Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, declaró culpable al actor y comediante Russell Brand de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, tras dos días de deliberaciones que pusieron fin a un juicio que duró menos de cuatro semanas.

El juicio había comenzado el 12 de octubre en la corte londinense.

Brand, de 51 años, enfrentaba en total siete cargos: tres por violación, tres por agresión sexual y uno por intento de agresión deshonesta, basados en las denuncias de seis mujeres que declararon ante el tribunal con derecho a anonimato de por vida.

Tras conocerse el veredicto, el juez Mr. Justice Bennathan ordenó la prisión preventiva del actor y fijó la audiencia de sentencia para el lunes.

“Las consecuencias de esto son inevitablemente una pena de privación de libertad de cierta duración”, dijo Bennathan en la sala.

Brand fue trasladado a custodia de inmediato, con dos oficiales de seguridad en el estrado a su lado. Su esposa, Laura Brand, presenció el momento desde la galería pública.

El jurado lo encontró no culpable de los otros dos cargos de violación y del cargo de intento de agresión deshonesta.

Los cargos por los que Brand fue hallado culpable corresponden a hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

La tercera denunciante alegó que Brand le tocó los pechos en una fiesta en el Nordic Bar de Londres en 2004 —cargo por el que fue declarado culpable—, mientras que el cargo de violación oral relacionado con esa misma noche resultó en un veredicto de no culpable.

La cuarta denunciante afirmó que Brand la empujó contra una pared y la besó de forma agresiva en una emisora de radio en 2004 o 2005.

La quinta denunciante declaró que Brand la penetró analmente sin consentimiento en su domicilio de Londres en 2009, en lo que constituyó el cargo de violación por el que fue hallado culpable.

La sexta denunciante, exempleada de Channel 4, alegó una agresión de carácter sexual en el lugar de trabajo también en 2009.

¿Qué cargos le impuso el jurado y cuándo será la sentencia?

Las seis mujeres tomaron la decisión de dar un paso adelante después de ver un documental emitido por Channel 4 en 2023 y de leer sobre el caso en The Times.

La defensa del actor sostuvo que ese material audiovisual “envenenó deliberadamente el pozo de la justicia” y “corrompió fundamentalmente” a las denunciantes.

La acusación, en cambio, argumentó que el documental no fue una “fuerza mágica” que llevó a seis mujeres distintas a “reinterpretar” sus recuerdos, sino que les dio el impulso para contar historias que las habían “perseguido durante años”.

Russell Brand tomó la palabra en el estrado el 28 de octubre. Declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y tuvieron un impacto “devastador” en su vida.

Afirmó además que considera el consentimiento sexual como algo “fundamental”. Su abogado defensor señaló en su alegato final que no existía “ninguna prueba de que sea una especie de psicópata que viola a personas y lo considera normal”.

El período que abarca las denuncias coincide con la etapa en que Brand pasó de ser un actor poco conocido a alcanzar lo que él mismo describió como una “fama vertiginosa”, en parte impulsada por su relación con la cantante Katy Perry.

La sentencia se conocerá el próximo lunes 8 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Una mujer fue aprehendida en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, por su presunta vinculación con el delito de corrupción de menores, informó la Policía Nacional.

La captura se produce en medio de un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, que superaron los 5,000 casos durante los primeros nueve meses de 2026.

La institución confirmó que la sospechosa fue localizada por unidades policiales durante un operativo desarrollado en ese distrito, como parte de investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad. Hasta el momento, no se han divulgado su identidad, edad ni las circunstancias específicas de los hechos que motivaron su aprehensión.

Las autoridades tampoco han precisado cuántas posibles víctimas están relacionadas con la investigación, ni si existen otras personas vinculadas al expediente.

La mujer deberá quedar a disposición de las autoridades competentes para continuar las diligencias y determinar su eventual responsabilidad mediante el proceso judicial correspondiente.

La detención coincide con otro procedimiento desarrollado el 28 de octubre en Calidonia, donde agentes de la Dirección de Investigación Judicial aprehendieron a un hombre de 61 años, requerido por su presunta vinculación con delitos de violación y corrupción de menores, en una investigación relacionada con dos víctimas menores de edad.

Después de la captura, las autoridades judiciales ordenaron un allanamiento en la residencia del sospechoso, ubicada en Caimitillo, donde fueron recopilados varios equipos tecnológicos. Tanto el detenido como los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar las investigaciones y determinar la relevancia de los elementos encontrados.

Un tercer caso fue reportado el 27 de octubre, cuando la Procuraduría General de la Nación anunció una condena de 12 años de prisión por violación agravada en Colón. Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025 y fueron investigados por la sección especializada en delitos sexuales y violencia de género.

Además de la pena principal, el condenado recibió la prohibición de residir o frecuentar el corregimiento donde vive la víctima durante 12 años, una vez cumplida su sentencia. Esta medida accesoria busca restringir el acercamiento del agresor al entorno de la persona afectada, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.

Los tres acontecimientos se conocen mientras las estadísticas oficiales muestran un aumento de los delitos sexuales denunciados en Panamá durante 2026. Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 5,186 denuncias, frente a 4,679 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento interanual del 11%.

Dentro de ese total, 1,716 denuncias corresponden al delito de violación y otras 198 a violación doblemente agravada. También se contabilizaron 1,956 casos de acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, mientras los actos libidinosos sumaron 866 denuncias en el período analizado.

Uno de los indicadores que presenta mayor crecimiento es la corrupción de personas menores de edad, con 291 denuncias hasta septiembre, frente a 230 durante los primeros nueve meses de 2025. Esta diferencia representa un aumento del 27%, de acuerdo con el informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación.

Las cifras también reflejan 70 denuncias por pornografía infantil, un incremento del 49% respecto al año anterior, cuando se registraron 47. Por su parte, los casos relacionados con acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 17 años aumentaron 22%, al pasar de 1,604 a 1,956 denuncias.

En la distribución territorial, la provincia de Panamá concentra 1,050 denuncias, seguida de Chiriquí, con 825, y Panamá Oeste, con 708. Esta última provincia, donde ocurrió la captura de la mujer, registró un aumento del 20% respecto a 2025, cuando contabilizó 592 casos.

El informe también muestra 619 denuncias en la comarca Ngäbe Buglé y 514 en Bocas del Toro, mientras San Miguelito acumuló 241 y Colón 210. Las estadísticas corresponden a investigaciones registradas en el Sistema Penal Acusatorio y no representan necesariamente condenas ni hechos judicialmente comprobados.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad mientras caminaba por una vereda vestido completamente de negro —sudadera con capucha, pantalones deportivos y mochila— y con un par de auriculares en la mano. Los investigadores estiman que tiene alrededor de 30 años. Hasta el momento no se produjeron arrestos, informó The New York Times.

El ataque ocurrió cerca de la intersección de la calle 66 Este y la Quinta Avenida, en el lado oriental del parque, alrededor de las 20:30 del sábado 24 de octubre. La víctima, que según la policía se encontraba en situación de calle y “estaba intoxicada” al momento del hecho, fue sorprendida por el agresor cuando caminaba justo afuera del predio.

El hombre exhibió un cuchillo, la arrastró hacia el interior del parque y la agredió sexualmente en una zona arbolada y apartada. Un transeúnte advirtió la escena y llamó al 911, lo que provocó que el atacante huyera hacia el oeste, ocultándose en el parque.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde quedó internada en condición estable y se recupera de las lesiones y la experiencia traumática.

La quinta violación registrada en Central Park durante 2026

Las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) revelan que se trata de la quinta agresión sexual dentro del parque en 2026, frente a tres en el mismo período de 2025, un incremento cercano al 33%. La policía indicó que logró arrestos en tres de los cuatro casos anteriores.

En términos generales, el delito en Central Park aumentó alrededor de un 20% en lo que va del año en comparación con 2025, con los robos mayores y los asaltos como los ilícitos más frecuentes.

Sin embargo, las cifras del NYPD también muestran que el número total de robos, asaltos graves, delitos sexuales y homicidios hasta la fecha —aproximadamente 55— se mantiene en línea con el del año anterior y levemente por debajo de los registros de 2024, según informó The New York Times.

Pese a los episodios recientes, el crimen grave sigue siendo relativamente infrecuente en un predio que recibe decenas de millones de visitas al año.

El alcalde Mamdani calificó el ataque como “horroroso”

El alcalde Zohran Mamdani se pronunció el lunes durante una conferencia de prensa en el Centro de Descubrimiento Charles A. Dana, en el extremo norte del parque. “Lo que le sucedió a esta sobreviviente es horroroso. Es algo que nadie debería tener que soportar”, declaró.

“Sabemos que cada neoyorquino debería poder caminar por cualquier lugar de nuestra ciudad, a cualquier hora del día, y estar a salvo. Cualquier cosa por debajo de eso no es algo que vaya a justificar o aceptar jamás”, agregó, según recogieron CBS News y ABC7.

Mamdani indicó que su administración trabaja junto al NYPD para identificar formas de prevenir ataques y agresiones sexuales en las calles de la ciudad.

La concejala Virginia Maloney, representante del Upper East Side y corredora habitual del parque, remarcó que las mujeres y todas las personas deben sentirse seguras allí a cualquier hora y pidió a la policía que identifique al agresor con rapidez.

Un segundo ataque en el parque en apenas una semana

El caso se suma a otro episodio violento ocurrido pocos días antes. El 18 de octubre, una ciclista de 32 años identificada como Katherine Marroquin fue golpeada en la cabeza y robada por tres hombres mientras pedaleaba cerca de West Drive y la calle 93, antes de las 22.

La mujer intentó defenderse con un termo y los atacantes huyeron con sus auriculares. La policía continúa buscando a los tres sospechosos de ese asalto, que no guarda relación con la violación del sábado.

Marroquin cuestionó la labor de seguridad en el parque en declaraciones a The New York Times: “No están haciendo un buen trabajo si eso me pasó a mí un domingo por la noche y otra persona fue violada un sábado”.

Vecinos piden más patrullajes nocturnos antes del cambio de horario

La proximidad del cambio de horario de invierno —que en los próximos días adelantará la caída del sol— intensifica la inquietud entre quienes frecuentan el parque al anochecer.

Algunos casos de corredoras como Zoe Verzani y Maggie Wong contaron a CBS News que, como precaución, salen a correr en pareja y comparten su ubicación con amistades, aunque Verzani admitió que una ruta familiar de día puede volverse intimidante en la oscuridad. “Después de las 6, no vengo aquí en invierno. No me siento segura”, dijo la visitante habitual Elle Friedmann.

“Deberías poder entrar al parque y disfrutar de la belleza de Central Park de forma segura. Es el patio trasero de todos”, expresó otra vecina en declaraciones recogidas por NBC New York. Y añadió: “Ojalá hubiera más presencia policial en el parque. Durante el día no lo considero necesario, pero por la noche creo que sí”.

El NYPD informó que ya reforzó los patrullajes debido al aumento de robos y que continuará desplegando efectivos uniformados tanto en los senderos peatonales como en las zonas boscosas. Los investigadores también revisan grabaciones de otras cámaras dentro y fuera del parque.

La Maratón de Nueva York se acerca al lugar del ataque

El episodio ocurrió a una semana del maratón de Nueva York, organizado por la asociación New York Road Runners, cuya ruta atraviesa Central Park y pasa a pocos cientos de metros del sitio donde fue agredida la mujer.

“Nos entristeció enterarnos de este horrible incidente en lo que normalmente es un espacio público seguro”, dijo la vocera de la organización, Crystal Howard, en un comunicado. La entidad aconseja a los corredores no trotar solos ni de noche, permanecer en áreas iluminadas y evitar el uso de auriculares.

Quien tenga información sobre cualquiera de los dos incidentes puede comunicarse con la línea Crime Stoppers del NYPD (al 1-800-577-8477), o en español (al 1-888-57-74782).

Un tribunal de apelaciones de California ratificó este martes las condenas por violación contra el actor Danny Masterson, conocido por su papel en la serie That ’70s Show. El fallo unánime de tres jueces rechazó cada uno de los argumentos presentados por la defensa y confirmó la sentencia de 30 años a cadena perpetua que el intérprete cumple desde 2023.

La resolución, de 89 páginas, concluyó que el tribunal inferior no incurrió en errores que justificaran un nuevo juicio. Masterson, de 50 años, fue declarado culpable de violar a dos mujeres en su residencia de Hollywood Hills en 2003, repasó Associated Press.

Un primer juicio, realizado en 2022, había terminado con un jurado sin acuerdo, pero en el segundo proceso, al año siguiente, los miembros del jurado lo encontraron responsable de dos de los tres cargos de violación. El tercer cargo, vinculado a una exnovia que denunció una agresión en 2001, quedó sin resolución.

La defensa alegó sesgo contra la Iglesia de la Cienciología

Uno de los ejes centrales de la apelación fue la relación del caso con la Iglesia de la Cienciología. Los abogados de Masterson sostuvieron que la jueza Charlaine Olmedo emitió una serie de comentarios y resoluciones adversas sobre la organización religiosa que, en su conjunto, vulneraron los derechos de la Primera Enmienda del actor.

El panel de apelaciones descartó esa línea argumental y determinó que las declaraciones de la magistrada “no mostraron animosidad ni desviación de la neutralidad respecto de la Cienciología”.

Las tres denunciantes eran exmiembros de la iglesia. La fiscalía argumentó durante el juicio que las víctimas demoraron en denunciar los hechos o en clasificarlos como violación por temor a represalias, dado que una norma interna de la organización desalentaba acudir a la policía.

Olmedo permitió que un exmiembro de la Cienciología testificara como perito sobre las creencias y prácticas de la fe, algo que la defensa también impugnó.

“El jurado en este caso no fue llamado a determinar la verdad o falsedad de la doctrina o las creencias de la Cienciología”, concluyó el tribunal de apelaciones, al precisar los fines específicos para los que se introdujo la prueba religiosa. La iglesia negó tener alguna política que impidiera a sus miembros presentar denuncias policiales.

Los fiscales describieron un patrón de agresión con sustancias

La fiscalía de Los Ángeles había presentado cargos contra el actor en 2020 por tres violaciones ocurridas a principios de la década de 2000.

Según difundió la revista People, el fiscal Reinhold Mueller sostuvo que Masterson actuó con un método consistente: “Drogó subrepticiamente a las víctimas utilizando una bebida alcohólica como vehículo de administración y luego las violó por la fuerza mientras quedaban incapacitadas”.

No se realizaron pruebas toxicológicas en su momento, pero durante el juicio un perito declaró que los síntomas descritos por las mujeres eran compatibles con los efectos del GHB, una droga depresora del sistema nervioso central.

La defensa sostuvo en todo momento que los encuentros sexuales fueron consentidos y calificó las acusaciones como un ataque contra la Iglesia de la Cienciología.

La corte también rechazó objeciones sobre la prescripción y pruebas excluidas

El panel de apelaciones descartó además el argumento de que las condenas violaban el plazo de prescripción de diez años para violación con uso de fuerza, al señalar que dicho límite no aplica cuando hay múltiples víctimas. También rechazó las quejas sobre la exclusión de pruebas presuntamente favorables al acusado.

En un escrito separado de habeas corpus, presentado en noviembre de 2025, el abogado Eric Multhaup había alegado que una combinación de errores del anterior letrado defensor y una investigación policial sesgada contra la fe de Masterson derivaron en una condena injusta. El tribunal desestimó sumariamente esa petición.

Multhaup criticó la decisión y afirmó que los jueces “no abordaron ninguna de las pruebas exculpatorias contenidas en la petición de habeas corpus” y que justificaron la denegación con un resumen de una sola página de la prueba presentada por la fiscalía.

Los abogados del actor llevarán el caso a la Corte Suprema de California

El abogado principal de la apelación, Cliff Gardner, anunció que el equipo legal buscará revisión ante la Corte Suprema de California. “Danny cumple cadena perpetua por crímenes que no cometió”, declaró Gardner en un comunicado difundido tras el fallo.

Además, agregó: “Nadie en California —ni los acusados ni las víctimas que realmente han sido víctimas de un delito sexual— está más seguro en virtud de esta desafortunada decisión”.

Masterson cumple su condena en la prisión California Men’s Colony, en San Luis Obispo. Según una base de datos estatal, no será elegible para libertad condicional hasta junio de 2042, aunque tiene programada una consulta previa en mayo de 2038.

El actor había protagonizado That ’70s Show junto a Ashton Kutcher, Mila Kunis y Topher Grace entre 1998 y 2006, y se reunió con Kutcher en la comedia de Netflix The Ranch en 2016, de la que fue desvinculado tras la aparición de las denuncias.

El nombre de Ted Bundy volvió a las portadas esta semana después de que un análisis de ADN lo vinculara con el asesinato de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años muerta en Utah en 1974. Pero la noticia va más allá de la resolución de un viejo expediente: uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos todavía tiene crímenes sin confirmar, más de tres décadas después de su ejecución.

Bundy violó y mató a al menos 30 mujeres y niñas entre 1974 y 1978 en cinco estados. Fue condenado a muerte en Florida y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Sin embargo, su lista de víctimas confirmadas sigue en aumento gracias a la tecnología genética.

Esto es lo que hay que saber sobre él y la ola de violencia que dejó a su paso.

Cómo Ted Bundy se convirtió en uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos

Criado en Tacoma, en el estado de Washington, Bundy comenzó su cadena de crímenes documentados a principios de 1974, en los alrededores de Seattle. En enero de ese año irrumpió en la vivienda de una estudiante de 18 años de la Universidad de Washington mientras dormía y le fracturó el cráneo. La joven sobrevivió, pero con lesiones permanentes, según informó Associated Press.

Un mes más tarde, Lynda Ann Healy, otra alumna de la misma universidad, desapareció de su domicilio. Sus restos fueron localizados un año después en Taylor Mountain, una zona remota donde la policía también halló cuerpos de otras víctimas. En los meses siguientes, más mujeres fueron secuestradas en Washington y Oregón. Varios testigos describieron a un hombre con el brazo en cabestrillo que se acercaba a las jóvenes antes de que desaparecieran.

Para noviembre de 1974 la violencia se había trasladado a Utah. En Murray, Carol DaRonch, de 18 años, logró escapar después de que Bundy la abordó haciéndose pasar por un oficial de policía e intentó esposarla dentro de su auto. Su testimonio fue decisivo en las condenas posteriores.

Entre 1974 y mediados de 1975, Bundy también perpetró asesinatos en Colorado e Idaho.

El modus operandi que definió los crímenes de Ted Bundy

Lo que distinguió a Bundy de otros asesinos en serie fue su capacidad para proyectar una imagen confiable. Solía abordar a mujeres jóvenes en lugares públicos, donde ganaba su confianza con una actitud carismática o simulaba una lesión para parecer inofensivo, como reportó BBC. Una vez a solas con ellas, las trasladaba a zonas aisladas para agredirlas sexualmente y asesinarlas a golpes.

En otros casos entraba de noche en los hogares de sus víctimas, las golpeaba con objetos contundentes y abandonaba los cuerpos en parajes remotos. Este patrón se repitió a lo largo de cuatro años y en al menos cinco estados. Las víctimas eran, en su mayoría, estudiantes universitarias o adolescentes.

Las dos fugas que le permitieron seguir con los asesinatos en Florida

Bundy fue detenido por primera vez en agosto de 1975, cuando la policía encontró en su vehículo cuerda, esposas y una máscara de esquí. Al año siguiente fue declarado culpable por el secuestro de DaRonch y sentenciado a 15 años de prisión.

Pero en 1977, mientras enfrentaba cargos por otro homicidio, escapó de un juzgado en Aspen, Colorado, al saltar por una ventana del segundo piso. Fue recapturado una semana después. Seis meses más tarde volvió a fugarse: rompió el techo de su celda y huyó hasta Tallahassee, Florida.

El 15 de enero de 1978, Bundy ingresó a la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y golpeó con una rama gruesa a cuatro estudiantes; dos murieron y dos quedaron con heridas graves. Después atacó a otra mujer en una casa cercana. El 9 de febrero de 1978, secuestró, agredió sexualmente y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años en Lake City, de acuerdo con AP. Fue su última víctima conocida: la policía lo arrestó en Pensacola cuando conducía un vehículo robado.

El juicio que fascinó a Estados Unidos y la condena a muerte

El proceso por los crímenes de Chi Omega, celebrado en 1979, generó una cobertura mediática sin precedentes. Bundy se desempeñó con una seguridad que desconcertó al público. “No sé qué tiene, pero es fascinante. Es impresionante. Tiene una especie de magnetismo”, dijo una joven espectadora a un reportero de la agencia AP durante el juicio.

Incluso el juez Edward Cowart reconoció que Bundy era un “joven brillante” que habría sido un buen abogado. Sin embargo, lo condenó a muerte por crímenes “extremadamente perversos, terriblemente malvados y viles”.

Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en Florida. En sus últimos días ofreció una serie de confesiones sobre homicidios que la policía desconocía hasta ese momento. No todos esos casos fueron confirmados. Otros asesinos en serie superaron su cifra de víctimas —Gary Ridgway fue condenado por 49 homicidios, aunque confesó haber matado a más de 71 personas, Samuel Little mató a más de 60 y Donald Harvey se declaró culpable de 37—, pero pocos generaron la misma fascinación pública que Bundy.

Por qué el ADN sigue sumando víctimas a la lista de Ted Bundy décadas después

El laboratorio estatal de criminalística de Utah incorporó en 2023 una tecnología capaz de extraer ADN de muestras extremadamente pequeñas, degradadas por el paso del tiempo o con material genético de varias personas. Esa herramienta fue la que permitió resolver dos casos de Bundy más de cinco décadas después de los crímenes.

En abril de 2026, investigadores del condado de Utah anunciaron que un fluido corporal extraído del cuerpo de Laura Ann Aime —una joven de 17 años desaparecida la noche de Halloween de 1974— coincidía con el perfil genético de Bundy. El mismo perfil fue enviado luego a la oficina del sheriff del condado de Summit, donde los detectives confirmaron la coincidencia con la muestra hallada en el cuerpo de Smith, según The Guardian.

“Con cada caso que se cierra, ojalá podamos aplastar el recuerdo de Ted Bundy”, declaró el sargento Mike Reynolds, del condado de Utah.

Los casos sin resolver que mantienen abierto el expediente del asesino en serie

Pese a estos avances, “el libro sobre Ted Bundy no está cerrado”, advirtió el detective Ben Pender, del departamento de policía del condado de Salt Lake, en declaraciones recogidas por AP. Pender lidera la investigación sobre Nancy Wilcox, una joven de 16 años asesinada en Utah en 1974 cuyo homicidio sigue sin resolución.

El estado de Utah acumula 444 investigaciones de muerte sin resolver, de las cuales 258 son homicidios, según datos de la Oficina de Servicios Forenses citados por BBC. La jefa de policía del condado de Salt Lake, Rosie Rivera, aseguró que el avance en los casos de Bundy debe transmitir un mensaje a las familias de otras víctimas: “Cada día la ciencia forense cambia y tenemos la capacidad de revisar estos casos una y otra vez”.

Oren, Alon y Tal Alexander comparecen este martes ante la jueza federal Valerie E. Caproni en Manhattan para conocer la pena que deberán cumplir por un caso de tráfico sexual que derivó en su condena federal.

El jurado los declaró culpables en marzo de 2026 de los 10 cargos que enfrentaban, después de un juicio de cinco semanas con el testimonio de 11 mujeres.

La audiencia puede extenderse a un segundo día. Las víctimas previstas para intervenir expondrán el impacto de los hechos, mientras que los tres acusados y los abogados de ambas partes tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal, informó CNN.

La fiscalía pidió cadena perpetua para cada uno. Los defensores solicitaron la pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

Las claves judiciales que marcarán la audiencia

Las condenas abarcan conspiración para cometer tráfico sexual, tráfico sexual por la fuerza y explotación sexual de menores. Los gemelos Oren y Alon Alexander tienen 39 años, mientras que Tal Alexander tiene 40.

El jurado deliberó alrededor de ocho horas antes de emitir el veredicto, consignó Associated Press. Los testimonios y la prueba presentada en el debate situaron los hechos entre 2008 y 2021.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York afirmaron en su memorando de sentencia que identificaron a al menos 70 mujeres que denunciaron violaciones o agresiones sexuales atribuidas a alguno de los hermanos.

“Los acusados son violadores seriales que abusaron de mujer tras mujer y de niña tras niña durante años y años”, sostuvo la fiscalía en ese documento.

La Oficina de Libertad Condicional recomendó penas de 15 años por cada víctima violada. Esa fórmula elevaría las sentencias a 180 años para Alon y Tal, y a 195 años para Oren, publicó NBC Miami.

El recorrido que llevó a los hermanos a la justicia federal

Antes de su arresto, Tal y Oren Alexander ocupaban un lugar destacado en el mercado inmobiliario de ultralujo. Ambos trabajaron una década en Douglas Elliman, donde fundaron el Alexander Team en 2012.

En 2022 dejaron la compañía para crear su propia agencia, Official. Alon no trabajaba como corredor inmobiliario: ocupaba un cargo ejecutivo en Kent Security, la empresa de seguridad privada de la familia.

Tal y Oren intervinieron en la venta de un penthouse de 2.230 metros cuadrados en 220 Central Park South al multimillonario Ken Griffin por USD 238 millones en 2019. La operación marcó entonces un récord para una vivienda residencial en Estados Unidos.

Ese mismo año participaron en la venta de una mansión en Miami por USD 50 millones. Su cartera incluyó a Kim Kardashian, Kanye West, Tommy Hilfiger, Steve Madden y Lindsay Lohan, entre otras figuras públicas.

Forbes incluyó a Oren Alexander en su lista 30 Under 30 del sector inmobiliario. La fiscalía sostuvo que los hermanos aprovecharon sus vínculos sociales y el acceso a propiedades de lujo para captar a sus víctimas.

Los elementos que examinó el jurado durante el juicio

El jurado determinó que Alon y Tal sometieron a tráfico sexual a una menor de 16 años tras un ataque ocurrido en los Hamptons en 2009, detalló Us Magazine.

Oren y Alon recibieron condenas por abuso sexual agravado después de que una mujer relatara que fue sedada y atacada durante un crucero entre Miami y las Bahamas en 2012.

Tal fue condenado por tráfico sexual en dos hechos distintos ocurridos en 2011 y 2014. Una de las víctimas fue Lindsey Acree, una de las dos mujeres que iniciaron demandas civiles contra los hermanos.

Otra mujer declaró que perdió el control de su cuerpo después de aceptar una bebida de Alon en un local de Nueva York. Al despertar desnuda en una cama, intentó levantarse varias veces, pero él la empujó hacia abajo, recogió NBC News.

Cuando la mujer le dijo que no quería mantener relaciones sexuales, Alon respondió: “Ya lo hiciste”, de acuerdo con el testimonio publicado por el medio.

Oren recibió además una condena por explotación sexual de una menor de 17 años. La acusación sostuvo que la sometió y filmó el ataque.

Los argumentos que planteará la defensa ante la jueza

Los abogados de los tres hermanos aseguran que las relaciones sexuales fueron consensuales. También rechazan de forma categórica que sus clientes hayan cometido violaciones o agresiones sexuales.

En una presentación judicial, reconocieron que los acusados se comportaron de forma “insensible con los sentimientos de ciertas mujeres en ciertos momentos”, pero mantuvieron su inocencia.

“Alon, Oren y Tal mantienen firmemente su completa inocencia de estos terribles cargos”, expresó la defensa en el documento citado por NBC News. “En ningún momento Alon, Oren o Tal violaron o agredieron sexualmente a otra persona”.

Deanna Paul, abogada de Tal, calificó las pruebas como “notablemente débiles”. También afirmó que las decisiones de Caproni sobre la evidencia provocaron un “prejuicio abrumador” contra los hermanos.

Durante los alegatos finales, Paul cuestionó las motivaciones de las denunciantes. “Todas las historias fueron ensayadas. Buscan dinero”, declaró.

Las decisiones pendientes después de la sentencia

Caproni pidió a los abogados que prepararan argumentos sobre el lugar donde los tres deberán cumplir sus penas. La magistrada expresó reservas sobre la posibilidad de que permanezcan en la misma prisión.

“Son una influencia terrible el uno para el otro”, señaló la jueza, de acuerdo con CNN. La defensa planea pedir que los hermanos permanezcan juntos, incluso si reciben condenas de prisión.

El FBI arrestó a los tres el 11 de diciembre de 2024 en Miami Beach. Permanecen detenidos sin fianza desde entonces en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La audiencia de sentencia estaba prevista inicialmente para agosto de 2026. Dos aplazamientos trasladaron la definición del caso a este martes.

El veredicto, emitido el viernes tras seis horas de deliberación repartidas en dos días, puso fin a un caso que permaneció sin resolver durante más de una década, y en el que las pruebas forenses —ADN y huellas dactilares— resultaron determinantes para vincular al acusado con la escena del crimen, según informó Associated Press a través de CNN.

El juez Keith Gregory impuso a Salguero Olivares una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato. Además, dictó penas adicionales de 64 a 89 meses por robo con allanamiento y de 240 a 348 meses tanto por violación como por agresión sexual, que deberán cumplirse de forma consecutiva, de acuerdo con WRAL.

El acusado, de 33 años, no declaró durante el juicio, y su defensa concluyó sin presentar testigos. Según la misma cadena, Salguero Olivares apelará las condenas y las penas.

La investigación reunió más de 400 muestras de ADN en nueve años

El caso permaneció activo —nunca fue clasificado como caso frío, según la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI)— desde el hallazgo del cuerpo de Hedgepeth hasta el arresto de Salguero Olivares el 16 de septiembre de 2021.

Más de 25 agentes especiales de la SBI trabajaron junto al Departamento de Policía de Chapel Hill, y la pesquisa acumuló más de 400 muestras de ADN, miles de pistas y cientos de entrevistas, indicó la agencia en un comunicado recogido por ABC 7 Chicago.

El punto de inflexión llegó en agosto de 2021, cuando Salguero Olivares fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y proporcionó una muestra de ADN que, según los fiscales, coincidió con las pruebas halladas en la escena del crimen.

Huellas dactilares y ADN vincularon al acusado con la escena

La fiscalía sustentó su caso en pruebas forenses que, a su juicio, conectaron de modo contundente a Salguero Olivares con el apartamento de Hedgepeth. Peritos testificaron que las huellas dactilares y la huella palmar del acusado fueron encontradas en una botella de vino, y que su ADN fue hallado en el cuerpo de la víctima, en una nota escrita sobre una bolsa de comida rápida y en una botella de ron cubierta de sangre que los investigadores identificaron como el arma homicida, según 6abc.

Erin Ermish, científica forense del laboratorio criminal estatal, explicó que el ADN obtenido del cuerpo de Hedgepeth era 170 septillones de veces más probable que fuera una mezcla de ADN de la víctima y Salguero Olivares que de la víctima y un individuo desconocido. Para dimensionar esa cifra —un uno seguido de 24 ceros—, Ermish señaló que la NASA estima que el universo entero contiene apenas un septillón de estrellas. La mezcla de ADN hallada en la botella de ron arrojó una probabilidad aún mayor: 48,6 tredecillones de veces, es decir, un uno seguido de 42 ceros.

“Las pruebas forenses están gritando su nombre”, afirmó la fiscal Angela Garcia-Lamarca durante los alegatos finales, de acuerdo con Univision.

La noche del crimen, Hedgepeth quedó sola en su apartamento

La compañera de vivienda de Hedgepeth, Karena Rosario, testificó que ambas regresaron de un club nocturno alrededor de las 2:00 a. m. del 7 de septiembre de 2012. Rosario, que se sentía enferma, llamó a un amigo para que la recogiera y dejó a Hedgepeth sola. Horas más tarde, al volver al apartamento ubicado en el complejo Hawthorne at the View, en Old Chapel Hill Road, encontró el cuerpo de su compañera.

La autopsia reveló que Hedgepeth sufrió fracturas extensas en el cráneo y cortes en la cara y la cabeza, además de golpes graves en brazos y piernas. La fiscalía planteó que Salguero Olivares pudo haber asistido a una barbacoa organizada por un vecino esa noche, y que, tras intentar sin éxito acercarse a las jóvenes en el estacionamiento, regresó al apartamento.

Ningún testigo corroboró esa hipótesis, pero Garcia-Lamarca dijo al jurado: “No tienen que creer eso para saber que es culpable”.

La defensa cuestionó errores en la recolección de pruebas

Los abogados defensores centraron su estrategia en señalar fallos de la investigación: áreas del apartamento que la policía no registró, posibles indicios de sangre que se extraviaron y la interpretación de las pruebas de ADN. Argumentaron que el material genético hallado podía provenir de una relación sexual consentida ocurrida días antes del crimen.

“Tal vez él estaba viviendo la misma vida que otros jóvenes de 19 y 20 años”, planteó el abogado defensor Jason Murphy, según recogió Univision. La fiscal especial Lisa Coltrane descartó esa línea argumental: “No importa qué errores se hayan cometido o qué cosas se hayan pasado por alto, eso no borra la huella de la palma; no elimina el ADN del interior de Faith. Atraparon al tipo porque dejó su ADN como confeti por toda esa habitación”.

Los padres de Faith Hedgepeth expresaron alivio y hablaron de perdón

Tras el veredicto, el juez Gregory invitó a la familia de la víctima a dirigirse a la sala. Connie Hedgepeth, madre de Faith, declaró que sentía paz después de más de 14 años de espera. “Estoy feliz de que tengamos el cierre que necesitamos. He perdonado”, dijo, y agregó que su corazón también sufre por la familia de Salguero Olivares, según ABC 7 Chicago.

Roland Hedgepeth, padre de la joven, precisó que habían transcurrido 5.158 días desde el asesinato hasta el fallo. “Siempre supe que era un regalo de Dios”, dijo sobre su hija, y se dirigió a Salguero Olivares: “No tenías ninguna razón para quitarle la vida”. A pesar del dolor, afirmó que su fe le exige perdonar: “Lo digo sin reservas: perdono a Miguel por lo que hizo”.

La SBI destacó que el caso se utiliza ahora para la formación de nuevos agentes en su academia, y su director, Chip Hawley, agradeció la dedicación de todos los organismos involucrados en la investigación y la causa judicial.

Un grupo de diputadas de Costa Rica aprobó eliminar la anticoncepción de emergencia de un proyecto de ley que busca garantizar atención médica y apoyo a las personas que han sufrido una violación sexual.

La decisión fue tomada durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, donde seis legisladoras votaron a favor del cambio y una se manifestó en contra.

El medicamento, conocido popularmente como pastilla del día después, se utiliza para prevenir un embarazo luego de una relación sexual sin protección, incluida una agresión sexual.

La modificación fue respaldada por las diputadas oficialistas Kattia Calvo, Kattia Mora, Ana Ruth Esquivel y Mayuli Ortega, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como por Karen Alfaro y Andrea Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN).

La única legisladora que votó en contra fue Vianey Mora, del Frente Amplio, quien cuestionó que se retirara el medicamento de una iniciativa destinada a proteger a las víctimas.

¿Qué estaban cambiando las diputadas?

El proyecto, identificado con el expediente 23.633, pretende convertir en ley el llamado Protocolo de las 72 Horas.

Este protocolo establece cómo deben actuar las autoridades para atender a una persona durante las primeras horas después de sufrir una violación sexual.

Incluye atención médica, apoyo psicológico, medicamentos para prevenir infecciones, protección y recolección de pruebas que puedan utilizarse en una investigación judicial.

La propuesta original también contemplaba entregar anticonceptivos de emergencia cuando la víctima los solicitara, después de recibir información sobre su uso.

Sin embargo, esa parte fue eliminada del nuevo texto aprobado en comisión.

Diputadas quieren exigir una prueba de embarazo

Tras las críticas, Kattia Calvo, presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que las diputadas oficialistas están dispuestas a volver a incluir el medicamento.

No obstante, plantearon una condición: que la víctima se realice una prueba de embarazo antes de recibirlo.

Calvo señaló que la preocupación de su fracción es que una mujer pudiera estar embarazada antes de sufrir la agresión.

“Estamos dispuestas a volver a incluir la pastilla contraceptiva en las mociones que correspondan cuando se retrotraiga a comisión”, afirmó.

La propuesta de exigir una prueba todavía no está aprobada y deberá discutirse durante las siguientes etapas del trámite legislativo.

¿La pastilla del día después provoca un aborto?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las pastillas anticonceptivas de emergencia no provocan abortos ni interrumpen un embarazo existente.

Su función principal consiste en evitar o retrasar la liberación de un óvulo, con lo que se reduce la posibilidad de un embarazo.

Además, la organización señala que no es necesario realizar una prueba de embarazo antes de administrar estos medicamentos.

La anticoncepción de emergencia puede utilizarse hasta cinco días después de una relación sexual, dependiendo del método, aunque su eficacia suele ser mayor cuanto antes se utilice.

Por esa razón, especialistas han advertido que agregar requisitos innecesarios puede retrasar la atención.

Organizaciones médicas rechazan la decisión

La Fundación Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría cuestionaron la modificación.

Las organizaciones consideran que las personas que sufren violencia sexual necesitan recibir atención rápida y que no deberían enfrentar trámites adicionales sin justificación médica.

También solicitaron que el proyecto vuelva a incluir expresamente la anticoncepción de emergencia, especialmente para proteger a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.

¿Las víctimas ya no podrán recibir el medicamento?

No. La decisión no elimina el acceso actual a la pastilla del día después.

El medicamento continúa contemplado dentro de los procedimientos médicos vigentes para atender a víctimas de violación sexual.

Lo que hicieron las diputadas fue quitar del proyecto de ley la obligación expresa de garantizarlo.

Esto significa que todavía no existe una prohibición ni una modificación definitiva de la atención que ofrecen los centros de salud.

El proyecto deberá seguir su discusión en la Asamblea Legislativa, donde podría modificarse nuevamente antes de convertirse en ley.

Por ahora, las diputadas oficialistas mantienen su intención de reincorporar el medicamento con una prueba de embarazo previa, mientras organizaciones de salud insisten en que las víctimas deben recibir atención oportuna y sin requisitos que puedan retrasarla.

El influencer Braden Peters, conocido en redes sociales como Clavicular, se declaró no culpable de los cargos de violación, administración de sustancias para facilitar una relación sexual y suministro de alcohol a una persona menor de 21 años, durante una audiencia celebrada este jueves en Orleans, Massachusetts.

Peters fue acusado por un episodio que, según la denuncia penal, ocurrió en mayo de 2025 en la casa de su familia en Chatham, Cape Cod. La denunciante tenía entonces 17 años.

El juez fijó una fianza de USD 10.000, ordenó la entrega del pasaporte de Peters y le prohibió contactar a la joven o publicar contenidos sobre ella. La próxima audiencia está prevista para el 24 de noviembre. Si es condenado, podría recibir una pena de prisión perpetua, informó The New York Times.

La acusación penal coincide con una demanda civil previa presentada en Florida

La denuncia no identifica a la joven denunciante; sin embargo, los hechos consignados en los registros judiciales son los mismos de una demanda civil presentada previamente por Aleksandra Vasilevna Mendoza en Florida, precisó NBC News.

Según la acusación, Peters le envió un vehículo solicitado a través de una aplicación para que fuera a la vivienda familiar. Allí, presuntamente, le habría dado vodka mientras transmitía en Twitch y ambos se habrían besado cuando ella se encontraba ebria.

La denunciante declaró que, al despertar a la mañana siguiente, el influencer mantenía relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. En la vivienda se encontraban, presuntamente, la madre y la abuela de Peters.

En esa causa civil, también acusó a Clavicular de inyectarle una sustancia para disolver grasa que no contaba con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos durante la transmisión.

A comienzos de este mes, volvió a presentar la demanda, pero retiró las acusaciones de agresión sexual para evitar interferir con el proceso penal en Massachusetts, indicó NBC News.

La defensa sostiene que el vínculo fue consensuado y profesional

Los abogados de Peters negaron las acusaciones y afirmaron que la relación con la denunciante fue de carácter profesional y personal durante casi un año.

En un escrito presentado ante el tribunal, la defensa señaló que Mendoza creó contenido y generó ingresos junto a Peters después del supuesto hecho. Además, aportó mensajes y una carta que aparentemente reflejaban el interés de la joven por mantener el vínculo laboral y sentimental, reportó NBC News.

A su vez, los letrados alegaron que, a comienzos de 2026, Mendoza perdió acuerdos con marcas mientras aumentaba la popularidad del influencer y que ese contexto precedió a la presentación de la demanda civil.

Otro aspecto señalado por la defensa fue que, cuando la joven acudió a la Policía de Chatham en junio de 2026, declaró a los agentes que no se había sometido a un examen forense. Además, primero habría dicho que le había contado el hecho a una amiga y después manifestó que no se lo había comunicado a nadie.

“En ningún momento la denunciante informó de nada a la policía, ni a nadie, porque no había nada que denunciar”, declaró el abogado David Meier en un comunicado recogido por Associated Press.

El caso se suma a otros antecedentes judiciales del creador de contenido

Clavicular reúne cerca de un millón de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus transmisiones sobre “looksmaxxing”, una tendencia que promueve métodos para mejorar la apariencia masculina, incluidos procedimientos quirúrgicos y el uso de fármacos.

No es el primer problema legal que el creador de contenido protagoniza. Este año, Peters fue acusado de agresión menor luego de que la policía asegurara que instigó una pelea entre dos mujeres y difundió un video del incidente en internet. Sin embargo, el cargo fue desestimado, consignó Associated Press.

Posteriormente, fue acusado junto a otras dos personas por disparar contra un caimán en Florida. Peters se declaró sin objeción a un cargo por efectuar disparos en público, por el que recibió seis meses de libertad condicional y 20 horas de servicio comunitario.

La Justicia ordenó que la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton atraviese una evaluación psicológica y psiquiátrica. La medida fue requerida por Alejandra Provitola, la jueza del caso, luego de que la denunciante se ausentara por presuntos motivos de salud mental a su citación en el marco de la causa el martes 6 de este mes. Así, Provitola fijó una nueva citación para que la mujer se presente la semana próxima y requirió el estudio al decano del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación para evaluar el estado de la denunciante de cara a sus dichos.

En su pedido, la magistrada requirió que el Cuerpo Médico Forense determine “su estado psicofísico actual, con determinación de los rasgos fundamentales de su personalidad y estado de consciencia”, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. También, que los peritos que dependen de la Corte Suprema verifiquen “si se encuentra en condiciones psicofísicas de prestar declaración testimonial o estar en juicio”.

Provitola, por otra parte, pidió una serie de puntos de pericia, además de la existencia de las consideraciones básicas para que la mujer acusadora declare o no. Entre ellas, si existen “indicadores de comportamiento compatibles con haber sido víctima de actos de violencia física, psicológica y/o sexual”, y también si “presenta signos compatibles con estrés post -traumático, fobias, depresión o alguna otra consecuencia derivada de eventos violentos o abusivos”.

Finalmente, requirió al CMF que determine si se recomienda un tratamiento, y si la denunciante presenta “riesgo cierto e inminente” para sí misma, o para otros.

Idas y vueltas

La jueza había archivado una denuncia realizada por la misma mujer en diciembre de 2023, y por el mismo delito, luego de que la presunta víctima negó incluso llamar al 911 para acusar al cantante de Turf y figura televisiva. Este archivo, incluso, fue ratificado en diciembre de 2024 por la Sala 7 de la Cámara. Levinton nunca fue sobreseído en este caso. La acusación, simplemente, no avanzó por falta de elementos.

En aquella causa de 2023, la jueza Provitola y su equipo agotaron las medidas para que la denunciante declare. En aquel entonces, la presunta víctima de “refirió que no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”, apuntó la magistrada en aquel momento. Tres años más tarde, la denunciante acusó a Levinton de vuelta por los mismos hechos.

Los delitos de alto impacto registran comportamientos diferentes en Panamá durante 2026, con aumentos significativos en las lesiones personales y la violencia doméstica, mientras los robos presentan una disminución.

El Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC) clasifica estas conductas como delitos de alto impacto por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

Según la institución, esta denominación responde al bien jurídico que afectan, las modalidades utilizadas para cometerlos y la conmoción social que generan, factores que contribuyen a profundizar la percepción de inseguridad entre la población.

Entre enero y agosto, las cinco categorías analizadas acumularon 39,037 registros, según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC), elaboradas con información del Ministerio Público.

El informe revela que las lesiones personales experimentaron el mayor crecimiento porcentual, con un incremento de 44.7%, al pasar de 6,035 casos durante los primeros ocho meses de 2025 a 8,737 en el mismo período de 2026. La diferencia representa 2,702 registros adicionales, en una categoría que mantuvo cifras superiores a las del año anterior durante todos los meses analizados.

La provincia de Panamá concentró 3,837 casos de lesiones personales, frente a los 2,560 registrados en 2025, seguida de Panamá Oeste, que pasó de 890 a 1,515. Chiriquí contabilizó 1,064 y Veraguas alcanzó 522. El informe también muestra que mayo fue el mes de mayor incidencia nacional, con 1,278 registros, mientras julio y agosto cerraron con 1,263 cada uno.

La violencia doméstica fue la categoría con mayor número de registros, al contabilizar 12,579 casos, frente a los 10,463 del año anterior, equivalente a un incremento de 20.22%. Esto significa que se reportaron 2,116 hechos adicionales en ocho meses, con cifras mensuales que oscilaron entre 1,423 en febrero y 1,654 en mayo.

En su distribución territorial, Panamá encabezó las estadísticas de violencia doméstica con 3,934 registros, seguida de Panamá Oeste, que aumentó de 1,969 a 2,968. Chiriquí reportó 1,670 casos y Colón contabilizó 928. También se observaron incrementos en Coclé y Veraguas, mientras Bocas del Toro presentó una reducción de 417 a 393 denuncias.

Los hurtos continuaron entre los delitos más frecuentes, con 11,816 casos acumulados, un aumento de 2.4% frente a los 11,538 del mismo período de 2025. Aunque el crecimiento fue moderado, la provincia de Panamá concentró 6,894 registros, seguida de Panamá Oeste con 1,431 y Chiriquí con 1,180, según el desglose geográfico del SIEC.

El comportamiento mensual de los hurtos muestra que julio fue el período de mayor incidencia, con 1,607 casos, seguido de agosto, cuando se contabilizaron 1,559. En contraste, algunas provincias registraron reducciones respecto al año anterior, entre ellas Chiriquí, Coclé, Colón y Bocas del Toro, mientras Panamá Oeste y Los Santos reportaron incrementos.

Los robos fueron la única categoría que presentó una disminución clara en el informe, al pasar de 3,741 hechos durante enero-agosto de 2025 a 3,606 en 2026.

La reducción fue de 3.6%, equivalente a 135 casos menos. Sin embargo, agosto registró 537 robos, la cifra mensual más elevada del período analizado.

En términos geográficos, Panamá concentró 2,331 robos, seguida de Panamá Oeste con 460 y Chiriquí con 319. Las tres jurisdicciones reunieron la mayor parte de los hechos registrados. Aunque hubo disminuciones en varios territorios, Coclé pasó de 105 a 109 casos y Veraguas de 36 a 49, mientras la comarca Ngäbe Buglé también presentó un aumento.

Las denuncias por violación alcanzaron 2,299 casos entre enero y agosto, frente a los 2,283 contabilizados un año antes, lo que representa un incremento de 0.7%. Chiriquí encabezó los registros con 515, seguida de Panamá con 480 y Panamá Oeste con 383. La comarca Ngäbe Buglé reportó 263 casos, la misma cantidad del período anterior.

El desglose mensual evidencia que mayo concentró la mayor cantidad de violaciones, con 355 registros, seguido de julio con 332 y agosto con 324. Las estadísticas también reflejan aumentos en Panamá y Chiriquí, mientras Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Colón registraron reducciones en comparación con los primeros ocho meses de 2025.

La historia que sigue es una de las más aberrantes de la historia penal reciente. En las últimas horas, una reconocida fiscal pidió la elevación a juicio de un vigilador privado de 34 años, padre de una hija, oriundo de Villa Soldati. La acusación en su contra es extrema: violar a su madre, manosear a su tía y abusar también de su ex. Su propia madre lo denunció en la Oficina de Violencia Doméstica. A pesar de la acusación, el sospechoso -hoy detenido- todavía recibe el sueldo de una empresa de seguridad privada, con aportes pagos hasta hoy.

El caso, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro -hoy a cargo de esclarecer la denuncia por estafa contra Hernán Casciari-, analiza cinco años de presuntos ataques sexuales, desde 2021 hasta 2025. El expediente tuvo una segunda vida, por así decirlo: ya había sido archivado previamente por otra fiscalía porteña.

Sin embargo, Cuñarro retomó la investigación, para impulsarla ante el Juzgado N°63, con tomas de nuevos testimonios, análisis de chats y un lapidario informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. El nombre del acusado será preservado en esta nota por un motivo simple: revelarlo implica exponer a sus víctimas. Las acusaciones, que detallan hechos grotescos, infames, hablan por sí solas.

El presunto abuso a su madre ocurrió el 12 de diciembre de 2025 en la casa de la víctima. Madre e hijo “habían ingerido bebidas alcohólicas en exceso”, según un documento de la causa. “En ese contexto, el imputado comenzó a agredirla verbalmente mediante reclamos, recriminaciones y gritos, produciéndose entre ambos una fuerte discusión”, continúa el documento: “Afectada por la ingesta de alcohol y con su capacidad de percepción y evocación disminuida, el imputado se aproximó a ella y la penetró”.

A la mañana siguiente, la víctima, una mujer de 57 años que durante años trabajó en empresas de limpieza y en el rebusque de venta de ropa, se despertó sin su ropa interior, con marcas en sus brazos, y un fuerte ardor en la zona vaginal. Al denunciar el hecho, la madre aportó a la Justicia los chats que ilustran esta nota, donde su hijo, con letras en un fondo blanco, habla de la borrachera de los días previos.

Borracho en familia

Los presuntos abusos a su tía, tocamientos en los glúteos y los pechos, habrían ocurrido en una serie de fiestas familiares en Villa Soldati. Una de ellas fue, por ejemplo, la Nochebuena de 2024. Según denunció su tía, su sobrino ebrio le manoseó los pechos mientras bailaban.

La denuncia de la ex del vigilador privado -que acumula más de $40 millones en deudas según datos del Banco Central- es también de una gravedad notable. La mujer, que es la madre de su hija del acusado, aseguró que la sometió a palizas a lo largo de 2021 porque “se lo merecía”. Incluso, que en varias ocasiones, la penetró sin su consentimiento, mientras estaba dormida. El acusado, por otra parte, trabajó en los años de estas acusaciones no en una sola empresa de seguridad privada, sino en tres.

La indagatoria y la pericia forense

El vigilador privado se negó a declarar al comienzo del caso. Luego, aceptó hablar. Sobre su ex, dijo que la madre de su hijo había comenzado una relación paralela seis meses antes del fin de su vínculo. Sobre su tía, dijo que mentía, y que básicamente lo provocaba desde chico. “Su tía habría mantenido desde su infancia conductas de índole inapropiada hacia él, tales como sentarse sobre sus piernas, tomarle la mano y decirle que era su novio”, asegura una transcripción del caso.

Finalmente, negó la acusación de su madre. Incluso, afirmó que su madre lo abandonó cuando cumplió dos meses para vivir con sus abuelos, y que reconectaría con ella a los seis años para vivir en La Boca, en medio de situaciones de maltrato. “Además de las golpizas, ella lo llevaba a bañarse por la fuerza y le frotaba intensamente las zonas genitales y los glúteos, al punto de provocarle lesiones con las uñas”, continúa la transcripción. El vigilador aseguró, luego, que otras dos de sus tías conocían estas situaciones.

El alcohol es un elemento permanente en esta historia. La palabra aparece 20 veces en las 39 páginas del pedido de elevación a juicio de la fiscal Cuñarro. Antes de supuestamente violar a su madre en diciembre de 2025, en medio del episodio, el vigilador fue a buscar más cerveza y volvió.

La madre declaró aún más. Afirmó que, ese 12 de diciembre del año pasado, discutió con su hijo por los supuestos maltratos que recibía su nieta de manos de la nueva pareja de su imputado. Recordó, brevemente, el momento de la presunta violación: “Describió concretamente haberlo visto sobre su cuerpo realizando movimientos pélvicos, para luego perder nuevamente el registro de lo ocurrido”.

Una amiga de la mujer y su hermana declaró también en la causa; afirmó que vio a ambas mujeres llorar “desconsoladamente el 1° de enero último". Allí, la madre afirmó que su hijo la había violado. La mujer comenzó a ser tratada por un psiquiatra un mes y medio más tarde. }

Ese psiquiatra declaró también. La mujer “inicialmente presentaba un importante cuadro de angustia, ansiedad, temor a permanecer sola y salir de su domicilio, insomnio, anhedonia e hipobulia, que motivó la indicación de tratamiento farmacológico con citalopram y clonazepam”. Una psicóloga que también la trató afirmó que presentaba “sentimientos de culpa y humillación”.

Finalmente, intervino el Cuerpo Médico Forense, no solo sobre las víctimas, sino sobre el propio imputado. Sobre la madre, los peritos de la Corte afirmaron que “las técnicas administradas arrojaron indicadores de sintomatología postraumática significativa, con puntuaciones superiores al punto de corte para estrés postraumático y manifestaciones vinculadas con intrusión”. El diagnóstico de la ex pareja del vigilador fue sumamente similar: tensión emocional, ansiedad, impotencia.

Un hombre acusado de violar a su madre, manosear a su tía y violar a su ex tras darle palizas casi a diario debería ser un monstruo mental. El Cuerpo Médico Forense dijo lo contrario. El vigilador, al ser analizado, “presentaba atención normal, memoria sin fallas groseras, pensamiento de curso y ritmo conservados, ausencia de ideación patológica y juicio preservado”.

El acusado, concluyeron, “no presenta alteraciones psicopatológicas que configuren un trastorno mental severo de relevancia actual, sus facultades mentales se encuentran conservadas y compensadas”.

Una empleada adolescente denunció ante sus superiores que había sido violada por un compañero de mayor edad. La respuesta, tal como consta en el expediente judicial, fue que “no se podía hacer nada porque la agresión había ocurrido fuera del trabajo”.

Los Angeles Times asegura que el caso no fue aislado: la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) determinó que al menos un centenar de trabajadoras sufrieron hostigamiento sexual en las sucursales de Il Fornaio, una cadena de restaurantes italianos con 15 locales en California y Nevada.

La demanda federal, interpuesta en 2022, acusó a la compañía —con sede en Corte Madera, al norte de San Francisco— de sostener un ambiente laboral hostil y de castigar a las empleadas que se atrevieron a hablar.

Tras cuatro años de litigio, la cadena aceptó un acuerdo que incluye compensaciones económicas y tres años de reformas internas obligatorias, según anunció la oficina distrital del organismo en Los Ángeles.

Qué denunció la demanda federal

De acuerdo con la comisión federal, supervisores y empleados de múltiples sucursales sometieron a las trabajadoras a conductas que incluyeron “manoseos forzados en baños, múltiples casos de tocamientos en partes íntimas, pedidos de favores sexuales y referencias explícitas a actividades sexuales”.

Una versión enmendada de la queja, presentada en 2024, detalló que el comportamiento abusivo provenía de todos los niveles: desde el vicepresidente de operaciones hasta gerentes, bartenders, cocineros de línea y personal de apoyo.

El expediente describió las conductas como una práctica “abierta y notoria”, ratificada por la alta gerencia, que provocó una rotación constante de trabajadoras forzadas a renunciar por las condiciones intolerables.

Cómo respondía la empresa ante las quejas

La demanda señaló que numerosas mujeres presentaron quejas ante sus gerentes, pero estas fueron desestimadas de manera sistemática. Las empleadas, “muchas de ellas adolescentes en su primer trabajo”, quedaron desprotegidas y obligadas a lidiar solas con el problema, indicó el organismo.

La situación se agravó en julio de 2020, cuando Il Fornaio eliminó su departamento de Recursos Humanos, lo que dejó al personal sin un canal efectivo para presentar denuncias.

Quienes insistieron en quejarse enfrentaron intimidación, reducción de horas laborales y despidos, de acuerdo con la causa.

Los episodios en las sucursales del sur de California

Las sedes mencionadas en el caso se concentran en el sur del estado: Pasadena, Manhattan Beach, Irvine, Newport Beach, Woodland Hills y Santa Mónica, algunas de las cuales ya cerraron.

En Pasadena, las empleadas describieron un patrón de agresiones sexuales sistemáticas por parte de gerentes y personal.

Un mesero frotó sus genitales contra la espalda de una recepcionista, mientras que otros trabajadores tocaron a mujeres y formularon comentarios explícitos sobre sus cuerpos. En Irvine, un empleado siguió a una trabajadora hasta el baño de mujeres, la acorraló contra la pared y la manoseó.

En Manhattan Beach, cocineros y meseros se frotaron contra las empleadas y realizaron comentarios sexuales no deseados, tal como recogió el diario californiano.

La postura de la cadena y los términos del acuerdo

Representantes de la empresa rechazaron los señalamientos. En sus escritos legales, aseguraron que “no existió un patrón o práctica de discriminación, acoso o represalias a nivel de la compañía”.

Hope Case, abogada de la cadena, afirmó que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, sino un recurso para “evitar la carga, el costo y la incertidumbre de un litigio prolongado”.

La letrada sostuvo que Il Fornaio se enorgullece de fomentar un ambiente laboral positivo y que sus índices de retención son altos para los estándares de la industria gastronómica.

La cadena nació como escuela de panadería en Italia en la década de 1970. Abrió sus primeras panaderías en Estados Unidos en 1981 —en San Francisco y Beverly Hills— y su primer restaurante en 1987. En octubre de 2019, el grupo japonés de restauración Create Restaurants Holdings adquirió la firma.

Beatriz B. Andre, fiscal regional interina de la EEOC en Los Ángeles, declaró que “el acoso sexual sigue siendo un problema generalizado en la industria de los restaurantes” y que durante la investigación se identificó a más de 100 mujeres perjudicadas.

Christine Park-Gonzalez, directora de la misma sede, agradeció a quienes “se presentaron y compartieron con valentía sus historias”.

Además del pago de USD 3 millones en compensación, el acuerdo establece tres años de reformas laborales obligatorias.

Entre las medidas, la cadena deberá mantener una función de recursos humanos dedicada en cada restaurante y contratar a un monitor externo que realice auditorías y verifique el cumplimiento del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, la norma federal que prohíbe los ambientes laborales hostiles por razón de sexo, informó el Times.

Cinco de los adolescentes fueron ubicados en el área de bienvenida del centro. El sexto, señalado por el episodio ocurrido en el baño, quedó separado del resto mientras las autoridades recaban testimonios y evalúan la denuncia presentada por la madre del menor que dijo haber sido afectado.

El hecho habría ocurrido cerca de las 16:00, después de que los seis jóvenes jugaron fútbol. Según la denuncia, los estudiantes ingresaron a las duchas y conversaban mientras realizaban ejercicios para contrarrestar el frío. La situación derivó en versiones contrapuestas entre el denunciante, el acusado y los otros cuatro adolescentes que estaban en el lugar.

El adolescente denunciante afirmó que temía por su seguridad dentro de Maranguita

El estudiante que presentó la denuncia sostuvo que se encontraba de espaldas mientras se quitaba el champú cuando advirtió un movimiento detrás de él. Según su relato, vio de reojo que uno de sus compañeros tomó una escoba y dirigió el palo hacia la zona de sus nalgas.

El menor afirmó que reaccionó al advertir la maniobra y preguntó al otro alumno por qué actuaba de esa forma. La denuncia sostiene que el objeto habría rozado una parte de su cuerpo, aunque ese extremo forma parte de las diligencias que deben determinar las autoridades a cargo del caso.

“Me siento triste, me siento con bastante miedo, intranquilo y la verdad ahí siento que mi vida corre peligro”, manifestó el adolescente. También explicó que conoce al estudiante acusado desde que ambos tenían ocho años y que mantenían una relación de amistad antes de este episodio.

La denuncia surgió mientras los seis alumnos permanecían internados por otro caso

Los seis jóvenes habían sido internados en Maranguita por una acusación anterior de presunto ultraje contra otro alumno del Liceo Naval. El estudiante que ahora denunció el episodio con la escoba había expresado arrepentimiento por no haber intervenido para impedir aquella presunta agresión.

Al referirse a su vínculo con el compañero al que acusa, el adolescente afirmó que ambos habían sido amigos durante años. “Él siempre ha sido un buen amigo conmigo, yo también he sido un buen amigo con él, pero esto ya se ha ido de las manos y estoy muy preocupado”, declaró.

La nueva denuncia abrió una investigación interna en el centro juvenil. La separación del alumno señalado busca evitar contactos con el denunciante y con los otros estudiantes mientras se revisan los relatos entregados ante las autoridades. El caso involucra a menores de edad, por lo que sus identidades se mantienen en reserva.

El alumno acusado negó una maniobra contra su compañero con la escoba

El adolescente señalado rechazó haber intentado atacar a su compañero. De acuerdo con su versión, tomó la escoba únicamente para dejarla junto a un tacho y no realizó movimientos dirigidos hacia el cuerpo del denunciante.

“En ningún momento me puse a hacer maniobras con la escoba y tampoco he apuntado a sus nalgas”, sostuvo el alumno acusado. El menor aseguró que se trató de una coincidencia y negó que hubiera tenido intención de agredir o incomodar al otro estudiante.

El joven también vinculó la denuncia con un posible intento de la madre del adolescente para que su hijo pueda abandonar el centro y enfrentar el proceso desde su domicilio. Esa versión no ha sido acreditada de manera pública y forma parte del descargo presentado por el estudiante investigado.

Tres de los cuatro testigos respaldaron la versión del denunciante

Los cuatro alumnos que estaban en las duchas fueron consultados sobre lo ocurrido. Tres de ellos brindaron relatos que respaldan, en distintos niveles, la versión del denunciante. El cuarto afirmó que no observó la secuencia denunciada.

Uno de los estudiantes aseguró que vio al alumno acusado acercar el palo de escoba al cuerpo de su compañero. Según su declaración, el objeto habría rozado la nalga derecha del denunciante y el joven señalado se habría reído después de ese contacto.

Otros dos testigos indicaron que observaron movimientos con la escoba que interpretaron como un intento de atacar al adolescente. Las declaraciones coinciden en que hubo una maniobra con el palo de escoba, aunque las versiones deberán ser contrastadas con las diligencias y los elementos que recojan las autoridades.

La investigación deberá determinar si existió una agresión o un acto fortuito

El caso se centra en establecer si el movimiento descrito por los testigos respondió a una conducta intencional o a la acción casual que alegó el adolescente acusado. También deberá definirse el alcance de un eventual contacto físico y las circunstancias en las que ocurrió dentro de las duchas.

La situación adquiere una dimensión adicional porque los seis alumnos se encuentran bajo custodia en un centro de rehabilitación juvenil por una investigación previa. Cinco permanecen en el área de bienvenida y uno fue aislado tras la nueva denuncia, una medida adoptada para mantenerlos separados mientras continúa la evaluación del caso.

La madre del adolescente denunciante pidió que se investigue lo ocurrido y se garantice la seguridad de su hijo dentro de Maranguita. Las autoridades deberán recoger las declaraciones de los menores, revisar los protocolos internos del establecimiento y determinar las medidas que correspondan según los resultados de la investigación.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 15 de octubre la detención de Carlos Alexander C., de 35 años, acusado de mantener encerrada a su compañera de vida, privarla de alimentos y agredirla de forma reiterada con un martillo. El procedimiento ocurrió en el cantón Ashapuco, en Ahuachapán Centro, departamento de Ahuachapán.

Según información publicada por la PNC por medio de sus redes sociales, la víctima se encontraba dentro de la vivienda junto a su hijo cuando un equipo policial atendió la denuncia. Los agentes permanecieron en el lugar hasta que el sospechoso regresó de su trabajo.

Al llegar a la casa, los policías le solicitaron que abriera la puerta. De acuerdo con la institución policial, el individuo reaccionó de forma violenta durante el operativo, tras lo cual quedó bajo custodia.

La víctima fue trasladada a un hospital por lesiones y una fractura

La mujer fue trasladada a un hospital, donde permanecía ingresada debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo. La PNC indicó que también sufrió una fractura en uno de sus brazos.

La denuncia señala que el hombre dejaba a su pareja encerrada en la vivienda sin alimentos y la atacaba con frecuencia. Entre las agresiones denunciadas figura el uso de un martillo con el que presuntamente le habría causado parte de las lesiones.

El hijo de la víctima estaba con ella dentro del inmueble cuando llegaron los agentes. Las autoridades no brindaron detalles sobre su edad ni precisaron desde cuándo habrían ocurrido los hechos investigados.

El detenido tenía una orden judicial por violación agravada, según la PNC

Tras la captura, la Policía Nacional Civil consultó el sistema de Órdenes de Novedad e Información (ONI). Según la institución, la verificación permitió confirmar que el detenido tenía una orden judicial de captura por violación agravada en modalidad de delito continuo.

Carlos Alexander C. será puesto a disposición del tribunal que emitió esa orden. Además, la PNC indicó que será remitido por los delitos de privación de libertad, lesiones y amenazas.

De igual manera, la Policía Nacional Civil atribuyó el procedimiento a uno de sus equipos desplegados en Ahuachapán Centro, tras recibir el aviso de la víctima. La institución presentó el caso como una intervención derivada de una denuncia directa, que permitió ubicar a la mujer y a su hijo dentro de la vivienda.

El detenido enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que le atribuyen las autoridades. La situación médica de la víctima quedó bajo seguimiento hospitalario, mientras continúa ingresada por las lesiones y la fractura sufridas.

La PNC señaló que el caso pasará a la instancia judicial, donde se definirá la situación procesal por la orden pendiente y por los nuevos cargos vinculados con la denuncia de su compañera de vida.

El sistema ONI de la Policía Nacional Civil de El Salvador es una herramienta tecnológica de consulta en tiempo real. La misma permite a los agentes revisar antecedentes delictivos y órdenes de captura, además de identificar personas mediante reconocimiento facial durante operativos y patrullajes.

La propuesta alcanzaría a más de ocho millones de estudiantes de escuelas estatales en Perú. Aunque las instituciones privadas no estarían obligadas a aplicar el reglamento, podrían tomar sus criterios como referencia para actualizar sus propios códigos de convivencia y medidas correctivas.

El documento prevé incorporar una nota de conducta y establecer una escala para distinguir faltas leves, graves y muy graves. Cada categoría tendría respuestas disciplinarias específicas, que incluirían llamados de atención, reparación del daño, restricciones temporales, separación del aula, suspensiones, matrícula condicional y expulsión.

Las faltas leves podrían derivar en llamados de atención y restricciones temporales

Las faltas leves abarcarían situaciones reiteradas que afectan el desarrollo de la clase, como distraerse de forma constante o interrumpir a otros alumnos. Ante esos casos, las autoridades escolares podrían imponer una amonestación verbal o escrita, según la recurrencia de la conducta y sus efectos sobre la convivencia.

En un segundo nivel de medidas, el estudiante podría tener que ofrecer disculpas, reparar un daño material o compensar una afectación causada a otro integrante de la comunidad educativa. El esquema también contempla la restricción temporal de los espacios de recreación, una sanción que implicaría permanecer en actividades asignadas mientras el resto de los alumnos dispone de ese momento de descanso.

La separación temporal del aula sería otra alternativa cuando un alumno altere la convivencia o hostigue a un compañero. La suspensión tendría un límite de tres días hábiles y no podría aplicarse más de cuatro veces en un mismo año escolar. La intención es que la intervención disciplinaria mantenga una proporción con la falta y permita acciones de corrección antes de medidas más severas.

El uso indebido del celular y las tardanzas figuran entre las faltas graves

La categoría de faltas graves incorporaría el uso indebido de teléfonos celulares durante las clases, la acumulación de tres tardanzas injustificadas en un bimestre, la violencia psicológica y la posesión o consumo de sustancias prohibidas. Estas conductas podrían llevar a una matrícula condicional, una medida que deja al estudiante bajo advertencia formal.

La matrícula condicional supondría que el alumno continúe sus estudios en el establecimiento, pero con la obligación de no repetir comportamientos que vulneren las normas. Si reincide en hechos sancionables, el colegio podría avanzar hacia una separación definitiva. El reglamento busca establecer una secuencia de respuestas claras para estudiantes, docentes y familias.

El debate sobre los lineamientos parte de una preocupación por la pérdida de autoridad docente y el aumento de conflictos dentro de las escuelas durante los últimos años. Entre los problemas mencionados aparecen la indisciplina, las agresiones entre alumnos y el acoso escolar, situaciones que requieren protocolos para intervenir sin dejar librada cada decisión a criterios aislados de las instituciones.

El acoso, la violencia sexual y la tenencia de armas podrán tener expulsión definitiva

Las faltas muy graves incluirían el acoso escolar, el bullying, la violencia sexual, el cobro de cupos y la tenencia de armas. Frente a estas conductas, la sanción podría llegar a la separación definitiva del estudiante. Los casos que involucren delitos o situaciones de riesgo para menores también exigirían la actuación de las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos aplicables.

El uso de celulares aparece como uno de los puntos que podría abrir discusión entre las familias y las comunidades educativas. La regulación busca limitar conductas que interrumpen las clases o afectan la relación entre alumnos, aunque el debate también contempla el vínculo entre el uso excesivo de dispositivos, la exposición en redes sociales y la salud mental de los adolescentes.

Los lineamientos añadirían disposiciones sobre la presentación personal, con restricciones para el maquillaje, el esmalte de uñas, el cabello excesivamente largo o teñido y el largo de la falda del uniforme. Algunos sectores cuestionan que esas prohibiciones resuelvan los problemas de convivencia. La Coordinadora Nacional de Padres de Familia Yappafas del Perú respaldó la discusión, aunque reclamó medidas complementarias, como la presencia de psicólogos en cada institución educativa estatal.

La prepublicación del proyecto permitiría que madres, padres y otros integrantes de la comunidad escolar presenten observaciones antes de la aprobación de las reglas definitivas. Ese proceso definirá el alcance final de las sanciones y las obligaciones que deberán aplicar los colegios públicos del país.

El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, integrante de la Policía de Mendoza, fue acusado formalmente por la Justicia de violar a una mujer que estaba detenida en una comisaría.

Según medios mendocinos, el agente fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado tras la denuncia de la víctima, de 42 años, que permanecía arrestada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, que investiga si el policía abusó de la mujer mientras cumplía tareas de escribiente. La denunciante, que estaba privada de libertad por causas de estafa, y señaló que fue abusada después de que había pedido ir al baño.

De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, especialistas del Cuerpo Médico Forense realizaron pericias psicológicas y físicas a la víctima y determinaron que hay rastros compatibles con una relación sexual. En ese sentido, la Fiscalía considera que, por el contexto de encierro, la mujer no podía prestar un consentimiento válido para ese acto sexual.

La Fiscalía calificó el expediente como “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones”.

Según la denuncia, Moyano Sánchez llevó a la mujer desde la celda 6 hasta el baño de la comisaría. Allí habría ocurrido el abuso. Una hora después, la detenida pidió un teléfono para comunicarse con su abogado y le relató lo sucedido. El letrado presentó la denuncia ante la Fiscalía de Homicidios. La Fiscalía ordenó la detención del uniformado y su traslado a las celdas del Polo Judicial.

También se secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambos. Los análisis habrían encontrado elementos compatibles con una relación sexual.

Pericias y medidas en la Comisaría Séptima

La Fiscalía analiza las cámaras de seguridad de la Comisaría Séptima, los libros de detención y las declaraciones de otras mujeres que estaban alojadas en esa dependencia al momento del hecho.

La denunciante estaba detenida desde el 9 de agosto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Tenía antecedentes por estafa genérica, estafa mediante nombre supuesto, calidad simulada y apariencia de simulación, además de otros tres casos de estafa genérica.

El acusado no portaba su arma reglamentaria porque había estado detenido por una causa de violencia de género y se encontraba bajo control psicológico, según indicó el medio.

El Ministerio de Seguridad y Justicia ordenó el apartamiento inmediato del efectivo de la Comisaría Séptima, con un posible pase a situación pasiva.

La Fiscalía Provincial de Talara y personal de investigaciones de la Comisaría de Talara Baja investigan una presunta agresión sexual contra una alumna de la I.E. Santa Rosa de Lima de la provincia de Talara, región Piura. El hecho habría ocurrido el pasado miércoles 7 de octubre dentro de un aula del nivel secundario, según consignó el medio El Tiempo.

De acuerdo con la denuncia, el presunto ataque se produjo durante el horario de recreo, cuando dos alumnas habrían engañado a la estudiante para retenerla dentro de un salón de clases. Posteriormente, las menores habrían cerrado la puerta y permitido el ingreso de otros escolares, quienes presuntamente participaron en la agresión contra su compañera, alumna del cuarto grado de secundaria.

Madre de la víctima denunció agresión

Tras el presunto ataque, la menor contó lo ocurrido a su madre, quien acudió de inmediato a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y a la Comisaría de Talara Baja para denunciar los hechos. La Fiscalía de Familia dispuso, en primera instancia, activar los protocolos de protección correspondientes a favor de la estudiante.

El Ministerio Público coordinó con las autoridades educativas y policiales para que la presunta víctima sea sometida a una serie de exámenes psicológicos y médico-legales. Estas diligencias buscan determinar su estado físico y de salud, además de reunir los elementos necesarios para establecer las circunstancias del hecho denunciado.

Al menos 10 escolares habrían participado

De acuerdo con las investigaciones preliminares, diez escolares, varones y mujeres, de entre 15 y 16 años, estarían involucrados en la presunta agresión sexual, según información recogida por El Tiempo.

Los adolescentes fueron notificados para brindar sus declaraciones ante las autoridades competentes. Las diligencias fiscales buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de cada uno de los menores señalados.

Defensoría supervisa caso en Talara

Comisionados de la sede de Piura supervisan las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público tras la denuncia de presunto abuso sexual que involucraría a estudiantes de la institución educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en la provincia de Talara. El seguimiento busca garantizar que las investigaciones se desarrollen de manera célere y con enfoque de género.

Asimismo, se exhortó a las autoridades del sector Educación a activar de inmediato los protocolos correspondientes para atender casos de violencia escolar en la institución. También se recordó que la identidad y los derechos de los adolescentes involucrados deben mantenerse bajo estricta protección durante el desarrollo de las diligencias.

Emiliano de Jesús Díaz Udiel quedó en prisión preventiva luego de que un juez resolviera mantenerlo detenido mientras continúa la investigación por el delito de violación agravada continuada contra una menor de edad.

La resolución se emitió durante la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia de Danlí presentó los elementos que sustentan la acusación.

De acuerdo con el Ministerio Público de Honduras, los hechos que se le atribuyen habrían comenzado en 2022, cuando la menor se encontraba en una vivienda ubicada en el valle de Jamastrán. Además de la acusación por violencia sexual, las autoridades investigan una presunta situación de explotación laboral relacionada con la menor.

El acusado ha sido identificado como líder religioso. El proceso judicial está relacionado con los hechos que la Fiscalía le atribuye, no con su actividad religiosa.

La Fiscalía sostiene que los hechos investigados se habrían prolongado a partir de ese año. El expediente busca establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron las agresiones, el período durante el cual se habrían producido y las condiciones en las que permanecía la menor.

Al tratarse de una investigación relacionada con una menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva su identidad y otros datos que permitan identificarla.

La acusación corresponde a una violación agravada continuada, figura penal que contempla la reiteración de conductas delictivas de naturaleza sexual bajo determinadas circunstancias. Será durante el desarrollo del proceso que los tribunales deberán valorar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.

Indicios de explotación laboral

El Ministerio Público informó que durante las investigaciones se identificaron indicios relacionados con una presunta explotación laboral de la menor. Ese señalamiento forma parte de los elementos que están siendo investigados y no implica una responsabilidad ya establecida.

Por esa razón, además de la Fiscalía de la Niñez, participaron instituciones encargadas de la protección de menores y de la prevención y atención de situaciones relacionadas con explotación y trata de personas: la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fueron incorporadas a las acciones de protección.

Una vez identificada la situación, las instituciones activaron mecanismos de protección integral para la menor. En investigaciones de esta naturaleza, la actuación estatal tiene dos componentes paralelos: determinar si se cometió un delito y garantizar que la persona menor de edad permanezca protegida mientras se desarrolla el proceso.

Próximas etapas del proceso

La decisión adoptada durante la audiencia inicial implica que Díaz Udiel deberá permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso. El auto de formal procesamiento no equivale a una condena: la prisión preventiva es una medida cautelar y la acusación deberá someterse a las diferentes etapas del proceso penal.

Después de la audiencia inicial, el proceso continuará con las etapas correspondientes del procedimiento penal. La Fiscalía deberá sostener su acusación y presentar los elementos que considere necesarios para demostrar los hechos que atribuye al procesado.

También podrán surgir nuevas diligencias destinadas a establecer con mayor precisión cuándo, dónde y bajo qué circunstancias habrían ocurrido los hechos investigados, incluidos los relacionados con la presunta explotación laboral. Mientras tanto, la menor permanecerá bajo medidas de protección.

Cuando una investigación involucra a una persona menor de edad, las autoridades tienen la obligación de evitar que la víctima sea expuesta durante el proceso. Esto implica mantener su identidad en reserva, reducir la posibilidad de revictimización y garantizar que pueda recibir atención especializada.

En este caso, la intervención conjunta de la Fiscalía, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas responde a esa necesidad.

Los señalamientos formulados por la Fiscalía deberán ser sustentados durante el proceso y corresponderá a los tribunales determinar si existe responsabilidad penal.

El Órgano Judicial de Panamá trabaja en la implementación de un registro estadístico de agresores condenados por violencia contra las mujeres, una herramienta cuya creación está contemplada en la Ley 82 de 2013. Casi 13 años después de aprobarse esa legislación, la plataforma permanece en fase de revisión y ajustes, según informó la institución.

La iniciativa es coordinada por Ariadne Maribel García Angulo, magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. La Dirección de Modernización del Órgano Judicial tendrá la responsabilidad de administrar el sistema informático.

El proyecto responde al artículo 33 de la Ley 82, que ordena mantener un registro computarizado basado en condenas por hechos de violencia contra las mujeres. La disposición exige recopilar información sobre las víctimas y los agresores, las características de los casos, las medidas adoptadas y las sanciones impuestas.

Entre los datos que deben registrarse figuran la edad, el estado civil y la ocupación de las personas involucradas, así como el vínculo entre la víctima y el condenado. La legislación también dispone que los juzgados remitan anualmente la información correspondiente para alimentar esta herramienta.

El anuncio actual no constituye el primer avance conocido. En enero de 2026, el Órgano Judicial informó sobre una reunión para revisar el desarrollo de la plataforma. En aquella ocasión, García Angulo planteó incorporar información sobre el cumplimiento de las penas, las indemnizaciones a las víctimas y la duración de los procesos.

También se mencionó la posibilidad de incluir posteriormente información de agresores procesados en la jurisdicción penal de adolescentes. En ese momento, la institución señaló que el sistema debía someterse a aprobación del Pleno de la Corte Suprema, con miras a permitir su consulta pública.

Sin embargo, la comunicación más reciente no establece una fecha para su puesta en funcionamiento, ni precisa cuántas sentencias estarán incorporadas inicialmente. Tampoco detalla el alcance de las consultas ciudadanas o las condiciones de acceso a la información personal contenida en el registro.

La Ley 82 contempla además otras obligaciones institucionales. El Ministerio Público debe consultar el registro de agresores al evaluar medidas de protección, con el propósito de valorar el riesgo que enfrenta una víctima. La normativa también asigna a la Policía Nacional responsabilidades relacionadas con registros y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

Otro registro aprobado desde 2021

Panamá cuenta, además, con una legislación específica para el registro de ofensores sexuales, distinta de la herramienta que desarrolla el Órgano Judicial. La Ley 244 de 2021 creó ese sistema, mientras que la Ley 501 del 24 de noviembre de 2025 autorizó su consulta pública.

El registro de ofensores sexuales corresponde a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y comprende información sobre personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores y trata de personas con fines de explotación sexual.

Aunque la apertura al público fue aprobada en 2025, su implementación todavía atravesaba una etapa técnica en septiembre de 2026. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó entonces que la plataforma ya funcionaba internamente, pero la DIJ continuaba incorporando y validando los registros.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, ha explicado que la consulta ciudadana se habilitaría mediante Panamá Conecta. También anunció la posibilidad de emitir certificados de no ofensor sexual, que podrían ser solicitados por empleadores, y estimó que el servicio estaría disponible antes de finalizar 2026.

Así, Panamá desarrolla dos herramientas diferentes para documentar antecedentes de violencia. Una responde a la legislación de protección de las mujeres y permanece bajo revisión judicial; la otra, centrada en delitos sexuales, ya tiene una plataforma interna y espera completar los procedimientos para abrir su consulta pública.

Bernadette Greene-Placentia, candidata demócrata al Congreso por el distrito 8 de Arizona, denunció ante las autoridades que dos hombres la atacaron y abusaron sexualmente de ella mientras reparaba carteles de su campaña en un estacionamiento de Sun City, en las afueras de Phoenix. Según su relato, el ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada del 14 de agosto de 2026.

La denuncia formal ante la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) se registró el 31 de ese mes. El caso se conoció el 7 de octubre, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y durante la primera jornada de votación anticipada.

Greene-Placentia compite contra el congresista republicano en funciones Abe Hamadeh por el distrito 8, que cubre el noroeste del área metropolitana de Phoenix. La MCSO confirmó que la investigación permanece abierta y no divulgó más detalles, según informó The Arizona Republic en su cobertura del caso.

Qué denunció Bernadette Greene-Placentia en Arizona

La candidata relató los hechos al Phoenix New Times en la entrevista que dio origen a la difusión pública del caso. Según su testimonio al medio, esa madrugada cruzó un estacionamiento vacío cerca de la Avenida 99 y Bell Road en Sun City para reparar uno de sus carteles dañados —una rutina que había repetido docenas de veces ese verano con más de 250 señales distribuidas por el distrito—.

Un atacante la golpeó por detrás en la cabeza y la dejó inconsciente. Al despertar, según afirmó, un hombre abusaba sexualmente de ella. También indicó que había un segundo individuo.

Según el reporte policial reproducido por The Arizona Republic, el ataque le dejó moretones en los brazos y la sangró durante varios días. Describió a ambos agresores como hombres blancos; uno llevaba botas negras y tenía los pies pequeños. No buscó atención médica ni se sometió a un examen forense: llegó a su casa y se duchó varias veces, según el Phoenix New Times.

“Es solo en pequeños destellos que recuerdo algunas cosas”, dijo la candidata al Phoenix New Times. “Por más que no quiero recordar, me he esforzado mucho por recordar más. Pero es lo que hay”.

La investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa

Greene-Placentia tardó dos semanas en presentar la denuncia. Inicialmente quiso olvidar lo ocurrido: “Me sentía avergonzada”, declaró al Phoenix New Times. Primero informó a su equipo de campaña el domingo siguiente al ataque; al día siguiente, a su esposo, Alex Placentia.

Craig Beckman, su director de comunicaciones, fue el primero en escucharla fuera del ámbito familiar, durante un acto de campaña unas 48 horas después de la agresión. “Pasé bastante tiempo explicándole que esto no es su culpa”, dijo Beckman al mismo medio. Tanto él como el director de campaña Isaiah López confirmaron que la candidata estuvo “desaparecida en acción” durante dos días tras la agresión.

El portavoz de la MCSO, Dave Moyer, confirmó que los investigadores recibieron el reporte el 31 de agosto y declinó ampliar la información, citando la investigación activa. Según el New York Times, los detectives trabajan en la recopilación de pruebas, incluidas posibles imágenes de cámaras de vigilancia, y hasta el momento no se ha identificado a ningún sospechoso.

La candidatura demócrata frente a Abe Hamadeh

La candidata, excamionera de larga distancia y pequeña empresaria, se presenta como una alternativa demócrata de clase trabajadora. Su candidatura es considerada una apuesta difícil: Hamadeh ganó el distrito 8 por 13 puntos porcentuales en las elecciones de 2024, de acuerdo con el New York Times.

Ante la difusión del caso, Hamadeh emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades que “investiguen estas graves acusaciones de forma exhaustiva, incluyendo la búsqueda de imágenes de cámaras, para procesar el crimen con todo el peso de la ley”. “Ningún estadounidense debería convertirse en víctima de un delito en su propia comunidad”, afirmó.

Las reacciones políticas tras la denuncia

La denuncia generó respuestas inmediatas entre legisladores demócratas. La representante Adelita Grijalva la calificó de “absolutamente horrible” y expresó su solidaridad. El senador Ruben Gallego escribió en X que estaba “absolutamente destrozado” y exigió que “los responsables rindan cuentas”. El senador Mark Kelly destacó el coraje de la candidata al hablar públicamente. El representante Greg Stanton dijo haberla llamado para agradecerle, según The Arizona Republic.

La representante estatal Stephanie Simacek, amiga de Greene-Placentia, contó al Phoenix New Times que se enteró en septiembre: “Pensé que iba a vomitar. Fue muy perturbador. Creo que muchas veces, como candidatas y funcionarias, pensamos que esto no nos va a pasar a nosotras”.

A pesar de lo ocurrido, la candidata confirmó que seguirá en la carrera. “Nunca se me ocurrió abandonar”, dijo al New York Times. La campaña adoptó medidas de seguridad: ya no repara carteles sola de noche y ahora sale siempre acompañada y porta un arma.

También reflexionó sobre su propia mirada anterior: dijo haber dudado alguna vez de acusadoras en casos públicos. “Me disculpo con cada mujer a la que dudé y agradezco a cada mujer que se animó a hablar”, afirmó al New York Times. Y ante el Phoenix New Times lo resumió así: “Necesito que las mujeres sepan que está bien hablar de ello.”

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa confirmó que la investigación permanece abierta y no difundió más detalles por ese motivo.

Panamá registró 1,522 denuncias por violación entre enero y agosto de 2026, una cifra que mantiene este delito entre las principales conductas contra la libertad e integridad sexual investigadas en el país. El registro aparece mientras nuevos procesos judiciales por agresiones sexuales avanzan en Chiriquí, Panamá Oeste y Coclé.

La cantidad acumulada en ocho meses equivale a casi cinco denuncias por violación cada día. Aunque todavía faltan cuatro meses para completar la estadística anual, los datos históricos muestran la persistencia del problema: durante 2025 se contabilizaron 2,305 casos, de acuerdo con registros del Centro de Estadística del Ministerio Público divulgados por la Defensoría del Pueblo.

El mayor registro de los últimos años se produjo en 2021, cuando fueron contabilizadas 3,010 denuncias por violación. Otro de los niveles más elevados ocurrió en 2017, con 2,885. La cifra parcial de 2026 representa aproximadamente dos tercios del total registrado durante todo 2025, aunque la comparación debe considerar que el año actual todavía no ha concluido.

Los casos de violación forman parte de un universo más amplio. Entre enero y agosto, el Ministerio Público recibió 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, frente a 4,072 durante igual periodo de 2025. Esto supone 527 reportes adicionales y un incremento interanual de 13%, según las estadísticas preliminares.

Dentro de ese total, el delito con mayor número de reportes fue el acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, que acumuló 1,733 denuncias. La violación ocupó el segundo lugar con 1,522, mientras los actos libidinosos alcanzaron 771 casos durante los primeros ocho meses.

La dimensión de las cifras coincide con varios procesos conocidos durante los primeros días de octubre. En Dolega, Chiriquí, un juez ordenó la detención provisional de un hombre de 68 años por su presunta vinculación con la violación sexual de una mujer adulta, en hechos ocurridos en Potrerillos Abajo.

El investigado había sido aprehendido semanas antes y es señalado en más de cinco denuncias presentadas en Panamá y Chiriquí. Las investigaciones indican que presuntamente publicaba ofertas laborales en plataformas digitales y posteriormente citaba a las interesadas en su residencia, donde habrían ocurrido las agresiones sexuales denunciadas por las víctimas.

La causa que motivó la decisión judicial más reciente corresponde a hechos registrados entre el 2 y el 17 de septiembre de 2026. La Personería Municipal de Dolega presentó los elementos de convicción ante el juez, quien además legalizó la aprehensión y admitió la formulación de imputación mientras continúa la investigación.

Otros expedientes avanzaron esta semana. En Arraiján, un hombre de 26 años quedó detenido provisionalmente por su presunta vinculación con relaciones sexuales con una persona mayor de 14 y menor de 18 años. En Natá, otro hombre de la misma edad fue imputado por un delito sexual y quebrantamiento de medidas de protección.

En Panamá Oeste también se produjo una sentencia. Un tribunal condenó a 15 años de prisión a un hombre de 30 años por violación agravada y corrupción de menores en La Chorrera. Una vez cumplida la pena principal, tendrá además cinco años de inhabilitación para desempeñarse en lugares donde se agrupen menores de edad.

Las estadísticas muestran que el fenómeno supera los casos que llegan individualmente a los tribunales. Las 4,599 denuncias por delitos sexuales registradas hasta agosto representan un promedio superior a 18 reportes diarios en el país. Dentro de ese escenario, las 1,522 denuncias específicamente clasificadas como violación mantienen una frecuencia cercana a cinco casos reportados cada día.

La Justicia cerró este martes el conflicto sobre quién debe investigar la reciente denuncia por violación contra Joaquín Levinton.

La Secretaría Especial de Cámara, a cargo del juez Ricardo Pinto, zanjó el conflicto de competencia entre sus colegas Carlos Bruniard y Alejandra Provitola, que debatieron sobre a quién correspondía llevar adelante la causa para investigar al cantante de Turf y figura televisiva. En su decisión, Pinto le entregó la causa a la titular del Juzgado N°6.

Hoy miércoles, horas después de la designación, Provitola tomó su primera medida clave: citó a declarar a la denunciante para que ratifique su acusación. También, pidió que el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos acompañe a la presunta víctima.

Por otra parte, Provitola aceptó la designación de Cristian Colombo, abogado defensor del cantante y jurado de Es Mi Sueño. Sin embargo, rechazó que la supuesta víctima se convierta en querellante: la abogada Adela González, que representaba a la denunciante, renunció a representarla días atrás.

Idas y vueltas en el caso Levinton

El juez Bruniard recibió la denuncia realizada la semana pasada por una mujer de 39 años con domicilio en Balvanera en medio de su turno judicial. Provitola había archivado una denuncia realizada por la misma mujer en diciembre de 2023, y por el mismo delito, luego de que la presunta víctima negó incluso llamar al 911 para acusar al cantante de Turf y figura televisiva. Este archivo, incluso, fue ratificado en diciembre de 2024 por la Sala 7 de la Cámara. Levinton nunca fue sobreseído en este caso. La acusación, simplemente, no avanzó por falta de elementos.

Bruniard le envió la última denuncia contra el cantante a Provitola, al enterarse de la causa anterior. La jueza, en cambio, se declaró incompetente, ya que no había sido establecido el objeto procesal, el delito en cuestión: la denunciante, en su causa de fines de 2023, nunca ratificó el supuesto delito que había sufrido.

Para el camarista Pinto, ambas denuncias, la de 2023 y la de 2026, hablan de la misma cosa. Las dos presentaciones “describen abusos sexuales durante la relación mantenida entre la damnificada y el denunciado, en cuyo transcurso este la habría obligado a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales que eran filmadas”.

En su causa de 2023, la jueza Provitola agotó las medidas para que la denunciante declare. En aquel entonces, la presunta víctima de “refirió que no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”, apuntó la magistrada en aquel momento.

“Yo no hice ninguna denuncia (…). Debe haber sido alguien que se hizo pasar por mí”, declaró la acusadora. El teléfono con el que se hizo la denuncia al cantante al 911, para empezar, estaba registrado a su nombre.

Pese a que se intentó contactarla reiteradamente para que se apersone en la comisaría para ratificar sus dichos, nunca respondió los llamados... Se negó a concurrir ante los estrados del juzgado así como al Cuerpo Médico Forense”, apuntó la Cámara al confirmar el archivo.

Hoy, casi tres años después, la historia es diferente. La supuesta víctima de Levinton realizó su primera presentación en una comisaría de la Policía porteña. Poco después, comenzó una serie de entrevistas en programas de espectáculos. Ahora, la Justicia vuelve a citarla.

La denuncia recayó en el Juzgado N°50, a cargo del magistrado Carlos Bruniard, de turno en el momento de la presentación. Poco después, se generó un nuevo escándalo: la denuncia fue filtrada a la prensa, expuesta en el programa LAM, con una serie de entrevistas de la denunciante. La acusación, de por sí, era -o es- gravísima. Levinton podría recibir de 6 a 15 años de cárcel de acuerdo al Código Penal, si es que algún día lo condenan.

Hoy, el expediente está en un momento clave: la Cámara Criminal y Correccional debe definir el futuro de Levinton. Infobae logró determinar, en base a fuentes judiciales, que el caso se encuentra en la Secretaría Especial de la Cámara. En la práctica, la Secretaría define la competencia, quién deberá investigar el caso.

El tema, hoy, se trata de un ida y vuelta entre magistrados. ¿Por qué ocurre esto? Porque la denunciante, tal como reveló este medio, denunció a Levinton por la misma acusación a fines de 2023, un caso que terminó archivado por la jueza Alejandra Provitola. ¿El motivo? La mujer acusadora no se presentó en la causa. Esta acusación previa, hoy, es el eje de la polémica judicial en torno al caso.

El conflicto por quién debe investigar la más reciente denuncia contra Levinton comenzó, precisamente, la semana pasada. Al anoticiarse de esta vieja causa, el juez Bruniard le envió la causa a Provitola.

El lunes 1° de este mes, la jueza declinó la competencia de la nueva investigación y la devolvió a Bruniard. Para Provitola, en lo formal, las denuncias de 2023 y 2026 no se tratan de la misma cosa.

La magistrada afirmó en su declinatoria que la causa anterior “no cuenta con un objeto procesal definido, puesto que no existe un solo acto procesal que permita establecer una circunscripción fáctica de tiempo, modo y lugar que permita determinar la posible existencia de un hecho delictivo”. Es decir, la presunta víctima nunca detalló en los tribunales el delito a investigar.

Para empezar, la mujer acusadora negó haber sido quien había iniciado la causa, con una llamada al 911. Ante peritos, “refirió que ella no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”. “Yo no hice ninguna denuncia (…). Debe haber sido alguien que se hizo pasar por mí”, dijo en aquel entonces.

La jueza archivó el expediente de la primera denuncia en mayo de 2024, al verse “imposibilitada de proceder” por las ausencias e inconsistencias de la denunciante. Levinton, por su parte, no fue sobreseído. La causa no avanzó por la falta de aportes de la denunciante.

En aquel expediente, el hoy jurado de Es Mi Sueño presentó a su abogado, Cristian Colombo, que, tras la decisión de Provitola, pidió ante la Sala 7 de la Cámara que desarchivara el caso. La Sala 7 ratificó el archivo.

Hoy, de cara a la nueva polémica, es probable que la causa vuelva a Provitola.

“Pese a que se intentó contactarla reiteradamente para que se apersone en la comisaría para ratificar sus dichos, nunca respondió los llamados... Se negó a concurrir ante los estrados del juzgado así como al Cuerpo Médico Forense”, recordaron los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto.

Sin embargo, la víctima aseguró que no continuó con su acusación por “padecer temor”, según el fallo de la Sala 7. En su última presentación ante la Policía de la Ciudad, afirmó que no insistió con su denuncia en la causa iniciada en 2023 por una supuesta presión de Levinton.

Durante los últimos días, se filtraron una serie de capturas de pantalla que ya habían sido presentadas en la Justicia años atrás, mensajes entre Levinton y la denunciante, con un tono presuntamente acosador de la mujer, que incluyeron el envío de fotos íntimas. Levinton hizo sus descargos, viajó a Córdoba. Pero, en el medio, la causa no tuvo movimientos. Cristian Colombo, abogado defensor del jurado de Es Mi Sueño, no fue notificado tras presentarse en el Juzgado N°50. Ahora, todo está en manos de la Cámara.

Un hombre de 19 años fue condenado a 34 años de prisión por participar en un esquema que utilizaba falsas ofertas de empleo para captar mujeres a través de internet.

Las víctimas acudían creyendo que accederían a oportunidades laborales, pero eran trasladadas a otros lugares, donde eran sometidas a violencia sexual y posteriormente despojadas de sus pertenencias.

El mecanismo comenzaba con ofertas de trabajo difundidas mediante redes sociales, principalmente para desempeñarse como saloneras, bailarinas o masajistas.

Una vez establecido el contacto, las mujeres eran citadas en determinados puntos públicos y desde allí eran conducidas hacia zonas consideradas rojas, según explicó la Fiscalía Superior del Distrito de San Miguelito.

La promesa de empleo era utilizada para conseguir que las víctimas acudieran voluntariamente al primer encuentro. Después de recogerlas, los responsables las trasladaban a otros sectores y las sometían a agresiones sexuales y robos, una secuencia que permitió a los investigadores establecer un patrón entre las denuncias vinculadas al grupo.

La investigación mantiene aproximadamente nueve carpetas abiertas relacionadas con este esquema, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público. La mayoría de las víctimas eran mujeres de 18, 19 y 20 años, aunque entre los casos investigados también se encuentra el de una menor de edad.

La condena de 34 años representa uno de los resultados judiciales de la investigación, pero el proceso contra los integrantes del grupo no ha concluido.

Algunos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena por 19 años de prisión, mientras otros permanecen a la espera de las audiencias en las que deberá determinarse su responsabilidad.

El expediente había tomado notoriedad pública después de allanamientos realizados en San Miguelito como parte de la operación SCAM, que permitió avanzar en las investigaciones sobre la utilización de supuestas oportunidades laborales para captar víctimas.

Uno de los episodios investigados involucró una falsa propuesta de trabajo como modelo difundida mediante redes sociales.

En ese caso, ocurrido el 31 de julio de 2026, una mujer fue convocada a una estación del Metro después de responder a la supuesta oportunidad laboral. Posteriormente abordó un vehículo y fue trasladada a una casa de ocasión, donde las investigaciones establecieron que fue privada de libertad y víctima de violencia sexual.

Durante ese episodio, la víctima también recibió amenazas y fue fotografiada y grabada en situaciones íntimas, según la investigación. Ese material habría sido utilizado para extorsionarla, mientras las diligencias permitieron profundizar en el método empleado para contactar y someter a las mujeres mediante ofertas difundidas en plataformas digitales.

La investigación reveló así un esquema que comenzaba con la búsqueda de mujeres interesadas en conseguir empleo y continuaba con encuentros previamente acordados.

La apariencia de una contratación permitía generar confianza antes de trasladarlas a otros sitios, donde se producían las agresiones sexuales, los robos y, en algunos casos, otras conductas investigadas por las autoridades.

El caso se conoce en momentos en que Panamá registra un aumento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,599 denuncias, frente a 4,072 durante el mismo periodo del año anterior, un incremento de 527 casos, equivalente al 13%.

Dentro del total registrado durante esos ocho meses, 1,733 denuncias correspondieron al acceso sexual con personas de entre 14 y 17 años. Otras 1,522 fueron presentadas por violación y 771 por actos libidinosos, mientras los registros por pornografía infantil aumentaron de 43 a 64 casos frente al mismo periodo de 2025.

La corrupción de menores también mostró un incremento, al pasar de 206 denuncias entre enero y agosto de 2025 a 253 durante igual periodo de 2026. Por ubicación geográfica, Panamá registró 919 denuncias, mientras Chiriquí acumuló 724 y Panamá Oeste contabilizó 620, de acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público.

La sentencia de 34 años contra el hombre de 19 años marca un nuevo avance judicial dentro de la investigación sobre la captación de mujeres mediante ofertas laborales falsas. Mientras algunos integrantes ya cumplen condenas derivadas de acuerdos de pena, otros procesos continúan pendientes y cerca de nueve carpetas permanecen abiertas por hechos relacionados con el mismo esquema.

“Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer”. Con esas palabras, Joaquín Levinton negó ante la Justicia la primera denuncia por abuso sexual que había realizado en su contra la misma mujer que esta semana volvió a acusarlo de violación.

El cantante de Turf lo hizo a través de un descargo espontáneo presentado en la causa iniciada en diciembre de 2023. En aquel escrito, al que ahora accedió Infobae, no solo rechazó la acusación: aportó pasajes de avión y el anuncio de un recital de su banda para sostener que estaba en Mendoza en el momento en que la denunciante ubicó el hecho. También acompañó registros de llamadas y capturas de conversaciones que mantuvieron posteriormente.

La investigación comenzó el 4 de diciembre de 2023, a partir de una comunicación que la mujer realizó al 911. Allí manifestó que mantuvo una relación amorosa con Levinton entre 2015 y 2020 y denunció un abuso que, según su relato, había ocurrido el sábado 24 de junio de ese año.

De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, la mujer sostuvo que esa mañana recibió un llamado de Levinton, quien la habría invitado a su domicilio. Una vez allí, denunció que el músico la obligó a consumir drogas y abusó sexualmente de ella mientras eran filmados por otras dos mujeres, de quienes no aportó datos.

Levinton dio una versión completamente diferente.

El viaje a Mendoza

Uno de los principales argumentos que expuso en su defensa estuvo relacionado con dónde se encontraba el 24 de junio de 2023.

Según sostuvo en su presentación, la denuncia ubicaba el llamado que habría dado inicio al encuentro a las 6 de la mañana de ese día. Sin embargo, el músico afirmó que a esa hora no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, sino en Mendoza.

Para respaldarlo presentó documentación de su viaje. El pasaje, al que accedió Infobae, muestra que Levinton voló desde Aeroparque hacia Mendoza el miércoles 21 de junio. El vuelo AR 1402 de Aerolíneas Argentinas partía a las 8 y tenía prevista su llegada a las 9.55.

Dos días después, el viernes 23 de junio a las 22, Turf tenía programado un recital en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, según el flyer del espectáculo que también fue incorporado por su defensa.

El regreso estaba previsto recién para el sábado 24 de junio. El pasaje indica que el vuelo AR 1415 salía de Mendoza a las 13.50 y llegaba a Aeroparque a las 15.25.

“En ese momento, me encontraba en la provincia de Mendoza”, remarcó Levinton en su descargo. A partir de esos registros, sostuvo que resultaba “materialmente imposible” que hubiera estado en su domicilio porteño a la hora consignada en la acusación.

Qué dijo Levinton sobre la relación

En su descargo, el cantante reconoció que conocía a la mujer desde hacía aproximadamente siete años porque había sido vecina suya. Dijo que primero tuvieron una amistad y que posteriormente mantuvieron, durante un período que describió como breve, “una relación más íntima”, aunque aseguró que “no ha sido un vínculo formal”.

También sostuvo que la última etapa del vínculo había sido “muy traumática” para él y afirmó que había atravesado situaciones de “acoso” por parte de la mujer. Habló de llamadas insistentes, visitas a su domicilio y episodios que, siempre según su versión, lo llevaron incluso a mudarse temporalmente a la casa de su madre.

“Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer”, escribió al comenzar su defensa. Más adelante volvió a negar específicamente la acusación: “Jamás he abusado a la denunciante, ni he sido agresivo ni violento con ella”.

Los mensajes mientras la causa estaba abierta

El otro elemento que Levinton incorporó a aquella causa fueron comunicaciones posteriores con la denunciante, producidas mientras el expediente todavía estaba en trámite.

Según relató en el escrito, el 3 de agosto de 2024 comenzó a recibir nuevamente llamadas de la mujer. Levinton aseguró que durante una de esas comunicaciones ella le pidió que la desbloqueara de Instagram y que retomaran el vínculo. Después de consultar a su abogado, sostuvo, decidió indicarle que no podía continuar hablando con ella porque la situación estaba en manos de la Justicia.

Dos de las capturas a las que accedió este medio muestran precisamente esa conversación.

“¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. A escondidas”, le escribió la mujer. Levinton contestó: “Lamentablemente yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia”.

Ella volvió a insistir: “¿Quién se entera de la videollamada? Es un toque”, y luego le envió otro mensaje de contenido sexual. “¿Quién se entera del pete de tu vida? ¡Nadie!”. En otra ocasión le dijo: “¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. A escondidas. Me acabás adentró de la boca todo completo (sic)”.

En su presentación judicial, Levinton afirmó que el 4 y el 5 de agosto también recibió sucesivos llamados y mensajes. Incluso reprodujo otro mensaje que atribuyó a la denunciante: “Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. Mientras tanto, podemos vernos a escondidas”.

El cantante presentó esas comunicaciones como parte de su defensa y sostuvo que eran incompatibles con el temor que la mujer había manifestado sentir hacia él.

Por qué se archivó la primera denuncia

Aquella investigación fue archivada el 30 de mayo de 2024 por la jueza María Alejandra Provitola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. La decisión fue posteriormente ratificada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto.

Según la resolución, luego del llamado al 911 los investigadores intentaron contactar reiteradamente a la denunciante para que se presentara en la comisaría y ratificara sus dichos, pero no respondió los llamados.

La Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas logró ubicarla en cuatro oportunidades y, de acuerdo con los camaristas, manifestó que no quería continuar con el proceso y que tenía miedo. También se negó a concurrir al juzgado y al Cuerpo Médico Forense.

La resolución consignó además que, durante una entrevista con una profesional, la mujer negó haber realizado la denuncia y aseguró que ni siquiera conocía a Levinton. La especialista advirtió “gran resistencia” ante las preguntas y señaló que la mujer se esforzaba por negar lo que había manifestado durante el llamado al 911. Sin embargo, los registros de esa comunicación permitieron establecer que había sido ella quien había contactado al servicio de emergencias.

Ante ese escenario, Provitola sostuvo que se encontraba “imposibilitada de proceder”. Al confirmar el archivo, los camaristas remarcaron que se trataba de un delito de instancia privada y que “la necesidad de instar la acción penal es una condición previa y necesaria para la formación de la causa”. La resolución también señaló que la mujer se había rehusado a recibir citaciones policiales y no había respondido a las convocatorias electrónicas enviadas desde el juzgado para que ratificara la denuncia. Levinton nunca fue indagado en aquella causa, aunque presentó a su abogado ante el Juzgado N°6.

Este jueves, la abogada de la mujer, Adela González, remarcó que aquella resolución no fue un sobreseimiento y sostuvo que su clienta no continuó entonces con la denuncia porque tenía miedo.

La propia denunciante habló también públicamente este jueves y afirmó que había decidido no avanzar en aquel momento por temor. “Nadie conoce su costado de monstruo”, aseguró.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso a Jaime Eduardo López Cáceres una condena de 53 años y cuatro meses de prisión por violación en menor o incapaz agravada y continuada contra dos víctimas. La pena se compone de 26 años y ocho meses por cada una de las niñas, además del pago de USD 2,000 en concepto de responsabilidad civil.

Los abusos ocurrieron en el distrito de San Salvador Centro desde que las víctimas tenían cinco años y se prolongaron hasta que cumplieron 16. La Fiscalía General de la República indicó que el condenado formaba parte del círculo de confianza de la familia y aprovechaba los momentos en que permanecía a solas con las menores dentro de la vivienda.

Las víctimas revelaron los hechos en 2025, más de 14 años después de las agresiones. Según la investigación fiscal, López Cáceres ejercía control sobre ellas y las amenazaba de forma constante para evitar que contaran lo sucedido a sus parientes. El tribunal valoró pruebas testimoniales, periciales y documentales antes de emitir la sentencia.

Un padrastro recibió 38 años de prisión por abusos contra una niña en Sonsonate

Por hechos ocurridos en 2014 en la jurisdicción de Acajutla, Sonsonate Oeste, Felipe Reyes Gutiérrez Saavedra recibió una pena de 38 años de prisión. El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate lo declaró culpable por violación en menor o incapaz agravada y continuada, además de agresión sexual agravada, en perjuicio de una niña de diez años.

La Fiscalía estableció que el acusado era padrastro de la víctima y cometía las agresiones cuando la menor permanecía sola en la vivienda. La investigación también señaló que el procesado aprovechó la hospitalización de la madre de la niña para aumentar los abusos y que manipuló a la víctima para impedir que lo denunciara.

Años después, la progenitora interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar tras salir de su condición de salud. En 2025, la víctima denunció las agresiones que sufrió durante su niñez. La representación fiscal presentó elementos probatorios ante el tribunal y Gutiérrez Saavedra cumple la condena en un centro penitenciario del país.

Las agresiones en Nahuizalco fueron detectadas tras una atención hospitalaria

Una menor acudió el 19 de abril de 2026 a un hospital de la zona después de sufrir una agresión sexual. El personal detectó los hechos y alertó a las autoridades, lo que permitió iniciar la investigación contra Faustino Aguilar Cortez, quien fue capturado el 27 de abril de 2026 y enfrentó el proceso en prisión.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate lo condenó a 34 años y ocho meses de cárcel por violación en menor o incapaz agravada y continuada en perjuicio de una menor de edad. Según determinó la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en dos ocasiones durante abril de 2026, dentro de la vivienda de la víctima, en el distrito de Nahuizalco, municipio de Sonsonate Norte.

La investigación indicó que Aguilar Cortez aprovechaba los vínculos de confianza con la familia para tener acceso a la niña. El acusado también intentó silenciar a la víctima mediante manipulaciones. Tras la sentencia, el condenado continuó en prisión para cumplir la pena impuesta.

Un teléfono celular fue usado para llevar a una menor a la vivienda del acusado

La Fiscalía señaló que Israel Isaac Peña Vásquez se acercó a una menor que caminaba hacia su escuela y le ofreció regalarle un teléfono celular. Días después, el acusado le aseguró que tenía el aparato en su vivienda y, según la investigación, la manipuló para que lo acompañara hasta ese lugar.

La acusación estableció que, una vez dentro de la vivienda, Peña Vásquez abusó sexualmente de la víctima de forma reiterada y la amenazó para evitar que relatara lo ocurrido. Los hechos se registraron en 2024, en San Salvador Centro, y el procesado era allegado a la familia de la menor.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador lo condenó a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz en modalidad continuada. La investigación comenzó luego de que la víctima revelara los abusos a sus familiares, quienes presentaron la denuncia correspondiente.

Además de la condena, la sentencia estableció el pago de USD 300 por responsabilidad civil. Peña Vásquez fue declarado reo rebelde, por lo que las autoridades emitieron una orden de captura en su contra.

El Juzgado de Menores ordenó 13 años de internamiento en Morazán

Una medida de 13 años de internamiento fue impuesta a un adolescente de 17 años, declarado responsable de violación en menor o incapaz en modalidad continuada. El Juzgado de Menores de San Francisco Gotera emitió la resolución luego de la audiencia de vista de la causa, a la que asistió el joven.

La víctima tenía 12 años cuando ocurrieron las agresiones, según la acusación fiscal. Los hechos se registraron en diciembre de 2025, en el cantón Piedra Parada, distrito de Chilanga, Morazán Sur, dentro de una vivienda donde la menor se encontraba bajo el cuidado de familiares del agresor.

El informe de la Fiscalía indicó que el adolescente visitaba la casa y cometía allí las agresiones sexuales. Con los elementos presentados durante el proceso, el juzgado declaró responsable al joven y ordenó la medida de internamiento.

Joaquín Levinton enfrenta una nueva denuncia por violación. La causa en su contra comenzó esta semana en la Justicia porteña, con un expediente en manos del magistrado Carlos Bruniard, luego de que una mujer de 39 años, que se presentó como su ex pareja, lo acusara de una serie de hechos aberrantes, que incluyeron supuestos abusos filmados y consumo de cocaína, ocurridos durante un lapso de cinco años.

Infobae descubrió mediante registros oficiales que esta misma mujer ya había denunciado a Levinton a mediados de 2023, y por el mismo delito. Esta denuncia original, que tramitó en el Juzgado N°6 a cargo de María Alejandra Provitola, fue archivada por la jueza el 30 de mayo de 2024. Este mismo archivo fue ratificado por la Sala 7 de la Cámara Criminal, con los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto. El motivo del cierre de la causa: las inconsistencias en el relato de la denunciante, así como sus ausencias a citas de pericias clave.

Los camaristas aseveraron: “Las actuaciones se iniciaron con el llamado telefónico al servicio de emergencias “911” en el cual indicó que el 24 de junio de 2023 concurrió a la casa del imputadodonde fue obligada a consumir estupefacientes y abusada sexualmente mientras eran filmados por otras dos mujeres de quien se negó a aportar datos".

“Pese a que se intentó contactarla reiteradamente para que se apersone en la comisaría para ratificar sus dichos, nunca respondió los llamados. Únicamente, pudo ser ubicada por la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas en cuatro ocasiones en las que -en lo sustancial expresó su deseo de no querer continuar con el proceso y padecer temor. No obstante, se negó a concurrir ante los estrados del juzgado así como al Cuerpo Médico Forense”, continuaron ambos jueces.

Lo más sorprendente de todo puede encontrarse en el decreto de archivo de la jueza Provitola, cuyo personal extremó las medidas para investigar el caso. Allí, la víctima misma negó haber realizado la denuncia.

Ante peritos, la denunciante “refirió que ella no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”. La profesional que la entrevistó “notó gran resistencia por parte de la víctima, ante sus preguntas”. También, “se esforzó por negar todo lo ocurrido en relación con lo manifestado a través del llamado telefónico realizado al 911″, concluyó la magistrada. Sin embargo, los datos de su propia llamada confirmaron que fue la actual denunciante de Levinton quien había contactado al servicio de emergencias.

De cara a todas estas inconsistencias, Provitola, según su propio análisis confirmado por la Cámara, “se vio imposibilitada de proceder” y cerró el caso, con una acusación de instancia privada. “La necesidad de instar la acción penal es una condición previa y necesaria para la formación de la causa”, remarcaron Pociello Argerich y Pinto.

La presunta víctima, remarcó Provitola, “se rehusó a recibir las citaciones del personal policial e hizo caso omiso a las realizadas por medios electrónicos, desde el juzgado, para ratificar su denuncia”. Levinton, que nunca fue indagado en el caso, presentó su abogado en el Juzgado N°6.

En la madrugada del jueves 25 de septiembre de 2026, un hombre irrumpió en su vivienda de Edgewood, Pensilvania, lo apuñaló mientras dormía junto a su esposa. Evans murió esa misma noche.

Su esposa, Gina Evans, resultó gravemente herida. Sus dos hijos, de 8 y 12 años, lograron escapar de la casa.

Lo que la investigación reveló en los días siguientes agravó aún más el cuadro: el acusado, Elijah Hemingway, de 32 años, habría cometido una agresión sexual horas antes del ataque, tenía antecedentes penales en dos estados y estaba en libertad cuando ocurrieron los hechos.

La jornada de violencia comenzó horas antes del ataque en Edgewood

La secuencia de violencia comenzó el miércoles por la mañana, cuando Hemingway emboscó a una mujer que caminaba por un sendero conectado a un callejón en Wilkinsburg.

Así lo informó el Departamento de Policía del Condado de Allegheny en un comunicado publicado en sus redes sociales, según retomó Fox News.

La víctima no conocía a su agresor. Hemingway la agredió sexualmente y le sustrajo el teléfono celular. La policía de Wilkinsburg notificó al personal de detectives del condado, que sumó esa investigación a la del homicidio.

Los detectives recuperaron múltiples elementos que vinculan a Hemingway con la agresión sexual, además del dispositivo sustraído, tal como señaló la policía local. Tras una consulta con la fiscalía, las autoridades presentaron cargos adicionales: violación, agresión sexual y robo.

Lo que ocurrió dentro de la vivienda según los testimonios

Según el informe policial, la esposa de Evans describió al agresor como alguien con un comportamiento “psicótico” que afirmaba ser “Dios” durante el ataque. La mujer gritó a sus hijos que abandonaran la casa mientras la pareja intentaba repeler la agresión.

La esposa aseguró ante los investigadores que desconocía cómo había ingresado Hemingway a la vivienda. Sin embargo, también relató que Evans llamó al atacante “Elijah” durante el incidente, como si lo reconociera.

Las autoridades del condado, citadas por KDKA, aclararon que no pudieron confirmar la existencia de una relación previa entre ambos.

Hemingway ofreció su propia versión ante la policía: aseguró que Evans lo había invitado a la casa horas antes y le había franqueado el ingreso. También acusó al médico de atacarlo con un cuchillo y afirmó haber recibido una herida de arma blanca en la espalda.

Sin embargo, las autoridades no encontraron ninguna herida en su cuerpo.

El historial judicial del acusado y las preguntas sobre su libertad

Las autoridades presentaron siete cargos contra Hemingway por el ataque del jueves, entre ellos homicidio criminal, agresión agravada, allanamiento de morada e intrusión.

Los registros judiciales muestran que Hemingway acumula antecedentes penales desde 2016.

En julio de 2026, un juez lo puso en libertad con fianza no monetaria —sin pago de dinero— por un allanamiento cometido en febrero de ese año. El crimen ocurrió semanas después de esa liberación.

Cómo reconstruyeron los investigadores la noche del crimen

Los investigadores creen que Hemingway entró a la casa por una ventana trasera y llegó hasta el dormitorio donde se encontraba la familia.

La Policía del Condado de Allegheny sostuvo esa reconstrucción en la denuncia penal, informó CNN.

Evans fue declarado muerto a la 1:42 de la madrugada en el hospital UPMC Mercy de Pittsburgh.

Su esposa recibió atención médica en el AHN Forbes Regional Hospital y quedó en condición estable.

El acusado habría salido por una puerta posterior tras el ataque. Un equipo canino lo encontró oculto en el patio de una vivienda cercana, según la misma fuente.

El acusado permanece sin fianza y tiene una audiencia prevista para octubre

Hemingway fue procesado el sábado por la noche por los cargos vinculados al homicidio y permanece detenido sin posibilidad de fianza en la cárcel del Condado de Allegheny.

La audiencia preliminar por ese expediente está fijada para el 9 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales citados por CNN.

Por el ataque denunciado en Wilkinsburg, la fiscalía le imputó además el delito de relación sexual desviada involuntaria, afirmó Yahoo News, que tuvo acceso a la presentación judicial del 26 de septiembre.

El pasado del acusado en otro estado

Antes de los hechos en Pensilvania, Hemingway fue arrestado dos veces en Florida durante 2025. En marzo afrontó una acusación de violencia doméstica y, al mes siguiente, fue detenido por presuntamente agredir a agentes y resistirse al arresto, detalló CBS News Pittsburgh.

Una evaluación judicial de Florida determinó que padecía una enfermedad mental que afectaba su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su abogado.

Meses después, un tribunal lo consideró competente, aceptó una declaración de no impugnación y recibió una sentencia equivalente al tiempo cumplido, indicó el canal local.

El fiscal de distrito del Condado de Allegheny, Stephen Zappala, aseguró que su oficina habría impugnado la libertad sin fianza concedida a Hemingway en julio si hubiera contado con sus antecedentes completos de Florida. El móvil del ataque no fue determinado hasta el momento.

El caso fue confirmado también por el diario Reforma, que señaló que el sentenciado aprovechó su puesto como escolta de la familia de la víctima para cometer las agresiones.

Cronología de las agresiones

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía CDMX, el primer hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2024. Ese día, Hugo “N” trasladaba a la adolescente a un festival de música cuando cometió abuso sexual en su contra.

La Fiscalía CDMX acreditó que la adolescente sufrió violaciones en tres ocasiones adicionales: el 24 y el 27 de noviembre de 2024, y el 26 de febrero de 2025. En los tres casos, las agresiones ocurrieron durante otros traslados en vehículos particulares.

El escolta particular fue sentenciado a más de un siglo de prisión después de que la Fiscalía CDMX acreditara cuatro agresiones sexuales distintas contra una menor de 14 años, cometidas durante traslados en vehículos particulares entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, mientras el agresor prestaba servicios de seguridad a la familia de la víctima.

Investigación, orden de aprehensión y captura en Veracruz

A partir de los datos de prueba recabados durante la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Hugo “N”. Los trabajos de investigación posteriores establecieron que el sospechoso podía encontrarse en el estado de Veracruz.

Con esa información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) trabajaron en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para localizarlo. La detención se concretó el 26 de marzo de 2025 en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Un día después de su captura, en la audiencia correspondiente, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Hugo “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

Pruebas presentadas ante el tribunal

El agente del Ministerio Público sustentó la acusación con un conjunto de pruebas que incluyó los testimonios directos de la víctima y de su madre. A estos testimonios se sumaron dictámenes periciales en distintas materias.

Entre los peritajes aportados se encuentran los realizados en psicología, medicina, ginecología, fotografía, antropología social y trabajo social. Este conjunto de evidencia fue el que permitió al Tribunal de Enjuiciamiento dictar la sentencia condenatoria.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía CDMX, el tribunal impuso a Hugo “N” la pena de prisión mencionada. La resolución judicial también contempló el pago de 265 mil pesos por concepto de reparación integral del daño, además de 11 mil 200 pesos por reparación del daño moral.

Compromiso institucional de la Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX reiteró, a través de su comunicado de prensa, su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la libertad e integridad de niñas, niños y adolescentes en la capital del país.

La institución también señaló que continuará con su labor de procurar justicia y garantizar a las víctimas el acceso a la reparación integral del daño, en línea con el resultado obtenido en este caso.

El patrón de sentencias severas de la Fiscalía CDMX

La condena contra Hugo “N” se suma a una serie de sentencias por delitos sexuales contra menores que la Fiscalía CDMX ha reportado en los últimos meses. Ninguna de ellas, sin embargo, se acerca a la magnitud de esta pena.

Entre los casos más recientes, la institución obtuvo una condena de 24 años y cuatro meses contra un hombre responsable de violencia sexual contra un menor. En otro expediente, dos sentenciados distintos recibieron 20 años y diez meses, y 21 años y ocho meses de prisión, respectivamente, por el delito de violación agravada.

La Fiscalía también logró una sentencia de 26 años de prisión contra un padre que abusó sexualmente de su hija en dos ocasiones. En un caso distinto, otro agresor recibió la misma pena tras suministrar alcohol a una menor para agredirla sexualmente en reiteradas ocasiones.

Al comparar estas cifras, la pena impuesta a Hugo “N” resulta superior a las sentencias por delitos equiparables reportadas por la propia Fiscalía capitalina durante el último año.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Josué Otoniel García Pineda a 80 años de prisión por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz y violación en menor o incapaz, ambos en modalidad continuada agravada contra dos víctimas, en San Salvador Centro.

Los abusos ocurrieron entre 2013 y 2018 en una comunidad del distrito de Ciudad Delgado. La acusación de la Fiscalía General de la República sostuvo que el imputado formaba parte del círculo cercano de las menores y aprovechó esa condición para realizarles tocamientos indebidos. En uno de los casos, además, cometió violaciones de forma reiterada.

Las investigaciones determinaron que García Pineda amenazó a las víctimas para evitar que relataran lo ocurrido. El caso comenzó a investigarse en 2022, cuando las menores contaron las agresiones a una familiar, después de que el acusado dejó de frecuentar la vivienda.

La autoridad judicial valoró la prueba pericial, documental y testimonial incorporada por la representación fiscal. La condena incluyó 26 años y ocho meses de cárcel por agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada contra cada una de las víctimas, además de otros 26 años y ocho meses por violación en menor o incapaz agravada continuada en perjuicio de una de ellas.

Durante el juicio, el condenado fue declarado reo rebelde. Ante esa situación, el tribunal giró una orden de captura para localizarlo y detenerlo.

Agresor sexual recibió 16 años de cárcel en La Libertad

Una pena de 16 años de prisión fue impuesta contra William de Jesús Méndez Campos por abusar sexualmente de una niña desde que ella tenía siete años, durante 2024, en La Libertad Costa.

Según el expediente de la Fiscalía General de la República, las agresiones ocurrieron en la vivienda de la víctima, ubicada en playa San Diego. El acusado se aprovechó del vínculo que tenía con la menor para realizarle tocamientos cada vez que la niña estaba bajo su cuidado.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó la condena en presencia del imputado, tras valorar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía durante el juicio. Méndez Campos fue condenado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada.

Condenan a 15 años de prisión por intento de homicidio en Usulután

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel impuso una condena de 15 años de cárcel contra Óscar Nelson Maravilla por homicidio agravado en grado de tentativa.

La sentencia se relaciona con el ataque cometido el 2 de julio de 2024 dentro de una vivienda del distrito de Ereguayquín, municipio de Usulután Este, en el departamento de Usulután.

De acuerdo con el reporte fiscal, el procesado y la víctima sostuvieron una discusión. Durante el altercado, el imputado la agredió con un corvo y le provocó lesiones en las manos y la cabeza.

Tras el ataque, la mujer recibió auxilio y fue trasladada a un centro hospitalario, donde obtuvo asistencia médica. Los agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron al imputado en flagrancia.

Hombre recibió 15 años de cárcel por intentar asesinar a su expareja en Morazán

Por el delito de feminicidio simple tentado, Edwin de la Paz Guevara Álvarez recibió una pena de 15 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en el departamento de Morazán.

La víctima había sufrido un ciclo de violencia durante aproximadamente 12 años. El hecho por el que Guevara Álvarez fue condenado ocurrió durante la madrugada del 2 de marzo de 2026, en la vivienda de la mujer, situada en el cantón Las Marías, distrito de Jocoro.

Según la acusación de la Fiscalía, el imputado llegó en estado de ebriedad y agredió a la víctima con patadas y golpes de puño en el rostro, el cuello, la cabeza y las piernas.

La mujer denunció a Guevara Álvarez por violencia intrafamiliar el 2 de septiembre de 2024 ante el Juzgado de Paz de Jocoro. El mismo juzgado otorgó medidas de protección por un año a favor de la víctima el 25 de junio de 2025.

Las medidas estaban vigentes hasta junio de 2026. El reporte fiscal indicó que el condenado las incumplió al agredir a la víctima.

El imputado estuvo presente en la vista pública realizada en el Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de San Miguel, donde se dictó la sentencia.

California volvió a quedar en el centro de un debate que se repite: el estado liberó a un depredador sexual violento con antecedentes graves, lo supervisó con un monitor GPS y, aun así, lo perdió.

Merle Wakefield lleva más de dos días prófugo en San Diego y las autoridades aún no dan con su paradero. El caso expone una falla concreta en el sistema de libertad condicional, según coincidieron funcionarios locales y legisladores del condado.

Wakefield estaba bajo supervisión de 24 horas en un depósito de Rancho Bernardo —identificado por NBC San Diego como un centro de procesamiento de Amazon— cuando, cerca de las 3:30 a.m. del viernes, su monitor GPS activó la alerta. La teniente Aloha Peters, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, confirmó los detalles del lugar al San Diego Union-Tribune.

Liberty Healthcare, la empresa privada contratada por el estado de California para supervisar a condenados bajo el Programa de Liberación Condicional, despachó a su personal de inmediato, pero al llegar encontró el dispositivo en el suelo y a Wakefield sin rastro. Una fuente policial citada por NBC San Diego afirmó que el condenado arrojó su teléfono celular entre unos arbustos y huyó en un Toyota Camry blanco modelo 2018.

El sistema de monitoreo alertó, pero Wakefield ya no estaba

El contratista notificó de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego y a la Policía de San Diego. Las autoridades confirmaron el domingo que la búsqueda continuaba activa y que el caso generaba preocupación en la comunidad.

“Llevamos más de 48 horas desde que Merle Wakefield se quitó el monitor GPS y se fue. Todavía está ahí afuera”, escribió el supervisor del condado Jim Desmond en su cuenta de Facebook. Desmond calificó a Wakefield de “abusador sexual de menores y violador violento condenado“ y acusó al estado de no haber comunicado públicamente la desaparición.

La agencia reconoció la inquietud de los vecinos. “Hemos trabajado con diligencia para localizarlo”, afirmó la empresa en un comunicado, en el que también pidió a la ciudadanía que reporte cualquier avistamiento o información útil.

Wakefield cargaba condenas desde 1980 y fue liberado en noviembre de 2024

Wakefield tiene dos condenas por delitos graves: una de 1980 por actos lascivos con un menor de 14 años y otra de 1991 por violación con uso de la fuerza. Desde noviembre de 2024 se encontraba en libertad condicional, una decisión que generó resistencia de autoridades locales mucho antes de que ocurriera su fuga.

En octubre de 2024, un juez de San Diego le otorgó una “liberación transitoria”, sin domicilio fijo. Esa determinación fue el tercer intento por parte del estado de ubicar a Wakefield en San Diego. Una propuesta anterior lo habría colocado en una vivienda en Poway, cerca de una escuela y un parque, lo que desató protestas vecinales.

El alcalde de Poway, Steve Vaus, se opuso a esa ubicación. “Es un juego de manos que pone en riesgo a la comunidad”, dijo Vaus, tal como recogió Fox 5/KUSI en su cobertura del caso.

La fiscalía del condado también se opuso, con el argumento de que era necesario garantizar condiciones de monitoreo y supervisión adecuadas.

La auditoría ya advertía: el 36% de los liberados violó las condiciones

El senador estatal republicano Brian Jones, del distrito de San Diego, había advertido sobre los riesgos del programa estatal que permite mantener bajo supervisión y en libertad a personas condenadas por delitos sexuales violentos, antes de que Wakefield desapareciera.

Jones impulsó una auditoría del programa que arrojó un dato contundente: el 36% de las personas incorporadas había incumplido las condiciones de su liberación.

El senador también cuestionó los costos del programa y planteó que el estado debería mantener a este tipo de condenados en hospitales psiquiátricos, en lugar de integrarlos a las comunidades. “Supuestamente, iba a tener un dispositivo de rastreo”, dijo Jones, según recogió Fox 5/KUSI.

El Departamento de Hospitales Estatales de California defendió el proceso y señaló que la decisión final sobre la liberación condicional de este tipo de condenados recae en los tribunales.

Además, aclaró que su programa de supervisión incluía monitoreo GPS, visitas domiciliarias sin previo aviso y vigilancia activa, y que el incumplimiento podía derivar en el retorno a un hospital estatal.

El propio Desmond retomó esa discusión tras la fuga. “He combatido estas liberaciones desde el primer día. Estas personas no pertenecen a la comunidad. Pertenecen a un hospital estatal o a la cárcel. Mientras la legislación de Sacramento siga permitiendo esto, las familias van a seguir pagando el precio”, escribió en Facebook.

Wakefield mide 1,78 metros, pesa unos 104 kilogramos y tiene ojos marrones. La Oficina del Sheriff informó el 27 de septiembre que la búsqueda cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves de Agresión Sexual y de la Fuerza de Tareas de Fugitivos, y que todas las agencias policiales de la región recibieron una alerta.

Ante cualquier avistamiento, las autoridades piden no acercarse al sospechoso, llamar al 911 o comunicarse de forma anónima con San Diego County Crime Stoppers al (888) 580-8477.

Una oferta para trabajar como modelo terminó en una investigación por privación de libertad, violación y extorsión en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que aprehendió a un hombre durante la operación SCAM, desarrollada mediante allanamientos en el distrito de San Miguelito.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2026. La mujer fue citada en una estación del Metro y después abordó un vehículo. La Fiscalía sostiene que allí la privaron de libertad antes de trasladarla a una casa de ocasión.

En ese lugar, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, la víctima recibió amenazas y le tomaron fotografías y videos íntimos con el propósito de extorsionarla.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada dirige las diligencias de este caso, que continúa bajo investigación.

El hombre aprehendido será presentado ante un Tribunal de Garantías, donde se atenderán las solicitudes de la Fiscalía y se definirá su situación jurídica.

Solo hace una semana, las autoridades aprehendieron a cuatro personas requeridas por delitos sexuales durante operativos de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial en distintos puntos del país. Entre los detenidos figuraba un hombre de 68 años localizado en Dolega, Chiriquí.

En ese caso, las pesquisas señalan que el sospechoso publicaba aparentes ofertas de trabajo en plataformas digitales y citaba a las personas interesadas a entrevistas en su residencia, donde presuntamente ocurrían las agresiones.

El hombre acumula más de cinco denuncias presentadas en Panamá y Chiriquí.

La operación SCAM se conoció el mismo día en que la Procuraduría divulgó una condena de 20 años de prisión por violación agravada en Panamá Oeste.

El condenado, de 48 años, era el padrastro de la víctima. Según la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los hechos ocurrieron entre 2014 y septiembre de 2019. Durante el juicio, celebrado en cuatro jornadas de septiembre, se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad. La restricción regirá por un periodo equivalente a la condena, una vez cumplida la pena principal.

En Colón, otra investigación por delitos sexuales avanzó con la detención provisional de un hombre. Un juez legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta violación carnal agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de dos menores de edad.

La Fiscalía Regional de Colón relaciona ese expediente con hechos ocurridos entre 2024 y 2026 en los sectores de Nuevo Vigía y Las Palmitas. El Ministerio Público también ubicó actuaciones en la comunidad de El 20, corregimiento de San Juan. La investigación permanece abierta.

Entre enero y agosto de 2026, Panamá contabilizó 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de acuerdo con datos preliminares del Ministerio Público. Fueron 527 más que las 4,072 del mismo periodo de 2025, un incremento interanual del 13%.

La categoría con más registros fue el acceso sexual con personas de 14 a 17 años, con 1,733 denuncias. Le siguieron la violación, con 1,522, y los actos libidinosos, con 771. Estas tres conductas concentraron gran parte de los reportes recibidos durante los ocho meses.

El acceso sexual con adolescentes presentó 370 denuncias más que en 2025, mientras que los actos libidinosos aumentaron 15%. Las denuncias por violación tuvieron una reducción marginal: pasaron de 1,526 a 1,522. Las variaciones entre categorías muestran comportamientos distintos dentro del total nacional.

Los registros por pornografía infantil subieron de 43 a 64 denuncias, un aumento del 49%, el mayor crecimiento porcentual entre las categorías destacadas en el reporte.

La corrupción de menores alcanzó 253 casos, frente a 206 un año antes, un alza del 23%. Por área geográfica, Panamá acumuló 919 denuncias, Chiriquí registró 724 y Panamá Oeste, 620.

La justicia francesa confirmó este miércoles que Achraf Hakimi, defensor del París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, será sometido a juicio oral por violación, luego de que la Corte de Casación rechazara el recurso que el futbolista de 27 años había presentado para evitar el proceso.

La máxima instancia judicial de Francia desestimó el planteo de Hakimi por considerar que no existían argumentos de peso suficientes para admitirlo. “La Corte de Casación rechazó el recurso del acusado al determinar que ningún motivo serio era apto para su admisión”, indicó Bertrand Périer, abogado de la denunciante, en un comunicado reproducido por el medio Le Monde. De esta manera, la resolución cierra formalmente el proceso de apelaciones y despeja el camino hacia el juicio oral ante la Corte Criminal Departamental de Hauts-de-Seine.

El diario citado confirmó que el tribunal fue tajante y “no admitió” el recurso presentado por el capitán marroquí. “Achraf Hakimi será juzgado por violación”, reaccionó Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, en declaraciones recogidas por la publicación francesa.

Los hechos investigados ocurrieron el 24 de febrero de 2023, cuando una joven identificada con el nombre ficticio de Emma —que tenía 24 años en ese momento— denunció ante la policía que Hakimi la había violado en su domicilio de Boulogne-Billancourt, en la zona de los Altos del Sena, en París. Según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones de Versalles reproducido por Le Dauphiné Libéré, la mujer había conocido al futbolista en enero de ese año a través de Instagram y se había trasladado hasta su residencia en un vehículo de transporte solicitado por el propio jugador. La denunciante relató que el futbolista del PSG la besó y la tocó sin su consentimiento, y que finalmente la violó. Logró alejarse de él y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla. Pocos días después, el 2 de marzo, fue imputado.

Hakimi negó los cargos desde el inicio del proceso judicial y solicitó un sobreseimiento durante la audiencia ante la cámara de instrucción, en mayo,. La decisión de enviarlo a juicio, que en primera instancia dictó un juez del tribunal de Nanterre en febrero de 2026, fue ratificada en junio por la Corte de Apelaciones de Versalles —en pleno desarrollo del Mundial— y ahora respaldada por el máximo tribunal del país.

La secuencia judicial comenzó cuando la fiscalía de Nanterre solicitó en agosto de 2025 el envío del caso a juicio oral. El juez de instrucción recibió ese pedido en febrero de 2026 al entender que existían elementos suficientes para continuar con el proceso. Hakimi apeló esa resolución, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Versalles en junio, mientras disputaba el Mundial con la selección de Marruecos. La presentación ante la Corte de Casación representaba su último recurso disponible dentro del sistema judicial francés.

La fecha del juicio aún no ha sido fijada, aunque según se informó, podría celebrarse a principios de 2027. La decisión del tribunal no implica una condena: el jugador conserva la presunción de inocencia hasta que se emita un fallo definitivo.

En el plano deportivo, el lateral derecho del PSG atraviesa un momento de recuperación física: sufrió una distensión en el muslo derecho el 13 de septiembre durante el partido ante Brest por la Ligue 1, lo que lo marginó del clásico ante Marsella del 21 de septiembre y también lo dejará fuera del próximo compromiso de Marruecos por la clasificación para la Copa África 2027. El propio entrenador del club parisino, Luis Enrique, descartó forzar su regreso: “Lo primero que queremos es que el jugador esté en las mejores condiciones”, declaró tras el triunfo ante Marsella, según recogió Goal. Su retorno a las canchas se estima para el 10 de octubre. Pese a la lesión, Hakimi figura entre los nominados africanos al Balón de Oro 2026 y el PSG avanza en las negociaciones para renovar su contrato hasta junio de 2030.

Ahora, Braden Peters —su nombre real— enfrenta algo más grave que la controversia: una imputación penal en Massachusetts por hechos que, según los registros judiciales, ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en Cape Cod.

Los cargos, presentados el 8 de septiembre y revelados por The Bulwark a partir de expedientes judiciales, fueron confirmados por NBC News: Peters habría abusado sexualmente de una menor a la que previamente había suministrado alcohol y sustancias.

La causa tiene su correlato en una demanda civil que Aleksandra Vasilevna Mendoza —conocida como Alorah Ziva— presentó meses antes en el condado de Miami-Dade, Florida, y que describe con detalle lo que habría ocurrido esa noche.

Una demanda civil describe lo que habría ocurrido en Cape Cod

Según el escrito judicial de la demanda civil, Peters le pagó USD 1.000 a Mendoza —quien tenía 16 años en ese momento— con la promesa de grabar contenido que impulsara su carrera como creadora de contenido, y organizó su traslado hasta la residencia familiar en Cape Cod.

Una vez en la propiedad, Peters le habría suministrado “cantidades excesivas de alcohol” hasta dejarla en un estado de intoxicación que le impedía dar su consentimiento.

Esa misma noche mantuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba en ese estado y, a la mañana siguiente, la agredió sexualmente por segunda vez mientras dormía, también sin su consentimiento, según informó el New York Post en base a los documentos judiciales. Según la demanda, Peters no volvió a verla durante seis meses.

La demanda civil incluye además una acusación separada: Peters le habría inyectado Aqualyx —una sustancia para disolver grasa no aprobada en Estados Unidos, que según el expediente estaba mezclada con metanfetamina— en el rostro sin su consentimiento y durante un livestream, mientras Mendoza era aún menor de edad.

La defensa sostiene que Peters no fue notificado formalmente

El representante de Peters, Mitchell Jackson, afirmó que fue la propia Mendoza quien, junto a su abogado, acudió a la policía tras la presentación de la demanda civil, lo que derivó en la imputación penal.

“Braden Peters no fue notificado físicamente. Como siempre, The Bulwark está exagerando el estado de un caso para generar tráfico”, aseguró en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Peters no se refirió directamente a la imputación penal, pero sí reaccionó en X a la demanda civil de Mendoza. “Intentar llamar mi atención de cualquier manera, ¿una demanda? En serio... qué mezquino”, escribió en la plataforma.

El abogado del streamer presentó en julio una moción para desestimar varios puntos de la demanda civil. Jackson indicó que Peters estaba en condiciones de refutar las acusaciones.

Un año marcado por conflictos legales y episodios de riesgo

Los cargos penales se suman a una serie de incidentes que Peters protagonizó a lo largo de 2025. En abril, fue imputado en Florida junto a otras dos personas por disparar contra un caimán.

Él y uno de los coacusados se declararon culpables por descarga ilegal de arma de fuego en un lugar público; el tribunal los condenó a seis meses de libertad condicional y 20 horas de servicio comunitario, tal como informó NBC South Florida.

Ese mismo mes, Peters fue hospitalizado en Miami tras un aparente episodio de sobredosis. Al ser dado de alta, declaró en un livestream: “No voy a consumir más sustancias por un buen tiempo, con suerte para siempre”.

Quién es Clavicular y qué es el looksmaxxing

Peters construyó su notoriedad en internet alrededor del looksmaxxing, una tendencia entre hombres jóvenes centrada en maximizar el atractivo físico a través de distintas técnicas.

El diccionario Merriam-Webster la definió recientemente como “la práctica de adoptar una o más medidas, en ocasiones extremas o peligrosas, con el objetivo de aumentar el atractivo físico propio”.

Una de las prácticas que Peters popularizó es el bone smashing: golpear deliberadamente los huesos del rostro con un martillo bajo la creencia de que, al regenerarse, adoptarían una forma más estética. Especialistas en salud advirtieron que la técnica puede ser peligrosa y causar daños permanentes.

Peters aguarda la definición de la causa penal ante la justicia de Massachusetts, con una audiencia programada para el 14 de octubre.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, señalado como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años, así como de otros casos que están en investigación.

La detención se realizó en la zona 3 de la aldea Las Anonas, del municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por el delito de violación.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron el operativo junto con fiscales del Ministerio Público. Según las pesquisas, el hombre, de 51 años, ofrecía empleos a mujeres para conseguir su confianza antes de cometer los ataques.

La investigación sostiene que Herrera Moguel utilizaba amenazas, armas blancas, armas de fuego y fuerza física contra las víctimas. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias por otros hechos que tendrían características similares.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un automóvil, un cuchillo, tres teléfonos celulares y dos tarjetas bancarias. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para ampliar la investigación sobre los casos denunciados.

El vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, destacó el papel de las víctimas que presentaron denuncias y permitió que se activaran los mecanismos de investigación. “Hoy se ha hecho justicia para mujeres valientes que se atrevieron a denunciar”, afirmó el portavoz al referirse a la captura.

Mateo sostuvo que la detención fue resultado del trabajo conjunto entre los investigadores de la DEIC y el Ministerio Público. También pidió a posibles víctimas de delitos sexuales que se acerquen a las instituciones para denunciar, pese a las dificultades que puedan enfrentar durante ese proceso.

El detenido tiene nueve antecedentes policiales por violación, robos y hurtos

Las autoridades informaron que Herrera Moguel registra nueve antecedentes policiales por delitos de intento de robo, violación, robo agravado, violación en grado de tentativa, robo y hurto.

Los antecedentes forman parte de los datos revisados por los investigadores, mientras la PNC busca establecer si el detenido puede estar vinculado con otros ataques. La institución no precisó cuántas denuncias adicionales analiza ni si existen nuevas órdenes judiciales en trámite.

La DEIC cuenta con personal especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer, que trabaja con el Ministerio Público para dar seguimiento a las denuncias. El portavoz policial señaló que cada reporte puede permitir la activación de medidas de protección y facilitar la identificación de nuevos hechos.

En julio detuvieron a otro presunto violador serial vinculado con cerca de 20 casos

La captura de Herrera Moguel ocurrió meses después de otro operativo contra un presunto violador serial en Guatemala. En julio de 2026, agentes de la DEIC detuvieron a Luis David López Juárez, de 43 años, durante un allanamiento en el cantón Cabañas, municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retalhuleu.

Contra López Juárez pesaban tres órdenes de aprehensión. Una de ellas había sido autorizada el 7 de julio de 2026 por un juez, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Fuentes policiales lo vincularon con al menos 20 casos de agresión sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango. En el procedimiento, los agentes hallaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, prendas de ropa interior femenina y botas de tipo militar.

Jorge Petrozzi, abogado del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja que fue víctima de agresión sexual, denunció que el colegio aún no identificó ni denunció a los adultos que viajaban en el bus donde ocurrió la agresión sexual.

En declaraciones a RPP, el abogado defensor sostuvo que la identificación de quienes estaban a cargo del traslado es el siguiente punto de la estrategia de la familia. Según indicó, en la unidad viajaban dos docentes y el chofer, aunque hasta ahora no fueron individualizados públicamente ni denunciados.

Petrozzi afirmó que la familia buscará determinar quiénes eran esas personas si las autoridades educativas no informan sus identidades.

“Tenemos, primeramente, que comenzar por la identificación de esos adultos, porque lamentablemente, hasta ahora, ni el Liceo Naval ni ninguna autoridad ha tomado alguna acción proactiva en el sentido de denunciar a esos adultos”, indicó al medio radial.

Familia espera medidas del Minedu

Petrozzi señaló que espera conocer las medidas que adoptarán la nueva dirección del colegio y el Ministerio de Educación, que asumió el control de la institución mediante un decreto publicado el viernes en una edición extraordinaria de El Peruano. También advirtió que la familia actuará aun si otras entidades omiten hacerlo.

“Identificaremos a estas personas, vamos a denunciar definitivamente, sin perjuicio de que lo pueda hacer la Dirección de Bienestar, el colegio, el Ministerio de Educación, quien sea que lo tenga que hacer o que no lo haga, lo vamos a hacer nosotros”, afirmó Petrozzi.

El abogado cuestionó, además, que ni él ni los representantes legales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pudieran ingresar a la audiencia en la que se dictó el internamiento de los seis investigados. Dijo que revisaría la resolución judicial antes de definir los recursos que presentará.

“La jueza no nos permitió el ingreso, a pesar de que la ley manda que sí debemos estar presentes en todas las audiencias”, declaró. Petrozzi añadió que atribuye la decisión judicial a una posible interpretación de la protección de los menores de edad y descartó que la magistrada hubiera actuado de mala fe.

Colegio sabía de casos de acoso, pero no los frenó

Petrozzi sostuvo que la agresión no fue un episodio aislado, sino el resultado de un acoso escolar previo conocido dentro del Liceo Naval, cuyas autoridades tendrían posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas por su actuación.

“Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía. El colegio no ha protegido a este menor”, dijo el abogado. Aseguró que el bullying, el acoso y el abuso eran conocidos por estudiantes y docentes, y que por ese motivo la identidad de los presuntos autores no generó sorpresa tras los hechos.

Petrozzi también señaló que, de acuerdo con la información reunida hasta ahora, el objeto usado durante la agresión habría estado en el bus como parte de los implementos de limpieza de la unidad. “Parece que lo que han hecho es han visto el palo de escoba y han dicho: ‘Este es el arma que vamos a utilizar’”, manifestó.

El abogado afirmó que la familia de la víctima no recibió contacto de directivos del colegio para brindar apoyo al escolar. La única instancia con la institución fue una reunión en la que se firmó un acta, que el abogado calificó como un trámite administrativo sin medidas concretas de acompañamiento para la víctima.

“Lo único que hubo fue una reunión similar a la que citan a un papá para decirle que su hijo se porta mal o que tiene malas notas”, afirmó. Según su versión, el avance inicial del caso se produjo después de que el padre acudió a la comisaría de San Borja para pedir la intervención policial.

Petrozzi señaló que la máxima sanción aplicable a los adolescentes involucrados podría alcanzar ocho años, según su interpretación de la norma. También afirmó que solicitará a la fiscalía una investigación rápida y que la defensa participará activamente en el proceso bajo conducción del Ministerio Público.

En medio de las investigaciones, padres de familia participaron este jueves 17 de septiembre en una reunión convocada con los comités de aula, donde reclamaron medidas concretas por parte de las autoridades del colegio. Durante el encuentro, uno de los padres sostuvo que la comunidad educativa está cansada de escuchar explicaciones y pidió acciones frente a la situación que atraviesa el plantel.

Padres piden medidas concretas

“Necesitamos ver acciones. No sé si la expulsión es la solución. Creería que sí”, manifestó uno de los padres durante la reunión, mientras otra madre respaldó su posición. El padre sostuvo que la situación no se limita al estudiante afectado y cuestionó que anteriormente no se hayan adoptado medidas. “El problema es que se ha llegado a esto porque antes no se hizo. Porque no se puso orden”, afirmó.

Durante su intervención, comparó las normas actuales con las que, según recordó, se aplicaban cuando él era estudiante. También cuestionó a algunos padres que, de acuerdo con su versión, presentan denuncias contra profesores por las medidas que adoptan con los alumnos.

Asimismo, afirmó que estas denuncias dificultarían la labor de los docentes y su capacidad para supervisar a los estudiantes. Según señaló, algunos profesores acumularían numerosas denuncias. Sus declaraciones fueron respaldadas con aplausos por otros padres y madres presentes en la reunión.

Un grupo intimida a profesores

Durante la reunión, uno de los padres de familia cuestionó la relación entre algunos padres y los docentes del colegio. Según afirmó, un grupo reducido de familias estaría presentando reiteradas quejas y denuncias contra profesores, situación que, desde su perspectiva, estaría dificultando el ejercicio de la disciplina en el plantel.

“Son un grupo reducido, que denuncian a los profesores hasta porque se les paró la clase a su hijo”, manifestó. Luego, cuestionó la cantidad de procesos que, según sostuvo, enfrentarían algunos docentes: “Que se conozcan, que se sabe quiénes son, que tienen a profesores denunciados. 20 denuncias, 30 denuncias. ¿De qué estamos hablando?”.

El padre también relató el caso de un docente que, según dijo, tendría reparos para supervisar a los estudiantes en los baños por temor a ser denunciado. “¿Cómo puede ser que en un colegio un profesor me diga a mí que no puede entrar al baño de hombres a supervisar que los chicos estén vapeando o que no estén violando a nadie, porque después viene el papito de uno de ellos a denunciarlo por acoso sexual?”, señaló.

Drogas, armas y violencia

En otro momento de su intervención, el hombre enumeró una serie de situaciones que, según afirmó, se habrían presentado previamente en el colegio. Entre ellas mencionó problemas relacionados con “drogas, armas, agresiones físicas, violencia, violencia contra los profesores” y otros presuntos casos de conducta sexual inapropiada.

También cuestionó las dificultades que tendrían algunos profesores para supervisar a los estudiantes en determinados espacios del colegio. “Esto es lo que queremos, acciones concretas”, sostuvo, al pedir que las autoridades expliquen cuáles serán las medidas que se adoptarán frente a las situaciones denunciadas.

Los padres también cuestionaron la comunicación entre la dirección del colegio, la Marina de Guerra del Perú y las familias. Según el testimonio expresado durante la reunión, la comunidad educativa necesita conocer qué acciones se implementarán para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Panamá registró 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y agosto de 2026, unas 527 más que las 4,072 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento interanual fue del 13%, según cifras preliminares del Ministerio Público, que pueden variar conforme avancen las investigaciones.

El delito más denunciado fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18, con 1,733 registros. Esta categoría concentró el 37.7% del total y experimentó uno de los mayores aumentos interanuales, al superar en 370 casos los 1,363 reportados hasta agosto de 2025.

Las denuncias por violación ocuparon el segundo lugar, con 1,522 registros durante los primeros ocho meses del año. A diferencia de la tendencia general, esta cifra mostró una reducción marginal del 0.3%, equivalente a cuatro casos menos frente a 2025. La violación doblemente agravada también disminuyó, al pasar de 185 a 177 denuncias.

Los actos libidinosos constituyeron el tercer delito más frecuente, con 771 denuncias y un crecimiento interanual del 15%. Agosto presentó 138 registros, la cantidad mensual más alta del periodo. La estadística no diferencia cuántos correspondieron a conductas agravadas, pero varios procesos divulgados por el Ministerio Público involucran a menores de edad.

Entre ellos figura el caso de un hombre de 71 años, a quien un tribunal ordenó detención provisional por actos libidinosos agravados contra una menor en La Chorrera. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2021. Este proceso, anunciado en septiembre, no necesariamente integra las cifras cerradas al 31 de agosto.

La corrupción de personas menores de edad sumó 253 denuncias, un 23% más que las 206 de 2025. También aumentaron los casos relacionados con pornografía infantil, que pasaron de 43 a 64, una subida del 49%. En cambio, la posesión de ese material disminuyó de 25 a 23 registros.

Otros delitos tuvieron una incidencia menor: se reportaron 30 denuncias por acoso sexual, ocho por explotación sexual y otras ocho por relaciones sexuales remuneradas con personas de entre 14 y 17 años. Además, se registraron seis hechos por exhibición de materiales pornográficos a menores incapaces o con discapacidad y dos por turismo sexual.

La distribución territorial muestra que Panamá encabezó los registros con 919 denuncias, seguido de Chiriquí con 724 y Panamá Oeste con 620. La comarca Ngäbe Buglé contabilizó 564 y Bocas del Toro, 456. Estas cinco áreas reunieron 3,283 casos, equivalentes al 71.4% del total nacional.

Los mayores crecimientos porcentuales ocurrieron en Guna Yala, donde las denuncias aumentaron 89%, al pasar de 19 a 36, y en Herrera, con un incremento del 44%, de 64 a 92. En Ngäbe Buglé subieron 34% y en Panamá Oeste, 18%. Las reducciones más marcadas aparecieron en Emberá, Colón y Los Santos.

Mayo y julio fueron los meses con más denuncias, al registrar 685 y 706, respectivamente, mientras que febrero presentó la menor cantidad, con 416. Agosto cerró con 676 hechos denunciados, el segundo resultado mensual más elevado, señal de que la presión sobre las fiscalías se mantuvo durante el cierre del periodo.

La gravedad de estas conductas también aparece en las condenas obtenidas. En septiembre, un hombre de 37 años recibió 12 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años en Tolé, Chiriquí. El hecho ocurrió en octubre de 2023, cuando la víctima se dirigía a su residencia y fue sometida mediante violencia e intimidación, según la Procuraduría.

En términos generales, 4,233 de las 4,599 denuncias correspondieron a violación y otros delitos sexuales, lo que representa el 92% del total. Las otras 366 se relacionaron con corrupción de menores, explotación sexual comercial y diversas conductas asociadas, de acuerdo con la clasificación utilizada por el Ministerio Público.

La denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, abrió una investigación a cargo de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. Según el Ministerio Público, 10 adolescentes de quinto de secundaria fueron retenidos y permanecen bajo investigación mientras se realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Al tratarse de presuntos involucrados menores de edad, el caso se encuentra bajo el sistema de justicia penal juvenil y no ante la justicia penal ordinaria para adultos. La Fiscalía dispuso diligencias como la declaración de la presunta víctima en cámara Gesell y la recopilación de testimonios de los adolescentes intervenidos. La situación jurídica de cada uno deberá determinarse individualmente conforme avance la investigación y se establezca su eventual participación en los hechos.

¿Qué establecía la Ley 32330?

El escenario legal fue distinto durante la vigencia de la Ley 32330, publicada el 10 de mayo de 2025. La norma modificaba el artículo 20 del Código Penal para establecer una excepción a la regla que consideraba exentos de responsabilidad penal a los menores de edad. Así, los adolescentes de 16 y 17 años que cometieran determinados delitos pasarían a ser sujetos de responsabilidad penal ordinaria. Entre los delitos contemplados estaba la violación sexual prevista en el artículo 170 del Código Penal, además de otros delitos graves.

La norma también modificaba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y estableció disposiciones específicas para los adolescentes de distintas edades. En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años incluidos en el nuevo régimen, la consecuencia jurídica dejaba de ser la responsabilidad penal especial del sistema juvenil y pasaba a ser la responsabilidad penal ordinaria.

¿Por qué el TC declaró inconstitucional la norma?

El Tribunal Constitucional resolvió las demandas presentadas contra la Ley 32330 y declaró inconstitucionales los extremos que incorporaban a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario. El TC sostuvo que la edad mínima de imputabilidad penal es de 18 años y que los adolescentes de 16 y 17 años a quienes se atribuya una infracción a la ley penal deben ser juzgados y sancionados dentro del sistema penal juvenil.

Uno de los argumentos centrales del fallo fue que no resulta compatible con la Constitución que personas menores de 18 años sean procesadas y condenadas dentro del sistema penal de adultos y cumplan sus sentencias en establecimientos penitenciarios para adultos. El TC consideró que la protección especial de los adolescentes exige un sistema especializado, y señaló que las medidas introducidas por la Ley 32330 no cumplían con ese estándar.

Régimen para adolescentes

A partir de la decisión del TC, las investigaciones contra adolescentes de 16 y 17 años deben tramitarse bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con intervención de las autoridades especializadas en justicia juvenil. El Tribunal también dispuso que los procesos que hubieran sido tramitados bajo el Código Procesal Penal de 2004 contra adolescentes de esas edades fueran reconducidos al sistema especializado.

Esto significa que, si alguno de los investigados en el caso del Liceo Naval tiene 16 o 17 años, una eventual responsabilidad no se traduciría en una pena de cárcel bajo el régimen de adultos. El sistema juvenil contempla medidas socioeducativas y, dependiendo de la infracción, de la edad y de lo que determine el juez, puede incluir internamiento en un centro juvenil. La existencia de una investigación, sin embargo, no implica que los adolescentes sean responsables: esa determinación corresponde a las autoridades competentes luego del debido proceso.

Alejandro Muñante cuestiona el fallo del TC

A través de sus redes sociales, senador Alejandro Muñante, quien es coautor de la Ley 32330, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional y vinculó el caso del Liceo Naval con su posición a favor de establecer responsabilidad penal ordinaria para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. En una declaración difundida sobre el caso, sostuvo que lo ocurrido demostraría, a su juicio, la necesidad de modificar nuevamente el régimen.

Muñante señaló que la normal buscaba establecer penas de entre seis y ocho años para adolescentes de 16 y 17 años que cometieran delitos graves y afirmó que el Poder Judicial demandó su inconstitucionalidad antes de que el TC declarara inconstitucionales los extremos cuestionados. Asimismo, anunció que desde el Senado buscará impulsar nuevamente una norma de ese tipo y cerró su pronunciamiento con la frase: “Delito de adulto, pena de adulto”.

La agresión habría ocurrido el lunes 15 de septiembre durante el viaje de retorno de una actividad de futsal. Según la versión recogida por ATV, los ocho alumnos de quinto de secundaria habrían obligado al estudiante de cuarto año a detenerse dentro del vehículo y habrían utilizado un objeto durante el episodio, que la Fiscalía investiga como una presunta agresión contra la libertad sexual del menor.

La familia presentó la denuncia en la comisaría de San Borja la noche del martes 16. Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional acudieron al plantel durante el horario escolar e intervinieron a diez escolares, que todavía vestían el uniforme de educación física —serían parte del equipo sub-17 de futsal— cuando fueron trasladados a la dependencia policial. Los menores permanecen allí acompañados por sus padres mientras se desarrollan las diligencias.

¿Estaban bajo supervisión adulta al momento de la agresión sexual?

Según los primeros datos de la PNP, el chofer y el docente a cargo habrían bajado del vehículo dejando a algunos alumnos adentro. La ministra de la Mujer, María Seminario, descartó que el grupo viajara sin supervisión adulta, pero reconoció que las circunstancias precisas deberán establecerse a partir de las declaraciones de cada involucrado. En declaraciones a RPP, cuestionó que el hecho hubiera ocurrido pese a la presencia de docentes: “Cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad porque, efectivamente, los niños iban en el bus acompañados de profesores”.

Sobre el número de implicados, la Fiscalía confirmó que se tratan de 10 menores adolescentes los implicados en la presunta agresión al menor.

Alumnos intervenidos dentro del colegio

La familia de la víctima afectado presentó la denuncia durante la noche del martes, luego de conocer lo ocurrido durante el traslado. De acuerdo con la información difundida por ATV, los ocho alumnos señalados como presuntos implicados fueron intervenidos por la Policía dentro del colegio.

Los estudiantes, quienes serían parte del equipo sub-17 de futsal, todavía vestían el uniforme de educación física cuando fueron trasladados a la dependencia policial. Según el reporte, podrían permanecer retenidos durante las primeras 48 horas desde el momento en que la Policía llegó a la institución, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Familia investiga los hechos

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el caso y dispuso las primeras actuaciones. El adolescente ya pasó por el examen de medicina legal. La ministra Seminario se negó a revelar el contenido del informe por razones de confidencialidad: “No puedo dar el informe completo por confidencialidad”. Además, se realizará una entrevista en cámara Gesell, diligencia reservada por el momento solo a la víctima. Aún no hay fecha definida para que los diez adolescentes identificados como presuntos agresores pasen por el mismo procedimiento.

El penalista Luis Lamas Puccio explicó que la investigación podría extenderse entre 120 y 140 días, según los resultados de los exámenes técnicos y las declaraciones de los estudiantes. “Si es que hay evidencias y se llega a corroborar que efectivamente se ha tratado de un acto grave, como podría haber sido la violación, conforme está establecido en los parámetros médicos, una investigación de esta naturaleza podría durar entre 120 y 140 días”, precisó.

Lamas Puccio subrayó además que, al tratarse de menores de edad tanto la víctima como los implicados, el caso no se tramita en el fuero penal ordinario: “Esto tiene que ser ventilado a través del Código del Niño y Adolescente y un juzgado de familia”. Si se confirma una conducta grave, los infractores podrían recibir medidas socioeducativas que incluyen restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años.

Minedu activó protocolo ante la denuncia

Según la versión recogida por ATV, los ocho alumnos de quinto de secundaria habrían obligado contra su voluntad al estudiante de cuarto de secundaria a detenerse dentro del bus. Asimismo, se habría utilizado un objeto durante el hecho denunciado, que es investigado como una presunta agresión contra la libertad sexual del menor.

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación (Minedu) activó el protocolo 4, relacionado con la convivencia en las instituciones educativas y las medidas de protección para los estudiantes. Cornelio González Torres, exdirector regional de Educación de Lima Metropolitana, señaló que la Policía tiene identificados a ocho involucrados y que se realizará un procedimiento riguroso. También indicó que el Ministerio Público participa en las investigaciones.

MIMP brinda asistencia a víctima

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico a un adolescente de 16 años que habría sido víctima de violencia sexual por parte de ocho compañeros dentro del Liceo Naval, ubicado en San Borja. Según Andina Noticias, la atención está a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan.

Asimismo, un equipo multidisciplinario del programa participará en las diligencias que programe la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes. El MIMP rechazó cualquier acto de violencia y exhortó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y debida diligencia.

Liceo Naval anuncia medidas disciplinarias

A través del Comunicado N.° 183-2026-LNAG/DIR, emitido el 16 de septiembre, el Liceo Naval informó que actuó de manera inmediata ante el hecho denunciado y que viene realizando las coordinaciones con los órganos competentes para facilitar las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

La institución señaló que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. Además, precisó que, de comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente y el reglamento institucional.

Padres convocan plantón en San Borja

El colegio también comunicó que viene adoptando medidas y realizando cambios destinados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Según la institución, estas acciones buscan prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la integridad y el bienestar de los alumnos.

En paralelo, los padres de familia del estudiante afectado y de otros escolares convocaron a un plantón en los exteriores del colegio, ubicado en San Borja. La manifestación está prevista para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 8 de la mañana.

El Liceo Naval pidió a las familias mantener la calma, actuar con prudencia y evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias. La institución reiteró su compromiso con una comunidad educativa basada en el respeto, el buen trato y una convivencia segura.

Qué dice la norma ante una agresión sexual en el colegio

El caso del Liceo Naval volvió a poner en debate los procedimientos que deben activarse cuando se denuncia una presunta violencia sexual contra un estudiante. La referencia vigente es la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU, publicada el 29 de agosto de 2025, que actualizó el Anexo 3 de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, aprobados mediante el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU.

Los procedimientos alcanzan a colegios públicos y privados, y distinguen entre agresiones entre alumnos, denuncias contra personal educativo y situaciones que involucren al entorno familiar o comunitario. La dirección del plantel y el responsable de convivencia escolar deben tomar acciones de resguardo para el alumno y asentar la denuncia en el Libro de Registro de Incidencias, preservando la confidencialidad y consignando solo las iniciales de la persona afectada.

El episodio también debe registrarse en el portal SíseVe, plataforma que permite comunicar de forma confidencial agresiones físicas, psicológicas o sexuales contra alumnos y hacer seguimiento a la respuesta de las instancias educativas. Si hay indicios de un delito contra la libertad sexual, la intervención no puede quedar restringida al ámbito escolar: los lineamientos contemplan informar a la comisaría o al Ministerio Público y derivar a la víctima a servicios de salud o protección cuando sea necesario.

El marco normativo prioriza que el alumno no repita innecesariamente su relato ante distintas personas, y establece una actuación oportuna con acompañamiento socioemocional, continuidad educativa y coordinación con el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Si la persona denunciada es docente, directivo, auxiliar o trabajador del colegio, pueden aplicarse medidas de separación preventiva previstas en la Ley N.° 29988 en un plazo máximo de 48 horas desde que la autoridad toma conocimiento, con notificación al involucrado en un plazo de cinco días hábiles.

La violencia escolar en cifras

El caso del Liceo Naval no es un hecho aislado. Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe registró 11.805 reportes de violencia escolar en todo el país, la cifra más alta para ese período desde que existen registros. De ese total, 8.156 corresponden a hechos entre escolares —un incremento de 18,5% frente a los 6.880 del mismo período de 2025—, con los casos de violencia sexual como la categoría de mayor crecimiento: 35,4% más reportes en un año. Las agresiones físicas aumentaron 16,5% y las psicológicas, 15,3%.

Los estudiantes también aparecen como víctimas de personal de las propias instituciones: SíseVe registró 3.649 reportes de violencia ejercida por docentes, directivos, auxiliares u otros trabajadores contra alumnos entre enero y agosto de 2026. De ese total, 1.972 corresponden a violencia psicológica, 861 a violencia sexual y 816 a violencia física.

Un estudio de la DREM y la Escuela de Carácter y Ciudadanía señala que el 36% de los estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana presenta problemas de salud mental y requiere atención médica, e identifica entre los factores de riesgo la convivencia escolar y el bullying.

Los casos más graves registrados en 2026 ilustran el alcance del problema. En Huancayo, un escolar de 13 años murió tras ser atacado con un arma blanca por otro estudiante; su familia había señalado antecedentes de bullying. En Arequipa, un adolescente de 16 años sufrió cortes en el rostro tras ser presuntamente atacado por excompañeros durante una fiesta, con un vaso de vidrio, en un episodio que su madre vinculó a meses de acoso. También en Huancayo, un estudiante del colegio Mariscal Castilla habría sido atado de pies y manos con cintas de embalaje, amordazado y golpeado por dos compañeros; el ataque habría sido grabado en video. En San Juan de Lurigancho, otro escolar terminó en una unidad de cuidados intensivos tras ser golpeado y apuñalado cerca de su institución educativa.

Dónde pedir ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atiende a víctimas, familiares y testigos de casos de violencia a través de la Línea 100, servicio gratuito y confidencial. Los Centros Emergencia Mujer y Familia ofrecen acompañamiento psicológico, asesoría legal y apoyo social.

Ante una emergencia o riesgo inmediato, la Policía Nacional del Perú atiende llamadas al 105 y recibe denuncias en cualquier comisaría. Los casos de violencia física, psicológica o sexual en el entorno escolar pueden reportarse de forma confidencial en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, a través del correo siseve@minedu.gob.pe o al WhatsApp 991 410 000. Ante la diferencia entre los números gratuitos que consignan distintas páginas oficiales —0800 77090 en Gob.pe y 0800 76 888 en el sitio de SíseVe—, se recomienda confirmar el canal vigente por la vía virtual antes de realizar la comunicación.

La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al caso de presunto abuso sexual por parte de alumnos del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja y solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinde el apoyo necesario a la víctima.

“Exhortamos al MIMP brindar al menor de edad el soporte legal, psicológico y social que requiera. Además, se insta a la UGEL 7 su pronta intervención en dicho centro educativo, según lo dispuesto en los lineamientos para la prevención y atención de la violencia escolar del Ministerio de Educación, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares”, indicó la institución en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La ministra de la Mujer, María Seminario Marón, afirmó que el Liceo Naval Almirante Guise y los estudiantes implicados deberán asumir su responsabilidad ante la denuncia de presunta violencia sexual contra un alumno de 16 años durante un viaje escolar en San Borja. La funcionaria reclamó celeridad en las diligencias de la Fiscalía y la Policía para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

“Los profesores y el colegio en sí mismo tendrá que asumir la responsabilidad correspondiente. Hacemos un llamado a las familias y colegios en general sobre la atención que deben tener sobre estas conductas de sus alumnos. Hay que tener atención, prevenir esto, tiene que haber habido algunas señales anteriores a este hecho”, indicó a RPP.

Los padres del adolescente afectado y de otros escolares convocaron a un plantón frente al colegio para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, desde las 8:00. Los padres anunciaron la manifestación mientras avanzan las actuaciones de las autoridades por el hecho denunciado.

La Policía intervino a ocho alumnos de quinto de secundaria dentro de la institución educativa y los trasladó a la comisaría de San Borja acompañados por sus padres, informó ATV. Los escolares podrían permanecer retenidos durante las primeras 48 horas de diligencias.

Sobre los menores involucrados, la ministra Seminario señaló que la investigación debe avanzar con rapidez pese a que todos son adolescentes. “Esperamos que haya celeridad en la investigación y se tomen las sanciones pertinentes. Todos son menores de edad; sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad”, afirmó.

La ministra indicó que el adolescente pasará por el proceso fiscal y pidió que las medidas se definan en el menor plazo posible. “Esto no se puede permitir”, enfatizó.

Apoyo legal y psicológico a la víctima y su familia

Seminario aseguró que su cartera atendió a la víctima y a sus familiares desde que se presentó la denuncia en la comisaría de San Borja. El acompañamiento legal y psicológico continúa mediante el Centro Emergencia Mujer de Bellavista.

La atención también está a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan, cuyo equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía. La Defensoría exhortó al MIMP a garantizar el soporte legal, psicológico y social requerido, y pidió a la UGEL 7 intervenir en el centro educativo para prevenir hechos similares.

El Liceo Naval señaló en un comunicado interno dirigido a los padres de la víctima que brinda facilidades para las investigaciones. “La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional”, indicó la institución.

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

La Fiscalía investiga una presunta agresión sexual que involucra a ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja durante el traslado de una actividad deportiva.

La investigación podría extenderse entre 120 y 140 días si los elementos reunidos permiten corroborar un acto de la gravedad que se indaga, según explicó el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, quien también afirmó que el plazo de las diligencias dependerá de los resultados de los exámenes técnicos y de las declaraciones de los estudiantes involucrados.

“Si es que hay evidencias y se llega a corroborar que efectivamente se ha tratado de un acto grave, como podría haber sido la violación, conforme está establecido en los parámetros médicos, una investigación de esta naturaleza podría durar entre 120 y 140 días. Dependerá también mucho cuál va a ser no solamente la verificación o la constatación, sino también el nivel de sinceramiento y de reconocimiento puede haber por parte de los menores para que esto evidentemente sea conducido dentro de los plazos”, afirmó en declaraciones a Latina.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles, confirmó que la Policía detuvo a ocho adolescentes involucrados, aunque evitó precisar la condición de cada uno y remitió esos detalles a las autoridades a cargo de las diligencias. La Dirección Regional de Educación activó el protocolo cuatro, referido a la convivencia en las instituciones educativas.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima acudió a la comisaría de San Borja e inició las actuaciones del caso. La indagación se desarrolla bajo reserva por tratarse de menores de edad, tanto por la protección de la presunta víctima como por los derechos de los estudiantes intervenidos.

Colegio afirma que se trató de una “agresión física”

En un comunicado publicado el miércoles 16 de septiembre, la dirección del colegio describió el episodio ante los padres de familia y afirmó que se trató de un “grave hecho de presunta agresión física ocurrido recientemente entre estudiantes durante el traslado de una actividad deportiva programada, la institución ha actuado de manera inmediata”.

El documento señaló que el plantel realiza coordinaciones con los órganos competentes y que brindará facilidades para el esclarecimiento de los hechos. También afirmó que aplicará medidas disciplinarias si se establecen responsabilidades conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional.

“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional. Asimismo, la institución viene adoptando medidas y realizando cambios orientados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de nuestros estudiantes con el propósito de prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar su integridad y bienestar”, indicó el comunicado

Gonzáles sostuvo que el Ministerio de Educación interviene sin distinguir si los alumnos pertenecen a un colegio estatal o privado. Al referirse al procedimiento activado para este caso, indicó: “Queremos esperar todavía las diligencias”.

El examen médico legal definirá si hubo violación o tocamientos

Luis Lamas Puccio planteó que la primera diligencia debe determinar la naturaleza del hecho denunciado. El penalista explicó que una eventual violación requiere una constatación médico-legal que permita establecer si existió penetración o si se trató de tocamientos con relevancia penal.

Al describir la prueba que orientaría esa calificación, el abogado señaló: “La única manera de poder verificar en un primer momento es a través de lo que se pueda determinar mediante un examen médico legista”.

“Una cosa es lo que se está manifestando con cierta justificación y otra cosa es lo que tiene que constatarse, a ver si efectivamente bajo qué condiciones, en qué términos, cuáles habrían sido los niveles de participación de cada uno de los menores y poder reconstruir en alguna medida, sustentado en estos documentos técnico-periciales, para poder encuadrar el tema si se trató o no se trató efectivamente de un acto de violación o, de lo contrario, se habría tratado de actos de tocamiento sexual, que también tienen connotaciones de responsabilidad penal (...)”, afirmó a Latina.

La investigación también debe recoger las versiones de los menores y reconstruir las condiciones en que ocurrió el episodio, según el especialista. Ese proceso deberá establecer los niveles de participación individual y determinar si hubo autoría, coautoría, complicidad, instigación u omisión.

Lamas Puccio sostuvo que, al tratarse de adolescentes, el caso no se tramitaría en el fuero penal ordinario. “Esto tiene que ser ventilado a través del Código del Niño y Adolescente y un juzgado de familia”, afirmó.

Fiscalía puede dictar medidas de protección y restricciones de libertad

El abogado indicó que las primeras medidas deben proteger a la presunta víctima, preservar la confidencialidad de los hechos y evitar la identificación de los menores. También señaló que, si se reúnen suficientes elementos de convicción, la ley permite solicitar la detención preventiva de los posibles autores.

Respecto de una eventual sanción, el penalista explicó que se debe evaluar la edad de los adolescentes, la gravedad de los hechos y la intervención atribuida a cada uno. Si se confirma una conducta grave, podrían imponerse restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años, según las características del caso.

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó de forma parcial una sentencia que obligó a Eduardo Fermín Eliçabe y al excomisario Leónidas Hugo Soria a indemnizar a la familia de Irina Laura Montoya, una de las jóvenes asesinadas en 1998 en el caso conocido como el crimen de las mochileras.

La resolución ratificó la condena civil contra Eliçabe, quien recibió prisión perpetua en la causa penal, y extendió la responsabilidad a Soria, propietario de la empresa de seguridad para la que trabajaba el acusado. Ambos deberán afrontar un resarcimiento de $21.060.000, más intereses, si el fallo queda firme.

Los padres de Montoya habían iniciado la demanda por daños y perjuicios alrededor del año 2000. La joven, de 24 años, viajaba junto a María Dolores Sánchez, de 18, desde Chañar Ladeado, Santa Fe, hacia la Patagonia. Las dos hacían dedo cuando subieron al vehículo conducido por Eliçabe.

El doble homicidio ocurrió en febrero de 1998 sobre la ruta 33, cerca de García del Río, a menos de 40 kilómetros de Bahía Blanca. Las jóvenes fueron asesinadas a tiros después de un ataque sexual.

Los camaristas Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian consideraron que Eliçabe aprovechó su función de custodio de cargas para trasladar a las víctimas. Según el fallo, esa condición pudo haber generado confianza en las jóvenes al momento de aceptar subir al vehículo.

La Cámara sostuvo que Soria le había encomendado la tarea, titular de la firma Sor, dedicada a la custodia de camiones. Para los jueces, sin esa vinculación laboral Eliçabe no habría tenido la ocasión de abordar a Montoya en las circunstancias en las que ocurrió el crimen, de acuerdo con información publicada por La Nueva.

La sentencia contempló, entre otros conceptos, el daño moral de los padres de Irina. Los magistrados tuvieron en cuenta la pérdida de su hija, las secuelas psicológicas y las consecuencias que el hecho tuvo en su vida personal y laboral.

“Esto volvió a tocarnos el corazón, aunque todos los días la estamos recordando”, dijo Mari, madre de Irina, a Infobae con la voz entrecortada. “No puedo hablar”, se disculpó, con el dolor intacto.

“Respecto a este fallo, lo que nos hubiera gustado es que este tipo este preso. Le arruinó la vida a las chicas y a nosotros, su familia. Tuvimos muchos problemas de salud, con la ayuda de Dios salimos adelante y nos ayudaron mucho nuestros amigos. No nos interesa el dinero, lo que nos interesaba es que él esté en la cárcel. Yo pienso que no se hizo Justicia. 12 años para una persona que violó y mató no es nada”, remarco.

Eliçabe había sido condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado al ser hallado culpable de homicidio doblemente agravado por alevosía y para ocultar otro delito, en ese caso la violación. Sin embargo, recuperó la libertad a fines de 2010, después de cumplir 13 años de prisión y de acceder al beneficio de la entonces vigente ley del “2x1”.

El abogado de la familia apelará ante la Suprema Corte

El abogado de los padres de Montoya, Alejandro Vecchi, anticipó que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El planteo apunta a que también se analice la presunta responsabilidad del Estado provincial.

Vecchi, que llegó al caso a través de la Fundación José Luis Cabezas, afirmó que la demanda incluyó a la Provincia por su función de control sobre la empresa de seguridad de Soria. Según explicó, la firma tenía una disposición administrativa de inhabilitación en trámite al momento del doble homicidio.

El letrado sostuvo que el Ministerio de Seguridad debía verificar la habilitación de la agencia, los antecedentes laborales de Eliçabe y su eventual autorización para portar armas. “La sentencia solamente le da responsabilidad a Soria y Eliçabe y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, dijo en declaraciones a Canal Siete.

“Si el Estado hubiera actuado en su momento, consideró la familia y así nosotros lo pusimos en la demanda, es muy posible que hoy no estuviéramos hablando de este crimen”, sostuvo.

La defensa de la familia cuestionó además el tiempo que demandó la causa civil. La condena penal contra Eliçabe quedó firme en 2006, mientras que la resolución sobre la indemnización se conoció casi dos décadas después.

“Es una exageración la cantidad de tiempo”, sostuvo Vecchi en ese sentido. El abogado también destacó que el reclamo civil no tiene como principal objetivo una compensación económica.

“Esto se hace por una cuestión de justicia y por una cuestión de no dejar impune a los funcionarios públicos que autorizaron a que funcione una agencia trucha, que era trucha al momento de que mataron a las chicas”, afirmó.

Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Gabriel “N” y Luis Enrique “N” por su probable participación en agresiones sexuales contra una mujer, quien además fue golpeada, encerrada y expuesta a un incendio provocado dentro de un puesto de periódicos en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que ambos procesos derivan de hechos ocurridos el 30 de agosto en la colonia Lomas de Santa Fe. Gabriel “N”, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. Luis Enrique “N” fue vinculado únicamente por el delito de violación.

Agresión sexual y encierro en el puesto de periódicos

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con ambos imputados dentro de un puesto de periódicos en Lomas de Santa Fe, donde presuntamente fue agredida sexualmente por los dos hombres.

Gabriel ‘N’, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras la agresión sexual, Gabriel “N” habría golpeado a la mujer y la encerró junto con Luis Enrique “N” dentro del establecimiento. Ahí, según la Fiscalía CDMX, prendió fuego a una cortina antes de cerrar el acceso desde afuera y retirarse del lugar.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se percataron del humo proveniente del puesto, abrieron la cortina y pusieron a salvo a la víctima y a Luis Enrique “N”, quien también había quedado encerrado en el local.

Detención y vinculación de Luis Enrique “N”

Tras el rescate, Luis Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, luego de que la víctima lo señalara como uno de sus agresores.

Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía CDMX, el 1 de septiembre la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Luis Enrique “N” por el delito de violación. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Investigación y aprehensión de Gabriel “N”

La entrevista realizada a la víctima, junto con los dictámenes periciales en medicina y psicología, permitió al agente del Ministerio Público solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Gabriel “N”.

A solicitud de la autoridad ministerial, personal de la SSC analizó videograbaciones como parte de las acciones para localizar al imputado. El 5 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la SSC, lo aprehendieron en la alcaldía Álvaro Obregón y lo presentaron ante un juez.

Vinculación a proceso de Gabriel “N” por cuatro delitos

El 6 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados y obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel “N” por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras dure el proceso.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía CDMX deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación en la etapa intermedia.

Perspectiva de género y presunción de inocencia

La Fiscalía CDMX señaló que continuará la investigación con perspectiva de género y llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la dependencia precisó que las personas mencionadas serán consideradas inocentes respecto de los procesos que aún se encuentran en curso, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Un juez vinculó a proceso a Azlán “N”, autodenominado influencer, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y corrupción de menores. La víctima es una adolescente de 13 años de identidad reservada en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que la resolución se dio tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba correspondientes.

Qué pasó con la adolescente de 13 años en Hermosillo

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre la noche del 21 de febrero y la madrugada del 22. Azlán “N” facilitó bebidas alcohólicas a la menor durante un evento musical realizado en la colonia Palo Verde.

La Fiscalía sostiene que el imputado aprovechó posteriormente la relación de confianza y las condiciones en las que se encontraba la víctima. En ese contexto, cometió actos de naturaleza sexual en un domicilio de la colonia El Ranchito.

Por estos hechos, el juez impuso a Azlán “N” prisión preventiva justificada. Además, estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria en esta causa.

La detención vinculada al ataque en el Centro de Usos Múltiples

La captura de Azlán “N” se produjo en el marco de las investigaciones derivadas del ataque armado registrado el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. Ese día, un grupo armado ingresó al recinto, realizó detonaciones con rifles de asalto e incendió el ring que había sido instalado para un espectáculo.

El evento, programado para la jornada siguiente, contemplaba la participación de influencers y boxeadores. “Los daños obligaron a la suspensión de la función.”

En ese contexto, la AMIC detuvo a cuatro personas relacionadas con los hechos ocurridos en el CUM. Entre ellas se encontraba Azlán “N”, quien ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

Las otras tres personas aprehendidas son investigadas por su presunta participación en homicidios cometidos en la capital sonorense, según informó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez. La autoridad judicial deberá determinar la situación jurídica de cada uno conforme avance el procedimiento correspondiente.

Videos de venta de drogas y una causa distinta por narcomenudeo

Las investigaciones permitieron establecer que Azlán “N” realizaba y difundía videos mediante los cuales promovía productos ilegales, entre ellos drogas. Esta conducta constituye una línea de investigación adicional por posible apología del delito, que ya fue judicializada.

Por estos hechos, Azlán “N” deberá responder ante la autoridad judicial en el procedimiento correspondiente, el cual continuará conforme a derecho.

En una causa distinta, Azlán “N” fue vinculado a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana. En este procedimiento también se le impuso prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De esta forma, el imputado enfrenta procesos penales abiertos por tres causas distintas: los delitos sexuales contra la menor, la posible apología del delito y el narcomenudeo.

La postura de la Fiscalía frente a los delitos contra menores

La FGJES señaló que mantendrá una actuación firme frente a delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. La dependencia también indicó que continuará el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el narcomenudeo.

Según el comunicado, “el objetivo es llevar ante los tribunales a quienes vulneren la integridad de menores o participen en actividades que afecten la seguridad de la comunidad.”

La Policía Nacional no ha informado hasta el momento capturas tras el ataque armado en el sector de El Tigre, en el corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, que dejó como saldo una mujer muerta y otra herida durante la madrugada del domingo.

María M. Mora, de 22 años, murió en el lugar tras recibir disparos, mientras que otra joven de la misma edad, que la acompañaba, fue trasladada a un hospital cercano con heridas de bala, sobre todo en las piernas.

El hecho ocurrió después de la 1:00 a.m. en una vereda del sector, según reportes del diario Critica.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio en el lugar, las dos jóvenes estaban en una reunión clandestina cuando se produjo el tiroteo.

Los testigos señalaron que el padrastro de un hombre conocido como Calitín, quien habría invitado a las mujeres al sitio, llegó al área y disparó. La información periodística no precisa el motivo del ataque, y el hombre al que identifican con ese alias no llegó al lugar.

El cuerpo de Mora quedó boca abajo sobre el concreto.

Tras el crimen, las unidades policiales acordonaron el área para preservar los indicios y realizaron operativos en el sector. Las autoridades no habían comunicado la detención de la persona señalada por los testigos.

Según las versiones conocidas, las jóvenes habían asistido antes a otra reunión en Panamá Este, luego se dirigieron hacia Cerro Cocobolo y terminaron en El Tigre.

El texto del diario también indica que ambas habían estado el 16 de agosto en una residencia allanada por las autoridades, donde se ubicaron armas y municiones.

En otro caso, la Procuraduría General de la Nación informó que el Tribunal de Juicio Oral condenó a un ciudadano a 25 años de prisión por el femicidio de una mujer de 20 años en Altos de Los Lagos, provincia de Colón. La sentencia incluyó una prohibición para portar armas de fuego durante 10 años, una vez que el condenado cumpla la pena principal.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales durante el juicio. El tribunal declaró culpable al acusado.

El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2023 en el corregimiento de Cristóbal.

Según informó la Procuraduría, el sentenciado se acercó a los predios de uno de los multifamiliares donde estaba la víctima y efectuó varios disparos con una pistola.

Las detonaciones causaron la muerte de la joven. La condena corresponde al delito de femicidio.

En tanto, la Procuraduría General de la Nación también comunicó una condena de 20 años de prisión contra un ciudadano por homicidio doloso agravado, en perjuicio de un adolescente de 15 años en el sector de Puerto Escondido, en la provincia atlántica de Colón.

El fallo incorporó una pena accesoria que prohíbe al condenado portar armas de fuego por el mismo período de la sanción principal.

La Fiscalía Regional de Colón sostuvo la acusación a través de su Sección Especializada en Homicidio y Femicidio. Durante el proceso, presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales.

El Tribunal de Juicio validó un acuerdo de pena, según precisó la institución. El proceso estuvo vinculado con un ataque ocurrido el 16 de junio de 2024.

De acuerdo con la información oficial, el imputado disparó contra el adolescente con un arma de fuego en Puerto Escondido, y la víctima murió como resultado de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación señaló que también se logró la detención provisional de un hombre de 25 años de edad, vinculado presuntamente al delito de violación, en perjuicio de una menor de 15 años de edad. El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2026, en el distrito de Arraiján, al oeste de la ciudad capital.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, para la cual la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

Cómo ocurrieron los hechos según la investigación

De acuerdo con la investigación, el 17 de noviembre de 2023 Francisco “N” interceptó a la víctima y la amenazó con un arma de fuego. Con la participación de otras personas, la obligó a subir a un vehículo y la trasladó a un inmueble.

En ese lugar, la víctima permaneció privada de la libertad durante los días 18 y 19 de noviembre. Durante ese período, habría sido agredida sexualmente por el imputado.

El 19 de noviembre, la víctima consiguió salir del inmueble donde estuvo retenida. Ese mismo día acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía CDMX.

Tras presentar su denuncia, la víctima recibió atención médica y psicológica el mismo 19 de noviembre de 2023. Posteriormente fue canalizada a servicios especializados para dar continuidad a su acompañamiento.

Los peritajes que sustentaron la carpeta de investigación

La investigación incluyó la entrevista de la víctima, un dictamen médico, una valoración psicológica y un dictamen de antropología social. Cada uno de estos elementos aportó datos técnicos para sustentar la imputación.

El estudio médico documentó lesiones recientes. Por su parte, el análisis antropológico identificó distintas formas de violencia y relaciones asimétricas de poder entre el imputado y la denunciante.

Paralelamente, la Policía de Investigación (PDI) realizó diligencias en el lugar de los hechos y consultas en bases institucionales. Estas acciones permitieron corroborar los datos de identidad y domicilio del imputado.

Las mismas consultas también permitieron identificar dos investigaciones previas en las que Francisco “N” aparece relacionado por posibles hechos de violencia familiar.

La ejecución de la orden de aprehensión y la vinculación a proceso

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra el imputado.

Agentes de la PDI ejecutaron esa orden el 28 de agosto de 2026 en la colonia Pedregal de San Nicolás

Al día siguiente, el 29 de agosto, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Francisco “N”. El juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El análisis de contexto en la integración del caso

La incorporación del análisis de contexto permitió presentar ante el juez una investigación que no examinó las agresiones de manera aislada, sino dentro de una relación marcada por distintas formas de violencia.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo el caso para procurar justicia a la víctima durante las siguientes etapas del proceso penal.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Francisco “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Contexto de violencia sexual en la zona

Pedregal de San Nicolás, Tlalpan, ha sido escenario de otros casos de agresión sexual documentados por autoridades.

En agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) detuvo a un taxista señalado de cometer abuso sexual y robo contra una pasajera en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás Tercera Sección. Según el reporte, el conductor de un taxi Nissan Tsuru estacionó el vehículo durante el trayecto y sometió a la víctima para cometer actos lascivos en su contra, además de despojarla de su celular y dinero en efectivo.

En mayo de 2025, un hombre identificado como Rafael “N” fue sentenciado a 24 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a un menor de edad en repetidas ocasiones dentro de una vivienda de la misma colonia, Pedregal de San Nicolás, entre el verano de 2020 y julio de 2021.

Adicionalmente, un reporte de 2016 documentó la actividad de un presunto violador serial que atacó a por lo menos 14 mujeres de entre 14 y 18 años en la delegación Tlalpan, con víctimas provenientes principalmente de las colonias Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás Totolapan y Bosques del Pedregal. Según ese reporte, el agresor operaba interceptando a las víctimas y amenazándolas con un arma, en ocasiones subiéndolas a un taxi.

Estadísticas generales de la Fiscalía CDMX sobre violación

En cuanto a cifras institucionales más recientes, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que entre enero y julio de 2026 las detenciones y judicializaciones por violación aumentaron 23.3% respecto al mismo periodo de 2024. Además, se ejecutaron 232 órdenes de aprehensión por este delito, 373% más que en 2019 y 44.1% más que en 2024.

Como parte de la misma investigación, un cuarto sujeto, identificado públicamente como “influencer”, fue capturado por una orden de aprehensión vigente relacionada con el delito de violación. El detenido se dedicaba a promocionar la venta de drogas en distintos eventos.

Detenciones vinculadas a homicidios en Hermosillo

El fiscal general en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, detalló que los tres detenidos se encuentran declarando ante el Ministerio Público y ya fueron identificados. Según explicó, serán puestos a disposición del juez de su causa en las próximas horas.

“Estas tres personas se encuentran, eh, declarando, eh, están identificados y además están relacionados con diversos homicidios que se han venido cometiendo en la capital del estado. Estos sujetos ya no seguirán generando violencia en la ciudad y serán puestos a disposición en las próximas horas del juez de su causa”, mencionó el fiscal.

Captura del influencer y el patrón de violencia señalado por el fiscal

El cuarto detenido, autodenominado “influencer”, contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación al momento de su captura. De acuerdo con la investigación, utilizaba sus plataformas para promocionar la venta de drogas en distintos eventos.

El fiscal describió una dinámica que, según dijo, se repetía en los sitios donde este sujeto hacía promoción: “Cada vez que llegaba a un lugar donde promocionaba este sitio, sobrevenía una agresión del grupo rival a cometer homicidios en agravio de las personas que manejaban estos sitios”.

Con esa declaración, Salas vinculó la actividad de promoción del detenido con episodios de violencia posteriores contra responsables de los sitios promocionados, dentro del contexto de disputa entre grupos rivales.

Investigaciones abiertas sobre el elenco del evento

El Ministerio Público continúa las diligencias respecto de otras personas que formaban parte del elenco programado para el evento en el CUM. Estas personas ya cuentan con carpetas de investigación en integración.

El fiscal indicó que, conforme avancen los datos de prueba, estos expedientes serán judicializados en los próximos días.

Salas señaló que la Fiscalía no puede ofrecer mayores detalles en este momento. “No podemos dar más información en este momento por respeto al debido proceso y a fin de que se garantice la presunción de inocencia hasta que estén a disposición y sean imputados ante su juez”, afirmó.

Marco institucional y coordinación en seguridad

El fiscal enmarcó estas detenciones dentro del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad del estado. “Hemos estado trabajando permanentemente en el Gabinete de Seguridad bajo la conducción del gobernador del estado y, por supuesto, con todas las instituciones que forman parte de la Mesa de Seguridad”, expresó.

Añadió que la información se comparte con la opinión pública en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la población, aun cuando la FGJES mantiene reservados otros detalles de la investigación mientras continúa el proceso judicial contra los cuatro detenidos.

El incendio del ring en el CUM

Los hechos investigados ocurrieron la noche del viernes 28 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, en el inmueble ubicado sobre Perimetral Norte y Solidaridad, en Hermosillo. Un grupo de sujetos armados ingresó al Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó detonaciones de arma de fuego al aire y posteriormente incendió el ring donde se realizaría el espectáculo.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, se escucharon múltiples detonaciones mientras asistentes y trabajadores buscaban ponerse a salvo. La Mesa Estatal de Seguridad confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, y que el personal presente en el recinto resultó ileso.

El espectáculo, denominado “Noche Suprema: El Norte Manda”, combinaba peleas de exhibición entre creadores de contenido, combates profesionales, una exhibición entre ex boxeadores y presentaciones musicales. En la pelea estelar estaba programado el boxeador profesional Miguel “Alacrán” Berchelt, quien enfrentaría al colombiano Juan Manuel “La Sombra” Córdoba en la división de peso ligero.

Al lugar acudieron equipos de Bomberos para sofocar el incendio, además de cuerpos de emergencia de la Cruz Roja, elementos de Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes resguardaron la zona e iniciaron las investigaciones.

La Mesa Estatal de Seguridad señaló que la agresión estuvo dirigida contra la producción y organización del espectáculo, y no contra el espacio público ni las personas usuarias del CUM.

La función fue cancelada de forma oficial. Las autoridades indicaron que, aunque el evento contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, el promotor no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado para su realización.

Entre los participantes anunciados en la cartelera figuraba El Vitolias, identificado públicamente como ex amigo del influencer Markitos Toys y cuyo nombre ha aparecido en reportes relacionados con presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

Oscar Jégou y Hugo Auradou, los jugadores de la Selección de rugby de Francia acusados de violar a una mujer el 7 de julio de 2024 en el hotel Diplomatic de la capital de Mendoza luego de enfrentar a Los Pumas, fueron sobreseídos por la Suprema Corte provincial a dos años de su liberación, según el fallo al que accedió Infobae.

Los jueces Dalmiro Cueli, José Valerio y Norma Llatser, rechazaron un reciente recurso de la querella del caso, que representa a la mujer que denunció a ambos deportistas y le impusieron las costas del proceso a la querella. También, abrieron la puerta a una apelación federal.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de ambos jugadores, aseveró a este medio: “Estoy contento con el éxito profesional pero más contento porque demostramos una falsa denuncia aberrante. Dos jóvenes de 20 años fueron presos y nunca cometieron nada”.

Ambos acusados habían sido sobreseídos seis meses después de la denuncia, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito. En junio último, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. Así, Jégou y Auradou debieron conectarse en julio via Zoom a una nueva audiencia judicial desde Nueva Zelanda, donde disputaron un encuentro con las All Blacks.

Con respecto a la apelación, el juez García Cueli rechazó las acusaciones de falta de perspectiva de género en la investigación, defendió la causa instruida por los fiscales y afirmó en el fallo que la valoración de la prueba realizada por la querella “no puede prosperar”. Apoyó a la jueza original del caso, que “examinó la coherencia interna” del relato de la denunciante y “lo confrontó con los restantes elementos”. Esa comparación fue clave para exculpar a los franceses.

Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la informaciónque brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerlay que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

En paralelo, un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

“La literatura argentina empieza con una violación”, afirmó el escritor y profesor David Viñas, uno de los críticos literarios más respetados del país, en su libro Literatura argentina y realidad política. Y ya veremos por qué. Se refería a El matadero, el cuento de Esteban Echeverría considerado como el texto fundacional de las letras nacionales.

Mucho antes que Borges, antes también que el Facundo o el Martín Fierro, Echeverría, de cuya muerte se cumplen 137 años, fue el primer gran autor argentino. En 1837, la publicación de su largo poema épico La cautiva fue el primer antecedente de la novela en el país. Pero fue durante su exilio en el campo Los Talas (partido de Luján), mientras se escondía de Juan Manuel de Rosas por la cruzada del caudillo federal contra los unitarios, que Echeverría escribió El matadero, el relato que lo llevaría a ser considerado el padre de las letras argentinas y que pude descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá.

Sin embargo, El matadero, escrito entre 1838 y 1840, no se publicaría hasta 1871, es decir, 20 años después de la muerte de su autor. No se conocen con precisión los motivos que llevaron a Echeverría a mantener inédito este cuento, pero bien podría asumirse -y esto no es más que eso: una hipótesis- que fue, al menos en parte, por lo violento y sexualmente explícito de su contenido, así como por la fuerte crítica política que representa. Pero vayamos por partes.

El primer cuento y la primera grieta

El matadero arranca en un año indeterminado de la década de 1830 con un diluvio de proporciones bíblicas que inunda las calles de Buenos Aires. Pero el combustible de la trama de este cuento de solo 15 páginas no son los destrozos ocasionados por el agua ni la muerte de ciudadanos: es, como su título lo anticipa, la falta repentina de carne. “Por causa de la inundación estuvo quince días el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna”, escribe el autor.

Desde los primeros párrafos -y esto comprueba que la “grieta” en Argentina no es una invención del siglo XXI ni tampoco del XX, sino que data de los comienzos mismos de la Nación-, Echeverría presenta una Argentina dividida en dos.

De un lado están los “salvajes” federales comandados por “el Restaurador”, una figura que hace referencia al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, aunque nunca lo nombra de manera explícita. En el cuento, los federales representan la ciudad, la barbarie y la tiranía del poder.

Y del otro, los unitarios, retratados como la civilización que tuvo que huir de la ciudad al campo, como lo hizo el propio Echeverría, para esconderse de la persecución federal.

Ante la escasez repentina de carne, que durante una quincena mantuvo vacío el matadero, un día llegan 50 novillos. Pero la repartija, claro, no se da de manera equitativa. Como se muestra en las primeras páginas del cuento, los federales se llenan la panza mientras que el pueblo -retratado peyorativamente como un conjunto de brutos e incivilizados- se conforma con las sobras: una “negra bruja” esconde grasa robada “en las tetas” mientras “dos africanas” se llevan a rastras, entre la mugre, las entrañas del animal.

“¡Cosa estraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos!”, escribe el autor.

Así, en el primer cuento realista de la literatura argentina, Echeverría sienta las bases de la primera grieta en una Buenos Aires que “atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento”. Desde la ficción y a través de la imagen del diluvio, el autor denuncia que, con el aval de la Iglesia, los federales hacían responsables a los unitarios de todos los males del país:

¡Ay de vosotros pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! (...) Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos, han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la Federación os declarará malditos.

Pero entonces, ¿por qué Viñas afirmó que “la literatura argentina empieza con una violación”?

[”El matadero” puede descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá]

El primer mártir y la primera violación

A lo largo de El matadero, y pasando paulatinamente de lo metafórico a lo real, Esteban Echeverría va construyendo la imagen de la persecución federal a los unitarios y la amenaza que, para él, representaba el rosismo para Argentina.

Primero, de manera casi imperceptible, narra la muerte accidental de un niño dentro del matadero mientras la muchedumbre discutía si un toro que estaba por carnearse era efectivamente un toro o una vaca. En medio del ajetreo, entre conversaciones acaloradas sobre los genitales del animal, el toro logra escapar. Pero, al soltarse con violencia del lazo que lo retenía, este termina cortándole de cuajo la cabeza a un niño, imagen que, sin embargo, no parece detener la escena. La atención de la multitud está en el toro, que sale del matadero y, al galope, penetra la ciudad.

¿Es posible escapar del matadero, de ese laberinto protokafkiano que representa el poder absolutista de Rosas? Aunque el toro, en su resistencia, logra alejarse algunos kilómetros, es capturado y arrastrado de vuelta a aquel lugar en el que encontrará su perdición: “Una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el Matadero donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías (...) Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre: su cadáver estalla en el cementerio”.

Pero después de la muerte del niño y del escape (y consiguiente captura) del toro, Echeverría decide terminar el cuento con una tercera escena mucho menos metafórica que las primeras dos. En medio de la faena del animal, mientras la muchedumbre disputa sus vísceras, se escucha que alguien grita: “¡Allí viene un unitario”. Y en pocos párrafos, lo que era una idea pasa al reino de lo concreto: la grieta, de repente, se hace cuerpo.

El hombre, que para muchos críticos es una representación del propio Echeverría, es presentado así: “Era este un joven como de 25 años de gallarda y bien apuesta persona que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno”.

Cuando la horda de gente nota que el unitario no lleva la divisa punzó -una franja de color rojo que distinguía a los federales-, este es capturado y arrastrado, como el toro, hacia el matadero. Algunos claman que sea degollado, pero el Juez, la principal figura de poder del lugar, detiene el inminente linchamiento y manda a que le traigan al joven inmovilizado. La rapidez de una muerte sin sufrimiento, según parece, es un lujo del que ningún federal debería gozar.

“Éste es incorregible”, le dice un “negro petizo” al Juez al ver la resistencia del joven. “Ya lo domaremos”, le responde el mandamás que, sin perder la calma entre los gritos de la muchedumbre que reclamaba sangre, sentencia: “Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa”.

[”La cautiva”, de Esteban Echeverría, puede descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá]

“A pesar de la fealdad monstruosa con que nos son descriptos los federales, las evidentes connotaciones eróticas, sadomasoquistas y vampíricas de El matadero aparecen desde el momento en que todo el relato se nos presenta con un ritmo casi sexual in crescendo que parece prepararnos para la escena final del derramamiento de la sangre, y no del semen, del joven patriota atado boca abajo sobre la mesa”, escribe el investigador argentino Adrián Melo en su Historia de la literatura gay en Argentina.

Para este doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología, “la literatura argentina se abre oficialmente con dos imágenes sexuales: una (Amalia, de José Mármol) muestra la unión sexual que debe ser y que permitiría el progreso fecundo de la Nación y la otra (El matadero) describe el sexo anormal que practican los enemigos de la Patria y la civilización”.

Agrega Melo: “El sexo es la metáfora de la que se sirve el autor para expresar el salvajismo de los federales, los opositores políticos que no deben formar parte del proyecto nacional. La escena de la violación se repite una y otra vez en la literatura argentina para expresar las distintas formas que tomó el dilema sarmientino en la historia del país”.

La grieta, entonces, no existe solo en el mundo de las ideas sino que se condensa en la carne que, ante la imposibilidad de acuerdo o convencimiento alguno, debe ser sometida a como dé lugar. Pero Echeverría, para enaltecer la virilidad del unitario, le da un final “digno” de un hombre.

“Primero degollarme que desnudarme, infame canalla”, grita el joven mientras los ayudantes del Juez, haciendo caso omiso a sus reclamos, lo despojan de sus ropas y lo atan boca abajo en la mesa. Y es ahí cuando el autor encuentra una alternativa más honorable para el inminente destino del unitario, que explica la frase de Melo sobre el derramamiento de sangre pero no de semen, y que demuestra cómo al unitario le pueden arrebatar todo salvo las convicciones y la hombría:

Sus fuerzas se habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmobles y los espectadores estupefactos.

Con su honor y su virilidad intactas, el joven unitario “estalló de rabia” y salvó así su dignidad de “la verga y el puñal de la federación rosina”. En su última conversación con el Juez, le dice: “La fuerza y la violencia bestial. Ésas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas en cuatro patas”.

“¿No temes que el tigre te despedace?”, le pregunta el Juez. Y el unitario, en uno de sus últimos alientos, le contesta: “Lo prefiero a que maniatado me arranquen, como el cuervo, una a una las entrañas”.

Días antes de morir, Ariel Castro vio cómo las topadoras derribaban la casa de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde había mantenido encerradas a tres mujeres durante una década. Semanas después de escuchar su sentencia, se quitó la vida.

Castro murió el 3 de septiembre de 2013: se ahorcó en su celda de una prisión de Ohio, semanas después de ser condenado a cadena perpetua más 1.000 años de cárcel por secuestrar y violar a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus en Cleveland. La médica forense Jan Gorniak dictaminó que la causa de su muerte fue un suicidio. Una investigación posterior halló irregularidades graves en la vigilancia de la prisión de Ohio.

Un informe difundido en octubre de 2013 por el Departamento de Correccionales de Ohio informó que los guardias no completaron correctamente sus rondas de control esa noche. Según revelaron medios periodísticos por entonces, dos oficiales modificaron los registros de cinco rondas de vigilancia nocturnas que debían realizarse cada media hora.

Los responsables quedaron suspendidos sin goce de sueldo mientras avanzaba la investigación interna. El mismo reporte abrió una hipótesis alternativa: la posición del cuerpo, con el pantalón y la ropa interior bajos hasta los tobillos, llevó a considerar la posibilidad de una asfixia autoerótica en lugar de un suicidio planificado. Esa parte del informe no llegó a una conclusión inapelable.

Castro nació el 10 de julio de 1960 en Yauco, Puerto Rico, hijo de Pedro Castro y Lillian Rodríguez. Sus padres se divorciaron y su madre se mudó con los hijos a Pensilvania antes de instalarse finalmente en Cleveland. De niño, Castro fue abusado sexualmente por un vecino y por un tío. Su madre también lo golpeaba con cinturones y palos.

En la década de 1980 comenzó una relación con Grimilda Figueroa, una vecina de su barrio. La pareja se mudó para convivir en la misma casa en 1992 y el vínculo se volvió violento poco después: Castro le rompió la nariz, las costillas y los brazos a Figueroa.

Los golpes le provocaron un coágulo cerebral que derivó en un tumor, y en una ocasión la arrojó por una escalera y le fracturó el cráneo. Castro fue arrestado por violencia de género en 1993, pero un gran jurado no llegó a indagarlo. Figueroa se fue de la casa en 1996 con los cuatro hijos de la pareja. En 2005 volvió a denunciarlo por agresiones y logró una orden de restricción. La mujer murió en 2012 por complicaciones derivadas del tumor cerebral.

La separación de Figueroa y la pérdida de contacto con sus hijos coincidieron con el inicio de los secuestros que llevaron a su detención. En agosto de 2002, Castro secuestró a Michelle Knight, de 21 años.

La policía creyó primero que Knight había abandonado la ciudad y la eliminó de la base de datos del Centro Nacional de Información de Delitos 15 meses después de su desaparición. En realidad, Castro la mantenía atada de manos, pies y cuello en su casa y la había dejado tres días sin comida apenas la secuestró.

En abril de 2003 secuestró a Amanda Berry, un día antes de que la joven cumpliera 17 años. Su madre recibió luego una llamada de un hombre que usaba el teléfono de Amanda: “Tengo a Amanda. Está bien y volverá a casa en un par de días”, según se supo durante la investigación.

Un año más tarde, el 2 de abril de 2004, Castro secuestró a Gina DeJesus, de 14 años, cuando volvía caminando de la escuela. La joven era amiga de la hija de Castro, Arlene, y las autoridades no emitieron una alerta Amber por su desaparición, algo que su padre reclamó públicamente que se corrigiera.

Las tres mujeres permanecían encerradas en dormitorios con llave, sin ningún contacto con el exterior. Según las crónicas, comían apenas una vez por semana y solo podían bañarse dos veces, como máximo.

Knight fue golpeada con mancuernas y arrojada contra las paredes en reiteradas ocasiones. Quedó embarazada cinco veces durante su cautiverio y, cada vez, Castro la golpeaba hasta provocarle un aborto. También mató a golpes al perro que la acompañaba después de que el animal lo mordiera en su defensa.

Según relatos de hace trece años, Castro encadenaba a las mujeres a un poste en el sótano o a un calefactor en un dormitorio, y llegó a estrangular con el cable de una aspiradora a una de ellas luego de que intentara escapar.

A diferencia de Knight, cuando Berry quedó embarazada Castro no la obligó a abortar. Sin acceso a control prenatal, Berry entró en trabajo de parto el día de Navidad de 2006 y dio a luz en una pileta inflable que Castro instaló en la casa.

Knight asistió el parto bajo la amenaza de que la mataría si la bebé no sobrevivía. Cuando la recién nacida dejó de respirar, Knight logró reanimarla con respiración boca a boca. Castro crio a la niña, Jocelyn, como si fuera su propia hija y hasta la llevaba de visita a la casa de su propia madre.

El 6 de mayo de 2013, Castro salió de la casa y olvidó cerrar una de las puertas internas. No era la primera vez que dejaba una puerta abierta: solía hacerlo a propósito para poner a prueba a las mujeres y castigarlas si intentaban escapar.

Berry decidió arriesgarse. Llegó hasta la parte de la casa que había quedado abierta y gritó pidiendo ayuda. Un vecino, Ángel Cordero, la escuchó, pero solo hablaba español y no entendió lo que decía en inglés. Otro vecino, Charles Ramsey, llegó al lugar y entre los dos lograron romper la parte inferior de la puerta mosquitera. Berry salió a rastras con su hija y le contó a Ramsey que había estado secuestrada.

Ramsey llamó a la policía mientras Berry hacía otra llamada al 911 desde la casa de otro vecino: “Ayúdenme, fui secuestrada y estuve desaparecida durante diez años. Y estoy aquí. ¡Soy libre ahora!”, dijo, según revelaron los testigos del hecho.

Cuando la policía entró a la casa, Knight se asomó desde su habitación, corrió hacia uno de los agentes y repitió: “Usted me salvó”. Minutos después encontraron también a DeJesus. A las tres, junto con la hija de Berry, las trasladaron a un hospital cercano. La policía localizó a Castro poco después en un local de McDonald’s y lo detuvo.

El 8 de mayo de 2013, dos días después de la fuga de sus tres cautivas, Castro fue imputado por cuatro cargos de secuestro y tres de violación. Un tribunal fijó una fianza de ocho millones de dólares, a razón de dos millones por cada cargo de secuestro.

El 7 de junio, un gran jurado del condado de Cuyahoga elevó la acusación a 329 cargos, entre ellos 139 de violación, 177 de secuestro y uno de homicidio agravado por haber provocado de forma deliberada la interrupción del embarazo de una de las víctimas. Los hermanos de Castro fueron arrestados junto a él en un primer momento, pero luego quedaron desvinculados de la causa y fueron liberados.

El 12 de julio, la fiscalía amplió otra vez la acusación hasta los 977 cargos, que incluían 512 de secuestro y 446 de violación. Frente a la posibilidad de una condena a muerte, Castro negoció un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de 937 de esos cargos.

A cambio, el fiscal descartó la pena capital y Castro renunció a su derecho de apelar además de aceptar la confiscación de todos sus bienes. El 1 de agosto de 2013, el tribunal ratificó la condena a cadena perpetua ya anticipada y sumó una multa de 100.000 dólares además de ordenar la demolición de la casa donde había mantenido secuestradas a sus víctimas.

En esa misma audiencia, el juez Michael Russo le preguntó a Castro si entendía que jamás saldría de prisión. Castro respondió: “Sí lo entiendo, su señoría. Sabía que me iban a caer con todo el peso de la ley”. Luego tomó la palabra por su cuenta. “Soy adicto a la pornografía, al punto de que me hace impulsivo y no sé lo que hago”, dijo ante el tribunal.

“No soy un monstruo, no soy un depredador. Actué por mis instintos sexuales y nunca les pegué a estas mujeres”, agregó ante los jueces, de acuerdo con la publicación, y sostuvo que el sexo en la casa había sido consentido. Algo difícil de sostener ya que las mujeres estaban secuestradas.

También dijo haber sido abusado de niño y se refirió a Jocelyn, la hija que tuvo con Berry durante el cautiverio: “¿Qué clase de padre fui yo? El mejor. La crie durante seis años, tuvo una vida normal, la llevé a pasear, iba a misa”.

Durante esa misma audiencia, las víctimas pudieron hacer sus manifestaciones. Knight tomó la palabra y le dijo a Castro: “Pasé once años en el infierno; ahora su infierno recién empieza. Usted morirá un poco cada día mientras piense en las atrocidades que nos infligió durante once años. Puedo perdonarlo, pero nunca lo olvidaré”.

En 2014 Knight publicó el libro Finding Me, que llegó a la lista de más vendidos del New York Times. Un año después, Berry y DeJesus publicaron juntas Hope: A Memoir of Survival in Cleveland, otro best seller.

En 2017, Berry comenzó a conducir un segmento periodístico en la señal de Cleveland Fox 8, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, algo que continúa en la actualidad. DeJesus fundó ese mismo año una organización sin fines de lucro para acompañar a familias con casos similares.

Un año más tarde, Knight publicó un segundo libro, Life After Darkness: My Journey to Happiness, y creó además una organización de rescate de animales llamada Unleashed Animal Rescue.

Un tribunal de El Salvador condenó a Melvin Alfredo Osorio Meraz a 10 años de prisión por la violación de una mujer ocurrida en junio de 2025, dentro de un establecimiento donde el acusado ofrecía masajes y tratamientos quiroprácticos en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima acudió al lugar después de recibir recomendaciones de otras personas y acordó una cita con Osorio Meraz para recibir un tratamiento.

La víctima logró salir del inmueble y denunció el hecho

La investigación fiscal estableció que ambos permanecieron solos en una habitación. El reporte señala que el condenado aplicó a la mujer una sustancia en la nariz, bajo el argumento de que formaba parte del procedimiento, tras lo cual ella comenzó a sentirse débil.

De acuerdo con la acusación, Osorio Meraz le pidió que se quitara la ropa para iniciar el masaje y luego le exigió que retirara su ropa interior. La Fiscalía sostuvo que el hombre cerró la puerta de la vivienda, que también funcionaba como clínica, y cometió la agresión sexual.

Pese a su estado, la mujer consiguió abrir la puerta y salir del lugar. Ese mismo día presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió la captura del acusado. Durante el juicio, la representación de la Fiscalía General de la República presentó las pruebas que, según el reporte oficial, vincularon a Osorio Meraz con el delito. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó la condena en presencia del imputado. Además de la pena de cárcel, ordenó que entregue USD 500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Otros casos

La FGR informó que José Albertin Hernández González fue condenado a 14 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz, en modalidad continuada, en un caso cuya víctima es una menor de 15 años. Según la investigación fiscal, las agresiones sexuales ocurrieron entre mayo y junio de 2024 y la sentencia se dictó tras una vista pública en el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán.

La FGR detalló que el acusado contactó a la menor a través de una red social y la manipuló para que abordara el bus de la ruta 337, donde él trabajaba como cobrador. “El imputado violó a la menor en distintas ocasiones, a bordo del autobús, cuando ya no había pasajeros y en un hotel ubicado en San Francisco Gotera”, sostuvo el reporte fiscal.

En un caso distinto, la Fiscalía también reportó la condena de José Rodil Cosme, exmilitar, a 14 años de prisión por violación agravada contra una menor de edad. El expediente fiscal sitúa los hechos el 19 de enero de 2025 en un motel de San Luis Talpa, La Paz Oeste, y señala que la niña y su abuela realizaban trabajos domésticos para el imputado, quien tenía un vínculo cercano con la familia.

De acuerdo con la denuncia, Cosme dijo a la abuela que llevaría a la niña a comprar útiles escolares, pero la trasladó en su vehículo a un auto motel del sector de La Paz Oeste, donde la violó bajo amenazas de muerte con un arma de fuego. La Fiscalía indicó que la menor resultó embarazada y que, tras conocerse el hecho, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso además el pago de $480 por responsabilidad civil a favor de la víctima.

Juan Jesús “M”, instructor de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, fue detenido este jueves en Altamira por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), acusado de violencia familiar equiparada y violación agravada en perjuicio de una adolescente.

El imputado fue localizado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil negro acompañado de una mujer. La orden de aprehensión había sido emitida por un Juez de Control y fue cumplimentada por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), que conduce la investigación.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará con una investigación exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente tratándose de una persona adolescente”, escribió la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en su comunicado.

Cuarto detenido por el caso Dafne Zapata

Juan Jesús “M” es señalado como hermano de “Estrellita”, una de las personas ya presas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 16 de julio de 2026 al interior de la Academia Militarizada Doenitz, donde cursaba un programa de verano. Con su captura, suman cuatro los detenidos vinculados al plantel de Ciudad Madero.

Los tres imputados anteriores son Danna Yanina “N”, de 18 años; Jorge Luis “N”, director de la academia; y “Estrellita”. Los imputados se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira. Danna Yanina fue la primera en ser arrestada, el 22 de julio, y vinculada a proceso seis días después por su presunta participación en el feminicidio.

Órdenes de aprehensión pendientes

La FGJET precisó que Juan Jesús quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica. La fiscalía reservó cualquier dato que pudiera contribuir a identificar a la víctima adolescente, en atención a su integridad y privacidad.

Según la representante legal de la familia Zapata, aún estarían pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión contra otras cinco personas con presunta relación directa o indirecta con el feminicidio.

Quién era Dafne Zapata y qué ocurrió en la academia

Dafne Zapata Quintos Martínez tenía 13 años, era originaria de El Mante, Tamaulipas, e hija única de la profesora Alejandra Quintos. El 13 de julio de 2026 ingresó a un curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

El programa estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y concluiría el 31 de julio. El reglamento interno prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. “Estrellita” era el único canal de comunicación entre el plantel y los padres: enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos sobre la estancia de su hija.

dafne zapata

Cuatro días después del ingreso de Dafne, el 16 de julio, su madre recibió una llamada del personal de la academia: le informaron que la menor se había desvanecido mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales. El director Jorge Luis “N” y “Estrellita” sostuvieron que la adolescente colapsó en el baño y que no se pudo hacer nada por ella.

La necropsia practicada por la FGJET contradijo esa versión. El estudio forense detectó una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea, y determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El certificado de defunción clasificó el fallecimiento como homicidio. Alejandra Quintos denunció que recibió el cuerpo de su hija desnuda, con huesos rotos, nariz fracturada y sin señales de haber sido alimentada.

La muerte de Dafne desató una oleada de denuncias de exalumnos sobre abusos físicos, castigos extremos y maltrato sistemático al interior del plantel. Cientos de personas marcharon en El Mante para exigir justicia. La FGJET abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, aseguró el inmueble y colocó sellos en todos sus accesos. La academia permanece clausurada desde entonces.

La magistrada federal Lauren Louis evalúa este jueves en Miami la solicitud de libertad bajo fianza de Andrew y Tristan Tate, quienes permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso de extradición hacia el Reino Unido. Los hermanos, figuras mediáticas con cargos por violación y trata de personas, buscan aguardar en libertad el avance de las causas legales que pesan sobre ellos.

El tribunal estadounidense enfrenta un complejo escenario jurídico. La fiscalía federal insiste en mantener a los hermanos bajo custodia, al argumentar que existe una fuerte presunción contra la libertad en casos de extradición internacional, tal como detalló Reuters. Los representantes del Ministerio Público señalaron el riesgo de fuga, reforzado por el acceso de los acusados a múltiples pasaportes y su capacidad económica global.

Por su parte, la defensa sostiene que la altísima visibilidad pública de los hermanos convierte cualquier intento de fuga en una acción imposible. Los abogados presentaron una propuesta que incluye el pago de una fianza, la entrega de sus documentos de viaje y la aceptación de un sistema de vigilancia mediante monitoreo electrónico, según registros judiciales citados por NBC6.

La situación legal de los Tate resulta un fenómeno de múltiples jurisdicciones. Mientras aguardan la resolución en Florida, las autoridades británicas disponen de plazo hasta el 16 de septiembre para presentar ante el Departamento de Estado la documentación completa que sustenta la solicitud de extradición. Este proceso podría extenderse durante varios meses.

El historial judicial de los hermanos Tate

Los hermanos Tate, quienes poseen doble ciudadanía estadounidense y británica, arrastran una serie de causas penales y civiles que trascienden los límites de Estados Unidos. En Rumania, donde residieron durante años, enfrentan cargos por trata de personas, violación y explotación sexual. Aunque las autoridades rumanas levantaron recientemente la prohibición de viaje, los procesos judiciales en aquel país continúan activos, reportó la BBC.

Los fiscales estadounidenses subrayaron en sus documentos judiciales que las autoridades rumanas detectaron intentos de los hermanos por influir en testimonios de víctimas. Según la acusación, los Tate habrían ofrecido sobornos y amenazado con divulgar información privada para alterar las declaraciones en su contra. La defensa desmiente estos señalamientos y afirma que las mujeres mencionadas solo deseaban testificar a favor de ellos.

La trayectoria de los hermanos en el ámbito mediático también forma parte del debate. Tras ganar fama en el programa Big Brother hace una década, Andrew Tate construyó un imperio digital enfocado en la promoción de un estilo de vida basado en la riqueza y la masculinidad extrema. Sus plataformas, sin embargo, han sido escenario de constantes controversias por comentarios misóginos que le valieron expulsiones de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram.

La disputa sobre la realidad económica

Uno de los puntos de fricción durante las audiencias en Miami radica en la magnitud de los recursos financieros de los imputados. Mientras la fiscalía sostiene que la riqueza de los hermanos facilita su capacidad de huida, la defensa califica estas afirmaciones como una exageración mediática, según NBC6.

El mismo medio reportó que los abogados aseguraron ante la jueza que la imagen de opulencia proyectada en videos, donde exhiben superyates y vehículos de lujo como un Aston Martin, responde a una estrategia de marketing. Según la defensa, muchos de esos activos eran alquilados y no formaban parte del patrimonio real de los hermanos.

El estatus de los Tate como figuras polarizantes también alcanzó el terreno político. A pesar de su apoyo vocal a Donald Trump, la administración estadounidense aclaró que los hermanos no recibirán asistencia gubernamental. Esta postura marca una distancia clara frente a las especulaciones sobre posibles presiones políticas que habrían facilitado su salida de territorio rumano meses atrás, según la BBC.

El desenlace de la audiencia de este jueves determinará si los hermanos enfrentarán el proceso de extradición desde el centro de detención federal o bajo las condiciones de control propuestas por sus abogados. Por ahora, el tribunal mantiene el enfoque en las garantías de cumplimiento y el riesgo que ambos representan para el desarrollo del juicio en el Reino Unido.

Centro Judiciales informó este miércoles 26 de agosto por medio de sus canales oficiales que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a José Odir Cosme, exmilitar, tras hallarlo culpable del delito de violación agravada en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 15 años. La sentencia se dictó después de analizar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, que incluyeron exámenes médicos, testimonios y peritajes forenses.

Según lo informado por Centro Judiciales, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2025 en un cantón del distrito de La Libertad Costa. El tribunal determinó que Cosme utilizó un arma de fuego para intimidar a la menor y trasladarla contra su voluntad a un lugar privado donde cometió el abuso. Esta situación quedó reflejada en la resolución, que subraya la gravedad de la amenaza y el nivel de vulnerabilidad de la víctima.

Por su parte, el proceso judicial se inició meses después del hecho, cuando la adolescente acudió a una revisión médica y los exámenes confirmaron su embarazo. Tras este hallazgo, la familia presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección para víctimas menores de edad. Centro Judiciales detalló que la investigación incluyó la recolección de pruebas testimoniales, pericias psicológicas y el testimonio directo de la joven, quien fue resguardada bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que confirmaron la participación de Cosme en el delito, destacando el uso de un arma de fuego como agravante. El tribunal valoró esta circunstancia como factor determinante para la aplicación de la pena máxima prevista en la legislación salvadoreña para este tipo de delitos.

“El abuso fue revelado meses después, luego de que exámenes médicos confirmaran el embarazo de la víctima, lo que derivó en la denuncia correspondiente y el inicio del proceso judicial que culminó con el fallo condenatorio”, señaló Centro Judiciales.

Otra resolución: condenado por acoso virtual

Por su parte, este miércoles, Centros Judiciales también informó que El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a un hombre identificado como REPL, de 21 años, tras encontrarlo culpable de acoso mediante tecnologías de la información y la comunicación, así como de amenazas, en perjuicio de dos menores de 13 y 15 años, según informaron Centros Judiciales.

La sentencia contempla cinco años de prisión por cada víctima: cuatro años por acoso informático y uno por amenazas. El procesamiento comenzó en junio de 2025, luego de que los adolescentes denunciaran la recepción de mensajes intimidatorios y de contenido sexual a través de redes sociales.

En respuesta a la denuncia, se coordinó un dispositivo policial que permitió ubicar al acusado, quien fue capturado en flagrancia tras concertar una cita con las víctimas en las inmediaciones del polideportivo de Lourdes, en Colón. Además, durante el juicio, el tribunal fundamentó la condena en el análisis pericial de los teléfonos celulares, así como en las conversaciones e imágenes presentadas como evidencia.

A fines de 2025, Daiana Belén Balmaceda, en ese entonces jefa de vigilancia y tratamiento del penal de mujeres de Magdalena, encabezó un acto protocolar dentro del complejo penitenciario cercano a La Plata. Junto a su equipo de trabajo, le entregó sus diplomas a personas privadas de su libertad por su egreso en diversas carreras del instituto local de formación docente.

Hubo tortas y felicitaciones aquel día. Hoy, para Balmaceda, hay cárcel. Ayer, el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal allanó su casa en La Plata y la detuvo tras un pedido del fiscal Álvaro Garganta, que la acusa de un delito propio de la dictadura: torturar y violar a detenidas en la prisión el 3 de junio pasado.

Otros 14 penitenciarios que participaron de los supuestos tormentos -ocurridos tras una fuerte represión por una pelea en la celda número 3 de la planta alta del penal- fueron arrestados ayer en el marco de la causa iniciada por una denuncia iniciada por la Comisión Provincial por la Memoria, entre ellos, varias figuras jerárquicas del penal, como la segunda al mando de Balmaceda. Hay otras seis penitenciarias mujeres en la lista. El fiscal Garganta planea indagar hoy a todos los detenidos. Sin embargo, espera que se nieguen a declarar, Balmaceda, particularmente.

La acusación contra la mujer platense de 31 años es aberrante, propia de un centro clandestino: tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por el rol de funcionario de una fuerza de seguridad. Balmaceda misma fue acusada por Garganta de ser coautora de la violación de una detenida y partícipe necesaria del abuso de otra, según la imputación del caso.

Infobae accedió a las pruebas completas de la imputación contra Balmaceda. Lo que revelan es al menos inquietante. Una frase que la Justicia le atribuye resuena hace semanas. “Besame las botas”, le habría dicho a una detenida mientras supuestamente la torturaba. Hay más.

Al imputarla, Balmaceda destacó “su participación activa en los eventos delictivos, tomando parte ejecutiva en los mismos, como también aportando con su presencia el apoyo numérico necesario para garantizar el sometimiento de las víctimas”. Los testimonios de las víctimas, con cuatro detenidas que declararon en relatos que el fiscal consideró creíbles, precisamente, fueron la clave. Las mayúsculas le corresponden al expediente"

“BALMACEDA me decía que cierre el orto, que me calle y que me arrodillara. Yo me arrodillé. BALMACEDA pidió un colchón. Estando boca abajo, la encargada TOLEDO”, o María Belén Toledo, una de las penitenciarias acusadas, “me bajó los pantalones hasta las rodillas, sin bajarme la bombacha”, declaró una de las víctimas. Allí, “BALMACEDA me dijo ‘Besame la bota porque ésta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo’“.

La detenida se negó: “TOLEDO me levantó la remera hasta el cuello y me arrancó el corpiño. Yo grité y BALMACEDA me dijo: ‘Cerrá el orto si no querés que te haga romper el culo’”.

Otra detenida, ingresada por fuerza a la leonera de la prisión en medio del tumulto, aseveró a la Justicia. En presencia de Balmaceda, “Me dijeron que me ponga contra la pared, me decían ‘HIJA DE PUTA, ARRODILLATE’, pero no lo hice, y empezaron a pegarme patadas detrás de las rodillas hasta que caí al suelo, estando esposada”.

“Ahí me pusieron boca abajo y entre las cuatro empezaron a pegarme patadas en la cabeza, en las costillas, en todo el cuerpo y me escupían. Me decían: ‘Sos una presa más, acá no sos nadie la concha de tu madre, ahora me vas a besar las botas’. Cuando me pusieron arriba del colchón, BALMACEDA me pisó la cabeza”.

Poco después, la jefa de vigilancia le advirtió: “Si seguís gritando te voy a meter una media en la boca”. Poco después, Balmaceda le insertó una media en la boca. La detenida se orinó encima.

Los abusos sexuales

Balmaceda, según sus relatos, habría atendido una por una a las detenidas:

“Ahora me vas a besar la bota, la concha de tu madre, pedazo de conchuda, te olvidaste lo que era Magdalena, yo te lo voy a recordar”, le dijo, supuestamente, a la tercera denunciante. Balmaceda, otra penitenciaria y cuatro hombres la rodeaban. La desnudaron. La forzaron a arrodillarse otra vez, para que le besara las botas a la jefa. La detenida se negó. Luego, comenzó una tortura típica de los centros clandestinos de la dictadura: el submarino.

“Comenzaron a meterme la cabeza bajo el agua, yo conté que lo hicieron al menos diez veces y estuve bajo el agua entre 30 y 40 segundos. BALMACEDA decía “vamos a apagar el fueguito”. Allí, la pusieron en cuatro patas frente a la jefa. “Cuatro de los masculinos introdujeron sus dedos en mi vagina”, siguió la detenida en su relato. Comenzó a convulsionar poco después, en la sala de tormentos.

La cuarta detenida trazó una escena aberrante como pocas. Su presunto tormento ocurrió en un aula de la prisión:

“Me ponen boca arriba y ahí BALMACEDA me baja el pantalón de gimnasia hasta la mitad de mis piernas arriba de las rodillas. Me arranca el boxer y dice: ‘Esta tiene el celular metido adentro de la c....´. Yo empiezo a apretar las piernas porque la verdad me dio miedo. Había mucho personal masculino, y viene el subdirector y me abrió las rodillas, yo pensé que lo iba hacer él, pero BALMACEDA fue quien me metió la mano entera en la vagina mientras el subdirector me separaba las rodillas”.

La promesa de un regalo terminó en una condena judicial luego de que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas Oeste, que dictó 14 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 13 años.

El caso, confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), expone cómo la manipulación y el engaño fueron empleados para concretar el abuso en la zona central de El Salvador.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la menor conoció al agresor identificado como, Ever Adolfo Calles Sorto, a través de una persona en común.

Ambos mantuvieron comunicación durante aproximadamente tres meses mediante redes sociales, lo que permitió que el acusado ganara la confianza de la víctima.

El 16 de septiembre de 2024, Calles Sorto contactó a la adolescente por videollamada y le ofreció entregarle un peluche, citándola en el Polideportivo de Victoria. En ese lugar, el imputado sometió por la fuerza a la menor y consumó el abuso sexual.

La denuncia se formalizó cuatro meses después, cuando la menor comunicó lo sucedido a su madre, quien acudió a las autoridades.

A partir de ese momento, la Fiscalía General de la República inició la investigación y presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

El fallo fue emitido en presencia de Calles Sorto, quien escuchó la sentencia de prisión junto con la obligación de pagar una responsabilidad civil económica a favor de la víctima.

Esta condena se inscribe dentro de las acciones de la FGR para enfrentar los delitos sexuales contra menores en la región central del país, una problemática que mantiene la atención de instituciones de protección a la niñez y adolescencia.

Condena a 11 años de prisión por agresión sexual de una menor en Tonacatepeque

En otro caso reciente, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 11 años de prisión a Lisandro Antonio Romero Palma por agresión sexual en menor o incapaz. La resolución, comunicada por la Fiscalía General de la República, corresponde a hechos ocurridos en septiembre de 2025 en una colonia del distrito de Tonacatepeque.

Según la investigación de la FGR, Romero Palma se valió de la relación cercana con los familiares de la víctima para cometer el delito. El expediente indica que el acusado llegó a la vivienda de la menor para recoger unas pertenencias y, al encontrarla sola, la tocó indebidamente. Posteriormente, la amenazó con hacerle daño a su madre si contaba lo sucedido.

A pesar de las amenazas, la víctima relató los hechos a sus familiares, quienes procedieron a interponer la denuncia. Durante el proceso judicial, el tribunal consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para dictar el fallo condenatorio. La audiencia se desarrolló en presencia del imputado, quien escuchó la sentencia sin incidentes adicionales.

Ambos casos reflejan la labor de las instituciones encargadas de investigar y perseguir penalmente los delitos de agresión sexual contra menores de edad en El Salvador. Las resoluciones confirman la aplicación de la legislación vigente en materia de protección a la niñez y la adolescencia y subrayan la importancia de la denuncia para el esclarecimiento de los hechos.

Una serie de sentencias condenatorias dictadas en la segunda quincena de agosto reflejan la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a delitos sexuales contra niñas y adolescentes en El Salvador. Durante ese período, tribunales de distintas regiones del país impusieron penas de prisión a varios agresores en procesos que, según la FGR, incluyeron pruebas documentales, periciales y testimoniales.

El caso más reciente, informado el 20 de agosto, corresponde a la condena de Walter Enrique Reyes Reyes a 26 años de prisión por agresión sexual y violación agravada continuada contra una niña entre 2011 y 2015 en San Juan Opico, La Libertad Centro.

El fallo, emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, también le impuso el pago de USD 1.690 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Según el reporte de la FGR, Reyes Reyes se aprovechó de su vínculo cercano para cometer los abusos mientras la menor se encontraba sola en su vivienda.

Ese mismo día, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó una pena de 10 años de prisión contra Juan Francisco Roque Rivera por abusar sexualmente de una menor en La Libertad Costa durante 2023. Los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones en la playa El Majahual y en el distrito de Chiltiupán. La sentencia incluye una orden de pago de USD 1.000 para la víctima.

El 20 de agosto, Wilmer Isaías del Cid Cruz también fue sentenciado a 22 años de prisión por violación agravada en menor e incapaz, en hechos ocurridos en septiembre de 2023 en Ahuachapán. El tribunal valoró la manipulación y el engaño con los que Del Cid Cruz se acercó a la víctima, quien posteriormente quedó embarazada.

Fallos del 19 de agosto

En el mismo período, el 19 de agosto, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Santiago Antonio Portillo Chávez a 12 años de prisión por violar a una adolescente en el barrio El Tablón, distrito de Citalá, en febrero de 2025. Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso el pago de USD 5.000 a la víctima.

El 19 de agosto, el Tribunal de Sentencia de La Unión impuso 20 años de prisión a Héctor Mauricio Bonilla Salmerón por violación continuada contra una menor. La FGR sostuvo que el imputado persuadió a la víctima, de 14 años, para ingresar a su vivienda y cometer los abusos.

Ese mismo día, Heriberto Arturo Martínez García recibió una condena de 26 años y ocho meses de prisión por violación agravada continuada, ocurrida entre 2018 y 2021 en una colonia de Tonacatepeque, San Salvador Este. El tribunal también ordenó el pago de USD 1.040 a favor de la víctima y dispuso tratamiento psicosocial para el agresor.

Condenas del 17 de agosto

El 17 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Alejandro Masín Hernández a 26 años y ocho meses de prisión por agresión sexual agravada continuada contra una niña a la que cuidó durante seis meses en San Salvador Centro. El fallo incluye el pago de USD 1.000 en concepto de responsabilidad civil.

Ese mismo día, en Santa Tecla, La Libertad Sur, Víctor Manuel Martínez Paredes fue condenado a 12 años de prisión por agresión sexual en menor de edad durante una celebración familiar en 2025.

El 17 de agosto, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de más de 26 años de prisión contra Marvin Rivera Reyes y de 14 años de cárcel contra Wendi Roxana Funes Martínez. Rivera Reyes fue hallado culpable de violación agravada continuada contra una menor en Apopa, San Salvador Oeste, mientras que Funes Martínez fue condenada como cómplice por omisión, al tener conocimiento de los abusos y no denunciar. La víctima quedó embarazada producto de los delitos y fue inducida a tomar pastillas abortivas.

¿Qué me está pasando? ¿Me estaré volviendo loca? Después de parir a mi hija se puso en marcha algo dentro mío que no llegaba a entender. Al principio pensé que sería el parto, las hormonas, el cansancio, la falta de sueño, ese terremoto físico y emocional que significa convertirse en madre. Pero las semanas pasaban y, junto con la inmensa plenitud que sentía al tenerla conmigo, crecía una angustia difícil de explicar. La miraba dormir, la tenía en brazos, sentía un amor que nunca había experimentado y, sin embargo, en algún lugar de mí había empezado a crecer una inquietud que parecía venir de mucho más lejos.

No era la primera vez que sentía algo parecido. Durante mi adolescencia había atravesado años bastante oscuros, dominados por una sensación de sinsentido que algunos psiquiatras diagnosticaron como depresión. Me dieron medicación y durante un tiempo dejé de sufrir, y también de sentir. Más bien me sentía anestesiada, como si mirara mi propia vida desde afuera. Las cosas ya no dolían tanto, pero tampoco me producían demasiada alegría. Pasé por médicos y terapeutas que intentaron contarme qué me sucedía, pero ninguna de aquellas explicaciones terminaba de tocar algo que yo pudiera reconocer como verdadero.

Ese largo desierto duró hasta que conocí al hombre que después sería mi marido. Enamorarme fue como volver a la vida y durante un tiempo pensé que todo se había arreglado. Me sentía elegida, querida, fascinada por él y, sobre todo, correspondida en esa fascinación. Había algo extraordinario en descubrir que alguien a quien yo quería tanto también quería estar conmigo. Pero con el tiempo la intensidad del enamoramiento fue bajando y aquellas sombras que yo creía desaparecidas volvieron a aparecer. Al principio traté de ocultarlas para no espantarlo, hasta que llegó un momento en que ya no pude seguir haciéndolo.

Cuando finalmente me animé a mostrarle esa parte de mí, él reaccionó de una manera que no esperaba. Fue amoroso, paciente, comprensivo, y empecé a experimentar una sensación que me resultaba extrañamente nueva: la de ser cuidada. Siempre me llamó la atención sentirlo así porque si alguien me hubiera preguntado por mi infancia, habría dicho que venía de una familia sólida y con buenos padres. Mi madre era algo fría y mi padre bastante rígido, con una forma de ejercer la autoridad que no admitía demasiadas discusiones, pero nunca habría dicho que había crecido a la intemperie. Y, sin embargo, algo de la contención de mi marido me resultaba una experiencia nueva.

Cuando mi hija cumplió seis meses, la angustia se volvió mucho más difícil de manejar. Por momentos sentía que podía perder la cabeza porque convivían dentro de mí dos emociones que parecían incompatibles. Por un lado, estaba ese amor inmenso por ella, las ganas de cuidarla y protegerla, el deseo de verla crecer; por el otro, un desasosiego cada vez más profundo que no conseguía relacionar con nada concreto. Hablaba de esto con mi psicóloga, pero las sesiones no parecían llevarme a ningún lado. Hasta que una noche tuve un sueño que me dejó profundamente perturbada.

En el sueño estaba sentada sobre la falda de mi padre. Al principio él me acariciaba como podría acariciar un padre a una hija, pero poco a poco esas caricias adquirían otra intención. Me desperté muy angustiada y durante los días siguientes no pude sacarme esas imágenes de la cabeza. Cuando se las conté a mi terapeuta apareció una pregunta que me resultaba insoportable: ¿había sido simplemente una pesadilla o podía haber algo más detrás de ella? No tenía ninguna respuesta y tampoco sabía si quería encontrarla. La posibilidad de que mi propia cabeza estuviera inventando algo así me aterraba, pero la posibilidad contraria era todavía peor.

Durante los meses siguientes empecé a sentir que había una parte de mi historia a la que nunca había querido entrar. La imagen que me venía era la de un sótano oscuro dentro de mí, un lugar que había permanecido cerrado durante años y que de pronto empezaba a reclamar mi atención. Sabía que tarde o temprano tendría que bajar, prender la luz y mirar lo que hubiera allí, aunque decirlo era muchísimo más fácil que hacerlo. Ni siquiera sabía cómo se llegaba a ese lugar ni cómo distinguir un recuerdo verdadero de un delirio construido muchos años después.

Pocas semanas más tarde tuve otro sueño. Esta vez yo tendría unos nueve años y estaba acostada en mi habitación, a punto de dormirme. Mi padre entraba, se acostaba a mi lado y empezaba a acariciarme. Primero eran caricias que podían ser afectuosas, pero después cambiaban. En el sueño me quitaba la bombacha y me violaba. Me desperté llorando, casi sin poder respirar. Mi marido trató de calmarme diciéndome que había sido una pesadilla, pero yo sentía que era algo diferente, aunque no pudiera demostrarme a mí misma qué parte era un recuerdo y cuál podía haber sido creada por mi mente.

Lo más desconcertante fue que, mezclado con el horror, apareció cierto alivio. Me costaba incluso admitirlo porque parecía absurdo sentir algo parecido después de un sueño así, pero por primera vez empezaba a imaginar que aquella depresión de mi adolescencia, esa sensación persistente de que la vida no tenía demasiado sentido, podía tener una causa. Durante años había pensado que yo tenía algo defectuoso. Esa tristeza que aparecía sin explicación, ahora abría una posibilidad terrible pero al mismo tiempo, ordenadora. Tal vez había sucedido algo que yo había apartado de mi conciencia y que, por alguna razón, la maternidad estaba sacando a la superficie.

Con el correr de los días apareció un problema todavía más difícil: qué hacer con mi padre. Seguía siendo el hombre que me había criado, que me había educado y que había formado parte de toda mi vida. ¿Cómo podía conciliar a ese padre con el hombre que aparecía en mis sueños? ¿Cómo se acusa a alguien de algo así cuando ni siquiera una misma sabe con certeza qué recuerda? Mi terapeuta fue muy prudente y me insistía en que no podía tomar un sueño como una prueba. Me preguntaba qué pasaría si todo aquello fuera una construcción de mi mente, y yo entendía perfectamente su cautela, aunque cada vez me resultaba más difícil seguir relacionándome con él como si nada estuviera ocurriendo.

Continué viéndolo durante un tiempo. Teníamos nuestras cenas semanales y cada encuentro se volvía más incómodo. Lo escuchaba hablar de cualquier cosa y, mientras tanto, había una pregunta que ocupaba todo el espacio entre nosotros. A veces lo observaba tratando de encontrar algún indicio en su cara, algún gesto que me confirmara o desmintiera lo que yo sentía. Otras veces me reprochaba estar haciendo algo tan injusto como sospechar de mi propio padre por un sueño. Así pasaron varias semanas, hasta que una noche entendí que ya no podía seguir sentándome frente a él fingiendo normalidad.

No preparé demasiado lo que iba a decirle. Quizás porque no existía una manera adecuada de tener una conversación semejante. En algún momento lo miré y le dije: “Sé que me violaste”.

Mi padre siempre había sido un hombre de una enorme fortaleza, rígido, casi militar, y nuestra relación había tenido algo de esa verticalidad durante toda mi vida. Por eso me sorprendió tanto lo que ocurrió. No me preguntó de qué estaba hablando, no se enojó, no me dijo que estaba loca ni intentó convencerme de que mis recuerdos eran falsos. Colapsó delante mío y empezó a repetir una sola palabra: “Perdón, perdón, perdón…”.

No sé cuánto duró ese momento. Recuerdo mirarlo y sentir que ya no tenía nada más que hablar. Durante meses había dudado de mi cabeza, de mis sueños y de mis propias percepciones, y ahora tenía frente a mí una reacción que para mí modificaba completamente las cosas. Me levanté y me fui. No hubo una discusión ni una explicación que permitiera ordenar lo ocurrido. Tampoco sé si hubieran servido para algo. Hay conversaciones en las que uno busca comprender al otro; en esa, yo solamente necesitaba saber.

Hablar con mi madre fue diferente. Cuando se lo conté, fingió sorpresa y negó que algo así pudiera haber sucedido. No le creí. Nunca pude saber exactamente qué sabía, qué sospechaba o qué había preferido no ver, y con el tiempo entendí que probablemente tampoco llegaría a saberlo. Mis padres se separaron poco después y durante mucho tiempo me quedó el consuelo de pensar que quizá aquella separación había sido su manera tardía e imperfecta de reaccionar ante algo que no había podido enfrentar.

Tardé dos años en hacer la denuncia judicial. Sabía que las posibilidades de demostrar un abuso ocurrido más de veinticinco años atrás eran mínimas y que probablemente el proceso no terminara como uno imagina que debería terminar una historia así. Durante bastante tiempo eso me hizo preguntarme para qué hacerlo. Si no podía probarlo, si probablemente no conseguiría una condena y si nada de lo sucedido podía deshacerse, ¿qué sentido tenía exponerme nuevamente?

Finalmente entendí que necesitaba denunciarlo por una razón que tenía menos que ver con la justicia y más conmigo. Durante muchos años había vivido con una angustia cuyo origen desconocía y después había pasado otros tantos tratando de reunir el coraje para mirar aquello que podía haber sucedido. Hacer la denuncia era una manera de dejar de sentirme completamente sometida a esa historia, de poder decirle a mi padre, pero sobre todo decirme a mí misma, que ya no tenía miedo.

Durante mucho tiempo pensé que para enfrentar algo había que dejar de tener miedo. Hoy sé que eso no es cierto. Tuve miedo cuando empecé a sospechar, tuve miedo cuando lo miré a los ojos y tuve miedo cuando finalmente hice la denuncia. Solo que entendí que algunas cosas importantes de la vida se hacen así, sin que el miedo desaparezca. Alcanza con descubrir que podemos tener miedo y, aun así, hacer lo que tenemos que hacer.

* Juan Tonelli es escritor y speaker, autor del libro “Un paraguas contra un tsunami”.www.youtube.com/juantonelli

La policía de Vietnam presentó cargos formales por el delito de violación contra un hombre de 23 años, en un proceso penal que avanza tras la firme denuncia de Nguyen Thi Quynh Tam, una estudiante estadounidense de 24 años originaria de Houston, Texas. La acción judicial marca un hito inédito en el país asiático, donde los delitos de agresión sexual suelen ser silenciados, relegados al ámbito estrictamente privado o resueltos mediante arreglos económicos entre las partes, según detalló una investigación periodística publicada por The Associated Press.

La joven denunciante se había trasladado a Vietnam en mayo de 2026 para llevar a cabo una pasantía en el sector bancario. Su viaje tenía también un profundo componente personal: buscaba reconectar con sus raíces y con la historia del país del que su familia emigró hacia Estados Unidos cuando ella tenía apenas cinco años. Sin embargo, su plan académico y personal quedó interrumpido tras sufrir el ataque, cuya persecución penal ahora busca sentar un precedente para la protección de las mujeres en la región.

La secuencia de la agresión en Phu Tho

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de julio de 2026 en un complejo turístico de la provincia de Phu Tho, una zona de descanso ubicada a poca distancia de Hanói, donde la estudiante se encontraba participando de un viaje recreativo junto a un grupo de conocidos.

Durante la noche previa del 4 de julio, los integrantes del grupo permanecieron despiertos hasta altas horas de la madrugada. Al momento de retirarse a descansar, la víctima se encontró con que la puerta de la habitación que le correspondía estaba bloqueada. Ante esta imprevista situación, buscó un dormitorio contiguo que se encontraba desocupado y se quedó dormida sin echar el cerrojo de la puerta.

Según el relato vertido en el expediente judicial, el agresor ingresó a la estancia mientras la joven dormía, la abordó en la cama y comenzó a besarla. Pese a que ella reaccionó inmediatamente exigiendo que se detuviera, golpeándolo, empujándolo y gritando de forma reiterada, el hombre la redujo y le inmovilizó ambos brazos por encima de la cabeza y la sometió sexualmente.

Inmediatamente después del ataque y en estado de shock, la estudiante logró contactar telefónicamente a su pareja en Estados Unidos para relatarle la agresión que acababa de sufrir.

Intentos de soborno y encubrimiento

Días después del hecho, comenzaron las maniobras de ocultamiento. El 9 de julio, el señalado como agresor envió una nota escrita y realizó una llamada telefónica para ofrecer disculpas a la víctima. La situación escaló el 11 de julio, cuando la joven aceptó reunirse con el padre del imputado.

De acuerdo con testimonios y fuentes locales, el sospechoso pertenece a una familia caracterizada por un alto poder adquisitivo y con sólidas conexiones en las esferas políticas del país. En dicho encuentro, el padre del acusado le preguntó directamente a la estudiante qué suma de dinero estaría dispuesta a aceptar para no involucrar a las autoridades judiciales. Cinco días más tarde, la oferta económica para silenciar el hecho fue reiterada de manera explícita.

Asimismo, la estudiante denunció haber enfrentado trabas sistemáticas por parte de los propios efectivos de la policía local a los que acudió. Aseguró que los agentes sugirieron en múltiples oportunidades resolver el incidente mediante un acuerdo confidencial de compensación financiera con la familia del acusado.

La joven sostuvo que la presión policial incluyó solicitudes para que firmara documentos formales en los que aceptaba declinar la realización de exámenes médicos forenses, así como también renunciar al derecho de contar con representación legal. Nguyen Thi Quynh Tam rechazó categóricamente cada una de estas propuestas.

Fricciones diplomáticas y reconstrucción traumática

La denuncia formal ante la policía fue formalizada el 21 de julio. Como parte de la investigación iniciada por la fiscalía, las autoridades condujeron a la víctima de regreso al complejo turístico en Phu Tho para realizar la reconstrucción de los hechos, una diligencia del procedimiento penal vietnamita que la joven calificó como una experiencia “sumamente traumática”.

El recorrido institucional para buscar justicia también estuvo marcado por fricciones en el ámbito diplomático. La estudiante manifestó haber percibido una escasa y fría asistencia inicial por parte de la Embajada de Estados Unidos en Hanói. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos se limitó a señalar públicamente que tenía conocimiento de la situación, evitando brindar explicaciones detalladas al amparo de las leyes de privacidad y las normas de procedimiento consular.

Ante este escenario de desamparo institucional, la víctima decidió contactar a la oficina del senador estadounidense por Texas, Ted Cruz, cuyo equipo intervino para realizar gestiones y brindar apoyo político en el seguimiento del caso.

Reacciones oficiales e investigación en curso

En el ámbito local, el padre del imputado admitió en una comunicación enviada a The Associated Press que entre los involucrados existió un “encuentro íntimo”, pero negó de forma tajante que su familia ejerciera algún tipo de coacción para forzar el retiro de la denuncia. Por su parte, el imputado ha mantenido el silencio frente a las consultas enviadas por medios de comunicación.

Desde el gobierno nacional, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, confirmó la apertura de los procedimientos legales formales conforme a la legislación vigente en el país, si bien optó por no responder a las preguntas sobre el cuestionado accionar de la policía local. Aunque la imputación formal contra el sospechoso representa un paso significativo contra la impunidad en casos de violencia de género en Vietnam, la investigación penal continúa en curso y la resolución definitiva del caso permanece abierta en los tribunales.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco lograron la aprehensión de Lucio “N”, quien es investigado por el delito de violación, por hechos que presuntamente ocurrieron en 2024, cuando ocupaba el cargo de director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal, las investigaciones fueron realizadas a través de la Dirección General de Visitaduría de la dependencia, luego de que se presentó una denuncia contra el ahora detenido.

Lucio “N” ya había sido vinculado a proceso

La Fiscalía estatal informó que Lucio “N” fue vinculado a proceso el pasado 12 de agosto, luego de que se desarrollaran las primeras diligencias relacionadas con la denuncia.

En esa audiencia se había establecido inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses. Sin embargo, posteriormente la medida fue modificada por decisión del juzgador ante quien había sido puesto a disposición en un inicio, por lo que el imputado continuó su proceso en libertad.

La dependencia señaló que esta determinación ocurrió pese a que, de acuerdo con su postura, la legislación contempla la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos.

Por esta decisión, el Consejo de la Judicatura de Jalisco suspendió e investigará al juez identificado como Luis Ignacio N, quien ordenó el cambio de medida cautelar para el exdirector del DIF estatal.

Ante esta situación y debido a la naturaleza de los hechos investigados, el Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas al señalado.

No acudió a audiencia y fue declarado sustraído de la justicia

La Fiscalía del Estado detalló que Lucio “N” debía presentarse a una audiencia durante la mañana de este jueves; sin embargo, no acudió al llamado de la autoridad judicial.

Ante su incomparecencia, fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue concedida por un juez.

Con la orden judicial en mano, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo las labores necesarias para localizar y detener a Lucio “N”.

Finalmente, los elementos de la Fiscalía del Estado cumplimentaron la orden de aprehensión y pusieron al investigado a disposición de un juzgado, donde deberá continuar el proceso legal correspondiente.

¿Qué se investiga contra el exdirector del DIF Jalisco?

Según las indagatorias citadas por la Fiscalía, los hechos se remontan a 2024, cuando Lucio “N” se desempeñaba como director general del DIF Jalisco.

La investigación señala que, inicialmente, el entonces funcionario presuntamente habría realizado acciones incómodas y tocamientos indebidos contra una mujer que laboraba con él.

Posteriormente, el 6 de marzo de 2024, la dependencia habría organizado una actividad de carácter presuntamente laboral en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a la que acudieron diversas personas funcionarias, entre ellas la víctima y quien en ese momento era titular del DIF Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante esa actividad Lucio “N” habría aprovechado un momento en el que se encontraba a solas con la mujer para presuntamente cometer el delito de violación que ahora se le atribuye.

Fiscalía continúa con la investigación

Tras la presentación de la denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y reunieron elementos que permitieron citar al señalado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que Lucio “N” quedó nuevamente a disposición de un órgano jurisdiccional, por lo que será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica y la continuidad del proceso por el delito de violación.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor para las presidenciales de octubre en Brasil, propuso el jueves reducir la mayoría de edad penal a 14 años para delitos graves. El aspirante del Partido Liberal (PL) expresó en una transmisión en directo: “Quiero la edad penal en 14 años para los delitos atroces”.

Durante el evento, realizado tras una jornada de campaña en São Paulo, el legislador abordó temas económicos y de seguridad, transmitiendo su mensaje por su canal de YouTube. Citó un caso reciente difundido por CNN Brasil sobre cinco adolescentes detenidos por la presunta violación de dos jóvenes de 14 años en una escuela de Recife. “¿Ustedes creen que un maleante de estos de 14 años no sabe lo que está haciendo? Claro que lo sabe y rara vez permanece más de tres años preso”, afirmó Bolsonaro, acompañado por el ex secretario de Seguridad de São Paulo y candidato al Senado Guilherme Derrite.

La propuesta va más allá del plan de gobierno presentado por Flávio ante la Justicia Electoral, donde se compromete a reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y a aplicar sanciones penales a mayores de 14 años que cometan delitos graves, como violación, tráfico de drogas, tortura y asesinato.

Actualmente, la mayoría de edad penal en Brasil está fijada en 18 años. Los menores entre 12 y 17 años que cometen infracciones son juzgados por tribunales especiales bajo el Estatuto del Niño y el Adolescente, que contempla diversas “medidas socioeducativas” en vez de penas de cárcel, incluida la privación de libertad en centros juveniles hasta los 21 años.

La seguridad figura como eje principal de la campaña de Flávio Bolsonaro, quien también propuso penas más severas para el robo de celulares, la construcción de más cárceles y la castración química para pederastas. Según el último sondeo de la firma Quaest, el senador mantiene un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la proyección para una posible segunda vuelta electoral.

Bolsonaro realizó su primera visita a São Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil, como parte de su campaña tras el acto inicial en la playa de Copacabana. En el mercado popular del barrio de São Miguel, un grupo de simpatizantes vestidos con camisetas de la selección brasileña aguardó desde temprano su llegada junto al alcalde Ricardo Nunes.

En medio de un fuerte calor, vecinos de la periferia aprovecharon la ocasión para expresar demandas y protestas. En este distrito, donde en las elecciones de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva superó a Bolsonaro, manifestantes desplegaron una bandera con el mensaje: “Bolsonaro, Nunes: no los queremos en nuestras comunidades”.

Mientras tanto, del otro lado del cordón policial, los seguidores del legislador repartieron folletos y ondearon banderas, esperando la llegada del candidato, quien vestía una camisa blanca sobre un chaleco antibalas, prenda que utiliza desde que fue confirmado como sucesor de su padre en diciembre.

La seguridad privada habilitó el acceso de Flávio a su primera parada: el Almacén Solidario, un programa municipal que ofrece alimentos a precios reducidos para familias de bajos recursos. El candidato expresó su interés en replicar esta iniciativa a nivel nacional y aprovechó para criticar la gestión del presidente Lula. “Primero tenemos que arreglar el desastre que ha causado Lula. Gasta demasiado, sube los impuestos y se mete con la población para recaudar más”, declaró ante los medios.

Bolsonaro conversó con comerciantes, consultó precios y realizó pagos utilizando Pix, el sistema de pagos electrónicos de Brasil. Entre los asistentes, una mujer expresó: “Te quiero dar un abrazo, es como si estuviese abrazando a tu padre”. Miguel, un joven de 14 años, celebró tras lograr una fotografía con el candidato. Katiane Araújo Santos, enfermera de 44 años, acudió junto a su hija de once al evento y señaló: “Si quieren considerarme bolsonarista, no reniego, porque es una persona en la que veo valores familiares, que es algo que quiero transmitirle a ella”.

(Con información de EFE)

La Fiscalía Regional Metropolitana de Morelos obtuvo este miércoles un auto de vinculación a proceso contra Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, por el delito de violación cometido en 2024 en el municipio de Cuernavaca.

Un juez de control determinó que los elementos de prueba presentados eran suficientes para sujetarlo a proceso penal y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. El imputado ya enfrentaba un proceso por feminicidio en grado de tentativa en agravio de la misma víctima.

La audiencia se celebró en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, donde el juzgador resolvió mantener la reclusión del imputado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá integrar los elementos necesarios para el desarrollo del proceso penal. De acuerdo con Milenio, la condena máxima que podría enfrentar Jorge Francisco “N” por este delito es de 25 años de prisión.

Hechos que motivaron el proceso

Los actos que se le atribuyen ocurrieron durante 2024 en Cuernavaca, en agravio de Paula Fajardo, identificada en el expediente con las iniciales P.E.F.M. La Fiscalía Regional Metropolitana presentó ante el juez los elementos de prueba que, a su juicio, acreditaban la probable responsabilidad del imputado en el delito sexual.

El juzgador coincidió con esa valoración y emitió el auto de vinculación a proceso. Con esa resolución, Jorge Francisco “N” quedó formalmente sujeto a un proceso penal por violación, con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, lo que impide cualquier posibilidad de libertad mientras avanza la investigación complementaria.

Tres cargos, una misma víctima

Jorge Francisco “N” no enfrenta por primera vez el sistema de justicia penal. El imputado ya estaba vinculado a proceso y bajo prisión preventiva por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia vicaria, también en agravio de Paula Fajardo.

Con la resolución de este miércoles acumula tres causas penales activas, todas bajo prisión preventiva. Por ello permanecerá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, mientras los procesos judiciales continúan su curso.

Paula Fajardo exige que no queden cabos sueltos

La víctima se pronunció públicamente antes de la audiencia. Fajardo descartó cualquier posibilidad de retirar las acusaciones o concederle el perdón a su exesposo, y afirmó que continuará adelante con los procesos penales iniciados en su contra.

La víctima también reconoció el respaldo de la Fiscalía estatal y de las instituciones que han intervenido en el caso, aunque dejó claro que aún falta trabajo para garantizar su seguridad.

Su abogado Efraín Marqués sumó otra denuncia al expediente público: señaló presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Feminicidios, al detectar irregularidades en el expediente desde la formulación de la imputación por el primer delito.

La postura de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió un comunicado tras la resolución judicial en el que reiteró su compromiso de agotar todas las acciones ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos.

La dependencia subrayó que su actuación busca garantizar el acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes, en este y en otros casos similares que tramita la institución en el estado.

“La Fiscalía Morelos señala que agotará todas las acciones correspondientes para garantizar justicia a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, afirmó la dependencia en su escrito compartido.

La investigación complementaria deberá cerrarse en un plazo máximo de dos meses, según lo establecido por el juez de control en la audiencia de Atlacholoaya.

Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, fue detenido este 6 de agosto en Guerrero por una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, una captura que llega más de dos meses después de que la víctima difundiera videos de las agresiones sufridas en Morelos y luego de que el acusado promoviera un amparo para evitar ser arrestado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la aprehensión se concretó con apoyo de autoridades de Guerrero, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia. Paula Fajardo precisó después, en un video publicado en redes sociales, que la detención ocurrió en Acapulco.

Lucio Miranda Robles fue detenido y vinculado a proceso por el presunto delito de violación contra una compañera de trabajo, por hechos que la Fiscalía de Jalisco ubicó en marzo de 2024 cuando se desempeñaba como director general del Sistema DIF Jalisco. Un juez le impuso seis meses de prisión preventiva oficiosa mientras avanzaban las indagatorias.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo que la acusación se relacionó con un episodio ocurrido durante una convocatoria laboral en Tapalpa. La autoridad ministerial indicó que, durante el desarrollo de los hechos, el exfuncionario habría aprovechado su posición de poder frente a la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se remontó al 6 de marzo de 2024, cuando personal del DIF fue citado a un supuesto curso de trabajo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. La Fiscalía señaló que esa llamada a actividades laborales formó parte del contexto en el que se presentó la denuncia.

Según la misma dependencia, Miranda Robles presuntamente realizó primero acciones incómodas y tocamientos indebidos contra la trabajadora y, después, habría abusado sexualmente de ella. La carpeta de investigación se integró con esos señalamientos, en tanto la autoridad continuó con la recopilación de datos y diligencias.

Miranda Robles fue detenido el 12 de agosto y quedó a disposición de un juez. En audiencia, el juzgador determinó vincularlo a proceso por el delito de violación, por lo que el caso avanzó a la etapa en la que se definieron medidas cautelares y plazos de investigación.

Como medida cautelar, el juez ordenó seis meses de prisión preventiva oficiosa. Esa determinación mantuvo al imputado privado de la libertad mientras se desarrolló la investigación complementaria y se desahogaron actos pendientes dentro del proceso penal.

El juzgador también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En ese periodo, la Fiscalía de Jalisco pudo fortalecer las indagatorias antes de que el caso avanzara hacia las siguientes etapas del procedimiento, incluida una eventual sentencia.

Previo a su detención, Lucio Miranda Robles se desempeñaba como coordinador de un área del gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga. En su trayectoria reciente también figuró como excoordinador de Servicios Públicos Municipales en ese municipio, además de su paso por la dirección general del DIF estatal.

• Lucio Miranda Robles fue detenido y vinculado a proceso por presunta violación contra una compañera de trabajo.
• Un juez le impuso seis meses de prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.
• La Fiscalía de Jalisco ubicó los hechos el 6 de marzo de 2024 durante una convocatoria a un supuesto curso laboral en Tapalpa.

Jalisco, Edoméx y CDMX concentran cerca del 42% de violaciones

A nivel nacional, se han acumulado más de 46,000 carpetas de investigación por abuso sexual durante el periodo de la actual administración federal, con un promedio diario alarmante en delitos sexuales contra menores y mujeres.

Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México concentran cerca del 42% del total de los casos de abuso sexual en el país, posicionándose como los principales focos rojos nacionales.Contexto Nacional del Abuso Sexual

Acumulado y Tendencia: las denuncias han mantenido una línea alta tras picos históricos previos que superaban los 35,000 registros anuales en el país.

Población Vulnerable: más del 34% de las víctimas de estos delitos de carácter sexual son niñas, niños y adolescentes.

Cifra Negra: organismos de protección estiman que hasta 9 de cada 10 casos de abuso sexual no se denuncian formalmente ante las autoridades ministeriales.

Situación en Jalisco: el Área Metropolitana de Guadalajara agrupa la mayor parte de las denuncias de la entidad.

Incidencia Infantil: los registros por abuso sexual infantil y otros delitos de género muestran variaciones estacionales o operativas reportadas por la fiscalía estatal, aunque continúan generando alertas críticas para las instituciones de protección a la niñez.

Tres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera son investigadas por el presunto delito de violación en perjuicio de una compañera de dormitorio, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades judiciales.

Las sospechosas son mujeres de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo, quienes estarían vinculadas con una agresión ocurrida dentro del centro penitenciario entre el 8 y el 10 de agosto.

Como parte de las diligencias para esclarecer lo sucedido, la Unidad de Género de Desamparados dirigió un allanamiento en las instalaciones del centro penitenciario.

La diligencia se realizó en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y permitió localizar y decomisar diferentes elementos que ahora forman parte de la investigación.

Entre la evidencia encontrada se encuentran armas punzocortantes, envoltorios con aparente marihuana y cocaína, así como otros objetos que podrían tener relevancia para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Investigación comenzó por un teléfono celular

Según la información recopilada por las autoridades, el incidente habría comenzado cuando las tres sospechosas le solicitaron a la víctima que escondiera un teléfono celular.

La mujer se habría negado a cumplir con la petición.

Ante esa negativa, las investigadas presuntamente la habrían tomado por la fuerza y de manera violenta, de acuerdo con la hipótesis que mantienen las autoridades dentro del expediente judicial.

Posteriormente, según se investiga, las mujeres habrían introducido el teléfono celular en las partes íntimas de la víctima.

Los hechos son analizados por las autoridades como un presunto delito de violación, aunque la investigación continúa abierta y corresponde al proceso judicial determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

La diligencia realizada en el centro penitenciario permitió a los investigadores recopilar evidencia adicional relacionada con el caso.

Víctima necesitó atención médica de emergencia

Como consecuencia de la agresión que se investiga, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico.

La mujer requirió atención especializada y posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades trabajan en la recopilación y análisis de elementos que permitan establecer qué ocurrió dentro del dormitorio y determinar la participación de cada una de las sospechosas.

La evidencia decomisada durante el allanamiento será incorporada al expediente correspondiente y sometida a los análisis que establezcan las autoridades judiciales.

Entre los elementos localizados figuran las armas punzocortantes y los envoltorios que contenían aparente marihuana y cocaína. También se decomisó otro tipo de evidencia que, de acuerdo con las autoridades, podría ser importante para el desarrollo de la investigación.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Las tres privadas de libertad de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo permanecen vinculadas a la investigación por el presunto delito de violación en perjuicio de su compañera.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso en etapa de investigación y continúan recopilando información para determinar las circunstancias de los hechos.

La investigación deberá establecer también la participación individual que habría tenido cada una de las sospechosas en la agresión denunciada.

El caso se mantiene dentro de la causa 26-001373-0053-PE, mientras las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes.

La evidencia decomisada durante el allanamiento será parte de los elementos que deberán ser valorados dentro del proceso, junto con los demás datos recopilados por los investigadores.

Por tratarse de una investigación en curso, corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que eventualmente puedan atribuirse a las tres privadas de libertad.

El hombre, director de una primaria, detalló una secuencia de hechos que arranca en 2017 y que, según su versión, culminó con él pidiendo permiso judicial para asistir al funeral de su propia hija.

La paternidad que ganó en un juzgado

En noviembre de 2017, el padre de Dafne promovió un juicio de reconocimiento de paternidad en el Juzgado Familiar de Ciudad Mante, bajo el expediente 1526 del mismo año. El 1 de octubre de 2018, el juez dictó sentencia: ordenó registrar a la menor con sus apellidos, fijó una pensión alimenticia equivalente al 30% de su salario y estableció convivencias los fines de semana.

“Yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario”, declaró. “Estaba peleando legalmente para poder ejercerla”, agregó.

Hasta julio de 2019, la relación con su hija avanzaba. Dafne asistió a un curso de verano en la primaria donde él trabaja como director y manifestó querer estudiar ahí su educación básica. Semanas después, todo cambió.

El 3 de agosto de 2019: el día que marcó su vida

El padre de Dafne señaló esa fecha como el punto de quiebre. Ese día llegaron a su domicilio Víctor Paz Jiménez, abogado y asesor de Alejandra Quintos, madre de la menor, junto con la propia Alejandra y dos elementos de la policía.

De ese episodio surgió una acusación de violación. Pero el padre de Dafne subrayó un detalle que, según él, es determinante, quien acudió a presentar la denuncia ante las autoridades no fue Alejandra, sino su abogado Paz Jiménez.

“¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación? ¿Por qué llegó acompañado de Alejandra y de dos policías hasta mi domicilio? ¿Por qué esto ocurrió precisamente cuando ya había conseguido judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella?”, mencionó en el video.

Desde ese momento, dijo, “pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad”.

Su madre, Nora Silvia, denunció a Alejandra Quintos por allanamiento de morada. Ese procedimiento quedó registrado en la carpeta 32 del 2021 y tuvo consecuencias concretas, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a la abuela de Dafne.

“No estamos hablando solamente de mi versión”, señaló. “Mi mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio y este procedimiento trajo consecuencias para Alejandra.”

Dos años en prisión y una extorsión con precio

El 4 de octubre de 2019 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra. El padre de Dafne ingresó a prisión preventiva, donde permaneció más de dos años.

Desde adentro, su familia comenzó a recibir presiones. Primero, Paz Jiménez promovió un cobro por alimentos retroactivos de 80 mil 224 pesos. Como condición para poder siquiera negociar su libertad, la madre tuvo que pagar 100 mil pesos ante el juzgado, sin que existiera sentencia ni notificación formal, según afirmó.

Tras ese pago, la familia acudió a la Fiscalía. Ahí, en presencia del entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica, hoy socio de Víctor Paz, según el testimonio, le transmitieron a la madre una lista de exigencias, una casa, un automóvil, 550 mil pesos, una pensión vitalicia y una plaza docente.

“¿Por qué negociaba esto? Sabía que esas cosas nunca pasaron. Sabía que era una mentira. Sabía que la carpeta la estaban fabricando.”

La familia no aceptó. El Ministerio Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión.

Los audios y el mensaje que él convierte en preguntas

El padre de Dafne mencionó la existencia de audios en los que Alejandra habla de “evitar que una carpeta salga” y de no querer continuar con “algo que ya estaba tan avanzado”. También refirió un mensaje privado que ella le envió, “Gabriel, perdóname, te amo”.

Con base en esos elementos, lanzó preguntas directas a Alejandra Quintos:

“Si esos audios se refieren a la misma carpeta por la que yo estuve privado de mi libertad, considero que estamos frente a algo extremadamente grave que las autoridades tienen la obligación de investigar. Si tú mencionaste eso, Alejandra, sabes que la denuncia es falsa.”

Y sobre el mensaje privado fue directo: “Este mensaje era un claro arrepentimiento. ‘Perdóname’. Y hoy te pregunto: ¿perdón por qué, Alejandra?”, dijo.

El funeral de Dafne y la recaudación que cuestiona

El 17 de julio de 2026, a las seis de la mañana, le informaron que su hija había muerto. Llamó a Alejandra de inmediato. Ella confirmó la noticia y dijo no tener dinero para el funeral. Él asumió todos los gastos: la caja, el espacio en el panteón y los trámites ante el Ministerio Público para el traslado del cuerpo desde el anfiteatro.

Mientras tanto, Alejandra realizaba una recaudación pública en redes sociales solicitando dinero para los gastos funerarios, cuando según el padre de Dafne todo ya estaba cubierto.

“Yo le pedía únicamente: ‘Enfócate, ve por mi hija. Hay que sacarla de ahí, del anfiteatro’. Pero ella estaba dando entrevistas a los medios, estaba haciendo una recaudación.”

Por la causa penal abierta en su contra, tuvo que solicitar autorización al juez para asistir al sepelio. Ya en el funeral, pidió que los medios no fotografiaran a Dafne en el ataúd. Una imagen de la menor circuló de todas formas.

“Ni siquiera pude despedirme en paz de mi hija”, dijo.

Lo que pide que se investigue

El padre de Dafne no solicitó un juicio en redes sociales. Exigió una investigación formal sobre el origen de la acusación del 3 de agosto de 2019, la intervención de Víctor Paz Jiménez desde el inicio del proceso, la carpeta 32 del 2021, los pagos realizados por su familia y las exigencias económicas que atribuye al entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica.

“Fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija y hoy mi hija ya no está”, afirmó. “El tiempo que no pude estar con ella nadie me lo va a regresar, pero todavía se puede saber la verdad y con esto no me voy a detener.”

Este viernes 14 de agosto un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada contra Sirenio “N”, hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 11 años con residencia en Matamoros, Tamaulipas.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el hombre permanecerá tras las rejas. El delito que se le imputa es violación equiparada agravada.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso tras presentar ante el juez de control los datos de prueba que implicaron al imputado en los hechos. Los presuntos abusos habrían ocurrido en un domicilio de una colonia al sur poniente del municipio.

Sirenio “N” fue detenido el pasado 13 de agosto por elementos de la fiscalía del estado, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Cabe señalar que el ahora procesado y la madre de la víctima habían denunciado en medios de comunicación a terceros como responsables del crimen, el cual también dejó como resultado el embarazo de la niña de 11 años.

Fue la abuela de la menor quien señaló directamente a Sirenio “N” como culpable desde que se dio a conocer la violación.

Niña ingresó al IMSS con embarazo de 20 semanas; médicos no lo detectaron en consultas previas

La situación se hizo pública el pasado 5 de agosto, cuando la menor ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros por supuestos dolores estomacales. Fue en ese centro médico donde se confirmó que cursaba un embarazo de aproximadamente 20 semanas.

La madre de la niña relató al medio Imagen Noticias que desde cuatro meses antes notaba que su hija vomitaba con frecuencia y su vientre se endurecía, por lo que la llevó al médico.

Según declaraciones, los especialistas le dijeron que no fuera exagerada: “Era cuestión de cambio hormonal, que por eso se inflamaba su pelvis”, recordó.

No fue sino hasta la visita del 5 de agosto al IMSS cuando el personal médico detectó el embarazo y alertó a las autoridades.La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día.

El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

DIF Matamoros asumió la custodia de la menor tras la interrupción legal del embarazo

El 11 de agosto, a las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor, conforme a la NOM-046-SSA2-2005, que contempla el acceso a la interrupción del embarazo cuando este es consecuencia de una violación.

Hugo Gutiérrez, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó a medios de comunicación que la menor se reportó estable tras el procedimiento.

Según reportes, tras recibir el alta la niña será llevada a la Casa Hogar del Niño Matamorense, donde el DIF mantendrá su custodia legal.

Sirenio “N” negó su responsabilidad, señaló a terceros

Antes de su detención, Sirenio “N” ofreció declaraciones a Imagen Noticias en las que negó ser el responsable del abuso y argumentó que la niña había mencionado a varios hombres del entorno familiar: “No se sabe quién realmente es. Yo me siento como su papá porque la estoy criando como su papá”, afirmó.

La madre de la menor también señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles agresores, mientras que la abuela apuntó directamente a Sirenio “N”. En días previos a su captura, el ahora procesado abandonó el domicilio donde vivía con la víctima y su madre, llevándose todas sus pertenencias.

Además, a Sirenio “N” se le acreditó un antecedente penal en Florida, Estados Unidos: una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años. Tras esa sentencia, fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Durante todo el proceso, las autoridades pidieron a los medios de comunicación manejo cuidadoso del caso y respeto al interés superior de la niñez, en atención también a la familia de la menor.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Sirenio ‘N’, el padrastro de una niña de 11 años embarazada en Matamoros, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada. La captura de Sirenio ‘N’ se concretó este jueves 13 de agosto a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El acusado quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Orden judicial y operativo de captura

El mandato de aprehensión fue librado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial tras analizar los datos recabados durante la investigación ministerial. Agentes de la FENNAM cumplimentaron la orden y trasladaron al imputado ante la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, los hechos que originaron la carpeta de investigación habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Marte número 13, de la colonia Infonavit Satélite, en Matamoros. Ahí, según las indagatorias, Sirenio presuntamente agredió sexualmente a la menor.

Cómo se descubrió el caso

La situación se hizo pública el 5 de agosto, cuando la niña ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros. Fue en ese centro médico donde se confirmó que la menor cursaba un embarazo de cinco meses.

Según el relato de la madre difundido, desde junio la pequeña presentaba vómitos e inflamación abdominal. “En dos ocasiones anteriores la llevó a revisión médica, sin que los especialistas detectaran el embarazo.” No fue sino hasta esa visita al IMSS cuando se activaron los protocolos institucionales correspondientes.

La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día. El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

Interrupción del embarazo y custodia de la menor

El 11 de agosto, alrededor de las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS. La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor.

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó que la niña se encontraba estable tras el procedimiento y que la institución asumió su guardia y custodia. Señaló que se le garantizará atención integral y que conforme avance el proceso judicial se definirá el futuro de la menor.

Señalamientos previos y antecedentes del acusado

Antes de la detención, Sirenio había negado su responsabilidad en los hechos. La madre de la niña señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles responsables del abuso, mientras que la abuela y una tía de la menor apuntaron directamente al padrastro. En días previos a su captura, trascendió que el acusado había abandonado el domicilio y se había llevado todas sus pertenencias.

Además, se le acreditó un antecedente penal en el estado de Florida, Estados Unidos, respaldado por un registro atribuido al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE): una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años, tras la cual fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Investigación abierta en múltiples frentes

La autoridad ministerial precisó que la carpeta de investigación contempla también determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado por parte de otras personas responsables de la protección de la niña. Entre los señalados por distintas versiones figuraban, además del padrastro, un tío de la menor y un conocido del abuelo.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reafirmó su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para llevar ante la justicia a quienes resulten probables responsables, combatir la impunidad y procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Un Tribunal de Juicio de Panamá condenó a 104 años de prisión a un hombre de 44 años tras declararlo penalmente responsable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad agravada, cometidos en perjuicio de tres adolescentes, una de ellas su hijastra y las otras dos sus hijas biológicas.

Aunque la suma de las penas alcanza más de un siglo de cárcel, el condenado únicamente cumplirá 50 años, el máximo permitido por la legislación panameña para una persona privada de libertad.

La decisión fue obtenida por la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, luego de un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2024 en el corregimiento de El Chorrillo, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años de edad.

El fallo representa una de las condenas más altas dictadas este año por los tribunales panameños y vuelve a poner sobre la mesa una particularidad del Código Penal. Aunque un acusado sea condenado por varios delitos y la suma de las penas supere ampliamente los 50 años, la legislación establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión.

Ese límite está contemplado en el último párrafo del artículo 52 del Código Penal, que dispone que en los casos de concurso de delitos la pena máxima a cumplir será de 50 años de prisión. En consecuencia, aunque el Tribunal individualizó la sanción en 104 años, el condenado permanecerá en prisión por medio siglo, salvo que en el futuro se produzca alguna modificación judicial dentro del marco legal.

Durante los últimos meses, los tribunales panameños han dictado varias condenas que superan los 50 años de prisión, principalmente por homicidios múltiples, femicidios, delitos sexuales contra menores y crimen organizado. Sin embargo, en todos esos casos la pena efectiva queda limitada por la legislación vigente, independientemente de la cantidad de años fijada en la sentencia.

Uno de los casos más recientes ocurrió esta misma semana, cuando la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 33 años de prisión contra un hombre declarado culpable de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, bajo amenazas constantes contra la víctima.

También en San Miguelito, el Ministerio Público obtuvo otra sentencia de 17 años de prisión contra un hombre encontrado culpable de violación agravada y actos libidinosos cometidos contra una menor de edad.

Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2020, pero la investigación comenzó en 2023, cuando la víctima decidió denunciar los abusos y romper el silencio después de varios años.

En materia de homicidios, la Fiscalía Regional de Coclé consiguió igualmente una condena de 32 años de prisión contra uno de los responsables del asesinato de Rafael Martínez, de 64 años, y Rolando Hernández, de 52 años, dos transportistas independientes que fueron engañados mediante la modalidad del “falso acarreo” para robarles su camión en mayo de 2022. Ambos fueron trasladados hasta un área apartada de Natá, donde fueron asesinados.

Las reiteradas condenas reflejan la estrategia del Ministerio Público de llevar a juicio los casos considerados de mayor gravedad, especialmente aquellos relacionados con violencia sexual contra menores, homicidios dolosos y organizaciones criminales.

Para ello, las fiscalías han fortalecido el uso de pruebas científicas, análisis periciales y testimonios especializados, elementos que han permitido sostener acusaciones complejas ante los tribunales.

Especialistas en derecho penal explican que la imposición de penas superiores a 50 años conserva un valor jurídico, aunque el condenado no llegue a cumplir la totalidad de la sanción. La individualización de cada delito permite reflejar la gravedad de cada conducta, reconocer el daño ocasionado a cada víctima y dejar constancia de la magnitud de los hechos acreditados durante el proceso judicial.

La condena de 104 años de prisión se convierte así en una de las más altas impuestas recientemente en Panamá. Aunque el responsable permanecerá encarcelado un máximo de 50 años, la sentencia envía un mensaje sobre la severidad con la que los tribunales están sancionando los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema de protección penal.

Un grupo de estudiantes, padres de familia se reunió frente a una estación policial de San Pedro Sula para expresar su apoyo a un docente investigado por su presunta implicación en el delito de violación agravada en perjuicio de una alumna de 12 años del Instituto José Trinidad Reyes, ubicado en la zona norte de Honduras. Un juez le impuso detención judicial.

Los asistentes portaron mensajes de respaldo y dijeron que confían en la inocencia del educador. También pidieron que las investigaciones avancen de manera objetiva y que las autoridades judiciales determinen la responsabilidad del caso con base en las pruebas presentadas.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica. Tras la resolución judicial, el señalado fue trasladado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecerá recluido mientras se desarrollan las etapas iniciales del proceso en su contra.

Durante la concentración, varios padres de familia expresaron que conocen al docente desde hace años y consideraron que el caso debe ser esclarecido antes de emitir conclusiones.

Carlos Chirinos, uno de los asistentes, afirmó que conoce al profesor desde hace más de una década y sostuvo que mantiene plena confianza en él.

“Tenemos más de 10 años de conocer al profesor, estamos seguros de que es inocente. Queremos justicia y que se aclare este malentendido", manifestó durante la protesta.

La captura e investigación

Los participantes insistieron en que respetan el trabajo de las autoridades, pero solicitaron que el proceso judicial sea transparente y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura preventiva del docente dentro de las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la detención forma parte de una investigación relacionada con un presunto hecho de agresión sexual que habría ocurrido en el interior del centro educativo.

Las autoridades indicaron que el profesor es investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante de 12 años que cursa estudios en esa institución.

La acción policial fue realizada como parte de las diligencias para recopilar pruebas y establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Pruebas serán claves

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del caso.

En las próximas audiencias, las autoridades determinarán si existen méritos suficientes para continuar con el proceso penal o adoptar nuevas resoluciones conforme al avance de las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que será el sistema judicial el encargado de valorar las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir una resolución definitiva.

El caso ha generado reacciones divididas entre miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía, mientras el proceso judicial sigue su curso. Corresponderá a las autoridades presentar y valorar las pruebas durante las próximas etapas del expediente para determinar la responsabilidad del docente, quien por ahora permanece bajo detención judicial conforme a lo resuelto por el juzgado competente. De momento las acciones investigativas continúan.

Un hombre fue sentenciado a 33 años de prisión por la violación sexual agravada, actos libidinosos, corrupción de menores y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito, donde el imputado, de 34 años, utilizó amenazas para someter a la menor.

La Fiscalía Regional de San Miguelito presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena del agresor, confirmando que los hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año. La víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial.

En otro caso en el mismo distrito, las autoridades lograron la condena de 72 meses de prisión para un individuo por posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2026, cuando la Policía Nacional sorprendió al condenado en el sector 5 de Samaria, Río Palomo, con un revólver y municiones en su poder. El informe de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el arma era apta para disparar.

En una situación similar, a un ciudadano nicaragüense se le impuso detención provisional tras ser sorprendido el 12 de julio de 2026 en Paraíso, calle G, arrojando una pistola 9 mm a la basura.

El hombre también tenía dos proveedores y cinco municiones sin detonar. Ninguno de los procesados contaba con permiso para portar armas, según la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

La Fiscalía Metropolitana reportó la imputación de cargos para 12 personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos, tras la operación “Obsidiana” efectuada esta semana en Panamá y Panamá Oeste.

Uno de los procesados recibió una condena de 22 años de prisión por delitos sexuales tras la presentación de pruebas por parte de la Sección de Delitos Sexuales.

Además, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para un ciudadano por hurto agravado de vehículos en Calidonia, mientras que otra persona quedó bajo detención provisional por el mismo delito.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico logró la condena de 72 meses de prisión para un individuo acusado de robo agravado, a través de un acuerdo de pena. En tanto, otra persona vinculada a este delito recibió la medida de detención provisional.

En total, cinco de los detenidos en “Obsidiana” recibieron medidas cautelares alternativas a la detención. Dos optaron por acuerdos de mediación ante el Tribunal de Garantías.

La operación “Obsidiana” fue organizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y tuvo como objetivo desarticular un grupo delictivo dedicado al hurto de autos y otros ilícitos contra el patrimonio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ejercer la acción penal con respeto a la ley y los derechos ciudadanos, subrayando la importancia de la colaboración institucional para combatir estos delitos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Superior de Ambiente, también logró la imputación de cargos a un hombre por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, por hechos ocurridos en el río Duque, en Buena Vista, provincia de Colón.

En audiencia de solicitudes múltiples, la información oficial indica que se le imputaron cargos y como medida cautelar, el Juez de Garantías le impuso reporte periódico e impedimento de salida del país.

La investigación inició en 2025, tras una querella presentada por la Autoridad del Canal de Panamá contra el promotor de un proyecto, por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque y la construcción no autorizada en un área que forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

Un tribunal en El Salvador impuso una condena de 32 años de prisión a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas con discapacidad mental, en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), identificó que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez aprovechó su cercanía con la madre de las víctimas para acceder a ellas en distintos momentos entre los años 2022 y 2024.

Los hechos ocurrieron mientras las menores se encontraban bajo su cuidado o dormían en la vivienda familiar. El proceso judicial determinó que el acusado utilizó amenazas para mantener a las menores en silencio, extendiendo la situación durante al menos dos años.

Fue solo tras la intervención de familiares, quienes escucharon el relato de las niñas y las acompañaron a denunciar, que las autoridades pudieron actuar.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República. Estas pruebas permitieron establecer la culpabilidad de Hernández Álvarez por el delito de violación agravada continuada. Cada víctima fue reconocida en la sentencia como sujeto de 16 años de condena, sumando un total de 32 años de prisión para el imputado.

Además, la resolución judicial obligó a Hernández Álvarez al pago de $3,600 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

Durante el juicio, la Fiscalía remarcó la gravedad de los hechos al señalar que una de las niñas presentaba una discapacidad mental, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. El caso resaltó la importancia de la denuncia familiar, ya que fue la intervención de parientes la que permitió a las autoridades iniciar el proceso. El informe fiscal detalló que la detención del acusado se realizó mediante una orden emitida tras la presentación formal de la denuncia.

La sentencia se dictó en presencia del imputado, quien durante el proceso escuchó la exposición de las pruebas y testimonios que sustentaron la resolución judicial. El tribunal fundamentó la pena tanto en los hechos comprobados como en la continuidad de las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas.

Condenan a más de 20 años de prisión a sujeto que participó en una violación grupal en Cuscatancingo

En otro proceso reciente, autoridades judiciales de El Salvador confirmaron una condena de 20 años y seis meses de cárcel para Porfirio Anthony Martínez Ramos, declarado culpable de violación agravada contra una menor en el distrito de Cuscatancingo, departamento de San Salvador Centro.

La investigación de la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. La víctima, una menor de edad, fue abordada por un joven conocido, quien la convenció de acompañarlo hasta una vivienda. En ese lugar se encontraban otras personas, incluido Martínez Ramos. El imputado trasladó a la menor hasta una habitación donde cometió el abuso sexual. Posteriormente, cuatro individuos más participaron en la agresión, aunque la víctima no logró identificarlos, por temor a represalias, decidió no contar lo sucedido en ese momento.

La situación cambió meses después, cuando la menor acudió a un hospital tras presentar un embarazo producto de los abusos. El personal médico, al conocer los antecedentes, notificó a la Fiscalía. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y arrestar a Martínez Ramos, contra quien se presentó una acusación formal.

Durante el juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía. La evidencia permitió comprobar la responsabilidad de Martínez Ramos en el delito de violación agravada en menor o incapaz.

El tribunal dictó la sentencia en presencia del imputado, estableciendo una pena de 20 años y seis meses de prisión.

El asesinato del ciudadano Lucas Martínez Moncaris, de 56 años, generó conmoción en la comunidad en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026, cuando varios disparos alertaron a los vecinos en el sector de invasión Argos, quienes al salir encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala.

El hecho dejó consternada a los vecinos del sector, pues Martínez era conocido por su labor como pastor evangélico y por su participación activa en actividades sociales y religiosas del barrio. Además, era reconocido por desempeñar diversos oficios en la zona y por su origen en el corregimiento de Bocachica.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encabezaron las primeras diligencias y recopilaron información de los residentes.

¿Quién era Lucas Martínez Moncaris?

Nacido en el corregimiento de Bocachica, Martínez Moncaris se destacaba en la zona por su rol como pastor evangélico y por el apoyo constante a los vecinos de la invasión Ebenezer. Junto a su esposa, promovía iniciativas religiosas y sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Durante un tiempo, también residió en Barranquilla, donde desarrolló actividades de predicación en espacios públicos.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la víctima tenía antecedentes judiciales: dos por acceso carnal violento en 2019 y 2023, y uno por amenazas en 2022. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si estos antecedentes están relacionados con el asesinato, por lo que el móvil del ataque sigue sin esclarecerse.

El homicidio de Lucas Martínez, ocurrido en la invasión Argos, llevó a la Policía y la Fiscalía a pedir el apoyo de la comunidad para obtener información que permita identificar a los responsables. Ambos organismos trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de evidencias que expliquen el motivo del crimen.

La comunidad de Ebenezer y allegados al líder religioso han manifestado su pesar en redes sociales. Una persona cercana escribió: “Hermano, nos dejaste con el corazón destrozado. No tenemos palabras para tanto dolor. Se nos fue un hermano y buen amigo.”

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

El uso de explosivos lanzados desde drones contra una iglesia cristiana en el sector rural de Tibú, Norte de Santander, provocó una reacción inmediata de la población local, que teme por su seguridad a pocos días de las elecciones presidenciales programadas para el 21 de junio de 2026.

Versiones de residentes recogidas por medios locales confirman que el ataque dejó herida de gravedad a la esposa del pastor del templo, quien se encontraba dentro del recinto religioso al momento de la agresión. El hecho ha intensificado la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de nuevos ataques dirigidos contra civiles en vísperas de los comicios.

La jornada violenta se inició el jueves 18 de junio, cuando se reportaron enfrentamientos armados en la región del Catatumbo. Según información divulgada por Caracol Radio, durante los choques, artefactos explosivos fueron arrojados desde drones y alcanzaron edificaciones civiles, incluida la iglesia cristiana.

El ataque a la iglesia no solo dejó una persona gravemente herida, sino que también generó alarma en la población, que observa cómo la violencia armada se traslada a espacios religiosos y de convivencia. Habitantes de la zona advirtieron que temen un aumento en el número de víctimas civiles antes de la jornada electoral.

En respuesta a la situación, ciudadanos y organizaciones nacionales han manifestado su rechazo, exigiendo respeto por la vida de quienes residen en zonas rurales afectadas por la confrontación.

Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá registraron un incremento del 16% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 2,771 casos entre enero y junio de 2025 a 3,216 en el mismo período de este año, lo que representa 445 denuncias adicionales, según el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

Las estadísticas, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, muestran que la mayor parte de las investigaciones continúa concentrándose en los delitos agrupados en el Capítulo I: Violación y otros delitos sexuales, que acumularon 2,945 denuncias, equivalentes al 91.6% del total.

El restante 8.4%, con 271 casos, corresponde al Capítulo II, que comprende delitos relacionados con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito más denunciado durante el semestre fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, con 1,217 investigaciones, cifra que representa cerca de cuatro de cada diez denuncias registradas y que, además, experimentó un aumento del 35% respecto a las 902 denuncias contabilizadas en igual período de 2025.

Le siguieron las denuncias por violación, con 1,070 casos, que prácticamente se mantuvieron estables frente a las 1,065 investigaciones del año anterior, mientras que las violaciones doblemente agravadas ascendieron a 133 expedientes, un incremento del 2%.

Los actos libidinosos sumaron 504 denuncias, un crecimiento del 13%, mientras que el acoso sexual fue el único delito de este grupo que disminuyó, al pasar de 22 a 21 casos, una reducción del 5%.

Entre los delitos contemplados en el Capítulo II, el mayor aumento porcentual correspondió a corrupción de personas menores de edad, que pasó de 135 a 192 denuncias, un incremento del 42%.

También sobresale el crecimiento de las investigaciones por pornografía infantil, que aumentaron un 50%, al pasar de 30 a 45 casos, y de la exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces, que igualmente subió un 50%, aunque en cifras absolutas pasó de cuatro a seis denuncias.

En contraste, las denuncias por explotación sexual disminuyeron de ocho a seis casos (-25%), la posesión de pornografía infantil bajó ligeramente de 17 a 16 investigaciones (-6%) y las relaciones sexuales remuneradas con adolescentes entre 14 y 18 años descendieron de cinco a cuatro casos (-20%). Los delitos de turismo sexual permanecieron sin variación, con un caso registrado en ambos años.

El informe también revela una marcada concentración territorial de las denuncias. La provincia de Panamá encabezó el listado con 663 casos, seguida por Chiriquí, con 473; Panamá Oeste, con 423; la Comarca Ngäbe Buglé, con 389; y Bocas del Toro, con 308 denuncias. En el otro extremo se ubicaron la Comarca Emberá, con apenas 10 casos, y la Comarca Guna Yala, con 31.

Sin embargo, al comparar los resultados con los del primer semestre de 2025, la Comarca Guna Yala presentó el mayor crecimiento relativo del país, con un incremento del 107%, al pasar de 15 a 31 denuncias.

También registraron aumentos importantes la Comarca Ngäbe Buglé (+28%), la provincia de Panamá (+27%), Herrera (+21%), Darién (+20%), Panamá Oeste (+16%), Chiriquí (+15%) y San Miguelito (+15%).

Las únicas jurisdicciones que mostraron una disminución fueron la Comarca Emberá, donde las denuncias cayeron un 62%, al pasar de 26 a 10 casos, y Veraguas, con una reducción del 3%, al bajar de 209 a 203 investigaciones.

Mientras tanto, Los Santos, Colón, Coclé y Bocas del Toro también reportaron incrementos, aunque por debajo del promedio nacional.

En cuanto al comportamiento mensual, mayo fue el período con mayor cantidad de denuncias, al registrar 685 casos, seguido por junio, con 551, y abril, con 539. El mes con menos reportes fue febrero, cuando se contabilizaron 416 investigaciones.

El Ministerio Público recordó que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las investigaciones o se actualicen los registros dentro del Sistema Penal Acusatorio.

El Tribunal de Sentencia de Usulután impuso una condena de 18 años de prisión a D. J. M. por el delito de violación en menor o incapaz, tras probarse que agredió sexualmente a una adolescente en 2025. El caso, que generó atención en la región oriental de El Salvador, se suma a una serie de sentencias dictadas en los últimos meses por la justicia salvadoreña ante un fenómeno de violencia sexual que afecta de manera persistente a la niñez y adolescencia.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, la víctima tenía 13 años al momento de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que permitieron establecer que a principios de 2025, el acusado comenzó a interceptar a la menor a la salida de su centro escolar. El 28 de octubre del mismo año, D. J. M. trasladó a la víctima a su vivienda, ubicada en el distrito de Usulután, donde cometió el delito. El proceso judicial se activó tras la denuncia interpuesta por la madre de la adolescente, que permitió la captura y posterior enjuiciamiento del responsable.

La sentencia, dictada tras la vista pública, incluyó además una condena al pago de responsabilidad civil a favor de la víctima. De acuerdo con el reporte de Centros Judiciales El Salvador, el tribunal valoró la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad de la menor al momento de los ataques.

Durante 2026, otros tribunales del país han emitido fallos relevantes en casos de violencia sexual. El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a José Mateo Linares Hernández a 14 años de prisión por violación a una mujer en la jurisdicción de Tacuba, tras comprobarse que el agresor utilizó la fuerza para someter a la víctima en octubre de 2025. La resolución también contempla el cumplimiento íntegro de la pena en un centro penitenciario.

Asimismo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sentenció a Edwin Geovanny Montes Fajardo a 42 años y ocho meses de prisión por violación y agresión sexual continuada contra una menor, sucedidas durante dos años. El fallo incluyó una indemnización de 2,000 dólares a la víctima.

La respuesta judicial salvadoreña también ha alcanzado otras jurisdicciones. En Santa Tecla, L. E. P. C. fue condenado a 12 años de prisión por violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. En La Libertad Centro, el Tribunal Primero de Sentencia impuso 15 años de prisión a un padrastro por violación continuada contra una adolescente, mientras que la madre de la víctima recibió una condena de siete años por facilitar los abusos.

Además, entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General de la República presentó acusaciones penales contra 183 personas por violación en menor o incapaz y, en total, 1.198 personas fueron procesadas por delitos contra la libertad sexual en ese periodo. Estas cifras marcan un incremento respecto a 2025, cuando se reportaron 644 casos de violación.

Diversos informes señalan que el fenómeno de la violencia sexual mantiene una incidencia relevante en El Salvador. La memoria de labores de la FGR correspondiente al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025 documentó 2,739 casos de violaciones y 8,038 episodios de violencia sexual en general contra mujeres y niñas, lo que equivale a un promedio diario de 22 denuncias de agresiones de índole sexual.

La legislación salvadoreña prevé penas de prisión de entre 14 y 20 años para el delito de violación en menor o incapaz, con posibilidad de agravamiento si concurren circunstancias como vínculo de confianza o abuso de autoridad, según lo establece el Código Penal y la reforma constitucional vigente. Las autoridades han reiterado el compromiso de enfrentar la impunidad y fortalecer la protección de las víctimas, aunque persisten desafíos para la prevención y la atención integral de quienes sufren estos delitos.

La Policía de Jalisco rastreó, localizó y capturó a Miguel “N” tras una solicitud de apoyo de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, que lo buscaba desde hacía casi 30 años por una condena por violación y por el delito de escape de institución penal, luego de fugarse de una prisión federal en California.

El detenido, identificado como Micha “N”, de 49 años, aparentemente cambió su nombre para ocultarse. Tras confirmar su identidad, las autoridades lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites de traslado ante la corte del Distrito Este de California.

La corporación estatal informó que el aseguramiento ocurrió derivado de labores de inteligencia y del uso de tecnología operativa, entre ellas la Unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck, con apoyo del Escuadrón Aerotáctico Titán. El objetivo era ubicar al hombre señalado como “objetivo mayor” por su condición de prófugo.

El reporte detalló que U.S. Marshals pidió colaboración para localizar a un hombre que había escapado de una prisión en California, donde cumplía una condena por violación. Además de esa sentencia, el sujeto contaba con una orden de aprehensión por el delito de escape de institución penal, derivada de la fuga ocurrida hace casi tres décadas.

Para la búsqueda, la Comisaría de Inteligencia y el personal de la Policía Cibernética determinaron que el hombre podía estar escondiéndose en el Área Metropolitana de Guadalajara. Con esa hipótesis, las áreas operativas definieron puntos que presuntamente frecuentaba, a partir de una coordinación descrita como sincronización operativa multiplataforma.

Con esa información, se desplegó un operativo que integró recursos terrestres y aéreos. Las autoridades señalaron que el uso de drones y del C2 Móvil permitió ampliar el rastreo y sostener vigilancia sobre posibles zonas de presencia del objetivo, hasta lograr su ubicación.

El hombre fue ubicado en una zona comercial en el cruce de Avenida Adolfo López Mateos y Avenida El Palomar, en el municipio de Tlajomulco. Una vez corroborada su identidad, se concretó su aseguramiento y se efectuó el traslado para el procedimiento migratorio correspondiente.

Las autoridades indicaron que el traslado al Instituto Nacional de Migración tuvo el propósito de iniciar el proceso para su traslado ante la corte del Distrito Este de California, como parte de los trámites derivados de la solicitud de búsqueda y de los señalamientos vigentes en su contra en Estados Unidos.

• La Policía de Jalisco capturó a Miguel “N”, buscado desde hacía casi 30 años por violación y escape de prisión en California.
• El detenido, Micha “N”, tenía 49 años y presuntamente cambió su identidad para ocultarse en el Área Metropolitana de Guadalajara.
• Fue ubicado en Tlajomulco y trasladado al Instituto Nacional de Migración para iniciar trámites ante la corte del Distrito Este de California.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los elementos suficientes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Paulino “N”, fue localizado y aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por agentes de la Policía de Investigación. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial y el juez determinó su vinculación a proceso. Las autoridades no revelaron en qué compañía prestaba servicios el presunto agresor.

La víctima solicitó el servicio desde Tlalpan y fue agredida durante el recorrido

Investigaciones revelaron que el pasado 1 de junio de 2025 la víctima -de identidad reservada- pidió un servicio de transporte al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

Durante el trayecto se quedó dormida. El conductor habría aprovechado ese momento para abandonar el asiento delantero, trasladarse a la parte trasera del vehículo y agredir sexualmente a la pasajera.

La víctima despertó mientras ocurrían los hechos y al darse cuenta de lo que sucedía, reclamó directamente al conductor. Pese a ello, el hombre regresó al asiento delantero y continuó el recorrido hasta dejar a la mujer en su domicilio, como si nada hubiera ocurrido.

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante la FGJCDMX. A partir de ese momento, el agente del Ministerio Público a cargo del caso abrió la carpeta de investigación correspondiente e inició las diligencias para identificar al responsable.

Entrevistas y análisis periciales permitieron identificar y aprehender al probable responsable

Según datos oficiales, la investigación incluyó entrevistas, análisis periciales y otras diligencias que, en conjunto, generaron los datos de prueba necesarios para señalar a Paulino “N” como el probable responsable de la agresión. Con esa base, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias de campo que permitieron localizar al imputado. Paulino “N” fue aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, más de un año después de los hechos denunciados.

La audiencia inicial se celebró el mismo día de la aprehensión. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de cargo ante el juez, quien resolvió vincular a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Paulino “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron si Paulino “N” tiene averiguaciones previas por otros casos.

Los servicios de transporte por aplicación han sido escenario de agresiones y feminicidios en México

El caso de Paulino “N” no es aislado. En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi para regresar a su domicilio en Metepec tras una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México. El viaje fue marcado como finalizado a las 23:10 horas, pero la joven nunca llegó y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abordó una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. El vehículo no cumplía con las condiciones para operar como transporte de plataforma.

Tres días después, el 3 de marzo, autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, a unos 10 minutos del punto donde abordó el vehículo. Presentaba signos visibles de violencia.

La FGJEM abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio e identificó y detuvo a Daniel “N” como el conductor de la motoneta, quien según fuentes extraoficiales habría confesado el crimen.

Un maestro de primaria de 64 años fue capturado en Honduras acusado de violar a una estudiante de 13 años dentro del centro básico donde daba clases. La detención se realizó tras una investigación de la Policía, que lo señala por haber usado su autoridad sobre la menor.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. El arresto se hizo efectivo en la ciudad de Danlí mediante una orden de detención preventiva emitida por las autoridades fiscales de la región.

El sospechoso, originario y residente de la colonia El Paisaje de esa localidad, se desempeñaba como docente activo al momento en que ocurrió el hecho.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con el expediente investigativo de la DPI y con la declaración de la víctima, los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses dentro de las instalaciones del centro educativo.

El informe policial indica que el docente abordó a la estudiante de 13 años y, con el pretexto de revisar sus calificaciones acumuladas, la invitó a ingresar a una de las aulas.

Una vez dentro del salón y aprovechando que se encontraban solos, cerró el lugar y presuntamente le tapó la boca por la fuerza, lo que le impidió pedir auxilio y provocó que la menor perdiera el conocimiento por asfixia. Según la investigación, el sospechoso aprovechó ese momento para consumar el delito de violación especial.

El Ministerio Público imputó al detenido por violación especial, una figura jurídica contemplada cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de autoridad por parte del agresor.

Tras la lectura de sus derechos, el detenido fue trasladado a las celdas de la jefatura policial correspondiente para ser presentado ante la fiscalía de turno.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez determinará la medida cautelar que deberá cumplir mientras avanza el proceso en su contra.

Casos en aumento

Informes de organizaciones de sociedad civil revelan que las agresiones sexuales contra mujeres y menores de edad representan uno de los mayores desafíos de impunidad en Honduras. De miles de denuncias por delitos sexuales interpuestas anualmente en el territorio nacional, solo un porcentaje mínimo logra llegar a una condena firme.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una fuerte advertencia señalando que las escuelas y el propio entorno familiar se han convertido en los espacios más propensos para que niños, niñas y adolescentes sufran de abuso o explotación sexual.

La defensoría enfatiza que las agresiones suelen provenir de personas que forman parte del círculo de confianza o que poseen una posición de autoridad directa frente a las víctimas, lo que dificulta significativamente la detección temprana y la denuncia inmediata de los hechos.

En lo que va del año, las autoridades reportan un incremento en las capturas de agresores y el rescate de menores en departamentos con alta incidencia como Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y El Paraíso. Pese a los esfuerzos policiales, diversas organizaciones continúan urgiendo al Estado hondureño la consolidación de un sistema eficaz de protección.

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía de Veracruz permite la detención de Heriberto “N” en el municipio de Orizaba, luego de que la autoridad obtiene una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de violación contra una menor de 16 años. El acusado es trasladado al Estado de México, donde queda a disposición de un juez que determinará su situación legal, y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

El último párrafo de la investigación de la FGJEM establece que Heriberto “N” se considera inocente hasta que un órgano judicial emita una sentencia condenatoria. La detención ocurre tras el traslado del acusado a la entidad mexiquense, donde es ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima es interceptada en Teoloyucan y llevada a un motel

El expediente de la FGJEM detalla que el 4 de octubre de 2025 la víctima, una adolescente de 16 años, camina por calles del municipio de Teoloyucan cuando es interceptada por su ex jefe, Heriberto “N”. El hombre la sube a un vehículo y la traslada a un motel en la colonia Tlatilco, donde la obliga a entrar y abusa sexualmente de ella. Según la investigación, el agresor la amenaza con hacerle daño a sus hermanas si denuncia los hechos ante las autoridades. Después del ataque, el acusado se da a la fuga.

El Ministerio Público inicia las averiguaciones y, tras reunir elementos de prueba, solicita y obtiene de un juez la orden de aprehensión en contra de Heriberto “N” por el delito de violación.

Investigación y detención en coordinación interinstitucional

A través de trabajos conjuntos, la Fiscalía mexiquense determina que el probable responsable se traslada a Orizaba, Veracruz, para evadir la acción de la justicia. Ante esta situación, solicita la colaboración de la Fiscalía de esa entidad, lo que permite ubicar y detener a Heriberto “N”. El operativo se realiza sin incidentes.

El traslado del detenido al Estado de México se ejecuta conforme a los protocolos para casos de delitos de alto impacto, y su ingreso al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán ocurre bajo resguardo. Es presentado ante el juez de control, quien tiene la facultad de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Heriberto “N” enfrenta posible sentencia de hasta 20 años

Las autoridades señalan que de comprobarse la responsabilidad penal de Heriberto “N”, la pena aplicable podría alcanzar hasta 20 años de cárcel conforme a la legislación vigente en el Estado de México para delitos de violación agravada. La víctima cuenta con acompañamiento y atención especializada, según protocolos de protección establecidos para menores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subraya que la presunción de inocencia prevalece hasta que se emita una sentencia condenatoria y reitera el compromiso de perseguir delitos de violencia sexual contra menores. El caso permanece bajo investigación y se mantiene en reserva la identidad de la agraviada.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra un hombre identificado como MAHR, tras hallarlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada, según informó este miércoles la cuenta de Centros Judiciales. El fallo se emitió luego de que el tribunal valoró como determinante el testimonio de la víctima, una adolescente de 13 años, quien denunció los hechos ocurridos el 12 de julio de 2023 en el distrito de La Libertad Centro.

De acuerdo con la información oficial, el imputado aprovechó el vínculo familiar para ingresar a la habitación de la menor durante la madrugada y cometer el delito. La investigación fiscal incluyó diversas pruebas, entre ellas la declaración de la víctima, que fue considerada por el tribunal como creíble y enfática. Esta valoración resultó esencial para la decisión judicial, ya que el testimonio permitió corroborar la gravedad de los hechos y la responsabilidad de MAHR en el crimen.

Durante la vista pública, la representación fiscal presentó una serie de elementos probatorios que sustentaron la acusación. El tribunal destacó que el relato de la menor fue consistente y permitió reconstruir el momento y las circunstancias en que se produjo la agresión sexual. Además, la sentencia incluyó una condena civil a favor de la víctima, lo que implica la obligación del condenado de responder económicamente por el daño causado.

“El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra M. A. H. R., tras declararlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada2, informó Centros Judiciales.

Tribunal dicta condena agravada por delito cometido contra menor de edad

La información indicó que la condena de más de veinte años responde a la naturaleza agravada del delito, dado el vínculo familiar y la edad de la víctima. Conforme a la legislación salvadoreña vigente, estos factores agravan la pena por tratarse de una persona menor de 15 años y por la relación de confianza quebrantada en el entorno familiar.

El tribunal enfatizó que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia es prioritaria en los procesos judiciales de este tipo. Las autoridades reiteraron la importancia de que las víctimas denuncien hechos similares y acudan a las instancias correspondientes para recibir acompañamiento y acceso a la justicia. El fallo fue comunicado por Centros Judiciales como parte de su labor informativa sobre resoluciones de alto impacto en materia penal.

“Durante la vista pública, el tribunal valoró el testimonio de la víctima como creíble y enfático, al considerarlo un elemento determinante, junto con las demás pruebas incorporadas por la representación fiscal, para emitir un fallo condenatorio”, expresa Centros Judiciales.

La condena impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla incluye también medidas de reparación civil para la afectada, conforme a las disposiciones legales aplicables. Centros Judiciales detalló que la sentencia ya fue notificada a las partes y queda sujeta a los recursos legales que la defensa pueda interponer.

En un operativo de alto impacto, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este miércoles a Luis David López Juárez, de 43 años, señalado como un presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos de agresión sexual.

La detención se ejecutó mediante un allanamiento en la calle principal del cantón Cabañas, en el municipio de Nuevo San Carlos del departamento de Retalhuleu, Guatemala.

Contra el sindicado pesaban tres órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas motivó este último operativo fue autorizada el pasado 7 de julio de 2026 por un juez competente, imputándole el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

El arresto es el resultado de una exhaustiva investigación de campo y análisis criminal desarrollada por la DEIC, en una labor coordinada con la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Tras recopilar los indicios suficientes que vinculaban al sospechoso con la serie de agresiones, las autoridades presentaron los informes ante el órgano jurisdiccional, el cual ordenó de inmediato su detención.

Fuentes de la policía, comentaron que el detenido habría participado en, por lo menos, 20 casos de violación sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango, aunque se desconoce cómo llevaba a cabo los asaltos en contra de sus víctimas.

Durante la inspección de la vivienda utilizada por López Juárez, los peritos y fiscales recolectaron evidencias que presuntamente lo vinculan con los crímenes.

Entre los indicios incautados se reportan gorros pasamontañas —presuntamente utilizados para ocultar su rostro—, municiones de uso exclusivo o civil, una bayoneta, una muñeca inflable y diversas prendas de ropa interior femenina, que se presume, eran de sus víctimas; así como un par de botas de tipo militar.

Todo será analizado por los peritos del Ministerio Público, para determinar el origen y, posteriormente, presentarlo como pruebas en el proceso judicial contra el presunto violador sexual.

Termina hospitalizado

El operativo policial, sin embargo, derivó en un incidente armado al momento de la neutralización del sospechoso. Según el reporte oficial, López Juárez opuso resistencia e inició un forcejeo con uno de los investigadores de la DEIC, identificado como Iván Yoc, en un intento por desarmarlo. Durante la pugna, el agente evitó perder el control de su equipo; no obstante, el arma de fuego se accionó de forma accidental y el proyectil impactó en la pierna del detenido.

Tras recibir los primeros auxilios en la escena, el capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Hospital Nacional de Retalhuleu. Fuentes médicas confirmaron que López Juárez ingresó a la sala de observaciones para recibir la atención correspondiente por la herida de bala y su condición se reporta estable.

Debido a esta situación, el aprehendido quedó internado en la sala de observaciones bajo fuertes medidas de seguridad por parte de oficiales de la policía.

El presunto agresor permanece internado en el centro asistencial bajo la custodia de agentes de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil. Una vez que reciba el alta médica, López Juárez será conducido al juzgado correspondiente para enfrentar la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentará los indicios recabados para solicitar su vinculación a proceso penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 12 años y 10 meses de prisión impuesta a Jorge Eduardo Dubiau, hoy de 60 años, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante un período de cinco años y dejarla embarazada, en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.

El fallo se confirmó tras el rechazo por inadmisible del recurso de queja presentado por la defensa oficial del acusado, resolución adoptada con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El caso se originó a partir de una denuncia en la que se expuso que, entre 2006 y 2013, Dubiau abusó sexualmente de manera sistemática de su hija, desde que la menor tenía ocho años.

Los detalles del expediente son escabrosos. Según supo Infobae, el primer episodio se produjo cuando el violador comenzó a pasar a la niña a la cama matrimonial en ausencia de la madre. Luego, se registraron otros abusos en el campo donde Dubiau trabajaba.

Los abusos se mantuvieron a lo largo de los años, hasta que la menor quedó embarazada y decidió contar lo sucedido a una amiga, lo que permitió que la madre tomara conocimiento de la situación. La investigación estuvo a cargo de la UFI Nº 3, del fiscal Fabio Arcomano, quien pudo establecer la circunstancias en las que la menor fue violada.

El 14 de octubre de 2022, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Trenque Lauquen condenó por unanimidad a Dubiau a la pena de 12 años y 10 meses de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y gravemente ultrajante agravado.

Tras dictarse la sentencia, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, que fue rechazado al considerar que la sentencia no resultaba arbitraria y que los hechos habían quedado probados conforme a las pruebas incorporadas al juicio.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó los planteos de la defensa contra la condena y dejó firme la condena. El acusado fue detenido el 23 de junio del año 2023, después de que el fallo fuera ratificado.

La defensa recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando la presunta arbitrariedad de la decisión, la afectación al principio de inocencia, la violación al derecho de defensa, el debido proceso y el doble conforme. El máximo tribunal rechazó la presentación por inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica que la condena a Dubiau queda firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios, consolidando la sentencia dictada por el tribunal oral y avalada en todas las instancias.

Los detalles del fallo de la Corte Suprema

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución”, resolvió la Corte Suprema en el fallo emitido ayer y al que accedió Infobae.

“Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida...”, expresó el juez Lorenzetti en su voto.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a un hombre identificado con las iniciales L. E. P. C. a 12 años de cárcel tras hallarlo culpable del delito de violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2024 en un hotel ubicado en la zona de La Libertad Costa, donde tanto la víctima como el agresor laboraban.

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros Judiciales de El Salvador, el imputado abusó sexualmente de la joven en repetidas ocasiones durante el periodo mencionado, ejerciendo amenazas de represalia contra ella y su familia para garantizar su silencio. El tribunal, tras valorar las pruebas presentadas durante la vista pública, determinó la continuidad del delito y emitió un fallo condenatorio no solo en el ámbito penal, sino también civil, obligando al condenado a reparar el daño causado.

Este caso resalta la necesidad de garantizar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de las víctimas de delitos sexuales, conforme lo dispone la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por El Salvador. La protección de las víctimas es fundamental para evitar procesos de revictimización y para promover la denuncia de estos hechos.

En el ámbito judicial, la valoración de la prueba y el enfoque de género han sido clave para que los tribunales puedan acreditar la gravedad y la continuidad de los abusos, así como para reconocer el impacto psicológico y social que sufren las sobrevivientes. Organizaciones de la sociedad civil han reiterado la importancia de fortalecer la atención psicológica y el acceso a justicia para quienes atraviesan situaciones similares.

La condena de 12 años impuesta a L. E. P. C. constituye una señal de que el sistema judicial salvadoreño mantiene su compromiso con la sanción de los delitos sexuales y la protección de los derechos de las víctimas, aunque persisten retos en materia de prevención, atención integral y erradicación de la impunidad en casos de violencia de género.

Marco legal: Código Penal de El Salvador

El delito de violación está tipificado en el artículo 158 del Código Penal de El Salvador, que establece penas de prisión de ocho a doce años para quien, mediante violencia, amenazas o aprovechando la incapacidad de la víctima, acceda carnalmente a otra persona sin su consentimiento. Cuando el delito se comete de manera continuada, como en este caso, el artículo 42 del mismo código permite la acumulación de penas o la imposición de la pena máxima prevista para el delito principal, en atención a la gravedad y reiteración de la conducta.

El Código Penal también contempla agravantes, como el abuso de poder en el ámbito laboral, el uso de amenazas y la coacción para silenciar a la víctima, elementos que estuvieron presentes en este caso. La legislación salvadoreña enfatiza la protección a las víctimas y la necesidad de preservar su identidad, tal como lo señala la comunicación oficial, que omite detalles que puedan permitir la identificación de la joven afectada.

Contexto: Condenas recientes por delitos sexuales en El Salvador

En los últimos años, El Salvador ha registrado un aumento en la judicialización de casos de violencia sexual, en parte debido a reformas procesales y a una mayor conciencia social sobre la gravedad de estos delitos. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2023 se reportaron más de 2,000 denuncias por delitos sexuales, de las cuales una parte significativa involucraba víctimas menores de edad y casos de violación continuada.

Recientemente, se han dictado sentencias ejemplares en distintos puntos del país. Las autoridades judiciales y organismos de derechos humanos han insistido en que la persecución penal efectiva y la severidad de las penas contribuyen a la prevención de estos delitos, aunque subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas antes, durante y después del proceso judicial.

En un fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, se dictó condena contra una madre y su pareja por delitos sexuales cometidos de forma continuada contra una adolescente de 13 años en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, según Centros Judiciales. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 dentro del núcleo familiar de la víctima.

A.R.R., identificado como padrastro de la menor, recibió una sentencia de 15 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en la modalidad continuada, según la resolución dictada por el tribunal. Por su parte, la madre de la adolescente, E.A.P., fue condenada a siete años de prisión por comisión por omisión, al haber permitido y facilitado que los abusos sexuales se perpetuaran en el entorno familiar.

De acuerdo con la exposición de pruebas presentada durante el proceso, la adolescente fue sometida de forma reiterada a abusos sexuales y a diferentes actos de violencia, perpetrados por su padrastro, mientras que su madre, lejos de intervenir, permitió que los hechos tuvieran lugar. De acuerdo con Centros Judiciales, en varias ocasiones la víctima fue inducida a consumir bebidas alcohólicas, lo que facilitó los abusos, una circunstancia que fue acreditada en el juicio por los elementos probatorios presentados.

La situación derivó en un embarazo, y la menor dio a luz a un hijo como consecuencia de los hechos denunciados y comprobados ante el tribunal.

El caso queda bajo reserva para proteger a la víctima y a su hijo

El proceso judicial se desarrolló bajo estricta observancia de las garantías legales, y el tribunal valoró tanto los testimonios como los informes médicos y psicológicos que confirmaron el daño causado a la víctima. “La continuidad y gravedad de los hechos, así como la condición de vulnerabilidad de la adolescente, resultaron determinantes para la imposición de las penas”, detalló la cuenta de Centros Judiciales.

La sentencia refleja la aplicación de la legislación salvadoreña en materia de delitos sexuales contra menores. Este enfoque busca responsabilizar tanto a quienes ejecutan materialmente las agresiones, como también a quienes las toleran o facilitan en el entorno inmediato de la víctima.

Por su parte, el tribunal destacó la importancia de la reserva del caso y reiteró que los procedimientos de protección se mantendrán en todo momento para evitar la revictimización de la adolescente y su familia. En cuanto a la ejecución de la sentencia, las autoridades penitenciarias deberán cumplir con la privación de libertad de los condenados, mientras que la víctima.

“El tribunal decretó reserva sobre el caso, por lo que se omite la identidad completa de las personas condenadas para proteger la integridad y el derecho a la privacidad de la adolescente”, expresó Centros Judiciales en su canales oficiales.

Las organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento a menores, así como en implementar programas de prevención y educación para evitar que hechos similares se repitan en otros entornos familiares.

La abogada Vanessa Rial, quien se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en La Plata, murió a los 50 años luego de permanecer varios días internada por una neumonía bilateral en un centro de salud de esa ciudad.

Rial alcanzó notoriedad en 2016, cuando logró una condena ejemplar de 37 años de prisión contra Jorge Martínez Poch, el hombre que la secuestró durante dos meses y la sometió a torturas, abusos sexuales y humillaciones extremas.

Después del juicio, dedicó su vida a acompañar a otras mujeres víctimas de violencia de género, convirtiéndose en una referente.

Según precisaron medios platenses, la abogada permanecía internada desde el 25 de junio pasado. Su cuadro, provocado por una neumonía bilateral, se agravó tras sufrir un accidente cerebrovascular. La muerte ocurrió el miércoles de esta semana, aunque la noticia se conoció recién el jueves y generó un profundo pesar entre sus familiares, allegados y organizaciones sociales.

El caso

El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata dictó una condena ejemplar contra Poch. Ese día, los jueces Juan José Ruiz, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena impusieron una pena de 37 años de prisión al acusado, encontrándolo culpable de abusar de sus dos hijas cuando eran menores de edad, además de secuestrar, golpear y violar a Rial.

En ese entonces, el juez Ruiz explicó que el Tribunal tenía la intención de aplicar una condena aún mayor, pero no era posible por las limitaciones legales. La fiscal María Florencia Budiño había solicitado una pena de 40 años para Martínez Poch, basándose en la gravedad y la comprobación de los hechos.

Respecto al caso de Rial, el tribunal determinó que Martínez Poch fue responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido mediante violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por el grave daño a la salud mental de la víctima y por la participación de dos o más personas. La extensión y las circunstancias de los hechos configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

También se lo halló culpable de corrupción de menores agravada, cometida mediante violencia, amenaza, intimidación y por tratarse de sus propias hijas.

Torturas y humillaciones sexuales

A lo largo del juicio, Vanessa expuso los detalles del calvario que atravesó. Conoció a Poch en 2013, cuando un amigo los presentó en un bar. En ese momento, el disc jockey se identificó como un ingeniero graduado en Estados Unidos, viudo y padre de dos hijas adultas, con quienes afirmaba mantener una “excelente relación”.

“Me pareció encantador, seductor, era haber encontrado al Príncipe Azul, pero al tercer día de la relación me dio la primera paliza y me mostró toda su maldad”, relató ante el tribunal.

Vanessa indicó que Poch la obligaba a tener relaciones sexuales con sus amigos y a realizar prácticas sexuales aberrantes con una perra. Solo logró escapar una vez, aunque finalmente el agresor la localizó en Cañuelas.

Bajo la amenaza de que mataría a su madre, Rial regresó con Martínez Poch. Él volvió a encerrarla en su departamento, la sedó y la golpeó. La policía la rescató el 23 de septiembre de 2013, luego de que Eduardo Rial, el padre de la joven, denunciara su desaparición.

La víctima debió describir ante los jueces los tormentos sufridos para que comprendieran la magnitud de su experiencia. En una ocasión, Martínez Poch le arrancó las uñas de los dedos gordos de ambos pies con unas tenazas y la obligaba a beber su orina con frecuencia.

“Yo quería escapar, siempre quise escapar pero no tenía voluntad debido al alcohol y las pastillas que me obligaba a tomar”, explicó Vanessa en su testimonio.

En cuanto a las hijas, ambas declararon durante el juicio que fueron sometidas a continuas violaciones. Sus relatos estuvieron marcados por detalles de una “larga pesadilla que duró desde que las niñas tenían entre 7 y 8 hasta que cumplieron 15 y 16”.

La vida después de la condena

Según reconstruyó el medio 0221, Rial formó parte del equipo de la Municipalidad de La Plata encargado de asistir a víctimas de violencia de género durante la gestión del exintendente Julio Garro.

En el último tiempo, enfrentaba serios problemas económicos y había recurrido a distintos paradores y pensiones de la ciudad. Tras su muerte, su madre quedó en situación de calle y hoy recibe ayuda de una empleada judicial de La Plata, que la alojó de manera provisoria en su casa.

La audiencia se llevó a cabo en la Sala N° 32 del Palacio de Justicia ante un tribunal integrado por los ministros Dalmiro Garay Cueli, José Valerio y Norma Llatser, quienes escucharon los planteos de todas las partes.

Durante su exposición, la querella particular —integrada por Félix Lorente, Natacha Romano, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David— sostuvo que el sobreseimiento “adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente”, ya que, a su entender, presenta “razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida, en violación a las reglas de la sana crítica racional y del debido proceso”.

Con ese argumento, cuestionó seis aspectos de la resolución: la falta de juzgamiento con perspectiva de género y la vulneración del deber de diligencia reforzada; la valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba; la denegación de prueba pertinente; la falta de agotamiento de la investigación penal; la ausencia de una diferenciación de los roles atribuidos a cada uno de los acusados; y el prejuzgamiento y los defectos de fundamentación del fallo.

En función de esos planteos, pidió que el sobreseimiento sea revocado y que las actuaciones sean remitidas nuevamente al tribunal de origen.

Al contestar, el dictamen del Procurador consideró que el recurso debe ser rechazado y que corresponde confirmar la resolución apelada. Entre sus argumentos, sostuvo que la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal fue suficiente y que no existen medidas de prueba pendientes con capacidad para modificar la situación procesal de los imputados. Además, consideró que la querella no logró demostrar la arbitrariedad o la insuficiencia del fallo que dispuso el sobreseimiento.

Por su parte, la defensa de Auradou y Jégou, representada por Rafael Cúneo Libarona, también pidió que la resolución sea confirmada.

“Costó mucho conseguir la libertad de mis defendidos. Fueron muchas audiencias, 17 testigos, entre ellos familiares de la denunciante, su mejor amiga y su dentista. En términos procesales, ella tiene derecho a asistir a todas las instancias, pero siempre tiene que ser con respeto, con decoro”, sostuvo el abogado.

El defensor también respaldó el trabajo del Ministerio Público Fiscal al afirmar que “trabajó con perspectiva de género y respetó todas las garantías constitucionales”.

Qué elementos llevaron al sobreseimiento

El sobreseimiento de Hugo Auradou y Oscar Jégou fue dictado en diciembre de 2024, luego de que la Justicia de Mendoza concluyera que no había elementos para sostener la acusación en su contra.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuró un video de una cámara de seguridad del ascensor del hotel Diplomatic, al que accedió Infobae, en el que se observa a uno de los rugbiers y a la denunciante mientras se dirigían a la habitación donde ocurrieron los hechos investigados. En las imágenes, ambos se besan segundos antes de salir del ascensor. En esa habitación también se encontraba el otro jugador imputado.

Otro de los elementos que fue incorporado a la causa fue la pericia psicológica practicada a la denunciante por especialistas oficiales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según el informe, los peritos detectaron inconsistencias en su relato y señalaron que presentaba “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información”, además de contradicciones e inconsistencias en la reconstrucción de los hechos.

Esos elementos, junto con el resto de la prueba reunida durante la investigación, fueron valorados por la Justicia al momento de disponer el sobreseimiento de ambos jugadores, una decisión que ahora busca revertir la querella ante la Suprema Corte de Mendoza.

Un hombre de apellidos Hernández Le Maitre fue condenado a 48 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer múltiples delitos sexuales en perjuicio de tres niñas, quienes tenían apenas uno, tres y siete años de edad cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores lograra demostrar la responsabilidad del imputado en los delitos de abuso sexual, violación, fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil y difusión de ese material.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 en la comunidad de La Ribera de Belén, en la provincia de Heredia.

Durante ese período, Hernández mantenía una relación sentimental con la tía de las menores y residía junto a ella en la vivienda donde con frecuencia permanecían las víctimas.

Según logró acreditar la Fiscalía durante el juicio, el condenado aprovechó la cercanía familiar y la confianza que las niñas depositaban en él para cometer de manera reiterada los delitos sexuales.

Las investigaciones determinaron que las agresiones iniciaron cuando las víctimas eran de muy corta edad. Al momento de los primeros hechos, una de las menores tenía apenas un año, otra tres años y la tercera siete años, lo que fue considerado un elemento de especial gravedad dentro del proceso penal.

El Ministerio Público sostuvo que los abusos ocurrieron mientras las niñas permanecían en la casa de su tía, lugar donde también vivía el ahora sentenciado.

La investigación avanzó luego de que, el 16 de abril de 2016, la madre de una de las menores detectara señales que despertaron sospechas sobre una posible agresión sexual.

Ante esa situación, la mujer decidió acudir a las autoridades judiciales e interpuso la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación que años después culminó con la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron reconstruir los hechos y demostrar la responsabilidad penal de Hernández Le Maitre en los distintos delitos atribuidos.

Además de las agresiones sexuales, el Tribunal tuvo por acreditado que el imputado también incurrió en la fabricación y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil, uno de los delitos considerados de mayor gravedad dentro de la legislación costarricense por el daño permanente que ocasiona a las víctimas.

Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental presentada por el Ministerio Público, los jueces resolvieron imponer una pena total de 48 años de prisión.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Hernández Le Maitre deberá permanecer en prisión preventiva, según dispuso el Tribunal Penal de Heredia.

Las autoridades judiciales recuerdan que este tipo de delitos suele ocurrir en entornos cercanos a las víctimas, donde los agresores aprovechan vínculos de confianza o familiares para facilitar las agresiones y evitar que sean descubiertas durante largos períodos.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra personas menores de edad y destacó la importancia de la denuncia oportuna para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

La condena impuesta por el Tribunal Penal de Heredia representa una de las penas más altas dictadas recientemente por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refleja la gravedad de las conductas acreditadas durante el juicio, así como el compromiso de las autoridades judiciales de sancionar este tipo de hechos conforme a la legislación vigente.

Jégou y Auradou, defendidos por el abogado Rafael Cúneo Libarona, habían sido sobreseídos en diciembre de ese año, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito.

Ahora, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. La querella solicitó que se informe oralmente la impugnación, según indica un documento de la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia provincuial.

La audiencia se realizará de forma digital a través de la plataforma Microsoft Teams. Jégou y Auradou se conectarán desde Nueva Zelanda, donde enfrentarán a los All Blacks con el seleccionado francés el sábado próximo en la ciudad de Christchurch.

Ambos jugadores habían sido arrestados en Buenos Aires por el área de Interpol de la PFA horas antes de viajar a Uruguay para continuar su gira, para ser trasladados a Mendoza en un convoy policial. Luego, quedaron detenidos en una celda judicial, para luego cumplir arresto domiciliario en una casa de la provincia. Dejaron el paí

Finalmente, las pruebas los beneficiaron. Un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la información que brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerla y que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

El abogado Cúneo Libarona asevera: " No fue facil. Eran dos chicos de 21 años, presos e inocentes. Sus vidas fueron arruinadas por mentiras. Cada detalle fue importante, cada contradicción. Ya conseguimos dos sobreseimientos con apoyos de los fiscales. Falta poco y se viene nuestro contraataque. La falsa denuncia es un delito gravisimo".

El Mundial 2026 llegó con récords de audiencia, estadios llenos y la promesa de una fiesta global. Pero fuera de las canchas, una sombra persiste: decenas de futbolistas —activos, retirados, convocados o no al torneo— enfrentan o han enfrentado acusaciones formales por presuntas agresiones y abusos sexuales.

Esta nota documenta casos en México y en el ámbito internacional, incluyendo jugadores que participaron en la Copa del Mundo en curso. Todas las acusaciones mencionadas provienen de fuentes oficiales y registros judiciales. Ninguna equivale a una condena definitiva y aplica en todos los casos el principio de presunción de inocencia; se indica el estado procesal correspondiente a cada uno.

Chicharito Hernández: de los videos machistas a la multa federativa

El primero en encender alarmas fue Javier “Chicharito” Hernández. En julio de 2025, el exdelantero de las Chivas publicó una serie de videos en redes sociales en los que, entre otras afirmaciones, señaló que las mujeres deben estar en el hogar al cuidado del hombre. Los dichos generaron debate entre aficionados y analistas, y pusieron en duda los protocolos de género de la FMF y la Liga MX.

La presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, respondió señalando que la liga cuenta con un protocolo claro y que todos los clubes tienen comisiones de género; las jugadoras de Chivas Femenil reprobaron las declaraciones, mientras que la esposa de un excompañero del Real Madrid pidió a la FIFA un castigo. Finalmente fue sancionado económicamente por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por las declaraciones realizadas en redes sociales.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es de otra dimensión. El exfutbolista y actual diputado federal de Morena enfrenta una denuncia de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana Fabiola “N.”, quien lo denunció en octubre de 2024 por hechos que presuntamente ocurrieron en diciembre de 2023.

La Fiscalía General de Morelos, encabezada por Uriel Carmona Gándara, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero, necesaria para proceder penalmente contra un servidor público federal. Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara, dominada por Morena, rechazó la solicitud argumentando deficiencias en la investigación. La víctima ha solicitado protección urgente y organizaciones de mujeres siguen exigiendo justicia. Blanco niega los hechos.

Omar Bravo protagoniza uno de los casos más graves del fútbol mexicano reciente. El exfutbolista fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado cometido contra la hija de su expareja. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Jalisco, los presuntos abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años, y se habrían prolongado durante seis años. Bravo se encuentra actualmente recluido en el penal de Puente Grande; su defensa niega los cargos.

El triángulo peruano: Zambrano, Trauco y Peña

En enero de 2026, el fútbol latinoamericano fue sacudido por la denuncia de una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas de Alianza Lima. Según la denuncia, los actos habría ocurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo durante la pretemporada del club; los hechos habrían tenido lugar tras el consumo de bebidas alcohólicas y en la habitación de Carlos Zambrano.

La denuncia fue archivada en Argentina al determinarse que los hechos ocurrieron fuera de su territorio; las pruebas fueron remitidas a Uruguay, donde la causa continúa su curso. Los tres futbolistas negaron categóricamente los hechos mediante comunicados públicos y fueron desvinculados de Alianza Lima.

Los casos internacionales: Villa, Alves, Partey y Greenwood

El colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en abril de 2020. Posteriormente, la justicia argentina absolvió a Villa de la segunda acusación —abuso sexual con acceso carnal— presentada por su expareja Rocío Támara Doldán, luego de que tanto la fiscalía como la denunciante desistieran de continuar el proceso.

El brasileño Dani Alves vivió un caso judicial de alta exposición mediática. Fue declarado culpable en febrero de 2024 de violar a una mujer en un club nocturno en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió el 28 de marzo de 2025, al considerar que las pruebas contra el deportista eran insuficientes y que el testimonio de la víctima presentaba inconsistencias. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español.

El exjugador del Arsenal Thomas Partey enfrenta un proceso penal aún activo. Fue acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por parte de tres mujeres distintas; según la Fiscalía de la Corona británica, los presuntos incidentes habrían ocurrido entre 2021 y 2022. En febrero de 2026, una cuarta presunta víctima presentó nuevas acusaciones de violación por hechos que habrían ocurrido en 2020. Partey, quien actualmente milita en el Villarreal, niega todos los cargos.

El inglés Mason Greenwood fue detenido en enero de 2022 tras la difusión en redes sociales de imágenes de su expareja con lesiones aparentes. Fue acusado de intento de violación, abuso y conducta coercitiva, pero todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023 por la retirada de testigos clave y nuevo material que no permitía sostener una perspectiva realista de culpabilidad. El caso generó un debate prolongado sobre la responsabilidad de los clubes ante denuncias de violencia de género.

Trump, la FIFA y la sombra de Epstein

El Mundial 2026 tiene una dimensión política imposible de ignorar, y su figura central acumula contradicciones difíciles de soslayar. Trump encabeza una comisión federal creada en 2025 para coordinar los esfuerzos gubernamentales del torneo, la FIFA instaló oficinas en la Trump Tower y el presidente Gianni Infantino le otorgó en diciembre de 2024 el llamado “FIFA de la Paz”, un galardón que no existía previamente. Según información difundida en medios, Trump entregará el trofeo al campeón en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Todo esto ocurre en paralelo a señalamientos que no han salido del debate público. El Departamento de Justicia publicó documentos del caso Epstein que incluyen informes del FBI con acusaciones no corroboradas de que Trump presuntamente agredió sexualmente a una menor de entre 13 y 15 años en un encuentro organizado por Epstein. La Casa Blanca calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y sin ninguna prueba creíble.” Las acusaciones están sujetas a procesos en curso y no representan condena definitiva.

La contradicción se profundiza al comparar el trato que la FIFA da a distintos países en conflicto. Rusia fue suspendida de todas las competiciones internacionales tras su invasión a Ucrania, sanción que la dejó fuera del Mundial 2026. Sin embargo, en pleno torneo, la FIFA le abrió la puerta de regreso al invitar a su Sub-15 a un torneo en Azerbaiyán. El criterio resulta cuando menos desigual: Rusia vetada del torneo grande por su guerra, pero reintegrada por la puerta trasera, mientras Estados Unidos —que en 2025 sostuvo operaciones militares contra Irán— funge como anfitrión y su presidente como rostro institucional de la fiesta del fútbol mundial.

Nota: este texto recoge casos documentados por fuentes oficiales, medios y registros judiciales. Toda acusación mencionada está sujeta al principio de presunción de inocencia, y se indica en cada caso el estado procesal correspondiente.

Nicolás Orbe de la O, identificado como sacerdote en Coyuca de Benítez, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, tras ser detenido el pasado sábado 20 de junio a las 7:40 de la mañana en la entrada del Seminario del Buen Pastor, en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, un juez de control determinó que podría enfrentar su proceso en libertad si cubre una garantía económica de un millón de pesos, junto con otras dos medidas.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 2015, cuando el imputado presuntamente cometió el delito en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

Según reportes de medios locales, se trató de una adolescente de 16 años que habría sido agredida mientras asistía a clases de catecismo. Entre la fecha de los hechos y la detención transcurrieron más de diez años.

La detención fue resultado de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), que derivaron en la emisión de una orden judicial de aprehensión, así lo informó la propia fiscalía estatal.

Juez fijó fianza de un millón de pesos y prohibió al imputado salir de Acapulco

Según el reporte oficial compartido este 21 de junio por la FGE Guerrero, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control valoró como suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial impuso tres medidas cautelares:

• Presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares
• El pago de una garantía económica de un millón de pesos
• La prohibición de salir del municipio de Acapulco de Juárez

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras ese plazo transcurra, Nicolás Orbe podría continuar su proceso en libertad, siempre que cubra la fianza impuesta y cumpla con las demás condiciones establecidas por el tribunal.

Hasta el momento no se ha confirmado su liberación.

La FGE Guerrero señaló en su boletín que refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que vulneren su integridad y desarrollo.

Policía Ministerial lo detuvo en la entrada de un seminario en Acapulco

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial el sábado 20 de junio de 2026 a las 7:40 de la mañana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

El operativo se realizó sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Azul.

El Registro Nacional de Detenciones precisó que el imputado fue asegurado en la entrada del Seminario del Buen Pastor. Tras el arresto, Orbe de la O fue trasladado a bordo de la unidad oficial PM-344 por diversas vialidades de Acapulco hasta la Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso.

Posterior al traslado, quedó a disposición del juez de control para que determinara su situación jurídica, lo que derivó en la audiencia inicial donde se dictó la vinculación a proceso.

86% de las víctimas de delitos sexuales contra menores en México son mujeres

Según datos consultados previamente por Infobae México, de enero a abril de 2026 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, cifra dada a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La categoría incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El 86% fueron mujeres y el 59.2% tenía entre 13 y 17 años.

En total, más de 52 mil menores de entre 0 y 17 años fueron víctimas de violencia y otros delitos en ese periodo. Las mujeres representaron el 55.1% de las personas agredidas.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal.

En Guerrero fue detenido Nicolás “N”, un hombre acusado de violación agravada en contra de una víctima menor de edad de identidad reservada. Reportes de la prensa indican que el sujeto recientemente capturado sería sacerdote en Coyuca de Benítez.

La detención de dicho hombre fue informada el 20 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, mientras que los hechos por los que fue asegurado fueron registrados el 6 de noviembre de 2025 en Acapulco .

Arrestado a las afueras de una parroquia

“El imputado presuntamente cometió el delito en perjuicio de una menor de edad. La acción fue resultado de las investigaciones conducidas por la institución ministerial, que derivaron en la emisión de la orden judicial correspondiente”, es parte de la información compartida por las autoridades estatales.

Cabe destacar que reportes periodísticos detallan que el hombre mencionado fue capturado a las afueras de una parroquia ubicada en en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco. Lo anterior, según informó El Sol de Acapulco.

Por su parte, Excélsior registra que la víctima sería una adolescente de 16 años de edad que fue abusada cuando asistía a clases de catecismo.

Fueron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal (SSPGro), los efectivos que cumplimetron la orden de aprehensión.

Posterior al arresto, Nicolás “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, con el objetivo de que sea determinada su situación jurídica.

Menores de edad, víctimas de violencia en México

En México, más de 52 mil menores de edad fueron víctimas de violencia y otros delitos entre enero y abril de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dados a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El impacto abarca a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 55.1% de las personas agredidas.

Por cada cinco delitos cometidos contra menores, uno corresponde a otros delitos sexuales —categoría que incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto—. El SESNSP precisa que el 86% de las víctimas de estos delitos son mujeres y el 13.5% son hombres.

En términos absolutos, de enero a abril de 2026 se registraron 11 mil 110 víctimas en esta categoría. La violencia familiar representa el 21.1% de los casos, con 10 mil 975 víctimas en el mismo periodo, y con una ligera prevalencia hacia las niñas y adolescentes, quienes constituyen el 53.6% de esas víctimas, frente al 43.3% correspondiente a niños y adolescentes varones.

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar afecta al 11.7% del total —6 mil 112 víctimas—, con una distribución casi igualitaria entre mujeres (49.1%) y hombres (49.7%).

Uno de cada diez delitos sufridos por personas de 0 a 17 años está relacionado con la delincuencia organizada, bajo los criterios de la Convención de Palermo.

En cuanto a la distribución geográfica, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentran la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal, mientras que los municipios de Benito Juárez (Quintana Roo), Juárez (Chihuahua) y Zapopan (Jalisco) encabezan el registro municipal. En violencia familiar, los estados con más casos son Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, con los municipios de Juárez (Chihuahua), Irapuato (Guanajuato) e Iztapalapa (CDMX) en las primeras posiciones.

El perfil etario de las víctimas varía según el tipo de delito: las víctimas de delitos sexuales se concentran mayoritariamente en el rango de 13 a 17 años (59.2%), mientras que la violencia familiar afecta sobre todo a menores de 0 a 12 años (62.7%). En delitos vinculados a la delincuencia organizada, el 75.9% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años.

Un ciudadano salvadoreño fue acusado de violar a una menor de 16 años en el condado de Suffolk, Nueva York, según informó la Fiscalía del Condado de Suffolk en un comunicado emitido este martes. El señalado, identificado como Antonio Meléndez R., de 59 años, fue imputado formalmente por diversos delitos, incluyendo violación en primer grado, después de que presuntamente agredió sexualmente a una menor en un callejón mientras ella regresaba a su domicilio.

El fiscal de distrito del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, comunicó que los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026, cuando Antonio abordó a la joven mientras transitaba por la avenida New York, en la localidad de Huntington. De acuerdo con la investigación oficial, el acusado solicitó reiteradamente el número de teléfono de la menor, quien respondió de manera negativa. Posteriormente, el hombre la forzó a ingresar a un callejón, donde consumó el ataque sexual.

La víctima, de 16 años, logró escapar parcialmente desnuda y llegó a saltar una valla alta antes de pedir ayuda al 911. Según la Fiscalía, mientras la joven se encontraba en comunicación con la policía, Antonio habría seguido buscando a la víctima en las inmediaciones. Al llegar las autoridades, el sospechoso fue localizado y arrestado en el lugar.

El fiscal de distrito Raymond A. Tierney calificó el caso como “profundamente inquietante” y sostuvo: “Una joven de 16 años debería poder caminar con seguridad sin ser acosada, perseguida y brutalmente agredida. Mi oficina continuará procesando enérgicamente a los acusados que representen una grave amenaza para la seguridad de nuestra comunidad, especialmente para nuestros niños”, según cita la Fiscalía del Condado de Suffolk.

Procesan a salvadoreño en Nueva York por delitos sexuales

La acusación formal se presentó el 16 de junio de 2026 ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, quien procesó al salvadoreño por dos cargos de violación en primer grado (delitos violentos graves de clase B), un cargo de abuso sexual en primer grado (delito violento grave de clase D), dos cargos de violación en tercer grado (delitos graves de clase E) y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor (delito menor de clase A).

Durante la comparecencia judicial, la jueza Wilutis determinó que el acusado debía permanecer detenido bajo una fianza de USD 500,000 en efectivo, USD 1,000.000 en fianza o USD 5,000.000 en fianza parcialmente garantizada. El imputado está representado por el abogado Scott Lockwood.

En caso de ser hallado culpable del cargo más grave, Antonio enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión, detalló la Fiscalía del Condado de Suffolk. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 21 de julio de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitió una orden de detención para tomar bajo custodia al centroamericano una vez concluido el proceso judicial.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Ashley Moruzzi, de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica, en tanto que la investigación fue realizada por el detective Jeremy Corcino del Segundo Distrito del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Un uruguayo de 49 años, sobre el que pesaba una alerta de Interpol desde 2024, fue detenido este martes en Montevideo. El hombre, que se refugiaba en la casa de su madre, era buscado por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años.

Su detención se dio tras un allanamiento en el barrio Ituzaingó, en la periferia de la capital uruguaya. Previo a su arresto, el hombre se atrincheró en la casa de su madre, lo que provocó que la Policía monte un operativo en la zona, según informó el Ministerio del Interior.

El caso se remonta a 2019, informó este martes el noticiero Telemundo de Canal 12. La denuncia en ese momento fue de una adolescente de 16 años, que acusaba a su padrastro de haber abusado de ella desde que tenía cuatro. La investigación avanzó hasta que se libró la orden de detención.

Con el apoyo de Interpol, el hombre fue capturado. Había sido visto frente a la casa de la madre cargando unas compras que había realizado, pero cuando fueron a detenerlo intentó escaparse. El acusado tiró algunas pertenencias que tenía y se refugió en el hogar materno. Allí estuvo varias horas hasta que la Policía logró que autorizaran una orden de allanamiento para sacarlo por la fuerza.

El apoyo a Interpol había sido solicitado ante una posible fuga al exterior. En particular, a Brasil.

Los casos de abuso se habían dado en la zona de Pando, una ciudad del departamento de Canelones.

El caso ahora es analizado por la Fiscalía y se espera que en las próximas horas pida la formalización de la investigación.

El detenido es acusado de reiterados delitos de violación y abuso sexual. Además, tiene varios antecedentes penales.

La investigación sobre él se extendió durante más de un año, informaron las autoridades. “Se desarrollaron diversas tareas de recolección de información, análisis y tareas de inteligencia operativa, las que dieron como resultado en el día de la fecha con la detención de la persona acusada, quien se encuentra a disposición de la Justicia”, dice el comunicado oficial.

La caída del abusador del Prado

Hacía unas pocas semanas, hubo otro caso de un hombre arrestado por abusos sexuales. Era conocido como el abusador del Prado, por el barrio de Montevideo en el que solía acosar a sus víctimas. Fue condenado a seis años y once meses de cárcel por la Justicia uruguaya. La jueza definió que es responsable de 14 delitos de abuso sexual. La imagen de este hombre fue difundida durante un buen tiempo en las redes sociales del Ministerio del Interior, que pedía colaboración para localizarlo.

Para acercarse a las menores, el hombre les decía que trabajaba para una agencia de modelos y que podía llegar a darles una oportunidad laboral. Les aseguraba que les tenía que sacar algunas fotos y, con esa excusa, las llevaba a un lugar en el que pretendía abusar de ellas. La Fiscalía uruguaya recibió originalmente ocho denuncias. Una de estas fue clave porque se trataba de un caso más grave y porque una cámara de seguridad lo había registrado en los alrededores de la zona. Esto fue importante para su identificación, detención y posterior condena.

Una de las denuncias sobre él fue de una adolescente de 15 años, sobre un hecho que ocurrió el 27 de abril.

El hombre fue sumado a la lista del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que está conformado por 1.085 personas. Estar en esta lista, por ejemplo, impide trabajar con niños y adolescentes, en la salud o en la educación. Por 10 años, no podrá tener contacto con menores.

El ícono del pop francés Patrick Bruel fue imputado este miércoles por violación y agresión sexual, después de que casi dos docenas de mujeres lo denunciaran, algunas con acusaciones que se remontan a la década de 1990.

El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos y decenas de apariciones en cine, niega todas las acusaciones.

Es la última celebridad francesa bajo la lupa de la justicia a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje.

Bruel, cuya imagen copó los portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París para ser interrogado.

Un juez del suburbio parisino de Nanterre indicó que el artista fue imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Antes, la fiscalía de Nanterre había señalado que los cargos se referían a nueve víctimas y a incidentes ocurridos entre 2010 y 2019.

Añadió que las denuncias de otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual, entre 1992 y 2008, se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, aunque “en esta fase parecen estar prescritas”.

Bruel fue liberado bajo control judicial, indicó su abogada Fanny Colin, después de que el juez rechazara la solicitud de la fiscalía de enviarlo a prisión preventiva.

“Primera victoria judicial”

El artista proclamó su inocencia el mes pasado. “Jamás he forzado a una mujer”, aseguró en una publicación en Instagram.

Añadió entonces que cancelaría todos sus conciertos hasta septiembre.

Sus abogados afirmaron el lunes en un comunicado que respondería a todas las preguntas y “aportaría todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”.

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, lo denunció formalmente por tentativa de violación durante un festival de cine en México, cuando era una pasante de 26 años en Unifrance en 1997.

“Es una verdadera primera victoria judicial para las víctimas”, declaró su abogada Jade Dousselin a esta agencia después de que la fiscalía solicitara la imputación.

Varias nuevas acusaciones contra la estrella se han dado a conocer desde el lunes.

La abogada Myriam Guedj-Benayoun declaró el martes que en breve se presentará una nueva denuncia contra el cantante por la presunta tentativa de violación de una joven de 19 años en su domicilio en 2000.

La abogada representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Otra abogada, Corinne Herrmann, aseguró que dos mujeres presentaron denuncias por violación contra Bruel el 27 de mayo y el 3 de junio.

El medio de investigación Mediapart informó de que se trata de una exreina de belleza que acusa a Bruel de haberla violado en 2008 y de una fisioterapeuta que sostiene que cometió violación en 2000.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984, y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. “Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener”, dijo en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker, y en 1998 se impuso como campeón del mundo.

Fuente: AFP.

Fotos: Stephane de Sakutin/ AFP; Simon Wohlfahrt/ AFP; Alain Jocard/ AFP y Xavier Galiana/ AFP.

Un docente de la provincia de Córdoba fue condenado este lunes a seis años de prisión por abusar sexualmente de una alumna con discapacidad. El hombre, de 55 años, se encontraba detenido con prisión preventiva desde hacía casi un año.

La condena fue dictada por la Cámara del Crimen de Villa María, que encontró culpable a Oscar Fernando León del delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Según informaron medios locales, la víctima es una mujer mayor de edad con discapacidad que había sido alumna del acusado.

León era un reconocido politólogo y docente de la ciudad ubicada en el centro de la provincia de Córdoba. Al momento de su detención, se desempeñaba como profesor de Filosofía en un establecimiento educativo, donde tomó contacto con la víctima.

La causa comenzó a mediados de junio del año pasado, cuando la madre de la mujer radicó la denuncia ante las autoridades. A partir de entonces, la fiscal Juliana Companys encabezó una investigación que derivó en la detención del docente.

Desde entonces, León permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con la acusación, el hombre invitó a la mujer a su domicilio, donde abusó sexualmente de ella. La investigación sostuvo que el docente se aprovechó de la discapacidad de la víctima y de su situación de vulnerabilidad para concretar el ataque.

Durante el juicio, el fiscal Francisco Márquez solicitó una pena de seis años de prisión al considerar que correspondía aplicar el mínimo previsto por la ley para este tipo de delito. En contraposición, la defensa de León pidió la absolución.

El abogado defensor, Alfonso Martín, argumentó que su cliente “no sabía” que el consentimiento de la mujer podía encontrarse condicionado por su discapacidad. Sobre esa base, solicitó que fuera absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, la jueza Edith Lezama de Pereyra rechazó los planteos de la defensa y resolvió condenar a León a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal. Tras el fallo, el docente continuará detenido en una unidad del Servicio Penitenciario provincial.

Orlando “N”, alias “El Misterio”, fue detenido en el municipio de Tapachula, Chiapas, luego de que intentó darse a la fuga al observar la presencia de elementos de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el sujeto, de nacionalidad salvadoreña, es identificado como presunto líder de la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

Durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio antes referido, el individuo intentó huir, pero fue interceptado por elementos de la FGE en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el detenido cuenta con órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen delitos relacionados con la portación y tenencia de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

“El Misterio” contaría con ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que la detención de Orlando “N” fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional.

De acuerdo con las autoridades, el individuo presuntamente cuenta con una ficha roja internacional emitida por Interpol, al ser considerado objetivo de interés por autoridades de la República de El Salvador. Las instancias competentes deberán confirmar su grado de responsabilidad y situación jurídica.

Tras su detención, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación conforme a la ley.

Miembros de la MS-13 han sido localizados en México, se cree que habrían buscado refugio en el país

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, surgió en los años ochenta en los barrios de personas refugiadas de Los Ángeles, en Estados Unidos, y ha sido señalada como una de las pandillas más violentas del país.

Su origen se remonta a la inmigración salvadoreña y, con el tiempo, la organización extendió su presencia de manera exponencial en territorio estadounidense. El crecimiento de la MS-13 ha sido especialmente visible en regiones como Long Island, Nueva York, y otras comunidades del estado, de acuerdo con investigaciones.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, las principales actividades delictivas a las que se dedica esta pandilla son la extorsión, venta de drogas y la protección de territorios en las ciudades para el cobro de piso a negocios y bares clandestinos. Además, la Mara Salvatrucha también está relacionada con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.

Autoridades estadounidenses han detectado la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha en países como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros.

Alianzas y vínculos con otras organizaciones criminales

Una investigación de Alberto DeAmicis de julio de 2017, refiere que la MS-13 ha establecido alianzas estratégicas para fortalecer su posición en actividades delictivas. Entre los vínculos destacados, se menciona la colaboración con la Mafia Mexicana (La Eme), una de las pandillas carcelarias más notorias dentro del sistema penitenciario de California.

Además, identificó la red de MS-13 como facilitadora de la distribución de drogas de organizaciones del crimen organizado en México como los Caballeros Templarios, utilizando su estructura para ampliar el alcance de dichos grupos. Estos lazos han favorecido la expansión y sofisticación de las operaciones criminales de la pandilla a nivel nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que la MS-13 habría enviado a varios líderes a organizar operaciones, entablar contactos para obtener narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de participar en la trata y contrabando de personas.

Un hombre fue condenado el viernes a 21 años de prisión por una violación cometida en 2003 en el Reino Unido, por la que otro hombre inocente pasó 17 años encarcelado. El caso es considerado uno de los errores judiciales más serios de la historia británica reciente.

Paul Quinn, de 52 años y padre de seis hijos, fue juzgado por dos cargos de violación, estrangulamiento intencional y lesiones corporales graves tras seis semanas de juicio en el Tribunal de la Corona de Manchester. Podrá solicitar la excarcelación a los 14 años, tres menos de los que cumplió el hombre condenado injustamente.

El juez Robert Bright le dijo al condenado: “Usted se sentó a disfrutar de su libertad a costa de un hombre inocente”.

En la madrugada del 19 de julio de 2003, una mujer de 33 años regresaba a casa de su novio por las calles de Little Hulton, en Salford, Gran Manchester. Quinn la siguió durante aproximadamente un kilómetro y medio antes de arrastrarla hasta un terraplén de autopista, donde la estranguló hasta dejarla inconsciente y la violó dos veces. Le fracturó el pómulo y una mordedura le desgarró parcialmente el pezón.

En una declaración leída ante el tribunal, la víctima —que hoy tiene cerca de 60 años— describió las secuelas permanentes del ataque. “Cada día miro mi rostro y veo la desfiguración, las cicatrices. Para él fue una noche de su vida. Para mí fue una noche que cambió mi vida”, declaró. El juez la llamó “una verdadera heroína”.

Pese a ser un delincuente sexual convicto que residía cerca del lugar de los hechos, Quinn no fue investigado. Andrew Malkinson, que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial cercano, fue identificado erróneamente por la víctima en una rueda de reconocimiento policial. Condenado a cadena perpetua en 2004, proclamó su inocencia desde el primer día, lo que le costó cumplir diez años por encima del mínimo impuesto. No fue liberado hasta 2020, aunque su nombre permaneció en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

Los avances en análisis genético permitieron al equipo legal de Malkinson y a la organización Appeal recuperar ADN de Quinn en fragmentos de ropa de la víctima que habían permanecido sin procesar durante años. Ese perfil coincidía con una muestra tomada al agresor tras su condena de 1992, lo que llevó al Tribunal de Apelación a anular la condena del guardia de seguridad en julio de 2023. Las autoridades sabían desde 2007 que existía material genético de un hombre no identificado en la víctima, pero decidieron no actuar.

Malkinson, de 60 años, se declaró “insultado y consternado” por la sentencia. “Espero que este hombre no obtenga la libertad condicional y que cumpla una condena mayor que la mía”, sostuvo en un comunicado difundido por Appeal. “Cualquier cosa menos que eso no es justicia”, añadió.

La fiscalía había solicitado cadena perpetua, pero Bright la rechazó. Argumentó que Quinn había modificado su estilo de vida desde 2017 y que en los delitos de violación “llega un momento en la vida en que el peligro disminuye”. Fuentes cercanas al caso indicaron que la sentencia podría ser remitida a la fiscalía general por considerarse excesivamente benévola.

Una revisión de 2024 detectó fallos que habrían podido liberar a Malkinson una década antes, lo que derivó en la apertura de una investigación pública. La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) investiga a cinco exagentes de la Policía del Gran Manchester (GMP) por mala conducta grave, uno de ellos bajo pesquisa penal, y a un sexto agente en activo. Dos altos cargos del organismo encargado de revisar posibles errores judiciales han dimitido.

Quinn tenía antecedentes que las autoridades no vincularon al ataque de 2003. Fue amonestado a los 12 años por agresión sexual y en 1992 condenado por abuso de menores, delito que hoy se tipificaría como violación, condena que generó su muestra de ADN en el sistema. Durante el juicio se reveló que había buscado en internet cuánto tiempo conservaba la policía las muestras genéticas.

La GMP se ha disculpado con Malkinson. “Sabemos que este resultado llega con dos décadas de retraso”, declaró la detective superintendente Rebecca McKendrick, quien instó a posibles nuevas víctimas de Quinn a presentarse. El condenado está siendo investigado como sospechoso en al menos tres agresiones sexuales adicionales.

Malkinson reclama una indemnización del Estado y ha cuestionado si la víctima fue presionada durante la rueda de reconocimiento. Su abogado Toby Wilton, del bufete Hickman & Rose, afirmó que para su cliente “no es el final del asunto”.

(Con información de AP, BCC y The Guardian)

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí, en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril, tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16.

“Asimetría de poder y coacción”

El fallo señaló que el testimonio de la denunciante, corroborado por otros elementos de prueba, resultó veraz y consistente. También avaló la valoración probatoria realizada por la instancia anterior y descartó los planteos defensivos.

La Cámara remarcó que la ausencia de resistencia no implica consentimiento cuando los hechos ocurrieron en un contexto de subordinación y “coacción”. La decisión judicial sostuvo que no puede leerse como consentimiento cuando existió “asimetría de poder”.

El tribunal también sostuvo que la demora en denunciar es frecuente en este tipo de casos, en especial dentro de ámbitos institucionales donde la víctima puede temer represalias o descreimiento.

Esa fue la respuesta central del tribunal ante la discusión planteada en el expediente: la condena quedó confirmada porque los jueces consideraron acreditados los abusos y entendieron que la reacción de la víctima debía analizarse a la luz de la relación de poder existente, no como un indicio de aceptación.

Cronología de los abusos

Según el fallo judicial, los hechos ocurrieron en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo. El primer episodio fue en diciembre de 2022, cuando Sánchez Aguilar hizo entrar a la víctima, una agente recientemente incorporada a la fuerza, a un cuarto de limpieza, cerró la puerta y “la obligó a realizarle sexo oral bajo la amenaza de aplicarle sanciones disciplinarias en caso de negarse”, informó el comunicado de la Policía Federal Argentina.

Meses después, el 18 de junio de 2023, volvió a hostigarla cuando ambos estaban solos en la dependencia. En esa ocasión, le dijo: “es el Día del Padre, ¿no hay regalo para mí? Pero no quiero que me compres nada”. Luego, el hombre se bajó los pantalones, exhibió sus genitales y la manoseó. Esto ocurrió también en el interior de la Comisaría Vecinal N°14 de la Policía de la Ciudad, situada sobre la Avenida Santa Fe al 4000.

La sentencia tuvo por probado que el acusado se aprovechó de la inexperiencia de la joven y de la relación de subordinación, ya que cumplía funciones de instructor. El tribunal también valoró como agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima y el impacto emocional de los hechos.

A eso sumó las consecuencias laborales derivadas del caso: una licencia prolongada, su traslado y la estigmatización dentro de la fuerza. Esos elementos integraron la evaluación judicial que derivó en la pena de siete años.

Fuga, allanamiento y captura

A medida que avanzaba la causa, Sánchez Aguilar se dio a la fuga con paradero desconocido. En ese marco, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja a cargo del Dr. José María Campagnoli, secretaría del Dr. Juan Pablo Bello, convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

A partir del análisis de bases de datos oficiales, registros de organismos públicos y cruces de información con empresas de telefonía, los investigadores identificaron varios domicilios vinculados al acusado. Uno de los puntos de rastreo fue un inmueble ubicado en la ciudad de La Plata.

Con la anuencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 a cargo de la Dra. Valeria Rico, Secretaría de la Dra. Verónica Potes, los uniformados montaron un operativo en las inmediaciones de dicho domicilio, el cual se ubica sobre la calle 132 de la localidad de Arturo Seguí.

Los efectivos servidores al hombre egresar de la finca en cuestión y, al corroborar que se trataba del expolicía buscado, lo detuvieron en la vía pública.

En el marco de la condena, el tribunal también dispuso la extracción de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Hay tragedias que se quedan grabadas en la memoria de un país no solo por la crueldad del hecho, sino por la traición a la confianza más sagrada. En la República Dominicana, el nombre de Esmeralda Richiez evoca ese dolor. Para quienes no conocen su historia, el desenlace judicial ocurrido esta semana en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cierra uno de los capítulos más oscuros del ámbito educativo nacional: la ratificación de la condena de 20 años de prisión para el exprofesor John Kelly Martínez, hallado culpable de la muerte de la adolescente de 16 años.

En febrero de 2023, Higüey, provincia La Altagracia. Esmeralda era una adolescente llena de vida, estudiante del Instituto Agropecuario de la zona. En las aulas destacaba un hombre: John Kelly Martínez, de 35 años, su profesor de matemáticas y educación física.

Martínez no era un desconocido; era un líder comunitario, un educador en quien los padres de Esmeralda confiaban ciegamente. Esa posición de autoridad y mentoría fue, según demostró la justicia, la llave que utilizó para quebrar la seguridad de la joven.

El 12 de febrero de 2023, bajo el pretexto de una salida recreativa, Martínez pasó a buscar a Esmeralda por su residencia en la comunidad de Vista Alegre. En el vehículo no viajaban solos; los acompañaba Rubiel Morillo Martínez (primo del profesor) y otras tres alumnas del mismo centro, todas menores de edad. El destino final fue una playa en la concurrida zona turística de Bávaro. Lo que prometía ser una salida de amigas con su profesor de confianza se convirtió en una pesadilla oculta en la oscuridad de la noche.

Alrededor de la medianoche, el vehículo regresó a Vista Alegre. Esmeralda bajó del auto y entró a su casa. Quienes la vieron notarían de inmediato que algo andaba mal: estaba extremadamente pálida y presentaba un sangrado visible. Sin embargo, el miedo, la manipulación psicológica o la misma vergüenza propia de su edad hicieron que la adolescente minimizara la situación ante sus padres, asegurando que se trataba de un malestar común. Se encerró en su habitación.

El 13 de febrero, el silencio en el cuarto de la joven alarmó a la familia. Al entrar a buscarla, se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la menor yacía en el suelo del baño de la residencia, en medio de un charco de sangre.

La investigación científica arrojó luz sobre el horror que Esmeralda calló en sus últimas horas. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor había sido sometida a una “actividad sexual violenta”, la cual le provocó severas laceraciones y abrasiones vaginales. Estas heridas causaron una hemorragia aguda, tanto interna como externa, que derivó en un shock hipovolémico. En términos llanos: Esmeralda se desangró hasta morir debido al daño físico sufrido durante la salida con su profesor.

El peso de la ley: Sin derecho a rebaja

El caso escaló rápidamente a los tribunales, provocando protestas y una profunda indignación colectiva que exigía la pena máxima. El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor.

Inconforme con el dictamen, la defensa de John Kelly Martínez intentó un último recurso legal apelando la sentencia en busca de una reducción de la pena o la anulación del juicio. Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís declararon inadmisible dicho recurso.

Con este fallo, la justicia dominicana ratifica que Martínez violó los artículos del Código Penal concernientes a homicidio voluntario, asociación de malhechores y actos de barbarie, además de violentar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El exprofesor de matemáticas pasará las próximas dos décadas tras las rejas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey. El fallo también le obliga a pagar una indemnización de dos millones de pesos a la devastada familia Richiez. La sentencia ya es firme, pero el vacío en las aulas y en el hogar de Esmeralda permanece como un recordatorio del día en que el peligro se disfrazó de maestro.