Un Tribunal de Juicio de Panamá condenó a 104 años de prisión a un hombre de 44 años tras declararlo penalmente responsable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad agravada, cometidos en perjuicio de tres adolescentes, una de ellas su hijastra y las otras dos sus hijas biológicas.

Aunque la suma de las penas alcanza más de un siglo de cárcel, el condenado únicamente cumplirá 50 años, el máximo permitido por la legislación panameña para una persona privada de libertad.

La decisión fue obtenida por la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, luego de un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2024 en el corregimiento de El Chorrillo, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años de edad.

El fallo representa una de las condenas más altas dictadas este año por los tribunales panameños y vuelve a poner sobre la mesa una particularidad del Código Penal. Aunque un acusado sea condenado por varios delitos y la suma de las penas supere ampliamente los 50 años, la legislación establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión.

Ese límite está contemplado en el último párrafo del artículo 52 del Código Penal, que dispone que en los casos de concurso de delitos la pena máxima a cumplir será de 50 años de prisión. En consecuencia, aunque el Tribunal individualizó la sanción en 104 años, el condenado permanecerá en prisión por medio siglo, salvo que en el futuro se produzca alguna modificación judicial dentro del marco legal.

Durante los últimos meses, los tribunales panameños han dictado varias condenas que superan los 50 años de prisión, principalmente por homicidios múltiples, femicidios, delitos sexuales contra menores y crimen organizado. Sin embargo, en todos esos casos la pena efectiva queda limitada por la legislación vigente, independientemente de la cantidad de años fijada en la sentencia.

Uno de los casos más recientes ocurrió esta misma semana, cuando la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 33 años de prisión contra un hombre declarado culpable de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, bajo amenazas constantes contra la víctima.

También en San Miguelito, el Ministerio Público obtuvo otra sentencia de 17 años de prisión contra un hombre encontrado culpable de violación agravada y actos libidinosos cometidos contra una menor de edad.

Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2020, pero la investigación comenzó en 2023, cuando la víctima decidió denunciar los abusos y romper el silencio después de varios años.

En materia de homicidios, la Fiscalía Regional de Coclé consiguió igualmente una condena de 32 años de prisión contra uno de los responsables del asesinato de Rafael Martínez, de 64 años, y Rolando Hernández, de 52 años, dos transportistas independientes que fueron engañados mediante la modalidad del “falso acarreo” para robarles su camión en mayo de 2022. Ambos fueron trasladados hasta un área apartada de Natá, donde fueron asesinados.

Las reiteradas condenas reflejan la estrategia del Ministerio Público de llevar a juicio los casos considerados de mayor gravedad, especialmente aquellos relacionados con violencia sexual contra menores, homicidios dolosos y organizaciones criminales.

Para ello, las fiscalías han fortalecido el uso de pruebas científicas, análisis periciales y testimonios especializados, elementos que han permitido sostener acusaciones complejas ante los tribunales.

Especialistas en derecho penal explican que la imposición de penas superiores a 50 años conserva un valor jurídico, aunque el condenado no llegue a cumplir la totalidad de la sanción. La individualización de cada delito permite reflejar la gravedad de cada conducta, reconocer el daño ocasionado a cada víctima y dejar constancia de la magnitud de los hechos acreditados durante el proceso judicial.

La condena de 104 años de prisión se convierte así en una de las más altas impuestas recientemente en Panamá. Aunque el responsable permanecerá encarcelado un máximo de 50 años, la sentencia envía un mensaje sobre la severidad con la que los tribunales están sancionando los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema de protección penal.

Un grupo de estudiantes, padres de familia se reunió frente a una estación policial de San Pedro Sula para expresar su apoyo a un docente investigado por su presunta implicación en el delito de violación agravada en perjuicio de una alumna de 12 años del Instituto José Trinidad Reyes, ubicado en la zona norte de Honduras. Un juez le impuso detención judicial.

Los asistentes portaron mensajes de respaldo y dijeron que confían en la inocencia del educador. También pidieron que las investigaciones avancen de manera objetiva y que las autoridades judiciales determinen la responsabilidad del caso con base en las pruebas presentadas.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica. Tras la resolución judicial, el señalado fue trasladado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecerá recluido mientras se desarrollan las etapas iniciales del proceso en su contra.

Durante la concentración, varios padres de familia expresaron que conocen al docente desde hace años y consideraron que el caso debe ser esclarecido antes de emitir conclusiones.

Carlos Chirinos, uno de los asistentes, afirmó que conoce al profesor desde hace más de una década y sostuvo que mantiene plena confianza en él.

“Tenemos más de 10 años de conocer al profesor, estamos seguros de que es inocente. Queremos justicia y que se aclare este malentendido", manifestó durante la protesta.

La captura e investigación

Los participantes insistieron en que respetan el trabajo de las autoridades, pero solicitaron que el proceso judicial sea transparente y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura preventiva del docente dentro de las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la detención forma parte de una investigación relacionada con un presunto hecho de agresión sexual que habría ocurrido en el interior del centro educativo.

Las autoridades indicaron que el profesor es investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante de 12 años que cursa estudios en esa institución.

La acción policial fue realizada como parte de las diligencias para recopilar pruebas y establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Pruebas serán claves

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del caso.

En las próximas audiencias, las autoridades determinarán si existen méritos suficientes para continuar con el proceso penal o adoptar nuevas resoluciones conforme al avance de las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que será el sistema judicial el encargado de valorar las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir una resolución definitiva.

El caso ha generado reacciones divididas entre miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía, mientras el proceso judicial sigue su curso. Corresponderá a las autoridades presentar y valorar las pruebas durante las próximas etapas del expediente para determinar la responsabilidad del docente, quien por ahora permanece bajo detención judicial conforme a lo resuelto por el juzgado competente. De momento las acciones investigativas continúan.

Un hombre fue sentenciado a 33 años de prisión por la violación sexual agravada, actos libidinosos, corrupción de menores y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito, donde el imputado, de 34 años, utilizó amenazas para someter a la menor.

La Fiscalía Regional de San Miguelito presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena del agresor, confirmando que los hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año. La víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial.

En otro caso en el mismo distrito, las autoridades lograron la condena de 72 meses de prisión para un individuo por posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2026, cuando la Policía Nacional sorprendió al condenado en el sector 5 de Samaria, Río Palomo, con un revólver y municiones en su poder. El informe de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el arma era apta para disparar.

En una situación similar, a un ciudadano nicaragüense se le impuso detención provisional tras ser sorprendido el 12 de julio de 2026 en Paraíso, calle G, arrojando una pistola 9 mm a la basura.

El hombre también tenía dos proveedores y cinco municiones sin detonar. Ninguno de los procesados contaba con permiso para portar armas, según la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

La Fiscalía Metropolitana reportó la imputación de cargos para 12 personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos, tras la operación “Obsidiana” efectuada esta semana en Panamá y Panamá Oeste.

Uno de los procesados recibió una condena de 22 años de prisión por delitos sexuales tras la presentación de pruebas por parte de la Sección de Delitos Sexuales.

Además, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para un ciudadano por hurto agravado de vehículos en Calidonia, mientras que otra persona quedó bajo detención provisional por el mismo delito.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico logró la condena de 72 meses de prisión para un individuo acusado de robo agravado, a través de un acuerdo de pena. En tanto, otra persona vinculada a este delito recibió la medida de detención provisional.

En total, cinco de los detenidos en “Obsidiana” recibieron medidas cautelares alternativas a la detención. Dos optaron por acuerdos de mediación ante el Tribunal de Garantías.

La operación “Obsidiana” fue organizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y tuvo como objetivo desarticular un grupo delictivo dedicado al hurto de autos y otros ilícitos contra el patrimonio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ejercer la acción penal con respeto a la ley y los derechos ciudadanos, subrayando la importancia de la colaboración institucional para combatir estos delitos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Superior de Ambiente, también logró la imputación de cargos a un hombre por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, por hechos ocurridos en el río Duque, en Buena Vista, provincia de Colón.

En audiencia de solicitudes múltiples, la información oficial indica que se le imputaron cargos y como medida cautelar, el Juez de Garantías le impuso reporte periódico e impedimento de salida del país.

La investigación inició en 2025, tras una querella presentada por la Autoridad del Canal de Panamá contra el promotor de un proyecto, por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque y la construcción no autorizada en un área que forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

Un tribunal en El Salvador impuso una condena de 32 años de prisión a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas con discapacidad mental, en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), identificó que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez aprovechó su cercanía con la madre de las víctimas para acceder a ellas en distintos momentos entre los años 2022 y 2024.

Los hechos ocurrieron mientras las menores se encontraban bajo su cuidado o dormían en la vivienda familiar. El proceso judicial determinó que el acusado utilizó amenazas para mantener a las menores en silencio, extendiendo la situación durante al menos dos años.

Fue solo tras la intervención de familiares, quienes escucharon el relato de las niñas y las acompañaron a denunciar, que las autoridades pudieron actuar.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República. Estas pruebas permitieron establecer la culpabilidad de Hernández Álvarez por el delito de violación agravada continuada. Cada víctima fue reconocida en la sentencia como sujeto de 16 años de condena, sumando un total de 32 años de prisión para el imputado.

Además, la resolución judicial obligó a Hernández Álvarez al pago de $3,600 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

Durante el juicio, la Fiscalía remarcó la gravedad de los hechos al señalar que una de las niñas presentaba una discapacidad mental, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. El caso resaltó la importancia de la denuncia familiar, ya que fue la intervención de parientes la que permitió a las autoridades iniciar el proceso. El informe fiscal detalló que la detención del acusado se realizó mediante una orden emitida tras la presentación formal de la denuncia.

La sentencia se dictó en presencia del imputado, quien durante el proceso escuchó la exposición de las pruebas y testimonios que sustentaron la resolución judicial. El tribunal fundamentó la pena tanto en los hechos comprobados como en la continuidad de las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas.

Condenan a más de 20 años de prisión a sujeto que participó en una violación grupal en Cuscatancingo

En otro proceso reciente, autoridades judiciales de El Salvador confirmaron una condena de 20 años y seis meses de cárcel para Porfirio Anthony Martínez Ramos, declarado culpable de violación agravada contra una menor en el distrito de Cuscatancingo, departamento de San Salvador Centro.

La investigación de la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. La víctima, una menor de edad, fue abordada por un joven conocido, quien la convenció de acompañarlo hasta una vivienda. En ese lugar se encontraban otras personas, incluido Martínez Ramos. El imputado trasladó a la menor hasta una habitación donde cometió el abuso sexual. Posteriormente, cuatro individuos más participaron en la agresión, aunque la víctima no logró identificarlos, por temor a represalias, decidió no contar lo sucedido en ese momento.

La situación cambió meses después, cuando la menor acudió a un hospital tras presentar un embarazo producto de los abusos. El personal médico, al conocer los antecedentes, notificó a la Fiscalía. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y arrestar a Martínez Ramos, contra quien se presentó una acusación formal.

Durante el juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía. La evidencia permitió comprobar la responsabilidad de Martínez Ramos en el delito de violación agravada en menor o incapaz.

El tribunal dictó la sentencia en presencia del imputado, estableciendo una pena de 20 años y seis meses de prisión.

El asesinato del ciudadano Lucas Martínez Moncaris, de 56 años, generó conmoción en la comunidad en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026, cuando varios disparos alertaron a los vecinos en el sector de invasión Argos, quienes al salir encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala.

El hecho dejó consternada a los vecinos del sector, pues Martínez era conocido por su labor como pastor evangélico y por su participación activa en actividades sociales y religiosas del barrio. Además, era reconocido por desempeñar diversos oficios en la zona y por su origen en el corregimiento de Bocachica.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encabezaron las primeras diligencias y recopilaron información de los residentes.

¿Quién era Lucas Martínez Moncaris?

Nacido en el corregimiento de Bocachica, Martínez Moncaris se destacaba en la zona por su rol como pastor evangélico y por el apoyo constante a los vecinos de la invasión Ebenezer. Junto a su esposa, promovía iniciativas religiosas y sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Durante un tiempo, también residió en Barranquilla, donde desarrolló actividades de predicación en espacios públicos.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la víctima tenía antecedentes judiciales: dos por acceso carnal violento en 2019 y 2023, y uno por amenazas en 2022. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si estos antecedentes están relacionados con el asesinato, por lo que el móvil del ataque sigue sin esclarecerse.

El homicidio de Lucas Martínez, ocurrido en la invasión Argos, llevó a la Policía y la Fiscalía a pedir el apoyo de la comunidad para obtener información que permita identificar a los responsables. Ambos organismos trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de evidencias que expliquen el motivo del crimen.

La comunidad de Ebenezer y allegados al líder religioso han manifestado su pesar en redes sociales. Una persona cercana escribió: “Hermano, nos dejaste con el corazón destrozado. No tenemos palabras para tanto dolor. Se nos fue un hermano y buen amigo.”

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

El uso de explosivos lanzados desde drones contra una iglesia cristiana en el sector rural de Tibú, Norte de Santander, provocó una reacción inmediata de la población local, que teme por su seguridad a pocos días de las elecciones presidenciales programadas para el 21 de junio de 2026.

Versiones de residentes recogidas por medios locales confirman que el ataque dejó herida de gravedad a la esposa del pastor del templo, quien se encontraba dentro del recinto religioso al momento de la agresión. El hecho ha intensificado la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de nuevos ataques dirigidos contra civiles en vísperas de los comicios.

La jornada violenta se inició el jueves 18 de junio, cuando se reportaron enfrentamientos armados en la región del Catatumbo. Según información divulgada por Caracol Radio, durante los choques, artefactos explosivos fueron arrojados desde drones y alcanzaron edificaciones civiles, incluida la iglesia cristiana.

El ataque a la iglesia no solo dejó una persona gravemente herida, sino que también generó alarma en la población, que observa cómo la violencia armada se traslada a espacios religiosos y de convivencia. Habitantes de la zona advirtieron que temen un aumento en el número de víctimas civiles antes de la jornada electoral.

En respuesta a la situación, ciudadanos y organizaciones nacionales han manifestado su rechazo, exigiendo respeto por la vida de quienes residen en zonas rurales afectadas por la confrontación.

Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá registraron un incremento del 16% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 2,771 casos entre enero y junio de 2025 a 3,216 en el mismo período de este año, lo que representa 445 denuncias adicionales, según el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

Las estadísticas, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, muestran que la mayor parte de las investigaciones continúa concentrándose en los delitos agrupados en el Capítulo I: Violación y otros delitos sexuales, que acumularon 2,945 denuncias, equivalentes al 91.6% del total.

El restante 8.4%, con 271 casos, corresponde al Capítulo II, que comprende delitos relacionados con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito más denunciado durante el semestre fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, con 1,217 investigaciones, cifra que representa cerca de cuatro de cada diez denuncias registradas y que, además, experimentó un aumento del 35% respecto a las 902 denuncias contabilizadas en igual período de 2025.

Le siguieron las denuncias por violación, con 1,070 casos, que prácticamente se mantuvieron estables frente a las 1,065 investigaciones del año anterior, mientras que las violaciones doblemente agravadas ascendieron a 133 expedientes, un incremento del 2%.

Los actos libidinosos sumaron 504 denuncias, un crecimiento del 13%, mientras que el acoso sexual fue el único delito de este grupo que disminuyó, al pasar de 22 a 21 casos, una reducción del 5%.

Entre los delitos contemplados en el Capítulo II, el mayor aumento porcentual correspondió a corrupción de personas menores de edad, que pasó de 135 a 192 denuncias, un incremento del 42%.

También sobresale el crecimiento de las investigaciones por pornografía infantil, que aumentaron un 50%, al pasar de 30 a 45 casos, y de la exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces, que igualmente subió un 50%, aunque en cifras absolutas pasó de cuatro a seis denuncias.

En contraste, las denuncias por explotación sexual disminuyeron de ocho a seis casos (-25%), la posesión de pornografía infantil bajó ligeramente de 17 a 16 investigaciones (-6%) y las relaciones sexuales remuneradas con adolescentes entre 14 y 18 años descendieron de cinco a cuatro casos (-20%). Los delitos de turismo sexual permanecieron sin variación, con un caso registrado en ambos años.

El informe también revela una marcada concentración territorial de las denuncias. La provincia de Panamá encabezó el listado con 663 casos, seguida por Chiriquí, con 473; Panamá Oeste, con 423; la Comarca Ngäbe Buglé, con 389; y Bocas del Toro, con 308 denuncias. En el otro extremo se ubicaron la Comarca Emberá, con apenas 10 casos, y la Comarca Guna Yala, con 31.

Sin embargo, al comparar los resultados con los del primer semestre de 2025, la Comarca Guna Yala presentó el mayor crecimiento relativo del país, con un incremento del 107%, al pasar de 15 a 31 denuncias.

También registraron aumentos importantes la Comarca Ngäbe Buglé (+28%), la provincia de Panamá (+27%), Herrera (+21%), Darién (+20%), Panamá Oeste (+16%), Chiriquí (+15%) y San Miguelito (+15%).

Las únicas jurisdicciones que mostraron una disminución fueron la Comarca Emberá, donde las denuncias cayeron un 62%, al pasar de 26 a 10 casos, y Veraguas, con una reducción del 3%, al bajar de 209 a 203 investigaciones.

Mientras tanto, Los Santos, Colón, Coclé y Bocas del Toro también reportaron incrementos, aunque por debajo del promedio nacional.

En cuanto al comportamiento mensual, mayo fue el período con mayor cantidad de denuncias, al registrar 685 casos, seguido por junio, con 551, y abril, con 539. El mes con menos reportes fue febrero, cuando se contabilizaron 416 investigaciones.

El Ministerio Público recordó que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las investigaciones o se actualicen los registros dentro del Sistema Penal Acusatorio.

El Tribunal de Sentencia de Usulután impuso una condena de 18 años de prisión a D. J. M. por el delito de violación en menor o incapaz, tras probarse que agredió sexualmente a una adolescente en 2025. El caso, que generó atención en la región oriental de El Salvador, se suma a una serie de sentencias dictadas en los últimos meses por la justicia salvadoreña ante un fenómeno de violencia sexual que afecta de manera persistente a la niñez y adolescencia.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, la víctima tenía 13 años al momento de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que permitieron establecer que a principios de 2025, el acusado comenzó a interceptar a la menor a la salida de su centro escolar. El 28 de octubre del mismo año, D. J. M. trasladó a la víctima a su vivienda, ubicada en el distrito de Usulután, donde cometió el delito. El proceso judicial se activó tras la denuncia interpuesta por la madre de la adolescente, que permitió la captura y posterior enjuiciamiento del responsable.

La sentencia, dictada tras la vista pública, incluyó además una condena al pago de responsabilidad civil a favor de la víctima. De acuerdo con el reporte de Centros Judiciales El Salvador, el tribunal valoró la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad de la menor al momento de los ataques.

Durante 2026, otros tribunales del país han emitido fallos relevantes en casos de violencia sexual. El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a José Mateo Linares Hernández a 14 años de prisión por violación a una mujer en la jurisdicción de Tacuba, tras comprobarse que el agresor utilizó la fuerza para someter a la víctima en octubre de 2025. La resolución también contempla el cumplimiento íntegro de la pena en un centro penitenciario.

Asimismo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sentenció a Edwin Geovanny Montes Fajardo a 42 años y ocho meses de prisión por violación y agresión sexual continuada contra una menor, sucedidas durante dos años. El fallo incluyó una indemnización de 2,000 dólares a la víctima.

La respuesta judicial salvadoreña también ha alcanzado otras jurisdicciones. En Santa Tecla, L. E. P. C. fue condenado a 12 años de prisión por violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. En La Libertad Centro, el Tribunal Primero de Sentencia impuso 15 años de prisión a un padrastro por violación continuada contra una adolescente, mientras que la madre de la víctima recibió una condena de siete años por facilitar los abusos.

Además, entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General de la República presentó acusaciones penales contra 183 personas por violación en menor o incapaz y, en total, 1.198 personas fueron procesadas por delitos contra la libertad sexual en ese periodo. Estas cifras marcan un incremento respecto a 2025, cuando se reportaron 644 casos de violación.

Diversos informes señalan que el fenómeno de la violencia sexual mantiene una incidencia relevante en El Salvador. La memoria de labores de la FGR correspondiente al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025 documentó 2,739 casos de violaciones y 8,038 episodios de violencia sexual en general contra mujeres y niñas, lo que equivale a un promedio diario de 22 denuncias de agresiones de índole sexual.

La legislación salvadoreña prevé penas de prisión de entre 14 y 20 años para el delito de violación en menor o incapaz, con posibilidad de agravamiento si concurren circunstancias como vínculo de confianza o abuso de autoridad, según lo establece el Código Penal y la reforma constitucional vigente. Las autoridades han reiterado el compromiso de enfrentar la impunidad y fortalecer la protección de las víctimas, aunque persisten desafíos para la prevención y la atención integral de quienes sufren estos delitos.

La Policía de Jalisco rastreó, localizó y capturó a Miguel “N” tras una solicitud de apoyo de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, que lo buscaba desde hacía casi 30 años por una condena por violación y por el delito de escape de institución penal, luego de fugarse de una prisión federal en California.

El detenido, identificado como Micha “N”, de 49 años, aparentemente cambió su nombre para ocultarse. Tras confirmar su identidad, las autoridades lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites de traslado ante la corte del Distrito Este de California.

La corporación estatal informó que el aseguramiento ocurrió derivado de labores de inteligencia y del uso de tecnología operativa, entre ellas la Unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck, con apoyo del Escuadrón Aerotáctico Titán. El objetivo era ubicar al hombre señalado como “objetivo mayor” por su condición de prófugo.

El reporte detalló que U.S. Marshals pidió colaboración para localizar a un hombre que había escapado de una prisión en California, donde cumplía una condena por violación. Además de esa sentencia, el sujeto contaba con una orden de aprehensión por el delito de escape de institución penal, derivada de la fuga ocurrida hace casi tres décadas.

Para la búsqueda, la Comisaría de Inteligencia y el personal de la Policía Cibernética determinaron que el hombre podía estar escondiéndose en el Área Metropolitana de Guadalajara. Con esa hipótesis, las áreas operativas definieron puntos que presuntamente frecuentaba, a partir de una coordinación descrita como sincronización operativa multiplataforma.

Con esa información, se desplegó un operativo que integró recursos terrestres y aéreos. Las autoridades señalaron que el uso de drones y del C2 Móvil permitió ampliar el rastreo y sostener vigilancia sobre posibles zonas de presencia del objetivo, hasta lograr su ubicación.

El hombre fue ubicado en una zona comercial en el cruce de Avenida Adolfo López Mateos y Avenida El Palomar, en el municipio de Tlajomulco. Una vez corroborada su identidad, se concretó su aseguramiento y se efectuó el traslado para el procedimiento migratorio correspondiente.

Las autoridades indicaron que el traslado al Instituto Nacional de Migración tuvo el propósito de iniciar el proceso para su traslado ante la corte del Distrito Este de California, como parte de los trámites derivados de la solicitud de búsqueda y de los señalamientos vigentes en su contra en Estados Unidos.

• La Policía de Jalisco capturó a Miguel “N”, buscado desde hacía casi 30 años por violación y escape de prisión en California.
• El detenido, Micha “N”, tenía 49 años y presuntamente cambió su identidad para ocultarse en el Área Metropolitana de Guadalajara.
• Fue ubicado en Tlajomulco y trasladado al Instituto Nacional de Migración para iniciar trámites ante la corte del Distrito Este de California.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los elementos suficientes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Paulino “N”, fue localizado y aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por agentes de la Policía de Investigación. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial y el juez determinó su vinculación a proceso. Las autoridades no revelaron en qué compañía prestaba servicios el presunto agresor.

La víctima solicitó el servicio desde Tlalpan y fue agredida durante el recorrido

Investigaciones revelaron que el pasado 1 de junio de 2025 la víctima -de identidad reservada- pidió un servicio de transporte al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

Durante el trayecto se quedó dormida. El conductor habría aprovechado ese momento para abandonar el asiento delantero, trasladarse a la parte trasera del vehículo y agredir sexualmente a la pasajera.

La víctima despertó mientras ocurrían los hechos y al darse cuenta de lo que sucedía, reclamó directamente al conductor. Pese a ello, el hombre regresó al asiento delantero y continuó el recorrido hasta dejar a la mujer en su domicilio, como si nada hubiera ocurrido.

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante la FGJCDMX. A partir de ese momento, el agente del Ministerio Público a cargo del caso abrió la carpeta de investigación correspondiente e inició las diligencias para identificar al responsable.

Entrevistas y análisis periciales permitieron identificar y aprehender al probable responsable

Según datos oficiales, la investigación incluyó entrevistas, análisis periciales y otras diligencias que, en conjunto, generaron los datos de prueba necesarios para señalar a Paulino “N” como el probable responsable de la agresión. Con esa base, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias de campo que permitieron localizar al imputado. Paulino “N” fue aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, más de un año después de los hechos denunciados.

La audiencia inicial se celebró el mismo día de la aprehensión. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de cargo ante el juez, quien resolvió vincular a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Paulino “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron si Paulino “N” tiene averiguaciones previas por otros casos.

Los servicios de transporte por aplicación han sido escenario de agresiones y feminicidios en México

El caso de Paulino “N” no es aislado. En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi para regresar a su domicilio en Metepec tras una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México. El viaje fue marcado como finalizado a las 23:10 horas, pero la joven nunca llegó y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abordó una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. El vehículo no cumplía con las condiciones para operar como transporte de plataforma.

Tres días después, el 3 de marzo, autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, a unos 10 minutos del punto donde abordó el vehículo. Presentaba signos visibles de violencia.

La FGJEM abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio e identificó y detuvo a Daniel “N” como el conductor de la motoneta, quien según fuentes extraoficiales habría confesado el crimen.

Un maestro de primaria de 64 años fue capturado en Honduras acusado de violar a una estudiante de 13 años dentro del centro básico donde daba clases. La detención se realizó tras una investigación de la Policía, que lo señala por haber usado su autoridad sobre la menor.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. El arresto se hizo efectivo en la ciudad de Danlí mediante una orden de detención preventiva emitida por las autoridades fiscales de la región.

El sospechoso, originario y residente de la colonia El Paisaje de esa localidad, se desempeñaba como docente activo al momento en que ocurrió el hecho.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con el expediente investigativo de la DPI y con la declaración de la víctima, los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses dentro de las instalaciones del centro educativo.

El informe policial indica que el docente abordó a la estudiante de 13 años y, con el pretexto de revisar sus calificaciones acumuladas, la invitó a ingresar a una de las aulas.

Una vez dentro del salón y aprovechando que se encontraban solos, cerró el lugar y presuntamente le tapó la boca por la fuerza, lo que le impidió pedir auxilio y provocó que la menor perdiera el conocimiento por asfixia. Según la investigación, el sospechoso aprovechó ese momento para consumar el delito de violación especial.

El Ministerio Público imputó al detenido por violación especial, una figura jurídica contemplada cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de autoridad por parte del agresor.

Tras la lectura de sus derechos, el detenido fue trasladado a las celdas de la jefatura policial correspondiente para ser presentado ante la fiscalía de turno.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez determinará la medida cautelar que deberá cumplir mientras avanza el proceso en su contra.

Casos en aumento

Informes de organizaciones de sociedad civil revelan que las agresiones sexuales contra mujeres y menores de edad representan uno de los mayores desafíos de impunidad en Honduras. De miles de denuncias por delitos sexuales interpuestas anualmente en el territorio nacional, solo un porcentaje mínimo logra llegar a una condena firme.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una fuerte advertencia señalando que las escuelas y el propio entorno familiar se han convertido en los espacios más propensos para que niños, niñas y adolescentes sufran de abuso o explotación sexual.

La defensoría enfatiza que las agresiones suelen provenir de personas que forman parte del círculo de confianza o que poseen una posición de autoridad directa frente a las víctimas, lo que dificulta significativamente la detección temprana y la denuncia inmediata de los hechos.

En lo que va del año, las autoridades reportan un incremento en las capturas de agresores y el rescate de menores en departamentos con alta incidencia como Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y El Paraíso. Pese a los esfuerzos policiales, diversas organizaciones continúan urgiendo al Estado hondureño la consolidación de un sistema eficaz de protección.

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía de Veracruz permite la detención de Heriberto “N” en el municipio de Orizaba, luego de que la autoridad obtiene una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de violación contra una menor de 16 años. El acusado es trasladado al Estado de México, donde queda a disposición de un juez que determinará su situación legal, y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

El último párrafo de la investigación de la FGJEM establece que Heriberto “N” se considera inocente hasta que un órgano judicial emita una sentencia condenatoria. La detención ocurre tras el traslado del acusado a la entidad mexiquense, donde es ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima es interceptada en Teoloyucan y llevada a un motel

El expediente de la FGJEM detalla que el 4 de octubre de 2025 la víctima, una adolescente de 16 años, camina por calles del municipio de Teoloyucan cuando es interceptada por su ex jefe, Heriberto “N”. El hombre la sube a un vehículo y la traslada a un motel en la colonia Tlatilco, donde la obliga a entrar y abusa sexualmente de ella. Según la investigación, el agresor la amenaza con hacerle daño a sus hermanas si denuncia los hechos ante las autoridades. Después del ataque, el acusado se da a la fuga.

El Ministerio Público inicia las averiguaciones y, tras reunir elementos de prueba, solicita y obtiene de un juez la orden de aprehensión en contra de Heriberto “N” por el delito de violación.

Investigación y detención en coordinación interinstitucional

A través de trabajos conjuntos, la Fiscalía mexiquense determina que el probable responsable se traslada a Orizaba, Veracruz, para evadir la acción de la justicia. Ante esta situación, solicita la colaboración de la Fiscalía de esa entidad, lo que permite ubicar y detener a Heriberto “N”. El operativo se realiza sin incidentes.

El traslado del detenido al Estado de México se ejecuta conforme a los protocolos para casos de delitos de alto impacto, y su ingreso al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán ocurre bajo resguardo. Es presentado ante el juez de control, quien tiene la facultad de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Heriberto “N” enfrenta posible sentencia de hasta 20 años

Las autoridades señalan que de comprobarse la responsabilidad penal de Heriberto “N”, la pena aplicable podría alcanzar hasta 20 años de cárcel conforme a la legislación vigente en el Estado de México para delitos de violación agravada. La víctima cuenta con acompañamiento y atención especializada, según protocolos de protección establecidos para menores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subraya que la presunción de inocencia prevalece hasta que se emita una sentencia condenatoria y reitera el compromiso de perseguir delitos de violencia sexual contra menores. El caso permanece bajo investigación y se mantiene en reserva la identidad de la agraviada.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra un hombre identificado como MAHR, tras hallarlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada, según informó este miércoles la cuenta de Centros Judiciales. El fallo se emitió luego de que el tribunal valoró como determinante el testimonio de la víctima, una adolescente de 13 años, quien denunció los hechos ocurridos el 12 de julio de 2023 en el distrito de La Libertad Centro.

De acuerdo con la información oficial, el imputado aprovechó el vínculo familiar para ingresar a la habitación de la menor durante la madrugada y cometer el delito. La investigación fiscal incluyó diversas pruebas, entre ellas la declaración de la víctima, que fue considerada por el tribunal como creíble y enfática. Esta valoración resultó esencial para la decisión judicial, ya que el testimonio permitió corroborar la gravedad de los hechos y la responsabilidad de MAHR en el crimen.

Durante la vista pública, la representación fiscal presentó una serie de elementos probatorios que sustentaron la acusación. El tribunal destacó que el relato de la menor fue consistente y permitió reconstruir el momento y las circunstancias en que se produjo la agresión sexual. Además, la sentencia incluyó una condena civil a favor de la víctima, lo que implica la obligación del condenado de responder económicamente por el daño causado.

“El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra M. A. H. R., tras declararlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada2, informó Centros Judiciales.

Tribunal dicta condena agravada por delito cometido contra menor de edad

La información indicó que la condena de más de veinte años responde a la naturaleza agravada del delito, dado el vínculo familiar y la edad de la víctima. Conforme a la legislación salvadoreña vigente, estos factores agravan la pena por tratarse de una persona menor de 15 años y por la relación de confianza quebrantada en el entorno familiar.

El tribunal enfatizó que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia es prioritaria en los procesos judiciales de este tipo. Las autoridades reiteraron la importancia de que las víctimas denuncien hechos similares y acudan a las instancias correspondientes para recibir acompañamiento y acceso a la justicia. El fallo fue comunicado por Centros Judiciales como parte de su labor informativa sobre resoluciones de alto impacto en materia penal.

“Durante la vista pública, el tribunal valoró el testimonio de la víctima como creíble y enfático, al considerarlo un elemento determinante, junto con las demás pruebas incorporadas por la representación fiscal, para emitir un fallo condenatorio”, expresa Centros Judiciales.

La condena impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla incluye también medidas de reparación civil para la afectada, conforme a las disposiciones legales aplicables. Centros Judiciales detalló que la sentencia ya fue notificada a las partes y queda sujeta a los recursos legales que la defensa pueda interponer.

En un operativo de alto impacto, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este miércoles a Luis David López Juárez, de 43 años, señalado como un presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos de agresión sexual.

La detención se ejecutó mediante un allanamiento en la calle principal del cantón Cabañas, en el municipio de Nuevo San Carlos del departamento de Retalhuleu, Guatemala.

Contra el sindicado pesaban tres órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas motivó este último operativo fue autorizada el pasado 7 de julio de 2026 por un juez competente, imputándole el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

El arresto es el resultado de una exhaustiva investigación de campo y análisis criminal desarrollada por la DEIC, en una labor coordinada con la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Tras recopilar los indicios suficientes que vinculaban al sospechoso con la serie de agresiones, las autoridades presentaron los informes ante el órgano jurisdiccional, el cual ordenó de inmediato su detención.

Fuentes de la policía, comentaron que el detenido habría participado en, por lo menos, 20 casos de violación sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango, aunque se desconoce cómo llevaba a cabo los asaltos en contra de sus víctimas.

Durante la inspección de la vivienda utilizada por López Juárez, los peritos y fiscales recolectaron evidencias que presuntamente lo vinculan con los crímenes.

Entre los indicios incautados se reportan gorros pasamontañas —presuntamente utilizados para ocultar su rostro—, municiones de uso exclusivo o civil, una bayoneta, una muñeca inflable y diversas prendas de ropa interior femenina, que se presume, eran de sus víctimas; así como un par de botas de tipo militar.

Todo será analizado por los peritos del Ministerio Público, para determinar el origen y, posteriormente, presentarlo como pruebas en el proceso judicial contra el presunto violador sexual.

Termina hospitalizado

El operativo policial, sin embargo, derivó en un incidente armado al momento de la neutralización del sospechoso. Según el reporte oficial, López Juárez opuso resistencia e inició un forcejeo con uno de los investigadores de la DEIC, identificado como Iván Yoc, en un intento por desarmarlo. Durante la pugna, el agente evitó perder el control de su equipo; no obstante, el arma de fuego se accionó de forma accidental y el proyectil impactó en la pierna del detenido.

Tras recibir los primeros auxilios en la escena, el capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Hospital Nacional de Retalhuleu. Fuentes médicas confirmaron que López Juárez ingresó a la sala de observaciones para recibir la atención correspondiente por la herida de bala y su condición se reporta estable.

Debido a esta situación, el aprehendido quedó internado en la sala de observaciones bajo fuertes medidas de seguridad por parte de oficiales de la policía.

El presunto agresor permanece internado en el centro asistencial bajo la custodia de agentes de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil. Una vez que reciba el alta médica, López Juárez será conducido al juzgado correspondiente para enfrentar la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentará los indicios recabados para solicitar su vinculación a proceso penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 12 años y 10 meses de prisión impuesta a Jorge Eduardo Dubiau, hoy de 60 años, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante un período de cinco años y dejarla embarazada, en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.

El fallo se confirmó tras el rechazo por inadmisible del recurso de queja presentado por la defensa oficial del acusado, resolución adoptada con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El caso se originó a partir de una denuncia en la que se expuso que, entre 2006 y 2013, Dubiau abusó sexualmente de manera sistemática de su hija, desde que la menor tenía ocho años.

Los detalles del expediente son escabrosos. Según supo Infobae, el primer episodio se produjo cuando el violador comenzó a pasar a la niña a la cama matrimonial en ausencia de la madre. Luego, se registraron otros abusos en el campo donde Dubiau trabajaba.

Los abusos se mantuvieron a lo largo de los años, hasta que la menor quedó embarazada y decidió contar lo sucedido a una amiga, lo que permitió que la madre tomara conocimiento de la situación. La investigación estuvo a cargo de la UFI Nº 3, del fiscal Fabio Arcomano, quien pudo establecer la circunstancias en las que la menor fue violada.

El 14 de octubre de 2022, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Trenque Lauquen condenó por unanimidad a Dubiau a la pena de 12 años y 10 meses de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y gravemente ultrajante agravado.

Tras dictarse la sentencia, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, que fue rechazado al considerar que la sentencia no resultaba arbitraria y que los hechos habían quedado probados conforme a las pruebas incorporadas al juicio.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó los planteos de la defensa contra la condena y dejó firme la condena. El acusado fue detenido el 23 de junio del año 2023, después de que el fallo fuera ratificado.

La defensa recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando la presunta arbitrariedad de la decisión, la afectación al principio de inocencia, la violación al derecho de defensa, el debido proceso y el doble conforme. El máximo tribunal rechazó la presentación por inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica que la condena a Dubiau queda firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios, consolidando la sentencia dictada por el tribunal oral y avalada en todas las instancias.

Los detalles del fallo de la Corte Suprema

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución”, resolvió la Corte Suprema en el fallo emitido ayer y al que accedió Infobae.

“Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida...”, expresó el juez Lorenzetti en su voto.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a un hombre identificado con las iniciales L. E. P. C. a 12 años de cárcel tras hallarlo culpable del delito de violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2024 en un hotel ubicado en la zona de La Libertad Costa, donde tanto la víctima como el agresor laboraban.

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros Judiciales de El Salvador, el imputado abusó sexualmente de la joven en repetidas ocasiones durante el periodo mencionado, ejerciendo amenazas de represalia contra ella y su familia para garantizar su silencio. El tribunal, tras valorar las pruebas presentadas durante la vista pública, determinó la continuidad del delito y emitió un fallo condenatorio no solo en el ámbito penal, sino también civil, obligando al condenado a reparar el daño causado.

Este caso resalta la necesidad de garantizar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de las víctimas de delitos sexuales, conforme lo dispone la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por El Salvador. La protección de las víctimas es fundamental para evitar procesos de revictimización y para promover la denuncia de estos hechos.

En el ámbito judicial, la valoración de la prueba y el enfoque de género han sido clave para que los tribunales puedan acreditar la gravedad y la continuidad de los abusos, así como para reconocer el impacto psicológico y social que sufren las sobrevivientes. Organizaciones de la sociedad civil han reiterado la importancia de fortalecer la atención psicológica y el acceso a justicia para quienes atraviesan situaciones similares.

La condena de 12 años impuesta a L. E. P. C. constituye una señal de que el sistema judicial salvadoreño mantiene su compromiso con la sanción de los delitos sexuales y la protección de los derechos de las víctimas, aunque persisten retos en materia de prevención, atención integral y erradicación de la impunidad en casos de violencia de género.

Marco legal: Código Penal de El Salvador

El delito de violación está tipificado en el artículo 158 del Código Penal de El Salvador, que establece penas de prisión de ocho a doce años para quien, mediante violencia, amenazas o aprovechando la incapacidad de la víctima, acceda carnalmente a otra persona sin su consentimiento. Cuando el delito se comete de manera continuada, como en este caso, el artículo 42 del mismo código permite la acumulación de penas o la imposición de la pena máxima prevista para el delito principal, en atención a la gravedad y reiteración de la conducta.

El Código Penal también contempla agravantes, como el abuso de poder en el ámbito laboral, el uso de amenazas y la coacción para silenciar a la víctima, elementos que estuvieron presentes en este caso. La legislación salvadoreña enfatiza la protección a las víctimas y la necesidad de preservar su identidad, tal como lo señala la comunicación oficial, que omite detalles que puedan permitir la identificación de la joven afectada.

Contexto: Condenas recientes por delitos sexuales en El Salvador

En los últimos años, El Salvador ha registrado un aumento en la judicialización de casos de violencia sexual, en parte debido a reformas procesales y a una mayor conciencia social sobre la gravedad de estos delitos. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2023 se reportaron más de 2,000 denuncias por delitos sexuales, de las cuales una parte significativa involucraba víctimas menores de edad y casos de violación continuada.

Recientemente, se han dictado sentencias ejemplares en distintos puntos del país. Las autoridades judiciales y organismos de derechos humanos han insistido en que la persecución penal efectiva y la severidad de las penas contribuyen a la prevención de estos delitos, aunque subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas antes, durante y después del proceso judicial.

En un fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, se dictó condena contra una madre y su pareja por delitos sexuales cometidos de forma continuada contra una adolescente de 13 años en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, según Centros Judiciales. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 dentro del núcleo familiar de la víctima.

A.R.R., identificado como padrastro de la menor, recibió una sentencia de 15 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en la modalidad continuada, según la resolución dictada por el tribunal. Por su parte, la madre de la adolescente, E.A.P., fue condenada a siete años de prisión por comisión por omisión, al haber permitido y facilitado que los abusos sexuales se perpetuaran en el entorno familiar.

De acuerdo con la exposición de pruebas presentada durante el proceso, la adolescente fue sometida de forma reiterada a abusos sexuales y a diferentes actos de violencia, perpetrados por su padrastro, mientras que su madre, lejos de intervenir, permitió que los hechos tuvieran lugar. De acuerdo con Centros Judiciales, en varias ocasiones la víctima fue inducida a consumir bebidas alcohólicas, lo que facilitó los abusos, una circunstancia que fue acreditada en el juicio por los elementos probatorios presentados.

La situación derivó en un embarazo, y la menor dio a luz a un hijo como consecuencia de los hechos denunciados y comprobados ante el tribunal.

El caso queda bajo reserva para proteger a la víctima y a su hijo

El proceso judicial se desarrolló bajo estricta observancia de las garantías legales, y el tribunal valoró tanto los testimonios como los informes médicos y psicológicos que confirmaron el daño causado a la víctima. “La continuidad y gravedad de los hechos, así como la condición de vulnerabilidad de la adolescente, resultaron determinantes para la imposición de las penas”, detalló la cuenta de Centros Judiciales.

La sentencia refleja la aplicación de la legislación salvadoreña en materia de delitos sexuales contra menores. Este enfoque busca responsabilizar tanto a quienes ejecutan materialmente las agresiones, como también a quienes las toleran o facilitan en el entorno inmediato de la víctima.

Por su parte, el tribunal destacó la importancia de la reserva del caso y reiteró que los procedimientos de protección se mantendrán en todo momento para evitar la revictimización de la adolescente y su familia. En cuanto a la ejecución de la sentencia, las autoridades penitenciarias deberán cumplir con la privación de libertad de los condenados, mientras que la víctima.

“El tribunal decretó reserva sobre el caso, por lo que se omite la identidad completa de las personas condenadas para proteger la integridad y el derecho a la privacidad de la adolescente”, expresó Centros Judiciales en su canales oficiales.

Las organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento a menores, así como en implementar programas de prevención y educación para evitar que hechos similares se repitan en otros entornos familiares.

La abogada Vanessa Rial, quien se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en La Plata, murió a los 50 años luego de permanecer varios días internada por una neumonía bilateral en un centro de salud de esa ciudad.

Rial alcanzó notoriedad en 2016, cuando logró una condena ejemplar de 37 años de prisión contra Jorge Martínez Poch, el hombre que la secuestró durante dos meses y la sometió a torturas, abusos sexuales y humillaciones extremas.

Después del juicio, dedicó su vida a acompañar a otras mujeres víctimas de violencia de género, convirtiéndose en una referente.

Según precisaron medios platenses, la abogada permanecía internada desde el 25 de junio pasado. Su cuadro, provocado por una neumonía bilateral, se agravó tras sufrir un accidente cerebrovascular. La muerte ocurrió el miércoles de esta semana, aunque la noticia se conoció recién el jueves y generó un profundo pesar entre sus familiares, allegados y organizaciones sociales.

El caso

El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata dictó una condena ejemplar contra Poch. Ese día, los jueces Juan José Ruiz, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena impusieron una pena de 37 años de prisión al acusado, encontrándolo culpable de abusar de sus dos hijas cuando eran menores de edad, además de secuestrar, golpear y violar a Rial.

En ese entonces, el juez Ruiz explicó que el Tribunal tenía la intención de aplicar una condena aún mayor, pero no era posible por las limitaciones legales. La fiscal María Florencia Budiño había solicitado una pena de 40 años para Martínez Poch, basándose en la gravedad y la comprobación de los hechos.

Respecto al caso de Rial, el tribunal determinó que Martínez Poch fue responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido mediante violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por el grave daño a la salud mental de la víctima y por la participación de dos o más personas. La extensión y las circunstancias de los hechos configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

También se lo halló culpable de corrupción de menores agravada, cometida mediante violencia, amenaza, intimidación y por tratarse de sus propias hijas.

Torturas y humillaciones sexuales

A lo largo del juicio, Vanessa expuso los detalles del calvario que atravesó. Conoció a Poch en 2013, cuando un amigo los presentó en un bar. En ese momento, el disc jockey se identificó como un ingeniero graduado en Estados Unidos, viudo y padre de dos hijas adultas, con quienes afirmaba mantener una “excelente relación”.

“Me pareció encantador, seductor, era haber encontrado al Príncipe Azul, pero al tercer día de la relación me dio la primera paliza y me mostró toda su maldad”, relató ante el tribunal.

Vanessa indicó que Poch la obligaba a tener relaciones sexuales con sus amigos y a realizar prácticas sexuales aberrantes con una perra. Solo logró escapar una vez, aunque finalmente el agresor la localizó en Cañuelas.

Bajo la amenaza de que mataría a su madre, Rial regresó con Martínez Poch. Él volvió a encerrarla en su departamento, la sedó y la golpeó. La policía la rescató el 23 de septiembre de 2013, luego de que Eduardo Rial, el padre de la joven, denunciara su desaparición.

La víctima debió describir ante los jueces los tormentos sufridos para que comprendieran la magnitud de su experiencia. En una ocasión, Martínez Poch le arrancó las uñas de los dedos gordos de ambos pies con unas tenazas y la obligaba a beber su orina con frecuencia.

“Yo quería escapar, siempre quise escapar pero no tenía voluntad debido al alcohol y las pastillas que me obligaba a tomar”, explicó Vanessa en su testimonio.

En cuanto a las hijas, ambas declararon durante el juicio que fueron sometidas a continuas violaciones. Sus relatos estuvieron marcados por detalles de una “larga pesadilla que duró desde que las niñas tenían entre 7 y 8 hasta que cumplieron 15 y 16”.

La vida después de la condena

Según reconstruyó el medio 0221, Rial formó parte del equipo de la Municipalidad de La Plata encargado de asistir a víctimas de violencia de género durante la gestión del exintendente Julio Garro.

En el último tiempo, enfrentaba serios problemas económicos y había recurrido a distintos paradores y pensiones de la ciudad. Tras su muerte, su madre quedó en situación de calle y hoy recibe ayuda de una empleada judicial de La Plata, que la alojó de manera provisoria en su casa.

La audiencia se llevó a cabo en la Sala N° 32 del Palacio de Justicia ante un tribunal integrado por los ministros Dalmiro Garay Cueli, José Valerio y Norma Llatser, quienes escucharon los planteos de todas las partes.

Durante su exposición, la querella particular —integrada por Félix Lorente, Natacha Romano, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David— sostuvo que el sobreseimiento “adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente”, ya que, a su entender, presenta “razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida, en violación a las reglas de la sana crítica racional y del debido proceso”.

Con ese argumento, cuestionó seis aspectos de la resolución: la falta de juzgamiento con perspectiva de género y la vulneración del deber de diligencia reforzada; la valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba; la denegación de prueba pertinente; la falta de agotamiento de la investigación penal; la ausencia de una diferenciación de los roles atribuidos a cada uno de los acusados; y el prejuzgamiento y los defectos de fundamentación del fallo.

En función de esos planteos, pidió que el sobreseimiento sea revocado y que las actuaciones sean remitidas nuevamente al tribunal de origen.

Al contestar, el dictamen del Procurador consideró que el recurso debe ser rechazado y que corresponde confirmar la resolución apelada. Entre sus argumentos, sostuvo que la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal fue suficiente y que no existen medidas de prueba pendientes con capacidad para modificar la situación procesal de los imputados. Además, consideró que la querella no logró demostrar la arbitrariedad o la insuficiencia del fallo que dispuso el sobreseimiento.

Por su parte, la defensa de Auradou y Jégou, representada por Rafael Cúneo Libarona, también pidió que la resolución sea confirmada.

“Costó mucho conseguir la libertad de mis defendidos. Fueron muchas audiencias, 17 testigos, entre ellos familiares de la denunciante, su mejor amiga y su dentista. En términos procesales, ella tiene derecho a asistir a todas las instancias, pero siempre tiene que ser con respeto, con decoro”, sostuvo el abogado.

El defensor también respaldó el trabajo del Ministerio Público Fiscal al afirmar que “trabajó con perspectiva de género y respetó todas las garantías constitucionales”.

Qué elementos llevaron al sobreseimiento

El sobreseimiento de Hugo Auradou y Oscar Jégou fue dictado en diciembre de 2024, luego de que la Justicia de Mendoza concluyera que no había elementos para sostener la acusación en su contra.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuró un video de una cámara de seguridad del ascensor del hotel Diplomatic, al que accedió Infobae, en el que se observa a uno de los rugbiers y a la denunciante mientras se dirigían a la habitación donde ocurrieron los hechos investigados. En las imágenes, ambos se besan segundos antes de salir del ascensor. En esa habitación también se encontraba el otro jugador imputado.

Otro de los elementos que fue incorporado a la causa fue la pericia psicológica practicada a la denunciante por especialistas oficiales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según el informe, los peritos detectaron inconsistencias en su relato y señalaron que presentaba “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información”, además de contradicciones e inconsistencias en la reconstrucción de los hechos.

Esos elementos, junto con el resto de la prueba reunida durante la investigación, fueron valorados por la Justicia al momento de disponer el sobreseimiento de ambos jugadores, una decisión que ahora busca revertir la querella ante la Suprema Corte de Mendoza.

Un hombre de apellidos Hernández Le Maitre fue condenado a 48 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer múltiples delitos sexuales en perjuicio de tres niñas, quienes tenían apenas uno, tres y siete años de edad cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores lograra demostrar la responsabilidad del imputado en los delitos de abuso sexual, violación, fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil y difusión de ese material.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 en la comunidad de La Ribera de Belén, en la provincia de Heredia.

Durante ese período, Hernández mantenía una relación sentimental con la tía de las menores y residía junto a ella en la vivienda donde con frecuencia permanecían las víctimas.

Según logró acreditar la Fiscalía durante el juicio, el condenado aprovechó la cercanía familiar y la confianza que las niñas depositaban en él para cometer de manera reiterada los delitos sexuales.

Las investigaciones determinaron que las agresiones iniciaron cuando las víctimas eran de muy corta edad. Al momento de los primeros hechos, una de las menores tenía apenas un año, otra tres años y la tercera siete años, lo que fue considerado un elemento de especial gravedad dentro del proceso penal.

El Ministerio Público sostuvo que los abusos ocurrieron mientras las niñas permanecían en la casa de su tía, lugar donde también vivía el ahora sentenciado.

La investigación avanzó luego de que, el 16 de abril de 2016, la madre de una de las menores detectara señales que despertaron sospechas sobre una posible agresión sexual.

Ante esa situación, la mujer decidió acudir a las autoridades judiciales e interpuso la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación que años después culminó con la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron reconstruir los hechos y demostrar la responsabilidad penal de Hernández Le Maitre en los distintos delitos atribuidos.

Además de las agresiones sexuales, el Tribunal tuvo por acreditado que el imputado también incurrió en la fabricación y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil, uno de los delitos considerados de mayor gravedad dentro de la legislación costarricense por el daño permanente que ocasiona a las víctimas.

Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental presentada por el Ministerio Público, los jueces resolvieron imponer una pena total de 48 años de prisión.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Hernández Le Maitre deberá permanecer en prisión preventiva, según dispuso el Tribunal Penal de Heredia.

Las autoridades judiciales recuerdan que este tipo de delitos suele ocurrir en entornos cercanos a las víctimas, donde los agresores aprovechan vínculos de confianza o familiares para facilitar las agresiones y evitar que sean descubiertas durante largos períodos.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra personas menores de edad y destacó la importancia de la denuncia oportuna para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

La condena impuesta por el Tribunal Penal de Heredia representa una de las penas más altas dictadas recientemente por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refleja la gravedad de las conductas acreditadas durante el juicio, así como el compromiso de las autoridades judiciales de sancionar este tipo de hechos conforme a la legislación vigente.

Jégou y Auradou, defendidos por el abogado Rafael Cúneo Libarona, habían sido sobreseídos en diciembre de ese año, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito.

Ahora, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. La querella solicitó que se informe oralmente la impugnación, según indica un documento de la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia provincuial.

La audiencia se realizará de forma digital a través de la plataforma Microsoft Teams. Jégou y Auradou se conectarán desde Nueva Zelanda, donde enfrentarán a los All Blacks con el seleccionado francés el sábado próximo en la ciudad de Christchurch.

Ambos jugadores habían sido arrestados en Buenos Aires por el área de Interpol de la PFA horas antes de viajar a Uruguay para continuar su gira, para ser trasladados a Mendoza en un convoy policial. Luego, quedaron detenidos en una celda judicial, para luego cumplir arresto domiciliario en una casa de la provincia. Dejaron el paí

Finalmente, las pruebas los beneficiaron. Un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la información que brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerla y que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

El abogado Cúneo Libarona asevera: " No fue facil. Eran dos chicos de 21 años, presos e inocentes. Sus vidas fueron arruinadas por mentiras. Cada detalle fue importante, cada contradicción. Ya conseguimos dos sobreseimientos con apoyos de los fiscales. Falta poco y se viene nuestro contraataque. La falsa denuncia es un delito gravisimo".

El Mundial 2026 llegó con récords de audiencia, estadios llenos y la promesa de una fiesta global. Pero fuera de las canchas, una sombra persiste: decenas de futbolistas —activos, retirados, convocados o no al torneo— enfrentan o han enfrentado acusaciones formales por presuntas agresiones y abusos sexuales.

Esta nota documenta casos en México y en el ámbito internacional, incluyendo jugadores que participaron en la Copa del Mundo en curso. Todas las acusaciones mencionadas provienen de fuentes oficiales y registros judiciales. Ninguna equivale a una condena definitiva y aplica en todos los casos el principio de presunción de inocencia; se indica el estado procesal correspondiente a cada uno.

Chicharito Hernández: de los videos machistas a la multa federativa

El primero en encender alarmas fue Javier “Chicharito” Hernández. En julio de 2025, el exdelantero de las Chivas publicó una serie de videos en redes sociales en los que, entre otras afirmaciones, señaló que las mujeres deben estar en el hogar al cuidado del hombre. Los dichos generaron debate entre aficionados y analistas, y pusieron en duda los protocolos de género de la FMF y la Liga MX.

La presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, respondió señalando que la liga cuenta con un protocolo claro y que todos los clubes tienen comisiones de género; las jugadoras de Chivas Femenil reprobaron las declaraciones, mientras que la esposa de un excompañero del Real Madrid pidió a la FIFA un castigo. Finalmente fue sancionado económicamente por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por las declaraciones realizadas en redes sociales.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es de otra dimensión. El exfutbolista y actual diputado federal de Morena enfrenta una denuncia de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana Fabiola “N.”, quien lo denunció en octubre de 2024 por hechos que presuntamente ocurrieron en diciembre de 2023.

La Fiscalía General de Morelos, encabezada por Uriel Carmona Gándara, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero, necesaria para proceder penalmente contra un servidor público federal. Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara, dominada por Morena, rechazó la solicitud argumentando deficiencias en la investigación. La víctima ha solicitado protección urgente y organizaciones de mujeres siguen exigiendo justicia. Blanco niega los hechos.

Omar Bravo protagoniza uno de los casos más graves del fútbol mexicano reciente. El exfutbolista fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado cometido contra la hija de su expareja. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Jalisco, los presuntos abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años, y se habrían prolongado durante seis años. Bravo se encuentra actualmente recluido en el penal de Puente Grande; su defensa niega los cargos.

El triángulo peruano: Zambrano, Trauco y Peña

En enero de 2026, el fútbol latinoamericano fue sacudido por la denuncia de una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas de Alianza Lima. Según la denuncia, los actos habría ocurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo durante la pretemporada del club; los hechos habrían tenido lugar tras el consumo de bebidas alcohólicas y en la habitación de Carlos Zambrano.

La denuncia fue archivada en Argentina al determinarse que los hechos ocurrieron fuera de su territorio; las pruebas fueron remitidas a Uruguay, donde la causa continúa su curso. Los tres futbolistas negaron categóricamente los hechos mediante comunicados públicos y fueron desvinculados de Alianza Lima.

Los casos internacionales: Villa, Alves, Partey y Greenwood

El colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en abril de 2020. Posteriormente, la justicia argentina absolvió a Villa de la segunda acusación —abuso sexual con acceso carnal— presentada por su expareja Rocío Támara Doldán, luego de que tanto la fiscalía como la denunciante desistieran de continuar el proceso.

El brasileño Dani Alves vivió un caso judicial de alta exposición mediática. Fue declarado culpable en febrero de 2024 de violar a una mujer en un club nocturno en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió el 28 de marzo de 2025, al considerar que las pruebas contra el deportista eran insuficientes y que el testimonio de la víctima presentaba inconsistencias. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español.

El exjugador del Arsenal Thomas Partey enfrenta un proceso penal aún activo. Fue acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por parte de tres mujeres distintas; según la Fiscalía de la Corona británica, los presuntos incidentes habrían ocurrido entre 2021 y 2022. En febrero de 2026, una cuarta presunta víctima presentó nuevas acusaciones de violación por hechos que habrían ocurrido en 2020. Partey, quien actualmente milita en el Villarreal, niega todos los cargos.

El inglés Mason Greenwood fue detenido en enero de 2022 tras la difusión en redes sociales de imágenes de su expareja con lesiones aparentes. Fue acusado de intento de violación, abuso y conducta coercitiva, pero todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023 por la retirada de testigos clave y nuevo material que no permitía sostener una perspectiva realista de culpabilidad. El caso generó un debate prolongado sobre la responsabilidad de los clubes ante denuncias de violencia de género.

Trump, la FIFA y la sombra de Epstein

El Mundial 2026 tiene una dimensión política imposible de ignorar, y su figura central acumula contradicciones difíciles de soslayar. Trump encabeza una comisión federal creada en 2025 para coordinar los esfuerzos gubernamentales del torneo, la FIFA instaló oficinas en la Trump Tower y el presidente Gianni Infantino le otorgó en diciembre de 2024 el llamado “FIFA de la Paz”, un galardón que no existía previamente. Según información difundida en medios, Trump entregará el trofeo al campeón en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Todo esto ocurre en paralelo a señalamientos que no han salido del debate público. El Departamento de Justicia publicó documentos del caso Epstein que incluyen informes del FBI con acusaciones no corroboradas de que Trump presuntamente agredió sexualmente a una menor de entre 13 y 15 años en un encuentro organizado por Epstein. La Casa Blanca calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y sin ninguna prueba creíble.” Las acusaciones están sujetas a procesos en curso y no representan condena definitiva.

La contradicción se profundiza al comparar el trato que la FIFA da a distintos países en conflicto. Rusia fue suspendida de todas las competiciones internacionales tras su invasión a Ucrania, sanción que la dejó fuera del Mundial 2026. Sin embargo, en pleno torneo, la FIFA le abrió la puerta de regreso al invitar a su Sub-15 a un torneo en Azerbaiyán. El criterio resulta cuando menos desigual: Rusia vetada del torneo grande por su guerra, pero reintegrada por la puerta trasera, mientras Estados Unidos —que en 2025 sostuvo operaciones militares contra Irán— funge como anfitrión y su presidente como rostro institucional de la fiesta del fútbol mundial.

Nota: este texto recoge casos documentados por fuentes oficiales, medios y registros judiciales. Toda acusación mencionada está sujeta al principio de presunción de inocencia, y se indica en cada caso el estado procesal correspondiente.

Nicolás Orbe de la O, identificado como sacerdote en Coyuca de Benítez, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, tras ser detenido el pasado sábado 20 de junio a las 7:40 de la mañana en la entrada del Seminario del Buen Pastor, en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, un juez de control determinó que podría enfrentar su proceso en libertad si cubre una garantía económica de un millón de pesos, junto con otras dos medidas.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 2015, cuando el imputado presuntamente cometió el delito en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

Según reportes de medios locales, se trató de una adolescente de 16 años que habría sido agredida mientras asistía a clases de catecismo. Entre la fecha de los hechos y la detención transcurrieron más de diez años.

La detención fue resultado de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), que derivaron en la emisión de una orden judicial de aprehensión, así lo informó la propia fiscalía estatal.

Juez fijó fianza de un millón de pesos y prohibió al imputado salir de Acapulco

Según el reporte oficial compartido este 21 de junio por la FGE Guerrero, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control valoró como suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial impuso tres medidas cautelares:

• Presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares
• El pago de una garantía económica de un millón de pesos
• La prohibición de salir del municipio de Acapulco de Juárez

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras ese plazo transcurra, Nicolás Orbe podría continuar su proceso en libertad, siempre que cubra la fianza impuesta y cumpla con las demás condiciones establecidas por el tribunal.

Hasta el momento no se ha confirmado su liberación.

La FGE Guerrero señaló en su boletín que refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que vulneren su integridad y desarrollo.

Policía Ministerial lo detuvo en la entrada de un seminario en Acapulco

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial el sábado 20 de junio de 2026 a las 7:40 de la mañana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

El operativo se realizó sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Azul.

El Registro Nacional de Detenciones precisó que el imputado fue asegurado en la entrada del Seminario del Buen Pastor. Tras el arresto, Orbe de la O fue trasladado a bordo de la unidad oficial PM-344 por diversas vialidades de Acapulco hasta la Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso.

Posterior al traslado, quedó a disposición del juez de control para que determinara su situación jurídica, lo que derivó en la audiencia inicial donde se dictó la vinculación a proceso.

86% de las víctimas de delitos sexuales contra menores en México son mujeres

Según datos consultados previamente por Infobae México, de enero a abril de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, cifra dada a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La categoría incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El 86% fueron mujeres y el 59.2% tenía entre 13 y 17 años.

En total, más de 52 mil menores de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia y otros delitos en ese periodo. Las mujeres representaron el 55.1% de las personas agredidas.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal.

En Guerrero fue detenido Nicolás “N”, un hombre acusado de violación agravada en contra de una víctima menor de edad de identidad reservada. Reportes de la prensa indican que el sujeto recientemente capturado sería sacerdote en Coyuca de Benítez.

La detención de dicho hombre fue informada el 20 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, mientras que los hechos por los que fue asegurado fueron registrados el 6 de noviembre de 2025 en Acapulco .

Arrestado a las afueras de una parroquia

“El imputado presuntamente cometió el delito en perjuicio de una menor de edad. La acción fue resultado de las investigaciones conducidas por la institución ministerial, que derivaron en la emisión de la orden judicial correspondiente”, es parte de la información compartida por las autoridades estatales.

Cabe destacar que reportes periodísticos detallan que el hombre mencionado fue capturado a las afueras de una parroquia ubicada en en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco. Lo anterior, según informó El Sol de Acapulco.

Por su parte, Excélsior registra que la víctima sería una adolescente de 16 años de edad que fue abusada cuando asistía a clases de catecismo.

Fueron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal (SSPGro), los efectivos que cumplimetron la orden de aprehensión.

Posterior al arresto, Nicolás “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, con el objetivo de que sea determinada su situación jurídica.

Menores de edad, víctimas de violencia en México

En México, más de 52 mil menores de edad fueron víctimas de violencia y otros delitos entre enero y abril de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dados a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El impacto abarca a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 55.1% de las personas agredidas.

Por cada cinco delitos cometidos contra menores, uno corresponde a otros delitos sexuales —categoría que incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto—. El SESNSP precisa que el 86% de las víctimas de estos delitos son mujeres y el 13.5% son hombres.

En términos absolutos, de enero a abril de 2026 se registraron 11 mil 110 víctimas en esta categoría. La violencia familiar representa el 21.1% de los casos, con 10 mil 975 víctimas en el mismo periodo, y con una ligera prevalencia hacia las niñas y adolescentes, quienes constituyen el 53.6% de esas víctimas, frente al 43.3% correspondiente a niños y adolescentes varones.

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar afecta al 11.7% del total —6 mil 112 víctimas—, con una distribución casi igualitaria entre mujeres (49.1%) y hombres (49.7%).

Uno de cada diez delitos sufridos por personas de 0 a 17 años está relacionado con la delincuencia organizada, bajo los criterios de la Convención de Palermo.

En cuanto a la distribución geográfica, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentran la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal, mientras que los municipios de Benito Juárez (Quintana Roo), Juárez (Chihuahua) y Zapopan (Jalisco) encabezan el registro municipal. En violencia familiar, los estados con más casos son Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, con los municipios de Juárez (Chihuahua), Irapuato (Guanajuato) e Iztapalapa (CDMX) en las primeras posiciones.

El perfil etario de las víctimas varía según el tipo de delito: las víctimas de delitos sexuales se concentran mayoritariamente en el rango de 13 a 17 años (59.2%), mientras que la violencia familiar afecta sobre todo a menores de 0 a 12 años (62.7%). En delitos vinculados a la delincuencia organizada, el 75.9% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años.

Un ciudadano salvadoreño fue acusado de violar a una menor de 16 años en el condado de Suffolk, Nueva York, según informó la Fiscalía del Condado de Suffolk en un comunicado emitido este martes. El señalado, identificado como Antonio Meléndez R., de 59 años, fue imputado formalmente por diversos delitos, incluyendo violación en primer grado, después de que presuntamente agredió sexualmente a una menor en un callejón mientras ella regresaba a su domicilio.

El fiscal de distrito del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, comunicó que los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026, cuando Antonio abordó a la joven mientras transitaba por la avenida New York, en la localidad de Huntington. De acuerdo con la investigación oficial, el acusado solicitó reiteradamente el número de teléfono de la menor, quien respondió de manera negativa. Posteriormente, el hombre la forzó a ingresar a un callejón, donde consumó el ataque sexual.

La víctima, de 16 años, logró escapar parcialmente desnuda y llegó a saltar una valla alta antes de pedir ayuda al 911. Según la Fiscalía, mientras la joven se encontraba en comunicación con la policía, Antonio habría seguido buscando a la víctima en las inmediaciones. Al llegar las autoridades, el sospechoso fue localizado y arrestado en el lugar.

El fiscal de distrito Raymond A. Tierney calificó el caso como “profundamente inquietante” y sostuvo: “Una joven de 16 años debería poder caminar con seguridad sin ser acosada, perseguida y brutalmente agredida. Mi oficina continuará procesando enérgicamente a los acusados que representen una grave amenaza para la seguridad de nuestra comunidad, especialmente para nuestros niños”, según cita la Fiscalía del Condado de Suffolk.

Procesan a salvadoreño en Nueva York por delitos sexuales

La acusación formal se presentó el 16 de junio de 2026 ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, quien procesó al salvadoreño por dos cargos de violación en primer grado (delitos violentos graves de clase B), un cargo de abuso sexual en primer grado (delito violento grave de clase D), dos cargos de violación en tercer grado (delitos graves de clase E) y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor (delito menor de clase A).

Durante la comparecencia judicial, la jueza Wilutis determinó que el acusado debía permanecer detenido bajo una fianza de USD 500,000 en efectivo, USD 1,000.000 en fianza o USD 5,000.000 en fianza parcialmente garantizada. El imputado está representado por el abogado Scott Lockwood.

En caso de ser hallado culpable del cargo más grave, Antonio enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión, detalló la Fiscalía del Condado de Suffolk. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 21 de julio de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitió una orden de detención para tomar bajo custodia al centroamericano una vez concluido el proceso judicial.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Ashley Moruzzi, de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica, en tanto que la investigación fue realizada por el detective Jeremy Corcino del Segundo Distrito del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Un uruguayo de 49 años, sobre el que pesaba una alerta de Interpol desde 2024, fue detenido este martes en Montevideo. El hombre, que se refugiaba en la casa de su madre, era buscado por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años.

Su detención se dio tras un allanamiento en el barrio Ituzaingó, en la periferia de la capital uruguaya. Previo a su arresto, el hombre se atrincheró en la casa de su madre, lo que provocó que la Policía monte un operativo en la zona, según informó el Ministerio del Interior.

El caso se remonta a 2019, informó este martes el noticiero Telemundo de Canal 12. La denuncia en ese momento fue de una adolescente de 16 años, que acusaba a su padrastro de haber abusado de ella desde que tenía cuatro. La investigación avanzó hasta que se libró la orden de detención.

Con el apoyo de Interpol, el hombre fue capturado. Había sido visto frente a la casa de la madre cargando unas compras que había realizado, pero cuando fueron a detenerlo intentó escaparse. El acusado tiró algunas pertenencias que tenía y se refugió en el hogar materno. Allí estuvo varias horas hasta que la Policía logró que autorizaran una orden de allanamiento para sacarlo por la fuerza.

El apoyo a Interpol había sido solicitado ante una posible fuga al exterior. En particular, a Brasil.

Los casos de abuso se habían dado en la zona de Pando, una ciudad del departamento de Canelones.

El caso ahora es analizado por la Fiscalía y se espera que en las próximas horas pida la formalización de la investigación.

El detenido es acusado de reiterados delitos de violación y abuso sexual. Además, tiene varios antecedentes penales.

La investigación sobre él se extendió durante más de un año, informaron las autoridades. “Se desarrollaron diversas tareas de recolección de información, análisis y tareas de inteligencia operativa, las que dieron como resultado en el día de la fecha con la detención de la persona acusada, quien se encuentra a disposición de la Justicia”, dice el comunicado oficial.

La caída del abusador del Prado

Hacía unas pocas semanas, hubo otro caso de un hombre arrestado por abusos sexuales. Era conocido como el abusador del Prado, por el barrio de Montevideo en el que solía acosar a sus víctimas. Fue condenado a seis años y once meses de cárcel por la Justicia uruguaya. La jueza definió que es responsable de 14 delitos de abuso sexual. La imagen de este hombre fue difundida durante un buen tiempo en las redes sociales del Ministerio del Interior, que pedía colaboración para localizarlo.

Para acercarse a las menores, el hombre les decía que trabajaba para una agencia de modelos y que podía llegar a darles una oportunidad laboral. Les aseguraba que les tenía que sacar algunas fotos y, con esa excusa, las llevaba a un lugar en el que pretendía abusar de ellas. La Fiscalía uruguaya recibió originalmente ocho denuncias. Una de estas fue clave porque se trataba de un caso más grave y porque una cámara de seguridad lo había registrado en los alrededores de la zona. Esto fue importante para su identificación, detención y posterior condena.

Una de las denuncias sobre él fue de una adolescente de 15 años, sobre un hecho que ocurrió el 27 de abril.

El hombre fue sumado a la lista del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que está conformado por 1.085 personas. Estar en esta lista, por ejemplo, impide trabajar con niños y adolescentes, en la salud o en la educación. Por 10 años, no podrá tener contacto con menores.

El ícono del pop francés Patrick Bruel fue imputado este miércoles por violación y agresión sexual, después de que casi dos docenas de mujeres lo denunciaran, algunas con acusaciones que se remontan a la década de 1990.

El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos y decenas de apariciones en cine, niega todas las acusaciones.

Es la última celebridad francesa bajo la lupa de la justicia a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje.

Bruel, cuya imagen copó los portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París para ser interrogado.

Un juez del suburbio parisino de Nanterre indicó que el artista fue imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Antes, la fiscalía de Nanterre había señalado que los cargos se referían a nueve víctimas y a incidentes ocurridos entre 2010 y 2019.

Añadió que las denuncias de otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual, entre 1992 y 2008, se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, aunque “en esta fase parecen estar prescritas”.

Bruel fue liberado bajo control judicial, indicó su abogada Fanny Colin, después de que el juez rechazara la solicitud de la fiscalía de enviarlo a prisión preventiva.

“Primera victoria judicial”

El artista proclamó su inocencia el mes pasado. “Jamás he forzado a una mujer”, aseguró en una publicación en Instagram.

Añadió entonces que cancelaría todos sus conciertos hasta septiembre.

Sus abogados afirmaron el lunes en un comunicado que respondería a todas las preguntas y “aportaría todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”.

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, lo denunció formalmente por tentativa de violación durante un festival de cine en México, cuando era una pasante de 26 años en Unifrance en 1997.

“Es una verdadera primera victoria judicial para las víctimas”, declaró su abogada Jade Dousselin a esta agencia después de que la fiscalía solicitara la imputación.

Varias nuevas acusaciones contra la estrella se han dado a conocer desde el lunes.

La abogada Myriam Guedj-Benayoun declaró el martes que en breve se presentará una nueva denuncia contra el cantante por la presunta tentativa de violación de una joven de 19 años en su domicilio en 2000.

La abogada representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Otra abogada, Corinne Herrmann, aseguró que dos mujeres presentaron denuncias por violación contra Bruel el 27 de mayo y el 3 de junio.

El medio de investigación Mediapart informó de que se trata de una exreina de belleza que acusa a Bruel de haberla violado en 2008 y de una fisioterapeuta que sostiene que cometió violación en 2000.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984, y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. “Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener”, dijo en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker, y en 1998 se impuso como campeón del mundo.

Fuente: AFP.

Fotos: Stephane de Sakutin/ AFP; Simon Wohlfahrt/ AFP; Alain Jocard/ AFP y Xavier Galiana/ AFP.

Un docente de la provincia de Córdoba fue condenado este lunes a seis años de prisión por abusar sexualmente de una alumna con discapacidad. El hombre, de 55 años, se encontraba detenido con prisión preventiva desde hacía casi un año.

La condena fue dictada por la Cámara del Crimen de Villa María, que encontró culpable a Oscar Fernando León del delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Según informaron medios locales, la víctima es una mujer mayor de edad con discapacidad que había sido alumna del acusado.

León era un reconocido politólogo y docente de la ciudad ubicada en el centro de la provincia de Córdoba. Al momento de su detención, se desempeñaba como profesor de Filosofía en un establecimiento educativo, donde tomó contacto con la víctima.

La causa comenzó a mediados de junio del año pasado, cuando la madre de la mujer radicó la denuncia ante las autoridades. A partir de entonces, la fiscal Juliana Companys encabezó una investigación que derivó en la detención del docente.

Desde entonces, León permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con la acusación, el hombre invitó a la mujer a su domicilio, donde abusó sexualmente de ella. La investigación sostuvo que el docente se aprovechó de la discapacidad de la víctima y de su situación de vulnerabilidad para concretar el ataque.

Durante el juicio, el fiscal Francisco Márquez solicitó una pena de seis años de prisión al considerar que correspondía aplicar el mínimo previsto por la ley para este tipo de delito. En contraposición, la defensa de León pidió la absolución.

El abogado defensor, Alfonso Martín, argumentó que su cliente “no sabía” que el consentimiento de la mujer podía encontrarse condicionado por su discapacidad. Sobre esa base, solicitó que fuera absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, la jueza Edith Lezama de Pereyra rechazó los planteos de la defensa y resolvió condenar a León a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal. Tras el fallo, el docente continuará detenido en una unidad del Servicio Penitenciario provincial.

Orlando “N”, alias “El Misterio”, fue detenido en el municipio de Tapachula, Chiapas, luego de que intentó darse a la fuga al observar la presencia de elementos de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el sujeto, de nacionalidad salvadoreña, es identificado como presunto líder de la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

Durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio antes referido, el individuo intentó huir, pero fue interceptado por elementos de la FGE en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el detenido cuenta con órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen delitos relacionados con la portación y tenencia de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

“El Misterio” contaría con ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que la detención de Orlando “N” fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional.

De acuerdo con las autoridades, el individuo presuntamente cuenta con una ficha roja internacional emitida por Interpol, al ser considerado objetivo de interés por autoridades de la República de El Salvador. Las instancias competentes deberán confirmar su grado de responsabilidad y situación jurídica.

Tras su detención, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación conforme a la ley.

Miembros de la MS-13 han sido localizados en México, se cree que habrían buscado refugio en el país

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, surgió en los años ochenta en los barrios de personas refugiadas de Los Ángeles, en Estados Unidos, y ha sido señalada como una de las pandillas más violentas del país.

Su origen se remonta a la inmigración salvadoreña y, con el tiempo, la organización extendió su presencia de manera exponencial en territorio estadounidense. El crecimiento de la MS-13 ha sido especialmente visible en regiones como Long Island, Nueva York, y otras comunidades del estado, de acuerdo con investigaciones.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, las principales actividades delictivas a las que se dedica esta pandilla son la extorsión, venta de drogas y la protección de territorios en las ciudades para el cobro de piso a negocios y bares clandestinos. Además, la Mara Salvatrucha también está relacionada con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.

Autoridades estadounidenses han detectado la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha en países como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros.

Alianzas y vínculos con otras organizaciones criminales

Una investigación de Alberto DeAmicis de julio de 2017, refiere que la MS-13 ha establecido alianzas estratégicas para fortalecer su posición en actividades delictivas. Entre los vínculos destacados, se menciona la colaboración con la Mafia Mexicana (La Eme), una de las pandillas carcelarias más notorias dentro del sistema penitenciario de California.

Además, identificó la red de MS-13 como facilitadora de la distribución de drogas de organizaciones del crimen organizado en México como los Caballeros Templarios, utilizando su estructura para ampliar el alcance de dichos grupos. Estos lazos han favorecido la expansión y sofisticación de las operaciones criminales de la pandilla a nivel nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que la MS-13 habría enviado a varios líderes a organizar operaciones, entablar contactos para obtener narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de participar en la trata y contrabando de personas.

Un hombre fue condenado el viernes a 21 años de prisión por una violación cometida en 2003 en el Reino Unido, por la que otro hombre inocente pasó 17 años encarcelado. El caso es considerado uno de los errores judiciales más serios de la historia británica reciente.

Paul Quinn, de 52 años y padre de seis hijos, fue juzgado por dos cargos de violación, estrangulamiento intencional y lesiones corporales graves tras seis semanas de juicio en el Tribunal de la Corona de Manchester. Podrá solicitar la excarcelación a los 14 años, tres menos de los que cumplió el hombre condenado injustamente.

El juez Robert Bright le dijo al condenado: “Usted se sentó a disfrutar de su libertad a costa de un hombre inocente”.

En la madrugada del 19 de julio de 2003, una mujer de 33 años regresaba a casa de su novio por las calles de Little Hulton, en Salford, Gran Manchester. Quinn la siguió durante aproximadamente un kilómetro y medio antes de arrastrarla hasta un terraplén de autopista, donde la estranguló hasta dejarla inconsciente y la violó dos veces. Le fracturó el pómulo y una mordedura le desgarró parcialmente el pezón.

En una declaración leída ante el tribunal, la víctima —que hoy tiene cerca de 60 años— describió las secuelas permanentes del ataque. “Cada día miro mi rostro y veo la desfiguración, las cicatrices. Para él fue una noche de su vida. Para mí fue una noche que cambió mi vida”, declaró. El juez la llamó “una verdadera heroína”.

Pese a ser un delincuente sexual convicto que residía cerca del lugar de los hechos, Quinn no fue investigado. Andrew Malkinson, que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial cercano, fue identificado erróneamente por la víctima en una rueda de reconocimiento policial. Condenado a cadena perpetua en 2004, proclamó su inocencia desde el primer día, lo que le costó cumplir diez años por encima del mínimo impuesto. No fue liberado hasta 2020, aunque su nombre permaneció en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

Los avances en análisis genético permitieron al equipo legal de Malkinson y a la organización Appeal recuperar ADN de Quinn en fragmentos de ropa de la víctima que habían permanecido sin procesar durante años. Ese perfil coincidía con una muestra tomada al agresor tras su condena de 1992, lo que llevó al Tribunal de Apelación a anular la condena del guardia de seguridad en julio de 2023. Las autoridades sabían desde 2007 que existía material genético de un hombre no identificado en la víctima, pero decidieron no actuar.

Malkinson, de 60 años, se declaró “insultado y consternado” por la sentencia. “Espero que este hombre no obtenga la libertad condicional y que cumpla una condena mayor que la mía”, sostuvo en un comunicado difundido por Appeal. “Cualquier cosa menos que eso no es justicia”, añadió.

La fiscalía había solicitado cadena perpetua, pero Bright la rechazó. Argumentó que Quinn había modificado su estilo de vida desde 2017 y que en los delitos de violación “llega un momento en la vida en que el peligro disminuye”. Fuentes cercanas al caso indicaron que la sentencia podría ser remitida a la fiscalía general por considerarse excesivamente benévola.

Una revisión de 2024 detectó fallos que habrían podido liberar a Malkinson una década antes, lo que derivó en la apertura de una investigación pública. La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) investiga a cinco exagentes de la Policía del Gran Manchester (GMP) por mala conducta grave, uno de ellos bajo pesquisa penal, y a un sexto agente en activo. Dos altos cargos del organismo encargado de revisar posibles errores judiciales han dimitido.

Quinn tenía antecedentes que las autoridades no vincularon al ataque de 2003. Fue amonestado a los 12 años por agresión sexual y en 1992 condenado por abuso de menores, delito que hoy se tipificaría como violación, condena que generó su muestra de ADN en el sistema. Durante el juicio se reveló que había buscado en internet cuánto tiempo conservaba la policía las muestras genéticas.

La GMP se ha disculpado con Malkinson. “Sabemos que este resultado llega con dos décadas de retraso”, declaró la detective superintendente Rebecca McKendrick, quien instó a posibles nuevas víctimas de Quinn a presentarse. El condenado está siendo investigado como sospechoso en al menos tres agresiones sexuales adicionales.

Malkinson reclama una indemnización del Estado y ha cuestionado si la víctima fue presionada durante la rueda de reconocimiento. Su abogado Toby Wilton, del bufete Hickman & Rose, afirmó que para su cliente “no es el final del asunto”.

(Con información de AP, BCC y The Guardian)

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí, en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril, tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16.

“Asimetría de poder y coacción”

El fallo señaló que el testimonio de la denunciante, corroborado por otros elementos de prueba, resultó veraz y consistente. También avaló la valoración probatoria realizada por la instancia anterior y descartó los planteos defensivos.

La Cámara remarcó que la ausencia de resistencia no implica consentimiento cuando los hechos ocurrieron en un contexto de subordinación y “coacción”. La decisión judicial sostuvo que no puede leerse como consentimiento cuando existió “asimetría de poder”.

El tribunal también sostuvo que la demora en denunciar es frecuente en este tipo de casos, en especial dentro de ámbitos institucionales donde la víctima puede temer represalias o descreimiento.

Esa fue la respuesta central del tribunal ante la discusión planteada en el expediente: la condena quedó confirmada porque los jueces consideraron acreditados los abusos y entendieron que la reacción de la víctima debía analizarse a la luz de la relación de poder existente, no como un indicio de aceptación.

Cronología de los abusos

Según el fallo judicial, los hechos ocurrieron en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo. El primer episodio fue en diciembre de 2022, cuando Sánchez Aguilar hizo entrar a la víctima, una agente recientemente incorporada a la fuerza, a un cuarto de limpieza, cerró la puerta y “la obligó a realizarle sexo oral bajo la amenaza de aplicarle sanciones disciplinarias en caso de negarse”, informó el comunicado de la Policía Federal Argentina.

Meses después, el 18 de junio de 2023, volvió a hostigarla cuando ambos estaban solos en la dependencia. En esa ocasión, le dijo: “es el Día del Padre, ¿no hay regalo para mí? Pero no quiero que me compres nada”. Luego, el hombre se bajó los pantalones, exhibió sus genitales y la manoseó. Esto ocurrió también en el interior de la Comisaría Vecinal N°14 de la Policía de la Ciudad, situada sobre la Avenida Santa Fe al 4000.

La sentencia tuvo por probado que el acusado se aprovechó de la inexperiencia de la joven y de la relación de subordinación, ya que cumplía funciones de instructor. El tribunal también valoró como agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima y el impacto emocional de los hechos.

A eso sumó las consecuencias laborales derivadas del caso: una licencia prolongada, su traslado y la estigmatización dentro de la fuerza. Esos elementos integraron la evaluación judicial que derivó en la pena de siete años.

Fuga, allanamiento y captura

A medida que avanzaba la causa, Sánchez Aguilar se dio a la fuga con paradero desconocido. En ese marco, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja a cargo del Dr. José María Campagnoli, secretaría del Dr. Juan Pablo Bello, convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

A partir del análisis de bases de datos oficiales, registros de organismos públicos y cruces de información con empresas de telefonía, los investigadores identificaron varios domicilios vinculados al acusado. Uno de los puntos de rastreo fue un inmueble ubicado en la ciudad de La Plata.

Con la anuencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 a cargo de la Dra. Valeria Rico, Secretaría de la Dra. Verónica Potes, los uniformados montaron un operativo en las inmediaciones de dicho domicilio, el cual se ubica sobre la calle 132 de la localidad de Arturo Seguí.

Los efectivos servidores al hombre egresar de la finca en cuestión y, al corroborar que se trataba del expolicía buscado, lo detuvieron en la vía pública.

En el marco de la condena, el tribunal también dispuso la extracción de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Hay tragedias que se quedan grabadas en la memoria de un país no solo por la crueldad del hecho, sino por la traición a la confianza más sagrada. En la República Dominicana, el nombre de Esmeralda Richiez evoca ese dolor. Para quienes no conocen su historia, el desenlace judicial ocurrido esta semana en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cierra uno de los capítulos más oscuros del ámbito educativo nacional: la ratificación de la condena de 20 años de prisión para el exprofesor John Kelly Martínez, hallado culpable de la muerte de la adolescente de 16 años.

En febrero de 2023, Higüey, provincia La Altagracia. Esmeralda era una adolescente llena de vida, estudiante del Instituto Agropecuario de la zona. En las aulas destacaba un hombre: John Kelly Martínez, de 35 años, su profesor de matemáticas y educación física.

Martínez no era un desconocido; era un líder comunitario, un educador en quien los padres de Esmeralda confiaban ciegamente. Esa posición de autoridad y mentoría fue, según demostró la justicia, la llave que utilizó para quebrar la seguridad de la joven.

El 12 de febrero de 2023, bajo el pretexto de una salida recreativa, Martínez pasó a buscar a Esmeralda por su residencia en la comunidad de Vista Alegre. En el vehículo no viajaban solos; los acompañaba Rubiel Morillo Martínez (primo del profesor) y otras tres alumnas del mismo centro, todas menores de edad. El destino final fue una playa en la concurrida zona turística de Bávaro. Lo que prometía ser una salida de amigas con su profesor de confianza se convirtió en una pesadilla oculta en la oscuridad de la noche.

Alrededor de la medianoche, el vehículo regresó a Vista Alegre. Esmeralda bajó del auto y entró a su casa. Quienes la vieron notarían de inmediato que algo andaba mal: estaba extremadamente pálida y presentaba un sangrado visible. Sin embargo, el miedo, la manipulación psicológica o la misma vergüenza propia de su edad hicieron que la adolescente minimizara la situación ante sus padres, asegurando que se trataba de un malestar común. Se encerró en su habitación.

El 13 de febrero, el silencio en el cuarto de la joven alarmó a la familia. Al entrar a buscarla, se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la menor yacía en el suelo del baño de la residencia, en medio de un charco de sangre.

La investigación científica arrojó luz sobre el horror que Esmeralda calló en sus últimas horas. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor había sido sometida a una “actividad sexual violenta”, la cual le provocó severas laceraciones y abrasiones vaginales. Estas heridas causaron una hemorragia aguda, tanto interna como externa, que derivó en un shock hipovolémico. En términos llanos: Esmeralda se desangró hasta morir debido al daño físico sufrido durante la salida con su profesor.

El peso de la ley: Sin derecho a rebaja

El caso escaló rápidamente a los tribunales, provocando protestas y una profunda indignación colectiva que exigía la pena máxima. El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor.

Inconforme con el dictamen, la defensa de John Kelly Martínez intentó un último recurso legal apelando la sentencia en busca de una reducción de la pena o la anulación del juicio. Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís declararon inadmisible dicho recurso.

Con este fallo, la justicia dominicana ratifica que Martínez violó los artículos del Código Penal concernientes a homicidio voluntario, asociación de malhechores y actos de barbarie, además de violentar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El exprofesor de matemáticas pasará las próximas dos décadas tras las rejas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey. El fallo también le obliga a pagar una indemnización de dos millones de pesos a la devastada familia Richiez. La sentencia ya es firme, pero el vacío en las aulas y en el hogar de Esmeralda permanece como un recordatorio del día en que el peligro se disfrazó de maestro.

Las autoridades judiciales de Panamá dictaron dos sentencias condenatorias en la provincia de Panamá Oeste por delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores.

En el primer caso, la Fiscalía Regional obtuvo una pena de 13 años de prisión para un ciudadano venezolano imputado por los delitos de difusión y posesión de material de abuso sexual infantil.

La investigación penal determinó que el individuo difundió un video explícito de forma masiva en un grupo de WhatsApp en La Chorrera durante mayo de 2025, y posteriormente se le decomisó un dispositivo electrónico que contenía grabaciones adicionales de menores de edad en actividades de naturaleza sexual.

El Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena pactado entre las partes que derivó en la sentencia condenatoria número 340, imponiendo además una inhabilitación absoluta para trabajar cerca de parques y escuelas por un periodo de cinco años adicionales tras cumplir la sanción de prisión.

En el segundo proceso, el Tribunal de Juicio Oral de Panamá Oeste condenó a 17 años de prisión a un hombre de 50 años por los delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados. Los magistrados basaron la resolución en el caudal probatorio de la sección de asistencia a juicio que demostró que el imputado se aprovechó de su vínculo familiar como tío de la víctima, una menor de 13 años, para cometer los actos ilícitos en el distrito de Arraiján durante el año 2023.

La sentencia número 065 desglosó la pena en 13 años por violación y 4 años por actos libidinosos, aplicando restricciones severas para ejercer oficios en centros deportivos y parvularios. Paralelamente, en el distrito de San Miguelito, la Fiscalía Superior de Adolescentes logró la detención provisional de un joven de 17 años por su presunta vinculación en la violación agravada de una niña de 11 años ocurrida en Belisario Frías, fundamentando la medida en los riesgos de afectación de pruebas.

Delitos al alza

El informe del Ministerio Público sobre delitos sexuales refleja un incremento del 5% en las denuncias globales de este tipo penal en el primer cuatrimestre, acumulando 1,980 casos frente a los 1,892 registrados en el mismo periodo del año anterior.

La evolución mensual de la criminalidad sexual muestra una tendencia creciente en la recepción de causas, iniciando en enero con 487 denuncias, descendiendo levemente en febrero a 416, y registrando un marcado repunte en marzo con 538 casos que se estabilizó en abril con 539 expedientes ingresados al Sistema Penal Acusatorio.

Del total general reportado, el capítulo general de violación y otros delitos sexuales acaparó la gran mayoría de la actividad judicial con 1,795 denuncias, mientras que las conductas asociadas a corrupción y explotación sumaron 185 trámites a nivel nacional.

Al analizar los datos, las denuncias por violaciones comunes registraron 646 casos, lo que representa una disminución del 11% en comparación con el año anterior. En contraste, las violaciones familiares o con agravantes graves subieron un 2%, sumando 85 casos, mientras que los abusos sexuales contra adolescentes de entre 14 y 18 años aumentaron un preocupante 18%, alcanzando los 742 expedientes judiciales.

El comportamiento por meses de este último delito específico de acceso sexual a adolescentes evidenció una aceleración constante en las oficinas judiciales, contabilizando 189 denuncias en el mes de enero, 156 en febrero, 187 durante marzo y alcanzando su punto más elevado en abril con un total de 210 investigaciones iniciadas por los fiscales.

El incremento porcentual más significativo se concentró en la tipificación de pornografía infantil, cuyas denuncias pasaron de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual, lo que representa un alza del 117%. El registro de este flagelo cibernético se concentró con fuerza durante el mes de febrero al registrarse 16 denuncias de impacto inmediato.

Por el contrario, la posesión de este material ilícito reportó una disminución del 10%, contabilizando 9 denuncias en total. En cuanto a otras conductas delictivas, el delito de corrupción de personas menores de edad escaló un 40% con un total de 126 registros, presentando un flujo mensual ascendente que cerró abril con 37 denuncias activas, mientras que la explotación comercial bajó un 50%, reportando únicamente 4 casos ante el Ministerio Público.

El resto de la incidencia delictiva del cuatrimestre incluyó 306 denuncias por actos libidinosos, 16 por acoso sexual, 3 por relaciones remuneradas con menores de edad y 3 por exhibición de material pornográfico a personas con discapacidad o incapaces. En contraste, los delitos de turismo sexual, omisión de conocimiento y uso de inmuebles para estos fines cerraron el periodo sin registros.

En el desglose territorial por distritos judiciales, el Primer Distrito concentró el mayor impacto operativo con 919 denuncias acumuladas, mientras que el Tercer Distrito Judicial reportó 698 expedientes. En la distribución geográfica nacional, la provincia de Panamá concentra el mayor volumen con 406 casos, seguida de Chiriquí con 309, Panamá Oeste con 259, Bocas del Toro con 195 y la comarca Ngöbe Buglé con 194 denuncias.

En una rápida intervención, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la detención en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad salvadoreña.

Al extranjero se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una joven hondureña de 21 años, en un hecho ocurrido en la zona occidental del país.

Según el informe de los cuerpos policiales y las declaraciones brindadas por el vocero de la institución, el incidente se registró aproximadamente a las 10:00 de la noche.

La víctima se encontraba en el desvío del municipio de Dulce Nombre con la intención de trasladarse hacia Santa Rosa de Copán. Al encontrarse en la carretera, la joven solicitó un “jalón” o “ride” al conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona.

El reporte preliminar detalla que, tras abordar la pesada unidad, el conductor avanzó un par de metros y posteriormente estacionó el automotor a la orilla de la carretera. En ese momento, el sospechoso presuntamente comenzó a realizar actos indebidos. Acto seguido, habría sacado un arma blanca para amordazar, amenazar y someter a la víctima, obligándola a sostener relaciones sexuales contra su voluntad.

Una vez cometido el abuso, el agresor trasladó a la joven hasta la terminal de buses de Santa Rosa de Copán, donde la abandonó. Agentes policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona detectaron la situación y atendieron a la víctima de manera inmediata.

Tras brindarle el resguardo necesario, la trasladaron a las oficinas de la DPI, donde un equipo especializado le ofreció acompañamiento psicológico y asesoramiento legal para formalizar la denuncia correspondiente a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Con la información recabada, los equipos de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N°4 (UDIC-4) desplegaron labores de seguimiento y vigilancia. El sospechoso fue localizado y requerido frente a una gasolinera en el barrio Miraflores de la misma ciudad. Al momento del arresto, las autoridades decomisaron un vehículo tipo cabezal, color amarillo, cargado con harina, el cual procedía de San Pedro Sula y tenía como destino El Salvador.

Declaraciones de los involucrados

Al ser interrogado por medios locales, el detenido, un hombre de 48 años originario de El Salvador y residente en la colonia San Gabriel, negó las acusaciones argumentando su inocencia:

“Yo la dejé allí en la terminal y yo me parqueé más adelante. Si hubiera hecho algo malo, ¿cree que me hubiera quedado ahí?”, manifestó el conductor, confirmando que sí trasladó a la joven tras su petición.

Por su parte, el vocero policial enfatizó que el caso ya se encuentra en manos del Poder Judicial, órgano encargado de evaluar las pruebas. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los motivos por los cuales la joven se encontraba en la carretera a altas horas de la noche.

De ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el ciudadano salvadoreño enfrentará severas sanciones penales. De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras, el delito de violación simple establece una pena abstracta que oscila entre los 9 y 12 años de prisión.

No obstante, la condena podría incrementarse si el Ministerio Público logra acreditar agravantes específicas durante el proceso. En este caso particular, el uso de un arma blanca para amordazar e intimidar a la víctima, así como la ejecución del acto en un lugar solitario y durante la noche (aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven), facultan al juez para aplicar la pena en su tramo máximo, la cual podría alcanzar hasta los 15 años de reclusión.

Chihuahua encabeza los secuestros de mujeres en 2026 por tasa estatal, con 13 casos de enero a abril y una incidencia de 0.64 por cada 100,000 mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese registro coloca a la entidad por arriba de Tlaxcala, Tabasco, Michoacán y Guerrero en un periodo en el que también crecen otros delitos que afectan a mujeres, como violación, extorsión, homicidio y lesiones.

A escala nacional, el secuestro mantiene una composición de víctimas mayoritariamente masculina, pero las mujeres representan 18.6% de los casos, según el corte de enero a abril de 2026. En ese universo, Chihuahua aparece como el estado con la tasa más alta para víctimas mujeres de secuestro, mientras Tlaxcala ocupa el segundo lugar con dos casos y una tasa de 0.26, y Tabasco el tercero con dos casos y 0.16.

Michoacán suma tres casos y una tasa de 0.12 por cada 100,000 mujeres. Guerrero registra dos casos y una tasa de 0.11.

Guanajuato concentra más víctimas mujeres de extorsión y Chihuahua lidera en violación por tasa

En extorsión contra mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 208 casos, equivalentes a 19.4% del total nacional en el periodo analizado. Le siguen la Ciudad de México con 195 casos y 18.2%, Nuevo León con 124 y 11.6%, Morelos con 63 y 5.9%, y Veracruz con 54 y 5.0%.

Cuando se mide la incidencia por cada 100,000 mujeres, Guanajuato también se mantiene en primer sitio con 6.13 y 208 casos. Después aparecen Colima con 5.91 y 23 casos, Morelos con 5.90 y 63, Zacatecas con 4.87 y 43, y Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

En violación simple y equiparada, el Estado de México concentra el mayor número de carpetas con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional entre enero y abril. Después están Ciudad de México con 745 casos y 11.4%, Nuevo León con 449 y 6.9%, Chihuahua con 389 y 6.0%, Guanajuato con 372 y 5.7%, Hidalgo con 306 y 4.7%, y Baja California con 297 y 4.6%; en conjunto, esas entidades reúnen 53.1% de los registros.

Por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en ese delito con 9.52 por cada 100,000 habitantes y 389 casos. Detrás se ubican Campeche con 9.25 y 89 casos, Hidalgo con 9.18 y 306, Querétaro con 8.33 y 225, Ciudad de México con 8.13 y 745, Colima con 7.98 y 165, Baja California Sur con 7.81 y 72, Baja California con 7.09 y 297, y Nuevo León con 6.89 y 449 casos.

La respuesta central a la pregunta sobre dónde se concentra la mayor presión delictiva contra mujeres cambia según el ilícito que se revise. Chihuahua lidera en secuestro y en violación por tasa, Guanajuato encabeza la extorsión y el homicidio doloso por número de víctimas, y Veracruz aparece al frente en violencia de género por volumen absoluto.

Veracruz y Querétaro destacan en violencia de género; Sinaloa lidera feminicidio por tasa

En violencia de género, Veracruz registra 841 casos y concentra 54.5% del total nacional reportado en las entidades con mayor incidencia. Querétaro suma 523 casos y 33.9%, Guerrero 152 y 9.9%, Baja California Sur 12 y 0.8%, y Aguascalientes cinco y 0.3%.

Por tasa de violencia de género, Querétaro pasa al primer lugar con 19.36 por cada 100,000 habitantes y 523 casos. Veracruz se coloca después con 10.37 y 841 casos, seguido por Guerrero con 4.21 y 152, Baja California Sur con 1.30 y 12, y Aguascalientes con 0.32 y cinco.

En feminicidio, Sinaloa concentra 13% de las víctimas nacionales de enero a abril de 2026. Chiapas y Estado de México comparten 7.7%, Ciudad de México registra 7.2% y Chihuahua 5.3%.

Por tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres, Sinaloa ocupa el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Le siguen Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal muestra que 38.3% de los feminicidios del país se concentran en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos, equivalentes a 10%; después aparecen Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, Ciudad de México, con cinco casos; mientras Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua, Chihuahua; Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; Toluca, Estado de México; Tuxtla Chico, Chiapas; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato, e Iztacalco, Ciudad de México, aparecen con entre dos y tres casos. El resto de los municipios suma 124 delitos, equivalentes a 61.7%.

Guanajuato, Michoacán y Estado de México aparecen de forma constante en homicidios y lesiones

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total. Le siguen Guerrero con 39 casos, Morelos con 36, Michoacán con 35, Colima con 31, Ciudad de México con 30, Baja California y Jalisco con 29 cada uno, Puebla con 26, y Chihuahua y Veracruz con 25.

Por tasa de homicidio doloso de mujeres, Colima se coloca en primer lugar con 7.96 por cada 100,000 mujeres y 31 casos. Después están Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

En homicidio culposo de mujeres, Michoacán suma 92 casos y 9.8%; Veracruz 80 y 8.5%; Guanajuato 77 y 8.2%; Jalisco 73 y 7.7%; Puebla 50 y 5.3%; Ciudad de México 49 y 5.2%; Quintana Roo 47 y 5.0%; Tamaulipas 41 y 4.4%; Chiapas 40 y 4.2%; Guerrero 33 y 3.5%; Estado de México 30 y 3.2%; y Zacatecas 28.

En lesiones dolosas contra mujeres, el Estado de México concentra 8,752 casos, equivalentes a 32.9% del total nacional, y Guanajuato agrega 2,915, que representan 11.0%. Jalisco reporta 1,524 casos, Michoacán 1,428 e Hidalgo 987. Por tasa, Estado de México también ocupa el primer lugar con 95.39 por cada 100,000 mujeres, seguido por Guanajuato con 85.97, Aguascalientes con 83.46, Baja California Sur con 63.12 e Hidalgo con 56.80.

En lesiones culposas por tasa, Morelos encabeza la lista con 50.47 y 539 casos. Después aparecen Aguascalientes con 29.28 y 234, Baja California Sur con 25.91 y 117, Colima con 23.62 y 92, Hidalgo con 20.31 y 353, Quintana Roo con 19.73 y 210, Chihuahua con 19.58 y 400, Estado de México con 17.54 y 1,609, Jalisco con 15.36 y 698, Ciudad de México con 14.55 y 693, y Coahuila con 14.34 y 247 casos.

Siete estados concentran 53.1% de las denuncias por violación simple y equiparada en México entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el dato perfila un mapa de concentración territorial en el que el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León encabezan los registros absolutos, mientras Chihuahua aparece con la tasa más alta por cada 100,000 habitantes.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León con 449 y 6.9%; Chihuahua con 389 y 6%; Guanajuato con 372 y 5.7%; Hidalgo con 306 y 4.7%; y Baja California con 297 y 4.6%.

Esa suma coloca a esas siete entidades con poco más de la mitad de los casos denunciados en el país durante el primer cuatrimestre del año. La concentración muestra que el volumen del delito se acumula en estados con alta población, aunque la medición por tasa cambia el orden y exhibe otra dimensión del problema.

Chihuahua encabeza la tasa de violación por cada 100,000 habitantes

Cuando se observa la incidencia proporcional, Chihuahua aparece en primer lugar con una tasa de 9.52 y 389 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Después están Campeche con 9.25 y 89 casos; Hidalgo con 9.18 y 306; Querétaro con 8.33 y 225; y la Ciudad de México con 8.13 y 745.

En la misma medición siguen Colima con 7.98 y 165 casos; Baja California Sur con 7.81 y 72; Baja California con 7.09 y 297; y Nuevo León con 6.89 y 449. La diferencia entre volumen total y tasa revela que entidades con menos población pueden registrar una incidencia más alta frente a su tamaño demográfico.

El registro nacional también ubica a la violencia de género con fuerte concentración territorial. Veracruz encabeza los casos absolutos con 841, equivalentes a 54.5% del total reportado para ese delito en el periodo, mientras Querétaro suma 523 y 33.9%, y Guerrero 152 y 9.9%.

Más abajo aparecen Baja California Sur con 12 casos y 0.8%, y Aguascalientes con cinco y 0.3%, según el Secretariado Ejecutivo. En la tasa por cada 100,000 habitantes, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos; Veracruz se coloca después con 10.37 y 841; y Guerrero con 4.21 y 152.

Feminicidio y homicidio de mujeres muestran otro mapa de concentración

Entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% de las víctimas de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Detrás se ubican Chiapas y el Estado de México con 7.7% cada uno, la Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%.

La tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca también a Sinaloa en el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Después están Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal concentra 38.3% de los delitos de feminicidio en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos y 10% del total nacional; Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, CDMX, aparecen entre los municipios señalados junto con Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua y Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula y Tuxtla Chico, Chiapas; Toluca, Estado de México; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato; e Iztacalco, CDMX.

Fuera de esos 20 municipios se contabilizan 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total, según el mismo registro. Ese reparto indica que, aunque hay focos municipales definidos, la mayor parte de los casos todavía se dispersa en el resto del país.

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 72 casos y 13.5%. Le siguen Guerrero con 39 y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; y Baja California y Jalisco con 29 cada uno y 5.5%.

Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima encabeza con 7.96 y 31 casos. Después se ubican Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

Lesiones, secuestro y extorsión amplían el patrón de violencia contra mujeres

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. El Estado de México está en primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, seguido de Guanajuato con 2,915 y 11%; Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%; e Hidalgo con 987 y 3.7%.

La tasa por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Después aparecen Guanajuato con 85.97 y 2,915; Aguascalientes con 83.46 y 667; Baja California Sur con 63.12 y 285; e Hidalgo con 56.80 y 987.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Le siguen Tlaxcala con 0.26 y dos; Tabasco con 0.16 y dos; Michoacán con 0.12 y tres; y Guerrero con 0.11 y dos.

En extorsión contra mujeres por entidad, Guanajuato encabeza con 208 casos y 19.4%; la Ciudad de México tiene 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%; y Veracruz 54 y 5%. La tasa por cada 100,000 mujeres vuelve a colocar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos, seguido de Colima con 5.91 y 23; Morelos con 5.90 y 63; Zacatecas con 4.87 y 43; y la Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

Panamá registró 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y abril de 2026, según el informe estadístico del Ministerio Público. La cifra representa un aumento de 5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 1.892 denuncias.

El reporte, con cifras preliminares del Sistema Penal Acusatorio, muestra que los delitos sexuales mantienen una tendencia creciente en el primer cuatrimestre del año.

El mes con más denuncias fue abril, con 539 casos, seguido de

marzo, con 538; enero, con 487, y febrero, con 416. La mayor parte de las investigaciones corresponde al capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumuló 1.795 denuncias.

Otros 185 casos fueron clasificados dentro del capítulo de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito con mayor número de reportes fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 742 denuncias hasta abril. Le siguieron los casos de violación, con 646 denuncias; actos libidinosos, con 306; corrupción de menores de edad, con 126; y violación doblemente agravada, con 85 investigaciones abiertas.

La comparación interanual revela movimientos distintos por tipo de delito. Las denuncias por violación bajaron 11%, al pasar de 726 a 646 casos; sin embargo, el acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 años aumentó 18%, al subir de 630 a 742 denuncias.

La corrupción de menores creció 40%, mientras que los reportes de pornografía infantil pasaron de 18 a 39 casos, un incremento de 117%.

Por área geográfica, Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 406 casos. Le siguieron Chiriquí, con 309; Panamá Oeste, con 259; Bocas del Toro, con 195; la comarca Ngöbe Buglé, con 194; Coclé, con 149; Veraguas, con 128; y San Miguelito, con 117. En términos porcentuales, Herrera registró el mayor aumento frente a 2025, con 40%, seguido por Chiriquí y San Miguelito, ambos con 17%.

Condena de 37 años

En este contexto, el Ministerio Público reportó una condena de 37 años de prisión contra un hombre de 28 años en Veraguas, declarado responsable de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores agravada en perjuicio de dos niñas de 8 y 9 años. Los hechos ocurrieron en 2024, en el distrito de Santiago.

Durante la audiencia ante el Tribunal de Juicio, la Fiscalía Regional de Veraguas presentó la teoría del caso y las pruebas que vincularon al sentenciado con los delitos. Además de la pena principal, el tribunal impuso una sanción accesoria de 14 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en espacios donde regularmente se agrupen menores de edad.

El Ministerio Público también informó otro caso reciente en Colón, donde un ciudadano de 29 años quedó bajo detención provisional por los delitos de violación sexual agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de una menor de 13 años.

La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Fiscalía sustentara riesgos procesales como posible destrucción de pruebas, peligro para la víctima y riesgo para la comunidad.

De acuerdo con la investigación, este caso se originó en febrero de 2025 en el corregimiento de Cativá. Durante la audiencia, realizada el 15 de mayo de 2026, el Ministerio Público también solicitó un anticipo jurisdiccional de pruebas, petición que fue concedida por el juzgado.

Los dos procesos reflejan una de las características más sensibles de este tipo de delitos: la afectación directa a niñas y adolescentes, muchas veces dentro de entornos cercanos o de confianza. Aunque cada expediente mantiene su trámite judicial particular, ambos casos se conocen en momentos en que las estadísticas oficiales muestran un incremento general de denuncias por delitos sexuales en Panamá.

El Ministerio Público advirtió que los datos del informe pueden variar con el avance de las investigaciones y el proceso utilizado por los fiscales. Aun así, el balance hasta abril deja una señal clara: las denuncias por delitos sexuales no solo siguen en niveles altos, sino que algunas conductas asociadas a menores de edad muestran incrementos relevantes frente al año pasado.

La presión sobre el sistema judicial se concentra ahora en dos frentes: avanzar en las investigaciones penales y fortalecer la protección temprana de las víctimas. El comportamiento de las cifras confirma que los delitos sexuales continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Panamá, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Ayer miércoles, la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Rodrigo Ezequiel Figueroa. El delito: intentar violar a un nene en un baño de estación de servicio. El caso no es tan simple. Tiene una particularidad especial, que resuena con la época. El planteo de los jueces Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela es, al menos, interesante.

El hecho ocurrió el 5 de abril último por la tarde en la YPF ubicada en la esquina de Independencia y Jujuy, zona de San Cristóbal, sumamente concurrida. Según la acusación en su contra, Figueroa abordó al chico, que había entrado solo al baño. Allí, supuestamente, le dijo: “¿Me la querés chupar?“. La víctima tenía -tiene- ocho años.

El chico huyó al auto de sus padres, llorando. “Un hombre en el baño me dijo algo feo”, les afirmó, y repitió la frase. Lo hizo “señalando al imputado que salía del baño, quien aparentaba estar en situación de calle y llevaba una bolsa negra consigo”.

Así, el padre del chico corrió al acusado por la avenida Independencia. Lo atrapó y lo redujo cien metros después, mientras gritaba por un patrullero. Poco después, la Policía de la Ciudad llegó al lugar. Figueroa quedó detenido en el acto.

Comenzó una causa bajo la firma del juez Fernando Canedo con el fiscal Marcelo Roma. El chico declaró en Cámara Gesell y describió el hecho. Su relato fue considerado creíble. La defensa oficial de Figueroa presentó una declaración del acusado por escrito.

“Niego rotundamente el hecho que se me atribuye en esta causa, y únicamente puedo decir que el día de mi detención fui abordado de forma intempestiva y virulenta por un masculino que me golpeó en la cabeza”, aseveró el texto. La inspección médica posterior al detenido, practicada en el hospital Tornú, no reveló lesiones de consideración.

Finalmente, Caunedo lo procesó con prisión preventiva. Valoró, por ejemplo, sus antecedentes penales. Figueroa -de 28 años, oriundo de Berazategui, en situación de calle- había sido condenado en 2017 por un tribunal de Mercedes a tres años de prisión. Los delitos: tenencia ilegal de arma de guerra, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. También tenía en su contra una causa por supuestamente robarle a una mujer en 2024, que terminó con un archivo y suspension de trámite.

Todavía sobrevive el mito en ciertos sectores de que sexo oral no es violación. “La “fellatio in ore” constituye uno de los modos de acceso carnal configurativos del delito de violación", recordó el juez. Este criterio se aplicó, por ejemplo, para condenar al ex futbolista Jonathan Fabbro a 16 años de prisión por abusar de su ahijada.

Pero Figueroa, sin embargo, nunca tocó al chico. Así y todo, terminó preso y procesado.

Este miércoles, los jueces Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela de la Sala V confirmaron el procesamiento. En su decisión, recordaron otro planteo de la defensa, que aseguró que “en cualquier caso”, se trató de “una manifestación verbal aislada, desprovista de contacto físico, aproximación corporal o actos ulteriores de ejecución, no puede configurar la tentativa del delito”. Es decir, Figueroa, al chico, no lo tocó.

“La dificultad radica, precisamente, en determinar cuándo una conducta supera el plano de los actos preparatorios -por regla impunes- e ingresa en la etapa ejecutiva del delito”, se preguntaron los jueces.

Tras analizar diversos puntos de la teoría del derecho penal, aseguraron que “se advierte que el plan delictivo de Figueroa consistía en obtener del menor la realización de un acto de sexo oral y la proposición verbal imputada fue el acto inicial e inmediato dirigido a ese fin”. “La frase atribuida no puede ser analizada en abstracto ni escindida del contexto concreto en que fue pronunciada”, concluyeron. Es decir, otro posible caso de abuso -o intento de abuso- sin contacto.

Esto remite a la reciente condena dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón, que el mes pasado condenó a Orlando Tristán Novillo, un preso, a 20 años de cárcel por una serie de delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas. Los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez reconocieron que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico.

Unas 16 condenas que van desde los 64 a los 92 meses de prisión logró la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste.

Este resultado corresponde a las audiencias de las personas aprehendidas mediante la operación “Bloqueo”, realizada en los distritos de Arraiján y La Chorrera, al oeste de la ciudad capital.

Además de las condenas, la entidad de justicia informó que se ejecutaron cinco medidas de detención provisional y la aplicación de una medida cautelar de depósito domiciliario, además de una de reporte periódico, por delitos de venta de drogas y posesión agravada de sustancias ilícitas.

A los sentenciados se les impuso como pena accesoria el comiso de $665, vinculados presuntamente con las actividades ilícitas investigadas y la inhabilitación de funciones públicas.

Durante la operación “Bloqueo” se realizaron 19 operaciones de compra controlada de droga y 11 allanamientos, en lugares como Nuevo Chorrillo, Barriada 2000, Cerro Silvestre, Burunga, 7 de Septiembre, Bella Vista, Vacamonte, calle El Pescado y Playa Chiquita, logrando la aprehensión de estas personas, al igual que la incautación de una gran cantidad de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

La institución también informó que inició las investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal, luego de que se iniciara la búsqueda de restos humanos semienterrados en un área boscosa de la provincia de Colón.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, después de una intensa búsqueda se localizaron restos humanos en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos, en la costa atlántica.

En otro caso, por el delito de violación agravada fue detenido provisionalmente un ciudadano de 47 años de edad estará detenido provisionalmente.

Esto, luego de que la Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara ante el Juzgado de Garantías la vinculación del individuo a un caso registrado en esa región.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Garantías la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este hombre, solicitudes que fueron admitidas.

Este hecho ocurrió este 30 de abril del 2026, en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, cuando el imputado abusó sexualmente de un menor de 5 años de edad. El sujeto fue aprehendido en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

En otro acto delictivo en Panamá Oeste la Fiscalía Regional logró que un hombre de 66 años de edad fuera detenido provisionalmente, acusado del delito de actos libidinosos, en perjuicio de una menor de 4 años de edad.

La Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de esa región del país presentó los elementos de convicción, logrando que el Juzgado de Garantías considerara los riesgos procesales, de peligro de afectación de medios pruebas, por la naturaleza del hecho y el peligro de atentar contra la víctima y sus familiares, lo que permitió la aplicación de la medida cautelar más severa y proporcional al hecho cometido.

El caso ocurrió este 9 de mayo de 2026, en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, cuando el hombre, quien es vecino de la víctima, aprovechándose de la confianza cometió el repudiable hecho punible.

La impunidad parece encontrar cada vez menos espacio en el sistema judicial salvadoreño frente a delitos de naturaleza sexual. En las últimas 24 horas, el Órgano Judicial de El Salvador ha hecho públicos dos casos que, aunque en distintas etapas procesales, comparten un patrón alarmante: el abuso de la confianza y la cercanía para vulnerar la integridad de menores de edad.

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango determinó el día de ayer 12 de mayo, el avance a la etapa de instrucción en el proceso contra Abner Rolando A. V., un hombre de 40 años señalado por el delito de violación en menor o incapaz agravada, bajo la modalidad de delito continuado.

La víctima, una adolescente de tan solo 15 años, compartía con el victimario un entorno que debería ser de máxima seguridad: una congregación evangélica.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la relación de confianza entre ambas familias facilitó que el imputado perpetrara las agresiones en al menos tres ocasiones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Los hechos habrían ocurrido en la propia vivienda del procesado, aprovechando que la menor buscaba a la esposa de este. La jueza del caso no solo ordenó la detención provisional, enviando al imputado al Centro Penal La Esperanza (Mariona), sino que subrayó la gravedad del “delito continuado”, una figura legal que agrava la pena cuando el abuso se repite sistemáticamente.

Paralelamente, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de nueve años de prisión contra E. A. H. S. por el delito de agresión sexual en menor e incapaz. Este caso resulta particularmente indignante debido a la edad de la víctima: un niño de apenas cuatro años al momento de los hechos en 2024.

A pesar de que el imputado no se presentó al juicio siendo sentenciado en calidad de rebeldía, las pruebas testimoniales y periciales fueron contundentes.

El tribunal destacó que el agresor se valía de su cercanía con el núcleo familiar para quedar a solas con el menor. Además de la pena de cárcel, se le impuso una responsabilidad civil para resarcir los daños causados.

Análisis Legal: El delito de violación

Estos casos ponen bajo la lupa la aplicación del Código Penal de El Salvador, específicamente en sus artículos relacionados con la libertad sexual. La legislación salvadoreña es estricta respecto a estos delitos, estableciendo una protección especial para los menores de 18 años.

1. El Marco Penal (Art. 159 y 162)

En El Salvador, el delito de violación en menor o incapaz se castiga con penas que oscilan entre los 14 y 20 años de prisión. Sin embargo, cuando existen agravantes como la relación de confianza, la autoridad religiosa, familiar o el abuso de una posición de superioridad, la pena puede incrementarse significativamente.

1. La Figura de la Violación Agravada

En el caso de Abner Rolando A. V., el término “agravada” es clave. El Código Penal establece que si el autor es pariente, encargado de la guarda, o si el acto se realiza mediante el abuso de una relación de confianza (como en el ámbito eclesiástico), el sistema judicial debe ser más severo. La ley entiende que el daño no es solo físico, sino que existe una traición emocional que marca profundamente el desarrollo del menor.

Ambos expedientes judiciales dejan una lección clara para la sociedad civil: los agresores suelen ser personas del entorno cercano. Ya sea en instituciones religiosas, círculos de amigos o dentro del mismo hogar, el aprovechamiento de la “cercanía” es la herramienta principal de manipulación.

Un hombre de apellidos Gómez Pérez fue condenado a 38 años de prisión luego de que el Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica lo encontrara culpable de cometer tres delitos de violación en perjuicio de su sobrina de 16 años de edad.

La sentencia fue dictada este 11 de mayo del 2026 tras un juicio en el que la Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre noviembre y diciembre del 2021 en las localidades de San Pablo y San Rafael de Heredia.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los primeros hechos ocurrieron el 27 y 28 de noviembre del 2021 en la vivienda de los abuelos de la víctima, lugar donde también residía el ahora sentenciado.

Según quedó acreditado durante el debate, la adolescente se encontraba durmiendo cuando el imputado llegó a la casa bajo los efectos del alcohol. Aprovechando la vulnerabilidad de la menor y la cercanía familiar, el hombre se dirigió hasta donde ella estaba y cometió la primera agresión sexual.

La Fiscalía sostuvo que el ataque provocó un profundo estado de miedo en la víctima, situación que posteriormente fue aprovechada por el agresor para volver a abusar sexualmente de la adolescente al día siguiente.

Las autoridades judiciales determinaron que Gómez Pérez obligó a la joven a ingresar a su habitación, donde perpetró la segunda violación.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y acreditar la responsabilidad penal del sujeto.

La investigación también permitió establecer un tercer ataque sexual ocurrido semanas después, en diciembre del 2021, esta vez en una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.

Conforme a la acusación fiscal, el imputado aprovechó que la adolescente se encontraba sola en su casa debido a que su madre estaba trabajando. Fue en ese momento cuando el hombre llegó al inmueble y cometió una nueva agresión sexual contra la menor.

La Fiscalía expuso ante el Tribunal que el acusado utilizó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer los delitos, así como el temor generado en la víctima tras las primeras agresiones.

Luego de valorar toda la prueba presentada en el debate, el Tribunal Penal de Heredia concluyó que existían suficientes elementos para declarar culpable al imputado por tres delitos de violación.

Como resultado, los jueces impusieron una pena total de 38 años de cárcel.

Además de la condena, las autoridades judiciales ordenaron que Gómez Pérez permanezca seis meses más en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza y se completan los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad dentro del entorno familiar, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades judiciales y organismos de protección de la niñez.

Especialistas han señalado que, en muchos casos, las víctimas enfrentan dificultades para denunciar este tipo de hechos debido al miedo, las amenazas o la relación cercana con el agresor.

En Costa Rica, la legislación contempla penas severas para quienes sean encontrados culpables de delitos sexuales contra menores de edad, especialmente cuando existe una relación de parentesco, convivencia o confianza entre la víctima y el imputado.

Las autoridades judiciales han insistido en la importancia de denunciar este tipo de casos para garantizar la protección de las víctimas y evitar que las agresiones continúen ocurriendo dentro de los núcleos familiares.

La sentencia contra Gómez Pérez aún no se encuentra en firme, sin embargo, el Tribunal determinó mantener al imputado descontando prisión preventiva mientras avanzan las etapas finales del proceso judicial.

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por violación agravada y tentativa de violación, en perjuicio de dos mujeres, en un caso ocurrido en Arraiján durante julio de 2025, mientras que en otro proceso, un ciudadano de 40 años recibió una pena de 15 años por violación agravada y actos libidinosos contra dos menores de edad en La Chorrera, reflejando la gravedad de los delitos sexuales que continúan siendo judicializados en el país.

Estas condenas se suman a otras investigaciones recientes, como la detención provisional de un imputado por actos libidinosos agravados y corrupción de menores, evidenciando una acción sostenida del Ministerio Público frente a este tipo de delitos, que mantienen alta incidencia a nivel nacional.

Las decisiones judiciales se producen en un contexto en el que los delitos sexuales siguen registrando cifras relevantes en Panamá, con un total de 1,441 denuncias en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales.

De ese total, 1,302 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 139 están vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y conductas relacionadas, lo que confirma que la mayor carga del sistema penal sigue concentrada en hechos de alta gravedad contra la integridad sexual.

Dentro de las condenas recientes, el caso ocurrido en Panamá Oeste detalla que el agresor utilizaba un vehículo como parte de un servicio de transporte alternativo, lo que facilitó la comisión de los delitos en horas de la noche.

El tribunal validó un acuerdo de pena entre las partes, además de imponer sanciones accesorias como la prohibición de conducir y la suspensión de la licencia por 12 años, medidas que buscan limitar la reincidencia y proteger a la población.

En el segundo caso, que involucra a dos menores de edad, uno de los hechos se extendió entre mayo y septiembre de 2021, afectando a una adolescente de 15 años con discapacidad, mientras que el otro ocurrió en febrero de 2022, cuando el agresor, aprovechando su cercanía con la familia, realizó tocamientos a una menor de 11 años.

La sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos o actividades en espacios donde concurren menores, lo que refuerza el enfoque preventivo tras el cumplimiento de la pena principal.

Las cifras reflejan además cuáles son los delitos más frecuentes. Según el informe del Ministerio Público, el delito de acceso sexual con persona entre 14 y 18 años acumula 532 casos, seguido por 469 denuncias de violación y 224 de actos libidinosos, lo que evidencia patrones reiterados en la tipificación de estos hechos.

También se observa un aumento significativo en delitos como la pornografía infantil, que registra un crecimiento notable en comparación con el año anterior.

A nivel territorial, el fenómeno presenta una mayor concentración en áreas urbanas. El informe detalla que la provincia de Panamá registra 307 casos, seguida de Panamá Oeste con 180 y Chiriquí con 223 denuncias, lo que confirma que las zonas con mayor densidad poblacional también concentran la mayor cantidad de reportes.

No obstante, el problema tiene presencia en todo el país, incluyendo comarcas y regiones de menor población.

Aunque el total de denuncias muestra un incremento leve de 1% respecto al mismo período de 2025, las variaciones por tipo de delito revelan comportamientos distintos.

Mientras los casos de violación disminuyen 12%, otros delitos como la corrupción de menores aumentan 25% y la pornografía infantil registra un alza de hasta 700%, lo que refleja una evolución en las modalidades delictivas vinculadas al uso de tecnología y entornos digitales.

En este escenario, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de mantener investigaciones objetivas, transparentes y orientadas a garantizar justicia para las víctimas, al tiempo que continúa fortaleciendo la acción penal en los tribunales.

La combinación de condenas recientes, procesos en curso y estadísticas acumuladas confirma que los delitos contra la libertad e integridad sexual siguen siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial panameño.

Ella es de la ciudad canadiense de Ontario, él de la provincia de Mendoza y comenzaron una relación a través de Facebook. Finalmente, tras cuatro meses de noviazgo virtual, la mujer decidió viajar a Argentina para conocerlo en persona. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que su ilusión se convertiría en una pesadilla: tras mantener una discusión, el hombre la sometió a una violenta golpiza, la torturó y la violó. El acusado está detenido con prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 21 de febrero, durante un asado en la localidad de Maipú. Hasta ese momento, la visita de la mujer canadiense había sido normal, en la que incluso su novio llegó a presentarle a su familia. Pese a todo, según el relato de la víctima, una discusión por celos, hizo que el hombre -identificado como Eduardo Videla- se tornara violento.

De acuerdo con la declaración de la víctima, dada a conocer por el Diario Uno, la mujer se enojó y se retiró a pie de la reunión familiar, pero fue emboscada por su pareja y obligada a subir al auto. “Vos vas a pagar por todo lo que estás haciendo (...) Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te creés que sos, basura?”, le dijo el violento.

El relato de la mujer es estremecedor. En el vehículo, Videla comenzó a golpearla y la llevó hasta su domicilio en la zona de Coquimbito. Una vez en la casa, la agredió físicamente, la escupió, le orinó en el rostro y “la obligó a tomar orina”. Luego, según la acusación, abusó sexualmente de ella. De acuerdo con su versión, el hombre le introdujo un dedo para, según expresó, comprobar si la mujer “había estado con otro tipo”.

Fue la hermana del propio acusado, que vive en una casa contigua a la del acusado, quien intervino para dar por terminada la tortura. Al escuchar los gritos de la mujer y la golpiza, ingresó en la vivienda.

Allí, se encontró con la canadiense desmayada en el piso y llamó inmediatamente al 911. Videla, desde entonces, quedó detenido. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, la mujer fue asistida en el lugar y trasladada al hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica por los golpes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Género Gabriela Chaves. Tras la recolección de pruebas, la jueza Miriam Núñez le dictó la prisión preventiva a Videla, un empleado municipal de 45 años, quien permanecerá alojado en la cárcel mientras avanza la causa.

De acuerdo con el medio mendocino, la Fiscalía de Violencia de Género calificó los hechos como amenazas simples, lesiones leves dolosas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, todos en contexto de violencia de género.

Según narraron los hermanos, la menor les confió que estaba siendo agredida por su padrastro, Elías Alberto Mendoza Samaniego, de 54 años, desde hacía al menos cinco años. La denuncia formal fue presentada por el hermano mayor el pasado 28 de abril en la comisaría de Cieneguilla, luego de constatar que la madre de la niña se negaba a realizar el trámite ante las autoridades, pese a tener conocimiento de los hechos.

De acuerdo con los testimonios recabados por ATV, la madre minimizó los hechos que la menor le contaba en reiteradas ocasiones y llegó a pedirle que no contara lo sucedido.

Detalles del caso

Durante la investigación policial, el médico legista confirmó que la menor presenta signos de violación. La familia reportó que la niña mostraba señales de sufrimiento emocional, como dolores de estómago frecuentes, rechazo a asistir a clases y bajo rendimiento escolar, síntomas que la madre atribuía a desinterés académico.

El acusado ya había sido denunciado previamente por delitos contra la libertad sexual de menores. En 2011 fue acusado de tocamientos indebidos a otra menor y, en 2025, enfrentó una denuncia por abuso dentro del mismo entorno familiar. En ambos casos, las denuncias no prosperaron: en uno, por falta de pruebas y en otro, porque la madre habría inducido a la víctima a retractarse. Actualmente, existe una orden de alejamiento tanto para Mendoza Samaniego como para la madre, dictada por el Ministerio de la Mujer.

El rol de las instituciones y el pedido de justicia

La policía informó que el proceso de traslado de la denuncia a la jurisdicción de Lurín podría tomar hasta dos días, lo que ha generado preocupación por el riesgo de fuga del acusado. Organismos como el Ministerio de la Mujer y el Centro Emergencia Mujer (CEM) están brindando acompañamiento psicológico y legal a la víctima y sus hermanos. La familia exige celeridad en la captura del acusado para evitar su escape.

Contexto de la problemática en Perú

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en Perú ocurre dentro del hogar y es perpetrado por familiares directos o personas del entorno cercano. En 2025, se registraron más de 8.400 denuncias de delitos contra la libertad sexual de menores en el país, una cifra que, según especialistas, representa solo una parte del fenómeno debido al subregistro y al temor de las víctimas a denunciar.

Medios de ayuda

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan servicios especializados y gratuitos. Aquí encontrarás atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra las mujeres, miembros del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Podrás recibir asesoramiento legal, apoyo emocional y social a nivel nacional.

Chat 100: Este servicio te permite acceder a un chat en línea, en tiempo real, donde encontrarás profesionales especializados que brindan información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones. Además, también cuenta con expertos que promueven la igualdad en la atención a hombres.

Recuerda que estos servicios están disponibles para ofrecerte el apoyo necesario y ayudarte a enfrentar cualquier situación de violencia. No dudes en buscar ayuda y denunciar estos actos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) en la calle Cerrito al 100, en el barrio de San Nicolás, a escasas cuadras del Obelisco porteño.

Allí, el imputado fue interceptado durante un patrullaje conjunto con personal del área de Espacio Público. Al verificar sus datos, los agentes comprobaron que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura emitido el 23 de abril por abuso sexual con acceso carnal agravado y por robo.

Durante el arresto, el hombre no opuso resistencia y se corroboró además que no tenía en su poder ningún elemento considerado peligroso.

Tras la consulta a la base de datos, se corroboró que el hombre acumulaba diez antecedentes en los últimos tres años, entre ellos dos causas por robo y una por hurto, además de otros delitos similares.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, luego del arresto se le dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 a cargo del juez Alejandro Litvack, que ante la Secretaría N° 56 de Isidro Omar Rojas, ordenó su inmediata detención.

Rescataron a una mujer secuestrada en Villa Soldati

Una mujer fue rescatada este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía desbarató un taller de costura clandestino presuntamente liderado por un ciudadano boliviano. La víctima, que denunció haber pasado hambre, aseguró que permanecía retenida desde hacía dos meses.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón detuvieron a un hombre de apellido Salazar, señalado como sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres en la provincia caribeña costarricense, en hechos que se remontan entre 2011 y 2019.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el imputado, quien se desempeñaba como zapatero y era conocido en la zona, habría abordado a sus víctimas en la vía pública, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, para luego agredirlas sexualmente y asesinarlas mediante estrangulación.

El avance clave en la investigación se dio a partir del caso más reciente, ocurrido el 28 de diciembre de 2019. Ese día, el cuerpo de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, de 50 años, fue localizado en playa Cieneguita, en Limón. En ese momento, el crimen no había podido ser esclarecido, pero las muestras recolectadas se convirtieron en pieza fundamental años después.

Según detalló el Ministerio Público, los análisis realizados por el laboratorio de genética forense permitieron establecer coincidencias entre los perfiles genéticos obtenidos en este caso y los indicios recolectados en al menos tres homicidios ocurridos en 2011. Esta conexión abrió la posibilidad de que se tratara de un agresor serial que actuó en distintos puntos de la provincia limonense.

Los hechos de 2011 presentan características similares. El 25 de enero de ese año, una mujer de apellido Madrigal, de 45 años, fue hallada sin vida en una casa abandonada en barrio San Juan. Días después, el 2 de febrero, otra víctima, de apellido Waggon, de 35 años, fue encontrada en la playa de Cieneguita. Meses más tarde, el 10 de junio, Morales, de 30 años, apareció en el cementerio de Limón centro.

En todos los casos, las autopsias confirmaron un patrón coincidente: las víctimas habían sido agredidas sexualmente y posteriormente asesinadas por asfixia, específicamente por estrangulación. Este modus operandi fue clave para que los investigadores comenzaran a analizar los expedientes de manera conjunta.

Las autoridades indicaron que las víctimas compartían además condiciones de alta vulnerabilidad, ya que varias de ellas se encontraban en situación de indigencia, lo que habría facilitado que el sospechoso las abordara sin levantar sospechas.

Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía Adjunta de Limón señaló que los homicidios ocurridos en 2011 estarían prescritos desde el punto de vista penal, lo que limita la posibilidad de juzgarlos actualmente. No obstante, la evidencia sí permite fortalecer la causa relacionada con el crimen de 2019.

El detenido fue presentado este mismo miércoles ante la Fiscalía, donde se le tomó declaración indagatoria. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares con el objetivo de garantizar su permanencia en el proceso mientras avanzan las diligencias.

Horas después, un juez de turno acogió la solicitud y dictó seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso, plazo durante el cual las autoridades continuarán recabando pruebas y profundizando en la investigación.

El Ministerio Público destacó que este caso representa un ejemplo del impacto que tienen los avances científicos en la resolución de crímenes complejos. En particular, el uso de pruebas genéticas permitió establecer vínculos que durante años no habían podido ser identificados, reabriendo líneas de investigación que parecían cerradas.

Asimismo, las autoridades no descartan que puedan surgir nuevos elementos que vinculen al sospechoso con otros hechos delictivos, por lo que el caso se mantiene en desarrollo.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Limón, en conjunto con el OIJ, mientras se analizan más indicios y se revisan expedientes antiguos en busca de posibles coincidencias.

El juez de control ordenó prisión preventiva para Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, tras su detención por la probable comisión de violación, corrupción de personas menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente, según informó la Fiscalía General del Estado de Morelos este 28 de abril.

La autoridad atribuyó la detención a la flagrancia con la que policías municipales encontraron al funcionario en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan, en Tlayacapan.

El agente del Ministerio Público especializado presentó la imputación ante el juez, quien calificó de legal la detención y concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El alcalde permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras se desahoga la audiencia de vinculación a proceso.

Luego de supuestos sobre la relación profesional de Jorge “N” y Morena, el partido se deslindó mediante un comunicado.

Fiscalía reporta flagrancia y detención

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Morelos, policías sorprendieron a Jorge Armando “N” presuntamente violentando a un adolescente en un terreno junto a la carretera Yautepec-Tlayacapan, el pasado 25 de abril de 2026.

La autoridad detalló que la detención fue calificada como legal y que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de manera oficiosa debido a la gravedad de los delitos imputados.

La Fiscalía informó que la imputación incluye el delito de corrupción de personas menores y de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

El comunicado subraya que el acusado fue puesto a disposición del juez de control, quien avaló la legalidad de la detención y dictó la medida cautelar para resguardar la integridad de la víctima y garantizar el desarrollo del proceso penal.

Morena se deslindó del alcalde detenido

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos se deslindó de manera pública del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, tras su detención por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en agravio de un menor de edad.

En un comunicado publicado este 28 de abril, la dirigencia estatal del partido guinda aclaró que no existe vínculo político, institucional ni orgánico entre el partido y el presidente municipal.

Además, señaló que, aunque Jorge Armando “N” expresó en distintos momentos su intención de sumarse a Morena, nunca hubo reuniones formales, acuerdos políticos, acercamientos institucionales ni procesos internos que derivaran en su incorporación.

Morena puntualizó que su movimiento se basa en los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que rechaza cualquier conducta que vulnere derechos e integridad de niñas, niños y adolescentes.

El partido exigió a las autoridades competentes actuar con imparcialidad y apego a derecho, para que se esclarezcan los hechos y se apliquen sanciones en caso de acreditarse alguna responsabilidad.

Por último, reiteró su compromiso con la legalidad, la protección de los sectores vulnerables y la construcción de una vida pública basada en la ética y la justicia.

Información consultada por este medio en la plataforma “Saber Votar” señala que es licenciado en derecho y cuando se postuló para la gobernatura de Tlalnepantla lo hizo desde el Partido Encuentro Solidario (PES).

El Ministerio Público de Honduras confirmó la condena a 13 años de prisión contra Abner Geovany Bejarano, declarado culpable de violación agravada contra un niño en un Centro de Internamiento para Menores.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIñEZ) presentó pruebas contundentes que demostraron que Bejarano obligó a la víctima, un menor de edad, a realizar actos sexuales bajo amenazas de muerte. Además, el menor fue forzado a involucrar a otros cinco internos y sufrió agresiones físicas por resistirse a estas prácticas.

La condena impuesta incluye la prohibición de acercarse a la víctima durante 26 años, el doble de la pena principal, la inscripción obligatoria en el registro de agresores sexuales y la suspensión de la ciudadanía. Bejarano también deberá responder civilmente por el daño causado.

Los hechos salieron a la luz tras una intervención psicológica en la que un profesional escuchó a Bejarano amenazar a la víctima para que no revelara el abuso sufrido.

La investigación estableció que para la fecha del delito, el sentenciado ya había alcanzado la mayoría de edad, aunque por disposición judicial debía cumplir su sanción en el centro pedagógico. El Ministerio Público, tras recibir la denuncia y reunir los elementos probatorios, procedió a la presentación del requerimiento fiscal que concluyó con la sentencia condenatoria.

El caso de Abner Geovany Bejarano, condenado en abril de este año, expone la urgencia de fortalecer la prevención y la respuesta integral frente a la violencia sexual contra menores en Honduras.

Violencia sexual contra menores en Honduras

La violencia sexual contra menores en Honduras continúa siendo uno de los delitos más graves y, a la vez, subregistrados por barreras culturales e institucionales. Según datos del Ministerio Público y del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM) del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2024 se registraron 3.350 denuncias por violencia sexual contra mujeres y niñas. El 62% de estas víctimas corresponden a menores de edad. Esto implica que al menos 2.077 casos involucraron a niñas y adolescentes. La mayoría de las denuncias se concentran en los departamentos de Francisco Morazán (15,2%), Cortés (13,7%) y Atlántida (8,8%).

En cuanto a los procesos judiciales, de los 854 expedientes vinculados a violencia sexual ingresados a los juzgados en 2024, solo el 35% culminó en sentencias condenatorias. Más de la mitad de estos fallos condenatorios respondieron a acusaciones de violación. El informe señala además la falta de atención institucional adecuada, tanto en el acompañamiento psicológico como en el acceso a anticoncepción de emergencia, incluso para menores víctimas de agresión sexual.

Durante 2025, los primeros informes trimestrales indican que las denuncias por violencia sexual contra menores no presentan una reducción significativa. Según Casa Alianza Honduras, entre enero y marzo de 2025 se denunciaron decenas de casos de violencia sexual infantil, aunque la cifra exacta se mantiene reservada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El promedio diario de vulneraciones graves a derechos de la niñez, que incluye casos de abuso sexual, se mantiene en 17 a 18 incidentes, según reportes de la Senaf y El Heraldo. En el primer trimestre de 2025, Senaf informó la atención de 261 denuncias por distintas formas de maltrato, de las cuales una proporción relevante corresponde a delitos de carácter sexual.

Los datos históricos muestran que la violencia sexual representa una constante amenaza para los menores en Honduras. Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN), el 24% de las mujeres y niñas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, y la mayoría de los casos permanece sin denuncia formal.

La situación de impunidad persiste: en 2024, del total de denuncias por violencia sexual, solo el 25,4% se judicializó y apenas el 35% de esas causas obtuvieron sentencias condenatorias. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de acceso a justicia, la revictimización institucional y la inexistencia de protocolos efectivos agravan el riesgo y la desprotección de la niñez hondureña ante estos delitos.

Entre las víctimas menores de 18 años, destaca un patrón de agresiones cometidas tanto dentro del entorno familiar como en instituciones, como centros de internamiento, lo que revela la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia, protección y acompañamiento psicosocial.

El arte, que suele ser refugio y luz, fue en esta ocasión la máscara perfecta. En la ciudad de Boaco, donde las tradiciones y el arte suelen ser motivo de orgullo comunitario, una sombra se cernía sobre el hogar de una joven cuya adolescencia fue convertida en un campo de batalla silencioso.

La detención de Darwing Amilkar López, un músico conocido en el entorno local, ha descorrido el velo de una tragedia que se prolongó por casi cuatro años. Bajo el disfraz de la cultura y la integración familiar, López habría tejido una red de abusos, amenazas y manipulación tecnológica que hoy lo mantiene tras las rejas bajo prisión preventiva.

La historia, según relatan medios de comunicación en Nicaragua, todo comenzó en 2021, la víctima, identificada por las iniciales K.J.H.R., era entonces una niña de 13 años con un futuro brillante en la danza. Fue en ese entorno, entre coreografías y eventos recreativos, donde López puso sus ojos sobre ella. No fue una irrupción violenta de un extraño, sino el acercamiento calculado de un hombre que supo ganarse la confianza de una comunidad y, más peligrosamente, de una familia.

El agresor utilizó su posición como músico y colaborador en actividades juveniles para orbitar cerca de la menor. Su estrategia fue de manual: para llegar a la niña, primero conquistó a la madre. Al iniciar una relación sentimental con la progenitora de la víctima, López logró lo que cualquier depredador busca: la legitimidad de habitar el mismo espacio.

En enero de 2022, el acusado se mudó a la vivienda, convirtiéndose en una figura de autoridad y confianza cotidiana. Aquel que debía ser un protector se convirtió en el principal verdugo.

El cautiverio del silencio y el terror digital

Una vez instalado en el hogar, el entorno de seguridad de la adolescente se desmoronó. La acusación fiscal detalla que los actos de violencia sexual ocurrían de manera sistemática, aprovechando los momentos en que la joven se encontraba sola. Sin embargo, el abuso físico era solo una parte del horror.

Para garantizar que K.J.H.R. no rompiera el silencio, López presuntamente implementó un sistema de terror psicológico basado en la extorsión digital.

El señalado habría utilizado su teléfono celular para grabar las agresiones. Estos videos no eran solo registros de su depravación, sino armas de chantaje. Según el expediente judicial, el abusador amenazaba a la menor con difundir las imágenes si ella se atrevía a denunciar o si intentaba oponerse a sus deseos.

En una sociedad donde el estigma social suele caer injustamente sobre las víctimas, el miedo a la exposición pública fue la cadena que mantuvo a la joven atada a su agresor durante años. El último hecho registrado data de octubre de 2024, cerrando un ciclo de impunidad que parecía no tener fin.

El delito de violación en Nicaragua

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la protección de la niñez y la severidad de las leyes nicaragüenses. Según los reportes judiciales y el análisis del marco jurídico vigente, el delito de violación en Nicaragua se castiga con especial rigor cuando concurren agravantes como el abuso de confianza y la minoría de edad.

El Código Penal (Ley 641) establece pautas claras para estos crímenes:

• Violación Agravada: Dado que la víctima comenzó a sufrir los abusos a los 13 años y el agresor convivía en el mismo hogar, el caso encaja en las figuras agravadas de la ley. La confianza depositada por la familia y el vínculo de hecho con la madre agravan la responsabilidad penal del músico.
• Penalidad: Las condenas por este tipo de delitos pueden alcanzar los 20 años de prisión.

La prisión preventiva dictada por el juez busca asegurar que el acusado no evada la justicia ni continúe ejerciendo presión sobre la víctima o los testigos. Mientras el proceso judicial avanza, K.J.H.R. inicia ahora su propia batalla: la de reconstruir una vida que le fue arrebatada entre notas musicales y amenazas grabadas en un celular.

Antes de salir a buscar agua, algunas mujeres del campamento de Zamzam, uno de los campos de desplazados más grandes de Darfur, pedían anticonceptivos de emergencia. No porque fueran a tener relaciones. Sino porque sabían lo que les esperaba en la carretera. Esa carretera controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ese trayecto de pocos kilómetros que separa la supervivencia de la agresión, se había convertido en una certeza tan brutal que habían aprendido a anticiparla como parte de su estrategia de supervivencia. Nadie iba a detenerla por ellas.

Esta imagen —brutal en su cotidianidad, reveladora de una normalización forzada que ninguna mujer eligió— resume lo que Médicos Sin Fronteras (MSF) ha documentado en un informe publicado esta semana sobre la violencia sexual en Darfur: que la violación ha dejado de ser únicamente un arma de guerra para convertirse en la condición ordinaria de la vida de millones de mujeres y niñas en una de las regiones más devastadas del planeta. Cuatro años después del inicio del conflicto entre el Ejército sudanés y las FAR —el aniversario se cumplió el pasado 15 de abril—, el informe, titulado “Hay algo que quiero contarte”, ofrece la radiografía más detallada hasta la fecha de una crisis que el mundo ha preferido no mirar de frente.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 cuando las Fuerzas Armadas sudanesas y las FAR —una milicia paramilitar creada en 2013 a partir de los janjaweed, responsables de las atrocidades de la primera guerra de Darfur— se enfrentaron por el control del país tras el fracaso de una transición política negociada. En cuatro años, el conflicto ha provocado la mayor crisis de desplazados del mundo: más de doce millones de personas han abandonado sus hogares. Darfur, donde los janjaweed ya sembraron el terror a principios de la década de 2000, volvió a convertirse en el epicentro de las peores atrocidades. Las FAR tomaron el control de gran parte de la región y con ello se desató una nueva ola de violencia contra la población civil, en particular contra las comunidades no árabes.

Más allá del frente

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, más de 3.396 supervivientes de violencia sexual buscaron atención en centros apoyados por MSF en Darfur Norte y Sur. El 97% eran mujeres y niñas. Los datos, recogidos con consentimiento informado por personal médico de la organización, no pretenden —ni pueden— reflejar la magnitud real del fenómeno. Son solo lo que aflora cuando alguien se atreve a hablar, cuando existe un lugar adonde ir, cuando la distancia no es insalvable ni el estigma aplastante. El informe señala explícitamente que hombres y niños también figuran entre las víctimas, pero están casi completamente ausentes de los registros: las normas culturales, la incomodidad de hablar en entornos mixtos y la ausencia de programas específicos los dejan, en su mayoría, sin acceso a atención y sin voz en los datos. Son, en otras palabras, la punta de un iceberg cuya base nadie pudo medir.

Lo que sí revelan es un patrón que desafía la lógica habitual del conflicto armado: la violencia sexual no decrece cuando los combates se alejan. En Darfur Sur, donde el frente de guerra está a cientos de kilómetros desde finales de 2023, MSF atendió a 2.334 supervivientes en el mismo periodo. El 68% de los agresores identificados eran hombres armados, no civiles. Las agresiones ocurrieron mientras las víctimas recogían leña o buscaban agua —522 casos, el 22% del total—, mientras trabajaban en el campo o se dirigían a tierras de cultivo —803 casos, el 34%—. No en medio de la batalla. En medio del día.

“Cada día, cuando la gente va al mercado, hay cuatro o cinco violaciones. Cuando vamos a cultivar, ocurre lo mismo”, relató al personal de MSF una mujer de 40 años del sur de Jebel Marra. “No hay forma de detener las violaciones. La única solución es intentar quedarse en casa y no salir mucho.”

Esa frase condensa una de las consecuencias más silenciosas y duraderas de esta crisis: la reclusión forzada a la que muchas mujeres se someten voluntariamente para reducir el riesgo. Una reclusión que, paradójicamente, tampoco garantiza la seguridad. Entre los casos documentados por MSF, el 15,3% de las agresiones en Darfur Sur fueron perpetradas por parejas íntimas u otros miembros del hogar. El hogar, para muchas, tampoco es un refugio.

Las niñas

Uno de los datos más perturbadores del informe es la edad de las víctimas. En Darfur Sur, el 20% de las supervivientes eran menores de 18 años. Entre ellas, 41 tenían menos de cinco años. En Tawila, la ciudad del norte adonde han llegado decenas de miles de personas que huían de El Fasher y del campamento de Zamzam, el 27% de las supervivientes atendidas entre septiembre y octubre de 2025 eran menores de edad.

Una mujer de 25 años en Nyala, Darfur Sur, recordó ante el personal de MSF el día en que cayó la ciudad: “Desgraciadamente, el día de la caída de Nyala estaba con nosotros la hija de mi hermana. Tenía 13 años. Vivía con nosotros y la violaron. Nos desplazaron hasta aquí. Se llevaron a la hija de mi hermana, la llevaron cerca del agua y allí la violaron. Tuvimos que ir a buscarla y traerla de vuelta. Murió unos días después. Creo que dos días después.”

El colapso de El Fasher

El informe dedica un capítulo a los episodios en que la violencia sexual alcanzó sus cotas más extremas, siempre en coincidencia con las grandes ofensivas militares. El 26 de octubre de 2025, las FAR tomaron El Fasher tras más de 500 días de asedio que habían provocado una hambruna severa y el colapso de los servicios básicos. Era la última gran ciudad de Darfur que permanecía fuera de su control. Su caída desencadenó, según los testimonios recogidos por MSF, una oleada de violencia de una brutalidad difícil de describir.

Las personas que lograron huir a Tawila llegaron traumatizadas, exhaustas y hambrientas. Muchas habían sido atacadas en las carreteras durante días. Los relatos describen agresiones cometidas por varios agresores a la vez, con frecuencia a plena luz del día. El informe las sitúa en un patrón deliberado de humillación y castigo colectivo: las agresiones se perpetraron de forma abierta como táctica para aterrorizar a comunidades enteras, no como actos individuales.

“Durante todo el camino, la milicia FAR pedía a las mujeres que las siguieran e insistían cuando las mujeres se negaban, y también las amenazaban diciendo que las matarían. Esto sucedía en todas partes. En el bosque: dos milicianos allí, otros tres al cabo de un rato. Estaban por todas partes pidiendo a las mujeres que las siguieran. Esto ocurría a plena luz del día, por la mañana”, declaró una mujer de 26 años en Tawila en noviembre de 2025.

El informe documenta también una dimensión étnica explícita en la violencia. Las comunidades no árabes —zaghawa, massalit, fur— han sido objetivo sistemático de las FAR, en una dinámica que remite a los crímenes cometidos durante el conflicto de Darfur de principios de la década de 2000 y que algunos organismos internacionales han calificado de genocidio. En varios testimonios recopilados en abril de 2025, durante el ataque al campamento de Zamzam —que entonces albergaba a casi medio millón de desplazados—, aparece esa dimensión con una claridad escalofriante. “Buscan a mujeres zaghawa para hacerles cosas malas”, declaró un hombre de 35 años.

Lo que piden las que sobreviven

Frente a la magnitud de la crisis, las propias supervivientes han desarrollado redes de respuesta donde el Estado y la comunidad internacional han fallado. MSF organizó grupos de discusión con 56 lideresas comunitarias, parteras, investigadoras y activistas —varias de ellas supervivientes de violencia sexual— para recoger sus demandas. Sus prioridades son concretas: el cese inmediato de la violencia, mecanismos comunitarios de protección, atención médica gratuita y confidencial, espacios seguros, programas de medios de vida y, por encima de todo, el fin de la impunidad.

Son estas mismas mujeres las que, en ausencia de respuesta institucional, sostienen las redes de derivación informales, acompañan a otras supervivientes a las clínicas y mantienen viva la documentación de lo que ocurre. Su liderazgo es, en muchos casos, lo único que funciona sobre el terreno.

Una respuesta que no llega

El fracaso humanitario que describe el informe es tan sistemático como la propia violencia. MSF denuncia que las vías de derivación hacia servicios no médicos —protección, refugio, asistencia legal, atención infantil— “rara vez funcionan de manera eficaz”. Las agencias de la ONU mantienen una presencia “solo parcial e intermitente” sobre el terreno. Las organizaciones sudanesas, que sí están presentes y conocen el contexto, sobreviven con recursos mínimos tras haber perdido oficinas, personal y financiación desde 2023. Muchas enfrentan intimidaciones de las propias autoridades.

Las barreras para que una superviviente acceda a atención médica son además múltiples y a veces mortales: el estigma social, el desconocimiento de los servicios disponibles, la distancia a los centros de salud, la falta de dinero para el transporte, los ataques a instalaciones sanitarias. Y, de manera especialmente perversa, el riesgo de ser agredida de camino a la clínica. El estudio de caso del campo de desplazados de Daba Naira ilustra con cifras la magnitud del problema: entre diciembre de 2025 y enero de 2026, MSF proporcionó apoyo básico a 732 supervivientes. Solo 206 llegaron después a la clínica. Y de esas 206, únicamente 68 —el 33%— pudieron regresar para consultas de seguimiento.

“Lo que hemos visto no es fácil; necesitamos olvidar lo que hemos visto. Por eso necesitamos apoyo psicosocial. También necesitamos atención para la violencia sexual. Y apoyo para los derechos humanos”, dijo una mujer de 26 años en Tawila en noviembre de 2025.

Su voz es la de decenas de miles de personas que han pedido, a quienes tienen el poder de escuchar, exactamente lo mismo: que alguien actúe. Hasta ahora, la respuesta internacional ha sido, en palabras de la propia MSF, “esporádica, inconsistente y extremadamente insuficiente”. El liderazgo político no ha reunido la voluntad necesaria para poner fin a la guerra. Las instituciones humanitarias no han respondido a la escala de la crisis. Y las supervivientes cargan, una vez más, con el peso de una violencia que otros perpetúan y otros permiten.

“El coste de este fracaso no es abstracto”, concluye el informe: “se refleja en traumas sin tratar, en un sufrimiento evitable y en el silencio prolongado en el que la mayoría de las supervivientes se ven obligadas a vivir.”

EL INFORME COMPLETO

La Justicia panameña dictó nuevas condenas en distintos casos penales que incluyen delitos sexuales, homicidios, robo agravado y femicidio, tras procesos en los que el Ministerio Público logró sustentar con pruebas periciales, testimoniales y documentales la responsabilidad penal de los implicados.

Las decisiones se producen en medio de una agenda judicial activa que abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en diversas regiones del país.

En uno de los casos más graves, dos hombres que son hermanos fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y privación de libertad, tras un juicio oral de tres días en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó evidencias contundentes.

Los hechos ocurrieron en 2024, en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, donde los condenados, mediante intimidación, abusaron de una menor de edad y además retuvieron contra su voluntad a dos menores dentro de una residencia.

Durante el proceso, el tribunal de juicio oral valoró pruebas materiales, documentales y testimoniales, lo que permitió emitir un fallo condenatorio contra ambos imputados.

La privación de libertad de las víctimas, sumada a la violencia ejercida, fue determinante para establecer la gravedad de la conducta penal. Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por sancionar delitos contra la integridad de menores, considerados de alta prioridad dentro del sistema judicial.

En otro proceso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como alias “Chombolín”, hallado culpable de homicidio doloso agravado.

El tribunal también impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en el Sector 20, donde el sentenciado, en complicidad con un menor de edad, realizó disparos con arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.

La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal mediante testimonios y peritajes, consolidando el caso ante el tribunal.

En una causa distinta, relacionada con delitos contra el patrimonio, la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una sentencia de 15 años de prisión para un hombre por robo agravado, en hechos ocurridos el 5 de junio de 2021 en el corregimiento de Betania.

El fallo se produjo luego de audiencias realizadas los días 19 y 25 de marzo de 2026, donde se expuso la teoría del caso y se presentaron múltiples elementos probatorios.

De acuerdo con la investigación, el condenado actuó junto a dos personas no identificadas, quienes ingresaron a una residencia en Villa Cáceres y, mediante amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de celulares y dinero en efectivo. Además de la pena principal, el tribunal impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por seis años, una vez cumplida la condena.

Finalmente, en la provincia de Darién, la Fiscalía Regional logró una condena de 30 años de prisión por el delito de femicidio, tras demostrar la culpabilidad de un hombre en perjuicio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió la noche del 16 de noviembre de 2024, en el distrito de Chepigana, donde el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

En este caso, el Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

La violencia de género y el vínculo entre víctima y victimario fueron elementos clave en la tipificación del delito como femicidio, uno de los crímenes más severamente sancionados por la legislación panameña.

A la fecha, se han registrado 158 homicidios en el país. Según las autoridades panameñas, 76% de esos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá, con 58 casos; seguido de San Miguelito, con 28; Colón, con 23; y Arraiján, con 13.

En una operación que ha sacudido a la comunidad de Santa Rosa de Copán, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a cinco integrantes de una misma familia, acusados de formar parte de una red de abusos y explotación contra una niña de 13 años.

La captura, realizada en la noche de ayer, 10 de abril de 2026, se ejecutó tras la emisión de órdenes judiciales el pasado 2 de abril, resultado de una investigación que permitió identificar a los supuestos implicados. Entre los detenidos figuran el padrastro de la menor, la abuela y dos tías. Las acusaciones figuran por:

• Violación agravada continuada
• Explotación sexual de menores
• Omisión de los deberes de impedir el delito.

De acuerdo con información oficial, la menor habría sido víctima de abuso sistemático por parte de su padrastro, un hombre de 51 años, residente en la colonia Díaz Valenzuela. El Ministerio Público (MP) le atribuye el delito de violación agravada continuada, una figura penal que reconoce la existencia de un patrón de agresiones reiteradas.

La DPI detalló que un segundo detenido, un ciudadano de 74 años, enfrenta cargos de violación agravada. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la relación de este sujeto con el núcleo familiar de la víctima.

En tanto, la abuela, de 55 años, y dos tías , fueron arrestadas por explotación sexual agravada de menores. Las pesquisas apuntan a que ambas habrían instrumentalizado a la niña para obtener beneficios, lo que agrava la pena al tratarse de ascendientes o parientes cercanos.

Una segunda tía, de 31 años, enfrenta cargos por omisión, una figura que sanciona a quienes, teniendo la obligación de proteger a un menor, no actúan para impedir el delito ni lo denuncian. “El silencio también es un crimen”, enfatizó un portavoz de la Policía Nacional de Honduras.

Marco legal, aislamiento de la víctima y proceso judicial

El Código Penal de Honduras (Decreto 130-2017) contempla sanciones severas para quienes atenten contra la integridad sexual de menores. El artículo 246 establece penas de 9 a 13 años de prisión para el delito de violación, que pueden incrementarse hasta 17 años o más en casos agravados, como ocurre cuando existe vínculo de parentesco o la víctima es menor de 14 años.

En cuanto a la explotación sexual agravada se castiga con entre 10 y 15 años de prisión, con aumentos si el autor es un familiar directo. La DPI subrayó que la intervención policial no solo buscó capturar a los presuntos responsables, sino también rescatar a la menor.

La niña fue puesta bajo resguardo de instituciones especializadas, donde recibe atención médica y psicológica. “El daño psicológico causado en estos casos suele ser profundo y de largo plazo”, explicó un psicólogo forense a los medios locales.

La audiencia inicial para los cuatro detenidos tendrá lugar en las próximas horas. El Ministerio Público solicitará la detención judicial para evitar riesgos de fuga o de presión sobre la víctima, dada la cercanía familiar. El proceso penal continuará con la recolección de pruebas y testimonios, en un esfuerzo por asegurar que los responsables enfrenten el peso de la ley.

La reacción social en Santa Rosa de Copán y en otras regiones del país ha sido de consternación. Organizaciones de protección infantil insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y de protección a menores.

El 9 de abril en Costa Rica ya no solo huele a los preparativos de la gesta heroica de Juan Santamaría. Desde hace exactamente tres años, el aire de los cafetales y cañaverales de Juan Viñas, en Cartago, arrastra un susurro de indignación que no se apaga.

Es el eco de Keibril Amira, la bebé de nueve meses que un domingo de Resurrección fue arrebatada de los brazos de su madre, una niña que también había sido despojada de su infancia por la violencia sistemática.

Aquel domingo de 2023, mientras las familias buscaban descanso, en Santiago de Cervantes se gestaba una tragedia que despojaría al país de su etiqueta de “el más feliz del mundo” para enfrentarlo a su espejo más oscuro.

Una madre adolescente de 13 años caminaba con su hija en brazos cuando fue interceptada por su padrastro, Hugo Casasola Salas, un hombre que terminó siendo su verdugo y el captor de la bebé para ocultar el rastro de su propio crimen.

Para entender por qué el nombre de Keibril sigue pesando en la memoria colectiva, es necesario repasar la cronología de una búsqueda que movilizó a todo un país, pero que llegó tarde para la víctima:

• El Rapto y la verdad oculta (9 de abril, 2023):

Casasola Salas sustrajo a la pequeña Keibril con un móvil macabro: evitar una prueba de ADN inminente que confirmaría que él era el padre biológico de la bebé, fruto de las violaciones contra la menor de 13 años. El rapto fue su último intento por comprar impunidad con la vida de una inocente.

• Una búsqueda nacional sin cuerpo:

Durante semanas, el terreno quebrado de Cartago se llenó de uniformes, perros rastreadores y drones con cámaras térmicas. El hallazgo de prendas con sangre que coincidía con el ADN de la bebé en un cañaveral cambió el rumbo del caso. Aunque el cuerpo de la menor nunca fue recuperado, la evidencia científica permitió al OIJ y a la Fiscalía sostener la tesis del homicidio.

El colapso del sistema

El caso Keibril fue el “examen fallido” de la institucionalidad costarricense. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conocía el riesgo en el que vivía la madre adolescente. Sabían del embarazo infantil y del agresor en el hogar, pero la burocracia fue más lenta que la maldad.

Este fallo provocó la renuncia de la jerarca de la institución y forzó una reforma estructural en los protocolos de protección de menores en riesgo social.

En un juicio que paralizó al país, Hugo Casasola Salas fue condenado a 79 años de prisión por tres delitos de violación contra la madre adolescente y el homicidio calificado de la bebé Keibril. Por las leyes vigentes, la pena se reajustó al máximo permitido de 50 años de cárcel, sentencia que hoy sigue cumpliendo.

El significado de un aniversario gris

Tres años después, este día 9 de abril, Keibril Amira García Amador no tiene una tumba donde llevarle flores, pero tiene una memoria que incomoda. Mientras el sol cae sobre las montañas de Cartago, la “bebé de los cañaverales” sigue vigente. No como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como una advertencia para los adultos: el silencio es el cómplice más letal.

Hoy, en el aniversario de la desaparición de Keibril Amira García Amador, la población costarricense mantiene la exigencia de que las instituciones cumplan con su función de resguardar a los menores.

Un hombre de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales contra una menor de edad en Panamá, en un caso que vuelve a poner en evidencia la gravedad de este tipo de crímenes en el país.

La sentencia se logró mediante un acuerdo de pena validado por un tribunal, tras comprobarse que el agresor incurrió en actos libidinosos agravados y corrupción de menores, en hechos ocurridos en el sector de La Siesta, en Tocumen.

De acuerdo con la investigación, el condenado realizó tocamientos indebidos a una niña de 11 años y la obligó a presenciar actos de naturaleza sexual, utilizando amenazas contra la madre de la víctima para asegurar el silencio.

La gravedad del caso se agrava por un elemento clave: el agresor ya había sido condenado anteriormente por delitos similares cometidos entre 2013 y 2017 contra su propia hija, lo que lo convierte en un reincidente en este tipo de conductas.

El caso no es aislado. En los últimos días, el Ministerio Público ha reportado nuevos procesos judiciales por delitos sexuales contra menores en distintas provincias, lo que evidencia un patrón preocupante.

En Panamá Oeste, un hombre de 32 años fue detenido por violación agravada contra una menor de 6 años, delito que habría cometido en reiteradas ocasiones aprovechando su cercanía familiar como primo de la víctima.

A este hecho se suma otro caso registrado en la provincia de Bocas del Toro, donde un hombre fue imputado por violación agravada y robo en perjuicio de una menor, tras un hecho ocurrido en marzo de 2026.

Según la fiscalía, el agresor utilizó violencia e intimidación para cometer el delito y despojar a la víctima de sus pertenencias, lo que llevó a que se le impusiera detención provisional mientras avanza el proceso.

Estos casos recientes ocurren en un contexto donde las cifras oficiales muestran la alta incidencia de delitos sexuales en Panamá, especialmente contra niños, niñas y adolescentes.

Según el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que confirma la magnitud del problema en el país.

Del total de casos, 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que otros 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de las denuncias involucran conductas de alto impacto sobre las víctimas.

Las cifras reflejan una problemática que no solo es persistente, sino que también se mantiene extendida en todo el territorio nacional.

En el detalle de los delitos, se registraron 131 casos de violación en los primeros dos meses del año, además de 58 denuncias por actos libidinosos y 156 por acceso sexual con menores de edad, lo que muestra la diversidad y gravedad de las conductas investigadas.

También se reportaron casos vinculados a pornografía infantil y corrupción de menores, delitos que afectan directamente a la población más vulnerable.

El informe también revela que la mayor concentración de denuncias se ubica en el Primer Distrito Judicial, que incluye Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas, con un total de 426 casos.

Esta distribución evidencia que el problema tiene una fuerte presencia en áreas urbanas y de alta densidad poblacional, aunque también se extiende a regiones del interior del país.

A pesar de que el reporte indica una disminución del 15% en comparación con el mismo periodo de 2025, las autoridades advierten que esto no implica una reducción estructural del problema, sino que puede responder a variaciones en la denuncia o en los procesos investigativos.

La persistencia de casos graves, como los recientemente judicializados, confirma que la violencia sexual sigue siendo una amenaza constante para la niñez.

Otro aspecto preocupante es que varios de los casos involucran agresores con vínculos cercanos a las víctimas, como familiares o personas de confianza, lo que dificulta la denuncia y prolonga los abusos en el tiempo.

Este patrón, identificado en múltiples investigaciones, refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y protección de menores.

La recurrencia de estos delitos y su impacto en las víctimas plantean la urgencia de acciones más efectivas para prevenir, sancionar y reducir la violencia sexual en el país.

Un ciudadano venezolano de 24 años fue enviado a detención provisional por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, tras una audiencia realizada en la provincia de Colón, donde el Tribunal de Garantías avaló la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación presentada por la Fiscalía Regional.

El caso se remonta al 4 de abril de 2026, cuando el imputado ingresó por la fuerza a las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), donde además de sustraer equipos electrónicos, cometió un ataque violento contra una funcionaria, a quien despojó de sus pertenencias y agredió sexualmente.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre forzó el acceso a una oficina administrativa dentro del edificio ubicado en el corregimiento de Barrio Sur, apropiándose de tres computadoras portátiles.

Posteriormente, se dirigió a un área interna donde, utilizando un arma blanca, intimidó a una colaboradora de salud, a quien además de causarle lesiones físicas, le robó objetos personales y atentó contra su libertad sexual, en un hecho que ha generado fuerte rechazo institucional y social.

El Ministerio de Salud condenó el hecho y confirmó que la víctima recibió atención médica integral inmediata, así como acompañamiento psicológico especializado. La entidad activó sus protocolos de protección a víctimas de violencia y anunció la revisión de las medidas de seguridad en todas sus instalaciones en Colón.

Además, reiteró que se garantizará el acompañamiento laboral, legal y sanitario a la funcionaria afectada, mientras avanzan las investigaciones judiciales correspondientes.

Este caso se suma a otros hechos recientes relacionados con violencia de género y delitos contra la integridad personal registrados en el país. El 1 de abril de 2026, un hombre de 39 años fue detenido en Panamá Oeste tras ser imputado por ejercer violencia psicológica y física contra su hijastra de 22 años, a quien además golpeó durante un episodio de agresión.

En otro caso ocurrido el 7 de abril en la provincia de Coclé, una mujer fue enviada a detención provisional luego de atacar con un arma blanca a su padre, causándole heridas que le generaron incapacidad.

Las cifras oficiales reflejan que estos delitos mantienen una presencia significativa en el país. Según el informe estadístico del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, lo que evidencia la alta incidencia de este tipo de conductas en el sistema penal acusatorio

Dentro de ese total, se contabilizan 294 casos de violación, así como 345 denuncias por acceso sexual con personas entre 14 y 18 años, además de 133 casos de actos libidinosos, lo que muestra la diversidad de tipificaciones dentro de este grupo de delitos. A esto se suman otros casos vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y pornografía infantil, que aunque en menor número, mantienen una tendencia preocupante en distintas regiones del país.

El mismo informe también indica que, aunque existe una disminución del 15% en las denuncias en comparación con el mismo periodo de 2025, algunas categorías presentan comportamientos opuestos.

Por ejemplo, los casos relacionados con pornografía infantil aumentaron de forma significativa, mientras que otros delitos como la violación registraron una reducción relativa, lo que sugiere cambios en los patrones de denuncia o en la dinámica de estos delitos.

Por otro lado, los casos relacionados con violencia doméstica también reflejan una alta incidencia en el país durante los primeros meses del año. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 2,995 denuncias por este delito, dentro de un total de 4,069 casos vinculados al orden jurídico familiar, lo que confirma que este tipo de violencia continúa siendo uno de los principales problemas sociales y judiciales en Panamá .

Los datos muestran que solo en enero se contabilizaron 1,601 denuncias por violencia doméstica, mientras que en febrero se reportaron 1,394 casos, evidenciando una persistencia sostenida del problema en el tiempo.

Además, estos delitos superan ampliamente otras categorías como el maltrato a menores (668 casos) o el maltrato al adulto mayor (235 casos), lo que pone en evidencia el peso específico que tiene la violencia intrafamiliar dentro del sistema penal acusatorio .

El informe también revela un incremento del 16.1% en los casos de violencia doméstica en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que el total de delitos contra el entorno familiar creció 17.7%, lo que refleja una tendencia al alza preocupante.

Regiones como Panamá Oeste, San Miguelito y la provincia de Panamá concentran una parte importante de los casos, lo que evidencia la necesidad de reforzar políticas de prevención, atención a víctimas y control institucional frente a este tipo de violencia.

En medio de un contexto mediático cada vez más atento a los casos de violencia sexual, la situación fue expuesta en el programa Magaly TV La Firme, donde se presentaron tanto el testimonio de la presunta víctima como el análisis de un especialista en derecho penal.

La denuncia, que involucra a una joven de 19 años, ha sido calificada como sumamente delicada debido a los elementos que la componen. Según se explicó durante la emisión, el caso no se limitaría a un solo delito, sino que incluiría múltiples figuras penales que, en conjunto, podrían implicar una condena significativa. El abogado penalista Fernando Ugaz fue claro al detallar el panorama legal al que se enfrentaría el investigado.

Sumatoria de delitos

“En principio son varios delitos. El elemental es la violación en estado de inconciencia cuya pena podría ir entre 23 y 26 años. La difusión de material sexual sin consentimiento tiene una pena de hasta seis años. Sumando todo, el rango puede llegar entre 23 y 32 años de prisión. Es una pena bastante grave y sí podría haber detención preliminar”, explicó el letrado.

Este tipo de delito, conocido como violación en estado de inconsciencia, es considerado uno de los más graves dentro del sistema penal, ya que implica la imposibilidad de la víctima de otorgar consentimiento. De confirmarse esta condición, las consecuencias legales serían severas, especialmente si se acredita que hubo consumo de alcohol u otras sustancias que hayan afectado la capacidad de decisión de la denunciante.

A ello se suma un segundo componente que agrava la situación: la presunta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Según lo expuesto, este delito es independiente del primero y puede ser sancionado de manera adicional, lo que eleva considerablemente el rango de la posible pena. En un contexto donde el uso de plataformas digitales es cada vez más frecuente, este tipo de conductas ha cobrado especial relevancia en el ámbito judicial.

El caso tomó notoriedad pública luego de que la joven decidiera compartir su testimonio en televisión nacional. Su relato, presentado en Magaly TV La Firme, permitió conocer detalles de lo ocurrido y evidenció la dimensión humana detrás del proceso legal.

Según su versión, los hechos se habrían producido durante un viaje a Iquitos, en el marco de una reunión que fue transmitida en vivo a través de la plataforma digital Kick.

La denunciante explicó que la participación en el evento implicaba “generar show”, lo que sugiere un entorno donde la exposición y el entretenimiento eran parte central de la dinámica. Sin embargo, la situación habría escalado tras una noche de consumo de alcohol. De acuerdo con su testimonio, fue trasladada a un hospedaje, donde posteriormente habría ocurrido el presunto abuso sexual mientras se encontraba en estado de inconsciencia.

Este punto es clave dentro de la investigación, ya que la condición de la víctima al momento de los hechos será determinante para establecer la existencia o no de consentimiento. En ese sentido, las grabaciones obtenidas durante la fiesta, así como cualquier evidencia audiovisual disponible, jugarán un papel fundamental.

Los especialistas han señalado que estos registros podrían permitir reconstruir lo ocurrido y verificar aspectos como el nivel de consciencia de la denunciante, la interacción entre los involucrados y el contexto general en el que se desarrollaron los hechos. Asimismo, la realización de peritajes toxicológicos o la verificación de niveles de alcoholemia podrían aportar elementos adicionales para esclarecer la situación.

La formalización de la denuncia se realizó en Lima, a donde la joven se trasladó con el objetivo de presentar las pruebas ante el Ministerio Público.

“Yo era agente de la Guardia Civil, estaba trabajando en el cuartel de Molina de Segura, de Murcia, y durante cuatro años sufrí agresiones y abusos por parte de un superior”. Esta es la frase con la que Carolina abre la primera entrevista que concede a un medio, concretamente a Informativos Telecinco, en la que cuenta el infierno que tuvo que vivir entre 2011 y 2015. Un superior que, escondiéndose en su impunidad, la insultó, la menoscabó y la violó, llegando en una ocasión a obligarla a abortar tras dejarla embarazada.

Sin embargo, esta no es una historia que solamente trata de la gravedad de los hechos cometidos por el agresor, sino que saca a la luz una realidad que se vive en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la ineficacia de los protocolos antiacoso que supuestamente defienden sus agentes.

“El protocolo es lo que falló desde el principio”, denuncia a Infobae la abogada de la víctima, Laura Pérez Botella. “Son perversos, porque no puede ser que para pedir amparo, tenga que ser a tu superior o, en el caso de ser en su contra, a su superior inmediato. Es que se conocen entre ellos y suelen ser amigos”, agrega.

A este problema se añade que estos procedimientos no se activan de forma automática, por lo que la afectada tiene que denunciarlo, que su superior “valore si tiene relevancia” y, en caso afirmativo, pasarlo al Gabinete Psicológico, que decide si se activa. “Es imposible que simples funcionarios del cuerpo vayan contra los mandos. Ya es difícil en cualquier cuerpo, pero no va a pasar en uno militarizado”, explica.

Casado y con dos hijas

La historia de Carolina empezó en 1992 cuando entró en la Guardia Civil y pasó al Área de Atención al Ciudadano, donde acabó realizando labores específicas en Viogen, en Molina de Segura, Murcia, según recoge la histórica sentencia del Tribunal Supremo que el 29 de mayo de 2024 condenó al sargento autor de los hechos a 19 años de prisión.

En septiembre de 2010, siendo en ese momento madre soltera, comenzó una relación sentimental con el sargento, en la que “ambos practicaban sexo de forma libre y consentida“, según recoge el fallo, pero que en febrero de 2011 fue terminada por decisión de él, ya que se iba a vivir con la mujer con la que estaba casado y con la que estaba esperando su segunda hija. Carolina lo aceptó y su relación se quedó solamente en algo profesional.

Pasaron tan solo seis meses, y a tan solo un mes del nacimiento de su hija, el condenado comenzó “un acercamiento constante hacia la guardia civil insistiendo en volver a verse con el fin de mantener nuevamente relaciones sexuales”. En todo momento ella se negó, pero al parecer no fue suficiente y empezaron los encuentros.

“No pasa nada, que es solo un momento”

Primero fueron tocamientos no consentidos por todo el cuartel, acompañados de una cantidad ingente de mensajes, sobre todo correos, con propuestas sexuales e insultos, y poco a poco fue creciendo hasta que llegaron las violaciones. La sentencia recoge cómo llegó a indicarle que “le hacía la vida imposible” y más de una vez fue encontrada por el propio sargento y otros compañeros llorando por la situación.

La primera de las agresiones ocurrió en enero de 2012, cuando él la siguió hasta su domicilio después del trabajo. Una vez en su portal, le indicó que quería hablar con ella, por lo que tenían que subir a su casa. Ella accedió y, nada más entrar, entre el pasillo y el salón, “se abalanzó sobre ella, ansioso”, mientras ella le repetía que no quería “nada con él”. Su respuesta fue: “No pasa nada, que es solo un momento” y la violó tirándola al suelo.

Tras terminar, se levantó y subiéndose los pantalones le dijo: “Ves, no pasa nada” y se marchó. En un principio, estas violaciones se produjeron solo en la vivienda de Carolina, obligándola incluso a desconectar el timbre para intentar evitar el acoso constante, pero con el tiempo el sargento empezó a exigirle realizar estas prácticas también en el cuartel. Ella siempre se negaba y él respondía con amenazas.

“Vas a abortar ya”

Estas relaciones sexuales no consentidas se realizaban en su mayoría sin protección y en julio de 2012 Carolina se dio cuenta de que estaba embarazada. El mismo día se lo contó al sargento, cuya respuesta fue empujarla contra la pared de su cocina y decirle: “No me vas a joder la vida, ni vas a joder a mi familia, eso lo sacas de ahí, lo quiero fuera de ahí“. La escena ocurrió mientras el hijo menor de ella se encontraba en la vivienda.

Inicialmente, ella dijo que no iba a abortar, lo que supuso una serie de amenazas por parte del agresor, llegando un día a golpearla en el estómago. En otra ocasión, encontrándose ambos en una escalera, la cogió del brazo y zarandeándola, le indicó: “Lleva cuidado que te puedes caer, vas a abortar ya”.

Al final acabó abortando, a las cinco semanas de embarazo, teniendo que cogerse un día de vacaciones porque el sargento no quiso dar ninguna información de lo que estaba haciendo. Tras volver a su puesto le dijo claramente a su agresor: “No te vuelvas a acercar a mí en toda tu puta vida”.

A partir de ese momento, Carolina intentó hacer todo lo posible para no coincidir con su ingreso, incluso no yendo al baño durante sus jornadas para no pasar por delante de su despacho, pero él siguió buscándola y realizando tocamientos no deseados. También se siguieron sucediendo llamadas nocturnas y posteriores visitas a su vivienda en las que él “exige mantener relaciones sexuales y Carolina se ve obligada a satisfacer sus deseos libidinosos”.

Otro hecho muy relevante ocurrió el 13 de abril de 2013, cuando el sargento cambió de forma inesperada la jornada de la agente, coincidiendo con él en una patrulla. En un punto de la tarde se separaron del otro coche que los acompañaba y la llevó a un descampado, donde se desabrochó el pantalón y, sujetando la cabeza de Carolina, le exigió que le hiciera una felación.

Ante la resistencia de ella, le golpeó la cabeza con el volante, teniendo que forcejear con ella. Una vez en la Comandancia, la agente se encontraba en su despacho, cuando apareció el condenado y, lanzándole a su mesa un pañuelo con semen, le dijo: “Mira lo que te has perdido, marrana”.

Expedientes a los agentes que intentaron ayudarla

Durante todos estos años nunca se llegaron a iniciar los protocolos antiacoso internos que tiene la propia Guardia Civil y ante el silencio cómplice de la mayoría del resto de compañeros, entre los que algunos fueron castigados por intentar ayudarla.

Una teniente se encontró en 2013 a Carolina llorando y esta le contó todo lo ocurrido, por lo que decidió llevarla ante la Policía Judicial especializada en Violencia de Género. “Allí tuvo que declarar sola” y en la audiencia el entrevistador le indicó que “sabía perfectamente lo que le iba a pasar a él si denunciaba”, intentando hacerla dudar de su reclamación, relata a este periódico Alicia Sánchez, secretaria nacional de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Su participación no se quedó solo en eso, sino que habló en más de una ocasión con el propio agresor para que parara con sus actos, pero sin ningún tipo de respuesta. “Otro compañero dio cuenta del acoso laboral que estaba sufriendo y le abrieron un expediente, igual que a la teniente. Los dos se archivaron, pero tuvieron que pasar el proceso", agrega.

“Él siguió trabajando hasta finales de mayo de 2024″

Tuvieron que pasar los años y que Carolina “tocara fondo”, según relata Sánchez, para que decidiera acudir al despacho de la letrada Laura Pérez Botella. En cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo, la abogada se puso en contacto con la AUGC y su secretaria de Igualdad en ese momento, Pilar Villacorta, fue directa a hablar con el Director General, que “ordenó a la Policía Judicial investigar los hechos”, explica Pérez Botella.

“A él no le tomaron declaración y con Carolina lo intentaron de forma insistente, queriendo obligarla, pero yo me negué. Fueron incluso a la puerta del centro psiquiátrico en el que estaba”, denuncia. Ya en ese momento es cuando presentaron la denuncia en el juzgado militar.

Este fue el momento en el que en la Comandancia supieron que la cosa podría ser seria y “se pusieron nerviosos”. “Habían ignorado su baja durante nueve meses y ahora de repente querían que acudiera a su médico, para controlarla. Les dije que no, que iba a seguir con su doctor de la Seguridad Social”, relata la abogada.

Este último hecho se acabó filtrando a la prensa, teniendo gran repercusión, y esta fue la primera vez, tras cuatro años de abuso, que se apartó al sargento de servicio, aunque “fue por un periodo muy corto”, indica Sánchez. “Él siguió trabajando hasta finales de mayo de 2024 en otro destino, cuando la sentencia se hizo firme”, añade.

“Declaró que a Carolina le gustaba mucho follar”

Durante el juicio, la actitud del sargento no cambió y su principal defensa fue que todo lo ocurrido había sido consentido y que a Carolina le gustaba que la trataran así. También se sacó a relucir en más de una ocasión como él era un hombre casado y con hijas, mientras que ella era una madre soltera, “como queriendo dejar caer que era una zorra o algo así”, denuncia su abogada.

En una de las sesiones declaró un teniente, “muy amigo del sargento”, que no había aparecido en los últimos años, para defender al acusado. “Declaró que a Carolina le gustaba mucho follar, que él se la había follado también, aunque estuviera casado", tratando de utilizar como prueba que le había hecho un regalo personal en una ocasión, cuando realmente fue un detalle de despedida de la Comandancia por parte de todos los compañeros.

“También trajo un correo electrónico de ella, pero que no se pudo encontrar en ninguna parte. Lo trajo en papel y dijo que no lo tenía en sus dispositivos porque se había borrado”, relata Pérez Botella.

Tras nueve días de sesiones, el juzgado tomó la decisión final y el sargento fue condenado a 19 años de prisión por un delito consumado y continuado de violación, un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de “trato degradante a inferior” y un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de “maltrato de obra a inferior”. “Que mi sentencia de diecinueve años sirva para que todos los que hoy miran hacia otro lado entiendan que su silencio les hace cómplices”, es la forma en la que concluye Carolina su entrevista con Telecinco.

La detención se produjo tras una investigación en la que la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra logró identificar al sospechoso gracias a diversos indicios. Según recopiló Europa Press, el individuo, actualmente de 25 años, había obtenido un permiso penitenciario al momento del ataque, a pesar de contar con antecedentes por al menos cuatro agresiones sexuales cometidas en 2018, cuando todavía era menor de edad. El ataque reciente ocurrió el 13 de febrero dentro de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, ubicados en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

El medio El Periódico reveló que la detención se llevó a cabo el jueves, una vez que los Mossos recopilaron los elementos que vinculan al detenido con la agresión ocurrida mientras la víctima paseaba a dos perros por el parque. Las fuentes policiales consultadas por Europa Press aseguraron que el hombre cumplía condena y solo se hallaba en libertad temporal bajo supervisión por el mencionado permiso, lo que no impidió que se convirtiera en el principal sospechoso del caso.

De acuerdo a la información publicada por Europa Press, el antecedente delictivo del sospechoso ha sido un factor determinante en la investigación, ya que la reincidencia en este tipo de delitos había causado preocupación en cuerpos policiales y autoridades penitenciarias. La mujer agredida fue atacada en pleno día dentro del espacio ajardinado del citado parque barcelonés, lo que motivó una rápida respuesta e inicio de la investigación por parte de la UCAS, unidad especializada en este tipo de delitos.

Según indicó El Periódico, el hombre ya estuvo implicado en cuatro violaciones por las que fue sentenciado en 2018 en calidad de menor de edad, y su nombre figuraba entre los perfiles sujetos a controles de seguimiento desde su ingreso en prisión. Pese a ello, se le había concedido la medida de autorización para salir temporalmente del centro penitenciario, decisión que coincide con el momento en que sucedió el nuevo ataque sexual.

Los Mossos d'Esquadra concluyeron las diligencias con la detención del presunto agresor el jueves siguiente al refuerzo de las pruebas obtenidas, incluyendo testimonios e indicios que apuntaban a su implicación directa en los hechos denunciados el pasado mes de febrero. Europa Press destacó que las autoridades policiales mantenían activa la investigación desde el primer momento, mientras la víctima recibía apoyo tras la denuncia, e incorporaban datos respecto a los antecedentes penales y la situación penitenciaria del individuo arrestado.

Por otra parte, la noticia de este caso reabre el debate sobre la concesión de permisos penitenciarios a condenados por delitos sexuales graves. El Periódico profundizó en los detalles de cómo los procedimientos para la evaluación de estos permisos influyen en la reincidencia, especialmente en casos con patrones previos de agresión. Fuentes del caso señalaron que, aunque los permisos penitenciarios constituyen un derecho contemplado en la legislación española, su concesión está sujeta a evaluaciones de riesgo que en ocasiones no logran prever episodios de reiteración delictiva, tal como sucedió en este hecho de Barcelona.

Las autoridades mantienen el caso bajo secreto de sumario mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales. Según consignó Europa Press, la UCAS y la policía catalana trabajan conjuntamente en el esclarecimiento total de los hechos, además de la protección de la víctima y la revisión de los protocolos relacionados con la concesión de permisos ante delitos de agresión sexual.

El tribunal decidió imponer a Tariq Ramadan, además de la pena de prisión, la prohibición permanente de ingresar a Francia una vez cumplida la condena. Según detalló el diario 'Le Figaro', la sentencia incluye también una restricción para que Ramadan tenga cualquier tipo de contacto directo con las víctimas o difunda materiales o declaraciones vinculados a los delitos por los que resultó condenado. El académico de origen suizo deberá, tras salir de prisión, someterse durante ocho años a un control judicial que contempla estas limitaciones.

De acuerdo con la información publicada por 'Le Figaro', la sala penal de París emitió el fallo este miércoles tras un proceso desarrollado en ausencia de Ramadan, quien no estuvo presente en el banquillo de los acusados por razones de salud. Los abogados justificaron la ausencia basándose en el diagnóstico de esclerosis múltiple del exprofesor de la Universidad de Oxford, argumento que fue aceptado por el tribunal para permitir su procesamiento en rebeldía.

La sentencia fijó una condena de 18 años de cárcel tras considerar probada la violación de tres mujeres. Según reportó el medio francés, los hechos por los cuales Ramadan fue declarado culpable ocurrieron en tres ocasiones entre los años 2009 y 2017. En ese periodo, tres mujeres presentaron denuncias independientes que derivaron en una investigación de ocho años, al término de la cual la Fiscalía solicitó la pena que finalmente fue adoptada por el tribunal.

La imposibilidad de Ramadan para entrar en territorio francés tendrá carácter indefinido, como subrayó 'Le Figaro', extendiéndose más allá del período de la condena. Además, en virtud de las restricciones impuestas durante el seguimiento judicial, Ramadan no podrá realizar publicaciones ni expresar comentarios públicos sobre los delitos por los cuales ha sido sentenciado, abarcando toda producción escrita o audiovisual relacionada con los hechos.

Tariq Ramadan, de 63 años, goza de amplia notoriedad internacional y especialmente en Oriente Próximo, ámbito donde su labor académica y su ascendencia familiar —es nieto de Hasán al Banna, fundador de la organización Hermanos Musulmanes en Egipto— han sido ampliamente reconocidas. Ejerció como profesor de estudios islámicos en la Universidad de Oxford hasta que las investigaciones judiciales lo situaron en el centro del debate público en Europa.

El tribunal accedió a la solicitud de los representantes legales de Ramadan para no comparecer físicamente en las audiencias, lo que permitió que el proceso transcurriera sin la presencia del acusado. Durante las tres semanas que duró el juicio, el banquillo permaneció vacío, una situación que generó debate sobre las implicancias procesales y mediáticas de la causa, conforme recogió 'Le Figaro'.

Las agresiones sexuales atribuidas a Ramadan corresponden a denuncias realizadas por tres mujeres distintas. La primera de ellas dató del año 2009, la segunda en 2016 y la última en 2017. La acumulación y coincidencia en los testimonios motivaron a las autoridades francesas a mantener abierta una investigación prolongada que involucró a varios equipos de peritos y especialistas en delitos sexuales, según recoge 'Le Figaro'.

La sentencia y las medidas complementarias, como la prohibición de contacto y de difusión pública de contenidos sobre los hechos, responden a una estrategia judicial orientada a proteger a las víctimas y evitar la revictimización, conforme informaron fuentes del poder judicial citadas por el medio francés. Ramadan, además de la privación de libertad, debe afrontar el cumplimiento de las restricciones judiciales que se articulan como parte de la condena integral impuesta en París.

Tal como publicó 'Le Figaro', la figura de Ramadan había generado polémica desde el inicio del proceso, tanto en el ámbito académico como en la opinión pública, dado su rol en debates sobre la interpretación del islam en Europa y su vinculación con movimientos de reforma islámica y derechos humanos. Las investigaciones y el subsiguiente juicio culminaron con una sentencia cuyo alcance legal y social ha sido seguido con atención en medios internacionales.

La resolución judicial del Tribunal Penal de París sella varios años de investigación en el contexto de la oleada global de denuncias por agresiones sexuales que ha impactado a figuras relevantes de distintos ámbitos. El caso ha sido referenciado por 'Le Figaro' como uno de los más notorios en la vida reciente del sistema judicial francés, en virtud tanto del perfil del acusado como de la duración y complejidad del proceso.

La joven que testificó ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares afirmó que no fue capaz de calcular la cantidad exacta de veces que su padre la agredió sexualmente, relatando que el miedo la mantuvo en silencio durante años. De acuerdo con información proporcionada por medios como el citado por el texto base, la acusación sostiene que el acusado instauró una atmósfera familiar caracterizada por el temor extremo y la violencia física y sexual hacia su hija y el resto de la familia, pidiendo una condena ejemplar por los delitos cometidos.

Según publicó la Agencia EFE, la víctima, que actualmente tiene 22 años, describió una infancia marcada desde sus primeros recuerdos por los maltratos infligidos tanto a ella como a sus hermanos. Durante su declaración, explicó que cualquier motivo bastaba para desencadenar una agresión: relató que su padre le obligaba a permanecer de cuclillas y la golpeaba en las piernas con una caña de bambú cuando no accedía a estudiar para unos exámenes de recuperación. Además, rememoró episodios en los que fue arrojada contra la pared tras oponer resistencia.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 20 años de prisión y el pago de una indemnización de 40.000 euros. En el escrito de acusación, reproducido por EFE y otros medios, se detallan los hechos entre 2014 y 2022, indicando que el procesado cometió tres delitos de maltrato en el ámbito familiar y otro continuo de agresión sexual. El clima dominante en el hogar, según se expone, era de constante terror inducido por el acusado.

Los episodios violentos documentados se sucedieron a lo largo de varios años, comenzando desde el cuarto de primaria de la víctima hasta poco antes del confinamiento por la pandemia de coronavirus. Desde 2014, la menor habría sido agredida recurrentemente en el domicilio familiar. Entre 2016 y 2022, período en el que la niña tenía entre diez y dieciséis años, se produjeron las violaciones descritas por la denunciante, quien manifestó durante la vista oral: “Me decía ponte aquí, me abría las piernas y me penetraba”.

El temor que inspiraba el hombre fue una constante en el relato de la víctima, lo que impidió que pudiera denunciar los hechos antes. “Tenía miedo de que me pegara”, declaró según recogió la agencia EFE. El acusado, cuando se enfrentaba a situaciones de desobediencia o resistencia, aplicaba violencia física y amenazas, circunstancia que, según la Fiscalía, mantuvo a la menor y a los demás miembros de la familia bajo un régimen de terror.

Como consecuencia directa del maltrato y los abusos, la joven fue diagnosticada con estrés postraumático y ha tenido que recibir tratamiento terapéutico durante varios años, según detallan los informes periciales presentados en el proceso judicial. Los peritos señalan que la sintomatología y la persistencia del trauma guardan vínculo directo con las vivencias descritas en la denuncia.

Durante la sesión, la joven dirigió su petición al tribunal solicitando que su padre reciba una condena ejemplar, en un intento de que los hechos tengan respuesta judicial. La Fiscalía y la acusación particular subrayan la gravedad de los delitos cometidos y argumentan que el castigo debe ser proporcionado a la naturaleza y extensión de los hechos cometidos, así como al impacto psicológico sufrido por la víctima, informa EFE.

El juicio continúa en sede judicial de la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé que se practiquen declaraciones de testigos y se analicen los informes forenses que documentan las lesiones y secuelas psicológicas derivadas de los presuntos hechos denunciados.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, presentó el pasado 17 de marzo ante la Asamblea Legislativa, una propuesta para reformar el artículo 27 de la Constitución de la República, para aplicar la condena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas en El Salvador.

En este contexto, los abogados penalistas Rosina Valiente y Miguel Ángel Cárcamo; y el abogado constitucionalista Alberto Alfaro Alvarado aclararon, en entrevista con Infobae, diversas dudas sobre el cambio constitucional y su aplicación en materia de derecho.

¿En qué consiste la reforma al artículo 27?

Alfaro Alvarado: Esta disposición históricamente respondía a una tradición constitucional que tenía su arraigo en principios de dignidad humana y reinserción social, y esto digamos, es parte del constitucionalismo salvadoreño de posguerra. Con la reforma aprobada al artículo 27, se introduce una excepción a la prohibición, porque se mantiene, en términos generales, la regla, pero se establece que la pena perpetua podrá imponerse cuando el delito cometido sea homicidio, violación o terrorismo.

Es una excepción que se puede considerar de catálogo cerrado, puesto que se enumeran taxativamente cuáles son los delitos que habilitan a ese tipo de penas perpetuas.

¿Cuáles son las implicaciones al reformar este artículo?

Cárcamo: El Salvador, desde hace tiempo, viene optando por un derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Hay dos formas de derecho penal o dos corrientes. Una es el clásico, que es un derecho penal garantista, y el derecho penal del enemigo, que tiene la finalidad de neutralizar y sacar de la sociedad al delincuente. Entonces, cuando se hace este tipo de reforma, lo que se está haciendo es habilitando la posibilidad de que se pueda neutralizar a las personas que cometen este tipo de delitos a través del sistema judicial con la imposición de una condena.

¿Qué vamos a entender por una pena perpetua?

Alfaro: Pena perpetua es una pena indeterminada, en primer lugar, porque se impone de por vida y se considera, la pena como tal, se considera una venganza de parte del Estado.

¿Qué significa el término terrorista?

Cárcamo: La Sala de lo Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En esta sentencia, la sala dio un concepto de terrorismo y dijo que es el ejercicio sistemático y organizado de la violencia con la finalidad de infundir terror en la población y arrogarse funciones inherentes al Estado. En esa sentencia, la sala califica que las pandillas imperantes aquí en El Salvador eran catalogadas como terroristas.

Alfaro: El legislador es quien va a tener el margen para definir estos actos de terrorismo y va a estar vinculado por un concepto constitucional de delito que desde luego va a limitar el poder punitivo del Estado.

Si revisamos la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, pues vamos a ver que es una ley que ya tiene alguna vigencia y ahí se define como organizaciones terroristas aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura y que de ella nacen vínculos que de alguna medida se puedan considerar como estables o permanentes, que tienen una jerarquía y una disciplina, y que cuentan con medios entendidos como idóneos y son pretendidos para la utilización de métodos violentos o inhumanos, con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los estados o incluso afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países.

Con la reforma a la Constitución que ya se hizo, ¿Cómo es ahora el proceso de ratificación?

Alfaro: Ya está establecido que se pueda ratificar con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos, sin necesidad de esperar una siguiente legislatura.

¿A partir de cuándo los jueces podrán imponer esta condena? ¿Cuándo podría entrar en vigencia la reforma?

Alfaro: aparecerá publicado en el Diario Oficial número 53, tomo número 450, correspondiente al mismo 17 de marzo; entonces, la reforma entra en vigencia con posterioridad al 17 de marzo (ocho días después), en este caso se cuentan días calendario.

Actualmente se está viendo que la Fiscalía impone hasta 400 años como condena. ¿Qué va a cambiar con esta reforma?

Alfaro: Según un doctrinario denominado Gary Becker, las penas de 200, 300 o 400 años que los tribunales puedan imponer van a ser producto de acumulación aritmética de condenas por múltiples delitos; entonces, son penas numéricamente determinadas, que no se pueden ejecutar, porque una vida humana es imposible que pueda cumplir 400 años de cárcel; entonces cumplen más bien una función simbólica de registro de la gravedad acumulada de la conducta, pero en términos de privación efectiva de libertad, equivalen a la muerte en prisión.

En ese contexto, la pena perpetua introduce una diferencia de naturaleza jurídica, porque no necesariamente va a tener una duración práctica, porque tienen una duración indeterminada, perpetua.

En este momento hay reos que están esperando juicio, para ellos podría aplicar la cadena perpetua; es decir, ¿se podrá aplicar para los procesos que ya están abiertos?

Cárcamo: La doctrina establece principios. Principio de legalidad, por ejemplo. Una persona no puede ser juzgada por un hecho que no sea delito en el momento que lo cometió. Y si es delito, se le debe aplicar la ley de comisión, o la ley del hecho, o la ley del tiempo en que se cometió el delito, por principio de legalidad.

En el caso de las leyes penales, solo puede tener efecto retroactivo, es decir, hacia atrás, cuando es en beneficio del procesado o del condenado. Eso está en la Constitución.

Con la reforma a la Constitución también se reformarán otras leyes secundarias, ¿sabe qué artículos exactamente podrían modificarse de estas leyes?

Valiente: Empecemos por el Código Penal, tiene que cambiarse en el artículo 158, que establece la violación. En cuanto al homicidio, el 129 y 128. Las agravantes podría que tuvieran una modificación. La Ley Especial de Actos de Terrorismo, va a ser modificada. ¿Quién va a con ser considerado terrorista? Va a tener que haber una nueva definición para mí, porque no solo el que altere el orden público y el que genere caos y terror en la población, porque ya sabemos quiénes.

La Ley Especial integral para una Vida Libre de Violencia Contra la Mujer. Entonces, pudiera haber una reforma en La ley Penal juvenil también.

Cárcamo: Habría que ver específicamente si se va a aplicar la pena perpetua al homicidio simple y al agravado o solo al agravado. Ahí va a ser cuestión ya del legislador. La violación, si va a ser para todos los casos de violación o en algunos casos en específico.

La Ley Penal juvenil, hay que ver en qué casos específicos se va a considerar o aplicar la pena perpetua. Y en el caso de la Ley especial contra actos de terrorismo, ya las penas son bastante severas, creería yo que vamos a tener que seleccionar en qué casos se va a aplicar, porque no todos los delitos van a ser objeto de pena perpetua.

¿A un menor de edad se le podrá dar cadena perpetua con el cambio a las leyes secundarias?

Alfaro: Sí, de hecho, el estándar internacional lo permite. Litigios similares han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Valiente: Desde los 11 años se considera que es un menor. Hay niños que fueron reclutados por las pandillas desde los siete años y no les podían aplicar la ley porque eran menores. El equipo era muy condescendiente cuando el niño era, era el responsable y te decían: “Mire, cometió un homicidio, pero yo me voy a hacer cargo de él”. Y hay muchos de estos menores que incluso quedaron sin juzgar, porque salieron de esa pena y ya no más. Entonces, habría que analizar cada caso.

La reforma al artículo 27 de la Constitución de la República que habilita penas perpetuas para delitos de violación ha generado inquietud entre sectores jurídicos en El Salvador. Abogados penalistas recomiendan capacitar a operadores de justicia para investigar de forma profunda el delito de violación y mejorar el acompañamiento a víctimas.

En entrevista con Infobae, Rosina Valiente, abogada penalista especializada en delitos de género, y Miguel ángel Cárcamo Iraheta, penalista con experiencia en derecho penal económico, alertan sobre la necesidad de profundizar la investigación judicial.

Ambos coinciden en que la correcta identificación de hechos y la protección de las víctimas requieren una transformación multidisciplinaria en el sistema.

“Muchos procesos terminan con inocentes condenados porque el sistema se limita a la versión de la víctima y a pruebas biológicas, sin un análisis profundo del contexto ni de posibles denuncias falsas”, expuso Valiente. A su juicio, la capacitación debe dirigirse a jueces, fiscales, equipos criminológicos y personal de Medicina Legal para que empleen herramientas científicas y psicológicas de manera rigurosa.

Por su parte, Cárcamo Iraheta, sostiene que el testimonio de la víctima, la evaluación psicológica y el peritaje forense constituyen los tres eslabones fundamentales en la determinación judicial.

“El testimonio es clave porque estos delitos ocurren en la intimidad y, en muchos casos, no existen testigos. El segundo elemento es la valoración psicológica, que debe realizarse por personal experto, y el tercero es el examen médico forense”, indicó el penalista. Este procedimiento no siempre se sigue de forma estricta, lo que puede afectar la objetividad de los fallos.

El entorno de revictimización y la ausencia de protocolos sensibles en el trato a mujeres y niñas víctimas de violación han sido señalados por ambos expertos. Valiente propone la creación de una unidad especializada donde solo trabajen mujeres profesionales, especialmente ginecólogas y psicólogas, para asistir a las víctimas.

“El trauma se agrava cuando la atención la brinda personal masculino. Las niñas y mujeres deberían poder acceder a exámenes médicos y apoyo emocional en espacios seguros, dirigidos únicamente por mujeres”, subrayó Valiente.

Otra recomendación central es la creación de hogares de resguardo para mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar. Según los abogados, El Salvador carece de refugios estatales que permitan a las víctimas y a sus hijos alejarse de entornos agresivos o peligrosos. “No existen espacios donde una mujer o una niña puedan acudir tras denunciar un abuso, lo que dificulta la protección y la recuperación”, explicó Valiente.

A nivel judicial, los penalistas advierten sobre la importancia de que la reforma al artículo 27 no se limite a endurecer penas, sino que incorpore mecanismos de revisión y acompañamiento. Cárcamo Iraheta detalló que la revisión de condenas, la evaluación periódica del interno y la posible libertad bajo condiciones deben estar supervisadas por el consejo criminológico, tal como lo establece la ley.

Respecto a la responsabilidad patrimonial del agresor, los expertos enfatizan la urgencia de que el Estado aplique medidas que permitan destinar el patrimonio del condenado a la manutención de los hijos nacidos de una violación. “La víctima no debe asumir sola la carga económica y emocional. Si el agresor posee bienes, estos deben cubrir los gastos médicos, psicológicos y de manutención del menor”, afirmó Cárcamo Iraheta.

Los abogados también advierten sobre la estigmatización social y familiar que enfrentan niñas y mujeres víctimas de abuso, especialmente cuando el agresor es un familiar. “La intervención estatal debe ir más allá del proceso penal. Se debe garantizar seguimiento psicológico y protección integral”, concluyó Valiente.

Todas las propuestas de los profesionales, que incluyen la especialización de los operadores judiciales, la creación de unidades médicas y psicológicas dirigidas por mujeres, el establecimiento de refugios y la aplicación efectiva de la responsabilidad patrimonial, buscan asegurar investigaciones más precisas y un acompañamiento real a las víctimas, en un contexto donde la reforma constitucional incrementa la severidad de las penas, pero no resuelve los desafíos estructurales de la justicia penal.

Una grave trama de violencia salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Misiones: una mujer de 29 años con discapacidad, oriunda de la ciudad de San Vicente, habría sido víctima de abusos sexuales cometidos por su propia madre y allegados durante más de una década.

La causa se inició el pasado 23 de febrero a partir de la intervención de la hermana de la víctima, quien fue alertada de la situación por mensajes de WhatsApp y decidió viajar a la provincia desde Córdoba para radicar la denuncia. Por el momento, la madre permanece detenida, mientras que dos hombres señalados en la causa continúan prófugos.

Según consignaron medios locales, la mujer detenida está imputada por “abuso sexual simple agravado por el vínculo”. En tanto, los dos sospechosos prófugos enfrentan acusaciones por “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual simple”, y tendrían una relación cercana con la imputada.

La investigación indica que los agresores se habrían aprovechado de la discapacidad motriz de la víctima, quien además habría sido amenazada para evitar que denunciara lo ocurrido. También se investiga si vivía en condiciones de abandono y sin acceso a la atención médica necesaria, indicó Misiones Online.

El expediente está en manos del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco.

“Mi mamá hacía rituales de brujería”

La hermana de la víctima, identificada con las siglas L. G. S., se mostró preocupada ante la posibilidad de que la imputada recupere la libertad: “Desde el juzgado me dijeron que es excarcelable y que puede salir en cualquier momento”, sostuvo, y confirmó que partirán juntas a Córdoba por motivos de seguridad.

En declaraciones al medio local, brindó detalles sobre los maltratos físicos y psicológicos que sufría N.C.S. Entre ellos, cintazos e instigaciones al suicidio: “Mi mamá no le cree y le pegó con el cinto, donde le dejó marcas. Empezó todo el calvario desde ese momento. Mi mamá le decía: ‘Suicidate, así terminamos con todo esto, matate’, y todo tipo de insultos y amenazas”.

También manifestó inquietud por las condiciones en las que se le tomó la declaración testimonial a la víctima, ya que -según señaló- no habría contado con las herramientas necesarias, considerando sus dificultades para leer y escribir.

“Ella necesita una persona de confianza para que le lean qué es lo que declaró. Me dijeron que no me preocupara, pero después me explicaron que no hizo falta llamar a nadie", explicó. En ese sentido, señaló que su hermana se mostró nerviosa al momento de declarar en presencia del abogado de su madre: “Me dijo ‘yo no sé si escribieron lo que yo les dije’”.

De acuerdo con el relato de L., la imputada solía involucrar a la víctima en los rituales de brujería que practicaba en la casa. “La obligaba a estar en esos humos que hacía, que quemaba hierba. Nosotros encontramos cosas terribles dentro de la casa cuando hicimos limpieza, de velas negras, de pelos. Yo la verdad que yo ya no quiero callarme”, siguió.

La investigación además apunta a determinar si existió instigación al suicidio, así como a establecer si otros integrantes del entorno familiar pudieron haber intentado encubrir los hechos o evitar auxiliar a la mujer.

“Mi mamá tiene el apoyo y la complicidad de toda su familia. Vinieron a pelear conmigo mi abuela, mis tías, y yo tuve que escuchar cosas realmente espantosas, como que mi hermana es la culpable porque la puerta quedaba abierta. Ya perdimos el miedo y ya no queremos que estas cosas sigan pasando”, cerró.

Mientras avanza el expediente, las hermanas buscan una abogada querellante que pueda aportar a la causa e incorporar testimonios clave, entre ellos el de una docente que habría detectado los abusos a través de dibujos realizados por la víctima. Hasta ahora, la joven ya fue sometida a exámenes médicos para sumar en la prueba.

El fallo judicial señala que los gestos y el lenguaje corporal de la víctima demostraron de forma inequívoca su negativa a mantener relaciones sexuales, a pesar de que la mujer no llegó a expresar un rechazo verbal. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) sostiene que lo determinante fue la ausencia de consentimiento activo, no la falta de oposición verbal. Según publicó el medio, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN desestimó en su totalidad el recurso de la defensa, ratificando la condena ante la evidencia de la falta de consentimiento en ambos episodios ocurridos en Pamplona.

De acuerdo con la información publicada por el TSJN, la sentencia ratificada corresponde a una resolución dictada en noviembre pasado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que impuso al acusado una condena de ocho años y seis meses de prisión. La resolución judicial consideró probados dos delitos de agresión sexual con acceso carnal, ocurridos en agosto de 2023, y mantiene además una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por un total de dieciséis años, ocho por cada uno de los delitos. El tribunal agregó que el procesado deberá cumplir catorce años de libertad vigilada, a ejecutar tras la pena privativa de libertad, con siete años por cada delito de agresión sexual. Además, se estableció una indemnización de 20.000 euros a la víctima, en concepto de daño moral.

Según detalló el TSJN, la relación entre el condenado y la denunciante comenzó en 2022, al conocerse a través de amigos comunes. Profundizaron el vínculo en los Sanfermines de 2023. La mujer residía en un pequeño estudio del Casco Viejo de Pamplona, donde el acusado había pasado la noche en varias ocasiones anteriores al 8 de agosto, compartiendo cama, lo cual, según la sentencia, no había derivado en relaciones sexuales ni en conversaciones sobre la posibilidad de tenerlas.

El 8 de agosto, el procesado preguntó a la mujer si podía dormir nuevamente en su vivienda. Ella aceptó y ambos compartieron cama, como en ocasiones anteriores. A la mañana siguiente, el hombre inició besos no consentidos. Ante la ausencia de consentimiento, la mujer se apartó y manifestó su negativa mediante gestos corporales, aunque no logró expresar su rechazo con palabras. La sentencia indica que, pese a esta oposición, el acusado llevó a cabo la agresión sexual, cesando únicamente la conducta cuando el timbre del apartamento sonó por la llegada de un instalador.

El medio TSJN agregó que, dos días más tarde, la víctima llamó al acusado para decirle que había dejado unos auriculares en su domicilio. Cuando él acudió al lugar y mantuvieron una conversación, volvió a producirse un episodio similar: el hombre besó a la mujer sin su aprobación y, ante su rechazo expresado mediante intentos de alejarse y gestos corporales, procedió a una segunda agresión sexual. Los hechos, según la resolución, se dieron en circunstancias en las que resultó evidente la negativa de la mujer a cualquier contacto íntimo.

La sentencia, publicada por el TSJN, menciona que la denunciante había recibido en el pasado tratamiento psicológico y psiquiátrico por síntomas depresivos y presentaba una tendencia a la evitación y cierta dificultad para expresar sus deseos en ámbitos personales. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que dictó el fallo original confirmado ahora, no apreció violencia física o fuerza en la comisión de los delitos, pero subraya que el consentimiento de la denunciante no existió en ninguno de los dos episodios.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN confirmó la interpretación de la Audiencia respecto a que la negativa de la víctima se manifestó de forma suficiente y reconocible mediante el lenguaje corporal: intentó apartarse, movió las piernas y la cabeza, y permaneció pasiva. El tribunal expresó que, incluso sin una manifestación verbal explícita de rechazo o aprobación, la falta de consentimiento resultó evidente por los gestos realizados por la mujer. El texto judicial enfatiza que “por mucho que faltara la manifestación verbal de la negativa al acto sexual –como faltaba la expresión positiva hacia ese mismo acto sexual–, había toda una serie de gestos que denotaban falta de consentimiento”.

El TSJN, al ratificar la sentencia, concluyó que no existió consentimiento por parte de la denunciante en ninguno de los hechos juzgados. El tribunal afirmó que esos actos no contaron en ningún momento con una voluntad libremente expresada por la mujer para mantener una relación sexual, y que la conducta del acusado respondió al deseo de satisfacer sus propios intereses, a pesar de ser consciente de la negativa de la víctima.

El responsable de los hechos podrá recurrir este fallo ante el Tribunal Supremo. El TSJN, de forma detallada, sostuvo el argumento de que los gestos y el comportamiento corporal también representan una expresión válida y suficiente de la falta de consentimiento en el ámbito de delitos sexuales, según consta en la resolución judicial presentada.

Mientras confirma las penas impuestas de prisión, alejamiento, libertad vigilada e indemnización, el tribunal insiste en que el análisis debe centrarse en la existencia de una voluntad clara y libre de la persona afectada, que en este caso, de acuerdo con la sentencia, no existió en ninguno de los momentos objeto del procedimiento. La decisión pone de manifiesto la interpretación judicial del consentimiento y de los límites de las relaciones personales frente a supuestos de agresión sexual, según recogió el TSJN en su resolución.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra calificaron como concluyentes las pruebas recogidas en la investigación policial, destacando la labor realizada para la identificación del responsable del delito sexual y robo cometido en diciembre de 2023 en Pamplona. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el tribunal impuso una serie de medidas restrictivas al acusado, que incluyen la expulsión de España una vez que haya cumplido la mitad de la condena, el impedimento de retorno por 10 años, la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de indemnizarla, además de la vigilancia posterior a la privación de libertad.

De acuerdo con el TSJN, la sentencia establece que el acusado, de 23 años y de origen marroquí, deberá cumplir 12 años de prisión: nueve años por el delito de agresión sexual y tres años adicionales por robo con violencia. La decisión también contempla que, finalizada la pena, el condenado debe someterse a un periodo de 10 años bajo libertad vigilada. El fallo indica que la prohibición de acercamiento a la denunciante se extenderá durante 15 años y deberá mantenerse una distancia de al menos 200 metros, junto con la prohibición de comunicación en cualquier forma.

El hecho sucedió de madrugada en la zona cercana al Archivo General de Navarra, en el Casco Viejo de Pamplona, tal como consignó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La víctima regresaba a casa tras una fiesta cuando fue interceptada por el agresor, que se encontraba a una corta distancia y portaba una gorra beige. Cuando la mujer se sentó sobre un murete, el acusado se lanzó hacia ella, la arrojó junto a él a una zona cubierta de vegetación, la golpeó y la violó, aplicando una fuerza significativa. Después del abuso, la víctima intentó defenderse, produciendo lesiones a su atacante mediante mordeduras y golpes en el rostro, como detalló el medio judicial.

Según la resolución judicial, aproximadamente diez minutos tras la comisión de la agresión, el acusado abandonó el sitio llevando consigo un teléfono iPhone 11 valorado en 748,33 euros y setenta euros en efectivo tomados de la cartera de la víctima. No obstante, retornó después de cuatro minutos para recoger otros objetos personales, tanto desde el suelo como del bolso. La investigación policial permitió recuperar la gorra utilizada por el agresor, así como otros enseres y prendas vinculadas al suceso en la misma área ajardinada donde se produjo el ataque.

El tribunal resolvió que, por daños morales derivados de los hechos, el acusado deberá indemnizar a la denunciante con 60.000 euros. De acuerdo con el TSJN, el informe forense incluido entre las pruebas aportadas recoge la existencia de lesiones vaginales que resultan compatibles con el testimonio de la víctima sobre la agresión sexual sufrida. El mismo informe señaló que actualmente la afectada padece lesiones físicas y episodios de ansiedad, además de experimentar temor a salir a la vía pública y sufrir pesadillas nocturnas persistentes.

En el proceso judicial, el acusado aceptó la autoría del robo, aunque negó los cargos por violación. Su defensa pidió la rebaja de la pena a dos años por el delito de robo, invocando la atenuante de dilaciones indebidas, y reclamó la absolución en lo referente a la agresión sexual. La Audiencia descartó esos planteamientos, señalando que la admisión del robo por parte del acusado solo ocurrió después de quedar probada su implicación por el conjunto de las pruebas analizadas durante el juicio. Además, el tribunal puntualizó que las lesiones de defensa en el acusado, generadas por la reacción de la víctima, avalan el relato de agresión sexual, ya que el acusado reconoció haber recibido mordeduras y golpes.

Según lo publicado por el TSJN, la identificación del acusado se consolidó gracias a la actuación de la Policía Municipal de Pamplona, que recabó pruebas físicas y audiovisuales. Las cámaras de seguridad en las inmediaciones aportaron imágenes coincidentes con el momento del asalto, mientras que el análisis de ADN permitió relacionar la gorra recogida en el lugar con el condenado. Aunque la defensa citó un resultado negativo de ADN respecto a la agresión, la Audiencia respaldó el criterio del forense, quien consideró que las lesiones constatadas refuerzan la versión presentada por la denunciante.

El juicio, realizado los días 25 y 26 de febrero, contó con diferentes solicitudes de pena. La fiscalía solicitó ocho años y once meses de prisión por el delito de agresión sexual y tres años por el de robo con violencia; la acusación particular elevó las peticiones a nueve y tres años, respectivamente. Dadas las circunstancias y la profundidad de las pruebas expuestas, la Audiencia determinó la imposición de la máxima condena promovida por la acusación particular.

La resolución notificada por el tribunal señala que la sentencia puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, conforme a los procedimientos legales vigentes. Mientras tanto, las medidas dictadas buscan evitar cualquier tipo de contacto futuro entre el condenado y la víctima, proteger los derechos de la afectada y promover el cumplimiento de la pena impuesta.

El medio detalló que el juicio comenzó a las 10 de la mañana y que ambos encausados enfrentan cargos relacionados con abuso sexual agravado. Los hechos habrían ocurrido cuando la joven, que se encontraba en un estado de semiinconsciencia tras haber consumido alcohol y drogas, fue presuntamente agredida por los acusados en la zona costera de la isla balear. Según el escrito de acusación citado por el medio, uno de los hombres arrojó primero a la víctima al suelo y trató de penetrarla vaginalmente, aunque no logró consumar el acto.

El segundo imputado, según publicó el medio, se acercó a la joven mientras el primero la sujetaba y, en ese momento, introdujo su pene en la boca de la víctima mientras ella permanecía semiinconsciente. Testigos que se encontraban en la playa intervinieron al percatarse de la situación y lograron auxiliar a la joven, frustrando así la continuación de la agresión sexual, consignó el medio. La asistencia prestada por estas personas permitió interrumpir la acción de los acusados antes de que culminara, según se expuso en la vista oral.

En cuanto a las penas solicitadas, el Ministerio Público reclama nueve años de prisión para el primero de los acusados por abuso sexual con penetración en concepto de cooperador necesario, además de tres años más por tentativa de abuso sexual con penetración. Para el segundo procesado, la Fiscalía solicita nueve años por abuso sexual con penetración. A ambos se les reclaman estas penas debido a la gravedad de los hechos y a la condición vulnerable de la víctima al momento de los supuestos abusos, tal como reportó el medio.

El escrito presentado ante la Audiencia Provincial también exige que, en caso de condena, los acusados indemnicen económicamente a la joven como reparación por los daños sufridos. Esta petición se fija en 8.000 euros, una cifra que, según publicó el medio, busca compensar las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del ataque sexual. El juicio continuará en los próximos días, con la comparecencia de las partes y la previsión de que tanto testigos presenciales como peritos médicos aporten su testimonio sobre el estado de la víctima al momento de los hechos y la secuencia de la intervención ciudadana que permitió frenar la agresión.

Además de la exposición de los hechos, el proceso judicial incluye el análisis de pruebas médicas y forenses, así como declaraciones de los implicados, conforme ha informado el medio que cubre el caso. Las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión, el tiempo transcurrido desde 2015, y la actuación de los testigos representan elementos clave en el juicio para aclarar la autoría y la responsabilidad penal de los acusados.

Según publicó el medio, tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron que la gravedad del episodio residió en que la víctima no se encontraba en condiciones de oponerse ni de prestar un consentimiento válido debido a su estado alterado por las sustancias ingeridas. La acusación argumenta que esto configura los delitos imputados y justifica la solicitud de penas elevadas, subordinadas a la reparación del daño causado. El proceso avanza hacia la presentación de nuevas pruebas y declaraciones, con la expectativa de que la sentencia se conocerá en las próximas semanas tras la evaluación de los elementos recogidos durante la vista oral.

Después de un extenso proceso judicial y tras una serie de recursos presentados por las partes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reafirmado en su totalidad la condena impuesta a un vecino de Irun por delitos de violación con violencia, maltrato habitual y coacciones leves hacia su expareja. Según informó el medio fuente, la decisión judicial, que avala la sentencia inicial dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el 1 de diciembre de 2025, confirma la responsabilidad penal del acusado en todos los cargos y mantiene todas las medidas restrictivas y compensatorias asociadas a la condena.

Tal como publicó el medio fuente, el TSJPV desestimó las apelaciones interpuestas tanto por la defensa del acusado como por la de la víctima y el Ministerio Fiscal, dictaminando de manera firme la condena de 15 años, 10 meses y 18 días de prisión. De acuerdo con la resolución ratificada, el tribunal impuso una pena de 12 años de reclusión por un delito de violación cometido con violencia, considerando como circunstancia atenuante el estado de embriaguez del autor durante los hechos. A esto se suman 1 año, 9 meses y un día por maltrato habitual, una pena de 15 meses y un día por episodios de malos tratos no habituales y 10 meses y 16 días por coacciones leves.

Además de las penas privativas de libertad, el TSJPV mantuvo la orden de alejamiento, que prohíbe al agresor aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, su hogar, su lugar de trabajo o cualquier otro espacio en el que se encuentre durante 22 años y medio. También ratificó la prohibición para el acusado de comunicarse con la mujer por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo, según consignó el medio original. Como medida reparadora, el condenado deberá abonar 15.000 euros en concepto de indemnización a su expareja.

El tribunal, al refrendar los hechos probados de la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, detalló que el condenado mantuvo una relación sentimental con la víctima desde agosto de 2017 hasta el año 2021. Durante ese periodo, ambos convivieron y tuvieron una hija, nacida el 3 de enero de 2020. Según lo declarado por el órgano judicial y publicado por el medio fuente, durante toda la relación el hombre ejerció actitudes de control y dominio sobre la mujer, dirigidas a imponerse sobre ella, acompañando sus desplazamientos y los de sus amistades, presentándose de forma insistente en su lugar de trabajo para exigirle dinero o acusarla de mantener relaciones sentimentales con compañeros.

El tribunal destacó, según reportó el medio fuente, que el comportamiento de control incluía la imposición de videollamadas cuando la mujer salía por la noche, la revisión de su teléfono móvil e incluso la obtención de fotografías de sus conversaciones personales. Además, el acusado le dirigía amenazas verbales orientadas a limitar su autonomía, como expresiones relativas a que no sería feliz si iniciaba una nueva relación, o afirmaciones de que “era suya” y que “si no era suya, no sería de nadie”.

De acuerdo con la sentencia ratificada, a partir de 2019 la situación de la víctima se agravó. Cuando la mujer quedó embarazada, el condenado inició episodios de violencia física e intimidación adicionales. Según detalló el medio fuente, tras regresar a casa en estado de embriaguez luego de acudir a fiestas, el hombre rompía objetos y mobiliario, golpeaba las puertas e insultaba a la mujer. Tras el nacimiento de la hija, las acciones de hostigamiento incluyeron descalificaciones frecuentes como “no sirves para nada” y “eres una golfa”, además de la vigilancia constante sobre las actividades de la víctima en redes sociales.

El proceso reflejó también que, aunque en abril de 2021 el hombre abandonó el domicilio compartido para residir en otra vivienda, persistió el acoso y el control sobre su expareja. La sentencia, recogida por el medio fuente, recoge que durante ese periodo mantenía videollamadas diarias con la víctima. En enero de 2024 se documentó un altercado entre ambos en un bar, donde el acusado empujó a la mujer con una puerta, impactándola en el brazo, aunque no le causó lesiones.

Más adelante, en agosto de 2024, los implicados retomaron la convivencia. Fue entonces, en la madrugada del 8 al 9 de septiembre de ese año, cuando tuvo lugar el episodio considerado de violación. Según los hechos probados y difundidos por el medio fuente, el hombre, tras el consumo de drogas y estando bajo sus efectos, acudió al domicilio de la víctima, exigiéndole una felación y, tras la negativa de ella, la sujetó de los brazos para forzarla a mantener una relación sexual no consentida.

La sentencia del TSJPV, según informó el medio fuente, puede ser todavía objeto de recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este trámite abre la vía para que la defensa del condenado intente una última revisión en instancia superior, aunque por el momento la decisión de los tribunales vascos mantiene firme la condena en todos sus extremos.

Durante todo el proceso judicial, tanto los órganos de instrucción como las instancias de apelación han subrayado la conducta persistente de control y violencia desplegada por el acusado, contextualizando la gravedad de los hechos y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, según los documentos judiciales reseñados por el medio fuente. El caso se inscribe entre las sentencias más severas dictadas en la región recientemente en materia de violencia de género, de acuerdo con la información publicada.

La abogada que representa al futbolista Thomas Partey informó en el tribunal que su defendido planea declararse inocente frente a dos acusaciones recientes por violación atribuidas a hechos ocurridos en diciembre de 2020. Estas nuevas imputaciones se suman al proceso judicial que Partey enfrenta desde 2025 en el Reino Unido y que contempla ya otros cargos por delitos sexuales contra varias mujeres. El medio de comunicación consignó que la comparecencia judicial de Partey no tuvo lugar en persona, dado que el jugador se encontraba concentrado con el Villarreal CF para un partido de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés, y que el magistrado había autorizado su ausencia en esta etapa preliminar del proceso.

Según detalló la fuente, la defensa, a cargo de Emma Fenn, subrayó ante el Tribunal de Magistrados de Westminster que Partey responderá con una declaración de inocencia a los dos cargos más recientes, presentados formalmente el pasado mes tras las declaraciones de una cuarta presunta víctima. La fiscal del caso, Arabella MacDonald, explicó al tribunal que estas alegaciones surgieron luego de una amplia difusión mediática de los procedimientos iniciales. “El señor Partey se enfrenta a otros dos cargos de violación que se remontan a diciembre de 2020. La denunciante se presentó después de que se difundieran ampliamente las noticias sobre otros asuntos del señor Partey”, expuso MacDonald, según reportó el medio citado.

La jueza adjunta Tan Ikram ordenó que los dos nuevos cargos se remitan al Tribunal de la Corona, con una audiencia fijada para el 10 de abril. De acuerdo con la acusación, Partey habría cometido dos actos de violación en Londres en una misma jornada de diciembre de 2020, periodo durante el que todavía residía en Potters Bar, Hertfordshire. En esa fecha, el futbolista ghanés formaba parte de la plantilla del Arsenal, club que lo había fichado en octubre de ese año tras un traspaso desde el Atlético de Madrid valorado en alrededor de 45 millones de euros. Posteriormente, en junio de 2023, Partey dejó el equipo inglés para sumarse al Villarreal CF.

El medio también informó que estas no son las únicas imputaciones que pesan sobre Partey. En el año anterior, la Policía Metropolitana formuló contra él cinco cargos de violación relacionados con dos mujeres distintas y un cargo adicional por agresión sexual contra una tercera presunta víctima. Partey ya ha negado su responsabilidad en todos esos hechos, supuestamente cometidos entre 2021 y 2022. El juicio por esas causas se encuentra programado para celebrarse en el Tribunal Penal de Southwark a partir de noviembre.

La trayectoria deportiva de Thomas Partey abarca más de 50 partidos internacionales con la selección de Ghana, incluyendo participaciones en la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Africana de Naciones. Según indicó la fuente, tras su puesta en libertad bajo fianza, el futbolista tiene orden de no contactar bajo ningún concepto a la mujer que lo denuncia en los nuevos cargos. Las autoridades esperan su presencia en la siguiente audiencia, prevista para abril.

El manejo judicial del caso incluye la acumulación de denuncias presentadas a raíz de la visibilidad mediática del proceso, punto que resaltó la fiscalía en la reciente audiencia. Como publicó la fuente, la denuncia más reciente corresponde a una mujer que decidió presentarse después de observar la cobertura de las primeras acusaciones. Esto ha elevado el número de presuntas víctimas y ha extendido la investigación por parte de las autoridades británicas, quienes mantienen en curso varias líneas de investigación y actuaciones processales.

El futbolista no ha emitido declaraciones públicas sobre los últimos cargos. La defensa legal reiteró que su cliente mantiene la posición de inocencia frente a toda la serie de acusaciones planteadas, posición que volverá a presentar formalmente en la próxima comparecencia judicial. El caso continúa generando atención internacional por la relevancia mediática del deportista y por la dimensión de las acusaciones que ahora lo involucran tanto en su carrera en Europa como en su trayectoria con la selección de Ghana, según han consignado fuentes cercanas al tribunal.

La Justicia avanza con las primeras medidas en la nueva denuncia por violación contra Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del grupo Green y un ícono de la cumbia argentina.

La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, una dependencia especializada en violencia de género, le tomó declaración esta mañana a la víctima, una mujer de 43 años, que denunció al cantante este martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo. Ante la fiscal, ratificó todos sus dichos.

En paralelo, la mujer entregó la ropa interior que vestía en el día del hecho al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense y atravesó una revisión médica; las prendas serán peritadas en busca del material genético de Torres. La investigación del hecho le fue encargada a la DDI de La Matanza de la fuerza provincial, a cargo del comisario Flavio Mariño.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza le prohibió al cantante acercarse a su denunciante. En el expediente también interviene la secretaria María Rosario Duro. Pecorelli se abocaba al hallazgo de filmaciones de cámaras de seguridad al cierre de esta nota para certificar el relato de la víctima.

La denuncia de la víctima

Infobae accedió a la denuncia de la mujer, conocida como Dulce Lilian y dedicada a las transmisiones por streaming de shows de artistas tropicales. La víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante. “Le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, se lee en el texto sobre la actitud del cantante.

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”, continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral”.

La mujer empujó a Torres. “El Chelo”, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

La condena por abusar de una nena de seis años

La fiscal Pecorelli también certificó la condena previa de Torres, que recibió cuatro años de prisión en abril de 2009, cuando el Tribunal Criminal Oral Nº6 de Morón lo condenó por abusar de la hija de seis años de una seguidora, que lo había acobijado en su casa en un momento de crisis.

La mujer tenía tres hijas, una niña de seis años y dos adolescentes. En octubre de 2006, Torres agotó su bienvenida: su anfitriona supuestamente lo encontró teniendo sexo con su hija del medio, por ese entonces de 15 años. Así, lo echó de su casa junto a su hija, según relatos del propio cantante, realizados a este cronista.

Sin embargo, fue finalmente condenado por estupro, abuso sexual simple, un hecho que el cantante siempre negó.

Torres desfiló por los penales de Olmos y Marcos Paz. Salió de prisión en el otoño de 2012. Antes de dejar su celda, tuvo un hijo con la hija de 15 de su fan, ya mayor de edad. La llevó a vivir a la casa familiar de los Torres en Villa Fiorito.

Dos policías municipales de Tijuana, acusados de torturar y violar con un pado de escoba a un ciudadano en abril del 2022 en Playas de Tijuana, se entregaron el pasado martes ante un juzgado.

Se trata de los agentes Abel López Martínez y Juan Leyva González, quienes contaban con una orden de aprehensión activa por los delitos de abuso de autoridad y violación; ambos fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Tijuana (Cereso).

Tortura, robo con violencia, violación impropia agravada, abuso de autoridad en la variante de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado cometido con ventaja y alevosía son los delitos de los que se les señala a ambos agentes.

El caso por el que se les acusa es el que sufrió un ciudadano de nombre Carlos Damásio López. De acuerdo con medios locales, el 27 de abril de 2022, los agentes municipales Abel López Martínez, Juan Leyva González, Heriberto Gómez Chavarría y Francisco Javier Martínez Pérez, miembros de la unidad canina (K-9), llegaron a una tienda con máquinas tragamonedas e increparon a un ciudadano de 50 años de edad. Le preguntaron quién era el encargado, sin embargo, este no se encontraba.

Los policías, entonces, preguntaron al sujeto sobre quién era la persona que vendía drogas en el sitio, pero el hombre dijo que no sabía. Por ello, los policías lo golpearon para obtener la información que requerían. Al no lograrlo, lo obligaron a desnudarse de la cintura para abajo, lo hicieron inclinarse de espaldas a ellos y uno de los agentes tomó un palo de escoba, lo llenó de gel antibacterial y lo introdujo en más de una ocasión por el recto del hombre, de acuerdo con testigos del hecho.

El 3 de mayo de ese año, la víctima ingresó de urgencia al Hospital General de Tijuana donde se le practicaron cinco operaciones para contener la infección interna y recuperar parte del intestino y órganos dañados. Sin embargo, el 18 de mayo, el cuerpo de Carlos no resistió y falleció.

El reporte médico forense reveló que la causa de muerte había sido choque séptico, derivado de la severa infección y lesiones provocadas por el ataque de los elementos policiacos.

Según informó el medio de comunicación, el TSXG desestimó el recurso presentado por el condenado y consideró que los elementos probatorios recabados durante el proceso —incluyendo pruebas testimoniales y videográficas— permitieron constatar que la víctima no se encontraba en condiciones de otorgar consentimiento dada su incapacidad de comprensión y decisión, provocada por su estado avanzado de embriaguez. Tal como publicó la fuente, los hechos se remontan a la madrugada cuando la mujer, tras haber consumido alcohol en compañía de dos amigas, accedió a un local de ocio nocturno ubicado en la avenida do Porto.

La sentencia detalló que, una vez dentro del local, el grupo solicitó varias bebidas y accedió a un área reservada junto a algunos conocidos. Los magistrados indicaron que la víctima empezó a mostrar signos claros de desorientación y pérdida de equilibrio minutos después, situación que una de sus acompañantes advirtió de inmediato, sacándola de la zona para alejarla de una posible alteración mayor. La resolución judicial narra que la joven accedió sin permiso a otro reservado, perturbando a otros clientes, lo que motivó la intervención del personal del local. El responsable de relaciones públicas le pidió que se retirara, pero ante la actitud alterada de la víctima, fue finalmente expulsada del establecimiento.

Tal como consignó el medio, la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña reseñó que, entre las 03.30 y las 04.16 horas, la joven trató repetidas veces —alrededor de quince ocasiones— de volver a ingresar a la discoteca para recuperar sus pertenencias, incluyendo su abrigo y teléfono móvil. En una de las tentativas, llegó a desplomarse en las escaleras, evidenciando la merma de sus facultades motrices. Finalmente, sin lograr acceder de nuevo al local, permaneció en el exterior, concretamente en la explanada adyacente al Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco).

El tribunal subrayó que este comportamiento fue observado por el acusado, quien según la sentencia, vagaba por la zona y detectó el estado de vulnerabilidad de la joven. La Sala señaló que en ese contexto el acusado decidió acercarse y cogerla por la cintura cuando ella intentaba regresar a la discoteca. Los jueces informaron que, aunque la víctima intentó alejarse, no pudo soltarse y terminó siendo conducida por el agresor hacia un lateral del edificio, donde cayó al suelo.

La Sala provincial, según resumió el fallo al que accedió la prensa, concluyó que el acusado se aprovechó “de la incapacidad de autodeterminación de la mujer” para consumar la agresión sexual. El acta judicial recoge que en ese momento la víctima no pudo prestar ningún consentimiento, ya que su autonomía estaba totalmente anulada por la ingesta alcohólica y, posiblemente, por la acción de otra sustancia añadida.

La intervención de dos personas que pasaban por el lugar resultó decisiva: al percatarse de la situación, llamaron la atención del acusado y alertaron sobre lo que ocurría. Según informó el medio, tras estos hechos la joven recuperó la estabilidad para marcharse hasta su casa pero, como no tenía en su poder las llaves de su domicilio, permaneció dormida en el felpudo de la entrada hasta la mañana siguiente, cuando el presidente de la comunidad la encontró y contactó a un cerrajero.

El condenado había alegado en su defensa que no estaba acreditado que la mujer estuviese ebria, argumentando que no se le practicó un análisis toxicológico. El TSXG descartó este argumento, asegurando que la suma del testimonio de los testigos y las imágenes de videovigilancia constituyeron una sólida base probatoria sobre el estado de intoxicación de la denunciante. Según publicó la fuente, el tribunal remarcó en su auto que “poco importa que entonces no se le hiciese un análisis toxicológico: desde Noé hasta nuestros días, cualquier hombre medio conoce los síntomas y efectos del alcohol”.

El fallo del TSXG enumeró como indicios objetivos el estado de desorientación, los problemas para mantener el equilibrio y los intentos frustrados de la víctima por regresar al interior del local a recoger sus objetos personales. Además, la resolución destacó que el acusado nunca negó que existiera una relación sexual, algo que fue respaldado posteriormente por el análisis genético presentado en el proceso judicial.

Durante el juicio, los jueces reincidieron en que la conducta del hombre sólo puede entenderse como un aprovechamiento consciente de la situación de indefensión de la mujer, un criterio que descarta cualquier posibilidad de consentimiento válido en las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. El TSXG, según reportó el medio citado, concluyó que no cabe duda racional sobre la existencia de los elementos fundamentales del delito de agresión sexual con acceso carnal, al no mediar consentimiento y producirse la relación aprovechando el grave desvalimiento de la víctima.

La decisión del tribunal, consignada en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y ratificada por el TSXG, se fundamentó en la existencia de pruebas directas e indirectas que descartan la versión del procesado y validan el relato de la joven. El acusado, residente en A Coruña, deberá cumplir la condena de nueve años de cárcel impuesta en primera instancia, con la confirmación del más alto tribunal gallego tras el recurso de apelación.

Según informó Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia dictada previamente por la Audiencia Provincial de Palencia. La condena para los dos hermanos suma un total de 30 años y medio de prisión, tras considerarlos culpables de delitos de agresión sexual, detención ilegal, robo con violencia y estafa, junto a otros cargos relacionados. El tribunal desestimó los recursos de apelación presentados por las defensas, que pretendían cuestionar la validez del testimonio de la víctima debido a que, durante el juicio oral, esta modificó su versión de los hechos.

El fallo, al que tuvo acceso Europa Press, detalla que los sucesos se originaron cuando uno de los condenados, tras contactar con la víctima a través de redes sociales, la citó en una vivienda situada en la localidad palentina de Autilla del Pino. En ese domicilio, el hombre la sometió a agresiones sexuales, haciendo caso omiso a la negativa de la mujer. El relato acreditado recoge que al día siguiente el mismo acusado obligó nuevamente a la víctima a mantener relaciones sexuales y posteriormente convocó a su hermano para que se personara en la vivienda.

El medio Europa Press describió que ambos hermanos sometieron posteriormente a la mujer a diversos actos de carácter vejatorio y denigrante, obligándola bajo amenazas de muerte –con la exhibición de un cuchillo y una motosierra– a adoptar determinadas posturas sexuales. Los acusados también procedieron a sustraerle una cantidad cercana a los 850 euros, mediante la aplicación Bizum, antes de trasladarla hasta un gallinero anexo a la vivienda. Allí, la dejaron atada y amordazada, advirtiéndole que se trataba de un “secuestro exprés”.

Según consignó Europa Press, la víctima consiguió liberarse de las ataduras, saltó un muro y llegó hasta una residencia de ancianos cercana, donde solicitó ayuda y denunció lo sucedido. Tras abandonar en esas circunstancias a la víctima, los dos hermanos se dirigieron en taxi a varios clubes de alterne, sin abonar el importe de los trayectos. Además, sustrajeron un vehículo con el cual sufrieron un accidente poco después y, durante la intervención de la Guardia Civil, el principal encausado se negó a someterse a la prueba de alcoholemia.

El reparto de penas es específico para cada condenado. Uno de los hermanos ha recibido ocho años de prisión por agresión sexual, cinco por detención ilegal, tres años y medio por robo, y sanciones adicionales por daños a la integridad moral y delitos contra la seguridad vial. El otro condenado ha sido sentenciado a tres años y medio por agresión sexual vejatoria y cinco años por detención ilegal, junto con otras penas accesorias.

La resolución judicial, según publicó Europa Press, aborda las alegaciones de las defensas sobre una supuesta inconsistencia en la incriminación, debido a que la víctima manifestó durante el juicio oral que sostenía una relación sentimental con uno de los acusados. Para la Sala, este cambio de relato no resulta determinante, ya que la denuncia inicial resulta corroborada por otros elementos objetivos, incluidos los exámenes médicos y los relatos de quienes socorrieron a la mujer tras su huida. Los magistrados destacan que la declaración policial de la víctima, apoyada por elementos médicos y la declaración de testigos, permite establecer la credibilidad y la gravedad de los hechos denunciados.

El medio Europa Press también informó que el tribunal descartó aplicar la atenuante de embriaguez, al no constatarse pruebas de que las capacidades cognitivas o volitivas de los acusados se encontraran mermadas durante el desarrollo de los hechos. La sentencia señala que no se ha acreditado la existencia de un estado de intoxicación suficiente como para que pudieran beneficiarse de una rebaja en las penas impuestas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León valora, en base a lo expuesto en la sentencia a la que accedió Europa Press, que la gravedad y la violencia ejercida contra la víctima, el carácter vejatorio de los actos y las amenazas realizadas encuentran respaldo tanto en los informes médicos como en la investigación realizada por las fuerzas de seguridad y las declaraciones de los testigos. Los jueces concluyen que todos estos elementos conducen a la ratificación íntegra de la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Palencia.

De acuerdo a lo recogido por Europa Press, la decisión adoptada por la Sala de lo Civil y Penal significa que los dos hermanos permanecerán en prisión para cumplir la totalidad de las penas ratificadas, tras ser desestimadas todas las objeciones presentadas por sus defensas y confirmadas todas las pruebas consideradas válidas por la autoridad judicial.

La noche del viernes 11 de marzo de 2011, en la exclusiva ciudad de Bethesda, Maryland, la tienda de indumentaria deportiva Lululemon Athletica se transformó en la espantosa escena de un homicidio.

La marca, fundada en Vancouver en 1998, experimentaba un crecimiento comercial meteórico a principios de la década de 2010. Sin embargo, la mañana siguiente al crimen, la gerenta del local, Rachel Oertli, ingresó a la sucursal y descubrió un escenario aterrador, repleto de manchas, huellas y enormes charcos de sangre. Pasaron 15 años de aquel hecho.

Tras escuchar ruidos inquietantes provenientes del fondo del comercio, Oertli pidió ayuda a un hombre que pasaba por la calle para que inspeccionara el interior. Acto seguido, la gerenta se comunicó con el número de emergencias 911 y reportó: “Hay dos personas en el fondo de mi local. Una parece estar muerta y la otra respira”.

Los efectivos policiales encontraron a Jayna Troxel Murray, una estudiante de posgrado de 30 años de la Universidad Johns Hopkins, tendida boca abajo en el piso del pasillo trasero, ya sin vida y desfigurada por un ataque bestial. A pocos metros, en el baño de la tienda, se encontraba su compañera de trabajo, Brittany “Kia” Norwood, de 29 años, atada de pies y manos con precintos plásticos, con vida y presentando heridas superficiales. Norwood relató entre lágrimas una historia perturbadora que rápidamente sembró el terror en la comunidad.

Según el testimonio inicial de Norwood, tras cerrar el local, ambas habían regresado para buscar una billetera olvidada, momento en el que dos hombres enmascarados irrumpieron por la fuerza detrás de ellas. En su declaración, describió a los atacantes como sujetos despiadados que profirieron graves insultos racistas, para luego violarlas y golpearlas brutalmente.

Norwood aseguró que los delincuentes masacraron a Murray mientras ella observaba impotente, viendo cómo la arrastraban del cabello por el piso. Argumentó que los asaltantes la dejaron viva únicamente porque resultaba más “divertido” abusar sexualmente de ella. La policía, creyendo estar ante una sobreviviente, inició un operativo de búsqueda monumental. Consultaron en comercios cercanos sobre la venta de pasamontañas e incluso siguieron a un individuo que coincidía con la descripción física aportada por Norwood. El impacto en el distinguido polo de Bethesda Row fue mayúsculo, ya que la zona no había registrado un asesinato en décadas. El miedo afectó la economía de los restaurantes locales, impulsó un aumento drástico en la contratación de seguridad privada y llevó a que ciudadanos un tanto exagerados, dispusieran del servicio de guardaespaldas para salir de compras o ir a trabajar. Ante la desesperación, se ofreció una recompensa de 150.000 dólares a cambio de información para capturar a los asesinos.

Pero, en realidad, el origen de ese horrendo crimen se remontaba a un conflicto interno que estalló horas antes. Murray había aceptado el trabajo en la tienda para rodearse de personas activas y aprovechar seminarios que le sirvieran para sus estudios en Administración de Empresas. Por su parte, Norwood arrastraba un oscuro historial de robos y manipulaciones. Su ex compañera del equipo de fútbol universitario, Leanna Yust, la catalogó como cleptómana tras romper su amistad porque Norwood le robaba ropa y dinero.

También se descubrió que Norwood había huido de una peluquería sin pagar tras inventar el falso robo de su propia billetera. Los gerentes de Lululemon ya sospechaban de sus robos, pero carecían de pruebas directas para despedirla de inmediato.

La noche del homicidio, a las 21:45, ambas cerraron la caja y procedieron a revisar mutuamente sus bolsos, tal como estipulaba el estricto protocolo de la empresa. Fue entonces cuando Murray descubrió un par de calzas robadas ocultas en la cartera de su compañera. A las 21:51, ya fuera del comercio, Murray llamó a la gerenta para informarle de la situación. Sabiendo esto, Norwood llamó a Murray con la falsa excusa de haber olvidado su billetera, pidiéndole que regresaran a la tienda. A las 22:05 volvieron a ingresar al establecimiento.

Lo que ocurrió dentro de las paredes de Lululemon fue una matanza atroz y calculada. La autopsia y los minuciosos peritajes forenses demostraron que Murray fue víctima de una crueldad indescriptible, recibiendo exactamente 331 heridas en todo su cuerpo. Mary Ripple, Subjefa Médica Forense del Estado de Maryland, detalló frente al jurado que esas 331 lesiones fueron provocadas de manera sistemática con al menos cinco armas distintas, todas extraídas de la caja de herramientas del local.

Las armas empleadas por Norwood durante el asesinato fueron: un martillo, un cuchillo, un gancho metálico pesado para colgar mercadería, una soga y una trincheta.

Los peritajes arrojaron la escalofriante conclusión de que Murray estuvo viva y consciente durante casi la totalidad de la paliza. La forense dictaminó que la víctima padeció graves traumatismos por fuerza contundente que le provocaron múltiples huesos aplastados y severas magulladuras de impacto profundo. Su cabeza y su rostro presentaban contusiones críticas y estaban plagados de profundos cortes. Sumado a los contundentes golpes con el martillo y los elementos metálicos, sufrió decenas de puñaladas esparcidas por todo su cuerpo.

El golpe letal, el que finalmente sentenció su muerte, consistió en una profunda herida de arma blanca asestada directamente en la parte posterior del cuello. Esa puñalada fue tan violenta que le seccionó por completo la médula espinal y penetró de lleno en el cerebro. Debido a la magnitud de las 331 heridas y al espantoso estado que presentaba el cadáver, la familia de Murray se vio obligada a realizar el funeral a cajón cerrado.

Mientras se desarrollaba esa macabra tortura en Lululemon, en el local contiguo de la tienda Apple, la tragedia fue completamente ignorada por los empleados del turno noche. Jana Svrzo, una empleada de Apple, escuchó claramente una discusión subida de tono a través de la pared que separaba ambos locales. Pudo distinguir la voz de una mujer que imploraba aterrorizada: “Hablame. No hagas esto. Hablame. ¿Qué está pasando?”. A esa desesperada súplica le siguieron aproximadamente diez minutos ininterrumpidos de fuertes gritos, ruidos de golpes y quejidos ensordecedores. Tras los ruidos espantosos, la misma voz volvió a escucharse pronunciando sus últimas y desgarradoras palabras: “Que Dios me ayude... por favor, ayudame”.

A pesar del evidente tono de desesperación, ni Svrzo ni sus compañeros de turno alertaron a la policía, asumiendo erróneamente que los alaridos y los golpes eran “solo drama”. En las grabaciones de seguridad de Apple se observó a los trabajadores parados junto a la pared medianera escuchando detenidamente, para luego taparse los oídos y alejarse con total normalidad. Durante el juicio, el magistrado Robert Greenberg condenó duramente esa inacción, calificándola sin miramientos como una “indiferencia cruel”.

Con Murray ya fallecida, Norwood orquestó una alteración meticulosa de la escena del crimen. Primero se apoderó de las llaves del auto de la víctima, abandonó el establecimiento y condujo hasta un estacionamiento ubicado a unas tres cuadras de distancia. Allí, permaneció sentada sola en el vehículo durante 90 minutos, ideando al detalle la mentira de los asaltantes enmascarados. Luego, regresó caminando a la tienda para ejecutar su farsa. Sacó dinero de las cajas registradoras para simular un robo con fines monetarios. Utilizando la misma trincheta del ataque, cortó deliberadamente los pantalones de Murray para fabricar el escenario de la violación. Para justificar su propia condición de víctima, se realizó un corte en la frente y se provocó varios raspones menores en el cuerpo. El detalle más retorcido del encubrimiento consistió en calzarse un par de zapatos de hombre, talle catorce, que formaban parte del inventario del local. Con ese pesado calzado, Norwood pisó repetidas veces la sangre de su compañera asesinada y caminó estratégicamente por todo el establecimiento para sembrar enormes huellas masculinas en el piso. Finalmente, se ató las manos y los tobillos con los precintos de plástico, y se refugió en el piso del baño a esperar que llegara el amanecer.

A pesar de sus inmensos esfuerzos, el relato comenzó a resquebrajarse rápidamente, un proceso de investigación detallado años más tarde en el libro Murder In The Yoga Store” del periodista Peter Ross Range. El detective Dimitry Ruvin notó casi de inmediato que el testimonio de Norwood resultaba guionado. Sus agresores reunían absolutamente todos los peores atributos posibles en una sola descripción: eran racistas, violadores, asaltantes y asesinos impiadosos. Además, la abundante presencia de sangre y la mecánica del asesinato indicaban claramente que el agresor provenía del entorno interno y conocía las rutinas. La mentira colapsó de forma definitiva cuando la policía científica detectó rastros innegables de sangre de Norwood en la manija de la puerta, la palanca de cambios y el volante del auto de Murray. Al verse acorralada frente a los interrogadores, y habiendo jurado anteriormente que jamás había subido a ese vehículo, la asesina intentó improvisar diciendo que los atacantes la forzaron a mover el auto durante el asalto. Cuando los detectives le exigieron saber por qué no huyó en ese preciso instante en el que estaba sola en el estacionamiento, Norwood se quedó en absoluto silencio. Fue arrestada el 18 de marzo de 2011.

El proceso judicial en su contra se llevó a cabo en enero de 2012 y se extendió durante seis intensas jornadas en los tribunales del condado de Montgomery. Durante las audiencias, el abogado defensor Douglas Wood reconoció abiertamente la autoría del crimen por parte de Norwood, pero intentó evadir la condena a cadena perpetua argumentando que se trató de un crimen pasional sin premeditación, desencadenado por una pelea espontánea al calor del momento. La defensa logró astutamente que el juez excluyera el robo de las calzas como evidencia por considerarlo “testimonio de oídas”, impidiendo así que la fiscalía le demostrara al jurado cuál fue el móvil exacto del homicidio. No obstante, el fiscal John McCarthy expuso con una enorme firmeza que la capacidad de la acusada para mentir, manipular y engañar a las autoridades era “casi inigualable”. El jurado apenas demoró una hora en llegar a un veredicto. Como relató posteriormente uno de sus integrantes, bastó simplemente con preguntar quién apoyaba la condena por asesinato en primer grado para que todas las manos se levantaran en la sala de deliberación.

El 27 de enero de 2012, el juez Robert Greenberg sentenció a Brittany Norwood a pasar el resto de su vida en prisión sin ninguna posibilidad de acceder a la libertad condicional, ordenando su traslado inmediato a la Institución Correccional para Mujeres de Maryland.

De acuerdo con lo publicado por El País, el tribunal consideró probado que ambos implicados mantuvieron relaciones sexuales en el interior de un coche durante la madrugada del 27 de noviembre de 2022. En ese momento, el policía tenía 42 años. La decisión de absuelto se sostuvo en la imposibilidad de acreditar de forma concluyente la falta de voluntad por parte de la denunciante. En palabras recogidas en la sentencia, la declaración de la mujer “carece de la suficiente fiabilidad como para que se pueda admitir que no había prestado en aquel momento su consentimiento para mantener una relación sexual con el denunciado”.

El País detalló además que las afirmaciones de la denunciante sobre desvanecimientos no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. El tribunal constató que esos episodios, que según la mujer descartaban su consentimiento, “se produjeron en un breve espacio temporal, alternándose con episodios en que estaba despierta y en los que admite que pudo haber realizado tales manifestaciones de consentimiento”. El fallo añade que no existen pruebas que respalden la pérdida de voluntad mencionada por la víctima, pues “no consta ni que hubiera bebido o que éste le hubiera suministrado algún tipo de sustancia favorecedora de tal situación”.

El medio El País también consignó que el tribunal respaldó su dictamen en la existencia de una duda razonable significativa sobre el consentimiento, lo que impidió la imposición de una condena. Los magistrados consideraron que no se reunieron indicios sólidos que desmontaran la presunción de inocencia, principio que debe prevalecer ante la falta de pruebas concluyentes.

Pese al fallo exculpatorio, la sentencia no adquiere firmeza de inmediato. El País informa que el dictamen puede ser recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lo que abre la puerta a la revisión judicial del caso en la instancia gallega superior.

La acusación pública había solicitado inicialmente para el policía local una pena que podría alcanzar hasta 15 años de prisión como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Según detalló El País, los hechos objeto del proceso habrían tenido lugar durante el trayecto de vuelta de una fiesta, cuando ambos viajaban en el vehículo del agente.

El historial judicial del ahora absuelto contiene una condena previa por violar la orden de alejamiento respecto a la misma denunciante. El juez de lo Penal 3 de Vigo impuso al hombre seis meses de prisión y el pago de una multa de 2.880 euros tras considerar probado que, tras la denuncia, el agente se acercó con su automóvil a pocos metros de la joven e hizo un gesto simulando que le apuntaba y disparaba con una pistola desde el vehículo.

Según agregó El País, a principios de 2025 el policía fue juzgado nuevamente, esta vez junto con otro agente, por la detención de una mujer que los había grabado con el móvil y a quien, posteriormente, ocultaron el teléfono. La causa finalizó con la absolución de ambos policías tras la retirada de la acusación que sostenía la Fiscalía.

El conjunto de antecedentes, junto con los argumentos de la última sentencia, ejemplifica la diversidad de criterios y matices implicados en casos donde la presunción de inocencia y el análisis de pruebas resultan determinantes para el dictamen judicial. El proceso se mantiene abierto en el ámbito legal ante la posibilidad de recurso en la jurisdicción gallega.

La Comisión Europea contempla recuperar una propuesta legislativa rechazada en 2024 para garantizar que cualquier relación sexual sin consentimiento sea considerada violación en todos los países de la Unión Europea, una medida que busca responder al aumento de incidentes de violencia de género y a nuevas formas de agresión digital. De acuerdo con la información difundida por el medio, la Estrategia para la Igualdad de Género presentada por el Ejecutivo comunitario establece como uno de sus ejes centrales el impulso a los Estados miembros para que reformen sus códigos penales y adopten definiciones de violación basadas exclusivamente en el consentimiento.

Tal como reportó el medio, estas acciones forman parte de una estrategia que el Ejecutivo de Bruselas ha diseñado para los años 2026 a 2030, motivada por el incremento global de acciones y discursos contrarios a la igualdad de género y la aparición de fenómenos recientes como la ciberviolencia o la proliferación de imágenes sexuales manipuladas mediante inteligencia artificial, conocidas como 'deepnudes'. Según consignó la fuente, la Comisión apoyará los procesos de reforma a nivel nacional para que los Estados miembros establezcan en sus legislaciones que el consentimiento sea el centro de la definición de violación, a la par que elaborará un análisis detallado del marco legislativo vigente en cada país del bloque.

Tras la obtención de una visión integral del estado actual de la normativa europea, la Comisión podría considerar el lanzamiento de una nueva iniciativa legislativa que vuelva a poner sobre la mesa la unificación de la tipificación del sexo sin consentimiento como violación en toda la Unión. El medio detalló que en 2024 esta línea fue descartada en la Directiva sobre la violencia contra las mujeres porque varios gobiernos expresaron reservas acerca de la viabilidad legal de imponer una definición común en todos los estados.

Durante la presentación pública de la nueva estrategia, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, expuso que el fracaso previo obedeció a la falta de consenso en legislaturas anteriores. Sin embargo, Lahbib subrayó que “la mentalidad ha cambiado” en parte gracias a la repercusión de casos emblemáticos como el de Gisèle Pelicot, persona que enfrentó una década de abusos tras haber sido drogada por su esposo, lo que propició un cambio de postura en países que antes se mostraban reacios a este tipo de reformas. La funcionaria detalló que el plan de la Comisión consiste en “elaborar un nuevo mapeo para saber quién está haciendo qué, qué país ha cambiado su legislación”, y, una vez concluido ese diagnóstico, evaluar si existe el contexto adecuado para impulsar de nuevo la iniciativa a nivel europeo.

El alcance de la estrategia no se limita al ámbito penal. De acuerdo con la fuente, la Comisión Europea dará prioridad a la persecución de delitos digitales relacionados con la violencia de género, entre ellos la creación y difusión de 'deepfakes' y 'deepnudes' de contenido sexual explícito sin consentimiento. Estas acciones estarán acompañadas de una interlocución permanente con grandes plataformas digitales con el objetivo de reforzar la protección de las mujeres en línea. El medio añadió que la Comisión, en colaboración con Europol y Eurojust, desarrollará guías para mejorar la capacidad de las autoridades en la detección y evaluación del riesgo de violencia doméstica.

El texto también recoge una colaboración con la Organización Mundial de la Salud para analizar vías de mejora en el acceso y la calidad de la atención sanitaria dirigida a las mujeres dentro de la Unión Europea. Además, se prevé el impulso a medidas que faciliten el acceso de las mujeres a opciones de aborto seguras y legales, utilizando financiación del Fondo Social Europeo plus (FSE+), una acción motivada por la recepción de una iniciativa ciudadana al respecto.

La agenda de la Comisión incluye políticas específicas para reducir la brecha laboral y los denominados 'techos de cristal'. Según publicó la fuente, se implementarán programas para promover el empleo femenino en sectores tradicionalmente dominados por hombres, así como el desarrollo de recomendaciones en materia de seguridad para enfrentar el acoso virtual y la desinformación que afecta en particular a las mujeres que ocupan cargos políticos.

Durante el mismo acto ante los medios, la vicepresidenta Ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Roxana Minzatu, hizo referencia a la importancia de eliminar las diferencias de trato en educación, sanidad y política en función del género. Además, recalcó que las desigualdades de género no afectan únicamente a las mujeres y que avanzar en esta materia puede beneficiar al conjunto de la sociedad.

En materia educativa, la estrategia busca fomentar la presencia femenina en estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a la vez que alienta la entrada de varones en áreas laborales mayormente femeninas como la salud, la docencia, la gestión pública y el acompañamiento educativo. El objetivo es revertir la segregación profesional y promover la equidad de género en todos los ámbitos laborales y académicos.

Según informó el medio, la Comisión dedicará esfuerzos a combatir la difusión de mensajes antigénero, especialmente aquellos que, a través de las redes sociales, buscan influir en hombres jóvenes y promover la polarización entre géneros. Este enfoque responde al análisis de la propagación de informaciones que pueden contribuir a la radicalización y a la reacción contra las políticas de igualdad.

La estrategia, según detalló el medio, contará con un presupuesto de 271 millones de euros procedentes del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), además de 4.300 millones del Fondo Social Europeo plus, con la expectativa de aumentar el acceso a hasta 3.600 millones más en el siguiente ciclo presupuestario de la Unión Europea para políticas directas de igualdad de género.

La Comisión Europea estima, de acuerdo con los datos que cita la fuente, que una de cada tres mujeres residentes en la Unión ha sufrido algún tipo de violencia de género, lo que refuerza la urgencia y el alcance de la estrategia presentada. El objetivo central del Ejecutivo comunitario, tal como expresó la comisaria Lahbib, reside en “proteger los derechos ganados con esfuerzo y enfrentar cualquier retroceso con valentía y claridad”.

Las conclusiones del fiscal, que mantiene la solicitud de seis años de prisión para el acusado por un delito de agresión sexual, junto con siete años de libertad vigilada y otros siete de prohibición de acercamiento e incomunicación con la víctima, centraron la última jornada del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria. Según informó el medio, el fiscal también solicita una indemnización de 7.000 euros para la denunciante por daños y perjuicios, tras considerar que el acusado se aprovechó del estado de embriaguez e inconsciencia de la joven durante la madrugada de agosto de 2022 en su domicilio.

Tal como publicó la fuente original, la joven reafirmó durante la vista oral que no es necesario expresar verbalmente el consentimiento si no se está consciente. “Si no estoy bien, no hace falta que diga que consiento o no. No estoy consciente para tener relaciones sexuales. No hace falta un no”, declaró ante el tribunal. La denunciante relató que esa noche salió a festejar en Cantabria con dos amigas, consumió alcohol y llegó a un punto en el que perdió el control, incluso cayéndose en un local nocturno. Aclaró que, aunque recuerda de manera fragmentada lo ocurrido, sospechó que el acusado pudo haberle echado “algo” en una bebida y señaló que él insistía en acercamientos, mientras ella lo rechazaba.

Según consignó el medio de comunicación, la joven también admitió que hubo contacto físico y besos esa noche, pero subrayó que luego no recuerda el trayecto de regreso a su vivienda ni haber invitado al acusado a subir al piso. “En ese estado no subo a nadie a mi casa”, dijo ante el tribunal. Detalló que lo último que recuerda es despertar a la mañana siguiente y encontrarse en una situación en la que presentaba numerosas heridas y dolor en el cuerpo, especialmente en la zona genital, lo que la llevó a acudir a un centro de salud y posteriormente al hospital, donde los médicos confirmaron leves erosiones compatibles con penetración y restos biológicos.

De acuerdo con la descripción de los hechos por parte de la joven, el acusado no debía haber entrado en su habitación ya que ella no se encontraba en condiciones de dar su consentimiento. Además, la denunciante sostuvo que desconocía cómo habían regresado a su casa ni la razón por la cual el acusado permaneció en el domicilio, reiterando su convicción de que no tenía control sobre la situación por su estado físico y mental debido al consumo de alcohol.

Según publicó el medio citado, la versión del acusado difiere sustancialmente. El joven manifestó que, aunque había consumido alcohol, no estaba borracho y consideró que todos estaban conscientes de sus actos. Aseguró que la interacción entre ambos fue consensuada, desde los besos hasta el contacto físico, y que la denunciante decidió libremente invitarlo a su vivienda. Declaró que, después de salir a fumar al balcón, ambos se tumbaron y se abrazaron en la cama. En su relato, afirmó que ella manifestó no sentirse bien y que, tras ir al baño, regresaron juntos y comenzaron a tener relaciones, pero que se detuvieron cuando la joven expresó no sentirse cómoda. “Cuando dijo no, lo acepté y me fui”, puntualizó el acusado durante el juicio, según relató el medio.

El proceso judicial detalló, tal como informó la fuente, que la acusación fiscal se basó en que el acusado se habría valido del “profundo estado de embriaguez y situación de inconsciencia” de la denunciante para cometer los hechos denunciados, incluyendo tocamientos y penetración mientras la joven no podía oponerse ni consentir. Los informes médicos realizados tras los sucesos, a los que hace referencia la acusación, revelaron lesiones leves que corroboran el relato de la denunciante sobre la interacción sexual y la falta de capacidad para prestar consentimiento.

Las declaraciones recogidas en la audiencia sirvieron para confrontar las versiones de ambas partes. Mientras la joven mantuvo que el acusado realizó acciones sin su consentimiento debido a su estado de embriaguez e inconsciencia, el procesado negó haber ofrecido ninguna bebida en la discoteca y afirmó que en todo momento prevaleció la voluntad de ambos hasta que la joven dijo explícitamente que no quería continuar.

De acuerdo con la información presentada en el proceso y difundida por la fuente, el juicio incluyó la declaración de testigos, entre ellos una acompañante que señaló que la joven, además de beber alcohol, también podría haberse expuesto a otras sustancias, extremo que la denunciante negó. Ambos coincidieron en algunos hechos, como la existencia de interacción física al inicio de la noche y la presencia de cierto “tonteo”, pero sus versiones se contraponen sobre lo sucedido en la vivienda.

El medio detalló que la postura de la joven se sostiene sobre el principio de que la pérdida de conocimiento, producto del consumo de alcohol, imposibilita cualquier capacidad para otorgar consentimiento válido. Desde su perspectiva, el acusado debió advertir que ella no estaba en condiciones para establecer una relación sexual, más allá de la ausencia de una negativa verbal. Por su parte, el acusado mantuvo que la relación comenzó por iniciativa de la denunciante y solo se interrumpió cuando ella expresó claramente su desacuerdo.

Después de la presentación de todas las pruebas, el fiscal mantuvo la acusación y la petición de pena para el procesado, incluyendo la obligación de indemnizar a la víctima. La demanda de la Fiscalía se centra en el criterio de que la incapacidad temporal de la víctima para oponerse constituye un elemento clave en el delito de agresión sexual, tal como se expuso durante el juicio.

Gustavo Adolfo Docters, trabajador del Gobierno bonaerense, fue detenido ayer en la casa de su madre por la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense, acusado de un delito aberrante. Según la acusación en su contra, Docters habría abusado de un chico alojado en el Hogar Convivencial de la Obra del Padre Cajade de La Plata, donde se desempeñaba como cuidador y educador. La denuncia estalló el mes pasado, con un expediente a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que investiga los delitos de abuso gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. El acusado se negó a declarar este jueves, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Los hechos, supuestamente, ocurrieron durante cuatro años, entre 2015 y 2019. La víctima tenía 13 años cuando comenzaron los ataques, que se extendieron hasta sus 17. Los abusos no solo habrían sido cometidos en el propio hogar, sino también en la casa de Docters. El educador habría atacado al chico “en reiteradas oportunidades, mediante tocamientos en sus genitales como también practicándole sexo oral”, según apuntó el fiscal Garganta en su imputación.

El desamparo del menor era un factor clave. Docters lo habría abusado “aprovechando para ello de que el menor no podía consentir libremente su accionar, debido a que era una persona extremadamente vulnerable, a que el encartado le brindaba ayuda económica a su familia, y a que además ocupaba una posición de referente dentro de la institución donde el niño vivía”, en una situación de “sometimiento emocional y económico”.

Hay, también, una segunda víctima, un joven salido del Padre Cajade que fue atacado desde sus 19 hasta sus 26 años “mediante la amenaza de difundir fotos íntimas y videos de la víctima, las cuales había obtenido a través de un perfil falso de mujer”.

La denuncia, realizada por las autoridades del Hogar, tuvo repercusiones inmediatas en el Gobierno bonaerense. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires -para el que trabajaba Docters, de acuerdo a sus registros previsionales- desvinculó al acusado y adoptó “de manera inmediata los procedimientos institucionales correspondientes”.

El testimonio de la víctima

Confrontado por una de las máximas autoridades del Organismo, Docters “negó los hechos” e “intentó justificarse, refiriendo que todo había ocurrido bajo el consentimiento de la víctima, y que no había ocurrido a sus 13 años, sino a sus 17, en un desesperado intento de desligarse de la responsabilidad por lo ocurrido”, continuó Garganta en su acusación. Se trata de una carta idéntica a la empleada por la defensa de Jey Mammon en una denuncia similar.

Sin embargo, tres testigos declararon en contra de Docters, entre ellos una hermana de la víctima, hoy educadora en el Hogar Padre Cajade. La joven aseguró que Docters -que fue empleado de la Municipalidad de La Plata y del Ministerio de Justicia bonaerense- “ingresó al hogar primero como una persona que ayudaba a los chicos, que daba apoyo escolar, y fue ganando confianza, hasta volverse educador e ir a vivir al Hogar”. Así, el hombre, hoy de 33 años, se convirtió un referente.

En paralelo, su hermano le relató los abusos sufridos. Luego, la víctima se los relató a una psicóloga, un testimonio considerado creíble por el fiscal Garganta.

Docters tenía la costumbre de acompañar a chicos del Hogar a turnos médicos. “Un día fue a dormir a su casa porque al otro día tenían un turno. Lo hizo dormir en su cama, cosa que no le pareció rara porque él estaba acostumbrado a compartir cama con sus hermanos. En un momento se despierta porque Gustavo lo estaba tocando en sus partes íntimas, primero sobre la ropa”, comenzó la declaración.

Así, comenzaron los ataques, usualmente en un depósito del Hogar, donde el educador lo llevaba para un momento a solas. La víctima comenzó a salir con una chica dos años después. “Gustavo lo manipuló para que terminara esa relación, le decía que si no volvía con él iba a dejar de ayudar a su familia y de darle mercadería”, continuó.

Dos años después, a sus 17 -siempre según el relato de la víctima-, “Gustavo se volvió educador, empezó a vivir en el Hogar, con él y otros chicos”. Por las noches, continuó el chico, Docters “lo hacía ir a su habitación”.

En ese entonces, lo habría obligado a tener sexo con otro chico del Hogar, la segunda víctima del caso. En 2021, el trabajador del Gobierno bonaerense dejó el Padre Cajade. Así, le ofreció a ambos chicos a que se mudaran con él.

La psicóloga validó el testimonio de la víctima, al concluir que el relato no contiene elementos de fabulación, con síntomas propios del trauma vivido.

La Fiscalía de Área de Gijón incluyó en su solicitud indemnizaciones a la víctima, ascendiendo a 30.428 euros por daños morales, secuelas psíquicas, lesiones físicas y gastos médicos, así como una compensación adicional de 58,97 euros para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) por la atención médica suministrada. Este requerimiento económico de la acusación forma parte del proceso judicial celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, que quedó visto para sentencia, según informó el Ministerio Público en una nota de prensa difundida tras la vista oral.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía y detallada por la nota oficial, los hechos juzgados ocurrieron el 6 de mayo de 2022; ese día, el acusado, nacido en 1972, concertó a través de una plataforma digital un encuentro con la víctima, pactando un servicio sexual específico de treinta minutos por el precio de 50 euros. La cita se acordó para las 18:30 horas en una vivienda de Gijón. La investigación señala que, una vez transcurrido el tiempo fijado, el acusado arrojó violentamente a la mujer sobre la cama, inmovilizándola y sujetándole las manos, para posteriormente cometer una agresión sexual.

Según publicó el Ministerio Público, la Fiscalía imputa al procesado un delito de violación contemplado en el artículo 179.1 y 2 del Código Penal, en aplicación de la redacción vigente conforme a la Ley Orgánica 15/2003 en la fecha de los hechos. Además, se le atribuye un delito leve de lesiones previsto en el artículo 147.2. El escrito de acusación formula una petición de nueve años de cárcel como pena principal.

El medio consignó que la Fiscalía solicita, además de la condena a prisión, la imposición de libertad vigilada durante siete años, la prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio y lugar de trabajo a menos de 200 metros, y la proscripción de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas por un periodo de diez años. También pide la inhabilitación especial del acusado por dos años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

En relación con el contacto con menores, el órgano fiscal propone la inhabilitación especial del procesado durante quince años para el desempeño de cualquier actividad profesional u oficio, tanto remunerado como no remunerado, que implique contacto directo y regular con menores de edad. Se suma a las penas la imposición de una multa por dos meses a una cuota diaria de 14 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de no pago, y la condena al abono de las costas del proceso.

Tal como detalló el Ministerio Público, el escrito de calificación incluye la exigencia de indemnización a la víctima, destinada a reparar las consecuencia psíquicas y físicas derivadas de los hechos, así como los gastos médicos ocasionados, añadiendo el reembolso a la sanidad pública por la atención brindada. Este proceso penal se inscribe en el contexto de la lucha contra la violencia sexual y la protección de los derechos de las mujeres. La tramitación judicial se encuentra a la espera de la sentencia tras la finalización de la vista oral.

El fallo, dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chinchiná, excluye cualquier beneficio carcelario y obliga al condenado a cumplir la totalidad de la pena tras unos hechos que conmocionaron a la comunidad, según informó el diario La Patria.

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La decisión judicial establece que Ramírez Garcés permanecerá en prisión sin ningún beneficio luego de un proceso que se resolvió mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, poco antes de iniciar la audiencia preparatoria del juicio.

Este acuerdo se produjo después de que el acusado no aceptara los cargos en la etapa preliminar, lo que habría significado enfrentarse a un juicio público y una posible pena de más de 40 años si era vencido en juicio.

El abogado de las víctimas, Julián Andrés Martínez, detalló al medio citado los motivos legales que llevaron a descartar la imputación por tentativa de feminicidio, una demanda reiterada por la opinión pública.

Martínez explicó: “El feminicidio es el homicidio de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género, según el artículo 104A del Código Penal colombiano”.

Añadió que para configurarse el delito de tentativa de feminicidio, debe existir una historia clínica que demuestre que la víctima estuvo al borde de la muerte, circunstancia que no se constató en este caso.

La Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia, fijando una condena de 250 a 500 meses de prisión (entre 20 y 41 años) para quien cause la muerte a una mujer por su condición de género.

Sin embargo, el acceso carnal violento conlleva penas de 12 a 20 años, y se agrava en situaciones donde el agresor es el padre u otro familiar y existen tratos crueles o inhumanos, circunstancias presentes en este caso. El delito de secuestro, por su parte, lleva penas adicionales de similar gravedad.

El 29 de abril de 2025, José Erley Ramírez Garcés engañó a la menor, convenciéndola de no asistir a estudiar con el argumento de que visitarían una vivienda destinada como regalo para su madre.

Ya en el trayecto hacia la vereda San Andrés de Chinchiná, el pastor la inmovilizó atándola de manos, pies y cuello, y la trasladó hasta la finca donde cometió los delitos. Durante un descuido, mientras Ramírez Garcés cavaba un hueco en la parte posterior del predio, la menor logró desamarrarse y escapar por una ventana.

Personas que ese día comenzaban su jornada laboral escucharon el pedido de ayuda de la víctima y la protegieron mientras intentaban retener al agresor.

Ramírez Garcés huyó en un vehículo e incluso trató de atropellar a quienes lo enfrentaron, pero terminó cayendo en una cuneta a pocos metros. La búsqueda organizada por las autoridades y la comunidad culminó al caer la tarde, cuando fue hallado escondido en una finca, linchado por un grupo de habitantes y posteriormente trasladado por la Policía a un hospital antes de quedar formalmente detenido.

Por su parte, la defensa del sentenciado solicitó que fuera reubicado en un centro penitenciario diferente a los del Eje Cafetero, invocando razones de seguridad, solicitud que será analizada por el Inpec.

Familiares y allegados a la iglesia que dirigía Ramírez Garcés pidieron que se priorizara la presunción de inocencia y solicitaron su libertad. Entre los asistentes a la congregación circulaban versiones que atribuían el acto a supuestas causas sobrenaturales, sugiriendo que el pastor fue, en sus palabras, “poseído por el diablo” y convertido en una “víctima de las tinieblas”.

Pese a estas versiones, la resolución judicial se sustentó en pruebas que incluyeron el testimonio de la menor y el reporte de los hechos reconstruidos durante la investigación, donde se documentó que fue atada e inmovilizada con la intención de ser privada de la libertad y violentada sexualmente.

La opinión pública discutió la omisión de la imputación por tentativa de feminicidio, cuestionando la actuación de los operadores judiciales. El abogado Martínez reiteró que la jurisprudencia en Colombia requiere la existencia de pruebas médicas concluyentes sobre riesgo de muerte para configurar ese cargo, lo que no se evidenció en este proceso.

De acuerdo con la sentencia, Ramírez Garcés, nacido en Palestina y vinculado a una iglesia cristiana en Santa Rosa de Cabal, cumplirá su pena en un establecimiento carcelario aún por definir, sin la posibilidad de acceder a rebajas, libertades condicionales ni ningún beneficio judicial por la gravedad de los delitos cometidos.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, establece que los hechos ocurrieron en marzo de 2021, momento en que la ciudad enfrentaba las limitaciones y medidas preventivas derivadas de la pandemia. Tanto la víctima como el responsable del delito se conocieron esa misma noche a través de conocidos en común. La agresión se produjo en la vivienda del acusado, lugar en el que ambos se quedaron a solas tras el inicio del toque de queda decretado por la pandemia.

El fallo de la sala resalta que el acusado se aprovechó de la situación derivada del toque de queda, lo que facilitó que ambos permanecieran en el interior del domicilio. La sentencia detalla que el hombre actuó al detectar que la menor estaba profundamente dormida y que llevó a cabo la agresión sexual sin que constara ningún tipo de consentimiento por parte de la joven.

Europa Press informó que fue mientras se encontraba todavía bajo el impacto de lo sucedido cuando la menor despertó, recogió sus pertenencias y abandonó el domicilio para buscar ayuda. Dicha experiencia, según los hechos probados, desencadenó importantes afecciones psicológicas en la víctima, tales como alteraciones en el sueño, disminución en la vida social y pensamientos recurrentes ligados al episodio que sufrió.

De acuerdo con la sentencia reseñada por Europa Press, el acusado, además del tiempo en prisión, tendrá que afrontar la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia menor de 500 metros, así como a comunicarse directamente o por cualquier medio durante el periodo establecido. También se le impuso una medida de libertad vigilada por ocho años, la misma duración que la prohibición de contacto.

El dictamen añade que la víctima debe recibir una compensación económica por los daños morales sufridos a raíz del delito. Las secuelas identificadas por el tribunal como consecuencia de la agresión sexual incluyen la dificultad para dormir y mantener el sueño, una clara reducción de sus relaciones interpersonales y la persistencia de pensamientos intrusivos relacionados con el suceso.

Europa Press consignó que tanto el procesado como su defensa aceptaron la acusación presentada y las penas solicitadas, lo que llevó a que el tribunal declarara la sentencia firme de manera inmediata, cerrando así el proceso judicial sin necesidad de una vista adicional.

La decisión del tribunal provincial incorpora la evaluación de la situación especial impuesta por el toque de queda originado por la pandemia de covid, señalando que dicha circunstancia facilitó el aislamiento de la menor y el delito cometido. Además, el dictamen judicial determina que durante ningún momento existió consentimiento de la víctima hacia los actos cometidos por el acusado.

Con esta sentencia, la Audiencia de Málaga fija medidas que buscan salvaguardar la integridad física y emocional de la afectada, así como clarificar la responsabilidad civil y penal del condenado. El caso refleja las consideraciones legales adoptadas durante la vigencia de las restricciones por la crisis sanitaria y subraya el reconocimiento del impacto psicológico de la agresión en la víctima, según publicó Europa Press.

El Ministerio Fiscal ha solicitado que el acusado no solo cumpla una pena de encarcelamiento, sino que también permanezca siete años alejado de la denunciante y sin poder establecer ningún tipo de contacto con ella, extendiendo esta vigilancia por igual período tras su potencial excarcelación. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la vista oral comenzará este jueves, 5 de marzo, a las 9:30 horas, en las dependencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía de Cantabria, los hechos ocurrieron cuando la mujer y el acusado compartían una casa de verano. El escrito del ministerio público recoge que, tras advertir el varón que la denunciante se hallaba en un “profundo estado de embriaguez” y presentaba “situación de inconsciencia", decidió aprovechar ese estado y empezó a tocar partes de su cuerpo, según detalló la Fiscalía. El ministerio público sostiene que este comportamiento tuvo por objeto explotar la incapacidad de la mujer para oponerse a sus actos, con la intención de satisfacer deseos sexuales del acusado.

El acusado, una vez que constató el estado de indefensión de la víctima, procedió a quitarle la ropa interior, según consignó la Fiscalía en el acta. La acusación sostiene que después el hombre penetró a la mujer “fuertemente, vaginal y analmente”, causándole lesiones resultantes de dicha agresión. Estas lesiones han quedado registradas como parte de la investigación y forman parte de la base probatoria del caso en la solicitud de condena.

En el momento en que la mujer recuperó la consciencia, según documentó la Fiscalía, denunció los hechos ante la autoridad competente. Esta denuncia dio inicio al procedimiento judicial que ahora comenzará a sustanciarse en sede provincial.

El Ministerio Fiscal califica la conducta atribuida al acusado como constitutiva de un delito de agresión sexual según el Código Penal, por el uso del estado de inconsciencia de la víctima para perpetrar el abuso. Como respuesta a estos hechos, la solicitud incluye una pena de seis años de prisión, siete años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la denunciante durante el mismo tiempo, según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado haga frente a una indemnización por importe de 7.000 euros, suma destinada a la víctima como compensación por los daños físicos y psicológicos sufridos a raíz de la agresión, detalló el mismo organismo.

Según publicó el Tribunal Superior de Justicia autonómico, el caso se girará en torno a la evidencia recabada sobre el estado de incapacidad de la denunciante, la relación circunstancial entre los presentes en la casa de verano, y las consecuencias físicas documentadas. Los informes recogidos serán presentados ante los magistrados en la audiencia con el objetivo de valorar la solidez de las acusaciones del Ministerio Fiscal y determinar la responsabilidad penal del encausado.

El juicio, señalado para celebrarse en Santander, prevé el testimonio de la víctima, así como la presentación de informes médicos y pruebas periciales en relación a las lesiones y el estado de la denunciante al momento de los hechos. Durante la vista, se examinarán las circunstancias que rodearon la presunta agresión y los elementos expuestos por la Fiscalía en su escrito de acusación.

La petición del Ministerio Fiscal implica la aplicación combinada de sanciones privativas de libertad, medidas accesorias para impedir el contacto con la denunciante y una compensación económica, enmarcadas en la normativa de protección de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, según precisó el comunicado divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El desarrollo del juicio permitirá a las partes presentar nuevos elementos de defensa y acusación en relación al relato presentado por el Ministerio Fiscal, mientras los magistrados evaluarán si los hechos generan responsabilidad penal en los términos planteados en el escrito de acusación. La vista está fijada para este jueves en la principal sede judicial provincial, a la espera del pronunciamiento posterior de la autoridad judicial conforme avancen las diligencias.

El ministerio público de Cantabria ha solicitado que el acusado mantenga siete años de distancia y ausencia de comunicación con la víctima, así como siete años bajo régimen de libertad vigilada una vez termine su posible estancia en prisión. Según publicó el medio, el fiscal también ha pedido al procesado una indemnización de 7.000 euros a la mujer en concepto de daños y perjuicios derivados de los hechos denunciados. El caso será juzgado el jueves 5 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según precisó el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

De acuerdo con la información detallada por la Fiscalía de Cantabria y consignada por las fuentes judiciales, los hechos se sitúan en una casa de verano donde se encontraban la víctima y el acusado. El ministerio público sostiene que el acusado advirtió el estado de profunda embriaguez y la inconsciencia de la mujer. A partir de ese momento, y según la acusación fiscal, el hombre comenzó a tocar de manera sexual distintas partes del cuerpo de la víctima, argumentando que su comportamiento estaba motivado por el deseo de aprovecharse de esa situación de indefensión.

Después de estos tocamientos, la acusación recoge que el procesado retiró la ropa interior de la mujer y la sometió a penetraciones vaginal y anal con uso de fuerza. Como detalla el ministerio público, tales actos provocaron lesiones en la víctima. Una vez que la mujer recuperó el conocimiento, formalizó una denuncia por los hechos sufridos, lo cual originó la investigación penal.

El fiscal de Cantabria considera que los graves hechos constituyen un delito de agresión sexual, tipificado en la normativa penal vigente, por lo que solicita una pena de seis años de reclusión para el acusado. Además, reclama la imposición de siete años de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, así como siete años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena en caso de que se produzca una sentencia condenatoria, según informó el medio de referencia.

La petición de responsabilidad civil, que asciende a 7.000 euros, responde a los perjuicios físicos y psicológicos que habría experimentado la agredida a consecuencia de estos actos, según argumentó la Fiscalía cántabra en su escrito de acusación. El proceso judicial, que ha despertado atención por la naturaleza de los hechos y la calificación penal atribuida por el ministerio público, está previsto para esta semana en Santander.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria comunicó oficialmente la fecha y hora del juicio, fijado para las 9:30 horas del jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Tal como recogió la información proporcionada por el órgano judicial, el desarrollo del proceso será clave para determinar la responsabilidad penal del acusado y la posible aplicación de las medidas restrictivas y la indemnización solicitadas por la fiscalía.

La secuencia de los hechos, la valoración de la pérdida de conciencia de la víctima y el presunto aprovechamiento de la situación conforman el núcleo de la acusación y del debate procesal que se plantea ante la Audiencia Provincial, según reportó el medio. La investigación y posterior desarrollo judicial han girado en torno a la acreditación de las circunstancias en que sucedieron los hechos, las pruebas aportadas y el impacto de estas actuaciones sobre la libertad sexual de la persona afectada.

La acusación pública ha considerado como elemento central en el caso la incapacidad de defensa por parte de la mujer en el momento en que se produjeron los hechos, aspecto que articula la solicitud de penas agravadas y medidas protectoras. El largo período propuesto para la prohibición de acercamiento y comunicación expresa la intención de garantizar la protección de la víctima una vez finalice el proceso penal y, eventualmente, la condena de prisión, informó la Fiscalía a través de los documentos judiciales.

El seguimiento de este procedimiento concentra la atención sobre el marco penal de la violencia sexual, los requisitos de prueba y los protocolos de atención a víctimas, conforme a los criterios expuestos por el ministerio público y recogidos en las actas judiciales difundidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El tribunal determinó que la víctima no tuvo ningún tipo de relación previa con el condenado, más allá de conocerlo por comentarios despectivos que este realizaba a ella y su entorno, entre ellos apodos y referencias sobre su cuerpo, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. Esta valoración judicial se fundamentó en la coherencia, persistencia y homogeneidad de las declaraciones de la denunciante ante la Audiencia Provincial de Orense, contrastadas con la versión del acusado, a quien finalmente se impuso una pena de siete años de prisión por un delito de violación a una menor de 17 años en situación de embriaguez. Los hechos se produjeron en la ciudad de Ourense durante la madrugada del 15 de octubre de 2023, según detalló Europa Press.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que la víctima se encontraba en un estado de embriaguez y bajo los efectos de fluoxetina cuando fue abordada por el acusado cerca de su domicilio, aproximadamente entre las 3.00 y 3.30 horas. El texto judicial describe cómo el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven, a quien condujo hasta un callejón poco transitado con la intención de mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. En ese lugar, el acusado sujetó a la víctima por la cabeza para forzarla a realizarle una felación cuando esta se hallaba indefensa, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos incluida en la sentencia.

Posteriormente, el condenado desvistió parcialmente a la menor y consumó el acto sexual a través de penetración vaginal, eyaculando sin el uso de preservativo tanto en el interior de la víctima como sobre su torso, según consta en el auto judicial referido por Europa Press. El tribunal detalló además que después de los hechos, el hombre dejó a la joven en el suelo, boca arriba, abandonando el lugar sin prestarle ayuda alguna ni avisar a nadie, lo que agudizó las condiciones de desamparo de la víctima.

Durante el proceso judicial, tanto el acusado como amigos suyos comparecieron como testigos en las vistas celebradas los días 2 y 9 de febrero. Los testimonios aportados por estos respaldaron la versión del procesado, quien sostuvo que la menor tomó la iniciativa, sugirió consumar el encuentro y posteriormente se comunicó de forma coherente. Según publicaron los periodistas de Europa Press, la Sala descartó estos argumentos por considerar que las pruebas en su contra resultaban concluyentes. Del mismo modo, la Audiencia Provincial descartó contradicciones sustanciales en las declaraciones de la víctima, subrayando su persistencia en la incriminación y la “homogeneidad esencial” del relato.

La respuesta del tribunal, según la información de Europa Press, incluyó la imposición de cinco años de libertad vigilada después del cumplimiento de la pena de prisión, la prohibición de ejercer empleos o participar en actividades que impliquen contacto directo y regular con menores durante diez años, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros de distancia, de acudir a su domicilio o cualquier lugar donde la joven se encuentre, y de comunicarse con ella por cualquier medio, igualmente por un periodo de diez años.

La resolución judicial estableció, además, el pago de una indemnización de 18.000 euros a favor de la menor agredida. Todos estos extremos figuran en la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, donde se precisa que la Sala valoró como veraces y consistentes las declaraciones de la víctima, frente a las emitidas tanto por el acusado como por los testigos de la defensa.

En el relato de hechos probados, la sentencia subrayó que la víctima no sólo se encontraba bajo la influencia del alcohol, sino también de medicamentos, lo que anuló sus facultades para resistirse. El condenado llevó a la joven a un espacio aislado y realizó los actos descritos aprovechando la incapacidad de la menor para defenderse o consentir libremente. Además de dejarla sola y expuesta, el fallo resalta que el condenado demostró un absoluto desapego tras obtener lo que buscaba.

Entre los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial de Orense, el tribunal remarcó que la versión del inculpado y de quienes atestiguaron en su favor quedaron desestimadas a la luz de la prueba practicada. De igual manera, la Sala puso en valor la consistencia y el detalle mantenido por la víctima en sus reiteradas intervenciones durante todo el proceso judicial, resaltando la ausencia de contradicciones relevantes, lo que contribuyó a la condena del procesado.

Finalmente, la sentencia notificada por la Audiencia Provincial de Orense y recogida por Europa Press fijó las penas principales y accesorias para el condenado. El fallo abordó las circunstancias agravantes derivadas del aprovechamiento de la situación de especial indefensión de la menor, cuyo estado de inconsciencia se atribuyó a la combinación de ingesta alcohólica y medicamentos, elementos considerados determinantes por los magistrados para emitir la condena.

La justicia colombiana ratificó una de las sentencias más severas de los últimos años al confirmar, en segunda instancia, la condena a 48 años de prisión contra Dalmer Antonio Álvarez Guerra por delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir y secuestro.

La decisión judicial se tomó tras identificarse un patrón sistemático de abuso, manipulación y retención forzada de mujeres y menores mediante engaños y coacción, según informó la Fiscalía General de la Nación.

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Entre los elementos probatorios que sustentaron la determinación por parte de las autoridades, destaca el caso de una menor de 14 años que permaneció 20 días secuestrada bajo amenazas constantes por parte del criminal.

El informe oficial indica que el agresor empleó sustancias con opioides y ritos esotéricos para anular la resistencia de sus víctimas, en hechos ocurridos en la ciudad de Santa Marta, detalló el organismo acusador.

Del mismo modo, se confirmó que Álvarez Guerra, detenido el 30 de enero de 2026 en Fonseca (La Guajira) por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cumplirá su condena en la cárcel Rodrigo de Bastidas de la capital de Magdalena.

Indignación por el uso de brebajes y rituales para someter a las víctimas

Las investigaciones del ente judicial documentaron que, entre 2009 y 2010, Álvarez Guerra captaba a adolescentes y mujeres adultas en su establecimiento comercial ubicado en el sector El Rodadero de Santa Marta.

Bajo la promesa de empleos como modelos o vendedoras de ropa, lograba ganarse su confianza. Una vez en su local o en su vivienda del barrio Gaira, inducía el consumo de brebajes con opioides, lo que provocaba en las víctimas pérdida de conciencia y somnolencia, dejando anulada su capacidad de resistencia y luego procedía a someterlas a todo tipo de vejámenes sexuales.

Los delitos documentados incluían no solo los actos sexuales consumados, sino también el secuestro y retención involuntaria por horas e incluso días. El relato de la menor mantenida privada de libertad durante 20 días fue determinante para iniciar el proceso judicial en contra del criminal y determinar la máxima sentencia en su contra.

En sus declaraciones ante la justicia, la joven describió el encierro, las amenazas de muerte y el maltrato que sufrió durante ese periodo, elementos que el Tribunal Superior de Santa Marta consideró prueba crucial para confirmar la pena impuesta.

Decisión judicial por un caso similar en Cartagena

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación comunicó la imputación de un hombre de 35 años en Cartagena, presuntamente responsable de abusar sexualmente de la hija de su pareja sentimental. De acuerdo con el ente investigador, estos hechos habrían ocurrido en el barrio Olaya Herrera, iniciando en septiembre de 2021 cuando la víctima tenía 8 años y extendiéndose hasta marzo de 2024.

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el 11 de febrero, tras la denuncia presentada por un familiar de la menor. La Fiscalía indicó que existe evidencia sobre la reiteración de tocamientos de índole sexual durante los momentos a solas entre el agresor y la niña.

Por esta razón, el imputado enfrenta un cargo agravado por actos sexuales con menor de 14 años, que no aceptó en las audiencias preliminares ante el juez de Control de Garantías.

Los dos casos, abordados por la Fiscalía General de la Nación, exponen las diversas estrategias de captación y sometimiento empleadas contra víctimas menores de edad y reflejan el endurecimiento de las sanciones penales en Colombia por delitos sexuales, especialmente aquellos que implican secuestro, abuso sistemático y manipulación química o psicológica de las afectadas.

El hombre arrestado habría permanecido varios meses en paradero desconocido tras la agresión que sufrió una mujer en Macael, Almería. Durante ese tiempo, otra persona involucrada en el caso se encontraba en situación de prisión preventiva, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. La detención del varón, señalada como clave en la investigación, llevó al tribunal a decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para el sospechoso, quien enfrenta cargos que incluyen amenazas, detención ilegal y agresión sexual, en calidad de autor material de los hechos.

Según detalló Europa Press, el suceso tuvo lugar el 11 de julio del año anterior. La víctima, vecina de Macael, fue secuestrada supuestamente por el ahora arrestado y una mujer, considerada la autora intelectual del plan, quienes la habrían abordado en la vía pública y forzado a subir a un automóvil de alta gama, utilizando un arma blanca. Posteriormente, habrían conducido a la víctima a una vivienda, donde la mujer le rapó la cabeza bajo amenazas e intimidaciones. Posteriormente, la trasladaron a un garaje donde, siguiendo órdenes de la presunta autora intelectual, la agredieron sexualmente tras suministrarle una sustancia para adormecerla, según los datos recopilados por la Guardia Civil y publicados por el medio.

La investigación judicial recogió indicios considerados suficientes para atribuir la autoría intelectual a la mujer, que también fue imputada por delitos contra la integridad moral, debido al trato vejatorio infligido a la víctima, incluidas amenazas de causar daño a sus familiares o incendiar su vivienda en caso de denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Europa Press informó que, pese a la negativa del arrestado a declarar ante la jueza, la decisión de mantenerlo en prisión preventiva se sustentó en la gravedad de los delitos imputados y en la necesidad de proteger a la víctima, quien ha sido identificada por varias personas durante el proceso.

El trasfondo del ataque, de acuerdo con la Guardia Civil, tendría un componente sentimental. La detenida habría planificado previamente la agresión junto con el varón, trasladando a la víctima mediante el uso de un vehículo, del cual existen grabaciones e imágenes que documentan la presencia de ambos sospechosos. Europa Press explicó que algunos testigos ubicaron a los dos juntos en el automóvil, que partió desde la capital hacia Macael para ejecutar el plan.

Las pesquisas también identificaron que, luego de rapar a la víctima y tomarle fotografías, esta fue conducida por los agresores a un descampado en Albox, donde la abandonaron con la cabeza cubierta por una manta o toalla. Frente a las acusaciones y las pruebas fotográficas e imágenes obtenidas por los investigadores, la imputada negó la existencia de un cómplice masculino y declaró que la víctima había subido voluntariamente al vehículo para conversar.

En cuanto al vehículo supuestamente utilizado en el secuestro, Europa Press relató que se trataba de un coche propiedad de la madre de la investigada. El automóvil quedó bajo precinto policial en un taller mecánico cinco días después de los hechos, aunque la sospechosa intentó en varias ocasiones retirarlo del establecimiento. Finalmente, según el relato recopilado por el medio, logró sustraer el coche durante un descuido del propietario, una acción que justificó diciendo que fue su madre quien retiró el vehículo sin saber que estaba retenido por la policía.

El caso generó una respuesta social significativa en Macael. Tal como reportó Europa Press, a finales de julio numerosas personas participaron en una concentración en la plaza del municipio con el objetivo de mostrar solidaridad con la víctima y reclamar justicia. Entre las consignas que portaron los asistentes figuraban mensajes de apoyo directo, así como exigencias por el esclarecimiento del caso y la detención de los responsables.

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, intervino en nombre del municipio a través de un manifiesto leído durante la concentración, donde solicitó recursos adicionales y la intervención de unidades especializadas de la Guardia Civil para detener al presunto autor material de la agresión, quien en ese momento seguía sin ser localizado. El edil destacó que, catorce días después del suceso, el individuo implicado todavía no había sido puesto a disposición judicial, una situación que calificó de preocupante para la tranquilidad de los residentes y la propia víctima, según recogió Europa Press.

La víctima del secuestro y la agresión sexual también sufrió amenazas posteriores, destinadas a impedir que denunciara los hechos ante las autoridades, conforme a lo manifestado ante el tribunal y consignado por el medio. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Almería fue la encargada de tomar la decisión sobre la prisión provisional del detenido, tras evaluar las circunstancias del caso y la protección necesaria para la afectada.

Ambos investigados permanecen actualmente bajo custodia judicial por su presunta participación en el ataque y los delitos descritos, mientras continúa la instrucción del proceso por parte de las autoridades. Europa Press también señaló que la investigación ha sido reforzada con la obtención de múltiples testimonios e imágenes que vinculan a los sospechosos con los hechos imputados.

La evolución de este caso sigue en manos del órgano judicial competente y la Guardia Civil, que mantienen activos los distintos frentes de la investigación para esclarecer todos los extremos relacionados tanto con la planificación como con la ejecución del secuestro y la agresión.

El ministerio público reiteró su petición de privación de libertad durante la última jornada del juicio en la Audiencia de A Coruña, mientras que la acusación particular solicitó una condena de diez años para el acusado, según reportó Europa Press. Durante esta última sesión, la defensa reclamó la absolución del hombre. Las versiones presentadas por ambas partes, así como el testimonio de peritos y testigos, ofrecieron relatos contradictorios sobre lo acontecido aquella noche en el domicilio compartido.

La declaración del acusado, quien negó enfáticamente las acusaciones, incluyó manifestaciones en torno a su relación previa con la denunciante. Sostuvo ante el tribunal que "no hubo tocamientos, no hubo relación sexual, no hubo nada", destacando además que la joven llegó a vivir en su casa a petición de sus padres, que eran amigos de la familia, y la describió como "una hermana pequeña". El propio acusado aseguró que el día al que se refieren los hechos "estaba cojo" y requería ayuda para realizar la mayoría de las actividades cotidianas.

La defensa se basó en los testimonios de dos testigos, uno de ellos la pareja del acusado, quien indicó que ese mismo día mantuvo relaciones sexuales con el procesado y que al finalizar dejaron el preservativo utilizado en el baño. Según argumentaron los abogados del acusado, esta circunstancia respaldaba la posibilidad de una transferencia indirecta de restos de semen, lo que podría explicar la compatibilidad entre los restos hallados en la víctima y los del procesado, como detallaron los agentes de la Policía Nacional durante sus intervenciones en el juicio.

Por su parte, la ginecóloga que atendió a la denunciante indicó durante su declaración en sede judicial que la ausencia de penetración, según el relato de la víctima, no necesariamente implica la ausencia de semen, ya que el contacto puede producir la transferencia de fluidos, incluso sin eyaculación. Añadió que "con salida previa de líquido" es posible hallar restos en la zona genital femenil.

El que era pareja de la mujer en el momento de los hechos explicó ante el tribunal que ella lo llamó en busca de ayuda y le pidió que pidiera un taxi. Añadió que la víctima tardó varios días en contarle lo ocurrido por completo, pero expuso que en esa conversación la denunciante manifestó que el acusado tuvo "intención de penetrarla, pero no del todo".

Europa Press informó que la investigación se centra en hechos presuntamente sucedidos en septiembre de 2021 en el piso donde convivían ambas partes, con el contexto de una relación de amistad previa entre las familias de origen dominicano. La Fiscalía sostuvo ante la Audiencia que existen elementos suficientes para sustentar el requerimiento de privación de libertad, mientras que la defensa apeló a la ausencia de pruebas concluyentes y a la posibilidad alternativa de explicación de los restos biológicos hallados.

En el transcurso del proceso, las declaraciones de los testigos y las pruebas periciales resultaron determinantes para fundamentar las posiciones encontradas de la acusación y la defensa. Tanto los profesionales sanitarios como los investigadores policiales aportaron detalles técnicos sobre la compatibilidad de los restos y la viabilidad de transferencias indirectas, que incluyeron el análisis de las circunstancias descritas y el contexto de convivencia.

A lo largo del juicio, los testimonios ofrecieron diferentes perspectivas sobre lo sucedido esa noche en A Coruña, según constató Europa Press, estableciendo así un escenario complejo en el que los magistrados deberán valorar tanto los elementos materiales como los relatos expuestos en sede judicial. Las partes quedaron a la espera del veredicto.

A raíz de una larga búsqueda, el principal sospechoso de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer en Macael, Almería, fue finalmente localizado y detenido después de varios meses sin conocerse su paradero. Esto ocurrió tras su presunto involucramiento en un caso que conmocionó a la población local, según detalló Europa Press. La víctima habría sido retenida contra su voluntad y abandonada en un descampado de Albox el 11 de julio, bajo la supuesta organización y órdenes de otra persona, quien se considera autora intelectual de los hechos. De acuerdo con Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Purchena dispuso el ingreso provisional en prisión, incomunicado y sin posibilidad de fianza, del varón arrestado a comienzos de febrero. La otra principal sospechosa fue inicialmente privada de libertad de forma preventiva, aunque posteriormente accedió a la libertad provisional.

Según reportó Europa Press, las fuentes judiciales indicaron que el detenido enfrenta investigaciones por presuntos delitos de amenazas, agresión sexual y detención ilegal. Estas imputaciones también se atribuyen a la mujer señalada como su cómplice, a quien además se responsabiliza de un delito contra la integridad moral por el trato vejatorio infligido a la víctima. La investigación sostiene que existen indicios racionales suficientes de que ambos participaron en el secuestro y los abusos.

La Guardia Civil recabó información que apunta a que la agresión sexual fue planificada con una motivación sentimental por parte de la autora intelectual, quien presuntamente contó con la colaboración del ahora detenido para ejecutar las acciones. De acuerdo con la hipótesis expuesta por las autoridades y citada por Europa Press, la víctima fue introducida de forma forzosa en un vehículo de alta gama mientras se le amenazaba con un arma blanca. Posteriormente, trasladaron a la mujer a una vivienda, donde su atacante le rapó el cabello entre amenazas y la fotografió, siguiendo las instrucciones de su cómplice. A continuación, ambos la llevaron a un garaje, donde el varón habría perpetrado la agresión luego de drogarla.

El relato oficial, difundido por Europa Press, agrega que la víctima recibió amenazas adicionales relacionadas con posibles represalias hacia su familia o con prender fuego a su vivienda si decidía informar a la Guardia Civil sobre lo ocurrido. La decisión judicial de aplicar la prisión provisional sin fianza partió de la consideración de la gravedad de los delitos y de la necesidad de garantizar la protección de la víctima, según subrayó el medio. El sospechoso no declaró ante la juez, pero múltiples testigos lograron identificarlo durante la investigación.

Las declaraciones recogidas en la investigación ofrecen versiones contradictorias. Mientras la principal acusada sostiene que la víctima subió a su automóvil de manera voluntaria con el fin de mantener una conversación en su vivienda y niega la existencia de un compinche masculino, los agentes disponen de imágenes que ubican a la sospechosa en el vehículo presuntamente utilizado para el secuestro en Macael. Testigos también afirmaron que la vieron en compañía del detenido, quien habría llegado desde la capital específicamente para la ejecución del plan.

La documentación judicial recogida por Europa Press detalla que, tras el secuestro, la víctima terminó abandonada con su cabeza cubierta por una manta o una toalla en un descampado de Albox, después de haber sido fotografiada y agredida sexualmente. El automóvil empleado en el crimen, propiedad de la madre de la sospechosa, permaneció precintado en un taller cinco días tras los hechos. La mujer intentó recuperar el coche acudiendo reiteradamente al establecimiento, y en una ocasión se llevó el vehículo aprovechando un descuido del propietario, a pesar de sus objeciones. Posteriormente, la implicada manifestó que la responsable de retirar el coche fue su madre, alegando desconocimiento del precinto policial.

El caso generó un impacto significativo en la comunidad de Macael. Hacia finales de julio, los habitantes organizaron una concentración multitudinaria con lemas que reclamaban justicia para la víctima, tal y como informó Europa Press. Entre las consignas exhibidas se leían mensajes como “Todos somos Pili”, “Justicia ya” y “Tu dolor no se borra”. El Ayuntamiento relató entonces los hechos mediante un comunicado: “Pili fue secuestrada en su pueblo, trasladada a Albox por la fuerza y allí, vejada y violada. Presuntamente una mujer ha sido la autora intelectual y un hombre el autor material de la agresión. La mujer fue detenida y puesta en libertad pocas horas después por motivos de salud, y el hombre aún se encuentra en paradero desconocido”.

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, instó en un manifiesto a reforzar el operativo policial y solicitó más recursos para lograr la detención del presunto agresor. Entre sus palabras, citadas por Europa Press, subrayó la necesidad de emplear todos los medios disponibles, incluidos los grupos especializados de la Guardia Civil a nivel nacional, argumentando que “no es razonable que catorce días después el agresor siga libre”. Para aquel momento, la preocupación por la impunidad y la seguridad de los ciudadanos se convirtió en un eje central en los pronunciamientos del consistorio.

Durante el desarrollo de la causa, la investigación acumuló pruebas testimoniales, documentales y gráficas. Las imágenes acreditan la presencia de la principal sospechosa en el vehículo identificado como parte del delito. El proceso judicial sigue en marcha, mientras el principal sospechoso enfrenta el proceso en prisión provisional y la detenida queda en libertad provisional hasta que concluyan las actuaciones penales.

El tribunal recogió el testimonio de una de las amigas de la víctima, quien, mediante una aplicación en su teléfono móvil, pudo precisar que la joven permaneció en el lugar de los hechos entre las 6.20 y las 7.11 de la mañana del 11 de agosto de 2024. Esta información fue valorada como incompatible con la versión defendida por los acusados, quienes aseguraron que la joven solo estuvo en la vivienda unos instantes. Según detalló el medio de comunicación, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia dictó una condena de 14 años de prisión para dos jóvenes, acusados de agredir sexualmente y de forma simultánea a una mujer que se encontraba incapacitada debido al consumo de alcohol.

De acuerdo con la información publicada, los hechos ocurrieron tras el cierre de una discoteca en Bilbao la madrugada del 11 de agosto. Un grupo integrado por la joven, sus amigas, los acusados y otros conocidos se desplazó en un vehículo para continuar la noche en la casa de uno de los amigos de los acusados. El automóvil realizó una parada en la residencia de uno de los condenados, argumentando la necesidad de recoger bebidas alcohólicas. La joven y los dos acusados subieron a la vivienda, y fue allí donde, según determinó la sentencia, tuvo lugar la agresión sexual.

El tribunal describió el estado de inconsciencia de la víctima, quien durante el proceso judicial manifestó contar solo con “fragmentos de imágenes” de lo sucedido. Según el fallo al que accedió el medio citado, la joven no pudo reaccionar durante la agresión y se despertó, posteriormente, desnuda y sola en una habitación. La Audiencia Provincial de Bizkaia subrayó la consistencia del relato de la víctima a lo largo de las distintas fases del proceso, desde la denuncia policial hasta la instrucción y el juicio oral, y remarcó la contundencia de la prueba periférica presentada.

Entre estas pruebas, la Audiencia hizo mención especial al testimonio de la mencionada amiga, quien, gracias a la localización mediante aplicación móvil, confirmó la permanencia de la víctima en el lugar exacto y durante el tiempo en que, según los acusados, habría abandonado rápidamente la vivienda. Además, el tribunal valoró la relevancia de las pericias médicas y el testimonio de la agente de policía encargada del atestado. Según recogió el medio de comunicación, todas estas pruebas dotaron al relato de la denunciante de solidez y coherencia.

Respecto a la defensa de los acusados, el tribunal señaló la ausencia de una “base lógica” en sus declaraciones y subrayó la “falta de coherencia y credibilidad” en las pruebas ofrecidas durante el proceso. Los acusados ejercieron su derecho a no declarar en sede policial y en la fase de instrucción, y en el juicio aseguraron que no había existido la agresión denunciada. Argumentaron que tras subir brevemente a la vivienda junto con la víctima, todos descendieron porque el amigo que los esperaba en el coche decidió irse por la cantidad de personas que se congregaban en su domicilio. Según su versión, la joven habría expresado su descontento con la decisión y los acusados sostienen que abandonaron el lugar posteriormente. La Audiencia, no obstante, enfatizó la falta de elementos probatorios que respaldaran esta versión.

La sentencia también analizó los testimonios de amigos de los acusados, apuntando que su intervención evidenció un “ejemplo de solidaridad procesal”. Destacó, además, la naturaleza “sorprendente” y “poco verosímil” de algunas de sus afirmaciones en apoyo a los condenados. La Audiencia vizcaína consideró probado que existió por parte de los agresores la intención de satisfacer sus deseos sexuales en un contexto en el que la víctima, bajo el efecto del alcohol, no pudo consentir, y se refirió a la utilización de cierto grado de violencia, ligado a la manera en que se produjo la agresión.

Como parte del fallo, según reportó el medio citado, los dos condenados deberán cumplir además una medida de libertad vigilada de cinco años después de su estancia en prisión, que incluirá la participación en programas de educación sexual. También se les impuso la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a menos de 500 metros durante un plazo de 15 años. El tribunal determinó que los dos responsables deberán abonar conjuntamente una indemnización de 30.000 euros a la joven por los daños ocasionados.

En la resolución, la Audiencia Provincial de Bizkaia afirmó que no existen indicios de motivaciones espurias, “venganza” o animadversión por parte de la denunciante, quien mantenía “buena relación” con los ahora condenados y a los que conocía previamente. El fallo subrayó la gravedad de los hechos, tanto por el estado de inconsciencia de la joven como por el carácter simultáneo de la violación y el modo en que fue tratada, utilizando términos recogidos en la sentencia como “cosificación” y “tratada como un mero objeto o muñeco”.

Según expuso el medio, la sentencia no es aún firme y cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

José Antonio Errejón manifestó no haber conversado con su hijo Íñigo Errejón tras las recientes noticias que lo involucran en una segunda denuncia por presunta agresión sexual. Según declaraciones recogidas por la prensa, el padre del exdiputado sostuvo: "No sigo mucho la información en general, no le puedo decir", agregando que se encuentra "muy bien" y que no ha tenido contacto con Íñigo acerca de este asunto, según informó el medio de referencia.

De acuerdo con lo publicado, Íñigo Errejón, expolítico de Sumar y actualmente a la espera de ser citado en el marco del proceso por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, enfrenta ahora otra denuncia presentada en los tribunales de Madrid por una mujer cuya identidad permanece reservada, al haber solicitado actuar como testigo protegido. La nueva denunciante, descrita como "actriz de reconocida notoriedad pública y proyección" en España, sostiene que los hechos ocurrieron en octubre de 2021 y detalla en la denuncia supuestos episodios de violencia sexual ocurridos en la vivienda del exdiputado.

Tal como detalla el medio, la narración de la denunciante incluye que ambos mantenían una relación sentimental intermitente y que, durante la noche del 16 de octubre de 2021, tras asistir juntos a una fiesta en Móstoles, se dirigieron al baño de un local. Allí, bajo efectos del alcohol, "el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación", según consta en la denuncia, donde se indica que la mujer accedió "de manera renuente en un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína". Posteriormente, ambos se desplazaron hasta la casa de Errejón en un coche de un amigo de este. Según la versión consignada en la denuncia, en el trayecto "el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento", acción ante la cual la mujer manifestó de forma expresa su negativa e intentó apartarse, momento en el que él le dijo al oído "si te resistes será peor".

La denuncia prosigue señalando que el presunto acoso sexual continuó en el portal y el ascensor del edificio, donde ella habría accedido, "bajo presión", a practicar sexo oral. Ya dentro de la vivienda del exparlamentario, la mujer afirma que Íñigo Errejón la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente "por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara". Este episodio, de acuerdo con el relato presentado ante la justicia, se prolongó varios minutos hasta que el denunciado se detuvo. Tras increpar al exdiputado, la mujer abandonó el lugar.

El testimonio también apunta que, en encuentros posteriores, la denunciante experimentó un "profundo malestar" durante las relaciones sexuales y que Íñigo Errejón habría persistido en comportamientos de control, como exigir el envío de la ubicación en tiempo real y realizar llamadas reiteradas. Tras finalizar la relación sentimental, el contacto entre ambas partes se habría extendido a través de redes sociales hasta principios de 2022, según la información consignada por el medio.

Esta acusación se suma a la denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá, cuya causa por presunta agresión sexual también sigue su curso judicial. El medio informó que la actitud de José Antonio Errejón, padre del exdiputado, ha sido la de expresar distancia respecto a las informaciones y al proceso judicial que afecta a su hijo. Señaló: "No lo sé, es que no hablo con él. No, no he hablado con él, no he visto la información que dice", insistiendo en que desea que su hijo se encuentre bien. También afirmó: "No viene mucho por aquí, yo también quisiera verlo pronto. Querría verlo pronto", marcando un distanciamiento respecto a las acusaciones y la situación de su hijo, actualmente investigado por un supuesto delito de violación, según informó la fuente.

Achraf Hakimi, jugador internacional marroquí y lateral derecho del Paris Saint-Germain, enfrenta un proceso judicial tras haber sido denunciado en 2023 por una joven de 24 años, quien lo acusa de violación. Según publicó Europa Press, la joven presentó la denuncia luego de que ambos mantuvieran contacto en la red social Instagram. De acuerdo con el medio, Hakimi fue puesto bajo supervisión judicial mientras avanzaban las investigaciones, un procedimiento ordinario en el sistema legal francés para garantizar la protección de todas las partes involucradas y permitir el desarrollo de las pesquisas.

El futbolista confirmó en su perfil de la red social X que irá a juicio por estos hechos, al tiempo que manifestó su postura sobre la situación legal. “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”, escribió Hakimi en dicha plataforma. Esta declaración, recogida por Europa Press, expone su percepción sobre el proceso judicial y la repercusión social que generan acusaciones de este tipo incluso antes de que un tribunal dictamine responsabilidad o inocencia.

El caso se origina tras una denuncia formal realizada en el año 2023. Fuentes citadas por Europa Press señalan que la presunta víctima habría conocido al futbolista mediante solicitudes de mensajes a través de Instagram, facilitando así el primer contacto entre ambos. Posteriormente, las autoridades iniciaron una investigación en la que Hakimi debió cumplir con ciertas medidas cautelares, incluidas la restricción expresa de ciertos movimientos y comparecencias periódicas requeridas por el tribunal, mientras se determinaban los hechos.

Durante la instrucción de la causa, Hakimi negó categóricamente las imputaciones, manteniendo en todo momento que la acusación no se sustentaba en hechos comprobados. A pesar de su negativa, la jueza de instrucción consideró que existían indicios suficientes para elevar la causa a juicio y así garantizar que la investigación pudiera resolverse en sede judicial, permitiendo tanto la defensa del acusado como la presentación de pruebas por parte de la denunciante. Europa Press detalló que la decisión judicial responde a la normativa penal francesa, que prioriza la protección de posibles víctimas en estos casos, a la par que conserva el principio de presunción de inocencia.

El club Paris Saint-Germain no ha hecho comentarios públicos extensos sobre el procedimiento judicial, manteniendo un perfil institucional y evitando posicionamientos hasta conocer la resolución del tribunal, según informó Europa Press. Mientras tanto, la carrera deportiva de Hakimi se ha visto seguida de cerca por los medios, sin que hasta el momento se conocieran sanciones deportivas derivadas del proceso penal en curso.

La denuncia presentada por la joven de 24 años sitúa los hechos en un contexto de creciente atención pública sobre casos de agresión sexual que involucran a figuras del deporte y del espectáculo en Francia y otros países. Según reportó Europa Press, el proceso judicial continuará en los próximos meses, con la obligación para ambos implicados de presentar todas las pruebas y testimonios pertinentes ante el tribunal encargado del caso.

Europa Press ha difundido el enlace a imágenes y recursos audiovisuales relacionados con la comparecencia pública del futbolista, así como referencias para contacto con la redacción para obtener más información. El desarrollo del juicio será seguido de cerca tanto por medios de comunicación deportivos como generalistas, dada la notoriedad pública de Hakimi y el debate generado en torno a la gestión de denuncias por violencia sexual en contextos de alto perfil mediático.

La jueza encargada del caso determinó que existen bases para que el futbolista Achraf Hakimi enfrente un proceso judicial en Francia, tras una denuncia presentada en 2023 por una joven por presunta violación. Según consignó la Fiscalía de Nanterre, el internacional marroquí será juzgado en las afueras de París por hechos que, de acuerdo a la denuncia, habrían ocurrido en febrero de ese año en el domicilio del jugador, situado en Boulogne-Billancourt. El medio que informó sobre la causa detalló que Hakimi ha impugnado los cargos desde el inicio y sostiene que la acusación constituye un intento de extorsión, insistiendo en su inocencia.

De acuerdo con lo publicado, la denunciante y Hakimi se conocieron a través de redes sociales, tras lo cual el jugador la invitó a su residencia. Según el relato de la joven, durante su estancia en la vivienda, el atleta la besó y la tocó sin su consentimiento, y habría llegado a introducir sus dedos en la vagina de la denunciante. La joven logró abandonar el lugar y acudió posteriormente a la comisaría para informar lo sucedido. Tal como informó el medio, la investigación comenzó de oficio, aun después de que la propia denunciante inicialmente decidiera no formalizar la denuncia. Desde marzo de 2023, el jugador del Paris Saint-Germain ya figuraba como imputado y se encontraba bajo medidas judiciales, incluyendo la prohibición de contacto con la presunta víctima.

El caso abrió un frente judicial que podría exponer a Hakimi a una condena de hasta quince años de prisión, si el tribunal lo considera culpable de violación, según la calificación solicitada por la Fiscalía de Nanterre. En respuesta al anuncio del próximo juicio, el defensa emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que afirmó: "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras". Además, señaló que desde el principio ha colaborado plenamente con las autoridades, a la vez que declaró mantener la calma sobre el desarrollo del proceso.

De acuerdo con la información suministrada por la fuente, la situación judicial de Hakimi no ha implicado hasta ahora restricciones a su vida profesional, más allá de las órdenes de alejamiento impuestas por las autoridades respecto a la denunciante. El futbolista ha continuado su carrera deportiva y no se le han impuesto limitaciones para abandonar Francia, lo que ha permitido su presencia en compromisos internacionales y ligas.

El caso también ha tenido impacto en la esfera personal de Hakimi y su entonces esposa, la actriz Hiba Abouk. Según lo reportado, la intérprete confirmó en 2023 que se hallaba en proceso de divorcio del futbolista y, a través de un comunicado, manifestó que "siempre" ha apoyado y apoyará "del lado de las víctimas", pidiendo en ese momento un respeto absoluto por la privacidad de ella y sus hijos durante el curso de las investigaciones.

La causa sigue bajo observación mediática debido a la notoriedad pública del jugador y por la gravedad de los hechos que se imputan. Según fuentes judiciales citadas por la prensa, será el tribunal de Nanterre quien juzgará la causa y determinará si existen delitos, tras la evaluación de las pruebas y de los testimonios involucrados. Por su parte, Hakimi reiteró en su pronunciamiento que considera que la acusación "es falsa" y que la acción judicial en su contra constituye un montaje motivado por un supuesto intento de extorsión, argumentando que las pruebas presentadas en el proceso demuestran su inocencia.

El caso, siguiendo lo divulgado por el medio original, resalta la complejidad de los procesos por delitos sexuales en Francia, donde la apertura de investigaciones de oficio tiene lugar aun si la víctima decide inicialmente no continuar con la denuncia formal. Según las autoridades de Nanterre, tales mecanismos buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas en presuntas situaciones de violencia sexual, aunque desde el entorno del defensa sostienen que este marco procesal perjudica el principio de presunción de inocencia.

Al continuar el desarrollo judicial, la atención pública permanece enfocada tanto en los procedimientos legales como en las repercusiones sociales y familiares derivadas del caso. El avance de la causa determinará las eventuales consecuencias jurídicas para Hakimi, cuya postura, según recogió el medio original, no ha variado desde el inicio: rechaza la acusación y asegura que seguirá colaborando para que, en sus palabras, "se esclarezcan los hechos".

Achraf Hakimi, lateral derecho del Paris Saint-Germain e internacional marroquí, se refirió públicamente al proceso judicial en su contra, manifestando su confianza en que la audiencia judicial permitirá que se esclarezcan los hechos y se conozca la verdad. De acuerdo con lo publicado por distintos medios y consignado por la prensa internacional, el futbolista enfrentará un juicio tras haber sido acusado de violación por una joven de 24 años, quien formalizó la denuncia en 2023.

Según la información difundida por medios de comunicación y retomada por la agencia Europa Press, Hakimi utilizó su perfil oficial en la red social X para mostrar su postura frente a la situación. En su mensaje, declaró: “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”. Esta declaración surgió tras la confirmación de que el deportista comparecerá ante el tribunal por los hechos denunciados.

El proceso judicial tiene su origen en una denuncia presentada por una mujer de 24 años durante el año 2023, quien acusó a Hakimi de haberla agredido sexualmente, según detalló Europa Press. El caso se ha visto rodeado de información sobre el primer contacto entre ambos, que habría ocurrido a través de la red social Instagram. La relación, según reportó la prensa francesa y europea, llevó a un encuentro tras el cual la denunciante acudió ante las autoridades para formalizar su acusación.

Europa Press resaltó que, tras la interposición de la denuncia, Hakimi fue puesto bajo supervisión judicial conforme avanzaba la investigación. Esta medida permitió a las autoridades recopilar elementos y avanzar en las pesquisas antes de tomar la decisión de llevar los hechos a juicio. El caso ha continuado su curso en el sistema judicial francés, donde se llevarán a cabo las sesiones procesales que determinarán la resolución definitiva sobre las imputaciones presentadas contra el jugador del PSG.

En su publicación reciente, Hakimi indicó su convicción de que la acusación no se basa en pruebas contundentes y reiteró su inocencia, al tiempo que expresó su inquietud respecto al impacto que tienen las denuncias de este tipo, tanto en la vida de quienes aseguran ser inocentes como en la credibilidad de las víctimas. Las declaraciones del defensa marroquí subrayan su deseo de enfrentar el proceso con serenidad en espera de que el tribunal esclarezca los hechos.

La situación ha tenido repercusiones dentro y fuera del ámbito deportivo, siendo objeto de atención tanto por la opinión pública como por organizaciones vinculadas a la defensa de derechos, la integridad en el deporte y la protección de las víctimas de delitos sexuales. Mientras se aproxima la fecha señalada para el juicio, el desarrollo judicial y las futuras decisiones del tribunal mantendrán en la agenda mediática el caso en el que el futbolista del PSG sostiene que demostrará su versión de los hechos y defenderá su postura de inocencia ante las instancias correspondientes.

Recientemente, la actriz y conductora Daniela Berriel denunció que fue violada en Acapulco, y que el actor Gonzalo “N” fue cómplice del delito.

¿Quién es Gonzalo?

Tras la acusación, la mirada se ha puesto en el actor nacido el 3 de junio de 1989 en las Palmas de Gran Canaria, España, y que actualmente trabaja y radica en México.

Es normal que la cara de Gonzalo “N” le resulte familiar a algunas personas debido a que forma parte del elenco de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, y antes de ello fue la imagen de una empresa de viajes y reservación de hoteles que apareció en redes sociales.

Parte de su formación la hizo en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, a donde ingresó en el 2006.

Cuando concluyó sus estudios actorales fue invitado a participar en la telenovela “La Malquerida”, donde también participaron actrices reconocidas como Victoria Ruffo y Ariadne Díaz.

En el 2015, Gonzalo “N” formó parte del elenco del programa “Antes muerta que Lichita”, protagonizado por la cantante y actriz Maite Perroni. En ese mismo año interpretó el papel Ignacio Alarcón en “El hotel de los secretos”, donde participó Irene Azuela.

Al siguiente año, saltó a un papel estelar en la telenovela “Despertar contigo”, producida por Pedro Damían, como Federico Villegas, el villano de la historia.

En 2017 Gonzalo “N” volvió a interpretar a un villano, pero esta vez en la telenovela “Enamorándome de Ramón”, donde compartió cámara con Esmeralda Pimentel y José Ron.

En el 2018, fue coprotagonista en el programa “Hijas de la luna”, producido por Nicandro Díaz, donde actuó Danilo Carrera, Michelle Renaud, Omar Fierro, Cynthia Kiltbo, entre otros actores y actrices.

El acusado de cómplice, obtuvo su primer protagónico en el 2019 en la telenovela “Cita a ciegas”.

En el periodo intermedio de las últimas dos telenovelas fue novio de la actriz Bárbara López, con quien terminó su relación en 2019.

Después intentó tener una relación con Daniela Berriel, quien ahora lo acusa de haber sido cómplice de su violación, ocurrida en marzo del año pasado.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a lo que relató la actriz y conductora a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, hace un año Gonzalo “N” fue cómplice de su amigo, Eduardo Ojeda, quien abusó sexualmente de ella.

“Les voy a contar cómo fue lo sucedido, no daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque esos solo los tienen que saber las autoridades”, dice Berriel en el video.

Menciona que conoció a Gonzalo “N” hace cinco años, y salieron algunas ocasiones, pero dejaron de hacerlo porque las cosas no funcionaron. Dice que tiempo después, una de sus amigas comenzó a andar con su hermano, y le dijo que Gonzalo la estaba buscando de nuevo, buscando otra oportunidad.

Tras ello cuando la invitaron a un viaje a Acapulco aceptó, pues iría una amiga y otras parejas, sin embargo, el 14 de marzo del 2020 la reunión que tenían, donde tomaron bebidas alcohólicas, se tornó incómoda por lo que procedió a intentar dormirse.

Al estar en el cuarto que le habían asignado, Gonzalo “N” y Eduardo Ojeda la siguieron e internaron tener relaciones sexuales con ella, sin embargo ella se negó hasta quedarse dormida.

Relata que repentinamente despertó debido a que ya la estaba violando Eduardo Ojeda, tras ello lo empujó para librarse, sin embargo el hombre la denigró con varios comentarios. Además, aunque estaba presente Gonzalo “N” quien se había quedado en el mismo cuarto no hizo nada por detener a su amigo, sino por el contrario, también hizo comentarios despectivos, por lo que pide a las autoridades que avancen en su denuncia, la cual levantó al día siguiente de los hechos.

La actriz y conductora Daniela Berriel denunció, por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, que hace un año, en Acapulco, fue violada por un amigo del actor Gonzalo “N”, llamado Eduardo Ojeda y acusa a “N” de haber sido su cómplice.

En un par de videos, con una duración aproximada de 10 minutos, dice que los hechos se suscitaron el pasado 14 de marzo del 2020, y también dice que no tenía planeado hacer ningún video, pues confiaba en las autoridades, pero dice que es el único recurso que le queda.

“Les voy a contar cómo fue lo sucedido, no daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque esos solo los tienen que saber las autoridades”, dice Berriel en el video.

Menciona que conoció a Gonzalo “N” hace cinco años, y salieron algunas ocasiones, pero dejaron de hacerlo porque las cosas no funcionaron. Dice que tiempo después, una de sus amigas comenzó a andar con su hermano, y le dijo que Gonzalo la estaba buscando de nuevo, buscando otra oportunidad.

“Lo pensé y dije, bueno, por qué no, y Gonzalo me empezó a mandar mensajes. En una ocasión me invita a Acapulco, a un viaje, y me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, qué íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar muy bien, que qué es lo peor que podía pasar”, menciona con lagrimas en los ojos la conductora y actriz en su video.

También, narra que aceptó ir al viaje. Dijo que los integrantes al viaje eran Gonzalo “N”, el dueño de la casa, llamado Eduardo Ojeda, a quien señala de haberla violado, la novia de Eduardo, un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio de esta, pues su amiga, quien la había convencido, llegaría un día después.

Dice que estaban pasando un momento agradable, pero al momento de la cena la novia de Eduardo se sentía mal, pues estaba tomando antibiótico, así que fue la primera en irse a dormir, y se quedaron los demás en la mesa, platicando y tomando alcohol.

“Mas tarde se fue la hermana de Gonzalo y su pareja, y al poco rato el amigo, así que solo nos quedamos en la mesa Gonzalo, Eduardo y yo”, menciona Berriel.

Dice que continuaron con la plática y la estaban pasando bien, pero hubo un momento en donde la plática se tornó sexual, y comenzaron a hablar de los tríos sexuales.

“Me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cuál tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, señala la también actriz.

Confiesa que no habían pasado “ni dos minutos” de que se había acostado, cuando los dos hombres ya la estaban tocando. “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, declara.

Menciona que Eduardo le tocó la pierna y le dijo que no fuera “apretada”, así que ella se paró del sofá y se fue a la cama, y el hombre continuaba siguiéndola.

“Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada, después de 8 nos, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”.

Dice que el hombre, tras decir esto, salió del cuarto. Narra que se quedó dormida, y se despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando el me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, relata la conductora.

Menciona que se quitó a Eduardo de encima y fue a la cama en la que estaba acostado Gonzalo, pero Eduardo fue hasta donde estaba, y comenzó a jalonearla y a decirle que él aún no había acabado, y que era una maleducada.

“Me empezó a manotear, me empezó a pegar, y empezó a gritarle a Gonzalo que por qué me había invitado, que era una grosera, una maleducada, a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: Cbr*n, por qué te emp*tas si te la acabas de c*ger bien rico. Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo, no sabía como iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo, no conocía a nadie”, dice en el video la mujer.

Menciona que ellos se comenzaron a desesperar porque ella no hablaba, y que se metieron al baño y cuando salieron, fue con una actitud muy diferente, y le preguntaban que qué le pasaba.

Tras esto, y como la actriz no reaccionaba, los hombres se fueron a pescar, pero Eduardo le dijo, antes de salir del cuarto, fue: ahorita te traigo de comer, mi amor.

Por medio de historias de Instagram, también muestra que el actor la tiene bloqueada de su cuenta de la red social , por lo que no lo puede etiquetar, y muestra una serie de mensajes que le mandó tras los hechos, en donde le pregunta que por qué no le habla si él no había hecho nada.

Incluso agradece las muestras de apoyo, y dice que gracias a que alzó la voz, al parecer se haría justicia.

En una segunda parte del video, también puesto en su red social, confiesa que él mismo día de los hechos puso la denuncia, tuvo que avisarle a sus papás y tuvo que pasar por exámenes dolorosos, y aún así, ambos seguían libres. En los juzgados le avisaron que todo sería más lento, pues, aquél día había comenzado la parte más fuerte del coronavirus.

También menciona que uno de los motivos por los que hizo el video, fue porque “N” comenzaba a mandarle mensajes a su hermana.

la actriz dice que no entendió por qué si vio que la estaban violando, no la ayudó.

“Te digo a ti Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mi y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”, narra.

La declaración del acusado incluyó la afirmación de que la denuncia se había producido por influencia de la madre de la menor, quien desconocía la existencia de la relación entre ambos. El hombre aseguró durante su intervención judicial que nunca había forzado a la adolescente y que la relación mantenida desde hacía tiempo era de carácter sentimental y consentida. Según publicó ElDiario.es, durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el acusado insistió en que en ningún momento ejerció violencia o coacción sobre la menor.

La acusación de la Fiscalía se basa en hechos que, según su escrito, tuvieron lugar entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuando el procesado contactó con la víctima, de 13 años en ese momento, a través de una red social popular. ElDiario.es detalló que, pese a tener conocimiento de la corta edad de la menor, el acusado mantuvo la comunicación con ella y, posteriormente, le ofreció su ayuda para resolver deberes de inglés.

El fiscal sostiene que, en mayo de 2022, el acusado invitó a la menor a su domicilio, ubicado en Palma, aprovechando la excusa del apoyo escolar. Según el relato recogido por ElDiario.es, después de terminar con los deberes, el hombre inició una serie de tocamientos a la menor y luego habría cometido una violación. El testimonio de la víctima, presentada por el Ministerio Público, señala que los hechos afectaron gravemente su bienestar psicológico, lo que la llevó a contar lo ocurrido a su madre aproximadamente un mes después.

Una vez conocida la situación, la madre y la menor formularon la denuncia ante la Policía Nacional. ElDiario.es reportó que la investigación partió de la declaración de la víctima y de pruebas que situaron los contactos y encuentros entre la menor y el acusado. El fiscal solicitó una condena de siete años de prisión para el hombre bajo la acusación de un delito de abuso sexual. Además, requirió el pago de una indemnización de 4.000 euros en favor de la menor por los daños psicológicos sufridos.

Durante el desarrollo del juicio, el acusado reiteró que nunca existió coacción ni violencia, y que "no ha habido una sola vez que la haya forzado". ElDiario.es incluyó la declaración textual del procesado, quien defendió que la supuesta relación mantenida era conocida únicamente por los involucrados y alejó la existencia de presiones o amenazas durante los encuentros.

La fiscalía fundamentó su acusación en la diferencia de edad y en la incapacidad legal de la menor para consentir actos sexuales, señalando que el hombre aprovechó la situación de vulnerabilidad y el entorno privado para mantener relaciones no permitidas por la ley. ElDiario.es señaló que el escrito de la acusación hace énfasis en que el acusado tenía pleno conocimiento de la edad de la adolescente en el momento de los hechos.

El caso expuesto ante la Audiencia Provincial de Baleares continúa estando centrado en la valoración de las pruebas testimoniales, periciales y las declaraciones ofrecidas por la víctima, el acusado y otros intervinientes. Según consignó ElDiario.es, la defensa del procesado ha fundamentado sus argumentos en la existencia de consentimiento y en la ausencia de coacción, mientras que la fiscalía sostiene que la relación sexual, por la edad de la menor, constituye ilícito penal aunque medie un aparente acuerdo entre ambos.

El proceso judicial queda ahora pendiente de la decisión de los magistrados sobre la culpabilidad y la posible condena, en función de la valoración de la prueba y la interpretación de los hechos ocurridos entre agosto de 2021 y mayo de 2022, conforme a lo documentado por ElDiario.es.

La acusación presentada por el Ministerio Público ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares sostiene que los daños sufridos por la menor fueron de tal gravedad psicológica que, tras los hechos, acudió a su madre y reveló los detalles poco tiempo después del incidente. Según informó Europa Press, el tribunal balear llevará a cabo el juicio este jueves a partir de las 10:00 horas contra el hombre acusado de violación, quien, conforme a la solicitud de la Fiscalía, enfrenta un posible castigo de siete años de prisión y una multa compensatoria de 4.000 euros, al ser considerado responsable de un delito de abuso sexual.

De acuerdo con el relato expuesto por la fiscalía y detallado por Europa Press, los hechos tuvieron su origen en agosto de 2021, cuando el acusado, a través de una plataforma digital ampliamente utilizada, estableció contacto con la víctima, una niña de 13 años de edad en ese momento. El fiscal resalta que el procesado era plenamente consciente de la edad de la menor, circunstancia que no impidió que continuara la comunicación a lo largo de varios meses. El contacto se mantuvo hasta mayo de 2022, momento en el cual el hombre ofreció su ayuda a la niña para realizar tareas escolares de inglés.

La investigación recogida por Europa Press indica que, tras aceptar la invitación, la menor acudió al domicilio del acusado en Palma. El Ministerio Público plantea que, después de terminar los deberes, el procesado inició tocamientos hacia la niña y, de acuerdo con la acusación, cometió la violación en ese mismo encuentro.

Después de los hechos, la afectada experimentó secuelas emocionales significativas, según expuso la fiscalía en el escrito presentado por Europa Press. Aproximadamente un mes más tarde, la víctima relató lo sucedido a su madre, quien de inmediato instó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional, lo que activó la correspondiente investigación judicial y la remisión del caso al tribunal competente.

Europa Press aclara que la evaluación del caso por parte del tribunal se centrará en el grado de conocimiento y responsabilidad atribuibles al acusado, dado que el Ministerio Público insiste en que el procesado sabía que interactuaba con una menor de edad y que utilizó una red social como estrategia para acercarse a ella con una excusa aparentemente inofensiva, la de colaborar en una tarea académica.

La Fiscalía, según el mismo medio, ha solicitado además una reparación económica de 4.000 euros que deberá abonarse a la víctima como indemnización, reflejando la consideración de las secuelas psíquicas que la menor habría desarrollado a raíz de lo acontecido. La vista oral programada permitirá al tribunal escuchar tanto la versión del acusado como los testimonios de las partes implicadas, además de valorar los informes periciales y las pruebas recopiladas durante la etapa de instrucción.

Europa Press también detalló que la acusación parte del principio de que el contacto a través de la red social fue determinante para la comisión del delito, argumentando que la relación establecida entre el hombre y la menor fue favorecida por la falsa apariencia de apoyo escolar. El proceso judicial prevé abordar todos los elementos relativos al entorno digital en el que se había producido el acercamiento y examinar el impacto psicológico denunciado por la víctima y acreditado por especialistas.

El procedimiento judicial, como recoge Europa Press, atiende a la vez la dimensión penal y la civil del caso, puesto que la Fiscalía reclama penas de cárcel y reparaciones económicas. El tribunal debe ahora evaluar la evidencia presentada y los testimonios para resolver sobre la responsabilidad penal del acusado, en un proceso en que la prueba sobre la consciencia de la edad por parte del procesado y el uso instrumental de la red social para alcanzar a la víctima resultan aspectos fundamentales.

La acusación formal, sostenida durante la audiencia por el Ministerio Público y recogida por Europa Press, solicita que el acusado sea sentenciado a siete años de prisión, correspondiendo a la gravedad del delito señalado en el escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares. La resolución queda ahora en manos del tribunal, encargado de dictar sentencia una vez escuchadas todas las pruebas y alegaciones de las partes implicadas.

La sanción judicial incluye, además de la pena de prisión, la expulsión del condenado de origen peruano tras cumplir la mitad de la condena, así como la prohibición de regresar a España por 10 años. Estas medidas fueron establecidas luego de que la Audiencia Provincial de Navarra, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dictara sentencia contra el joven, de 24 años, por la violación de una menor de 14 años ocurrida en Pamplona en julio de 2024.

De acuerdo con el medio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial tomó en cuenta que el procesado deberá permanecer alejado de la víctima a una distancia mínima de 200 metros y no podrá comunicarse con ella durante los próximos 13 años. Además, tras cumplir la pena privativa de libertad, se le impondrá un régimen de libertad vigilada de 10 años. El tribunal también resolvió que la joven recibirá una indemnización de 15.000 euros por el daño moral causado.

La resolución judicial detalla que la noche de los hechos, en julio de 2024, el acusado coincidió con el grupo habitual de la menor de 14 años. En ese momento, el joven indicó a la víctima que tenía 17 años, aunque en realidad tenía 22. Hacia finales de ese mes, la menor había planeado pasar la noche en casa de una amiga. Tras salir de una discoteca de Pamplona, un contratiempo familiar impidió que la amiga cumpliera el plan, por lo que la menor se vio sin alojamiento para esa noche.

El procesado le ofreció entonces acudir a su propia vivienda. Conforme narra la sentencia, durante el trayecto le confesó a la víctima su verdadera edad, situación que produjo desagrado y sorpresa en la menor, quien manifestó su deseo de no mantener relación alguna. No obstante, accedió a ir con él por no disponer de otra alternativa de alojamiento en ese momento.

Una vez en la habitación que ocupaba el joven, relata el fallo judicial, él besó y realizó tocamientos a la víctima con su consentimiento. Posteriormente, cuando propuso tener relaciones sexuales completas, la menor rechazó la intención del acusado. A pesar de la negativa, el Juzgado estableció que el joven cometió el acto de agresión sexual utilizando la fuerza.

Antes del inicio del juicio, que tuvo lugar el 26 de noviembre, la fiscalía planteó inicialmente una solicitud de trece años de prisión por el delito de agresión sexual a menor de 16 años. Por su parte, la acusación particular pidió trece años y seis meses de cárcel, mientras que la defensa solicitó la absolución del acusado. Al comenzar la vista oral, el Ministerio Fiscal redujo su petición a ocho años de prisión y la acusación particular respaldó esta nueva solicitud. La defensa expresó su conformidad con la modificación de la petición penal.

Durante la audiencia, el procesado admitió los hechos descritos en el escrito de acusación, lo que llevó a que tanto la fiscalía como la acusación particular renunciaran a la práctica del resto de las pruebas propuestas. En consecuencia, el tribunal dictó sentencia ajustándose a los términos acordados entre las partes, reportó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La sentencia recogió expresamente las restricciones impuestas al condenado en relación con la menor, tanto en cuanto a comunicación y proximidad como las condiciones del tiempo que deberá estar sometido a vigilancia una vez excarcelado. También se puntualizó la obligación de indemnización y la imposibilidad de regresar a territorio español durante una década a partir de su salida del país.

El caso se inscribe en la categoría de delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refuerza la actuación de las autoridades judiciales en la imposición de medidas preventivas y punitivas, según remarcó la información detallada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Al abordar el impacto que puede tener la denuncia contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía en la confianza pública hacia el cuerpo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó la distinción entre la conducta individual y el conjunto de la institución. Según informó Europa Press, Torres afirmó que el caso involucra a una persona y no a todo el cuerpo, señalando que ninguna conducta individual, independientemente del alto cargo, debe empañar el desempeño de la Policía Nacional.

Durante una entrevista en Televisión Española, recogida por Europa Press, Torres defendió la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, respecto a la denuncia de violación presentada por una subordinada contra el exDAO. El ministro recordó que Grande Marlaska, tras conocer la gravedad de los hechos, exigió inmediatamente la dimisión del alto funcionario policial. De acuerdo con Europa Press, Torres sostuvo que el proceso judicial debe avanzar hasta sus últimas consecuencias y expresó su apoyo a la víctima.

En el transcurso de la entrevista, Torres también respondió a las críticas del Partido Popular (PP), cuyos dirigentes solicitaron la dimisión del ministro del Interior alegando que éste estaba al tanto de la denuncia y la ocultó. El titular de Política Territorial consideró que el PP no está en posición de dar lecciones, recordando la reacción del partido ante una denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles y la presunta intención de silenciar la acusación de una exconcejala. Europa Press detalló que Torres acusó al PP de cinismo e hipocresía, argumentando que, en ese caso, desde el Partido Popular se instó a la víctima a no hacer pública la denuncia.

Torres sostuvo que cuando se presentan hechos de tal gravedad, es imprescindible hacerlos públicos y que los responsables asuman las consecuencias legales correspondientes. El ministro declaró ante Europa Press que la conducta apropiada ante este tipo de casos fue la que tomó Marlaska de inmediato al conocerse la denuncia, añadiendo que eso hubiera debido hacer el PP en situaciones similares.

Sobre el respaldo que merece la víctima, Torres reiteró la necesidad de acompañarla en este proceso judicial. Resaltó la relevancia de no minimizar ni encubrir casos vinculados a delitos de naturaleza sexual y la importancia de una respuesta institucional diligente y contundente.

Europa Press también señaló que, según Torres, la capacidad de la sociedad para diferenciar entre comportamientos individuales y la labor global de las fuerzas policiales resulta clave para mantener la confianza pública. El ministro indicó que ese discernimiento permite valorar el compromiso mayoritario de los cuerpos de seguridad del Estado a pesar de acciones puntuales inaceptables.

En otro tramo de la entrevista, Torres abordó la tensa relación interna en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en relación al saludo frío entre el presidente Pedro Sánchez y el expresidente Felipe González durante un acto conmemorativo de la Constitución de 1978. Según reportó Europa Press, Torres reconoció el distanciamiento entre González y la dirección actual del partido, trasladándose esa situación a los encuentros personales entre ambos.

Torres instó a González a reflexionar, evocando las palabras del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien decía que un socialista debe alegrarse por los logros del PSOE y compartir su dolor en las derrotas. De acuerdo con Europa Press, el ministro defendió la necesidad de que todos los integrantes del partido trabajen con un objetivo común, evitando dar argumentos a sus rivales políticos mediante la exposición pública de las diferencias internas.

En sus declaraciones finales, Torres manifestó, siempre según Europa Press, que no acudiría a medios que, en su opinión, alimentan críticas al propio partido favoreciendo a la oposición. Añadió que la militancia socialista experimenta un malestar particular cuando afloran disputas internas a través de canales que refuerzan a los adversarios políticos.

El desarrollo del caso contra el exDAO de la Policía y la implicación de las fuerzas políticas en la gestión de denuncias ha reabierto la discusión sobre los procedimientos institucionales ante acusaciones de gravedad y el papel de la transparencia y la responsabilidad política. Europa Press puntualizó a lo largo de su cobertura las posturas enfrentadas de los partidos implicados y la relevancia de la respuesta del ministro Marlaska frente a la acusación a un alto mando policial.

La Fiscalía, citada por la agencia EFE, identificó que Montilla contactó a las mujeres mediante promesas de trabajos bien remunerados, llegando a ofrecer hasta cuatro millones de pesos colombianos (aproximadamente 1.000 dólares), con el propósito de ganarse su confianza. Según consignó la misma fuente, los encuentros eran pactados en el sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La víctima fatal, cuyo cuerpo se encontró sin vida el 8 de noviembre de 2024, fue citada bajo el pretexto de una oportunidad para desempeñarse como modelo. Al acudir al punto acordado, Montilla la condujo a una zona boscosa, donde cometió agresiones sexuales, la golpeó y terminó por asfixiarla.

El proceso judicial en curso señala que Montilla no solo es responsable del asesinato, sino que también ha sido vinculado con el ataque sexual contra otras siete mujeres bajo la misma modalidad de engaño. Según el expediente fiscal, esos casos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024 en sectores poco poblados de Bogotá. Las víctimas informaron que después de ser contactadas y acudir a las supuestas entrevistas de trabajo, fueron agredidas sexualmente, despojadas de sus pertenencias y finalmente abandonadas.

Durante la audiencia, el acusado aceptó cargos que incluyen feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General y señalado por EFE. Las confesiones y las pruebas recabadas fueron determinantes en la decisión de mantenerlo privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía advirtió que el caso no termina aquí, ya que en los próximos días Montilla enfrentará nuevas acusaciones relativas a otros ocho hechos que se enmarcan en delitos sexuales cometidos bajo patrones similares a los ya señalados. La investigación ha permitido identificar un modus operandi caracterizado por la utilización de anuncios falsos para captar a mujeres, teniendo como foco el aprovechamiento de la necesidad económica y la búsqueda de empleo de las víctimas.

Los hechos se inscriben en un contexto que, según EFE, movilizó a las autoridades a establecer estrategias para identificar conductas recurrentes vinculadas a redes de delitos sexuales y engaños mediante anuncios fraudulentos. La policía judicial y la Fiscalía han centrado su atención en Ciudad Bolívar, la zona donde se registraron los episodios delictivos más recientes, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones y dar con posibles cómplices o situaciones similares.

El caso ha implicado la recolección de testimonios, análisis de registros digitales y seguimiento de movimientos bancarios relacionados con los anuncios laborales que Montilla utilizaba para simular contrataciones, detalló la agencia EFE. A través de estos mecanismos, las autoridades lograron recopilar evidencia suficiente para formalizar los cargos y solicitar la reclusión preventiva del acusado.

En la audiencia, la Fiscalía General insistió en la importancia de desarticular estructuras y prácticas que faciliten la captación de víctimas mediante plataformas digitales y redes sociales, aprovechando el uso abusivo de sistemas informáticos como parte de los delitos procesados en este caso. Por el momento, Montilla permanecerá bajo custodia judicial y se esperan nuevas diligencias para ampliar el expediente con las denuncias adicionales.

De acuerdo con EFE, la noticia ha generado atención sobre prácticas de captación fraudulenta de mujeres en búsqueda de empleo, lo que llevó a la Fiscalía a reiterar el llamado para que la ciudadanía denuncie cualquier hecho relacionado con engaños de esta naturaleza. Las autoridades buscan evitar la repetición de estos crímenes e insisten en la colaboración de la comunidad para identificar posibles nuevos casos.

El expediente contra Montilla continuará en la etapa de investigación complementaria, mientras la Fiscalía prepara la acusación formal por los nuevos hechos ya identificados durante las indagaciones. El seguimiento a este proceso incluye el acompañamiento psicológico y legal a las víctimas sobrevivientes, quienes han aportado detalles relevantes que permitieron esclarecer la identidad del autor y la dinámica de los delitos. La prioridad de la Fiscalía y de la Policía Judicial, según consignó EFE, es avanzar en el esclarecimiento integral para evitar que situaciones similares se repitan.

El difícil, sino imposible, saber quién dijo la verdad sobre las últimas palabras de Johnny Frank Garrett antes de ser ejecutado con la inyección letal el martes 11 de febrero de 1992 en la Unidad Penal de Huntsville, Texas. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia Criminal de Texas “el delincuente se negó a hacer una última declaración”; en cambio, algunos periodistas que asistieron a la ejecución, entre ellos el enviado de APB News, incluyeron en sus crónicas una cita presuntamente textual: “Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besarme el culo”, habría dicho.

Johnny Frank Garrett tenía 28 años cuando fue ejecutado por un crimen cometido cuando apenas había cumplido 17 y era menor de edad. La noche del 31 de octubre de 1981, mientras los chicos de Amarillo, Texas, golpeaban disfrazados las puertas de las casas para pedir las tradicionales golosinas de Halloween, alguien violó y asesinó a Tadea Benz, una monja católica del Convento de San Francisco de esa ciudad. La hermana Tadea era una anciana de 76 años y apenas pudo oponerle resistencia a su asesino, que después de violarla la cosió a cuchilladas.

Entre las incontables traiciones del destino que Johnny Frank Garrett sufrió en su corta vida, quizás la peor haya sido que esa misma noche, pero más temprano, entró a robar al convento y alguien lo vio cuando se iba. Los peritos encontraron sus huellas dactilares por todas partes. Eso, sumado a que la policía ya lo había pescado varias veces por cometer pequeños robos y que era un chico de muy pocas luces, hizo que lo detuvieran el 9 de noviembre y los acusaran de la violación y el asesinato. En los interrogatorios, Garrett admitió de inmediato haber entrado a robar – y haber robado – pero negó una y otra vez haber matado a la monja. Para peor, cuando allanaron la casa donde vivía con su familia, los policías encontraron un cuchillo similar – de cocina, de una marca muy común – que el asesino había abandonado ensangrentado en la escena del crimen.

Con todo eso en su contra, nadie creyó en la inocencia de Johnny, que en los interrogatorios mostró tener múltiples personalidades, como la de su alter ego Aaron Shockman, y aseguraba que hablaba con fantasmas, como el de su difunta tía Bárbara. No consideraron que pudiera estar mentalmente trastornado, en todo caso pensaron que era un actor consumado que con esa puesta en escena intentaba escaparle al castigo. Le hicieron pericias psiquiátricas que pusieron en duda su cordura peo, de manera insólita, sus defensores no las presentaron en el juicio donde un jurado lo condenó de manera unánime a morir con una inyección de veneno en la sangre.

Durante una década, organizaciones opuestas a la pena capital, peritos psiquiátricos, Amnistía Internacional y hasta el papa Juan Pablo II pidieron por su vida sin éxito. Cuando lo ejecutaron tenía 28 años y seguía recibiendo la visita de su tía Bárbara y otros difuntos en su celda del pabellón de la muerte. La historia podría haber terminado ahí, con su muerte y un cúmulo de dudas sobre si al condenarlo no se había cometido una injusticia, hasta que en 2004 un análisis del ADN extraído de la evidencia encontrada en el lugar del crimen y sobre el cuerpo de la malograda hermana Tadea demostró que el asesino era otro. Para Johnny ya era tarde, porque sus huesos llevaban más de una década bajo tierra.

El secreto de Johnny

Johnny Frank Garrett nació en Amarillo en la nochebuena de diciembre de 1963, pero su llegada al mundo no fue la de un bendecido. Su infancia no tuvo nada de feliz: fue abusado sexualmente por sus padres y una de sus abuelas, que también lo entregaron para ser grabado en películas pornográficas. De todo eso, lo de las películas terminó siendo decisivo para que no pudiera defenderse durante el proceso judicial ni darles más peso a sus pedidos de clemencia luego de ser condenado. “Johnny estaba más aterrorizado de ser reconocido en las películas pornográficas que había hecho cuando era niño que de su inminente ejecución”, escribió en sus apuntes la psiquiatra forense Dorothy Lewis, que lo entrevistó varias veces mientras realizaba un estudio sobre catorce menores de edad condenados a muerte.

La doctora Lewis era una estudiosa del llamado trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple. Se la llamaba de manera asidua como testigo experta de la defensa durante los juicios de varios asesinos de alto perfil, donde sostenía que algunos asesinos eran impulsados a cometer sus crímenes por personalidades alternativas. Su teoría era y es objeto de controversias, aunque el caso de Johnny Garrett parecía encajar en ella casi a la perfección.

Al principio, Lewis creía que Garrett era esquizofrénico, tenía daño cerebral y estaba profundamente enfermo. Pero cuando lo vio en una entrevista televisiva hablando de cómo su difunta tía Barbara le habló en su celda, cambió su opinión y empezó a creer que tenía múltiples personalidades. Decidió entonces viajar a Huntsville para impedir su ejecución. “El Estado de Texas está a punto de ejecutar a un hombre loco por un acto cometido por un niño loco”, sostenía.

Pidió entrevistarlo nuevamente, antes de que se realizara una audiencia de clemencia, y en esos encuentros Garrett le habló de su personalidad alternativa, Aaron Shockman, que según el había aparecido en su vida después de ser golpeado por sus compañeros en quinto grado y de ser abusado sexualmente. Tenía terror, además, de que las películas pornográficas que lo habían obligado a filmar en su infancia salieran a la luz si ese secreto se conocía. Ante la junta de clemencia, la doctora Lewis aseguró que Garrett no estaba mentalmente apto para la ejecución y también exhibió grabaciones de sus entrevistas, donde se mostraban las supuestas personalidades múltiples del condenado.

No hubo clemencia

En coincidencia con la psiquiatra, los obispos católicos de Texas, que se oponían a la pena de muerte, intentaron detener la ejecución. “En el caso de Johnny Frank Garrett, creemos que los tribunales deberían tomar en consideración no solo que era menor de edad al momento del delito, sino también que existen pruebas, no admitidas en los procedimientos judiciales anteriores, de que sufrió daño cerebral, abuso infantil y adicción a las drogas”, escribieron en una declaración que se sumó a los pedidos de clemencia. Al mismo tiempo, desde Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II se sumó a los pedidos de clemencia.

Lo mismo hizo Amnistía Internacional en una carta a la gobernadora de Texas, Ann Richars en enero de 1992. “Johnny Garrett tiene un largo historial de enfermedad mental y abusos en la infancia, pero esta información no se puso a disposición del jurado durante su juicio, celebrado en 1982. Según los tres expertos médicos que le examinaron entre 1986 y 1992, Johnny Garret tiene graves trastornos mentales, lesiones en el cerebro y es un psicótico crónico. Según los informes, sufre alucinaciones paranoides, entre ellas, cree que la inyección letal que se utiliza en Texas para ejecutar a los presos no acabará con su vida”, decía el texto.

La gobernadora postergó la ejecución, pero solo por un mes. No volvió a hacerlo ante una nueva petición realizada el 6 de febrero de 1992 y seis días después Johnny Frank Garrett caminó por el corredor de la muerte como un dead man walking más para recibir la inyección letal. Aunque existen dudas sobre si Johnny pronunció o no sus últimas palabras, si se sabe con certeza qué pidió para su última cena. La comida de un chico: helado, mucho helado.

El ADN revelador

Doce años después de la ejecución, en respuesta a una presentación judicial, los forenses de la policía de Texas realizaron un análisis comparativo del ADN encontrado en el cuerpo de la hermana Tadea Benz y las muestras de los registros criminales. La prueba no dejó dudas. La muestra coincidió con la de Leoncio Pérez Rueda, un delincuente que ya estaba preso por un delito similar: la violación y el asesinato de una mujer llamada Narne Box Bryson.

Cuando lo interrogaron sobre el asunto, Pérez Rueda, que ya no tenía nada que perder, admitió que había violado y asesinado a una monja vieja en Amarillo, aunque no sabía su nombre ni recordaba bien la fecha. Después de esa confesión, la policía volvió a revisar las pruebas que había recogido de la escena del crimen y confirmaron que Pérez Rueda era el verdadero asesino de la monja.

Eso demostraba otra cosa: que Johnny Frank Garrett fue acusado sin pruebas irrefutables de un delito que no cometió e injustamente condenado a muerte y ejecutado. Sin embargo, todavía hoy, la justicia estadounidense no lo exoneró y en los papeles lo sigue considerando un criminal.

“A los tres días tuve que ir a urgencias porque me quería suicidar”, expuso la presunta víctima de la agresión sexual en Alpera durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Albacete. Este testimonio se produjo dentro del juicio que investiga los hechos ocurridos en 2021, cuando la mujer, de profesión limpiadora, denunció que fue violada, golpeada y amenazada de muerte por un hombre al que conocía de vista, ambos vecinos del municipio. De acuerdo con la información publicada por varios medios y detallada por la propia víctima ante el tribunal, el hombre habría intentado incluso arrojarla por la ventana y la amenazó: “Me dijo que si avisaba a la Guardia Civil me iba a matar”.

Según consignó el medio, la mujer relató que el acusado la llamó la mañana de los hechos para contratar sus servicios de limpieza doméstica. Ambos quedaron esa misma tarde en el domicilio del hombre, donde discutieron el precio del trabajo. Durante aproximadamente una hora, la víctima realizó las labores de limpieza y mantuvo una conversación superficial con el propietario. “Tuvimos una charla sin profundidad, pero lo noté un poco raro y me sentí incómoda”, declaró la mujer ante el tribunal. Cuando terminó sus tareas, el hombre le pagó 50 euros. En ese momento, indicó la denunciante, creyó que la cantidad era excesiva y se lo hizo saber, pero el acusado comenzó a arrojarle billetes y le propuso mantener relaciones sexuales, tratándola “como si fuera una puta”, según su declaración recogida en el proceso judicial.

La víctima afirmó que, ante su negativa, el acusado se tornó violento. Explicó ante los jueces que recibió dos bofetadas acompañadas de la orden de callarse. “Entonces hizo lo que quiso conmigo”, aseveró. En su relato, añadió que el hombre la llevó hasta el dormitorio tirándole del pelo, continuó golpeándola, le quitó la ropa por la fuerza y, aunque ella intentó resistirse, él la violó mientras profería insultos y le propinaba mordiscos. Para intentar preservar su vida, la denunciante contó que procuró aparentar sumisión hasta que el agresor se relajó. Cuando terminó el acto, ella le pidió permiso para salir a comprar tabaco y se fue del lugar sin volver la vista atrás.

Tras escapar, la víctima acudió al domicilio de una amiga, a quien explicó lo sucedido. La testigo, según relató ante el tribunal y consigna la información del medio, describió que la mujer llegó “con el pelo revuelto, muy nerviosa, llorando”. Añadió que le mostró varios arañazos bajo los pantalones y que la convenció para acudir a los servicios de urgencias y presentar la denuncia ante la Guardia Civil.

Los testimonios durante el juicio incluyeron a miembros de la Guardia Civil y a los forenses encargados de la exploración posterior a los hechos denunciados. El personal forense constató que la mujer presentaba una alteración significativa de su estado psicológico en el momento de la evaluación, aunque en su informe señalaron que no se observaron lesiones físicas de relevancia, salvo dos marcas localizadas en el cuello de la presunta víctima. La mujer, además, ha continuado recibiendo atención psicológica desde entonces, puesto que, según informó la psicóloga del Centro de la Mujer que la trata desde 2023, padece “un trastorno de estrés postraumático complejo”. Este estado, según el testimonio de la especialista, se ha visto agravado por la circunstancia de que el encausado continúa residiendo en la misma localidad y, según denunció la afectada, habría incumplido la orden de alejamiento.

Por su parte, el acusado negó los hechos ante la Audiencia Provincial de Albacete. Aseguró que el encuentro con la denunciante fue “consentido” y que en ningún momento existió violencia o coacción. Según su testimonio, mantuvieron una charla amistosa, que la mujer no realizó ninguna labor de limpieza, y que le entregó 50 euros en concepto de adelanto para un trabajo futuro. Negó haber ofrecido dinero a cambio de sexo y defendió que las marcas en el cuello de la mujer correspondían a “chupetones” que, dijo, “le gustaron”.

Durante la vista oral, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que solicita una pena de 10 años de prisión, una indemnización de 5.000 euros para la denunciante, y una multa de 6 euros diarios durante tres meses, por la presunta comisión de un delito de violación y un delito leve de lesiones. La acusación sostiene la versión de la víctima, mientras que la defensa insiste en que la relación fue consensuada y no existió ningún episodio violento ni amenazas, como reportó el medio.

En este contexto judicial, las declaraciones de la denunciante, de las testigos y de los profesionales sanitarios han centrado la atención sobre el impacto psicológico de los hechos alegados, así como el debate respecto a la existencia o no de lesiones físicas concretas. La presencia del acusado en el municipio y los presuntos quebrantamientos de la orden de alejamiento han añadido un elemento adicional que, según los informes psicológicos recogidos por la Audiencia y citados en la cobertura periodística, agrava el malestar emocional de la mujer. El juicio prosigue con la presentación de pruebas y alegatos sobre los hechos ocurridos en Alpera, Albacete, en 2021.