La justicia francesa confirmó este miércoles que Achraf Hakimi, defensor del París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, será sometido a juicio oral por violación, luego de que la Corte de Casación rechazara el recurso que el futbolista de 27 años había presentado para evitar el proceso.

La máxima instancia judicial de Francia desestimó el planteo de Hakimi por considerar que no existían argumentos de peso suficientes para admitirlo. “La Corte de Casación rechazó el recurso del acusado al determinar que ningún motivo serio era apto para su admisión”, indicó Bertrand Périer, abogado de la denunciante, en un comunicado reproducido por el medio Le Monde. De esta manera, la resolución cierra formalmente el proceso de apelaciones y despeja el camino hacia el juicio oral ante la Corte Criminal Departamental de Hauts-de-Seine.

El diario citado confirmó que el tribunal fue tajante y “no admitió” el recurso presentado por el capitán marroquí. “Achraf Hakimi será juzgado por violación”, reaccionó Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, en declaraciones recogidas por la publicación francesa.

Los hechos investigados ocurrieron el 24 de febrero de 2023, cuando una joven identificada con el nombre ficticio de Emma —que tenía 24 años en ese momento— denunció ante la policía que Hakimi la había violado en su domicilio de Boulogne-Billancourt, en la zona de los Altos del Sena, en París. Según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones de Versalles reproducido por Le Dauphiné Libéré, la mujer había conocido al futbolista en enero de ese año a través de Instagram y se había trasladado hasta su residencia en un vehículo de transporte solicitado por el propio jugador. La denunciante relató que el futbolista del PSG la besó y la tocó sin su consentimiento, y que finalmente la violó. Logró alejarse de él y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla. Pocos días después, el 2 de marzo, fue imputado.

Hakimi negó los cargos desde el inicio del proceso judicial y solicitó un sobreseimiento durante la audiencia ante la cámara de instrucción, en mayo,. La decisión de enviarlo a juicio, que en primera instancia dictó un juez del tribunal de Nanterre en febrero de 2026, fue ratificada en junio por la Corte de Apelaciones de Versalles —en pleno desarrollo del Mundial— y ahora respaldada por el máximo tribunal del país.

La secuencia judicial comenzó cuando la fiscalía de Nanterre solicitó en agosto de 2025 el envío del caso a juicio oral. El juez de instrucción recibió ese pedido en febrero de 2026 al entender que existían elementos suficientes para continuar con el proceso. Hakimi apeló esa resolución, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Versalles en junio, mientras disputaba el Mundial con la selección de Marruecos. La presentación ante la Corte de Casación representaba su último recurso disponible dentro del sistema judicial francés.

La fecha del juicio aún no ha sido fijada, aunque según se informó, podría celebrarse a principios de 2027. La decisión del tribunal no implica una condena: el jugador conserva la presunción de inocencia hasta que se emita un fallo definitivo.

En el plano deportivo, el lateral derecho del PSG atraviesa un momento de recuperación física: sufrió una distensión en el muslo derecho el 13 de septiembre durante el partido ante Brest por la Ligue 1, lo que lo marginó del clásico ante Marsella del 21 de septiembre y también lo dejará fuera del próximo compromiso de Marruecos por la clasificación para la Copa África 2027. El propio entrenador del club parisino, Luis Enrique, descartó forzar su regreso: “Lo primero que queremos es que el jugador esté en las mejores condiciones”, declaró tras el triunfo ante Marsella, según recogió Goal. Su retorno a las canchas se estima para el 10 de octubre. Pese a la lesión, Hakimi figura entre los nominados africanos al Balón de Oro 2026 y el PSG avanza en las negociaciones para renovar su contrato hasta junio de 2030.

Ahora, Braden Peters —su nombre real— enfrenta algo más grave que la controversia: una imputación penal en Massachusetts por hechos que, según los registros judiciales, ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en Cape Cod.

Los cargos, presentados el 8 de septiembre y revelados por The Bulwark a partir de expedientes judiciales, fueron confirmados por NBC News: Peters habría abusado sexualmente de una menor a la que previamente había suministrado alcohol y sustancias.

La causa tiene su correlato en una demanda civil que Aleksandra Vasilevna Mendoza —conocida como Alorah Ziva— presentó meses antes en el condado de Miami-Dade, Florida, y que describe con detalle lo que habría ocurrido esa noche.

Una demanda civil describe lo que habría ocurrido en Cape Cod

Según el escrito judicial de la demanda civil, Peters le pagó USD 1.000 a Mendoza —quien tenía 16 años en ese momento— con la promesa de grabar contenido que impulsara su carrera como creadora de contenido, y organizó su traslado hasta la residencia familiar en Cape Cod.

Una vez en la propiedad, Peters le habría suministrado “cantidades excesivas de alcohol” hasta dejarla en un estado de intoxicación que le impedía dar su consentimiento.

Esa misma noche mantuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba en ese estado y, a la mañana siguiente, la agredió sexualmente por segunda vez mientras dormía, también sin su consentimiento, según informó el New York Post en base a los documentos judiciales. Según la demanda, Peters no volvió a verla durante seis meses.

La demanda civil incluye además una acusación separada: Peters le habría inyectado Aqualyx —una sustancia para disolver grasa no aprobada en Estados Unidos, que según el expediente estaba mezclada con metanfetamina— en el rostro sin su consentimiento y durante un livestream, mientras Mendoza era aún menor de edad.

La defensa sostiene que Peters no fue notificado formalmente

El representante de Peters, Mitchell Jackson, afirmó que fue la propia Mendoza quien, junto a su abogado, acudió a la policía tras la presentación de la demanda civil, lo que derivó en la imputación penal.

“Braden Peters no fue notificado físicamente. Como siempre, The Bulwark está exagerando el estado de un caso para generar tráfico”, aseguró en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Peters no se refirió directamente a la imputación penal, pero sí reaccionó en X a la demanda civil de Mendoza. “Intentar llamar mi atención de cualquier manera, ¿una demanda? En serio... qué mezquino”, escribió en la plataforma.

El abogado del streamer presentó en julio una moción para desestimar varios puntos de la demanda civil. Jackson indicó que Peters estaba en condiciones de refutar las acusaciones.

Un año marcado por conflictos legales y episodios de riesgo

Los cargos penales se suman a una serie de incidentes que Peters protagonizó a lo largo de 2025. En abril, fue imputado en Florida junto a otras dos personas por disparar contra un caimán.

Él y uno de los coacusados se declararon culpables por descarga ilegal de arma de fuego en un lugar público; el tribunal los condenó a seis meses de libertad condicional y 20 horas de servicio comunitario, tal como informó NBC South Florida.

Ese mismo mes, Peters fue hospitalizado en Miami tras un aparente episodio de sobredosis. Al ser dado de alta, declaró en un livestream: “No voy a consumir más sustancias por un buen tiempo, con suerte para siempre”.

Quién es Clavicular y qué es el looksmaxxing

Peters construyó su notoriedad en internet alrededor del looksmaxxing, una tendencia entre hombres jóvenes centrada en maximizar el atractivo físico a través de distintas técnicas.

El diccionario Merriam-Webster la definió recientemente como “la práctica de adoptar una o más medidas, en ocasiones extremas o peligrosas, con el objetivo de aumentar el atractivo físico propio”.

Una de las prácticas que Peters popularizó es el bone smashing: golpear deliberadamente los huesos del rostro con un martillo bajo la creencia de que, al regenerarse, adoptarían una forma más estética. Especialistas en salud advirtieron que la técnica puede ser peligrosa y causar daños permanentes.

Peters aguarda la definición de la causa penal ante la justicia de Massachusetts, con una audiencia programada para el 14 de octubre.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, señalado como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años, así como de otros casos que están en investigación.

La detención se realizó en la zona 3 de la aldea Las Anonas, del municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por el delito de violación.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron el operativo junto con fiscales del Ministerio Público. Según las pesquisas, el hombre, de 51 años, ofrecía empleos a mujeres para conseguir su confianza antes de cometer los ataques.

La investigación sostiene que Herrera Moguel utilizaba amenazas, armas blancas, armas de fuego y fuerza física contra las víctimas. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias por otros hechos que tendrían características similares.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un automóvil, un cuchillo, tres teléfonos celulares y dos tarjetas bancarias. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para ampliar la investigación sobre los casos denunciados.

El vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, destacó el papel de las víctimas que presentaron denuncias y permitió que se activaran los mecanismos de investigación. “Hoy se ha hecho justicia para mujeres valientes que se atrevieron a denunciar”, afirmó el portavoz al referirse a la captura.

Mateo sostuvo que la detención fue resultado del trabajo conjunto entre los investigadores de la DEIC y el Ministerio Público. También pidió a posibles víctimas de delitos sexuales que se acerquen a las instituciones para denunciar, pese a las dificultades que puedan enfrentar durante ese proceso.

El detenido tiene nueve antecedentes policiales por violación, robos y hurtos

Las autoridades informaron que Herrera Moguel registra nueve antecedentes policiales por delitos de intento de robo, violación, robo agravado, violación en grado de tentativa, robo y hurto.

Los antecedentes forman parte de los datos revisados por los investigadores, mientras la PNC busca establecer si el detenido puede estar vinculado con otros ataques. La institución no precisó cuántas denuncias adicionales analiza ni si existen nuevas órdenes judiciales en trámite.

La DEIC cuenta con personal especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer, que trabaja con el Ministerio Público para dar seguimiento a las denuncias. El portavoz policial señaló que cada reporte puede permitir la activación de medidas de protección y facilitar la identificación de nuevos hechos.

En julio detuvieron a otro presunto violador serial vinculado con cerca de 20 casos

La captura de Herrera Moguel ocurrió meses después de otro operativo contra un presunto violador serial en Guatemala. En julio de 2026, agentes de la DEIC detuvieron a Luis David López Juárez, de 43 años, durante un allanamiento en el cantón Cabañas, municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retalhuleu.

Contra López Juárez pesaban tres órdenes de aprehensión. Una de ellas había sido autorizada el 7 de julio de 2026 por un juez, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Fuentes policiales lo vincularon con al menos 20 casos de agresión sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango. En el procedimiento, los agentes hallaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, prendas de ropa interior femenina y botas de tipo militar.

Jorge Petrozzi, abogado del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja que fue víctima de agresión sexual, denunció que el colegio aún no identificó ni denunció a los adultos que viajaban en el bus donde ocurrió la agresión sexual.

En declaraciones a RPP, el abogado defensor sostuvo que la identificación de quienes estaban a cargo del traslado es el siguiente punto de la estrategia de la familia. Según indicó, en la unidad viajaban dos docentes y el chofer, aunque hasta ahora no fueron individualizados públicamente ni denunciados.

Petrozzi afirmó que la familia buscará determinar quiénes eran esas personas si las autoridades educativas no informan sus identidades.

“Tenemos, primeramente, que comenzar por la identificación de esos adultos, porque lamentablemente, hasta ahora, ni el Liceo Naval ni ninguna autoridad ha tomado alguna acción proactiva en el sentido de denunciar a esos adultos”, indicó al medio radial.

Familia espera medidas del Minedu

Petrozzi señaló que espera conocer las medidas que adoptarán la nueva dirección del colegio y el Ministerio de Educación, que asumió el control de la institución mediante un decreto publicado el viernes en una edición extraordinaria de El Peruano. También advirtió que la familia actuará aun si otras entidades omiten hacerlo.

“Identificaremos a estas personas, vamos a denunciar definitivamente, sin perjuicio de que lo pueda hacer la Dirección de Bienestar, el colegio, el Ministerio de Educación, quien sea que lo tenga que hacer o que no lo haga, lo vamos a hacer nosotros”, afirmó Petrozzi.

El abogado cuestionó, además, que ni él ni los representantes legales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pudieran ingresar a la audiencia en la que se dictó el internamiento de los seis investigados. Dijo que revisaría la resolución judicial antes de definir los recursos que presentará.

“La jueza no nos permitió el ingreso, a pesar de que la ley manda que sí debemos estar presentes en todas las audiencias”, declaró. Petrozzi añadió que atribuye la decisión judicial a una posible interpretación de la protección de los menores de edad y descartó que la magistrada hubiera actuado de mala fe.

Colegio sabía de casos de acoso, pero no los frenó

Petrozzi sostuvo que la agresión no fue un episodio aislado, sino el resultado de un acoso escolar previo conocido dentro del Liceo Naval, cuyas autoridades tendrían posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas por su actuación.

“Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía. El colegio no ha protegido a este menor”, dijo el abogado. Aseguró que el bullying, el acoso y el abuso eran conocidos por estudiantes y docentes, y que por ese motivo la identidad de los presuntos autores no generó sorpresa tras los hechos.

Petrozzi también señaló que, de acuerdo con la información reunida hasta ahora, el objeto usado durante la agresión habría estado en el bus como parte de los implementos de limpieza de la unidad. “Parece que lo que han hecho es han visto el palo de escoba y han dicho: ‘Este es el arma que vamos a utilizar’”, manifestó.

El abogado afirmó que la familia de la víctima no recibió contacto de directivos del colegio para brindar apoyo al escolar. La única instancia con la institución fue una reunión en la que se firmó un acta, que el abogado calificó como un trámite administrativo sin medidas concretas de acompañamiento para la víctima.

“Lo único que hubo fue una reunión similar a la que citan a un papá para decirle que su hijo se porta mal o que tiene malas notas”, afirmó. Según su versión, el avance inicial del caso se produjo después de que el padre acudió a la comisaría de San Borja para pedir la intervención policial.

Petrozzi señaló que la máxima sanción aplicable a los adolescentes involucrados podría alcanzar ocho años, según su interpretación de la norma. También afirmó que solicitará a la fiscalía una investigación rápida y que la defensa participará activamente en el proceso bajo conducción del Ministerio Público.

En medio de las investigaciones, padres de familia participaron este jueves 17 de septiembre en una reunión convocada con los comités de aula, donde reclamaron medidas concretas por parte de las autoridades del colegio. Durante el encuentro, uno de los padres sostuvo que la comunidad educativa está cansada de escuchar explicaciones y pidió acciones frente a la situación que atraviesa el plantel.

Padres piden medidas concretas

“Necesitamos ver acciones. No sé si la expulsión es la solución. Creería que sí”, manifestó uno de los padres durante la reunión, mientras otra madre respaldó su posición. El padre sostuvo que la situación no se limita al estudiante afectado y cuestionó que anteriormente no se hayan adoptado medidas. “El problema es que se ha llegado a esto porque antes no se hizo. Porque no se puso orden”, afirmó.

Durante su intervención, comparó las normas actuales con las que, según recordó, se aplicaban cuando él era estudiante. También cuestionó a algunos padres que, de acuerdo con su versión, presentan denuncias contra profesores por las medidas que adoptan con los alumnos.

Asimismo, afirmó que estas denuncias dificultarían la labor de los docentes y su capacidad para supervisar a los estudiantes. Según señaló, algunos profesores acumularían numerosas denuncias. Sus declaraciones fueron respaldadas con aplausos por otros padres y madres presentes en la reunión.

Un grupo intimida a profesores

Durante la reunión, uno de los padres de familia cuestionó la relación entre algunos padres y los docentes del colegio. Según afirmó, un grupo reducido de familias estaría presentando reiteradas quejas y denuncias contra profesores, situación que, desde su perspectiva, estaría dificultando el ejercicio de la disciplina en el plantel.

“Son un grupo reducido, que denuncian a los profesores hasta porque se les paró la clase a su hijo”, manifestó. Luego, cuestionó la cantidad de procesos que, según sostuvo, enfrentarían algunos docentes: “Que se conozcan, que se sabe quiénes son, que tienen a profesores denunciados. 20 denuncias, 30 denuncias. ¿De qué estamos hablando?”.

El padre también relató el caso de un docente que, según dijo, tendría reparos para supervisar a los estudiantes en los baños por temor a ser denunciado. “¿Cómo puede ser que en un colegio un profesor me diga a mí que no puede entrar al baño de hombres a supervisar que los chicos estén vapeando o que no estén violando a nadie, porque después viene el papito de uno de ellos a denunciarlo por acoso sexual?”, señaló.

Drogas, armas y violencia

En otro momento de su intervención, el hombre enumeró una serie de situaciones que, según afirmó, se habrían presentado previamente en el colegio. Entre ellas mencionó problemas relacionados con “drogas, armas, agresiones físicas, violencia, violencia contra los profesores” y otros presuntos casos de conducta sexual inapropiada.

También cuestionó las dificultades que tendrían algunos profesores para supervisar a los estudiantes en determinados espacios del colegio. “Esto es lo que queremos, acciones concretas”, sostuvo, al pedir que las autoridades expliquen cuáles serán las medidas que se adoptarán frente a las situaciones denunciadas.

Los padres también cuestionaron la comunicación entre la dirección del colegio, la Marina de Guerra del Perú y las familias. Según el testimonio expresado durante la reunión, la comunidad educativa necesita conocer qué acciones se implementarán para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Panamá registró 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y agosto de 2026, unas 527 más que las 4,072 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento interanual fue del 13%, según cifras preliminares del Ministerio Público, que pueden variar conforme avancen las investigaciones.

El delito más denunciado fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18, con 1,733 registros. Esta categoría concentró el 37.7% del total y experimentó uno de los mayores aumentos interanuales, al superar en 370 casos los 1,363 reportados hasta agosto de 2025.

Las denuncias por violación ocuparon el segundo lugar, con 1,522 registros durante los primeros ocho meses del año. A diferencia de la tendencia general, esta cifra mostró una reducción marginal del 0.3%, equivalente a cuatro casos menos frente a 2025. La violación doblemente agravada también disminuyó, al pasar de 185 a 177 denuncias.

Los actos libidinosos constituyeron el tercer delito más frecuente, con 771 denuncias y un crecimiento interanual del 15%. Agosto presentó 138 registros, la cantidad mensual más alta del periodo. La estadística no diferencia cuántos correspondieron a conductas agravadas, pero varios procesos divulgados por el Ministerio Público involucran a menores de edad.

Entre ellos figura el caso de un hombre de 71 años, a quien un tribunal ordenó detención provisional por actos libidinosos agravados contra una menor en La Chorrera. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2021. Este proceso, anunciado en septiembre, no necesariamente integra las cifras cerradas al 31 de agosto.

La corrupción de personas menores de edad sumó 253 denuncias, un 23% más que las 206 de 2025. También aumentaron los casos relacionados con pornografía infantil, que pasaron de 43 a 64, una subida del 49%. En cambio, la posesión de ese material disminuyó de 25 a 23 registros.

Otros delitos tuvieron una incidencia menor: se reportaron 30 denuncias por acoso sexual, ocho por explotación sexual y otras ocho por relaciones sexuales remuneradas con personas de entre 14 y 17 años. Además, se registraron seis hechos por exhibición de materiales pornográficos a menores incapaces o con discapacidad y dos por turismo sexual.

La distribución territorial muestra que Panamá encabezó los registros con 919 denuncias, seguido de Chiriquí con 724 y Panamá Oeste con 620. La comarca Ngäbe Buglé contabilizó 564 y Bocas del Toro, 456. Estas cinco áreas reunieron 3,283 casos, equivalentes al 71.4% del total nacional.

Los mayores crecimientos porcentuales ocurrieron en Guna Yala, donde las denuncias aumentaron 89%, al pasar de 19 a 36, y en Herrera, con un incremento del 44%, de 64 a 92. En Ngäbe Buglé subieron 34% y en Panamá Oeste, 18%. Las reducciones más marcadas aparecieron en Emberá, Colón y Los Santos.

Mayo y julio fueron los meses con más denuncias, al registrar 685 y 706, respectivamente, mientras que febrero presentó la menor cantidad, con 416. Agosto cerró con 676 hechos denunciados, el segundo resultado mensual más elevado, señal de que la presión sobre las fiscalías se mantuvo durante el cierre del periodo.

La gravedad de estas conductas también aparece en las condenas obtenidas. En septiembre, un hombre de 37 años recibió 12 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años en Tolé, Chiriquí. El hecho ocurrió en octubre de 2023, cuando la víctima se dirigía a su residencia y fue sometida mediante violencia e intimidación, según la Procuraduría.

En términos generales, 4,233 de las 4,599 denuncias correspondieron a violación y otros delitos sexuales, lo que representa el 92% del total. Las otras 366 se relacionaron con corrupción de menores, explotación sexual comercial y diversas conductas asociadas, de acuerdo con la clasificación utilizada por el Ministerio Público.

La denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, abrió una investigación a cargo de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. Según el Ministerio Público, 10 adolescentes de quinto de secundaria fueron retenidos y permanecen bajo investigación mientras se realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Al tratarse de presuntos involucrados menores de edad, el caso se encuentra bajo el sistema de justicia penal juvenil y no ante la justicia penal ordinaria para adultos. La Fiscalía dispuso diligencias como la declaración de la presunta víctima en cámara Gesell y la recopilación de testimonios de los adolescentes intervenidos. La situación jurídica de cada uno deberá determinarse individualmente conforme avance la investigación y se establezca su eventual participación en los hechos.

¿Qué establecía la Ley 32330?

El escenario legal fue distinto durante la vigencia de la Ley 32330, publicada el 10 de mayo de 2025. La norma modificaba el artículo 20 del Código Penal para establecer una excepción a la regla que consideraba exentos de responsabilidad penal a los menores de edad. Así, los adolescentes de 16 y 17 años que cometieran determinados delitos pasarían a ser sujetos de responsabilidad penal ordinaria. Entre los delitos contemplados estaba la violación sexual prevista en el artículo 170 del Código Penal, además de otros delitos graves.

La norma también modificaba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y estableció disposiciones específicas para los adolescentes de distintas edades. En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años incluidos en el nuevo régimen, la consecuencia jurídica dejaba de ser la responsabilidad penal especial del sistema juvenil y pasaba a ser la responsabilidad penal ordinaria.

¿Por qué el TC declaró inconstitucional la norma?

El Tribunal Constitucional resolvió las demandas presentadas contra la Ley 32330 y declaró inconstitucionales los extremos que incorporaban a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario. El TC sostuvo que la edad mínima de imputabilidad penal es de 18 años y que los adolescentes de 16 y 17 años a quienes se atribuya una infracción a la ley penal deben ser juzgados y sancionados dentro del sistema penal juvenil.

Uno de los argumentos centrales del fallo fue que no resulta compatible con la Constitución que personas menores de 18 años sean procesadas y condenadas dentro del sistema penal de adultos y cumplan sus sentencias en establecimientos penitenciarios para adultos. El TC consideró que la protección especial de los adolescentes exige un sistema especializado, y señaló que las medidas introducidas por la Ley 32330 no cumplían con ese estándar.

Régimen para adolescentes

A partir de la decisión del TC, las investigaciones contra adolescentes de 16 y 17 años deben tramitarse bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con intervención de las autoridades especializadas en justicia juvenil. El Tribunal también dispuso que los procesos que hubieran sido tramitados bajo el Código Procesal Penal de 2004 contra adolescentes de esas edades fueran reconducidos al sistema especializado.

Esto significa que, si alguno de los investigados en el caso del Liceo Naval tiene 16 o 17 años, una eventual responsabilidad no se traduciría en una pena de cárcel bajo el régimen de adultos. El sistema juvenil contempla medidas socioeducativas y, dependiendo de la infracción, de la edad y de lo que determine el juez, puede incluir internamiento en un centro juvenil. La existencia de una investigación, sin embargo, no implica que los adolescentes sean responsables: esa determinación corresponde a las autoridades competentes luego del debido proceso.

Alejandro Muñante cuestiona el fallo del TC

A través de sus redes sociales, senador Alejandro Muñante, quien es coautor de la Ley 32330, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional y vinculó el caso del Liceo Naval con su posición a favor de establecer responsabilidad penal ordinaria para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. En una declaración difundida sobre el caso, sostuvo que lo ocurrido demostraría, a su juicio, la necesidad de modificar nuevamente el régimen.

Muñante señaló que la normal buscaba establecer penas de entre seis y ocho años para adolescentes de 16 y 17 años que cometieran delitos graves y afirmó que el Poder Judicial demandó su inconstitucionalidad antes de que el TC declarara inconstitucionales los extremos cuestionados. Asimismo, anunció que desde el Senado buscará impulsar nuevamente una norma de ese tipo y cerró su pronunciamiento con la frase: “Delito de adulto, pena de adulto”.

La agresión habría ocurrido el lunes 15 de septiembre durante el viaje de retorno de una actividad de futsal. Según la versión recogida por ATV, los ocho alumnos de quinto de secundaria habrían obligado al estudiante de cuarto año a detenerse dentro del vehículo y habrían utilizado un objeto durante el episodio, que la Fiscalía investiga como una presunta agresión contra la libertad sexual del menor.

La familia presentó la denuncia en la comisaría de San Borja la noche del martes 16. Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional acudieron al plantel durante el horario escolar e intervinieron a diez escolares, que todavía vestían el uniforme de educación física —serían parte del equipo sub-17 de futsal— cuando fueron trasladados a la dependencia policial. Los menores permanecen allí acompañados por sus padres mientras se desarrollan las diligencias.

¿Estaban bajo supervisión adulta al momento de la agresión sexual?

Según los primeros datos de la PNP, el chofer y el docente a cargo habrían bajado del vehículo dejando a algunos alumnos adentro. La ministra de la Mujer, María Seminario, descartó que el grupo viajara sin supervisión adulta, pero reconoció que las circunstancias precisas deberán establecerse a partir de las declaraciones de cada involucrado. En declaraciones a RPP, cuestionó que el hecho hubiera ocurrido pese a la presencia de docentes: “Cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad porque, efectivamente, los niños iban en el bus acompañados de profesores”.

Sobre el número de implicados, la Fiscalía confirmó que se tratan de 10 menores adolescentes los implicados en la presunta agresión al menor.

Alumnos intervenidos dentro del colegio

La familia de la víctima afectado presentó la denuncia durante la noche del martes, luego de conocer lo ocurrido durante el traslado. De acuerdo con la información difundida por ATV, los ocho alumnos señalados como presuntos implicados fueron intervenidos por la Policía dentro del colegio.

Los estudiantes, quienes serían parte del equipo sub-17 de futsal, todavía vestían el uniforme de educación física cuando fueron trasladados a la dependencia policial. Según el reporte, podrían permanecer retenidos durante las primeras 48 horas desde el momento en que la Policía llegó a la institución, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Familia investiga los hechos

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el caso y dispuso las primeras actuaciones. El adolescente ya pasó por el examen de medicina legal. La ministra Seminario se negó a revelar el contenido del informe por razones de confidencialidad: “No puedo dar el informe completo por confidencialidad”. Además, se realizará una entrevista en cámara Gesell, diligencia reservada por el momento solo a la víctima. Aún no hay fecha definida para que los diez adolescentes identificados como presuntos agresores pasen por el mismo procedimiento.

El penalista Luis Lamas Puccio explicó que la investigación podría extenderse entre 120 y 140 días, según los resultados de los exámenes técnicos y las declaraciones de los estudiantes. “Si es que hay evidencias y se llega a corroborar que efectivamente se ha tratado de un acto grave, como podría haber sido la violación, conforme está establecido en los parámetros médicos, una investigación de esta naturaleza podría durar entre 120 y 140 días”, precisó.

Lamas Puccio subrayó además que, al tratarse de menores de edad tanto la víctima como los implicados, el caso no se tramita en el fuero penal ordinario: “Esto tiene que ser ventilado a través del Código del Niño y Adolescente y un juzgado de familia”. Si se confirma una conducta grave, los infractores podrían recibir medidas socioeducativas que incluyen restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años.

Minedu activó protocolo ante la denuncia

Según la versión recogida por ATV, los ocho alumnos de quinto de secundaria habrían obligado contra su voluntad al estudiante de cuarto de secundaria a detenerse dentro del bus. Asimismo, se habría utilizado un objeto durante el hecho denunciado, que es investigado como una presunta agresión contra la libertad sexual del menor.

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación (Minedu) activó el protocolo 4, relacionado con la convivencia en las instituciones educativas y las medidas de protección para los estudiantes. Cornelio González Torres, exdirector regional de Educación de Lima Metropolitana, señaló que la Policía tiene identificados a ocho involucrados y que se realizará un procedimiento riguroso. También indicó que el Ministerio Público participa en las investigaciones.

MIMP brinda asistencia a víctima

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico a un adolescente de 16 años que habría sido víctima de violencia sexual por parte de ocho compañeros dentro del Liceo Naval, ubicado en San Borja. Según Andina Noticias, la atención está a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan.

Asimismo, un equipo multidisciplinario del programa participará en las diligencias que programe la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes. El MIMP rechazó cualquier acto de violencia y exhortó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y debida diligencia.

Liceo Naval anuncia medidas disciplinarias

A través del Comunicado N.° 183-2026-LNAG/DIR, emitido el 16 de septiembre, el Liceo Naval informó que actuó de manera inmediata ante el hecho denunciado y que viene realizando las coordinaciones con los órganos competentes para facilitar las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

La institución señaló que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. Además, precisó que, de comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente y el reglamento institucional.

Padres convocan plantón en San Borja

El colegio también comunicó que viene adoptando medidas y realizando cambios destinados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Según la institución, estas acciones buscan prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la integridad y el bienestar de los alumnos.

En paralelo, los padres de familia del estudiante afectado y de otros escolares convocaron a un plantón en los exteriores del colegio, ubicado en San Borja. La manifestación está prevista para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 8 de la mañana.

El Liceo Naval pidió a las familias mantener la calma, actuar con prudencia y evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias. La institución reiteró su compromiso con una comunidad educativa basada en el respeto, el buen trato y una convivencia segura.

Qué dice la norma ante una agresión sexual en el colegio

El caso del Liceo Naval volvió a poner en debate los procedimientos que deben activarse cuando se denuncia una presunta violencia sexual contra un estudiante. La referencia vigente es la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU, publicada el 29 de agosto de 2025, que actualizó el Anexo 3 de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, aprobados mediante el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU.

Los procedimientos alcanzan a colegios públicos y privados, y distinguen entre agresiones entre alumnos, denuncias contra personal educativo y situaciones que involucren al entorno familiar o comunitario. La dirección del plantel y el responsable de convivencia escolar deben tomar acciones de resguardo para el alumno y asentar la denuncia en el Libro de Registro de Incidencias, preservando la confidencialidad y consignando solo las iniciales de la persona afectada.

El episodio también debe registrarse en el portal SíseVe, plataforma que permite comunicar de forma confidencial agresiones físicas, psicológicas o sexuales contra alumnos y hacer seguimiento a la respuesta de las instancias educativas. Si hay indicios de un delito contra la libertad sexual, la intervención no puede quedar restringida al ámbito escolar: los lineamientos contemplan informar a la comisaría o al Ministerio Público y derivar a la víctima a servicios de salud o protección cuando sea necesario.

El marco normativo prioriza que el alumno no repita innecesariamente su relato ante distintas personas, y establece una actuación oportuna con acompañamiento socioemocional, continuidad educativa y coordinación con el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Si la persona denunciada es docente, directivo, auxiliar o trabajador del colegio, pueden aplicarse medidas de separación preventiva previstas en la Ley N.° 29988 en un plazo máximo de 48 horas desde que la autoridad toma conocimiento, con notificación al involucrado en un plazo de cinco días hábiles.

La violencia escolar en cifras

El caso del Liceo Naval no es un hecho aislado. Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe registró 11.805 reportes de violencia escolar en todo el país, la cifra más alta para ese período desde que existen registros. De ese total, 8.156 corresponden a hechos entre escolares —un incremento de 18,5% frente a los 6.880 del mismo período de 2025—, con los casos de violencia sexual como la categoría de mayor crecimiento: 35,4% más reportes en un año. Las agresiones físicas aumentaron 16,5% y las psicológicas, 15,3%.

Los estudiantes también aparecen como víctimas de personal de las propias instituciones: SíseVe registró 3.649 reportes de violencia ejercida por docentes, directivos, auxiliares u otros trabajadores contra alumnos entre enero y agosto de 2026. De ese total, 1.972 corresponden a violencia psicológica, 861 a violencia sexual y 816 a violencia física.

Un estudio de la DREM y la Escuela de Carácter y Ciudadanía señala que el 36% de los estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana presenta problemas de salud mental y requiere atención médica, e identifica entre los factores de riesgo la convivencia escolar y el bullying.

Los casos más graves registrados en 2026 ilustran el alcance del problema. En Huancayo, un escolar de 13 años murió tras ser atacado con un arma blanca por otro estudiante; su familia había señalado antecedentes de bullying. En Arequipa, un adolescente de 16 años sufrió cortes en el rostro tras ser presuntamente atacado por excompañeros durante una fiesta, con un vaso de vidrio, en un episodio que su madre vinculó a meses de acoso. También en Huancayo, un estudiante del colegio Mariscal Castilla habría sido atado de pies y manos con cintas de embalaje, amordazado y golpeado por dos compañeros; el ataque habría sido grabado en video. En San Juan de Lurigancho, otro escolar terminó en una unidad de cuidados intensivos tras ser golpeado y apuñalado cerca de su institución educativa.

Dónde pedir ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atiende a víctimas, familiares y testigos de casos de violencia a través de la Línea 100, servicio gratuito y confidencial. Los Centros Emergencia Mujer y Familia ofrecen acompañamiento psicológico, asesoría legal y apoyo social.

Ante una emergencia o riesgo inmediato, la Policía Nacional del Perú atiende llamadas al 105 y recibe denuncias en cualquier comisaría. Los casos de violencia física, psicológica o sexual en el entorno escolar pueden reportarse de forma confidencial en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, a través del correo siseve@minedu.gob.pe o al WhatsApp 991 410 000. Ante la diferencia entre los números gratuitos que consignan distintas páginas oficiales —0800 77090 en Gob.pe y 0800 76 888 en el sitio de SíseVe—, se recomienda confirmar el canal vigente por la vía virtual antes de realizar la comunicación.

La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al caso de presunto abuso sexual por parte de alumnos del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja y solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinde el apoyo necesario a la víctima.

“Exhortamos al MIMP brindar al menor de edad el soporte legal, psicológico y social que requiera. Además, se insta a la UGEL 7 su pronta intervención en dicho centro educativo, según lo dispuesto en los lineamientos para la prevención y atención de la violencia escolar del Ministerio de Educación, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares”, indicó la institución en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La ministra de la Mujer, María Seminario Marón, afirmó que el Liceo Naval Almirante Guise y los estudiantes implicados deberán asumir su responsabilidad ante la denuncia de presunta violencia sexual contra un alumno de 16 años durante un viaje escolar en San Borja. La funcionaria reclamó celeridad en las diligencias de la Fiscalía y la Policía para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

“Los profesores y el colegio en sí mismo tendrá que asumir la responsabilidad correspondiente. Hacemos un llamado a las familias y colegios en general sobre la atención que deben tener sobre estas conductas de sus alumnos. Hay que tener atención, prevenir esto, tiene que haber habido algunas señales anteriores a este hecho”, indicó a RPP.

Los padres del adolescente afectado y de otros escolares convocaron a un plantón frente al colegio para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, desde las 8:00. Los padres anunciaron la manifestación mientras avanzan las actuaciones de las autoridades por el hecho denunciado.

La Policía intervino a ocho alumnos de quinto de secundaria dentro de la institución educativa y los trasladó a la comisaría de San Borja acompañados por sus padres, informó ATV. Los escolares podrían permanecer retenidos durante las primeras 48 horas de diligencias.

Sobre los menores involucrados, la ministra Seminario señaló que la investigación debe avanzar con rapidez pese a que todos son adolescentes. “Esperamos que haya celeridad en la investigación y se tomen las sanciones pertinentes. Todos son menores de edad; sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad”, afirmó.

La ministra indicó que el adolescente pasará por el proceso fiscal y pidió que las medidas se definan en el menor plazo posible. “Esto no se puede permitir”, enfatizó.

Apoyo legal y psicológico a la víctima y su familia

Seminario aseguró que su cartera atendió a la víctima y a sus familiares desde que se presentó la denuncia en la comisaría de San Borja. El acompañamiento legal y psicológico continúa mediante el Centro Emergencia Mujer de Bellavista.

La atención también está a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan, cuyo equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía. La Defensoría exhortó al MIMP a garantizar el soporte legal, psicológico y social requerido, y pidió a la UGEL 7 intervenir en el centro educativo para prevenir hechos similares.

El Liceo Naval señaló en un comunicado interno dirigido a los padres de la víctima que brinda facilidades para las investigaciones. “La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional”, indicó la institución.

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

La Fiscalía investiga una presunta agresión sexual que involucra a ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja durante el traslado de una actividad deportiva.

La investigación podría extenderse entre 120 y 140 días si los elementos reunidos permiten corroborar un acto de la gravedad que se indaga, según explicó el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, quien también afirmó que el plazo de las diligencias dependerá de los resultados de los exámenes técnicos y de las declaraciones de los estudiantes involucrados.

“Si es que hay evidencias y se llega a corroborar que efectivamente se ha tratado de un acto grave, como podría haber sido la violación, conforme está establecido en los parámetros médicos, una investigación de esta naturaleza podría durar entre 120 y 140 días. Dependerá también mucho cuál va a ser no solamente la verificación o la constatación, sino también el nivel de sinceramiento y de reconocimiento puede haber por parte de los menores para que esto evidentemente sea conducido dentro de los plazos”, afirmó en declaraciones a Latina.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles, confirmó que la Policía detuvo a ocho adolescentes involucrados, aunque evitó precisar la condición de cada uno y remitió esos detalles a las autoridades a cargo de las diligencias. La Dirección Regional de Educación activó el protocolo cuatro, referido a la convivencia en las instituciones educativas.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima acudió a la comisaría de San Borja e inició las actuaciones del caso. La indagación se desarrolla bajo reserva por tratarse de menores de edad, tanto por la protección de la presunta víctima como por los derechos de los estudiantes intervenidos.

Colegio afirma que se trató de una “agresión física”

En un comunicado publicado el miércoles 16 de septiembre, la dirección del colegio describió el episodio ante los padres de familia y afirmó que se trató de un “grave hecho de presunta agresión física ocurrido recientemente entre estudiantes durante el traslado de una actividad deportiva programada, la institución ha actuado de manera inmediata”.

El documento señaló que el plantel realiza coordinaciones con los órganos competentes y que brindará facilidades para el esclarecimiento de los hechos. También afirmó que aplicará medidas disciplinarias si se establecen responsabilidades conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional.

“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional. Asimismo, la institución viene adoptando medidas y realizando cambios orientados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de nuestros estudiantes con el propósito de prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar su integridad y bienestar”, indicó el comunicado

Gonzáles sostuvo que el Ministerio de Educación interviene sin distinguir si los alumnos pertenecen a un colegio estatal o privado. Al referirse al procedimiento activado para este caso, indicó: “Queremos esperar todavía las diligencias”.

El examen médico legal definirá si hubo violación o tocamientos

Luis Lamas Puccio planteó que la primera diligencia debe determinar la naturaleza del hecho denunciado. El penalista explicó que una eventual violación requiere una constatación médico-legal que permita establecer si existió penetración o si se trató de tocamientos con relevancia penal.

Al describir la prueba que orientaría esa calificación, el abogado señaló: “La única manera de poder verificar en un primer momento es a través de lo que se pueda determinar mediante un examen médico legista”.

“Una cosa es lo que se está manifestando con cierta justificación y otra cosa es lo que tiene que constatarse, a ver si efectivamente bajo qué condiciones, en qué términos, cuáles habrían sido los niveles de participación de cada uno de los menores y poder reconstruir en alguna medida, sustentado en estos documentos técnico-periciales, para poder encuadrar el tema si se trató o no se trató efectivamente de un acto de violación o, de lo contrario, se habría tratado de actos de tocamiento sexual, que también tienen connotaciones de responsabilidad penal (...)”, afirmó a Latina.

La investigación también debe recoger las versiones de los menores y reconstruir las condiciones en que ocurrió el episodio, según el especialista. Ese proceso deberá establecer los niveles de participación individual y determinar si hubo autoría, coautoría, complicidad, instigación u omisión.

Lamas Puccio sostuvo que, al tratarse de adolescentes, el caso no se tramitaría en el fuero penal ordinario. “Esto tiene que ser ventilado a través del Código del Niño y Adolescente y un juzgado de familia”, afirmó.

Fiscalía puede dictar medidas de protección y restricciones de libertad

El abogado indicó que las primeras medidas deben proteger a la presunta víctima, preservar la confidencialidad de los hechos y evitar la identificación de los menores. También señaló que, si se reúnen suficientes elementos de convicción, la ley permite solicitar la detención preventiva de los posibles autores.

Respecto de una eventual sanción, el penalista explicó que se debe evaluar la edad de los adolescentes, la gravedad de los hechos y la intervención atribuida a cada uno. Si se confirma una conducta grave, podrían imponerse restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años, según las características del caso.

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó de forma parcial una sentencia que obligó a Eduardo Fermín Eliçabe y al excomisario Leónidas Hugo Soria a indemnizar a la familia de Irina Laura Montoya, una de las jóvenes asesinadas en 1998 en el caso conocido como el crimen de las mochileras.

La resolución ratificó la condena civil contra Eliçabe, quien recibió prisión perpetua en la causa penal, y extendió la responsabilidad a Soria, propietario de la empresa de seguridad para la que trabajaba el acusado. Ambos deberán afrontar un resarcimiento de $21.060.000, más intereses, si el fallo queda firme.

Los padres de Montoya habían iniciado la demanda por daños y perjuicios alrededor del año 2000. La joven, de 24 años, viajaba junto a María Dolores Sánchez, de 18, desde Chañar Ladeado, Santa Fe, hacia la Patagonia. Las dos hacían dedo cuando subieron al vehículo conducido por Eliçabe.

El doble homicidio ocurrió en febrero de 1998 sobre la ruta 33, cerca de García del Río, a menos de 40 kilómetros de Bahía Blanca. Las jóvenes fueron asesinadas a tiros después de un ataque sexual.

Los camaristas Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian consideraron que Eliçabe aprovechó su función de custodio de cargas para trasladar a las víctimas. Según el fallo, esa condición pudo haber generado confianza en las jóvenes al momento de aceptar subir al vehículo.

La Cámara sostuvo que Soria le había encomendado la tarea, titular de la firma Sor, dedicada a la custodia de camiones. Para los jueces, sin esa vinculación laboral Eliçabe no habría tenido la ocasión de abordar a Montoya en las circunstancias en las que ocurrió el crimen, de acuerdo con información publicada por La Nueva.

La sentencia contempló, entre otros conceptos, el daño moral de los padres de Irina. Los magistrados tuvieron en cuenta la pérdida de su hija, las secuelas psicológicas y las consecuencias que el hecho tuvo en su vida personal y laboral.

“Esto volvió a tocarnos el corazón, aunque todos los días la estamos recordando”, dijo Mari, madre de Irina, a Infobae con la voz entrecortada. “No puedo hablar”, se disculpó, con el dolor intacto.

“Respecto a este fallo, lo que nos hubiera gustado es que este tipo este preso. Le arruinó la vida a las chicas y a nosotros, su familia. Tuvimos muchos problemas de salud, con la ayuda de Dios salimos adelante y nos ayudaron mucho nuestros amigos. No nos interesa el dinero, lo que nos interesaba es que él esté en la cárcel. Yo pienso que no se hizo Justicia. 12 años para una persona que violó y mató no es nada”, remarco.

Eliçabe había sido condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado al ser hallado culpable de homicidio doblemente agravado por alevosía y para ocultar otro delito, en ese caso la violación. Sin embargo, recuperó la libertad a fines de 2010, después de cumplir 13 años de prisión y de acceder al beneficio de la entonces vigente ley del “2x1”.

El abogado de la familia apelará ante la Suprema Corte

El abogado de los padres de Montoya, Alejandro Vecchi, anticipó que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El planteo apunta a que también se analice la presunta responsabilidad del Estado provincial.

Vecchi, que llegó al caso a través de la Fundación José Luis Cabezas, afirmó que la demanda incluyó a la Provincia por su función de control sobre la empresa de seguridad de Soria. Según explicó, la firma tenía una disposición administrativa de inhabilitación en trámite al momento del doble homicidio.

El letrado sostuvo que el Ministerio de Seguridad debía verificar la habilitación de la agencia, los antecedentes laborales de Eliçabe y su eventual autorización para portar armas. “La sentencia solamente le da responsabilidad a Soria y Eliçabe y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, dijo en declaraciones a Canal Siete.

“Si el Estado hubiera actuado en su momento, consideró la familia y así nosotros lo pusimos en la demanda, es muy posible que hoy no estuviéramos hablando de este crimen”, sostuvo.

La defensa de la familia cuestionó además el tiempo que demandó la causa civil. La condena penal contra Eliçabe quedó firme en 2006, mientras que la resolución sobre la indemnización se conoció casi dos décadas después.

“Es una exageración la cantidad de tiempo”, sostuvo Vecchi en ese sentido. El abogado también destacó que el reclamo civil no tiene como principal objetivo una compensación económica.

“Esto se hace por una cuestión de justicia y por una cuestión de no dejar impune a los funcionarios públicos que autorizaron a que funcione una agencia trucha, que era trucha al momento de que mataron a las chicas”, afirmó.

Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Gabriel “N” y Luis Enrique “N” por su probable participación en agresiones sexuales contra una mujer, quien además fue golpeada, encerrada y expuesta a un incendio provocado dentro de un puesto de periódicos en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que ambos procesos derivan de hechos ocurridos el 30 de agosto en la colonia Lomas de Santa Fe. Gabriel “N”, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. Luis Enrique “N” fue vinculado únicamente por el delito de violación.

Agresión sexual y encierro en el puesto de periódicos

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con ambos imputados dentro de un puesto de periódicos en Lomas de Santa Fe, donde presuntamente fue agredida sexualmente por los dos hombres.

Gabriel ‘N’, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras la agresión sexual, Gabriel “N” habría golpeado a la mujer y la encerró junto con Luis Enrique “N” dentro del establecimiento. Ahí, según la Fiscalía CDMX, prendió fuego a una cortina antes de cerrar el acceso desde afuera y retirarse del lugar.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se percataron del humo proveniente del puesto, abrieron la cortina y pusieron a salvo a la víctima y a Luis Enrique “N”, quien también había quedado encerrado en el local.

Detención y vinculación de Luis Enrique “N”

Tras el rescate, Luis Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, luego de que la víctima lo señalara como uno de sus agresores.

Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía CDMX, el 1 de septiembre la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Luis Enrique “N” por el delito de violación. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Investigación y aprehensión de Gabriel “N”

La entrevista realizada a la víctima, junto con los dictámenes periciales en medicina y psicología, permitió al agente del Ministerio Público solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Gabriel “N”.

A solicitud de la autoridad ministerial, personal de la SSC analizó videograbaciones como parte de las acciones para localizar al imputado. El 5 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la SSC, lo aprehendieron en la alcaldía Álvaro Obregón y lo presentaron ante un juez.

Vinculación a proceso de Gabriel “N” por cuatro delitos

El 6 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados y obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel “N” por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras dure el proceso.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía CDMX deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación en la etapa intermedia.

Perspectiva de género y presunción de inocencia

La Fiscalía CDMX señaló que continuará la investigación con perspectiva de género y llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la dependencia precisó que las personas mencionadas serán consideradas inocentes respecto de los procesos que aún se encuentran en curso, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Un juez vinculó a proceso a Azlán “N”, autodenominado influencer, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y corrupción de menores. La víctima es una adolescente de 13 años de identidad reservada en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que la resolución se dio tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba correspondientes.

Qué pasó con la adolescente de 13 años en Hermosillo

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre la noche del 21 de febrero y la madrugada del 22. Azlán “N” facilitó bebidas alcohólicas a la menor durante un evento musical realizado en la colonia Palo Verde.

La Fiscalía sostiene que el imputado aprovechó posteriormente la relación de confianza y las condiciones en las que se encontraba la víctima. En ese contexto, cometió actos de naturaleza sexual en un domicilio de la colonia El Ranchito.

Por estos hechos, el juez impuso a Azlán “N” prisión preventiva justificada. Además, estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria en esta causa.

La detención vinculada al ataque en el Centro de Usos Múltiples

La captura de Azlán “N” se produjo en el marco de las investigaciones derivadas del ataque armado registrado el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. Ese día, un grupo armado ingresó al recinto, realizó detonaciones con rifles de asalto e incendió el ring que había sido instalado para un espectáculo.

El evento, programado para la jornada siguiente, contemplaba la participación de influencers y boxeadores. “Los daños obligaron a la suspensión de la función.”

En ese contexto, la AMIC detuvo a cuatro personas relacionadas con los hechos ocurridos en el CUM. Entre ellas se encontraba Azlán “N”, quien ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

Las otras tres personas aprehendidas son investigadas por su presunta participación en homicidios cometidos en la capital sonorense, según informó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez. La autoridad judicial deberá determinar la situación jurídica de cada uno conforme avance el procedimiento correspondiente.

Videos de venta de drogas y una causa distinta por narcomenudeo

Las investigaciones permitieron establecer que Azlán “N” realizaba y difundía videos mediante los cuales promovía productos ilegales, entre ellos drogas. Esta conducta constituye una línea de investigación adicional por posible apología del delito, que ya fue judicializada.

Por estos hechos, Azlán “N” deberá responder ante la autoridad judicial en el procedimiento correspondiente, el cual continuará conforme a derecho.

En una causa distinta, Azlán “N” fue vinculado a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana. En este procedimiento también se le impuso prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De esta forma, el imputado enfrenta procesos penales abiertos por tres causas distintas: los delitos sexuales contra la menor, la posible apología del delito y el narcomenudeo.

La postura de la Fiscalía frente a los delitos contra menores

La FGJES señaló que mantendrá una actuación firme frente a delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. La dependencia también indicó que continuará el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el narcomenudeo.

Según el comunicado, “el objetivo es llevar ante los tribunales a quienes vulneren la integridad de menores o participen en actividades que afecten la seguridad de la comunidad.”

La Policía Nacional no ha informado hasta el momento capturas tras el ataque armado en el sector de El Tigre, en el corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, que dejó como saldo una mujer muerta y otra herida durante la madrugada del domingo.

María M. Mora, de 22 años, murió en el lugar tras recibir disparos, mientras que otra joven de la misma edad, que la acompañaba, fue trasladada a un hospital cercano con heridas de bala, sobre todo en las piernas.

El hecho ocurrió después de la 1:00 a.m. en una vereda del sector, según reportes del diario Critica.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio en el lugar, las dos jóvenes estaban en una reunión clandestina cuando se produjo el tiroteo.

Los testigos señalaron que el padrastro de un hombre conocido como Calitín, quien habría invitado a las mujeres al sitio, llegó al área y disparó. La información periodística no precisa el motivo del ataque, y el hombre al que identifican con ese alias no llegó al lugar.

El cuerpo de Mora quedó boca abajo sobre el concreto.

Tras el crimen, las unidades policiales acordonaron el área para preservar los indicios y realizaron operativos en el sector. Las autoridades no habían comunicado la detención de la persona señalada por los testigos.

Según las versiones conocidas, las jóvenes habían asistido antes a otra reunión en Panamá Este, luego se dirigieron hacia Cerro Cocobolo y terminaron en El Tigre.

El texto del diario también indica que ambas habían estado el 16 de agosto en una residencia allanada por las autoridades, donde se ubicaron armas y municiones.

En otro caso, la Procuraduría General de la Nación informó que el Tribunal de Juicio Oral condenó a un ciudadano a 25 años de prisión por el femicidio de una mujer de 20 años en Altos de Los Lagos, provincia de Colón. La sentencia incluyó una prohibición para portar armas de fuego durante 10 años, una vez que el condenado cumpla la pena principal.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales durante el juicio. El tribunal declaró culpable al acusado.

El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2023 en el corregimiento de Cristóbal.

Según informó la Procuraduría, el sentenciado se acercó a los predios de uno de los multifamiliares donde estaba la víctima y efectuó varios disparos con una pistola.

Las detonaciones causaron la muerte de la joven. La condena corresponde al delito de femicidio.

En tanto, la Procuraduría General de la Nación también comunicó una condena de 20 años de prisión contra un ciudadano por homicidio doloso agravado, en perjuicio de un adolescente de 15 años en el sector de Puerto Escondido, en la provincia atlántica de Colón.

El fallo incorporó una pena accesoria que prohíbe al condenado portar armas de fuego por el mismo período de la sanción principal.

La Fiscalía Regional de Colón sostuvo la acusación a través de su Sección Especializada en Homicidio y Femicidio. Durante el proceso, presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales.

El Tribunal de Juicio validó un acuerdo de pena, según precisó la institución. El proceso estuvo vinculado con un ataque ocurrido el 16 de junio de 2024.

De acuerdo con la información oficial, el imputado disparó contra el adolescente con un arma de fuego en Puerto Escondido, y la víctima murió como resultado de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación señaló que también se logró la detención provisional de un hombre de 25 años de edad, vinculado presuntamente al delito de violación, en perjuicio de una menor de 15 años de edad. El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2026, en el distrito de Arraiján, al oeste de la ciudad capital.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, para la cual la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

Cómo ocurrieron los hechos según la investigación

De acuerdo con la investigación, el 17 de noviembre de 2023 Francisco “N” interceptó a la víctima y la amenazó con un arma de fuego. Con la participación de otras personas, la obligó a subir a un vehículo y la trasladó a un inmueble.

En ese lugar, la víctima permaneció privada de la libertad durante los días 18 y 19 de noviembre. Durante ese período, habría sido agredida sexualmente por el imputado.

El 19 de noviembre, la víctima consiguió salir del inmueble donde estuvo retenida. Ese mismo día acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía CDMX.

Tras presentar su denuncia, la víctima recibió atención médica y psicológica el mismo 19 de noviembre de 2023. Posteriormente fue canalizada a servicios especializados para dar continuidad a su acompañamiento.

Los peritajes que sustentaron la carpeta de investigación

La investigación incluyó la entrevista de la víctima, un dictamen médico, una valoración psicológica y un dictamen de antropología social. Cada uno de estos elementos aportó datos técnicos para sustentar la imputación.

El estudio médico documentó lesiones recientes. Por su parte, el análisis antropológico identificó distintas formas de violencia y relaciones asimétricas de poder entre el imputado y la denunciante.

Paralelamente, la Policía de Investigación (PDI) realizó diligencias en el lugar de los hechos y consultas en bases institucionales. Estas acciones permitieron corroborar los datos de identidad y domicilio del imputado.

Las mismas consultas también permitieron identificar dos investigaciones previas en las que Francisco “N” aparece relacionado por posibles hechos de violencia familiar.

La ejecución de la orden de aprehensión y la vinculación a proceso

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra el imputado.

Agentes de la PDI ejecutaron esa orden el 28 de agosto de 2026 en la colonia Pedregal de San Nicolás

Al día siguiente, el 29 de agosto, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Francisco “N”. El juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El análisis de contexto en la integración del caso

La incorporación del análisis de contexto permitió presentar ante el juez una investigación que no examinó las agresiones de manera aislada, sino dentro de una relación marcada por distintas formas de violencia.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo el caso para procurar justicia a la víctima durante las siguientes etapas del proceso penal.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Francisco “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Contexto de violencia sexual en la zona

Pedregal de San Nicolás, Tlalpan, ha sido escenario de otros casos de agresión sexual documentados por autoridades.

En agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) detuvo a un taxista señalado de cometer abuso sexual y robo contra una pasajera en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás Tercera Sección. Según el reporte, el conductor de un taxi Nissan Tsuru estacionó el vehículo durante el trayecto y sometió a la víctima para cometer actos lascivos en su contra, además de despojarla de su celular y dinero en efectivo.

En mayo de 2025, un hombre identificado como Rafael “N” fue sentenciado a 24 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a un menor de edad en repetidas ocasiones dentro de una vivienda de la misma colonia, Pedregal de San Nicolás, entre el verano de 2020 y julio de 2021.

Adicionalmente, un reporte de 2016 documentó la actividad de un presunto violador serial que atacó a por lo menos 14 mujeres de entre 14 y 18 años en la delegación Tlalpan, con víctimas provenientes principalmente de las colonias Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás Totolapan y Bosques del Pedregal. Según ese reporte, el agresor operaba interceptando a las víctimas y amenazándolas con un arma, en ocasiones subiéndolas a un taxi.

Estadísticas generales de la Fiscalía CDMX sobre violación

En cuanto a cifras institucionales más recientes, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que entre enero y julio de 2026 las detenciones y judicializaciones por violación aumentaron 23.3% respecto al mismo periodo de 2024. Además, se ejecutaron 232 órdenes de aprehensión por este delito, 373% más que en 2019 y 44.1% más que en 2024.

Como parte de la misma investigación, un cuarto sujeto, identificado públicamente como “influencer”, fue capturado por una orden de aprehensión vigente relacionada con el delito de violación. El detenido se dedicaba a promocionar la venta de drogas en distintos eventos.

Detenciones vinculadas a homicidios en Hermosillo

El fiscal general en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, detalló que los tres detenidos se encuentran declarando ante el Ministerio Público y ya fueron identificados. Según explicó, serán puestos a disposición del juez de su causa en las próximas horas.

“Estas tres personas se encuentran, eh, declarando, eh, están identificados y además están relacionados con diversos homicidios que se han venido cometiendo en la capital del estado. Estos sujetos ya no seguirán generando violencia en la ciudad y serán puestos a disposición en las próximas horas del juez de su causa”, mencionó el fiscal.

Captura del influencer y el patrón de violencia señalado por el fiscal

El cuarto detenido, autodenominado “influencer”, contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación al momento de su captura. De acuerdo con la investigación, utilizaba sus plataformas para promocionar la venta de drogas en distintos eventos.

El fiscal describió una dinámica que, según dijo, se repetía en los sitios donde este sujeto hacía promoción: “Cada vez que llegaba a un lugar donde promocionaba este sitio, sobrevenía una agresión del grupo rival a cometer homicidios en agravio de las personas que manejaban estos sitios”.

Con esa declaración, Salas vinculó la actividad de promoción del detenido con episodios de violencia posteriores contra responsables de los sitios promocionados, dentro del contexto de disputa entre grupos rivales.

Investigaciones abiertas sobre el elenco del evento

El Ministerio Público continúa las diligencias respecto de otras personas que formaban parte del elenco programado para el evento en el CUM. Estas personas ya cuentan con carpetas de investigación en integración.

El fiscal indicó que, conforme avancen los datos de prueba, estos expedientes serán judicializados en los próximos días.

Salas señaló que la Fiscalía no puede ofrecer mayores detalles en este momento. “No podemos dar más información en este momento por respeto al debido proceso y a fin de que se garantice la presunción de inocencia hasta que estén a disposición y sean imputados ante su juez”, afirmó.

Marco institucional y coordinación en seguridad

El fiscal enmarcó estas detenciones dentro del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad del estado. “Hemos estado trabajando permanentemente en el Gabinete de Seguridad bajo la conducción del gobernador del estado y, por supuesto, con todas las instituciones que forman parte de la Mesa de Seguridad”, expresó.

Añadió que la información se comparte con la opinión pública en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la población, aun cuando la FGJES mantiene reservados otros detalles de la investigación mientras continúa el proceso judicial contra los cuatro detenidos.

El incendio del ring en el CUM

Los hechos investigados ocurrieron la noche del viernes 28 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, en el inmueble ubicado sobre Perimetral Norte y Solidaridad, en Hermosillo. Un grupo de sujetos armados ingresó al Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó detonaciones de arma de fuego al aire y posteriormente incendió el ring donde se realizaría el espectáculo.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, se escucharon múltiples detonaciones mientras asistentes y trabajadores buscaban ponerse a salvo. La Mesa Estatal de Seguridad confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, y que el personal presente en el recinto resultó ileso.

El espectáculo, denominado “Noche Suprema: El Norte Manda”, combinaba peleas de exhibición entre creadores de contenido, combates profesionales, una exhibición entre ex boxeadores y presentaciones musicales. En la pelea estelar estaba programado el boxeador profesional Miguel “Alacrán” Berchelt, quien enfrentaría al colombiano Juan Manuel “La Sombra” Córdoba en la división de peso ligero.

Al lugar acudieron equipos de Bomberos para sofocar el incendio, además de cuerpos de emergencia de la Cruz Roja, elementos de Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes resguardaron la zona e iniciaron las investigaciones.

La Mesa Estatal de Seguridad señaló que la agresión estuvo dirigida contra la producción y organización del espectáculo, y no contra el espacio público ni las personas usuarias del CUM.

La función fue cancelada de forma oficial. Las autoridades indicaron que, aunque el evento contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, el promotor no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado para su realización.

Entre los participantes anunciados en la cartelera figuraba El Vitolias, identificado públicamente como ex amigo del influencer Markitos Toys y cuyo nombre ha aparecido en reportes relacionados con presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

Oscar Jégou y Hugo Auradou, los jugadores de la Selección de rugby de Francia acusados de violar a una mujer el 7 de julio de 2024 en el hotel Diplomatic de la capital de Mendoza luego de enfrentar a Los Pumas, fueron sobreseídos por la Suprema Corte provincial a dos años de su liberación, según el fallo al que accedió Infobae.

Los jueces Dalmiro Cueli, José Valerio y Norma Llatser, rechazaron un reciente recurso de la querella del caso, que representa a la mujer que denunció a ambos deportistas y le impusieron las costas del proceso a la querella. También, abrieron la puerta a una apelación federal.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de ambos jugadores, aseveró a este medio: “Estoy contento con el éxito profesional pero más contento porque demostramos una falsa denuncia aberrante. Dos jóvenes de 20 años fueron presos y nunca cometieron nada”.

Ambos acusados habían sido sobreseídos seis meses después de la denuncia, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito. En junio último, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. Así, Jégou y Auradou debieron conectarse en julio via Zoom a una nueva audiencia judicial desde Nueva Zelanda, donde disputaron un encuentro con las All Blacks.

Con respecto a la apelación, el juez García Cueli rechazó las acusaciones de falta de perspectiva de género en la investigación, defendió la causa instruida por los fiscales y afirmó en el fallo que la valoración de la prueba realizada por la querella “no puede prosperar”. Apoyó a la jueza original del caso, que “examinó la coherencia interna” del relato de la denunciante y “lo confrontó con los restantes elementos”. Esa comparación fue clave para exculpar a los franceses.

Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la informaciónque brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerlay que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

En paralelo, un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

“La literatura argentina empieza con una violación”, afirmó el escritor y profesor David Viñas, uno de los críticos literarios más respetados del país, en su libro Literatura argentina y realidad política. Y ya veremos por qué. Se refería a El matadero, el cuento de Esteban Echeverría considerado como el texto fundacional de las letras nacionales.

Mucho antes que Borges, antes también que el Facundo o el Martín Fierro, Echeverría, de cuya muerte se cumplen 137 años, fue el primer gran autor argentino. En 1837, la publicación de su largo poema épico La cautiva fue el primer antecedente de la novela en el país. Pero fue durante su exilio en el campo Los Talas (partido de Luján), mientras se escondía de Juan Manuel de Rosas por la cruzada del caudillo federal contra los unitarios, que Echeverría escribió El matadero, el relato que lo llevaría a ser considerado el padre de las letras argentinas y que pude descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá.

Sin embargo, El matadero, escrito entre 1838 y 1840, no se publicaría hasta 1871, es decir, 20 años después de la muerte de su autor. No se conocen con precisión los motivos que llevaron a Echeverría a mantener inédito este cuento, pero bien podría asumirse -y esto no es más que eso: una hipótesis- que fue, al menos en parte, por lo violento y sexualmente explícito de su contenido, así como por la fuerte crítica política que representa. Pero vayamos por partes.

El primer cuento y la primera grieta

El matadero arranca en un año indeterminado de la década de 1830 con un diluvio de proporciones bíblicas que inunda las calles de Buenos Aires. Pero el combustible de la trama de este cuento de solo 15 páginas no son los destrozos ocasionados por el agua ni la muerte de ciudadanos: es, como su título lo anticipa, la falta repentina de carne. “Por causa de la inundación estuvo quince días el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna”, escribe el autor.

Desde los primeros párrafos -y esto comprueba que la “grieta” en Argentina no es una invención del siglo XXI ni tampoco del XX, sino que data de los comienzos mismos de la Nación-, Echeverría presenta una Argentina dividida en dos.

De un lado están los “salvajes” federales comandados por “el Restaurador”, una figura que hace referencia al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, aunque nunca lo nombra de manera explícita. En el cuento, los federales representan la ciudad, la barbarie y la tiranía del poder.

Y del otro, los unitarios, retratados como la civilización que tuvo que huir de la ciudad al campo, como lo hizo el propio Echeverría, para esconderse de la persecución federal.

Ante la escasez repentina de carne, que durante una quincena mantuvo vacío el matadero, un día llegan 50 novillos. Pero la repartija, claro, no se da de manera equitativa. Como se muestra en las primeras páginas del cuento, los federales se llenan la panza mientras que el pueblo -retratado peyorativamente como un conjunto de brutos e incivilizados- se conforma con las sobras: una “negra bruja” esconde grasa robada “en las tetas” mientras “dos africanas” se llevan a rastras, entre la mugre, las entrañas del animal.

“¡Cosa estraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos!”, escribe el autor.

Así, en el primer cuento realista de la literatura argentina, Echeverría sienta las bases de la primera grieta en una Buenos Aires que “atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento”. Desde la ficción y a través de la imagen del diluvio, el autor denuncia que, con el aval de la Iglesia, los federales hacían responsables a los unitarios de todos los males del país:

¡Ay de vosotros pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! (...) Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos, han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la Federación os declarará malditos.

Pero entonces, ¿por qué Viñas afirmó que “la literatura argentina empieza con una violación”?

[”El matadero” puede descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá]

El primer mártir y la primera violación

A lo largo de El matadero, y pasando paulatinamente de lo metafórico a lo real, Esteban Echeverría va construyendo la imagen de la persecución federal a los unitarios y la amenaza que, para él, representaba el rosismo para Argentina.

Primero, de manera casi imperceptible, narra la muerte accidental de un niño dentro del matadero mientras la muchedumbre discutía si un toro que estaba por carnearse era efectivamente un toro o una vaca. En medio del ajetreo, entre conversaciones acaloradas sobre los genitales del animal, el toro logra escapar. Pero, al soltarse con violencia del lazo que lo retenía, este termina cortándole de cuajo la cabeza a un niño, imagen que, sin embargo, no parece detener la escena. La atención de la multitud está en el toro, que sale del matadero y, al galope, penetra la ciudad.

¿Es posible escapar del matadero, de ese laberinto protokafkiano que representa el poder absolutista de Rosas? Aunque el toro, en su resistencia, logra alejarse algunos kilómetros, es capturado y arrastrado de vuelta a aquel lugar en el que encontrará su perdición: “Una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el Matadero donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías (...) Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre: su cadáver estalla en el cementerio”.

Pero después de la muerte del niño y del escape (y consiguiente captura) del toro, Echeverría decide terminar el cuento con una tercera escena mucho menos metafórica que las primeras dos. En medio de la faena del animal, mientras la muchedumbre disputa sus vísceras, se escucha que alguien grita: “¡Allí viene un unitario”. Y en pocos párrafos, lo que era una idea pasa al reino de lo concreto: la grieta, de repente, se hace cuerpo.

El hombre, que para muchos críticos es una representación del propio Echeverría, es presentado así: “Era este un joven como de 25 años de gallarda y bien apuesta persona que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno”.

Cuando la horda de gente nota que el unitario no lleva la divisa punzó -una franja de color rojo que distinguía a los federales-, este es capturado y arrastrado, como el toro, hacia el matadero. Algunos claman que sea degollado, pero el Juez, la principal figura de poder del lugar, detiene el inminente linchamiento y manda a que le traigan al joven inmovilizado. La rapidez de una muerte sin sufrimiento, según parece, es un lujo del que ningún federal debería gozar.

“Éste es incorregible”, le dice un “negro petizo” al Juez al ver la resistencia del joven. “Ya lo domaremos”, le responde el mandamás que, sin perder la calma entre los gritos de la muchedumbre que reclamaba sangre, sentencia: “Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa”.

[”La cautiva”, de Esteban Echeverría, puede descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá]

“A pesar de la fealdad monstruosa con que nos son descriptos los federales, las evidentes connotaciones eróticas, sadomasoquistas y vampíricas de El matadero aparecen desde el momento en que todo el relato se nos presenta con un ritmo casi sexual in crescendo que parece prepararnos para la escena final del derramamiento de la sangre, y no del semen, del joven patriota atado boca abajo sobre la mesa”, escribe el investigador argentino Adrián Melo en su Historia de la literatura gay en Argentina.

Para este doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología, “la literatura argentina se abre oficialmente con dos imágenes sexuales: una (Amalia, de José Mármol) muestra la unión sexual que debe ser y que permitiría el progreso fecundo de la Nación y la otra (El matadero) describe el sexo anormal que practican los enemigos de la Patria y la civilización”.

Agrega Melo: “El sexo es la metáfora de la que se sirve el autor para expresar el salvajismo de los federales, los opositores políticos que no deben formar parte del proyecto nacional. La escena de la violación se repite una y otra vez en la literatura argentina para expresar las distintas formas que tomó el dilema sarmientino en la historia del país”.

La grieta, entonces, no existe solo en el mundo de las ideas sino que se condensa en la carne que, ante la imposibilidad de acuerdo o convencimiento alguno, debe ser sometida a como dé lugar. Pero Echeverría, para enaltecer la virilidad del unitario, le da un final “digno” de un hombre.

“Primero degollarme que desnudarme, infame canalla”, grita el joven mientras los ayudantes del Juez, haciendo caso omiso a sus reclamos, lo despojan de sus ropas y lo atan boca abajo en la mesa. Y es ahí cuando el autor encuentra una alternativa más honorable para el inminente destino del unitario, que explica la frase de Melo sobre el derramamiento de sangre pero no de semen, y que demuestra cómo al unitario le pueden arrebatar todo salvo las convicciones y la hombría:

Sus fuerzas se habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmobles y los espectadores estupefactos.

Con su honor y su virilidad intactas, el joven unitario “estalló de rabia” y salvó así su dignidad de “la verga y el puñal de la federación rosina”. En su última conversación con el Juez, le dice: “La fuerza y la violencia bestial. Ésas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas en cuatro patas”.

“¿No temes que el tigre te despedace?”, le pregunta el Juez. Y el unitario, en uno de sus últimos alientos, le contesta: “Lo prefiero a que maniatado me arranquen, como el cuervo, una a una las entrañas”.

Días antes de morir, Ariel Castro vio cómo las topadoras derribaban la casa de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde había mantenido encerradas a tres mujeres durante una década. Semanas después de escuchar su sentencia, se quitó la vida.

Castro murió el 3 de septiembre de 2013: se ahorcó en su celda de una prisión de Ohio, semanas después de ser condenado a cadena perpetua más 1.000 años de cárcel por secuestrar y violar a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus en Cleveland. La médica forense Jan Gorniak dictaminó que la causa de su muerte fue un suicidio. Una investigación posterior halló irregularidades graves en la vigilancia de la prisión de Ohio.

Un informe difundido en octubre de 2013 por el Departamento de Correccionales de Ohio informó que los guardias no completaron correctamente sus rondas de control esa noche. Según revelaron medios periodísticos por entonces, dos oficiales modificaron los registros de cinco rondas de vigilancia nocturnas que debían realizarse cada media hora.

Los responsables quedaron suspendidos sin goce de sueldo mientras avanzaba la investigación interna. El mismo reporte abrió una hipótesis alternativa: la posición del cuerpo, con el pantalón y la ropa interior bajos hasta los tobillos, llevó a considerar la posibilidad de una asfixia autoerótica en lugar de un suicidio planificado. Esa parte del informe no llegó a una conclusión inapelable.

Castro nació el 10 de julio de 1960 en Yauco, Puerto Rico, hijo de Pedro Castro y Lillian Rodríguez. Sus padres se divorciaron y su madre se mudó con los hijos a Pensilvania antes de instalarse finalmente en Cleveland. De niño, Castro fue abusado sexualmente por un vecino y por un tío. Su madre también lo golpeaba con cinturones y palos.

En la década de 1980 comenzó una relación con Grimilda Figueroa, una vecina de su barrio. La pareja se mudó para convivir en la misma casa en 1992 y el vínculo se volvió violento poco después: Castro le rompió la nariz, las costillas y los brazos a Figueroa.

Los golpes le provocaron un coágulo cerebral que derivó en un tumor, y en una ocasión la arrojó por una escalera y le fracturó el cráneo. Castro fue arrestado por violencia de género en 1993, pero un gran jurado no llegó a indagarlo. Figueroa se fue de la casa en 1996 con los cuatro hijos de la pareja. En 2005 volvió a denunciarlo por agresiones y logró una orden de restricción. La mujer murió en 2012 por complicaciones derivadas del tumor cerebral.

La separación de Figueroa y la pérdida de contacto con sus hijos coincidieron con el inicio de los secuestros que llevaron a su detención. En agosto de 2002, Castro secuestró a Michelle Knight, de 21 años.

La policía creyó primero que Knight había abandonado la ciudad y la eliminó de la base de datos del Centro Nacional de Información de Delitos 15 meses después de su desaparición. En realidad, Castro la mantenía atada de manos, pies y cuello en su casa y la había dejado tres días sin comida apenas la secuestró.

En abril de 2003 secuestró a Amanda Berry, un día antes de que la joven cumpliera 17 años. Su madre recibió luego una llamada de un hombre que usaba el teléfono de Amanda: “Tengo a Amanda. Está bien y volverá a casa en un par de días”, según se supo durante la investigación.

Un año más tarde, el 2 de abril de 2004, Castro secuestró a Gina DeJesus, de 14 años, cuando volvía caminando de la escuela. La joven era amiga de la hija de Castro, Arlene, y las autoridades no emitieron una alerta Amber por su desaparición, algo que su padre reclamó públicamente que se corrigiera.

Las tres mujeres permanecían encerradas en dormitorios con llave, sin ningún contacto con el exterior. Según las crónicas, comían apenas una vez por semana y solo podían bañarse dos veces, como máximo.

Knight fue golpeada con mancuernas y arrojada contra las paredes en reiteradas ocasiones. Quedó embarazada cinco veces durante su cautiverio y, cada vez, Castro la golpeaba hasta provocarle un aborto. También mató a golpes al perro que la acompañaba después de que el animal lo mordiera en su defensa.

Según relatos de hace trece años, Castro encadenaba a las mujeres a un poste en el sótano o a un calefactor en un dormitorio, y llegó a estrangular con el cable de una aspiradora a una de ellas luego de que intentara escapar.

A diferencia de Knight, cuando Berry quedó embarazada Castro no la obligó a abortar. Sin acceso a control prenatal, Berry entró en trabajo de parto el día de Navidad de 2006 y dio a luz en una pileta inflable que Castro instaló en la casa.

Knight asistió el parto bajo la amenaza de que la mataría si la bebé no sobrevivía. Cuando la recién nacida dejó de respirar, Knight logró reanimarla con respiración boca a boca. Castro crio a la niña, Jocelyn, como si fuera su propia hija y hasta la llevaba de visita a la casa de su propia madre.

El 6 de mayo de 2013, Castro salió de la casa y olvidó cerrar una de las puertas internas. No era la primera vez que dejaba una puerta abierta: solía hacerlo a propósito para poner a prueba a las mujeres y castigarlas si intentaban escapar.

Berry decidió arriesgarse. Llegó hasta la parte de la casa que había quedado abierta y gritó pidiendo ayuda. Un vecino, Ángel Cordero, la escuchó, pero solo hablaba español y no entendió lo que decía en inglés. Otro vecino, Charles Ramsey, llegó al lugar y entre los dos lograron romper la parte inferior de la puerta mosquitera. Berry salió a rastras con su hija y le contó a Ramsey que había estado secuestrada.

Ramsey llamó a la policía mientras Berry hacía otra llamada al 911 desde la casa de otro vecino: “Ayúdenme, fui secuestrada y estuve desaparecida durante diez años. Y estoy aquí. ¡Soy libre ahora!”, dijo, según revelaron los testigos del hecho.

Cuando la policía entró a la casa, Knight se asomó desde su habitación, corrió hacia uno de los agentes y repitió: “Usted me salvó”. Minutos después encontraron también a DeJesus. A las tres, junto con la hija de Berry, las trasladaron a un hospital cercano. La policía localizó a Castro poco después en un local de McDonald’s y lo detuvo.

El 8 de mayo de 2013, dos días después de la fuga de sus tres cautivas, Castro fue imputado por cuatro cargos de secuestro y tres de violación. Un tribunal fijó una fianza de ocho millones de dólares, a razón de dos millones por cada cargo de secuestro.

El 7 de junio, un gran jurado del condado de Cuyahoga elevó la acusación a 329 cargos, entre ellos 139 de violación, 177 de secuestro y uno de homicidio agravado por haber provocado de forma deliberada la interrupción del embarazo de una de las víctimas. Los hermanos de Castro fueron arrestados junto a él en un primer momento, pero luego quedaron desvinculados de la causa y fueron liberados.

El 12 de julio, la fiscalía amplió otra vez la acusación hasta los 977 cargos, que incluían 512 de secuestro y 446 de violación. Frente a la posibilidad de una condena a muerte, Castro negoció un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de 937 de esos cargos.

A cambio, el fiscal descartó la pena capital y Castro renunció a su derecho de apelar además de aceptar la confiscación de todos sus bienes. El 1 de agosto de 2013, el tribunal ratificó la condena a cadena perpetua ya anticipada y sumó una multa de 100.000 dólares además de ordenar la demolición de la casa donde había mantenido secuestradas a sus víctimas.

En esa misma audiencia, el juez Michael Russo le preguntó a Castro si entendía que jamás saldría de prisión. Castro respondió: “Sí lo entiendo, su señoría. Sabía que me iban a caer con todo el peso de la ley”. Luego tomó la palabra por su cuenta. “Soy adicto a la pornografía, al punto de que me hace impulsivo y no sé lo que hago”, dijo ante el tribunal.

“No soy un monstruo, no soy un depredador. Actué por mis instintos sexuales y nunca les pegué a estas mujeres”, agregó ante los jueces, de acuerdo con la publicación, y sostuvo que el sexo en la casa había sido consentido. Algo difícil de sostener ya que las mujeres estaban secuestradas.

También dijo haber sido abusado de niño y se refirió a Jocelyn, la hija que tuvo con Berry durante el cautiverio: “¿Qué clase de padre fui yo? El mejor. La crie durante seis años, tuvo una vida normal, la llevé a pasear, iba a misa”.

Durante esa misma audiencia, las víctimas pudieron hacer sus manifestaciones. Knight tomó la palabra y le dijo a Castro: “Pasé once años en el infierno; ahora su infierno recién empieza. Usted morirá un poco cada día mientras piense en las atrocidades que nos infligió durante once años. Puedo perdonarlo, pero nunca lo olvidaré”.

En 2014 Knight publicó el libro Finding Me, que llegó a la lista de más vendidos del New York Times. Un año después, Berry y DeJesus publicaron juntas Hope: A Memoir of Survival in Cleveland, otro best seller.

En 2017, Berry comenzó a conducir un segmento periodístico en la señal de Cleveland Fox 8, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, algo que continúa en la actualidad. DeJesus fundó ese mismo año una organización sin fines de lucro para acompañar a familias con casos similares.

Un año más tarde, Knight publicó un segundo libro, Life After Darkness: My Journey to Happiness, y creó además una organización de rescate de animales llamada Unleashed Animal Rescue.

Un tribunal de El Salvador condenó a Melvin Alfredo Osorio Meraz a 10 años de prisión por la violación de una mujer ocurrida en junio de 2025, dentro de un establecimiento donde el acusado ofrecía masajes y tratamientos quiroprácticos en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima acudió al lugar después de recibir recomendaciones de otras personas y acordó una cita con Osorio Meraz para recibir un tratamiento.

La víctima logró salir del inmueble y denunció el hecho

La investigación fiscal estableció que ambos permanecieron solos en una habitación. El reporte señala que el condenado aplicó a la mujer una sustancia en la nariz, bajo el argumento de que formaba parte del procedimiento, tras lo cual ella comenzó a sentirse débil.

De acuerdo con la acusación, Osorio Meraz le pidió que se quitara la ropa para iniciar el masaje y luego le exigió que retirara su ropa interior. La Fiscalía sostuvo que el hombre cerró la puerta de la vivienda, que también funcionaba como clínica, y cometió la agresión sexual.

Pese a su estado, la mujer consiguió abrir la puerta y salir del lugar. Ese mismo día presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió la captura del acusado. Durante el juicio, la representación de la Fiscalía General de la República presentó las pruebas que, según el reporte oficial, vincularon a Osorio Meraz con el delito. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó la condena en presencia del imputado. Además de la pena de cárcel, ordenó que entregue USD 500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Otros casos

La FGR informó que José Albertin Hernández González fue condenado a 14 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz, en modalidad continuada, en un caso cuya víctima es una menor de 15 años. Según la investigación fiscal, las agresiones sexuales ocurrieron entre mayo y junio de 2024 y la sentencia se dictó tras una vista pública en el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán.

La FGR detalló que el acusado contactó a la menor a través de una red social y la manipuló para que abordara el bus de la ruta 337, donde él trabajaba como cobrador. “El imputado violó a la menor en distintas ocasiones, a bordo del autobús, cuando ya no había pasajeros y en un hotel ubicado en San Francisco Gotera”, sostuvo el reporte fiscal.

En un caso distinto, la Fiscalía también reportó la condena de José Rodil Cosme, exmilitar, a 14 años de prisión por violación agravada contra una menor de edad. El expediente fiscal sitúa los hechos el 19 de enero de 2025 en un motel de San Luis Talpa, La Paz Oeste, y señala que la niña y su abuela realizaban trabajos domésticos para el imputado, quien tenía un vínculo cercano con la familia.

De acuerdo con la denuncia, Cosme dijo a la abuela que llevaría a la niña a comprar útiles escolares, pero la trasladó en su vehículo a un auto motel del sector de La Paz Oeste, donde la violó bajo amenazas de muerte con un arma de fuego. La Fiscalía indicó que la menor resultó embarazada y que, tras conocerse el hecho, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso además el pago de $480 por responsabilidad civil a favor de la víctima.

Juan Jesús “M”, instructor de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, fue detenido este jueves en Altamira por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), acusado de violencia familiar equiparada y violación agravada en perjuicio de una adolescente.

El imputado fue localizado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil negro acompañado de una mujer. La orden de aprehensión había sido emitida por un Juez de Control y fue cumplimentada por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), que conduce la investigación.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará con una investigación exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente tratándose de una persona adolescente”, escribió la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en su comunicado.

Cuarto detenido por el caso Dafne Zapata

Juan Jesús “M” es señalado como hermano de “Estrellita”, una de las personas ya presas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 16 de julio de 2026 al interior de la Academia Militarizada Doenitz, donde cursaba un programa de verano. Con su captura, suman cuatro los detenidos vinculados al plantel de Ciudad Madero.

Los tres imputados anteriores son Danna Yanina “N”, de 18 años; Jorge Luis “N”, director de la academia; y “Estrellita”. Los imputados se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira. Danna Yanina fue la primera en ser arrestada, el 22 de julio, y vinculada a proceso seis días después por su presunta participación en el feminicidio.

Órdenes de aprehensión pendientes

La FGJET precisó que Juan Jesús quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica. La fiscalía reservó cualquier dato que pudiera contribuir a identificar a la víctima adolescente, en atención a su integridad y privacidad.

Según la representante legal de la familia Zapata, aún estarían pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión contra otras cinco personas con presunta relación directa o indirecta con el feminicidio.

Quién era Dafne Zapata y qué ocurrió en la academia

Dafne Zapata Quintos Martínez tenía 13 años, era originaria de El Mante, Tamaulipas, e hija única de la profesora Alejandra Quintos. El 13 de julio de 2026 ingresó a un curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

El programa estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y concluiría el 31 de julio. El reglamento interno prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. “Estrellita” era el único canal de comunicación entre el plantel y los padres: enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos sobre la estancia de su hija.

dafne zapata

Cuatro días después del ingreso de Dafne, el 16 de julio, su madre recibió una llamada del personal de la academia: le informaron que la menor se había desvanecido mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales. El director Jorge Luis “N” y “Estrellita” sostuvieron que la adolescente colapsó en el baño y que no se pudo hacer nada por ella.

La necropsia practicada por la FGJET contradijo esa versión. El estudio forense detectó una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea, y determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El certificado de defunción clasificó el fallecimiento como homicidio. Alejandra Quintos denunció que recibió el cuerpo de su hija desnuda, con huesos rotos, nariz fracturada y sin señales de haber sido alimentada.

La muerte de Dafne desató una oleada de denuncias de exalumnos sobre abusos físicos, castigos extremos y maltrato sistemático al interior del plantel. Cientos de personas marcharon en El Mante para exigir justicia. La FGJET abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, aseguró el inmueble y colocó sellos en todos sus accesos. La academia permanece clausurada desde entonces.

La magistrada federal Lauren Louis evalúa este jueves en Miami la solicitud de libertad bajo fianza de Andrew y Tristan Tate, quienes permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso de extradición hacia el Reino Unido. Los hermanos, figuras mediáticas con cargos por violación y trata de personas, buscan aguardar en libertad el avance de las causas legales que pesan sobre ellos.

El tribunal estadounidense enfrenta un complejo escenario jurídico. La fiscalía federal insiste en mantener a los hermanos bajo custodia, al argumentar que existe una fuerte presunción contra la libertad en casos de extradición internacional, tal como detalló Reuters. Los representantes del Ministerio Público señalaron el riesgo de fuga, reforzado por el acceso de los acusados a múltiples pasaportes y su capacidad económica global.

Por su parte, la defensa sostiene que la altísima visibilidad pública de los hermanos convierte cualquier intento de fuga en una acción imposible. Los abogados presentaron una propuesta que incluye el pago de una fianza, la entrega de sus documentos de viaje y la aceptación de un sistema de vigilancia mediante monitoreo electrónico, según registros judiciales citados por NBC6.

La situación legal de los Tate resulta un fenómeno de múltiples jurisdicciones. Mientras aguardan la resolución en Florida, las autoridades británicas disponen de plazo hasta el 16 de septiembre para presentar ante el Departamento de Estado la documentación completa que sustenta la solicitud de extradición. Este proceso podría extenderse durante varios meses.

El historial judicial de los hermanos Tate

Los hermanos Tate, quienes poseen doble ciudadanía estadounidense y británica, arrastran una serie de causas penales y civiles que trascienden los límites de Estados Unidos. En Rumania, donde residieron durante años, enfrentan cargos por trata de personas, violación y explotación sexual. Aunque las autoridades rumanas levantaron recientemente la prohibición de viaje, los procesos judiciales en aquel país continúan activos, reportó la BBC.

Los fiscales estadounidenses subrayaron en sus documentos judiciales que las autoridades rumanas detectaron intentos de los hermanos por influir en testimonios de víctimas. Según la acusación, los Tate habrían ofrecido sobornos y amenazado con divulgar información privada para alterar las declaraciones en su contra. La defensa desmiente estos señalamientos y afirma que las mujeres mencionadas solo deseaban testificar a favor de ellos.

La trayectoria de los hermanos en el ámbito mediático también forma parte del debate. Tras ganar fama en el programa Big Brother hace una década, Andrew Tate construyó un imperio digital enfocado en la promoción de un estilo de vida basado en la riqueza y la masculinidad extrema. Sus plataformas, sin embargo, han sido escenario de constantes controversias por comentarios misóginos que le valieron expulsiones de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram.

La disputa sobre la realidad económica

Uno de los puntos de fricción durante las audiencias en Miami radica en la magnitud de los recursos financieros de los imputados. Mientras la fiscalía sostiene que la riqueza de los hermanos facilita su capacidad de huida, la defensa califica estas afirmaciones como una exageración mediática, según NBC6.

El mismo medio reportó que los abogados aseguraron ante la jueza que la imagen de opulencia proyectada en videos, donde exhiben superyates y vehículos de lujo como un Aston Martin, responde a una estrategia de marketing. Según la defensa, muchos de esos activos eran alquilados y no formaban parte del patrimonio real de los hermanos.

El estatus de los Tate como figuras polarizantes también alcanzó el terreno político. A pesar de su apoyo vocal a Donald Trump, la administración estadounidense aclaró que los hermanos no recibirán asistencia gubernamental. Esta postura marca una distancia clara frente a las especulaciones sobre posibles presiones políticas que habrían facilitado su salida de territorio rumano meses atrás, según la BBC.

El desenlace de la audiencia de este jueves determinará si los hermanos enfrentarán el proceso de extradición desde el centro de detención federal o bajo las condiciones de control propuestas por sus abogados. Por ahora, el tribunal mantiene el enfoque en las garantías de cumplimiento y el riesgo que ambos representan para el desarrollo del juicio en el Reino Unido.

Centro Judiciales informó este miércoles 26 de agosto por medio de sus canales oficiales que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a José Odir Cosme, exmilitar, tras hallarlo culpable del delito de violación agravada en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 15 años. La sentencia se dictó después de analizar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, que incluyeron exámenes médicos, testimonios y peritajes forenses.

Según lo informado por Centro Judiciales, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2025 en un cantón del distrito de La Libertad Costa. El tribunal determinó que Cosme utilizó un arma de fuego para intimidar a la menor y trasladarla contra su voluntad a un lugar privado donde cometió el abuso. Esta situación quedó reflejada en la resolución, que subraya la gravedad de la amenaza y el nivel de vulnerabilidad de la víctima.

Por su parte, el proceso judicial se inició meses después del hecho, cuando la adolescente acudió a una revisión médica y los exámenes confirmaron su embarazo. Tras este hallazgo, la familia presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección para víctimas menores de edad. Centro Judiciales detalló que la investigación incluyó la recolección de pruebas testimoniales, pericias psicológicas y el testimonio directo de la joven, quien fue resguardada bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que confirmaron la participación de Cosme en el delito, destacando el uso de un arma de fuego como agravante. El tribunal valoró esta circunstancia como factor determinante para la aplicación de la pena máxima prevista en la legislación salvadoreña para este tipo de delitos.

“El abuso fue revelado meses después, luego de que exámenes médicos confirmaran el embarazo de la víctima, lo que derivó en la denuncia correspondiente y el inicio del proceso judicial que culminó con el fallo condenatorio”, señaló Centro Judiciales.

Otra resolución: condenado por acoso virtual

Por su parte, este miércoles, Centros Judiciales también informó que El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a un hombre identificado como REPL, de 21 años, tras encontrarlo culpable de acoso mediante tecnologías de la información y la comunicación, así como de amenazas, en perjuicio de dos menores de 13 y 15 años, según informaron Centros Judiciales.

La sentencia contempla cinco años de prisión por cada víctima: cuatro años por acoso informático y uno por amenazas. El procesamiento comenzó en junio de 2025, luego de que los adolescentes denunciaran la recepción de mensajes intimidatorios y de contenido sexual a través de redes sociales.

En respuesta a la denuncia, se coordinó un dispositivo policial que permitió ubicar al acusado, quien fue capturado en flagrancia tras concertar una cita con las víctimas en las inmediaciones del polideportivo de Lourdes, en Colón. Además, durante el juicio, el tribunal fundamentó la condena en el análisis pericial de los teléfonos celulares, así como en las conversaciones e imágenes presentadas como evidencia.

A fines de 2025, Daiana Belén Balmaceda, en ese entonces jefa de vigilancia y tratamiento del penal de mujeres de Magdalena, encabezó un acto protocolar dentro del complejo penitenciario cercano a La Plata. Junto a su equipo de trabajo, le entregó sus diplomas a personas privadas de su libertad por su egreso en diversas carreras del instituto local de formación docente.

Hubo tortas y felicitaciones aquel día. Hoy, para Balmaceda, hay cárcel. Ayer, el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal allanó su casa en La Plata y la detuvo tras un pedido del fiscal Álvaro Garganta, que la acusa de un delito propio de la dictadura: torturar y violar a detenidas en la prisión el 3 de junio pasado.

Otros 14 penitenciarios que participaron de los supuestos tormentos -ocurridos tras una fuerte represión por una pelea en la celda número 3 de la planta alta del penal- fueron arrestados ayer en el marco de la causa iniciada por una denuncia iniciada por la Comisión Provincial por la Memoria, entre ellos, varias figuras jerárquicas del penal, como la segunda al mando de Balmaceda. Hay otras seis penitenciarias mujeres en la lista. El fiscal Garganta planea indagar hoy a todos los detenidos. Sin embargo, espera que se nieguen a declarar, Balmaceda, particularmente.

La acusación contra la mujer platense de 31 años es aberrante, propia de un centro clandestino: tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por el rol de funcionario de una fuerza de seguridad. Balmaceda misma fue acusada por Garganta de ser coautora de la violación de una detenida y partícipe necesaria del abuso de otra, según la imputación del caso.

Infobae accedió a las pruebas completas de la imputación contra Balmaceda. Lo que revelan es al menos inquietante. Una frase que la Justicia le atribuye resuena hace semanas. “Besame las botas”, le habría dicho a una detenida mientras supuestamente la torturaba. Hay más.

Al imputarla, Balmaceda destacó “su participación activa en los eventos delictivos, tomando parte ejecutiva en los mismos, como también aportando con su presencia el apoyo numérico necesario para garantizar el sometimiento de las víctimas”. Los testimonios de las víctimas, con cuatro detenidas que declararon en relatos que el fiscal consideró creíbles, precisamente, fueron la clave. Las mayúsculas le corresponden al expediente"

“BALMACEDA me decía que cierre el orto, que me calle y que me arrodillara. Yo me arrodillé. BALMACEDA pidió un colchón. Estando boca abajo, la encargada TOLEDO”, o María Belén Toledo, una de las penitenciarias acusadas, “me bajó los pantalones hasta las rodillas, sin bajarme la bombacha”, declaró una de las víctimas. Allí, “BALMACEDA me dijo ‘Besame la bota porque ésta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo’“.

La detenida se negó: “TOLEDO me levantó la remera hasta el cuello y me arrancó el corpiño. Yo grité y BALMACEDA me dijo: ‘Cerrá el orto si no querés que te haga romper el culo’”.

Otra detenida, ingresada por fuerza a la leonera de la prisión en medio del tumulto, aseveró a la Justicia. En presencia de Balmaceda, “Me dijeron que me ponga contra la pared, me decían ‘HIJA DE PUTA, ARRODILLATE’, pero no lo hice, y empezaron a pegarme patadas detrás de las rodillas hasta que caí al suelo, estando esposada”.

“Ahí me pusieron boca abajo y entre las cuatro empezaron a pegarme patadas en la cabeza, en las costillas, en todo el cuerpo y me escupían. Me decían: ‘Sos una presa más, acá no sos nadie la concha de tu madre, ahora me vas a besar las botas’. Cuando me pusieron arriba del colchón, BALMACEDA me pisó la cabeza”.

Poco después, la jefa de vigilancia le advirtió: “Si seguís gritando te voy a meter una media en la boca”. Poco después, Balmaceda le insertó una media en la boca. La detenida se orinó encima.

Los abusos sexuales

Balmaceda, según sus relatos, habría atendido una por una a las detenidas:

“Ahora me vas a besar la bota, la concha de tu madre, pedazo de conchuda, te olvidaste lo que era Magdalena, yo te lo voy a recordar”, le dijo, supuestamente, a la tercera denunciante. Balmaceda, otra penitenciaria y cuatro hombres la rodeaban. La desnudaron. La forzaron a arrodillarse otra vez, para que le besara las botas a la jefa. La detenida se negó. Luego, comenzó una tortura típica de los centros clandestinos de la dictadura: el submarino.

“Comenzaron a meterme la cabeza bajo el agua, yo conté que lo hicieron al menos diez veces y estuve bajo el agua entre 30 y 40 segundos. BALMACEDA decía “vamos a apagar el fueguito”. Allí, la pusieron en cuatro patas frente a la jefa. “Cuatro de los masculinos introdujeron sus dedos en mi vagina”, siguió la detenida en su relato. Comenzó a convulsionar poco después, en la sala de tormentos.

La cuarta detenida trazó una escena aberrante como pocas. Su presunto tormento ocurrió en un aula de la prisión:

“Me ponen boca arriba y ahí BALMACEDA me baja el pantalón de gimnasia hasta la mitad de mis piernas arriba de las rodillas. Me arranca el boxer y dice: ‘Esta tiene el celular metido adentro de la c....´. Yo empiezo a apretar las piernas porque la verdad me dio miedo. Había mucho personal masculino, y viene el subdirector y me abrió las rodillas, yo pensé que lo iba hacer él, pero BALMACEDA fue quien me metió la mano entera en la vagina mientras el subdirector me separaba las rodillas”.

La promesa de un regalo terminó en una condena judicial luego de que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas Oeste, que dictó 14 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 13 años.

El caso, confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), expone cómo la manipulación y el engaño fueron empleados para concretar el abuso en la zona central de El Salvador.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la menor conoció al agresor identificado como, Ever Adolfo Calles Sorto, a través de una persona en común.

Ambos mantuvieron comunicación durante aproximadamente tres meses mediante redes sociales, lo que permitió que el acusado ganara la confianza de la víctima.

El 16 de septiembre de 2024, Calles Sorto contactó a la adolescente por videollamada y le ofreció entregarle un peluche, citándola en el Polideportivo de Victoria. En ese lugar, el imputado sometió por la fuerza a la menor y consumó el abuso sexual.

La denuncia se formalizó cuatro meses después, cuando la menor comunicó lo sucedido a su madre, quien acudió a las autoridades.

A partir de ese momento, la Fiscalía General de la República inició la investigación y presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

El fallo fue emitido en presencia de Calles Sorto, quien escuchó la sentencia de prisión junto con la obligación de pagar una responsabilidad civil económica a favor de la víctima.

Esta condena se inscribe dentro de las acciones de la FGR para enfrentar los delitos sexuales contra menores en la región central del país, una problemática que mantiene la atención de instituciones de protección a la niñez y adolescencia.

Condena a 11 años de prisión por agresión sexual de una menor en Tonacatepeque

En otro caso reciente, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 11 años de prisión a Lisandro Antonio Romero Palma por agresión sexual en menor o incapaz. La resolución, comunicada por la Fiscalía General de la República, corresponde a hechos ocurridos en septiembre de 2025 en una colonia del distrito de Tonacatepeque.

Según la investigación de la FGR, Romero Palma se valió de la relación cercana con los familiares de la víctima para cometer el delito. El expediente indica que el acusado llegó a la vivienda de la menor para recoger unas pertenencias y, al encontrarla sola, la tocó indebidamente. Posteriormente, la amenazó con hacerle daño a su madre si contaba lo sucedido.

A pesar de las amenazas, la víctima relató los hechos a sus familiares, quienes procedieron a interponer la denuncia. Durante el proceso judicial, el tribunal consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para dictar el fallo condenatorio. La audiencia se desarrolló en presencia del imputado, quien escuchó la sentencia sin incidentes adicionales.

Ambos casos reflejan la labor de las instituciones encargadas de investigar y perseguir penalmente los delitos de agresión sexual contra menores de edad en El Salvador. Las resoluciones confirman la aplicación de la legislación vigente en materia de protección a la niñez y la adolescencia y subrayan la importancia de la denuncia para el esclarecimiento de los hechos.

Una serie de sentencias condenatorias dictadas en la segunda quincena de agosto reflejan la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a delitos sexuales contra niñas y adolescentes en El Salvador. Durante ese período, tribunales de distintas regiones del país impusieron penas de prisión a varios agresores en procesos que, según la FGR, incluyeron pruebas documentales, periciales y testimoniales.

El caso más reciente, informado el 20 de agosto, corresponde a la condena de Walter Enrique Reyes Reyes a 26 años de prisión por agresión sexual y violación agravada continuada contra una niña entre 2011 y 2015 en San Juan Opico, La Libertad Centro.

El fallo, emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, también le impuso el pago de USD 1.690 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Según el reporte de la FGR, Reyes Reyes se aprovechó de su vínculo cercano para cometer los abusos mientras la menor se encontraba sola en su vivienda.

Ese mismo día, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó una pena de 10 años de prisión contra Juan Francisco Roque Rivera por abusar sexualmente de una menor en La Libertad Costa durante 2023. Los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones en la playa El Majahual y en el distrito de Chiltiupán. La sentencia incluye una orden de pago de USD 1.000 para la víctima.

El 20 de agosto, Wilmer Isaías del Cid Cruz también fue sentenciado a 22 años de prisión por violación agravada en menor e incapaz, en hechos ocurridos en septiembre de 2023 en Ahuachapán. El tribunal valoró la manipulación y el engaño con los que Del Cid Cruz se acercó a la víctima, quien posteriormente quedó embarazada.

Fallos del 19 de agosto

En el mismo período, el 19 de agosto, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Santiago Antonio Portillo Chávez a 12 años de prisión por violar a una adolescente en el barrio El Tablón, distrito de Citalá, en febrero de 2025. Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso el pago de USD 5.000 a la víctima.

El 19 de agosto, el Tribunal de Sentencia de La Unión impuso 20 años de prisión a Héctor Mauricio Bonilla Salmerón por violación continuada contra una menor. La FGR sostuvo que el imputado persuadió a la víctima, de 14 años, para ingresar a su vivienda y cometer los abusos.

Ese mismo día, Heriberto Arturo Martínez García recibió una condena de 26 años y ocho meses de prisión por violación agravada continuada, ocurrida entre 2018 y 2021 en una colonia de Tonacatepeque, San Salvador Este. El tribunal también ordenó el pago de USD 1.040 a favor de la víctima y dispuso tratamiento psicosocial para el agresor.

Condenas del 17 de agosto

El 17 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Alejandro Masín Hernández a 26 años y ocho meses de prisión por agresión sexual agravada continuada contra una niña a la que cuidó durante seis meses en San Salvador Centro. El fallo incluye el pago de USD 1.000 en concepto de responsabilidad civil.

Ese mismo día, en Santa Tecla, La Libertad Sur, Víctor Manuel Martínez Paredes fue condenado a 12 años de prisión por agresión sexual en menor de edad durante una celebración familiar en 2025.

El 17 de agosto, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de más de 26 años de prisión contra Marvin Rivera Reyes y de 14 años de cárcel contra Wendi Roxana Funes Martínez. Rivera Reyes fue hallado culpable de violación agravada continuada contra una menor en Apopa, San Salvador Oeste, mientras que Funes Martínez fue condenada como cómplice por omisión, al tener conocimiento de los abusos y no denunciar. La víctima quedó embarazada producto de los delitos y fue inducida a tomar pastillas abortivas.

¿Qué me está pasando? ¿Me estaré volviendo loca? Después de parir a mi hija se puso en marcha algo dentro mío que no llegaba a entender. Al principio pensé que sería el parto, las hormonas, el cansancio, la falta de sueño, ese terremoto físico y emocional que significa convertirse en madre. Pero las semanas pasaban y, junto con la inmensa plenitud que sentía al tenerla conmigo, crecía una angustia difícil de explicar. La miraba dormir, la tenía en brazos, sentía un amor que nunca había experimentado y, sin embargo, en algún lugar de mí había empezado a crecer una inquietud que parecía venir de mucho más lejos.

No era la primera vez que sentía algo parecido. Durante mi adolescencia había atravesado años bastante oscuros, dominados por una sensación de sinsentido que algunos psiquiatras diagnosticaron como depresión. Me dieron medicación y durante un tiempo dejé de sufrir, y también de sentir. Más bien me sentía anestesiada, como si mirara mi propia vida desde afuera. Las cosas ya no dolían tanto, pero tampoco me producían demasiada alegría. Pasé por médicos y terapeutas que intentaron contarme qué me sucedía, pero ninguna de aquellas explicaciones terminaba de tocar algo que yo pudiera reconocer como verdadero.

Ese largo desierto duró hasta que conocí al hombre que después sería mi marido. Enamorarme fue como volver a la vida y durante un tiempo pensé que todo se había arreglado. Me sentía elegida, querida, fascinada por él y, sobre todo, correspondida en esa fascinación. Había algo extraordinario en descubrir que alguien a quien yo quería tanto también quería estar conmigo. Pero con el tiempo la intensidad del enamoramiento fue bajando y aquellas sombras que yo creía desaparecidas volvieron a aparecer. Al principio traté de ocultarlas para no espantarlo, hasta que llegó un momento en que ya no pude seguir haciéndolo.

Cuando finalmente me animé a mostrarle esa parte de mí, él reaccionó de una manera que no esperaba. Fue amoroso, paciente, comprensivo, y empecé a experimentar una sensación que me resultaba extrañamente nueva: la de ser cuidada. Siempre me llamó la atención sentirlo así porque si alguien me hubiera preguntado por mi infancia, habría dicho que venía de una familia sólida y con buenos padres. Mi madre era algo fría y mi padre bastante rígido, con una forma de ejercer la autoridad que no admitía demasiadas discusiones, pero nunca habría dicho que había crecido a la intemperie. Y, sin embargo, algo de la contención de mi marido me resultaba una experiencia nueva.

Cuando mi hija cumplió seis meses, la angustia se volvió mucho más difícil de manejar. Por momentos sentía que podía perder la cabeza porque convivían dentro de mí dos emociones que parecían incompatibles. Por un lado, estaba ese amor inmenso por ella, las ganas de cuidarla y protegerla, el deseo de verla crecer; por el otro, un desasosiego cada vez más profundo que no conseguía relacionar con nada concreto. Hablaba de esto con mi psicóloga, pero las sesiones no parecían llevarme a ningún lado. Hasta que una noche tuve un sueño que me dejó profundamente perturbada.

En el sueño estaba sentada sobre la falda de mi padre. Al principio él me acariciaba como podría acariciar un padre a una hija, pero poco a poco esas caricias adquirían otra intención. Me desperté muy angustiada y durante los días siguientes no pude sacarme esas imágenes de la cabeza. Cuando se las conté a mi terapeuta apareció una pregunta que me resultaba insoportable: ¿había sido simplemente una pesadilla o podía haber algo más detrás de ella? No tenía ninguna respuesta y tampoco sabía si quería encontrarla. La posibilidad de que mi propia cabeza estuviera inventando algo así me aterraba, pero la posibilidad contraria era todavía peor.

Durante los meses siguientes empecé a sentir que había una parte de mi historia a la que nunca había querido entrar. La imagen que me venía era la de un sótano oscuro dentro de mí, un lugar que había permanecido cerrado durante años y que de pronto empezaba a reclamar mi atención. Sabía que tarde o temprano tendría que bajar, prender la luz y mirar lo que hubiera allí, aunque decirlo era muchísimo más fácil que hacerlo. Ni siquiera sabía cómo se llegaba a ese lugar ni cómo distinguir un recuerdo verdadero de un delirio construido muchos años después.

Pocas semanas más tarde tuve otro sueño. Esta vez yo tendría unos nueve años y estaba acostada en mi habitación, a punto de dormirme. Mi padre entraba, se acostaba a mi lado y empezaba a acariciarme. Primero eran caricias que podían ser afectuosas, pero después cambiaban. En el sueño me quitaba la bombacha y me violaba. Me desperté llorando, casi sin poder respirar. Mi marido trató de calmarme diciéndome que había sido una pesadilla, pero yo sentía que era algo diferente, aunque no pudiera demostrarme a mí misma qué parte era un recuerdo y cuál podía haber sido creada por mi mente.

Lo más desconcertante fue que, mezclado con el horror, apareció cierto alivio. Me costaba incluso admitirlo porque parecía absurdo sentir algo parecido después de un sueño así, pero por primera vez empezaba a imaginar que aquella depresión de mi adolescencia, esa sensación persistente de que la vida no tenía demasiado sentido, podía tener una causa. Durante años había pensado que yo tenía algo defectuoso. Esa tristeza que aparecía sin explicación, ahora abría una posibilidad terrible pero al mismo tiempo, ordenadora. Tal vez había sucedido algo que yo había apartado de mi conciencia y que, por alguna razón, la maternidad estaba sacando a la superficie.

Con el correr de los días apareció un problema todavía más difícil: qué hacer con mi padre. Seguía siendo el hombre que me había criado, que me había educado y que había formado parte de toda mi vida. ¿Cómo podía conciliar a ese padre con el hombre que aparecía en mis sueños? ¿Cómo se acusa a alguien de algo así cuando ni siquiera una misma sabe con certeza qué recuerda? Mi terapeuta fue muy prudente y me insistía en que no podía tomar un sueño como una prueba. Me preguntaba qué pasaría si todo aquello fuera una construcción de mi mente, y yo entendía perfectamente su cautela, aunque cada vez me resultaba más difícil seguir relacionándome con él como si nada estuviera ocurriendo.

Continué viéndolo durante un tiempo. Teníamos nuestras cenas semanales y cada encuentro se volvía más incómodo. Lo escuchaba hablar de cualquier cosa y, mientras tanto, había una pregunta que ocupaba todo el espacio entre nosotros. A veces lo observaba tratando de encontrar algún indicio en su cara, algún gesto que me confirmara o desmintiera lo que yo sentía. Otras veces me reprochaba estar haciendo algo tan injusto como sospechar de mi propio padre por un sueño. Así pasaron varias semanas, hasta que una noche entendí que ya no podía seguir sentándome frente a él fingiendo normalidad.

No preparé demasiado lo que iba a decirle. Quizás porque no existía una manera adecuada de tener una conversación semejante. En algún momento lo miré y le dije: “Sé que me violaste”.

Mi padre siempre había sido un hombre de una enorme fortaleza, rígido, casi militar, y nuestra relación había tenido algo de esa verticalidad durante toda mi vida. Por eso me sorprendió tanto lo que ocurrió. No me preguntó de qué estaba hablando, no se enojó, no me dijo que estaba loca ni intentó convencerme de que mis recuerdos eran falsos. Colapsó delante mío y empezó a repetir una sola palabra: “Perdón, perdón, perdón…”.

No sé cuánto duró ese momento. Recuerdo mirarlo y sentir que ya no tenía nada más que hablar. Durante meses había dudado de mi cabeza, de mis sueños y de mis propias percepciones, y ahora tenía frente a mí una reacción que para mí modificaba completamente las cosas. Me levanté y me fui. No hubo una discusión ni una explicación que permitiera ordenar lo ocurrido. Tampoco sé si hubieran servido para algo. Hay conversaciones en las que uno busca comprender al otro; en esa, yo solamente necesitaba saber.

Hablar con mi madre fue diferente. Cuando se lo conté, fingió sorpresa y negó que algo así pudiera haber sucedido. No le creí. Nunca pude saber exactamente qué sabía, qué sospechaba o qué había preferido no ver, y con el tiempo entendí que probablemente tampoco llegaría a saberlo. Mis padres se separaron poco después y durante mucho tiempo me quedó el consuelo de pensar que quizá aquella separación había sido su manera tardía e imperfecta de reaccionar ante algo que no había podido enfrentar.

Tardé dos años en hacer la denuncia judicial. Sabía que las posibilidades de demostrar un abuso ocurrido más de veinticinco años atrás eran mínimas y que probablemente el proceso no terminara como uno imagina que debería terminar una historia así. Durante bastante tiempo eso me hizo preguntarme para qué hacerlo. Si no podía probarlo, si probablemente no conseguiría una condena y si nada de lo sucedido podía deshacerse, ¿qué sentido tenía exponerme nuevamente?

Finalmente entendí que necesitaba denunciarlo por una razón que tenía menos que ver con la justicia y más conmigo. Durante muchos años había vivido con una angustia cuyo origen desconocía y después había pasado otros tantos tratando de reunir el coraje para mirar aquello que podía haber sucedido. Hacer la denuncia era una manera de dejar de sentirme completamente sometida a esa historia, de poder decirle a mi padre, pero sobre todo decirme a mí misma, que ya no tenía miedo.

Durante mucho tiempo pensé que para enfrentar algo había que dejar de tener miedo. Hoy sé que eso no es cierto. Tuve miedo cuando empecé a sospechar, tuve miedo cuando lo miré a los ojos y tuve miedo cuando finalmente hice la denuncia. Solo que entendí que algunas cosas importantes de la vida se hacen así, sin que el miedo desaparezca. Alcanza con descubrir que podemos tener miedo y, aun así, hacer lo que tenemos que hacer.

* Juan Tonelli es escritor y speaker, autor del libro “Un paraguas contra un tsunami”.www.youtube.com/juantonelli

La policía de Vietnam presentó cargos formales por el delito de violación contra un hombre de 23 años, en un proceso penal que avanza tras la firme denuncia de Nguyen Thi Quynh Tam, una estudiante estadounidense de 24 años originaria de Houston, Texas. La acción judicial marca un hito inédito en el país asiático, donde los delitos de agresión sexual suelen ser silenciados, relegados al ámbito estrictamente privado o resueltos mediante arreglos económicos entre las partes, según detalló una investigación periodística publicada por The Associated Press.

La joven denunciante se había trasladado a Vietnam en mayo de 2026 para llevar a cabo una pasantía en el sector bancario. Su viaje tenía también un profundo componente personal: buscaba reconectar con sus raíces y con la historia del país del que su familia emigró hacia Estados Unidos cuando ella tenía apenas cinco años. Sin embargo, su plan académico y personal quedó interrumpido tras sufrir el ataque, cuya persecución penal ahora busca sentar un precedente para la protección de las mujeres en la región.

La secuencia de la agresión en Phu Tho

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de julio de 2026 en un complejo turístico de la provincia de Phu Tho, una zona de descanso ubicada a poca distancia de Hanói, donde la estudiante se encontraba participando de un viaje recreativo junto a un grupo de conocidos.

Durante la noche previa del 4 de julio, los integrantes del grupo permanecieron despiertos hasta altas horas de la madrugada. Al momento de retirarse a descansar, la víctima se encontró con que la puerta de la habitación que le correspondía estaba bloqueada. Ante esta imprevista situación, buscó un dormitorio contiguo que se encontraba desocupado y se quedó dormida sin echar el cerrojo de la puerta.

Según el relato vertido en el expediente judicial, el agresor ingresó a la estancia mientras la joven dormía, la abordó en la cama y comenzó a besarla. Pese a que ella reaccionó inmediatamente exigiendo que se detuviera, golpeándolo, empujándolo y gritando de forma reiterada, el hombre la redujo y le inmovilizó ambos brazos por encima de la cabeza y la sometió sexualmente.

Inmediatamente después del ataque y en estado de shock, la estudiante logró contactar telefónicamente a su pareja en Estados Unidos para relatarle la agresión que acababa de sufrir.

Intentos de soborno y encubrimiento

Días después del hecho, comenzaron las maniobras de ocultamiento. El 9 de julio, el señalado como agresor envió una nota escrita y realizó una llamada telefónica para ofrecer disculpas a la víctima. La situación escaló el 11 de julio, cuando la joven aceptó reunirse con el padre del imputado.

De acuerdo con testimonios y fuentes locales, el sospechoso pertenece a una familia caracterizada por un alto poder adquisitivo y con sólidas conexiones en las esferas políticas del país. En dicho encuentro, el padre del acusado le preguntó directamente a la estudiante qué suma de dinero estaría dispuesta a aceptar para no involucrar a las autoridades judiciales. Cinco días más tarde, la oferta económica para silenciar el hecho fue reiterada de manera explícita.

Asimismo, la estudiante denunció haber enfrentado trabas sistemáticas por parte de los propios efectivos de la policía local a los que acudió. Aseguró que los agentes sugirieron en múltiples oportunidades resolver el incidente mediante un acuerdo confidencial de compensación financiera con la familia del acusado.

La joven sostuvo que la presión policial incluyó solicitudes para que firmara documentos formales en los que aceptaba declinar la realización de exámenes médicos forenses, así como también renunciar al derecho de contar con representación legal. Nguyen Thi Quynh Tam rechazó categóricamente cada una de estas propuestas.

Fricciones diplomáticas y reconstrucción traumática

La denuncia formal ante la policía fue formalizada el 21 de julio. Como parte de la investigación iniciada por la fiscalía, las autoridades condujeron a la víctima de regreso al complejo turístico en Phu Tho para realizar la reconstrucción de los hechos, una diligencia del procedimiento penal vietnamita que la joven calificó como una experiencia “sumamente traumática”.

El recorrido institucional para buscar justicia también estuvo marcado por fricciones en el ámbito diplomático. La estudiante manifestó haber percibido una escasa y fría asistencia inicial por parte de la Embajada de Estados Unidos en Hanói. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos se limitó a señalar públicamente que tenía conocimiento de la situación, evitando brindar explicaciones detalladas al amparo de las leyes de privacidad y las normas de procedimiento consular.

Ante este escenario de desamparo institucional, la víctima decidió contactar a la oficina del senador estadounidense por Texas, Ted Cruz, cuyo equipo intervino para realizar gestiones y brindar apoyo político en el seguimiento del caso.

Reacciones oficiales e investigación en curso

En el ámbito local, el padre del imputado admitió en una comunicación enviada a The Associated Press que entre los involucrados existió un “encuentro íntimo”, pero negó de forma tajante que su familia ejerciera algún tipo de coacción para forzar el retiro de la denuncia. Por su parte, el imputado ha mantenido el silencio frente a las consultas enviadas por medios de comunicación.

Desde el gobierno nacional, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, confirmó la apertura de los procedimientos legales formales conforme a la legislación vigente en el país, si bien optó por no responder a las preguntas sobre el cuestionado accionar de la policía local. Aunque la imputación formal contra el sospechoso representa un paso significativo contra la impunidad en casos de violencia de género en Vietnam, la investigación penal continúa en curso y la resolución definitiva del caso permanece abierta en los tribunales.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco lograron la aprehensión de Lucio “N”, quien es investigado por el delito de violación, por hechos que presuntamente ocurrieron en 2024, cuando ocupaba el cargo de director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal, las investigaciones fueron realizadas a través de la Dirección General de Visitaduría de la dependencia, luego de que se presentó una denuncia contra el ahora detenido.

Lucio “N” ya había sido vinculado a proceso

La Fiscalía estatal informó que Lucio “N” fue vinculado a proceso el pasado 12 de agosto, luego de que se desarrollaran las primeras diligencias relacionadas con la denuncia.

En esa audiencia se había establecido inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses. Sin embargo, posteriormente la medida fue modificada por decisión del juzgador ante quien había sido puesto a disposición en un inicio, por lo que el imputado continuó su proceso en libertad.

La dependencia señaló que esta determinación ocurrió pese a que, de acuerdo con su postura, la legislación contempla la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos.

Por esta decisión, el Consejo de la Judicatura de Jalisco suspendió e investigará al juez identificado como Luis Ignacio N, quien ordenó el cambio de medida cautelar para el exdirector del DIF estatal.

Ante esta situación y debido a la naturaleza de los hechos investigados, el Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas al señalado.

No acudió a audiencia y fue declarado sustraído de la justicia

La Fiscalía del Estado detalló que Lucio “N” debía presentarse a una audiencia durante la mañana de este jueves; sin embargo, no acudió al llamado de la autoridad judicial.

Ante su incomparecencia, fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue concedida por un juez.

Con la orden judicial en mano, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo las labores necesarias para localizar y detener a Lucio “N”.

Finalmente, los elementos de la Fiscalía del Estado cumplimentaron la orden de aprehensión y pusieron al investigado a disposición de un juzgado, donde deberá continuar el proceso legal correspondiente.

¿Qué se investiga contra el exdirector del DIF Jalisco?

Según las indagatorias citadas por la Fiscalía, los hechos se remontan a 2024, cuando Lucio “N” se desempeñaba como director general del DIF Jalisco.

La investigación señala que, inicialmente, el entonces funcionario presuntamente habría realizado acciones incómodas y tocamientos indebidos contra una mujer que laboraba con él.

Posteriormente, el 6 de marzo de 2024, la dependencia habría organizado una actividad de carácter presuntamente laboral en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a la que acudieron diversas personas funcionarias, entre ellas la víctima y quien en ese momento era titular del DIF Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante esa actividad Lucio “N” habría aprovechado un momento en el que se encontraba a solas con la mujer para presuntamente cometer el delito de violación que ahora se le atribuye.

Fiscalía continúa con la investigación

Tras la presentación de la denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y reunieron elementos que permitieron citar al señalado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que Lucio “N” quedó nuevamente a disposición de un órgano jurisdiccional, por lo que será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica y la continuidad del proceso por el delito de violación.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor para las presidenciales de octubre en Brasil, propuso el jueves reducir la mayoría de edad penal a 14 años para delitos graves. El aspirante del Partido Liberal (PL) expresó en una transmisión en directo: “Quiero la edad penal en 14 años para los delitos atroces”.

Durante el evento, realizado tras una jornada de campaña en São Paulo, el legislador abordó temas económicos y de seguridad, transmitiendo su mensaje por su canal de YouTube. Citó un caso reciente difundido por CNN Brasil sobre cinco adolescentes detenidos por la presunta violación de dos jóvenes de 14 años en una escuela de Recife. “¿Ustedes creen que un maleante de estos de 14 años no sabe lo que está haciendo? Claro que lo sabe y rara vez permanece más de tres años preso”, afirmó Bolsonaro, acompañado por el ex secretario de Seguridad de São Paulo y candidato al Senado Guilherme Derrite.

La propuesta va más allá del plan de gobierno presentado por Flávio ante la Justicia Electoral, donde se compromete a reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y a aplicar sanciones penales a mayores de 14 años que cometan delitos graves, como violación, tráfico de drogas, tortura y asesinato.

Actualmente, la mayoría de edad penal en Brasil está fijada en 18 años. Los menores entre 12 y 17 años que cometen infracciones son juzgados por tribunales especiales bajo el Estatuto del Niño y el Adolescente, que contempla diversas “medidas socioeducativas” en vez de penas de cárcel, incluida la privación de libertad en centros juveniles hasta los 21 años.

La seguridad figura como eje principal de la campaña de Flávio Bolsonaro, quien también propuso penas más severas para el robo de celulares, la construcción de más cárceles y la castración química para pederastas. Según el último sondeo de la firma Quaest, el senador mantiene un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la proyección para una posible segunda vuelta electoral.

Bolsonaro realizó su primera visita a São Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil, como parte de su campaña tras el acto inicial en la playa de Copacabana. En el mercado popular del barrio de São Miguel, un grupo de simpatizantes vestidos con camisetas de la selección brasileña aguardó desde temprano su llegada junto al alcalde Ricardo Nunes.

En medio de un fuerte calor, vecinos de la periferia aprovecharon la ocasión para expresar demandas y protestas. En este distrito, donde en las elecciones de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva superó a Bolsonaro, manifestantes desplegaron una bandera con el mensaje: “Bolsonaro, Nunes: no los queremos en nuestras comunidades”.

Mientras tanto, del otro lado del cordón policial, los seguidores del legislador repartieron folletos y ondearon banderas, esperando la llegada del candidato, quien vestía una camisa blanca sobre un chaleco antibalas, prenda que utiliza desde que fue confirmado como sucesor de su padre en diciembre.

La seguridad privada habilitó el acceso de Flávio a su primera parada: el Almacén Solidario, un programa municipal que ofrece alimentos a precios reducidos para familias de bajos recursos. El candidato expresó su interés en replicar esta iniciativa a nivel nacional y aprovechó para criticar la gestión del presidente Lula. “Primero tenemos que arreglar el desastre que ha causado Lula. Gasta demasiado, sube los impuestos y se mete con la población para recaudar más”, declaró ante los medios.

Bolsonaro conversó con comerciantes, consultó precios y realizó pagos utilizando Pix, el sistema de pagos electrónicos de Brasil. Entre los asistentes, una mujer expresó: “Te quiero dar un abrazo, es como si estuviese abrazando a tu padre”. Miguel, un joven de 14 años, celebró tras lograr una fotografía con el candidato. Katiane Araújo Santos, enfermera de 44 años, acudió junto a su hija de once al evento y señaló: “Si quieren considerarme bolsonarista, no reniego, porque es una persona en la que veo valores familiares, que es algo que quiero transmitirle a ella”.

(Con información de EFE)

La Fiscalía Regional Metropolitana de Morelos obtuvo este miércoles un auto de vinculación a proceso contra Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, por el delito de violación cometido en 2024 en el municipio de Cuernavaca.

Un juez de control determinó que los elementos de prueba presentados eran suficientes para sujetarlo a proceso penal y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. El imputado ya enfrentaba un proceso por feminicidio en grado de tentativa en agravio de la misma víctima.

La audiencia se celebró en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, donde el juzgador resolvió mantener la reclusión del imputado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá integrar los elementos necesarios para el desarrollo del proceso penal. De acuerdo con Milenio, la condena máxima que podría enfrentar Jorge Francisco “N” por este delito es de 25 años de prisión.

Hechos que motivaron el proceso

Los actos que se le atribuyen ocurrieron durante 2024 en Cuernavaca, en agravio de Paula Fajardo, identificada en el expediente con las iniciales P.E.F.M. La Fiscalía Regional Metropolitana presentó ante el juez los elementos de prueba que, a su juicio, acreditaban la probable responsabilidad del imputado en el delito sexual.

El juzgador coincidió con esa valoración y emitió el auto de vinculación a proceso. Con esa resolución, Jorge Francisco “N” quedó formalmente sujeto a un proceso penal por violación, con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, lo que impide cualquier posibilidad de libertad mientras avanza la investigación complementaria.

Tres cargos, una misma víctima

Jorge Francisco “N” no enfrenta por primera vez el sistema de justicia penal. El imputado ya estaba vinculado a proceso y bajo prisión preventiva por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia vicaria, también en agravio de Paula Fajardo.

Con la resolución de este miércoles acumula tres causas penales activas, todas bajo prisión preventiva. Por ello permanecerá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, mientras los procesos judiciales continúan su curso.

Paula Fajardo exige que no queden cabos sueltos

La víctima se pronunció públicamente antes de la audiencia. Fajardo descartó cualquier posibilidad de retirar las acusaciones o concederle el perdón a su exesposo, y afirmó que continuará adelante con los procesos penales iniciados en su contra.

La víctima también reconoció el respaldo de la Fiscalía estatal y de las instituciones que han intervenido en el caso, aunque dejó claro que aún falta trabajo para garantizar su seguridad.

Su abogado Efraín Marqués sumó otra denuncia al expediente público: señaló presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Feminicidios, al detectar irregularidades en el expediente desde la formulación de la imputación por el primer delito.

La postura de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió un comunicado tras la resolución judicial en el que reiteró su compromiso de agotar todas las acciones ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos.

La dependencia subrayó que su actuación busca garantizar el acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes, en este y en otros casos similares que tramita la institución en el estado.

“La Fiscalía Morelos señala que agotará todas las acciones correspondientes para garantizar justicia a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, afirmó la dependencia en su escrito compartido.

La investigación complementaria deberá cerrarse en un plazo máximo de dos meses, según lo establecido por el juez de control en la audiencia de Atlacholoaya.

Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, fue detenido este 6 de agosto en Guerrero por una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, una captura que llega más de dos meses después de que la víctima difundiera videos de las agresiones sufridas en Morelos y luego de que el acusado promoviera un amparo para evitar ser arrestado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la aprehensión se concretó con apoyo de autoridades de Guerrero, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia. Paula Fajardo precisó después, en un video publicado en redes sociales, que la detención ocurrió en Acapulco.

Lucio Miranda Robles fue detenido y vinculado a proceso por el presunto delito de violación contra una compañera de trabajo, por hechos que la Fiscalía de Jalisco ubicó en marzo de 2024 cuando se desempeñaba como director general del Sistema DIF Jalisco. Un juez le impuso seis meses de prisión preventiva oficiosa mientras avanzaban las indagatorias.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo que la acusación se relacionó con un episodio ocurrido durante una convocatoria laboral en Tapalpa. La autoridad ministerial indicó que, durante el desarrollo de los hechos, el exfuncionario habría aprovechado su posición de poder frente a la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se remontó al 6 de marzo de 2024, cuando personal del DIF fue citado a un supuesto curso de trabajo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. La Fiscalía señaló que esa llamada a actividades laborales formó parte del contexto en el que se presentó la denuncia.

Según la misma dependencia, Miranda Robles presuntamente realizó primero acciones incómodas y tocamientos indebidos contra la trabajadora y, después, habría abusado sexualmente de ella. La carpeta de investigación se integró con esos señalamientos, en tanto la autoridad continuó con la recopilación de datos y diligencias.

Miranda Robles fue detenido el 12 de agosto y quedó a disposición de un juez. En audiencia, el juzgador determinó vincularlo a proceso por el delito de violación, por lo que el caso avanzó a la etapa en la que se definieron medidas cautelares y plazos de investigación.

Como medida cautelar, el juez ordenó seis meses de prisión preventiva oficiosa. Esa determinación mantuvo al imputado privado de la libertad mientras se desarrolló la investigación complementaria y se desahogaron actos pendientes dentro del proceso penal.

El juzgador también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En ese periodo, la Fiscalía de Jalisco pudo fortalecer las indagatorias antes de que el caso avanzara hacia las siguientes etapas del procedimiento, incluida una eventual sentencia.

Previo a su detención, Lucio Miranda Robles se desempeñaba como coordinador de un área del gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga. En su trayectoria reciente también figuró como excoordinador de Servicios Públicos Municipales en ese municipio, además de su paso por la dirección general del DIF estatal.

• Lucio Miranda Robles fue detenido y vinculado a proceso por presunta violación contra una compañera de trabajo.
• Un juez le impuso seis meses de prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.
• La Fiscalía de Jalisco ubicó los hechos el 6 de marzo de 2024 durante una convocatoria a un supuesto curso laboral en Tapalpa.

Jalisco, Edoméx y CDMX concentran cerca del 42% de violaciones

A nivel nacional, se han acumulado más de 46,000 carpetas de investigación por abuso sexual durante el periodo de la actual administración federal, con un promedio diario alarmante en delitos sexuales contra menores y mujeres.

Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México concentran cerca del 42% del total de los casos de abuso sexual en el país, posicionándose como los principales focos rojos nacionales.Contexto Nacional del Abuso Sexual

Acumulado y Tendencia: las denuncias han mantenido una línea alta tras picos históricos previos que superaban los 35,000 registros anuales en el país.

Población Vulnerable: más del 34% de las víctimas de estos delitos de carácter sexual son niñas, niños y adolescentes.

Cifra Negra: organismos de protección estiman que hasta 9 de cada 10 casos de abuso sexual no se denuncian formalmente ante las autoridades ministeriales.

Situación en Jalisco: el Área Metropolitana de Guadalajara agrupa la mayor parte de las denuncias de la entidad.

Incidencia Infantil: los registros por abuso sexual infantil y otros delitos de género muestran variaciones estacionales o operativas reportadas por la fiscalía estatal, aunque continúan generando alertas críticas para las instituciones de protección a la niñez.

Tres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera son investigadas por el presunto delito de violación en perjuicio de una compañera de dormitorio, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades judiciales.

Las sospechosas son mujeres de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo, quienes estarían vinculadas con una agresión ocurrida dentro del centro penitenciario entre el 8 y el 10 de agosto.

Como parte de las diligencias para esclarecer lo sucedido, la Unidad de Género de Desamparados dirigió un allanamiento en las instalaciones del centro penitenciario.

La diligencia se realizó en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y permitió localizar y decomisar diferentes elementos que ahora forman parte de la investigación.

Entre la evidencia encontrada se encuentran armas punzocortantes, envoltorios con aparente marihuana y cocaína, así como otros objetos que podrían tener relevancia para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Investigación comenzó por un teléfono celular

Según la información recopilada por las autoridades, el incidente habría comenzado cuando las tres sospechosas le solicitaron a la víctima que escondiera un teléfono celular.

La mujer se habría negado a cumplir con la petición.

Ante esa negativa, las investigadas presuntamente la habrían tomado por la fuerza y de manera violenta, de acuerdo con la hipótesis que mantienen las autoridades dentro del expediente judicial.

Posteriormente, según se investiga, las mujeres habrían introducido el teléfono celular en las partes íntimas de la víctima.

Los hechos son analizados por las autoridades como un presunto delito de violación, aunque la investigación continúa abierta y corresponde al proceso judicial determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

La diligencia realizada en el centro penitenciario permitió a los investigadores recopilar evidencia adicional relacionada con el caso.

Víctima necesitó atención médica de emergencia

Como consecuencia de la agresión que se investiga, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico.

La mujer requirió atención especializada y posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades trabajan en la recopilación y análisis de elementos que permitan establecer qué ocurrió dentro del dormitorio y determinar la participación de cada una de las sospechosas.

La evidencia decomisada durante el allanamiento será incorporada al expediente correspondiente y sometida a los análisis que establezcan las autoridades judiciales.

Entre los elementos localizados figuran las armas punzocortantes y los envoltorios que contenían aparente marihuana y cocaína. También se decomisó otro tipo de evidencia que, de acuerdo con las autoridades, podría ser importante para el desarrollo de la investigación.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Las tres privadas de libertad de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo permanecen vinculadas a la investigación por el presunto delito de violación en perjuicio de su compañera.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso en etapa de investigación y continúan recopilando información para determinar las circunstancias de los hechos.

La investigación deberá establecer también la participación individual que habría tenido cada una de las sospechosas en la agresión denunciada.

El caso se mantiene dentro de la causa 26-001373-0053-PE, mientras las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes.

La evidencia decomisada durante el allanamiento será parte de los elementos que deberán ser valorados dentro del proceso, junto con los demás datos recopilados por los investigadores.

Por tratarse de una investigación en curso, corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que eventualmente puedan atribuirse a las tres privadas de libertad.

El hombre, director de una primaria, detalló una secuencia de hechos que arranca en 2017 y que, según su versión, culminó con él pidiendo permiso judicial para asistir al funeral de su propia hija.

La paternidad que ganó en un juzgado

En noviembre de 2017, el padre de Dafne promovió un juicio de reconocimiento de paternidad en el Juzgado Familiar de Ciudad Mante, bajo el expediente 1526 del mismo año. El 1 de octubre de 2018, el juez dictó sentencia: ordenó registrar a la menor con sus apellidos, fijó una pensión alimenticia equivalente al 30% de su salario y estableció convivencias los fines de semana.

“Yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario”, declaró. “Estaba peleando legalmente para poder ejercerla”, agregó.

Hasta julio de 2019, la relación con su hija avanzaba. Dafne asistió a un curso de verano en la primaria donde él trabaja como director y manifestó querer estudiar ahí su educación básica. Semanas después, todo cambió.

El 3 de agosto de 2019: el día que marcó su vida

El padre de Dafne señaló esa fecha como el punto de quiebre. Ese día llegaron a su domicilio Víctor Paz Jiménez, abogado y asesor de Alejandra Quintos, madre de la menor, junto con la propia Alejandra y dos elementos de la policía.

De ese episodio surgió una acusación de violación. Pero el padre de Dafne subrayó un detalle que, según él, es determinante, quien acudió a presentar la denuncia ante las autoridades no fue Alejandra, sino su abogado Paz Jiménez.

“¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación? ¿Por qué llegó acompañado de Alejandra y de dos policías hasta mi domicilio? ¿Por qué esto ocurrió precisamente cuando ya había conseguido judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella?”, mencionó en el video.

Desde ese momento, dijo, “pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad”.

Su madre, Nora Silvia, denunció a Alejandra Quintos por allanamiento de morada. Ese procedimiento quedó registrado en la carpeta 32 del 2021 y tuvo consecuencias concretas, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a la abuela de Dafne.

“No estamos hablando solamente de mi versión”, señaló. “Mi mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio y este procedimiento trajo consecuencias para Alejandra.”

Dos años en prisión y una extorsión con precio

El 4 de octubre de 2019 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra. El padre de Dafne ingresó a prisión preventiva, donde permaneció más de dos años.

Desde adentro, su familia comenzó a recibir presiones. Primero, Paz Jiménez promovió un cobro por alimentos retroactivos de 80 mil 224 pesos. Como condición para poder siquiera negociar su libertad, la madre tuvo que pagar 100 mil pesos ante el juzgado, sin que existiera sentencia ni notificación formal, según afirmó.

Tras ese pago, la familia acudió a la Fiscalía. Ahí, en presencia del entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica, hoy socio de Víctor Paz, según el testimonio, le transmitieron a la madre una lista de exigencias, una casa, un automóvil, 550 mil pesos, una pensión vitalicia y una plaza docente.

“¿Por qué negociaba esto? Sabía que esas cosas nunca pasaron. Sabía que era una mentira. Sabía que la carpeta la estaban fabricando.”

La familia no aceptó. El Ministerio Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión.

Los audios y el mensaje que él convierte en preguntas

El padre de Dafne mencionó la existencia de audios en los que Alejandra habla de “evitar que una carpeta salga” y de no querer continuar con “algo que ya estaba tan avanzado”. También refirió un mensaje privado que ella le envió, “Gabriel, perdóname, te amo”.

Con base en esos elementos, lanzó preguntas directas a Alejandra Quintos:

“Si esos audios se refieren a la misma carpeta por la que yo estuve privado de mi libertad, considero que estamos frente a algo extremadamente grave que las autoridades tienen la obligación de investigar. Si tú mencionaste eso, Alejandra, sabes que la denuncia es falsa.”

Y sobre el mensaje privado fue directo: “Este mensaje era un claro arrepentimiento. ‘Perdóname’. Y hoy te pregunto: ¿perdón por qué, Alejandra?”, dijo.

El funeral de Dafne y la recaudación que cuestiona

El 17 de julio de 2026, a las seis de la mañana, le informaron que su hija había muerto. Llamó a Alejandra de inmediato. Ella confirmó la noticia y dijo no tener dinero para el funeral. Él asumió todos los gastos: la caja, el espacio en el panteón y los trámites ante el Ministerio Público para el traslado del cuerpo desde el anfiteatro.

Mientras tanto, Alejandra realizaba una recaudación pública en redes sociales solicitando dinero para los gastos funerarios, cuando según el padre de Dafne todo ya estaba cubierto.

“Yo le pedía únicamente: ‘Enfócate, ve por mi hija. Hay que sacarla de ahí, del anfiteatro’. Pero ella estaba dando entrevistas a los medios, estaba haciendo una recaudación.”

Por la causa penal abierta en su contra, tuvo que solicitar autorización al juez para asistir al sepelio. Ya en el funeral, pidió que los medios no fotografiaran a Dafne en el ataúd. Una imagen de la menor circuló de todas formas.

“Ni siquiera pude despedirme en paz de mi hija”, dijo.

Lo que pide que se investigue

El padre de Dafne no solicitó un juicio en redes sociales. Exigió una investigación formal sobre el origen de la acusación del 3 de agosto de 2019, la intervención de Víctor Paz Jiménez desde el inicio del proceso, la carpeta 32 del 2021, los pagos realizados por su familia y las exigencias económicas que atribuye al entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica.

“Fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija y hoy mi hija ya no está”, afirmó. “El tiempo que no pude estar con ella nadie me lo va a regresar, pero todavía se puede saber la verdad y con esto no me voy a detener.”

Este viernes 14 de agosto un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada contra Sirenio “N”, hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 11 años con residencia en Matamoros, Tamaulipas.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el hombre permanecerá tras las rejas. El delito que se le imputa es violación equiparada agravada.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso tras presentar ante el juez de control los datos de prueba que implicaron al imputado en los hechos. Los presuntos abusos habrían ocurrido en un domicilio de una colonia al sur poniente del municipio.

Sirenio “N” fue detenido el pasado 13 de agosto por elementos de la fiscalía del estado, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Cabe señalar que el ahora procesado y la madre de la víctima habían denunciado en medios de comunicación a terceros como responsables del crimen, el cual también dejó como resultado el embarazo de la niña de 11 años.

Fue la abuela de la menor quien señaló directamente a Sirenio “N” como culpable desde que se dio a conocer la violación.

Niña ingresó al IMSS con embarazo de 20 semanas; médicos no lo detectaron en consultas previas

La situación se hizo pública el pasado 5 de agosto, cuando la menor ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros por supuestos dolores estomacales. Fue en ese centro médico donde se confirmó que cursaba un embarazo de aproximadamente 20 semanas.

La madre de la niña relató al medio Imagen Noticias que desde cuatro meses antes notaba que su hija vomitaba con frecuencia y su vientre se endurecía, por lo que la llevó al médico.

Según declaraciones, los especialistas le dijeron que no fuera exagerada: “Era cuestión de cambio hormonal, que por eso se inflamaba su pelvis”, recordó.

No fue sino hasta la visita del 5 de agosto al IMSS cuando el personal médico detectó el embarazo y alertó a las autoridades.La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día.

El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

DIF Matamoros asumió la custodia de la menor tras la interrupción legal del embarazo

El 11 de agosto, a las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor, conforme a la NOM-046-SSA2-2005, que contempla el acceso a la interrupción del embarazo cuando este es consecuencia de una violación.

Hugo Gutiérrez, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó a medios de comunicación que la menor se reportó estable tras el procedimiento.

Según reportes, tras recibir el alta la niña será llevada a la Casa Hogar del Niño Matamorense, donde el DIF mantendrá su custodia legal.

Sirenio “N” negó su responsabilidad, señaló a terceros

Antes de su detención, Sirenio “N” ofreció declaraciones a Imagen Noticias en las que negó ser el responsable del abuso y argumentó que la niña había mencionado a varios hombres del entorno familiar: “No se sabe quién realmente es. Yo me siento como su papá porque la estoy criando como su papá”, afirmó.

La madre de la menor también señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles agresores, mientras que la abuela apuntó directamente a Sirenio “N”. En días previos a su captura, el ahora procesado abandonó el domicilio donde vivía con la víctima y su madre, llevándose todas sus pertenencias.

Además, a Sirenio “N” se le acreditó un antecedente penal en Florida, Estados Unidos: una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años. Tras esa sentencia, fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Durante todo el proceso, las autoridades pidieron a los medios de comunicación manejo cuidadoso del caso y respeto al interés superior de la niñez, en atención también a la familia de la menor.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Sirenio ‘N’, el padrastro de una niña de 11 años embarazada en Matamoros, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada. La captura de Sirenio ‘N’ se concretó este jueves 13 de agosto a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El acusado quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Orden judicial y operativo de captura

El mandato de aprehensión fue librado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial tras analizar los datos recabados durante la investigación ministerial. Agentes de la FENNAM cumplimentaron la orden y trasladaron al imputado ante la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, los hechos que originaron la carpeta de investigación habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Marte número 13, de la colonia Infonavit Satélite, en Matamoros. Ahí, según las indagatorias, Sirenio presuntamente agredió sexualmente a la menor.

Cómo se descubrió el caso

La situación se hizo pública el 5 de agosto, cuando la niña ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros. Fue en ese centro médico donde se confirmó que la menor cursaba un embarazo de cinco meses.

Según el relato de la madre difundido, desde junio la pequeña presentaba vómitos e inflamación abdominal. “En dos ocasiones anteriores la llevó a revisión médica, sin que los especialistas detectaran el embarazo.” No fue sino hasta esa visita al IMSS cuando se activaron los protocolos institucionales correspondientes.

La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día. El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

Interrupción del embarazo y custodia de la menor

El 11 de agosto, alrededor de las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS. La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor.

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó que la niña se encontraba estable tras el procedimiento y que la institución asumió su guardia y custodia. Señaló que se le garantizará atención integral y que conforme avance el proceso judicial se definirá el futuro de la menor.

Señalamientos previos y antecedentes del acusado

Antes de la detención, Sirenio había negado su responsabilidad en los hechos. La madre de la niña señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles responsables del abuso, mientras que la abuela y una tía de la menor apuntaron directamente al padrastro. En días previos a su captura, trascendió que el acusado había abandonado el domicilio y se había llevado todas sus pertenencias.

Además, se le acreditó un antecedente penal en el estado de Florida, Estados Unidos, respaldado por un registro atribuido al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE): una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años, tras la cual fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Investigación abierta en múltiples frentes

La autoridad ministerial precisó que la carpeta de investigación contempla también determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado por parte de otras personas responsables de la protección de la niña. Entre los señalados por distintas versiones figuraban, además del padrastro, un tío de la menor y un conocido del abuelo.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reafirmó su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para llevar ante la justicia a quienes resulten probables responsables, combatir la impunidad y procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Un Tribunal de Juicio de Panamá condenó a 104 años de prisión a un hombre de 44 años tras declararlo penalmente responsable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad agravada, cometidos en perjuicio de tres adolescentes, una de ellas su hijastra y las otras dos sus hijas biológicas.

Aunque la suma de las penas alcanza más de un siglo de cárcel, el condenado únicamente cumplirá 50 años, el máximo permitido por la legislación panameña para una persona privada de libertad.

La decisión fue obtenida por la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, luego de un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2024 en el corregimiento de El Chorrillo, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años de edad.

El fallo representa una de las condenas más altas dictadas este año por los tribunales panameños y vuelve a poner sobre la mesa una particularidad del Código Penal. Aunque un acusado sea condenado por varios delitos y la suma de las penas supere ampliamente los 50 años, la legislación establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión.

Ese límite está contemplado en el último párrafo del artículo 52 del Código Penal, que dispone que en los casos de concurso de delitos la pena máxima a cumplir será de 50 años de prisión. En consecuencia, aunque el Tribunal individualizó la sanción en 104 años, el condenado permanecerá en prisión por medio siglo, salvo que en el futuro se produzca alguna modificación judicial dentro del marco legal.

Durante los últimos meses, los tribunales panameños han dictado varias condenas que superan los 50 años de prisión, principalmente por homicidios múltiples, femicidios, delitos sexuales contra menores y crimen organizado. Sin embargo, en todos esos casos la pena efectiva queda limitada por la legislación vigente, independientemente de la cantidad de años fijada en la sentencia.

Uno de los casos más recientes ocurrió esta misma semana, cuando la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 33 años de prisión contra un hombre declarado culpable de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, bajo amenazas constantes contra la víctima.

También en San Miguelito, el Ministerio Público obtuvo otra sentencia de 17 años de prisión contra un hombre encontrado culpable de violación agravada y actos libidinosos cometidos contra una menor de edad.

Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2020, pero la investigación comenzó en 2023, cuando la víctima decidió denunciar los abusos y romper el silencio después de varios años.

En materia de homicidios, la Fiscalía Regional de Coclé consiguió igualmente una condena de 32 años de prisión contra uno de los responsables del asesinato de Rafael Martínez, de 64 años, y Rolando Hernández, de 52 años, dos transportistas independientes que fueron engañados mediante la modalidad del “falso acarreo” para robarles su camión en mayo de 2022. Ambos fueron trasladados hasta un área apartada de Natá, donde fueron asesinados.

Las reiteradas condenas reflejan la estrategia del Ministerio Público de llevar a juicio los casos considerados de mayor gravedad, especialmente aquellos relacionados con violencia sexual contra menores, homicidios dolosos y organizaciones criminales.

Para ello, las fiscalías han fortalecido el uso de pruebas científicas, análisis periciales y testimonios especializados, elementos que han permitido sostener acusaciones complejas ante los tribunales.

Especialistas en derecho penal explican que la imposición de penas superiores a 50 años conserva un valor jurídico, aunque el condenado no llegue a cumplir la totalidad de la sanción. La individualización de cada delito permite reflejar la gravedad de cada conducta, reconocer el daño ocasionado a cada víctima y dejar constancia de la magnitud de los hechos acreditados durante el proceso judicial.

La condena de 104 años de prisión se convierte así en una de las más altas impuestas recientemente en Panamá. Aunque el responsable permanecerá encarcelado un máximo de 50 años, la sentencia envía un mensaje sobre la severidad con la que los tribunales están sancionando los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema de protección penal.

Un grupo de estudiantes, padres de familia se reunió frente a una estación policial de San Pedro Sula para expresar su apoyo a un docente investigado por su presunta implicación en el delito de violación agravada en perjuicio de una alumna de 12 años del Instituto José Trinidad Reyes, ubicado en la zona norte de Honduras. Un juez le impuso detención judicial.

Los asistentes portaron mensajes de respaldo y dijeron que confían en la inocencia del educador. También pidieron que las investigaciones avancen de manera objetiva y que las autoridades judiciales determinen la responsabilidad del caso con base en las pruebas presentadas.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica. Tras la resolución judicial, el señalado fue trasladado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecerá recluido mientras se desarrollan las etapas iniciales del proceso en su contra.

Durante la concentración, varios padres de familia expresaron que conocen al docente desde hace años y consideraron que el caso debe ser esclarecido antes de emitir conclusiones.

Carlos Chirinos, uno de los asistentes, afirmó que conoce al profesor desde hace más de una década y sostuvo que mantiene plena confianza en él.

“Tenemos más de 10 años de conocer al profesor, estamos seguros de que es inocente. Queremos justicia y que se aclare este malentendido", manifestó durante la protesta.

La captura e investigación

Los participantes insistieron en que respetan el trabajo de las autoridades, pero solicitaron que el proceso judicial sea transparente y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura preventiva del docente dentro de las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la detención forma parte de una investigación relacionada con un presunto hecho de agresión sexual que habría ocurrido en el interior del centro educativo.

Las autoridades indicaron que el profesor es investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante de 12 años que cursa estudios en esa institución.

La acción policial fue realizada como parte de las diligencias para recopilar pruebas y establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Pruebas serán claves

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del caso.

En las próximas audiencias, las autoridades determinarán si existen méritos suficientes para continuar con el proceso penal o adoptar nuevas resoluciones conforme al avance de las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que será el sistema judicial el encargado de valorar las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir una resolución definitiva.

El caso ha generado reacciones divididas entre miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía, mientras el proceso judicial sigue su curso. Corresponderá a las autoridades presentar y valorar las pruebas durante las próximas etapas del expediente para determinar la responsabilidad del docente, quien por ahora permanece bajo detención judicial conforme a lo resuelto por el juzgado competente. De momento las acciones investigativas continúan.

Un hombre fue sentenciado a 33 años de prisión por la violación sexual agravada, actos libidinosos, corrupción de menores y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito, donde el imputado, de 34 años, utilizó amenazas para someter a la menor.

La Fiscalía Regional de San Miguelito presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena del agresor, confirmando que los hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año. La víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial.

En otro caso en el mismo distrito, las autoridades lograron la condena de 72 meses de prisión para un individuo por posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2026, cuando la Policía Nacional sorprendió al condenado en el sector 5 de Samaria, Río Palomo, con un revólver y municiones en su poder. El informe de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el arma era apta para disparar.

En una situación similar, a un ciudadano nicaragüense se le impuso detención provisional tras ser sorprendido el 12 de julio de 2026 en Paraíso, calle G, arrojando una pistola 9 mm a la basura.

El hombre también tenía dos proveedores y cinco municiones sin detonar. Ninguno de los procesados contaba con permiso para portar armas, según la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

La Fiscalía Metropolitana reportó la imputación de cargos para 12 personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos, tras la operación “Obsidiana” efectuada esta semana en Panamá y Panamá Oeste.

Uno de los procesados recibió una condena de 22 años de prisión por delitos sexuales tras la presentación de pruebas por parte de la Sección de Delitos Sexuales.

Además, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para un ciudadano por hurto agravado de vehículos en Calidonia, mientras que otra persona quedó bajo detención provisional por el mismo delito.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico logró la condena de 72 meses de prisión para un individuo acusado de robo agravado, a través de un acuerdo de pena. En tanto, otra persona vinculada a este delito recibió la medida de detención provisional.

En total, cinco de los detenidos en “Obsidiana” recibieron medidas cautelares alternativas a la detención. Dos optaron por acuerdos de mediación ante el Tribunal de Garantías.

La operación “Obsidiana” fue organizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y tuvo como objetivo desarticular un grupo delictivo dedicado al hurto de autos y otros ilícitos contra el patrimonio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ejercer la acción penal con respeto a la ley y los derechos ciudadanos, subrayando la importancia de la colaboración institucional para combatir estos delitos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Superior de Ambiente, también logró la imputación de cargos a un hombre por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, por hechos ocurridos en el río Duque, en Buena Vista, provincia de Colón.

En audiencia de solicitudes múltiples, la información oficial indica que se le imputaron cargos y como medida cautelar, el Juez de Garantías le impuso reporte periódico e impedimento de salida del país.

La investigación inició en 2025, tras una querella presentada por la Autoridad del Canal de Panamá contra el promotor de un proyecto, por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque y la construcción no autorizada en un área que forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

Un tribunal en El Salvador impuso una condena de 32 años de prisión a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas con discapacidad mental, en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), identificó que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez aprovechó su cercanía con la madre de las víctimas para acceder a ellas en distintos momentos entre los años 2022 y 2024.

Los hechos ocurrieron mientras las menores se encontraban bajo su cuidado o dormían en la vivienda familiar. El proceso judicial determinó que el acusado utilizó amenazas para mantener a las menores en silencio, extendiendo la situación durante al menos dos años.

Fue solo tras la intervención de familiares, quienes escucharon el relato de las niñas y las acompañaron a denunciar, que las autoridades pudieron actuar.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República. Estas pruebas permitieron establecer la culpabilidad de Hernández Álvarez por el delito de violación agravada continuada. Cada víctima fue reconocida en la sentencia como sujeto de 16 años de condena, sumando un total de 32 años de prisión para el imputado.

Además, la resolución judicial obligó a Hernández Álvarez al pago de $3,600 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

Durante el juicio, la Fiscalía remarcó la gravedad de los hechos al señalar que una de las niñas presentaba una discapacidad mental, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. El caso resaltó la importancia de la denuncia familiar, ya que fue la intervención de parientes la que permitió a las autoridades iniciar el proceso. El informe fiscal detalló que la detención del acusado se realizó mediante una orden emitida tras la presentación formal de la denuncia.

La sentencia se dictó en presencia del imputado, quien durante el proceso escuchó la exposición de las pruebas y testimonios que sustentaron la resolución judicial. El tribunal fundamentó la pena tanto en los hechos comprobados como en la continuidad de las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas.

Condenan a más de 20 años de prisión a sujeto que participó en una violación grupal en Cuscatancingo

En otro proceso reciente, autoridades judiciales de El Salvador confirmaron una condena de 20 años y seis meses de cárcel para Porfirio Anthony Martínez Ramos, declarado culpable de violación agravada contra una menor en el distrito de Cuscatancingo, departamento de San Salvador Centro.

La investigación de la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. La víctima, una menor de edad, fue abordada por un joven conocido, quien la convenció de acompañarlo hasta una vivienda. En ese lugar se encontraban otras personas, incluido Martínez Ramos. El imputado trasladó a la menor hasta una habitación donde cometió el abuso sexual. Posteriormente, cuatro individuos más participaron en la agresión, aunque la víctima no logró identificarlos, por temor a represalias, decidió no contar lo sucedido en ese momento.

La situación cambió meses después, cuando la menor acudió a un hospital tras presentar un embarazo producto de los abusos. El personal médico, al conocer los antecedentes, notificó a la Fiscalía. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y arrestar a Martínez Ramos, contra quien se presentó una acusación formal.

Durante el juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía. La evidencia permitió comprobar la responsabilidad de Martínez Ramos en el delito de violación agravada en menor o incapaz.

El tribunal dictó la sentencia en presencia del imputado, estableciendo una pena de 20 años y seis meses de prisión.

El asesinato del ciudadano Lucas Martínez Moncaris, de 56 años, generó conmoción en la comunidad en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026, cuando varios disparos alertaron a los vecinos en el sector de invasión Argos, quienes al salir encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala.

El hecho dejó consternada a los vecinos del sector, pues Martínez era conocido por su labor como pastor evangélico y por su participación activa en actividades sociales y religiosas del barrio. Además, era reconocido por desempeñar diversos oficios en la zona y por su origen en el corregimiento de Bocachica.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encabezaron las primeras diligencias y recopilaron información de los residentes.

¿Quién era Lucas Martínez Moncaris?

Nacido en el corregimiento de Bocachica, Martínez Moncaris se destacaba en la zona por su rol como pastor evangélico y por el apoyo constante a los vecinos de la invasión Ebenezer. Junto a su esposa, promovía iniciativas religiosas y sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Durante un tiempo, también residió en Barranquilla, donde desarrolló actividades de predicación en espacios públicos.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la víctima tenía antecedentes judiciales: dos por acceso carnal violento en 2019 y 2023, y uno por amenazas en 2022. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si estos antecedentes están relacionados con el asesinato, por lo que el móvil del ataque sigue sin esclarecerse.

El homicidio de Lucas Martínez, ocurrido en la invasión Argos, llevó a la Policía y la Fiscalía a pedir el apoyo de la comunidad para obtener información que permita identificar a los responsables. Ambos organismos trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de evidencias que expliquen el motivo del crimen.

La comunidad de Ebenezer y allegados al líder religioso han manifestado su pesar en redes sociales. Una persona cercana escribió: “Hermano, nos dejaste con el corazón destrozado. No tenemos palabras para tanto dolor. Se nos fue un hermano y buen amigo.”

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

El uso de explosivos lanzados desde drones contra una iglesia cristiana en el sector rural de Tibú, Norte de Santander, provocó una reacción inmediata de la población local, que teme por su seguridad a pocos días de las elecciones presidenciales programadas para el 21 de junio de 2026.

Versiones de residentes recogidas por medios locales confirman que el ataque dejó herida de gravedad a la esposa del pastor del templo, quien se encontraba dentro del recinto religioso al momento de la agresión. El hecho ha intensificado la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de nuevos ataques dirigidos contra civiles en vísperas de los comicios.

La jornada violenta se inició el jueves 18 de junio, cuando se reportaron enfrentamientos armados en la región del Catatumbo. Según información divulgada por Caracol Radio, durante los choques, artefactos explosivos fueron arrojados desde drones y alcanzaron edificaciones civiles, incluida la iglesia cristiana.

El ataque a la iglesia no solo dejó una persona gravemente herida, sino que también generó alarma en la población, que observa cómo la violencia armada se traslada a espacios religiosos y de convivencia. Habitantes de la zona advirtieron que temen un aumento en el número de víctimas civiles antes de la jornada electoral.

En respuesta a la situación, ciudadanos y organizaciones nacionales han manifestado su rechazo, exigiendo respeto por la vida de quienes residen en zonas rurales afectadas por la confrontación.

Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá registraron un incremento del 16% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 2,771 casos entre enero y junio de 2025 a 3,216 en el mismo período de este año, lo que representa 445 denuncias adicionales, según el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

Las estadísticas, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, muestran que la mayor parte de las investigaciones continúa concentrándose en los delitos agrupados en el Capítulo I: Violación y otros delitos sexuales, que acumularon 2,945 denuncias, equivalentes al 91.6% del total.

El restante 8.4%, con 271 casos, corresponde al Capítulo II, que comprende delitos relacionados con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito más denunciado durante el semestre fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, con 1,217 investigaciones, cifra que representa cerca de cuatro de cada diez denuncias registradas y que, además, experimentó un aumento del 35% respecto a las 902 denuncias contabilizadas en igual período de 2025.

Le siguieron las denuncias por violación, con 1,070 casos, que prácticamente se mantuvieron estables frente a las 1,065 investigaciones del año anterior, mientras que las violaciones doblemente agravadas ascendieron a 133 expedientes, un incremento del 2%.

Los actos libidinosos sumaron 504 denuncias, un crecimiento del 13%, mientras que el acoso sexual fue el único delito de este grupo que disminuyó, al pasar de 22 a 21 casos, una reducción del 5%.

Entre los delitos contemplados en el Capítulo II, el mayor aumento porcentual correspondió a corrupción de personas menores de edad, que pasó de 135 a 192 denuncias, un incremento del 42%.

También sobresale el crecimiento de las investigaciones por pornografía infantil, que aumentaron un 50%, al pasar de 30 a 45 casos, y de la exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces, que igualmente subió un 50%, aunque en cifras absolutas pasó de cuatro a seis denuncias.

En contraste, las denuncias por explotación sexual disminuyeron de ocho a seis casos (-25%), la posesión de pornografía infantil bajó ligeramente de 17 a 16 investigaciones (-6%) y las relaciones sexuales remuneradas con adolescentes entre 14 y 18 años descendieron de cinco a cuatro casos (-20%). Los delitos de turismo sexual permanecieron sin variación, con un caso registrado en ambos años.

El informe también revela una marcada concentración territorial de las denuncias. La provincia de Panamá encabezó el listado con 663 casos, seguida por Chiriquí, con 473; Panamá Oeste, con 423; la Comarca Ngäbe Buglé, con 389; y Bocas del Toro, con 308 denuncias. En el otro extremo se ubicaron la Comarca Emberá, con apenas 10 casos, y la Comarca Guna Yala, con 31.

Sin embargo, al comparar los resultados con los del primer semestre de 2025, la Comarca Guna Yala presentó el mayor crecimiento relativo del país, con un incremento del 107%, al pasar de 15 a 31 denuncias.

También registraron aumentos importantes la Comarca Ngäbe Buglé (+28%), la provincia de Panamá (+27%), Herrera (+21%), Darién (+20%), Panamá Oeste (+16%), Chiriquí (+15%) y San Miguelito (+15%).

Las únicas jurisdicciones que mostraron una disminución fueron la Comarca Emberá, donde las denuncias cayeron un 62%, al pasar de 26 a 10 casos, y Veraguas, con una reducción del 3%, al bajar de 209 a 203 investigaciones.

Mientras tanto, Los Santos, Colón, Coclé y Bocas del Toro también reportaron incrementos, aunque por debajo del promedio nacional.

En cuanto al comportamiento mensual, mayo fue el período con mayor cantidad de denuncias, al registrar 685 casos, seguido por junio, con 551, y abril, con 539. El mes con menos reportes fue febrero, cuando se contabilizaron 416 investigaciones.

El Ministerio Público recordó que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las investigaciones o se actualicen los registros dentro del Sistema Penal Acusatorio.

El Tribunal de Sentencia de Usulután impuso una condena de 18 años de prisión a D. J. M. por el delito de violación en menor o incapaz, tras probarse que agredió sexualmente a una adolescente en 2025. El caso, que generó atención en la región oriental de El Salvador, se suma a una serie de sentencias dictadas en los últimos meses por la justicia salvadoreña ante un fenómeno de violencia sexual que afecta de manera persistente a la niñez y adolescencia.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, la víctima tenía 13 años al momento de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que permitieron establecer que a principios de 2025, el acusado comenzó a interceptar a la menor a la salida de su centro escolar. El 28 de octubre del mismo año, D. J. M. trasladó a la víctima a su vivienda, ubicada en el distrito de Usulután, donde cometió el delito. El proceso judicial se activó tras la denuncia interpuesta por la madre de la adolescente, que permitió la captura y posterior enjuiciamiento del responsable.

La sentencia, dictada tras la vista pública, incluyó además una condena al pago de responsabilidad civil a favor de la víctima. De acuerdo con el reporte de Centros Judiciales El Salvador, el tribunal valoró la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad de la menor al momento de los ataques.

Durante 2026, otros tribunales del país han emitido fallos relevantes en casos de violencia sexual. El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a José Mateo Linares Hernández a 14 años de prisión por violación a una mujer en la jurisdicción de Tacuba, tras comprobarse que el agresor utilizó la fuerza para someter a la víctima en octubre de 2025. La resolución también contempla el cumplimiento íntegro de la pena en un centro penitenciario.

Asimismo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sentenció a Edwin Geovanny Montes Fajardo a 42 años y ocho meses de prisión por violación y agresión sexual continuada contra una menor, sucedidas durante dos años. El fallo incluyó una indemnización de 2,000 dólares a la víctima.

La respuesta judicial salvadoreña también ha alcanzado otras jurisdicciones. En Santa Tecla, L. E. P. C. fue condenado a 12 años de prisión por violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. En La Libertad Centro, el Tribunal Primero de Sentencia impuso 15 años de prisión a un padrastro por violación continuada contra una adolescente, mientras que la madre de la víctima recibió una condena de siete años por facilitar los abusos.

Además, entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General de la República presentó acusaciones penales contra 183 personas por violación en menor o incapaz y, en total, 1.198 personas fueron procesadas por delitos contra la libertad sexual en ese periodo. Estas cifras marcan un incremento respecto a 2025, cuando se reportaron 644 casos de violación.

Diversos informes señalan que el fenómeno de la violencia sexual mantiene una incidencia relevante en El Salvador. La memoria de labores de la FGR correspondiente al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025 documentó 2,739 casos de violaciones y 8,038 episodios de violencia sexual en general contra mujeres y niñas, lo que equivale a un promedio diario de 22 denuncias de agresiones de índole sexual.

La legislación salvadoreña prevé penas de prisión de entre 14 y 20 años para el delito de violación en menor o incapaz, con posibilidad de agravamiento si concurren circunstancias como vínculo de confianza o abuso de autoridad, según lo establece el Código Penal y la reforma constitucional vigente. Las autoridades han reiterado el compromiso de enfrentar la impunidad y fortalecer la protección de las víctimas, aunque persisten desafíos para la prevención y la atención integral de quienes sufren estos delitos.

La Policía de Jalisco rastreó, localizó y capturó a Miguel “N” tras una solicitud de apoyo de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, que lo buscaba desde hacía casi 30 años por una condena por violación y por el delito de escape de institución penal, luego de fugarse de una prisión federal en California.

El detenido, identificado como Micha “N”, de 49 años, aparentemente cambió su nombre para ocultarse. Tras confirmar su identidad, las autoridades lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites de traslado ante la corte del Distrito Este de California.

La corporación estatal informó que el aseguramiento ocurrió derivado de labores de inteligencia y del uso de tecnología operativa, entre ellas la Unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck, con apoyo del Escuadrón Aerotáctico Titán. El objetivo era ubicar al hombre señalado como “objetivo mayor” por su condición de prófugo.

El reporte detalló que U.S. Marshals pidió colaboración para localizar a un hombre que había escapado de una prisión en California, donde cumplía una condena por violación. Además de esa sentencia, el sujeto contaba con una orden de aprehensión por el delito de escape de institución penal, derivada de la fuga ocurrida hace casi tres décadas.

Para la búsqueda, la Comisaría de Inteligencia y el personal de la Policía Cibernética determinaron que el hombre podía estar escondiéndose en el Área Metropolitana de Guadalajara. Con esa hipótesis, las áreas operativas definieron puntos que presuntamente frecuentaba, a partir de una coordinación descrita como sincronización operativa multiplataforma.

Con esa información, se desplegó un operativo que integró recursos terrestres y aéreos. Las autoridades señalaron que el uso de drones y del C2 Móvil permitió ampliar el rastreo y sostener vigilancia sobre posibles zonas de presencia del objetivo, hasta lograr su ubicación.

El hombre fue ubicado en una zona comercial en el cruce de Avenida Adolfo López Mateos y Avenida El Palomar, en el municipio de Tlajomulco. Una vez corroborada su identidad, se concretó su aseguramiento y se efectuó el traslado para el procedimiento migratorio correspondiente.

Las autoridades indicaron que el traslado al Instituto Nacional de Migración tuvo el propósito de iniciar el proceso para su traslado ante la corte del Distrito Este de California, como parte de los trámites derivados de la solicitud de búsqueda y de los señalamientos vigentes en su contra en Estados Unidos.

• La Policía de Jalisco capturó a Miguel “N”, buscado desde hacía casi 30 años por violación y escape de prisión en California.
• El detenido, Micha “N”, tenía 49 años y presuntamente cambió su identidad para ocultarse en el Área Metropolitana de Guadalajara.
• Fue ubicado en Tlajomulco y trasladado al Instituto Nacional de Migración para iniciar trámites ante la corte del Distrito Este de California.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los elementos suficientes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Paulino “N”, fue localizado y aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por agentes de la Policía de Investigación. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial y el juez determinó su vinculación a proceso. Las autoridades no revelaron en qué compañía prestaba servicios el presunto agresor.

La víctima solicitó el servicio desde Tlalpan y fue agredida durante el recorrido

Investigaciones revelaron que el pasado 1 de junio de 2025 la víctima -de identidad reservada- pidió un servicio de transporte al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

Durante el trayecto se quedó dormida. El conductor habría aprovechado ese momento para abandonar el asiento delantero, trasladarse a la parte trasera del vehículo y agredir sexualmente a la pasajera.

La víctima despertó mientras ocurrían los hechos y al darse cuenta de lo que sucedía, reclamó directamente al conductor. Pese a ello, el hombre regresó al asiento delantero y continuó el recorrido hasta dejar a la mujer en su domicilio, como si nada hubiera ocurrido.

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante la FGJCDMX. A partir de ese momento, el agente del Ministerio Público a cargo del caso abrió la carpeta de investigación correspondiente e inició las diligencias para identificar al responsable.

Entrevistas y análisis periciales permitieron identificar y aprehender al probable responsable

Según datos oficiales, la investigación incluyó entrevistas, análisis periciales y otras diligencias que, en conjunto, generaron los datos de prueba necesarios para señalar a Paulino “N” como el probable responsable de la agresión. Con esa base, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias de campo que permitieron localizar al imputado. Paulino “N” fue aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, más de un año después de los hechos denunciados.

La audiencia inicial se celebró el mismo día de la aprehensión. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de cargo ante el juez, quien resolvió vincular a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Paulino “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron si Paulino “N” tiene averiguaciones previas por otros casos.

Los servicios de transporte por aplicación han sido escenario de agresiones y feminicidios en México

El caso de Paulino “N” no es aislado. En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi para regresar a su domicilio en Metepec tras una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México. El viaje fue marcado como finalizado a las 23:10 horas, pero la joven nunca llegó y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abordó una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. El vehículo no cumplía con las condiciones para operar como transporte de plataforma.

Tres días después, el 3 de marzo, autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, a unos 10 minutos del punto donde abordó el vehículo. Presentaba signos visibles de violencia.

La FGJEM abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio e identificó y detuvo a Daniel “N” como el conductor de la motoneta, quien según fuentes extraoficiales habría confesado el crimen.

Un maestro de primaria de 64 años fue capturado en Honduras acusado de violar a una estudiante de 13 años dentro del centro básico donde daba clases. La detención se realizó tras una investigación de la Policía, que lo señala por haber usado su autoridad sobre la menor.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. El arresto se hizo efectivo en la ciudad de Danlí mediante una orden de detención preventiva emitida por las autoridades fiscales de la región.

El sospechoso, originario y residente de la colonia El Paisaje de esa localidad, se desempeñaba como docente activo al momento en que ocurrió el hecho.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con el expediente investigativo de la DPI y con la declaración de la víctima, los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses dentro de las instalaciones del centro educativo.

El informe policial indica que el docente abordó a la estudiante de 13 años y, con el pretexto de revisar sus calificaciones acumuladas, la invitó a ingresar a una de las aulas.

Una vez dentro del salón y aprovechando que se encontraban solos, cerró el lugar y presuntamente le tapó la boca por la fuerza, lo que le impidió pedir auxilio y provocó que la menor perdiera el conocimiento por asfixia. Según la investigación, el sospechoso aprovechó ese momento para consumar el delito de violación especial.

El Ministerio Público imputó al detenido por violación especial, una figura jurídica contemplada cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de autoridad por parte del agresor.

Tras la lectura de sus derechos, el detenido fue trasladado a las celdas de la jefatura policial correspondiente para ser presentado ante la fiscalía de turno.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez determinará la medida cautelar que deberá cumplir mientras avanza el proceso en su contra.

Casos en aumento

Informes de organizaciones de sociedad civil revelan que las agresiones sexuales contra mujeres y menores de edad representan uno de los mayores desafíos de impunidad en Honduras. De miles de denuncias por delitos sexuales interpuestas anualmente en el territorio nacional, solo un porcentaje mínimo logra llegar a una condena firme.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una fuerte advertencia señalando que las escuelas y el propio entorno familiar se han convertido en los espacios más propensos para que niños, niñas y adolescentes sufran de abuso o explotación sexual.

La defensoría enfatiza que las agresiones suelen provenir de personas que forman parte del círculo de confianza o que poseen una posición de autoridad directa frente a las víctimas, lo que dificulta significativamente la detección temprana y la denuncia inmediata de los hechos.

En lo que va del año, las autoridades reportan un incremento en las capturas de agresores y el rescate de menores en departamentos con alta incidencia como Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y El Paraíso. Pese a los esfuerzos policiales, diversas organizaciones continúan urgiendo al Estado hondureño la consolidación de un sistema eficaz de protección.

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía de Veracruz permite la detención de Heriberto “N” en el municipio de Orizaba, luego de que la autoridad obtiene una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de violación contra una menor de 16 años. El acusado es trasladado al Estado de México, donde queda a disposición de un juez que determinará su situación legal, y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

El último párrafo de la investigación de la FGJEM establece que Heriberto “N” se considera inocente hasta que un órgano judicial emita una sentencia condenatoria. La detención ocurre tras el traslado del acusado a la entidad mexiquense, donde es ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima es interceptada en Teoloyucan y llevada a un motel

El expediente de la FGJEM detalla que el 4 de octubre de 2025 la víctima, una adolescente de 16 años, camina por calles del municipio de Teoloyucan cuando es interceptada por su ex jefe, Heriberto “N”. El hombre la sube a un vehículo y la traslada a un motel en la colonia Tlatilco, donde la obliga a entrar y abusa sexualmente de ella. Según la investigación, el agresor la amenaza con hacerle daño a sus hermanas si denuncia los hechos ante las autoridades. Después del ataque, el acusado se da a la fuga.

El Ministerio Público inicia las averiguaciones y, tras reunir elementos de prueba, solicita y obtiene de un juez la orden de aprehensión en contra de Heriberto “N” por el delito de violación.

Investigación y detención en coordinación interinstitucional

A través de trabajos conjuntos, la Fiscalía mexiquense determina que el probable responsable se traslada a Orizaba, Veracruz, para evadir la acción de la justicia. Ante esta situación, solicita la colaboración de la Fiscalía de esa entidad, lo que permite ubicar y detener a Heriberto “N”. El operativo se realiza sin incidentes.

El traslado del detenido al Estado de México se ejecuta conforme a los protocolos para casos de delitos de alto impacto, y su ingreso al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán ocurre bajo resguardo. Es presentado ante el juez de control, quien tiene la facultad de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Heriberto “N” enfrenta posible sentencia de hasta 20 años

Las autoridades señalan que de comprobarse la responsabilidad penal de Heriberto “N”, la pena aplicable podría alcanzar hasta 20 años de cárcel conforme a la legislación vigente en el Estado de México para delitos de violación agravada. La víctima cuenta con acompañamiento y atención especializada, según protocolos de protección establecidos para menores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subraya que la presunción de inocencia prevalece hasta que se emita una sentencia condenatoria y reitera el compromiso de perseguir delitos de violencia sexual contra menores. El caso permanece bajo investigación y se mantiene en reserva la identidad de la agraviada.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra un hombre identificado como MAHR, tras hallarlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada, según informó este miércoles la cuenta de Centros Judiciales. El fallo se emitió luego de que el tribunal valoró como determinante el testimonio de la víctima, una adolescente de 13 años, quien denunció los hechos ocurridos el 12 de julio de 2023 en el distrito de La Libertad Centro.

De acuerdo con la información oficial, el imputado aprovechó el vínculo familiar para ingresar a la habitación de la menor durante la madrugada y cometer el delito. La investigación fiscal incluyó diversas pruebas, entre ellas la declaración de la víctima, que fue considerada por el tribunal como creíble y enfática. Esta valoración resultó esencial para la decisión judicial, ya que el testimonio permitió corroborar la gravedad de los hechos y la responsabilidad de MAHR en el crimen.

Durante la vista pública, la representación fiscal presentó una serie de elementos probatorios que sustentaron la acusación. El tribunal destacó que el relato de la menor fue consistente y permitió reconstruir el momento y las circunstancias en que se produjo la agresión sexual. Además, la sentencia incluyó una condena civil a favor de la víctima, lo que implica la obligación del condenado de responder económicamente por el daño causado.

“El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra M. A. H. R., tras declararlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada2, informó Centros Judiciales.

Tribunal dicta condena agravada por delito cometido contra menor de edad

La información indicó que la condena de más de veinte años responde a la naturaleza agravada del delito, dado el vínculo familiar y la edad de la víctima. Conforme a la legislación salvadoreña vigente, estos factores agravan la pena por tratarse de una persona menor de 15 años y por la relación de confianza quebrantada en el entorno familiar.

El tribunal enfatizó que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia es prioritaria en los procesos judiciales de este tipo. Las autoridades reiteraron la importancia de que las víctimas denuncien hechos similares y acudan a las instancias correspondientes para recibir acompañamiento y acceso a la justicia. El fallo fue comunicado por Centros Judiciales como parte de su labor informativa sobre resoluciones de alto impacto en materia penal.

“Durante la vista pública, el tribunal valoró el testimonio de la víctima como creíble y enfático, al considerarlo un elemento determinante, junto con las demás pruebas incorporadas por la representación fiscal, para emitir un fallo condenatorio”, expresa Centros Judiciales.

La condena impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla incluye también medidas de reparación civil para la afectada, conforme a las disposiciones legales aplicables. Centros Judiciales detalló que la sentencia ya fue notificada a las partes y queda sujeta a los recursos legales que la defensa pueda interponer.

En un operativo de alto impacto, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este miércoles a Luis David López Juárez, de 43 años, señalado como un presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos de agresión sexual.

La detención se ejecutó mediante un allanamiento en la calle principal del cantón Cabañas, en el municipio de Nuevo San Carlos del departamento de Retalhuleu, Guatemala.

Contra el sindicado pesaban tres órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas motivó este último operativo fue autorizada el pasado 7 de julio de 2026 por un juez competente, imputándole el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

El arresto es el resultado de una exhaustiva investigación de campo y análisis criminal desarrollada por la DEIC, en una labor coordinada con la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Tras recopilar los indicios suficientes que vinculaban al sospechoso con la serie de agresiones, las autoridades presentaron los informes ante el órgano jurisdiccional, el cual ordenó de inmediato su detención.

Fuentes de la policía, comentaron que el detenido habría participado en, por lo menos, 20 casos de violación sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango, aunque se desconoce cómo llevaba a cabo los asaltos en contra de sus víctimas.

Durante la inspección de la vivienda utilizada por López Juárez, los peritos y fiscales recolectaron evidencias que presuntamente lo vinculan con los crímenes.

Entre los indicios incautados se reportan gorros pasamontañas —presuntamente utilizados para ocultar su rostro—, municiones de uso exclusivo o civil, una bayoneta, una muñeca inflable y diversas prendas de ropa interior femenina, que se presume, eran de sus víctimas; así como un par de botas de tipo militar.

Todo será analizado por los peritos del Ministerio Público, para determinar el origen y, posteriormente, presentarlo como pruebas en el proceso judicial contra el presunto violador sexual.

Termina hospitalizado

El operativo policial, sin embargo, derivó en un incidente armado al momento de la neutralización del sospechoso. Según el reporte oficial, López Juárez opuso resistencia e inició un forcejeo con uno de los investigadores de la DEIC, identificado como Iván Yoc, en un intento por desarmarlo. Durante la pugna, el agente evitó perder el control de su equipo; no obstante, el arma de fuego se accionó de forma accidental y el proyectil impactó en la pierna del detenido.

Tras recibir los primeros auxilios en la escena, el capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Hospital Nacional de Retalhuleu. Fuentes médicas confirmaron que López Juárez ingresó a la sala de observaciones para recibir la atención correspondiente por la herida de bala y su condición se reporta estable.

Debido a esta situación, el aprehendido quedó internado en la sala de observaciones bajo fuertes medidas de seguridad por parte de oficiales de la policía.

El presunto agresor permanece internado en el centro asistencial bajo la custodia de agentes de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil. Una vez que reciba el alta médica, López Juárez será conducido al juzgado correspondiente para enfrentar la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentará los indicios recabados para solicitar su vinculación a proceso penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 12 años y 10 meses de prisión impuesta a Jorge Eduardo Dubiau, hoy de 60 años, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante un período de cinco años y dejarla embarazada, en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.

El fallo se confirmó tras el rechazo por inadmisible del recurso de queja presentado por la defensa oficial del acusado, resolución adoptada con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El caso se originó a partir de una denuncia en la que se expuso que, entre 2006 y 2013, Dubiau abusó sexualmente de manera sistemática de su hija, desde que la menor tenía ocho años.

Los detalles del expediente son escabrosos. Según supo Infobae, el primer episodio se produjo cuando el violador comenzó a pasar a la niña a la cama matrimonial en ausencia de la madre. Luego, se registraron otros abusos en el campo donde Dubiau trabajaba.

Los abusos se mantuvieron a lo largo de los años, hasta que la menor quedó embarazada y decidió contar lo sucedido a una amiga, lo que permitió que la madre tomara conocimiento de la situación. La investigación estuvo a cargo de la UFI Nº 3, del fiscal Fabio Arcomano, quien pudo establecer la circunstancias en las que la menor fue violada.

El 14 de octubre de 2022, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Trenque Lauquen condenó por unanimidad a Dubiau a la pena de 12 años y 10 meses de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y gravemente ultrajante agravado.

Tras dictarse la sentencia, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, que fue rechazado al considerar que la sentencia no resultaba arbitraria y que los hechos habían quedado probados conforme a las pruebas incorporadas al juicio.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó los planteos de la defensa contra la condena y dejó firme la condena. El acusado fue detenido el 23 de junio del año 2023, después de que el fallo fuera ratificado.

La defensa recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando la presunta arbitrariedad de la decisión, la afectación al principio de inocencia, la violación al derecho de defensa, el debido proceso y el doble conforme. El máximo tribunal rechazó la presentación por inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica que la condena a Dubiau queda firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios, consolidando la sentencia dictada por el tribunal oral y avalada en todas las instancias.

Los detalles del fallo de la Corte Suprema

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución”, resolvió la Corte Suprema en el fallo emitido ayer y al que accedió Infobae.

“Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida...”, expresó el juez Lorenzetti en su voto.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a un hombre identificado con las iniciales L. E. P. C. a 12 años de cárcel tras hallarlo culpable del delito de violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2024 en un hotel ubicado en la zona de La Libertad Costa, donde tanto la víctima como el agresor laboraban.

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros Judiciales de El Salvador, el imputado abusó sexualmente de la joven en repetidas ocasiones durante el periodo mencionado, ejerciendo amenazas de represalia contra ella y su familia para garantizar su silencio. El tribunal, tras valorar las pruebas presentadas durante la vista pública, determinó la continuidad del delito y emitió un fallo condenatorio no solo en el ámbito penal, sino también civil, obligando al condenado a reparar el daño causado.

Este caso resalta la necesidad de garantizar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de las víctimas de delitos sexuales, conforme lo dispone la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por El Salvador. La protección de las víctimas es fundamental para evitar procesos de revictimización y para promover la denuncia de estos hechos.

En el ámbito judicial, la valoración de la prueba y el enfoque de género han sido clave para que los tribunales puedan acreditar la gravedad y la continuidad de los abusos, así como para reconocer el impacto psicológico y social que sufren las sobrevivientes. Organizaciones de la sociedad civil han reiterado la importancia de fortalecer la atención psicológica y el acceso a justicia para quienes atraviesan situaciones similares.

La condena de 12 años impuesta a L. E. P. C. constituye una señal de que el sistema judicial salvadoreño mantiene su compromiso con la sanción de los delitos sexuales y la protección de los derechos de las víctimas, aunque persisten retos en materia de prevención, atención integral y erradicación de la impunidad en casos de violencia de género.

Marco legal: Código Penal de El Salvador

El delito de violación está tipificado en el artículo 158 del Código Penal de El Salvador, que establece penas de prisión de ocho a doce años para quien, mediante violencia, amenazas o aprovechando la incapacidad de la víctima, acceda carnalmente a otra persona sin su consentimiento. Cuando el delito se comete de manera continuada, como en este caso, el artículo 42 del mismo código permite la acumulación de penas o la imposición de la pena máxima prevista para el delito principal, en atención a la gravedad y reiteración de la conducta.

El Código Penal también contempla agravantes, como el abuso de poder en el ámbito laboral, el uso de amenazas y la coacción para silenciar a la víctima, elementos que estuvieron presentes en este caso. La legislación salvadoreña enfatiza la protección a las víctimas y la necesidad de preservar su identidad, tal como lo señala la comunicación oficial, que omite detalles que puedan permitir la identificación de la joven afectada.

Contexto: Condenas recientes por delitos sexuales en El Salvador

En los últimos años, El Salvador ha registrado un aumento en la judicialización de casos de violencia sexual, en parte debido a reformas procesales y a una mayor conciencia social sobre la gravedad de estos delitos. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2023 se reportaron más de 2,000 denuncias por delitos sexuales, de las cuales una parte significativa involucraba víctimas menores de edad y casos de violación continuada.

Recientemente, se han dictado sentencias ejemplares en distintos puntos del país. Las autoridades judiciales y organismos de derechos humanos han insistido en que la persecución penal efectiva y la severidad de las penas contribuyen a la prevención de estos delitos, aunque subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas antes, durante y después del proceso judicial.

En un fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, se dictó condena contra una madre y su pareja por delitos sexuales cometidos de forma continuada contra una adolescente de 13 años en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, según Centros Judiciales. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 dentro del núcleo familiar de la víctima.

A.R.R., identificado como padrastro de la menor, recibió una sentencia de 15 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en la modalidad continuada, según la resolución dictada por el tribunal. Por su parte, la madre de la adolescente, E.A.P., fue condenada a siete años de prisión por comisión por omisión, al haber permitido y facilitado que los abusos sexuales se perpetuaran en el entorno familiar.

De acuerdo con la exposición de pruebas presentada durante el proceso, la adolescente fue sometida de forma reiterada a abusos sexuales y a diferentes actos de violencia, perpetrados por su padrastro, mientras que su madre, lejos de intervenir, permitió que los hechos tuvieran lugar. De acuerdo con Centros Judiciales, en varias ocasiones la víctima fue inducida a consumir bebidas alcohólicas, lo que facilitó los abusos, una circunstancia que fue acreditada en el juicio por los elementos probatorios presentados.

La situación derivó en un embarazo, y la menor dio a luz a un hijo como consecuencia de los hechos denunciados y comprobados ante el tribunal.

El caso queda bajo reserva para proteger a la víctima y a su hijo

El proceso judicial se desarrolló bajo estricta observancia de las garantías legales, y el tribunal valoró tanto los testimonios como los informes médicos y psicológicos que confirmaron el daño causado a la víctima. “La continuidad y gravedad de los hechos, así como la condición de vulnerabilidad de la adolescente, resultaron determinantes para la imposición de las penas”, detalló la cuenta de Centros Judiciales.

La sentencia refleja la aplicación de la legislación salvadoreña en materia de delitos sexuales contra menores. Este enfoque busca responsabilizar tanto a quienes ejecutan materialmente las agresiones, como también a quienes las toleran o facilitan en el entorno inmediato de la víctima.

Por su parte, el tribunal destacó la importancia de la reserva del caso y reiteró que los procedimientos de protección se mantendrán en todo momento para evitar la revictimización de la adolescente y su familia. En cuanto a la ejecución de la sentencia, las autoridades penitenciarias deberán cumplir con la privación de libertad de los condenados, mientras que la víctima.

“El tribunal decretó reserva sobre el caso, por lo que se omite la identidad completa de las personas condenadas para proteger la integridad y el derecho a la privacidad de la adolescente”, expresó Centros Judiciales en su canales oficiales.

Las organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento a menores, así como en implementar programas de prevención y educación para evitar que hechos similares se repitan en otros entornos familiares.

La abogada Vanessa Rial, quien se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en La Plata, murió a los 50 años luego de permanecer varios días internada por una neumonía bilateral en un centro de salud de esa ciudad.

Rial alcanzó notoriedad en 2016, cuando logró una condena ejemplar de 37 años de prisión contra Jorge Martínez Poch, el hombre que la secuestró durante dos meses y la sometió a torturas, abusos sexuales y humillaciones extremas.

Después del juicio, dedicó su vida a acompañar a otras mujeres víctimas de violencia de género, convirtiéndose en una referente.

Según precisaron medios platenses, la abogada permanecía internada desde el 25 de junio pasado. Su cuadro, provocado por una neumonía bilateral, se agravó tras sufrir un accidente cerebrovascular. La muerte ocurrió el miércoles de esta semana, aunque la noticia se conoció recién el jueves y generó un profundo pesar entre sus familiares, allegados y organizaciones sociales.

El caso

El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata dictó una condena ejemplar contra Poch. Ese día, los jueces Juan José Ruiz, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena impusieron una pena de 37 años de prisión al acusado, encontrándolo culpable de abusar de sus dos hijas cuando eran menores de edad, además de secuestrar, golpear y violar a Rial.

En ese entonces, el juez Ruiz explicó que el Tribunal tenía la intención de aplicar una condena aún mayor, pero no era posible por las limitaciones legales. La fiscal María Florencia Budiño había solicitado una pena de 40 años para Martínez Poch, basándose en la gravedad y la comprobación de los hechos.

Respecto al caso de Rial, el tribunal determinó que Martínez Poch fue responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido mediante violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por el grave daño a la salud mental de la víctima y por la participación de dos o más personas. La extensión y las circunstancias de los hechos configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

También se lo halló culpable de corrupción de menores agravada, cometida mediante violencia, amenaza, intimidación y por tratarse de sus propias hijas.

Torturas y humillaciones sexuales

A lo largo del juicio, Vanessa expuso los detalles del calvario que atravesó. Conoció a Poch en 2013, cuando un amigo los presentó en un bar. En ese momento, el disc jockey se identificó como un ingeniero graduado en Estados Unidos, viudo y padre de dos hijas adultas, con quienes afirmaba mantener una “excelente relación”.

“Me pareció encantador, seductor, era haber encontrado al Príncipe Azul, pero al tercer día de la relación me dio la primera paliza y me mostró toda su maldad”, relató ante el tribunal.

Vanessa indicó que Poch la obligaba a tener relaciones sexuales con sus amigos y a realizar prácticas sexuales aberrantes con una perra. Solo logró escapar una vez, aunque finalmente el agresor la localizó en Cañuelas.

Bajo la amenaza de que mataría a su madre, Rial regresó con Martínez Poch. Él volvió a encerrarla en su departamento, la sedó y la golpeó. La policía la rescató el 23 de septiembre de 2013, luego de que Eduardo Rial, el padre de la joven, denunciara su desaparición.

La víctima debió describir ante los jueces los tormentos sufridos para que comprendieran la magnitud de su experiencia. En una ocasión, Martínez Poch le arrancó las uñas de los dedos gordos de ambos pies con unas tenazas y la obligaba a beber su orina con frecuencia.

“Yo quería escapar, siempre quise escapar pero no tenía voluntad debido al alcohol y las pastillas que me obligaba a tomar”, explicó Vanessa en su testimonio.

En cuanto a las hijas, ambas declararon durante el juicio que fueron sometidas a continuas violaciones. Sus relatos estuvieron marcados por detalles de una “larga pesadilla que duró desde que las niñas tenían entre 7 y 8 hasta que cumplieron 15 y 16”.

La vida después de la condena

Según reconstruyó el medio 0221, Rial formó parte del equipo de la Municipalidad de La Plata encargado de asistir a víctimas de violencia de género durante la gestión del exintendente Julio Garro.

En el último tiempo, enfrentaba serios problemas económicos y había recurrido a distintos paradores y pensiones de la ciudad. Tras su muerte, su madre quedó en situación de calle y hoy recibe ayuda de una empleada judicial de La Plata, que la alojó de manera provisoria en su casa.

La audiencia se llevó a cabo en la Sala N° 32 del Palacio de Justicia ante un tribunal integrado por los ministros Dalmiro Garay Cueli, José Valerio y Norma Llatser, quienes escucharon los planteos de todas las partes.

Durante su exposición, la querella particular —integrada por Félix Lorente, Natacha Romano, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David— sostuvo que el sobreseimiento “adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente”, ya que, a su entender, presenta “razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida, en violación a las reglas de la sana crítica racional y del debido proceso”.

Con ese argumento, cuestionó seis aspectos de la resolución: la falta de juzgamiento con perspectiva de género y la vulneración del deber de diligencia reforzada; la valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba; la denegación de prueba pertinente; la falta de agotamiento de la investigación penal; la ausencia de una diferenciación de los roles atribuidos a cada uno de los acusados; y el prejuzgamiento y los defectos de fundamentación del fallo.

En función de esos planteos, pidió que el sobreseimiento sea revocado y que las actuaciones sean remitidas nuevamente al tribunal de origen.

Al contestar, el dictamen del Procurador consideró que el recurso debe ser rechazado y que corresponde confirmar la resolución apelada. Entre sus argumentos, sostuvo que la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal fue suficiente y que no existen medidas de prueba pendientes con capacidad para modificar la situación procesal de los imputados. Además, consideró que la querella no logró demostrar la arbitrariedad o la insuficiencia del fallo que dispuso el sobreseimiento.

Por su parte, la defensa de Auradou y Jégou, representada por Rafael Cúneo Libarona, también pidió que la resolución sea confirmada.

“Costó mucho conseguir la libertad de mis defendidos. Fueron muchas audiencias, 17 testigos, entre ellos familiares de la denunciante, su mejor amiga y su dentista. En términos procesales, ella tiene derecho a asistir a todas las instancias, pero siempre tiene que ser con respeto, con decoro”, sostuvo el abogado.

El defensor también respaldó el trabajo del Ministerio Público Fiscal al afirmar que “trabajó con perspectiva de género y respetó todas las garantías constitucionales”.

Qué elementos llevaron al sobreseimiento

El sobreseimiento de Hugo Auradou y Oscar Jégou fue dictado en diciembre de 2024, luego de que la Justicia de Mendoza concluyera que no había elementos para sostener la acusación en su contra.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuró un video de una cámara de seguridad del ascensor del hotel Diplomatic, al que accedió Infobae, en el que se observa a uno de los rugbiers y a la denunciante mientras se dirigían a la habitación donde ocurrieron los hechos investigados. En las imágenes, ambos se besan segundos antes de salir del ascensor. En esa habitación también se encontraba el otro jugador imputado.

Otro de los elementos que fue incorporado a la causa fue la pericia psicológica practicada a la denunciante por especialistas oficiales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según el informe, los peritos detectaron inconsistencias en su relato y señalaron que presentaba “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información”, además de contradicciones e inconsistencias en la reconstrucción de los hechos.

Esos elementos, junto con el resto de la prueba reunida durante la investigación, fueron valorados por la Justicia al momento de disponer el sobreseimiento de ambos jugadores, una decisión que ahora busca revertir la querella ante la Suprema Corte de Mendoza.

Un hombre de apellidos Hernández Le Maitre fue condenado a 48 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer múltiples delitos sexuales en perjuicio de tres niñas, quienes tenían apenas uno, tres y siete años de edad cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores lograra demostrar la responsabilidad del imputado en los delitos de abuso sexual, violación, fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil y difusión de ese material.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 en la comunidad de La Ribera de Belén, en la provincia de Heredia.

Durante ese período, Hernández mantenía una relación sentimental con la tía de las menores y residía junto a ella en la vivienda donde con frecuencia permanecían las víctimas.

Según logró acreditar la Fiscalía durante el juicio, el condenado aprovechó la cercanía familiar y la confianza que las niñas depositaban en él para cometer de manera reiterada los delitos sexuales.

Las investigaciones determinaron que las agresiones iniciaron cuando las víctimas eran de muy corta edad. Al momento de los primeros hechos, una de las menores tenía apenas un año, otra tres años y la tercera siete años, lo que fue considerado un elemento de especial gravedad dentro del proceso penal.

El Ministerio Público sostuvo que los abusos ocurrieron mientras las niñas permanecían en la casa de su tía, lugar donde también vivía el ahora sentenciado.

La investigación avanzó luego de que, el 16 de abril de 2016, la madre de una de las menores detectara señales que despertaron sospechas sobre una posible agresión sexual.

Ante esa situación, la mujer decidió acudir a las autoridades judiciales e interpuso la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación que años después culminó con la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron reconstruir los hechos y demostrar la responsabilidad penal de Hernández Le Maitre en los distintos delitos atribuidos.

Además de las agresiones sexuales, el Tribunal tuvo por acreditado que el imputado también incurrió en la fabricación y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil, uno de los delitos considerados de mayor gravedad dentro de la legislación costarricense por el daño permanente que ocasiona a las víctimas.

Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental presentada por el Ministerio Público, los jueces resolvieron imponer una pena total de 48 años de prisión.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Hernández Le Maitre deberá permanecer en prisión preventiva, según dispuso el Tribunal Penal de Heredia.

Las autoridades judiciales recuerdan que este tipo de delitos suele ocurrir en entornos cercanos a las víctimas, donde los agresores aprovechan vínculos de confianza o familiares para facilitar las agresiones y evitar que sean descubiertas durante largos períodos.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra personas menores de edad y destacó la importancia de la denuncia oportuna para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

La condena impuesta por el Tribunal Penal de Heredia representa una de las penas más altas dictadas recientemente por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refleja la gravedad de las conductas acreditadas durante el juicio, así como el compromiso de las autoridades judiciales de sancionar este tipo de hechos conforme a la legislación vigente.

Jégou y Auradou, defendidos por el abogado Rafael Cúneo Libarona, habían sido sobreseídos en diciembre de ese año, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito.

Ahora, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. La querella solicitó que se informe oralmente la impugnación, según indica un documento de la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia provincuial.

La audiencia se realizará de forma digital a través de la plataforma Microsoft Teams. Jégou y Auradou se conectarán desde Nueva Zelanda, donde enfrentarán a los All Blacks con el seleccionado francés el sábado próximo en la ciudad de Christchurch.

Ambos jugadores habían sido arrestados en Buenos Aires por el área de Interpol de la PFA horas antes de viajar a Uruguay para continuar su gira, para ser trasladados a Mendoza en un convoy policial. Luego, quedaron detenidos en una celda judicial, para luego cumplir arresto domiciliario en una casa de la provincia. Dejaron el paí

Finalmente, las pruebas los beneficiaron. Un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la información que brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerla y que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

El abogado Cúneo Libarona asevera: " No fue facil. Eran dos chicos de 21 años, presos e inocentes. Sus vidas fueron arruinadas por mentiras. Cada detalle fue importante, cada contradicción. Ya conseguimos dos sobreseimientos con apoyos de los fiscales. Falta poco y se viene nuestro contraataque. La falsa denuncia es un delito gravisimo".

El Mundial 2026 llegó con récords de audiencia, estadios llenos y la promesa de una fiesta global. Pero fuera de las canchas, una sombra persiste: decenas de futbolistas —activos, retirados, convocados o no al torneo— enfrentan o han enfrentado acusaciones formales por presuntas agresiones y abusos sexuales.

Esta nota documenta casos en México y en el ámbito internacional, incluyendo jugadores que participaron en la Copa del Mundo en curso. Todas las acusaciones mencionadas provienen de fuentes oficiales y registros judiciales. Ninguna equivale a una condena definitiva y aplica en todos los casos el principio de presunción de inocencia; se indica el estado procesal correspondiente a cada uno.

Chicharito Hernández: de los videos machistas a la multa federativa

El primero en encender alarmas fue Javier “Chicharito” Hernández. En julio de 2025, el exdelantero de las Chivas publicó una serie de videos en redes sociales en los que, entre otras afirmaciones, señaló que las mujeres deben estar en el hogar al cuidado del hombre. Los dichos generaron debate entre aficionados y analistas, y pusieron en duda los protocolos de género de la FMF y la Liga MX.

La presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, respondió señalando que la liga cuenta con un protocolo claro y que todos los clubes tienen comisiones de género; las jugadoras de Chivas Femenil reprobaron las declaraciones, mientras que la esposa de un excompañero del Real Madrid pidió a la FIFA un castigo. Finalmente fue sancionado económicamente por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por las declaraciones realizadas en redes sociales.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es de otra dimensión. El exfutbolista y actual diputado federal de Morena enfrenta una denuncia de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana Fabiola “N.”, quien lo denunció en octubre de 2024 por hechos que presuntamente ocurrieron en diciembre de 2023.

La Fiscalía General de Morelos, encabezada por Uriel Carmona Gándara, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero, necesaria para proceder penalmente contra un servidor público federal. Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara, dominada por Morena, rechazó la solicitud argumentando deficiencias en la investigación. La víctima ha solicitado protección urgente y organizaciones de mujeres siguen exigiendo justicia. Blanco niega los hechos.

Omar Bravo protagoniza uno de los casos más graves del fútbol mexicano reciente. El exfutbolista fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado cometido contra la hija de su expareja. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Jalisco, los presuntos abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años, y se habrían prolongado durante seis años. Bravo se encuentra actualmente recluido en el penal de Puente Grande; su defensa niega los cargos.

El triángulo peruano: Zambrano, Trauco y Peña

En enero de 2026, el fútbol latinoamericano fue sacudido por la denuncia de una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas de Alianza Lima. Según la denuncia, los actos habría ocurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo durante la pretemporada del club; los hechos habrían tenido lugar tras el consumo de bebidas alcohólicas y en la habitación de Carlos Zambrano.

La denuncia fue archivada en Argentina al determinarse que los hechos ocurrieron fuera de su territorio; las pruebas fueron remitidas a Uruguay, donde la causa continúa su curso. Los tres futbolistas negaron categóricamente los hechos mediante comunicados públicos y fueron desvinculados de Alianza Lima.

Los casos internacionales: Villa, Alves, Partey y Greenwood

El colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en abril de 2020. Posteriormente, la justicia argentina absolvió a Villa de la segunda acusación —abuso sexual con acceso carnal— presentada por su expareja Rocío Támara Doldán, luego de que tanto la fiscalía como la denunciante desistieran de continuar el proceso.

El brasileño Dani Alves vivió un caso judicial de alta exposición mediática. Fue declarado culpable en febrero de 2024 de violar a una mujer en un club nocturno en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió el 28 de marzo de 2025, al considerar que las pruebas contra el deportista eran insuficientes y que el testimonio de la víctima presentaba inconsistencias. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español.

El exjugador del Arsenal Thomas Partey enfrenta un proceso penal aún activo. Fue acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por parte de tres mujeres distintas; según la Fiscalía de la Corona británica, los presuntos incidentes habrían ocurrido entre 2021 y 2022. En febrero de 2026, una cuarta presunta víctima presentó nuevas acusaciones de violación por hechos que habrían ocurrido en 2020. Partey, quien actualmente milita en el Villarreal, niega todos los cargos.

El inglés Mason Greenwood fue detenido en enero de 2022 tras la difusión en redes sociales de imágenes de su expareja con lesiones aparentes. Fue acusado de intento de violación, abuso y conducta coercitiva, pero todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023 por la retirada de testigos clave y nuevo material que no permitía sostener una perspectiva realista de culpabilidad. El caso generó un debate prolongado sobre la responsabilidad de los clubes ante denuncias de violencia de género.

Trump, la FIFA y la sombra de Epstein

El Mundial 2026 tiene una dimensión política imposible de ignorar, y su figura central acumula contradicciones difíciles de soslayar. Trump encabeza una comisión federal creada en 2025 para coordinar los esfuerzos gubernamentales del torneo, la FIFA instaló oficinas en la Trump Tower y el presidente Gianni Infantino le otorgó en diciembre de 2024 el llamado “FIFA de la Paz”, un galardón que no existía previamente. Según información difundida en medios, Trump entregará el trofeo al campeón en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Todo esto ocurre en paralelo a señalamientos que no han salido del debate público. El Departamento de Justicia publicó documentos del caso Epstein que incluyen informes del FBI con acusaciones no corroboradas de que Trump presuntamente agredió sexualmente a una menor de entre 13 y 15 años en un encuentro organizado por Epstein. La Casa Blanca calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y sin ninguna prueba creíble.” Las acusaciones están sujetas a procesos en curso y no representan condena definitiva.

La contradicción se profundiza al comparar el trato que la FIFA da a distintos países en conflicto. Rusia fue suspendida de todas las competiciones internacionales tras su invasión a Ucrania, sanción que la dejó fuera del Mundial 2026. Sin embargo, en pleno torneo, la FIFA le abrió la puerta de regreso al invitar a su Sub-15 a un torneo en Azerbaiyán. El criterio resulta cuando menos desigual: Rusia vetada del torneo grande por su guerra, pero reintegrada por la puerta trasera, mientras Estados Unidos —que en 2025 sostuvo operaciones militares contra Irán— funge como anfitrión y su presidente como rostro institucional de la fiesta del fútbol mundial.

Nota: este texto recoge casos documentados por fuentes oficiales, medios y registros judiciales. Toda acusación mencionada está sujeta al principio de presunción de inocencia, y se indica en cada caso el estado procesal correspondiente.

Nicolás Orbe de la O, identificado como sacerdote en Coyuca de Benítez, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, tras ser detenido el pasado sábado 20 de junio a las 7:40 de la mañana en la entrada del Seminario del Buen Pastor, en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, un juez de control determinó que podría enfrentar su proceso en libertad si cubre una garantía económica de un millón de pesos, junto con otras dos medidas.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 2015, cuando el imputado presuntamente cometió el delito en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

Según reportes de medios locales, se trató de una adolescente de 16 años que habría sido agredida mientras asistía a clases de catecismo. Entre la fecha de los hechos y la detención transcurrieron más de diez años.

La detención fue resultado de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), que derivaron en la emisión de una orden judicial de aprehensión, así lo informó la propia fiscalía estatal.

Juez fijó fianza de un millón de pesos y prohibió al imputado salir de Acapulco

Según el reporte oficial compartido este 21 de junio por la FGE Guerrero, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control valoró como suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial impuso tres medidas cautelares:

• Presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares
• El pago de una garantía económica de un millón de pesos
• La prohibición de salir del municipio de Acapulco de Juárez

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras ese plazo transcurra, Nicolás Orbe podría continuar su proceso en libertad, siempre que cubra la fianza impuesta y cumpla con las demás condiciones establecidas por el tribunal.

Hasta el momento no se ha confirmado su liberación.

La FGE Guerrero señaló en su boletín que refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que vulneren su integridad y desarrollo.

Policía Ministerial lo detuvo en la entrada de un seminario en Acapulco

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial el sábado 20 de junio de 2026 a las 7:40 de la mañana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

El operativo se realizó sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Azul.

El Registro Nacional de Detenciones precisó que el imputado fue asegurado en la entrada del Seminario del Buen Pastor. Tras el arresto, Orbe de la O fue trasladado a bordo de la unidad oficial PM-344 por diversas vialidades de Acapulco hasta la Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso.

Posterior al traslado, quedó a disposición del juez de control para que determinara su situación jurídica, lo que derivó en la audiencia inicial donde se dictó la vinculación a proceso.

86% de las víctimas de delitos sexuales contra menores en México son mujeres

Según datos consultados previamente por Infobae México, de enero a abril de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, cifra dada a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La categoría incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El 86% fueron mujeres y el 59.2% tenía entre 13 y 17 años.

En total, más de 52 mil menores de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia y otros delitos en ese periodo. Las mujeres representaron el 55.1% de las personas agredidas.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal.

En Guerrero fue detenido Nicolás “N”, un hombre acusado de violación agravada en contra de una víctima menor de edad de identidad reservada. Reportes de la prensa indican que el sujeto recientemente capturado sería sacerdote en Coyuca de Benítez.

La detención de dicho hombre fue informada el 20 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, mientras que los hechos por los que fue asegurado fueron registrados el 6 de noviembre de 2025 en Acapulco .

Arrestado a las afueras de una parroquia

“El imputado presuntamente cometió el delito en perjuicio de una menor de edad. La acción fue resultado de las investigaciones conducidas por la institución ministerial, que derivaron en la emisión de la orden judicial correspondiente”, es parte de la información compartida por las autoridades estatales.

Cabe destacar que reportes periodísticos detallan que el hombre mencionado fue capturado a las afueras de una parroquia ubicada en en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco. Lo anterior, según informó El Sol de Acapulco.

Por su parte, Excélsior registra que la víctima sería una adolescente de 16 años de edad que fue abusada cuando asistía a clases de catecismo.

Fueron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal (SSPGro), los efectivos que cumplimetron la orden de aprehensión.

Posterior al arresto, Nicolás “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, con el objetivo de que sea determinada su situación jurídica.

Menores de edad, víctimas de violencia en México

En México, más de 52 mil menores de edad fueron víctimas de violencia y otros delitos entre enero y abril de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dados a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El impacto abarca a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 55.1% de las personas agredidas.

Por cada cinco delitos cometidos contra menores, uno corresponde a otros delitos sexuales —categoría que incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto—. El SESNSP precisa que el 86% de las víctimas de estos delitos son mujeres y el 13.5% son hombres.

En términos absolutos, de enero a abril de 2026 se registraron 11 mil 110 víctimas en esta categoría. La violencia familiar representa el 21.1% de los casos, con 10 mil 975 víctimas en el mismo periodo, y con una ligera prevalencia hacia las niñas y adolescentes, quienes constituyen el 53.6% de esas víctimas, frente al 43.3% correspondiente a niños y adolescentes varones.

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar afecta al 11.7% del total —6 mil 112 víctimas—, con una distribución casi igualitaria entre mujeres (49.1%) y hombres (49.7%).

Uno de cada diez delitos sufridos por personas de 0 a 17 años está relacionado con la delincuencia organizada, bajo los criterios de la Convención de Palermo.

En cuanto a la distribución geográfica, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentran la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal, mientras que los municipios de Benito Juárez (Quintana Roo), Juárez (Chihuahua) y Zapopan (Jalisco) encabezan el registro municipal. En violencia familiar, los estados con más casos son Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, con los municipios de Juárez (Chihuahua), Irapuato (Guanajuato) e Iztapalapa (CDMX) en las primeras posiciones.

El perfil etario de las víctimas varía según el tipo de delito: las víctimas de delitos sexuales se concentran mayoritariamente en el rango de 13 a 17 años (59.2%), mientras que la violencia familiar afecta sobre todo a menores de 0 a 12 años (62.7%). En delitos vinculados a la delincuencia organizada, el 75.9% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años.

Un ciudadano salvadoreño fue acusado de violar a una menor de 16 años en el condado de Suffolk, Nueva York, según informó la Fiscalía del Condado de Suffolk en un comunicado emitido este martes. El señalado, identificado como Antonio Meléndez R., de 59 años, fue imputado formalmente por diversos delitos, incluyendo violación en primer grado, después de que presuntamente agredió sexualmente a una menor en un callejón mientras ella regresaba a su domicilio.

El fiscal de distrito del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, comunicó que los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026, cuando Antonio abordó a la joven mientras transitaba por la avenida New York, en la localidad de Huntington. De acuerdo con la investigación oficial, el acusado solicitó reiteradamente el número de teléfono de la menor, quien respondió de manera negativa. Posteriormente, el hombre la forzó a ingresar a un callejón, donde consumó el ataque sexual.

La víctima, de 16 años, logró escapar parcialmente desnuda y llegó a saltar una valla alta antes de pedir ayuda al 911. Según la Fiscalía, mientras la joven se encontraba en comunicación con la policía, Antonio habría seguido buscando a la víctima en las inmediaciones. Al llegar las autoridades, el sospechoso fue localizado y arrestado en el lugar.

El fiscal de distrito Raymond A. Tierney calificó el caso como “profundamente inquietante” y sostuvo: “Una joven de 16 años debería poder caminar con seguridad sin ser acosada, perseguida y brutalmente agredida. Mi oficina continuará procesando enérgicamente a los acusados que representen una grave amenaza para la seguridad de nuestra comunidad, especialmente para nuestros niños”, según cita la Fiscalía del Condado de Suffolk.

Procesan a salvadoreño en Nueva York por delitos sexuales

La acusación formal se presentó el 16 de junio de 2026 ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, quien procesó al salvadoreño por dos cargos de violación en primer grado (delitos violentos graves de clase B), un cargo de abuso sexual en primer grado (delito violento grave de clase D), dos cargos de violación en tercer grado (delitos graves de clase E) y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor (delito menor de clase A).

Durante la comparecencia judicial, la jueza Wilutis determinó que el acusado debía permanecer detenido bajo una fianza de USD 500,000 en efectivo, USD 1,000.000 en fianza o USD 5,000.000 en fianza parcialmente garantizada. El imputado está representado por el abogado Scott Lockwood.

En caso de ser hallado culpable del cargo más grave, Antonio enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión, detalló la Fiscalía del Condado de Suffolk. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 21 de julio de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitió una orden de detención para tomar bajo custodia al centroamericano una vez concluido el proceso judicial.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Ashley Moruzzi, de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica, en tanto que la investigación fue realizada por el detective Jeremy Corcino del Segundo Distrito del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Un uruguayo de 49 años, sobre el que pesaba una alerta de Interpol desde 2024, fue detenido este martes en Montevideo. El hombre, que se refugiaba en la casa de su madre, era buscado por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años.

Su detención se dio tras un allanamiento en el barrio Ituzaingó, en la periferia de la capital uruguaya. Previo a su arresto, el hombre se atrincheró en la casa de su madre, lo que provocó que la Policía monte un operativo en la zona, según informó el Ministerio del Interior.

El caso se remonta a 2019, informó este martes el noticiero Telemundo de Canal 12. La denuncia en ese momento fue de una adolescente de 16 años, que acusaba a su padrastro de haber abusado de ella desde que tenía cuatro. La investigación avanzó hasta que se libró la orden de detención.

Con el apoyo de Interpol, el hombre fue capturado. Había sido visto frente a la casa de la madre cargando unas compras que había realizado, pero cuando fueron a detenerlo intentó escaparse. El acusado tiró algunas pertenencias que tenía y se refugió en el hogar materno. Allí estuvo varias horas hasta que la Policía logró que autorizaran una orden de allanamiento para sacarlo por la fuerza.

El apoyo a Interpol había sido solicitado ante una posible fuga al exterior. En particular, a Brasil.

Los casos de abuso se habían dado en la zona de Pando, una ciudad del departamento de Canelones.

El caso ahora es analizado por la Fiscalía y se espera que en las próximas horas pida la formalización de la investigación.

El detenido es acusado de reiterados delitos de violación y abuso sexual. Además, tiene varios antecedentes penales.

La investigación sobre él se extendió durante más de un año, informaron las autoridades. “Se desarrollaron diversas tareas de recolección de información, análisis y tareas de inteligencia operativa, las que dieron como resultado en el día de la fecha con la detención de la persona acusada, quien se encuentra a disposición de la Justicia”, dice el comunicado oficial.

La caída del abusador del Prado

Hacía unas pocas semanas, hubo otro caso de un hombre arrestado por abusos sexuales. Era conocido como el abusador del Prado, por el barrio de Montevideo en el que solía acosar a sus víctimas. Fue condenado a seis años y once meses de cárcel por la Justicia uruguaya. La jueza definió que es responsable de 14 delitos de abuso sexual. La imagen de este hombre fue difundida durante un buen tiempo en las redes sociales del Ministerio del Interior, que pedía colaboración para localizarlo.

Para acercarse a las menores, el hombre les decía que trabajaba para una agencia de modelos y que podía llegar a darles una oportunidad laboral. Les aseguraba que les tenía que sacar algunas fotos y, con esa excusa, las llevaba a un lugar en el que pretendía abusar de ellas. La Fiscalía uruguaya recibió originalmente ocho denuncias. Una de estas fue clave porque se trataba de un caso más grave y porque una cámara de seguridad lo había registrado en los alrededores de la zona. Esto fue importante para su identificación, detención y posterior condena.

Una de las denuncias sobre él fue de una adolescente de 15 años, sobre un hecho que ocurrió el 27 de abril.

El hombre fue sumado a la lista del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que está conformado por 1.085 personas. Estar en esta lista, por ejemplo, impide trabajar con niños y adolescentes, en la salud o en la educación. Por 10 años, no podrá tener contacto con menores.

El ícono del pop francés Patrick Bruel fue imputado este miércoles por violación y agresión sexual, después de que casi dos docenas de mujeres lo denunciaran, algunas con acusaciones que se remontan a la década de 1990.

El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos y decenas de apariciones en cine, niega todas las acusaciones.

Es la última celebridad francesa bajo la lupa de la justicia a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje.

Bruel, cuya imagen copó los portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París para ser interrogado.

Un juez del suburbio parisino de Nanterre indicó que el artista fue imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Antes, la fiscalía de Nanterre había señalado que los cargos se referían a nueve víctimas y a incidentes ocurridos entre 2010 y 2019.

Añadió que las denuncias de otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual, entre 1992 y 2008, se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, aunque “en esta fase parecen estar prescritas”.

Bruel fue liberado bajo control judicial, indicó su abogada Fanny Colin, después de que el juez rechazara la solicitud de la fiscalía de enviarlo a prisión preventiva.

“Primera victoria judicial”

El artista proclamó su inocencia el mes pasado. “Jamás he forzado a una mujer”, aseguró en una publicación en Instagram.

Añadió entonces que cancelaría todos sus conciertos hasta septiembre.

Sus abogados afirmaron el lunes en un comunicado que respondería a todas las preguntas y “aportaría todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”.

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, lo denunció formalmente por tentativa de violación durante un festival de cine en México, cuando era una pasante de 26 años en Unifrance en 1997.

“Es una verdadera primera victoria judicial para las víctimas”, declaró su abogada Jade Dousselin a esta agencia después de que la fiscalía solicitara la imputación.

Varias nuevas acusaciones contra la estrella se han dado a conocer desde el lunes.

La abogada Myriam Guedj-Benayoun declaró el martes que en breve se presentará una nueva denuncia contra el cantante por la presunta tentativa de violación de una joven de 19 años en su domicilio en 2000.

La abogada representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Otra abogada, Corinne Herrmann, aseguró que dos mujeres presentaron denuncias por violación contra Bruel el 27 de mayo y el 3 de junio.

El medio de investigación Mediapart informó de que se trata de una exreina de belleza que acusa a Bruel de haberla violado en 2008 y de una fisioterapeuta que sostiene que cometió violación en 2000.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984, y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. “Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener”, dijo en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker, y en 1998 se impuso como campeón del mundo.

Fuente: AFP.

Fotos: Stephane de Sakutin/ AFP; Simon Wohlfahrt/ AFP; Alain Jocard/ AFP y Xavier Galiana/ AFP.

Un docente de la provincia de Córdoba fue condenado este lunes a seis años de prisión por abusar sexualmente de una alumna con discapacidad. El hombre, de 55 años, se encontraba detenido con prisión preventiva desde hacía casi un año.

La condena fue dictada por la Cámara del Crimen de Villa María, que encontró culpable a Oscar Fernando León del delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Según informaron medios locales, la víctima es una mujer mayor de edad con discapacidad que había sido alumna del acusado.

León era un reconocido politólogo y docente de la ciudad ubicada en el centro de la provincia de Córdoba. Al momento de su detención, se desempeñaba como profesor de Filosofía en un establecimiento educativo, donde tomó contacto con la víctima.

La causa comenzó a mediados de junio del año pasado, cuando la madre de la mujer radicó la denuncia ante las autoridades. A partir de entonces, la fiscal Juliana Companys encabezó una investigación que derivó en la detención del docente.

Desde entonces, León permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con la acusación, el hombre invitó a la mujer a su domicilio, donde abusó sexualmente de ella. La investigación sostuvo que el docente se aprovechó de la discapacidad de la víctima y de su situación de vulnerabilidad para concretar el ataque.

Durante el juicio, el fiscal Francisco Márquez solicitó una pena de seis años de prisión al considerar que correspondía aplicar el mínimo previsto por la ley para este tipo de delito. En contraposición, la defensa de León pidió la absolución.

El abogado defensor, Alfonso Martín, argumentó que su cliente “no sabía” que el consentimiento de la mujer podía encontrarse condicionado por su discapacidad. Sobre esa base, solicitó que fuera absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, la jueza Edith Lezama de Pereyra rechazó los planteos de la defensa y resolvió condenar a León a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal. Tras el fallo, el docente continuará detenido en una unidad del Servicio Penitenciario provincial.

Orlando “N”, alias “El Misterio”, fue detenido en el municipio de Tapachula, Chiapas, luego de que intentó darse a la fuga al observar la presencia de elementos de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el sujeto, de nacionalidad salvadoreña, es identificado como presunto líder de la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

Durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio antes referido, el individuo intentó huir, pero fue interceptado por elementos de la FGE en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el detenido cuenta con órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen delitos relacionados con la portación y tenencia de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

“El Misterio” contaría con ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que la detención de Orlando “N” fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional.

De acuerdo con las autoridades, el individuo presuntamente cuenta con una ficha roja internacional emitida por Interpol, al ser considerado objetivo de interés por autoridades de la República de El Salvador. Las instancias competentes deberán confirmar su grado de responsabilidad y situación jurídica.

Tras su detención, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación conforme a la ley.

Miembros de la MS-13 han sido localizados en México, se cree que habrían buscado refugio en el país

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, surgió en los años ochenta en los barrios de personas refugiadas de Los Ángeles, en Estados Unidos, y ha sido señalada como una de las pandillas más violentas del país.

Su origen se remonta a la inmigración salvadoreña y, con el tiempo, la organización extendió su presencia de manera exponencial en territorio estadounidense. El crecimiento de la MS-13 ha sido especialmente visible en regiones como Long Island, Nueva York, y otras comunidades del estado, de acuerdo con investigaciones.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, las principales actividades delictivas a las que se dedica esta pandilla son la extorsión, venta de drogas y la protección de territorios en las ciudades para el cobro de piso a negocios y bares clandestinos. Además, la Mara Salvatrucha también está relacionada con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.

Autoridades estadounidenses han detectado la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha en países como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros.

Alianzas y vínculos con otras organizaciones criminales

Una investigación de Alberto DeAmicis de julio de 2017, refiere que la MS-13 ha establecido alianzas estratégicas para fortalecer su posición en actividades delictivas. Entre los vínculos destacados, se menciona la colaboración con la Mafia Mexicana (La Eme), una de las pandillas carcelarias más notorias dentro del sistema penitenciario de California.

Además, identificó la red de MS-13 como facilitadora de la distribución de drogas de organizaciones del crimen organizado en México como los Caballeros Templarios, utilizando su estructura para ampliar el alcance de dichos grupos. Estos lazos han favorecido la expansión y sofisticación de las operaciones criminales de la pandilla a nivel nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que la MS-13 habría enviado a varios líderes a organizar operaciones, entablar contactos para obtener narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de participar en la trata y contrabando de personas.

Un hombre fue condenado el viernes a 21 años de prisión por una violación cometida en 2003 en el Reino Unido, por la que otro hombre inocente pasó 17 años encarcelado. El caso es considerado uno de los errores judiciales más serios de la historia británica reciente.

Paul Quinn, de 52 años y padre de seis hijos, fue juzgado por dos cargos de violación, estrangulamiento intencional y lesiones corporales graves tras seis semanas de juicio en el Tribunal de la Corona de Manchester. Podrá solicitar la excarcelación a los 14 años, tres menos de los que cumplió el hombre condenado injustamente.

El juez Robert Bright le dijo al condenado: “Usted se sentó a disfrutar de su libertad a costa de un hombre inocente”.

En la madrugada del 19 de julio de 2003, una mujer de 33 años regresaba a casa de su novio por las calles de Little Hulton, en Salford, Gran Manchester. Quinn la siguió durante aproximadamente un kilómetro y medio antes de arrastrarla hasta un terraplén de autopista, donde la estranguló hasta dejarla inconsciente y la violó dos veces. Le fracturó el pómulo y una mordedura le desgarró parcialmente el pezón.

En una declaración leída ante el tribunal, la víctima —que hoy tiene cerca de 60 años— describió las secuelas permanentes del ataque. “Cada día miro mi rostro y veo la desfiguración, las cicatrices. Para él fue una noche de su vida. Para mí fue una noche que cambió mi vida”, declaró. El juez la llamó “una verdadera heroína”.

Pese a ser un delincuente sexual convicto que residía cerca del lugar de los hechos, Quinn no fue investigado. Andrew Malkinson, que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial cercano, fue identificado erróneamente por la víctima en una rueda de reconocimiento policial. Condenado a cadena perpetua en 2004, proclamó su inocencia desde el primer día, lo que le costó cumplir diez años por encima del mínimo impuesto. No fue liberado hasta 2020, aunque su nombre permaneció en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

Los avances en análisis genético permitieron al equipo legal de Malkinson y a la organización Appeal recuperar ADN de Quinn en fragmentos de ropa de la víctima que habían permanecido sin procesar durante años. Ese perfil coincidía con una muestra tomada al agresor tras su condena de 1992, lo que llevó al Tribunal de Apelación a anular la condena del guardia de seguridad en julio de 2023. Las autoridades sabían desde 2007 que existía material genético de un hombre no identificado en la víctima, pero decidieron no actuar.

Malkinson, de 60 años, se declaró “insultado y consternado” por la sentencia. “Espero que este hombre no obtenga la libertad condicional y que cumpla una condena mayor que la mía”, sostuvo en un comunicado difundido por Appeal. “Cualquier cosa menos que eso no es justicia”, añadió.

La fiscalía había solicitado cadena perpetua, pero Bright la rechazó. Argumentó que Quinn había modificado su estilo de vida desde 2017 y que en los delitos de violación “llega un momento en la vida en que el peligro disminuye”. Fuentes cercanas al caso indicaron que la sentencia podría ser remitida a la fiscalía general por considerarse excesivamente benévola.

Una revisión de 2024 detectó fallos que habrían podido liberar a Malkinson una década antes, lo que derivó en la apertura de una investigación pública. La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) investiga a cinco exagentes de la Policía del Gran Manchester (GMP) por mala conducta grave, uno de ellos bajo pesquisa penal, y a un sexto agente en activo. Dos altos cargos del organismo encargado de revisar posibles errores judiciales han dimitido.

Quinn tenía antecedentes que las autoridades no vincularon al ataque de 2003. Fue amonestado a los 12 años por agresión sexual y en 1992 condenado por abuso de menores, delito que hoy se tipificaría como violación, condena que generó su muestra de ADN en el sistema. Durante el juicio se reveló que había buscado en internet cuánto tiempo conservaba la policía las muestras genéticas.

La GMP se ha disculpado con Malkinson. “Sabemos que este resultado llega con dos décadas de retraso”, declaró la detective superintendente Rebecca McKendrick, quien instó a posibles nuevas víctimas de Quinn a presentarse. El condenado está siendo investigado como sospechoso en al menos tres agresiones sexuales adicionales.

Malkinson reclama una indemnización del Estado y ha cuestionado si la víctima fue presionada durante la rueda de reconocimiento. Su abogado Toby Wilton, del bufete Hickman & Rose, afirmó que para su cliente “no es el final del asunto”.

(Con información de AP, BCC y The Guardian)

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí, en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril, tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16.

“Asimetría de poder y coacción”

El fallo señaló que el testimonio de la denunciante, corroborado por otros elementos de prueba, resultó veraz y consistente. También avaló la valoración probatoria realizada por la instancia anterior y descartó los planteos defensivos.

La Cámara remarcó que la ausencia de resistencia no implica consentimiento cuando los hechos ocurrieron en un contexto de subordinación y “coacción”. La decisión judicial sostuvo que no puede leerse como consentimiento cuando existió “asimetría de poder”.

El tribunal también sostuvo que la demora en denunciar es frecuente en este tipo de casos, en especial dentro de ámbitos institucionales donde la víctima puede temer represalias o descreimiento.

Esa fue la respuesta central del tribunal ante la discusión planteada en el expediente: la condena quedó confirmada porque los jueces consideraron acreditados los abusos y entendieron que la reacción de la víctima debía analizarse a la luz de la relación de poder existente, no como un indicio de aceptación.

Cronología de los abusos

Según el fallo judicial, los hechos ocurrieron en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo. El primer episodio fue en diciembre de 2022, cuando Sánchez Aguilar hizo entrar a la víctima, una agente recientemente incorporada a la fuerza, a un cuarto de limpieza, cerró la puerta y “la obligó a realizarle sexo oral bajo la amenaza de aplicarle sanciones disciplinarias en caso de negarse”, informó el comunicado de la Policía Federal Argentina.

Meses después, el 18 de junio de 2023, volvió a hostigarla cuando ambos estaban solos en la dependencia. En esa ocasión, le dijo: “es el Día del Padre, ¿no hay regalo para mí? Pero no quiero que me compres nada”. Luego, el hombre se bajó los pantalones, exhibió sus genitales y la manoseó. Esto ocurrió también en el interior de la Comisaría Vecinal N°14 de la Policía de la Ciudad, situada sobre la Avenida Santa Fe al 4000.

La sentencia tuvo por probado que el acusado se aprovechó de la inexperiencia de la joven y de la relación de subordinación, ya que cumplía funciones de instructor. El tribunal también valoró como agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima y el impacto emocional de los hechos.

A eso sumó las consecuencias laborales derivadas del caso: una licencia prolongada, su traslado y la estigmatización dentro de la fuerza. Esos elementos integraron la evaluación judicial que derivó en la pena de siete años.

Fuga, allanamiento y captura

A medida que avanzaba la causa, Sánchez Aguilar se dio a la fuga con paradero desconocido. En ese marco, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja a cargo del Dr. José María Campagnoli, secretaría del Dr. Juan Pablo Bello, convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

A partir del análisis de bases de datos oficiales, registros de organismos públicos y cruces de información con empresas de telefonía, los investigadores identificaron varios domicilios vinculados al acusado. Uno de los puntos de rastreo fue un inmueble ubicado en la ciudad de La Plata.

Con la anuencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 a cargo de la Dra. Valeria Rico, Secretaría de la Dra. Verónica Potes, los uniformados montaron un operativo en las inmediaciones de dicho domicilio, el cual se ubica sobre la calle 132 de la localidad de Arturo Seguí.

Los efectivos servidores al hombre egresar de la finca en cuestión y, al corroborar que se trataba del expolicía buscado, lo detuvieron en la vía pública.

En el marco de la condena, el tribunal también dispuso la extracción de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Hay tragedias que se quedan grabadas en la memoria de un país no solo por la crueldad del hecho, sino por la traición a la confianza más sagrada. En la República Dominicana, el nombre de Esmeralda Richiez evoca ese dolor. Para quienes no conocen su historia, el desenlace judicial ocurrido esta semana en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cierra uno de los capítulos más oscuros del ámbito educativo nacional: la ratificación de la condena de 20 años de prisión para el exprofesor John Kelly Martínez, hallado culpable de la muerte de la adolescente de 16 años.

En febrero de 2023, Higüey, provincia La Altagracia. Esmeralda era una adolescente llena de vida, estudiante del Instituto Agropecuario de la zona. En las aulas destacaba un hombre: John Kelly Martínez, de 35 años, su profesor de matemáticas y educación física.

Martínez no era un desconocido; era un líder comunitario, un educador en quien los padres de Esmeralda confiaban ciegamente. Esa posición de autoridad y mentoría fue, según demostró la justicia, la llave que utilizó para quebrar la seguridad de la joven.

El 12 de febrero de 2023, bajo el pretexto de una salida recreativa, Martínez pasó a buscar a Esmeralda por su residencia en la comunidad de Vista Alegre. En el vehículo no viajaban solos; los acompañaba Rubiel Morillo Martínez (primo del profesor) y otras tres alumnas del mismo centro, todas menores de edad. El destino final fue una playa en la concurrida zona turística de Bávaro. Lo que prometía ser una salida de amigas con su profesor de confianza se convirtió en una pesadilla oculta en la oscuridad de la noche.

Alrededor de la medianoche, el vehículo regresó a Vista Alegre. Esmeralda bajó del auto y entró a su casa. Quienes la vieron notarían de inmediato que algo andaba mal: estaba extremadamente pálida y presentaba un sangrado visible. Sin embargo, el miedo, la manipulación psicológica o la misma vergüenza propia de su edad hicieron que la adolescente minimizara la situación ante sus padres, asegurando que se trataba de un malestar común. Se encerró en su habitación.

El 13 de febrero, el silencio en el cuarto de la joven alarmó a la familia. Al entrar a buscarla, se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la menor yacía en el suelo del baño de la residencia, en medio de un charco de sangre.

La investigación científica arrojó luz sobre el horror que Esmeralda calló en sus últimas horas. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor había sido sometida a una “actividad sexual violenta”, la cual le provocó severas laceraciones y abrasiones vaginales. Estas heridas causaron una hemorragia aguda, tanto interna como externa, que derivó en un shock hipovolémico. En términos llanos: Esmeralda se desangró hasta morir debido al daño físico sufrido durante la salida con su profesor.

El peso de la ley: Sin derecho a rebaja

El caso escaló rápidamente a los tribunales, provocando protestas y una profunda indignación colectiva que exigía la pena máxima. El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor.

Inconforme con el dictamen, la defensa de John Kelly Martínez intentó un último recurso legal apelando la sentencia en busca de una reducción de la pena o la anulación del juicio. Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís declararon inadmisible dicho recurso.

Con este fallo, la justicia dominicana ratifica que Martínez violó los artículos del Código Penal concernientes a homicidio voluntario, asociación de malhechores y actos de barbarie, además de violentar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El exprofesor de matemáticas pasará las próximas dos décadas tras las rejas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey. El fallo también le obliga a pagar una indemnización de dos millones de pesos a la devastada familia Richiez. La sentencia ya es firme, pero el vacío en las aulas y en el hogar de Esmeralda permanece como un recordatorio del día en que el peligro se disfrazó de maestro.

Las autoridades judiciales de Panamá dictaron dos sentencias condenatorias en la provincia de Panamá Oeste por delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores.

En el primer caso, la Fiscalía Regional obtuvo una pena de 13 años de prisión para un ciudadano venezolano imputado por los delitos de difusión y posesión de material de abuso sexual infantil.

La investigación penal determinó que el individuo difundió un video explícito de forma masiva en un grupo de WhatsApp en La Chorrera durante mayo de 2025, y posteriormente se le decomisó un dispositivo electrónico que contenía grabaciones adicionales de menores de edad en actividades de naturaleza sexual.

El Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena pactado entre las partes que derivó en la sentencia condenatoria número 340, imponiendo además una inhabilitación absoluta para trabajar cerca de parques y escuelas por un periodo de cinco años adicionales tras cumplir la sanción de prisión.

En el segundo proceso, el Tribunal de Juicio Oral de Panamá Oeste condenó a 17 años de prisión a un hombre de 50 años por los delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados. Los magistrados basaron la resolución en el caudal probatorio de la sección de asistencia a juicio que demostró que el imputado se aprovechó de su vínculo familiar como tío de la víctima, una menor de 13 años, para cometer los actos ilícitos en el distrito de Arraiján durante el año 2023.

La sentencia número 065 desglosó la pena en 13 años por violación y 4 años por actos libidinosos, aplicando restricciones severas para ejercer oficios en centros deportivos y parvularios. Paralelamente, en el distrito de San Miguelito, la Fiscalía Superior de Adolescentes logró la detención provisional de un joven de 17 años por su presunta vinculación en la violación agravada de una niña de 11 años ocurrida en Belisario Frías, fundamentando la medida en los riesgos de afectación de pruebas.

Delitos al alza

El informe del Ministerio Público sobre delitos sexuales refleja un incremento del 5% en las denuncias globales de este tipo penal en el primer cuatrimestre, acumulando 1,980 casos frente a los 1,892 registrados en el mismo periodo del año anterior.

La evolución mensual de la criminalidad sexual muestra una tendencia creciente en la recepción de causas, iniciando en enero con 487 denuncias, descendiendo levemente en febrero a 416, y registrando un marcado repunte en marzo con 538 casos que se estabilizó en abril con 539 expedientes ingresados al Sistema Penal Acusatorio.

Del total general reportado, el capítulo general de violación y otros delitos sexuales acaparó la gran mayoría de la actividad judicial con 1,795 denuncias, mientras que las conductas asociadas a corrupción y explotación sumaron 185 trámites a nivel nacional.

Al analizar los datos, las denuncias por violaciones comunes registraron 646 casos, lo que representa una disminución del 11% en comparación con el año anterior. En contraste, las violaciones familiares o con agravantes graves subieron un 2%, sumando 85 casos, mientras que los abusos sexuales contra adolescentes de entre 14 y 18 años aumentaron un preocupante 18%, alcanzando los 742 expedientes judiciales.

El comportamiento por meses de este último delito específico de acceso sexual a adolescentes evidenció una aceleración constante en las oficinas judiciales, contabilizando 189 denuncias en el mes de enero, 156 en febrero, 187 durante marzo y alcanzando su punto más elevado en abril con un total de 210 investigaciones iniciadas por los fiscales.

El incremento porcentual más significativo se concentró en la tipificación de pornografía infantil, cuyas denuncias pasaron de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual, lo que representa un alza del 117%. El registro de este flagelo cibernético se concentró con fuerza durante el mes de febrero al registrarse 16 denuncias de impacto inmediato.

Por el contrario, la posesión de este material ilícito reportó una disminución del 10%, contabilizando 9 denuncias en total. En cuanto a otras conductas delictivas, el delito de corrupción de personas menores de edad escaló un 40% con un total de 126 registros, presentando un flujo mensual ascendente que cerró abril con 37 denuncias activas, mientras que la explotación comercial bajó un 50%, reportando únicamente 4 casos ante el Ministerio Público.

El resto de la incidencia delictiva del cuatrimestre incluyó 306 denuncias por actos libidinosos, 16 por acoso sexual, 3 por relaciones remuneradas con menores de edad y 3 por exhibición de material pornográfico a personas con discapacidad o incapaces. En contraste, los delitos de turismo sexual, omisión de conocimiento y uso de inmuebles para estos fines cerraron el periodo sin registros.

En el desglose territorial por distritos judiciales, el Primer Distrito concentró el mayor impacto operativo con 919 denuncias acumuladas, mientras que el Tercer Distrito Judicial reportó 698 expedientes. En la distribución geográfica nacional, la provincia de Panamá concentra el mayor volumen con 406 casos, seguida de Chiriquí con 309, Panamá Oeste con 259, Bocas del Toro con 195 y la comarca Ngöbe Buglé con 194 denuncias.

En una rápida intervención, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la detención en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad salvadoreña.

Al extranjero se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una joven hondureña de 21 años, en un hecho ocurrido en la zona occidental del país.

Según el informe de los cuerpos policiales y las declaraciones brindadas por el vocero de la institución, el incidente se registró aproximadamente a las 10:00 de la noche.

La víctima se encontraba en el desvío del municipio de Dulce Nombre con la intención de trasladarse hacia Santa Rosa de Copán. Al encontrarse en la carretera, la joven solicitó un “jalón” o “ride” al conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona.

El reporte preliminar detalla que, tras abordar la pesada unidad, el conductor avanzó un par de metros y posteriormente estacionó el automotor a la orilla de la carretera. En ese momento, el sospechoso presuntamente comenzó a realizar actos indebidos. Acto seguido, habría sacado un arma blanca para amordazar, amenazar y someter a la víctima, obligándola a sostener relaciones sexuales contra su voluntad.

Una vez cometido el abuso, el agresor trasladó a la joven hasta la terminal de buses de Santa Rosa de Copán, donde la abandonó. Agentes policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona detectaron la situación y atendieron a la víctima de manera inmediata.

Tras brindarle el resguardo necesario, la trasladaron a las oficinas de la DPI, donde un equipo especializado le ofreció acompañamiento psicológico y asesoramiento legal para formalizar la denuncia correspondiente a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Con la información recabada, los equipos de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N°4 (UDIC-4) desplegaron labores de seguimiento y vigilancia. El sospechoso fue localizado y requerido frente a una gasolinera en el barrio Miraflores de la misma ciudad. Al momento del arresto, las autoridades decomisaron un vehículo tipo cabezal, color amarillo, cargado con harina, el cual procedía de San Pedro Sula y tenía como destino El Salvador.

Declaraciones de los involucrados

Al ser interrogado por medios locales, el detenido, un hombre de 48 años originario de El Salvador y residente en la colonia San Gabriel, negó las acusaciones argumentando su inocencia:

“Yo la dejé allí en la terminal y yo me parqueé más adelante. Si hubiera hecho algo malo, ¿cree que me hubiera quedado ahí?”, manifestó el conductor, confirmando que sí trasladó a la joven tras su petición.

Por su parte, el vocero policial enfatizó que el caso ya se encuentra en manos del Poder Judicial, órgano encargado de evaluar las pruebas. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los motivos por los cuales la joven se encontraba en la carretera a altas horas de la noche.

De ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el ciudadano salvadoreño enfrentará severas sanciones penales. De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras, el delito de violación simple establece una pena abstracta que oscila entre los 9 y 12 años de prisión.

No obstante, la condena podría incrementarse si el Ministerio Público logra acreditar agravantes específicas durante el proceso. En este caso particular, el uso de un arma blanca para amordazar e intimidar a la víctima, así como la ejecución del acto en un lugar solitario y durante la noche (aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven), facultan al juez para aplicar la pena en su tramo máximo, la cual podría alcanzar hasta los 15 años de reclusión.

Chihuahua encabeza los secuestros de mujeres en 2026 por tasa estatal, con 13 casos de enero a abril y una incidencia de 0.64 por cada 100,000 mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese registro coloca a la entidad por arriba de Tlaxcala, Tabasco, Michoacán y Guerrero en un periodo en el que también crecen otros delitos que afectan a mujeres, como violación, extorsión, homicidio y lesiones.

A escala nacional, el secuestro mantiene una composición de víctimas mayoritariamente masculina, pero las mujeres representan 18.6% de los casos, según el corte de enero a abril de 2026. En ese universo, Chihuahua aparece como el estado con la tasa más alta para víctimas mujeres de secuestro, mientras Tlaxcala ocupa el segundo lugar con dos casos y una tasa de 0.26, y Tabasco el tercero con dos casos y 0.16.

Michoacán suma tres casos y una tasa de 0.12 por cada 100,000 mujeres. Guerrero registra dos casos y una tasa de 0.11.

Guanajuato concentra más víctimas mujeres de extorsión y Chihuahua lidera en violación por tasa

En extorsión contra mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 208 casos, equivalentes a 19.4% del total nacional en el periodo analizado. Le siguen la Ciudad de México con 195 casos y 18.2%, Nuevo León con 124 y 11.6%, Morelos con 63 y 5.9%, y Veracruz con 54 y 5.0%.

Cuando se mide la incidencia por cada 100,000 mujeres, Guanajuato también se mantiene en primer sitio con 6.13 y 208 casos. Después aparecen Colima con 5.91 y 23 casos, Morelos con 5.90 y 63, Zacatecas con 4.87 y 43, y Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

En violación simple y equiparada, el Estado de México concentra el mayor número de carpetas con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional entre enero y abril. Después están Ciudad de México con 745 casos y 11.4%, Nuevo León con 449 y 6.9%, Chihuahua con 389 y 6.0%, Guanajuato con 372 y 5.7%, Hidalgo con 306 y 4.7%, y Baja California con 297 y 4.6%; en conjunto, esas entidades reúnen 53.1% de los registros.

Por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en ese delito con 9.52 por cada 100,000 habitantes y 389 casos. Detrás se ubican Campeche con 9.25 y 89 casos, Hidalgo con 9.18 y 306, Querétaro con 8.33 y 225, Ciudad de México con 8.13 y 745, Colima con 7.98 y 165, Baja California Sur con 7.81 y 72, Baja California con 7.09 y 297, y Nuevo León con 6.89 y 449 casos.

La respuesta central a la pregunta sobre dónde se concentra la mayor presión delictiva contra mujeres cambia según el ilícito que se revise. Chihuahua lidera en secuestro y en violación por tasa, Guanajuato encabeza la extorsión y el homicidio doloso por número de víctimas, y Veracruz aparece al frente en violencia de género por volumen absoluto.

Veracruz y Querétaro destacan en violencia de género; Sinaloa lidera feminicidio por tasa

En violencia de género, Veracruz registra 841 casos y concentra 54.5% del total nacional reportado en las entidades con mayor incidencia. Querétaro suma 523 casos y 33.9%, Guerrero 152 y 9.9%, Baja California Sur 12 y 0.8%, y Aguascalientes cinco y 0.3%.

Por tasa de violencia de género, Querétaro pasa al primer lugar con 19.36 por cada 100,000 habitantes y 523 casos. Veracruz se coloca después con 10.37 y 841 casos, seguido por Guerrero con 4.21 y 152, Baja California Sur con 1.30 y 12, y Aguascalientes con 0.32 y cinco.

En feminicidio, Sinaloa concentra 13% de las víctimas nacionales de enero a abril de 2026. Chiapas y Estado de México comparten 7.7%, Ciudad de México registra 7.2% y Chihuahua 5.3%.

Por tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres, Sinaloa ocupa el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Le siguen Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal muestra que 38.3% de los feminicidios del país se concentran en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos, equivalentes a 10%; después aparecen Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, Ciudad de México, con cinco casos; mientras Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua, Chihuahua; Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; Toluca, Estado de México; Tuxtla Chico, Chiapas; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato, e Iztacalco, Ciudad de México, aparecen con entre dos y tres casos. El resto de los municipios suma 124 delitos, equivalentes a 61.7%.

Guanajuato, Michoacán y Estado de México aparecen de forma constante en homicidios y lesiones

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total. Le siguen Guerrero con 39 casos, Morelos con 36, Michoacán con 35, Colima con 31, Ciudad de México con 30, Baja California y Jalisco con 29 cada uno, Puebla con 26, y Chihuahua y Veracruz con 25.

Por tasa de homicidio doloso de mujeres, Colima se coloca en primer lugar con 7.96 por cada 100,000 mujeres y 31 casos. Después están Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

En homicidio culposo de mujeres, Michoacán suma 92 casos y 9.8%; Veracruz 80 y 8.5%; Guanajuato 77 y 8.2%; Jalisco 73 y 7.7%; Puebla 50 y 5.3%; Ciudad de México 49 y 5.2%; Quintana Roo 47 y 5.0%; Tamaulipas 41 y 4.4%; Chiapas 40 y 4.2%; Guerrero 33 y 3.5%; Estado de México 30 y 3.2%; y Zacatecas 28.

En lesiones dolosas contra mujeres, el Estado de México concentra 8,752 casos, equivalentes a 32.9% del total nacional, y Guanajuato agrega 2,915, que representan 11.0%. Jalisco reporta 1,524 casos, Michoacán 1,428 e Hidalgo 987. Por tasa, Estado de México también ocupa el primer lugar con 95.39 por cada 100,000 mujeres, seguido por Guanajuato con 85.97, Aguascalientes con 83.46, Baja California Sur con 63.12 e Hidalgo con 56.80.

En lesiones culposas por tasa, Morelos encabeza la lista con 50.47 y 539 casos. Después aparecen Aguascalientes con 29.28 y 234, Baja California Sur con 25.91 y 117, Colima con 23.62 y 92, Hidalgo con 20.31 y 353, Quintana Roo con 19.73 y 210, Chihuahua con 19.58 y 400, Estado de México con 17.54 y 1,609, Jalisco con 15.36 y 698, Ciudad de México con 14.55 y 693, y Coahuila con 14.34 y 247 casos.

Siete estados concentran 53.1% de las denuncias por violación simple y equiparada en México entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el dato perfila un mapa de concentración territorial en el que el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León encabezan los registros absolutos, mientras Chihuahua aparece con la tasa más alta por cada 100,000 habitantes.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León con 449 y 6.9%; Chihuahua con 389 y 6%; Guanajuato con 372 y 5.7%; Hidalgo con 306 y 4.7%; y Baja California con 297 y 4.6%.

Esa suma coloca a esas siete entidades con poco más de la mitad de los casos denunciados en el país durante el primer cuatrimestre del año. La concentración muestra que el volumen del delito se acumula en estados con alta población, aunque la medición por tasa cambia el orden y exhibe otra dimensión del problema.

Chihuahua encabeza la tasa de violación por cada 100,000 habitantes

Cuando se observa la incidencia proporcional, Chihuahua aparece en primer lugar con una tasa de 9.52 y 389 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Después están Campeche con 9.25 y 89 casos; Hidalgo con 9.18 y 306; Querétaro con 8.33 y 225; y la Ciudad de México con 8.13 y 745.

En la misma medición siguen Colima con 7.98 y 165 casos; Baja California Sur con 7.81 y 72; Baja California con 7.09 y 297; y Nuevo León con 6.89 y 449. La diferencia entre volumen total y tasa revela que entidades con menos población pueden registrar una incidencia más alta frente a su tamaño demográfico.

El registro nacional también ubica a la violencia de género con fuerte concentración territorial. Veracruz encabeza los casos absolutos con 841, equivalentes a 54.5% del total reportado para ese delito en el periodo, mientras Querétaro suma 523 y 33.9%, y Guerrero 152 y 9.9%.

Más abajo aparecen Baja California Sur con 12 casos y 0.8%, y Aguascalientes con cinco y 0.3%, según el Secretariado Ejecutivo. En la tasa por cada 100,000 habitantes, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos; Veracruz se coloca después con 10.37 y 841; y Guerrero con 4.21 y 152.

Feminicidio y homicidio de mujeres muestran otro mapa de concentración

Entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% de las víctimas de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Detrás se ubican Chiapas y el Estado de México con 7.7% cada uno, la Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%.

La tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca también a Sinaloa en el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Después están Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal concentra 38.3% de los delitos de feminicidio en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos y 10% del total nacional; Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, CDMX, aparecen entre los municipios señalados junto con Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua y Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula y Tuxtla Chico, Chiapas; Toluca, Estado de México; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato; e Iztacalco, CDMX.

Fuera de esos 20 municipios se contabilizan 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total, según el mismo registro. Ese reparto indica que, aunque hay focos municipales definidos, la mayor parte de los casos todavía se dispersa en el resto del país.

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 72 casos y 13.5%. Le siguen Guerrero con 39 y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; y Baja California y Jalisco con 29 cada uno y 5.5%.

Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima encabeza con 7.96 y 31 casos. Después se ubican Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

Lesiones, secuestro y extorsión amplían el patrón de violencia contra mujeres

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. El Estado de México está en primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, seguido de Guanajuato con 2,915 y 11%; Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%; e Hidalgo con 987 y 3.7%.

La tasa por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Después aparecen Guanajuato con 85.97 y 2,915; Aguascalientes con 83.46 y 667; Baja California Sur con 63.12 y 285; e Hidalgo con 56.80 y 987.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Le siguen Tlaxcala con 0.26 y dos; Tabasco con 0.16 y dos; Michoacán con 0.12 y tres; y Guerrero con 0.11 y dos.

En extorsión contra mujeres por entidad, Guanajuato encabeza con 208 casos y 19.4%; la Ciudad de México tiene 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%; y Veracruz 54 y 5%. La tasa por cada 100,000 mujeres vuelve a colocar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos, seguido de Colima con 5.91 y 23; Morelos con 5.90 y 63; Zacatecas con 4.87 y 43; y la Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

Panamá registró 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y abril de 2026, según el informe estadístico del Ministerio Público. La cifra representa un aumento de 5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 1.892 denuncias.

El reporte, con cifras preliminares del Sistema Penal Acusatorio, muestra que los delitos sexuales mantienen una tendencia creciente en el primer cuatrimestre del año.

El mes con más denuncias fue abril, con 539 casos, seguido de

marzo, con 538; enero, con 487, y febrero, con 416. La mayor parte de las investigaciones corresponde al capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumuló 1.795 denuncias.

Otros 185 casos fueron clasificados dentro del capítulo de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito con mayor número de reportes fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 742 denuncias hasta abril. Le siguieron los casos de violación, con 646 denuncias; actos libidinosos, con 306; corrupción de menores de edad, con 126; y violación doblemente agravada, con 85 investigaciones abiertas.

La comparación interanual revela movimientos distintos por tipo de delito. Las denuncias por violación bajaron 11%, al pasar de 726 a 646 casos; sin embargo, el acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 años aumentó 18%, al subir de 630 a 742 denuncias.

La corrupción de menores creció 40%, mientras que los reportes de pornografía infantil pasaron de 18 a 39 casos, un incremento de 117%.

Por área geográfica, Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 406 casos. Le siguieron Chiriquí, con 309; Panamá Oeste, con 259; Bocas del Toro, con 195; la comarca Ngöbe Buglé, con 194; Coclé, con 149; Veraguas, con 128; y San Miguelito, con 117. En términos porcentuales, Herrera registró el mayor aumento frente a 2025, con 40%, seguido por Chiriquí y San Miguelito, ambos con 17%.

Condena de 37 años

En este contexto, el Ministerio Público reportó una condena de 37 años de prisión contra un hombre de 28 años en Veraguas, declarado responsable de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores agravada en perjuicio de dos niñas de 8 y 9 años. Los hechos ocurrieron en 2024, en el distrito de Santiago.

Durante la audiencia ante el Tribunal de Juicio, la Fiscalía Regional de Veraguas presentó la teoría del caso y las pruebas que vincularon al sentenciado con los delitos. Además de la pena principal, el tribunal impuso una sanción accesoria de 14 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en espacios donde regularmente se agrupen menores de edad.

El Ministerio Público también informó otro caso reciente en Colón, donde un ciudadano de 29 años quedó bajo detención provisional por los delitos de violación sexual agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de una menor de 13 años.

La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Fiscalía sustentara riesgos procesales como posible destrucción de pruebas, peligro para la víctima y riesgo para la comunidad.

De acuerdo con la investigación, este caso se originó en febrero de 2025 en el corregimiento de Cativá. Durante la audiencia, realizada el 15 de mayo de 2026, el Ministerio Público también solicitó un anticipo jurisdiccional de pruebas, petición que fue concedida por el juzgado.

Los dos procesos reflejan una de las características más sensibles de este tipo de delitos: la afectación directa a niñas y adolescentes, muchas veces dentro de entornos cercanos o de confianza. Aunque cada expediente mantiene su trámite judicial particular, ambos casos se conocen en momentos en que las estadísticas oficiales muestran un incremento general de denuncias por delitos sexuales en Panamá.

El Ministerio Público advirtió que los datos del informe pueden variar con el avance de las investigaciones y el proceso utilizado por los fiscales. Aun así, el balance hasta abril deja una señal clara: las denuncias por delitos sexuales no solo siguen en niveles altos, sino que algunas conductas asociadas a menores de edad muestran incrementos relevantes frente al año pasado.

La presión sobre el sistema judicial se concentra ahora en dos frentes: avanzar en las investigaciones penales y fortalecer la protección temprana de las víctimas. El comportamiento de las cifras confirma que los delitos sexuales continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Panamá, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Ayer miércoles, la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Rodrigo Ezequiel Figueroa. El delito: intentar violar a un nene en un baño de estación de servicio. El caso no es tan simple. Tiene una particularidad especial, que resuena con la época. El planteo de los jueces Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela es, al menos, interesante.

El hecho ocurrió el 5 de abril último por la tarde en la YPF ubicada en la esquina de Independencia y Jujuy, zona de San Cristóbal, sumamente concurrida. Según la acusación en su contra, Figueroa abordó al chico, que había entrado solo al baño. Allí, supuestamente, le dijo: “¿Me la querés chupar?“. La víctima tenía -tiene- ocho años.

El chico huyó al auto de sus padres, llorando. “Un hombre en el baño me dijo algo feo”, les afirmó, y repitió la frase. Lo hizo “señalando al imputado que salía del baño, quien aparentaba estar en situación de calle y llevaba una bolsa negra consigo”.

Así, el padre del chico corrió al acusado por la avenida Independencia. Lo atrapó y lo redujo cien metros después, mientras gritaba por un patrullero. Poco después, la Policía de la Ciudad llegó al lugar. Figueroa quedó detenido en el acto.

Comenzó una causa bajo la firma del juez Fernando Canedo con el fiscal Marcelo Roma. El chico declaró en Cámara Gesell y describió el hecho. Su relato fue considerado creíble. La defensa oficial de Figueroa presentó una declaración del acusado por escrito.

“Niego rotundamente el hecho que se me atribuye en esta causa, y únicamente puedo decir que el día de mi detención fui abordado de forma intempestiva y virulenta por un masculino que me golpeó en la cabeza”, aseveró el texto. La inspección médica posterior al detenido, practicada en el hospital Tornú, no reveló lesiones de consideración.

Finalmente, Caunedo lo procesó con prisión preventiva. Valoró, por ejemplo, sus antecedentes penales. Figueroa -de 28 años, oriundo de Berazategui, en situación de calle- había sido condenado en 2017 por un tribunal de Mercedes a tres años de prisión. Los delitos: tenencia ilegal de arma de guerra, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. También tenía en su contra una causa por supuestamente robarle a una mujer en 2024, que terminó con un archivo y suspension de trámite.

Todavía sobrevive el mito en ciertos sectores de que sexo oral no es violación. “La “fellatio in ore” constituye uno de los modos de acceso carnal configurativos del delito de violación", recordó el juez. Este criterio se aplicó, por ejemplo, para condenar al ex futbolista Jonathan Fabbro a 16 años de prisión por abusar de su ahijada.

Pero Figueroa, sin embargo, nunca tocó al chico. Así y todo, terminó preso y procesado.

Este miércoles, los jueces Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela de la Sala V confirmaron el procesamiento. En su decisión, recordaron otro planteo de la defensa, que aseguró que “en cualquier caso”, se trató de “una manifestación verbal aislada, desprovista de contacto físico, aproximación corporal o actos ulteriores de ejecución, no puede configurar la tentativa del delito”. Es decir, Figueroa, al chico, no lo tocó.

“La dificultad radica, precisamente, en determinar cuándo una conducta supera el plano de los actos preparatorios -por regla impunes- e ingresa en la etapa ejecutiva del delito”, se preguntaron los jueces.

Tras analizar diversos puntos de la teoría del derecho penal, aseguraron que “se advierte que el plan delictivo de Figueroa consistía en obtener del menor la realización de un acto de sexo oral y la proposición verbal imputada fue el acto inicial e inmediato dirigido a ese fin”. “La frase atribuida no puede ser analizada en abstracto ni escindida del contexto concreto en que fue pronunciada”, concluyeron. Es decir, otro posible caso de abuso -o intento de abuso- sin contacto.

Esto remite a la reciente condena dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón, que el mes pasado condenó a Orlando Tristán Novillo, un preso, a 20 años de cárcel por una serie de delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas. Los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez reconocieron que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico.

Unas 16 condenas que van desde los 64 a los 92 meses de prisión logró la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste.

Este resultado corresponde a las audiencias de las personas aprehendidas mediante la operación “Bloqueo”, realizada en los distritos de Arraiján y La Chorrera, al oeste de la ciudad capital.

Además de las condenas, la entidad de justicia informó que se ejecutaron cinco medidas de detención provisional y la aplicación de una medida cautelar de depósito domiciliario, además de una de reporte periódico, por delitos de venta de drogas y posesión agravada de sustancias ilícitas.

A los sentenciados se les impuso como pena accesoria el comiso de $665, vinculados presuntamente con las actividades ilícitas investigadas y la inhabilitación de funciones públicas.

Durante la operación “Bloqueo” se realizaron 19 operaciones de compra controlada de droga y 11 allanamientos, en lugares como Nuevo Chorrillo, Barriada 2000, Cerro Silvestre, Burunga, 7 de Septiembre, Bella Vista, Vacamonte, calle El Pescado y Playa Chiquita, logrando la aprehensión de estas personas, al igual que la incautación de una gran cantidad de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

La institución también informó que inició las investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal, luego de que se iniciara la búsqueda de restos humanos semienterrados en un área boscosa de la provincia de Colón.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, después de una intensa búsqueda se localizaron restos humanos en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos, en la costa atlántica.

En otro caso, por el delito de violación agravada fue detenido provisionalmente un ciudadano de 47 años de edad estará detenido provisionalmente.

Esto, luego de que la Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara ante el Juzgado de Garantías la vinculación del individuo a un caso registrado en esa región.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Garantías la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este hombre, solicitudes que fueron admitidas.

Este hecho ocurrió este 30 de abril del 2026, en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, cuando el imputado abusó sexualmente de un menor de 5 años de edad. El sujeto fue aprehendido en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

En otro acto delictivo en Panamá Oeste la Fiscalía Regional logró que un hombre de 66 años de edad fuera detenido provisionalmente, acusado del delito de actos libidinosos, en perjuicio de una menor de 4 años de edad.

La Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de esa región del país presentó los elementos de convicción, logrando que el Juzgado de Garantías considerara los riesgos procesales, de peligro de afectación de medios pruebas, por la naturaleza del hecho y el peligro de atentar contra la víctima y sus familiares, lo que permitió la aplicación de la medida cautelar más severa y proporcional al hecho cometido.

El caso ocurrió este 9 de mayo de 2026, en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, cuando el hombre, quien es vecino de la víctima, aprovechándose de la confianza cometió el repudiable hecho punible.

La impunidad parece encontrar cada vez menos espacio en el sistema judicial salvadoreño frente a delitos de naturaleza sexual. En las últimas 24 horas, el Órgano Judicial de El Salvador ha hecho públicos dos casos que, aunque en distintas etapas procesales, comparten un patrón alarmante: el abuso de la confianza y la cercanía para vulnerar la integridad de menores de edad.

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango determinó el día de ayer 12 de mayo, el avance a la etapa de instrucción en el proceso contra Abner Rolando A. V., un hombre de 40 años señalado por el delito de violación en menor o incapaz agravada, bajo la modalidad de delito continuado.

La víctima, una adolescente de tan solo 15 años, compartía con el victimario un entorno que debería ser de máxima seguridad: una congregación evangélica.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la relación de confianza entre ambas familias facilitó que el imputado perpetrara las agresiones en al menos tres ocasiones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Los hechos habrían ocurrido en la propia vivienda del procesado, aprovechando que la menor buscaba a la esposa de este. La jueza del caso no solo ordenó la detención provisional, enviando al imputado al Centro Penal La Esperanza (Mariona), sino que subrayó la gravedad del “delito continuado”, una figura legal que agrava la pena cuando el abuso se repite sistemáticamente.

Paralelamente, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de nueve años de prisión contra E. A. H. S. por el delito de agresión sexual en menor e incapaz. Este caso resulta particularmente indignante debido a la edad de la víctima: un niño de apenas cuatro años al momento de los hechos en 2024.

A pesar de que el imputado no se presentó al juicio siendo sentenciado en calidad de rebeldía, las pruebas testimoniales y periciales fueron contundentes.

El tribunal destacó que el agresor se valía de su cercanía con el núcleo familiar para quedar a solas con el menor. Además de la pena de cárcel, se le impuso una responsabilidad civil para resarcir los daños causados.

Análisis Legal: El delito de violación

Estos casos ponen bajo la lupa la aplicación del Código Penal de El Salvador, específicamente en sus artículos relacionados con la libertad sexual. La legislación salvadoreña es estricta respecto a estos delitos, estableciendo una protección especial para los menores de 18 años.

1. El Marco Penal (Art. 159 y 162)

En El Salvador, el delito de violación en menor o incapaz se castiga con penas que oscilan entre los 14 y 20 años de prisión. Sin embargo, cuando existen agravantes como la relación de confianza, la autoridad religiosa, familiar o el abuso de una posición de superioridad, la pena puede incrementarse significativamente.

1. La Figura de la Violación Agravada

En el caso de Abner Rolando A. V., el término “agravada” es clave. El Código Penal establece que si el autor es pariente, encargado de la guarda, o si el acto se realiza mediante el abuso de una relación de confianza (como en el ámbito eclesiástico), el sistema judicial debe ser más severo. La ley entiende que el daño no es solo físico, sino que existe una traición emocional que marca profundamente el desarrollo del menor.

Ambos expedientes judiciales dejan una lección clara para la sociedad civil: los agresores suelen ser personas del entorno cercano. Ya sea en instituciones religiosas, círculos de amigos o dentro del mismo hogar, el aprovechamiento de la “cercanía” es la herramienta principal de manipulación.

Un hombre de apellidos Gómez Pérez fue condenado a 38 años de prisión luego de que el Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica lo encontrara culpable de cometer tres delitos de violación en perjuicio de su sobrina de 16 años de edad.

La sentencia fue dictada este 11 de mayo del 2026 tras un juicio en el que la Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre noviembre y diciembre del 2021 en las localidades de San Pablo y San Rafael de Heredia.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los primeros hechos ocurrieron el 27 y 28 de noviembre del 2021 en la vivienda de los abuelos de la víctima, lugar donde también residía el ahora sentenciado.

Según quedó acreditado durante el debate, la adolescente se encontraba durmiendo cuando el imputado llegó a la casa bajo los efectos del alcohol. Aprovechando la vulnerabilidad de la menor y la cercanía familiar, el hombre se dirigió hasta donde ella estaba y cometió la primera agresión sexual.

La Fiscalía sostuvo que el ataque provocó un profundo estado de miedo en la víctima, situación que posteriormente fue aprovechada por el agresor para volver a abusar sexualmente de la adolescente al día siguiente.

Las autoridades judiciales determinaron que Gómez Pérez obligó a la joven a ingresar a su habitación, donde perpetró la segunda violación.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y acreditar la responsabilidad penal del sujeto.

La investigación también permitió establecer un tercer ataque sexual ocurrido semanas después, en diciembre del 2021, esta vez en una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.

Conforme a la acusación fiscal, el imputado aprovechó que la adolescente se encontraba sola en su casa debido a que su madre estaba trabajando. Fue en ese momento cuando el hombre llegó al inmueble y cometió una nueva agresión sexual contra la menor.

La Fiscalía expuso ante el Tribunal que el acusado utilizó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer los delitos, así como el temor generado en la víctima tras las primeras agresiones.

Luego de valorar toda la prueba presentada en el debate, el Tribunal Penal de Heredia concluyó que existían suficientes elementos para declarar culpable al imputado por tres delitos de violación.

Como resultado, los jueces impusieron una pena total de 38 años de cárcel.

Además de la condena, las autoridades judiciales ordenaron que Gómez Pérez permanezca seis meses más en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza y se completan los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad dentro del entorno familiar, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades judiciales y organismos de protección de la niñez.

Especialistas han señalado que, en muchos casos, las víctimas enfrentan dificultades para denunciar este tipo de hechos debido al miedo, las amenazas o la relación cercana con el agresor.

En Costa Rica, la legislación contempla penas severas para quienes sean encontrados culpables de delitos sexuales contra menores de edad, especialmente cuando existe una relación de parentesco, convivencia o confianza entre la víctima y el imputado.

Las autoridades judiciales han insistido en la importancia de denunciar este tipo de casos para garantizar la protección de las víctimas y evitar que las agresiones continúen ocurriendo dentro de los núcleos familiares.

La sentencia contra Gómez Pérez aún no se encuentra en firme, sin embargo, el Tribunal determinó mantener al imputado descontando prisión preventiva mientras avanzan las etapas finales del proceso judicial.

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por violación agravada y tentativa de violación, en perjuicio de dos mujeres, en un caso ocurrido en Arraiján durante julio de 2025, mientras que en otro proceso, un ciudadano de 40 años recibió una pena de 15 años por violación agravada y actos libidinosos contra dos menores de edad en La Chorrera, reflejando la gravedad de los delitos sexuales que continúan siendo judicializados en el país.

Estas condenas se suman a otras investigaciones recientes, como la detención provisional de un imputado por actos libidinosos agravados y corrupción de menores, evidenciando una acción sostenida del Ministerio Público frente a este tipo de delitos, que mantienen alta incidencia a nivel nacional.

Las decisiones judiciales se producen en un contexto en el que los delitos sexuales siguen registrando cifras relevantes en Panamá, con un total de 1,441 denuncias en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales.

De ese total, 1,302 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 139 están vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y conductas relacionadas, lo que confirma que la mayor carga del sistema penal sigue concentrada en hechos de alta gravedad contra la integridad sexual.

Dentro de las condenas recientes, el caso ocurrido en Panamá Oeste detalla que el agresor utilizaba un vehículo como parte de un servicio de transporte alternativo, lo que facilitó la comisión de los delitos en horas de la noche.

El tribunal validó un acuerdo de pena entre las partes, además de imponer sanciones accesorias como la prohibición de conducir y la suspensión de la licencia por 12 años, medidas que buscan limitar la reincidencia y proteger a la población.

En el segundo caso, que involucra a dos menores de edad, uno de los hechos se extendió entre mayo y septiembre de 2021, afectando a una adolescente de 15 años con discapacidad, mientras que el otro ocurrió en febrero de 2022, cuando el agresor, aprovechando su cercanía con la familia, realizó tocamientos a una menor de 11 años.

La sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos o actividades en espacios donde concurren menores, lo que refuerza el enfoque preventivo tras el cumplimiento de la pena principal.

Las cifras reflejan además cuáles son los delitos más frecuentes. Según el informe del Ministerio Público, el delito de acceso sexual con persona entre 14 y 18 años acumula 532 casos, seguido por 469 denuncias de violación y 224 de actos libidinosos, lo que evidencia patrones reiterados en la tipificación de estos hechos.

También se observa un aumento significativo en delitos como la pornografía infantil, que registra un crecimiento notable en comparación con el año anterior.

A nivel territorial, el fenómeno presenta una mayor concentración en áreas urbanas. El informe detalla que la provincia de Panamá registra 307 casos, seguida de Panamá Oeste con 180 y Chiriquí con 223 denuncias, lo que confirma que las zonas con mayor densidad poblacional también concentran la mayor cantidad de reportes.

No obstante, el problema tiene presencia en todo el país, incluyendo comarcas y regiones de menor población.

Aunque el total de denuncias muestra un incremento leve de 1% respecto al mismo período de 2025, las variaciones por tipo de delito revelan comportamientos distintos.

Mientras los casos de violación disminuyen 12%, otros delitos como la corrupción de menores aumentan 25% y la pornografía infantil registra un alza de hasta 700%, lo que refleja una evolución en las modalidades delictivas vinculadas al uso de tecnología y entornos digitales.

En este escenario, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de mantener investigaciones objetivas, transparentes y orientadas a garantizar justicia para las víctimas, al tiempo que continúa fortaleciendo la acción penal en los tribunales.

La combinación de condenas recientes, procesos en curso y estadísticas acumuladas confirma que los delitos contra la libertad e integridad sexual siguen siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial panameño.

Ella es de la ciudad canadiense de Ontario, él de la provincia de Mendoza y comenzaron una relación a través de Facebook. Finalmente, tras cuatro meses de noviazgo virtual, la mujer decidió viajar a Argentina para conocerlo en persona. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que su ilusión se convertiría en una pesadilla: tras mantener una discusión, el hombre la sometió a una violenta golpiza, la torturó y la violó. El acusado está detenido con prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 21 de febrero, durante un asado en la localidad de Maipú. Hasta ese momento, la visita de la mujer canadiense había sido normal, en la que incluso su novio llegó a presentarle a su familia. Pese a todo, según el relato de la víctima, una discusión por celos, hizo que el hombre -identificado como Eduardo Videla- se tornara violento.

De acuerdo con la declaración de la víctima, dada a conocer por el Diario Uno, la mujer se enojó y se retiró a pie de la reunión familiar, pero fue emboscada por su pareja y obligada a subir al auto. “Vos vas a pagar por todo lo que estás haciendo (...) Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te creés que sos, basura?”, le dijo el violento.

El relato de la mujer es estremecedor. En el vehículo, Videla comenzó a golpearla y la llevó hasta su domicilio en la zona de Coquimbito. Una vez en la casa, la agredió físicamente, la escupió, le orinó en el rostro y “la obligó a tomar orina”. Luego, según la acusación, abusó sexualmente de ella. De acuerdo con su versión, el hombre le introdujo un dedo para, según expresó, comprobar si la mujer “había estado con otro tipo”.

Fue la hermana del propio acusado, que vive en una casa contigua a la del acusado, quien intervino para dar por terminada la tortura. Al escuchar los gritos de la mujer y la golpiza, ingresó en la vivienda.

Allí, se encontró con la canadiense desmayada en el piso y llamó inmediatamente al 911. Videla, desde entonces, quedó detenido. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, la mujer fue asistida en el lugar y trasladada al hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica por los golpes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Género Gabriela Chaves. Tras la recolección de pruebas, la jueza Miriam Núñez le dictó la prisión preventiva a Videla, un empleado municipal de 45 años, quien permanecerá alojado en la cárcel mientras avanza la causa.

De acuerdo con el medio mendocino, la Fiscalía de Violencia de Género calificó los hechos como amenazas simples, lesiones leves dolosas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, todos en contexto de violencia de género.

Según narraron los hermanos, la menor les confió que estaba siendo agredida por su padrastro, Elías Alberto Mendoza Samaniego, de 54 años, desde hacía al menos cinco años. La denuncia formal fue presentada por el hermano mayor el pasado 28 de abril en la comisaría de Cieneguilla, luego de constatar que la madre de la niña se negaba a realizar el trámite ante las autoridades, pese a tener conocimiento de los hechos.

De acuerdo con los testimonios recabados por ATV, la madre minimizó los hechos que la menor le contaba en reiteradas ocasiones y llegó a pedirle que no contara lo sucedido.

Detalles del caso

Durante la investigación policial, el médico legista confirmó que la menor presenta signos de violación. La familia reportó que la niña mostraba señales de sufrimiento emocional, como dolores de estómago frecuentes, rechazo a asistir a clases y bajo rendimiento escolar, síntomas que la madre atribuía a desinterés académico.

El acusado ya había sido denunciado previamente por delitos contra la libertad sexual de menores. En 2011 fue acusado de tocamientos indebidos a otra menor y, en 2025, enfrentó una denuncia por abuso dentro del mismo entorno familiar. En ambos casos, las denuncias no prosperaron: en uno, por falta de pruebas y en otro, porque la madre habría inducido a la víctima a retractarse. Actualmente, existe una orden de alejamiento tanto para Mendoza Samaniego como para la madre, dictada por el Ministerio de la Mujer.

El rol de las instituciones y el pedido de justicia

La policía informó que el proceso de traslado de la denuncia a la jurisdicción de Lurín podría tomar hasta dos días, lo que ha generado preocupación por el riesgo de fuga del acusado. Organismos como el Ministerio de la Mujer y el Centro Emergencia Mujer (CEM) están brindando acompañamiento psicológico y legal a la víctima y sus hermanos. La familia exige celeridad en la captura del acusado para evitar su escape.

Contexto de la problemática en Perú

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en Perú ocurre dentro del hogar y es perpetrado por familiares directos o personas del entorno cercano. En 2025, se registraron más de 8.400 denuncias de delitos contra la libertad sexual de menores en el país, una cifra que, según especialistas, representa solo una parte del fenómeno debido al subregistro y al temor de las víctimas a denunciar.

Medios de ayuda

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan servicios especializados y gratuitos. Aquí encontrarás atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra las mujeres, miembros del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Podrás recibir asesoramiento legal, apoyo emocional y social a nivel nacional.

Chat 100: Este servicio te permite acceder a un chat en línea, en tiempo real, donde encontrarás profesionales especializados que brindan información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones. Además, también cuenta con expertos que promueven la igualdad en la atención a hombres.

Recuerda que estos servicios están disponibles para ofrecerte el apoyo necesario y ayudarte a enfrentar cualquier situación de violencia. No dudes en buscar ayuda y denunciar estos actos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) en la calle Cerrito al 100, en el barrio de San Nicolás, a escasas cuadras del Obelisco porteño.

Allí, el imputado fue interceptado durante un patrullaje conjunto con personal del área de Espacio Público. Al verificar sus datos, los agentes comprobaron que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura emitido el 23 de abril por abuso sexual con acceso carnal agravado y por robo.

Durante el arresto, el hombre no opuso resistencia y se corroboró además que no tenía en su poder ningún elemento considerado peligroso.

Tras la consulta a la base de datos, se corroboró que el hombre acumulaba diez antecedentes en los últimos tres años, entre ellos dos causas por robo y una por hurto, además de otros delitos similares.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, luego del arresto se le dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 a cargo del juez Alejandro Litvack, que ante la Secretaría N° 56 de Isidro Omar Rojas, ordenó su inmediata detención.

Rescataron a una mujer secuestrada en Villa Soldati

Una mujer fue rescatada este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía desbarató un taller de costura clandestino presuntamente liderado por un ciudadano boliviano. La víctima, que denunció haber pasado hambre, aseguró que permanecía retenida desde hacía dos meses.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón detuvieron a un hombre de apellido Salazar, señalado como sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres en la provincia caribeña costarricense, en hechos que se remontan entre 2011 y 2019.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el imputado, quien se desempeñaba como zapatero y era conocido en la zona, habría abordado a sus víctimas en la vía pública, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, para luego agredirlas sexualmente y asesinarlas mediante estrangulación.

El avance clave en la investigación se dio a partir del caso más reciente, ocurrido el 28 de diciembre de 2019. Ese día, el cuerpo de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, de 50 años, fue localizado en playa Cieneguita, en Limón. En ese momento, el crimen no había podido ser esclarecido, pero las muestras recolectadas se convirtieron en pieza fundamental años después.

Según detalló el Ministerio Público, los análisis realizados por el laboratorio de genética forense permitieron establecer coincidencias entre los perfiles genéticos obtenidos en este caso y los indicios recolectados en al menos tres homicidios ocurridos en 2011. Esta conexión abrió la posibilidad de que se tratara de un agresor serial que actuó en distintos puntos de la provincia limonense.

Los hechos de 2011 presentan características similares. El 25 de enero de ese año, una mujer de apellido Madrigal, de 45 años, fue hallada sin vida en una casa abandonada en barrio San Juan. Días después, el 2 de febrero, otra víctima, de apellido Waggon, de 35 años, fue encontrada en la playa de Cieneguita. Meses más tarde, el 10 de junio, Morales, de 30 años, apareció en el cementerio de Limón centro.

En todos los casos, las autopsias confirmaron un patrón coincidente: las víctimas habían sido agredidas sexualmente y posteriormente asesinadas por asfixia, específicamente por estrangulación. Este modus operandi fue clave para que los investigadores comenzaran a analizar los expedientes de manera conjunta.

Las autoridades indicaron que las víctimas compartían además condiciones de alta vulnerabilidad, ya que varias de ellas se encontraban en situación de indigencia, lo que habría facilitado que el sospechoso las abordara sin levantar sospechas.

Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía Adjunta de Limón señaló que los homicidios ocurridos en 2011 estarían prescritos desde el punto de vista penal, lo que limita la posibilidad de juzgarlos actualmente. No obstante, la evidencia sí permite fortalecer la causa relacionada con el crimen de 2019.

El detenido fue presentado este mismo miércoles ante la Fiscalía, donde se le tomó declaración indagatoria. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares con el objetivo de garantizar su permanencia en el proceso mientras avanzan las diligencias.

Horas después, un juez de turno acogió la solicitud y dictó seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso, plazo durante el cual las autoridades continuarán recabando pruebas y profundizando en la investigación.

El Ministerio Público destacó que este caso representa un ejemplo del impacto que tienen los avances científicos en la resolución de crímenes complejos. En particular, el uso de pruebas genéticas permitió establecer vínculos que durante años no habían podido ser identificados, reabriendo líneas de investigación que parecían cerradas.

Asimismo, las autoridades no descartan que puedan surgir nuevos elementos que vinculen al sospechoso con otros hechos delictivos, por lo que el caso se mantiene en desarrollo.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Limón, en conjunto con el OIJ, mientras se analizan más indicios y se revisan expedientes antiguos en busca de posibles coincidencias.

El juez de control ordenó prisión preventiva para Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, tras su detención por la probable comisión de violación, corrupción de personas menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente, según informó la Fiscalía General del Estado de Morelos este 28 de abril.

La autoridad atribuyó la detención a la flagrancia con la que policías municipales encontraron al funcionario en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan, en Tlayacapan.

El agente del Ministerio Público especializado presentó la imputación ante el juez, quien calificó de legal la detención y concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El alcalde permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras se desahoga la audiencia de vinculación a proceso.

Luego de supuestos sobre la relación profesional de Jorge “N” y Morena, el partido se deslindó mediante un comunicado.

Fiscalía reporta flagrancia y detención

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Morelos, policías sorprendieron a Jorge Armando “N” presuntamente violentando a un adolescente en un terreno junto a la carretera Yautepec-Tlayacapan, el pasado 25 de abril de 2026.

La autoridad detalló que la detención fue calificada como legal y que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de manera oficiosa debido a la gravedad de los delitos imputados.

La Fiscalía informó que la imputación incluye el delito de corrupción de personas menores y de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

El comunicado subraya que el acusado fue puesto a disposición del juez de control, quien avaló la legalidad de la detención y dictó la medida cautelar para resguardar la integridad de la víctima y garantizar el desarrollo del proceso penal.

Morena se deslindó del alcalde detenido

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos se deslindó de manera pública del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, tras su detención por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en agravio de un menor de edad.

En un comunicado publicado este 28 de abril, la dirigencia estatal del partido guinda aclaró que no existe vínculo político, institucional ni orgánico entre el partido y el presidente municipal.

Además, señaló que, aunque Jorge Armando “N” expresó en distintos momentos su intención de sumarse a Morena, nunca hubo reuniones formales, acuerdos políticos, acercamientos institucionales ni procesos internos que derivaran en su incorporación.

Morena puntualizó que su movimiento se basa en los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que rechaza cualquier conducta que vulnere derechos e integridad de niñas, niños y adolescentes.

El partido exigió a las autoridades competentes actuar con imparcialidad y apego a derecho, para que se esclarezcan los hechos y se apliquen sanciones en caso de acreditarse alguna responsabilidad.

Por último, reiteró su compromiso con la legalidad, la protección de los sectores vulnerables y la construcción de una vida pública basada en la ética y la justicia.

Información consultada por este medio en la plataforma “Saber Votar” señala que es licenciado en derecho y cuando se postuló para la gobernatura de Tlalnepantla lo hizo desde el Partido Encuentro Solidario (PES).

El Ministerio Público de Honduras confirmó la condena a 13 años de prisión contra Abner Geovany Bejarano, declarado culpable de violación agravada contra un niño en un Centro de Internamiento para Menores.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIñEZ) presentó pruebas contundentes que demostraron que Bejarano obligó a la víctima, un menor de edad, a realizar actos sexuales bajo amenazas de muerte. Además, el menor fue forzado a involucrar a otros cinco internos y sufrió agresiones físicas por resistirse a estas prácticas.

La condena impuesta incluye la prohibición de acercarse a la víctima durante 26 años, el doble de la pena principal, la inscripción obligatoria en el registro de agresores sexuales y la suspensión de la ciudadanía. Bejarano también deberá responder civilmente por el daño causado.

Los hechos salieron a la luz tras una intervención psicológica en la que un profesional escuchó a Bejarano amenazar a la víctima para que no revelara el abuso sufrido.

La investigación estableció que para la fecha del delito, el sentenciado ya había alcanzado la mayoría de edad, aunque por disposición judicial debía cumplir su sanción en el centro pedagógico. El Ministerio Público, tras recibir la denuncia y reunir los elementos probatorios, procedió a la presentación del requerimiento fiscal que concluyó con la sentencia condenatoria.

El caso de Abner Geovany Bejarano, condenado en abril de este año, expone la urgencia de fortalecer la prevención y la respuesta integral frente a la violencia sexual contra menores en Honduras.

Violencia sexual contra menores en Honduras

La violencia sexual contra menores en Honduras continúa siendo uno de los delitos más graves y, a la vez, subregistrados por barreras culturales e institucionales. Según datos del Ministerio Público y del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM) del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2024 se registraron 3.350 denuncias por violencia sexual contra mujeres y niñas. El 62% de estas víctimas corresponden a menores de edad. Esto implica que al menos 2.077 casos involucraron a niñas y adolescentes. La mayoría de las denuncias se concentran en los departamentos de Francisco Morazán (15,2%), Cortés (13,7%) y Atlántida (8,8%).

En cuanto a los procesos judiciales, de los 854 expedientes vinculados a violencia sexual ingresados a los juzgados en 2024, solo el 35% culminó en sentencias condenatorias. Más de la mitad de estos fallos condenatorios respondieron a acusaciones de violación. El informe señala además la falta de atención institucional adecuada, tanto en el acompañamiento psicológico como en el acceso a anticoncepción de emergencia, incluso para menores víctimas de agresión sexual.

Durante 2025, los primeros informes trimestrales indican que las denuncias por violencia sexual contra menores no presentan una reducción significativa. Según Casa Alianza Honduras, entre enero y marzo de 2025 se denunciaron decenas de casos de violencia sexual infantil, aunque la cifra exacta se mantiene reservada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El promedio diario de vulneraciones graves a derechos de la niñez, que incluye casos de abuso sexual, se mantiene en 17 a 18 incidentes, según reportes de la Senaf y El Heraldo. En el primer trimestre de 2025, Senaf informó la atención de 261 denuncias por distintas formas de maltrato, de las cuales una proporción relevante corresponde a delitos de carácter sexual.

Los datos históricos muestran que la violencia sexual representa una constante amenaza para los menores en Honduras. Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN), el 24% de las mujeres y niñas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, y la mayoría de los casos permanece sin denuncia formal.

La situación de impunidad persiste: en 2024, del total de denuncias por violencia sexual, solo el 25,4% se judicializó y apenas el 35% de esas causas obtuvieron sentencias condenatorias. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de acceso a justicia, la revictimización institucional y la inexistencia de protocolos efectivos agravan el riesgo y la desprotección de la niñez hondureña ante estos delitos.

Entre las víctimas menores de 18 años, destaca un patrón de agresiones cometidas tanto dentro del entorno familiar como en instituciones, como centros de internamiento, lo que revela la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia, protección y acompañamiento psicosocial.

El arte, que suele ser refugio y luz, fue en esta ocasión la máscara perfecta. En la ciudad de Boaco, donde las tradiciones y el arte suelen ser motivo de orgullo comunitario, una sombra se cernía sobre el hogar de una joven cuya adolescencia fue convertida en un campo de batalla silencioso.

La detención de Darwing Amilkar López, un músico conocido en el entorno local, ha descorrido el velo de una tragedia que se prolongó por casi cuatro años. Bajo el disfraz de la cultura y la integración familiar, López habría tejido una red de abusos, amenazas y manipulación tecnológica que hoy lo mantiene tras las rejas bajo prisión preventiva.

La historia, según relatan medios de comunicación en Nicaragua, todo comenzó en 2021, la víctima, identificada por las iniciales K.J.H.R., era entonces una niña de 13 años con un futuro brillante en la danza. Fue en ese entorno, entre coreografías y eventos recreativos, donde López puso sus ojos sobre ella. No fue una irrupción violenta de un extraño, sino el acercamiento calculado de un hombre que supo ganarse la confianza de una comunidad y, más peligrosamente, de una familia.

El agresor utilizó su posición como músico y colaborador en actividades juveniles para orbitar cerca de la menor. Su estrategia fue de manual: para llegar a la niña, primero conquistó a la madre. Al iniciar una relación sentimental con la progenitora de la víctima, López logró lo que cualquier depredador busca: la legitimidad de habitar el mismo espacio.

En enero de 2022, el acusado se mudó a la vivienda, convirtiéndose en una figura de autoridad y confianza cotidiana. Aquel que debía ser un protector se convirtió en el principal verdugo.

El cautiverio del silencio y el terror digital

Una vez instalado en el hogar, el entorno de seguridad de la adolescente se desmoronó. La acusación fiscal detalla que los actos de violencia sexual ocurrían de manera sistemática, aprovechando los momentos en que la joven se encontraba sola. Sin embargo, el abuso físico era solo una parte del horror.

Para garantizar que K.J.H.R. no rompiera el silencio, López presuntamente implementó un sistema de terror psicológico basado en la extorsión digital.

El señalado habría utilizado su teléfono celular para grabar las agresiones. Estos videos no eran solo registros de su depravación, sino armas de chantaje. Según el expediente judicial, el abusador amenazaba a la menor con difundir las imágenes si ella se atrevía a denunciar o si intentaba oponerse a sus deseos.

En una sociedad donde el estigma social suele caer injustamente sobre las víctimas, el miedo a la exposición pública fue la cadena que mantuvo a la joven atada a su agresor durante años. El último hecho registrado data de octubre de 2024, cerrando un ciclo de impunidad que parecía no tener fin.

El delito de violación en Nicaragua

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la protección de la niñez y la severidad de las leyes nicaragüenses. Según los reportes judiciales y el análisis del marco jurídico vigente, el delito de violación en Nicaragua se castiga con especial rigor cuando concurren agravantes como el abuso de confianza y la minoría de edad.

El Código Penal (Ley 641) establece pautas claras para estos crímenes:

• Violación Agravada: Dado que la víctima comenzó a sufrir los abusos a los 13 años y el agresor convivía en el mismo hogar, el caso encaja en las figuras agravadas de la ley. La confianza depositada por la familia y el vínculo de hecho con la madre agravan la responsabilidad penal del músico.
• Penalidad: Las condenas por este tipo de delitos pueden alcanzar los 20 años de prisión.

La prisión preventiva dictada por el juez busca asegurar que el acusado no evada la justicia ni continúe ejerciendo presión sobre la víctima o los testigos. Mientras el proceso judicial avanza, K.J.H.R. inicia ahora su propia batalla: la de reconstruir una vida que le fue arrebatada entre notas musicales y amenazas grabadas en un celular.

Antes de salir a buscar agua, algunas mujeres del campamento de Zamzam, uno de los campos de desplazados más grandes de Darfur, pedían anticonceptivos de emergencia. No porque fueran a tener relaciones. Sino porque sabían lo que les esperaba en la carretera. Esa carretera controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ese trayecto de pocos kilómetros que separa la supervivencia de la agresión, se había convertido en una certeza tan brutal que habían aprendido a anticiparla como parte de su estrategia de supervivencia. Nadie iba a detenerla por ellas.

Esta imagen —brutal en su cotidianidad, reveladora de una normalización forzada que ninguna mujer eligió— resume lo que Médicos Sin Fronteras (MSF) ha documentado en un informe publicado esta semana sobre la violencia sexual en Darfur: que la violación ha dejado de ser únicamente un arma de guerra para convertirse en la condición ordinaria de la vida de millones de mujeres y niñas en una de las regiones más devastadas del planeta. Cuatro años después del inicio del conflicto entre el Ejército sudanés y las FAR —el aniversario se cumplió el pasado 15 de abril—, el informe, titulado “Hay algo que quiero contarte”, ofrece la radiografía más detallada hasta la fecha de una crisis que el mundo ha preferido no mirar de frente.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 cuando las Fuerzas Armadas sudanesas y las FAR —una milicia paramilitar creada en 2013 a partir de los janjaweed, responsables de las atrocidades de la primera guerra de Darfur— se enfrentaron por el control del país tras el fracaso de una transición política negociada. En cuatro años, el conflicto ha provocado la mayor crisis de desplazados del mundo: más de doce millones de personas han abandonado sus hogares. Darfur, donde los janjaweed ya sembraron el terror a principios de la década de 2000, volvió a convertirse en el epicentro de las peores atrocidades. Las FAR tomaron el control de gran parte de la región y con ello se desató una nueva ola de violencia contra la población civil, en particular contra las comunidades no árabes.

Más allá del frente

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, más de 3.396 supervivientes de violencia sexual buscaron atención en centros apoyados por MSF en Darfur Norte y Sur. El 97% eran mujeres y niñas. Los datos, recogidos con consentimiento informado por personal médico de la organización, no pretenden —ni pueden— reflejar la magnitud real del fenómeno. Son solo lo que aflora cuando alguien se atreve a hablar, cuando existe un lugar adonde ir, cuando la distancia no es insalvable ni el estigma aplastante. El informe señala explícitamente que hombres y niños también figuran entre las víctimas, pero están casi completamente ausentes de los registros: las normas culturales, la incomodidad de hablar en entornos mixtos y la ausencia de programas específicos los dejan, en su mayoría, sin acceso a atención y sin voz en los datos. Son, en otras palabras, la punta de un iceberg cuya base nadie pudo medir.

Lo que sí revelan es un patrón que desafía la lógica habitual del conflicto armado: la violencia sexual no decrece cuando los combates se alejan. En Darfur Sur, donde el frente de guerra está a cientos de kilómetros desde finales de 2023, MSF atendió a 2.334 supervivientes en el mismo periodo. El 68% de los agresores identificados eran hombres armados, no civiles. Las agresiones ocurrieron mientras las víctimas recogían leña o buscaban agua —522 casos, el 22% del total—, mientras trabajaban en el campo o se dirigían a tierras de cultivo —803 casos, el 34%—. No en medio de la batalla. En medio del día.

“Cada día, cuando la gente va al mercado, hay cuatro o cinco violaciones. Cuando vamos a cultivar, ocurre lo mismo”, relató al personal de MSF una mujer de 40 años del sur de Jebel Marra. “No hay forma de detener las violaciones. La única solución es intentar quedarse en casa y no salir mucho.”

Esa frase condensa una de las consecuencias más silenciosas y duraderas de esta crisis: la reclusión forzada a la que muchas mujeres se someten voluntariamente para reducir el riesgo. Una reclusión que, paradójicamente, tampoco garantiza la seguridad. Entre los casos documentados por MSF, el 15,3% de las agresiones en Darfur Sur fueron perpetradas por parejas íntimas u otros miembros del hogar. El hogar, para muchas, tampoco es un refugio.

Las niñas

Uno de los datos más perturbadores del informe es la edad de las víctimas. En Darfur Sur, el 20% de las supervivientes eran menores de 18 años. Entre ellas, 41 tenían menos de cinco años. En Tawila, la ciudad del norte adonde han llegado decenas de miles de personas que huían de El Fasher y del campamento de Zamzam, el 27% de las supervivientes atendidas entre septiembre y octubre de 2025 eran menores de edad.

Una mujer de 25 años en Nyala, Darfur Sur, recordó ante el personal de MSF el día en que cayó la ciudad: “Desgraciadamente, el día de la caída de Nyala estaba con nosotros la hija de mi hermana. Tenía 13 años. Vivía con nosotros y la violaron. Nos desplazaron hasta aquí. Se llevaron a la hija de mi hermana, la llevaron cerca del agua y allí la violaron. Tuvimos que ir a buscarla y traerla de vuelta. Murió unos días después. Creo que dos días después.”

El colapso de El Fasher

El informe dedica un capítulo a los episodios en que la violencia sexual alcanzó sus cotas más extremas, siempre en coincidencia con las grandes ofensivas militares. El 26 de octubre de 2025, las FAR tomaron El Fasher tras más de 500 días de asedio que habían provocado una hambruna severa y el colapso de los servicios básicos. Era la última gran ciudad de Darfur que permanecía fuera de su control. Su caída desencadenó, según los testimonios recogidos por MSF, una oleada de violencia de una brutalidad difícil de describir.

Las personas que lograron huir a Tawila llegaron traumatizadas, exhaustas y hambrientas. Muchas habían sido atacadas en las carreteras durante días. Los relatos describen agresiones cometidas por varios agresores a la vez, con frecuencia a plena luz del día. El informe las sitúa en un patrón deliberado de humillación y castigo colectivo: las agresiones se perpetraron de forma abierta como táctica para aterrorizar a comunidades enteras, no como actos individuales.

“Durante todo el camino, la milicia FAR pedía a las mujeres que las siguieran e insistían cuando las mujeres se negaban, y también las amenazaban diciendo que las matarían. Esto sucedía en todas partes. En el bosque: dos milicianos allí, otros tres al cabo de un rato. Estaban por todas partes pidiendo a las mujeres que las siguieran. Esto ocurría a plena luz del día, por la mañana”, declaró una mujer de 26 años en Tawila en noviembre de 2025.

El informe documenta también una dimensión étnica explícita en la violencia. Las comunidades no árabes —zaghawa, massalit, fur— han sido objetivo sistemático de las FAR, en una dinámica que remite a los crímenes cometidos durante el conflicto de Darfur de principios de la década de 2000 y que algunos organismos internacionales han calificado de genocidio. En varios testimonios recopilados en abril de 2025, durante el ataque al campamento de Zamzam —que entonces albergaba a casi medio millón de desplazados—, aparece esa dimensión con una claridad escalofriante. “Buscan a mujeres zaghawa para hacerles cosas malas”, declaró un hombre de 35 años.

Lo que piden las que sobreviven

Frente a la magnitud de la crisis, las propias supervivientes han desarrollado redes de respuesta donde el Estado y la comunidad internacional han fallado. MSF organizó grupos de discusión con 56 lideresas comunitarias, parteras, investigadoras y activistas —varias de ellas supervivientes de violencia sexual— para recoger sus demandas. Sus prioridades son concretas: el cese inmediato de la violencia, mecanismos comunitarios de protección, atención médica gratuita y confidencial, espacios seguros, programas de medios de vida y, por encima de todo, el fin de la impunidad.

Son estas mismas mujeres las que, en ausencia de respuesta institucional, sostienen las redes de derivación informales, acompañan a otras supervivientes a las clínicas y mantienen viva la documentación de lo que ocurre. Su liderazgo es, en muchos casos, lo único que funciona sobre el terreno.

Una respuesta que no llega

El fracaso humanitario que describe el informe es tan sistemático como la propia violencia. MSF denuncia que las vías de derivación hacia servicios no médicos —protección, refugio, asistencia legal, atención infantil— “rara vez funcionan de manera eficaz”. Las agencias de la ONU mantienen una presencia “solo parcial e intermitente” sobre el terreno. Las organizaciones sudanesas, que sí están presentes y conocen el contexto, sobreviven con recursos mínimos tras haber perdido oficinas, personal y financiación desde 2023. Muchas enfrentan intimidaciones de las propias autoridades.

Las barreras para que una superviviente acceda a atención médica son además múltiples y a veces mortales: el estigma social, el desconocimiento de los servicios disponibles, la distancia a los centros de salud, la falta de dinero para el transporte, los ataques a instalaciones sanitarias. Y, de manera especialmente perversa, el riesgo de ser agredida de camino a la clínica. El estudio de caso del campo de desplazados de Daba Naira ilustra con cifras la magnitud del problema: entre diciembre de 2025 y enero de 2026, MSF proporcionó apoyo básico a 732 supervivientes. Solo 206 llegaron después a la clínica. Y de esas 206, únicamente 68 —el 33%— pudieron regresar para consultas de seguimiento.

“Lo que hemos visto no es fácil; necesitamos olvidar lo que hemos visto. Por eso necesitamos apoyo psicosocial. También necesitamos atención para la violencia sexual. Y apoyo para los derechos humanos”, dijo una mujer de 26 años en Tawila en noviembre de 2025.

Su voz es la de decenas de miles de personas que han pedido, a quienes tienen el poder de escuchar, exactamente lo mismo: que alguien actúe. Hasta ahora, la respuesta internacional ha sido, en palabras de la propia MSF, “esporádica, inconsistente y extremadamente insuficiente”. El liderazgo político no ha reunido la voluntad necesaria para poner fin a la guerra. Las instituciones humanitarias no han respondido a la escala de la crisis. Y las supervivientes cargan, una vez más, con el peso de una violencia que otros perpetúan y otros permiten.

“El coste de este fracaso no es abstracto”, concluye el informe: “se refleja en traumas sin tratar, en un sufrimiento evitable y en el silencio prolongado en el que la mayoría de las supervivientes se ven obligadas a vivir.”

EL INFORME COMPLETO

La Justicia panameña dictó nuevas condenas en distintos casos penales que incluyen delitos sexuales, homicidios, robo agravado y femicidio, tras procesos en los que el Ministerio Público logró sustentar con pruebas periciales, testimoniales y documentales la responsabilidad penal de los implicados.

Las decisiones se producen en medio de una agenda judicial activa que abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en diversas regiones del país.

En uno de los casos más graves, dos hombres que son hermanos fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y privación de libertad, tras un juicio oral de tres días en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó evidencias contundentes.

Los hechos ocurrieron en 2024, en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, donde los condenados, mediante intimidación, abusaron de una menor de edad y además retuvieron contra su voluntad a dos menores dentro de una residencia.

Durante el proceso, el tribunal de juicio oral valoró pruebas materiales, documentales y testimoniales, lo que permitió emitir un fallo condenatorio contra ambos imputados.

La privación de libertad de las víctimas, sumada a la violencia ejercida, fue determinante para establecer la gravedad de la conducta penal. Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por sancionar delitos contra la integridad de menores, considerados de alta prioridad dentro del sistema judicial.

En otro proceso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como alias “Chombolín”, hallado culpable de homicidio doloso agravado.

El tribunal también impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en el Sector 20, donde el sentenciado, en complicidad con un menor de edad, realizó disparos con arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.

La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal mediante testimonios y peritajes, consolidando el caso ante el tribunal.

En una causa distinta, relacionada con delitos contra el patrimonio, la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una sentencia de 15 años de prisión para un hombre por robo agravado, en hechos ocurridos el 5 de junio de 2021 en el corregimiento de Betania.

El fallo se produjo luego de audiencias realizadas los días 19 y 25 de marzo de 2026, donde se expuso la teoría del caso y se presentaron múltiples elementos probatorios.

De acuerdo con la investigación, el condenado actuó junto a dos personas no identificadas, quienes ingresaron a una residencia en Villa Cáceres y, mediante amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de celulares y dinero en efectivo. Además de la pena principal, el tribunal impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por seis años, una vez cumplida la condena.

Finalmente, en la provincia de Darién, la Fiscalía Regional logró una condena de 30 años de prisión por el delito de femicidio, tras demostrar la culpabilidad de un hombre en perjuicio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió la noche del 16 de noviembre de 2024, en el distrito de Chepigana, donde el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

En este caso, el Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

La violencia de género y el vínculo entre víctima y victimario fueron elementos clave en la tipificación del delito como femicidio, uno de los crímenes más severamente sancionados por la legislación panameña.

A la fecha, se han registrado 158 homicidios en el país. Según las autoridades panameñas, 76% de esos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá, con 58 casos; seguido de San Miguelito, con 28; Colón, con 23; y Arraiján, con 13.

En una operación que ha sacudido a la comunidad de Santa Rosa de Copán, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a cinco integrantes de una misma familia, acusados de formar parte de una red de abusos y explotación contra una niña de 13 años.

La captura, realizada en la noche de ayer, 10 de abril de 2026, se ejecutó tras la emisión de órdenes judiciales el pasado 2 de abril, resultado de una investigación que permitió identificar a los supuestos implicados. Entre los detenidos figuran el padrastro de la menor, la abuela y dos tías. Las acusaciones figuran por:

• Violación agravada continuada
• Explotación sexual de menores
• Omisión de los deberes de impedir el delito.

De acuerdo con información oficial, la menor habría sido víctima de abuso sistemático por parte de su padrastro, un hombre de 51 años, residente en la colonia Díaz Valenzuela. El Ministerio Público (MP) le atribuye el delito de violación agravada continuada, una figura penal que reconoce la existencia de un patrón de agresiones reiteradas.

La DPI detalló que un segundo detenido, un ciudadano de 74 años, enfrenta cargos de violación agravada. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la relación de este sujeto con el núcleo familiar de la víctima.

En tanto, la abuela, de 55 años, y dos tías , fueron arrestadas por explotación sexual agravada de menores. Las pesquisas apuntan a que ambas habrían instrumentalizado a la niña para obtener beneficios, lo que agrava la pena al tratarse de ascendientes o parientes cercanos.

Una segunda tía, de 31 años, enfrenta cargos por omisión, una figura que sanciona a quienes, teniendo la obligación de proteger a un menor, no actúan para impedir el delito ni lo denuncian. “El silencio también es un crimen”, enfatizó un portavoz de la Policía Nacional de Honduras.

Marco legal, aislamiento de la víctima y proceso judicial

El Código Penal de Honduras (Decreto 130-2017) contempla sanciones severas para quienes atenten contra la integridad sexual de menores. El artículo 246 establece penas de 9 a 13 años de prisión para el delito de violación, que pueden incrementarse hasta 17 años o más en casos agravados, como ocurre cuando existe vínculo de parentesco o la víctima es menor de 14 años.

En cuanto a la explotación sexual agravada se castiga con entre 10 y 15 años de prisión, con aumentos si el autor es un familiar directo. La DPI subrayó que la intervención policial no solo buscó capturar a los presuntos responsables, sino también rescatar a la menor.

La niña fue puesta bajo resguardo de instituciones especializadas, donde recibe atención médica y psicológica. “El daño psicológico causado en estos casos suele ser profundo y de largo plazo”, explicó un psicólogo forense a los medios locales.

La audiencia inicial para los cuatro detenidos tendrá lugar en las próximas horas. El Ministerio Público solicitará la detención judicial para evitar riesgos de fuga o de presión sobre la víctima, dada la cercanía familiar. El proceso penal continuará con la recolección de pruebas y testimonios, en un esfuerzo por asegurar que los responsables enfrenten el peso de la ley.

La reacción social en Santa Rosa de Copán y en otras regiones del país ha sido de consternación. Organizaciones de protección infantil insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y de protección a menores.

El 9 de abril en Costa Rica ya no solo huele a los preparativos de la gesta heroica de Juan Santamaría. Desde hace exactamente tres años, el aire de los cafetales y cañaverales de Juan Viñas, en Cartago, arrastra un susurro de indignación que no se apaga.

Es el eco de Keibril Amira, la bebé de nueve meses que un domingo de Resurrección fue arrebatada de los brazos de su madre, una niña que también había sido despojada de su infancia por la violencia sistemática.

Aquel domingo de 2023, mientras las familias buscaban descanso, en Santiago de Cervantes se gestaba una tragedia que despojaría al país de su etiqueta de “el más feliz del mundo” para enfrentarlo a su espejo más oscuro.

Una madre adolescente de 13 años caminaba con su hija en brazos cuando fue interceptada por su padrastro, Hugo Casasola Salas, un hombre que terminó siendo su verdugo y el captor de la bebé para ocultar el rastro de su propio crimen.

Para entender por qué el nombre de Keibril sigue pesando en la memoria colectiva, es necesario repasar la cronología de una búsqueda que movilizó a todo un país, pero que llegó tarde para la víctima:

• El Rapto y la verdad oculta (9 de abril, 2023):

Casasola Salas sustrajo a la pequeña Keibril con un móvil macabro: evitar una prueba de ADN inminente que confirmaría que él era el padre biológico de la bebé, fruto de las violaciones contra la menor de 13 años. El rapto fue su último intento por comprar impunidad con la vida de una inocente.

• Una búsqueda nacional sin cuerpo:

Durante semanas, el terreno quebrado de Cartago se llenó de uniformes, perros rastreadores y drones con cámaras térmicas. El hallazgo de prendas con sangre que coincidía con el ADN de la bebé en un cañaveral cambió el rumbo del caso. Aunque el cuerpo de la menor nunca fue recuperado, la evidencia científica permitió al OIJ y a la Fiscalía sostener la tesis del homicidio.

El colapso del sistema

El caso Keibril fue el “examen fallido” de la institucionalidad costarricense. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conocía el riesgo en el que vivía la madre adolescente. Sabían del embarazo infantil y del agresor en el hogar, pero la burocracia fue más lenta que la maldad.

Este fallo provocó la renuncia de la jerarca de la institución y forzó una reforma estructural en los protocolos de protección de menores en riesgo social.

En un juicio que paralizó al país, Hugo Casasola Salas fue condenado a 79 años de prisión por tres delitos de violación contra la madre adolescente y el homicidio calificado de la bebé Keibril. Por las leyes vigentes, la pena se reajustó al máximo permitido de 50 años de cárcel, sentencia que hoy sigue cumpliendo.

El significado de un aniversario gris

Tres años después, este día 9 de abril, Keibril Amira García Amador no tiene una tumba donde llevarle flores, pero tiene una memoria que incomoda. Mientras el sol cae sobre las montañas de Cartago, la “bebé de los cañaverales” sigue vigente. No como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como una advertencia para los adultos: el silencio es el cómplice más letal.

Hoy, en el aniversario de la desaparición de Keibril Amira García Amador, la población costarricense mantiene la exigencia de que las instituciones cumplan con su función de resguardar a los menores.

Un hombre de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales contra una menor de edad en Panamá, en un caso que vuelve a poner en evidencia la gravedad de este tipo de crímenes en el país.

La sentencia se logró mediante un acuerdo de pena validado por un tribunal, tras comprobarse que el agresor incurrió en actos libidinosos agravados y corrupción de menores, en hechos ocurridos en el sector de La Siesta, en Tocumen.

De acuerdo con la investigación, el condenado realizó tocamientos indebidos a una niña de 11 años y la obligó a presenciar actos de naturaleza sexual, utilizando amenazas contra la madre de la víctima para asegurar el silencio.

La gravedad del caso se agrava por un elemento clave: el agresor ya había sido condenado anteriormente por delitos similares cometidos entre 2013 y 2017 contra su propia hija, lo que lo convierte en un reincidente en este tipo de conductas.

El caso no es aislado. En los últimos días, el Ministerio Público ha reportado nuevos procesos judiciales por delitos sexuales contra menores en distintas provincias, lo que evidencia un patrón preocupante.

En Panamá Oeste, un hombre de 32 años fue detenido por violación agravada contra una menor de 6 años, delito que habría cometido en reiteradas ocasiones aprovechando su cercanía familiar como primo de la víctima.

A este hecho se suma otro caso registrado en la provincia de Bocas del Toro, donde un hombre fue imputado por violación agravada y robo en perjuicio de una menor, tras un hecho ocurrido en marzo de 2026.

Según la fiscalía, el agresor utilizó violencia e intimidación para cometer el delito y despojar a la víctima de sus pertenencias, lo que llevó a que se le impusiera detención provisional mientras avanza el proceso.

Estos casos recientes ocurren en un contexto donde las cifras oficiales muestran la alta incidencia de delitos sexuales en Panamá, especialmente contra niños, niñas y adolescentes.

Según el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que confirma la magnitud del problema en el país.

Del total de casos, 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que otros 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de las denuncias involucran conductas de alto impacto sobre las víctimas.

Las cifras reflejan una problemática que no solo es persistente, sino que también se mantiene extendida en todo el territorio nacional.

En el detalle de los delitos, se registraron 131 casos de violación en los primeros dos meses del año, además de 58 denuncias por actos libidinosos y 156 por acceso sexual con menores de edad, lo que muestra la diversidad y gravedad de las conductas investigadas.

También se reportaron casos vinculados a pornografía infantil y corrupción de menores, delitos que afectan directamente a la población más vulnerable.

El informe también revela que la mayor concentración de denuncias se ubica en el Primer Distrito Judicial, que incluye Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas, con un total de 426 casos.

Esta distribución evidencia que el problema tiene una fuerte presencia en áreas urbanas y de alta densidad poblacional, aunque también se extiende a regiones del interior del país.

A pesar de que el reporte indica una disminución del 15% en comparación con el mismo periodo de 2025, las autoridades advierten que esto no implica una reducción estructural del problema, sino que puede responder a variaciones en la denuncia o en los procesos investigativos.

La persistencia de casos graves, como los recientemente judicializados, confirma que la violencia sexual sigue siendo una amenaza constante para la niñez.

Otro aspecto preocupante es que varios de los casos involucran agresores con vínculos cercanos a las víctimas, como familiares o personas de confianza, lo que dificulta la denuncia y prolonga los abusos en el tiempo.

Este patrón, identificado en múltiples investigaciones, refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y protección de menores.

La recurrencia de estos delitos y su impacto en las víctimas plantean la urgencia de acciones más efectivas para prevenir, sancionar y reducir la violencia sexual en el país.

Un ciudadano venezolano de 24 años fue enviado a detención provisional por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, tras una audiencia realizada en la provincia de Colón, donde el Tribunal de Garantías avaló la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación presentada por la Fiscalía Regional.

El caso se remonta al 4 de abril de 2026, cuando el imputado ingresó por la fuerza a las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), donde además de sustraer equipos electrónicos, cometió un ataque violento contra una funcionaria, a quien despojó de sus pertenencias y agredió sexualmente.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre forzó el acceso a una oficina administrativa dentro del edificio ubicado en el corregimiento de Barrio Sur, apropiándose de tres computadoras portátiles.

Posteriormente, se dirigió a un área interna donde, utilizando un arma blanca, intimidó a una colaboradora de salud, a quien además de causarle lesiones físicas, le robó objetos personales y atentó contra su libertad sexual, en un hecho que ha generado fuerte rechazo institucional y social.

El Ministerio de Salud condenó el hecho y confirmó que la víctima recibió atención médica integral inmediata, así como acompañamiento psicológico especializado. La entidad activó sus protocolos de protección a víctimas de violencia y anunció la revisión de las medidas de seguridad en todas sus instalaciones en Colón.

Además, reiteró que se garantizará el acompañamiento laboral, legal y sanitario a la funcionaria afectada, mientras avanzan las investigaciones judiciales correspondientes.

Este caso se suma a otros hechos recientes relacionados con violencia de género y delitos contra la integridad personal registrados en el país. El 1 de abril de 2026, un hombre de 39 años fue detenido en Panamá Oeste tras ser imputado por ejercer violencia psicológica y física contra su hijastra de 22 años, a quien además golpeó durante un episodio de agresión.

En otro caso ocurrido el 7 de abril en la provincia de Coclé, una mujer fue enviada a detención provisional luego de atacar con un arma blanca a su padre, causándole heridas que le generaron incapacidad.

Las cifras oficiales reflejan que estos delitos mantienen una presencia significativa en el país. Según el informe estadístico del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, lo que evidencia la alta incidencia de este tipo de conductas en el sistema penal acusatorio

Dentro de ese total, se contabilizan 294 casos de violación, así como 345 denuncias por acceso sexual con personas entre 14 y 18 años, además de 133 casos de actos libidinosos, lo que muestra la diversidad de tipificaciones dentro de este grupo de delitos. A esto se suman otros casos vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y pornografía infantil, que aunque en menor número, mantienen una tendencia preocupante en distintas regiones del país.

El mismo informe también indica que, aunque existe una disminución del 15% en las denuncias en comparación con el mismo periodo de 2025, algunas categorías presentan comportamientos opuestos.

Por ejemplo, los casos relacionados con pornografía infantil aumentaron de forma significativa, mientras que otros delitos como la violación registraron una reducción relativa, lo que sugiere cambios en los patrones de denuncia o en la dinámica de estos delitos.

Por otro lado, los casos relacionados con violencia doméstica también reflejan una alta incidencia en el país durante los primeros meses del año. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 2,995 denuncias por este delito, dentro de un total de 4,069 casos vinculados al orden jurídico familiar, lo que confirma que este tipo de violencia continúa siendo uno de los principales problemas sociales y judiciales en Panamá .

Los datos muestran que solo en enero se contabilizaron 1,601 denuncias por violencia doméstica, mientras que en febrero se reportaron 1,394 casos, evidenciando una persistencia sostenida del problema en el tiempo.

Además, estos delitos superan ampliamente otras categorías como el maltrato a menores (668 casos) o el maltrato al adulto mayor (235 casos), lo que pone en evidencia el peso específico que tiene la violencia intrafamiliar dentro del sistema penal acusatorio .

El informe también revela un incremento del 16.1% en los casos de violencia doméstica en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que el total de delitos contra el entorno familiar creció 17.7%, lo que refleja una tendencia al alza preocupante.

Regiones como Panamá Oeste, San Miguelito y la provincia de Panamá concentran una parte importante de los casos, lo que evidencia la necesidad de reforzar políticas de prevención, atención a víctimas y control institucional frente a este tipo de violencia.

En medio de un contexto mediático cada vez más atento a los casos de violencia sexual, la situación fue expuesta en el programa Magaly TV La Firme, donde se presentaron tanto el testimonio de la presunta víctima como el análisis de un especialista en derecho penal.

La denuncia, que involucra a una joven de 19 años, ha sido calificada como sumamente delicada debido a los elementos que la componen. Según se explicó durante la emisión, el caso no se limitaría a un solo delito, sino que incluiría múltiples figuras penales que, en conjunto, podrían implicar una condena significativa. El abogado penalista Fernando Ugaz fue claro al detallar el panorama legal al que se enfrentaría el investigado.

Sumatoria de delitos

“En principio son varios delitos. El elemental es la violación en estado de inconciencia cuya pena podría ir entre 23 y 26 años. La difusión de material sexual sin consentimiento tiene una pena de hasta seis años. Sumando todo, el rango puede llegar entre 23 y 32 años de prisión. Es una pena bastante grave y sí podría haber detención preliminar”, explicó el letrado.

Este tipo de delito, conocido como violación en estado de inconsciencia, es considerado uno de los más graves dentro del sistema penal, ya que implica la imposibilidad de la víctima de otorgar consentimiento. De confirmarse esta condición, las consecuencias legales serían severas, especialmente si se acredita que hubo consumo de alcohol u otras sustancias que hayan afectado la capacidad de decisión de la denunciante.

A ello se suma un segundo componente que agrava la situación: la presunta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Según lo expuesto, este delito es independiente del primero y puede ser sancionado de manera adicional, lo que eleva considerablemente el rango de la posible pena. En un contexto donde el uso de plataformas digitales es cada vez más frecuente, este tipo de conductas ha cobrado especial relevancia en el ámbito judicial.

El caso tomó notoriedad pública luego de que la joven decidiera compartir su testimonio en televisión nacional. Su relato, presentado en Magaly TV La Firme, permitió conocer detalles de lo ocurrido y evidenció la dimensión humana detrás del proceso legal.

Según su versión, los hechos se habrían producido durante un viaje a Iquitos, en el marco de una reunión que fue transmitida en vivo a través de la plataforma digital Kick.

La denunciante explicó que la participación en el evento implicaba “generar show”, lo que sugiere un entorno donde la exposición y el entretenimiento eran parte central de la dinámica. Sin embargo, la situación habría escalado tras una noche de consumo de alcohol. De acuerdo con su testimonio, fue trasladada a un hospedaje, donde posteriormente habría ocurrido el presunto abuso sexual mientras se encontraba en estado de inconsciencia.

Este punto es clave dentro de la investigación, ya que la condición de la víctima al momento de los hechos será determinante para establecer la existencia o no de consentimiento. En ese sentido, las grabaciones obtenidas durante la fiesta, así como cualquier evidencia audiovisual disponible, jugarán un papel fundamental.

Los especialistas han señalado que estos registros podrían permitir reconstruir lo ocurrido y verificar aspectos como el nivel de consciencia de la denunciante, la interacción entre los involucrados y el contexto general en el que se desarrollaron los hechos. Asimismo, la realización de peritajes toxicológicos o la verificación de niveles de alcoholemia podrían aportar elementos adicionales para esclarecer la situación.

La formalización de la denuncia se realizó en Lima, a donde la joven se trasladó con el objetivo de presentar las pruebas ante el Ministerio Público.

“Yo era agente de la Guardia Civil, estaba trabajando en el cuartel de Molina de Segura, de Murcia, y durante cuatro años sufrí agresiones y abusos por parte de un superior”. Esta es la frase con la que Carolina abre la primera entrevista que concede a un medio, concretamente a Informativos Telecinco, en la que cuenta el infierno que tuvo que vivir entre 2011 y 2015. Un superior que, escondiéndose en su impunidad, la insultó, la menoscabó y la violó, llegando en una ocasión a obligarla a abortar tras dejarla embarazada.

Sin embargo, esta no es una historia que solamente trata de la gravedad de los hechos cometidos por el agresor, sino que saca a la luz una realidad que se vive en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la ineficacia de los protocolos antiacoso que supuestamente defienden sus agentes.

“El protocolo es lo que falló desde el principio”, denuncia a Infobae la abogada de la víctima, Laura Pérez Botella. “Son perversos, porque no puede ser que para pedir amparo, tenga que ser a tu superior o, en el caso de ser en su contra, a su superior inmediato. Es que se conocen entre ellos y suelen ser amigos”, agrega.

A este problema se añade que estos procedimientos no se activan de forma automática, por lo que la afectada tiene que denunciarlo, que su superior “valore si tiene relevancia” y, en caso afirmativo, pasarlo al Gabinete Psicológico, que decide si se activa. “Es imposible que simples funcionarios del cuerpo vayan contra los mandos. Ya es difícil en cualquier cuerpo, pero no va a pasar en uno militarizado”, explica.

Casado y con dos hijas

La historia de Carolina empezó en 1992 cuando entró en la Guardia Civil y pasó al Área de Atención al Ciudadano, donde acabó realizando labores específicas en Viogen, en Molina de Segura, Murcia, según recoge la histórica sentencia del Tribunal Supremo que el 29 de mayo de 2024 condenó al sargento autor de los hechos a 19 años de prisión.

En septiembre de 2010, siendo en ese momento madre soltera, comenzó una relación sentimental con el sargento, en la que “ambos practicaban sexo de forma libre y consentida“, según recoge el fallo, pero que en febrero de 2011 fue terminada por decisión de él, ya que se iba a vivir con la mujer con la que estaba casado y con la que estaba esperando su segunda hija. Carolina lo aceptó y su relación se quedó solamente en algo profesional.

Pasaron tan solo seis meses, y a tan solo un mes del nacimiento de su hija, el condenado comenzó “un acercamiento constante hacia la guardia civil insistiendo en volver a verse con el fin de mantener nuevamente relaciones sexuales”. En todo momento ella se negó, pero al parecer no fue suficiente y empezaron los encuentros.

“No pasa nada, que es solo un momento”

Primero fueron tocamientos no consentidos por todo el cuartel, acompañados de una cantidad ingente de mensajes, sobre todo correos, con propuestas sexuales e insultos, y poco a poco fue creciendo hasta que llegaron las violaciones. La sentencia recoge cómo llegó a indicarle que “le hacía la vida imposible” y más de una vez fue encontrada por el propio sargento y otros compañeros llorando por la situación.

La primera de las agresiones ocurrió en enero de 2012, cuando él la siguió hasta su domicilio después del trabajo. Una vez en su portal, le indicó que quería hablar con ella, por lo que tenían que subir a su casa. Ella accedió y, nada más entrar, entre el pasillo y el salón, “se abalanzó sobre ella, ansioso”, mientras ella le repetía que no quería “nada con él”. Su respuesta fue: “No pasa nada, que es solo un momento” y la violó tirándola al suelo.

Tras terminar, se levantó y subiéndose los pantalones le dijo: “Ves, no pasa nada” y se marchó. En un principio, estas violaciones se produjeron solo en la vivienda de Carolina, obligándola incluso a desconectar el timbre para intentar evitar el acoso constante, pero con el tiempo el sargento empezó a exigirle realizar estas prácticas también en el cuartel. Ella siempre se negaba y él respondía con amenazas.

“Vas a abortar ya”

Estas relaciones sexuales no consentidas se realizaban en su mayoría sin protección y en julio de 2012 Carolina se dio cuenta de que estaba embarazada. El mismo día se lo contó al sargento, cuya respuesta fue empujarla contra la pared de su cocina y decirle: “No me vas a joder la vida, ni vas a joder a mi familia, eso lo sacas de ahí, lo quiero fuera de ahí“. La escena ocurrió mientras el hijo menor de ella se encontraba en la vivienda.

Inicialmente, ella dijo que no iba a abortar, lo que supuso una serie de amenazas por parte del agresor, llegando un día a golpearla en el estómago. En otra ocasión, encontrándose ambos en una escalera, la cogió del brazo y zarandeándola, le indicó: “Lleva cuidado que te puedes caer, vas a abortar ya”.

Al final acabó abortando, a las cinco semanas de embarazo, teniendo que cogerse un día de vacaciones porque el sargento no quiso dar ninguna información de lo que estaba haciendo. Tras volver a su puesto le dijo claramente a su agresor: “No te vuelvas a acercar a mí en toda tu puta vida”.

A partir de ese momento, Carolina intentó hacer todo lo posible para no coincidir con su ingreso, incluso no yendo al baño durante sus jornadas para no pasar por delante de su despacho, pero él siguió buscándola y realizando tocamientos no deseados. También se siguieron sucediendo llamadas nocturnas y posteriores visitas a su vivienda en las que él “exige mantener relaciones sexuales y Carolina se ve obligada a satisfacer sus deseos libidinosos”.

Otro hecho muy relevante ocurrió el 13 de abril de 2013, cuando el sargento cambió de forma inesperada la jornada de la agente, coincidiendo con él en una patrulla. En un punto de la tarde se separaron del otro coche que los acompañaba y la llevó a un descampado, donde se desabrochó el pantalón y, sujetando la cabeza de Carolina, le exigió que le hiciera una felación.

Ante la resistencia de ella, le golpeó la cabeza con el volante, teniendo que forcejear con ella. Una vez en la Comandancia, la agente se encontraba en su despacho, cuando apareció el condenado y, lanzándole a su mesa un pañuelo con semen, le dijo: “Mira lo que te has perdido, marrana”.

Expedientes a los agentes que intentaron ayudarla

Durante todos estos años nunca se llegaron a iniciar los protocolos antiacoso internos que tiene la propia Guardia Civil y ante el silencio cómplice de la mayoría del resto de compañeros, entre los que algunos fueron castigados por intentar ayudarla.

Una teniente se encontró en 2013 a Carolina llorando y esta le contó todo lo ocurrido, por lo que decidió llevarla ante la Policía Judicial especializada en Violencia de Género. “Allí tuvo que declarar sola” y en la audiencia el entrevistador le indicó que “sabía perfectamente lo que le iba a pasar a él si denunciaba”, intentando hacerla dudar de su reclamación, relata a este periódico Alicia Sánchez, secretaria nacional de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Su participación no se quedó solo en eso, sino que habló en más de una ocasión con el propio agresor para que parara con sus actos, pero sin ningún tipo de respuesta. “Otro compañero dio cuenta del acoso laboral que estaba sufriendo y le abrieron un expediente, igual que a la teniente. Los dos se archivaron, pero tuvieron que pasar el proceso", agrega.

“Él siguió trabajando hasta finales de mayo de 2024″

Tuvieron que pasar los años y que Carolina “tocara fondo”, según relata Sánchez, para que decidiera acudir al despacho de la letrada Laura Pérez Botella. En cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo, la abogada se puso en contacto con la AUGC y su secretaria de Igualdad en ese momento, Pilar Villacorta, fue directa a hablar con el Director General, que “ordenó a la Policía Judicial investigar los hechos”, explica Pérez Botella.

“A él no le tomaron declaración y con Carolina lo intentaron de forma insistente, queriendo obligarla, pero yo me negué. Fueron incluso a la puerta del centro psiquiátrico en el que estaba”, denuncia. Ya en ese momento es cuando presentaron la denuncia en el juzgado militar.

Este fue el momento en el que en la Comandancia supieron que la cosa podría ser seria y “se pusieron nerviosos”. “Habían ignorado su baja durante nueve meses y ahora de repente querían que acudiera a su médico, para controlarla. Les dije que no, que iba a seguir con su doctor de la Seguridad Social”, relata la abogada.

Este último hecho se acabó filtrando a la prensa, teniendo gran repercusión, y esta fue la primera vez, tras cuatro años de abuso, que se apartó al sargento de servicio, aunque “fue por un periodo muy corto”, indica Sánchez. “Él siguió trabajando hasta finales de mayo de 2024 en otro destino, cuando la sentencia se hizo firme”, añade.

“Declaró que a Carolina le gustaba mucho follar”

Durante el juicio, la actitud del sargento no cambió y su principal defensa fue que todo lo ocurrido había sido consentido y que a Carolina le gustaba que la trataran así. También se sacó a relucir en más de una ocasión como él era un hombre casado y con hijas, mientras que ella era una madre soltera, “como queriendo dejar caer que era una zorra o algo así”, denuncia su abogada.

En una de las sesiones declaró un teniente, “muy amigo del sargento”, que no había aparecido en los últimos años, para defender al acusado. “Declaró que a Carolina le gustaba mucho follar, que él se la había follado también, aunque estuviera casado", tratando de utilizar como prueba que le había hecho un regalo personal en una ocasión, cuando realmente fue un detalle de despedida de la Comandancia por parte de todos los compañeros.

“También trajo un correo electrónico de ella, pero que no se pudo encontrar en ninguna parte. Lo trajo en papel y dijo que no lo tenía en sus dispositivos porque se había borrado”, relata Pérez Botella.

Tras nueve días de sesiones, el juzgado tomó la decisión final y el sargento fue condenado a 19 años de prisión por un delito consumado y continuado de violación, un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de “trato degradante a inferior” y un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de “maltrato de obra a inferior”. “Que mi sentencia de diecinueve años sirva para que todos los que hoy miran hacia otro lado entiendan que su silencio les hace cómplices”, es la forma en la que concluye Carolina su entrevista con Telecinco.

La detención se produjo tras una investigación en la que la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra logró identificar al sospechoso gracias a diversos indicios. Según recopiló Europa Press, el individuo, actualmente de 25 años, había obtenido un permiso penitenciario al momento del ataque, a pesar de contar con antecedentes por al menos cuatro agresiones sexuales cometidas en 2018, cuando todavía era menor de edad. El ataque reciente ocurrió el 13 de febrero dentro de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, ubicados en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

El medio El Periódico reveló que la detención se llevó a cabo el jueves, una vez que los Mossos recopilaron los elementos que vinculan al detenido con la agresión ocurrida mientras la víctima paseaba a dos perros por el parque. Las fuentes policiales consultadas por Europa Press aseguraron que el hombre cumplía condena y solo se hallaba en libertad temporal bajo supervisión por el mencionado permiso, lo que no impidió que se convirtiera en el principal sospechoso del caso.

De acuerdo a la información publicada por Europa Press, el antecedente delictivo del sospechoso ha sido un factor determinante en la investigación, ya que la reincidencia en este tipo de delitos había causado preocupación en cuerpos policiales y autoridades penitenciarias. La mujer agredida fue atacada en pleno día dentro del espacio ajardinado del citado parque barcelonés, lo que motivó una rápida respuesta e inicio de la investigación por parte de la UCAS, unidad especializada en este tipo de delitos.

Según indicó El Periódico, el hombre ya estuvo implicado en cuatro violaciones por las que fue sentenciado en 2018 en calidad de menor de edad, y su nombre figuraba entre los perfiles sujetos a controles de seguimiento desde su ingreso en prisión. Pese a ello, se le había concedido la medida de autorización para salir temporalmente del centro penitenciario, decisión que coincide con el momento en que sucedió el nuevo ataque sexual.

Los Mossos d'Esquadra concluyeron las diligencias con la detención del presunto agresor el jueves siguiente al refuerzo de las pruebas obtenidas, incluyendo testimonios e indicios que apuntaban a su implicación directa en los hechos denunciados el pasado mes de febrero. Europa Press destacó que las autoridades policiales mantenían activa la investigación desde el primer momento, mientras la víctima recibía apoyo tras la denuncia, e incorporaban datos respecto a los antecedentes penales y la situación penitenciaria del individuo arrestado.

Por otra parte, la noticia de este caso reabre el debate sobre la concesión de permisos penitenciarios a condenados por delitos sexuales graves. El Periódico profundizó en los detalles de cómo los procedimientos para la evaluación de estos permisos influyen en la reincidencia, especialmente en casos con patrones previos de agresión. Fuentes del caso señalaron que, aunque los permisos penitenciarios constituyen un derecho contemplado en la legislación española, su concesión está sujeta a evaluaciones de riesgo que en ocasiones no logran prever episodios de reiteración delictiva, tal como sucedió en este hecho de Barcelona.

Las autoridades mantienen el caso bajo secreto de sumario mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales. Según consignó Europa Press, la UCAS y la policía catalana trabajan conjuntamente en el esclarecimiento total de los hechos, además de la protección de la víctima y la revisión de los protocolos relacionados con la concesión de permisos ante delitos de agresión sexual.

El tribunal decidió imponer a Tariq Ramadan, además de la pena de prisión, la prohibición permanente de ingresar a Francia una vez cumplida la condena. Según detalló el diario 'Le Figaro', la sentencia incluye también una restricción para que Ramadan tenga cualquier tipo de contacto directo con las víctimas o difunda materiales o declaraciones vinculados a los delitos por los que resultó condenado. El académico de origen suizo deberá, tras salir de prisión, someterse durante ocho años a un control judicial que contempla estas limitaciones.

De acuerdo con la información publicada por 'Le Figaro', la sala penal de París emitió el fallo este miércoles tras un proceso desarrollado en ausencia de Ramadan, quien no estuvo presente en el banquillo de los acusados por razones de salud. Los abogados justificaron la ausencia basándose en el diagnóstico de esclerosis múltiple del exprofesor de la Universidad de Oxford, argumento que fue aceptado por el tribunal para permitir su procesamiento en rebeldía.

La sentencia fijó una condena de 18 años de cárcel tras considerar probada la violación de tres mujeres. Según reportó el medio francés, los hechos por los cuales Ramadan fue declarado culpable ocurrieron en tres ocasiones entre los años 2009 y 2017. En ese periodo, tres mujeres presentaron denuncias independientes que derivaron en una investigación de ocho años, al término de la cual la Fiscalía solicitó la pena que finalmente fue adoptada por el tribunal.

La imposibilidad de Ramadan para entrar en territorio francés tendrá carácter indefinido, como subrayó 'Le Figaro', extendiéndose más allá del período de la condena. Además, en virtud de las restricciones impuestas durante el seguimiento judicial, Ramadan no podrá realizar publicaciones ni expresar comentarios públicos sobre los delitos por los cuales ha sido sentenciado, abarcando toda producción escrita o audiovisual relacionada con los hechos.

Tariq Ramadan, de 63 años, goza de amplia notoriedad internacional y especialmente en Oriente Próximo, ámbito donde su labor académica y su ascendencia familiar —es nieto de Hasán al Banna, fundador de la organización Hermanos Musulmanes en Egipto— han sido ampliamente reconocidas. Ejerció como profesor de estudios islámicos en la Universidad de Oxford hasta que las investigaciones judiciales lo situaron en el centro del debate público en Europa.

El tribunal accedió a la solicitud de los representantes legales de Ramadan para no comparecer físicamente en las audiencias, lo que permitió que el proceso transcurriera sin la presencia del acusado. Durante las tres semanas que duró el juicio, el banquillo permaneció vacío, una situación que generó debate sobre las implicancias procesales y mediáticas de la causa, conforme recogió 'Le Figaro'.

Las agresiones sexuales atribuidas a Ramadan corresponden a denuncias realizadas por tres mujeres distintas. La primera de ellas dató del año 2009, la segunda en 2016 y la última en 2017. La acumulación y coincidencia en los testimonios motivaron a las autoridades francesas a mantener abierta una investigación prolongada que involucró a varios equipos de peritos y especialistas en delitos sexuales, según recoge 'Le Figaro'.

La sentencia y las medidas complementarias, como la prohibición de contacto y de difusión pública de contenidos sobre los hechos, responden a una estrategia judicial orientada a proteger a las víctimas y evitar la revictimización, conforme informaron fuentes del poder judicial citadas por el medio francés. Ramadan, además de la privación de libertad, debe afrontar el cumplimiento de las restricciones judiciales que se articulan como parte de la condena integral impuesta en París.

Tal como publicó 'Le Figaro', la figura de Ramadan había generado polémica desde el inicio del proceso, tanto en el ámbito académico como en la opinión pública, dado su rol en debates sobre la interpretación del islam en Europa y su vinculación con movimientos de reforma islámica y derechos humanos. Las investigaciones y el subsiguiente juicio culminaron con una sentencia cuyo alcance legal y social ha sido seguido con atención en medios internacionales.

La resolución judicial del Tribunal Penal de París sella varios años de investigación en el contexto de la oleada global de denuncias por agresiones sexuales que ha impactado a figuras relevantes de distintos ámbitos. El caso ha sido referenciado por 'Le Figaro' como uno de los más notorios en la vida reciente del sistema judicial francés, en virtud tanto del perfil del acusado como de la duración y complejidad del proceso.

La joven que testificó ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares afirmó que no fue capaz de calcular la cantidad exacta de veces que su padre la agredió sexualmente, relatando que el miedo la mantuvo en silencio durante años. De acuerdo con información proporcionada por medios como el citado por el texto base, la acusación sostiene que el acusado instauró una atmósfera familiar caracterizada por el temor extremo y la violencia física y sexual hacia su hija y el resto de la familia, pidiendo una condena ejemplar por los delitos cometidos.

Según publicó la Agencia EFE, la víctima, que actualmente tiene 22 años, describió una infancia marcada desde sus primeros recuerdos por los maltratos infligidos tanto a ella como a sus hermanos. Durante su declaración, explicó que cualquier motivo bastaba para desencadenar una agresión: relató que su padre le obligaba a permanecer de cuclillas y la golpeaba en las piernas con una caña de bambú cuando no accedía a estudiar para unos exámenes de recuperación. Además, rememoró episodios en los que fue arrojada contra la pared tras oponer resistencia.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 20 años de prisión y el pago de una indemnización de 40.000 euros. En el escrito de acusación, reproducido por EFE y otros medios, se detallan los hechos entre 2014 y 2022, indicando que el procesado cometió tres delitos de maltrato en el ámbito familiar y otro continuo de agresión sexual. El clima dominante en el hogar, según se expone, era de constante terror inducido por el acusado.

Los episodios violentos documentados se sucedieron a lo largo de varios años, comenzando desde el cuarto de primaria de la víctima hasta poco antes del confinamiento por la pandemia de coronavirus. Desde 2014, la menor habría sido agredida recurrentemente en el domicilio familiar. Entre 2016 y 2022, período en el que la niña tenía entre diez y dieciséis años, se produjeron las violaciones descritas por la denunciante, quien manifestó durante la vista oral: “Me decía ponte aquí, me abría las piernas y me penetraba”.

El temor que inspiraba el hombre fue una constante en el relato de la víctima, lo que impidió que pudiera denunciar los hechos antes. “Tenía miedo de que me pegara”, declaró según recogió la agencia EFE. El acusado, cuando se enfrentaba a situaciones de desobediencia o resistencia, aplicaba violencia física y amenazas, circunstancia que, según la Fiscalía, mantuvo a la menor y a los demás miembros de la familia bajo un régimen de terror.

Como consecuencia directa del maltrato y los abusos, la joven fue diagnosticada con estrés postraumático y ha tenido que recibir tratamiento terapéutico durante varios años, según detallan los informes periciales presentados en el proceso judicial. Los peritos señalan que la sintomatología y la persistencia del trauma guardan vínculo directo con las vivencias descritas en la denuncia.

Durante la sesión, la joven dirigió su petición al tribunal solicitando que su padre reciba una condena ejemplar, en un intento de que los hechos tengan respuesta judicial. La Fiscalía y la acusación particular subrayan la gravedad de los delitos cometidos y argumentan que el castigo debe ser proporcionado a la naturaleza y extensión de los hechos cometidos, así como al impacto psicológico sufrido por la víctima, informa EFE.

El juicio continúa en sede judicial de la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé que se practiquen declaraciones de testigos y se analicen los informes forenses que documentan las lesiones y secuelas psicológicas derivadas de los presuntos hechos denunciados.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, presentó el pasado 17 de marzo ante la Asamblea Legislativa, una propuesta para reformar el artículo 27 de la Constitución de la República, para aplicar la condena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas en El Salvador.

En este contexto, los abogados penalistas Rosina Valiente y Miguel Ángel Cárcamo; y el abogado constitucionalista Alberto Alfaro Alvarado aclararon, en entrevista con Infobae, diversas dudas sobre el cambio constitucional y su aplicación en materia de derecho.

¿En qué consiste la reforma al artículo 27?

Alfaro Alvarado: Esta disposición históricamente respondía a una tradición constitucional que tenía su arraigo en principios de dignidad humana y reinserción social, y esto digamos, es parte del constitucionalismo salvadoreño de posguerra. Con la reforma aprobada al artículo 27, se introduce una excepción a la prohibición, porque se mantiene, en términos generales, la regla, pero se establece que la pena perpetua podrá imponerse cuando el delito cometido sea homicidio, violación o terrorismo.

Es una excepción que se puede considerar de catálogo cerrado, puesto que se enumeran taxativamente cuáles son los delitos que habilitan a ese tipo de penas perpetuas.

¿Cuáles son las implicaciones al reformar este artículo?

Cárcamo: El Salvador, desde hace tiempo, viene optando por un derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Hay dos formas de derecho penal o dos corrientes. Una es el clásico, que es un derecho penal garantista, y el derecho penal del enemigo, que tiene la finalidad de neutralizar y sacar de la sociedad al delincuente. Entonces, cuando se hace este tipo de reforma, lo que se está haciendo es habilitando la posibilidad de que se pueda neutralizar a las personas que cometen este tipo de delitos a través del sistema judicial con la imposición de una condena.

¿Qué vamos a entender por una pena perpetua?

Alfaro: Pena perpetua es una pena indeterminada, en primer lugar, porque se impone de por vida y se considera, la pena como tal, se considera una venganza de parte del Estado.

¿Qué significa el término terrorista?

Cárcamo: La Sala de lo Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En esta sentencia, la sala dio un concepto de terrorismo y dijo que es el ejercicio sistemático y organizado de la violencia con la finalidad de infundir terror en la población y arrogarse funciones inherentes al Estado. En esa sentencia, la sala califica que las pandillas imperantes aquí en El Salvador eran catalogadas como terroristas.

Alfaro: El legislador es quien va a tener el margen para definir estos actos de terrorismo y va a estar vinculado por un concepto constitucional de delito que desde luego va a limitar el poder punitivo del Estado.

Si revisamos la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, pues vamos a ver que es una ley que ya tiene alguna vigencia y ahí se define como organizaciones terroristas aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura y que de ella nacen vínculos que de alguna medida se puedan considerar como estables o permanentes, que tienen una jerarquía y una disciplina, y que cuentan con medios entendidos como idóneos y son pretendidos para la utilización de métodos violentos o inhumanos, con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los estados o incluso afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países.

Con la reforma a la Constitución que ya se hizo, ¿Cómo es ahora el proceso de ratificación?

Alfaro: Ya está establecido que se pueda ratificar con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos, sin necesidad de esperar una siguiente legislatura.

¿A partir de cuándo los jueces podrán imponer esta condena? ¿Cuándo podría entrar en vigencia la reforma?

Alfaro: aparecerá publicado en el Diario Oficial número 53, tomo número 450, correspondiente al mismo 17 de marzo; entonces, la reforma entra en vigencia con posterioridad al 17 de marzo (ocho días después), en este caso se cuentan días calendario.

Actualmente se está viendo que la Fiscalía impone hasta 400 años como condena. ¿Qué va a cambiar con esta reforma?

Alfaro: Según un doctrinario denominado Gary Becker, las penas de 200, 300 o 400 años que los tribunales puedan imponer van a ser producto de acumulación aritmética de condenas por múltiples delitos; entonces, son penas numéricamente determinadas, que no se pueden ejecutar, porque una vida humana es imposible que pueda cumplir 400 años de cárcel; entonces cumplen más bien una función simbólica de registro de la gravedad acumulada de la conducta, pero en términos de privación efectiva de libertad, equivalen a la muerte en prisión.

En ese contexto, la pena perpetua introduce una diferencia de naturaleza jurídica, porque no necesariamente va a tener una duración práctica, porque tienen una duración indeterminada, perpetua.

En este momento hay reos que están esperando juicio, para ellos podría aplicar la cadena perpetua; es decir, ¿se podrá aplicar para los procesos que ya están abiertos?

Cárcamo: La doctrina establece principios. Principio de legalidad, por ejemplo. Una persona no puede ser juzgada por un hecho que no sea delito en el momento que lo cometió. Y si es delito, se le debe aplicar la ley de comisión, o la ley del hecho, o la ley del tiempo en que se cometió el delito, por principio de legalidad.

En el caso de las leyes penales, solo puede tener efecto retroactivo, es decir, hacia atrás, cuando es en beneficio del procesado o del condenado. Eso está en la Constitución.

Con la reforma a la Constitución también se reformarán otras leyes secundarias, ¿sabe qué artículos exactamente podrían modificarse de estas leyes?

Valiente: Empecemos por el Código Penal, tiene que cambiarse en el artículo 158, que establece la violación. En cuanto al homicidio, el 129 y 128. Las agravantes podría que tuvieran una modificación. La Ley Especial de Actos de Terrorismo, va a ser modificada. ¿Quién va a con ser considerado terrorista? Va a tener que haber una nueva definición para mí, porque no solo el que altere el orden público y el que genere caos y terror en la población, porque ya sabemos quiénes.

La Ley Especial integral para una Vida Libre de Violencia Contra la Mujer. Entonces, pudiera haber una reforma en La ley Penal juvenil también.

Cárcamo: Habría que ver específicamente si se va a aplicar la pena perpetua al homicidio simple y al agravado o solo al agravado. Ahí va a ser cuestión ya del legislador. La violación, si va a ser para todos los casos de violación o en algunos casos en específico.

La Ley Penal juvenil, hay que ver en qué casos específicos se va a considerar o aplicar la pena perpetua. Y en el caso de la Ley especial contra actos de terrorismo, ya las penas son bastante severas, creería yo que vamos a tener que seleccionar en qué casos se va a aplicar, porque no todos los delitos van a ser objeto de pena perpetua.

¿A un menor de edad se le podrá dar cadena perpetua con el cambio a las leyes secundarias?

Alfaro: Sí, de hecho, el estándar internacional lo permite. Litigios similares han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Valiente: Desde los 11 años se considera que es un menor. Hay niños que fueron reclutados por las pandillas desde los siete años y no les podían aplicar la ley porque eran menores. El equipo era muy condescendiente cuando el niño era, era el responsable y te decían: “Mire, cometió un homicidio, pero yo me voy a hacer cargo de él”. Y hay muchos de estos menores que incluso quedaron sin juzgar, porque salieron de esa pena y ya no más. Entonces, habría que analizar cada caso.

La reforma al artículo 27 de la Constitución de la República que habilita penas perpetuas para delitos de violación ha generado inquietud entre sectores jurídicos en El Salvador. Abogados penalistas recomiendan capacitar a operadores de justicia para investigar de forma profunda el delito de violación y mejorar el acompañamiento a víctimas.

En entrevista con Infobae, Rosina Valiente, abogada penalista especializada en delitos de género, y Miguel ángel Cárcamo Iraheta, penalista con experiencia en derecho penal económico, alertan sobre la necesidad de profundizar la investigación judicial.

Ambos coinciden en que la correcta identificación de hechos y la protección de las víctimas requieren una transformación multidisciplinaria en el sistema.

“Muchos procesos terminan con inocentes condenados porque el sistema se limita a la versión de la víctima y a pruebas biológicas, sin un análisis profundo del contexto ni de posibles denuncias falsas”, expuso Valiente. A su juicio, la capacitación debe dirigirse a jueces, fiscales, equipos criminológicos y personal de Medicina Legal para que empleen herramientas científicas y psicológicas de manera rigurosa.

Por su parte, Cárcamo Iraheta, sostiene que el testimonio de la víctima, la evaluación psicológica y el peritaje forense constituyen los tres eslabones fundamentales en la determinación judicial.

“El testimonio es clave porque estos delitos ocurren en la intimidad y, en muchos casos, no existen testigos. El segundo elemento es la valoración psicológica, que debe realizarse por personal experto, y el tercero es el examen médico forense”, indicó el penalista. Este procedimiento no siempre se sigue de forma estricta, lo que puede afectar la objetividad de los fallos.

El entorno de revictimización y la ausencia de protocolos sensibles en el trato a mujeres y niñas víctimas de violación han sido señalados por ambos expertos. Valiente propone la creación de una unidad especializada donde solo trabajen mujeres profesionales, especialmente ginecólogas y psicólogas, para asistir a las víctimas.

“El trauma se agrava cuando la atención la brinda personal masculino. Las niñas y mujeres deberían poder acceder a exámenes médicos y apoyo emocional en espacios seguros, dirigidos únicamente por mujeres”, subrayó Valiente.

Otra recomendación central es la creación de hogares de resguardo para mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar. Según los abogados, El Salvador carece de refugios estatales que permitan a las víctimas y a sus hijos alejarse de entornos agresivos o peligrosos. “No existen espacios donde una mujer o una niña puedan acudir tras denunciar un abuso, lo que dificulta la protección y la recuperación”, explicó Valiente.

A nivel judicial, los penalistas advierten sobre la importancia de que la reforma al artículo 27 no se limite a endurecer penas, sino que incorpore mecanismos de revisión y acompañamiento. Cárcamo Iraheta detalló que la revisión de condenas, la evaluación periódica del interno y la posible libertad bajo condiciones deben estar supervisadas por el consejo criminológico, tal como lo establece la ley.

Respecto a la responsabilidad patrimonial del agresor, los expertos enfatizan la urgencia de que el Estado aplique medidas que permitan destinar el patrimonio del condenado a la manutención de los hijos nacidos de una violación. “La víctima no debe asumir sola la carga económica y emocional. Si el agresor posee bienes, estos deben cubrir los gastos médicos, psicológicos y de manutención del menor”, afirmó Cárcamo Iraheta.

Los abogados también advierten sobre la estigmatización social y familiar que enfrentan niñas y mujeres víctimas de abuso, especialmente cuando el agresor es un familiar. “La intervención estatal debe ir más allá del proceso penal. Se debe garantizar seguimiento psicológico y protección integral”, concluyó Valiente.

Todas las propuestas de los profesionales, que incluyen la especialización de los operadores judiciales, la creación de unidades médicas y psicológicas dirigidas por mujeres, el establecimiento de refugios y la aplicación efectiva de la responsabilidad patrimonial, buscan asegurar investigaciones más precisas y un acompañamiento real a las víctimas, en un contexto donde la reforma constitucional incrementa la severidad de las penas, pero no resuelve los desafíos estructurales de la justicia penal.

Una grave trama de violencia salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Misiones: una mujer de 29 años con discapacidad, oriunda de la ciudad de San Vicente, habría sido víctima de abusos sexuales cometidos por su propia madre y allegados durante más de una década.

La causa se inició el pasado 23 de febrero a partir de la intervención de la hermana de la víctima, quien fue alertada de la situación por mensajes de WhatsApp y decidió viajar a la provincia desde Córdoba para radicar la denuncia. Por el momento, la madre permanece detenida, mientras que dos hombres señalados en la causa continúan prófugos.

Según consignaron medios locales, la mujer detenida está imputada por “abuso sexual simple agravado por el vínculo”. En tanto, los dos sospechosos prófugos enfrentan acusaciones por “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual simple”, y tendrían una relación cercana con la imputada.

La investigación indica que los agresores se habrían aprovechado de la discapacidad motriz de la víctima, quien además habría sido amenazada para evitar que denunciara lo ocurrido. También se investiga si vivía en condiciones de abandono y sin acceso a la atención médica necesaria, indicó Misiones Online.

El expediente está en manos del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco.

“Mi mamá hacía rituales de brujería”

La hermana de la víctima, identificada con las siglas L. G. S., se mostró preocupada ante la posibilidad de que la imputada recupere la libertad: “Desde el juzgado me dijeron que es excarcelable y que puede salir en cualquier momento”, sostuvo, y confirmó que partirán juntas a Córdoba por motivos de seguridad.

En declaraciones al medio local, brindó detalles sobre los maltratos físicos y psicológicos que sufría N.C.S. Entre ellos, cintazos e instigaciones al suicidio: “Mi mamá no le cree y le pegó con el cinto, donde le dejó marcas. Empezó todo el calvario desde ese momento. Mi mamá le decía: ‘Suicidate, así terminamos con todo esto, matate’, y todo tipo de insultos y amenazas”.

También manifestó inquietud por las condiciones en las que se le tomó la declaración testimonial a la víctima, ya que -según señaló- no habría contado con las herramientas necesarias, considerando sus dificultades para leer y escribir.

“Ella necesita una persona de confianza para que le lean qué es lo que declaró. Me dijeron que no me preocupara, pero después me explicaron que no hizo falta llamar a nadie", explicó. En ese sentido, señaló que su hermana se mostró nerviosa al momento de declarar en presencia del abogado de su madre: “Me dijo ‘yo no sé si escribieron lo que yo les dije’”.

De acuerdo con el relato de L., la imputada solía involucrar a la víctima en los rituales de brujería que practicaba en la casa. “La obligaba a estar en esos humos que hacía, que quemaba hierba. Nosotros encontramos cosas terribles dentro de la casa cuando hicimos limpieza, de velas negras, de pelos. Yo la verdad que yo ya no quiero callarme”, siguió.

La investigación además apunta a determinar si existió instigación al suicidio, así como a establecer si otros integrantes del entorno familiar pudieron haber intentado encubrir los hechos o evitar auxiliar a la mujer.

“Mi mamá tiene el apoyo y la complicidad de toda su familia. Vinieron a pelear conmigo mi abuela, mis tías, y yo tuve que escuchar cosas realmente espantosas, como que mi hermana es la culpable porque la puerta quedaba abierta. Ya perdimos el miedo y ya no queremos que estas cosas sigan pasando”, cerró.

Mientras avanza el expediente, las hermanas buscan una abogada querellante que pueda aportar a la causa e incorporar testimonios clave, entre ellos el de una docente que habría detectado los abusos a través de dibujos realizados por la víctima. Hasta ahora, la joven ya fue sometida a exámenes médicos para sumar en la prueba.

El fallo judicial señala que los gestos y el lenguaje corporal de la víctima demostraron de forma inequívoca su negativa a mantener relaciones sexuales, a pesar de que la mujer no llegó a expresar un rechazo verbal. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) sostiene que lo determinante fue la ausencia de consentimiento activo, no la falta de oposición verbal. Según publicó el medio, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN desestimó en su totalidad el recurso de la defensa, ratificando la condena ante la evidencia de la falta de consentimiento en ambos episodios ocurridos en Pamplona.

De acuerdo con la información publicada por el TSJN, la sentencia ratificada corresponde a una resolución dictada en noviembre pasado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que impuso al acusado una condena de ocho años y seis meses de prisión. La resolución judicial consideró probados dos delitos de agresión sexual con acceso carnal, ocurridos en agosto de 2023, y mantiene además una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por un total de dieciséis años, ocho por cada uno de los delitos. El tribunal agregó que el procesado deberá cumplir catorce años de libertad vigilada, a ejecutar tras la pena privativa de libertad, con siete años por cada delito de agresión sexual. Además, se estableció una indemnización de 20.000 euros a la víctima, en concepto de daño moral.

Según detalló el TSJN, la relación entre el condenado y la denunciante comenzó en 2022, al conocerse a través de amigos comunes. Profundizaron el vínculo en los Sanfermines de 2023. La mujer residía en un pequeño estudio del Casco Viejo de Pamplona, donde el acusado había pasado la noche en varias ocasiones anteriores al 8 de agosto, compartiendo cama, lo cual, según la sentencia, no había derivado en relaciones sexuales ni en conversaciones sobre la posibilidad de tenerlas.

El 8 de agosto, el procesado preguntó a la mujer si podía dormir nuevamente en su vivienda. Ella aceptó y ambos compartieron cama, como en ocasiones anteriores. A la mañana siguiente, el hombre inició besos no consentidos. Ante la ausencia de consentimiento, la mujer se apartó y manifestó su negativa mediante gestos corporales, aunque no logró expresar su rechazo con palabras. La sentencia indica que, pese a esta oposición, el acusado llevó a cabo la agresión sexual, cesando únicamente la conducta cuando el timbre del apartamento sonó por la llegada de un instalador.

El medio TSJN agregó que, dos días más tarde, la víctima llamó al acusado para decirle que había dejado unos auriculares en su domicilio. Cuando él acudió al lugar y mantuvieron una conversación, volvió a producirse un episodio similar: el hombre besó a la mujer sin su aprobación y, ante su rechazo expresado mediante intentos de alejarse y gestos corporales, procedió a una segunda agresión sexual. Los hechos, según la resolución, se dieron en circunstancias en las que resultó evidente la negativa de la mujer a cualquier contacto íntimo.

La sentencia, publicada por el TSJN, menciona que la denunciante había recibido en el pasado tratamiento psicológico y psiquiátrico por síntomas depresivos y presentaba una tendencia a la evitación y cierta dificultad para expresar sus deseos en ámbitos personales. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que dictó el fallo original confirmado ahora, no apreció violencia física o fuerza en la comisión de los delitos, pero subraya que el consentimiento de la denunciante no existió en ninguno de los dos episodios.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN confirmó la interpretación de la Audiencia respecto a que la negativa de la víctima se manifestó de forma suficiente y reconocible mediante el lenguaje corporal: intentó apartarse, movió las piernas y la cabeza, y permaneció pasiva. El tribunal expresó que, incluso sin una manifestación verbal explícita de rechazo o aprobación, la falta de consentimiento resultó evidente por los gestos realizados por la mujer. El texto judicial enfatiza que “por mucho que faltara la manifestación verbal de la negativa al acto sexual –como faltaba la expresión positiva hacia ese mismo acto sexual–, había toda una serie de gestos que denotaban falta de consentimiento”.

El TSJN, al ratificar la sentencia, concluyó que no existió consentimiento por parte de la denunciante en ninguno de los hechos juzgados. El tribunal afirmó que esos actos no contaron en ningún momento con una voluntad libremente expresada por la mujer para mantener una relación sexual, y que la conducta del acusado respondió al deseo de satisfacer sus propios intereses, a pesar de ser consciente de la negativa de la víctima.

El responsable de los hechos podrá recurrir este fallo ante el Tribunal Supremo. El TSJN, de forma detallada, sostuvo el argumento de que los gestos y el comportamiento corporal también representan una expresión válida y suficiente de la falta de consentimiento en el ámbito de delitos sexuales, según consta en la resolución judicial presentada.

Mientras confirma las penas impuestas de prisión, alejamiento, libertad vigilada e indemnización, el tribunal insiste en que el análisis debe centrarse en la existencia de una voluntad clara y libre de la persona afectada, que en este caso, de acuerdo con la sentencia, no existió en ninguno de los momentos objeto del procedimiento. La decisión pone de manifiesto la interpretación judicial del consentimiento y de los límites de las relaciones personales frente a supuestos de agresión sexual, según recogió el TSJN en su resolución.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra calificaron como concluyentes las pruebas recogidas en la investigación policial, destacando la labor realizada para la identificación del responsable del delito sexual y robo cometido en diciembre de 2023 en Pamplona. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el tribunal impuso una serie de medidas restrictivas al acusado, que incluyen la expulsión de España una vez que haya cumplido la mitad de la condena, el impedimento de retorno por 10 años, la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de indemnizarla, además de la vigilancia posterior a la privación de libertad.

De acuerdo con el TSJN, la sentencia establece que el acusado, de 23 años y de origen marroquí, deberá cumplir 12 años de prisión: nueve años por el delito de agresión sexual y tres años adicionales por robo con violencia. La decisión también contempla que, finalizada la pena, el condenado debe someterse a un periodo de 10 años bajo libertad vigilada. El fallo indica que la prohibición de acercamiento a la denunciante se extenderá durante 15 años y deberá mantenerse una distancia de al menos 200 metros, junto con la prohibición de comunicación en cualquier forma.

El hecho sucedió de madrugada en la zona cercana al Archivo General de Navarra, en el Casco Viejo de Pamplona, tal como consignó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La víctima regresaba a casa tras una fiesta cuando fue interceptada por el agresor, que se encontraba a una corta distancia y portaba una gorra beige. Cuando la mujer se sentó sobre un murete, el acusado se lanzó hacia ella, la arrojó junto a él a una zona cubierta de vegetación, la golpeó y la violó, aplicando una fuerza significativa. Después del abuso, la víctima intentó defenderse, produciendo lesiones a su atacante mediante mordeduras y golpes en el rostro, como detalló el medio judicial.

Según la resolución judicial, aproximadamente diez minutos tras la comisión de la agresión, el acusado abandonó el sitio llevando consigo un teléfono iPhone 11 valorado en 748,33 euros y setenta euros en efectivo tomados de la cartera de la víctima. No obstante, retornó después de cuatro minutos para recoger otros objetos personales, tanto desde el suelo como del bolso. La investigación policial permitió recuperar la gorra utilizada por el agresor, así como otros enseres y prendas vinculadas al suceso en la misma área ajardinada donde se produjo el ataque.

El tribunal resolvió que, por daños morales derivados de los hechos, el acusado deberá indemnizar a la denunciante con 60.000 euros. De acuerdo con el TSJN, el informe forense incluido entre las pruebas aportadas recoge la existencia de lesiones vaginales que resultan compatibles con el testimonio de la víctima sobre la agresión sexual sufrida. El mismo informe señaló que actualmente la afectada padece lesiones físicas y episodios de ansiedad, además de experimentar temor a salir a la vía pública y sufrir pesadillas nocturnas persistentes.

En el proceso judicial, el acusado aceptó la autoría del robo, aunque negó los cargos por violación. Su defensa pidió la rebaja de la pena a dos años por el delito de robo, invocando la atenuante de dilaciones indebidas, y reclamó la absolución en lo referente a la agresión sexual. La Audiencia descartó esos planteamientos, señalando que la admisión del robo por parte del acusado solo ocurrió después de quedar probada su implicación por el conjunto de las pruebas analizadas durante el juicio. Además, el tribunal puntualizó que las lesiones de defensa en el acusado, generadas por la reacción de la víctima, avalan el relato de agresión sexual, ya que el acusado reconoció haber recibido mordeduras y golpes.

Según lo publicado por el TSJN, la identificación del acusado se consolidó gracias a la actuación de la Policía Municipal de Pamplona, que recabó pruebas físicas y audiovisuales. Las cámaras de seguridad en las inmediaciones aportaron imágenes coincidentes con el momento del asalto, mientras que el análisis de ADN permitió relacionar la gorra recogida en el lugar con el condenado. Aunque la defensa citó un resultado negativo de ADN respecto a la agresión, la Audiencia respaldó el criterio del forense, quien consideró que las lesiones constatadas refuerzan la versión presentada por la denunciante.

El juicio, realizado los días 25 y 26 de febrero, contó con diferentes solicitudes de pena. La fiscalía solicitó ocho años y once meses de prisión por el delito de agresión sexual y tres años por el de robo con violencia; la acusación particular elevó las peticiones a nueve y tres años, respectivamente. Dadas las circunstancias y la profundidad de las pruebas expuestas, la Audiencia determinó la imposición de la máxima condena promovida por la acusación particular.

La resolución notificada por el tribunal señala que la sentencia puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, conforme a los procedimientos legales vigentes. Mientras tanto, las medidas dictadas buscan evitar cualquier tipo de contacto futuro entre el condenado y la víctima, proteger los derechos de la afectada y promover el cumplimiento de la pena impuesta.