En una entrevista con el canal TN, Gallo relató por primera vez públicamente cómo empezó su infierno tras ser detenido por el gobierno venezolano el 8 de diciembre de 2024.

Según contó, viajó el 6 de diciembre desde Argentina a Venezuela, pasando por Chile, Bogotá y Cúcuta, y que al llegar a migraciones le exigieron una entrevista y la revisión de sus documentos. Durante el control, agentes venezolanos sin identificación le solicitaron su celular para verificar si tenía fotos o mensajes que les parecieran sospechosos, en particular en los que hablara mal del líder venezolano.

“Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra. Estaban de civil. Tenían armas, pero no tenían placa identificatoria”, relató.

El hombre mostró toda la documentación reglamentaria para ingresar. “Tenía dólares en efectivo, pero no le dio mucha importancia. Lo que le importaba era ver mi celular”, agregó. Gallo no tenía fotos uniformado. “No soy de sacar muchas fotos, ni posando con las armas, nada. Tenía fotos del bebé, de las carreras, paisajes”, aseguró.

En ese sentido, reveló que el episodio que desencadenó su arresto tuvo lugar cuando un agente decidió revisar su teléfono y halló una conversación privada de WhatsApp en la que se mencionaba a Nicolás Maduro. En ese intercambio, mantenido con su esposa María Alexandra Gómez, habían comentado la situación política venezolana, lo cual bastó para que se le atribuyera que “hablaba mal del presidente”.

“Entró a WhatsApp. Le pregunté qué hacía y me dijo que quería ver si hablaba mal de su presidente. Puso ‘Chávez’, no salió nada. Puso ‘Maduro’ y ese fue el detonante”.

En ese momento, la tensión aumentó. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación vieja, que no tenía nada que ver, que era una conversación privada con mi mujer”. Hasta ese momento, no imaginaba lo que iba a pasar, ya que algunos policías que estaban afuera también lo minimizaron: “Me dijeron ‘todo el mundo habla mal de Maduro’. Pero el agente no lo tomó igual”.

En un primer momento, Gallo no reveló que pertenecía a la Gendarmería Nacional. “Dije que era aduanero, que trabajaba en la Aduana en el área de Seguridad. Nunca dije que era gendarme. Volvieron a tocar mi celular, a preguntarme por qué ‘hablás mal de mi presidente, que Maduro es bueno. Mirá, nosotros estamos rebién’. Me iban a esposar. Entonces, me dijeron que me arrodille. Yo dije: ‘No me voy a arrodillar, porque si no tengo nada’. Me volvieron a empujar y bueno, en ese momento todavía no sabían que era gendarme”, detalló.

Revisaron con más profundidad el celular y encontraron una foto que lo delataba como gendarme. “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos. Y también se enojaron porque les había mentido, porque no era aduanero sino personal de una fuerza”. Su delito fue enviar un mensaje en el que mencionó a Maduro. “Acá en Venezuela nadie habla mal del presidente porque si no la pasa mal”, le dijeron.

“Me taparon la cabeza por primera vez. Yo decía, ¿por qué me tapan la cabeza?”, describió durante la entrevista.

El periodo de reclusión, que se extendió por más de un año sin comunicación con su familia, resultó devastador para Gallo.

El gendarme argentino relató que la fase inicial, especialmente el mes de diciembre, representó el momento más sombrío del cautiverio.

“Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda... uno piensa muchas cosas”, dijo. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, concluyó.

Tramparencia: hay mentiras pequeñas. Y luego están las mentiras que necesitan calculadora, y aún así no cuadran nadita.

Veamos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez decidió inaugurar su versión de la transparencia: Según su propio relato, han ingresado a Venezuela desde que ella está al mando, 300 millones de dólares, y milagro contable, se han gastado exactamente esos 300 millones; ni un centavo más, ni un centavo menos. Todo redondito y perfecto.

El problema es que la realidad, esa incómoda costumbre de contrastar versiones, no acompaña la narrativa.

Desde Washington, funcionarios estadounidenses aseguran que los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano alcanzan los tres mil millones de dólares . Y no lo dice un rumor de pasillo, lo respaldan declaraciones oficiales y el seguimiento de esos fondos.

Pero lo confirma, además, Transparencia Venezuela, dirigida por Mercedes de Freitas, que no es precisamente un club de opinadores improvisados. Es una organización que lleva años documentando, cifra a cifra, la anatomía del saqueo de lrégimen que ahora dirige “rodrigato”.

Ellos lo dicen sin anestesia: no fueron 300 millones; fueron más de tres mil millones. La diferencia (2.700 millones de dólares) no es un error, es un abismo.

Aquí no estamos hablando solo de números, estamos hablando de preguntas básicas que cualquier ciudadano debería poder hacer sin parecer subversivo:

¿De dónde salió ese dinero?, ¿Quién lo pagó?, ¿Bajo qué contratos?, ¿Dónde están los soportes?, ¿Quién autorizó el gasto?, ¿En qué se tradujo ese supuesto “aumento del ingreso”?

Nada de eso aparece.

Lo único que hay es una “página oficial” que, según reportes independientes, no ha sido actualizada desde su lanzamiento y se limita a repetir el mismo balance vacío: entra 300, sale 300. Transparencia, pero sin contenido; rendición de cuentas, pero sin cuentas.

En un país donde ni siquiera se publica la Ley de Presupuesto, donde la Contraloría es un adorno institucional y donde el control fiscal es una ficción, la opacidad deja de ser un accidente para convertirse en política de Estado.

Pero cuando el dinero pasa por el sistema financiero de Estados Unidos, deja rastro. Y allá el dinero no se evapora sin consecuencias. Allá las cifras se cruzan, se auditan y, si hace falta, se judicializan.

Por eso la advertencia no es retórica; el problema no es solo moral, es legal y también es internacional.Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que los dólares mal explicados no se pierden, se persiguen.

Mientras tanto, en Venezuela, el ciudadano sigue haciendo la pregunta más sencilla y más peligrosa de todas:

¿Dónde está el dinero?

Y esa pregunta,como siempre, sigue sin respuesta, “por ahora”.

Amanecerá, y esta vez, probablemente, sí veremos.

La líder del partido Vente Venezuela hizo un llamado a “los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado”.

“Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde”, expresó con enojo y angustia la dirigente opositora, quien reclamó justicia para ambos. Machado sostuvo que aún hay cientos de presos políticos en las prisiones venezolanas y que sus familias desconocen si “están vivos, siendo torturados, muriendo o ya muertos”.

La ex diputada relató que Carmen Navas “pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo”, un vendedor ambulante de ropa en Caracas, tras ser “detenido arbitrariamente por el régimen el 1 de enero de 2025”.

Machado denunció que Quero Navas fue víctima de desaparición forzada, encarcelamiento sin debido proceso, tortura y muerte bajo custodia estatal, además de haber sido enterrado sin informar a la familia y con el fallecimiento oculto a su madre durante más de nueve meses.

La líder opositora afirmó que “obligaron a Carmen a vivir esta búsqueda agonizante”, calificando la situación como una “decisión deliberada para torturar psicológicamente a una madre anciana” y responsabilizó al régimen venezolano y a los funcionarios penitenciarios que actúan bajo la autoridad y mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Machado añadió que, como “un acto final de cinismo y crueldad”, recientemente le fue negada la amnistía a Víctor Hugo Quero Navas “sabiendo ya que estaba muerto”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano confirmó el jueves la muerte de Quero Navas, detallando que permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese año por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según el comunicado, Quero falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Tras la noticia, Machado escribió vía X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”. “Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, señaló sobre la representación del caso que conmocionó a Venezuela.

Las organizaciones venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea informaron este viernes que 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas.

Ambas ONG publicaron vía Instagram una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021 tras doce años detenido.

De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro fallecimientos.

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

El cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas fue exhumado el viernes por autoridades venezolanas, luego de que el Gobierno reconociera el jueves su muerte hace nueve meses y la Fiscalía ordenara una investigación para dar con los responsables del silencio estatal.

“La exhumación se está produciendo el día de hoy. Entiendo que está la madre, Carmen Navas, y hay alguien que la está acompañando en ese momento”, declaró a la agencia EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo.

El procedimiento se realizó en un cementerio del sureste de Caracas con la presencia de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), que inició una investigación en marzo tras enterarse del caso por redes sociales, según información oficial.

La ONG JEP expresó preocupación por la independencia del proceso: “Esa es una comisión que debería haber estado integrada por investigadores independientes, de ser posible internacionales. Lamentablemente ya iniciaron la investigación de esta forma y lo que seguiremos es exigiendo que esta investigación conduzca a la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”.

El medio constató que, posteriormente, los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre, escoltada por una caravana de funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo. El cortejo arribó pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT) a otro cementerio en el sureste de Caracas, donde la prensa no tuvo acceso.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) condenó que Carmen Navas, de más de 80 años, se haya visto obligada a reconocer a su hijo en circunstancias que estremecen al país y evidencian la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas, ocultar información a las familias y silenciar durante meses la verdad sobre una muerte.

Víctor Hugo Quero Navas permanecía detenido desde el 1 enero de 2025. Según la ONG Foro Penal, el “motivo aparente” de su arresto estaba vinculado a su pasado institucional, ya que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023. Su madre denunció durante meses la detención y desaparición forzada, pero la confirmación oficial de la muerte llegó recién el jueves pasado por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario.

El organismo estatal informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese mismo año tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El preso político falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

La JEP, junto a la ONG Provea, informó que 27 personas detenidas por motivos políticos murieron bajo custodia estatal desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas. De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro decesos.

Ambas ONG publicaron una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también la muerte de Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

En una operación internacional sin precedentes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el traslado de 13 kilogramos de uranio altamente enriquecido desde Venezuela a Estados Unidos.

Esta acción se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con la colaboración de las autoridades de Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

El material, almacenado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) desde la década de 1990, fue retirado para reducir los riesgos de proliferación nuclear y fortalecer la seguridad internacional.

El OIEA, con sede en Viena, supervisó toda la operación y proporcionó asistencia técnica y logística, asegurando que el traslado cumpliera con los estándares internacionales de seguridad nuclear.

El organismo detalló que la carga fue transportada por tierra y mar hasta el emplazamiento de Savannah River, una instalación del Departamento de Energía de los Estados Unidos en Carolina del Sur. El uranio, enriquecido a poco más del 20% del isótopo fisionable uranio-235, llegó en condiciones óptimas a su destino, donde será procesado y reutilizado.

El proceso comenzó a finales de abril, cuando un convoy protegido por el ejército venezolano trasladó el combustible nuclear desde el IVIC, ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Caracas, hasta el puerto de Puerto Cabello. El contenedor fue embarcado en un buque británico que zarpó de inmediato hacia Estados Unidos.

“Este ha sido un ejemplo de la firme voluntad, la coordinación eficaz, la dedicación y la profesionalidad de todas las partes involucradas”, dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi.

A su vez, Christopher T. Yeaw, subsecretario de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que la cooperación internacional permitió eliminar un potencial riesgo nuclear y reforzar la seguridad global.

El trayecto incluyó más de 100 millas por carretera venezolana hasta el puerto, donde el material fue transferido a un barco de Nuclear Transport Solutions del Reino Unido, encargado del traslado marítimo hacia Estados Unidos.

El traslado del uranio enriquecido desde Venezuela a Estados Unidos bajo estricta supervisión internacional coincidió con una flexibilización parcial de las sanciones financieras norteamericanas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una licencia especial para que determinadas entidades legales puedan asesorar al Gobierno de transición venezolano y a PDVSA en temas de reestructuración de deuda.

La nueva autorización, establecida bajo la licencia general 58, permite que firmas de asesoría jurídica y financiera evalúen y preparen propuestas para una posible reestructuración de la deuda de Venezuela y su petrolera estatal, incluyendo a cualquier entidad donde PDVSA tenga al menos el 50% de participación. Sin embargo, la disposición no habilita negociaciones directas, transferencias, ni liquidaciones de deuda, y prohíbe métodos de pago no convencionales, como el uso de oro o criptomonedas estatales.

De esta forma, mientras Venezuela ejecuta operaciones internacionales de alto perfil en materia nuclear bajo el monitoreo del OIEA y en coordinación con Estados Unidos y Reino Unido, también recibe luz verde para acceder a servicios de asesoría que podrían allanar el camino hacia una revisión de sus compromisos financieros, aunque sin implicar cambios inmediatos en la estructura de su deuda ni en las sanciones vigentes.

(Con información de EFE)

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), halló que los migrantes venezolanos que residen en Argentina son quienes muestran “mayor potencial de retorno” al país.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Encovi se ha convertido en la principal fuente para evaluar el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela.

La edición de este año, presentada el jueves 7 de mayo, concluye que en promedio 10% de los migrantes venezolanos tiene planes para volver y 74% lo descarta.

“Argentina no es el principal receptor, pero mostró el mayor potencial de retorno, seguido por Colombia, Estados Unidos y Chile”, destaca el estudio, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y se basa en los testimonios de hogares que tienen migrantes.

Con respecto a quienes están en Argentina, 71% respondió que no tenía planes de retorno y 29% sí. En los casos de Colombia, Estados Unidos y Chile, consideran el regreso 20%, 16% y 15%, respectivamente. “Pareciera que el incentivo por retornar estaría más presente cuando el hogar de origen es pobre”, expone el informe.

En casa

La Encovi brinda datos sobre los “migrantes retornados reportados por los hogares encuestados”. En cuanto a las naciones de procedencia, destaca Ecuador en el primer lugar con 28% contra 72% que permanece allá.

“En segundo lugar se posiciona Colombia (13% de retornados contra 87% que siguen del otro lado de la frontera). Este país ha sido el mayor receptor de la migración venezolana y dado su carácter fronterizo los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando”, reconocen los expertos.

De acuerdo con las mediciones de 2021, 2023 y 2025, “el retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares”. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estima que existen “casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo”.

Sin clases

La encuesta calcula que 68,5% de los hogares venezolanos son pobres y 31,7% están sumidos en la pobreza extrema. Una mejora si se considera que en 2024 los números eran 73,2% y 36,5%, respectivamente.

“En cuanto a los niveles de pobreza extrema es evidente su disminución después del 2021 (68%), pero todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, subrayan.

La investigación dirigida por la UCAB contrasta la demanda potencial de educación, estimada en 11.064.592 -personas de 3 a 24 años de edad-, y la población escolarizada que llegaría a 7.128.882, dando una diferencia que se acerca a los 4 millones. “La cobertura total no ha conseguido remontar a los niveles alcanzados antes de la pandemia”.

La Encovi concluye que 1,2 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo. “Las brechas sociales en el acceso a la educación se han mantenido a lo largo de una década”, sostiene, tras indicar que mientras en el quintil más rico de la sociedad la cobertura educativa llega a 82%, en el más pobre cae a 57%.

Menos

Tomando como referencias las proyecciones de Naciones Unidas, la Encovi apunta que la población venezolana está alrededor de los 28,5 millones de personas.

“Esta misma fuente había previsto en la revisión del año 2015 (WPP-2015) que la población de Venezuela en el año 2025 superaría los 34 millones. Esa diferencia se debe principalmente a los efectos de la migración, pero también a la pérdida de efectivos por el incremento de la mortalidad y los nacimientos no ocurridos en Venezuela”, explican.

En 1990, el tamaño de los hogares promedio en el país era de 4,8 personas. Hoy llega a 3,1. Cerca de 1 de cada 7 habitantes son adultos mayores.

“Una relación de dependencia demográfica estimada en 65 dependientes infantiles y adultos mayores por cada 100 personas en edades activas. Ese nivel de la carga demográfica corresponde con el que se estimaba para Venezuela hacia el año 2040, de acuerdo con las perspectivas demográficas que se tenían previas al éxodo migratorio”, resalta la Encovi.

Carabobo es un estado ubicado en la región centro-norte de Venezuela. Pero, desesperado por la crisis eléctrica, está aplicando una fórmula del viejo oeste norteamericano.

Aplicando una medida absolutamente atípica en el país, el gobernador de la entidad, el chavista Rafael Lacava, ofrece una recompensa de mil dólares a todo aquel que ofrezca “información correcta y fidedigna” sobre la ubicación de granjas de minería de criptomonedas que operen en su territorio.

Antes de hacer el anuncio, Lacava reconoció que padecen un “drama eléctrico”. “La gobernación de Carabobo y fundamentalmente yo ante esta situación que estamos viviendo, hemos decidido (...) ofrecer una recompensa en dinero por la información que nos lleve a las granjas de minería que están en el estado”, manifestó.

El mandatario regional dijo que le causa “mucha suspicacia y curiosidad” que en ciertos circuitos “protegidos”, donde se encuentran instalaciones como hospitales, el consumo de energía se ubique “muy por encima de lo que deberían tener”.

“Sin embargo, en las investigaciones que se hacen, no hemos logrado dar con lo que estamos buscando”, confesó Lacava, quien resolvió apelar a la comunidad para encontrar lo que persigue.

“Yo voy a pagar mil dólares por cada información correcta y fidedigna que me haga llegarle a gente que está minando”, prometió el dirigente chavista, que facilitó un número de Whatsapp para que le transmitan los datos y “preferiblemente la foto de donde están las máquinas de minería”.

Sin luz

Toda Venezuela, con la excepción de Caracas, sufre racionamientos y cortes de electricidad a diario. El gobierno de Delcy Rodríguez indicó que el jueves 7 de mayo “hemos alcanzado en el país un hito en la demanda eléctrica, que alcanzó la cifra récord de 15.579 megavatios, siendo la más alta en los últimos nueve años”.

Las autoridades atribuyen el repunte a “las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso”.

En el comunicado oficial subrayan que “se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional”, y advierte que “quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados con todo el peso de la ley”.

La presidenta encargada anunció el 26 de marzo un plan de ahorro de energía eléctrica, sin ofrecer detalles de cómo funcionaría. “Durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica”, declaró.

Rodríguez cambió al ministro de Energía Eléctrica y ha adelantado que está en conversaciones con las empresas Siemens y General Electric para recuperar el sistema.

El oficialismo culpa desde el calentamiento global hasta las sanciones de Estados Unidos por la crisis eléctrica; no obstante, los expertos afirman que la causa del problema es la falta de mantenimiento, la desinversión y los milmillonarios escándalos de corrupción. El propio Hugo Chávez firmó un decreto de emergencia eléctrica hace 16 años.

Viejo enemigo

El Ministerio de Energía Eléctrica anunció en 2024 su intención de desconectar “todas las granjas de minería de criptomonedas en el país, evitando el alto impacto en la demanda”, con el fin de “seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano”.

En ese tiempo, Lacava también pidió al público su colaboración, pero sin ofrecer nada a cambio. “Si usted, vecino, ve una casa, que usted conozca, dígale a esa persona que apague la granja o sino infórmelo”, planteó el mandatario regional.

Dos años más tarde, el gobernador chavista que se hace llamar “Drácula”, se lanza nuevamente contra aquellos que le chupan la sangre al debilitado sistema eléctrico venezolano.

La familia de Germán Giuliani enfrenta una nueva tragedia. Carlos Giuliani, padre del abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025, falleció este viernes sin haber podido reencontrarse con su hijo, quien permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas.

La información fue difundida públicamente por Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina y miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), una de las dirigentes que siguió de cerca el caso del abogado argentino y que en reiteradas ocasiones reclamó su liberación inmediata.

“Lamentablemente, este viernes falleció el señor Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año está secuestrado por la dictadura chavista”, expresó Trotta a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, agregó: “La salud del señor Carlos se deterioró con mayor velocidad precisamente por lo que está pasando con Germán. Murió sin poder abrazar de nuevo a su hijo. Murió esperando verlo libre”.

La muerte del padre del abogado argentino se produjo en medio de la creciente preocupación internacional por la situación de los presos políticos en Venezuela y mientras continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles del régimen venezolano.

Trotta vinculó además el fallecimiento con el impacto emocional provocado por la detención prolongada de Giuliani y recordó que en las últimas horas también se conoció la muerte de otro familiar de un preso político venezolano.

“En menos de 24 horas hemos recibido dos noticias desgarradoras, ambas ligadas a los presos políticos en Venezuela. Primero, la muerte de Víctor Quero, a quien su madre no pudo despedir. Ahora, la muerte de Carlos Giuliani, a quien su hijo, secuestrado todavía por el régimen de Delcy Rodríguez, tampoco pudo despedir”, afirmó.

La detención de Germán Giuliani y el reclamo internacional

En ese contexto, volvió a reclamar la liberación inmediata del abogado argentino y sostuvo que el caso ya cuenta con decisiones internacionales favorables que no fueron cumplidas por Caracas.

“Germán tiene una boleta de excarcelación desde febrero. Tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Y aun así, la dictadura sigue violando todos sus derechos”, señaló.

Giuliani permanece detenido desde el 21 de mayo de 2025 y es actualmente el único ciudadano argentino que continúa preso en Venezuela. Su familia y distintos organismos de derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que fue víctima de desaparición forzada, torturas y condiciones inhumanas de detención.

En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor al considerar que existían condiciones de “gravedad y urgencia” respecto de su integridad física y su salud. La CIDH sostuvo además que el Estado venezolano no había aportado información suficiente sobre las condiciones de detención del abogado argentino.

En las últimas semanas, el caso volvió a cobrar relevancia después del motín registrado en la cárcel de Yare III, donde permanece detenido Giuliani, y que dejó al menos cinco muertos. Su esposa, Virginia Rivero, denunció entonces que durante horas no tuvieron información sobre si el abogado seguía con vida.

El Gobierno argentino también reactivó los reclamos diplomáticos ante organismos internacionales. Días atrás, la representación argentina volvió a exigir ante la OEA la liberación de los presos políticos en Venezuela y reclamó específicamente por Giuliani, a pocos días de cumplirse un año de su detención.

En su publicación, Trotta cerró con un fuerte cuestionamiento al régimen venezolano: “Basta ya de tanta barbarie, de tanto dolor causado por la decisión de unos cuantos. Basta ya de todo esto. Liberen a Giuliani. Liberen a los más de 500 presos políticos en Venezuela. Cierren los centros de tortura. ¡Ya!”.

Una ola de indignación recorre Venezuela luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario informara la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, un absoluto desconocido para la mayoría del país hasta que su madre Carmen Teresa Navas, de 81 años, emprendió una solitaria cruzada para conocer el paradero de su hijo desaparecido.

“Los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado -desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero- son el testimonio de un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución política”, denunció la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón.

Quero Navas era, en realidad, un personaje anónimo. Comerciante informal, habría sido detenido el 3 de enero de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Jamás quedó claro por qué lo acusaron de delitos tan graves como terrorismo, conspiración y traición a la patria, aunque se especula que todo puede tener relación con su pasado en el servicio militar.

Nadie habría reparado en este caso de no haber sido por la lucha que emprendió su octogenaria madre, la señora Carmen Teresa Navas, quien durante más de un año recorrió cárceles y distintas instituciones del Estado buscando a su hijo, cuya ubicación jamás fue precisada por las autoridades.

Este jueves 7 de mayo, el Ministerio de Servicio Penitenciario dijo que Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

“Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio, hasta hoy (jueves 7 de mayo): le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses. Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, reaccionó María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz.

Bofetada

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien apoyó las diligencias de la señora Navas ante los tribunales, expresó que lo ocurrido a Quero Navas “es la constatación clara de la desaparición forzosa y de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela”.

En su comunicado, el Ministerio de Servicio Penitenciario señala que Quero Navas “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Romero sostiene que esa declaración “parece una bofetada que le dan al pueblo venezolano, a los defensores de Derechos Humanos y a los familiares de presos políticos”.

El activista recordó que los detenidos bajo estas condiciones “no tenían contacto con el exterior por mucho tiempo y es el Estado el responsable de conseguir al familiar”. “Es un insulto a la madre, que me consta que llevaba más de un año buscando a su hijo, preguntaba en la cárcel de Rodeo I -donde según las autoridades estuvo recluido- y allí le decían que no sabían nada”.

Negado

La Plataforma Unitaria Democrática -principal coalición opositora del país- condenó el hecho y destacó otro elemento que ha provocado el repudio generalizado: Pocas horas antes de que se oficializara el deceso de Quero Navas, un tribunal le había negado el derecho a acogerse a la Ley de Amnistía promulgada hace dos meses por el gobierno de Delcy Rodríguez, argumentando que los delitos que le imputaban no eran recogidos en la norma.

“Burlándose de su familia al negarle la amnistía por no calificar como beneficiario a pesar de tener conocimiento de su muerte desde hace diez meses”, subrayó la alianza, que manifestó su rechazo contra “el silencio cómplice de las instituciones”.

La ONG Provea enfatizó que “la muerte de una persona en situación de desaparición forzada, reafirma la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos al no haber instituciones independientes, capaces de afrontar el abuso de poder y las violaciones de Derechos Humanos”.

Al demandar una investigación sobre lo acontecido, Provea advierte que “el que se haya ocultado información a sus familiares sobre la muerte de Víctor Quero, induce a considerar que su muerte podría haber ocurrido como consecuencia de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Asco

Hasta el momento de escribir esta nota ni Delcy Rodríguez ni el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habían fijado posición sobre la muerte de Quero Navas.

El Ministerio Público, controlado por el oficialismo, sí anunció el inicio de una averiguación penal y ordenó “realizar con prontitud la exhumación del cadáver”.

El caso ha sido tan escandaloso que también ha provocado comentarios críticos dentro de las filas que respaldan a la revolución. “Como chavista, siento una profunda vergüenza y asco por todo esto”, escribió en su cuenta en X el comunicador Luigino Bracci Roa.

“El verdadero chavismo debe comportarse así ante situaciones de Derechos Humanos: Investigar no importa quién caiga, y no permitir que amistades o colores políticos se pongan por encima de violaciones de Derechos Humanos”, espetó Bracci Roa.

Hace más de una semana me reuní con María Corina Machado en Washington. Fue la primera vez en 12 años que nos reuníamos, por lo cual había muchos temas que analizar teniendo en cuenta las diferentes políticas hemisféricas de esos 12 años.

Ese período tan largo refleja la irracionalidad de la dictadura venezolana, gente que no puede salir y gente que no puede entrar, y esto es simplemente un pálido reflejo de lo que ocurre a cada familia.

La primera reunión en el 2014 fue muy rara, como raro fue el comportamiento de parte de la oposición, más preocupada en algunos casos en jugar en su propia interna que en crear condiciones para la democracia en el país.

En Venezuela todo estaba pendiente en ese momento, pero el asunto que estaba más pendiente de todos era la auditoría del proceso electoral de 2013 que Unasur le había exigido al gobierno venezolano. Esto nunca se hizo y transformó la situación política en conflictiva, volátil y frágil.

Y luego se sucedieron todas las crisis posibles en Venezuela. En un país autoritario se tienen en muchos casos sistémicamente definiciones muy rígidas, lo cual representa un problema en los campos de la política, la economía y la sociedad, esta rigidez agravó la crisis por encima de estándares de la región más que ninguna otra causa, salvo como hemos dicho las políticas fallidas de Derechos Humanos.

Si los políticos venezolanos opositores están genuinamente interesados en revertir las crisis y lograr el cambio político deben analizar no solo las crisis humanitarias y migratorias, sino también los ámbitos de poder institucional y los procesos de desinstitucionalización permanentes que interactuaron para generar las mismas.

La naturaleza del cambio no es fundamentalmente distinta de la calidad del proceso institucional en el que se ingrese; ya sea poder, democracia o humanidad, estos ámbitos comparten los mismos elementos porque todos se rigen por dinámicas estructurales del presente, el pueblo venezolano, el deterioro institucional, la crisis de Derechos Humanos. Por lo tanto, se debe evitar que el conflicto entre la oposición y el régimen, así como las diferencias en cuanto a planes de acción entre los actores políticos opositores obstaculicen el progreso y los cambios para ello.

Cualquier teoría que contemple sistemas complejos se basa en establecer la naturaleza de las conexiones, la conexión entre diferentes grupos que forman parte de la crisis y las dificultades institucionales para abordar problemas muy diferentes pueden producir soluciones o una permanente situación de bloqueo político.

Cuando se intentan explorar caminos comunes para lograr una evolución hacia la democracia en Venezuela, encontramos que los mismos no tienen salida, lo cual demuestra solamente la característica de repetir fórmulas para repetir no-soluciones para la política venezolana. Son varias las dificultades sistémicas que impiden siquiera construir un modelo en el que pequeños cambios, como leves redistribuciones de poder, cambios de calendario electoral o fluctuaciones regionales aparentemente aleatorias, puedan ser parte de una realidad para transformar verdaderamente Venezuela.

El futuro sigue siendo incierto, y la comprensión de la justicia dista mucho de ser completa por parte del Gobierno de Delcy Rodríguez, razón por la cual las predicciones de la oposición a menudo fracasan ya que los ajustes que esperaba se dieran en automático no ocurrieron, simplemente porque en automático no pasa nada en la política.

La historia de la nueva política en Venezuela en el siglo XXI se desarrolla a partir del 3 de enero pero los viejos conceptos de crisis están allí todavía. Aunque esta crisis es más compleja, es respecto a cómo resiste la ilusión de transición en un marco de opresión presente en el sistema actualmente.

Existe un concepto recurrente dentro de ciertos actores “opositores” de buscar soluciones que no significan un camino hacia la Democracia y las garantías constitucionales, sino más bien dinámicas políticas que otorguen más tranquilidad que cambio, con esa ecuación como lógica se asegura la estabilidad del régimen y la estabilidad de las consecuencias negativas que esto tiene. Debido al aparente balance que otorga ese concepto, en ese sistema político tan golpeado es fácil para muchos dejarse engañar por esta idea.

Es obvio que las crisis y las actividades cotidianas de la oposición han coincidido, por lo tanto, los acontecimientos siguen un patrón repetitivo predecible. Es imposible no percibir este sistema político como opresivo, pero luego del 3 de enero existe un convencimiento decreciente de que las circunstancias actuales pueden determinar el curso de los acontecimientos en un tránsito fluido hacia la Democracia. Esto es nada más que una ilusión. Como también es ilusorio pensar que el modelo político en desarrollo se refiere a una conceptualización teórica de un sistema complejo en transición, por ahora es esencialmente la misma gente con un funcionamiento reprimido.

El poder de la dinámica autoritaria venezolana reside en que, cuando quienes ostentan el poder creen que las crisis del siglo XXI han sido prácticamente fruto de la casualidad y no de la causalidad, y en la situación presente se sienten capaces de hacer predicciones acertadas para manejar el país hacia el futuro, lo cual teniendo en cuenta también la dimensión pivotal venezolana puede determinar la trayectoria futura de la región.

El caso de María Corina trastocó todas las predicciones posteriores al 2021 que apuntaban a una normalización de relaciones con la dictadura venezolana, para los Estados Unidos sería simplemente un Estado dictatorial más con el cual tener relaciones, esto tenía el potencial de resolver una de las tantas crisis petroleras (originada por la agresión a Ucrania) y de precio del combustible, así como determinar condiciones de estabilidad forzada para la región. Entonces María Corina genera nuevas condiciones políticas cuando gana las primarias, algo que el exceso de confianza de Maduro y Capriles creó. Allí se transforma en alternativa democrática para Venezuela, algo que solamente los más obtusos cómplices del régimen se negaron a aceptar.

Esto fue reafirmado con un par de jugadas de características magistrales, ceder su lugar a Edmundo González, con lo cual María Corina Machado demostraba más compromiso con la Democracia que con el poder y luego cuando se dio la elección crear un sistema que protegiera cada voto, esto quiso decir la mayor cantidad de votos posible, lo cual hizo imposible a Maduro reclamar una victoria electoral dada la documentada paliza electoral que recibió.

Esto hizo involucionar a Maduro quien, como en otros casos, en el hemisferio hubiera hecho posible transformar una derrota electoral más apretada en triunfo, pero esa posibilidad desapareció entre sus propias manos.

La capacidad de acción de Donald Trump transformó la región, lo cual demuestra como una sola persona en el ejercicio del poder y con capacidad de acción puede cambiar cosas profundamente. Por supuesto, la forma más sencilla es imaginar que estamos reexaminando predicciones políticas y económicas anteriores y viendo cómo se proyectan las mismas para el futuro de la región. Estas predicciones infectadas de problemas de mucho tiempo pueden transformarse en completamente erróneas con mucha facilidad.

Es importante recordar que solo podemos comprender verdaderamente dinámicas políticas cuando nos afectan personalmente, cuando se sufren personalmente, y esa ha sido la gran ventaja de María Corina, conocer los golpes opositores, conocer los golpes de la dictadura; y ello constituye un absoluto paralelismo con lo sufrido por el pueblo venezolano.

Por ello las soluciones propuestas por María Corina hacen más a la realidad de Venezuela que otras iniciativas.

Algunos argumentan que Venezuela continuará atravesando una crisis, que la oposición es impotente para moldear el futuro democrático que el país necesita ya que no puede controlar los diferentes elementos que activan permanentemente la crisis del país. Pero un problema anterior es que muchos opositores ni siquiera han considerado esta perspectiva, sino que esperan que los EUA resuelvan todos los problemas pendientes de transición y les entregue el país. Pero esto seguramente no es tan sencillo, por ejemplo, podemos preguntarnos: “¿Cuántas veces se cree que se ejercerá la fuerza en el correr del año?”, esencialmente nos estamos haciendo la misma pregunta que María Corina Machado y que Delcy Rodríguez; y es que el poder político venezolano no puede predecir con exactitud cómo funcionarán las instituciones de los EUA y en ese contexto se permanece en la incertidumbre.

Dado que la existencia de la “presencia virtual” de los EUA se limita al mundo de los negocios y a un muy básico cumplimiento de las normas internacionales, algo que Venezuela se había hecho conocer por violarlas, especialmente las que refieren a Derechos Humanos, funcionamiento democrático y seguridad y estabilidad; quienes ostentan el poder saben que la autoridad de dicha “presencia virtual” no puede desconocer por completo su existencia. Y ello además tiene otros elementos, en realidad los EUA se sienten cada vez más gratificados con Delcy Rodríguez teniendo en cuenta lo que después les tocó vivir en Irán, donde no se sabe con quién se habla y es imposible creerle a nadie con quien se hable, los pasdaranes, los ayatollahs y los políticos (en ese orden) demuestran todo el tiempo una confiabilidad nula con una estrategia de dar pequeños golpecitos combinados con ganar tiempo. Y siguen. Después de eso a los ojos de los Estados Unidos, Delcy se ha transformado en una especie de liderazgo previsible con quien se puede cooperar especialmente en la lógica económica sobre la cual se ha consolidado la relación.

En una sociedad internacional donde se puede hablar por teléfono todo el día, el gobernante no ignora que el compromiso y su cumplimiento en sí mismos constituyen salidas a las crisis, crisis que pueden resolverse y que no arrastrarán a todos hacia la migración, las violaciones de Derechos Humanos y el hambre. Por ello, el recientemente legitimado gobierno venezolano puede vivir en un mundo erróneo siempre y cuando tenga los socios convenientes. Todo ello puede ser verdad, pero de todas formas seguimos partiendo de la premisa que los venezolanos están bajo un gobierno a menudo vago y poco coherente pero cuya capacidad represiva nadie quiere testear.

La lección que surge de esto parece querer decir que no es posible tomar el control por uno mismo de un país con crisis heredadas que es parte de una región impredecible, por lo que es necesario distinguir entre los problemas que las instituciones deben resolver y los que no deben resolver porque ahora no es el momento o porque no es posible; por ejemplo, si quienes están en el poder quieren resolver la enfermedad específica del control territorial de los grupos irregulares ello no va a ser posible. En una transición como la venezolana, no existen diagnósticos, nadie sabe lo que ocurre, simplemente dejan que siga ocurriendo. Solamente el fortalecimiento institucional puede encaminar al país.

En este tiempo, María Corina Machado quiere y necesita que se construyan instituciones serias que posibiliten la transición. El gobierno debe seguir intentando establecer instituciones que solucionen la cruel verdad de la crisis institucional que vive el país, sin ello el gobierno seguirá intentando explicar sus objetivos, pero las soluciones serán coyunturales y no harán a la sustancia del cambio en Venezuela. Si el gobierno quiere guiar una evolución económica que se imponga sobre las diversas crisis superpuestas en Venezuela tendrá que coincidir con María Corina Machado y construir instituciones que permitan crecimiento económico, que controlen la inflación, que den garantías al trabajador, que resuelvan salud, vivienda y educación de los trabajadores y sus familias. Pero especialmente necesitan de eso para empezar un proceso que empiece a su vez a normalizar a Venezuela. El proyecto ético de María Corina es entonces imprescindible.

Hoy las instituciones deben afirmarse en un contexto en que hay maniobras políticas todos los días, en que no se puede esperar que nadie esté de acuerdo con nadie; pero sin proponer que nadie cambie su posición original, trabajar cada uno a su manera y sus objetivos en el fortalecimiento institucional tiene un beneficio directo que es comenzar a salir de esta crisis.

Algo que me ha ayudado a comprender en mi exploración y documentación de este mundo de la política es que una persona con un propósito moral, afirmada prácticamente en una lógica absoluta de respeto y promoción de los derechos humanos, hace el camino al desarrollo y la democracia mucho más fáciles. Probablemente María Corina no sea una activista de derechos humanos en el sentido estricto, pero los temas en los que se centra, su postura política firme frente a la maniobra política, hacen su proyecto ético de defensa de la Democracia y los Derechos Humanos esencial para una Venezuela que necesita de un marco humanitario y moral para los derechos humanos que le permita alcanzar cierta lógica evolutiva hacia la Democracia. Lo cual fundamentalmente es esencial para el bienestar de su pueblo.

María Corina Machado ha sostenido un proyecto irrevocablemente ético de oposición a cada uno de los crímenes de la dictadura. A muchas personas les resulta difícil aceptar esto porque la idea de un propósito moral les parece inquietante, incluso contradictorio con el proceso de transición que se debe lograr. El poder político en Venezuela tiene que separarse de ser la principal causa de muerte y de sufrimiento del pueblo. No se puede cambiar el pasado, pero debe ser la lógica del presente y del futuro. Mencionamos que algunos simplemente quieren una solución que los EUA le regalen a los venezolanos, otros quieren hacer un asado con los caníbales ya y comérselos por anticipado, otros quieren que no haya nunca transición o que sea lo más lenta posible, otros querrían seguir mintiendo por siempre, pero en resumen todas estas cosas son malas para Venezuela.

Los venezolanos todos, y esto incluye a sus políticos, son los principales responsables de construir instituciones fuertes para Venezuela, de tener políticas que tengan a los Derechos Humanos como eje transversal, de tener un país justo, de tener una transición eficiente, de construir su sistema político y social sobre la base de la verdad, de erradicar la corrupción y el crimen organizado. En el pasado muchos de estos políticos han creído que se podía hacer esto sin María Corina Machado; el tiempo, las necesidades políticas y fundamentalmente el pueblo les han demostrado que estaban equivocados.

Luis Almagro

Director Instituto CASLA

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, responsabilizó este jueves a la administración venezolana por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, a quien acusó de haber sido “desaparecido, torturado y asesinado” bajo custodia de oficiales del Servicio Penitenciario.

La líder del partido Vente Venezuela denunció a través de su cuenta en X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”.

Machado destacó que, Carmen Teresa Navas, madre de Quero, recorrió cárceles en una búsqueda sin respuestas. “Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses”, escribió.

La dirigente subrayó que la familia del detenido recién el jueves supo que Quero “yace en una tumba desde hace 9 meses”, luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) admitiera que el fallecimiento ocurrió en julio de 2025 mientras permanecía bajo custodia del chavismo.

María Corina Machado afirmó que el caso refleja “el horror sistemático contra una nación que exige justicia” y sostuvo: “No nos detendremos hasta que haya justicia y libertad en Venezuela”. El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, calificó la muerte de Quero como “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”, descartando que se tratara de un fallecimiento común.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

Al enterarse del fallecimiento, el político exiliado agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El malestar social de las organizaciones que luchan por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela también se hizo notar. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, por lo que calificó como “indignante” la situación.

El Gobierno venezolano, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reconoció el jueves la muerte del preso político, 9 meses después del fallecimiento y tras más de un año de denuncias de desaparición forzada por parte de su familia, según informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero, de 51 años, permanecía fuera del alcance de la amnistía impulsada por Rodríguez, de acuerdo con su defensa. Durante el tiempo que Quero estuvo arrestado, su madre, Carmen Navas, lo buscó sin descanso y nunca pudo verlo.

El jueves, autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios trasladaron a Navas, de 81 años, al Parque Memorial Jardín La Puerta en Caracas, donde supuestamente fue enterrado su hijo. Tras colocar flores sobre el lugar señalado como tumba de Quero, la madre solicitó la realización de una prueba de ADN para confirmar la identidad del cuerpo.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios indicó que Quero murió el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche “por insuficiencia respiratoria”, luego de haber sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

River se impuso por 2-1 ante Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Un gol de Maximiliano Salas en tiempo de descuento coronó una noche tan caótica como épica para el Millonario. El equipo de Chacho Coudet sufrió por el penal fallado de Juanfer Quintero y terminó con el lateral Matías Viña como arquero tras la expulsión Santiago Beltrán cuando ya no había cambios disponibles.

Con el triunfo, River llegó a 10 puntos y se consolidó como único líder del Grupo H, con cuatro de ventaja sobre Carabobo y Bragantino, mientras que Blooming cierra la tabla con uno. A falta de dos fechas, el conjunto de Núñez tiene un pie y medio en los octavos de final.

El primer tiempo fue de dominio visitante. Coudet dispuso un equipo alternativo —con ausencias como Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, preservados para los Playoffs del Torneo Apertura— pero River se adueñó del partido desde el inicio. La chance más clara llegó a los 24 minutos: el árbitro paraguayo Derlis López cobró penal tras una revisión del VAR por un codazo de Ezequiel Neira sobre Viña, y Juan Fernando Quintero ejecutó el disparo al centro. El arquero Lucas Bruera, surgido de Estudiantes de La Plata, lo detuvo con las piernas y festejó de cara a la tribuna. Pese al golpe, River siguió adelante. Sobre el final del primer tiempo, el VAR intervino nuevamente para expulsar a Edson Castillo por una plancha sobre Joaquín Freitas, y Carabobo se fue al descanso con diez hombres.

La ventaja numérica se tradujo en gol al inicio del complemento. Maximiliano Meza conectó de cabeza un córner ejecutado por Quintero y abrió el marcador. Coudet aprovechó la apertura del partido para hacer cambios inmediatos: salieron Meza y Santiago Lencina, e ingresaron Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Lo que parecía un trámite se convirtió en una pesadilla. A los 31 minutos del segundo tiempo, el recién ingresado Juan Cruz Meza cometió penal sobre Joshuan Berríos, y el argentino Matías Núñez —ex Racing Club— convirtió junto al palo para el 1-1. Diez minutos después, Beltrán salió lejos del área para frenar una contra de Berríos, lo derribó con una barrida y el VAR determinó la expulsión. Con los cinco cambios ya realizados, Viña se puso los guantes y el short sin número de camiseta para defender el arco.

Carabobo buscó aprovechar la situación con el estadio encendido, pero River aguantó. En la última acción del partido, una pelota suelta en campo propio quedó entre los centrales locales, Salas les ganó la espalda y la picó ante la salida desesperada de Bruera para el 2-1 definitivo.

En la próxima jornada, River recibirá en el Monumental a Blooming y Bragantino para definir su clasificación. Antes, este domingo enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura, el partido para el que Coudet reservó a sus titulares en esta travesía venezolana.

En tanto, el equipo venezolano, dirigido por Daniel Farías, cerrará su participación ante Blooming y Bragantino en las dos fechas restantes.

¡FINAL DEL PARTIDO!

96 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Maximiliano Salas convirtió con una definición exquisita por encima del arquero en la última jugada del partido.

90 minutos: se juegan seis minutos más

86 minutos: agotado los cambios, ataja Matías Viña en River Plate

La roja a Santiago Beltrán generó que al arco vaya un jugador de campo. En este caso, el defensor uruguayo es quien se va a parar bajo de los tres palos.

84 minutos: tras un llamado del VAR, el árbitro expulsa a Beltrán

Si bien por el centro llegaban Meza y Kendry Páez, el juez entendió que hubo una ocasión manifiesta de gol interrumpida por el arquero y cambia la decisión, le quita la amarilla y le muestra la roja.

81 minutos: Santiago Beltrán es amonestado

Tras un pelotazo que encontró muy mal parada la defensa de River Plate, el arquero barrió a Joshuan Berrios y se ganó la tarjeta amarilla.

76 minutos: ¡GOL DE CARABOBO!

Matías Núñez definió esquinado y convirtió, pese a que Santiago Beltrán adivinó el lugar.

73 minutos: penal para Carabobo

Joshuan Berrios remató y Juan Cruz Meza le metió un planchazo merecedora de tarjeta amarilla. El árbitro no dudó y sancionó pena máxima.

70: cambio en River Plate

Ingresa Juan Cruz Meza por Joaquín Freitas.

58 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras un centro preciso de Juanfer Quintero, Maximiliano Meza se anticipa al arquero Bruera y conecta de cabeza para el primero del partido.

54 minutos: River Plate reclamó penal sobre Freitas

El juvenil millonario enganchó dentro del área y Maurice Cova chocó con él, con un brazo elevado. Sin embargo, para el árbitro y el VAR no hubo infracción.

50 minutos: Maurice Cova tuvo el gol de tiro libre para Carabobo

Luego de un disparo preciso, la pelota pegó en la barrera y salió apenas desviada por encima del travesaño.

49 minutos: Pezzella es amonestado en River Plate

Luego de un error de Lencina, Carabobo salió con todo al contragolpe y el capitán millonario tuvo que cometer una infracción cerca del área.

¡Comenzó el segundo tiempo!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45 minutos: Edson Castillo es expulsado en Carabobo

El futbolista de Carabobo llegó a destiempo y conectó un planchazo sobre el juvenil de River Plate, Joaquín Freitas. El árbitro no lo vio, pero tras el llamado del VAR sancionó con una roja.

39 minutos: Edson Tortolero casi convierte de tiro libre

En una de las primeras situaciones de riesgo, Carabobo avisó y generó la reacción del arquero Santiago Beltrán, que voló pero no pudo llegar a la pelota, que se fue apenas por encima del travesaño.

35 minutos: Fabricio Bustos tuvo el primero de River Plate

El lateral derecho del Millonario pudo convertir, pero volvió a sufrir la gran reacción del arquero Lucas Bruera.

29 minutos: otra buena atajada de Bruera

Luego de la pausa de rehidratación, River Plate continúa presionando sobre la defensa de Carabobo. Ahora el que lo tuvo fue Lencina, pero chocó con una gran reacción del arquero argentino de Carabobo.

25 minutos: Bruera le atajó el penal a Juanfer Quintero

El arquero argentino de Carabobo contuvo con los pies tras el disparo al centro del arco de parte del colombiano.

24 minutos: penal para River Plate

Luego del llamado del VAR, el árbitro paraguayo Derlis Fabián López sancionó infracción por un codazo de Ezequiel Neira sobre el rostro de Matías Viña.

21 minutos: Galoppo lo tuvo de volea

Tras una buena jugada colectiva que pasó de izquierda a derecha, tras un centro que terminó rebotado, el mediocampista ofensivo de River Plate le pegó desde la medialuna, desviado.

15 minutos: River Plate tiene pleno dominio del partido

Con Juanfer Quintero como eje de ataque, más el respaldo del juvenil Freitas, el elenco de Chacho Coudet poco a poco va ejerciendo presión hacia el arco de Bruera.

9 minutos: Juanfer Quintero tuvo la primera situación de gol

El colombiano de River Plate remató cruzado y se encontró con la buena respuesta de Lucas Bruera.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Los equipos salen a la cancha

Carabobo y River Plate se preparan para disputar un encuentro clave del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Así luce el vestuario de River Plate:

Formaciones confirmadas:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet

Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González, Matías Núñez; Loureins Martínez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado Matías Núñez y Edson Castillo. DT: Daniel Farías

El póster de River Plate en la previa del duelo ante Carabobo

La palabra de Yohandry Orozco, jugador del Carabobo FC antes del partido contra River:

“Mañana tenemos que salir todos juntos, como una familia. Lo importante es ganar, pues eso representará la alegría más grande para nosotros. Sabemos lo que proponen ellos, pero también conocemos lo que tenemos nosotros como equipo y que, individualmente, cada uno de nosotros es muy bueno”.

La salida del plantel de River Plate rumbo a Venezuela

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Los resultados de River en cada edición de la Copa Sudamericana que disputó:

• 2002: Octavos
• 2003: Final
• 2004: Octavos
• 2005: Octavos
• 2006: Octavos
• 2007: Semifinales
• 2008: Cuartos
• 2009: Primera fase
• 2013: Cuartos
• 2014: Campeón
• 2015: Semifinales

El calendario de River:

• Hoy 21.30 Carabobo (V)
• Domingo 10 de mayo 19.00 San Lorenzo (L)
• *A confirmar: miércoles 13/5 Cuartos del Apertura vs. Vélez/Gimnasia La Plata (L)
• *A confirmar: domingo 17/5 Semifinales del Apertura vs. Estudiantes/Racing/Central/Independiente (solo sería visitante ante Estudiantes)
• Miércoles 20 de mayo 21.30 Bragantino (L)
• *A confirmar: domingo 24 de mayo 15.30 final del Apertura en Córdoba
• Miércoles 27 de mayo 21.30 Blooming (L)

*Instancias que disputará solo si se clasifica a las mismas

Cómo llega Carabobo:

El conjunto venezolano es la gran sorpresa de la zona y tiene puntaje perfecto jugando como local. Esta será su tercera y última presentación en fase de grupos, luego de imponerse 1-0 ante Bragantino y 2-0 frente a Blooming. En el campeonato venezolano, igualó contra Metropolitanos por la primera jornada del Grupo B del Cuadrangular Final (el primero de la zona disputará la final por el título de campeón con el líder de la otra).

Lista de concentrados de River:

Tabla de posiciones del Grupo H de la Sudamericana:

Probables formaciones:

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet

River quiere mantener el liderazgo en Venezuela:

El Millonario tiene una excursión complicada antes de afrontar los octavos de final del Torneo Apertura ante San Lorenzo. Si gana, pondrá un pie en los octavos de la Sudamericana y tendrá holgura para definir los mata-mata a nivel doméstico. Arrancará a las 21.30 en el estadio Polideportivo Misael Delgado y arbitrará el paraguayo Derlis López.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Carabobo-River por Copa Sudamericana!

Horarios del partido:

21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20.30 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela

19.30 Colombia, Ecuador y Perú

18.30 México

2.30 (viernes) España

*Televisará en vivo DSports para Argentina

El Ministerio Público de Venezuela anunció el jueves la apertura de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, después de que el régimen confirmara que el preso político falleció hace casi un año tras varios meses de denuncias familiares sobre su desaparición.

El Ministerio Público informó en un comunicado difundido en redes sociales que la Fiscalía 80 Nacional, con competencia en protección de derechos humanos, está a cargo de las diligencias. A su vez, comunicó que ordenó “con prontitud la exhumación del cadáver” de Quero, procedimiento que estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, “de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”.

“Para el desarrollo de esta investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”, precisó el organismo.

El anuncio se produce en un contexto de reclamos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo por una investigación exhaustiva e independiente sobre el fallecimiento del detenido durante la dictadura liderada por el ex autócrata Nicolás Maduro en Venezuela.

La Defensoría del Pueblo sostuvo: “Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”.

La entidad también remarcó que este hecho “evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país”. La muerte de Quero Navas reabrió el debate sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la situación del sistema judicial, que la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió reformar.

La confirmación oficial de la muerte Quero bajo custodia estatal reactivó reclamos y protestas en el país caribeño por parte de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas. El gobierno a cargo de Rodríguez informó el jueves que el aprehendido falleció en un hospital nueve meses atrás.

Diversas ONG y partidos señalaron que urge una revisión de las condiciones carcelarias y la actuación de las autoridades judiciales, mientras familiares de detenidos reiteraron su preocupación por los casos de desapariciones y falta de información sobre el paradero de personas bajo custodia.

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, permanecía detenido desde enero de 2025, según la ONG Foro Penal, por su supuesto pasado militar vinculando su arresto a su servicio en 2023.

El Ministerio Público informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio acusando “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El texto oficial señaló que Quero murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Las autoridades penitenciarias afirmaron que el detenido “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Sin embargo, organizaciones y dirigentes políticos rechazaron esta versión. Justicia, Encuentro y Perdón indicó vía X que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental” y aseguró que Carmen Navas realizó “múltiples diligencias” ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, calificando la situación como “indignante”.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido” y agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, manifestó que la muerte del preso político “no es un fallecimiento común”, sino “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”.

De acuerdo con el registro de Foro Penal hasta diciembre pasado, 17 presos políticos murieron en custodia estatal desde 2014. Actualmente, la organización contabiliza 454 presos políticos en Venezuela, pese a la aprobación de una ley de amnistía en febrero como parte del nuevo momento político impulsado por la presidenta encargada del país.

(Con información de AFP y EFE)

El régimen venezolano completó entre el 18 y el 29 de abril la retirada del material nuclear restante del Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), una operación que llevaba casi tres décadas incompleta y que la proximidad de los bombardeos del 3 de enero terminó por hacer urgente. La extracción se realizó con la participación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de Estados Unidos, el Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil, señaló que el ataque militar del 3 de enero “en las inmediaciones de las instalaciones del IVIC, a escasos 50 metros del antiguo reactor, incrementó objetivamente el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de ejecutar una operación que Venezuela venía solicitando desde hacía largo tiempo”. El material fue trasladado por tierra desde el IVIC, en el estado Miranda, hasta los muelles de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, donde fue embarcado para su disposición final fuera del país.

El RV-1 fue el único reactor nuclear que operó en Venezuela y uno de los primeros de América Latina. Concebido por el científico venezolano Humberto Fernández-Morán, alcanzó la criticidad en 1960 en el marco del programa Átomos para la Paz impulsado por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, que incluyó una donación de 300.000 dólares para su construcción. Funcionó durante décadas como plataforma de investigación en física, radioquímica y producción de radioisótopos, hasta que cesó su actividad en 1991.

En 1997, Venezuela y el OIEA acordaron la clausura definitiva del reactor e iniciaron operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado. Sin embargo, una parte del material permaneció en las instalaciones bajo condiciones de enfriamiento, control y almacenamiento controlado, a la espera de que los actores internacionales responsables de su origen y recepción adoptaran las medidas necesarias para completar el proceso. Caracas reclamó durante años ante el OIEA la retirada de ese remanente sin obtener respuesta suficiente.

El detonante fue la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, conocida como Operación Resolución Absoluta, que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas y culminó con la captura de Nicolás Maduro. Esa madrugada, las instalaciones del IVIC sufrieron daños directos: según informó a EFE el director del instituto, Alberto Quintero, el ataque afectó la red eléctrica del centro y comprometió el suministro en al menos la mitad de sus 24 centros de investigación, donde trabajan cerca de 1.800 personas, así como el sistema de bombeo de agua. El régimen venezolano señaló que también resultaron afectados el Centro de Matemática, el Centro de Física, el Centro de Química, el Centro de Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear.

En la operación de abril participaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, la NNSA —adscrita al Departamento de Energía de Estados Unidos— y el Reino Unido, que asumió la gestión del transporte marítimo especializado. El OIEA supervisó las salvaguardias, realizó la verificación técnica correspondiente y proporcionó capacitación al personal venezolano. El Gobierno no precisó el destino final del material extraído.

Caracas presentó la operación como un gesto de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en no proliferación, en particular el Tratado de Tlatelolco —que establece una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe— y el Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA. La paradoja que encierra el anuncio no es menor: fue precisamente la acción militar de Washington la que aceleró una cooperación nuclear que durante años había permanecido bloqueada.

El Gobierno de transición de Venezuela confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un detenido cuya desaparición había sido denunciada reiteradamente por su madre durante meses.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, detalló el arresto de Quero Navas en la cárcel El Rodeo I, cerca de Caracas, el 3 de enero de 2025, y su fallecimiento el 24 de julio del mismo año en el Hospital Militar Carlos Arvelo a causa de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. La madre del detenido, Carmen Teresa Navas, había solicitado información sobre el paradero de su hijo ante el silencio de las autoridades.

El lunes anterior a la confirmación oficial, Carmen Navas reiteró su exigencia de conocer si su hijo seguía con vida, durante una rueda de prensa junto a representantes de la ONG dedicada a la defensa de presos políticos.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó a la agencia EFE que la detención de Víctor Hugo Quero Navas ocurrió tras ser interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una plaza de Caracas en 2025.

El motivo de la detención estaría vinculado a su pasado institucional, ya que prestó servicio militar en 2023. Esta relación habría desencadenado la apertura de un proceso judicial bajo cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.

El 18 de abril de 2026, la CIDH adoptó la Resolución 27/2026, otorgando medidas cautelares en favor de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, al considerar que ambos se encontraban en situación de gravedad y urgencia por el riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud en Venezuela.

Quero Navas era comerciante y fue detenido el 1 de enero de 2025. Permaneció incomunicado desde entonces, sin que sus familiares o representantes tuvieran información sobre su estado de salud, condiciones de detención, situación jurídica o ubicación oficial.

La madre del detenido, una persona adulta mayor, habría sido objeto de advertencias e intimidaciones por parte de funcionarios estatales, mientras el Estado no proporcionó información a la Comisión sobre las acciones emprendidas para atender o mitigar la situación de riesgo.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios comunicó que el 10 de marzo, tras la viralización del caso en redes sociales y la presión de varias ONG, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inició una investigación para esclarecer el paradero de Quero Navas.

La madre fue citada por el CICPC dos días después, y el 25 de marzo se recibió un oficio solicitando información sobre la ubicación del detenido, lo que llevó a una revisión de expedientes.

Además, la CIDH consideró que las advertencias e intimidaciones hacia Carmen Tlresa Navas evidenciaron un contexto de riesgo bajo la actual situación del país.

(Con información de EFE)

La propuesta para elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una propuesta de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez Gómez, reabre el debate sobre el impacto presupuestario del máximo tribunal: seguridad, vehículos y mantenimiento, con recortes visibles solo en sueldos y pensiones.

La ampliación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 32 magistrados, planteada en una reforma parcial de su Ley Orgánica, implica un aumento sustancial de los costos asociados al funcionamiento del máximo tribunal, de acuerdo con estimaciones que reabren el debate público.

Mantener una Sala Plena de 32 jueces supondría no menos de 100 escoltas, cuatro por cada magistrado, y una flota cercana a los 40 vehículos tipo camioneta de alta gama. En ese cálculo, una unidad quedaría asignada a cada magistrado y otras siete se sumarían como “extras”, una por cada integrante de la Sala Constitucional, para un total de 39 vehículos, sin contar los asignados a la presidencia del TSJ, que elevarían la cifra a alrededor de 45.

Bajo esta lectura, el nuevo esquema no reflejaría un recorte o ahorro presupuestario para el país, salvo sueldos y pensiones. El foco está en la propuesta legislativa que busca revertir la reducción aplicada en años recientes y volver de 20 a 32 magistrados.

El planteamiento fija que cinco salas —Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— pasen de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional aumente a siete integrantes.

En paralelo, durante una sesión parlamentaria se incorporaron magistrados suplentes para cubrir de forma temporal las vacantes dejadas por ocho funcionarios jubilados y se conformó un comité para evaluar a más de 90 postulados para las nuevas magistraturas.

Las críticas también apuntan a la seguridad jurídica: diputados omitieron respetar la adscripción por sala de magistrados suplentes, lo que reaviva la pregunta sobre el sentido de designarlos para una sala específica si, llegado el momento, se les reubica “donde mejor parezca”, sin atenerse a la normativa vigente.

A este panorama se suma un elemento político: hace años, la hoy presidenta interina, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, cuestionó públicamente el costo de mantener 32 magistrados; la reforma, sin embargo, devuelve al TSJ a esa misma cifra.

Además del personal y la flota, los costos se ampliarían con el mantenimiento y el combustible de los vehículos, el armamento y la dotación de cada escolta, así como los gastos logísticos asociados (alimentación, entre otros).

Sala Constitucional

Los nombrados en 2022 como principales: Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tanía D’amelío Cardiet. Los suplentes: Cristóbal Cornieles Perret, Michel Adriana Velásquez Grillet, Olga Asunción Álvarez Álvarez, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y René Alberto Degraves Almarza.

Según los nuevos nombramientos hechos por la Asamblea Nacional Tania D’amelio, magistrada sancionada por EEUU y quien fuera rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), ocupa la presidencia de la Sala.

Como vicepresidenta Lourdes Anderson, designada desde que nombraron a los magistrados exprés. Michel Velásquez, designada suplente de Calixto Ortega es familia de Cilia Flores.

Janet Córdova, suplente de Gladys Gutiérrez, pertenece a la Sala de Casación Civil. Y Anabel Hernández, suplente de Luis Damiani, es suplente de la Sala Electoral.

Sala Político Administrativa

Los que están como principales en la Gaceta Oficial de 2022 son: Malaquías Gíl Rodríguez, Bárbara Gabriela César Siero y Juan Carlos Hidalgo Pandares. Los suplentes: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Emilio Antonio Ramos González y Luis Emilio Rondón González.

Ahora, como presidente de la Sala Político Administrativa fue designado Jaime Jesús Báez Jiménez, cuando es integrante como suplente de la Sala de Casación Civil.

El nombrado vicepresidente es Juan Pablo Torres Delgado quien en Gaceta aparece como suplente de la Sala Electoral. ¿Por qué preside la Sala Civil si era el rector de los tribunales civiles de Caracas?

En el caso de Luis Emilio Rondón, era suplente de la Político Administrativa.

Sala Electoral

Los principales, desde 2022, son: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Los suplentes: Grisell De Los Ángeles López de Zacarias, Juan Pablo Torres Delgado y Anabel Del Carmen Hernández Robles.

En el reacomodo que hace la Asamblea Nacional sigue Caryslia Rodríguez.

Sala de Casación Civil

En 2022 fueron designados como principales: Carmen Eneida Alves Navas, Henry José Timaure Tapia y José Luis Gutiérrez Parra. Como suplentes: Jaime Jesús Báez Jiménez, Janette Trinidad Cordova Castro y Juan Carlos Cuenca Vivas.

El parlamento actual designa como presidente de esta Sala a Emilio Antonio Ramos González, quien pertenece a la Sala Político Administrativa, pasando por encima a un magistrado principal al suplir a Henry Timaure.

Ninguno de los magistrados que se identifica opositores preside alguna Sala. Dejan como vicepresidente a José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez (AD). Inocencio Figueroa pieza cercana a Henry Ramos Allup y José Gregorio Correa.

Sustituye a Carmen Alvez, la magistrada Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, que en realidad aparece en Gaceta Oficial de 2022 como suplente en la Sala Constitucional.

Sala Penal

En 2022 fueron designados como principales: Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez y Carmen Marisela Castro Gilly. Y suplentes: Heriberto Antonio Peña, Katherine Nayarith Haringhton Padrón y Pablo Antonio Gómez.

La Asamblea designa ahora para presidir la Sala a Marisela Castro, quien había sido Defensora Pública General, por lo tanto de confianza de Adelaida “Lala” Maduro, hermana de Nicolás Maduro Moros y con un hijo que era directivo del Banco Central de Venezuela (BCV).

Designan en la Penal a Grisell de Los Ángeles López de Zacarias, quien es suplente de la Sala Electoral. Y Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, quien aparece en la Sala Político Administrativa pero la nombran en la Sala Penal.

Sala Social

En 2022, los magistrados principales de esa Sala: Édgar Gavidia Rodríguez, Carlos Alexis Castillo Ascanio y Elías Rubén Bittar Escalona. Y los suplentes: Edelio Isabel González Díaz, Eneida Alexandra Moreno Pérez y Silio César Sánchez Zerpa.

Ahora es nombrado presidente Elías Rubén Bittar. Como suplente nombran a Eneida Alexandra Moreno Pérez, quien era suplente en la Sala de Casación Social. Igual ocurre con el sustituto de Gavidia,

A Gavidia lo sustituye Edelio Isabel González Díaz, quien era suplente en la Sala de Casación Social.

El régimen de Nicaragua, dirigido por los esposos y “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, volvió a designar a la periodista Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora en Venezuela, según informó el Diario Oficial La Gaceta.

Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y también ejerció como vicealcaldesa (2008-2009), ya había sido embajadora ante el Gobierno venezolano entre el 21 de marzo de 2023 y el 29 de enero de 2026.

La periodista perdió su puesto diplomático casi cuatro semanas después de la captura de Nicolás Maduro y luego fue designada como embajadora en Cuba, donde permaneció menos de dos meses.

El Ejecutivo sandinista retiró el cargo a Isidro Antonio Rivera Guadamuz como embajador nicaragüense en Venezuela, donde estuvo menos de tres meses. Rivera Guadamuz fue el tercer diplomático separado de la embajada en Caracas tras la captura de Maduro el 3 de enero. Sustituyó a Valezka Fiorella López, quien había estado menos de un mes en el cargo.

López Herrera, que era ministra consejera de la embajada en Caracas cuando fue ascendida, fue nombrada embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro, reemplazando a Torres Bosques, quien anteriormente había sucedido a Orlando José Gómez desde el 21 de marzo de 2023.

Los gobiernos de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica desde la llegada al poder de la revolución bolivariana en 1999, encabezada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a las protestas.

Tras la caída de Maduro el 3 de enero, Ortega y Murillo han adoptado una postura más cauta frente al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por su llamado a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en el país hay 454 personas detenidas por razones políticas.

Desde su cuenta en X, Machado manifestó que el “desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”.

Machado sostuvo que “los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y reclamó su liberación inmediata.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, afirmó ante el Consejo Permanente de la OEA: “La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela”.

Por su parte, Albert Ramdin instó a las autoridades venezolanas a acelerar la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. “Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita”, expresó.

Respecto a la ley de amnistía aprobada en febrero, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, aunque advirtió sobre artículos que, en su opinión, podrían emplearse contra opositores y condicionar futuros procesos de rendición de cuentas.

Reneaum señaló que, pese a que las autoridades reportan más de 8.000 beneficiarios de la ley, las organizaciones civiles solo registran 186 personas con libertad plena y otras 554 bajo medidas cautelares, situación que calificó de “libertad vigilada”.

El Gobierno de Venezuela suele referirse a estas personas como “políticos presos”, argumentando que están encarceladas por la comisión de delitos, una postura rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

La vicepresidenta de Formación de PJ en el estado Zulia, María Gabriela Retamoza, señaló a la agencia de noticias EFE la necesidad de una apertura real del proceso con un cronograma claro para que los jóvenes puedan inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral.

Según la dirigente, resulta fundamental que se instalen máquinas para el registro en cada municipio del país. “Aquí tiene que haber una apertura real, las máquinas son del pueblo y tienen que estar visibles para todos”, afirmó.

Los jóvenes buscaron entregar una carta con estas exigencias en la sede del CNE en Zulia, pero las autoridades no la recibieron.

La presidenta adjunta de PJ en el Zulia, Patricia Cuevas, sostuvo que para que la juventud pueda formar parte del cambio político en Venezuela debe “tener sus derechos”, incluido el de participación.

“Desde hoy empezamos a trabajar en esto y no los vamos a dejar solos, porque los derechos tienen que estar para todos y deben ser respetados por igual para todos”, expresó.

El lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que las elecciones en el país deberían realizarse en los próximos 12 meses “como máximo”.

Machado insistió en la urgencia de adelantar los comicios en Venezuela, respetando el plan de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Conferencia Global 2026 organizada por el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

Hasta el momento, las autoridades venezolanas han relegado el tema electoral, al otorgar prioridad a cuestiones económicas. El 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, declaró que no era “perentorio” definir una fecha para los comicios.

Por su hablar pausado y trato afable, Feliciano Reyna (Caracas, 1955) siempre transmite serenidad. Pero en la Venezuela del conflicto perenne este defensor de Derechos Humanos y director de la ONG Acción Solidaria, fundada en 1995 para la atención de personas con VIH, ha terminado en el ojo del huracán.

La decisión de sumarse al Programa para la Paz y Convivencia Democrática, instalado el 23 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, le ha granjeado a Reyna duras críticas por parte de sectores de la sociedad civil, que ponen en entredicho el aporte de esta iniciativa a la construcción de una transición democrática.

Considerado uno de los activistas sociales más destacados del país, resiste los reproches y justifica el paso dado argumentando que ve en la convocatoria de la mandataria interina una posibilidad para avanzar hacia la democracia en Venezuela.

- ¿Quién lo invita a participar en el programa y por qué aceptó el llamado?

- A mí me invitan a participar temprano, cuando se designa primero como comisión y después como Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Recibo un mensaje de Ana María Sanjuán -recién designada ministra de Educación Superior-, con quien había tenido trato desde hace un tiempo ya. También estaba una persona amiga, el profesor de Ciencia Política, Michael Penfold. Me pareció que era un espacio en el que podía traer algunos temas que para mí son muy importantes.

- Tengo entendido que tiene una relación de amistad con Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada. ¿Eso influyó en su decisión de sumarse al programa?

- Más que amistad, hemos tenido un trato desde hace tiempo. De hecho, fue mi primer enlace con una persona que estaba en el gobierno en el año 2020, en plena pandemia, cuando me contactaron dos familias que tenían a personas presas con problemas de salud serios, una en El Helicoide, y la otra en la cárcel militar de Ramo Verde.

Allí pude hacer un enlace con él para ver cómo podíamos incidir no solo por estas dos personas, sino por los casos de otras más que tenían problemas de salud en aquel momento. Esas dos reuniones iniciales fueron virtuales y de allí hemos establecido siempre una relación de trato muy respetuoso y en los temas que hemos considerado de interés, hemos tenido siempre esa interlocución.

Pero en este caso no fue una invitación de Jorge Rodríguez, más bien como decía fueron Sanjuán, con quien he venido hablando de otras áreas de preocupación por el país, y Michael Penfold.

- Activistas cuestionan que el programa no forma parte de un esfuerzo de justicia transicional. sino que se reduce a un espacio político para promover el diálogo.

- Es que para poder estar pensando en los temas de justicia transicional tiene que haber empezado un proceso de transición a partir de unos momentos previos, que tienen que ver con la reinstitucionalización del país, con la posibilidad incluso de llegar acuerdos entre quienes están en el poder y quienes aspiran a estarlo. Pero todo eso es un camino de negociaciones que en todo caso si estuviera allí, no deja de ser incipiente. El camino para eventualmente poder decir que hay todo un cambio institucional que te permita también tratar de fondo los temas de justicia, reparación y garantías de no repetición, no es algo que pueda estar ocurriendo en este momento.

Sí es posible con los espacios que se han abierto ir incidiendo, yo he llevado tres temas: la respuesta humanitaria que es muy urgente, pues todavía hay más de 5 millones de personas en condiciones muy vulnerables; el tema normativo que nos afecta a las organizaciones; y todo el tema de las personas privadas de libertad, más allá de las personas detenidas por razones políticas. Hay una serie de casos muy importantes que han afectado a personas pobres, en frontera, indígenas, todo eso requiere atención. Si ese espacio existe, a mí me parecía importante entrar donde pudiera hacer mi contribución.

- Otra crítica guarda relación con la supuesta falta de transparencia e institucionalidad. El programa no tiene un marco institucional ni jurídico, y tampoco ofrece información sobre sus actividades y decisiones.

- Lo que ha ocurrido es que el programa empieza con algunas primeras reuniones, efectivamente de una manera todavía no totalmente formalizadas, pero fue despertando mucho interés. Para mí fue impresionante pensar que más de 350 personas se fueron a reunir con el programa para plantear sus casos de familiares privados de libertad, y después más de 800 se registraron en línea. Allí tienes más de 1.100 personas registradas que pensaron que aquí existe una posibilidad de que se conozcan sus situaciones.

Después ha habido reuniones con medios, sindicatos, grupos que trabajan los derechos de las mujeres, un conjunto de actores muy interesantes que se han acercado al programa para ser escuchados y hacer propuestas.

De repente se vio al grupo hasta sobrepasado por las expectativas de respuesta y, al final, la sistematización comenzó a mitad de camino. El programa está llegando a sus 100 días, que era su mandato original, se está preparando un informe y de allí saldrá una versión para el público, pero hasta ahora ha sido ir sobre la marcha.

Entiendo que para algunos el programa tiene ya que comunicar, pero quizá parte de su virtud ha sido escuchar a muchos grupos. Creo que van a aparecer allí un conjunto de recomendaciones que si el programa continúa, contribuirá para que se lleven a implementación. Hay que pensar que el programa no es un implementador, recibe solicitudes de interlocución, escucha, recibe recomendaciones y después eso va a quienes son los responsables de implementar. Para mí es un momento de ver cómo se avanzará en los próximos días, tras cumplir su mandato.

- Defensores de DDHH señalan que las víctimas no son el centro de la actuación del programa. ¿Qué responde a esa observación?

- Allí sí estaría en desacuerdo. El programa ha recibido más de 350 casos y después más de 800 se comunicaron en línea. Recientemente vino el grupo de familiares de estos casos dramáticos de personas sin apoyo, pobres, desconocidas, de frontera, que vinieron a hacer denuncias muy serias de detención arbitraria de sus familiares que tienen 4 años presos, casos que no tienen resolución, audiencias que no ocurren. Si uno se va a los casos más extremos, que son los de las personas privadas de libertad, la verdad es que sí se han atendido.

Recientemente hubo una reunión con el fiscal general de la República, Larry Devoe, y cuatro organizaciones muy reconocidas, lo que también abre un espacio para trabajar casos que requieren atención. En esa reunión se plantearon temas de fondo sobre el funcionamiento de la Fiscalía como garante de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, casos grupales e individuales.

En mi caso particular, que trabajo desde hace mucho en el ámbito humanitario, allí hay una afectación de por lo menos 5,5 millones de personas en situación de necesidad, datos que compartí con el programa. Aquí de ninguna manera se ha invisibilizado ni desconocido el clamor y los deseos de justicia de una parte importante de la población.

- También han advertido que el hecho de que se mantenga intacta la estructura de represión que impuso el régimen chavista, puede inhibir a las víctimas de participar en iniciativas como el programa.

- Una de las cosas que para mí ha sido muy positiva es que van acercándose familiares de detenidos, incluso en casos que no responden a detenciones políticas. Sea lo que sea que haya hecho una persona, tiene derecho al debido proceso. Entonces, se han ido acercando al programa y creo que eso sí ha tenido que ver con algunos mensajes que vamos dando varios desde aquí, de decir traiga su caso, hay que documentarlo.

Muchas veces me toca referirlos al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH que ha estado en el país y, a la vez, registrarlos como parte del programa. Diría que el programa es un espacio más que genera confianza en algunas personas para poder traer sus casos, y esto de ninguna manera excluye el trabajo que siguen haciendo las organizaciones de DDHH. Otros espacios que puedan crearse de interlocución creo que son importantísimos.

- Pero en su condición de defensor de DDHH, ¿le frustra o decepciona que aún se mantenga esa estructura de represión

- Ese desmontaje uno espera que vaya ocurriendo pronto. Ha habido protestas con alguna situación de represión pero, por ejemplo, recuerdo una en la que hubo cuatro detenidos y esos cuatro detenidos no se quedaron, salieron al día siguiente. Allí hay una situación algo distinta. Creo que empieza a haber una conducta de quien tiene que garantizar que si alguien es detenido, se cumpla el debido proceso.

Creo que el papel que pueden estar jugando ahora el Ministerio Público con el fiscal Devoe, y la Defensoría del Pueblo con Eglée González Lobato, pueden empezar a dar señales de que aunque exista el aparato que vamos a llamarlo de fuerzas del orden público, no sea ya un aparato represor sino un conjunto de instituciones que cumplan con su deber y su responsabilidad.

Yo estoy viéndolo más como esa posibilidad y me parece importantísimo porque es otro tema de los que he compartido, que para que el país pueda tener un avance real, tiene que existir el espacio de deliberación pública sin represión ni mordazas. Para resolver los problemas necesitamos que haya apertura para expresar lo que no está funcionando bien. Creo que hay un espacio para actuar y una responsabilidad de quienes seguimos viendo que hay mucho que resolver.

- Hay quienes advierten que el régimen puede estar utilizando esta iniciativa para tratar de lavarse la cara y dar una sensación de apertura que es falsa.

- Es posible que los objetivos que uno se plantee en términos de lo humanitario, el debate público y personas privadas de libertad no terminen en todo lo deseable, pero creo que ahora hay posibilidades. Y si hubiera cosas que vayamos logrando, creo que van a ser importantes para las personas. Las excarcelaciones son importantísimas para las personas detenidas y sus familias, al igual que el programa humanitario para más de 5 millones de personas vulnerables y todo el espacio de deliberación pública para el conjunto de la sociedad civil.

Si se abren espacios en estos momentos, creo que tiene sentido hacer el intento. Sería una pérdida de posibilidades si personas de prestigio, honorables, no ponen su nombre para el Tribunal Supremo de Justicia. Va a seguir habiendo enormes retos, claro que sí, pero creo que es un costo a pagar que se justifica cuando el país en este momento está exigiendo tanto y, al mismo tiempo, en un momento de oportunidades para lograr esos cambios institucionales que hemos estado demandando.

- ¿Cree que Delcy Rodríguez facilitará la transición a la democracia en Venezuela?

- Creo que en este momento es muy difícil no facilitarlo. Creo que es en bien de todos facilitar ese proceso. Entre el camino que todavía hay que andar para la reinstitucionalización, incluso con las mejoras económicas y sociales, y si llega a haber un proceso de elecciones en el periodo que puedan ocurrir, de renovación y pluralización de la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, yo creo que facilitar eso al final también te da larga vida política.

Vas a necesitar acuerdos y llegados allí es imposible imaginar que personas que se han visto agraviadas en sus derechos no vayan a exigir procesos de justicia, reparación y garantías. Pero creo que en este momento, después de todo lo que nos ha pasado y que derivó en esta situación del 3 de enero, me parecería difícil imaginar que para todos los actores políticos no sea lo razonable avanzar en aperturas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, mantuvo una reunión videollamada con María Corina Machado la tarde del 6 de mayo, en la que confirmó el compromiso de Perú con el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela, según informó la Cancillería peruana.

Durante el encuentro, Pareja extendió una invitación formal a la lideresa venezolana para que visite el Perú y aseguró que recibiría el respaldo tanto de los peruanos como de la comunidad venezolana residente en el país, según el Comunicado oficial de la Cancillería peruana.

Tanto Pareja como María Corina Machado, coincidieron en la importancia de fortalecer el respaldo latinoamericano para lograr una transición en Venezuela que respete la voluntad popular.

Segundo encuentro de Machado con Cancillería

Aunque en esta oportunidad la lideresa de la oposición venezolana tuvo una reunión virtual con el canciller Pareja, esta es la segunda vez que Machado sostiene un encuentro con un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos meses. En febrero de este año tuvo una reunión presencial con Hugo de Zela, quien ocupó el cargo previamente.

Machado expresó su agradecimiento por el respaldo peruano tanto a nivel gubernamental como ciudadano. En su cuenta oficial de X, la dirigente señaló: “Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad”.

Además del respaldo político, la dirigente venezolana reconoció la acogida brindada a los ciudadanos de su país que han buscado refugio en Perú. “También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades”, agregó Machado, destacando la labor del Estado peruano y de la sociedad civil en la atención a los migrantes.

El encuentro con De Zela sirvió para reforzar los lazos entre ambos gobiernos y establecer una agenda de cooperación centrada en los derechos humanos y la asistencia a quienes han tenido que abandonar Venezuela debido a la crisis política y social.

María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú

En diciembre del 2025, el partido Vente Venezuela (VV), encabezado por María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, mostró abiertamente su alarma frente a los operativos realizados por las autoridades policiales en Perú. La organización política afirmó que tales medidas habrían afectado de manera focalizada a personas de nacionalidad venezolana, lo que motivó un pronunciamiento público para rechazar categóricamente el procedimiento.

Vente Venezuela manifestó a finales del 2025 su inquietud ante la posibilidad de que estas intervenciones estuvieran dirigidas específicamente contra integrantes de la comunidad venezolana en Perú. Aseguró que los hechos mencionados generan “profunda preocupación y firme rechazo”, e instó a revisar tanto la legalidad como la legitimidad de las acciones desplegadas.

Según la agrupación, la manera en que se ejecutaron los operativos levanta interrogantes sobre el cumplimiento de las garantías procesales y los derechos fundamentales, señalando que no se puede tolerar ningún tipo de tratamiento discriminatorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de una disparidad en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y advirtió sobre un estado de "libertad vigilada" para los favorecidos por la ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostiene que hay más de 8.000 beneficiados, mientras que, según la sociedad civil, solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según detalló el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe dirigido al Consejo Permanente de la OEA.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), monitorea la situación venezolana, aunque no ha logrado ingresar al país para revisar el sistema carcelario pese a solicitudes reiteradas desde 2017.

Venezuela no forma parte de la OEA, que denunció las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro resultó reelecto como presidente.

“Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada”, afirmó Ralón Orellana al referirse a la condición de los excarcelados.

El Consejo Permanente solicitó a la CIDH un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, en el marco de un esfuerzo sostenido de países como Argentina, que priorizan este tema.

La CIDH indicó que “toma nota” de la ley de amnistía promulgada en febrero tras los cambios políticos derivados de la caída de Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos.

La Comisión criticó la “cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros [que] introduce un tipo [de delito] abierto, aplicable contra opositores”, según el mensaje de Ralón Orellana, quien también es relator especial para personas privadas de libertad.

“La eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas”, advirtió.

“Los tribunales y la fiscalía, llamados a aplicarla, son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, agregó.

La CIDH reclama una lista oficial de presos liberados.

Por su parte, la presidenta Rodríguez solicitó hace un mes que se dé “seguimiento” a la aplicación de la amnistía y advirtió que algunos beneficiados estarían “planificando el conflicto”.

“Los jueces tienen que actuar con independencia, garantizar que haya justicia”, expresó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea. El miembro de la organización subrayó que los jueces deben ser designados por concurso, al considerar que este mecanismo garantiza la estabilidad judicial y constituye “la condición mínima para que exista independencia en tribunales”.

A través de un video difundido en X, Alvarado insistió en que toda reforma del TSJ debe basarse en la Constitución y no en decisiones discrecionales. “El derecho a la defensa y el debido proceso también están consagrados constitucionalmente. Los jueces deben decidir con base en el derecho y en las pruebas presentadas, no en consultas a superiores ni en llamadas de terceros. Esa práctica debe cesar”, criticó el coordinador.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el TSJ de 20 a 32, iniciativa que aún debe superar una segunda votación en la Cámara para entrar en vigor.

Durante la sesión ordinaria del martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó la reforma y argumentó un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.

Rodríguez detalló que la propuesta de reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ —la Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral— estén integradas por cinco magistrados cada una, dos más que en la actualidad. La Sala Constitucional pasaría a contar con siete magistrados, en vez de cinco.

La iniciativa legislativa surge en paralelo al proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones en corte suprema. En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de superar los problemas persistentes en el sistema judicial, como el retardo procesal y la corrupción.

El diputado opositor Tomás Guanipa, en nombre del bloque parlamentario Libertad, protestó por la falta de tiempo para revisar el proyecto —recibido poco más de una hora antes de la sesión— y reclamó una discusión más amplia y de consenso sobre el sistema de justicia.

“No debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo qué debe ser la justicia en Venezuela (...). Este no es tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido, como lo es el sistema de justicia en Venezuela”, manifestó Guanipa.

Rodríguez pidió evitar provocaciones y recalcó que “cada quien tiene derecho a equivocarse como quiere”, en alusión a las críticas opositoras.

La ONG Provea demandó en X que la reforma judicial garantice una “selección transparente, amplia y apegada a la Constitución” de los nuevos magistrados, y expresó su preocupación por la posibilidad de que el proceso quede reducido a intereses de tutelaje transnacional, dejando de lado la participación de la academia, ONG, víctimas y organismos internacionales.

En abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló la comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de enfrentar problemas persistentes como el retardo procesal y la corrupción en el sistema judicial venezolano.

(Con información de EFE)

Lo peor de apuntar alto no es errar el tiro, sino disparar al vacío. Ya lo dijo Napoleón en 1812, cuando fracasó la invasión francesa de Rusia. “De lo sublime a lo ridículo sólo hay un paso”, aseguró, mientras la “Grande Armée” con 600.000 soldados quedaba reducida a unos pocos miles de supervivientes. Por supuesto, las guerras de Trump no son comparables a las del “Petit caporal” que soñó con conquistar Europa, y acabó sus días en una cárcel británica en pleno océano Atlántico. Pero la posibilidad de pasar “de lo sublime a lo ridículo” es un riesgo que también corre el presidente estadounidense.

Un riesgo que no se mide por los objetivos señalados, todos ellos de alto voltaje, sino por dejarlos inconclusos. Queda tiempo y todos los frentes están abiertos, de manera que cualquier conclusión es precipitada. Pero a estas alturas cabe señalar algunos síntomas preocupantes. Por supuesto, intentar resolver el conflicto palestino, y hacer caer tres de las dictaduras más longevas y perversas del mundo, es una ambición política que aspira a entrar en la historia. De Gaza a Venezuela, de Irán a Cuba, y por el camino el control sobre el expansionismo chino, con su satélite ruso. Ciertamente, si Trump consigue ser el presidente que resuelve el conflicto palestino, reinstaura la democracia en Venezuela, fulmina el régimen atroz de los ayatollahs, consigue la libertad para los cubanos y reorganiza el juego de equilibrios del mundo, su legado será único. Pero, si, al contrario, abre todos los frentes y no deja ninguno cerrado o, peor, los cierra mal, entonces habrá culminado un mandato errático.

Empecemos por Gaza. Su “plan de paz integral” con la firma de Turquía, Egipto y Qatar, además del Presidente palestino Mahmoud Abbas, y la posterior de la creación de la “Junta de Paz” asumida por 25 países, fue un momento de gran valor político que auguraba una situación esperanzadora. Tenía razón Trump cuando aseguró en Sharm al-Sheikh que se “había conseguido lo imposible”. Se acababa la guerra, volvían los secuestrados, se desarmaba a Hamas, se reconstruía Gaza y nacía un nuevo Medio Oriente, con la expansión de los acuerdos de Abraham en el horizonte. En el papel, todo espléndido, y por ello “The Donald” volvió eufórico a la Casa Blanca. Sin embargo, seis meses después el plan de paz naufraga en la mayoría de sus puntos: Hamas se niega a desarmarse, y mantiene una situación de violencia sostenida; el proyecto de la “Nueva Gaza” que Jared Kushner mostró como una oportunidad de reconstrucción está en parálisis por falta de recursos (se necesitan 71.000 millones, se han prometido 17.000 millones entre EEUU y países del Golfo, y se han recibido solo 1.000); y Hamas aún controla el 60% del territorio, sin atisbo de perder el poder. Es cierto que todo es muy complejo, pero hay un enorme abismo entre la euforia de Trump en la firma del acuerdo y su silencio actual, mientras se impone la pesada realidad de una Gaza que no sale del atolladero.

El resto de temas siguen una pauta parecida: un gran inicio, un objetivo con vocación histórica y después un lento caminar por una especie de arenas movedizas donde nada es certero ni seguro, y los objetivos más ambiciosos son rápidamente devorados. Es cierto que en casos como el de Venezuela, la vía por la que optó Estados Unidos parece la más sensata, con un proceso de desmontaje de la dictadura desde dentro. Pero también en este caso aún quedan unos 500 presos políticos, los liberados tienen restringidos sus derechos, los Diosdado campan a sus anchas, y el aparato represivo continúa siendo poderoso. Trump debería empezar a dar señales de aceleración del proceso democrático, para evitar una cronificación de la situación que solo puede generar más dolor. Y de Venezuela a Cuba, navegamos entre declaraciones grandilocuentes y amenazas clásicas, pero sin la impresión de una estrategia definida. Si la opción de Estados Unidos, como parece, ha sido provocar el colapso económico de Cuba para conseguir el colapso del régimen, cabría esperar menos ruido declarativo y más acción gradual, y de momento el ruido lo llena todo.

Pero lo más preocupante es Irán. Entrar en una guerra de estas proporciones, anunciar al mundo el final de una dictadura atroz, asegurar que no existirá ninguna amenaza nuclear iraní, y rápidamente entrar en un proceso surrealista de negociaciones y abortos de negociación, declaraciones y respuestas, amenazas y anuncios de final de guerra, mientras Ormuz continúa varado. Lo peor es la sensación de que Estados Unidos no mesuró adecuadamente dónde se metía, no calculó la capacidad de resiliencia del régimen iraní, no fue capaz de controlar la única arma iraní importante, el estrecho de Ormuz, y no tuvo en cuenta la posibilidad que el poder se fragmentaría y caería en manos de la Guardia Revolucionaria. Después de un primer momento de poderío militar y control absoluto, la continuación ha sido un festival de declaraciones surrealistas y contradicciones que han creado una enorme confusión y, por el camino, han dado tiempo al régimen a reorganizarse. Cuesta entender qué estrategia ha seguido la administración estadounidense, después de la primera fase de guerra, más allá de dar la imagen de haber llegado a un punto de hartazgo y no saber cómo acabar el conflicto. Si, al final, esta guerra acabara con el régimen intacto, con la cuestión nuclear no resuelta, y con Irán dominando el Líbano, vía Hezbollah, el desastre sería completo.

“Arrancada de caballo, parada de burro”, dice el refrán popular, y a menudo es esa la impresión que da Trump, una gran ambición en la salida, mucho histrionismo dialéctico durante el camino, y un globo posterior que se deshincha sin demasiada gloria. De momento Gaza en parada, Venezuela en el limbo e Irán en fase surrealista. Todo empezado y todo incierto.

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El Gobierno de Venezuela comunicó su disposición para recibir y albergar hipopótamos descendientes de los introducidos por Pablo Escobar en Colombia, según informó la organización Ostok Sanctuary.

La propuesta venezolana se suma a una cadena de ofrecimientos internacionales que buscan evitar la eutanasia de estos animales, cuya presencia en el Magdalena Medio generó un intenso debate ambiental y social.

De acuerdo con el comunicado de Ostok Sanctuary, el interés fue reiterado formalmente a las autoridades colombianas y contempla el traslado de al menos ocho ejemplares para su resguardo en centros de conservación bajo manejo humano. El respaldo proviene de entidades como Misión Nevado, programa estatal de protección animal, así como de organismos privados enfocados en bienestar animal.

Ernesto Zazueta, presidente de Ostok Sanctuary, explicó que la intención venezolana se mantiene vigente desde 2023, cuando se envió una solicitud formal al Ministerio de Ambiente de Colombia. “La disposición no solo se mantiene, sino que se ha ampliado con el respaldo de organismos enfocados en bienestar animal, como Misión Nevado, que han reiterado su interés en albergar más individuos en espacios controlados”, especificó Zazueta.

Un problema sin soluciones definitivas

La presencia de hipopótamos en el Magdalena Medio colombiano se originó en la década de 1980, cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo algunos ejemplares en su hacienda. Actualmente, la población supera los 200 animales, lo que provocó impactos en el ecosistema, riesgos para especies nativas y amenazas a comunidades rurales. La expansión de estos mamíferos llevó al Gobierno colombiano a autorizar la eutanasia para al menos 80 ejemplares como medida de control.

Diversas organizaciones animalistas, tanto nacionales como internacionales, manifestaron su rechazo a esta estrategia, argumentando que existen alternativas de reubicación y cooperación internacional que podrían evitar el sacrificio masivo. Siete países mostraron interés en recibir a los animales, pero hasta ahora ninguna propuesta se ha concretado.

Los ofrecimientos internacionales y sus obstáculos

Además de Venezuela, otros países como India, México, Perú, Ecuador, Filipinas, Sudáfrica y República Dominicana presentaron iniciativas para recibir los hipopótamos. La más reciente proviene del empresario indio Anant Ambani, que ofreció trasladar ejemplares al centro de conservación animal Vantara. El Gobierno colombiano respondió enviando una comunicación a las autoridades de India para gestionar el proceso.

El presidente de Ostok Sanctuary y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), Ernesto Zazueta, ofreció recibir 10 animales en México y hasta 60 en India. No obstante, Zazueta afirmó que “hubo un contubernio entre ambos gobiernos, entre los ministerios de Ambiente y el asunto se tornó feo”, lo que impidió la operación.

Por su parte, Perú y Ecuador se sumaron a la lista de países interesados, pero enfrentaron obstáculos logísticos y legales. Perú aprobó la recepción de una pareja de paquidermos, pero desistió por falta de áreas adicionales, mientras que Ecuador no emitió respuesta oficial y la crisis diplomática entre ambos países complicó el diálogo. En Filipinas, la oferta inicial de recibir 15 ejemplares se redujo a 5 y finalmente fue descartada por los costos operativos.

Retos logísticos y legales para el traslado

El transporte internacional de hipopótamos representa una de las mayores dificultades para concretar las operaciones de traslado. Se requieren protocolos estrictos de salud animal, cuarentenas, infraestructura especializada y recursos económicos de gran magnitud. Trasladar animales adultos de hasta 4 toneladas exige cajas de transporte reforzadas y equipos técnicos experimentados.

De acuerdo con Ostok Sanctuary, el traslado internacional de estos animales podría convertirse en “una de las mayores operaciones coordinadas de fauna silvestre a nivel mundial”.

Sin embargo, la falta de permisos de exportación, los requisitos sanitarios y las normas sobre especies exóticas en vida silvestre frenan el avance de varias propuestas. México, por ejemplo, estableció requisitos sanitarios para la importación, pero la falta de permisos por parte de Colombia detuvo el proceso.

Un contexto de crisis en Venezuela

La propuesta venezolana surge en un contexto marcado por una crisis económica y social persistente en el país. De acuerdo con datos de organismos internacionales, el vecino país atraviesa problemas estructurales como inflación y precariedad en los servicios, mientras el país experimenta una etapa de transición política tras el gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de estas dificultades, Ostok Sanctuary considera que la iniciativa podría representar un ejemplo de colaboración regional y de manejo ético de especies invasoras. Actualmente, el Santuario Ostok mantiene gestiones en distintos países para ampliar la red de recepción de los animales, con el objetivo de construir una solución sustentada en criterios éticos y científicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles sobre la marcada diferencia entre las cifras de liberación de presos políticos anunciadas por el chavismo en Venezuela y los datos verificados por organizaciones civiles independientes.

El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que, mientras el régimen de Delcy Rodríguez afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía, solo 186 cuentan con libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según monitoreos independientes.

El informe, presentado a solicitud de varios países miembros, señala que la mayoría de las personas liberadas enfrentan un régimen de “libertad vigilada”.

Ralón Orellana precisó que estas restricciones incluyen prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y limitaciones para manifestarse o hablar con medios de comunicación.

“Eso no es libertad: es libertad vigilada”, afirmó el titular de la CIDH, subrayando la naturaleza condicionada de las excarcelaciones.

La ley de amnistía promulgada en febrero fue presentada como una medida destinada a favorecer la reconciliación nacional tras la intervención militar que precipitó la caída del narcodictador Nicolás Maduro. Sin embargo, la CIDH advirtió que persisten cláusulas ambiguas en la legislación, especialmente en el artículo 9, que deja abierta la posibilidad de procesar a opositores por supuestos vínculos con actores extranjeros.

Según Ralón Orellana, “la cláusula residual del artículo 9 introduce un tipo abierto, aplicable contra opositores”.

El organismo regional, que no ha podido realizar visitas in situ al sistema carcelario venezolano desde 2017, también cuestionó la eliminación de antecedentes sin salvaguardas de archivo, lo que podría dificultar futuros procesos de rendición de cuentas.

“La eliminación de antecedentes sin controles compromete la prueba para futuros procesos”, advirtió el relator especial para personas privadas de libertad.

La CIDH enfatizó que los tribunales y la fiscalía encargados de aplicar la ley de amnistía son los mismos que participaron en detenciones arbitrarias durante el régimen anterior.

“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, expresó Ralón Orellana.

El organismo solicitó al régimen chavista la entrega de una lista oficial y verificable de las personas liberadas bajo la nueva normativa.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, consideró que la privación de libertad por motivos políticos “es una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho” en Venezuela. Reclamó la liberación inmediata de quienes continúan detenidos por razones políticas, y sostuvo que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Bernardo, respaldó la necesidad de transparencia y reiteró el pedido para que la CIDH pueda visitar el país.

“Creo que hay una pequeña luz en Venezuela, pero eso no significa tranquilidad mientras todos los detenidos y desaparecidos no estén en libertad”, sostuvo.

Organizaciones civiles como Foro Penal reportan la existencia de 454 presos políticos en Venezuela, de los cuales 41 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

La CIDH reconoció que la ley de amnistía excluye formalmente los delitos graves de violaciones a los derechos humanos, pero alertó que algunas disposiciones podrían usarse para perseguir a opositores.

El clima de vigilancia y las restricciones impuestas a los excarcelados reflejan, según el informe, un escenario en el que la libertad sigue siendo limitada y condicionada por el aparato judicial y de seguridad.

A pesar de la aprobación de la amnistía y los anuncios oficiales de apertura, la mayoría de los excarcelados continúan sujetos a un sistema de control estatal que impide su libre participación en la vida política y social.

La CIDH concluyó que solo una lista clara y verificable de liberados, junto con la eliminación de restricciones arbitrarias, permitirá evaluar un verdadero avance en materia de derechos humanos y democracia en Venezuela.

(Con información de EFE y AFP)

La selección Colombia femenina sub-17 afronta su última oportunidad para llegar al Mundial de la FIFA en Marruecos, pues luego de quedar eliminada de las semifinales del Sudamericano de Paraguay, cayó en la ronda de playoffs para quedarse con uno de los cupos.

El combinado nacional conoció al rival que enfrentará por la clasificación a la Copa del Mundo, que se definió después de disputarse una de las llaves semifinales y cuyo equipo promete darle pelea a las dirigidas por Carlos Paniagua, que están obligadas a llegar al certamen en territorio africano.

Cabe recordar que la selección Colombia femenina sub-17 no queda por fuera de un mundial de la categoría hace una década, pues es una de las potencias del continente en todas las categorías y, de ocurrir, sería un fracaso rotundo para el proceso del entrenador.

El partido de Colombia por la clasificación al mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua quedaron muy cerca de las semifinales del Sudamericano Femenino Sub-17, pese a que golearon a Paraguay por 3-0 en la última jornada, debido a que perdieron en la cantidad de goles marcados con Argentina y Chile, en una definición llena de polémica.

La selección Colombia femenina sub-17 ahora se enfrentará a Venezuela por el Mundial de la FIFA, en lo que promete ser un compromiso lleno de emociones, suspenso y goles porque la Vinotinto venía de ser segunda en el grupo B del torneo de la Conmebol.

El conjunto venezolano quedó emparejado con el combinado nacional porque perdió la llave de semifinales ante Argentina por 1-0 y, por reglamento del Sudamericano, los perdedores de esa ronda se verán con los terceros de la fase de grupos, para asegurar los últimos dos tiquetes.

El compromiso se disputará el sábado 9 de mayo, con horario por confirmar, y será en el estadio Ameliano Villeta, en la ciudad de Villeta, a 30 kilómetros de Asunción, donde el ganador será el tercer clasificado a la Copa del Mundo en Marruecos, junto con Argentina.

De otro lado, Ecuador espera por su rival en los playoffs entre Brasil y Chile, que juegan la segunda semifinal y el ganador disputará el título contra la Albiceleste, mientras que la derrotada enfrentará a la Tri en Villeta por el último tiquete al torneo en Marruecos.

Riesgo de un fracaso

En los últimos 18 años, el fútbol femenino en Colombia ha crecido tanto que, en ese tiempo, el equipo llegó a mundiales en todas las categorías, tres clasificaciones a los Juegos Olímpicos y un subtítulo de una Copa de la FIFA Sub-17 en la India 2022, que ha sido el mejor resultado de un seleccionado nacional de fútbol en este tipo de campeonatos.

Es por eso que existe el temor de que la selección Colombia no clasifique al Mundial Femenino Sub-17 de 2026, pues en el Sudamericano de Paraguay se complicó al quedar afuera de las semifinales, así que solo tiene un encuentro para buscar ese tiquete o sufrir un fracaso rotundo para la FCF.

La última vez que la Tricolor no fue a una Copa del Mundo de esa categoría fue en 2016, al terminar en la cuarta posición del Sudamericano de Venezuela, perdió los tres partidos del cuadrangular final y terminó por debajo de las anfitrionas, Brasil y Paraguay, con apenas una anotación a favor y ocho en contra.

Desde entonces, las cafeteras avanzaron a los certámenes de Uruguay 2018, la India 2022, República Dominicana 2024 y Marruecos 2025, además de que solo en dos ocasiones quedó afuera del mundial, ocurrió en 2016 y 2010, cuando aún estaba en crecimiento el fútbol femenino en el país.

El hotel J.W. Marriott de Caracas se convirtió en el principal punto de operaciones políticas, diplomáticas y económicas tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y el desembarco de delegaciones extranjeras interesadas en el futuro del país.

En sus instalaciones se concentran funcionarios estadounidenses, inversores y analistas que participan de la reconfiguración de Venezuela, en un contexto marcado por el fin del aislamiento y el inicio de negociaciones clave.

Ubicado en una zona financiera que perdió dinamismo en los últimos años, el edificio de 17 pisos alberga ahora una actividad inusual. En su interior, ejecutivos del sector energético, financistas y diplomáticos mantienen reuniones constantes, mientras equipos vinculados al gobierno de Estados Unidos operan desde allí. Según describe The New York Times, el hotel se transformó en un espacio donde “es evidente que no es un hotel cualquiera”, debido a la presencia de grupos de estadounidenses que supervisan los movimientos en el lugar.

La transformación del Marriott responde, en parte, a que el último piso funciona como sede provisoria de la embajada estadounidense.

El complejo diplomático oficial, ubicado a pocos kilómetros, permanece en proceso de reacondicionamiento tras haber sido abandonado en 2019 cuando Caracas rompió relaciones con Washington. Mientras tanto, el personal diplomático trabaja en oficinas improvisadas dentro del hotel.

En ese nivel, restringido al público, se instalaron espacios de trabajo para funcionarios y salas de reuniones adaptadas. De acuerdo con The New York Times, allí “el Departamento de Estado ha instalado su embajada provisional en varias suites”, donde los empleados operan en condiciones limitadas mientras avanzan las gestiones políticas y económicas.

Entre los funcionarios instalados en el edificio se encuentra John Barrett, quien encabeza la misión diplomática en esta etapa inicial. Desde espacios adaptados dentro del hotel, el enviado mantiene reuniones con empresarios y representantes internacionales en un salón acondicionado como sala de conferencias, en medio de los esfuerzos por restablecer la presencia formal de Washington en el país.

La presencia estadounidense no se limita a lo institucional. Empresarios, especialmente del sector petrolero, comenzaron a llegar a Caracas para evaluar oportunidades tras el cambio de escenario.

Conversaciones sobre activos energéticos, deuda y posibles inversiones se repiten en distintos espacios del hotel. En ese entorno, las negociaciones se desarrollan de forma discreta.

“Es sin duda donde está la acción”, afirmó el empresario venezolano Ricardo Cusanno, quien participó en reuniones con delegaciones extranjeras, en declaraciones a The New York Times.

La concentración de actividad en el hotel también es reflejo de las limitaciones operativas actuales. El personal diplomático tiene restricciones para desplazarse fuera de la zona inmediata. Según el reporte, esto implica que intentan comprender la realidad de un país extenso con movimientos limitados dentro de la capital.

En el exterior del edificio, vehículos destinados al uso de la delegación estadounidense permanecen disponibles para traslados puntuales. Mientras tanto, dentro del hotel, decenas de funcionarios y asesores se alojan de forma temporal, a la espera de establecer una presencia permanente en la ciudad.

El flujo constante de visitantes incluye también analistas de riesgo, operadores financieros y representantes de distintos sectores económicos. Las conversaciones abarcan desde el valor de bonos en default hasta la reactivación de industrias clave.

En paralelo, funcionarios buscan definir el marco institucional que regirá la transición.

Sin embargo, el protagonismo del Marriott contrasta con la situación general del país. El acceso a este tipo de espacios sigue siendo limitado para la mayoría de la población, que aún no percibe cambios concretos en su vida cotidiana. La reactivación económica se encuentra en una etapa inicial y depende de acuerdos en desarrollo.

Jorge Barragán, asesor en riesgo político, sintetizó ese contraste al señalar que “gran parte de la transformación esperada se está guiando desde el Marriott”, según consignó The New York Times. La frase refleja cómo, en esta etapa, las decisiones clave se concentran en un entorno reducido mientras el país atraviesa la crisis de los servicios básicos.

El edificio, que antes funcionaba como un hotel corporativo más, pasó a ser un nodo central en la redefinición del poder en Venezuela. Allí convergen intereses diplomáticos, económicos y estratégicos en un momento en que el país busca reinsertarse en el escenario internacional tras años de aislamiento.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a nombrar a Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora de Nicaragua en Venezuela, un cargo del que había sido removida hace apenas tres meses y siete días.

La designación confirma la inestabilidad y los constantes movimientos diplomáticos que el régimen mantiene en Caracas desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El nombramiento fue oficializado mediante el Acuerdo Presidencial 62-2026, fechado el 4 de mayo y publicado en La Gaceta este miércoles. El documento establece que Torres asumirá nuevamente como “Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

Torres había sido apartada de esa misma sede diplomática el 29 de enero de 2026, pocas semanas después de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas durante una operación militar estadounidense.

Tras su salida de Venezuela, fue enviada como embajadora a Cuba el 3 de febrero. Sin embargo, su paso por La Habana fue fugaz: el régimen le retiró el cargo el 27 de marzo, apenas 53 días después de su designación.

La periodista y exalcaldesa capitalina había ocupado originalmente la embajada en Caracas desde el 21 de marzo de 2023. Llegó en sustitución de Orlando José Gómez Zamora y permaneció casi tres años en el puesto, hasta ser removida tras el terremoto político provocado por la caída de Maduro.

Desde entonces, la representación diplomática nicaragüense en Venezuela se ha convertido en uno de los cargos más inestables del servicio exterior sandinista. En menos de cinco meses, Ortega y Murillo han removido a tres embajadores y han realizado cuatro nombramientos distintos para esa sede.

La primera salida fue precisamente la de Daysi Torres. Su reemplazo fue Valezka Fiorella López Herrera, quien hasta entonces fungía como ministra consejera en la embajada nicaragüense en Caracas. López fue nombrada el 29 de enero, casi cuatro semanas después de la captura de Maduro, en medio de una etapa de incertidumbre dentro de la alianza Managua-Caracas.

Pero López Herrera tampoco duró mucho. Su permanencia se extendió menos de un mes y fue sustituida por Isidro Antonio Rivera Guadamuz, exministro de Agricultura y antiguo funcionario del aparato sandinista. Rivera fue designado el 26 de febrero y removido oficialmente el 5 de mayo sin ninguna explicación pública.

En apenas 96 días, la dictadura movió cuatro veces la representación diplomática en Caracas. Analistas y exdiplomáticos consultados por medios nicaragüenses consideran que estos cambios evidencian nerviosismo político y una reorganización interna tras la caída del principal aliado regional de Ortega.

Hasta antes de la captura de Maduro, la relación entre Managua y Caracas había sido una de las alianzas políticas más sólidas de América Latina. Nicaragua fue uno de los primeros gobiernos en reconocer la cuestionada reelección del líder chavista en julio de 2024, pese a denuncias de fraude y protestas opositoras.

Sin embargo, el nuevo escenario venezolano alteró el tono del régimen nicaragüense. Ortega y Murillo redujeron su retórica antiestadounidense y comenzaron movimientos internos dentro del servicio exterior. También salieron funcionarios clave como la encargada de negocios en Washington, Guisell Morales Echaverry, y otros diplomáticos vinculados al círculo político más cercano al sandinismo duro.

Durante los últimos años, la Cancillería ha sido ocupada principalmente por cuadros políticos leales al Frente Sandinista y no por diplomáticos de carrera. La estabilidad en los cargos depende más de la cercanía con Rosario Murillo que de la experiencia profesional.

Daysi Torres representa uno de los perfiles más característicos del aparato político sandinista. Antes de iniciar su carrera diplomática, fue vicealcaldesa de Managua entre 2008 y 2009 y posteriormente alcaldesa de la capital desde julio de 2009 hasta enero de 2018. Llegó al cargo tras la muerte del exboxeador Alexis Argüello, ocurrida en circunstancias nunca esclarecidas completamente.

Durante su gestión municipal trabajó bajo la influencia de Fidel Moreno, considerado uno de los principales operadores políticos de Rosario Murillo y actual secretario de organización del Frente Sandinista. Moreno ha sido señalado como una de las figuras con mayor poder dentro de la estructura partidaria y gubernamental.

Antes de ocupar cargos políticos, Torres desarrolló una carrera periodística cercana al sandinismo. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y durante años cubrió actividades de Daniel Ortega. Posteriormente se integró de lleno al aparato político oficialista.

Su regreso a Caracas ocurre en un contexto regional mucho más incierto para Managua. La caída de Maduro debilitó uno de los principales apoyos internacionales de Ortega y alteró el eje político que Nicaragua mantenía junto a Venezuela y Cuba desde el retorno del sandinismo al poder en 2007.

También coincide con un momento de creciente presión internacional sobre el régimen nicaragüense. Estados Unidos ha endurecido sanciones, mientras organismos internacionales continúan denunciando violaciones a derechos humanos y mecanismos de represión transnacional atribuidos al gobierno de Ortega y Murillo.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, destituyó a Isidro Antonio Rivera Guadamuz de su cargo como embajador en Venezuela, función que ejerció menos de tres meses, según informó el Diario Oficial La Gaceta.

Mediante un acuerdo presidencial, la administración de Ortega y Murillo anuló el nombramiento de Rivera Guadamuz como embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, posición para la que había sido designado el 26 de febrero. El documento establece: “El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha”, sin detallar las razones de la destitución.

Rivera Guadamuz es el tercer diplomático retirado de la Embajada de Nicaragua en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Sustituyó a Valezka Fiorella López, quien ocupó el puesto menos de un mes. López Herrera, que era ministra consejera en la embajada de Managua en Caracas antes de ser ascendida, asumió el cargo de embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro.

López Herrera reemplazó a la periodista Daysi Ivette Torres, ex alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023. Antes de Torres, el puesto había sido ocupado por Orlando José Gómez.

Los ejecutivos de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica desde la instauración de la revolución bolivariana en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a las protestas y denuncias de fraude.

Tras la caída de Maduro el 3 de enero, Ortega y Murillo han optado por una actitud más cautelosa frente al gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó la propuesta del Parlamento de realizar una reforma parcial de ley para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32.

Según expresó la agrupación en su cuenta de X, “el aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia”.

La organización calificó la iniciativa como una “nueva maniobra” del Gobierno para “mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral”.

El partido opositor también afirmó: “Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad”.

Durante una sesión ordinaria transmitida por YouTube en el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley. Explicó que dicha modificación surge de un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, la reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral) tengan cinco magistrados cada una, dos más que actualmente; y que la Sala Constitucional pase a tener siete integrantes en lugar de cinco.

La reforma, que aún debe pasar por una segunda discusión, coincide con el proceso parlamentario de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

El diputado opositor Tomás Guanipa protestó en nombre del bloque parlamentario Libertad, señalando que recibieron el proyecto de ley a las 13:15, poco más de una hora antes de la sesión pautada para las 14:30 (18:30 GMT).

En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conformó una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el propósito de superar los “males que persisten” en el sistema judicial, marcado por el retardo procesal y la corrupción.

Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revelaron que empresas fantasma controladas por Carlos Malpica Flores y otros empresarios cercanos al entorno de Nicolás Maduro exportaron petróleo venezolano por al menos 11.000 millones de dólares durante los años 2021 y 2022 sin que la empresa estatal recibiera suma alguna por esas ventas.

Según estadísticas del Banco Central de Venezuela, esa cifra representó aproximadamente la mitad de todos los ingresos petroleros percibidos por el país en ese periodo, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

La documentación, a la que accedió el medio estadounidense, detalla cómo PDVSA perdió la custodia de grandes volúmenes de crudo a través de contratos asignados a compañías pantalla. Las operaciones, realizadas en paralelo a los canales formales de comercialización, no generaron ningún ingreso para las arcas públicas.

Los registros oficiales muestran que entre 2019 y 2022 cerca de 240 cargamentos de petróleo salieron del país sin que se efectuaran los correspondientes pagos a la empresa estatal, lo que supuso un perjuicio acumulado de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano, según la presentación de una reunión del directorio de PDVSA citada por The New York Times.

La estructura de desvío contaba con la participación central de Carlos Malpica Flores, considerado por fuentes del sector como el custodio de la fortuna de la familia Maduro.

Malpica, ex tesorero de la nación y ex jefe de finanzas de PDVSA, mantuvo acceso privilegiado a contratos y operaciones petroleras aún después de su salida formal del sector público. “Las empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal”, indica la investigación de The New York Times.

Entre esas compañías figura Hangzhou Energy, registrada en China, que se convirtió en 2023 en el segundo mayor exportador de crudo venezolano, solo detrás de Chevron.

Los contratos obtenidos por Hangzhou Energy le permitieron vender alrededor de una décima parte de las exportaciones nacionales de ese año a cambio de compromisos imprecisos de “ayuda humanitaria”. El documento consultado por el periódico citado no especifica el volumen ni la naturaleza de la ayuda entregada.

Otra irregularidad detectada fue el mecanismo de pago: a diferencia de la mayoría de compradores internacionales, que debían transferir divisas a PDVSA, Hangzhou Energy abonó el petróleo adquirido en bolívares al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Esta modalidad, en el contexto de la devaluación e hiperinflación local, redujo de manera significativa el valor efectivo recibido por el Estado y permitió a los beneficiarios revender el crudo a precios internacionales, obteniendo utilidades excepcionales.

La legislación venezolana vigente en esos años otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera nacional, lo que convierte estas ventas no registradas en potenciales infracciones legales. “Las operaciones fuera de libros parecen haber violado la ley venezolana, que daba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país”, señala The New York Times en su publicación.

La investigación también expone la persistencia de este tipo de prácticas incluso después de la remoción de Maduro y la designación de nuevas autoridades en la industria petrolera. Mientras tanto, las promesas de mayor transparencia y la puesta en línea de un portal oficial para la trazabilidad de los ingresos petroleros han resultado insuficientes. El sitio web inaugurado para ese propósito solo muestra una operación correspondiente a marzo de 2026, sin detalles sobre compradores ni montos.

Fuentes del sector consultadas por The New York Times afirman que, pese a algunos cambios en la gestión y la detención de figuras cercanas al antiguo mandatario, los principales beneficiarios de estos esquemas de desvío aún no enfrentan cargos públicos por delitos financieros.

La magnitud del desvío documentado por The New York Times pone en relieve el alcance de la corrupción en la principal industria venezolana y la dificultad para restablecer mecanismos de control y transparencia en el sector energético.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió que esta es la primera visita oficial de Forbes a Venezuela y su intención es “reforzar una gestión que se enmarca en el derecho internacional humanitario”.

En la reunión estuvieron presentes Loyce Pace, directora regional para las Américas de la IFRC, Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana (CRV), y otras autoridades.

El presidente del Parlamento y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, comunicó a través de su canal de Telegram que también se reunió con la presidenta de la IFRC y le expresó su intención de “acompañar la misión de este organismo y su voluntariado en la atención de los más vulnerables”.

Forbes llegó al país para cumplir una agenda de trabajo “orientada al fortalecimiento de la acción humanitaria”, según informó la CRV.

El 27 de abril, el fiscal de Venezuela, Larry Devoe, anunció la elaboración de un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para “reforzar” su labor en áreas como los derechos de las personas encarceladas, tras una reunión con Valérie Aubert, jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela.

En febrero, el Parlamento de Venezuela aprobó la Ley de la Cruz Roja Venezolana para regular la institución. Diputados opositores criticaron la norma, al considerar que establece a la Cruz Roja Venezolana como “auxiliar del Poder Público” y convierte en “deber” la asistencia a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Estados Unidos destrabó sanciones

En otro orden, Estados Unidos anunció este martes la concesión de una licencia que autoriza a distintas entidades legales a asesorar a las autoridades encargadas de Venezuela, a la petrolera estatal PDVSA y a sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda.

La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras para que puedan dialogar con las autoridades del país caribeño y preparar el terreno para una futura reestructuración de pasivos.

Los servicios autorizados incluyen la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

No obstante, el documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

En un mundo donde el autoritarismo gana terreno, América Latina sigue siendo un bastión de la democracia. Sin embargo, durante décadas, los líderes democráticos de la región toleraron en su seno excepciones como las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana. Estos regímenes son la antítesis de muchos de los valores que nuestra región dice defender. Ese largo historial de silencio, respuestas tibias y falta de coordinación por parte de nuestros líderes tuvo un alto precio: millones de cubanos y venezolanos han sido y siguen siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad, censura masiva y persecución despiadada.

Hoy, los regímenes de Cuba y Venezuela se enfrentan a una presión externa sin precedentes, que abre una ventana de oportunidad única para un cambio real. Esto es algo que los líderes democráticos de la región tienen que aprovechar sin retraso. Muchos de ellos gobiernan países que alguna vez padecieron dictaduras sostenidas por la complicidad e indiferencia del resto de la región. Ahora tienen la oportunidad de aprender de su propia historia para asegurarse de que los pueblos cubano y venezolano vuelvan a ser dueños de su destino.

Este año, Estados Unidos tomó medidas que cambiaron el rumbo de dos de los países más represivos del mundo. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero dio inicio a un proceso que hasta hace poco era impensable. Tras su caída, los cabecillas restantes del régimen empezaron a liberar lentamente presos políticos e incluso se promulgó una ley de amnistía, aunque insuficiente y limitada, que mantiene a muchos disidentes presos, silenciados o perseguidos por la justicia, y que recibió un final prematuro anunciado a fines de abril. También, el 5 de marzo, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre EEUU y Venezuela por primera vez desde 2019.

Pero esto está lejos de representar el fin de la dictadura. Figuras clave como la reemplazante de Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, siguen en el poder, a pesar de ser responsables directos de años de atropello a las instituciones y graves violaciones de derechos humanos. La rendición de cuentas también se encuentra en juego, cuando figuras como el exfiscal general Tarek William Saab, quien fue obligado a renunciar, todavía no han enfrentado consecuencias por el rol crucial que tuvieron en el aparato represivo del régimen.

En Cuba, la presión sigue aumentando. El fin de los envíos de petróleo venezolano profundizó una crisis humanitaria que el propio régimen generó y que el pueblo padece desde hace años, marcada por apagones, falta de bienes esenciales y una infraestructura gravemente deteriorada. Pero la dictadura cubana, experta en reprimir y silenciar a las voces críticas, respondió a las protestas con más represión. A principios de febrero detuvieron a dos creadores de contenido independientes y siguen persiguiendo a manifestantes en toda la isla.

Con ambos regímenes en su momento de mayor debilidad, hay una pequeña luz de esperanza para una transición. En Venezuela, algunos opositores salieron de la cárcel y otros de la clandestinidad para volver a la militancia. Mientras tanto, aunque organizarse en Cuba es casi imposible por el control totalitario del régimen que asfixia a la sociedad civil, los cubanos en el exterior se unieron para ofrecer una alternativa real a la dictadura que durante más de 65 años los ha empujado al exilio.

Sin embargo, estas oportunidades tienen pocas probabilidades de prosperar si las democracias de la región siguen con su política de indiferencia, sobre todo los líderes de tres de las democracias más grandes: Lula da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia. Aunque afirmaron ser “neutrales” ante el robo de las elecciones de 2024 por parte de Maduro, escudándose en el supuesto respeto a la soberanía, lo único que hicieron fue darle tiempo al chavismo para consolidar su fraude por la fuerza. Lamentablemente, esto no es nada nuevo. Durante décadas, líderes regionales pasaron del apoyo abierto al silencio cómplice ante estos regímenes, muchas veces para no incomodar a aliados ideológicos. Pero nunca es tarde para cambiar de rumbo.

Es entendible que las tácticas de EEUU generen inquietud e incomoden a muchos en la región. Pero si bien se puede debatir la legalidad o conveniencia de estas medidas, el rechazo a la política estadounidense no puede sostenerse sacrificando la democracia y los derechos humanos.

La salida para los países que desconfían de las formas de Washington no es el silencio, sino la participación activa. Tienen que sentarse a la mesa y tomar un rol activo en la promoción de transiciones democráticas. Deben enfocarse en empoderar a la sociedad civil y promover un proceso pacífico, basado en los principios interamericanos que todos los Estados de la región se comprometieron a defender. Tienen que exigir garantías para las libertades fundamentales y, sobre todo, el respeto al derecho a la autodeterminación, que corresponde exclusivamente a los pueblos venezolano y cubano. No tienen que hacerlo ni por los intereses de Estados Unidos ni por los propios, sino por la democracia y por los que hoy siguen sufriendo bajo la tiranía del autoritarismo.

Una región de democracias no puede normalizar regímenes que violan valores interamericanos fundamentales y que cometen sistemáticamente crímenes de lesa humanidad. El momento de cambiar es ahora, y los líderes de América Latina deben decidir de qué lado de la historia quieren estar.

*Ezequiel Podjarny es Policy Officer de Human Rights Foundation (HRF)

Estados Unidos anunció el martes la concesión de una licencia que autoriza a distintas entidades legales a asesorar a las autoridades encargadas de Venezuela, a la petrolera estatal PDVSA y a sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda.

La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras para que puedan dialogar con las autoridades del país caribeño y preparar el terreno para una futura reestructuración de pasivos.

Los servicios autorizados incluyen la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

No obstante, el documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La medida se produce 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas. Tanto el FMI como acreedores soberanos y bancos comerciales aún no tienen autorización de Washington para ejecutar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda pública venezolana sin riesgo de sanciones.

El lunes pasado, Washington extendió la protección sobre la refinería Citgo, filial de PDVSA en territorio estadounidense, frente a las reclamaciones de sus acreedores. El Departamento del Tesoro, a cargo del secretario Scott Bessent, emitió una nueva licencia general, que sustituye a la anterior de marzo, y autoriza desde el 19 de junio ciertas transacciones relacionadas con un bono de deuda de PDVSA, aunque mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono, emitido en 2016 por hasta USD 7.100 millones, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, cuya sede se encuentra en Houston, Texas. Venezuela dejó de pagar esa deuda en 2019 y, desde entonces, los acreedores intentaron tomar el control de la refinería para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a PDVSA el pago de USD 2.860 millones. No obstante, el Gobierno estadounidense bloqueó en reiteradas ocasiones la ejecución de la garantía, con el objetivo de proteger este activo estratégico mientras continúan las disputas legales.

Por otra parte, en otra gran noticia para el sector venezolano, la petrolera francesa TotalEnergies confirmó la semana pasada que está próxima a firmar un acuerdo con PDVSA, para comercializar crudo y exportarlo a una de sus refinerías en Texas.

“Hemos avanzado en las negociaciones y estamos a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, afirmó Jean Pierre Sbraire, director financiero de TotalEnergies. Sbraire explicó que la empresa desarrolla un esquema de comercialización enfocado en los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, en el sur de Estados Unidos.

Parte del crudo pesado adquirido a PDVSA se destinará a la refinería de Port Arthur, ubicada a las afueras de Houston, que posee una capacidad de procesamiento de unos 238.000 barriles diarios.

El anuncio del acuerdo entre TotalEnergies y PDVSA se produce semanas después de que la estadounidense Chevron firmara un convenio con la petrolera venezolana para ampliar la producción en el país sudamericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo de Washington. Desde entonces, la administración de Donald Trump levantó de forma gradual las sanciones económicas impuestas a Venezuela, mientras Caracas aprobó medidas de apertura al sector privado, especialmente en la industria petrolera.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las licencias concedidas por Estados Unidos.

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz.

(Con información de EFE)

El Parlamento de Venezuela aprobó un proyecto de reforma de ley para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta iniciativa, que aún requiere una segunda votación para convertirse en ley fue presentada durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de la Asamblea Nacional (AN) en YouTube.

El proyecto de reforma prevé que cinco de las salas del TSJ —la Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral— pasarán de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional estará compuesta por siete integrantes en lugar de cinco.

La modificación se presenta en paralelo a un proceso de selección para cubrir vacantes en la alta corte, motivadas por renuncias y jubilaciones recientes, según explicó Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo.

La discusión parlamentaria estuvo marcada por el reclamo del bloque Libertad, representado por el diputado opositor Tomás Guanipa, quien denunció que el proyecto fue entregado poco antes de la sesión. Además, sostuvo que “no debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo que debe ser la justicia en Venezuela”.

El diputado advirtió que el sistema judicial venezolano está corrompido y pidió un debate más amplio y sincero, mientras la bancada opositora, minoritaria en la AN, salvó su voto y reiteró la necesidad de discutir abiertamente el futuro del sistema judicial.

A su vez, la organización no gubernamental Provea expresó en X que la reforma judicial debe ir acompañada de un proceso de selección transparente y conforme a la Constitución para los nuevos magistrados del TSJ.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, declaró que esta asamblea nacional asumió la responsabilidad de combatir tanto las fallas como las mafias presentes en el sector judicial. Infante afirmó: “Estamos dispuestos a eso”.

Durante la misma jornada, el TSJ incorporó magistrados suplentes para reemplazar a ocho funcionarios jubilados, entre ellos el expresidente del organismo, Maikel Moreno, quien ocupó el cargo entre 2017 y 2021. Asimismo, el Parlamento conformó un comité encargado de evaluar a más de 90 postulados para las nuevas magistraturas.

Ayer, el escenario institucional de Venezuela experimentó otros movimientos relevantes en el ámbito internacional y económico. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fue nombrado gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

En medio de estos cambios, el BCV informó que la inflación mensual de abril alcanzó un 10,6%, una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. A su vez, la inflación interanual para el mismo mes fue del 611,8%.

(Con información de EFE y AFP)

Delcy Rodríguez llegó al poder con la tarea de desfacer entuertos. Parte de ese esfuerzo quijotesco pasa por desmontar la estructura de opacidad que ha marcado el manejo de los recursos y los asuntos públicos en Venezuela, país que Transparencia Internacional califica como el más corrupto del continente americano.

Tan pronto asumió el poder, Rodríguez anunció la creación de dos fondos especiales, uno para la protección social y otro para los servicios públicos e infraestructura. Hasta allí nada nuevo dentro de un régimen que a lo largo de 27 años ha creado distintos programas al margen de las instituciones tradicionales para la administración del erario nacional.

La sorpresa llegaría después. “Dos fondos soberanos con una plataforma tecnológica que transparente completamente el uso de esos fondos (...) Cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta de petróleo y gas, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo, el pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se van a gastar los fondos soberanos”, apuntó la mandataria interina.

Nada

La promesa se cumplió. A medias. El gobierno registró el sitio llamado Transparencia Soberana, pero sin brindar el nivel de precisión ofrecido. Su lanzamiento se realizó el 13 de marzo y hasta la fecha se limita a señalar que entraron 300 millones de dólares y, con la misma, salieron esos 300 millones sin dejar rastro.

El concepto del ingreso es “venta extraordinaria de fuel oil” y el de egresos, “aumento del ingreso mínimo integral”. Debe acotarse que el incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores se decretó el 30 de abril; es decir, mes y medio después de la publicación.

La página expone que “los datos se publican de forma continua, a medida que se registran nuevos ingresos o egresos”. No obstante, no se ha ejecutado ninguna actualización, siendo el único “balance” el de los 300 millones de dólares.

Dónde están

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos a mediados de abril, Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó que unos 3 mil millones de dólares habían sido entregados al gobierno de Delcy Rodríguez por la venta de petróleo.

“El dinero ha sido canalizado al gobierno de Venezuela para pagar salarios y comprar diluyentes para la industria petrolera”, dijo Kozak. Tomando como referencia esta declaración, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, sostiene que la presidenta encargada “se está burlando de los venezolanos”.

“La página de Transparencia Soberana miente. No se han recibido solo 300 millones. Pero, además, no necesitamos solamente cifras sino conocer de dónde proviene el dinero, por qué concepto, cuánto se produjo y a dónde fue a parar ese dinero”, esboza De Freitas un largo cuestionario que incluye la necesidad de desvelar los detalles de los convenios que está firmando Caracas con las compañías transnacionales.

La portavoz de Transparencia Venezuela enfatiza que antes de emprender ambiciosas iniciativas para superar la opacidad, el gobierno de Rodríguez debería hacer lo elemental: publicar la Ley de Presupuesto, un texto que ni siquiera tienen los diputados de la Asamblea Nacional.

“Cómo vamos a saber qué se hace con los fondos públicos y que no se están robando el dinero de todos los venezolanos”, cuestiona De Freitas.

Al igual que Hugo Chávez, su predecesor, Nicolás Maduro convirtió a Venezolana de Televisión (VTV) en su vitrina personal. Como si se tratara de una especie de Truman Show bolivariano, Maduro se exhibía permanentemente en la pantalla estatal, al tiempo que las principales cuentas oficiales compartían sus órdenes, comentarios y reflexiones.

De la máxima exposición, el otrora hombre fuerte del régimen chavista ha pasado al enclaustramiento en una cárcel de Brooklyn. Desde su detención, en sus redes sociales han publicado seis mensajes fechados en Nueva York; es decir, que supuestamente serían de la autoría del recluso.

Uno de ellos fue difundido el primero de mayo, Día del Trabajador, jornada cumbre para una persona que se hace llamar “Presidente obrero”. Sin embargo, un detalle llamó la atención: aquel escrito no fue reseñado en la cuenta Instagram de VTV ni tampoco replicado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y los máximos dirigentes del oficialismo.

El diario TalCual revisó 111 intervenciones públicas realizadas por la mandataria interina desde el 5 de enero hasta el 30 de abril y detectó que “en solo cuatro meses, las menciones a Maduro en los discursos de Rodríguez cayeron un 91%, pasando de 86 referencias en enero a solo ocho en abril”.

En descargo de la flamante jefa de Estado, debe indicarse que Maduro solo la ha citado en uno de sus seis mensajes. Fue el 19 de abril, cuando llamó a respaldar “la convocatoria de la presidenta encargada, nuestra hermana Delcy Rodríguez”, quien ese día comenzó una “peregrinación” para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos.

Bendito

En una entrevista concedida al diario El País de Madrid, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario, aseguró que su padre “cuenta con 510 minutos al mes para sus conversaciones con el exterior”. Según el medio español, el parlamentario “graba las llamadas que recibe desde la cárcel de Estados Unidos”.

Los mensajes atribuidos a Maduro están llenos de expresiones religiosas y fragmentos de la Biblia. De hecho, publicó uno el 21 de abril con motivo de cumplirse el primer aniversario de la muerte del papa Francisco.

El contenido parece confirmar lo dicho por Maduro Guerra al medio español, donde comentó que su padre “se aprendió” la Biblia y que cuando hablan “nos dice unos versículos locos”. “Mi papá nunca había sido así”, admitió.

VTV sí registró la “reflexión espiritual” -así lo tituló- que Maduro difundió el 3 de mayo. No obstante, toda la maquinaria de propaganda del chavismo se concentra ahora en enaltecer la figura de Delcy Rodríguez, quien jamás ha encabezado una campaña para ningún cargo de elección popular.

Un hombre murió en el estado venezolano de Portuguesa, región afectada por inundaciones asociadas a intensas lluvias. La información fue difundida por Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien solicitó al Gobierno una intervención urgente ante la emergencia.

En un comunicado publicado por VV Portuguesa, se detalló que la víctima era un “adulto mayor” que perdió la vida “intentando salvar lo poco que le quedaba”.

Según el partido, “más de 20 sectores han sido afectados. Hogares destruidos, comunidades incomunicadas y el centro de Chabasquén sin luz ni agua. La Troncal 7 permanece bloqueada, aislando aún más a nuestra gente”.

Vente Venezuela exigió “atención inmediata y respuesta real” frente a una emergencia que “deja a muchas familias solas y desprotegidas”. En el texto, la organización añadió: “No es solo una tragedia natural: es también el reflejo del abandono. Y frente al abandono, no vamos a callar”.

El domingo, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, informó mediante su canal de Telegram que las autoridades inspeccionaron daños en vías, puentes y viviendas, con el objetivo de asistir a las comunidades, aunque no presentó un balance oficial.

El Gobierno mantiene un plan especial para atender las “lluvias extraordinarias” en siete estados, como consecuencia de una vaguada, según informó el 26 de abril la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El operativo incluye cuatro estados del oeste (Lara, Mérida, Portuguesa y Zulia), dos en el norte (Aragua y Miranda) y el estado Sucre en el este.

Rodríguez explicó que estas acciones buscan “brindar atención y protección” a la ciudadanía, sin detallar las medidas adoptadas ni la cantidad de personas afectadas.

La inflación mensual en Venezuela descendió 2,5 puntos porcentuales en abril respecto al mes anterior y cerró en 10,6%, según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV).

La inflación interanual correspondiente a abril de 2026 alcanzó el 611,86%, según los datos oficiales.

El presidente del BCV, Luis Pérez, adelantó que 2026 estará caracterizado por “cambios significativos”, los cuales, afirmó, se evidenciarán al finalizar el año y “muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028, vamos a ver los frutos de lo que se siembra este año”.

En una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), Pérez detalló que los precios subieron 13,1% en marzo, 14,6% en febrero y 32,6% en enero, según cifras del ente emisor.

De esta manera, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año es de 89,9%.

Venezuela acumula más de 12 meses con tasas de inflación de dos dígitos, el valor más alto se registró en enero, mes en el que Estados Unidos llevó a cabo un ataque en Caracas que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El titular del BCV indicó que, a partir de mayo, se espera que la inflación mensual baje a un solo dígito.

Especialistas señalaron que una de las principales causas de la subida de precios es el aumento del valor del dólar, referencia en el país para la fijación de bienes y servicios, como consecuencia de la hiperinflación registrada entre 2017 y 2021.

El jueves pasado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez comunicó el incremento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, mientras que el salario mínimo permanece en 130 bolívares —equivalentes a 27 centavos de dólar mensuales— desde 2022.

El ministro del Trabajo, Carlos Castillo, aclaró que el aumento de 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados se otorgará mediante bonificaciones, sin impacto en los beneficios laborales, para evitar un alza adicional de la inflación.

El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue nombrado como gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó este lunes el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

“Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional”, señaló Pérez en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión.

Pérez agregó que “eso quiere decir no solamente que estamos en proceso de recuperar relaciones, es que ya estamos ahí, ya tenemos derecho a voz, derecho a voto”, y expresó su objetivo de normalizar las relaciones con esta organización.

El pasado 16 de abril, el FMI comunicó la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, luego de haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de “reconocimiento del gobierno”, según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

El FMI confirmó en Washington la reanudación del vínculo con Venezuela, una decisión que estuvo alineada con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial.

El organismo recordó que Venezuela es miembro desde 1946, pero que las relaciones habían sido interrumpidas en marzo de 2019, cuando se pausaron los contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.

En 2019, Venezuela enfrentó una crisis política, luego de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato considerado ilegítimo por la oposición, lo que condujo a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, quien fue reconocido por decenas de países.

La inflación mensual se ubicó en un 10,6%

En otro orden, la inflación mensual en Venezuela bajó 2,5 puntos porcentuales este abril frente al mes previo y se ubicó en un 10,6%, según cifras difundidas este lunes por el Banco Central de Venezuela.

La inflación interanual para el mes de abril de 2026 fue del 611,86%, de acuerdo a los datos oficiales.

El presidente del BCV, el mecionado Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y “muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028, vamos a ver los frutos de lo que se siembra este año”.

En un entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión Pérez indicó que los precios aumentaron un 13,1% en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14,6%, y en enero del 32,6%, de acuerdo a datos del ente emisor.

Por tanto, incluyendo a abril, la inflación acumulada en lo que va de año es del 89,9%.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará su 189 Período Ordinario de Sesiones desde este martes hasta el viernes en Panamá, donde llevará a cabo tres audiencias públicas con casos de Guatemala, además de Venezuela y Argentina.

Los casos corresponden a un presunto acoso sexual policial en Guatemala; sobre 14 policías municipales de Venezuela que habrían sido victimas de detención arbitraria y tortura, y el último a un supuesto abandono de una mujer en un instituto geriátrico, por parte del Estado argentino.

Se especifica que el caso de Guatemala se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por los presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2004 por el jefe de la subestación de policía de San Pedro Sacatepéquez contra Claudia Torres, así como a las presuntas represalias ejercidas por agentes policiales en respuesta a los rechazos de Torres a dichos actos.

También se analizará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos en perjuicio de 14 funcionarias y funcionarios policiales de la Policía Municipal de Chacao, ocurridas entre 2016 y 2018, en el contexto de la privación de libertad de la que fueron objeto, así como actos de tortura y otros malos tratos.

En el caso de Argentina se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado de esa nación por el supuesto abandono y la desatención que habría sufrido Rosa Martino en un instituto geriátrico, donde estuvo internada desde el 26 de noviembre de 2005 hasta el 11 de abril de 2006 a causa de su diagnóstico de “demencia tipo Alzheimer con antecedente de deterioro cognitivo progresivo”.

“La Corte Interamericana celebrará las audiencias públicas de casos contenciosos relativos a los estados de Guatemala, Venezuela y Argentina, y además durante toda la semana tendremos reuniones protocolares con las altas autoridades del Estado”, expresó el presidente del organismo de derechos humanos, Rodrigo Mudrovitsch.

“Estas actividades expresan nuestra convicción de que la Corte Interamericana debe ser un tribunal de puertas abiertas y promotor del diálogo”, agregó Mudrovitsch, quien destacó el papel de Panamá como un espacio clave para el multilateralismo y la construcción del orden jurídico internacional.

Las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dan en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

De acuerdo con la Cancillería panameña, la celebración de estas sesiones en suelo panameño representa un altísimo reconocimiento al prestigio internacional del país y a su compromiso histórico con la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Al albergar al tribunal de justicia más importante del continente, Panamá se posiciona nuevamente como el “Hub de la Diplomacia y la Justicia” en la región.

Se reiteró que durante esta jornada histórica, el tribunal celebrará tres audiencias públicas de casos de gran relevancia continental.

“Para Panamá, ser anfitrión de la Corte IDH no es solo un honor protocolario, es una oportunidad para fortalecer la cultura jurídica local y mostrar al mundo la solidez de nuestras instituciones y nuestra hospitalidad”, destacaron las autoridades locales.

Además de las audiencias, la visita incluirá un seminario académico abierto al público, diseñado para estudiantes, abogados y defensores de derechos humanos, promoviendo un intercambio directo entre la academia panameña y los jueces del Tribunal Interamericano.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha apuntó que el país ha consolidado una voluntad nacional de promover y proteger los derechos humanos.

Este evento coloca a Panamá bajo los reflectores de la comunidad internacional, atrayendo a delegaciones diplomáticas, expertos en derecho y prensa internacional, lo que impacta positivamente en la imagen país y refuerza su liderazgo en la agenda de derechos humanos de la OEA. El acceso a las audiencias es gratuito.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó a través de un mensaje en la red social X que “bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’ (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

En el mismo comunicado, el organismo militar precisó que “dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación”. También indicó que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido ni sufrió daños durante la acción.

Según la versión oficial, la embarcación fue identificada a partir de información de inteligencia. El Comando Sur sostuvo que el bote “transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe” y participaba en operaciones de narcotráfico.

Desde el inicio de estos operativos, las fuerzas estadounidenses ampliaron su presencia en el Caribe y posteriormente extendieron las acciones hacia el océano Pacífico. En ese período, las intervenciones dejaron un saldo de alrededor de un centenar de personas muertas, según los datos mencionados en los cables.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur y lanzada en septiembre de 2025, marcó un cambio en la estrategia regional de Estados Unidos. Bajo la dirección del general Francis Donovan, la campaña amplió su área de acción a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Washington sostiene que el objetivo de esta iniciativa es aumentar la presión sobre redes de narcotráfico que, según sus denuncias, mantienen vínculos con el régimen venezolano y fueron designadas oficialmente como “organizaciones terroristas”.

La utilización del concepto de “narcoterrorismo” para referirse a estas redes profundizó el debate sobre la legitimidad de los ataques. La discusión se intensificó tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025, un hecho que se produjo en paralelo a la expansión de las operaciones.

A pesar de esa detención, las acciones militares continuaron y registraron un crecimiento geográfico sostenido. Con el paso de los meses, la actividad dejó de concentrarse exclusivamente en el mar Caribe y alcanzó también aguas del Pacífico oriental.

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

La administración de Donald Trump impulsó la creación de una fuerza autónoma de combate basada en inteligencia artificial para operar en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y actuar ante crisis provocadas por desastres naturales de gran magnitud.

La iniciativa, promovida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), constituye un paso relevante en la incorporación de nuevas tecnologías a la estrategia de defensa y a la presencia militar estadounidense en la región, según informó el propio organismo.

La unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, con un enfoque multidominio. El proyecto apunta a enfrentar tanto al crimen organizado transnacional como a los efectos de fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, de acuerdo con evaluaciones del Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

El jefe del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, definió el alcance de la misión al señalar que será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, y remarcó el carácter dual de la nueva fuerza.

El comando indicó que el rasgo central de esta iniciativa reside en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, obtener información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin intervención directa de operadores humanos.

En paralelo, el Departamento de Defensa presentó el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad orientada a integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares dentro del área de responsabilidad del SOUTHCOM. Según lo comunicado, este modelo podría extenderse a otros comandos estadounidenses si demuestra resultados en el terreno.

(Con información de EFE)

El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores suma un nuevo compás de espera. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, fijó este lunes una nueva audiencia para el 30 de junio, tras aceptar una solicitud conjunta de la defensa y la Fiscalía. El matrimonio venezolano permanece recluido en el centro de detención de Brooklyn desde que fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero.

La convocatoria fue acordada por las tres partes —defensa de Maduro, defensa de Flores y acusación— en una carta dirigida al tribunal. Hellerstein también accedió a suspender el cómputo establecido por la Ley de Juicio Rápido, normativa federal que fija en 70 días el plazo máximo desde la acusación formal para el inicio del proceso. Al excluir los días restantes del conteo, el juez despeja el camino para prolongar el procedimiento más allá de ese límite.

En paralelo, Hellerstein aceptó el desistimiento de las mociones con las que la defensa había intentado anular la acusación, alegando que las sanciones estadounidenses impedían a los acusados costear su representación legal. La concesión se otorgó “sin perjuicio”, lo que significa que la defensa conserva la facultad de presentar una moción similar en una etapa posterior. El obstáculo quedó superado hace unas semanas, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro autorizó una modificación de las sanciones contra Venezuela para permitir que Caracas sufrague los honorarios de los abogados de ambos acusados.

Ante la corte federal, Maduro responde a cuatro cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos, y posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos. Flores enfrenta acusaciones similares: dos cargos de conspiración para la importación de cocaína, uno de conspiración para la posesión de armas y otro de posesión efectiva de esas armas. Ambos se declararon “no culpables” en su primera comparecencia, el 6 de enero, tres días después de su captura.

El proceso tiene raíces que se remontan a marzo de 2020, cuando la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Maduro por liderar durante dos décadas una estructura de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles, integrada por altos oficiales militares venezolanos y articulada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según los fiscales, esa red utilizó bases aéreas militares venezolanas, rutas marítimas por el Caribe y puntos de trasbordo en Centroamérica para enviar toneladas de cocaína hacia el mercado estadounidense. El Departamento de Estado ofreció entonces una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro.

La detención llegó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en Caracas. Venezuela denunció el operativo como un secuestro; Rusia, China y Cuba respaldaron esa postura. Washington rechazó la caracterización y trasladó a los detenidos a Nueva York, donde quedaron bajo custodia federal.

Hellerstein, magistrado de 92 años, preside un caso sin precedentes recientes. Solo dos jefes de Estado habían sido objeto de cargos criminales por parte de fiscales federales estadounidenses: Manuel Noriega, de Panamá, y el libio Muamar Gadafi. Maduro es descrito en la acusación como “gobernante de facto e ilegítimo” de Venezuela.

La audiencia del 30 de junio será la tercera comparecencia formal del matrimonio ante el tribunal. La segunda se celebró el 26 de marzo, cuando la defensa insistió en la desestimación de los cargos y el juez descartó esa posibilidad. Con los plazos procesales suspendidos y la disputa por la financiación de la defensa resuelta, el caso ingresa en una fase de preparación que podría extenderse durante meses antes de que se fije una fecha de juicio.

El régimen de Venezuela confirmó este lunes que el incremento del llamado “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales, anunciado el 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se canalizará íntegramente a través de bonificaciones y no mediante un aumento del salario base, cuyo valor permanece congelado en 130 bolívares —el equivalente a unos 27 centavos de dólar— desde marzo de 2022.

El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, explicó en una entrevista en la emisora privada Onda que un alza del salario formal desataría presiones inflacionarias que el Estado no puede absorber. “En estos momentos no podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación”, señaló el ministro, quien añadió que el Gobierno opera con recursos “finitos” en un contexto de recuperación económica frágil.

La distinción no es menor. Las bonificaciones carecen de incidencia salarial: no se computan en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones ni utilidades. El esquema —denominado “ingreso mínimo integral indexado”— combina el salario nominal con un bono de alimentación de 40 dólares y el denominado “bono de guerra económica”, que en la estructura anterior totalizaba 150 dólares para empleados públicos activos. El concepto no figura en la legislación laboral; su único respaldo legal es una definición de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.746 de mayo de 2023.

Castillo calificó el sistema como “absolutamente coyuntural” y prometió que el chavismo anunciará “pronto” aumentos salariales formales, sin precisar plazos. También descartó que el ingreso integral sustituya de forma permanente el concepto de salario. Los hechos apuntan en dirección contraria: el salario mínimo acumula más de 1.500 días sin ajuste formal y la inflación acumulada pulverizó cualquier poder adquisitivo que hubiera conservado.

El anuncio representó un incremento de 26% sobre el ingreso integral previo, fijado en 190 dólares. Rodríguez lo presentó como “el aumento más importante de los últimos años” y sostuvo que fue posible gracias a los ingresos petroleros derivados de acuerdos con Estados Unidos. Los principales gremios de salud y educación, así como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), habían exigido un salario base de al menos 200 dólares con carácter remunerativo pleno.

El telón de fondo hace difícil el optimismo. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria familiar alcanzó en marzo un costo de 703 dólares para un hogar de cinco personas. Los 240 dólares del nuevo ingreso cubren apenas el 34% de esa cifra. Los jubilados, cuya pensión se fijó en 70 dólares, quedan más expuestos: su asignación representa menos del 10% de la canasta básica.

Venezuela acumuló una inflación del 71,8% en el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales, con una tasa anualizada del 649% al cierre de marzo. Desde 2021, la economía experimenta una leve recuperación luego de que el Producto Interno Bruto cayera cerca de 80% en una década, proceso que, según la ONU, propició el éxodo de casi ocho millones de venezolanos. Cerca de siete millones de personas operan hoy en la informalidad laboral.

Al evaluar el desempeño del gobierno de Venezuela en el proceso que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo del Esequibo, el internacionalista Kenneth Ramírez señala que “hasta ahora hemos sido testigos de un perfecto contraejemplo: Cómo no debe ser manejado un asunto de Estado de interés vital para nuestro país”.

Ramírez es el presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), ente independiente que ha dado un seguimiento exhaustivo al histórico conflicto con Guyana por el territorio rico en petróleo y recursos naturales de 159.500 kilómetros cuadrados.

Del 4 al 11 de mayo se realizarán en el CIJ las audiencias que, en teoría, apuntan a zanjar la disputa por la zona que reclaman ambas naciones y que en la práctica controla Georgetown.

El caso llegó hasta esta instancia por la insistencia de la parte guyanesa, mientras que Caracas desconoce esta jurisdicción y subraya que la controversia debe ser resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea la negociación entre los dos países.

Al margen de que los expertos venezolanos sostienen que el Esequibo “pertenece indubitablemente a Venezuela”, crece el temor ante la posibilidad de que la Corte le dé la razón y, por consiguiente, el área con todas sus riquezas a Guyana.

El gobierno bolivariano llega a este proceso en unas condiciones de debilidad extrema, luego de haber sufrido un ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La presidenta encargada Delcy Rodríguez trata ahora de mantener las mejores relaciones con Washington, que apoya la reivindicación de Georgetown.

Mal paso

“El Acuerdo de Ginebra establece en su preámbulo que la controversia territorial debe ‘ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes’; y comprometió a las partes en su artículo I ‘a buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia’”, recordó el COVRI en una declaración emitida en febrero de 2026.

Ramírez destaca que la judicialización de este conflicto comenzó hace once años. “La última etapa, espoleada por las ambiciones petroleras de Guyana, ha significado un lastimoso rosario de derrotas para Venezuela”, sostiene el profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Dos hechos relevantes marcaron esta fase. Por un lado, la muerte en 2014 del último buen oficiante de Naciones Unidas (ONU), Norman Girvan. Y por el otro, el hallazgo del llamado bloque marítimo petrolero Stabroek, cuya concesión fue entregada por Georgetown a las empresas ExxonMobil, Hess y CNOOC en contra de la posición de Caracas, que señala que ese territorio -de donde podrían extraerse unos 11 mil millones de barriles de crudo- está en disputa.

“La diplomacia improvisada del Ejecutivo venezolano fue vencida por la diplomacia guyanesa, la cual logró persuadir a dos secretarios generales de la ONU para que remitieran la controversia a la CIJ. Luego, la falta de una estrategia integral y nuevos fallos diplomáticos hicieron posible que la CIJ adoptara dos decisiones controvertidas: que tenía jurisdicción sobre el caso en 2020 y, más tarde, la admisibilidad de la demanda guyanesa en 2023”, resume el analista.

Opacidad

El régimen chavista ha reiterado la posición histórica de Venezuela de no reconocer a la CIJ para la resolución de la controversia, ratificando la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, el portavoz del COVRI observa que Miraflores “no ha logrado ni detener el proceso judicial ni conseguir una alternativa viable” como una negociación de buena fe.

Ramírez estima que el gobierno antes de Maduro y hoy de Delcy Rodríguez ha incurrido en “prácticas de opacidad, aislamiento y politización” que atentan contra los intereses nacionales.

“La opacidad y aislamiento que se ha mantenido en los últimos años, coloca toda la responsabilidad histórica en el Poder Ejecutivo respecto a lo que pueda ocurrir en la CIJ y el impacto que pueda tener sobre nuestra justa reclamación de la Guayana Esequiba”, apunta.

Maduro convocó en 2023 un referendo consultivo sobre el Esequibo que terminó dividiendo al país, al ser utilizado como una bandera por el gobierno contra la oposición, y cuyos resultados generaron sospechas de manipulación.

“En su momento, alertamos que el referéndum sobre el Esequibo debía hacerse en años previos y en consenso con todos los actores nacionales relevantes para fortalecer políticamente nuestra posición nacional. En lugar de ello, se hizo después de las sentencias de la CIJ y de una manera muy politizada, afectando lamentablemente la legitimidad de nuestra justa reclamación a nivel externo e interno”, explica Ramírez.

En 2025, el chavismo organizó unos comicios regionales que incluyeron la elección de un gobernador para la Guayana Esequiba, especie de figura simbólica que opera dentro del propio territorio venezolano, no en la zona en reclamación. La oposición mayoritaria no participó en esta elección.

En peligro

Más allá de la retórica, Ramírez indica que los abogados del gobierno de Venezuela han admitido la posibilidad de una derrota en la CIJ. De materializarse este escenario, ¿qué vendría posteriormente?

“Un fallo negativo sería más que un mero ‘obstáculo’ para futuras negociaciones, ya que implicaría un cierre de la vía jurídica y una grave afectación a la legitimidad internacional de nuestra reclamación. Guyana tendría una sentencia de la CIJ que confirmaría el llamado Laudo de 1899, con el obstáculo práctico para un eventual desafío de Venezuela a esta decisión judicial de que Guyana, además, controla y administra el Esequibo en los hechos”.

Para entender la magnitud de lo que está en juego, Ramírez precisa que el Esequibo representa un quinto del territorio de Venezuela, y posee 5% de la biodiversidad del planeta y reservas calculadas de oro y diamante de 35 mil millones y 5 mil millones de dólares, respectivamente.

El portavoz del COVRI opina que en caso de perder en la Corte, Caracas debe mantener el reclamo y persuadir a Georgetown de abordar las controversias pendientes en el marco de mecanismos de solución pacífica. “Debemos tener claro que esto no sería una tarea diplomática fácil con una Guyana envalentonada y una Venezuela tutelada en el corto y mediano plazo”, concluye.

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez habla de un “nuevo momento político” y de los cambios en la dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), más de 200 sitios web, incluidos al menos 65 medios de comunicación, permanecen bloqueados en el país.

“Venezuela enfrenta una violación a los derechos digitales que es más que eso, es una política de Estado para censurar y restringir distintas libertades”, denunciaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y las organizaciones Conexión Segura y Libre y Noticias Sin Filtro.

En la lista de afectados figuran medios locales e internacionales como Infobae. “Reivindicamos que la verdad necesita canales seguros. No hay libertad de prensa sin derechos digitales protegidos, medios independientes y periodismo”, enfatizó el SNTP.

Silencio

Aprovechando el mensaje de apertura expresado por la mandataria interina, tanto el SNTP como la organización VE sin Filtro presentaron ante Conatel y el recién creado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, las solicitudes para que se levantaran las restricciones que pesan sobre el espacio digital venezolano.

Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta. “En Venezuela se han acumulado durante más de una década bloqueos administrativos, discrecionales y sin transparencia, que han afectado a medios de comunicación, plataformas digitales, herramientas de comunicación y servicios diseñados para evadir la censura”, señala VE sin Filtro.

Medio X

Diez días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 13 de enero, Delcy Rodríguez y la cúpula chavista volvieron a la red X.

“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica”, escribió la presidenta encargada. Su último mensaje en esa plataforma databa de agosto de 2024, mes en el que Maduro la bloqueó tras acusarla de promover un golpe de Estado “cibernético”.

“¡Fuera X! ¡Fuera Elon Musk!”, bramó Maduro, quien por esas fechas también llamó a su militancia a dejar de usar Whatsapp, bajo el argumento de que esa aplicación era utilizada para “espiar” a sus usuarios. En agosto de 2024 el régimen chavista enfrentaba protestas por el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro sin presentar las actas de escrutinio.

A pesar de que Rodríguez y las instituciones del gobierno reactivaron su presencia en X, los venezolanos no tienen acceso a esta red salvo que utilicen un VPN. “La mayoría de estas restricciones fueron impuestas por vía administrativa, sin control judicial ni transparencia, por lo que pueden ser levantadas de la misma manera”, sostiene VE sin Filtro.

La ONG advierte que “estos bloqueos afectan de forma directa el acceso a la información, la libertad de expresión y la posibilidad de participación en la vida pública”, y subraya que “el acceso a internet sin restricciones indebidas es una condición necesaria para la transparencia institucional, la deliberación democrática y la gobernabilidad”.

La existencia de colectivos armados, la presencia de la guerrilla colombiana y el desarrollo en el territorio venezolano de operaciones del narcotráfico, junto a la presencia de activistas del terrorismo internacional, conforman “una amenaza importante en nuestro contexto social que debe ser combatida, con todas las capacidades propias y de cooperación externa necesarias para su combate efectivo”, sostiene el general de división retirado Gerardo Daniel Briceño García.

Briceño considera que el análisis de la realidad de las Fuerzas Armadas a partir del 3 de enero de 2026 “señala una institución sin ningún nivel aceptable de apresto operacional, totalmente divorciada de su misión constitucional, con una organización sobredimensionada, sirviendo a intereses políticos, con la moral por el piso y sin el mérito, subordinación, disciplina y espíritu de cuerpo, que fueron valores del pasado”.

El ex comandante de la Guardia Nacional afirma que la Fuerza Armada se muestra como “una institución ineficaz sin nada que aportar a cualquier propósito eficiente de un país lleno de esperanzas y ávido de contribuciones positivas para su reinserción efectiva en una sociedad de progreso y bienestar ciudadano”. Briceño resalta sobre el Vicealmirante Rafael José Huizi Clavier que es un “extraordinario líder militar que nos ha conducido por un riguroso camino de investigación, consulta, planificación, elaboración de documentos y desarrollo de tareas para el éxito en pro de nuestra querida Venezuela”.

El oficial reconoce que los venezolanos están expectantes ante lo que pueda suceder, desde que el 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos ejecutó la Operación Resolución Absoluta, “ocurrió el bienaventurado episodio que todos esperábamos y los integrantes de las Fuerzas Armadas no estábamos ajenos a esa posibilidad”. Briceño confiesa que, tras el triunfo de Edmundo González Urrutia “de la mano del liderazgo indiscutible de María Corina Machado, el 28 de julio de 2024, estamos uniendo voluntades y aportando ideas para un futuro venturoso que cada vez tenemos más cerca”.

Señala que el 3 de enero fue un verdadero “punto de quiebre” que facilitó el acceso a información anteriormente vedada y permitió un mejor diagnóstico del esfuerzo por realizar. Ahora, asegura, tienen claro que la primera acción antes de cualquier tarea de Defensa debe centrarse en la “recuperación del Orden Interno”, para que el pueblo venezolano pueda realizar, con tranquilidad y seguridad, las “tareas y actividades inherentes al desarrollo nacional”. Por eso, sostiene Briceño, “todo indica que será en las tareas del Orden Interno donde confrontaremos nuestra real y cotidiana hipótesis de conflicto”.

Explica que el Orden Interno es una función propia de la Guardia Nacional, según establece el artículo 329 de la Constitución. Sin embargo, Briceño considera propicio “reeditar la gesta de unidad que cumplimos como familia militar en la década gloriosa de nuestras Fuerzas Armadas en los años 60/70”. Afirma que, si bien la Guardia Nacional puede brindar guía, “todos tenemos algo que aportar y seguramente lo haremos. Por gracia de Dios damos por descontado la determinación política que tendremos de nuestra líder fundamental María Corina Machado y de ese maravilloso grupo de líderes que la acompañan”.

La histórica institución

El general Briceño, egresado de la promoción “Batalla de Maturín” 1971, subraya que las Fuerzas Armadas Venezolanas, antes de los procesos de deterioro promovidos inicialmente por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, “venían transitando un sendero esplendoroso dentro del contexto institucional de nuestro país”. Afirma que la institución militar venezolana, antes de la revolución bolivariana, estaba “a la altura de los componentes armados del conjunto de naciones de nuestro continente, con un buen apresto operacional y una capacitación profesional de primer nivel en Escuelas y Academias tanto en Europa como en Estados Unidos, donde nuestros oficiales y tropas han sido reconocidos por sus méritos académicos y/o profesionales”.

La institución castrense, a juicio del Divisionario, posee un pasado glorioso. Como referencia, recuerda “la participación de nuestras Fuerzas Armadas, en el combate a las guerrillas urbana y rural en las décadas de 1960 y 1970”. Briceño califica como trágico producto de exportación el triunfo de la revolución cubana en enero de 1959, cuando Fidel Castro la expandió hacia el resto de países de América Latina. “Venezuela no fue la excepción”, puntualiza.

Sobre los sucesos en el país, menciona a los partidos Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), “que crearon en 1962, financiados por Fidel Castro desde Cuba, el Frente Armado de Liberación Nacional FALN”. Explica que era un movimiento armado para “promover el socialismo y destruir las bases de nuestro naciente sistema democrático”, considerando dos componentes en su accionar: “unidades tácticas de combate (UTC) a nivel urbano y los frentes guerrilleros a nivel rural”.

El atentado

En la historia venezolana, destaca que esos movimientos armados de los 60 “ofrecieron fuerte resistencia a una democracia en ciernes que comenzaba a gestarse en un país en plena transición”, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El Pacto de Punto Fijo, según el general Briceño García, “constituyó uno de los primeros esfuerzos para robustecer nuestro sistema político. Aquí debemos destacar y reconocer, en rigor de justicia, la férrea determinación política de Rómulo Betancourt a partir de su presidencia el 13 de febrero de 1959 y Raúl Leoni a partir de 1964”.

Tampoco pasa por alto el atentado contra Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960, al que califica como “la primera prueba de fuego a nuestra naciente democracia”. Resulta relevante como “Rómulo Betancourt, horas después del atentado aún con sus manos vendadas, en una alocución al pueblo venezolano, dio una manifestación precisa e inequívoca de su convicción política: ‘Nunca he ignorado los riesgos que comporta empeñarse en darle una orientación democrática seria al país’, dijo”.

¿Qué ocurrió entonces en las Fuerzas Armadas? La determinación política se transformó en acciones y órdenes: “Mantengo fresco en mi memoria la disposición mediante la cual el 50 % de las promociones egresadas de nuestra Armada, La Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, cumplían dos años de pasantía en nuestro Ejército con la finalidad de incorporarse a los Batallones de Cazadores para combatir los frentes guerrilleros”. Además, fueron creados trece Batallones de Cazadores para enfrentar los diferentes focos. “Esos batallones eran el elemento de combate militar más eficiente del momento, batallones de infantería ligera inspirados en las unidades que utilizaba el ejército norteamericano para combatir la guerrilla en Vietnam”.

Oficiales y tropas de la institución militar venezolana participaron en distintos cursos en la Escuela de las Américas; la intención fue perfeccionar e incrementar sus capacidades de combate.

Lección aprendida

En su recorrido histórico, el general Briceño relata que el 18 de julio de 1966, en Fuerte Tiuna, se crea el Centro de Operaciones Conjuntas, un elemento de Comando y Control Operacional que integró de manera más eficiente las actividades de las diferentes Fuerzas para combatir las guerrillas en ambas facetas, rural y urbana. El Divisionario añade que “el proceso de Militarización de la Justicia, mediante el cual toda acción de cualquier naturaleza, vinculada o sospechosa de contribuir a la acción subversiva era remitida a la justicia militar con todo el agregado punitivo que eso comporta”.

Como resultado, la acción de las Fuerzas Armadas “convirtió a Venezuela en el primer país de Latinoamérica en eliminar con éxito la presencia en nuestro suelo de la influencia Castro-comunista”. “La acción desarrollada por las Fuerzas Armadas convirtió a Venezuela en el primer país de Latinoamérica en eliminar con éxito la presencia en nuestro suelo de la influencia Castro-comunista”, señala Briceño.

Briceño está convencido de que la determinación de actores políticos perfectamente consustanciados con su “deber histórico para con el pueblo venezolano aunado a unas Fuerzas Armadas perfectamente alineadas con el interés nacional” hicieron posible el cumplimiento de la misión asignada para los intereses de la población venezolana.

El socialismo del siglo XXI suplantó la política y la ideología por el crimen organizado trasnacional. Con narrativa de revolución, populismo y antiimperialismo impuso el terrorismo de Estado como metodología y la gestión del crimen como plan de gobierno, afirmando el narcoestado de Cuba, creando narcoestados en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y en provincias o estados en México, Colombia, Brasil, Argentina y más. En esta realidad, solo desmontar los narcoestados puede recuperar la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Narcoestado es “un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son además miembros de las redes ilegales del tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico. Se trata de países donde las organizaciones ilegales que producen, transportan o venden drogas controlan las instituciones legítimas mediante la fuerza, el soborno o el chantaje”.

Aplicando este concepto, la realidad objetiva prueba que las dictaduras del socialismo del siglo XXI: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador fueron estructuradas como narcoestados. Que sus gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula da Silva con el Comando Vermelho y el Comando de la Capital; México con López Obrador y Sheinbaum en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y más; Colombia de Petro con el ELN, las FARC; Argentina con provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, instaladas con los Kirchner; han creado y coexisten con narcoestados.

La situación de los países y gobiernos en Latinoamérica ha pasado de los “narco vínculos” de la década de los 90s a la “toma del poder por los narcos” y su efecto los “narcoestados” (la estrategia del narco colombiano Pablo Escobar).

En el tiempo de los narco vínculos como el caso de Samper en Colombia se trataba del financiamiento de campañas políticas por los narcos, pero cuando el socialismo del siglo XXI tomó el poder, pasó al control directo del narcotráfico como fuente de financiamiento del terrorismo y del ataque sostenido a las democracias, con la falacia castrista que el “narcotráfico es un arma de lucha antimperialista”.

En este contexto hay por lo menos tres escenarios: 1.- los países bajo dictadura que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son narcoestados plenos; 2.- los países con gobiernos elegidos pero con sistema institucional de narcoestados que son Ecuador y Bolivia; 3.- los países con gobiernos para dictatoriales que protegen, toleran o negocian directa o disimuladamente con los narcoestados dentro de su territorio, que son México, Brasil, Colombia, Brasil, Argentina…

En todos estos casos la alternativa es solo una, desmontar los narcoestados. Esto es el combate directo al narcotráfico descabezando la penetración política de los narcos en gobiernos nacionales, locales, estatales, representaciones nacionales o territoriales,, senadores, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, y cualquier tipo de presencia criminal en las esferas políticas o partidistas. Todos saben quiénes son y donde están, pero lo único que hay que vencer es el compromiso económico, miedo y/o la complicidad.

En las dictaduras el punto de quiebre fue la captura de Nicolás Maduro, hoy el reo Maduro, pero la subsistencia de su aparato en control del gobierno de Venezuela no ha desmontado el narcoestado. En el caso de Cuba, la terminación del régimen acabará no solo con el narcoestado más antiguo de las Américas sino también con el sostenimiento del sistema y la protección criminal transnacional. En Nicaragua el régimen caerá arrastrado por la terminación de la cúpula criminal de Cuba. En los tres casos el tema central es no dar impunidad a los principales de la operación narcoterrorista.

El caso de Ecuador es emblemático porque desde la recuperación de la democracia por el presidente Lenin Moreno lo duro es el desmontaje del narcoestado por lo que lucha el presidente Daniel Noboa, tal vez aún sin una presión efectiva a los niveles que asumieron condición política en la instalación del narcoestado que perdura.

Bolivia sigue siendo un narcoestado y lo será mientas se mantenga la constitución plurinacional que suplantó con delitos y masacres a la República de Bolivia, cuya restauración es la base para derrotar al crimen enmascarado en la política. No habrá política ni estado de derecho mientras se mantenga la simulación de una democracia que no tiene ninguno de los elementos esenciales señalados por la Carta Democrática Interamericana.

En el caso de los gobiernos de México, Colombia, Brasil, Argentina y más, corresponde a los políticos darse su lugar y separarse de los criminales que son parte del sostenimiento de narcoestados internos, que todos conocen pero que simulan ignorar con el argumento de “necesidad política”.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, exigió este domingo la renovación “lo antes posible” del Consejo Nacional Electoral (CNE) como paso imprescindible para avanzar hacia elecciones en Venezuela, y pidió que el organismo cumpla con los criterios establecidos en la Constitución.

Durante una intervención en Washington, sostuvo que el actual esquema no garantiza confianza ni condiciones para un proceso electoral legítimo.

Machado planteó que cualquier convocatoria a comicios debe estar precedida por una reestructuración profunda del ente electoral.

“Por supuesto que, partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que cumpla con lo que dice la Constitución venezolana claramente”, afirmó. En ese sentido, subrayó que quienes integren el organismo no deben tener vínculos con partidos políticos y deben contar con “condiciones de honorabilidad” que generen credibilidad en la ciudadanía.

La Premio Nobel de la Paz también hizo hincapié en la necesidad de revisar el padrón electoral. Según explicó, es fundamental permitir que millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, puedan inscribirse o actualizar sus datos.

Otro de los ejes que mencionó fue la presencia de observadores internacionales especializados. Machado consideró que debe existir “un proceso de observación continua por parte de instituciones especialistas en la materia electoral internacionales”, con el objetivo de garantizar transparencia en todas las etapas del proceso.

Además de los aspectos técnicos vinculados a una eventual elección, la dirigente opositora remarcó que deben cumplirse condiciones políticas previas. Entre ellas, mencionó el desmantelamiento de lo que definió como una estructura represiva.

“Es fundamental”, señaló, al tiempo que vinculó este punto con la necesidad de generar garantías para la participación política.

En esa línea, insistió en la liberación de personas detenidas por motivos políticos. “Todavía hay más de 500 presos políticos civiles y militares que están tras las rejas en esta hora”, afirmó. La opositora sostuvo que esta situación debe resolverse antes de avanzar en cualquier proceso electoral, junto con el cierre de centros de detención cuestionados y el respeto a la libertad de expresión.

Machado también fue consultada sobre un eventual regreso a Venezuela. Sin ofrecer precisiones, respondió: “Muy pronto regresaré a Venezuela”, sin indicar una fecha concreta ni detalles sobre las condiciones en las que podría producirse ese retorno.

En paralelo, la dirigente convocó a una serie de manifestaciones internacionales para visibilizar la situación de los detenidos y de los sectores que considera perseguidos en el país. Las movilizaciones se realizaron en más de 120 ciudades alrededor del mundo, con participación de comunidades venezolanas en el exterior.

Durante la convocatoria, Machado llamó a amplificar el reclamo a nivel global. “Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza”, expresó, al tiempo que pidió que la situación sea escuchada fuera de Venezuela. Según planteó, el objetivo es generar presión internacional en favor de cambios políticos y garantías institucionales.

El mensaje de la opositora se produce en un contexto en el que el debate electoral no ocupa el centro de la agenda interna. El régimen venezolano ha priorizado otros temas, mientras que sectores opositores insisten en la necesidad de establecer condiciones mínimas antes de cualquier convocatoria a las urnas.

Las declaraciones de Machado vuelven a poner el foco en el rol del CNE y en las condiciones necesarias para un eventual proceso electoral, en un escenario político que continúa marcado por tensiones y demandas de reformas estructurales.

(Con información de Europa Press)

¿Se está realmente revirtiendo el éxodo venezolano o simplemente estamos frente a una pausa engañosa en una migración que aún no ha terminado? ¿Qué tendría que ocurrir para que millones de venezolanos decidan volver? Y, más importante aún, ¿existen hoy esas condiciones?

Las cifras más recientes invitan más a la cautela que al optimismo. Según Consultores 21, 1 de cada 3 venezolanos está pensando en irse del país. No se trata de una cifra marginal ni de un fenómeno aislado, sino de una señal estructural: una parte significativa de la población sigue sin ver perspectivas positivas. ¿Por qué alguien regresaría a un país del que otros aún están intentando salir?

Pero, además, el mapa migratorio también está cambiando. Si en años anteriores el destino aspiracional era Estados Unidos, hoy la misma encuesta muestra un giro más pragmático: Colombia, Chile y España aparecen como los principales destinos, impulsados no por oportunidades extraordinarias, sino por algo más básico y humano: la reunificación familiar. Ya no se migra hacia el sueño, sino hacia el vínculo. No se persigue el ascenso, sino la compañía.

Se ha instalado, sin embargo, una narrativa de “mejora” o incluso de “estabilización”. Pero ¿en qué se sostiene esa idea? ¿Puede hablarse de recuperación cuando, pese a mayores ingresos petroleros, no hay un cambio sustantivo en la calidad de vida? ¿Qué tipo de estabilidad es esta donde el Estado ha liquidado más de 3.000 millones de dólares a la banca privada y, aun así, el dólar paralelo no cede? ¿Qué clase de mejora es aquella en la que los salarios permanecen prácticamente congelados en niveles de subsistencia? Este párrafo podrías redactarlo sin preguntas

El caso de los maestros es particularmente elocuente: 2 dólares al mes. ¿Puede un país aspirar a reconstruirse cuando quienes forman a las futuras generaciones viven en condiciones de pobreza extrema? ¿Puede hablarse de retorno cuando ni siquiera están garantizadas las condiciones mínimas para quedarse?

Entonces, la pregunta inicial vuelve con más fuerza: ¿los venezolanos regresan o se siguen yendo? Quizás la respuesta más honesta es que no están regresando en términos estructurales. Algunos vuelven, sí, pero no como parte de un proceso sostenido, sino como decisiones individuales, muchas veces temporales o forzadas. El flujo de salida, en cambio, sigue teniendo raíces profundas: falta de oportunidades, incertidumbre económica y, sobre todo, ausencia de confianza en el futuro.

Porque, en el fondo, el problema no es solo económico. Es político. ¿Quién toma las decisiones? ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué horizonte? Sin un cambio en esas variables, cualquier mejora económica será frágil, reversible y, sobre todo, insuficiente para generar arraigo.

Por eso, la verdadera pregunta no es solo si los venezolanos regresan, sino qué tendría que pasar para que regresen. Y la respuesta apunta en una dirección incómoda pero evidente: un cronograma electoral creíble que permita elegir un nuevo gobierno con legitimidad real. Solo así podrían sentarse las bases para decisiones económicas sostenibles y, más importante aún, para reconstruir la confianza.

Porque nadie regresa únicamente por un mejor tipo de cambio o por una leve mejora en el consumo. La gente regresa cuando siente que hay futuro, que hay reglas claras, que hay derechos garantizados. Y, sobre todo, cuando no teme ser perseguida por pensar distinto.

¿Puede entonces haber retorno masivo mientras permanezca en el poder el mismo régimen que expulsó a millones de venezolanos? ¿Puede hablarse de reconciliación sin garantías? ¿De estabilidad sin legitimidad?

Hasta que esas preguntas no tengan una respuesta distinta, la conclusión parece inevitable: más que regresar, los venezolanos siguen —y seguirán— yéndose. Hasta que Venezuela no recupere legitimidad, libertad y reglas claras, el retorno seguirá siendo excepcional y la salida seguirá siendo estructural. Porque la gente no vuelve solo cuando mejora un indicador: vuelve cuando siente que su país deja de expulsarla y eso solo ocurrirá cuando Venezuela vuelva a ofrecer futuro y justicia.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela”, subrayó Machado en un video publicado en sus redes sociales.

La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando salió para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la señalaron de violenta y de pedir una invasión militar.

El equipo de organización de Machado, el Comando Con Venezuela, fijó más de 20 puntos de concentración en varias ciudades venezolanas, según varias publicaciones en su cuenta de X.

En Caracas, uno de ellos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde permanecen o estuvieron detenidos numerosos presos políticos.

Además, hay 12 convocatorias en España en lugares de Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona.

También se incluyen países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, así como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú y otros.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

El régimen de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay “políticos presos”, mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este viernes que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y exigió un salario mínimo digno, en un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

“Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda”, manifestó González Urrutia en un video en su cuenta de X.

Así mismo, el líder opositor criticó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves un aumento del “ingreso mínimo integral”, conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

“Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública”, concluyó el político, exiliado en España desde 2024.

En la víspera, la mandataria encargada anunció el aumento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad.

Al respecto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a González Urrutia y a la líder María Corina Machado, manifestó -este viernes- que el aumento que decretó Delcy Rodríguez “no sirve para nada”.

“Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial. Nuestra economía va a prosperar si confiamos en la empresa privada, eliminamos la corrupción y las mil trabas que el Estado mete en nuestras vidas”, consideró Guanipa -también en su cuenta de X-.

Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de Delcy Rodríguez como “ambiguo” y han advertido que se debe “leer con cuidado”.

“El anuncio de ’240$ de ingreso mínimo’ debe leerse con cuidado: se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos”, subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en la misma plataforma.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de 40 dólares de alimentación y otro de 150 dólares denominado “ingreso de guerra económica”, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales.

(Con información de EFE)

La caída de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez marcaron un punto de inflexión en Latinoamérica: Venezuela inició un proceso acelerado de reinserción regional, con nuevos acuerdos de seguridad, energía y comercio, y con Estados Unidos como actor central en su reconfiguración.

En pocos meses, Caracas pasó de estar aislada diplomáticamente a convertirse nuevamente en un socio estratégico para los países de la región, en medio de un rediseño del mapa político latinoamericano.

El aval de Estados Unidos y el fin del aislamiento

Uno de los elementos más determinantes de este giro fue el cambio de postura de Estados Unidos. No solo reconoció a Rodríguez como autoridad legítima, sino que además levantó sanciones clave contra su figura y el Banco Central de Venezuela, reabrió canales diplomáticos y habilitó el regreso de inversiones, especialmente en energía a través de Chevron.

El Departamento del Tesoro eliminó a la mandataria de la lista de sancionados, lo que le permite operar financieramente y consolidar relaciones internacionales con Washington y otros países de la región.

Este movimiento no fue menor, sino que marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación económica y política entre ambos Estados tras años de enfrentamiento.

Además, Washington busca reinsertar a Venezuela en el mercado energético global, al facilitar la llegada de empresas y capitales al sector petrolero, uno de los más importantes del país.

Colombia: socio en seguridad, energía y frontera

El primer gran socio en esta nueva etapa fue Colombia. El presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer líder regional en reunirse con Rodríguez, en un encuentro que selló acuerdos clave.

Caracas y Bogotá acordaron un marco de cooperación en seguridad que incluye el intercambio de inteligencia contra el crimen organizado y planes militares conjuntos en la frontera común de más de 2200 kilómetros.

Este acercamiento es estratégico: la frontera colombo-venezolana es uno de los principales corredores del narcotráfico en la región.

Por otro lado, sellaron la reactivación del comercio bilateral y mantendrán proyectos energéticos compartidos valuados en 3,48 millones de dólares. El punto clave es la posible reactivación del gasoducto binacional, en un intento por recuperar la integración económica entre ambos países.

Chile, un extremo que busca acercarse a Venezuela

El impacto del cambio político en el Palacio de Miraflores también se siente en Chile, donde el gobierno busca restablecer relaciones consulares con Caracas tras años de ruptura.

El nuevo escenario abrió una ventana para retomar vínculos consulares y avanzar en temas sensibles como migración, repatriaciones y cooperación administrativa.

La normalización con Venezuela se volvió clave para la política interna chilena, especialmente por el peso de la migración venezolana en el país y los planes de deportación del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

Venezuela experimenta una redefinición de su experiencia en Latinoamérica, a tan solo cuatro meses de la caída de Nicolás Maduro, y un cambio inédito en el régimen chavista, que todavía debe enfrentar sus propias tensiones internas y las demandas internacionales de elecciones libres.

Pese a esto, con el acercamiento comercial y energético de Estados Unidos y Colombia, y la redefinición del vínculo diplomático con Chile, el liderazgo de Delcy Rodríguez ganó cierta legitimidad y se permite proyectar las necesarias reformas económicas y políticas con respaldo internacional.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, calificó de “opaco” el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el aumento del ingreso mínimo integral, compuesto principalmente por bonificaciones que no inciden en beneficios laborales reales.

“El opaco anuncio de un ingreso mínimo integral de 240 dólares mensuales confirma, precisamente, el fracaso del modelo: el ingreso del trabajador venezolano sigue dependiendo de decisiones políticas, bonos discrecionales y ajustes administrativos”, expresó la PUD.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, el bloque opositor enfatizó que ningún bono sustituye la “dignidad de un salario nacido del trabajo, la productividad y la libertad económica” y consideró que, “una vez más”, el régimen demostró “indolencia e incapacidad” ante la “profunda crisis que sufre el pueblo venezolano”.

La PUD afirmó: “Es nuestro deber con la clase trabajadora mantenernos unidos y luchar por construir las condiciones políticas necesarias para que la anhelada recuperación económica se traduzca en mejoras reales en el bolsillo de la familia venezolana”.

Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó el viernes que el trabajo en Venezuela no garantiza condiciones de vida dignas y reclamó un salario mínimo adecuado, en un mensaje difundido por el Día Internacional de los Trabajadores.

“Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda”, expresó González Urrutia en un video publicado en su cuenta de X.

González Urrutia señaló: “Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública”. El político se encuentra exiliado en España desde 2024.

El jueves, Delcy Rodríguez informó el aumento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales, sin precisar el monto del salario mínimo, que permanece congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalentes actualmente a unos 27 centavos de dólar al mes.

Organizaciones y activistas calificaron el anuncio como “ambiguo” y recomendaron analizarlo detenidamente. “Se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos”, señaló el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en X.

En los últimos años, la política salarial del Ejecutivo se basó en el pago de dos bonos a los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado “ingreso de guerra económica”, ambos sin incidencia en los beneficios laborales. Previo al anuncio, estos bonos sumaban 190 dólares y se depositaban en bolívares según la tasa oficial del día.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de Edmundo González Urrutia y de la líder María Corina Machado, aseguró este viernes que el aumento decretado por Delcy Rodríguez “no sirve para nada”.

“Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial. Nuestra economía va a prosperar si confiamos en la empresa privada, eliminamos la corrupción y las mil trabas que el Estado mete en nuestras vidas”, sostuvo Guanipa en su cuenta de X.

(Con información de EFE)

Luego de la detención de Érika “N” en Caracas, Venezuela, se han revelado posibles detalles de la operación internacional que resultó tras el feminicidio de su nuera, Carolina Flores, en Ciudad de México el pasado 15 de abril.

La investigación señala que la principal sospechosa -quien quedó filmada disparándole a la exreina de belleza- habría abandonado México solo un día después del crimen, lo que activó la alerta de las autoridades mexicanas ante sus homólogos venezolanos.

Según declaraciones realizadas por un corresponsal del medio N+, las autoridades mexicanas habrían notificado extraoficialmente a Venezuela el caso, antes de que se giraran las ordenes correspondientes.

El aviso habría incluido que Erika “N”, de sesenta y tres años, podría ingresar a territorio venezolano y solicitó su retención preventiva en tanto avanzaban las diligencias por el asesinato de Flores.

La ruta de escape de la supuesta feminicida tuvo como primera parada Panamá y después se trasladó a Venezuela, donde la arrestaron el pasado 29 de abril.

Mexicó habría alertado a Venezuela antes de la alerta roja de Interpol

De acuerdo con el corresponsal de N+ en Venezuela, Norberto Mazza, las autoridades mexicanas habrían utilizado canales informales con Interpol para anticipar el posible ingreso de la sospechosa.

Esta coordinación habría permitido que la policía venezolana supiera con antelación quién era la persona buscada y por qué se le requería.

Mazza explicó que la notificación mexicana fue determinante para que las autoridades venezolanas actuaran rápido, incluso antes de recibir la alerta roja de Interpol.

Durante el operativo en Caracas, Erika “N” se habría negado a ser detenida.

La sospechosa presuntamente alegó que la policía venezolana no tenía autoridad para arrestarla por un delito cometido fuera del país y negó las acusaciones en su contra.

El altercado derivó en su detención bajo el cargo de desacato a la autoridad, lo que habría dado tiempo de recibir la ficha roja de Interpol.

Detención por desacato mientras se formalizaba la orden internacional

La figura de desacato a la autoridad habría permitido a la policía venezolana retener a Erika “N” hasta cuarenta y ocho horas mientras llegaba la documentación oficial de Interpol.

Este recurso legal se utiliza de forma habitual en detenciones callejeras en Venezuela, según relató Norberto Mazza en N+.

En ese periodo llegó la notificación del aviso rojo de Interpol México, lo que permitió formalizar la detención de Erika “N” bajo la presunción de feminicidio por el crimen realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La sospechosa fue recluida en las instalaciones de Interpol en el centro de Caracas, en una celda independiente del sistema penitenciario local, a la espera del proceso de extradición hacia México.

El retraso en la denuncia y las dudas sobre la actuación del hijo

La investigación destacó que Alejandro, hijo de la detenida y esposo de la víctima, tardó un día en acudir a la fiscalía tras encontrar el cuerpo de Carolina Flores en el departamento de Polanco.

Este lapso habría permitido que Erika “N” tuviera margen suficiente para salir de México y eludir la acción de las autoridades mexicanas.

Aunque ese retraso no ubica a Alejandro como cómplice, abrió interrogantes sobre posibles omisiones que facilitaron la huida de su madre.

Érika Herrera permanece bajo custodia de Interpol en Caracas, en espera de que se concrete su extradición para enfrentar cargos por el feminicidio de Carolina Flores.

La estrecha relación con el odiado “imperio”. El retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI). Una amnistía que se le ha atragantado a los sectores más radicales. Y, por supuesto, las sospechas de traición sobre lo ocurrido el 3 de enero. El chavismo ha sufrido demasiadas cosas en apenas cuatro meses.

En distintas intervenciones públicas, el ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha reconocido que la reconciliación con el FMI ha caído mal entre sus filas. “A algunos chavistas no les gustó porque inmediatamente van al facilismo de pensar que nos queremos endeudar”, admitió Cabello.

El principal agitador mediático del oficialismo, Mario Silva, histórico azote de la oposición venezolana, ha sido tendencia en redes, pero por sus cuestionamientos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “Al comandante (Hugo Chávez) lo están borrando, sobre todo cuando el comandante era tan contundente con relación a que nosotros somos una nación antiimperialista, soberana y bolivariana”, fustigó Silva.

La cúpula cívico-militar del régimen ha evitado debatir públicamente los detalles que rodearon el ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero. Sin embargo, el portal chavista La Tabla ofreció su propia interpretación al afirmar que la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fue posible por la “inacción radical de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Esa “inacción radical” la define como la “abstención deliberada o estructural del alto mando para activar capacidades disponibles frente a una amenaza identificada y neutralizable. No es falta de recursos. Es parálisis decisoria”.

Consciente de las resistencias que genera la Ley de Amnistía dentro de la revolución, el jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, advirtió: “En el chavismo y en la oposición debemos tener sabiduría del momento político que afrontamos. Que nadie confunda esta iniciativa del Ejecutivo con impunidad y cartas blancas”.

Delcy Rodríguez dio por finalizada la aplicación del instrumento legal el 23 de abril y al día siguiente el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la norma, aclaró que continuaba vigente. Los defensores de Derechos Humanos subrayaron la aparente contradicción y exigieron respeto al texto.

Largo camino

En su condición de antiguo miembro del buró político del comité central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Carlos Aquino apoyó a Chávez. No obstante, siempre mantuvo una perspectiva crítica y por ello considera que para analizar las tensiones actuales, deben revisarse los eventos que precedieron al ataque del 3 de enero.

“Ya desde 2009 el chavismo no atraía a nuevos adeptos y cada vez más aumentaba la desmotivación en las bases ante un proyecto que se evidenciaba personalista, autoritario y demagógico”, sostiene Aquino, quien observa que “el progresivo desgaste del chavismo, iniciado en los últimos años de gobierno de Chávez, tuvo un punto de inflexión durante el período más agudo de la crisis económica entre 2016 y 2018”.

El ex director de Tribuna Popular, órgano divulgativo del PCV, indica que “frente a la pérdida de apoyo popular y a la constatación de que el chavismo era minoría, situación que quedó en evidencia tras la derrota en las parlamentarias de diciembre de 2015, el gobierno arreció su esencia autoritaria e inescrupulosa”.

Giro sorpresivo

Aquino considera que las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin presentar las actas de escrutinio, marcaron un punto de inflexión en la crisis política venezolana.

Apunta que tras aquel proceso, el líder chavista comenzó un tercer mandato con “grandes debilidades institucionales, políticas y de legitimidad, y con enorme fragmentación en los restos de las bases chavistas”.

La ausencia de respuesta ante el ataque del 3 de enero “demostró que toda la histórica verborrea del liderazgo chavista sobre ‘la defensa de la patria’, ‘las capacidades militares’ y ‘la unidad cívico-militar’ es un discurso vacío, aire caliente para elevar egos e inflar imágenes publicitarias”, resalta el comunista.

Delcy Rodríguez dice que Venezuela entró en un “nuevo momento político”. Aquino cree que la mayoría del país duda de la sinceridad de ese planteamiento, que respondería más a la presión de Estados Unidos que a un acto de contrición de la cúpula.

“Además, la presidenta encargada no ha sido discreta en mostrar su distanciamiento con sectores del PSUV y su preferencia hacia el grupo encabezado por su hermano, todos, desde los tiempos de Chávez, en constante -aunque casi siempre discreta- pugna por espacios de influencia y de poder político y económico”, manifiesta Aquino.

A flote

Nicmer Evans pasó de militante a preso político del chavismo. Hasta en dos ocasiones fue detenido. La última vez ocurrió el 13 de diciembre de 2025 y recobró la libertad un mes después. Politólogo y director de una página web, argumenta que las contradicciones en el seno del chavismo son “evidentes” y en buena medida provocadas por la forma en que Delcy Rodríguez accede a la Presidencia.

“Se trata de un hecho de fuerza, sobrevenido, que ha generado muchísimas dudas y sospechas de traición, razón por la cual pierden el control hegemónico de las fuerzas y del discurso”, recalca el analista.

Evans nota que en sectores de base y medios del oficialismo avanza un “profundo resquebrajamiento”, que se expresa a través de las redes sociales y medios digitales.

“Delcy Rodríguez intenta rescatar los valores del chavismo y darle continuidad al madurismo, pero está sometida a un tutelaje que presiona y exige que haya una serie de cambios para acceder a recursos, que es el objetivo fundamental del gobierno en estos momentos”.

El comunicador subraya que el chavismo no solo se está desdiciendo en temas como el FMI, cosa que “le obliga a hacer maromas con su narrativa”, sino que incluso está probando con otros colores, simbolismo “y hasta robando elementos de significación de María Corina Machado -líder de la oposición- como el uso del crucifijo”.

“Todo eso genera un ruido intenso en las bases y cuadros medios, especialmente entre quienes dicen estar dentro de un proceso revolucionario o aquellos que tratan de ser medianamente coherentes”, puntualiza Evans, quien concluye que “está colapsando un proyecto que es inviable y tiene dificultades para sostenerse en el tiempo por sus contradicciones”.

La CIDH advirtió que la consolidación del régimen de facto en Venezuela ha profundizado la impunidad y debilitado aún más el Estado de Derecho, según refleja en su más reciente Informe Anual. De acuerdo con la CIDH, el país consolidó una dictadura tras el fraude electoral de 2024, un proceso “marcado por denuncias de fraude, opacidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, lo que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder hasta su extracción de territorio venezolano el 3 de enero 2026.

El informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de diciembre 2025, y enviado al Estado venezolano el 20 de enero 2026, sin que hubiese observaciones, señala que durante 2025 el Ministerio Público y el Poder Judicial continuaron sin investigar ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, tratos crueles, detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso ocurridas durante y después del proceso electoral de 2024.

El documento subraya como un punto crítico que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no haya publicado las actas que respaldarían los resultados oficiales. Esta omisión, sostiene la Comisión, ha contribuido a la concentración total de los poderes públicos en manos de las autoridades de facto, lo que evidencia la naturaleza dictatorial del régimen.

“La gravedad de la situación exige una acción diplomática urgente para restaurar la democracia y reconstruir las instituciones sobre la base del Estado de Derecho y los derechos humanos”, resalta el Informe.

La CIDH recuerda además que las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas en años previos motivaron la apertura de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera iniciada en el hemisferio occidental.

Régimen dictatorial

La Comisión observó, entre 2005 y 2016, una concentración progresiva del poder en el Ejecutivo venezolano. En 2017, el organismo ya había advertido sobre una crisis institucional derivada de la injerencia del Ejecutivo en los demás poderes públicos, situación que se agravó en 2019 con la ausencia del Estado de Derecho.

Para 2025, a juicio de la CIDH, Venezuela consolidó un régimen dictatorial tras el fraude electoral de 2024, razón por la cual respalda la presentación de un caso formal ante la Corte. El documento sostiene que la impunidad forma parte de una estrategia deliberada para mantener el control político y silenciar la disidencia.

Sostiene que la ausencia de un sistema democrático ha imposibilitado el ejercicio de libertades fundamentales y derechos humanos universales, permitiendo el uso abusivo del poder para perseguir a opositores y restringir el acceso a tutela judicial efectiva y el éxodo de más de 6,8 millones de personas desde 2015, convirtiéndose en una de las crisis migratorias más graves del mundo.

A criterio de la Comisión, la juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero 2025, consolidó el régimen dictatorial en Venezuela. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas para favorecer la candidatura oficialista y obstaculizar la participación de la oposición.

Se logró documentar inhabilitaciones administrativas, impedimentos discriminatorios al voto, retiro de misiones internacionales de observación y detenciones arbitrarias. El proceso electoral del 28 de julio de 2024 estuvo marcado por la falta de transparencia y graves denuncias de fraude, con el CNE negando auditorías independientes y sin publicar las actas de votación.

Negativa estatal y cifras alarmantes

Otro de los aspectos del Informe es la negativa del Estado a cumplir sus obligaciones internacionales como parte de una estrategia para consolidar el régimen de facto, lo que se manifiesta en graves omisiones para garantizar derechos y acatar decisiones de la CIDH y la Corte Interamericana.

El 21 de agosto de 2025, la Corte IDH reafirmó la vigencia de las obligaciones derivadas de la CIDH para Venezuela, subrayando la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la obligación estatal de implementar sus decisiones. El Estado venezolano no ha respondido a la solicitud de visita de la CIDH para observar la situación de derechos humanos.

Así mismo, la CIDH observa una falta de voluntad manifiesta para combatir la impunidad: el Estado no ha informado avances en la investigación de graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral. En este periodo, se registraron al menos 28 asesinatos, 195 personas lesionadas, 2.229 detenciones y 29 desapariciones forzadas de corta duración, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

Triada esencial

La CIDH destaca que el caso venezolano ejemplifica la interdependencia entre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. La ruptura deliberada de esta tríada, producto de la cooptación de los poderes públicos, ha generado una crisis sin precedentes en la región.

La juramentación de Maduro el 10 de enero de 2025 significó una ruptura del orden constitucional y la consolidación del régimen dictatorial. La opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos impiden considerar legítima la elección de 2024, proyectando una falsa apariencia de democracia e inexistencia de condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

En el Informe se incluyó a Venezuela por la violación grave de los elementos fundamentales de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, claves para la realización de los derechos humanos.

Se identificaron: acceso discriminatorio y ejercicio abusivo del poder, alteración del orden constitucional, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y omisiones en la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos fundamentales. El incumplimiento sistemático de la obligación estatal de combatir la impunidad evidencia la falta de voluntad manifiesta.

PSUV y poder judicial

La CIDH reafirma que en Venezuela no existe independencia judicial, facilitando la concentración del poder en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la impunidad.

A la alta provisionalidad de jueces, nombramientos irregulares y opacidad en la administración de justicia que perpetúan la falta de garantías, se suma la nueva normativa, aprobada en octubre de 2025, que consolida el sistema de jueces provisionales, permitiendo su remoción sin garantías, en contradicción con los estándares internacionales.

En el informe se sostiene que en 2025 persistieron patrones represivos, tales como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones del debido proceso contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Durante el proceso electoral y la juramentación presidencial las fuerzas de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, CONAS, GNB) ejecutaron detenciones en domicilios, vía pública, lugares de trabajo y zonas cercanas a centros de votación, muchas veces sin orden judicial ni comunicación de motivos.

“Las detenciones arbitrarias tuvieron móvil político, con al menos 70 personas vinculadas a María Corina Machado y otras organizaciones opositoras detenidas”. Se documentó el uso excesivo de la fuerza y la falta de acceso a asistencia consular para extranjeros detenidos.

La CIDH condena la instrumentalización del derecho penal para reprimir y perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, y rechaza el uso de personas privadas de libertad como moneda de cambio diplomática.

En 2025 persistió la práctica de desapariciones forzadas como estrategia de persecución política. Aunado a ello, la persecución a periodistas y trabajadores de la prensa se ha intensificado, reflejando el cierre sistemático del espacio informativo y cívico en Venezuela.

Fuentes y opacidad

La CIDH asevera que “como ocurre en los regímenes dictatoriales, la opacidad informativa y la falta de transparencia de las instituciones públicas en Venezuela dificultan gravemente el acceso a datos verificables sobre la situación de derechos humanos”. De ahí que la información “oficial” es escasa, fragmentaria y, “en muchos casos, carente de credibilidad, al responder a fines de propaganda estatal más que a criterios de rendición de cuentas”.

La falta de acceso a información pública confiable, “obstruye la verificación independiente de hechos, limita la labor de monitoreo internacional y refuerza la impunidad estructural que caracteriza al actual régimen de facto”, dice el documento.

Destaca que el Informe fue elaborado basándose en fuentes primarias y secundarias de información, analizando los testimonios recibidos a través el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), la información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales, la presentada en las audiencias públicas, así como la registrada en comunicados de prensa de la Comisión, informes anuales y temáticos.

También consideraron los actos de las instituciones públicas en todos los niveles y ramas del poder, incluyendo enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, pronunciamientos de autoridades de facto.

Igualmente, las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los órganos de tratados, Relatores y Grupos de Trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales; informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas y por particulares; información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación; e investigación jurídica y académica.

En el Informe Anual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió, con fecha 26 de febrero 202, destaca que la misma está integrada por Edgar Stuardo Ralón Orellana, Andrea Pochak, José Luis Caballero Ochoa, Gloria Monique de Mees, Arif Bulkan, Riyad Insanally, Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido, Marion Bethel y Rosa María Payá Acevedo.

En la Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; jefa de Gabinete de la Secretaría Ejecutiva, Patricia Colchero; Secretaría Ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de Derechos Humanos, María Claudia Pulido y el secretario ejecutivo Adjunto para el Sistema de Casos y Peticiones, Jorge Meza Flores.

No es un tema de gramática sino de matemática. La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó este jueves 30 de abril un aumento del “ingreso mínimo integral”, que pasó de 190 a 240 dólares mensuales. Pero los trabajadores aspiraban a un incremento del “salario mínimo”.

“Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”, destacó Rodríguez ante una muchedumbre concentrada en Caracas, en el cierre de la “gran peregrinación nacional” convocada por el chavismo para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela.

El incremento del “ingreso mínimo integral”, conformado por una serie de bonos creados por el gobierno, en la práctica significa la extinción del salario mínimo, que se mantiene congelado y que hoy equivale a 27 centavos de dólar.

Los sindicatos exigían precisamente el alza del salario mínimo, monto que sí tiene incidencia en las prestaciones laborales de los trabajadores. “Estos bonos no van a generar ningún pasivo laboral para el gobierno, pero tampoco para los trabajadores que podrían esperar tener con ello prestaciones, vacaciones y utilidades”, explica el profesor Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

Balza observa que en la línea de Nicolás Maduro, su sucesora “continúa con la bonificación del ingreso y el gobierno, al dejar de aumentar el salario mínimo, prácticamente le niega a los trabajadores los derechos a las prestaciones sociales”.

Retroceso

“Los anuncios del gobierno profundizan la desalarización de las remuneraciones y pulverizan los beneficios laborales”, reaccionó la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), que ha estado al frente de las últimas protestas que reclaman mejoras salariales y que incluso realizó un paro de actividades de 24 horas con el objetivo de ejercer presión sobre la administración chavista.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) subrayó que “mientras la canasta básica familiar supera los 1.600 dólares, el Estado pretende mantenernos con un salario que no llega ni a un dólar, una cifra que insulta la dignidad de cualquier trabajador”.

Andrés Velásquez, antiguo dirigente sindical y vocero de la Plataforma Unitaria Democrática -la principal alianza opositora del país-, manifestó que “estas rebuscadas definiciones de salario, pretenden esconder que el salario mínimo sigue a nivel del piso. El salario mínimo tiene que ser aumentado sustancialmente ya que eso determina lo que reciben los pensionados”.

Vieja deuda

La ONG Provea llamó a atender “con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano” y contrastó la posición asumida por Delcy Rodríguez frente a los reclamos de los trabajadores y la que sostiene ante el gobierno de Estados Unidos y las compañías petroleras que ahora firman convenios con Caracas.

“El ‘nuevo momento político’ anunciado por la presidenta encargada Rodríguez, y que está caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos comerciales entre Venezuela, EE.UU y empresas de distintos países, parece estar echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las aspiraciones del tutelaje transnacional”, alertó Provea.

Más de 40 organizaciones no gubernamentales suscribieron un documento en el que abogan por “un pago que no condene a la población a la miseria”. “Desde 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documentó en su Comisión de Encuesta el desmantelamiento de la institucionalidad laboral venezolana. El gobierno ignoró sus recomendaciones: sustituyó el salario por bonificaciones, anuló contratos colectivos y encarceló a dirigentes sindicales por defender derechos básicos”, enfatizaron.

Buen paso

Representantes sindicales, economistas y actores políticos han cuestionado lo que consideran un lenguaje enrevesado y un manejo opaco del anuncio de la mandataria interina, pues advierten que faltan detalles para entender el alcance del incremento.

No obstante, desde la patronal Fedecámaras afirman que el esquema expuesto por Rodríguez es “sencillo”. “No se tocó el salario mínimo y sí el ingreso como debe ser, pues con esta Ley del Trabajo que tenemos es imposible aumentar el salario mínimo”, argumenta un empresario que prefiere reservar su identidad.

La fuente citada celebra como una “buena noticia” que el gobierno chavista haya admitido formalmente que los bonos “no tiene carácter salarial” y, además, que permita al sector privado montar su propia plataforma de bonos según lo estime conveniente, siempre y cuando sumen 240 dólares al mes.

La extracción de Nicolás Maduro calentó la calle en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, 144% más en comparación con el mismo período de 2025.

“El aumento de protestas ocurre tras los acontecimientos del 3 de enero, en un escenario de transición política bajo presión internacional, donde la ciudadanía percibe una reducción de la represión abierta, aunque el riesgo no ha desaparecido”, señala el informe del OVCS.

El 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos atacaron Venezuela y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente asumió la presidencia encargada Delcy Rodríguez, quien ha planteado un “nuevo momento político” con la aprobación de una Ley de Amnistía y la liberación de centenares de presos políticos.

En paralelo, la Casa Blanca diseñó un plan de tres fases que culminaría con una etapa de transición democrática con elecciones libres. La oposición venezolana y sectores de la sociedad reclaman medidas concretas para convocar esos comicios, al tiempo que urgen el desmontaje del aparato represivo del régimen chavista.

Más libertad

El balance del OVCS indica que 64% del total de manifestaciones guardan relación con la exigencia de derechos civiles y políticos. “Este predominio evidencia que, en el contexto político actual, la ciudadanía destaca la defensa de libertades fundamentales, el acceso a la justicia y el restablecimiento de garantías democráticas, en respuesta a un entorno caracterizado por la persistencia de restricciones al espacio cívico, prácticas de control social y tutelaje internacional”, explican.

El restante 36% se relaciona con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “En este escenario, el sector laboral mantuvo una agenda permanente y sostenida de movilización nacional, impulsada por la ausencia de un ajuste salarial real durante casi cuatro años, lo que ha profundizado la precarización de los ingresos y el deterioro del poder adquisitivo. A estas demandas se sumaron las exigencias por la regularización de los servicios básicos”, destacan en el reporte.

Por los presos

La demanda de liberación de presos políticos ha estado en el centro de las acciones de calle, con al menos 721 movilizaciones en distintas regiones del país. “Las vigilias permanentes frente a centros de reclusión, así como las huelgas de hambre impulsadas principalmente por mujeres familiares de personas detenidas, se consolidaron como formas sostenidas de presión pacífica”, detalla el OVCS.

Foro Penal, organización no gubernamental que se ha convertido en la principal referencia de este tema, expresó el 30 de abril que aún existen 454 presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia Encuentro y Perdón, otra voz autorizada en la materia, eleva la cifra hasta 667. El OVCS subraya que “la Ley de Amnistía generó más protestas que soluciones concretas, ante sus exclusiones y aplicación limitada”.

El chavismo también se mantiene activo. “Simpatizantes del gobierno realizaron al menos 359 acciones de calle, entre marchas y concentraciones, en respaldo a Nicolás Maduro y Cilia Flores”, documenta el Observatorio.

Menos persecución

En los primeros noventa días del año hubo una disminución de la represión de un 45% con respecto al mismo lapso de 2025, con solo 21 casos en nueve estados del país. “Esta reducción se valora positivamente y se asocia, en gran medida, al incremento del escrutinio y el tutelaje internacional sobre la situación venezolana, especialmente tras los acontecimientos del 3 de enero”, comenta el OVCS.

Sin embargo, advierten que el hecho de que haya habido menos episodios de violencia “no implica una transformación estructural de la política represiva. Por el contrario, los hechos documentados evidencian la persistencia y consolidación de patrones de represión, tales como detenciones arbitrarias, uso selectivo del sistema penal y prácticas restrictivas contra quienes ejercen su derecho a la protesta o realizan denuncias públicas”.

Mejores sueldos

En el plano social, el motor de las protestas ha sido la exigencia de derechos laborales con al menos 482 movilizaciones por el deterioro del poder adquisitivo, la práctica extinción del salario mínimo y la destrucción de la seguridad social.

Los reclamos por las fallas en los servicios de agua potable, electricidad, aguas servidas, recolección de desechos sólidos, vialidad y combustible también resaltaron en la agenda.

“La evolución de la conflictividad dependerá en gran medida de dos variables clave: por un lado, la capacidad de las autoridades para avanzar en medidas concretas que generen confianza institucional y garanticen derechos; y por otro, la continuidad del acompañamiento y la presión internacional, que hasta ahora han sido determinantes para contener la represión y abrir espacios, aunque limitados, para la expresión ciudadana”, concluye el Observatorio.

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un punto clave en la investigación por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza que fue privada de la vida en Polanco.

La detención internacional impulsó el inicio de un proceso de extradición que, aunque ya está en marcha, aún no tiene una fecha definida y depende de múltiples factores legales y diplomáticos.

El caso ha despertado una gran expectativa social y mediática, con la atención puesta en los pasos que restan para que la acusada sea trasladada a territorio mexicano y enfrente la justicia por uno de los crímenes de género más impactantes de los últimos años.

¿En qué etapa está el proceso de extradición?

Tras su arresto en Caracas, Erika María “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se desahogan los procedimientos requeridos.

• La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República, ya formalizó la solicitud de extradición.
• La petición debe ser revisada y validada por los tribunales venezolanos, quienes analizarán la documentación y los cargos.
• El tratado de extradición entre México y Venezuela, firmado en 1998, obliga a la entrega mutua de personas requeridas por la justicia, salvo excepciones muy específicas.
• Durante este periodo, Erika María “N” no podrá salir de Venezuela ni ser liberada, salvo por resolución judicial extraordinaria.

Este proceso puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de la agilidad del sistema judicial venezolano y de los recursos legales interpuestos por la defensa.

Factores que pueden influir en el plazo de extradición

El tiempo que tome concretar la extradición de Erika María “N” depende de diferentes variables institucionales y legales.

• Las autoridades venezolanas deben analizar la solicitud mexicana y asegurarse de que el delito imputado también sea perseguible en su país.
• La defensa de la acusada tiene derecho a presentar recursos legales, lo que podría retrasar su entrega.
• La carga de trabajo en los tribunales y los trámites diplomáticos también pueden extender los tiempos.

Sólo tras cumplirse todos estos requisitos legales, se autorizará el traslado de Erika María “N”, hasta ese momento, la acusada permanecerá bajo resguardo en territorio venezolano, sin una fecha específica para su extradición.

¿Qué ocurrirá cuando Erika “N” llegue a México?

Una vez que se concrete la extradición, el proceso penal contra Erika María “N” se desarrollará en territorio mexicano.

• A partir de su llegada, la justicia mexicana tomará el control total del proceso legal.
• Será presentada ante un juez, quien determinará su situación jurídica y resolverá sobre su vinculación a proceso.
• En México enfrentará cargos por feminicidio, delito que puede ser castigado con hasta 70 años de prisión.

De esta manera, el desenlace judicial dependerá de las pruebas presentadas y del desarrollo del juicio, pero la extradición representa un paso fundamental para que la acusada responda ante la ley.

El gobierno encabezado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió convenios con Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy, compañías que operarán en la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva mundial de crudo pesado y extrapesado. Los acuerdos abarcan además campos ubicados en los estados Anzoátegui, Monagas y Barinas, con foco en la explotación petrolera y el aprovechamiento del gas asociado.

Rodríguez sostuvo que los convenios también apuntan a reforzar el sistema eléctrico nacional mediante el uso de gas. “Aquí se cruzan los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela”, afirmó durante el acto oficial transmitido por Venezolana de Televisión.

Asimismo, envió un mensaje al mandatario estadounidense: “Transmitan al presidente Trump, que es un hombre de acción (...) que nosotros hemos empeñado nuestra palabra en construir bases sólidas en relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Venezuela”.

Por su parte, Agen, director ejecutivo del Consejo de Dominio Energético Nacional de Estados Unidos, indicó que los acuerdos reflejan el interés de inversión en el país sudamericano. “Nos estamos moviendo a la velocidad de Trump para que las inversiones ocurran en petróleo, en gas, en minería”, declaró desde Miraflores. También precisó el volumen estimado de capital comprometido: “Es más de 2.000 millones de dólares en inversiones en el ámbito mineral”.

El funcionario estadounidense destacó el contexto político que facilitó estos avances. La reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, impulsó la presencia de compañías norteamericanas en el sector energético venezolano.

Agen subrayó el respaldo empresarial a esta nueva etapa. “Hay excelentes empresas que quieren invertir en Venezuela, que quieren traer a sus empleados, que están comprometidos con el país caribeño y eso es motivo de celebración entre estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”, expresó. Además, remarcó el tono positivo de la jornada: “Hoy es un día maravillo para ambos países”.

La llegada de la delegación estadounidense coincidió con el primer vuelo directo entre Caracas y Estados Unidos en siete años, operado por American Airlines, lo que marca un nuevo paso en la normalización de vínculos bilaterales. Agen señaló que la visita tuvo como objetivo anunciar avances concretos en materia energética y consolidar acuerdos alcanzados en los últimos meses.

El funcionario también destacó las perspectivas a futuro de la relación bilateral. “Tenemos una larga relación en el futuro”, afirmó, y añadió que el presidente Donald Trump manifestó entusiasmo por los resultados obtenidos. Según Agen, el mandatario valoró “las acciones y el progreso” alcanzados en el proceso de acercamiento entre ambos países.

En paralelo, Venezuela avanzó en la apertura de su industria energética mediante reformas a las leyes de hidrocarburos y minería. Estas modificaciones facilitaron la participación privada y promovieron acuerdos con diversas multinacionales del sector, entre ellas Chevron, Eni y Repsol.

Rodríguez destacó la importancia de esta nueva etapa de cooperación. “Quiero celebrarlo y rescatar que, definitivamente, este es el camino de las relaciones bilaterales”, señaló durante su intervención en el acto oficial.

(Con información de AFP y EFE)

El Parlasur, órgano deliberativo y consultivo del Mercosur, con sede en Montevideo, se fundó en 2005 y funciona desde 2007. Reúne a 118 parlamentarios de Argentina (43), Brasil (37), Paraguay (18) y Uruguay (18), más representantes de Bolivia con voz pero sin voto. Sus resoluciones, aunque no vinculantes, deben ser debatidas por los parlamentos nacionales en un plazo de 180 días si son aprobadas. El quórum para sesionar es de 38 parlamentarios y el piso para aprobar disposiciones es de 59. Entre sus funciones, tiene mandato expreso de velar por el orden democrático en los países del bloque, en línea con el Protocolo de Ushuaia.

Según señalaron a Infobae fuentes diplomáticas, el Gobierno les pidió a sus representantes que bloqueen el retorno de Venezuela, con un argumento más relacionado a la economía que a la ideología: “La presencia de Venezuela en el bloque podría generar competencia con Vaca Muerta”, señalaron a este medio. “La posición argentina no tiene sentido, porque Chevron –petrolera estadounidense– está en Vaca Muerta y también está en Venezuela”, señaló Gabriel Fuks, parlamentario de Unión por la Patria.

Qué pide Venezuela y cómo reaccionan los legisladores argentinos

La delegación venezolana que viajó a Montevideo estuvo integrada por parlamentarios de distintos sectores de la Asamblea Nacional venezolana, tanto del oficialismo como de la oposición. Ante la Mesa Directiva del Parlasur –presidida por el paraguayo Rodrigo Gamarra–, los legisladores reclamaron la reincorporación al organismo regional.

Fuks, quien participó de esa reunión, explicó que la Mesa Directiva resolvió abrir un proceso de análisis sobre la solicitud. En una sesión anterior, el propio parlamentario argentino había presentado una moción para crear una comisión para estudiar una carta del presidente de la Asamblea Nacional venezolana dirigida al Parlasur. “El Parlamento decidió iniciar un proceso de análisis sobre esta cuestión, con voces más críticas y muchos actores a favor”, señaló.

Desde La Libertad Avanza, el parlamentario Iván Dubois rechazó de plano cualquier posibilidad de reincorporación. “No corresponde y es un ejemplo más de avance de sectores que solo han perjudicado vidas, economías e incluso bloques económicos”, afirmó a Infobae. Dubois invocó el Protocolo de Ushuaia y argumentó que la democracia exige más que el acto de votar: requiere elecciones libres, competitivas, respeto a las libertades públicas, división de poderes y ausencia de persecución política.

“Por eso Venezuela no puede ingresar ni ser reincorporada mientras mantenga presos políticos, persecución a opositores e instituciones denunciadas por torturas o ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo.

La posición de La Libertad Avanza en el Parlasur es, no obstante, minoritaria. Algunos legisladores del PRO plantearon objeciones al reingreso venezolano, pero tampoco cuentan con peso suficiente para inclinar la balanza. Los bloques nacionales de Paraguay, Uruguay y la bancada de Unión por la Patria conforman una mayoría dentro del organismo.

“Venezuela fue suspendida por dos razones, por no haber incorporado las normas Mercosur, incluido el Protocolo de Ushuaia, dentro de su legislación. Y el segundo, fue en el momento en que se habían producido los ataques a las manifestaciones opositoras. Y en realidad lo que se ha producido es una profundización de la represión, una violación de todas las elecciones a través del fraude. Consecuentemente, no pueden venir gratuitamente de vuelta al Mercosur sin cumplir con lo que establece el artículo 7, que plantea que Venezuela tiene que demostrar la restauración democrática”, indicó la parlamentaria radical Lilia Puig a LT10.

Y agregó: “Nosotros tenemos que defender la cláusula democrática del Mercosur, que además negociamos e impusimos en el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. Entonces, no se entiende, decimos que hacemos una cosa con la mano, después borramos con el codo y priman los negocios, negocios del petróleo y otros”.

Escenario regional

El escenario regional también presiona en esa dirección. Paraguay, que ejerce la Presidencia pro tempore del Mercosur hasta julio, anunció el 27 de marzo que propondrá formalmente la reincorporación de Venezuela ante los demás miembros plenos. Desde Unión por la Patria anticipan, además, que Brasil podría hacer algún movimiento diplomático sobre el tema en el corto plazo. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin ya señaló que la suspensión de Venezuela “será reconsiderada” dado que el país “atraviesa un momento diferente”.

UxP defiende el reingreso venezolano bajo el argumento de que la integración regional puede oxigenar el proceso político en ese país. Fuks aclaró que la reincorporación no implicaría necesariamente voz y voto plenos: “Se está pensando algún tipo de situación intermedia”, dijo. “La única manera de destrabar eso no es aislarlo”, agregó en referencia a Venezuela.

“El proceso está iniciado. Posiblemente en junio el debate se dé en el Parlamento”, sostuvo el legislador. Y amplió: “El único que ha expresado oposición es la Cancillería Argentina porque sigue cuatro kilómetros atrás con la discusión de todo. A lo largo de este año, quizás mucho antes, para mitad de año, esté más en claro el reingreso de Venezuela al Mercosur, que tiene una oportunidad única de volver a ampliarse mucho en esta etapa, en el momento que, además, entra en vigor el acuerdo con la Unión Europea”.

Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática del bloque, en respuesta a la represión de protestas antigubernamentales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que desplazó al Legislativo. El país se había incorporado como miembro pleno en 2012, 11 años después de la creación del bloque en 1991.

Erika María “N” suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores y acusada de su feminicidio, se encuentra detenida en Caracas, Venezuela.

La mujer habría sido aprehendida inicialmente por desacato a la autoridad, en espera de la alerta roja de INTERPOL solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México.

Según información de N+, la Fiscalía contactó a funcionarios venezolanos a través de INTERPOL para reportar que la sospechosa podía ingresar a su territorio. Las fuentes del medio explicaron que el arresto por desacato permitió retenerla hasta 48 horas en lo que se recibía la documentación para procesarla formalmente por el presunto homicidio.

La acusada de feminicida llegó a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato de Carolina Flores, utilizando una ruta que incluyó una escala en Panamá. El reporte añade que Alejandro Sánchez, hijo de Erika María, tardó un día en notificar a las autoridades mexicanas sobre el homicidio de su esposa, lo cual facilitó la huida de la presunta responsable.

Durante su detención, Erika “N” alegó ante agentes venezolanos que estaba en otro país y negó los cargos, cuestionando la autoridad de los policías y rechazando haber cometido el delito. Por esta actitud, la policía venezolana la aprehendió por desacato, una figura utilizada en arrestos “callejeros”.

Actualmente, la detenida permanece en instalaciones de INTERPOL a la espera de los trámites diplomáticos para su extradición.

La supuesta carta de Erika “N” encontrada tras su detención

Una supuesta carta atribuida a Erika María “N”, señalada como la principal sospechosa del homicidio de la modelo Carolina Flores Gómez, circula días después de su captura en Venezuela. La detención ocurrió el 29 de abril en un departamento ubicado en La Cigarra, municipio El Hatillo, en Caracas; autoridades mexicanas ya iniciaron el proceso de extradición para que enfrente cargos en México vinculados con el feminicidio de su nuera.

El documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) ni por autoridades venezolanas, revela supuestos detalles personales previos y posteriores al crimen cometido el 15 de abril en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Aquí parte del texto proveniente de la supuesta carta: “Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”.

“Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito”.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un incremento del denominado “ingreso mínimo integral” hasta el equivalente de 240 dólares mensuales, junto con un aumento de las pensiones de los adultos mayores a 70 dólares.

La medida fue presentada como la mayor corrección salarial de los últimos años, en un contexto marcado por inflaciones de tres dígitos y protestas sindicales que exigen mejores condiciones laborales.

Durante la declaración oficial, se indicó que el nuevo monto de 240 dólares será aplicado tanto al sector público como privado en aquellos casos donde el salario vigente sea inferior. Sin embargo, no se precisó qué parte de esa suma corresponde al salario base y cuánto será otorgado en forma de bonificaciones, un aspecto clave para el cálculo de prestaciones y otros beneficios laborales.

Actualmente, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado desde hace más de cuatro años en 130 bolívares, cifra que tras la última devaluación representa menos de 30 centavos de dólar al mes. La brecha entre el valor oficial y el ingreso efectivo se cubre mediante bonos adicionales pagados en bolívares al tipo de cambio oficial. Entre ellos se incluyen un bono de alimentación de 40 dólares y un “ingreso de guerra económica” de 150 dólares, ambos sin incidencia en prestaciones sociales ni aguinaldos.

La falta de claridad sobre la estructura del nuevo ingreso integral ha generado incertidumbre entre los trabajadores y los sindicatos independientes, ya que el salario base es la referencia legal para jubilaciones, liquidaciones y otras obligaciones patronales. Voceros sindicales advierten que, si la mayor parte del ajuste continúa en formato de bonos, los trabajadores seguirán expuestos a la precarización y a la erosión de derechos adquiridos.

En lo referente a los jubilados y pensionados, se informó que la pensión mensual subirá a 70 dólares, lo que representa un incremento del 40%. A pesar del ajuste, el régimen reconoció que el monto sigue siendo insuficiente frente al aumento sostenido del costo de vida. El propio anuncio incluyó el compromiso de elaborar un plan especial de atención para los adultos mayores con el objetivo de mejorar su situación en el mediano plazo.

El ajuste salarial se produce en medio de una inflación anual que, según cifras oficiales, llegó al 649% en marzo, y en un escenario económico donde el bolívar ha perdido gran parte de su poder adquisitivo. El pago de bonos en moneda local ha obligado al Estado a destinar cerca de 400 millones de dólares solo en abril, según estimaciones de firmas consultoras, frente a los 250 millones de diciembre del año pasado.

El sector público venezolano emplea a más de 3 millones de trabajadores, mientras que el número de pensionados ronda los 5 millones, según datos oficiales. En los últimos meses, las protestas laborales se han intensificado en áreas como educación, salud y servicios públicos, con reclamos para que el aumento sea incorporado plenamente al salario base y no se limite a bonos sujetos a discrecionalidad.

El anuncio salarial coincide con la llegada de recursos adicionales al Estado tras acuerdos petroleros con Estados Unidos, que han permitido sumar cientos de millones de dólares a las arcas públicas. Sin embargo, el impacto de estos ingresos en la mejora real de los salarios y pensiones sigue siendo motivo de debate entre expertos y gremios.

Mientras tanto, sectores sindicales y organizaciones de trabajadores han solicitado la apertura de negociaciones para discutir una reforma estructural de la política salarial, que permita recuperar el valor real del salario mínimo y garantizar derechos laborales plenos.

El aumento del ingreso integral fue suscrito en una mesa de diálogo con participación de sindicatos oficialistas, algunos gremios de oposición y representantes empresariales, pero aún no se han detallado los mecanismos de aplicación ni el cronograma para su entrada en vigor.

El ajuste anunciado busca dar respuesta a la presión social y sindical, pero deja pendiente la definición de una política salarial que permita enfrentar el deterioro del poder de compra y la persistente crisis inflacionaria. Trabajadores y pensionados esperan precisiones sobre la composición del ingreso y el impacto real en sus condiciones de vida en los próximos meses.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)

El caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez sumó un nuevo elemento tras la difusión de una presunta carta atribuida a Erika “N”, principal sospechosa del crimen ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, en Ciudad de México.

La mujer fue detenida el 29 de abril en Caracas, Venezuela, en un operativo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tras una solicitud de cooperación internacional gestionada por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Interpol.

Exponen presuntas notas escritas por Erika “N”

La controversia surgió luego de que el analista Federico Alvez retomó información difundida por la creadora de contenido Jostin Montilla, conocida como La Parcerita Postin, quien reveló el contenido de una nota supuestamente escrita por la imputada un día después del asesinato.

En el texto, Erika “N” describe tensiones personales con la víctima y deja entrever un sentimiento de desplazamiento dentro del entorno familiar. “Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses”, se lee en el fragmento difundido.

La nota también incluye una referencia directa al impacto del conflicto: “Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante”.

El contenido no ha sido confirmado por autoridades mexicanas ni venezolanas. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha validado la autenticidad del documento ni su incorporación formal a la investigación.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen ocurrió dentro del domicilio familiar y fue captado por una cámara de seguridad. Tras los hechos, la acusada salió del inmueble y abandonó el país al día siguiente.

FGR solicita la extradición al gobierno de Venezuela

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el proceso de extradición ya se encuentra en marcha. La dependencia señaló que la detenida “se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México”.

El caso fue reclasificado como feminicidio y cuenta con una orden de aprehensión vigente. La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, reiteró su exigencia de justicia: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

La posible existencia de la carta introduce una línea adicional en la investigación, centrada en el estado emocional de la imputada y su relación con la víctima, en un expediente que continúa bajo análisis de autoridades ministeriales.

La ONG Foro Penal informó que en Venezuela permanecen 454 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales 41 son extranjeras o tienen doble nacionalidad, según un reporte publicado el 27 de abril. El informe detalla que entre los detenidos hay 410 hombres y 44 mujeres; 186 son militares y el resto civiles.

Entre los presos figura un adolescente y dos personas cuyo paradero se desconoce. Estos datos fueron remitidos a la Organización de Estados Americanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Actualmente, según la ONG Foro Penal, solo 164 de los detenidos cuentan con una condena dictada, mientras que 290 permanecen privados de libertad sin sentencia firme.

La organización registró desde 2014 un total de 19.088 detenciones con fines políticos y calcula que más de 11.000 personas están sometidas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país u obligación de presentación periódica ante tribunales. Desde el inicio del registro, más de 14.000 personas fueron excarceladas, aunque muchas continúan bajo vigilancia o restricciones.

El informe más reciente muestra una reducción de 19 casos respecto al reporte anterior del 21 de abril, que contabilizaba 473 presos políticos. La situación actual se desarrolla bajo la ley de amnistía promulgada en febrero, que cubre solo ciertos delitos y periodos específicos.

La vigencia de esta ley fue debatida públicamente: el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria supervisora, afirmó que la norma sigue vigente y que continúan recibiendo solicitudes; en contraste, la mandataria encargada Delcy Rodríguez indicó que el beneficio llegaba a su fin, sin precisar detalles.

Las autoridades venezolanas comunicaron que más de 8.000 personas fueron amnistiadas, la mayoría bajo medidas restrictivas, aunque no publicaron un listado oficial de beneficiarios.

En paralelo a la publicación de este informe, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, encabezada por Eglée González Lobato, realizó una reunión con familiares de detenidos en operativos fronterizos. Los asistentes expresaron inquietudes sobre las condiciones de reclusión y presentaron casos de “falsos positivos tancol”, término utilizado por las autoridades para identificar a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

En este contexto, familiares solicitaron la intervención del presidente colombiano Gustavo Petro para lograr la liberación de 16 ciudadanos de ese país acusados de terrorismo y detenidos en Venezuela.

La Defensoría del Pueblo manifestó a través de sus canales oficiales el compromiso de dar seguimiento a los expedientes y de garantizar la defensa y la integridad de los detenidos.

La situación de los presos políticos en Venezuela también tuvo un eco internacional. El martes, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reunió con el ministro de Comercio Exterior venezolano, Johann Álvarez Márquez, en Roma, para impulsar la liberación de presos políticos y fortalecer los lazos comerciales.

Durante el foro empresarial Italia-América Latina, Tajani reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos y propuso ampliar el intercambio comercial y las inversiones, especialmente en sectores como infraestructuras y energía.

(Con información de EFE)

El vuelo AA935 tocó pista en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 horas locales, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la empresa en un ambiente festivo que incluyó el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera estadounidense.

El retorno de la aerolínea se produce menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros países para conectar ambas naciones.

Con este vuelo, el trayecto entre Caracas y Miami vuelve a ser de aproximadamente cuatro horas, eliminando las prolongadas y costosas rutas alternativas que durante años condicionaron los viajes familiares, de negocios y turísticos.

El arribo fue celebrado en la terminal con globos rojos, azules y blancos y la presencia de altos directivos de American Airlines. Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien tiene previsto mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero venezolanos como parte de la nueva etapa de cooperación bilateral.

El impacto de la reanudación se vio reflejado en testimonios de los propios pasajeros. Oscar Fuentes, quien viaja regularmente a Houston, expresó su alivio: “Me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio”, dijo al recordar los trayectos con escalas en República Dominicana.

Lilibeth Torres, otra pasajera, relató: “Estoy muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta y agarrar siempre vuelos con escala. Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”.

La suspensión de vuelos directos, decretada en 2019 por razones de seguridad y crisis política, había dejado a Venezuela sin conexiones regulares con aerolíneas estadounidenses.

Delta y United Airlines, las últimas en operar antes de la salida de American, se retiraron en 2017.

“Venezuela vuelve a conectarse al comercio global”

Durante la llegada del vuelo inaugural, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó el aterrizaje de American Airlines como “un hito histórico” y destacó la importancia económica y humana de la reconexión entre ambos países.

“Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países”, señaló Barrett desde el aeropuerto de Maiquetía.

El diplomático subrayó que el restablecimiento del enlace aéreo directo es resultado del plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— impulsado por la administración estadounidense tras el restablecimiento de relaciones.

“Hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios”, puntualizó Barrett, y remarcó que la conectividad aérea directa con Estados Unidos es clave para la integración económica y la reactivación de los flujos comerciales y turísticos.

La llegada de American Airlines a Caracas no solo reduce tiempos y costos de viaje, sino que marca el inicio de una etapa de mayor apertura para Venezuela. Según estimaciones oficiales, la ruta podría movilizar más de 100.000 pasajeros al año y reposicionar al país como un punto estratégico de conexión en la región. El nuevo vuelo directo simboliza, además, un paso firme en el restablecimiento de vínculos bilaterales tras años de aislamiento y restricciones.

(Con información de EFE y AFP)

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves como testigo en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una audiencia virtual que duró más de tres horas, Gallo contó por primera vez los tormentos sufridos mientras estaba detenido ilegalmente en el país venezolano. Si bien había adelantado públicamente que había sufrido torturas, nunca especificó qué le había ocurrido.

Además, aportó nueva información para el caso que llevan adelante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

Gallo va camino a convertirse en querellante. Lo solicitó formalmente en el Juzgado hace dos semanas y, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, su declaración dejó claro su condición de víctima y damnificado de los crímenes que se investigan en el expediente.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, el gendarme hizo un repaso detallado desde el momento en el que fue capturado hasta su liberación, el pasado 1 de marzo.

Contó que, cuando lo retuvieron, las autoridades venezolanas revisaron su celular y encontraron en un chat con su pareja un mensaje en el que criticaba a Maduro. Desde entonces pasó 448 días detenido.

Consultado por los funcionarios judiciales, Nahuel Gallo describió cómo fueron las torturas físicas y psicológicas que enfrentó en la cárcel de El Rodeo I. El llanto lo interrumpió varias veces, pero el gendarme mantuvo la compostura para poder avanzar con su testimonio, indicaron a Infobae fuentes del caso.

Según recordó, estuvo siempre con los presos extranjeros que las autoridades venezolanas “tenían como moneda de cambio”. Además, dijo que el día que lo liberaron pensó que lo iban a trasladar a otro centro de detención, y que se enteró de que regresaba al país recién cuando se encontró con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lo acompañaron en el avión.

Además, el gendarme explicó ante el juez Ramos y el fiscal Stornelli que su liberación de El Rodeo se justificó con un amparo, mediante el que también le impusieron la obligación de presentarse en el juzgado venezolano que llevaba su caso para mantenerse a derecho.

Como no volvió —por obvias razones—, estaría vigente un pedido de captura en su contra.

Además, las fuentes consultadas indicaron que en las últimas horas hubo movimientos de parte de la defensa de uno de los prófugos, Justo José Noguera Pietri, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros altos cargos que ostentó.

Su abogado Fernando Sicilia -que no pudo participar de la audiencia de hoy, dada la condición de prófugo- le reclamó al juez Sebastián Ramos que pida el expediente abierto contra Gallo en Venezuela y las copias espejo de su celular.

De la declaración testimonial también participó la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER).

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del ex dictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

Tras declarar, el gendarme posteó en sus redes sociales: “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”.

“El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido. Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia”, completó Gallo.

Causas unificadas

Previo a la declaración de Nahuel Gallo, este jueves la Cámara Federal porteña ordenó acumular a la causa de Comodoro Py otro expediente de la Justicia Federal de Mendoza que trataba la desaparición forzada del gendarme, a partir de un habeas corpus que se había presentado apenas fue detenido.

El fallo de la Sala I del tribunal de apelaciones, firmado por el camarista Mariano Llorens, estableció que la captura de Gallo —ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando el suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) intentó ingresar a Venezuela desde Colombia— debe ser investigada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Ramos.

“Hoy di un paso que me costó mucho”

El gendarme Nahuel Gallo publicó en sus redes sociales un descargo en el que reveló que por primera vez se animó a contar lo que ocurrió en los más de 400 días que estuvo detenido en la cárcel clandestina conocida como “El Rodeo I”.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, afirmó.

Y completó: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando. Justicia y Libertad”.

La investigación en curso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez registró novedades dos semanas después de los hechos violentos ocurridos en Polanco, Ciudad de México.

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa de su homicidio, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en La Cigarra, una zona del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

La detención la realizaron elementos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) tras la solicitud de cooperación internacional que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Dan a conocer presunta carta escrita por Erika “N”

El caso atrajo la atención de la prensa local e internacional. Federico Alvez, analista político venezolano que radica en EEUU, compartió información en torno a reportes de una supuesta carta escrita por Erika “N” un día después del asesinato de Carolina Flores.

Alvez hizo referencia a un video de la creadora de contenido La Parcerita Postin. La colombiana, un referente en información viral en ese país, dio a conocer detalles de una nota supuestamente escrita por Erika “N” en una aplicación móvil, a la cual tuvo acceso el CPNB.

En un video difundido en TikTok, Jostin Montilla —nombre real de la creadora digital—, subraya que reescribió el texto para no mostrar imágenes del documento original para evitar posibles problemas con las autoridades.

“Quiero aclarar que esta carta que ella dejó se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado y que me puedo meter en problemas”.

De acuerdo con sus fuentes, la carta fue escrita el 16 de abril, un día después del asesinato de su nuera, y denotaba un estado emocional alterado.

Lo que dice la carta:

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar.

Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito.

Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos.

Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien.

Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó.

Espero no haberle lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa tres días y luego volverme con Luca.

Y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos. Así que así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después iré por algunas cosas a casa para ya no verlos más. Al fin y al cabo, ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos, ni llamadas, solo si ella lo autoriza.

Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos.

Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos".

En una transmisión que mantiene en sus cuentas oficiales, Jostin Montilla indica que había otras notas presuntamente escritas por Erika “N”.

Fiscalía de CDMX inicia extradición

Al margen de los reportes en Venezuela, hasta el momento autoridades venezolanas y la Fiscalía General de la República no han confirmado ni negado la existencia de registros escritos por Erika “N” donde aborde los acontecimientos ocurridos el 15 de abril.

Este jueves, la Fiscalía General de Justicia de la capital confirmó que ya trabaja en el proceso de extradición de Erika “N”. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el procedimiento ya inició luego de la captura de la mujer en Caracas, lograda con apoyo de autoridades venezolanas y una ficha roja de Interpol.

De acuerdo con reportes oficiales, Erika María “N” salió de México el 16 de abril, un día después del crimen ocurrido en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su localización fue posible tras una búsqueda internacional coordinada.

La Fiscalía detalló que la detenida “se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México”.

El caso ha generado alto impacto público por la violencia del ataque. La agresión ocurrió dentro del domicilio familiar y fue registrada por una cámara de seguridad.

Tras el asesinato, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, exigió justicia y aclaró su postura frente al entorno familiar. “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”, declaró.

La investigación fue reclasificada como feminicidio y cuenta con orden de aprehensión vigente. Autoridades mexicanas ahora buscan concretar el traslado de la imputada para que enfrente el proceso penal en territorio nacional.

La detención de Erika María “N” en Venezuela cierra una de las búsquedas internacionales más extensas tras el feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza.

La emisión de una ficha roja por parte de Interpol movilizó a autoridades de casi 200 países, activando redes de colaboración inéditas para un caso de este tipo.

La notificación roja representa el máximo nivel de alerta internacional y permite que cualquier país miembro de Interpol colabore con la localización y detención provisional de personas buscadas por delitos graves. En el caso de Erika “N”, la emisión de esta alerta significó que su búsqueda pasó a ser global y no se limitaría al territorio mexicano.

¿Qué es una ficha roja de Interpol y cómo funciona?

La ficha roja es una herramienta clave en la cooperación policial internacional:

• Permite a los países miembros de Interpol identificar y detener provisionalmente a personas buscadas por delitos graves, como feminicidio.
• No es una orden de arresto automática, pero sí una solicitud formal para localizar y retener a la persona mientras se tramita la extradición.
• Cada país decide, de acuerdo con su legislación, si procede con la detención y bajo qué condiciones legales.
• La notificación roja incluye detalles físicos, datos personales y fotografía de la persona buscada.

De esta manera, la emisión de la ficha roja fue determinante para que la búsqueda de Erika María “N” traspasara las fronteras mexicanas y se convirtiera en un caso de alcance global.

Países en los que se buscaba a Erika Guadalupe “N”

La localización de la suegra de Carolina Flores se realizó dentro de una red internacional que abarca:

América: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Europa: Alemania, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Vaticano.

Asia: Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Baréin, Birmania (Myanmar), Brunéi, Bután, Camboya, Catar, China, Chipre, Corea (Rep. de), Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.

África: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Congo (Rep. Democrática del), Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Oceanía: Australia, Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

En total, 196 países integran la lista de naciones donde se activó la alerta. Esto significa que Erika “N” podía ser localizada y detenida en cualquier punto del planeta donde opere la red de Interpol.

La amplitud de esta red internacional hizo prácticamente imposible que la sospechosa pudiera evadir la acción de la justicia mexicana.

Extradición y consecuencias judiciales

Tras su captura en Venezuela, las autoridades del país notificaron formalmente a México y comenzaron los procedimientos de extradición.

• La Fiscalía General de la República coordina el proceso de extradición, siguiendo los protocolos internacionales.
• El caso de Carolina Flores continúa bajo investigación en México, con la expectativa de que la responsable enfrente la justicia lo más pronto posible.

Así, el traslado de la detenida en la próximas horas dependerá de acuerdos y del cumplimiento de requisitos legales tanto en ambas naciones

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, informó que ya se encuentran trabajando para lograr la extradición de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores señalada por su feminicidio, luego de que fue detenida en Venezuela.

La Fiscalía Capitalina detalló que el arresto de la mujer se logró debido al trabajo en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda internacional.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue capturada en Caracas luego de haber ingresado por Panamá desde el pasado 16 de abril, un día después de que se cometió el crimen.

Hasta el momento, Erika María “N” se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México para enfrentar el proceso penal en su contra.

Así fue el ataque a balazos contra de la exreina de belleza

Carolina Flores fue atacada el pasado 15 de abril cuando se encontraba en su departamento en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su bebé de ocho meses y su suegra.

Una cámara colocada por la propia exreina de belleza captó el momento en el que Carolina fue atacada a balazos por su suegra, quien le disparó en al menos seis ocasiones.

Minutos antes del crimen, ambas conversaban en la sala, mientras dos perros permanecían en la habitación. Erika María “N” le pidió a Carolina que buscara un producto en otra recámara y la siguió hasta ese espacio. Fuera del ángulo de la cámara, se escucharon las detonaciones.

Alejandro Sánchez confrontó a su madre tras el ataque. En el video se le escucha decir: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que Erika respondió “Nada, me hizo enojar”, a lo que el hombre le responde que se trataba de su familia.

Después de los hechos, Erika María “N” salió del departamento y abordo un taxi, lo cual su hijo no impidió. Alejandro Sánchez denunció los hechos hasta el día siguiente y el guardia de seguridad del edificio aseguró no haber escuchado detonaciones ni movimientos atípicos esa noche.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, fue notificada del asesinato de su hija un día después de los hechos, y aunque cuestionó el actuar de su yerno por permanecer en el departamento junto al cuerpo de su hija, afirmó que no tiene ningún conflicto con él.

“Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, declaró la mujer al finalizar una manifestación en Ensenada, Baja California, con el objetivo de exigir justicia para la joven.

Luego de que se reclasificó la investigación por el asesinato de Carolina Flores como feminicidio, a Erika María “N” le fue cumplimentada la orden de aprehensión por este delito.

La captura de Erika María Guadalupe “N” en Venezuela por el presunto feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada en la Ciudad de México, representa un avance en el caso que conmociona al país y mantiene una fuerte presión social para esclarecer los hechos y lograr justicia.

La detención pone punto final a casi dos semanas de búsqueda internacional, durante las cuales la principal sospechosa habría salido del país un día después de cometer el crimen, hecho que genera cuestionamientos sobre posibles omisiones en la reacción inicial y la efectividad de los protocolos de emergencia.

Erika María se escondía en una exclusiva zona de departamentos en la urbanización El Cigarral, ubicada en el municipio El Hatillo, en Caracas, que había adquirido a través de la plataforma digital Airbnb, según detallaron medios locales.

La operación fue llevada a cabo por Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en coordinación con la Interpol y la Fiscalía de México.

Para evitar que la sospechosa escapara, autoridades venezolanas la arrestaron inicialmente por desacato a la autoridad, figura que permitió su retención hasta recibir la documentación necesaria para proceder por feminicidio, dijo el periodista venezolano Norberto Mazza a Nmás. Herrera habría intentado resistirse a la detención, negando los hechos y argumentando que las autoridades extranjeras carecían de jurisdicción sobre su caso

Erika Herrera habría huido de México un día después del asesinato

La ahora detenida Erika Herrera salió de Ensenada, Baja California, el 11 de abril y recorrió 2 mil 826 kilómetros hasta la Ciudad de México, donde arribó el 15 de abril, día en el que ocurrió el asesinato de Carolina Flores en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. En una grabación previa, la propia Herrera relató: “Veníamos en carro... salimos desde el sábado”, detallando que hicieron paradas antes de llegar al departamento de su nuera.

Los reportes de la investigación señalan que, tras los hechos, Herrera cruzó la frontera y salió del país el 16 de abril, apenas un día después del asesinato. Mazza agrega que Herrera habría ingresado a Venezuela vía Panamá ese mismo día, lo que permitió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitara la activación de la ficha roja de Interpol y notificara a las autoridades venezolanas sobre su postura de búsqueda internacional.

El asesinato, las pruebas y las dudas sobre la reacción de la familia

La agresión ocurrió el 15 de abril dentro del departamento que Flores compartía con su esposo Alejandro Sánchez y su bebé de ocho meses. El ataque con arma de fuego quedó parcialmente registrado por una cámara de seguridad en el área de cunero, que captó los minutos previos y posteriores al crimen. Se observa que Carolina Flores y su suegra platican en la sala mientras dos perros juegan. Momentos después, la víctima va a otra habitación a petición de Herrera, quien la sigue. Fuera de cámara se escuchan múltiples detonaciones.

La necropsia reveló que Carolina recibió varios disparos disparos, presuntamente seis de ellos en la cabeza y seis en el tórax. Tras los hechos, Erika Herrera dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y salió en taxi. Su hijo no intervino y la denuncia formal del crimen se realizó hasta el día siguiente, lo que ha desencadenado críticas sobre la respuesta familiar y sobre las posibles omisiones antes de la llegada de las autoridades.

Testimonios recogidos por el entorno familiar y social de Flores señalan un historial de malos tratos y tensiones crecientes con su suegra: “La suegra la menospreciaba, la atacaba y siempre tenía problemáticas hacia Carolina”. La relación se volvió insostenible tras el embarazo de Carolina y su mudanza a la Ciudad de México.

Durante el enfrentamiento posterior al asesinato, Alejandro Sánchez increpó a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”. Herrera respondió: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

Investigación internacional, ficha roja y extradición en curso

Luego del asesinato, la FGJCDMX y la Fiscalía General de la República (FGR) activaron mecanismos de cooperación internacional para dar con el paradero de Herrera. Fue hasta el 29 de abril cuando Interpol emitió la ficha roja que formalmente autorizó su captura.

Actualmente, Erika María Guadalupe “N” permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, a la espera de que se concrete el trámite de extradición solicitado por el gobierno mexicano. El proceso puede extenderse en función de los acuerdos bilaterales y los procedimientos legales entre ambos países, aunque la solicitud ya está en marcha.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y analiza todas las circunstancias, incluidos antecedentes de conflicto y posibles omisiones en la reacción inmediata al crimen. El caso ha generado una profunda indignación social por la violencia ejercida en presencia de una menor y por el historial de hostigamiento previo, lo que suma presión al proceso judicial y a la actuación de las autoridades.

La figura de Carolina Flores, la exigencia de justicia y la dimensión social del caso

Carolina Flores Gómez, de 27 años, era reconocida por su participación en certámenes de belleza, su actividad en redes sociales y su vida como madre reciente. Su asesinato a balazos, en medio de su círculo familiar y bajo circunstancias documentadas en video, acentuó el reclamo nacional contra la violencia de género y la ineficacia institucional para prevenir y erradicar los feminicidios.

El caso evidencia, una vez más, el peligro al interior de los espacios familiares y las fracturas en los sistemas de protección y respuesta ante la violencia. La presión pública ha sido determinante para mantener el foco sobre las investigaciones y acelerar la cooperación internacional.

Con la detención de Erika Herrera, las autoridades mexicanas avanzan en un asunto que concentró la atención mediática y social, aunque el desenlace judicial y la sanción aún están por definirse, en espera de la extradición y del desarrollo del proceso legal.

• Erika María Guadalupe “N” fue detenida en Venezuela por la ficha roja de Interpol y es acusada del feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez.
• La víctima recibió doce disparos y fue asesinada en su departamento de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en presencia de su esposo y su hija de ocho meses.
• La presunta responsable huyó del país apenas un día después del crimen, lo que generó dudas sobre la reacción familiar y puso a prueba los mecanismos de cooperación internacional para su localización y extradición.

La Cámara Federal porteña ordenó este jueves acumular a la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela la investigación por la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido 448 días bajo el régimen de Nicolás Maduro, antes de ser liberado en marzo de 2026. La resolución del camarista Mariano Llorens se tomó en relación a un expediente judicial por lo que inicialmente fue un habeas corpus y que tramitó en Mendoza apenas fue detenido el gendarme. Ahora ambos casos se seguirán en los tribunales federales de Retiro.

El fallo de la Sala I del tribunal federal porteño estableció que la detención de Gallo —ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando el suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) intentó ingresar a Venezuela desde Colombia— debe ser investigada en el juzgado federal 2 a cargo del juez Sebastián Ramos en Comodoro Py 2002.

Allí ya tramita un expediente que investiga la existencia de un plan sistemático de represión contra opositores en Venezuela y en el que ya se pidió la captura internacional de Nicolás Maduro y otros integrantes de su Gobierno. “Son señalados como quienes habrían desplegado o tolerado el aparato represivo en cuyo marco se habría producido la detención de Gallo”, apuntó Llorens.

La investigación

El camarista remarcó que debe establecerse “si existen puntos de conexión entre la desaparición forzada” de Gallo en Venezuela y la existencia de un “plan sistemático pergeñado por las autoridades del país mencionado para vulnerar derechos básicos de la ciudadanía a partir del año 2014, en particular, de opositores o personas percibidas como tales”. “Estos hechos pueden ser investigados por la Justicia argentina en base al principio de jurisdicción universal”, recordó.

El proceso de acumulación tuvo su origen en Mendoza, donde Gendarmería Nacional presentó una denuncia para investigar la posible comisión del delito de desaparición forzada en perjuicio de Gallo. La fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal Mendoza solicitó la incompetencia del juzgado provincial y la remisión del expediente a Buenos Aires, con el argumento de que existían reglas de conexidad con la causa que ya investigaba crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano. El 20 de marzo pasado, el Juzgado Federal con Funciones de Garantías 1 de Mendoza hizo lugar al pedido y remitió las actuaciones a la capital federal.

El juez Ramos rechazó esa acumulación por entender que ambas causas eran “palmariamente inconexas” porque en su dependencia no tramitaba ninguna acción de hábeas corpus y porque Gallo ya había recuperado su libertad sin revestir calidad de parte en el expediente de lesa humanidad. Esa decisión fue apelada por la fiscalía, que argumentó que el juzgado había reducido el análisis al hábeas corpus formulado en Mendoza sin examinar las aristas más amplias de la investigación.

Gallo, oriundo de Catamarca y destinado al Escuadrón 27 de la GNA en Uspallata, viajó a Venezuela durante sus vacaciones para visitar a su pareja y a su hijo. Fue detenido por las autoridades venezolanas al cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y permaneció recluido durante más de un año, en condiciones que organismos internacionales calificaron como desaparición forzada. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciaron su detención arbitraria. Fue liberado el 1 de marzo de 2026, tras 448 días en cautiverio.

El Departamento de Transporte norteamericano celebró en el Aeropuerto Internacional de Miami la reanudación de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela, con una ceremonia que puso fin a siete años de interrupción del tráfico aéreo entre ambos países.

El vuelo inaugural, operado por Envoy Air bajo el código de American Airlines, conectará de forma diaria el aeropuerto de Miami con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas.

El acto contó con la presencia del subsecretario del Departamento de Transporte de EEUU (USDOT) para Asuntos sobre Políticas, Ryan McCormack, directivos de American Airlines, el embajador venezolano en Washington, Félix Plasencia, autoridades del condado de Miami-Dade y representantes del Departamento de Estado.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, calificó el vuelo como un avance en las relaciones bilaterales. “Hoy no se trata simplemente de un vuelo más, sino de un hito fundamental para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abrir nuevas oportunidades económicas en ambos países”, declaró Duffy.

El secretario anticipó, además, que el gobierno trabaja para poner en marcha más vuelos en los próximos meses.

McCormack, por su parte, subrayó el impacto económico del servicio. “Este vuelo contribuirá directamente a la recuperación económica de Venezuela“, afirmó el subsecretario en el comunicado del USDOT, donde también expresó la intención del Departamento de seguir colaborando con sus homólogos venezolanos para ampliar la oferta de rutas.

El proceso que culminó con este vuelo inaugural tuvo su origen en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump ordenó al USDOT reabrir el espacio aéreo venezolano y explorar la reanudación de los vuelos comerciales.

Ese mismo mes, American anunció sus planes de restablecer el servicio diario sin escalas. La Administración Federal de Aviación (FAA) trabajó con la aerolínea y con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para completar las revisiones normativas y de seguridad requeridas. La FAA dio su aprobación formal en marzo pasado.

Desde la aerolínea, Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Inmuebles Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American, atribuyó el logro a la gestión diplomática. “Nuestro histórico regreso a Venezuela no hubiera sido posible sin los esfuerzos del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de los Gobiernos de ambos países", señaló Gatten.

El USDOT informó que otras aerolíneas estadounidenses también han expresado interés en reanudar vuelos hacia Caracas y otros destinos venezolanos, y que el organismo continuará evaluando las solicitudes recibidas para dar a conocer novedades sobre nuevas frecuencias en los próximos meses.

Delcy Rodríguez anunció un aumento “responsable” del salario mínimo que ella misma se ha encargado de disminuir.

“Han creado un ambiente de sobreexpectativa para el primero de mayo. Habrá mejoras, pero que ese remedio no sea peor que la enfermedad, es la lógica que nos ha dirigido”, expresó la presidenta encargada el martes 28 de abril.

De alguna manera, esa “sobreexpectativa” fue promovida por la propia Rodríguez, quien en fecha tan temprana como el 8 de abril adelantó que oficializaría un incremento el Día del Trabajador.

En un país que acumula cuatro años sin una mejora en el salario mínimo, que hoy equivale a menos de 30 centavos de dólar, las especulaciones e ilusiones se dispararon tanto como la inflación anualizada, que supera el 600%.

El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también se encargó de echarle un balde de agua fría a las aspiraciones de los trabajadores.

“Es muy fácil pararse y decir: aumenten el sueldo a 1.000 dólares. Buen discurso. ¿De dónde saco la plata para sustentarlo? Un aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que se haga con recursos asegurados, reales”, detalló Cabello, haciendo referencia a una práctica del régimen chavista -la impresión de dinero inorgánico- que ha conducido a la hiperinflación y la pulverización de la moneda local.

Bajarse de la nube

Los expertos descartan que el aumento del salario mínimo sea significativo. Mucho menos que se acerque al costo de la cesta básica para una familia de cinco personas, monto estimado para este mes de abril en 692 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros.

En 2022, el salario mínimo se fijó en 130 bolívares, que equivalían a 30 dólares. Hoy la tasa oficial está en 487,11 bolívares por dólar. Una versión extraoficial apunta que el incremento ubicaría el sueldo básico en unos 60 dólares, pero que a través de bonificaciones especiales el ingreso integral podría pasar de los 200 dólares.

El chavismo ha convertido en norma aquello que tanto cuestionó: La bonificación del salario, con pagos especiales que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores. Además, los bonos se reparten de forma discrecional y no están amparados por ninguna ley, dependiendo exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo.

¿Dónde está?

“¿De dónde saco la plata para sustentarlo (el aumento del salario)?”, preguntó Cabello, muy preocupado por la disciplina fiscal. El régimen suele culpar por su escaso flujo de caja a las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero no ve la viga en su propio ojo: Los milmillonarios escándalos de corrupción que han saqueado las arcas públicas.

Venezuela ocupa el puesto 180 entre 182 países en el índice de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, siendo la nación peor evaluada de América.

“En Venezuela, los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, Pdvsa”, sostiene el informe.

El gobierno de Delcy Rodríguez justifica su regreso al Fondo Monetario Internacional destacando que de esa manera podrá tener acceso a unos 5 mil millones de dólares como Derechos Especiales de Giro. Mucho dinero, pero menos que los 5,5 mil millones de dólares que según el Ministerio Público se habrían robado en la trama Pdvsa-Cripto, que concluyó con el encarcelamiento del exministro Tareck El Aissami y otros altos funcionarios.

En 2013, la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, admitió que unos 25 mil millones de dólares se habían desviado a “empresas de maletín” en el marco del férreo control de cambio que regía en el país. La ONG Transparencia Venezuela calcula que en estos 27 años el desfalco supera los 200 mil millones de dólares.

Gran preocupación

A escasas horas de que Delcy Rodríguez desvele el secreto del aumento del salario mínimo, el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, indicó que su último sondeo nacional arroja que 55% de los venezolanos identifica como sus problemas principales la inflación y los bajos salarios.

“Le siguen de cerca la devaluación y las fallas en el sistema eléctrico y los próximos tres problemas mencionados siguen siendo económicos. Este enfoque económico no es aislado: 65% de la población está de acuerdo en que la prioridad de la acción en Venezuela debe ser resolver la crisis económica”, resumió León.

Las penurias que padecen las mayorías contrastan con la danza de millones que asoma detrás de los acuerdos petroleros que Delcy Rodríguez firma casi a diario con transnacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y British Petroleum.

Sin embargo, los economistas sostienen que tendrán que pasar varios meses para que los ciudadanos perciban un alivio en sus bolsillos, además de subrayar la necesidad de cambios profundos en la legislación laboral. “Tienen que venir reformas importantes y discusión alrededor de la Ley del Trabajo”, subrayó el economista Asdrúbal Oliveros.

El hijo de la fallecida presentadora de televisión Josemith Bermúdez murió a la edad de 16 años en México, en vísperas del quinto aniversario luctuoso de su madre.

La noticia fue dada a conocer el 28 de abril por la institución educativa donde estudiaba Juan Cristóbal Sforzina, en Cancún, Quintana Roo, y confirmada horas más tarde por familiares y su círculo cercano.

“La familia Lawrence se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro querido alumno: Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y deseamos mucha fortaleza a toda su familia en este momento de profundo duelo. Descanse en paz”, comunicó Lawrance School.

¿De qué murió el hijo de Josemith Bermúdez?

Tras el deceso de su madre, en julio de 2021, Juan Cristóbal radicó en México con su padre, el odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre las causas del deceso de su hijo.

Luis Olavarrieta, periodista y amigo cercano de Josemith Bermúdez, compartió un mensaje en Instagram donde se solidarizó con la familia, al tiempo que pidió no especular sobre el caso.

“Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario”.

Al margen, Eugenia Alcántara, madrastra de Juan Cristóbal, republicó una serie de mensajes en memoria del menor.

En entrevista para el programa de radio Shirley Radio, Luis Olavarrieta dijo que Bermúdez le solicitó a la nueva pareja del doctor que cuidara de su retoño en una emotiva charla.

¿Quién fue Josemith Bermúdez?

La presentadora y actriz venezolana Josemith Bermúdez murió el 31 de julio de 2021 por complicaciones derivadas de cáncer de ovario, tras documentar públicamente su enfermedad y convertirse en referencia de apertura y resiliencia en el medio artístico.

La carrera de Josemith Bermúdez comenzó en los años dos mil con su participación en el programa de farándula Ají Picante de RCTV. En televisión, participó en telenovelas como Ciudad Bendita, La Invasora y Tormenta en el Paraíso. Más adelante, Bermúdez asumió la conducción principal del programa de espectáculos La Bomba en Televen.

En 2016, los médicos le diagnostican cáncer de ovario. A partir de ese año, Bermúdez utilizó sus redes sociales y plataformas digitales para narrar su tratamiento y recaídas. Su proceso inspiró el monólogo Vestida para sanar, que también se convierte en un libro testimonial.

“Mi historia no es de derrota, es de lucha”, escribió Bermúdez en el texto, donde relata episodios de hospitalización y las secuelas físicas del tratamiento.

La actriz falleció en Caracas después de varias recaídas. Su historia trasciende el espectáculo y es reconocida como un ejemplo de visibilización de la enfermedad en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró su petición para que cesen las 1.081 sanciones extranjeras que, según afirmó, afectan al país y han generado una “asfixia financiera”.

“Un bloqueo como nunca antes vio nuestra república, más de 1.081 sanciones pesan sobre nuestra economía, asfixia financiera”, expresó Rodríguez desde el Teatro de la Ópera en el estado Aragua, durante una peregrinación nacional contra las sanciones, iniciada el 19 de abril y que finalizará esta semana.

Rodríguez también se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los Gobiernos de Europa para solicitar el “cese completo del bloqueo contra Venezuela” y que “no quede vigente ni una sola sanción”.

“Que Venezuela vuele y respire libre. Eso es lo que queremos”, concluyó Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en una operación militar efectuada en Caracas el 3 de enero.

Luego de la destitución de Maduro, Washington flexibilizó, mediante la emisión de licencias, las sanciones sobre el sector de los hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público.

Este alivio permitió la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y la reanudación de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras un periodo de aislamiento.

A pesar de estas medidas, Rodríguez insiste en que una licencia “no brinda seguridad jurídica” porque está “sujeta a temporalidad”. Por ello, reclama el cese total de sanciones contra Venezuela.

EEUU enviará una delegación con funcionarios a Venezuela

En otro orden, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano".

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

La defensora del Pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, mantuvo un encuentro con familiares de personas detenidas “en el marco de operativos fronterizos” y atendió sus planteamientos sobre las condiciones de reclusión, según comunicó este miércoles la institución.

La Defensoría del Pueblo expresó en X: “Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DDHH e iniciamos una hoja de ruta para el seguimiento de estos expedientes, garantizando el derecho a la defensa y a la integridad de las personas”.

El organismo difundió varias imágenes de la reunión, donde los familiares exhibieron fotografías de los detenidos con carteles en los que denunciaban los casos como “falsos positivos tancol”.

Días atrás, un colectivo conformado por familiares de presos políticos pidió la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para obtener la liberación de 16 colombianos encarcelados en Venezuela y acusados de “terrorismo”.

En una carta pública vinculada a la visita de Petro en Caracas, el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol —acrónimo usado por las autoridades venezolanas para designar a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”— solicitó la intervención “inmediata y directa” del mandatario en respaldo a este grupo.

Desde que asumió su cargo a comienzos de abril, González Lobato ha recibido a diversos sectores, entre ellos representantes sindicales y trabajadores, y asumió el compromiso de recibir e investigar denuncias relacionadas con la persecución política y las condiciones carcelarias en Venezuela.

La Fiscalía de Venezuela acordó establecer canales de “comunicación directa” con varias ONG

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, anunció el establecimiento de canales de “comunicación directa” con varias ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos en el país.

“Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal”, declaró Devoe en su cuenta de X. A la reunión asistieron representantes de Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, según el fiscal general.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, explicó en X que en la reunión presentó propuestas para proteger los derechos humanos en el “marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela”.

Destacó que para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, permitir que toda persona detenida designe a su abogado de confianza y “cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”.

Murillo concluyó: “Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos”.

Por su lado, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló que hizo énfasis en las “detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza” en el país, así como en las “dilaciones procesales” y la “limitación de contacto con familia y defensa” en casos de arresto.

Trapani también resaltó: “Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos”.

Devoe asumió el cargo de fiscal general el 9 de abril y ha sido objeto de críticas por su desempeño previo ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La detención de Erika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, marca un giro definitivo en el feminicidio que ha causado conmoción en México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la noche del miércoles su captura en Venezuela, tras una búsqueda internacional coordinada con Interpol y autoridades venezolanas.

Así fue el ataque

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el pasado 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La joven madre de 27 años fue asesinada a balazos presuntamente por su suegra, en presencia de su esposo, Alejandro Sánchez, y su hija de ocho meses. El crimen quedó registrado parcialmente por una cámara de seguridad instalada en el área de cunero para vigilar a la bebé, la cual captó los momentos previos y posteriores al ataque.

El video deja ver que, minutos antes del ataque, Carolina y su suegra conversaban en la sala, mientras dos perros jugaban en la habitación. Erika le pidió un producto y Carolina accedió a buscarlo en otra habitación. La cámara registró cómo la suegra siguió a Carolina hasta ese cuarto y, fuera del ángulo de la cámara, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Alejandro Sánchez, esposo de la exreina de belleza, confrontó a su madre mientras tenía a su bebé en brazos: “¿Qué hiciste, mamá?“, a lo que ella respondió “nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”. La necropsia reveló que Carolina recibió doce disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax.

Erika Herrera dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y se fue del departamento en taxi. Su hijo no la detuvo y denunció los hechos hasta el día siguiente. El guardia de seguridad del edificio declaró que no escuchó detonaciones ni movimientos extraños esa noche, lo que generó dudas sobre las circunstancias del crimen y el tiempo que transcurrió antes de la llegada de las autoridades.

La ruta de escape: de México a Venezuela

La investigación reveló que Erika “N” había salido desde Ensenada, Baja California, el sábado 11 de abril, manejando cerca de 2,826 kilómetros hasta la Ciudad de México, a donde llegó el 15 de abril, día del crimen.

En una grabación previa, la propia Herrera relató: “Veníamos en carro... salimos desde el sábado”, detallando que hicieron varias paradas antes de llegar al departamento de la pareja.

Tras cometer el asesinato, Erika Herrera ya se encontraba fuera de México el 16 de abril, apenas un día después del crimen.

De acuerdo con el periodista Norberto Mazza, corresponsal en Venezuela para el medio Nmás, “la señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela vía Panamá el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato”.

Mazza subrayó que fue la Fiscalía mexicana quien habría notificado, por los contactos que generalmente se tienen a través de Interpol, que posiblemente podría entrar al país una señora de nombre Erika María Guadalupe “N”, de 63 años, “y que le urgía, por lo menos, detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera”.

Según la versión del periodista, para ganar tiempo la mujer fue arrestada en Caracas bajo la figura de desacato a la autoridad. La medida permitió a las autoridades venezolanas retenerla por al menos 48 horas hasta la recepción formal de la alerta roja.

Fue hasta este 29 de abril que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió oficialmente una ficha roja para la captura de Erika “N”.

Mazza describe: “En esas 48 horas llegaron precisamente las informaciones oficiales de la tarjeta roja de Interpol que autorizan a actuar y a detenerla por la presunción de homicidio”. Según el periodista, “ella se negó a ser detenida, dijo que estaba en otro país, que no tenían autoridad para detenerla por un delito que no había cometido, o incluso lo negó”.

Actualmente, Erika “N” permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, en espera del proceso de extradición solicitado por el gobierno mexicano.

El entorno familiar y social de Carolina Flores ha advertido sobre malos tratos y tensiones con su suegra, confirmando a medios que “la suegra la menospreciaba, la atacaba y pues problemáticas hacia Carolina”. La relación entre ambas se volvió insostenible tras el embarazo de Carolina y la mudanza a Ciudad de México.

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano.

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

En una conferencia realizada este miércoles en Washington, el subsecretario interino de energía, Alex Fitzsimmons, señaló que la producción petrolera venezolana “ya comenzó a aumentar”, aunque resaltó la necesidad de más reformas.

“Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta”, manifestó.

En paralelo al acercamiento diplomático, este jueves está prevista la reanudación de la ruta aérea directa entre Miami y Caracas, operada por American Airlines, tras casi siete años de suspensión. Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a EFE que algunos funcionarios viajarán en este vuelo.

Por su parte, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó el martes que tanto compañías estadounidenses como venezolanas se encuentran listas para dinamizar la economía venezolana, en el marco de una etapa orientada a superar años de recesión y aislamiento internacional.

Barrett, que asumió funciones la semana pasada, hizo estas declaraciones después de reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, subrayó Barrett.

El diplomático destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para iniciar una nueva fase de cooperación económica.

Barrett precisó que los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela hacia una democracia plena. “Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó en una grabación difundida en redes sociales.

El encargado de negocios resaltó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional. “La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, señaló durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar la “oportunidad histórica” que representa la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

(Con información de EFE)

La ONG venezolana Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, documentó 29 detenciones de periodistas o comunicadores por parte del régimen, lo que representa el 65% de todos los arrestos registrados en 2025, cuando se reportaron 44 casos.

“La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones”, explicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la organización, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenidos, 22 son periodistas, seis son comunicadores particulares (infociudadanos o activistas) y uno es trabajador público. Rodríguez detalló que seis de los arrestados fueron acusados por el delito de incitación al odio y cuatro de ellos detenidos por expresiones publicadas en medios digitales.

En el primer cuatrimestre, Espacio Público registró 91 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 16% respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, la integrante de la ONG advirtió que el descenso en la cantidad de denuncias es bajo, pero “la violencia en torno a los casos es mayor”.

La organización identificó hasta abril patrones de intimidación, censura y hostigamiento judicial, similares a los documentados en 2025.

“En 2026 seguimos viendo procesos judiciales y detenciones (...) qué lo diferencia de 2024, 2025, que en principio pareciera que las detenciones no se extienden tanto en el tiempo. Es decir, volvemos un poco a la lógica de detenciones de corta duración, que si recuerdan fue como iniciaron las limitaciones al trabajo periodístico y al ejercicio en general de la libertad de expresión”, señaló Rodríguez.

Agregó que la “persecución judicial” persiste y no hay señales de que esta tendencia se revierta, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero y el proceso de excarcelaciones de presos políticos, incluidos periodistas, iniciado en enero.

En Venezuela se registraron 238 violaciones a la libertad de expresión durante el año pasado, según el informe anual de la ONG. Este número representa una reducción del 62% respecto a 2024, cuando se documentaron 619 casos.

La intimidación fue el tipo de violación más frecuente en 2025, con un 33,1% de los casos, seguida de la censura (26,4%), hostigamiento judicial (14,7%), restricción administrativa (13%), hostigamiento verbal (6,7%) e intimidación física (5,8%).

En cuanto a las víctimas, periodistas y trabajadores de la prensa encabezaron la lista con un 34%, seguidos de particulares (infociudadanos o activistas) (21,7%), medios de comunicación (13,1%), ciudadanía en general (11,6%), páginas o plataformas web (9,3%), camarógrafos (3,8%), ONG (3%), reporteros gráficos (1,5%) y trabajadores públicos (1,5%).

Entre los responsables de estas violaciones, la ONG identificó a instituciones del Estado (43,6%), cuerpos de seguridad (29,6%), operadoras privadas (15,1%), funcionarios (7,5%), grupos violentos (1,7%) y desconocidos (1%).

“Simplemente el hecho de compartir información de interés público puede ser causa de algún proceso de amenaza, intimidación o de tensión”, señaló Rodríguez durante la presentación del informe.

El reporte también documentó el cierre de siete emisoras de radio en 2025 en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre, lo que, según la organización, agrava la situación del ecosistema mediático en el país.

Ante este panorama, el director de Espacio Público, Carlos Correa, exigió la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, utilizada, según la ONG, para criminalizar de manera sistemática.

(Con información de EFE)

Después de casi siete años de suspensión, la empresa American Airlines retoma este jueves la ruta directa entre Caracas y Miami, lo cual marca un hito en la reanudación de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela.

El reinicio de dicha actividad comercial elimina la necesidad de escalas para los viajeros y simboliza un nuevo gesto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, actualmente centradas en facilitar inversiones en los sectores minero y energético venezolanos.

El primer vuelo partirá la tarde del jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y regresará el viernes desde Miami. A partir de mayo, la aerolínea ofrecerá dos vuelos diarios, operados por Envoy, subsidiaria de American Airlines, con aeronaves Embraer 175 de menos de 100 plazas.

American Airlines formaliza así su regreso casi exactamente siete años después de suspender operaciones en el país, en coincidencia con la ruptura de relaciones diplomáticas de antaños, cuando el ex dictador venezolano Nicolás Maduro lideraba el país.

La reanudación de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela facilitará el traslado de funcionarios y delegaciones tras la reapertura de embajadas y ofrecerá mayor confianza a los viajeros estadounidenses. La reactivación coincide con la aprobación en Venezuela de leyes que incentivan la inversión extranjera en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, áreas de interés para la administración estadounidense.

“Es una oportunidad importantísima de apertura del mercado y de la conectividad, porque es una apuesta de confianza hacia el destino”, afirmó a la agencia EFE la presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera. El país enfrentó dificultades en el sector aéreo durante más de una década por las deudas estatales con aerolíneas internacionales, producto del control de cambio que comenzó a flexibilizarse en los últimos años.

Herrera señaló que esta nueva conexión impactará la competitividad de otras rutas, como las que hacían escala en Colombia, Panamá o República Dominicana. “Ya lo estamos viendo en temas de precios”, añadió, al mencionar que aerolíneas como Copa, que mantuvo operaciones en Venezuela durante la crisis, ofrece vuelos por 700 u 800 dólares, mientras que American Airlines fijó los boletos para los primeros viajes por encima de los 1.000 dólares.

La reanudación de la ruta directa entre ambas ciudades relevantes representa un alivio para la diáspora venezolana en Estados Unidos. Para los venezolanos residentes en Miami, donde se concentra la mayor comunidad de estos inmigrantes en el país, el regreso de los vuelos directos pone fin a años de separación familiar marcados por el dolor y los altos costos de viajar mediante terceros países.

Con alrededor de un millón de venezolanos en Estados Unidos, la comunidad celebró que, por primera vez en años, las nuevas generaciones nacidas en territorio estadounidense podrán viajar con sus familias para conocer sus orígenes.

Pese al entusiasmo, la reanudación de vuelos presenta desafíos, como la necesidad de tramitar pasaportes vigentes o salvoconductos para quienes tienen documentos vencidos, en un contexto en el que Venezuela avanza en la recuperación de su presencia diplomática y consular en Estados Unidos.

American Airlines, que inició operaciones en Venezuela en 1987, suspendió sus vuelos en marzo de 2019 tras la prohibición de la administración de Donald Trump a las aerolíneas estadounidenses de operar hacia el país, en el marco de un paquete de sanciones. Fue la última compañía estadounidense en interrumpir sus operaciones, después de que United y Delta lo hicieran en 2017.

La reanudación de vuelos se produce en el contexto de la captura Maduro por estadounidenses en enero pasado y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, hechos que abrieron paso a la normalización de los vínculos bilaterales con EEUU.

(Con información de la agencia EFE)

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que la población venezolana en Perú aporta cerca de 530 millones de dólares a la economía nacional, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El análisis, elaborado junto al Banco Mundial, sostiene que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta comunidad, se genera un retorno fiscal de 2,6 soles, impulsado por una tasa de participación laboral que supera el 80%.

Sin embargo, el interés de retornar a Venezuela creció de forma significativa en los últimos meses: la proporción de venezolanos que considera volver a su país aumentó de 10% a más del 30%, según datos de ACNUR. Este cambio responde a la percepción de posibles mejoras en el contexto político y social de Venezuela.

Diferencia entre refugiado y migrante: cifras globales de desplazamiento

La representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall, aclara para Infobae Perú que la diferencia fundamental entre migrantes y refugiados radica en la causa de su desplazamiento. El refugiado es obligado a salir de su país por situaciones extremas como guerras, crisis humanitarias o violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El migrante, en cambio, toma la decisión de trasladarse por razones económicas, familiares o personales. “La diferencia clave es que el refugiado huye por necesidad, mientras que el migrante decide moverse por distintas razones”, señala Almirall.

De acuerdo con cifras de ACNUR, existen actualmente más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. El caso de Venezuela es uno de los mayores movimientos poblacionales recientes: desde 2017, cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado su país, y de ellos, 6,9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.

Situación de la población venezolana en Perú

Perú se ha consolidado como uno de los principales países de acogida para la población venezolana en la región. En la actualidad, cerca de 1,64 millones de venezolanos residen en el país, según estimaciones de Naciones Unidas y el gobierno peruano.

Aunque la cifra llegó a 1,66 millones en años anteriores, el flujo migratorio presenta una leve reducción, atribuida tanto a cambios en las políticas migratorias regionales como a la estabilización de los movimientos en la región.

“Estamos hablando de una población significativa, que se ha integrado en distintos ámbitos del país”, destaca Almirall.

La comunidad venezolana en Perú se caracteriza por su juventud y alto nivel educativo: más del 30% cuenta con estudios superiores y una proporción relevante posee experiencia profesional.

Según los estudios de ACNUR y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los venezolanos en Perú está económicamente activo y la tasa de desempleo dentro de este grupo es baja. Aunque el grueso subsiste de la informalidad, esto no difiere mucho de la realidad del peruano promedio (70%).

A su vez, el estudio conjunto con el Banco Mundial muestra que la presencia venezolana tiene efectos positivos en la recaudación fiscal y el dinamismo económico. El aporte de esta población al PIB nacional alcanza el 1,3%, lo que equivale a 530 millones de dólares anuales.

Además, los venezolanos participan en una amplia gama de actividades, desde el comercio y los servicios hasta la industria y el emprendimiento propio.

Percepción y mitos sociales, intenciones de permanencia y retorno

A pesar de la evidencia sobre el aporte económico y social, persisten mitos en torno a la migración venezolana, como la percepción de que representa una carga para el país.

Los datos recopilados por ACNUR y el INEI demuestran que la mayoría de los venezolanos ha formado lazos familiares en Perú, ha iniciado negocios y participa en el sistema educativo y laboral.

Hasta principios de 2024, más del 90% de la población venezolana manifestaba su deseo de permanecer en Perú. Sin embargo, un sondeo piloto reciente evidenció que el porcentaje de quienes evalúan regresar a Venezuela aumentó de 10% a más del 30%.

“Las intenciones de retorno aumentaron de manera significativa en solo cuatro meses”, subraya Almirall. El cambio se explica por las expectativas de mejora en la situación política y económica de Venezuela, así como por la consolidación de nuevos proyectos de vida en ambos países. Pero el factor Chile tampoco se puede dejar atrás.

Campaña “Solidaridad +51”

En este contexto, ACNUR lanzó la campaña “Solidaridad +51” para visibilizar el aporte de las personas refugiadas y migrantes y reconocer la tradición de acogida de Perú.

El nombre hace referencia al prefijo telefónico nacional y al año 1951, cuando se firmó la Convención de Ginebra sobre protección internacional a refugiados, que cumple 75 años en 2026.

La campaña cuenta con el respaldo de los gobiernos de Canadá y Corea, y busca generar empatía, promover la integración y destacar los aportes sociales, culturales y económicos de la población migrante.

“Queremos que se valore la solidaridad histórica del pueblo peruano y el aporte de quienes hoy encuentran aquí una nueva oportunidad”, afirma la vocera de ACNUR.

Neidy Zambrano trabajó durante 20 años en una oficina de ingenieros hasta que resolvió montar su propia despacho junto con dos colegas. Cuenta que en 2019 “comenzó la debacle” de su empresa por la caída de los créditos bancarios, situación que la obligó a cerrar en 2020.

En medio de la pandemia, resolvió viajar a Ecuador para conocer a su nieto y abrazar a su hijo, al que tenía cuatro años sin ver. Estaba previsto que la visita se extendiera por tres meses, pero terminó quedándose tres años. Regresó a Caracas en octubre de 2023 y en diciembre ya instalaba un nuevo emprendimiento: un pequeño restaurante en un centro comercial afincado en una zona popular del oeste de la ciudad.

“El camino recorrido no ha sido fácil”, confiesa Neidy, de 50 años. “De hecho, tuvimos que entregar el local, no contamos con ayuda de ningún tipo, nunca conseguimos un crédito y ahora estamos operando desde nuestro apartamento y solo vendemos delivery”, detalla.

El alquiler del establecimiento era de 520 dólares al mes, una suma que a veces superaba ampliamente sus ganancias. “Nos endeudábamos pidiendo dinero aquí y allá, tocamos puertas solicitando créditos para emprendedores, pero te piden demasiados requisitos. Tienes que tener dinero propio porque no se cuenta con ninguna ayuda”, detalla su experiencia.

Su negocio lleva por nombre “El reino del sabor” y es netamente familiar con su esposo y tres sobrinos. Mientras continúa en los fogones, intenta retomar su proyecto de ingeniería. “Conozco a mucha gente que atraviesa la misma situación. Aquí nada es fácil y no se puede tener un solo trabajo porque no te da para vivir como uno quiere”, observa Neidy.

Caída libre

El informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Venezuela 2025, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), concluye que un total de 2 millones de emprendedores salieron del mercado local desde 2023.

El análisis apunta que “77,8% de la actividad emprendedora se encuentra en etapa naciente (sin pagar salarios aún), lo que indica un sistema que intenta reiniciarse constantemente, pero no logra madurar”.

Otro dato llamativo: 8 de cada 10 emprendedores “sigue motivado por la escasez de empleos, confirmando que el emprendimiento en Venezuela es una estrategia de supervivencia individual ante la precariedad salarial”.

La Tasa de Actividad Emprendedora Temprana -que mide el porcentaje de población adulta que tiene un negocio naciente o con menos de 42 meses- se desplomó a un mínimo histórico de 7,7%. En 2023 había sido de 22,7% y en 2024 de 11,7%.

“Esta caída sugiere un agotamiento definitivo de los ahorros familiares utilizados para el autofinanciamiento (bootstrapping), elevando el costo de entrada al ecosistema más allá de las capacidades de la mayoría de la población”, sostienen los expertos.

El profesor Luis Lauriño, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, expone que “el capital inicial de un emprendimiento en este momento está entre los 5.000 y los 20.000 dólares, y eso básicamente sale de ahorros, de capital familiar y de remesas. Eso explica por qué los emprendimientos cierran por falta de financiamiento”.

Morir al nacer

La evaluación revela que “la gran mayoría de las iniciativas están atrapadas en la fase de gestación y mueren antes de lograr operatividad real”. De hecho, apenas dos de cada 100 sobrevivieron más allá de los 3,5 años, estadística que mantiene a Venezuela “en los niveles de sostenibilidad empresarial más bajos del mundo”.

El “principal filtro mortal” que enfrentan los emprendedores es la “incapacidad de generar flujo de caja suficiente para pagar salarios más allá del tercer mes”, razón por la cual terminan en “la inactividad o la informalidad de subsistencia”.

Lauriño resume las causas del descalabro. “Convergen aspectos negativos: sanciones sobre la economía, inflación, asfixia tributaria y erosión del poder adquisitivo. Hay una fatiga económica que implica el cierre de un ciclo de un boom de emprendimiento, que comenzó en 2023, y esto se estrelló con una realidad de un mercado que se hacía cada vez más pequeño”.

En el marco de la peor crisis de su historia, la economía venezolana perdió 2/3 de su tamaño, sufriendo hiperinflación, megadevaluación, la desaparición del crédito y el descalabro de los servicios públicos. Las consecuencias de la política económica chavista luego se potenciaron por las sanciones que impuso Estados Unidos al país.

Sin ayuda

Juan Carlos Sosa se cansó de escuchar en los bancos una promesa jamás cumplida: “Yo te llamo”. Ingeniero electrónico de 47 años, comenzó a emprender en 2011, tras nueve años de carrera corporativa. “Son casi 15 años desde que salí a buscar mi propio camino”, dice.

En este periodo ha lanzado diez emprendimientos. “Ocho han sido fracasos, uno ha madurado bien y está activo y otro está en proceso”, resume. Su larga experiencia le permitiría hacer un libro sobre los desafíos del emprendimiento en Venezuela.

“No solo se trata de construir una solución para un problema de la sociedad, es todo lo que viene después: facturación, nómina, inflación, manejo de flujo de caja, distintas tasas cambiarias, constitución de la compañía. Además, tienes que inscribirte en 17 entidades regulatorias, nada está claramente tipificado sino que te vas tropezando con las instituciones”, relata la carrera de obstáculos.

A pesar de su insistencia, jamás ha logrado tener acceso a un crédito bancario. “Te piden una cantidad de requisitos como si fueras una empresa constituida. Yo he presentado cualquier cantidad de solicitudes y siempre es lo mismo: ‘Yo te llamo’”.

El Índice Nacional de Contexto Emprendedor, utilizado por el GEM para evaluar el entorno de un país para emprender, ubica a Venezuela en el penúltimo lugar con 3,23% en una lista conformada por 52 naciones, solo por delante de Angola. En esa misma medición Argentina aparece con 4,19 en el puesto 38.

La investigación enumera entre las fallas las dificultades de financiamiento y la falta de programas gubernamentales para respaldar al emprendedor. Juan Carlos lo sabe porque lo ha vivido. “Aquí hay una ausencia de políticas públicas, el 70% de tus ingresos se van en compromisos fiscales y parafiscales y la brecha cambiaria genera distorsiones enormes. Es un ambiente muy hostil”. subraya.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Germán Darío Giuliani, el último argentino secuestrado por el régimen chavista, y exigió a Venezuela que informe de inmediato dónde está detenido, cuál es su estado de salud y bajo qué condiciones permanece privado de su libertad. El aspecto más grave de la resolución no es solo el reclamo diplomático: el organismo incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas, amenazas de desaparición y presuntas torturas sufridas durante su cautiverio.

La decisión, identificada como Resolución 32/2026, fue adoptada el 27 de abril en Washington, D.C., después de que la Comisión concluyera que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

Según el expediente, Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025. Fue arrestado entre el 21 y el 23 de ese mes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada junto a tres ciudadanos venezolanos en aguas del estado Anzoátegui. La presentación sostiene que, al advertir su acento argentino, fue detenido de inmediato.

Torturas y desaparición forzada

El documento de la Comisión incluye declaraciones públicas de Diosdado Cabello, dirigente del oficialismo venezolano, quien afirmó que Giuliani fue capturado “en alta mar, en un velero, con unos venezolanos” y que “iba a buscar a un narcotraficante en alta mar”. Según la denuncia, desde entonces se lo vinculó con acusaciones de terrorismo y narcotráfico, aunque no existen precisiones judiciales públicas conocidas.

Uno de los apartados más delicados del informe refiere a los primeros doce días posteriores al arresto: la familia no recibió ninguna información oficial sobre su paradero y calificó esa etapa como una desaparición forzada inicial. Más tarde supieron que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, luego trasladado a Yare II y posteriormente a Yare III, aunque sin confirmación institucional estable.

La CIDH destacó que, incluso en la actualidad, los allegados desconocen la ubicación exacta de Giuliani dentro del Complejo Penitenciario de Yare, así como sus condiciones reales de detención.

El núcleo central de la resolución está conformado por las denuncias de apremios físicos y coacciones. Según el testimonio de familiares citado por la CIDH, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”.

La esposa del detenido afirmó que sufrió “tormentos físicos” durante los primeros meses de encierro, incluyendo haber sido colgado de las esposas durante períodos prolongados y haber sido presionado para firmar documentos.

La resolución incorpora el testimonio de un periodista excarcelado que compartió celda con Giuliani en Las Acacias. Según relató, lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”, y presentaba “la marca de una venda y la piel estaba quemada”.

Ese mismo testigo señaló que Giuliani le contó lo ocurrido tras la detención: “vine como turista y en Puerto La Cruz me secuestraron, me lanzaron contra la pared y me amarraron de manos y pies. Me golpearon para confesar delitos y como no lo hice me amenazaron con desaparecerme en el mar”.

El documento agrega que durante varios días habría sido sometido a interrogatorios de dos o tres horas, donde le mostraban fotos de dirigentes opositores venezolanos e intentaban que incriminara a referentes políticos.

Según el testimonio recogido por la CIDH, le ofrecían: “si grabas un video con lo que queremos te mandamos hoy mismo para Argentina”. De acuerdo con esa versión, también le exigían involucrar a la Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora, María Corina Machado. La Comisión encuadró el caso en el contexto de persecución política monitoreado en Venezuela.

Otro tramo relevante del informe corresponde a noviembre de 2025. El ex detenido afirmó que Giuliani fue llevado dos veces a un cuarto de tortura denominado “El Tigrito”, donde “lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro”. Tras esos episodios, habría regresado con “morados en sus muñecas y ojos desenfocados”.

La denuncia agrega que esos castigos se producían cada vez que solicitaba atención médica o asistencia jurídica.

Condiciones de detención y respuesta institucional

La CIDH no emite una condena penal sobre estos hechos, pero los consideró indicios suficientes para justificar una medida urgente. En uno de sus párrafos centrales, sostuvo que observa “con preocupación” las alegaciones sobre las condiciones de detención y los presuntos tormentos sufridos por Giuliani.

El organismo también calificó como alarmante que, según los testimonios reunidos, agentes penitenciarios le habrían advertido que debía cuidarse “porque la orden era desaparecerlo”.

La resolución describe un régimen extremo de incomunicación. Las llamadas con la familia eran esporádicas, sin aviso previo, supervisadas, grabadas y de no más de dos minutos. No existía posibilidad de videollamadas ni de envío de fotografías.

La CIDH recogió que, cuando Giuliani intentaba hablar de algo no permitido, la comunicación era interrumpida de inmediato. En ocasiones, transcurrieron meses sin contacto alguno. En esas conversaciones, la familia lo percibía angustiado, sin margen para explicar qué ocurría, ya que —según la denuncia— se escuchaba una voz censurando a su lado. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental.

Las condiciones materiales de detención también fueron objetadas. El expediente menciona que dormía en una colchoneta en el piso, con escasa agua, sin salidas al aire libre y dependiendo en ciertos períodos de la ayuda de otros detenidos para comer. Además, la CIDH exigió acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada.

Otro dato relevante es que el régimen venezolano no respondió el requerimiento de información formulado por la Comisión el 16 de abril. El plazo venció sin contestación oficial.

Para la CIDH, esa falta de respuesta impidió conocer si existían medidas estatales para proteger a Giuliani o si el riesgo había sido mitigado.

Medidas ordenadas y repercusiones internacionales

La Comisión Interamericana resolvió ordenar a Venezuela que adopte medidas urgentes para resguardar la vida, integridad y salud de Giuliani; confirme formalmente dónde está detenido; garantice condiciones compatibles con estándares internacionales; permita la comunicación con familiares, abogados y autoridades consulares argentinas; informe si fue imputado por algún delito y ante qué tribunal; evite amenazas o agresiones, y disponga una evaluación médica inmediata con tratamiento especializado.

La CIDH también solicitó que se investiguen los hechos denunciados que motivaron la cautelar y se evite su repetición.

Como es habitual, el organismo aclaró que la resolución no implica prejuzgamiento sobre una futura denuncia de fondo contra Venezuela. No obstante, representa un pronunciamiento internacional contundente: reconoce que existe un riesgo actual y concreto para un ciudadano argentino detenido por el régimen chavista.

El caso de Germán Giuliani suma un componente diplomático relevante para Argentina, pues la CIDH incluyó expresamente el derecho a recibir asistencia consular y recordó la obligación estatal de garantizar ese contacto.

La atención internacional permanece ahora sobre la respuesta de Caracas. La resolución está vigente y el foco internacional es saber si el régimen venezolano revelará el paradero exacto de Giuliani, permitirá acceso a sus representantes y cumplirá con las medidas ordenadas.

Para la familia de Giuliani, después de casi un año de incertidumbre, silencio oficial y denuncias de torturas, ese punto se volvió decisivo.

En este nuevo capítulo del conflicto diplomático entre Venezuela y Guyana por el Esequibo no se movilizan los ejércitos sino la fashion police.

“Ahora les molesta hasta cómo uno se viste”, reaccionó irónicamente la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, frente a las críticas del presidente guyanés, Irfaan Ali, quien envió una carta al jefe de la Comunidad del Caribe (Caricom) protestando porque en sus reuniones con líderes de la región, Rodríguez ha usado un broche con el mapa de Venezuela que incluye la disputada zona del Esequibo.

En un acto que encabezó este martes 28 de abril, la mandataria interina cargó contra su homólogo Ali. “Ustedes saben que ahora el presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin con el mapa de Venezuela, con el único mapa que he conocido en mi vida”, expresó Rodríguez.

La presidenta encargada ratificó que “los derechos de Venezuela sobre el Esequibo -territorio de 159.542 kilómetros cuadrados que reclaman ambos países, pero que está bajo control de Guyana- son históricos, irrefutables”.

Rodríguez adelantó que “pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para ratificar nuestra postura histórica, que es la legalidad internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra de 1966”.

Corte y costura

“Es realmente insólito que el presidente Irfaan Ali pretenda ahora erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado”, fustigó en la red social X el canciller Yván Gil, quien subrayó que “la prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática”.

Dirigiéndose al dignatario guyanés, el titular de Relaciones Exteriores manifestó que “pretender evadir su responsabilidad alegando una ‘ofensa simbólica’ es, en el fondo, una maniobra errática que no cambia la realidad: Venezuela es una sola, y su historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, ni con poses, ni con shows improvisados”.

La CIJ realizará entre el 4 y el 11 de mayo las audiencias públicas sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que marcó la frontera entre Venezuela y Guyana. Aunque resolvió participar en este proceso impulsado por Georgetown, Caracas desconoce la jurisdicción de la CIJ y reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea la resolución del litigio a través de métodos pacíficos y negociados entre las partes.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, vinculado a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció que viajará a Estados Unidos para “atender temas familiares” y cumplir compromisos de trabajo con “aliados”.

A través de X, Guanipa —quien estuvo detenido en mayo de 2025 y recuperó su libertad en febrero de este año— comunicó que permanecerá en Estados Unidos “por unos días”, aunque no especificó la duración exacta de su estancia. Afirmó que volverá a Venezuela, pero evitó detallar los motivos de su agenda de trabajo.

La salida de Guanipa del país coincide con la situación de María Corina Machado, quien permanece fuera de Venezuela tras haber viajado en diciembre pasado a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora había pasado un año en la clandestinidad, eludiendo a las autoridades, que la señalan por promover la violencia y solicitar una intervención militar.

Desde entonces, Machado ha recorrido varios países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Chile, y ha manifestado su intención de regresar a Venezuela para recorrer el territorio.

Recientemente, la dirigente declaró que “es importante” que Venezuela lleve a cabo elecciones democráticas en el corto plazo, para que “los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica”.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE en Madrid, la Premio Nobel de la Paz expresó que “aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”.

El 12 de abril pasado, la principal coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para organizar elecciones libres, lo que implica designar nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y avanzar hacia una transición política.

En conferencia de prensa, la PUD explicó que el plan de transición contempla tres fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y la celebración de elecciones, un esquema que replica casi al detalle la propuesta que Estados Unidos presentó luego de la captura, el 3 de enero, de Nicolás Maduro durante una operación en Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el acuerdo firmado con la compañía ENI representa el “más auspicioso” en la historia del país. Este señalamiento se produjo tras la firma de un contrato entre la estatal PDVSA y la empresa italiana, destinado a incrementar la producción de gas y petróleo.

“Hoy firmamos con la empresa italiana ENI el acuerdo productivo petrolero más auspicioso que se haya firmado con empresa alguna en nuestra historia”, expresó Rodríguez durante un acto en el estado Carabobo, realizado en el marco de la peregrinación nacional convocada por 13 días para exigir el levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela.

En horas previas, Rodríguez estuvo presente en la firma de un contrato entre la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco.

El acuerdo contempla el desarrollo de actividades primarias en el área Junín-5, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin aportar detalles adicionales.

El campo Junín-5 se localiza en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona gestionada desde hace más de 10 años por PetroJunín, empresa conformada por PDVSA y ENI, donde la estatal venezolana posee la mayor participación.

Este contrato se suma a otros firmados recientemente con la estadounidense Chevron y la española Repsol, tras la flexibilización de las sanciones al sector petrolero venezolano implementadas por Estados Unidos en 2019.

“Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (...). ENI no se fue del país, ENI estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación, yo quiero reconocérselo a esta empresa”, destacó Rodríguez después de la firma, en su condición de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, el director ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, manifestó que la compañía tiene “grandes proyecciones” para el campo operado en conjunto con PDVSA y que existe la posibilidad de “acelerar” la producción.

“Las condiciones están dadas, hemos tenido reuniones muy positivas con el equipo, con los ministros, con la presidenta y sabemos que podemos tener planes muy ambiciosos para el futuro”, añadió, indicando que esperan definir el plan de inversión antes de finalizar el año.

“Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal”, declaró Devoe en su cuenta de X. A la reunión asistieron representantes de Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, según el fiscal general.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, explicó en X que en la reunión presentó propuestas para proteger los derechos humanos en el “marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela”.

Destacó que para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, permitir que toda persona detenida designe a su abogado de confianza y “cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”.

Murillo concluyó: “Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos”.

Por su lado, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló que hizo énfasis en las “detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza” en el país, así como en las “dilaciones procesales” y la “limitación de contacto con familia y defensa” en casos de arresto.

Trapani también resaltó: “Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos”.

Devoe asumió el cargo de fiscal general el 9 de abril y ha sido objeto de críticas por su desempeño previo ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Tras el nombramiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, acusó a Devoe de ser “cómplice por años” de “todas las atrocidades del chavismo”.

El lunes, Devoe informó sobre la elaboración de un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para “reforzar” su labor en derechos de personas encarceladas, tras reunirse con la jefa de la delegación en Venezuela, Valérie Aubert.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como el “más auspicioso” en la historia del país el acuerdo firmado el martes entre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la compañía italiana ENI para incrementar la producción de gas y petróleo en el país caribeño.

“Hoy firmamos con la empresa italiana ENI el acuerdo productivo petrolero más auspicioso que se haya firmado con empresa alguna en nuestra historia”, declaró Rodríguez durante un acto realizado en el estado Carabobo, en el marco de la peregrinación nacional convocada para exigir el cese de las sanciones contra Venezuela.

Horas antes, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, firmaron junto al director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco, un contrato para desarrollar actividades primarias en el área Junín-5, de acuerdo con la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El campo Junín-5, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco, es administrado desde hace más de diez años por PetroJunín, una asociación entre PDVSA y ENI, con mayoría accionaria venezolana.

Este nuevo contrato de ENI se suma a los acuerdos previos con las firmas Chevron y Repsol, firmados tras la flexibilización de sanciones estadounidenses impuestas al sector petrolero en 2019.

“Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (...). ENI no se fue del país, ENI estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación, yo quiero reconocérselo a esta empresa”, aseguró Rodríguez, quien ocupa la presidencia tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar parte de las fuerzas de Estados Unidos.

El director ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, destacó que la empresa posee “grandes proyecciones” para el campo operado en conjunto con PDVSA y la posibilidad de “acelerar” la producción.

“Va a ser una de las inversiones más importantes de la compañía. Las condiciones están dadas, hemos tenido reuniones muy positivas con el equipo, con los ministros, con la presidenta y sabemos que podemos tener planes muy ambiciosos para el futuro”, sostuvo, quien también adelantó que esperan definir el plan de inversión antes de fin de año.

El vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las recientes licencias otorgadas por EEUU.

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz el lunes a la agencia EFE durante el foro Venezuela Energética 2026, celebrado en Caracas y que reunió a más de 900 representantes del sector.

Pérez Díaz sostuvo que los acuerdos firmados con las compañías Chevron y Repsol “están funcionando perfectamente” a partir del otorgamiento de estas licencias. “Ellos están ampliando su capacidad de producción y constantemente contratando a empresas nacionales, a empresas venezolanas”, indicó el directivo de la CVP.

El pasado 13 de abril, Venezuela firmó un acuerdo que amplía las operaciones de Chevron para aumentar la producción petrolera en el país. El acuerdo elevó la participación de Chevron al 49% en la empresa mixta Petroindependencia y otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, dentro de la empresa conjunta Petropiar entre la petrolera estadounidense y la estatal PDVSA, según detalló Javier La Rosa, representante de Chevron, durante el evento.

Chevron, a su vez, aceptó renunciar a sus acciones en dos yacimientos de gas costa afuera, Macuira y Loran en Delta Amacuro, y en el yacimiento de crudo Petroindependiente en el lago de Maracaibo, estado Zulia, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

Tres días después, la española Repsol anunció la firma de un acuerdo con Venezuela para retomar el control de las operaciones y aumentar la producción de petróleo en la empresa mixta Petroquiriquire, además de garantizar los mecanismos de pago. Este acuerdo, sujeto al cumplimiento de condiciones, permitirá incrementar la producción en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol) y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco firmado en 2023, detalló Repsol.

(Con información de EFE)

Tras reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Barrett enfatizó: “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”.

Barrett, quien asumió funciones en Venezuela la semana pasada, destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para poner en marcha una nueva fase de cooperación económica.

El diplomático señaló que todos los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela.

“Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó Barrett en una grabación difundida en redes sociales.

El diplomático subrayó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional.

“La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, indicó durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica” surgida tras la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

La llegada de Barrett a Caracas marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, tras siete años de interrupción diplomática. Sustituyó a Laura Dogu, quien fue designada a finales de enero para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense. Desde su arribo, Barrett ha reiterado la disposición de Washington para apoyar el relanzamiento económico y ha agradecido la recepción de la sociedad venezolana.

Entretanto, la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, manifestó su interés en mantener y ampliar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Rodríguez ha establecido líneas de cooperación con la administración Trump en sectores clave como hidrocarburos y minería, relegando la definición de un calendario electoral a un lugar secundario. El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró a inicios de marzo que no es “perentorio” fijar fecha para nuevas elecciones.

El restablecimiento de relaciones y la apertura del sector energético han movilizado a diversos actores internacionales, que buscan aprovechar el potencial petrolero y gasífero de Venezuela. Barrett subrayó que estas iniciativas contribuirán a la creación de empleo y al crecimiento sostenible, siempre bajo la premisa de un entorno transparente y competitivo.

Cooperación entre ENI y PDVSA

La petrolera italiana Eni formalizó un nuevo acuerdo con el Ministerio de Petróleo y la estatal venezolana PDVSA para reactivar un proyecto de crudo pesado en la Faja del Orinoco.

Eni, que opera en Venezuela desde 1998, mantiene una asociación en el proyecto Junín 5, que cuenta con reservas certificadas de unos 35.000 millones de barriles de petróleo. También colabora con PDVSA en Petrosucre, dedicado a la producción de crudo en aguas someras, y con la española Repsol en el desarrollo del yacimiento de gas Cardón IV, relanzado recientemente para ampliar la oferta energética venezolana.

El plan de inversiones de Eni en el país será definido antes de fin de año y destacó la importancia estratégica de la apuesta italiana.

“Esta es una de las inversiones más significativas en nuestro país en tiempos recientes”, afirmó Delcy Rodríguez tras la firma. En 2025, la producción de Eni en Venezuela alcanzó los 64.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, consolidando su presencia como actor clave en la reactivación del sector energético nacional.

(Con información de EFE y Reuters)

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una de las organizaciones de derechos humanos más activas de Venezuela, exigió este martes que el proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se rija por reglas transparentes y criterios basados en méritos profesionales, y no en lealtades políticas. La advertencia llega una semana después de que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, abriera formalmente ese procedimiento sin precisar cuántas vacantes existen ni en qué salas del máximo tribunal.

“La designación de magistrados no puede repetir los errores recientes en la selección del fiscal general y la defensora del pueblo, donde el proceso constitucional fue desplazado por la lógica política. Un camino así solo prolonga la crisis institucional”, señaló la ONG en su cuenta de X. La organización pidió que el comité parlamentario encargado opere con convocatorias públicas, plazos definidos, verificación rigurosa de credenciales y acceso a la información suficiente para que la ciudadanía pueda fiscalizar cada etapa del proceso.

La denuncia de Cepaz apunta directamente a los antecedentes más recientes. El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz —ambos figuras afines al chavismo— presentaron sus renuncias a los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo, respectivamente. La Asamblea Nacional constituyó ese mismo día un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado exclusivamente por diputados en ejercicio, en su mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sin incluir representantes de la sociedad civil como exigen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Once organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales —entre ellas Cepaz, Acceso a la Justicia, CIVICUS y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)— denunciaron esa conformación como una violación de los principios de pluralidad e independencia.

El proceso ahora en marcha para renovar el TSJ presenta características similares. El 21 de abril, la Asamblea designó una comisión preliminar de once diputados encargada de instalar el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia constitucional que debe convocar candidatos públicamente, evaluar sus credenciales y elevar una propuesta al Parlamento para la votación final. El presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, reconoció la existencia de “algunas plazas vacantes” de magistrados principales y suplentes, pero no precisó su número ni las salas afectadas. La Ley Orgánica del TSJ exige para cada designación el voto favorable de dos tercios de los diputados, umbral que el bloque chavista controla sin necesidad de apoyos opositores.

La organización Transparencia Venezuela precisó que las vacantes ascienden a 12, es decir, más de la mitad del organismo. En la Sala Constitucional existen al menos dos vacantes absolutas: la magistrada Gladys Gutiérrez dejó el cargo en abril de 2024 al ser designada embajadora en España, mientras que Calixto Ortega fue nombrado representante ante la Corte Penal Internacional y no se reincorporó a sus funciones judiciales. La Sala Social acumula otra vacante tras el traslado del magistrado Carlos Alexis Castillo al Ministerio del Trabajo. En varias salas, la mayoría de los integrantes son ya magistrados suplentes.

El actual TSJ fue designado en 2022, hace apenas cuatro años, en un proceso que también generó cuestionamientos. En aquella ocasión, la Asamblea redujo el número de magistrados de 32 a 20 y permitió la reelección de varios de los salientes, una práctica que colisiona con el artículo 264 de la Constitución, que establece que los magistrados se eligen por “un único período de doce años”.

“Las víctimas de detención arbitraria, persecución política y violaciones de derechos humanos no necesitan un TSJ renovado en nombres. Necesitan un TSJ capaz de sancionar a los responsables y garantizar justicia real”, señaló la ONG. La renovación del tribunal se produce en el marco del “nuevo momento político” proclamado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos hace casi cuatro meses, un período en el que el gobierno interino ha acumulado nombramientos institucionales sin alterar el dominio del chavismo sobre los órganos del Estado.

Si algo ha caracterizado al chavismo en estos 27 años de gobierno es la opacidad. La falta de transparencia ha convertido datos tan elementales como el índice de inflación, el boletín epidemiológico y las estadísticas poblacionales en verdaderos secretos de Estado.

Ni hablar de la producción petrolera, las memorias de los ministerios y el balance de las empresas públicas. De hecho, ni siquiera los resultados electorales son transmitidos con un mínimo de precisión. Un país inauditable donde a cada momento estalla un nuevo escándalo de corrupción.

Pero ahora, bajo la presión de la administración de Donald Trump, el régimen chavista se está viendo obligado a presentar sus cuentas. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que los gobiernos de Caracas y Washington contrataron firmas auditoras para garantizar el uso correcto de los recursos financieros venezolanos.

“Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad”, expresó el presidente del BCV, Luis Pérez González, quien asumió ese cargo luego de que la Casa Blanca levantara las sanciones contra la institución. Pérez González reemplazó en ese puesto a Laura Guerra, hermana de la primera esposa de Maduro.

Tras el ataque del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales norteamericanas, el negocio petrolero está intervenido por Estados Unidos, que supervisa las transacciones y resguarda el dinero en una cuenta que controla el Tesoro norteamericano.

Además, gracias al reconocimiento de Trump, la presidenta encargada Delcy Rodríguez retomó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), entes que exigen claridad a sus miembros.

Reconstrucción

El famoso artículo IV del convenio constitutivo del FMI establece que un equipo del organismo “visita el país, recaba información económica y financiera, y analiza con las autoridades la evolución del país y sus políticas en materia económica”.

El economista Omar Zambrano estima que esa disposición está haciendo que el BCV exponga “cifras que tenía años sin publicar”. Apunta que el FMI ya está preparando esa misión para desembarcar lo antes posible en Caracas, lo que permitirá certificar las estadísticas oficiales. “Ese sería el primer gesto real de reconectarse con los entes multilaterales”, subraya el director de la consultora ThinkAnova.

“Uno de los primeros éxitos será el mejoramiento de la metodología, publicación y calidad de las estadísticas de un país ávido de información que los organismos públicos no proveen”, sostiene Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Vera observa que el FMI “exige buenas estadísticas” y que esto conducirá a la “reconstrucción del sistema nacional de estadísticas”. “En estos momentos no hay detalles en la información económica y socioeconómica, y hay muchas dudas sobre las metodologías que se emplean en la publicación de las estadísticas que están bajo responsabilidad del BCV”, acota el experto.

Gota a gota

Zambrano opina que las auditorías de Venezuela y Estados Unidos sobre el manejo de los fondos de la factura petrolera es una buena idea, aunque advierte que “nadie sabe muy bien cómo funciona ni cuál es el protocolo” del esquema creado por Washington para este fin.

“Se supone que hay un fondo que Estados Unidos tenía antes en Qatar y que ahora está en el propio Estados Unidos, donde se deposita la factura por exportación de petróleo, pero no sabemos ni cuánto hay en el fondo, ni cuánto se ha exportado ni cuánto llega al país”, resume.

Vera coincide en que “no se sabe a qué precio se está vendiendo el petróleo en Estados Unidos, cuánto ingreso genera ni cuánto alimenta la cuenta de custodia que está bajo el cuidado del Tesoro norteamericano”.

El académico recalca que “tener claras esas cuentas es importante y por eso la iniciativa de las auditorías es bienvenida, para revisar esos flujos monetarios y determinar cómo se divide esa torta” entre los distintos actores del negocio.

A la luz

La directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, aplaude las auditorías, mas pone como condición que los resultados sean públicos. “Si es una empresa propiedad del Estado, eso debe ser público, y que sea una auditoría no solo financiera sino también de procesos, saber cómo está estructurada la empresa petrolera, y cómo se relaciona con las compañías que ya están en el país y con las que están entrando”, puntualiza.

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, reveló a mediados de abril que unos 3 mil millones de dólares por la venta del petróleo venezolano se habían entregado al país.

“El dinero ha sido canalizado al gobierno de Venezuela para pagar salarios y comprar diluyentes para la industria petrolera. Ese dinero no puede utilizarse para pagar a China, Irán o Cuba”, declaró Kozak.

De Freitas destaca que más allá de lo manifestado por el funcionario norteamericano, poco se conoce de la administración de esos fondos. “No sabemos cuánto de verdad le está llegando al Estado venezolano”, cuestiona la portavoz de Transparencia Venezuela, que insiste en la necesidad de que las autoridades no se limiten a complacer a los inversionistas sino que “respeten los derechos de los venezolanos” a conocer el destino de los fondos públicos.

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. El anuncio lo ha hecho este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde Santo Domingo, donde prosigue una gira con la que el Gobierno trata de garantizar la asistencia de los principales líderes latinoamericanos a una cita que aspira a recuperar peso político.

No hay, según el ministro, margen para interpretaciones excepcionales. La invitación, ha dicho, responde a una pauta asentada en este tipo de foros. “En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va ser diferente a otras”, ha señalado.

El encaje de las sanciones europeas

La decisión se produce, sin embargo, bajo la sombra de las sanciones que la Unión Europea mantiene sobre Rodríguez desde julio de 2018. Aquellas medidas, adoptadas en el contexto de la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, forman parte de un régimen sancionador más amplio aprobado en noviembre de 2017 contra altos cargos venezolanos. Incluyen la prohibición de viajar al espacio comunitario y la congelación de activos, además de un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para la represión interna.

La UE prorrogó por última vez estas sanciones el pasado 15 de diciembre de 2025, extendiendo su vigencia hasta el 10 de enero de 2027. En su justificación, Bruselas aludió a las “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho”, así como a las violaciones de derechos humanos y la represión de la oposición, en un escenario especialmente tensionado tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En paralelo, el Gobierno español ha movido ficha en el ámbito comunitario para tratar de levantar el veto que pesa sobre la dirigente venezolana, sin que hasta ahora se haya producido una decisión en ese sentido. La posición de Madrid se apoya en una interpretación flexible de las sanciones cuando están en juego foros multilaterales. Como antecedente, recuerdan la presencia de la propia Rodríguez en la cumbre entre la UE y la Celac celebrada en Bruselas en 2023.

El contraste con Estados Unidos añade otra capa a la cuestión: Washington ha retirado a Rodríguez de su lista negra, lo que dibuja un escenario desigual entre aliados occidentales y deja margen para distintas lecturas diplomáticas.

Una gira con la cumbre en el horizonte

El anuncio de Albares no se entiende al margen de la gira que le ha llevado a Puerto Rico, República Dominicana y que continuará en México. El objetivo declarado es asegurar una participación amplia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en un momento en que este foro arrastra años de menor visibilidad y asistencia irregular de mandatarios.

En Santo Domingo, el ministro ha entregado la invitación oficial del Rey al presidente Luis Abinader a través de su canciller, Roberto Álvarez. La respuesta ha sido inmediata: el mandatario dominicano estará en Madrid. La agenda del titular de Exteriores incluye ahora México, donde trasladará la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El propio Albares ha situado este viaje dentro de una estrategia más amplia, con la que España pretende reactivar el espacio iberoamericano y reforzar su papel como plataforma de diálogo político. En mensajes difundidos durante la gira, el ministro ha insistido en la necesidad de “hablar del español y de lo hispano” y de proyectar una cumbre renovada, capaz de responder a los desafíos actuales de la región.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia reapareció este martes en redes sociales para anunciar su recuperación tras varias semanas de baja médica que lo apartaron de los actos de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado durante su visita a España el pasado 18 de abril. “Hace unos días recibí el alta médica. Estoy de vuelta, que no haya dudas”, escribió el ex diplomático, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

González Urrutia había permanecido hospitalizado como seguimiento de una intervención quirúrgica practicada semanas atrás. Su ausencia en el acto madrileño en que Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid fue uno de los episodios más notorios. En su lugar asistió su hija al encuentro, al que acudieron miles de venezolanos residentes en España.

El ex diplomático aprovechó su reaparición para criticar en tres frentes la situación en Venezuela: la crisis económica, el proceso judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos y la aplicación real de la ley de amnistía. Sobre lo primero, lamentó que “la inflación sigue devorando a los venezolanos”, en alusión a una crisis que desde 2013 ha acumulado una de las contracciones más severas registradas en tiempos de paz en América Latina.

Su segunda crítica apuntó a Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos emitió el 25 de abril licencias que autorizan al régimen venezolano a sufragar los honorarios de los abogados defensores de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcoterrorismo que ambos afrontan en Nueva York. Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas y se encuentran en una prisión federal de Brooklyn, donde se declararon inocentes de los cargos.

Sin nombrar directamente a Washington, González Urrutia fue explícito: “Una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos”. La decisión de la OFAC supone un giro de la administración Trump, que había bloqueado esos fondos invocando razones de seguridad nacional. La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, argumentó que la restricción violaba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a contar con el abogado de elección.

El tercer eje fue la ley de amnistía promulgada el 19 de febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “Veo una ley de amnistía que murió antes de nacer porque nunca fue su intención que viviera”, afirmó González Urrutia, y añadió que los presos políticos “están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa”.

Los datos respaldan sus reservas. El Parlamento venezolano informó el 22 de abril que 8.616 personas fueron amnistiadas desde la salida de Maduro del poder: solo 314 estaban encarceladas; el resto tenía medidas cautelares como la prohibición de salida del país. Ese mismo día, Foro Penal contabilizó 473 presos políticos aún detenidos —427 hombres, 46 mujeres, 187 militares y un adolescente—, de los cuales 309 permanecen sin condena firme.

La organización documentó que solo 186 excarcelaciones desde el 8 de enero responden directamente a la ley de amnistía, y calificó la norma de “embudo para ralentizar o paralizar” las liberaciones. La ley abarca formalmente 27 años, desde 1999, pero limita sus beneficios a personas vinculadas con 13 hechos específicos, lo que excluye la mayor parte del período chavista y casos de corrupción, homicidio u operaciones militares. Las autoridades tampoco han publicado la lista de beneficiados pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. González Urrutia retoma su actividad sin que los números de fondo en Caracas hayan variado de forma sustancial.

El 21 de febrero, a través de su cuenta en X, la entonces encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, escribió: “Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos”.

El mensaje en cuestión fue acompañado por una serie de imágenes que muestran cajas de lo que se supone son insumos para los deteriorados hospitales venezolanos. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha visto ni una jeringa en esos centros asistenciales.

“De verdad no sé nada de esas toneladas, no sé si llegaron ni si existen. Quien las haya recibido, tiene la responsabilidad de informar”, señala Pablo Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud).

Zambrano se encoge de hombros al ser consultado por el paradero de la donación norteamericana, entregada como símbolo del relanzamiento de las relaciones bilaterales tras el ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“No tengo información ni he visto nada, y normalmente uno siempre se entera de cualquier situación que se presenta. En este caso, de verdad, no tenemos información ni mis colegas del sector ni yo”, confiesa el veterano dirigente sindical.

Se busca

Los primeros que llamaron la atención sobre el tema fueron los miembros de la Federación Médica Venezolana (FMV). “La información es negativa en todo el país. Esos suministros simplemente desaparecieron del radar de los hospitales”, denunció el presidente de la FMV, Douglas León Natera.

León Natera indicó que realizaron un monitoreo exhaustivo en 18 de las 24 entidades federales del país, sin hallar rastros de la ayuda brindada por Estados Unidos. “No se trata solo de redes sociales o fotos en aeropuertos, se trata de vidas. El destino de esas 71 toneladas debe ser aclarado de inmediato porque en los hospitales la respuesta sigue siendo la misma: no hay nada”, fustigó el vocero gremial.

En las fotos difundidas por la embajada norteamericana se observa junto a Dogu a Félix Plasencia, nombrado representante diplomático de Venezuela ante Washington por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El gobierno bolivariano no ha ofrecido detalles sobre la ubicación de los insumos y cómo serán distribuidos y utilizados en el país.

La FMV cuestiona la falta de transparencia en el manejo de la ayuda humanitaria y exige a la gestión de Delcy Rodríguez que responda la pregunta de las 71 toneladas: ¿Dónde están los insumos que envió Donald Trump a Caracas?

De acuerdo con el representante de ACNUR, Christian Carrillo, actualmente residen en el Perú cerca de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos. Dentro de ese grupo, una parte significativa no solo busca oportunidades económicas, sino también garantías para su seguridad y la de sus familias.

El dato es relevante porque evidencia que no todos los migrantes llegan en las mismas condiciones. Mientras algunos se insertan en el mercado laboral, otros recurren a mecanismos legales de protección al considerar que no pueden regresar a su país.

En ese contexto, el sistema de refugio se ha convertido en una vía clave para miles de extranjeros, aunque solo una pequeña parte ha logrado obtener ese reconocimiento formal hasta el momento.

Refugio, trabajo y aporte económico

Aunque más de medio millón de venezolanos ha solicitado refugio, en el Perú solo más de 7 mil cuentan actualmente con ese estatus reconocido. Se trata de personas cuya vida, libertad o integridad podrían estar en riesgo si retornan a su país.

Más allá de la situación legal, ACNUR subraya que esta población tiene un impacto en la economía peruana. Según explicó Carrillo, el aporte de los refugiados supera la inversión que realiza el Estado en ellos.

El representante de la agencia indicó que por cada sol destinado a un refugiado, el retorno puede ser casi tres veces mayor en términos de ingresos fiscales. Este dato busca contrarrestar la percepción de que la llegada de migrantes representa únicamente una carga para el país.

En esa línea, ACNUR ha lanzado la campaña “Solidaridad +51”, con el objetivo de visibilizar el aporte de los extranjeros, especialmente de los venezolanos, en distintos sectores de la sociedad peruana.

Restricciones en Chile podrían agravar la crisis migratoria

Mientras el Perú enfrenta el desafío de atender a una alta población de migrantes, nuevas medidas en la región podrían intensificar la llegada de personas a sus fronteras. En Chile, el gobierno ha impulsado un plan de control que incluye la construcción de barreras físicas en la zona norte.

Para el internacionalista Ramiro Escobar, este tipo de políticas podría generar un efecto inmediato: la acumulación de personas en la frontera con el Perú, especialmente en la zona de la Concordia.

El especialista advirtió que el endurecimiento de los controles no elimina el flujo migratorio, sino que puede redirigirlo. En ese escenario, cientos de extranjeros podrían quedar varados o intentar ingresar a territorio peruano.

Esta situación no solo plantea un reto logístico, sino también humanitario. La concentración de personas en zonas fronterizas suele estar acompañada de falta de servicios básicos y ausencia de mecanismos claros de atención.

Perú y los retos de la migración

El posible impacto de estas medidas en Chile se suma a una realidad ya compleja en el Perú. Según Escobar, las características de las fronteras peruanas facilitan el ingreso irregular, lo que podría intensificarse si otros países endurecen sus políticas.

En ese contexto, el país podría enfrentar un aumento en el número de migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan continuar su tránsito o establecerse.

El analista también puso en duda la efectividad de medidas basadas únicamente en el control físico, al señalar que la migración irregular ya había disminuido en Chile sin necesidad de este tipo de intervenciones.

Además, advirtió que propuestas como la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular resultan difíciles de aplicar en la práctica.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, mantuvo una reunión en Roma con el ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johann Álvarez Márquez, con el objetivo de impulsar la liberación de presos políticos y fomentar un mayor intercambio comercial entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro empresarial Italia-América Latina, realizado en la ciudad de Prato, según informó el Ministerio de Exteriores italiano.

Durante la jornada, Tajani se reunió con Álvarez Márquez, quien fue designado como ministro de Comercio Exterior el 25 de marzo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En la reunión, Tajani “ha vuelto a animar a la liberación de todos los presos políticos”, luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Además, el ministro italiano propuso “desarrollar ulteriormente el intercambio comercial y promover nuevas inversiones, en particular en los sectores de las infraestructuras y energético”.

En el foro, Tajani también mantuvo encuentros con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y con el ministro de Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin.

En estas instancias, el jefe de la diplomacia italiana abordó los principales temas regionales, prestando especial atención a la situación en Venezuela, y remarcó la disposición de Italia para compartir conocimientos y buenas prácticas en la lucha contra el crimen organizado.

El Ministerio de Exteriores resaltó que el foro “ha confirmado la centralidad de América Latina en la política exterior italiana, fundada en sólidos vínculos históricos, culturales y económicos”, fortalecidos por la gran comunidad itálica presente en la región.

Asimismo, el encuentro sirvió para destacar “la vitalidad” de la asociación económica entre Italia y Latinoamérica, cuyo intercambio comercial en 2025 alcanzó los 34.000 millones de euros (aproximadamente 39.881 millones de dólares).

Esta relación muestra “amplias perspectivas de crecimiento” tras el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

En la reunión bilateral con Ulloa, Tajani subrayó “la fase positiva” de los vínculos con El Salvador y analizó la participación de empresas italianas en el programa de modernización de las infraestructuras salvadoreñas.

Por su parte, en el encuentro con Lubetkin, Tajani confirmó el estado “excelente” de las relaciones bilaterales con Uruguay y manifestó su interés en fortalecer la alianza estratégica, especialmente en el sector del transporte aéreo.

Delcy Rodríguez ya cocina la enésima renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la misma línea de sus predecesores, la flamante presidenta encargada de Venezuela prepara una sacudida que dejará entre sus damnificados a figuras muy cercanas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habían diseñado un Poder Judicial a su imagen y semejanza.

Una docena de los 20 magistrados que conforman el TSJ abandonaría definitivamente sus cargos, según versiones extraoficiales. Ocho saldrían jubilados. En esa lista destacan dos miembros de la Sala Penal, Maikel Moreno y Elsa Gómez, que han estado envueltos en polémicas por acusaciones de corrupción.

Ficha de confianza de la pareja Maduro-Flores, Moreno presidió el máximo tribunal del país entre 2017 y 2022. Sobre él pesan sanciones de 42 naciones, las más importantes de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Además, la cabeza de Moreno tiene precio: Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por datos que faciliten su captura, pues la justicia norteamericana lo persigue por su presunta participación en el crimen organizado transnacional, recepción de sobornos y lavado de dinero.

Moreno estaba al frente del TSJ el 30 de abril de 2019, cuando hubo un intento de golpe de Estado contra Maduro. El dirigente opositor Leopoldo López aseguró que el magistrado formaba parte del complot, pero que al final no cumplió con el compromiso que había asumido de dictar una sentencia a favor del levantamiento.

Tras aquel turbulento episodio, corrió el rumor de que Maduro lo borraría de la institución. Al final, logró recuperar la confianza del líder chavista y fue ratificado en 2022 por otro período de 12 años. Con Delcy Rodríguez en Miraflores, se apagó la estrella de Moreno.

La familia

En la rampa de salida igualmente se encuentra Elsa Gómez. En 2013, la propia Sala Constitucional del TSJ determinó que cometió un “error inexcusable” y actuó “de forma grotesca” cuando, en su condición de jueza de la Corte de Apelaciones de Caracas, favoreció a un general del Ejército condenado por corrupción.

Presidenta de la Sala Penal, públicamente ha sido cuestionada por presuntamente ejercer presiones indebidas en los tribunales y encabezar la persecución judicial contra la disidencia, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Gómez es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores.

Al marginar a Moreno y Gómez, Delcy Rodríguez saca a dos de los tres togados que conforman la Sala Penal. La presidenta encargada ha anunciado una reforma del sistema penal para supuestamente combatir el retardo procesal, superar la criminalización de la pobreza y erradicar la corrupción.

“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo de Venezuela todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna”, expresó la mandataria interina.

Otro jubilado es el jefe de la Sala Social y primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia Rodríguez. Militante del extinto Movimiento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez, es hermano del primer esposo de Cilia Flores.

Gran prueba

De los 20 magistrados principales, actualmente solo uno podría ser vinculado con factores de oposición. La renovación del TSJ, proceso que impulsa la Asamblea Nacional -presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez-, se convierte en una nueva prueba para medir la disposición del chavismo con respecto a una apertura democrática.

“Los venezolanos claman por instituciones serias, que sean independientes y que estén al servicio de la gente”, recalcó el diputado opositor Henrique Capriles Radonski, quien subrayó que este proceso es “muy importante” con el fin de “seguir luchando para que el país tenga un sistema de justicia que funcione para los venezolanos”.

La cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada por el chavismo para imponer sus posiciones y asfixiar a la disidencia. “En 2024, el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral, profundizando con ello la falta de credibilidad y transparencia de los resultados informados por el Poder Electoral", recordó la ONG Provea.

El refrescamiento del máximo juzgado no solo es seguido con atención por la sociedad venezolana. El gobierno de Estados Unidos también observa detenidamente los movimientos de Delcy Rodríguez, consciente de que el Poder Judicial es clave para una transición democrática en Venezuela.

El fiscal de Venezuela, Larry Devoe, informó que desarrollará un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para reforzar la labor del organismo, especialmente en materia de derechos de personas encarceladas.

Esta decisión surge tras una reunión con Valérie Aubert, jefa de la delegación del CICR en el país.

“Construiremos conjuntamente un plan de trabajo orientado a reforzar las capacidades del Ministerio Público (Fiscalía) en diversas áreas de su mandato, incluyendo lo relacionado con los derechos de la población privada de libertad”, expresó Devoe a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Además, invitó al CICR a participar y aportar en la Consulta nacional para la reforma de la justicia penal venezolana, una iniciativa anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según Devoe, la reunión se realizó en la sede de la Fiscalía en Caracas y contó con la presencia de otros integrantes de la delegación del CICR.

El anuncio ocurre después de que cinco presos fallecieran en un motín en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, según reportó el Ministerio de Servicio Penitenciario tras denuncias de familiares y ONG sobre una situación irregular en el penal.

El Ministerio explicó que en el recinto, considerado de máxima seguridad y destinado, según el comunicado, al resguardo de “líderes negativos y miembros de bandas criminales”, se produjo una riña entre internos que culminó en un motín.

El organismo indicó que la Fiscalía abrió una investigación sobre el incidente, lo cual fue confirmado por la institución, aunque no se ofrecieron más detalles.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, aseguró el 16 de abril que organizará “visitas de inspección” a los centros penitenciarios para verificar las condiciones de reclusión, sin que hasta el momento haya anunciado la realización de estas inspecciones.

En febrero, la Cruz Roja Venezolana comunicó que atendería y realizaría evaluaciones médicas a los beneficiados por el proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el 8 de enero.