Soto. La madre de la adolescente subrayó que su hija no portaba objetos de valor y que el ataque ocurrió “sin justificación, sin haber tenido absolutamente nada contra nosotros y quizás contra ella”.

La comunidad reiteró su demanda de mayor seguridad y vigilancia, en especial en horarios en los que los escolares se desplazan a sus centros de estudio.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante cualquier situación que requiera presencia policial, como delitos, emergencias o hechos sospechosos, la ciudadanía puede comunicarse con la PNP marcando el número 105.

Bomberos: En caso de incendios, accidentes o situaciones que implican rescate, el número a marcar es el 116 para contactar a los Bomberos.

SAMU: Para emergencias médicas, como lesiones graves, accidentes o problemas de salud repentinos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia responde a través del número 106.

Según la denuncia de Carolina Rojas, la situación se produjo cerca de las 18:40 p.m., cuando decidió utilizar los servicios higiénicos del cine. Al encontrar lleno el baño ubicado cerca de las salas, bajó a otro piso. Una vez dentro de un cubículo, notó la presencia de un hombre parado sobre el inodoro del cubículo contiguo, quien la observaba desde arriba.

“Estaba dentro del cubículo y había un hombre literalmente subiéndose al inodoro para poder verme. Aseguré mi puerta y empecé a gritar que había un hombre en el baño”, narró.

Su llamado de auxilio alertó a otras usuarias y a personas que se encontraban en el área de los baños. Tras salir del cubículo, buscó ayuda entre el personal del cine.

Accionar del personal y protocolo de seguridad

La joven relató que, tras informar a los empleados de Cinemark de San Miguel sobre lo sucedido, la derivaron con el encargado de seguridad, quien se encontraba a dos pisos de distancia, en la zona de boleterías.

“Tuve que ir yo sola a buscar al personal de seguridad. ¿Y dónde estaba este personal de seguridad? Estaba a dos pisos de distancia, estaba en las boleterías. Finalmente, encontré al señor de seguridad, le expliqué todo y me acompañó al baño. Yo le dije que quería ver las cámaras, quería saber quién, quién era ese hombre, qué cosas lo que había pasado"

A los minutos, según su testimonio, los responsables de la administración del cine se presentaron y confirmaron, tras revisar las cámaras de seguridad, que “un hombre había entrado al baño y después huyó”.

Consultados sobre los protocolos del cine ante este tipo de situaciones, los empleados respondieron que “tendrían más cuidado”. La joven expresó insatisfacción con esta respuesta, al considerar que no se brindó información suficiente sobre medidas preventivas o procedimientos a seguir en casos similares.

La denunciante manifestó su preocupación ante la posibilidad de que existan otras víctimas y planteó dudas sobre el accionar previo y posterior del agresor.

“No sé cuánto tiempo llevaba allí. No sé si existen otras víctimas. No sé si pudo haber tomado fotografías o si hay grabaciones”, señaló.

Carolina Rojas anunció su decisión de presentar una denuncia formal para que se identifique al responsable y se investigue lo sucedido. También reclamó respuestas claras de la empresa Cinemark sobre los protocolos de seguridad y las medidas a implementar.

Hasta el momento, representantes de Cinemark de San Miguel no han emitido un comunicado público sobre lo sucedido ni han anunciado ajustes en sus protocolos internos. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales han mostrado su indignación.

Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo, fue detenido este 6 de agosto en el estado de Guerrero tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en su contra. La captura llegó más de dos meses después de que Paula exhibiera públicamente las agresiones que vivió durante años, y pese al amparo que él mismo promovió para evitar ser detenido.

La detención se concretó tras la actuación de la Fiscalía General del Estado de Morelos en coordinación con autoridades de Guerrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según informó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

Paula Fajardo agradeció la detención y confirmó que ocurrió en Acapulco

En un video publicado en redes sociales tras conocer la noticia, Paula Fajardo agradeció la captura de su exesposo. “Hoy detuvieron al señor Jorge Francisco, mi violentador”, dijo, y añadió: “Sí se pudo. Sí se pudo”.

Fajardo Melgarejo agradeció directamente a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal Fernando Blumenkron, así como a los medios de comunicación y a quienes la apoyaron durante el proceso. También precisó un dato que no había trascendido en los comunicados oficiales: la detención ocurrió en el municipio de Acapulco.

Seis años de silencio que rompió con videos desde su propia casa

El 30 de mayo de 2026, Paula Esbeydi publicó en Facebook grabaciones de cámaras de seguridad de su domicilio en Cuernavaca. En ellas se ve a Jorge Francisco “N” golpearla, patearla y jalarla del cabello, en ocasiones con sus hijos menores de edad presentes en la misma habitación.

El video que más reacciones provocó registró una agresión del 14 de noviembre de 2020: Paula estaba embarazada y faltaba un mes para dar a luz. Los archivos documentaron episodios de 2020 a 2021. Paula publicó también fotografías de lesiones propias y de sus hijos, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y estados del señalado.

Ante las acusaciones de que las grabaciones fueron fabricadas con inteligencia artificial, ella respondió que no publicaba el material por venganza ni por dinero, sino porque la verdad le importaba. Explicó que guardó silencio durante años por respeto a sus hijos y no por falta de pruebas.

Jorge Francisco “N” ya había usado un amparo antes para frenar su detención

Cuando los videos se viralizaron, Jorge Francisco “N” no se presentó ante las autoridades y el 1 de junio promovió un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, expediente 933/2026, a cargo de la jueza Tania Gómez Ibarra, con el argumento de que temía la existencia de una orden de detención en su contra.

Dos días después, el juzgado le concedió una suspensión provisional que impidió que la FGE de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal o la FGR lo capturaran. La medida generó cuestionamientos porque se otorgó en plena controversia pública, según reportes de medios locales.

No era la primera vez que recurría a esa vía. Paula relató que un amparo previo ya había frustrado una detención anterior, lo que la llevó a hacer pública la denuncia.

La Secretaría de las Mujeres de Morelos intervino desde el 31 de mayo y una petición ciudadana sumó casi 5 mil firmas

El 31 de mayo, un día después de que los videos se difundieran, la Secretaría de las Mujeres de Morelos estableció contacto directo con Paula para ofrecerle asesoría jurídica, acompañamiento institucional y seguimiento de las acciones legales correspondientes. La dependencia actuó en el marco de la estrategia de la gobernadora Margarita González Saravia para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres, según información publicada en las redes oficiales de la dependencia.

En paralelo, en Change.org se abrió una petición dirigida al Poder Judicial de la Federación, la FGE de Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir acción penal contra Jorge Francisco ”N". Datos consultados por Infobae México muestran que al momento de la detención, la petición acumulaba 4 mil 962 firmas verificadas y había sido compartida mil 583 veces.

La petición exigía protección inmediata para Paula y sus cuatro hijos, transparencia institucional sobre las medidas de seguridad implementadas y que ninguna resolución judicial los colocara en situación de vulnerabilidad.

La trata de personas en México experimentó un repunte durante la Copa Mundial FIFA 2026, con un aumento en la explotación sexual y en la demanda de mujeres mexicanas para el turismo sexual, según el 6° Reporte de Trata de Personas 2025-2026 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

La celebración del torneo, que se realizó entre junio y julio pasado, propició condiciones excepcionales que facilitaron la captación y explotación de víctimas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes mexicanas.

Según el documento, la Línea y Chat Nacional contra la Trata registró un incremento del 60% en llamadas y chats durante el Mundial, así como un 45% más de reportes y un alza del 5% en casos clasificados como trata de personas, respecto al mismo periodo de 2025.

Del total de reportes entre enero de 2025 y julio de 2026, 6 mil 653 fueron atendidos en ese lapso y 26 mil 592 desde la creación de la línea.

Demanda de mujeres mexicanas

El 90% de las víctimas identificadas para fines de explotación sexual durante el Mundial fueron mujeres mexicanas, cifra notablemente mayor a la de años previos.

Esta tendencia se atribuye a la preferencia de los turistas por la “experiencia local” y a los precios más accesibles en el “mercado de explotación nacional”, además de los estereotipos vinculados al viaje.

Sin embargo, también se reportó una alta demanda dirigida hacia mujeres colombianas y venezolanas.

La prostitución ajena y la explotación sexual se mantuvieron como la modalidad de trata de mayor incidencia, representando el 56% de los casos. Siete de cada diez víctimas de trata son mujeres, según los reportes clasificados por la Línea Nacional.

Durante el periodo mundialista, los bares, centros nocturnos y table dance se convirtieron en los principales lugares de explotación, desplazando a casas y hoteles, que eran los sitios predominantes en 2025.

Jalisco pasó del cuarto al segundo lugar nacional en reportes de trata de personas.

Nuevas formas de enganche

Durante el Mundial, cuatro de cada 10 víctimas adultas fueron enganchadas mediante falsas ofertas de empleo, principalmente en servicios de entretenimiento para adultos.

Respecto a niñas, niños y adolescentes, el 65% fue captado a través de vínculos familiares.

Entorno digital y diversificación transnacional

El 92% de los casos de material de abuso sexual infantil tuvo origen en entornos digitales, con un incremento del 62.5% en comparación con el reporte anterior.

El 76% de este material fue autogenerado por las víctimas bajo manipulación o coacción, y el 67% de quienes lo entregaron también sufrió sextorsión.

El delito reafirmó su carácter transnacional: se identificaron víctimas de 18 nacionalidades diferentes, frente a las 10 del reporte previo.

México continuó como país de origen, tránsito y destino para víctimas nacionales y extranjeras.

Respuesta institucional

El Consejo Ciudadano impulsó campañas como “Mundial sin Trata”, “It’s a Penalty”, “Tarjeta Azul” y “Falsas Ofertas de Empleo”, dirigidas a turistas, hoteleros y el sector transporte, y capacitó a 103 mil 314 personas a lo largo de 2025 y 2026.

En el periodo mundialista, la colaboración interinstitucional permitió el rescate de 70 víctimas, la protección de 230 personas en terminales y puntos mundialistas, la detención de 29 personas y la apertura de 48 carpetas de investigación.

El 61% de los reportes fue realizado por mujeres, consolidando un cambio de paradigma en la denuncia y combate a la trata.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una mujer de 31 años, en un caso que conmocionó a los vecinos del distrito de Ate. La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el pasado 2 de julio, a pocos metros de la vivienda de la víctima. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el investigado habría aprovechado una reunión acordada con la mujer para atacarla con un arma cortante, luego de citarla bajo el argumento de devolver y recoger algunas pertenencias tras el término de su relación sentimental. Mientras continúan las diligencias, el acusado permanecerá recluido de manera preventiva.

Fiscalía sostiene que el investigado planeó el encuentro y la atacó con un cúter

El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que consiguió que se imponga nueve meses de prisión preventiva contra Christian Cruz, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado.

Según la tesis presentada por el Ministerio Público, el imputado contactó a su expareja para encontrarse en la intersección de la calle 3 de Agosto con la avenida 26 de Mayo, en Ate. La reunión, de acuerdo con las investigaciones, tenía como finalidad recuperar objetos personales luego de haber concluido la relación que ambos mantenían.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el investigado llegó al lugar portando un cúter que mantenía oculto. Una vez frente a la víctima, la habría atacado por la espalda para inmovilizarla y evitar que pudiera defenderse.

La hipótesis fiscal señala que, tras un forcejeo, la mujer quedó en una situación de indefensión. En esas circunstancias, el investigado le habría provocado varias heridas cortantes en el cuello, lesiones que ocasionaron una hemorragia externa severa, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la audiencia en la que se evaluó el requerimiento de prisión preventiva, la fiscal adjunta provincial Nataly Ortega Vera presentó distintos elementos que, según la investigación, vinculan al imputado con el crimen.

Entre las pruebas expuestas figura el acta de necropsia elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), documento que detalla la causa de muerte de la víctima. También se incorporaron las declaraciones de testigos que presenciaron parte de lo ocurrido y el acta de la inspección técnico-policial, mediante la cual se registró y documentó la escena donde ocurrió el ataque.

Con estos elementos, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento formulado por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por nueve meses para el investigado, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

• Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.
• Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.
• Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.

“Yo voy a opinar sobre todo como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero realmente si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado”, dijo Fujimori. “Sería muy lamentable, sobre todo de cara al mensaje que se le da a las mujeres. Yo por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer”, añadió.

Fujimori rechaza cualquier violencia contra la mujer

La presidenta formuló sus declaraciones durante una actividad en Piura, donde fue consultada por la prensa sobre el caso que sacudió al Parlamento en sus primeros días de funcionamiento. Fujimori aclaró que emitía su opinión desde su condición de mujer y no desde el conocimiento técnico del expediente, aunque fue categórica al señalar que la situación descripta en los medios resultaría incompatible con el ejercicio de un cargo legislativo.

El pronunciamiento de la jefa de Estado se produce en un contexto en que el caso ya generó reacciones en cadena dentro de la propia bancada del diputado. El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente a la Comisión de Disciplina del partido el inicio de un proceso disciplinario y la suspensión cautelar de Pérez Mallqui mientras avancen las investigaciones. “Solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, escribió Zunini en el documento.

El análisis legal: “Camino a una eventual condena”

El abogado penalista Carlos Caro analizó la situación procesal del diputado y fue directo sobre las perspectivas del caso. Según Caro, la ausencia de una versión propia del imputado y la falta de atenuantes configuran un escenario adverso para la defensa.

“No teniendo muchos argumentos de defensa, seguramente el consejo de su abogado es: ‘Oye, quédate callado, porque acá de todas maneras te van a acusar y va a haber una sentencia condenatoria’”, señaló. El letrado advirtió que la defensa podría optar por una estrategia dilatoria: “Puede jugar al obstruccionismo, ¿no? Hacerla larga, pedir pruebas, contrapruebas, nulidades, formalismos, todo con la finalidad de atrasar el desenlace final”, indicó Caro.

Sobre la ruta procesal, el penalista fue preciso: el caso seguirá la vía de proceso inmediato, con acusación y eventual condena. Respecto al fuero del diputado, Caro aclaró que Pérez Mallqui no cuenta con protección parlamentaria para este tipo de casos: solo tiene el privilegio de ser investigado por una Fiscalía Suprema y, eventualmente, juzgado por la Corte Suprema, pero fuera de ello es tratado como cualquier ciudadano.

Ante la pregunta de si lo más probable es que el diputado sea condenado, Caro no dejó margen para la duda: “El cúmulo de pruebas de cargo es absoluto y más bien prueba de descargo hay ninguna. No hay ni siquiera una versión, no hay ni siquiera un pedido de disculpa”. Y concluyó: “No habiendo atenuantes, está camino a una eventual condena cuando se cumplan los plazos correspondientes”.

El relato de la víctima: mensajes, audios y cámaras de seguridad

La mañana del 30 de julio, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por el dominical Panorama, Pérez Mallqui llegó en una camioneta Toyota Fortuner con lunas polarizadas hasta la vivienda de su expareja en San Miguel. A las 8:03, le escribió por WhatsApp: “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”. Minutos después insistió: “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

La denunciante no respondió. “Desde las 5:58 de la mañana que me llamó por primera vez... yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él”, relató en un audio difundido por Panorama.

Las cámaras registraron el momento en que el padre de la denunciante, un adulto mayor de 80 años, salió de la vivienda para realizar trabajos en el exterior. Pérez Mallqui descendió del vehículo e ingresó al inmueble sin que el anciano advirtiera su presencia. Llegó directamente hasta la habitación de la mujer. “Cuando él entró a mi habitación, cuando él empujó la puerta, yo me asusté mucho. Pensé en mi niña”, declaró la denunciante.

La denuncia policial consigna que el diputado “ingresó a su cuarto empujando la puerta de manera intempestiva”, mientras reclamaba por las llamadas no respondidas y utilizaba expresiones ofensivas. Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras el llamado de auxilio y trasladaron a ambas partes a la comisaría de San Miguel.

La segunda agresión: dentro de la comisaría

El caso no terminó con la intervención policial. La denunciante presentó una segunda denuncia por un presunto acto de violencia física ocurrido dentro de la propia comisaría. Según su relato, cuando salió de los servicios higiénicos de la dependencia, Pérez Mallqui la jaloneó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha. La agresión ocurrió ante la vista de los efectivos presentes, lo que motivó que el comisario dispusiera la detención inmediata del diputado por agresión física en flagrancia.

“Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo: ‘No sabes lo que estás haciendo, vas a ver’”, declaró la mujer en un audio difundido por Panorama. Y añadió: “Los policías me vieron que yo estaba tratando de que él me suelte el brazo derecho porque tengo todo el brazo rojo, y la pierna”.

Antes y durante esas horas, el diputado le envió mensajes intentando persuadirla de desistir de las acciones legales. Uno de ellos decía: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano”. En otro escribió: “Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa”. La denunciante fue categórica sobre la intención de esos mensajes: “Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa”, expresó.

Un diputado con antecedentes judiciales previos

El caso colocó nuevamente bajo escrutinio público el historial judicial de Pérez Mallqui. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones, el diputado electo por la región Cusco arrastra sentencias por lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

El antecedente más cuestionado data del 9 de febrero de 2024, cuando Pérez Mallqui atropelló a una menor de siete años y a su madre en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco, presuntamente en estado de ebriedad. El Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a más de cuatro años de prisión suspendida y al pago de S/ 80.000 por reparación civil. La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves con secuelas permanentes. La defensa del diputado presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, y el proceso continúa en revisión.

Las reacciones institucionales

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenó el hecho de manera enfática y desplegó un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan en la comisaría de San Miguel para brindar apoyo legal y psicológico a la denunciante. La cartera exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad y sancionar al responsable conforme a la ley.

La Comisión de Ética del Parlamento tomará competencia sobre el caso apenas quede instalada, según adelantó el diputado Harvey Colchado, dado que la denuncia se produjo antes del inicio formal de la primera legislatura 2026-2031. Dentro de Juntos por el Perú, el vocero Zunini fue más allá del comunicado oficial del partido y pidió la suspensión cautelar de Pérez Mallqui sin esperar el desenlace judicial.

Pérez Mallqui, por su parte, recuperó la libertad el 1 de agosto al vencerse el plazo de detención y negó las acusaciones ante la prensa: “Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría”. Evitó responder si agredió o no a la denunciante y anunció que colaborará con las investigaciones. “Yo soy bastante respetuoso contra toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor”, sostuvo.

Pérez Mallqui sostuvo ante los periodistas que ha respetado el procedimiento desde su intervención y que continuará haciéndolo mientras avance el caso.

“Estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso”, declaró el legislador, quien insistió en que la investigación todavía no ha concluido.

El diputado también aseguró que su relación sentimental con la mujer denunciante terminó hace aproximadamente seis meses. “Mi relación con la señora terminó hace seis meses, yo nada tenía que ver con ella. Pero lamentablemente esto sucedió”, manifestó.

Diputado evita responder si hubo agresión

Durante su salida de la dependencia policial, la prensa nacional le preguntó directamente por el contenido de la nota policial, en la que se consignó que habría jaloneado a la mujer. Ante la consulta sobre si ese hecho constituía violencia, Pérez Mallqui evitó confirmar o negar la acusación y pidió esperar el desarrollo de las investigaciones.

“A ver, hay un proceso. Lo has leído, todas las actas que hoy día están emitiendo. Sería mejor que ustedes como prensa tengan la objetividad de informar al país”, respondió.

Ante una nueva pregunta sobre qué habría ocurrido realmente, el diputado reiteró que no daría mayores detalles mientras el caso permanezca en investigación.

“Esto todavía está en proceso. Voy a ser respetuoso de todo el procedimiento y, según va avanzando este proceso, ustedes van a tener toda la facilidad de tener todos los documentos paso a paso para seguir que este proceso termine y salga un fallo”, señaló.

Pérez Mallqui agregó que serán las instancias correspondientes las que determinen la veracidad de las imputaciones una vez que concluya el proceso.

Pérez Mallqui dice que el caso afecta la imagen del Congreso

Los periodistas también cuestionaron al diputado por el impacto que la denuncia tiene sobre la imagen del Congreso de la República, cuya nueva composición asumió funciones apenas días atrás.

El legislador reconoció que el caso perjudica la imagen del Parlamento y sostuvo que por esa razón ha optado por mantener una postura reservada frente a las acusaciones.

“Definitivamente. Por eso estoy siendo lo más responsable y respetuoso con todo el país, porque en estos días se ha informado de mala manera”, afirmó.

Pérez Mallqui señaló además que los actuales parlamentarios son “nuevas autoridades” y admitió que una situación como esta no contribuye a proyectar una buena imagen del nuevo Congreso.

¿Qué dijo Julián Pérez Mallqui sobre la violencia contra la mujer?

Durante sus declaraciones, el diputado aseguró que respeta las investigaciones y rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer.

“Yo soy bastante respetuoso de toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor. Con todo lo que me ha pasado, con todo lo que está pasando esto, vamos a mejorar la defensa para ambas partes”, sostuvo.

El legislador, quien cuenta con una denuncia previa por violencia, permanece bajo investigación por la reciente acusación presentada en su contra. La Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las acciones que correspondan.

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció oficialmente sobre el caso del diputado Julián Pérez Mallqui, quien permanece investigado por una presunta agresión física contra su expareja en el distrito limeño de San Miguel. La agrupación reafirmó su rechazo a cualquier forma de violencia y señaló que esperará el avance de las investigaciones antes de definir eventuales acciones internas.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario indicó que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que, dentro de sus competencias, evaluará las medidas que correspondan de acuerdo con los resultados de la investigación fiscal y sus normas internas.

“Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso. Seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones y en el ámbito de nuestras competencias evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan conforme a los resultados de la investigación y a nuestras normas internas”, señaló Juntos por el Perú.

El pronunciamiento mantiene la línea expresada previamente por dirigentes de la agrupación, quienes indicaron que no tomarían una decisión hasta conocer los avances de la Fiscalía y determinar las responsabilidades en el caso.

Jaime Quito afirmó que la bancada no conocía la denuncia

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, aseguró que la bancada no tenía conocimiento de la detención del diputado Julián Pérez Mallqui ni de la denuncia presentada en su contra.

En declaraciones a RPP, el legislador sostuvo que los hechos deben ser esclarecidos completamente y pidió que la investigación concluya lo antes posible.

“Se debe conocer a plena cabalidad lo ocurrido”, manifestó Quito, quien además recordó que existen parlamentarios de distintas agrupaciones políticas con investigaciones judiciales en curso que lograron llegar a cargos de elección popular.

No obstante, señaló que el caso podría ser revisado por los órganos internos del partido. En ese sentido, indicó que Juntos por el Perú cuenta con una Comisión de Ética que podría evaluar la situación del diputado.

Fiscalía continúa investigación contra Julián Pérez Mallqui

Julián Pérez Mallqui permanece bajo investigación luego de que una abogada denunciara haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y psicológicas en un inmueble ubicado en San Miguel.

Según la información consignada en la nota policial, la denunciante afirmó que el legislador la habría sujetado por el cuello y empujado durante una discusión. Tras la intervención policial, ambos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Por su parte, Pérez Mallqui negó haber cometido agresiones y declaró ante la Policía que fue él quien resultó afectado durante el enfrentamiento, señalando que habría recibido arañones en el rostro.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda apoyo legal y psicológico a la presunta víctima.

Antecedentes judiciales del diputado

El caso también vuelve a poner bajo escrutinio los antecedentes judiciales de Pérez Mallqui. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado cuenta con sentencias por falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

Además, en 2024 estuvo involucrado en un accidente vehicular ocurrido en Pichari, provincia de La Convención, Cusco, por el que fue investigado luego de que se reportara el atropello en presunto estado de ebriedad de una madre de familia y su menor hija. Por este caso cumplió diez meses de prisión preventiva y posteriormente enfrentó un proceso judicial por lesiones culposas.

La detención ha generado atención nacional debido a la trayectoria judicial del diputado, quien fue elegido por la región Cusco. Pérez Mallqui ya cuenta con antecedentes penales y procesos judiciales previos, incluyendo una sentencia por lesiones culposas.

El incidente actual involucra a una mujer cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Un familiar de la víctima, que acudió a la comisaría, declaró que su principal pedido a las autoridades es que “no debe haber agresión ante nadie”. La familiar confirmó el vínculo con ambas partes y corroboró la existencia de la presunta agresión.

Intervención policial en el domicilio de la víctima

Según fuentes policiales, Julián Pérez Mallqui se presentó en la vivienda de la presunta víctima. Al tocar la puerta, fue recibido por el padre de la mujer. En ese momento, se produjo un forcejeo entre ambos, lo que permitió que el diputado ingresara al inmueble. Ante esta situación, la mujer realizó llamadas de auxilio a la Policía Nacional y al Serenazgo del distrito.

La intervención de las autoridades se dio de inmediato, resultando en la detención en flagrancia del legislador. Tanto Pérez Mallqui como la presunta víctima participan actualmente en las diligencias programadas y serán sometidos a exámenes médico-legales para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Actuación fiscal tras la detención

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar inició diligencias urgentes luego de la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica. Las acciones se desarrollan en la comisaría de San Miguel, donde se busca recabar elementos de convicción que ayuden a esclarecer la denuncia presentada.

El Ministerio Público enfoca sus labores en garantizar la protección de la presunta agraviada y en dictar las medidas legales necesarias según los hallazgos de la investigación. La intervención fiscal incluye la toma de declaraciones, el acopio de pruebas y la disposición de medidas de protección mientras continúan las indagaciones sobre el caso.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría de San Miguel para brindar apoyo legal y psicológico a la mujer que denunció ser víctima de violencia por parte del diputado Julián Pérez Mallqui. La cartera condenó de manera enfática el hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida.

El MIMP dispuso profesionales en psicología y servicios de asesoría legal y social para asistir a la víctima. Además, exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad, garantizar una investigación exhaustiva y sancionar al responsable conforme a la ley.

Antecedentes judiciales y penales del diputado

La situación de Julián Pérez Mallqui cobra mayor relevancia debido a su historial judicial. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado electo por Cusco ya había enfrentado procesos por distintos hechos, entre ellos lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

Uno de los casos más cuestionados ocurrió el 9 de febrero de 2024, cuando fue involucrado en un accidente vehicular registrado en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco. Pérez Mallqui habría conducido presuntamente en estado de ebriedad y atropelló a una menor de 7 años y a su madre. Por este hecho, el Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a una pena de más de cuatro años de prisión suspendida y estableció el pago de S/80 mil por reparación civil.

La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves y que, como consecuencia del accidente, presenta secuelas permanentes. En tanto, el proceso continúa en revisión luego de que la defensa del parlamentario presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Durante una entrevista difundida por Panorama, Pérez Mallqui cuestionó el monto solicitado por la familia de la menor como reparación civil y se pronunció sobre la pretensión económica planteada en el proceso.

Además de este caso, la información consignada ante el JNE registra otras sentencias contra el legislador, entre ellas por violencia familiar y falsa declaración en proceso administrativo.

Siete meses de violencia y una agresión que terminó con la vida de Sandra Patricia Gómez Cetina fueron los elementos que llevaron a un juez de Bogotá a condenar a José Francisco Suárez de Ávila a 43 años de prisión. El fallo concluyó que el acusado intentó ocultar el crimen al presentar la muerte de su pareja como un accidente doméstico.

La decisión de primera instancia estableció que las pruebas recopiladas durante el juicio permitieron demostrar que el hombre ejerció violencia física, psicológica y económica contra Sandra Patricia durante siete meses antes del ataque que terminó con su muerte. El juez encargado del caso señaló que los elementos presentados por la Fiscalía permitieron establecer que la víctima falleció como consecuencia de una agresión brutal ocurrida dentro de la vivienda ubicada en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy.

“Nada desvirtúa que la muerte de Sandra Patricia Gómez Cetina se produjo en virtud de una fuerte y brutal agresión que sufriera ese 8 de octubre de 2023 en horas de la tarde”, señaló el juez durante la lectura de la decisión, al descartar los argumentos presentados por la defensa. De acuerdo con los informes conocidos durante el proceso judicial, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que Suárez de Ávila atacó a su pareja. Las imágenes permitieron observar cómo la tomó del cabello, la arrojó al piso y la golpeó con patadas en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Tras la agresión, el hombre no solicitó ayuda médica de inmediato para Sandra Patricia. Según el fallo, la víctima permaneció varias horas dentro de una habitación sin recibir asistencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El juez consideró esa actuación como un factor determinante para aumentar la pena impuesta al condenado. “El motivo por el cual a la pena mínima se le aumentan 20 meses corresponde a la actitud inhumana y para nada solidaria de José Francisco Suárez de Ávila frente a su compañera y víctima. Lo anterior obedece a que, pese a la grave agresión física que sufriera Sandra Patricia Gómez el 8 de octubre en horas de la tarde, solo hasta el día siguiente a las seis de la mañana fue trasladada a un centro médico”, advirtió.

El funcionario judicial agregó que la mujer estuvo sin recibir auxilio después de una fuerte agresión física. “Lo que significa que la víctima permaneció varias horas, después de una fuerte agresión física, inconsciente, al interior de una pieza, sin socorro alguno. En forma adicional, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años”, añadió.

Durante el juicio se estableció que solo hasta la mañana del 9 de octubre de 2023 Suárez de Ávila trasladó a Sandra Patricia a un centro médico utilizando un bicitaxi. Posteriormente, el informe de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico con hemorragia intracraneal masiva.

La investigación también permitió establecer que el condenado intentó cambiar la versión de lo ocurrido. Al momento de su captura, aseguró que su pareja sufrió una caída por las escaleras y presentó el hecho como un accidente ocurrido dentro de la vivienda. Sin embargo, las pruebas recolectadas durante el proceso penal mostraron indicios sobre la violencia ejercida contra la víctima y la intención de modificar la interpretación de lo sucedido en el lugar de los hechos.

Además de la pena de prisión, el juez determinó que José Francisco Suárez de Ávila no podrá acceder a beneficios judiciales como la detención domiciliaria o la libertad condicional. También recibió una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. El condenado permanece actualmente privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá, mientras cumple la sentencia impuesta por el asesinato de Sandra Patricia Gómez Cetina.

En México suma 315 casos de feminicidio en el primer semestre del 2026, luego de que en junio se registraron 48 casos más, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS).

De acuerdo con el documento, cuatro entidades concentran el 34% de los casos a nivel nacional, lo que equivale a 107 víctimas; sin embargo, este último mes hubo un ligero incremento en al menos dos estados.

Sinaloa se mantiene como la entidad con más casos, al registrar 42 víctimas, seguido del Estado de México y Chiapas, los cuales superaron a la Ciudad de México, con 24 y 21 feminicidios respectivamente.

La capital del país se mantuvo con 20 casos registrados, misma cifra que reportó en mayo, cuando ocupó el segundo lugar del listado de estados con más casos.

Le siguen en quinto lugar Tamaulipas, con 18 casos, Morelos, con 16, Sonora, con 15; Chihuahua, con 14; y Guanajuato, con 13.

En Jalisco suman 12 casos; en Oaxaca y Veracruz 11, respectivamente, mientras que Guerrero tiene 10 casos, y Nuevo León y Tabasco, nueve cada uno.

Entre los estados con menos de cinco casos están Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Coahuila, Yucatán, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Tlaxcala y Nayarit.

Municipios con más casos de feminicidio

Aunque la Ciudad de México bajó de lugar en el listado de estados con más feminicidios, tres alcaldías de la capital se mantienen entre los 20 municipios con más casos a nivel nacional: Venustiano Carranza, con cinco casos, mientras que Iztacalco y La Magdalena Contreras registran tres casos cada una.

Culiacán en Sinaloa encabeza el listado nacional con 29 feminicidios. En segundo lugar está Reynosa, Tamaulipas, con 10 casos, mientras que Benito Juárez en Quintana Roo, Centro en Tabasco, y Chihuahua capital suman cinco carpetas de investigación cada uno.

En Hermosillo, Sonora, Juárez en Chihuahua y Mexicali en Baja California registran cuatro casos cada uno. Cajeme en Sonora, Cuauhtémoc en Chihuahua, Cuautla en Morelos, Fresnillo en Zacatecas, Irapuato y León en Guanajuato, La Paz en Baja California Sur, Mazatlán en Sinaloa y Mérida en Yucatán presentan tres feminicidios cada uno.

Homicidio doloso

El informe señala los casos de homicidio doloso de mueres, los cuales ya suman 772 en lo que va del año. En este rubro, los estados con más casos son Guanajuato, con 100 casos, Baja California, con 60; y Guerrero, con 50.

Van por homologar investigación del feminicidio en México

El 15 de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar la investigación y las sanciones en todo el país.

La propuesta define el feminicidio como el acto de privar de la vida a una mujer por razón de género y enumeró diez razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia o asimetría de poder.

Establece una pena de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes, como cuando la víctima fuera niña, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante. La tentativa se sanciona con una pena proporcional.

La iniciativa prohíbe excusas absolutorias y beneficios como la libertad condicionada, amnistía o criterios de oportunidad, y estableció la imprescriptibilidad del delito y la reparación del daño.

Ordena que toda muerte violenta de mujer fuera investigada como feminicidio desde el inicio, con protocolos nacionales homologados y unidades especializadas en fiscalías. También incluyó un régimen de reparación integral para las víctimas y sus familias, acceso a atención médica y psicológica, servicios de traducción y asistencia jurídica gratuita.

El proyecto propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y fortalecer refugios y líneas de atención.

E introduce la supervisión de medios y plataformas para respetar la dignidad de víctimas y extendió la obligación de garantizar el derecho a la verdad a todas las autoridades. La Comisión Especial y un Programa Integral vigilaría la aplicación de estas medidas en todo el país.

El Ministerio del Trabajo impuso una serie de medidas preventivas a Homecenter tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, que se presentó la tarde del domingo 12 de julio de 2026 en una de las sedes de la cadena de retail ubicada en el municipio de Soacha (Cundinamarca), vecino a Bogotá.

La decisión se dio luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por la Dirección Territorial Cundinamarca para verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre prevención de la violencia y el acoso en el entorno laboral.

Como resultado de esta inspección, la empresa deberá actualizar formalmente su Política de Prevención de la Discriminación, la Violencia, el Acoso Laboral y el Acoso Sexual, en concordancia con la Ley 2528 de 2025 y el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Esta actualización busca garantizar que existan lineamientos claros y efectivos para enfrentar cualquier situación de violencia o acoso en el trabajo.

Entre las obligaciones impuestas, se encuentra fortalecer las rutas de atención a víctimas dentro de la empresa.

Homecenter deberá actualizar sus rutas de atención, tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya

Homecenter deberá actualizar su ruta de atención, asegurarse de que todos los trabajadores la conozcan y articularla con las rutas externas de protección ofrecidas por las autoridades competentes.

La meta es que cualquier persona que enfrente una situación de violencia o acoso tenga acceso rápido y eficiente a los canales de ayuda y protección.

El Ministerio también ordenó la capacitación especializada para todos los cargos con personal a su cargo, incluyendo gerentes, supervisores, jefes inmediatos, líderes de equipo, miembros del Comité de Convivencia Laboral y responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Esta formación está orientada a que el liderazgo de la empresa cuente con herramientas para identificar, prevenir y actuar ante hechos de violencia y acoso laboral o sexual.

En cuanto a la prevención, la empresa deberá fortalecer la debida diligencia, el enfoque de género y la prevención de violencias basadas en género, así como la prevención de violencias ejercidas por terceros, no solo en el ambiente interno de la empresa; también frente a actores externos que puedan afectar a sus trabajadores.

Otra de las medidas relevantes es la obligación de actuar incluso sin una denuncia formal.

Desde la cartera de Trabajo se exigió que Homecenter implemente protocolos que permitan reaccionar ante cualquier indicio de violencia, sin esperar necesariamente una denuncia escrita.

Esto responde a la necesidad de intervenir de manera temprana y proteger a las posibles víctimas desde el primer momento en que se detecte una situación de riesgo.

Sumado a todo lo anterior, la violencia y el acoso deberán ser incorporados en la matriz de riesgos del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) de la empresa, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones antes de que ocurran y adoptar medidas proactivas y correctivas.

Sumado a todo lo anterior, el Ministerio del Trabajo advirtió que Homecenter deberá demostrar documentalmente el cumplimiento de todas las medidas ordenadas.

En caso de incumplimiento, la entidad podrá iniciar actuaciones administrativas sancionatorias contra la empresa.

Los acosos de los que venía siendo víctima Rosa Mayerly Olaya

La Fiscalía General de la Nación imputó por feminicidio agravado a Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, atacada con arma blanca el domingo 12 de julio de 2026 dentro de un Homecenter de Soacha, un caso que volvió al centro del debate por los antecedentes de acoso que, según el ente acusador, ya habían motivado acompañamiento policial para la víctima antes del crimen.

El caso ocurre en un municipio que, de acuerdo con cifras oficiales, concentró el 32% de los feminicidios de Cundinamarca y cerró 2025 con 2.416 casos de violencia intrafamiliar.

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel informó además que en Soacha se registran más de 18.000 casos de violencia contra las mujeres o la población Lgbtiq+.

Marulanda no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía sostuvo que el procesado conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años y que, tras recibir una negativa a su interés de iniciar una relación sentimental, comenzó un hostigamiento persistente.

De acuerdo con las pesquisas que llevó a cabo el mismo ente, la Policía Nacional acompañó a Rosa Mayerly Olaya en al menos dos oportunidades desde su lugar de trabajo hasta su vivienda por la preocupación que ya generaba la situación.

El expediente también recoge que el 10 de mayo y el 5 de junio el hoy procesado habría llegado a la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

La acusación señala que ese patrón terminó cuando ingresó al almacén y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas de gravedad. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones.

Los hechos de violencia contra la mujer persisten en Colombia. De acuerdo con el informativo El País, de Cali (Valle del Cauca), una joven universitaria identificada como Dahiana, denunció estar siendo víctima de acoso por parte de un hombre al que identificó como Juan Camilo García.

De acuerdo con su relato, el hostigamiento comenzó después de haber ido a comer con él a inicios de 2026. La joven indicó que, aunque compartieron ese momento, en ningún momento se configuró una relación con el sujeto. Pese a ello, el señalado acosador habría empezado a perseguirla y a buscarla; la situación se extendió por seis meses.

El presunto acosador empezó a seguirla en la universidad, donde estudia y en su trabajo. También afirmó que el asedio alcanzó espacios de su vida privada, como el edificio donde vive.

La joven afirmó que bloqueó al hombre en todas sus redes sociales, pero el presunto acosador habría encontrado la manera de contactarla a través del correo electrónico. En uno de esos mensajes que recibió se lee: “Pasé por tu casa, Dahiana, sentí tu ki. Siempre me da nervios ir a buscarte jajaja revisé su moto y ya voy para Jamundí. No te pude dejar un detalle hoy, pero mañana, con la ayuda de Dios, te molesto la vida... Te amo hasta que me muera, Dahiana (sic)”.

En otro correo que la joven aseguró haber recibido, el hombre le pidió que se pusiera en contacto con él e incluso le hizo saber que estaba en el conjunto residencial donde vive: “En todas las fotos te ves hermosa, háblame, princesa. Decíme algo, por favor. Veo que está tu moto en tu casa pero no sé qué hacer”.

La denunciante aseguró que, en su momento, el hombre habría revisado la basura del conjunto residencial en donde vive y habría hurtado objetos de motocicletas al creer que una de ellas era de la joven. De igual manera, al parecer, habría dejado regalos para ella en esos vehículos.

En otra ocasión, el sujeto en cuestión le habría enviado una fotografía de él oliendo una gorra que, presuntamente, habría hallado en la basura del edificio. Sin embargo, la ciudadana aseguró que ese accesorio no le pertenece.

El nivel de acoso fue tal que, en su momento, tuvo que recurrir a las autoridades para que frenaran al señalado acosador. La intervención de la Policía Nacional se tradujo en una detención del hombre por 24 horas, que, además, ya está denunciado. “Hace poco la Policía por fin se lo llevó, después de varios intentos pidiéndoles ayuda, ya que hay una demanda en proceso a causa de esta situación, también existe una medida de protección y este hombre la infringió muchas veces”, detalló la ciudadana en una publicación a la que tuvo acceso el medio de comunicación citado.

Segunda denunciante afirmó haber sido acosada por el mismo hombre

De acuerdo con el informativo local, una segunda mujer afirmó que también fue víctima del presunto acosador. Según su testimonio, ambos habían tenido una relación sentimental. Al terminar ese vínculo, el sujeto, al parecer, continuó buscándola y trató de acercarse a ella de todas las maneras posibles.

La ciudadana afirmó que su familia supo sobre el hostigamiento del que estaba siendo víctima. “Durante más de dos años después de haber terminado la relación, este hombre ha insistido en contactarme por diferentes medios y llegó, incluso, a presentarse recientemente en mi casa, pese a que en repetidas ocasiones le he dejado claro que no quería tener ningún tipo de contacto. Mis padres, amigos y personas cercanas fueron testigos de esta situación. Mi solidaridad con quien decidió hacerlo público”, detalló la denunciante citada por el medio.

El Gobierno de México y las principales plataformas digitales: Google, YouTube, Meta y TikTok acordaron impulsar una campaña mensual contra la violencia de género.

La estrategia, respaldada por la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), busca enfrentar la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en el entorno digital.

¿En qué consiste?

Como parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, cada 25 de mes se difundirán mensajes educativos y preventivos en las cuentas oficiales de las instituciones y empresas participantes.

El objetivo es informar, sensibilizar y prevenir las distintas formas de violencia digital, así como fortalecer la seguridad y el uso responsable de las plataformas.

La acción se enmarca en el Día Naranja, iniciativa internacional dedicada a promover el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias.

La estrategia contempla la publicación de contenidos diseñados para fortalecer la cultura de la seguridad digital y contribuir a la construcción de espacios libres de violencia.

Según el acuerdo, el Gobierno de México y las plataformas tecnológicas refrendan su compromiso para avanzar hacia una vida libre de violencias para todas las mexicanas.

Violencia familiar y feminicidio: cifras recientes

Entre enero y mayo de 2026, se reportaron 113 mil 294 delitos de violencia familiar en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ciudad de México encabeza las denuncias con 11 mil 845 casos, seguida por Estado de México (11 mil 317), Nuevo León (10 mil 080) y Guanajuato (7 mil 308).

Estos estados concentran el 35.8% de los casos. Otras entidades con cifras altas son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Puebla.

El Código Penal Federal sanciona la violencia familiar con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico.

Las sanciones aumentan si la víctima es mujer embarazada, persona adulta mayor o con discapacidad.

El Ministerio Público puede ordenar medidas preventivas y de protección.

Un caso destacado es la denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, investigado por la Fiscalía de Morelos tras la difusión de un video donde su pareja lo acusa de agresiones.

Tras la viralización, autoridades federales y la Secretaría de Energía intervinieron para garantizar la protección de la víctima y Rodríguez quedó fuera de nuevos cargos públicos mientras enfrenta el proceso.

Datos de feminicidio y homicidio de mujeres

Durante mayo de 2026 se registraron 59 feminicidios en México, sumando 267 víctimas entre enero y mayo.

Sinaloa encabeza con 34 víctimas, seguido por Ciudad de México y Estado de México con 20 casos cada uno, y Chiapas con 18, mientras la capital del país subió al segundo lugar nacional respecto al año anterior.

La mayoría de las víctimas, 219 de 267, son mujeres mayores de 18 años. Veinte municipios del país agrupan el 36.5% de los feminicidios, con Culiacán (Sinaloa) a la cabeza con 24 casos.

En el mismo periodo, se reportaron 658 homicidios dolosos de mujeres, con Guanajuato como el estado con más casos (88), seguido por Guerrero (46) y Baja California (44).

El homicidio culposo de mujeres alcanzó 1,251 víctimas, concentrándose el 33.1% en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

El acuerdo entre autoridades y plataformas busca contribuir a frenar estas tendencias, mediante el impulso de entornos digitales más seguros para mujeres, adolescentes y niñas.

Alba Rubi Gómez, madre de María Camila Potosí ―la joven de 21 años hallada sin vida en Cali y que tenía ocho meses de embarazo― compartió un testimonio conmovedor sobre los días de angustia que vivió tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

En entrevista con El País, y en medio de un homenaje que se realizó para exigir justicia y confirmar dónde estaría la bebé de ocho meses de gestación que esperaba, relató los momentos clave de la búsqueda, el dolor por la pérdida y la esperanza de que su nieta, a quien María Camila llevaba en el vientre, aún pueda estar con vida.

“Madre, vas a ser abuela; estoy en embarazo, estoy feliz”, recordó Alba Rubi sobre el anuncio que le hizo María Camila seis meses atrás, cuando le confirmó que esperaba una niña a la que llamaría Alahia.

La noticia, que trajo alegría a la familia, se tornó en tragedia cuando la joven de 21 años desapareció el jueves 16 de julio de 2026 y fue encontrada muerta cinco días después, envuelta en una sábana a orillas del río Meléndez.

Alba Rubi describió la angustia de los momentos previos al reconocimiento del cuerpo.

“Cuando fuimos a reconocerla a donde me la habían dejado, tenía su vientre como si estuviera la bebé ahí, o sea, se veía el embarazo. Entonces, por eso pensamos y pensé que la bebé la tenía ahí”, relató la progenitora, al detallar que la familia mantuvo la esperanza de que, al menos, la bebé estuviera a salvo.

Esa esperanza se renovó al recibir la noticia, por parte de Medicina Legal, de que la bebé de ocho meses de gestación no se encontraba en el vientre de María Camila cuando fue hallada.

“Yo tengo la esperanza y me siento feliz al mismo tiempo de saber que la bebé puede estar viva; no aseguro que la bebé esté viva, pero nos dio una luz de esperanza cuando dijeron que la bebé no la tenía mi hija dentro de su vientre”, dijo la mamá de María Camila.

Entre lágrimas, la madre narró cómo durante la búsqueda pedía a Dios que la persona hallada no fuera su hija.

Ahora, la familia centra sus esperanzas en que la menor pueda ser encontrada con vida. Las autoridades continúan investigando el caso y han abierto una línea de trabajo para determinar el paradero de la bebé, mientras la comunidad y los seres queridos de María Camila acompañan a Alba Rubi en medio del dolor y la incertidumbre.

Por su parte, y en entrevista con Noticias RCN, la secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, Nigeria Rentería, confirmó que la María Camila asisitía al programa Fami (Familia, Mujer e Infancia) del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), además de la mujer que fue vista en un video transportando en una motocicleta a la joven.

“Efectivamente hacían parte de este programa, estaban siendo atendidas y sobre ello ahora a las demás madres gestantes les estamos haciendo precisamente acompañamiento psicosocial por este hecho tan lamentable”, detalló Rentería.

La funcionaria aseguró que desde la administración del alcalde Alejandro Eder “hay un repudio total y de todas maneras un gran impacto”.

Al final, Rentería confirmó que se está brindando asesoría a la familia de María Camila, “también activando todo lo que es la atención psicosocial, o sea, ese acompañamiento para poder a ellos brindarle una forma de que pueda soslayar todo este momento tan difícil que están pasando”.

Para cerrar, y para confirmar cómo fue que las autoridades desde la Alcaldía se enteraron del caso de María Camila, la funcionaria expresó que “el día que ya en medios se conoce (la desaparición de Potosí) se pudo establecer que iba camino a su última cita, pero no tuvimos más conocimiento”, cerró Rentería al añadir que por el momento todo es “materia de investigación” y a la espera de los resultados forenses por parte de Medicina Legal porque, como sentenció la funcionaria, “aquí debe haber y hay una investigación muy seria que posiblemente arrojara y por eso la Alcaldía se suma a este tema de la investigación”.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso este martes 22 de julio la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, volverlo imprescriptible y fijar reglas nacionales de coordinación, atención a víctimas y reparación del daño.

Esta propuesta se realizan ante un crimen que, según la exposición de motivos de la reforma de feminicidio, no debe tratarse sólo como ilícito penal, sino como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo con la CEPAL, citado en la reforma, en los últimos cinco años al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe. Sólo en 2024 se registraron 3 mil 828.

En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2024 se registraron 855 feminicidios, en 2025 fueron 732 y en enero de 2026 hubo 94 casos. El documento sostiene que, aunque hay una reducción en la incidencia, la violencia letal contra las mujeres persiste y se concentra en entidades como Sinaloa, Estado de México, CDMX, Morelos y Chihuahua, que reúnen aproximadamente una tercera parte de los casos del país.

La iniciativa plantea un tipo penal único y que el feminicidio no prescriba

El eje central de la propuesta es expedir una ley general que armonice los marcos penales de las 32 entidades federativas. La Presidencia argumentó que hoy todas tipifican el feminicidio, pero con diferencias de fondo en las razones de género, las agravantes y las penas, lo que deriva en respuestas desiguales, dificultades para clasificar los delitos y subregistro.

La iniciativa también plantea que el feminicidio sea imprescriptible. La exposición de motivos señaló que este delito reúne rasgos similares a otras conductas que no deben extinguirse por el paso del tiempo, porque se comete en contextos estructurales de subordinación y discriminación, responde a patrones reiterados y su impunidad favorece la repetición.

El documento añadió que 18 estados ya reconocen la imprescriptibilidad del feminicidio en sus códigos penales: Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Bajo ese argumento, la propuesta sostiene que aplicar prescripción a este delito sería una regresión en los estándares de protección.

Para justificar ese cambio, la iniciativa cita criterios de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos aparecen los casos González y otras, conocido como Campo Algodonero, Digna Ochoa y otros, García Andrade y otros, y Ascencio Rosario y otros, así como los amparos en revisión 554/2013, directo 69/2015 y directo 30/2025.

Ley obligaría a investigar desde el inicio como feminicidio

La iniciativa responde de forma directa a una de las fallas que identifica en el sistema actual: las investigaciones que descartan de manera prematura la violencia de género. El texto propone fortalecer las responsabilidades de las autoridades investigadoras, los derechos de las víctimas y la aplicación de protocolos especializados homogéneos en todo el país.

Esos protocolos deberán incluir perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

La reforma también incorpora datos del INEGI para describir el entorno de violencia previo al feminicidio. Según la ENDIREH 2021, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más, equivalente a 70.1%, han vivido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminatoria a lo largo de su vida.

Con esa base, el proyecto entiende la violencia feminicida como la culminación de un continuo de agresiones que atraviesa los ámbitos familiar, comunitario, laboral e institucional. Por eso plantea que la respuesta del Estado no se limite al castigo, sino que combine prevención, investigación eficaz, sanción, atención y reparación integral del daño.

El proyecto crea registros nacionales para víctimas y menores en orfandad

Otro componente de la iniciativa es la consolidación de un registro interinstitucional de feminicidios. Su función sería integrar antecedentes de violencia, relación entre víctima y agresor, contextos de riesgo y circunstancias del delito para identificar patrones y activar intervenciones tempranas.

El documento sostiene que en múltiples casos se han documentado agresiones previas del mismo agresor, como violencia familiar, amenazas, golpes o agresión sexual, pero la información permanece fragmentada entre áreas de seguridad pública, procuración de justicia, salud y atención a víctimas. Esa dispersión, añade, impide detectar a tiempo factores de riesgo y responder de forma preventiva.

La propuesta también crea un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. La intención es identificar a las víctimas indirectas, generar estadística confiable, dar seguimiento a su situación social y jurídica y garantizar acceso a apoyo psicológico especializado, servicios integrales de salud, continuidad educativa, asistencia jurídica y programas sociales.

Ese registro operaría con criterios estrictos de confidencialidad y protección de datos personales. También busca articular la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de las autoridades responsables de la protección de la niñez y la atención a víctimas.

En materia de prevención y atención, el proyecto ordena a la Federación, los estados, la CDMX y los municipios promover y fortalecer espacios especializados como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros LIBRE.

La meta es ampliar la cobertura de servicios, facilitar la denuncia, coordinar a las instituciones y asegurar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición conforme a la Ley General de Víctimas.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que esta mañana recibieron la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que recientemente firmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, la senadora de Morena recordó que la propuesta busca homologar los protocolos de investigación de los casos de feminicidio y las sanciones por dicho delito a nivel nacional.

Castillo Juárez indicó que la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado.

¿Qué propone la iniciativa?

El 15 de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la cual busca homologar la atención a los casos.

La iniciativa prevé un tipo penal único, definiendo el feminicidio como el homicidio de una mujer por razón de género, y establece diez razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia o contextos de desigualdad de poder.

La sanción propuesta será de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que elevan la pena, como si la víctima es menor, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o si hay violencia extrema. La tentativa se sancionará con la mitad o dos terceras partes de la pena.

La ley también contempla sanciones complementarias: pérdida de derechos sucesorios, de patria potestad y de tutela, así como destitución e inhabilitación para servidores públicos responsables.

No habrá excusas absolutorias ni atenuantes y el delito será imprescriptible, sin acceso a criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistía.

Asimismo, señala que la investigación de toda muerte violenta de una mujer deberá iniciarse bajo el protocolo de feminicidio y las fiscalías deberán contar con unidades especializadas y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado.

El Ministerio Público podrá solicitar inteligencia y peritajes especializados, incorporando perspectiva de género y analizando antecedentes incluso sin denuncia previa.

La reparación integral del daño será obligatoria e incluirá atención médica, psicológica, restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica y servicios de traducción.

Y se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y se fortalecerán refugios y centros de justicia.

La iniciativa también obliga a medios y plataformas digitales a respetar la dignidad de las víctimas y amplía el derecho a la verdad para sobrevivientes e indirectos.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, en México se registraron 59 feminicidios, sumando 267 casos a nivel nacional entre enero y mayo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentraron el 34.5% de los feminicidios en ese periodo, con 92 víctimas. Sinaloa encabezó la lista con 34 casos, seguido por la Ciudad de México con 20, lo que significó un repunte para la capital, que pasó del cuarto al segundo lugar en incidencia.

El Estado de México también reportó 20 feminicidios, ubicándose en tercer lugar, y Chiapas ocupó el cuarto puesto con 18 casos. Morelos registró 14 víctimas, mientras que Chihuahua y Tamaulipas reportaron 13 cada uno.

En contraste, estados como Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala tuvieron dos casos cada uno, mientras que Coahuila y Nayarit registraron solo uno.

El informe detalló que 219 de las 267 víctimas eran mujeres mayores de 18 años; el resto corresponde a menores de edad o casos donde no se precisó la edad.

El análisis municipal mostró que el 36.5% de los feminicidios se concentró en 20 municipios. Destacan Culiacán, Sinaloa, con 24 casos; Reynosa, Tamaulipas, con 9; Benito Juárez, Quintana Roo, con 5; y varias demarcaciones de la Ciudad de México como Venustiano Carranza, Iztacalco y La Magdalena Contreras, cada una con 3 a 5 casos.

Esta mañana, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de dos integrantes del Ejército peruano tras ser señalados como presuntos autores de un caso de tocamientos indebidos contra adolescentes en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Según información del Ministerio de Educación, ambos militares pertenecían a la base Ciro Alegría y fueron acusados de ingresar de manera irregular a la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el relato de Julio Gallardo, director de la institución, los militares habrían accedido a la residencia cerca de las 3:30 a. m. del 20 de julio y habrían cometido tocamientos indebidos contra dos estudiantes de 16 años. Las adolescentes notificaron lo sucedido al personal encargado de la residencia, quienes ofrecen acompañamiento permanente a las estudiantes en los dormitorios.

Tras la alerta, el personal de la residencia intervino de inmediato. Lograron detener a uno de los presuntos responsables mientras intentaba escapar y, poco después, identificaron al segundo implicado.

Ambos fueron puestos a disposición de la PNP para el inicio de las investigaciones, según confirmó el director del centro educativo.

MIMP realiza seguimiento a caso

El equipo de Bienestar de la residencia estudiantil, integrado por una psicóloga, una promotora de vida saludable y la coordinadora de la residencia, brindó atención inmediata a las adolescentes. Las autoridades confirmaron que este acompañamiento socioemocional continuará a lo largo del año lectivo, con el objetivo de garantizar la estabilidad y seguridad de las estudiantes afectadas.

El Centro de Emergencia Mujer, adscrito al Ministerio de la Mujer, comenzó a proporcionar acompañamiento especializado y coordina acciones para asegurar la protección integral de las víctimas. Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó la realización de la entrevista única mediante cámara Gesell, un procedimiento que busca salvaguardar los derechos de las adolescentes y evitar su revictimización.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría local por el propio director de la institución educativa, asegurando la derivación inmediata del caso al sistema judicial. El jefe de la base militar Ciro Alegría acudió rápidamente al lugar de los hechos y colaboró con la identificación de los presuntos implicados, ordenando su entrega a la PNP.

Otro caso de violencia

Una niña awajún de siete años fue trasladada de emergencia desde la comunidad nativa de Pantam Entsa, ubicada en el distrito de El Cenepa, hasta la ciudad de Bagua, región Amazonas, luego de confirmarse que fue víctima de violencia sexual. La menor permanece en estado crítico en el Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján, donde recibe atención médica especializada. Según los testimonios de líderes comunales, el presunto agresor sería su padrastro, quien fue retenido inicialmente por la propia comunidad bajo la custodia de la autoridad indígena local, conocida como apu.

La Defensoría del Pueblo supervisó el operativo de evacuación, que contó con el apoyo logístico del Ejército del Perú y del Centro Emergencia Mujer de la comisaría local.

La madre de la niña autorizó los procedimientos médicos y ambas reciben atención legal, social y psicológica en un albergue con enfoque intercultural. Las fiscalías de El Cenepa y Bagua asumieron las investigaciones, pero durante el traslado del sospechoso, este logró escapar y permanece prófugo. Las autoridades continúan monitoreando la salud de la menor y trabajan en la localización del presunto responsable del abuso

Un soldado adscrito al Batallón Ayacucho de Manizales enfrenta un proceso judicial en el municipio de Chinchiná, Caldas, por presuntos delitos de maltrato físico, psicológico y económico.

El proceso judicial también lo señala por amenazas graves contra su expareja sentimental.

El caso, que ha generado preocupación entre las autoridades y organizaciones de derechos de las mujeres que han rechazado este nuevo caso de violencia contra las mujeres en el país, revela un patrón que se habría extendido durante tres años de convivencia y persistió incluso después de la ruptura de la relación.

Según la Fiscalía General de la Nación, el militar ejerció control y agresiones constantes durante una década de relación, aunque los últimos tres años estuvieron marcados por episodios de violencia física y emocional.

Las pruebas recolectadas incluyen testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad que registraron agresiones, y audios en los que el uniformado amenaza con matar a su expareja si llegaba a verla con otra persona, destacó el diario La Patria de Manizales.

Los hechos violentos, de acuerdo con la investigación, solían intensificarse cuando el soldado consumía alcohol.

La denuncia de un presunto plan para asesinar a la mujer por parte del militar

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la acusación de que el militar habría encargado a un tercero el asesinato de la mujer.

El supuesto sicario, conocedor de la víctima desde tiempo atrás, se habría arrepentido y acudió a advertirle que su expareja le había dado la orden de matarla.

Este último episodio, de acuerdo con los expedientes del caso se presentó el 2 de mayo de 2026, y motivó nuevas acciones judiciales y medidas de protección para salvaguardar la integridad de la denunciante.

A pesar de la gravedad de los hechos, el procesado busca acogerse a un principio de oportunidad, figura que le permitiría evitar una condena penal a cambio de asumir compromisos como someterse a terapias para tratar su problema con el alcohol.

La defensa solicitó la libertad del acusado en espera del acuerdo, pero la solicitud fue rechazada por la juez, quien valoró el riesgo que representa para la víctima.

A su vez, el ente investigador ha destacado que, a lo largo del proceso, se han adoptado medidas especiales de protección, ordenadas por la Comisaría de Familia en 2025, aunque el militar incumplió las restricciones de alejamiento, lo que llevó a su captura y reclusión preventiva. Desde septiembre de ese año, las valoraciones psicológicas y de riesgo evidenciaron la urgencia de intervenir para evitar consecuencias fatales.

El fiscal del caso hizo hincapié que “durante mucho tiempo se trabajó para que se garantizarán los derechos de la víctima y se actuara con prontitud antes de que algo más grave ocurriera”.

No obstante, la afectada ha expresado su disposición a aceptar el principio de oportunidad, bajo la condición de que el procesado reciba tratamiento adecuado y se comprometa a no reincidir en conductas violentas.

El proceso judicial continuará el próximo 30 de julio, fecha en la que se evaluará en audiencia si se concede el principio de oportunidad o si el caso avanza hacia una sentencia definitiva.

La Fiscalía aclaró que la aceptación de esta figura no implica una declaración de culpabilidad, sino que será un juez quien determine la responsabilidad penal del militar.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de maltrato o amenaza y de garantizar que quienes ejercen violencia no queden impunes ni puedan eludir su responsabilidad penal.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco obtuvo 128 autos de vinculación a proceso contra presuntos agresores de mujeres durante la primera quincena de julio de 2026, en el marco de un despliegue operativo y jurídico que abarcó diversos municipios del estado.

Según datos revelados este 21 de julio por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la mayoría de los casos involucraron a integrantes del núcleo familiar o conocidos de las víctimas, con hechos registrados entre los años 2022 y 2026.

Violencia familiar concentró 108 de las carpetas de investigación

Las carpetas de investigación desahogadas registraron violencia familiar como el delito predominante, con 108 casos. El patrón reflejó que los agresores no eran, en la mayoría de los casos, personas ajenas a las víctimas: el vínculo familiar o de conocidos fue la constante en los expedientes abiertos.

El resto de los delitos procesados se distribuyó de la siguiente manera, para dar un total de 127 indagatorias por 128 persuntos responsables:

• 7 carpetas por delitos contra la dignidad de las personas
• 3 carpetas por violación
• 2 carpetas por violación a la intimidad sexual
• 2 carpetas por amenazas
• 1 carpeta por ciberacoso
• 1 carpeta por daño a las cosas
• 1 carpeta por inducción o ayuda al suicidio feminicida
• 1 carpeta por lesiones
• 1 carpeta por parricidio

La presencia de delitos como el ciberacoso y la violación a la intimidad sexual dentro del expediente reflejó que la violencia contra las mujeres no se limitó al entorno físico, sino que también se extendió al ámbito digital.

Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan concentraron la mayor carga procesal

La distribución territorial de las 127 carpetas de investigación mostró que ninguna región del estado quedó al margen del fenómeno. Los municipios con mayor volumen de casos procesados fueron:

• 34 casos en agencias regionales del estado
• 29 casos en Guadalajara
• 21 casos en San Pedro Tlaquepaque
• 13 casos en Zapopan
• 13 casos en Tonalá
• 11 casos en Tlajomulco de Zúñiga
• 6 casos en Puerto Vallarta

La zona metropolitana de Guadalajara concentró la mayor parte de la actividad procesal, con los municipios conurbados sumando en conjunto más de la mitad de las carpetas desahogadas en el periodo.

Citaciones, aprehensiones y flagrancias: así se condujo a los imputados ante el juez

Para llevar a los 128 imputados ante la autoridad judicial, la Fiscalía del Estado empleó distintas vías. La citación fue el mecanismo más utilizado: 99 personas comparecieron por esa vía. En paralelo, se ejecutaron 22 ordenes de aprehensión, se concretaron dos detenciones en flagrancia y se solventaron cinco reposiciones de procedimiento.

Una vez presentados ante el juez, las resoluciones en materia de medidas cautelares quedaron distribuidas así:

• 58 imputados recibieron medidas cautelares distintas a la prisión
• 52 imputados obtuvieron la suspensión condicional del proceso
• 12 imputados fueron sujetos a prisión preventiva justificada
• 4 imputados quedaron bajo prisión preventiva oficiosa
• 2 asuntos en los que el juez no impuso medida alguna

La suspensión condicional del proceso, autorizada en 52 casos, implica que los imputados deben cumplir condiciones específicas fijadas por el juez para evitar continuar con el proceso penal. Su aplicación en casi la mitad de los casos reflejó el uso de salidas alternas dentro del sistema de justicia.

La vicefiscalía especializada como eje de la persecución penal con enfoque de género

El despliegue que derivó en las 128 vinculaciones a proceso fue coordinado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia creada para atender de forma diferenciada los delitos que afectan a estos grupos. La operación abarcó del primero al 15 de julio de 2026 e involucró tanto trabajo de campo como gestión jurídica ante los juzgados.

La fiscalía señaló que las acciones se condujeron con un enfoque transversal de derechos humanos y de género, lo que implica que cada carpeta fue analizada considerando las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y el contexto en que ocurrieron los hechos.

El principal sospechoso, Christiam Francis Cruz Eusebio, permanece prófugo, pese a que el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar en su contra. Ante ello, la familia pide mayor celeridad en la invetsigación y puedan capturar a la expareja de la víctima.

Según Domingo Al Día, Laura Huere salió de su vivienda para encontrarse con Cruz Eusebio, su expareja. Testimonios familiares y registros de cámaras de seguridad confirmaron que la joven se dirigía a devolver una computadora, aparentemente bajo el pretexto de finalizar un intercambio de pertenencias tras la ruptura de la relación. Minutos después del encuentro, vecinos encontraron a Laura degollada sobre la vereda, mientras la computadora permanecía abandonada en el lugar.

Según allegados y familiares, Cruz Eusebio ejercía conductas de control, celos y vigilancia hacia la joven. Personas cercanas afirmaron que él llegó a inscribirse en el mismo gimnasio solo para acompañarla y limitar sus interacciones con otras personas.

Familiares exigen justicia y denuncian falencias

La familia de Laura Huere tomó un papel activo en la recolección de pruebas, tras considerar insuficiente la actuación de las autoridades.

“Por favor, ayúdenme a encontrarlo, porque la policía no me está ayudando. Me siento sola”. La familia logró acceder a la laptop de Laura, donde encontraron conversaciones y evidencia que vincularían a Cruz Eusebio con el crimen. En los mensajes de WhatsApp, él insistía en reunirse para recuperar su computadora, lo que derivó en la cita del 2 de julio.

A pesar de que la familia entregó estas pruebas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público, la respuesta institucional ha resultado insuficiente para los deudos. El día en que la orden de detención preliminar fue emitida, las autoridades acudieron al domicilio registrado de Cruz Eusebio, pero este ya no se encontraba en el lugar. Según la familia, la diligencia se realizó con un solo agente y sin el despliegue adecuado de recursos, lo que permitió la fuga del principal sospechoso.

Prófugo de la justicia

Christian Francis Cruz Eusebio, natural de La Oroya y de 40 años, trabajaba como mototaxista y mantenía una relación sentimental con Laura Huere. Según testigos y conocidos, presentaba conductas posesivas y episodios de celos frecuentes.

La investigación también reveló que, el mismo día del crimen, Cruz Eusebio relató a un conocido haber sido víctima de un asalto en el que resultó herido en una mano, versión que ahora es parte de la pesquisa.

Su perfil en redes sociales permanece activo y Cruz Eusebio actualizó su foto de perfil el 15 de julio. Sus publicaciones giran en torno a temas de cosmología, música y relaciones de pareja.

El citado medio acudió a la su vivienda, pero informaron que ya no vive ahí hace tres años. Ahora, su paradero es desconocido.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que respaldará la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión esta semana, para homologar la atención del delito a nivel nacional.

Sin embargo, en conferencia de prensa, precisó que esto dependerá de si fortalece la protección de las mujeres y combate la impunidad, señalando que también debe de haber presupuesto para las fiscalías estatales.

López Rabadán afirmó que el objetivo de los legisladores “debe ser construir una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo nuestro país; que proteja a las víctimas, que garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”.

La diputada se manifestó a favor de que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, para que ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo.

También respaldó que, en estos casos, no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada o amnistías que puedan traducirse en impunidad.

López Rabadán puntualizó que una buena ley es indispensable, pero no suficiente por sí sola, pues sostuvo que se requieren fiscalías especializadas, con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar, integrar correctamente las carpetas y obtener sentencias contra los responsables.

La diputada enfatizó que el caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, no debe verse como un caso aislado, sino como una expresión de la violencia que padecen miles de mujeres en el país y de la percepción de impunidad entre muchos agresores.

“El video que conocimos es indignante, pero también lo es ver que quien enfrenta una acusación por violentar a una mujer puede salir de un juzgado sonriendo y regresar a la comodidad de su casa”, lamentó.

Aseveró que los agresores deben tener la certeza de que sus actos tendrán consecuencias, que violentar a una mujer no quedará impune y que, cuando corresponda, recibirán una sanción proporcional a la gravedad de sus conductas.

“Debemos tener claro que cualquier acto de violencia contra una mujer puede escalar y desembocar en un feminicidio. Por eso, la violencia debe detenerse desde su primera manifestación, proteger inmediatamente a la víctima y evitar que la agresión se repita”, insistió.

López Rabadán recordó que, como legisladora, servidora pública y mujer, ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una causa central de su vida política.

Presentó y acompañó iniciativas de paridad que hoy garantizan la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión pública.

Reconoció que se han logrado avances, pero advirtió que la lucha está lejos de concluir.

“No puede haber igualdad plena mientras una mujer sea violentada, mientras una víctima tenga miedo de denunciar o mientras un agresor confíe en que puede evadir la justicia”.

Ante el anuncio de que la Presidencia de la República enviará al Congreso la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, López Rabadán expuso que deberá analizarse con seriedad, responsabilidad y objetividad.

“Si lo que se busca es fortalecer la protección de las mujeres y combatir la impunidad contará con mi apoyo”, reiteró.

La mujer que fue víctima de una violenta agresión registrada por cámaras de seguridad en Fusagasugá, Cundinamarca, reapareció sana y salva y ya rindió declaración ante la Fiscalía.

Su regreso ocurrió luego de varias horas de incertidumbre, durante las cuales familiares, medios locales y ciudadanos manifestaron su preocupación por desconocer su paradero tras el ataque ocurrido en la madrugada del 15 de julio de 2026.

El caso cobró notoriedad nacional después de que un video de una cámara de seguridad comenzara a circular ampliamente en redes sociales y medios regionales, mostrando el momento en que un hombre la golpea de manera reiterada en plena vía pública, despertando la indignación y haciendo un llamado para que las autoridades localicen al presunto responsable antes de que ocurra una tragedia mayor.

De acuerdo con la información divulgada por el medio Control Noticias de Fusagasugá, Mónica Pérez llegó a la sede de la Fiscalía en compañía de sus familiares para entregar su versión de los hechos y avanzar en el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente al agresor, quien, según las primeras versiones, sería su pareja sentimental.

“Nos encontramos a las afueras de la Fiscalía de Fusagasugá, donde acaba de ingresar Mónica, la mujer que fue golpeada por su pareja la madrugada del 15 de julio. Ella apareció hace pocos minutos, según la información que recogimos, apareció por parte de la familia que se comunicó con ellos para poder dar declaraciones de lo que sucedió y a esta hora se encuentra aquí en la Fiscalía de Fusagasugá. Ya se encuentra dando las declaraciones de lo sucedido”, informó el medio Control Noticias de Fusagasugá.

La aparición de la joven puso fin a la incertidumbre que se generó luego de que familiares y habitantes del municipio aseguraran que no tenían noticias de ella desde la agresión.

Según la información compartida por el medio mencionado, la mujer permaneció cerca de 24 horas sin comunicación con sus allegados, pues los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de julio y solo volvió a tener contacto con su familia en la noche del 16 de julio.

Mientras la Fiscalía recopila su testimonio, el proceso judicial continúa enfocado en establecer la identidad y ubicación del hombre señalado de protagonizar la agresión.

El caso ha despertado especial preocupación entre organizaciones y ciudadanos que insisten en la necesidad de adoptar medidas de protección para la víctima y evitar que el episodio escale a un posible feminicidio.

El video de la agresión que conmocionó a los ciudadanos

La situación se conoció por la difusión de un video captado por un sistema de vigilancia del barrio Gaitán, en Fusagasugá, donde quedó registrado el ataque que sufrió la mujer en plena vía pública.

Las imágenes muestran que la víctima acababa de descender de un taxi con una maleta cuando fue sorprendida por un hombre que aparentemente ya la esperaba en el lugar. Sin darle oportunidad de alejarse, el sujeto la tomó violentamente del cabello mientras la insultaba, iniciando una agresión que se prolongó durante varios minutos.

En medio de la confusión, la mujer intentó reclamar por lo sucedido mientras aún se encontraba cerca del vehículo de servicio público.

“Oiga, ¿qué le pasa?”, alcanza a decir la joven al agresor mientras intenta comprender lo que ocurre y espera que la situación se detenga. Sin embargo, el conductor del taxi abandona el lugar y la víctima queda sola frente al atacante.

El video evidencia cómo el hombre continúa atacándola con puños y patadas mientras ella trata de protegerse. Posteriormente toma un casco de motocicleta y lo utiliza para propinarle repetidos golpes en la espalda y la cabeza, pese a que la mujer intenta cubrirse y refugiarse junto a una grúa estacionada en la vía.

Uno de los momentos que más impacto causó entre quienes observaron la grabación ocurre cuando la víctima, completamente indefensa, pide ayuda mientras llora por el dolor de los golpes recibidos.

“Auxilio”, se escucha gritar a la joven mientras intenta protegerse con los brazos y se toca las zonas donde fue golpeada. A pesar de sus llamados, aparentemente ningún vecino sale a intervenir. En contraste, varios perros callejeros se acercan al sitio y comienzan a ladrarle insistentemente al agresor, que se aleja por momentos.

De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, una de las hipótesis que hace parte de la investigación señala que el ataque habría estado motivado, presuntamente, por un reclamo relacionado con un supuesto beso que la mujer le habría dado a otra persona. No obstante, esa información aún hace parte de las indagaciones y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Policía mantiene abierta la investigación y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar al presunto agresor.

El conductor del taxi intentó avanzar, pero se detuvo, y el agresor sacó a la víctima del vehículo tomándola del cabello. El taxista se fue del sitio y las agresiones contra la mujer continuaron. El hombre la golpeó en repetidas oportunidades; recurrió a puños y patadas. Además, también utilizó su casco para infligir más daño a la víctima.

El caso causó indignación y las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del agresor. Así lo informó la secretaria de Mujer y Género de la Alcaldía de Fusagasugá, Carolina Rico.

“La Secretaría de Mujer y Género y la administración municipal, en articulación con la Policía Nacional y todas nuestras autoridades jurisdiccionales, rechazamos enfáticamente los hechos que ocurrieron el día de ayer con una mujer fusagasugueña en el barrio Gaitán. Hemos activado todas las rutas necesarias para poder brindar apoyo psicosocial, jurídico y, en este caso, todas las rutas necesarias para dar con el paradero del agresor”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con información expuesta en redes sociales, la ciudadana agredida fue identificada como Mónica Pérez, aunque las autoridades no han confirmado esa información. Además, publicaron un cartel en el que se reporta su desaparición.

Concejala de Bogotá condenó hechos de violencia en Fusagasugá

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X. En ella, hizo un llamado para que la ciudadana sea ubicada tan pronto como sea posible y para que se puedan activar las rutas de protección requeridas para garantizar su seguridad. Además, solicitó a las autoridades que actúen con celeridad para que el agresor sea plenamente identificado y judicializado por estos hechos.

Además, criticó la actitud que tuvo el taxista al percatarse de las agresiones que estaba sufriendo la mujer. “En lugar de auxiliarla o alertar a las autoridades, el conductor decidió ignorar lo sucedido y marcharse”, señaló.

La funcionaria indicó que las violencias basadas en género persisten no solo porque hay personas que cometen las agresiones, también porque hay quienes deciden no hacer nada al respecto.

“Como sociedad no avanzaremos si, cuando una agresión ocurre frente a nuestros ojos, optamos por la indiferencia en lugar de proteger a la víctima. Esto también es consecuencia de una sociedad que se niega a educar desde la infancia en el reconocimiento y la prevención de las VBG, mientras intenta desviar la discusión con la inexistente “ideología de género””, indicó.

Al igual que la concejala de Bogotá, la excongresista Alexandra Vásquez instó a la ciudadanía a actuar para poder dar con el paradero de la ciudadana. De acuerdo con la exlegisladora, teniendo en cuenta las agresiones que sufrió, el nivel de riesgo que enfrenta es alto.

“Alerta. Es urgente encontrarla, después de esa paliza, cualquier cosa le pudo haber pasado”, señaló.

Por su parte, la secretaría de Mujer y Género dio a conocer las líneas a través de la cuales la población puede ponerse en contacto con las autoridades competentes para informar cualquier novedad sobre el caso de la mujer agredida.

• Secretaría de Mujer y Género: 3102842690
• Línea de Atención de Violencias Basadas en Género: 155
• Línea Púrpura: 3152341739
• Estación de Policía de Fusagasugá: 3213907771

“Hacemos un llamado a toda la comunidad para que nos brinden la mayor información posible para poder dar continuidad a este proceso de cierre de ciclos de violencia contra nuestras mujeres fusagasugueñas. Agradecemos cualquier información que la comunidad pueda prestarnos o brindarnos (...). Estamos para trabajar por ustedes y para erradicar las violencias basadas en género”, indicó la funcionaria.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los elementos suficientes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Paulino “N”, fue localizado y aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por agentes de la Policía de Investigación. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial y el juez determinó su vinculación a proceso. Las autoridades no revelaron en qué compañía prestaba servicios el presunto agresor.

La víctima solicitó el servicio desde Tlalpan y fue agredida durante el recorrido

Investigaciones revelaron que el pasado 1 de junio de 2025 la víctima -de identidad reservada- pidió un servicio de transporte al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

Durante el trayecto se quedó dormida. El conductor habría aprovechado ese momento para abandonar el asiento delantero, trasladarse a la parte trasera del vehículo y agredir sexualmente a la pasajera.

La víctima despertó mientras ocurrían los hechos y al darse cuenta de lo que sucedía, reclamó directamente al conductor. Pese a ello, el hombre regresó al asiento delantero y continuó el recorrido hasta dejar a la mujer en su domicilio, como si nada hubiera ocurrido.

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante la FGJCDMX. A partir de ese momento, el agente del Ministerio Público a cargo del caso abrió la carpeta de investigación correspondiente e inició las diligencias para identificar al responsable.

Entrevistas y análisis periciales permitieron identificar y aprehender al probable responsable

Según datos oficiales, la investigación incluyó entrevistas, análisis periciales y otras diligencias que, en conjunto, generaron los datos de prueba necesarios para señalar a Paulino “N” como el probable responsable de la agresión. Con esa base, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias de campo que permitieron localizar al imputado. Paulino “N” fue aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, más de un año después de los hechos denunciados.

La audiencia inicial se celebró el mismo día de la aprehensión. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de cargo ante el juez, quien resolvió vincular a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Paulino “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron si Paulino “N” tiene averiguaciones previas por otros casos.

Los servicios de transporte por aplicación han sido escenario de agresiones y feminicidios en México

El caso de Paulino “N” no es aislado. En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi para regresar a su domicilio en Metepec tras una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México. El viaje fue marcado como finalizado a las 23:10 horas, pero la joven nunca llegó y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abordó una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. El vehículo no cumplía con las condiciones para operar como transporte de plataforma.

Tres días después, el 3 de marzo, autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, a unos 10 minutos del punto donde abordó el vehículo. Presentaba signos visibles de violencia.

La FGJEM abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio e identificó y detuvo a Daniel “N” como el conductor de la motoneta, quien según fuentes extraoficiales habría confesado el crimen.

Hay consternación en Colombia por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya, investigado por la Fiscalía General de la Nación como un feminicidio, el cual fue presuntamente perpetrado por un sujeto identificado como Óscar Giovanny Marulanda. De acuerdo con el ente acusador, la víctima fue acosada de manera sistemática por el señalado feminicida, hasta que, el 12 de julio de 2026, la buscó en su lugar de trabajo –un Homecenter de Soacha, Cundinamarca– y la atacó con un arma blanca en repetidas oportunidades.

“El hombre habría ingresado al establecimiento de comercio donde ella cumplía su jornada y atacado con un cuchillo, causándole cuatro heridas. Aunque fue trasladada a un hospital en una patrulla de la Policía Nacional, murió por la gravedad de las lesiones. El señalado agresor fue capturado en flagrancia”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El caso de Rosa Mayerly Olaya se suma a muchos otros que han enlutado al país, en donde persisten las violencias basadas en género y el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. La representante a la Cámara electa Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que hizo una crítica a la institucionalidad por la falta de garantías de seguridad para las mujeres.

De acuerdo con la congresista electa, todavía no hay protocolos claros y efectivos que verdaderamente sirvan para proteger a las mujeres que son víctimas de acoso y hostigamiento y cuya integridad y vida están en riesgo.

“Las instituciones no le pueden seguir dando la espalda a las mujeres. No puede ser que sigamos expuestas a hechos de violencia que nos cuestan la vida y la tranquilidad y que nadie haga nada para evitarlo. A Rosa Mayerly Olaya la venían acosando hace meses, es inaceptable que no existan protocolos y rutas adecuadas para proteger a las mujeres”, expresó Beltrán en la red social.

Recordó que, según la información recaudada por la Fiscalía y los testimonios de los allegados de la víctima, las autoridades tenían pleno conocimiento del acoso que estaba sufriendo. De hecho, el comunicado del ente acusador reporta que en dos oportunidades fue necesario que la Policía Nacional trasladara a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su casa, con el fin de evitar que fuera hostigada por el sujeto procesado.

En consecuencia, la representante electa rechazó el asesinato de la ciudadana y recalcó la importancia de reconocer la riesgosa realidad que enfrentan las mujeres por la persistencia de las violencias basadas en género.

“Una vez más la policía conoce con anterioridad las alertas y no pasó nada. Lamento profundamente el feminicidio de una mujer trabajadora y madre de familia. No podemos seguir siendo indiferentes, cuando la violencia machista le cuesta la vida a las mujeres. ¡Ni una más!”, escribió.

Detalles del caso: acoso sistemático

La Fiscalía informó que, de acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la víctima en febrero de 2026 en el almacén donde ella trabajaba. El hombre aseguró a la mujer tener un interés sentimental y ella fue clara en indicar que no quería tener una relación amorosa con él.

Aunque la ciudadana recalcó que no estaba interesada en ser pareja de Marulanda, presuntamente, el sujeto ignoró su respuesta y empezó a acosarla. La situación de asedio se extendió por varios meses y se tornó insoportable para la víctima. Según el ente acusador, el hostigamiento era tal que el 10 de mayo y el 5 de junio, el hombre llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa Mayerly y a la de su excompañero sentimental, con el fin de intimidarla.

“Se obsesionó con ella, la perseguía, la acosaba, la seguía donde ella estuviera (...). Ella tiene un niño de 11 años; perseguía al niño. Ella mantenía con miedo. Ella puso la denuncia”, relató una familiar de la víctima, en diálogo con El Tiempo.

Siete días después, la buscó en su sitio de trabajo y la asesinó. En consecuencia, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó cargos en contra del procesado por el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó. Además, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al sujeto, para que asuma el proceso penal en privación de la libertad, hasta que se defina su situación jurídica.

El asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado en una de las sedes de Homecenter ubicada en el municipio de Soacha (Cundinamarca, y vecino a Bogotá) ha puesto en el centro del debate un patrón de violencia que, según la psicóloga forense Sara Gómez Arciniegas, resulta fundamental para comprender la raíz de este tipo de crímenes.

La especialista, reconocida por su trabajo en el análisis de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, abordó el caso a través de una explicación que compartió el miércoles 15 de julio de 2026 en su cuenta de Instagram, en la que destacó el concepto de “stalking” como clave para entender lo ocurrido.

De acuerdo con lo que detalló Gómez Arciniegas, la historia de Rosa Mayerly desmonta una de las creencias más arraigadas y peligrosas sobre la violencia contra las mujeres: la idea de que los casos de feminicidio siempre derivan de relaciones sentimentales previas o conflictos de pareja.

En este caso, la víctima, colaboradora en la reconocida tienda de cadena de elementos para construcción y el hogar, fue asesinada con arma cortopunzante por Óscar Giovanny Marulanda, un hombre que la acosó y persiguió durante varios meses luego de que ella rechazara sus intentos de iniciar una relación.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación y testimonios de sus familiares, nunca existió vínculo sentimental entre ambos.

La publicación de la psicóloga forense puntualizó que la pregunta central no debe limitarse a por qué ocurrió el feminicidio, sino que debe abordar cómo es posible que una persona desarrolle una fijación tan intensa por alguien con quien nunca mantuvo una relación.

En palabras de Gómez Arciniegas, allí radica uno de los aspectos más complejos de la psicología forense y, para comprenderlo, introduce un concepto que califica como “importante”: el “stalking”.

Caso Rosa Mayerly Olaya: ¿Qué es el ‘stalking’?

Según la experta, el stalking es un patrón persistente de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o persecución que continúa pese al rechazo de la otra persona.

“La evidencia muestra que estas conductas pueden representar un importante factor de riesgo para futuras formas de violencia”, explicó Gómez Arciniegas en su mensaje.

Este patrón, añadió la experta, suele confundirse con insistencia o romanticismo en la cultura popular, lo que agrava el problema.

“No se rinde”, “está enamorado”, “solo quiere hablar” son frases que, según la psicóloga forense, muchas veces camuflan una vulneración de límites y una invasión a la autonomía de la víctima.

La especialista advierte que el problema no radica en el rechazo en sí mismo, ya que este forma parte de cualquier relación humana.

El verdadero riesgo surge cuando la persona acosadora interpreta el rechazo no como un límite legítimo, sino como una amenaza, una humillación o una pérdida de control que debe corregirse. Es en ese punto donde ciertas dinámicas pueden escalar hacia formas más graves de violencia, como ocurrió en el caso de Rosa Mayerly Olaya.

Gómez Arciniegas hizo hincapié en que la historia de la víctima muestra la importancia de dejar de normalizar conductas que invaden, persiguen y desconocen un “no”.

La violencia extrema, señala la experta, rara vez aparece de manera repentina; en la mayoría de los casos, comienza cuando una persona deja de reconocer el derecho del otro a decidir.

“Muchas veces la violencia extrema no aparece de un día para otro, sino que comienza cuando alguien deja de reconocer el derecho del otro a decidir”, indicó la psicóloga en su publicación.

En el caso de Soacha, la investigación determinó que luego del rechazo, Óscar Giovanny Marulanda inició una serie de conductas persistentes de seguimiento, hostigamiento e intimidación hacia Rosa Mayerly, todas reportadas por la Fiscalía antes del ataque fatal.

Este patrón de acoso, según la literatura científica citada por Gómez Arciniegas, responde a patrones psicológicos muy fuertes en los agresores, como el rechazo constante a aceptar un “no”, la necesidad de control, las ideas de derecho sobre la otra persona, la cosificación y la intolerancia al rechazo.

La experta advierte que una de las dificultades más grandes para la prevención de estos hechos reside en la tendencia social a minimizar o romantizar la insistencia del acosador, sin reconocer que se trata de una vulneración grave de los límites personales.

“Estamos hablando realmente de una vulneración de límites”, recalcó Gómez Arciniegas al referirse al caso.

En su análisis, la psicóloga forense insiste en que la prioridad debe ser siempre respetar la decisión del otro y frenar cualquier intento de cosificación o control.

Cuando determinadas distorsiones cognitivas aparecen en el agresor, la prioridad deja de ser el respeto por la autonomía ajena y se convierte en una búsqueda obsesiva por recuperar el control perdido.

El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado evidencia, según Sara Gómez Arciniegas, la urgencia de atender los primeros signos de acoso y vigilancia persistente, pero también se menciona la responsabilidad de las autoridades, dado que varios feminicidios se han reportado a pesar de que las víctimas pusieron en conocimiento la Policía y la Fiscalía dichas conductas.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y medios locales, evidencian un ataque a puños, patadas y con un casco de motocicleta, situación que desató un llamado urgente para que las autoridades identifiquen, capturen y judicialicen al responsable antes de que ocurra una tragedia mayor.

El caso ha generado especial preocupación debido a la extrema violencia registrada por el sistema de videovigilancia, por eso, ciudadanos y organizaciones han advertido sobre el riesgo que correría la víctima, mientras exigen medidas de protección inmediatas y una respuesta rápida de las autoridades competentes.

De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales, la mujer acababa de llegar al lugar en un taxi y descendía del vehículo con una maleta en la mano cuando fue sorprendida por el hombre que, al parecer, ya la estaba esperando y sin darle tiempo para alejarse del automóvil, el sujeto la tomó del cabello de manera violenta mientras la insultaba.

En medio del ataque, la víctima alcanzó a reclamarle a su agresor por lo sucedido: “Oiga ¿Qué le pasa?”, se escucha decir a la mujer mientras intenta comprender la reacción del hombre y espera que se detenga, incluso teniendo en cuenta la presencia del conductor. Sin embargo, la situación no mejoró y, lejos de intervenir, el taxista emprende la marcha y abandona el lugar, dejando a la joven sola frente a su atacante.

A partir de ese momento, la agresión escala rápidamente. El hombre comienza a golpearla con puños y patadas, mientras ella intenta cubrirse y retroceder para protegerse. Según se aprecia en el video, la víctima busca refugiarse junto a una grúa estacionada en la vía, pero el agresor continúa persiguiéndola para seguir atacándola.

Uno de los momentos que más rechazo ha provocado entre quienes observaron el video ocurre cuando el sujeto toma un casco de motocicleta y empieza a golpear repetidamente a la mujer en la espalda y la cabeza con ese objeto. A pesar de que ella intenta cubrirse con los brazos y mantenerse de pie, el hombre continúa arremetiendo contra ella en varias oportunidades.

Las imágenes también registran los llamados de auxilio de la víctima. Mientras llora y se toca las zonas donde ha recibido los golpes, la mujer alcanza a pedir ayuda sin que, aparentemente, ningún vecino salga a intervenir.

“Auxilio”, grita la joven en medio del ataque, mientras intenta protegerse de los golpes y soporta el dolor provocado por la agresión. En contraste con la ausencia de personas que acudieran en su ayuda, varios perros callejeros se acercan al lugar y comienzan a ladrarle insistentemente al agresor, como si intentaran ahuyentarlo, pero el hombre se aleja solo por algunos segundos y vuelve repetidamente para continuar golpeándola hasta que finalmente decide abandonar el sitio.

De acuerdo con las primeras versiones que han trascendido en medios locales, el ataque habría estado motivado, presuntamente, porque el agresor le reclamaba a la mujer por haberse besado con otro hombre. No obstante, esa hipótesis hace parte de las indagaciones y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas del caso.

La difusión del video ha generado una ola de rechazo e indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios han pedido una rápida actuación de las autoridades para evitar que el caso termine convirtiéndose en un feminicidio. Mientras tanto, la Policía adelanta las investigaciones e hizo un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita identificar y ubicar al presunto responsable.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana puede ser determinante para esclarecer lo ocurrido, por lo que solicitaron que cualquier persona que tenga datos sobre la identidad o el paradero del agresor se comunique con la Policía Nacional o con los organismos competentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el delito de feminicidio en México ha disminuído desde el 2021, debido a diversos factores sociales, entre ellos, que por primera vez una mujer es la titular del Poder Ejecutivo Federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta explicó que el promedio diario de víctimas de feminicidio ha bajado 38% desde 2021.

En este sentido, también atribuyó la reducción tanto al trabajo de las fiscalías para combatir la impunidad como a los cambios culturales a favor de la igualdad y en contra del machismo, así como al movimiento feminista.

“Hay una disminución del 2021 a la fecha y tiene que ver con muchos temas. Uno, muchas fiscalías que actúan para acabar con la impunidad en el caso de feminicidio, pero tiene que ver también con una cultura que se va promoviendo de igualdad.

“Si se promueve una cultura de discriminación, de machismo, pues hay cada vez más discriminación contra las mujeres, que se puede llegar a traducir en el peor de los delitos, que es el feminicidio contra una mujer. Entonces, todo lo que ha ocurrido, que haya una mujer presidenta ayuda. Y también el movimiento de las mujeres. (...) Todo ayuda en la sociedad a disminuir la violencia contra las mujeres”, dijo en Palacio Nacional.

A esto, según la mandataria, se sumará la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, iniciativa que firmó hoy y envió al Congreso de la Unión para su análisis y discusión.

“Y ahora esta ley va a ayudar más, porque va a ser el mismo esquema de investigación y de sanción que haya en todo el país. Y eso es muy, muy importante. (La homologación)”, concluyó.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar los procesos de investigación y sanciones en todo México.

La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y define diez causales, entre ellas violencia sexual, antecedentes de violencia, prejuicios o asimetría de poder.

Propone una pena de 50 a 70 años de prisión e incluye 19 agravantes, como cuando la víctima es menor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si es atacada con ácido.

Además, contempla sanciones como la pérdida de derechos sucesorios y de la patria potestad, e inhabilitación para funcionarios públicos.

El delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles y no habrá beneficios como libertad condicionada ni amnistía. Asimismo, exige que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio y mandata protocolos nacionales con perspectiva de género.

Se prioriza la reparación integral y el bienestar de víctimas indirectas, y se prevén registros nacionales, campañas de prevención y protección para sobrevivientes. El enfoque es garantizar acceso a la verdad, justicia y atención integral a víctimas en todo el país.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, México registró el asesinato de 59 mujeres, sumando un total de 267 feminicidios en lo que va del año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentran el 34.5% de estos casos: Sinaloa con 34 víctimas, Ciudad de México con 20, Estado de México también con 20 y Chiapas con 18. La capital del país avanzó del cuarto al segundo lugar nacional en incidencia, lo que representa un retroceso en materia de seguridad para las mujeres.

Entre los estados con menor número de feminicidios están Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala, cada uno con dos casos, mientras que Coahuila y Nayarit reportan un caso respectivamente.

Según el informe, el 82% de las víctimas son mujeres mayores de 18 años, aunque también hay menores y casos donde la edad no se precisa.

El 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios, destacando Culiacán (Sinaloa) con 24 casos y Reynosa (Tamaulipas) con 9.

Además, el informe señala 658 homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo, con Guanajuato a la cabeza (88 casos), y 1,251 homicidios culposos, concentrándose un tercio en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

Estos datos reflejan la persistencia del problema de la violencia de género en distintas regiones del país y evidencian un repunte preocupante en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual tiene el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país.

Inicialmente, la propuesta de ley se presentó en marzo pasado, sin embargo, fue hasta abril que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, recordó que actualmente cada estado tiene sus propias normativas para la investigación del feminicidio, así como diversas sanciones y agravantes, lo cual genera irregularidades en los procesos de investigación.

“Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género, que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios.

“Las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”, explicó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

A esto se suma, según la funcionaria federal, la falta de mecanismos de información, de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica.

Alcalde Luján indicó que la iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso de la Unión, sin precisar a qué cámara.

¿En qué consiste la propuesta para crear la Ley General de Feminicidio?

La iniciativa homologa el tipo penal, al establecer que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.

Asimismo, se establecen 10 razones de género, entre ellos que haya signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.

¿Cuáles serían las sanciones?

La propuesta fija una pena homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes para aumentar la sanción en distintas circunstancias. Entre ellas:

• Cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
• Cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
• Cuando el delito lo cometa una persona servidora pública.
• Cuando la víctima presente signos de violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además, se sanciona la tentativa con una pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes de la pena prevista de cincuenta a setenta años.

• Sanciones adicionales

Además de la prisión, la ley contempla sanciones complementarias:

• Pérdida de derechos sucesorios.
• Pérdida de tutela y de guarda y custodia.
• Pérdida de patria potestad.
• Destitución e inhabilitación, cuando se trate de personas servidoras públicas.

La iniciativa prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio y establece que su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.

También señala que no proceden beneficios como criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni, en ningún caso, la vía de la amnistía.

• Protocolos obligatorios y enfoque de género en la investigación

La inicitiva señala que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio.

Para ello, las fiscalías (Federación y estados) deberán contar con unidades especializadas, y la Fiscalía General de la República expedirá un Protocolo Nacional Homologado para las investigaciones.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales especializados.

La investigación tendrá el deber de incorporar perspectiva de género y diligencia reforzada, así como analizar antecedentes aún si no existen denuncias previas.

El objetivo es una determinación de la verdad y reparación integral del daño. Se otorga especial protección a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

• Reparación integral y derechos para las víctimas

El régimen de reparación transformadora obligaría a todas las autoridades a garantizar el acceso a la verdad, justicia y medidas de bienestar.

Se prioriza la atención médica y psicológica urgente, sobre todo a sobrevivientes y víctimas indirectas.

La restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica gratuita y servicios de traducción e interpretación completan el catálogo de derechos, aplicable con énfasis en hijas e hijos en situación de orfandad.

Un elemento novedoso es el establecimiento de la Comisión Especial y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, la cual supervisará la armonización legal, actualizará protocolos, impulsará registros nacionales y acompañará los procesos de investigación.

Asimismo, por primera vez se señala que personas, medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas directas e indirectas y que la obligación de garantizar el derecho a la verdad se extiende a todas las autoridades.

• Prevención, registro y protección a sobrevivientes

La inicitiva también propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como la implementación de planes de protección integral para mujeres sobrevivientes.

Para ello, se fortalecerán Centros de Justicia para Mujeres, refugios, líneas de atención (#079-1), asesoría legal gratuita y campañas de concientización coordinadas entre la Federación y los estados.

Un hombre identificado como Pablo Figueroa Guardado fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, crimen cometido entre el 30 y 31 de mayo de 2025 al interior de una vivienda en la colonia San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan, Estado de México.

Según los datos oficiales, basados en indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la agresión ocurrió al interior del inmueble que ambos compartían. Fue ahí donde el sentenciado comenzó a golpear a la víctima hasta privarla de la vida.

Tras asesinar a la mujer, cuya identidad fue reservada por las autoridades, Figueroa Guardado introdujo el cuerpo en un contenedor plástico y lo trasladó hasta la carretera Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia San Francisco Chimalpa, donde lo abandonó antes de huir del lugar.

La sentencia fue compartida este 14 de julio por la FGJEM en sus canales oficiales. Asimismo, fueron habilitados distintos canales de denuncia ciudadana para que quienes reconozcan a Figueroa Guardado como probable implicado en otro hecho delictivo puedan reportarlo. Los medios disponibles son el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 7028770.

La Fiscalía identificó al responsable y obtuvo la orden de aprehensión

La FGJEM inició las investigaciones al conocer el caso. Las diligencias ministeriales permitieron identificar a Figueroa Guardado como el posible responsable del feminicidio. Con la evidencia suficiente en mano, solicitaron una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Una vez ejecutada la orden, fue puesto a disposición del juez e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Edomex, donde quedó bajo proceso formal por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental.

El proceso legal siguió su curso. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las pruebas que acreditaron tanto la comisión del delito como la responsabilidad directa de Figueroa Guardado en los hechos ocurridos en Naucalpan.

Al concluir el proceso, el juez acreditó la plena responsabilidad de Pablo Figueroa Guardado en el feminicidio de quien fuera su pareja y dictó una sentencia de 47 años y seis meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo.

El Código Penal del Edomex fija penas de hasta 70 años por feminicidio

El artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de México establece una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia para quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de 700 a 5 mil días multa.

La ley considera que existe feminicidio cuando la víctima y el responsable tenían una relación sentimental, afectiva o de confianza; cuando el cuerpo fue expuesto en un lugar público; o cuando existieron antecedentes de violencia familiar, entre otras circunstancias.

El código no permite ningún beneficio ni reducción de pena para este tipo de delitos.

Edomex sigue registrando feminicidios: Miriam, estudiante de la UAEMéx

El Estado de México acumula casos de feminicidio cometidos por parejas o exparejas sentimentales. El pasado 13 de junio de 2026, Miriam, estudiante de 23 años de la carrera de Derecho en la UAEMéx, fue asesinada con un objeto punzocortante al interior de un domicilio en la colonia Santa María Nativitas, en Chimalhuacán.

El presunto responsable, identificado como Francisco Iván “N”, era su expareja sentimental. Tras la agresión, huyó del municipio. La FGJEM lo localizó mediante geolocalización celular en la colonia San Nicolás Tlaminca, en Texcoco, donde fue detenido.

Un juez con sede en Nezahualcóyotl lo vinculó a proceso el 18 de junio y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

La concejala de Bogotá Rocío Dussán Pérez, del Polo Democrático Alternativo y la Coalición del Pacto Histórico, alzó su voz en X la mañana del martes 14 de julio para exigir respuestas y medidas efectivas tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en una sede de Homecenter en Soacha.

En el primer mensaje de su hilo, Dussán Pérez advirtió: “Bogotá es la segunda región más peligrosa del país para ser mujer”.

La cabildante puntualizó la gravedad del aumento de feminicidios en Colombia al recordar según registros oficiales que en 2023 se registraron 525 casos, en 2024 la cifra superó los 800 y en 2025 se acercó al millar de víctimas.

“En apenas 2 años, la violencia feminicida se disparó de manera alarmante, lo más grave es que, según el Ministerio de Justicia, solo el 23% de los casos logra una decisión de justicia, la impunidad sigue protegiendo a los agresores, mientras las mujeres siguen siendo asesinadas y sus hijos quedan huérfanos”, señaló Dussán.

La concejala detalló los mecanismos más frecuentes de agresión y los escenarios donde suelen ocurrir estos crímenes.

“Las armas más utilizadas son de fuego, armas cortopunzantes y combustibles; y los escenarios se repiten, la casa, la calle y los establecimientos comerciales”, puntualizó Dussán.

En ese sentido, ella alertó en su publicación en redes sociales que en 2025, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, cerca de 900 mujeres fueron víctimas de tentativa de feminicidio en Bogotá.

Además, entre enero y mayo de 2026, Medicina Legal ya había realizado 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, “un aumento del 75%” respecto a periodos anteriores.

La falta de respuesta instiucional que denunció la concejala Rocío Dussán

Dussán Pérez también cuestionó la respuesta estatal ante la escalada de violencia.

Ella dejó esta pregunta a modo de reflexión en el hilo de X que compartió: “¿Qué más tiene que pasar para actuar?”, cuestionó la cabildante al referirse a la falta de celeridad y cobertura en la atención a las víctimas.

La publicación de Dussán también precisó exigencias directas a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Integración Social y al alcalde Carlos Fernando Galán, reclamando acciones concretas, hasta criticó la forma en cómo se atienden las denuncias.

“¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el Estado actúe? Exigimos respuestas de Fiscalía, Policía de Bogotá, Secretaría de la Mujer, Integración Social y del alcalde Carlos Galán. La violencia no tiene horario, pero muchas Casas de Justicia sí, según víctimas atienden de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se necesitan rutas de atención 24/7, protección inmediata y justicia de verdad”, denunció Dussán Pérez en su intervención digital.

El feminicidio de Olaya Coronado dentro del establecimiento comercial en Soacha reabrió el debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos y privados, debido a que el caso hizo recordar el feminicidio de Erika Aponte, el domingo 14 de mayo de 2023 a manos de su expareja sentimental Christian Camilo Rincón Díaz, en el centro comercial Unicentro, en Bogotá.

La concejala concluyó su pronunciamiento con una advertencia, y con un juego de palabras que sirvió a modo de crítica frente a la gestión del alcalde Galán y su política de gobierno: “En Bogotá, las mujeres NO caminan seguras”.

El reclamo social se mantiene activo en redes sociales bajo la etiqueta #JusticiaParaMayerliOlaya.

Además de Dussán Sánchez, la concejala capitalina Heidy Sánchez también reaccionó al feminicidio de Olaya y cuestionó los supuestos “espacios seguros” en los que las mujeres ni siquiera estarían a salvo.

“Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas. Cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, escribió Sánchez desde su cuenta de X, y añadió: “Esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”.

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llevará su proceso en libertad sobre el caso de violencia familiar en contra de su esposa, luego de que la jueza determinara un cambio de medida cautelar en contra del exfuncionario tras la audiencia de este martes 14 de julio.

La jueza Consuelo Adriana Correa ordenó su liberación inmediata tras considerar diversos elementos presentados por las partes, entre ellos el perdón otorgado por la víctima, lo que influyó en la decisión de sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos restrictiva.

Con ello, Víctor Rodríguez Padilla abandonará el centro penitenciario donde permanecía internado y enfrentará el proceso judicial fuera de prisión, aunque deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

La decisión no implica el cierre del caso ni una sentencia absolutoria, sino únicamente un cambio en las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentará el procedimiento judicial.

Defensa ofrece garantía económica

Como parte de la audiencia, la defensa legal de Víctor Rodríguez presentó una garantía económica de 20 mil pesos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares y evitar el riesgo de que el exfuncionario abandone el país.

La garantía económica forma parte de las herramientas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso, cuando el juez considera que ya no resulta necesaria una medida más restrictiva como la prisión preventiva.

¿Qué dijo la defensa del exdirector de Pemex?

Desde antes de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla denunció un supuesto “linchamiento mediático” y pidió que se respetara la vida privada tanto del exfuncionario como de su familia.

Los abogados sostienen que la amplia difusión del caso ha afectado el derecho de su cliente a un juicio imparcial y han insistido en que debe privilegiarse una salida alterna al conflicto.

Además, argumentan que Rodríguez Padilla, de 69 años, enfrenta problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de cáncer de próstata, por lo que han solicitado que pueda continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares o mediante mecanismos de justicia restaurativa.

¿Qué significa que lleve su proceso en libertad?

En el sistema penal acusatorio mexicano, una persona imputada puede enfrentar un proceso penal en libertad cuando el juez determina que existen medidas cautelares suficientes para garantizar su comparecencia ante la justicia, proteger a la víctima y evitar la obstaculización de la investigación.

La modificación de una medida cautelar no representa una declaración de inocencia ni de culpabilidad. El proceso judicial continúa y será durante las siguientes etapas cuando se presenten las pruebas, se desahoguen los argumentos de las partes y, en su momento, se determine la responsabilidad penal del acusado.

Entre las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva pueden encontrarse la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir del país, restricciones para acercarse a la víctima y la imposición de garantías económicas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso y de la valoración realizada por el órgano jurisdiccional.

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía de Morelos, María Felicia Jiménez manifestó expresamente su voluntad de otorgar el perdón al exfuncionario y solicitó que cesaran las investigaciones iniciadas en su contra.

La principal razón expuesta por la denunciante fue proteger la estabilidad de su familia, además de señalar que no tenía intención de ratificar las denuncias durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza precisó que la decisión de la víctima no modifica la obligación legal del Estado de investigar los hechos cuando se trata de delitos que afectan el interés público, como ocurre con la violencia familiar.

En la misma audiencia también se resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación. En consecuencia, el proceso continuará únicamente por violencia familiar.

¿Por qué el perdón no detuvo el proceso?

En el sistema penal mexicano, el perdón de la víctima únicamente puede poner fin a un procedimiento cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que requieren la denuncia y la voluntad de la persona afectada para continuar.

En cambio, delitos como la violencia familiar se investigan de oficio, por lo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la víctima decida desistirse o solicitar el cierre de la investigación.

Esto significa que la decisión de María Felicia Jiménez fue tomada en cuenta dentro del expediente, pero no tiene el efecto legal de cancelar automáticamente el procedimiento penal que enfrenta el exdirector de Pemex.

¿De qué se le acusa a Víctor Rodríguez Padilla?

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video donde se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio.

Días después, el pasado 7 de julio, Rodríguez Padilla fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Morelos para ser presentado ante un juez e iniciar el proceso penal en su contra.

• Presunta violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez.
• Presuntas agresiones físicas ocurridas en marzo de 2026 dentro del domicilio familiar en Morelos.
• La agresión habría ocurrido frente al hijo menor de edad de la pareja.
• La denuncia pública incluyó señalamientos de violencia física, psicológica y económica ejercida durante varios años.

Inicialmente también fue investigado por violencia vicaria; sin embargo, ese delito fue desestimado por la jueza al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por esa conducta.

El panorama de violencia contra las mujeres en Colombia volvió a dar de qué hablar por la compleja situación que viven muchas víctimas que, pese a poner en conocimiento de las autoridades su caso, siguen sintiéndose inseguras. Uno de esos casos fue el de Rosa Mayerly Olaya Coronado.

La colaboradora de una reconocida cadena de almacenes (Homecenter) fue víctima de un nuevo caso de feminicidio cuando un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, llegó hasta la sede del lugar ubicado en un centro comercial de Soacha, el municipio vecino a Bogotá, y allí la atacó en cuatro ocasiones con un arma cortopunzante.

Pese a que la mujer oriunda del municipio de Natagaima (Tolima) alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital Cardiovascular el domingo 12 de julio, el alcalde del municipio, Julián Sánchez Jr., confirmó su muerte.

Por este motivo, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez (Unión Patriótica y Coalición del Pacto Histórico) señaló con ahínco en un mensaje que compartió desde su cuenta en X la mañana del martes 14 de julio los riesgos que, como ella, corren las mujeres en la capital, y alrededor del mundo, solo por el simple hecho de ser mujeres.

“Con profunda indignación rechazamos el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, asesinada mientras trabajaba en un Homecenter de Soacha. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas”, cuestionó la cabildante al principio de su publicación.

Para Sánchez, “cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, sigue el mensaje por parte de la concejala.

Al final, la cabildante por Bogotá se solidarizó la familia de Olaya Coronado (que se confirmó, será velada en Soacha) y pidió que se haga justicia para que los hechos no queden impune, teniendo en cuenta que se realizó la captura de Marulanda en el lugar de los hechos.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”, cerró Sánchez.

La Fiscalía sostiene que el ataque estuvo precedido por meses de hostigamiento

De acuerdo con el ente investigador, el hombre conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

Tras expresar interés sentimental y recibir una negativa, habría iniciado una secuencia de asedio y acoso permanente.

El proceso también registró dos episodios previos: el 10 de mayo y el 5 de junio, el señalado agresor se presentó en la vivienda de la madre de la víctima y en la de su excompañero sentimental para buscarla e intimidarla.

La acusación sostiene que ese seguimiento terminó con el ingreso al comercio donde ella trabajaba y el ataque con cuchillo.

Las autoridades identificaron a Marulanda como el presunto autor del crimen, y lo acusan de feminicidio agravado. Por tal motivo, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

La Fiscalía afirmó que las pruebas recogidas muestran un patrón de persecución que culminó en el homicidio y reiteró que estos antecedentes deben ser atendidos con urgencia en los casos de violencia contra las mujeres.

La familia desmintió que el agresor fuera su expareja

En las primeras horas posteriores al crimen circuló una versión según la cual el atacante era la expareja de Olaya Coronado.

Esa información fue desmentida por su familia, que sostuvo que no existía una relación sentimental previa.

En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima, Maira Yulieth Caballero, dijo: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Caballero pidió que esa versión fuera corregida “por respeto a la memoria” de su hermana y reclamó una investigación rigurosa para esclarecer por completo los hechos.

Cuando hoy hablamos de violencia de género, maltrato psicológico, coerción emocional o dependencia afectiva, pensamos de inmediato en conceptos construidos desde la sociología, la psicología clínica o el derecho contemporáneo. Los asociamos a un vocabulario nacido en las últimas décadas, fruto de la investigación científica, la evolución legislativa y una creciente conciencia social.

Pero la literatura –y, de manera muy especial, el teatro– suele adelantarse a la historia. Antes de que la sociedad encuentre palabras para nombrar determinadas heridas, algunos creadores ya han sabido reconocerlas, observarlas y convertirlas en materia dramática.

Así sucede con una de las obras menos frecuentadas y, paradójicamente, más modernas de Benito Pérez Galdós: Bárbara (1905).

Es cierto que no podemos afirmar que fuese el primer autor en mostrar sobre un escenario aquello que hoy identificamos como violencia contra la mujer. La escena europea de finales del siglo XIX había comenzado ya a cuestionar la institución matrimonial, la autoridad patriarcal y la posición social de la mujer, especialmente las obras de Henrik Ibsen y August Strindberg. Sin embargo, sí puede sostenerse con fundamento que Galdós figura entre los primeros dramaturgos europeos –y, con seguridad, entre los pioneros de la escena española– en representar con singular profundidad los mecanismos psicológicos, emocionales y sociales del maltrato ejercido contra una mujer.

Un estreno que su tiempo no pudo leer del todo

El 28 de marzo de 1905, el Teatro Español de Madrid acogió el estreno de Bárbara, con María Guerrero al frente del reparto. No era una obra más dentro de la producción dramática galdosiana. Llegaba en un momento de plena madurez teatral, cuando el escritor canario llevaba más de una década entregado intensamente a la escena tras el estreno de Realidad en 1892, también protagonizada por Guerrero.

A primera vista podría parecer un drama de pasiones, redención moral o conflictos matrimoniales. Pero una lectura atenta revela algo mucho más incómodo y profundamente moderno: Galdós está representando el progresivo proceso de destrucción interior de una mujer sometida durante años a una relación marcada por la violencia, el control y la humillación.

En 1905 no existía la expresión “violencia de género”. Tampoco había protocolos de protección, estudios clínicos sobre relaciones abusivas ni un lenguaje jurídico capaz de nombrar la violencia psicológica. Y, sin embargo, Galdós parece reconocerla con extraordinaria lucidez.

Bárbara no aparece únicamente como una esposa desgraciada o una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. Es una mujer emocionalmente erosionada, insegura, culpabilizada, aislada y, en muchos momentos, incapaz de reconocerse fuera de la estructura que la oprime.

Su relación con Lotario –su esposo– no responde simplemente al modelo tradicional del marido autoritario. Lotario controla, humilla, desacredita, ridiculiza, aísla y, finalmente, consigue que Bárbara termine dudando incluso de su propia percepción de la realidad, uno de los mecanismos más devastadores del maltrato psicológico.

Lo verdaderamente sorprendente es que Galdós no necesita construir grandes escenas de violencia explícita para transmitir esa opresión. Le bastan la palabra, el tono, la pausa, la repetición, el silenciamiento: la mirada del otro convertida en juicio permanente. Sobre todo, le interesan los demás, ya que, en el primer acto, en un acto de defensa, Bárbara, sin desearlo, mata a Lotario. Los restantes tres actos muestran cómo reaccionan Bárbara y la sociedad ante una tragedia de este tipo.

Quien hoy se acerque a la obra reconocerá con inquietante claridad comportamientos que la psicología contemporánea describe con términos como manipulación emocional, pérdida progresiva de autoestima, dependencia afectiva o normalización del abuso.

No estamos, por tanto, ante una lectura anacrónica proyectada desde el presente; diversas investigaciones filológicas han puesto de relieve esta dimensión de la obra. Precisamente, Carolina Melini y yo hemos estudiado la extraordinaria modernidad de Bárbara como representación dramática del maltrato y de los micromachismos.

Una preocupación constante en la obra de Galdós

Esta pieza no surge por casualidad. Casi desde los inicios de su creación Galdós había convertido a las mujeres en uno de los centros de gravedad de su universo. Fortunata, Jacinta, Tristana o Marianela demuestran el interés del autor por explorar la condición femenina dentro de una sociedad profundamente patriarcal, con mujeres condicionadas por matrimonios de conveniencia, dependencias económicas, limitaciones educativas, estructuras morales que restringían su libertad, etc.

Cuando Galdós llega al teatro, esa preocupación se intensifica: de las veintidós obras de teatro estrenadas, diecisiete de ellas tienen a una mujer como protagonista absoluta. La escena no solo permite contar el conflicto, sino compartirlo, hacerlo visible y convertirlo en experiencia colectiva. Por ello, Bárbara fue una obra especialmente incómoda para la España de comienzos del siglo XX.

¿Por qué sigue interpelándonos más de un siglo después?

Los mecanismos esenciales del abuso han cambiado menos de lo que quisiéramos pensar. Se han modificado el lenguaje, la legislación o los sistemas de protección, pero la culpa, el miedo, la dependencia, la manipulación emocional y la destrucción de la autoestima siguen formando parte de demasiadas historias.

Y ahí reside la extraordinaria modernidad de Galdós, quien nunca escribió sobre una moda intelectual de su tiempo. No construyó una simple denuncia coyuntural, sino que identificó una de las formas más persistentes de violencia dentro de la intimidad humana y tuvo la valentía de colocarla en el centro del escenario.

Por ello reivindicamos que esta obra entre en el canon. Igual que su autor, debería ser un clásico. Los clásicos no sobreviven porque hablen del pasado. Lo hacen porque siguen poniendo nombre a aquello que una sociedad, en ocasiones, todavía no se atreve a mirar de frente.

Más de ciento veinte años después del estreno de Bárbara, la pregunta no es si Galdós fue uno de los primeros dramaturgos en mostrar la violencia contra la mujer desde un escenario. La pregunta sería: si él fue capaz de verla con tanta claridad en 1905, ¿qué excusa puede permitirse nuestra sociedad para no reconocerla hoy?

Quizá haya llegado el momento de devolver Bárbara al debate público.

*Es profesora titular de Literatura española, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Fotos: Philadelphia Museum of Art; Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques y Biblioteca Nacional de España.

Un caso se hizo viral en redes sociales entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio de 2026 en Bogotá por un intento de feminicidio que denunció una joven, en hechos que se presentaron en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital colombiana.

Así lo reveló la entrevista que le concedió al diario Q’hubo Bogotá, en la que la víctima contó detalles del ataque que sufrió por parte de una persona que, en apariencia, no representaba un peligro para la mujer, y que ha generado conmoción. Además de redoblar las alertas alrededor del debate sobre la violencia de género y la respuesta institucional.

La joven que se identificó como Alejandra Vergara González, mujer de 25 años, madre de dos niñas y de nacionalidad venezolana, permanece hospitalizada luego de recibir un disparo en el rostro con un arma traumática por parte de un hombre que trabajaba como domiciliario en la zona.

Lo más inaudito de todo lo anterior es que el agresor, que conocía a la víctima por su trabajo como repartidor en una tienda OXXO situada cerca de la vivienda de la mujer, huyó y en este momento evade la acción de la justicia.

Una invitación a salir

La historia comenzó meses atrás, cuando el agresor, domiciliario de una tienda de conveniencia cercana, empezó a invitar de manera insistente a Alejandra a salir con él.

“Él es domiciliario del OXXO que está cerca de mi casa y nos llevaba los pedidos a nosotras. Llevaba como tres o cuatro meses invitándome a salir. Él nunca me dijo nada raro, solamente me invitaba a salir, normal. Nunca me levantó sospechas, porque si no, nunca hubiera aceptado salir con él”, relató la joven al diario bogotano.

La insistencia no levantó alarmas en la víctima, que al final aceptó acudir a la casa del hombre, ubicada en el barrio Turingia de Suba, cerca de un parque del sector.

De acuerdo con su testimonio, el encuentro inició de manera tranquila. Fueron a ver un partido de fútbol, luego subieron a la terraza para conversar.

Un cambio en la atmósfera ocurrió cuando comenzó a llover y el hombre propuso entrar al inmueble. Fue en ese momento cuando el agresor la sorprendió.

“Cuando entramos, él me dice, ‘jugando’, según él: ‘Esto es lo que te va a pasar si te llego a ver con otro man’. Sacó un arma traumática… me disparó en la cara”, relató Vergara.

El proyectil impactó el rostro de la joven, causándole graves lesiones, y, de acuerdo con lo que contó la ciudadana venezolana, ocasionó la pérdida de dos dientes; adicional, su labio interior quedó destruido.

El agresor, lejos de asumir responsabilidad, intentó manipular la versión de los hechos, situación que agravó el rechazo por parte de la víctima.

“Me pidió que dijera que fue que me intentaron robar. Ni siquiera entró, me dejó afuera del hospital, se desapareció y desactivó el WhatsApp”, expresó la víctima, que permanece bajo atención médica y espera una cirugía reconstructiva en el Hospital de Suba.

Venezolana señaló demoras en la atención de su caso por parte de las autoridades en Bogotá

El episodio de Vergara evidencia las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

“Todavía estoy en el hospital, esperando en una silla. La atención ha sido muy regular; no me han dado fecha exacta de cirugía, pero sí ya me aprobaron el traslado al Hospital de Suba que es donde me la van a hacer. La Policía no me preguntó absolutamente nada en el hospital”, denunció la joven.

Pese a haber entregado todos los datos del agresor a las autoridades, incluyendo dirección, fotografías y otros detalles, la víctima asegura que no ha visto avances en la investigación.

“Yo he denunciado en la Línea Púrpura, en la Fiscalía y en la Policía; a ellos les entregué la dirección de él, sus datos, sus fotos, y las autoridades no han hecho absolutamente nada. Ya todos me han tomado declaraciones varias veces. Lo que pido es que le pongan atención, que hagan algo al respecto, porque mientras él está tranquilo en su casa viendo el partido y tomando con sus amigos, yo estoy en un hospital”, concluyó Vergara González.

En su respuesta oficial, la Secretaría de la Mujer confirmó que se viene el acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima y su familia.

Además, la entidad indicó que el expediente fue remitido a la Fiscalía y se espera que avance el proceso de judicialización del agresor.

La Secretaría de Seguridad, por su parte, aseguró que se realizan esfuerzos para lograr la captura del responsables.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de violencia familiar, a casi dos semanas después de que se difundió un video en el que se ve al exfuncionario federal agredir física y verbalmente a su ahora exesposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2026, María Felicia Jiménez se encontraba con Rodríguez Padilla en un domicilio ubicado en Morelos, donde la habría agredido tras una discusión.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos estableció la probable participación del exfuncionario y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar, un delito que en México se sanciona con prisión, multa económica, pérdida de derechos e incluso obligatoriedad de tratamiento psicológico.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

• Código Penal Federal

El Artículo 343 bis del Código Penal Federal establece que la violencia familiar consiste en el uso de la fuerza física o moral, o la omisión grave, ejercida de manera reiterada por un integrante de la familia en contra de otro, afectando su integridad física, psíquica o ambas, sin importar si causa lesiones.

Comete este delito el cónyuge, concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.

La sanción para quien comete violencia familiar es de seis meses a cuatro años de prisión, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico especializado.

El delito se persigue por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se persigue de oficio.

El Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público debe exhortar al probable responsable a abstenerse de conductas ofensivas hacia la víctima, acordar medidas preventivas para protegerla y solicitar las medidas precautorias pertinentes.

• Código Penal del Estado de Morelos

El Artículo 202 BIS establece que comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, causando daño o sufrimiento.

La sanción es de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos respecto al ofendido (incluidos los sucesorios, patria potestad o tutela) y tratamiento psicológico específico para rehabilitación. El delito se persigue de oficio.

El Artículo 202 TER equipara al delito de violencia familiar los actos cometidos contra personas bajo guardia, protección, cuidado o educación, siempre que vivan en la misma casa.

El Artículo 202 QUATER indica que el Ministerio Público debe acordar las medidas preventivas necesarias para proteger la integridad física y psíquica de la víctima y solicitar al juez medidas precautorias.

El Artículo 202 QUINTUS equipara la violencia familiar a los actos cometidos contra una persona con la que exista una relación de hecho, aunque no vivan en el mismo domicilio.

El Artículo 36 contempla la reparación del daño, que incluye el pago de tratamientos psicoterapéuticos para la víctima y familiares directos, así como la indemnización por daño material y moral.

¿Cómo fue detenido Víctor Rodríguez?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido y presentado esposado ante la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser acusado de violencia de género por su esposa, María Felicia Jiménez.

La detención se realizó la tarde del martes 7 de julio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, luego de que la víctima hiciera pública la denuncia y difundiera en redes sociales imágenes de la agresión sufrida el 3 de marzo de 2026.

Rodríguez Padilla llegó escoltado por tres agentes mujeres, con semblante molesto y vestido de camisa blanca y pantalón negro.

Tras su certificación en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, fue entregado a la Fiscalía de Morelos, estado donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a Morelos para comparecer ante un juez de control de dicho estado y poco después, ingresó al penal de Atlacholoaya.

La denuncia de Jiménez expone que el exfuncionario la agredió física y verbalmente de manera reiterada desde 2022, incluso delante de su hijo menor, situación que quedó grabada pese a los intentos del acusado por destruir la cámara.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones describe a Rodríguez Padilla como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y candidato a dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

El Poder Judicial rechazó, por el momento, el pedido del expresidente interino y congresista José Jerí para que se levanten las medidas de protección que se le impusieron en el marco de la denuncia por supuesta violencia sexual en su contra. Si bien la investigación fiscal por la presunta violación sexual fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, las medidas de protección siguen vigentes hasta que el Juzgado de Familia lo considere.

Así, el pasado 19 de mayo, José Jerí solicitó el levantamiento o cancelación de las medidas de protección. Sin embargo, la jueza de familia Roxana Becerra declaró “no ha lugar” a la solicitud del saliente parlamentario, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae.

Jerí, dice el documento, “no ha cumplido con acreditar, de manera objetiva, suficiente e idónea, el acatamiento del tratamiento reeducativo impuesto judicialmente”. La magistrada se refiere a la orden de someterse a terapia psicológica para manejo de agresividad, control de impulsos, ira y patología psicosexual. Esta medida fue impuesta en enero de 2025, hace aproximadamente un año y medio.

Esta omisión, se lee, impide a la jueza “verificar el cumplimiento integral de las disposiciones orientadas a garantizar la protección de la parte agraviada y la finalidad preventiva de las medidas dictadas”.

“En tal sentido, al no haberse acreditado el cumplimiento de una de las obligaciones esenciales impuestas al denunciado, no resulta jurídicamente viable amparar la solicitud de levantamiento y/o cancelación de las medidas de protección, correspondiendo además reiterar el cumplimiento estricto de los mandatos judiciales emitidos en autos”, se lee en la resolución.

Por ello, la jueza del Juzgado Civil de Canta fijó un plazo de 15 días hábiles para que José Jerí cumpla, estricta e inmediatamente, con las medidas de protección impuestas, “debiendo presentar ante esta judicatura la constancia, certificado y/o documento fehaciente que acredite que viene realizando o ha culminado las terapias y tratamiento reeducativo obligatorio ordenado judicialmente”.

En caso de no cumplir con lo ordenado, se notificaría al Ministerio Público para que evalúe iniciar una investigación contra el expresidente del Congreso por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad.

Congreso evalúa condecorar a Jerí

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República tiene programada para este jueves 9 de julio, a las 2:00 p.m., una sesión para decidir si otorga la Medalla de Gran Cruz al congresista José Jerí, quien ejerció la Presidencia de la República por poco más de cuatro meses.

La propuesta lo condecora en su condición de presidente del Congreso durante el período 2025-2026. Según la agenda del Consejo, el caso de Jerí es el primer punto a tratar.

Jerí llegó al poder el 10 de octubre de 2025 por sucesión constitucional —no por elección popular— y se convirtió en el tercer mandatario del período 2021-2026 y el séptimo presidente del país desde 2016. Su gobierno se autodenominó “de Transición y Reconciliación Nacional”.

Los cuestionamientos lo acompañaron desde el inicio: antes de conformar gabinete ya era criticado por la lentitud en armar su equipo. Además, enfrentó una investigación —luego archivada— por presunta violación sexual.

Los cuestionamientos que terminarían en su destitución aparecieron en enero de 2026, cuando se reveló una reunión encubierta con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, a la que Jerí acudió encapuchado y sin registro en su agenda oficial. Posteriormente, se supo que otro empresario chino bajo arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera había visitado Palacio de Gobierno en tres ocasiones. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

A eso se sumó que 11 jóvenes que habían visitado a Jerí en Palacio obtuvieron contratos estatales. El 17 de febrero de 2026, tras acumular siete mociones de censura, el Congreso lo apartó del cargo, convirtiéndolo en el segundo gobierno más corto de la historia peruana del siglo XX.

María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, cuenta con medidas de protección otorgadas por las autoridades tras presentar denuncias por violencia familiar en su contra, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

¿Qué medidas de protección tiene la víctima?

Según declaró el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas cautelares a favor de Jiménez Lavie, las cuales se activarán de manera inmediata en el momento en que ella lo requiera.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre las acciones contempladas se encuentran:

• Vigilancia y rondines de seguridad en el domicilio de la víctima, a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
• Prohibición de contacto entre Rodríguez Padilla y Jiménez Lavie.
• Restricción de acercamiento al domicilio donde reside la denunciante.
• Extensión de las medidas a los hijos menores de edad de la víctima.

Estas medidas deberán ser notificadas formalmente al señalado una vez que así lo determine un juez de control, según explicó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar.

Acompañamiento institucional

La dependencia federal estableció contacto con Jiménez desde que tuvo conocimiento del caso y, de acuerdo con Gómez Saracibar, se conformó una célula interdisciplinaria integrada por una psicóloga y dos abogadas, que la asistió para presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El acompañamiento, precisó la funcionaria, no se limita al ámbito jurídico, sino que también contempla atención psicoemocional para la víctima y para uno de sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres mantiene además coordinación con la Fiscalía de Morelos, entidad donde, según las indagatorias, ocurrieron los hechos que ahora se judicializan.

Coordinación entre fiscalías

El caso involucra la intervención de dos fiscalías: la de la Ciudad de México, donde Jiménez presentó su denuncia formal el 1 de julio, y la de Morelos, que abrió una carpeta de investigación de oficio desde el 26 de junio, tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa la agresión.

Blumenkron Escobar señaló que ambas instituciones “continuarán las diligencias relacionadas con los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia”.

El contexto de la denuncia

Jiménez Lavie, doctora en ingeniería física nuclear y académica de la UNAM, ha declarado en entrevistas con medios de comunicación que los episodios de violencia habrían comenzado en 2022 y se habrían intensificado durante el tiempo en que Rodríguez Padilla ocupó cargos públicos de alto nivel. La denunciante ha señalado que decidió hacer público el caso para proteger a sus hijos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las medidas de protección fueron modificadas tras la detención de Rodríguez Padilla, ocurrida el 7 de julio.

La tarde de este 7 de julio se dio a conocer la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por agentes de la Policía Ministerial, tras la denuncia por violencia familiar de su esposa María Felicia Jiménez.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones precisa que su arresto se llevó a cabo en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez la tarde de este martes, alrededor de las 17:32 horas.

Así fue el momento de la denuncia pública por parte de María Felicia Jiménez

El pasado 26 de junio, María Felicia Jiménez dio a conocer un video a través de la plataforma de YouTube donde mostraba cómo el exdirector de Pemex ejercía violencia física en contra de ella y en presencia de su hijo menor de edad.

El video, cuya fecha apuntaría al 15 de marzo de 2026 por las marcas de origen del material, acompañó el mensaje escrito con el que Jiménez decidió hacer pública su situación.

En las descripciones, advirtió que hablar tiene un precio concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad. Atribuyó ese riesgo a la cercanía de su esposo con figuras de alto nivel del gobierno federal, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa... Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.

La grabación mostraba el forcejeo del exfuncionario en contra de su esposa, en un inicio, se puede ver que la discusión tuvo su origen por un porta documentos de color verde; el niño que presencia la escena, corre hacia las escaleras cuando los golpes se hacen presentes.

Rodríguez Padilla lanza a la mujer al sillón, donde la golpea de manera reiterada, jalándole del cabello y sometiéndola. En algún momento, también intenta tirar la cámara que graba lo que ahora será parte de las evidencias que lo muestran golpeando a su esposa.

Mujeres en el poder exigieron que “caiga todo el peso de la ley”

La presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada la noche de ese mismo 26 de junio, quien mandó un mensaje contundente, asegurando que se le daría “toda la ayuda” a la esposa del exfuncionario cercano a ella.

Durante la mañanera del 29 de junio, la mandataria pidió “que se aplique todo el pesos de la ley” a Víctor Rodríguez Padilla, asegurando que su gobierno no protegería a nadie.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió lo mismo a las autoridades, reiterando la relevancia de la denuncia en este tipo de casos: “todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta”.

La Secretaría de las Mujeres condenó la violencia ejercida en contra de María Felicia Jiménez, tras la viralización del caso, contactó a la víctima para brindarle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección:

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”.

El caso ha generado polémica debido a la cercanía que tenía Rodríguez Padilla con la presidenta, ya que cuando llevó a cabo las agresiones en contra de su esposa, aún era director de Pemex, y cuando dejó el cargo la mandataria mexicano resaltó su carrera en la función pública.

Con la decisión, contenida en la sentencia SP627-2026, la Corte dejó en firme el fallo que había sido proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja y posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Bucaramanga. El condenado fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa.

La defensa acudió al recurso extraordinario de casación alegando múltiples irregularidades durante el proceso, entre ellas supuestas fallas en la valoración de las pruebas, vulneraciones al debido proceso y la existencia de duda razonable sobre la autoría. Sin embargo, la Corte concluyó que ninguno de los cargos prosperaba, pues las decisiones de los jueces de instancia estuvieron sustentadas en un análisis integral del material probatorio.

El crimen ocurrió frente a la hija de la pareja

De acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, el 25 de mayo de 2011, hacia las 5:30 a. m., Telma del Pilar Hernández Torres, de 32 años, esperaba junto a su hija de cinco años la llegada del transporte escolar frente a su vivienda, ubicada en el barrio Olaya Herrera de Barrancabermeja.

En ese momento apareció Oscar Iván Hernández Bermúdez, quien era su expareja sentimental, padre de la menor y mayor retirado del Ejército Nacional. Según quedó acreditado en el proceso, el hombre la atacó repetidamente con dos armas blancas delante de la niña, causándole al menos doce heridas en distintas partes del cuerpo, una de ellas con compromiso del pulmón y del corazón.

La madre de la víctima, Sara Elena Torres Martínez, intervino para intentar proteger a su hija. El agresor también la apuñaló en el pecho antes de huir del lugar, acciones que igualmente fueron presenciadas por la menor. Aunque ambas mujeres fueron trasladadas a centros asistenciales, Hernández Torres falleció como consecuencia de un shock hipovolémico ocasionado por una lesión cardíaca, mientras que Sara Elena sobrevivió y recibió una incapacidad médico legal de diez días.

El proceso penal inició con la captura del militar el 30 de julio de 2011. Aunque inicialmente existió un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, este fue anulado por el Tribunal Superior de Bucaramanga, lo que dio paso al juicio ordinario, desarrollado entre 2014 y 2020. Finalmente, en febrero de 2021 fue condenado a 500 meses de prisión, pena equivalente a 41 años y ocho meses, decisión que posteriormente fue ratificada en segunda instancia.

La Corte descartó la existencia de duda razonable

En casación, la defensa presentó ocho cargos mediante los cuales cuestionó la legalidad del proceso. Entre ellos sostuvo que las estipulaciones probatorias comprometían indebidamente la responsabilidad penal del acusado, que se le había impedido declarar durante el juicio, que existían irregularidades relacionadas con la imparcialidad de la jueza y que las pruebas científicas presentaban inconsistencias suficientes para generar duda razonable.

Uno de los principales argumentos hacía referencia al estudio lofoscópico realizado sobre las armas blancas utilizadas en el crimen. La defensa insistía en que el resultado negativo en la búsqueda de huellas dactilares del acusado debilitaba la hipótesis de la Fiscalía y debía conducir a una absolución.

Sin embargo, la Sala concluyó que ese elemento no tenía la capacidad de desvirtuar el conjunto de pruebas que sustentaban la responsabilidad penal del procesado.

Otro de los aspectos analizados por la Corte correspondió a las presuntas vulneraciones del debido proceso denunciadas por el condenado. La defensa sostuvo que el procesado no había podido declarar durante el juicio, que la jueza debía declararse impedida por un supuesto conflicto relacionado con una decisión previa adoptada por su cónyuge, que existieron problemas con la revocatoria del poder de sus abogadas y que la sentencia desconocía el principio de congruencia.

Tras revisar el expediente y las grabaciones de las audiencias, la Sala concluyó que el acusado tuvo varias oportunidades procesales para ejercer su derecho a declarar y no lo hizo, además de establecer que las recusaciones e impedimentos alegados carecían de fundamento jurídico.

Respecto de la actuación de la jueza, el alto tribunal explicó que no existía ninguna circunstancia que comprometiera su imparcialidad, pues la decisión anticipada proferida años atrás por quien entonces ocupaba el despacho había perdido efectos tras la nulidad decretada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, de manera que el juicio ordinario se desarrolló con un acervo probatorio completamente distinto.

Tras la derrota de México ante Inglaterra, que dejó al Tri fuera del Mundial 3-2 en octavos de final, no solo circularon memes y mensajes de tristeza compartida: también empezaron a circular videos de hombres protagonizando verdaderos berrinches, con reacciones tan exageradas que rápidamente se ganaron las críticas —y las burlas— de miles de usuarios en redes sociales.

En las grabaciones se puede ver a un hombre golpeando la pantalla de su televisor como si el aparato tuviera la culpa del resultado; a otro disparando un arma mientras aseguraba haber apostado al partido; y a un tercero rompiendo en un berrido frente a su propia familia —entre gritos y golpes a la pared— mientras uno de los niños presentes se ríe sin entender del todo semejante escena de descontrol.

Lo que pasó en la cancha: México cae 3-2 ante Inglaterra

Esa ilusión se derrumbó la noche del domingo. México perdió por primera vez en su historia en Mundiales en el Estadio Ciudad de México ante Inglaterra en los octavos de final, en un partido apasionante que tuvo polémicas decisiones arbitrales y que terminó 3-2 en el Estadio Azteca. Pese a la celebración por parte del equipo inglés, la atención se centró principalmente en las calles de la capital mexicana, donde cientos de personas cambiaron las celebraciones por llanto y melancolía.

Los videos que se volvieron virales

Estos clips generaron una ola de comentarios en X. Varios usuarios cuestionaron el nivel de descontrol mostrado y señalaron, con ironía, que ese tipo de reacciones evidencian más un problema de manejo de la frustración que una verdadera pasión por el futbol. El fenómeno no es menor: ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han advertido que la violencia familiar puede incrementarse hasta un 38% durante grandes eventos deportivos como los Mundiales, un patrón que se agrava cuando la selección apoyada pierde y cuando el consumo de alcohol se suma a la ecuación. En ese sentido, estos videos virales no solo reflejan un problema de forma —el “descontrol” en redes—, sino que se enmarcan en una tendencia documentada de frustración deportiva que se traduce en agresividad, un patrón que distintos organismos internacionales han identificado como recurrente en cada edición de la Copa del Mundo.

Sin embargo, entre las críticas también se colaron comentarios con tintes xenófobos y generalizaciones despectivas hacia los mexicanos, lo que abrió un segundo debate: si la crítica legítima a estas sobrerreacciones —y a la violencia asociada a la frustración futbolera que ya han documentado organismos como la ONU— se está usando como excusa para lanzar estereotipos discriminatorios contra todo un país.

Un problema que va más allá del futbol

El debate llega, además, en momentos en que organismos internacionales han insistido en que la frustración derivada de resultados deportivos adversos —combinada con el consumo de alcohol y las apuestas— puede derivar en violencia dentro de los hogares, lo que pone en perspectiva por qué estos videos, más allá de lo viral, encienden alertas legítimas sobre el manejo de la frustración masculina en el deporte.

La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra (3-2) la madrugada de este domingo enciende las alertas en México: organismos internacionales confirman que la derrota de un equipo puede disparar hasta 38% los casos de violencia familiar, superando incluso el riesgo que representan las victorias o los empates.

El dato que preocupa a las autoridades

De acuerdo con evidencia recopilada por UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, los grandes eventos deportivos como el Mundial no provocan la violencia por sí mismos, pero sí detonan conflictos ya existentes dentro de los hogares.

Los números son contundentes:

• Cuando el equipo del agresor gana o empata, la violencia familiar aumenta 26%.
• Cuando el equipo pierde, el incremento llega a 38%.
• Los incidentes vinculados al consumo de alcohol suben hasta 47% en día de partido.
• El pico de violencia no ocurre durante el juego, sino entre 10 y 12 horas después de iniciado el encuentro.

¿Por qué sube el riesgo tras la eliminación de México?

Con la salida del Tricolor del Mundial, los especialistas identifican varios factores que pueden agravar la tensión en los hogares mexicanos en las próximas horas:

• Frustración deportiva acumulada tras un resultado adverso.
• Consumo excesivo de alcohol durante y después del partido.
• Presión económica derivada de apuestas y gastos del torneo.
• Normas de masculinidad que asocian la derrota con reacciones agresivas.

El mensaje de los organismos es claro: el resultado del partido nunca debe traducirse en violencia dentro de casa.

La campaña “En equipo contra la violencia familiar”

Ante este panorama, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, junto con UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, mantiene activa la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, que busca:

• Enseñar a reconocer señales de alerta en casas vecinas o familiares.
• Impulsar el reporte oportuno, sin necesidad de tener certeza absoluta.
• Recordar que ninguna celebración deportiva justifica poner en riesgo la seguridad de mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Señales de alerta que no debes ignorar

Las autoridades piden estar atentos a:

• Gritos, golpes o ruidos violentos repetidos, especialmente después de los partidos.
• Llantos prolongados o silencios sospechosos tras discusiones.
• Niñas, niños o adolescentes con miedo de que llegue cierta hora.
• Cambios bruscos de comportamiento: aislamiento, ansiedad o tristeza.
• Marcas físicas sin explicación clara.

Líneas de ayuda disponibles

Si tú o alguien más está en riesgo, los organismos recuerdan que existen canales de atención inmediata:

• Línea de las Mujeres: 079
• Emergencias: 9-1-1

La recomendación de ONU Mujeres y UNICEF es mantener la vigilancia no solo durante el partido, sino en las horas posteriores, cuando el riesgo real de violencia familiar tiende a incrementarse con mayor fuerza.

Ser mujer y gamer en Latinoamérica implica estar continuamente en un entorno donde los insultos, el acoso y la violencia. Esta discriminación no solo se manifiestan durante las partidas, sino que muchas veces trascienden la pantalla y afectan la vida diaria de las jugadoras.

Testimonios y estudios recientes documentan cómo esta realidad obliga a cientos de mujeres a ocultar su identidad o modificar su conducta para poder participar en comunidades gamer. A pesar de que, según datos de Global Power of Play, el 48% de los gamers actuales son mujeres, por lo que esta porción de la comunidad ya no es algo casual, sino un grupo igual de importante e impactante que los hombres.

Cómo son los insultos, amenazas y acoso que sufren las mujeres gamer

En América Latina, el acoso en videojuegos se minimiza frecuentemente bajo la etiqueta de “toxicidad”. Sin embargo, especialistas destacan que este término reduce una problemática mucho más grave. La violencia puede abarcar desde insultos sexistas y burlas hasta amenazas directas, acoso persistente e incluso agresiones que cruzan la frontera digital.

El caso de Nathalie Jasso, quien jugaba Ragnarok Online, ilustra cómo la violencia puede extenderse fuera del juego. Tras confiar en un compañero de juego, este instaló un software espía en su computadora, lo que le permitió vigilar sus actividades durante meses.

Nathalie relató a Wired que el descubrimiento de este espionaje la llevó a sentirse insegura incluso fuera del entorno digital, afectando su bienestar emocional y su relación con los videojuegos.

En 2021, se produjo en Brasil el primer feminicidio en América Latina documentado con origen en una comunidad gamer. Ingrid “Sol” Oliveira Bueno da Silva, de 19 años, fue asesinada por un jugador al que había conocido en línea. Este hecho evidenció hasta dónde puede escalar la violencia de género en estos espacios.

La investigadora Jimena Yisel Caballero sostiene que la violencia que enfrentan las mujeres en comunidades gamer latinoamericanas es elevada y poco estudiada en comparación con otras regiones. Los insultos y el desprecio suelen ir acompañados de una hostilidad que se manifiesta en frases como: “Hay una mujer en la partida, ya vamos a perder” o “vete a la cocina”, expresiones que muchas jugadoras han escuchado reiteradamente.

Qué pasa en Latinoamérica con las mujeres gamer: el problema en cifras

El 50,2% de quienes juegan videojuegos en México son mujeres, según el informe “Estado del gaming en México” de 2025. Esta cifra desmiente la idea de que los videojuegos son un pasatiempo masculino. Sin embargo, la presencia femenina no garantiza igualdad de trato ni seguridad.

Una encuesta de 2021 realizada por Latam Digital Marketing y Nivea en México reveló que el 77% de las gamers ha experimentado acoso en línea y más del 60% ha optado por ocultar su género usando apodos neutros o masculinos.

Un estudio de la organización Mujeres en VG, publicado en 2026 y basado en respuestas de 2.993 mujeres de 12 países latinoamericanos, señala que el 73% ha presenciado situaciones de acoso o discriminación en espacios de gaming.

Cómo las mujeres ocultan su identidad para evitar el acoso

Frente a la violencia y el acoso, muchas mujeres han desarrollado estrategias de autoprotección. Entre las medidas más comunes figuran evitar el chat de voz, utilizar nombres neutros o masculinos y limitarse a jugar con amistades de confianza. Algunas prefieren comunidades privadas o restringen su participación a grupos pequeños, mientras que otras abandonan los videojuegos competitivos o en línea.

El estudio “Hiding in the shadows” de 2024 concluyó que las jugadoras modifican su forma de jugar para protegerse de acoso, discriminación y cuestionamientos sexistas. Muchas sienten la presión de demostrar un alto nivel de habilidad para no ser cuestionadas por su desempeño, y no pocas optan por retirarse o guardar silencio como forma de protección.

La aparición de colectivos y comunidades exclusivas para mujeres, como Women in Gamex, Fem Devs Perú, League of Women Latam, Women in Games Argentina y She Gaming Colombia, busca crear espacios seguros. Sin embargo, algunas entrevistadas señalan que la responsabilidad de cuidarse recae en ellas, y que la actividad de estos espacios ha disminuido tras la pandemia, en parte por la monetización y cambios en la dinámica comunitaria.

Cómo se muestran las mujeres en los videojuegos y qué hacen las plataformas

Mario Fausto Gómez Lamont señala que la masculinidad se construye sobre la idea de dominio del espacio, por lo que la presencia de mujeres puede percibirse como una invasión, generando rechazo. Representaciones de personajes femeninos como secundarios o sexualizados refuerzan esta exclusión, tal como observa la investigadora María Eugenia Ferreiro.

Cuando las jugadoras denuncian violencia sexista, las plataformas suelen responder de forma insuficiente, priorizando otras formas de discriminación. Las especialistas coinciden en que la responsabilidad de crear espacios seguros no debe recaer en las propias jugadoras, sino que desarrolladoras, plataformas y Estados deben asumir un papel activo en la regulación y sanción de la violencia digital.

Sin estas acciones, serán las mujeres quienes deban seguir protegiéndose en entornos que deberían ser seguros para toda la comunidad.

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector general de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, cuenta con medidas de protección tras la difusión de un video en el que se observa al exfuncionario agrediéndola físicamente al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

El fiscal Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), confirmó que el acompañamiento a la víctima lo realiza la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), debido a que Jiménez se encuentra actualmente en esa entidad.

Según la información oficial, revelada tras preguntas de medios de comunicación, las autoridades de Morelos asumirían la protección en cuanto ella se presente en el estado.

Además, fue confirmado que Felicia Jiménez no ha acudido formalmente a denunciar. Blumenkron precisó que las diligencias realizadas en colaboración con la Fiscalía capitalina serían compartidas con la fiscalía morelense.

Las medidas de protección también se extendieron a los hijos menores de edad de la víctima.

El video muestra forcejeos, jalones de cabello y un intento de destruir la cámara de seguridad

El material, de cinco minutos y cuatro segundos de duración y sin audio, mostró a Rodríguez Padilla forcejeando con Jiménez por un porta documentos de color verde. Un menor de edad presenció la escena y corrió hacia las escaleras cuando la situación empeoró.

La disputa escaló al sillón, donde el exfuncionario lanzó a la mujer en su intento por arrebatarle el portafolio. Después la tomó del cabello y la sometió. Ella se levantó y cerró la puerta que daba hacia la calle.

Cuando Jiménez recuperó el portafolio, Rodríguez Padilla regresó con un palo para intentar golpear la cámara de seguridad que documentó todo. Ella evitó la agresión, pero volvió a ser violentada en el sillón. El contenido del porta documentos no fue revelado.

Jiménez publicó el video en su canal de YouTube junto con una serie de mensajes en los que responsabilizó directamente al exfuncionario de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió en la descripción de los videos, mensaje que publicó en dos ocasiones.

La mujer también cuestionó el discurso público de su esposo: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”, escribió. Días después las autoridades confirmaron que luego de dejar

FGE Morelos abrió carpeta de investigación luego de ser publicado el video

La FGE Morelos abrió una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión del video. Según el comunicado oficial, los hechos habrían ocurrido el 15 de marzo de 2026 en el interior del domicilio en Emiliano Zapata. La fecha proporcionada por las autoridades concuerda con la presente en el video de la cámara de seguridad.

El Centro de Justicia para Mujeres de Morelos otorgó las medidas de protección aplicables para cuando la víctima se encuentre en territorio morelense. Blumenkron señaló que dichas medidas consistían en rondines y patrullaje.

Desde la tarde del viernes 26 de junio, la FGE inició intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima. La dependencia reiteró su compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia.

La Secretaría de las Mujeres reaccionó esa misma noche con un comunicado: “No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”. Fue la primera respuesta institucional del gobierno federal al caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en gira por Chiapas, también se pronunció al ser cuestionada sobre el caso: “Se le va a dar toda la ayuda”, dijo en referencia a Jiménez, quien había apelado a ella por considerar que encabeza un gobierno de mujeres. Posteriormente reafirmó el apoyo a la víctima durante la mañanera.

Rodríguez Padilla acumuló 42 años en el sector energético antes de ser denunciado

Víctor Rodríguez Padilla dirigió Pemex durante año y medio desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Salió de la petrolera el 14 de mayo de 2026, en un momento en que la empresa reportó pérdidas.

El 1 de junio de 2026, dieciocho días después de su salida de Pemex, fue destapado como director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). Para confirmar el cargo hubo un evento de bienvenida. Sin embargo, posteriormente la institución señaló que nunca asumió la dirección y la presidenta Sheinbaum detalló que fue debido a que ella no firmó el nombramiento.

A lo largo de su trayectoria fungió como asesor en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la ASF, el Consejo de la Judicatura y la SCJN, además de diversas dependencias gubernamentales.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Investigación Económica “Jesús Silva Herzog” y la medalla “Gabino Barreda” de la UNAM.

Tras la difusión del video, Rodríguez Padilla publicó en X que se separaba de cualquier cargo público: “Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”. Añadió que confiaba en que los hechos se esclarecieran “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

Protesta frente a la institución educativa

Padres y madres se reunieron en la puerta del colegio para reclamar una intervención urgente. Varios familiares compartieron que los menores describieron situaciones ocurridas dentro del plantel, donde el personal de limpieza habría tenido contacto físico inadecuado con los niños.

Los relatos coinciden en que el trabajador frecuentaba los espacios de juegos y baños, lo que generó preocupación entre las familias.

Algunos responsables de los niños detectaron molestias físicas en los menores, lo que motivó preguntas sobre posibles incidentes en el colegio. Los testimonios apuntan a que los niños identificaron al trabajador de limpieza por su nombre y que, tras las confesiones, los padres decidieron acudir al colegio y reclamar una investigación transparente.

Reclamos hacia la administración y la UGEL

La dirección del nido informó a los familiares que el acusado pertenece al personal asignado por la UGEL. Las familias manifestaron inquietud ante la falta de control y fiscalización sobre los antecedentes del personal destinado a trabajar en instituciones educativas, sobre todo en niveles de inicial. Se pidió la presencia de representantes de la UGEL para que brinden explicaciones y acompañen a las familias en el proceso de denuncia.

En la protesta, los padres expresaron malestar por la ausencia de respuestas inmediatas por parte de la directora del centro educativo y cuestionaron la continuidad del trabajador en el cargo. Además, se observó la retirada de un vehículo utilizado por el acusado, lo que generó dudas sobre la protección de pruebas.

El trabajador señalado, Luis Alberto César Oceda Bastidas, de 33 años, cumplía funciones de limpieza en aulas, juegos y baños. Los padres resaltaron que el acusado trabajó durante ocho años en el colegio.

Las familias solicitaron acompañamiento psicológico y legal para los menores implicados y exigieron que el caso se investigue a fondo, evitando que el trabajador acusado sea trasladado a otra escuela mientras duren las indagaciones.

Canales de ayuda

• La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas del día. Ofrece orientación, consejería y soporte emocional para casos de violencia familiar, abuso sexual infantil y otros tipos de vulneración de derechos. También brinda información sobre rutas de denuncia y derivación a servicios especializados.
• Los Centros de Emergencia Mujer atienden presencialmente a víctimas de violencia y sus familias. Brindan atención legal, psicológica y social, y acompañan el proceso de denuncia ante las autoridades. Hay CEM en todas las regiones del país y algunos funcionan las 24 horas.
• La Policía Nacional del Perú atiende denuncias de delitos contra menores en cualquier comisaría. El personal está facultado para activar protocolos de protección y derivar los casos a la fiscalía especializada.

En México, 59 mujeres fueron asesinadas durante mayo pasado, con los cuales ya suman un total de 267 casos a nivel nacional en lo que va del 2026, de acuerdo con el último informe de la Secretariado Ejecutivo de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS).

De acuerdo con el informe, cuatro entidades concentran el 34.5% de los casos, es decir, 92 víctimas entre enero y mayo del año actual.

Sinaloa continúa como el estado con más casos, al registrar 34 víctimas en el mismo periodo; seguido por la Ciudad de México, con 20. Esta última cifra representa un retroceso para la capital del país, ya que pasó del cuarto al segundo lugar de las entidades con más casos.

El Estado de México se posicionó en tercer lugar, con 20 casos, y Chiapas en cuarto, con 18. Morelos suma 14 víctimas, mientras que en Chihuahua y Tamaulipas, se han reportado 13, respectivamente.

Entre los estados con menos casos están: Aguascalientes, Colima, Campeche, Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos casos en cada entidad, así como Coahuila y Nayarit, con un caso, respectivamente.

Edad promedio de víctimas de feminicidio en México

Según la misma información, 219 de las 267 víctimas son mujeres de 18 años en adelante.

El resto corresponde a menores de edad y víctimas cuya edad se desconoce, sin precisar la cantidad de casos que corresponden a cada grupo.

Municipios con más casos de feminicidio

El Secretariado indicó que 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios:

1. Culiacán,Sinaloa: 24
2. Reynosa, Tamaulipas: 9
3. Benito Juárez, Quintana Roo: 5
4. Venustiano Carranza, Ciudad de México: 5
5. Chihuahua, Chihuahua: 5
6. Hermosillo, Sonora: 4
7. Centro, Tabasco: 4
8. Cuauhtémoc, Chihuahua: 3
9. Cuautla, Morelos: 3
10. Fresnillo, Zacatecas: 3
11. Iztacalco, Ciudad de México: 3
12. Juárez, Chihuahua: 3
13. La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 3
14. La Paz, Baja California Sur: 3
15. Mérida, Yucatán: 3
16. Mexicali, Baja California: 3
17. Playa del Carmen, Quintana Roo: 3
18. Tapachula, Chiapas: 3
19. Toluca, Estado de México: 3
20. Tuxtla Chico, Chiapas: 3

Homicidio doloso y culposo de mujeres en México

No obstante, el informe también contempla por separado los casos de homicidio doloso de mujeres en México durante los primeros cinco meses del 2026, lo cuales suman un total de 658.

De esta última cifra, 88 casos ocurrieron en Guanajuato; 46 más en Guerrero; y 44 en Baja California. Michoacán reportó 41 víctimas en el mismo periodo y Colima 38 más.

Asimismo, señaló que van mil 251 mujeres víctimas de homicidio culposo, entre enero y mayo de este año.

De este total, 33.1% de los casos se concentran en cuatro estados: Michoacán, con 120 casos; Veracruz, con 103; Guanajuato, con 96; y Jalisco, con 95.

Daniela Aguilera, joven creadora de contenido conocida en TikTok e Instagram como Paranordan, denunció el pasado 22 de junio en sus redes sociales que un locatario del Mercado de Sonora abusó sexualmente de ella durante un supuesto ritual de limpieza.

El agresor, de identidad desconocida, habría aprovechado la situación para bajarle el pantalón junto con la ropa interior y tocarla en sus genitales. El hecho ocurrió en un cuarto ubicado en la parte superior de uno de los locales del mercado, ubicado en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

En el testimonio, compartido mediante dos videos, la joven explicó que acudió al mercado a comprar hierbas y otros insumos para hacer una limpia. Ya estando en el sitio, un locatario la llamó desde su puesto, le vendió algunos productos y comenzó a hacerle un ritual de limpieza sin que ella se lo hubiera pedido.

Locatario habría usado el ritual como pretexto para tocarla

En un primer video, compartido el pasado 22 de junio, Aguilera narró que el hombre escupió agua, colocó algo en la parte superior de su trasero y empezó a hacer movimientos circulares mientras le preguntaba sobre su energía. El sujeto fue bajando su pantalón y ropa interior de forma gradual mientras continuaba con oraciones.

Según el testimonio, ella se acomodó la ropa en más de una ocasión, pero el hombre realizó tocamientos en sus genitales.

“Me quité, me subí el pantalón, bajé, agarré mis cosas y él todavía me vendió una vela. ¿Qué puto ritual me acaba bajando el calzón?”, expresó.

En un segundo video, publicado el 23 de junio, la víctima contó que el locatario le había dicho desde el inicio del encuentro que le atraía su vibra y su energía. Con esa frase, la joven concluyó que el hombre actuó de forma premeditada. “Estoy segura que este güey se aprovechó totalmente de que sí sabe de brujería y lo puso de pretexto”, señaló.

Así reaccionó tras el abuso

En el material publicado el 23 de junio, la joven narró que tras salir del mercado entró en pánico y llamó a una amiga para pedirle orientación.

Siguiendo las indicaciones de su conocida se hizo una limpia con huevo y baños de asiento para quitarse lo que el hombre le había dejado.

La joven también señaló que el sujeto le regaló objetos de protección —entre ellos un jabón y piel de serpiente— y que no sabía qué hacer con ellos ni con las cosas que ella misma había comprado.

Dijo que quería deshacerse de todo, pero no sabía si tirarlos o quemarlos.

Tras la publicación de los videos, usuarios en redes sociales manifestaron su apoyo y la exhortaron a presentar una denuncia formal. Posteriormente, en entrevista con Milenio, la joven reconoció querer hacerlo, pero dijo que primero necesitaba sentirse tranquila y lista, además de afirmar que tiene miedo a represalias

Esto dice el Código Penal de la CDMX sobre el abuso sexual

El artículo 176 del Código Penal para la Ciudad de México establece que comete abuso sexual quien ejecute sobre otra persona, sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, cualquier acto de naturaleza sexual.

La norma define como acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

La ley precisa que “el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no podrán interpretarse como consentimiento”. El delito se persigue de oficio y la pena va de uno a seis años de prisión, más la obligación de acudir a servicios reeducativos.

El artículo 176 Bis contempla agravantes que aumentan la condena en un año, entre ellas que el abuso ocurra en un lugar solitario o poco accesible, o que el agresor haya construido previamente una relación de confianza con la víctima.

Nicolás Orbe de la O, identificado como sacerdote en Coyuca de Benítez, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, tras ser detenido el pasado sábado 20 de junio a las 7:40 de la mañana en la entrada del Seminario del Buen Pastor, en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, un juez de control determinó que podría enfrentar su proceso en libertad si cubre una garantía económica de un millón de pesos, junto con otras dos medidas.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 2015, cuando el imputado presuntamente cometió el delito en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

Según reportes de medios locales, se trató de una adolescente de 16 años que habría sido agredida mientras asistía a clases de catecismo. Entre la fecha de los hechos y la detención transcurrieron más de diez años.

La detención fue resultado de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), que derivaron en la emisión de una orden judicial de aprehensión, así lo informó la propia fiscalía estatal.

Juez fijó fianza de un millón de pesos y prohibió al imputado salir de Acapulco

Según el reporte oficial compartido este 21 de junio por la FGE Guerrero, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control valoró como suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial impuso tres medidas cautelares:

• Presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares
• El pago de una garantía económica de un millón de pesos
• La prohibición de salir del municipio de Acapulco de Juárez

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras ese plazo transcurra, Nicolás Orbe podría continuar su proceso en libertad, siempre que cubra la fianza impuesta y cumpla con las demás condiciones establecidas por el tribunal.

Hasta el momento no se ha confirmado su liberación.

La FGE Guerrero señaló en su boletín que refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que vulneren su integridad y desarrollo.

Policía Ministerial lo detuvo en la entrada de un seminario en Acapulco

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial el sábado 20 de junio de 2026 a las 7:40 de la mañana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

El operativo se realizó sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Azul.

El Registro Nacional de Detenciones precisó que el imputado fue asegurado en la entrada del Seminario del Buen Pastor. Tras el arresto, Orbe de la O fue trasladado a bordo de la unidad oficial PM-344 por diversas vialidades de Acapulco hasta la Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso.

Posterior al traslado, quedó a disposición del juez de control para que determinara su situación jurídica, lo que derivó en la audiencia inicial donde se dictó la vinculación a proceso.

86% de las víctimas de delitos sexuales contra menores en México son mujeres

Según datos consultados previamente por Infobae México, de enero a abril de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, cifra dada a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La categoría incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El 86% fueron mujeres y el 59.2% tenía entre 13 y 17 años.

En total, más de 52 mil menores de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia y otros delitos en ese periodo. Las mujeres representaron el 55.1% de las personas agredidas.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal.

Un juez dictó sentencia de prisión a Enrique “N” luego de que aceptó su culpabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El caso, según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), se originó en la madrugada del 12 de junio de 2026, en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón. En el lugar, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Launa “N”, de 33 años de edad.

Detalles del crimen en Purísima del Rincón

De acuerdo con los expedientes oficiales, el ataque ocurrió en el interior de la vivienda mencionada. El hallazgo fue realizado por elementos policiales, quienes notificaron de inmediato a la Fiscalía estatal. El reporte identificó a la víctima y precisó la ubicación del inmueble donde sucedieron los hechos.

La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El agresor, identificado como Enrique “N”, fue presentado ante la autoridad competente, donde enfrentó los cargos por feminicidio. La información oficial no especifica el tipo de vínculo previo entre la víctima y el responsable.

Proceso judicial y sentencia

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de Enrique “N” en el delito de feminicidio. Ante el peso de los elementos probatorios, el imputado optó por acogerse al procedimiento abreviado, figura legal que permite al acusado aceptar los cargos y recibir sentencia sin llegar a juicio oral.

El juez, al validar la admisión de culpabilidad y la suficiencia de las pruebas, dictó la pena privativa de libertad definitiva. La sentencia de 23 años y 4 meses marca el cierre del proceso penal contra Enrique “N”, quien deberá cumplir la condena en un centro penitenciario estatal.

Mecanismo legal utilizado

El procedimiento penal se resolvió mediante la figura jurídica del procedimiento abreviado, establecida en la legislación procesal mexicana. Esta modalidad agiliza la resolución de casos cuando el acusado acepta su responsabilidad, evitando la etapa de juicio oral y permitiendo una sentencia expedita.

El uso de este mecanismo fue determinante en la conclusión del caso, ya que la aceptación de los hechos por parte de Enrique “N” permitió a la autoridad judicial emitir una condena inmediata y definitiva.

Implicaciones sociales y oficiales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato resaltó la sentencia como parte de la lucha institucional contra el feminicidio en la entidad. El caso representa un ejemplo de aplicación del marco legal vigente ante delitos de género y del trabajo coordinado entre autoridades locales y estatales.

Las instituciones reiteraron su compromiso con la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como con el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Quién encabeza el ranking nacional de feminicidios

A nivel nacional se contabilizaron 148 feminicidios en el primer trimestre. Sinaloa lideró la lista con 15 casos, seguido de Chiapas con 13 y la Ciudad de México junto al Estado de México con 11 cada uno.

Sonora ocupó el quinto lugar con 10 casos y Veracruz el sexto con nueve. Chihuahua y Morelos registraron ocho cada uno, mientras que Jalisco y Tamaulipas reportaron seis.

La paradoja de los números

El dato contrasta con otra realidad: en homicidios dolosos generales, Guanajuato encabeza la lista nacional con el 8.8% de los casos registrados en mayo de 2026, según el mismo SESNSP.

En los últimos 11 años —de 2015 a 2025— el estado acumuló 2 mil 482 homicidios dolosos de mujeres y solo 222 feminicidios reconocidos como tales. Es decir, apenas uno de cada 11 asesinatos de mujeres fue clasificado como feminicidio en ese período.

Una investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de Nuevo León destapó lo que sería un feminicidio disfrazado de accidente.

Según las investigaciones, José Antonio “N”, de 48 años, habría atropellado de forma intencional a su pareja sentimental con una camioneta BMW el pasado 6 de junio de 2026 el estacionamiento de un complejo departamental en la colonia La Banda, en Santa Catarina.

Después de la agresión, el imputado presuntamente trasladó a la víctima a un hospital privado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García. Una vez en el sitio, le dijo a médicos y familiares que ella había sufrido una caída accidental en las escaleras del edificio.

La víctima, identificada con las iniciales G.D.S., murió once días después, el 17 de junio de 2026.

El dictamen forense desmintió la versión de una caída accidental

La gravedad de las heridas de G.D.S. obligó a referirla de urgencia a un hospital de alta especialidad en la colonia Balcones de Galerías, donde quedó internada hasta su muerte. El SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León practicó el estudio necrológico y determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo y lesiones vertebromedulares cervicales.

Ese dictamen resultó incompatible con la versión de una caída por escaleras y se convirtió en uno de los pilares de la carpeta de investigación.

Según informes publicados el pasado 20 de junio de 2026, la Fiscalía Especializada detectó desde el primer momento esa inconsistencia e inició actos de investigación con debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

Los datos de prueba recabados por las autoridades establecieron que José Antonio “N” conducía una camioneta de la marca BMW, color blanco, con placas del estado de Coahuila al momento de la agresión. Las evidencias acreditaron que el impacto habría sido de forma intencional: el imputado habría dirigido el vehículo contra G.D.S. dentro del estacionamiento del complejo donde ambos vivían.

Además, autoridades revelaron que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron entrevistas informativas, las cuales mostraron un patrón previo de violencia de género ejercida por el imputado contra la víctima.

Esos testimonios contradijeron la versión que José Antonio “N” había sostenido ante el personal médico y los familiares de la mujer asesinada desde el momento en que la ingresó al hospital privado.

Cateo, indicios materiales y aprehensión en Monterrey

El pasado 18 de junio de 2026, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la FGJNL ejecutaron una orden de cateo con autorización judicial en el inmueble de la colonia La Banda, identificado como lugar de los hechos. Durante la intervención recopilaron numerosos indicios materiales de diverso tipo que se sumaron a la carpeta de investigación.

Con la suma de evidencias forenses, testimonios e indicios materiales, el agente del Ministerio Público especializado en feminicidios solicitó una orden de aprehensión ante un Juez de Control. El juez la concedió.

Al día siguiente, el 19 de junio, detectives adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios de la AEI localizaron y detuvieron a José Antonio “N” en la vía pública en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El imputado quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado de Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio.

El futbol mexicano mantiene un entorno hostil para mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, donde la violencia y la discriminación persisten a pesar del potencial integrador del deporte.

El informe “Tarjeta roja a la violencia de género”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), documentó que al corte de julio del 2025, la mayoría de mujeres y mujeres trans que participan en el fútbol han experimentado algún tipo de violencia de género, desde insultos y acoso hasta discriminación sistemática.

Más de la mitad de las participantes en la encuesta aplicada por el PNUD reporta haber buscado apoyo psicológico tras vivir episodios de violencia; 59% siente desmotivación y considera dejar el fútbol.

Solo 13% recibió apoyo institucional adecuado, mientras que el 36% no obtuvo respaldo alguno.

El informe destaca que 78% de las mujeres y 100% de las mujeres trans sufrieron violencia de género dentro del entorno futbolístico mexicano.

La violencia de género inicia desde etapas tempranas

Según la encuesta, el 72% de las mujeres sufrió violencia verbal, caracterizada por insultos, lenguaje sexista y ridiculización. Un 56% enfrentó imposición de roles tradicionales y desvalorización, y 54% experimentó exclusión y discriminación por género u orientación sexual.

El acoso y la violencia sexual afectan a 41%, con incidentes que incluyen comentarios y gestos inapropiados, hasta tocamientos y coacción.

Las agresiones ocurren en partidos, vestidores, clubes y redes sociales.

Las principales fuentes de violencia son la afición, con 78% de los casos de insultos y cánticos misóginos, directivos con 45% de los reportes de discriminación y distribución desigual de recursos, y jugadores varones y medios de comunicación, ambos con 47%.

Obstáculos estructurales y legales

La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, pero carece de definiciones y acciones específicas frente a la violencia de género. No obliga a clubes ni federaciones a implementar protocolos efectivos de prevención y atención.

El informe señala que la ausencia de mecanismos claros, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades mantienen la impunidad y el silencio institucional.

El estudio del PNUD reunió testimonios de mujeres, hombres y mujeres trans de diferentes roles: jugadoras, entrenadoras, cuerpos técnicos, madres de jugadoras, consultoras y personal de ONG.

La muestra, aunque limitada, permite identificar patrones y problemas estructurales en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.

El impacto de la violencia en la vida de las víctimas

El 58% reportó cambios emocionales, 44% ansiedad, 38% baja autoestima y 23% problemas de sueño.

La violencia de género afecta la permanencia y participación de mujeres y personas LGBTI+ en el fútbol, generando abandono, desmotivación y afectaciones a la salud mental.

El 70% de las personas encuestadas ha presenciado violencia de género en el fútbol, lo que evidencia la frecuencia y normalización del problema.

Medidas urgentes y recomendaciones

El informe del PNUD plantea la necesidad de políticas de tolerancia cero, promoción de liderazgos femeninos y campañas de sensibilización.

Recomienda reformas legales que incorporen perspectiva de género, protocolos obligatorios en federaciones y clubes, capacitación en derechos humanos y códigos de conducta vinculantes.

Subraya la importancia de la participación de medios de comunicación, la sociedad civil y la afición para erradicar la violencia y crear espacios seguros y respetuosos.

El fútbol en México, aunque es motor de unión nacional, mantiene barreras y prácticas que impiden la participación igualitaria.

El llamado del PNUD es claro: transformar las canchas para que sean espacios libres de violencia y discriminación para todas las personas.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmÓ que erradicar la tortura sexual en México exige coordinación interinstitucional en todo el país y el fortalecimiento de mecanismos de prevención, atención, investigación y sanción.

En el simposio La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación, la titular de la CNDH sostuvo que aunque se identifica una tendencia continua a la baja, las acciones deben mantenerse mientras exista un solo caso.

Piedra Ibarra señaló que la tortura sexual, dirigida tanto a mujeres como a hombres, “es una de las más graves y reprobables manifestaciones de discriminación y desigualdad” porque vulnera la integridad física y psicológica de las personas, además de sus derechos a la dignidad humana, la libertad y la autonomía.

Indicó que la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), da seguimiento “permanente, sistemático y especializado” en lugares de privación de la libertad con el propósito de identificar factores de riesgo que puedan ocasionar tortura o malos tratos.

Piedra Ibarra precisó que, de 2021 a la fecha, el MNPT publica 18 informes de supervisión y especiales, en los que propone sugerencias de buenas prácticas con enfoque de género para salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con sus necesidades particulares y con efectos preventivos frente a la tortura sexual.

Tres de cada 10 mujeres han sido víctimas

Durante el simposio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía, expone que en el país tres de cada 10 mujeres son atrapadas por el flagelo de la tortura sexual, lo que lacera su dignidad.

Rodríguez Mejía añadió que, tan solo en 2025, se inician investigaciones por 848 casos.

También subrayó la importancia de fortalecer acciones de prevención, acompañamiento a víctimas, vigilancia de centros de detención y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Piden prevención en el centro y un enfoque multidisciplinario

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, planteó que la tortura sexual es una problemática histórica que exige dignificar a las víctimas y hacer realidad la justicia.

Señaló que su atención requiere un enfoque multidisciplinario sustentado en criterios éticos, para evitar que los hechos caigan en el silencio o la omisión, y reitera que la prevención debe colocarse en el centro de las acciones institucionales.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, afirmó que la dignidad humana debe mantenerse como eje de las decisiones y actuaciones institucionales.

Advierte que el desafío no se limita a reaccionar ante la violencia una vez ocurrida, sino a prevenirla y fortalecer capacidades mediante el intercambio de experiencias, conocimientos e información.

El Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como modalidad específica

El director general y encargado de la Segunda Visitaduría General, Omar Jair Pasarán Nieto, sostiene que, aunque la legislación mexicana no distingue las diferentes formas de tortura, el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una modalidad específica y particularmente grave.

Pasarán Nieto afirma que esta práctica busca degradar y someter a las víctimas, por lo que considera necesario impulsar reformas legislativas para que se reconozca expresamente como una de las formas más crueles de tortura.

El simposio reúne a autoridades de derechos humanos con el objetivo de fortalecer esfuerzos para prevenir, atender, investigar y erradicar la tortura sexual.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló cargos contra un sujeto identificado como Juan Carlos “N” por el delito de desaparición en contra de una mujer de 31 años de iniciales J.G.C., su ex pareja sentimental, desaparecida el 4 de junio de 2026 en el municipio de Chimalhuacán.

Un cateo en el domicilio del hombre reveló restos humanos y prendas con manchas de sangre. De encontrarse responsable, podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

El imputado ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl por delitos contra la salud desde el 10 de junio. Elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión este 16 de junio, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial por el delito de desaparición de personas.

Cámaras de videovigilancia lo ubicaron en el domicilio donde hallaron los restos

La desaparición de J.G.C. fue denunciada el 4 de junio de 2026. El seguimiento de cámaras de videovigilancia permitió determinar que la víctima salió de su casa, abordó un moto taxi y se trasladó al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su pareja sentimental.

Desde ese momento se desconoció su paradero, según los datos oficiales.

Las mismas investigaciones identificaron que el imputado llegó a su domicilio a bordo de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa y color blanco, del cual bajó bolsas negras.

Con esos indicios, el 10 de junio la FGJEM solicitó y obtuvo de una juez la autorización para realizar un cateo en el inmueble. No se reveló la ubicación exacta del sitio.

Restos humanos y huellas de sangre

La Fiscalía mexiquense compartió este 16 de junio que durante el cateo fueron localizados diversos restos humanos, prendas con manchas color rojizo —al parecer huellas de sangre— y otros indicios que fueron asegurados.

Los restos fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos periciales de identificación de la víctima.

Derivado de esos hallazgos, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo de una Autoridad competente la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” por el delito de desaparición.

La orden fue cumplimentada en reclusión, dado que el imputado ya se encontraba detenido por un caso de delitos contra la salud.

Tras cumplimentar la orden fue presentado ante un juez de control. En dicha audiencia inicial para la formulación de imputación, la defensa de Juan Carlos “N” solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez encargado fijó el 19 de junio como fecha para la continuación de la audiencia y decretó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Las autoridades afirmaron que a Juan Carlos “N” se le debe considerar inocente hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

Análisis periciales en el SEMEFO determinarán si los restos hallados corresponden a J.G.C.

Los restos localizados durante el cateo fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos de identificación. De acuerdo con protocolos de identificación forense, el proceso involucra al menos cinco especialidades:

• Fotografía forense
• Dactiloscopia
• Odontología
• Antropología
• Genética forense

Los peritos elaboran un archivo básico que incluye fotografías del cuerpo, dictámenes de autopsia, fichas odontológicas y huellas dactilares. Esa información se coteja con los datos que aporten los familiares de J.G.C.

En caso de que el estado de los restos lo requiera, se recurre al análisis de ADN, que puede realizarse mediante ADN mitocondrial, del cromosoma Y o nuclear, según el grado de conservación del cuerpo.