Trump sostuvo que, durante los últimos meses, ingresaron “cero inmigrantes ilegales a Estados Unidos”. También aseguró que recibió al país en “la era oscura” y que su administración abrió una “era dorada”.

Durante su intervención ante la Asamblea General, Donald Trump presentó una serie de afirmaciones sobre acciones militares, negociaciones diplomáticas y acuerdos económicos atribuidos a su Gobierno. El mandatario dijo que Estados Unidos busca impedir que Irán obtenga armas nucleares, mantener la presión económica sobre Teherán y ampliar su capacidad de producción de municiones.

Irán, el programa nuclear y la presión económica

Trump afirmó que desde el inicio de su actividad política mantuvo una posición contraria a que Irán disponga de un arma nuclear. “Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, declaró ante los líderes reunidos en Nueva York.

El presidente estadounidense aseguró que, al asumir el cargo el año pasado, propuso cooperación económica a Irán a cambio de que abandonara su programa nuclear y su respaldo al terrorismo. Según su relato, Teherán rechazó esa oferta y continuó desarrollando misiles y ampliando su arsenal.

Trump atribuyó al Ejército de Estados Unidos la destrucción de ese programa mediante la “Operación Martillo de Medianoche”. Según afirmó, la operación dejó las instalaciones “enterradas bajo montañas de escombros”.

También sostuvo que Irán pretendía desarrollar misiles balísticos capaces de llegar a Europa y protegerse detrás de un “escudo” nuclear. El mandatario mencionó los atentados del 11 de septiembre y el ataque del 7 de octubre en Israel para justificar su postura frente a Teherán.

Amenazas de represalias y expansión militar

El mandatario afirmó que la “Operación Furia Épica” destruyó embarcaciones, aviones, radares, sistemas antiaéreos y parte de la capacidad iraní para fabricar drones. “Su economía está hecha añicos”, dijo, al referirse también a una inflación superior al 300%.

Trump aseguró que Irán incumplió un alto el fuego al atacar barcos civiles de otros países. Además, agradeció al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por aprobar una resolución contra lo que calificó como ataques iraníes contra buques mercantes.

El presidente afirmó que la Marina estadounidense escoltó más de mil millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz. También señaló que evaluará dos alternativas frente a Irán: un acuerdo para reconstruir al país o una ofensiva militar.

“O haremos un trato justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan”, afirmó Trump. El mandatario añadió que no tomará en cuenta los comicios de mitad de período al adoptar una decisión sobre Irán, porque no será candidato.

Gaza y los conflictos que Trump dijo haber resuelto

Trump afirmó que Estados Unidos terminó la guerra en Gaza después de iniciar gestiones paralelas a la Asamblea General del año anterior. Sostuvo que su Gobierno logró el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, y que el Consejo de Seguridad respaldó de forma unánime un plan de paz.

El presidente dijo que casi 30 países se sumaron a una Junta de Paz que él preside. Según afirmó, esos Estados aportaron miles de millones de dólares para tareas de reconstrucción y ayuda, con participación de Marruecos, Baréin, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía y Uzbekistán.

También agradeció a Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo, Kazajistán, Egipto y Jordania por haber prometido policías o tropas. Trump sostuvo que su Gobierno puso fin a ocho guerras mediante negociaciones, relaciones diplomáticas, aranceles y amenazas de aranceles.

El mandatario enumeró conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Armenia y Azerbaiyán, además de la guerra en Gaza. Al citar a dirigentes extranjeros, afirmó que el primer ministro de Pakistán le dijo: “Donald Trump salvó 30 millones de vidas o incluso muchas más”.

Venezuela, cárteles y producción de municiones

Trump aseguró que Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas y detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien describió como “un dictador criminal”. También afirmó que, desde entonces, cientos de presos políticos venezolanos fueron liberados.

El presidente estadounidense sostuvo que su Gobierno firmó el mes pasado un acuerdo petrolero por 65 mil millones de barriles de petróleo con Venezuela. Según dijo, el pacto beneficiará a ambos países, reducirá el precio de la energía y permitirá que compañías petroleras amplíen su actividad.

Trump afirmó que Estados Unidos y Venezuela representan más del 60% del petróleo mundial. También advirtió que Washington utilizará su fuerza militar si considera que surge una amenaza en el hemisferio occidental.

El mandatario dijo que designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas y ordenó al Ejército estadounidense actuar contra ellos. “Estados Unidos ha realizado docenas de ataques contra navíos de drogas”, afirmó, antes de asegurar que destruyó una parte de los estupefacientes transportados por mar.

Trump rechaza una regulación global de la inteligencia artificial

Trump afirmó que Estados Unidos se opondrá a cualquier iniciativa internacional que, según su interpretación, busque construir un “esquema globalista” para regular la inteligencia artificial. El mandatario vinculó esa postura con su rechazo a mecanismos de alcance mundial y sostuvo que su país no aceptará impuestos globales mientras él sea presidente.

El presidente propuso sustituir la expresión inteligencia artificial por “superinteligencia” en los documentos oficiales de Estados Unidos. “Nada de inteligencia artificial, va a ser super, la superinteligencia”, dijo, y sostuvo que esa denominación le parece más precisa.

Trump señaló que la tecnología plantea desafíos, aunque descartó frenar su desarrollo. También cuestionó a quienes advierten sobre riesgos vinculados con estos sistemas y los comparó con quienes, según su discurso, difundieron alertas sobre el cambio climático.

“El que gane la carrera de la superinteligencia, va a ganar”, afirmó. Trump aseguró que Estados Unidos supera a China en ese campo y sostuvo que su Gobierno continuará impulsando el avance tecnológico.

El mandatario dijo que no pretende “asfixiar” una industria que, de acuerdo con sus palabras, podría superar el impacto de la revolución industrial y de Internet. Añadió que su administración fomentará la superinteligencia bajo supervisión del Departamento de Justicia, sin imponer límites a su crecimiento.

La Audiencia Nacional ha rechazado la permanencia en España de una familia venezolana que pidió frenar su devolución desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid por la enfermedad crónica de su hija menor. El tribunal ha considerado que no quedó acreditado que la niña careciera por completo de tratamiento médico en Venezuela ni que existiera un riesgo de persecución que justificara la protección internacional.

La resolución afecta a la madre, al padre y a su hija, esta última diagnosticada de fiebre mediterránea familiar, una enfermedad autoinflamatoria congénita que produce episodios de fiebre alta e inflamación dolorosa en el abdomen, el tórax y las articulaciones. Los padres alegaron que la menor recibió atención médica en Venezuela tras el diagnóstico, aunque desde febrero de 2026 no les llegaba la medicación y temían que la menor no recibiera la asistencia necesaria si volvía a su país. También expusieron que su vivienda quedó destruida por un terremoto en La Guaira.

La Sala apreció la urgencia de resolver su petición, pues la familia esperaba su retorno a Venezuela desde el puesto fronterizo madrileño. Aun así, descartó la medida cautelar que habría permitido su estancia hasta la resolución del recurso contencioso-administrativo presentado contra la negativa de asilo.

Los magistrados señalaron que la enfermedad de la niña fue diagnosticada y tratada en el país de origen. La familia no aportó elementos que probaran la imposibilidad absoluta de Venezuela de garantizar asistencia y tratamiento médico adecuados, según el auto. Tampoco expuso, a juicio del tribunal, circunstancias que comprometieran de forma grave la vida de la menor y exigieran atención sanitaria urgente en el momento de la solicitud.

La decisión no ha resuelto aún el fondo del litigio sobre la protección internacional. La Audiencia Nacional ha limitado su análisis a la permanencia cautelar y concluye que los hechos alegados no muestran, en esta fase, una apariencia de persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual.

Acnur avala el asilo, pero la Audiencia mantiene que no hay pruebas

La familia presentó su solicitud de protección internacional en el puesto fronterizo del aeropuerto. El Ministerio del Interior la denegó el 3 de septiembre de 2026. Dos días después, el 5 de septiembre, rechazó el reexamen que habían solicitado los padres.

La defensa sostuvo que los relatos de ambos progenitores eran coherentes entre sí y compatibles con la información aportada sobre Venezuela. También invocó la situación de especial vulnerabilidad de la unidad familiar, el interés de la menor y los informes médicos presentados. Según su escrito, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respaldaba la admisión a trámite de la solicitud y la entrada en territorio español para que la familia pudiera acceder a acogida en un entorno seguro y compatible con la enfermedad de la menor.

El tribunal ha aplicado el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348, que no reconoce un derecho automático de permanencia durante el recurso en los procedimientos de frontera. En esos casos, corresponde al órgano judicial decidir si autoriza la estancia tras valorar los hechos y los fundamentos jurídicos expuestos.

La Sala ha concluido que la información disponible no permitía apreciar, ni siquiera de forma indiciaria, una situación de persecución o un peligro real que exigiera impedir el retorno. Rechazó así la medida cautelarísima solicitada, sin prejuzgar el resultado del recurso principal contra las resoluciones de asilo. El procedimiento contencioso-administrativo sigue pendiente de una decisión sobre el fondo, pero el auto de 10 de septiembre de 2026, que negó la permanencia provisional, no admite recurso.

La transformación del escenario energético y político de Venezuela está abriendo nuevas posibilidades de negocio para Ecopetrol, justo cuando la compañía colombiana atraviesa una renovación de su junta directiva y se prepara para tener un nuevo presidente.

El escenario cambió después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026, un hecho que modificó las relaciones económicas de Venezuela y dio paso a nuevos acuerdos e inversiones en petróleo, minería y otros sectores.

Según un análisis publicado por El Tiempo, las oportunidades que podría estudiar Ecopetrol abarcan desde participación en campos petroleros venezolanos hasta importaciones de gas, compra de crudos livianos y proyectos para reactivar las interconexiones eléctricas entre ambos países.

Uno de quienes ha planteado públicamente esa posibilidad es Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela y miembro de la junta directiva de Ecopetrol.

“En Venezuela hay muchos campos petroleros y bastantes posibilidades. Es totalmente viable hacer negocios y trabajar con Venezuela. Existe la seguridad jurídica necesaria para lograrlo”, manifestó el diplomático.

Petróleo y gas aparecen entre las opciones

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta señaló que Colombia y Venezuela compiten en mercados similares de crudos pesados, pero sostuvo que esa característica no necesariamente impide desarrollar proyectos conjuntos.

Acosta destacó como elemento relevante la flexibilización de sanciones estadounidenses relacionadas con el sector petrolero venezolano y consideró que el escenario permite examinar una eventual participación en la recuperación de esa industria.

“Las oportunidades deben evaluarse, naturalmente, con absoluto rigor”, advirtió.

El renovado interés internacional en el sector venezolano ya se refleja en acuerdos recientes. Empresas extranjeras han explorado inversiones y asociaciones con PDVSA para desarrollar proyectos petroleros, en medio de los cambios regulatorios y económicos registrados durante 2026.

Otra posibilidad para Ecopetrol sería la importación de gas natural a través del gasoducto Antonio Ricaurte. De acuerdo con el análisis, esta infraestructura podría cobrar importancia ante la necesidad colombiana de complementar su suministro con importaciones.

Sin embargo, existe un obstáculo considerable: el gasoducto permanece fuera de operación desde 2015 y tiene un tramo deteriorado en territorio colombiano. Su rehabilitación exigiría inversiones significativas y podría tomar varios años.

El director del Centro Regional de Estudios de Energía, Cree, Tomás González, consideró que cualquier alternativa debería buscar condiciones competitivas para los consumidores.

“Si con todos los cambios que está habiendo en Venezuela (...) se abre una posibilidad que nos dé buenas condiciones está muy bien”, señaló.

González agregó que Ecopetrol tendría que asumir inversiones para recuperar la infraestructura, recursos que posteriormente podrían recuperarse mediante las tarifas pagadas por los usuarios.

Crudos livianos y electricidad entran en el radar

Además del gas, aparece otra alternativa: los crudos livianos venezolanos, que, según el análisis, podrían resultar adecuados para la dieta de carga de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

Ecopetrol ya había mostrado interés anteriormente en este tipo de petróleo, por lo que el nuevo escenario podría permitir que esa posibilidad vuelva a estudiarse.

El abanico no se limita a hidrocarburos. Venezuela también requeriría un suministro eléctrico confiable para respaldar una eventual recuperación de su producción petrolera.

En ese frente, Ecopetrol había contemplado aprovechar las operaciones de ISA para rehabilitar y adaptar las interconexiones eléctricas fronterizas que funcionaron en años anteriores. Una eventual recuperación de esas líneas permitiría estudiar nuevamente la exportación de electricidad desde Colombia hacia Venezuela.

El análisis advierte, sin embargo, que cualquier proyecto debe considerar variables económicas, técnicas y políticas. En el caso del gas, González señaló que sería necesario tener certeza sobre la disponibilidad del combustible, establecer condiciones comerciales claras y garantizar que el suministro no quede expuesto a interrupciones por eventuales tensiones diplomáticas.

Así, la nueva situación venezolana coloca sobre la mesa varias alternativas para Ecopetrol: producción petrolera, compra de crudos, importación de gas e interconexión eléctrica. Su eventual desarrollo dependerá de que la petrolera evalúe costos, condiciones jurídicas, riesgos y rentabilidad antes de comprometer inversiones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con los titulares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde también tiene previsto encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro con Guterres tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, donde Rodríguez se encuentra con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. Durante la reunión, ambos abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre Naciones Unidas y Caracas, incluida la relativa a derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó el organismo internacional.

Antes de la reunión, Rodríguez dejó por escrito en el libro de firmas de Naciones Unidas su esperanza de que el nuevo periodo de sesiones contribuya a fortalecer el multilateralismo “en procura de la paz y estabilidad mundial”.

Tras su llegada a Estados Unidos durante la madrugada del lunes, la mandataria afirmó que viajaba “con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”.

Durante la misma jornada, Rodríguez mantuvo reuniones con las autoridades de los principales organismos financieros multilaterales, en el marco de la agenda de Caracas para fortalecer los vínculos retomados este año.

La mandataria sostuvo primero un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente de la institución, Everett Eissenstat. El canal estatal VTV señaló que la reunión tuvo como objetivo “revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera” entre Venezuela y el organismo.

Posteriormente, Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

Las reuniones se llevaron a cabo en la sede de la misión permanente de Venezuela ante Naciones Unidas. Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el BID, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el canciller, Félix Plasencia; y otros funcionarios. Según VTV, los encuentros reflejaron la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

Las relaciones entre Venezuela y el FMI y el Banco Mundial fueron retomadas el 16 de abril, cuando ambas instituciones anunciaron la reanudación de sus vínculos con el Gobierno venezolano. En mayo, Rodríguez recibió además a una delegación del Banco Mundial encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo, Susana Cordeiro Guerra.

En el caso del BID, las relaciones se retomaron el 24 de junio, después de que la institución aceptara el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador de Venezuela ante el organismo.

Los vínculos con estos organismos habían sido suspendidos en 2019, durante la crisis política venezolana. En ese momento, el dictador Nicolás Maduro asumió un segundo mandato ilegítimo, mientras Juan Guaidó se autoproclamó presidente y recibió el reconocimiento de decenas de países.

Venezuela mantiene una deuda acumulada de unos 2.500 millones de dólares con el BID, monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.

La agenda de Rodríguez en Nueva York continuará este martes con un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciado el viernes por la Casa Blanca. La reunión tendrá lugar en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El encuentro será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Nicolás Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La última visita de un jefe de Estado venezolano a Naciones Unidas fue la de Maduro en 2018. Actualmente, el ex dictador se encuentra detenido en una prisión ubicada a pocos kilómetros de la sede de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero.

Rodríguez también tiene previsto intervenir el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones.

(Con información de EFE)

La situación política de Venezuela volvió a ocupar parte de la agenda internacional durante la participación del expresidente colombiano Iván Duque en la Cumbre de Concordia, un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.

En entrevista con La FM, el exmandatario planteó la necesidad de definir cuanto antes los pasos que seguirá el país vecino y cuándo sus ciudadanos volverán a las urnas.

Desde Nueva York, Duque cuestionó que el proceso de transición continúe sin una ruta electoral definida. “Cayó el dictador, pero no ha caído la dictadura y todavía se necesita acelerar la transición en Venezuela”, afirmó el exmandatario, que respaldó los llamados a establecer una hoja de ruta para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales.

Uno de los puntos centrales de su planteamiento está relacionado con la participación de la oposición. Duque sostuvo que María Corina Machado y los sectores agrupados bajo la denominada Resistencia Democrática deberían tener garantías para regresar a Venezuela y retomar el contacto político con la ciudadanía.

En esa línea, insistió en que no debería prolongarse el escenario de incertidumbre que rodea el futuro institucional del país. “El hecho de que no se pueda dejar esta situación de incertidumbre y este limbo hace urgente que se dé ya claridad”, señaló durante la conversación. El expresidente agregó que espera que “María Corina y la Resistencia Democrática puedan de manera libre hacer presencia en su país y volver a conectar con la ciudadanía”.

Sus declaraciones coinciden con los planteamientos de dirigentes venezolanos y estadounidenses que piden establecer una fecha concreta para unas elecciones presidenciales. Duque expresó respaldo a iniciativas promovidas por integrantes del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el senador republicano Bernie Moreno y la representante María Elvira Salazar, que buscan presionar para que exista un calendario electoral sin nuevas postergaciones.

Sin embargo, esas propuestas no equivalen a una convocatoria oficial. Venezuela todavía no tiene una fecha formalmente anunciada para unas nuevas elecciones presidenciales, por lo que el calendario continúa siendo un asunto de debate político. Una de las fechas que entró en esa discusión fue planteada por Bernie Moreno: el 24 de julio de 2027, día que coincide con el natalicio de Simón Bolívar. El senador defendió la necesidad de establecer desde ahora una fecha para las elecciones, aunque reconoció que el país no estaría preparado para celebrarlas de inmediato.

“Necesitamos tener elecciones en Venezuela. Obviamente no están preparados para elecciones hoy, pero creo que es extremadamente importante fijar una fecha”, afirmó Moreno al explicar su propuesta a la cadena Fox News. María Corina Machado manifestó públicamente su respaldo a ese planteamiento y se vinculó a la campaña #SetTheDate, promovida por sectores opositores que reclaman un calendario para unas elecciones presidenciales libres y con garantías de participación.

La ausencia de una fecha oficial mantiene abierto uno de los principales focos de presión política sobre Venezuela. En ese escenario, Duque también consideró que la comunidad internacional debe conservar un papel activo durante la transición y vinculó la situación venezolana con un debate más amplio sobre la respuesta de los organismos multilaterales frente a las crisis políticas e institucionales.

El exmandatario defendió la importancia de espacios como Naciones Unidas, aunque sostuvo que estos deben contar con mayor capacidad de reacción, ser más incluyentes y ofrecer respuestas prácticas ante los problemas internacionales. “Yo siempre he sido un defensor del multilateralismo. Creo que las instituciones multilaterales deben existir, pero también tienen que repensarse, volverse más ágiles, mucho más incluyentes, más participativas y tener soluciones prácticas frente a muchos de los temas que hoy son de angustia global”, afirmó.

Duque además se refirió al papel de los mandatarios en los escenarios internacionales y defendió el contacto directo entre jefes de Estado como una herramienta relevante de la política exterior. “Nada sustituye la diplomacia presidencial”, afirmó, al señalar que este tipo de intervenciones puede tener efectos tanto en las relaciones entre países como dentro de cada nación.

Desde el 10 de octubre de 2014 hasta hoy, 21 de septiembre de 2026, transcurrieron exactamente 4.364 días. Aquella jornada, el régimen conducido entonces por Nicolás Maduro decidió bloquear el acceso a Infobae en Venezuela. Hoy, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reclamó al Estado venezolano que levante la censura que ejerce sobre decenas de medios.

El pedido de esa oficina de la ONU -en el marco de la Asamblea Número 81 que se desarrollará a partir de mañana en Nueva York- ocurre en horas en que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, visita Estados Unidos para participar de esa reunión anual de mandatarios.

Las autoridades de Naciones Unidas están al tanto y preocupadas por lo que aún ocurre con la libertad de expresión en Venezuela, uno de los tantos atropellos que los venezolanos sufrieron durante los largos y oscuros años del chavismo. Esa alarma crece por estas horas, luego de que el interinato gubernamental anunciara que se habían levantado restricciones para medios locales e internacionales en pleno proceso de reconciliación que intenta encaminarse en el país.

“La reciente decisión del Gobierno de desbloquear varios sitios web es un importante paso en la dirección correcta”, dijo esa oficina en un breve comunicado. “Volker Türk insta a adoptar nuevas medidas para reabrir otros sitios bloqueados y reitera sus recomendaciones previas a las autoridades para que pongan fin a las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información”, subrayó.

Delcy Rodríguez -quien reemplazó a Maduro en enero último- arribó al aeropuerto de Teterboro, de Nueva Jersey, en horas de la madrugada de este lunes 21. La última vez que un jefe de Estado venezolano participó de la Asamblea General de la ONU fue en 2018, cuando Maduro subió al atrio y la emblemática sala quedó semivacía. En 2019 fue Delcy Rodríguez quien representó al Estado. En cambio, en 2020 y 2021 Maduro emitió mensajes grabados.

En la actualidad, Maduro está preso -junto a su esposa Cilia Flores- en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a una distancia de tan solo 30 minutos en auto de la Sede de Naciones Unidas donde el jueves hablará su sucesora.

Monitoreo de medios bloqueados

La ONG venezolana Espacio Público realizó un monitoreo en los últimos días respecto a lo anunciado por el interinato el miércoles pasado por la noche. “El desbloqueo se confirma para varios medios, pero la censura sigue activa para la mayoría”, señaló esa institución.

De acuerdo a esa ONG existe una “tendencia preocupante: varios sitios empeoraron después del anuncio”. Ese es el caso, por ejemplo, de Tal Cual Digital, VE sin Filtro, Armando Info, e Infobae. En este último caso, la censura alcanza el 99 por ciento de los distribuidores.

El jueves a primera hora, varios proveedores -tanto de telefonía como de internet- habían comenzado a desbloquear sitios y medios censurados. Sin embargo, con el correr de las horas, CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Netuno, Airtex, G-Network retomaron la orden original de las autoridades venezolanas.

Los hogares venezolanos destinan 41,6% de su presupuesto a gastos de alimentación, según el último estudio de Tendencias del Consumidor Venezolano de la encuestadora Datanálisis.

“El peso de la alimentación es uno de los indicadores más claros de pobreza. Mientras más alto, más pobre la sociedad. Como referencia, en Estados Unidos ronda 13% y en México 38%, incluyendo bebidas y tabaco”, detalló el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Aunque el porcentaje es elevado, representa 25% menos que el registrado por esta misma firma en 2018, año que marcó el pico de la crisis económica del país signada por la hiperinflación y la escasez de los productos básicos.

León advierte que “el promedio esconde distancias enormes”. “En el segmento de menor capacidad, casi uno de cada tres hogares, la alimentación supera el 55% del gasto. En el de mayor capacidad está por debajo de 25%. Solo ahí aparece espacio real para lo no esencial”, acota el consultor.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estimó en julio que la canasta alimentaria familiar se ubicó en los 727,89 dólares. El “ingreso mínimo integral” decretado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez llega a 240 dólares.

Ese “ingreso mínimo integral” es un bono que no tiene incidencia en los pasivos laborales, que se calculan sobre la base del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años y que hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar. Venezuela acumula este año una inflación de 200% y una tasa interanual que está por encima de 500%.

Datanálisis encontró que el “gasto discrecional” apenas llega al 5% del presupuesto de las familias, que tras la comida destinan su dinero a partidas fundamentales como vivienda, salud y servicios, incluida la “autogeneración eléctrica” en un país azotado por cortes de luz y largos apagones.

Marcas

León resalta que los gastos en cuidado personal alcanzan el 7,4%, por encima de salud que se ubica en 6,9%.

“Cuidado personal (51,7%) y medicamentos (44,5%) están entre las categorías donde más le cuesta al consumidor venezolano cambiar de marcas y productos. Entre los 45 y 54 años esas cifras suben a 64,1% y 61,1%”, acota el investigador.

Los números demuestran que más allá de la identificación con ciertas marcas comerciales, el consumidor venezolano está abierto a probar otras opciones para estirar sus menguados recursos.

Según Datanálisis, “80,3% prefiere pagar más por una marca conocida que comprar una más barata que rinda menos. Pero 63,5% busca otra si su marca deja de justificar lo que cuesta”.

“El estudio lo resume así: el mismo consumidor es conservador cuando necesita certeza y explorador cuando el costo de equivocarse es bajo”, sintetiza León.

De las dictaduras del socialismo del siglo 21 las de Cuba y Nicaragua siguen detentando el poder absoluto, la de Venezuela en desmontaje bajo tutela de Estados Unidos y la de Bolivia con su sistema intacto cedió parte del gobierno pero no el poder. En todas siguen ausentes los elementos esenciales de la democracia y los pueblos serán libres solo cuando se pase del terrorismo de Estado al estado de derecho.

La supresión de la libertad de los pueblos por el sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 o castrochavismo está fundada en el terrorismo de Estado que consiste en “la utilización de medios ilegítimos y la comisión de delitos desde el gobierno con el propósito de producir miedo en la población para someterla y así detentar indefinidamente el poder”. El terrorismo es la exacerbación del miedo, es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, se trata de la “actuación criminal para crear alarma social”.

El “acceso al poder su ejercicio con sujeción al estado de derecho” es uno de los elementos esenciales de la democracia que el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana dispone como obligación de todos los Estados de las Américas. El “estado de derecho es un concepto jurídico y político que describe la existencia de un sistema legal justo y equitativo, en el cual todas las personas están sujetas a las mismas leyes, que la ley la misma para todos y que las decisiones de cualquier autoridad están sujetas a supervisión y revisión”.

El objetivo del estado de derecho es “limitar el poder del Estado con el derecho para evitar abusos de poder y violación de derechos”.

En Cuba, la opresión dictatorial por más de 67 años ha institucionalizado el terrorismo de Estado que se expresa en su constitución, leyes, procedimientos y reglamentos que violan los derechos humanos y derechos fundamentales en su totalidad. Desde el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, el trabajo, la propiedad privada, los derechos civiles y políticos, la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, las garantías judiciales. En Cuba no hay derecho, hay leyes infames que normalizan el crimen y la impunidad de los gobernantes.

Los primeros 25 años del siglo 21 han sido la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas con el petróleo y dinero malversado por Hugo Chávez desde 1999 y con Lula creador del Foro de Sao Paolo. Ha tenido como principal conquista a Venezuela cuyo control total logró con la muerte de Chávez en 2013; controló Bolivia desde el golpe de estado de 2003 llevando a Evo Morales a la presidencia en 2006 y suplantando la República con un estado plurinacional en 2009; reinstaló la dictadura sandinista con Daniel Ortega en 2007; controló Ecuador e instaló su sistema en plurinacional con Rafael Corea del 2007 a 2017.

La dictadura de Cuba es el narcoestado más antiguo de las Américas desde que en la década de los 80 Fidel Castro se asoció con los narcotraficantes Pablo Escobar y Roberto Suárez, y como parte de su expansión en el siglo 21 convirtió en narcoestados a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de territorios, estados y provincias en países como México, Argentina y más. La instalación de los narcoestados además de certificar la desaparición del estado de derecho, determinó el incumplimiento de todas convenciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional.

De las cinco dictaduras del llamado socialismo del siglo 21, solo Ecuador por decisión y gobierno del presiente Lenin Moreno ha recuperado el estado de derecho y con el presidente Daniel Noboa lucha por preservarlo, terminar el narcoestado y recuperar economía.

Cuba con Fidel Castro muerto en abyecta impunidad, con Raúl Castro, Diaz Canel y su consorcio militar/criminal sigue liderando el narcoterrorismo y la guerra híbrida en el hemisferio, mientras agrava la opresión al pueblo por la miseria y se sostiene con terrorismo de Estado.

Nicaragua con Ortega y Murillo hace ostentación internacional del terrorismo de Estado quitando la nacionalidad a exiliados, instalando una infame tiranía hereditaria con reformas a su estatuto dictatorial que llama constitución, y señalada con la sospecha de asesinatos extra territoriales a opositores exiliados.

En Venezuela, desde la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero 2026, se desarrolla una tutela por los Estados Unidos que lleva adelante un delicado proceso de “desmontar la narco dictadura con sus propios mafiosos” que ofrecen avances a cambio de impunidad, que sin embargo juegan “cediendo espacios pero ganando tiempo”, como siempre ha hecho la dictadura cubana para sobrevivir. Hay esperanzas pero aún no estado de derecho.

En Bolivia se repite hasta ahora la penosa experiencia de 2019 cuando “salió el dictador pero no la dictadura”. El presidente Rodrigo Paz ha tomado parte del gobierno pero no el poder, mantiene la constitución plurinacional que es NULA y gobierna un narcoestado del que no tiene siquiera la totalidad del control territorial.

Para cambiar todo esto, urge el reemplazo -no transición- del terrorismo de Estado por el estado de derecho.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El fiscal chileno Héctor Barros volvió a apuntar a Diosdado Cabello por el secuestro y asesinato del ex militar venezolano opositor Ronald Ojeda y afirmó que los antecedentes reunidos durante la investigación indican que el dirigente venezolano estuvo detrás del encargo al Tren de Aragua. En una entrevista con Noticias Caracol, Barros sostuvo que el secuestro y homicidio fue un acto concertado y ejecutado por integrantes de esa organización criminal.

“Las conexiones que puedan haber (entre el Tren de Aragua) con el gobierno de Nicolás Maduro vienen dados por una cuestión previa que es la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno”, explicó Barros. Según el fiscal, a partir de las diligencias realizadas surgieron antecedentes que llevaron a la conclusión de que quien estaba detrás del encargo del secuestro con homicidio era el gobierno venezolano.

“¿Quién del gobierno venezolano? De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello”, afirmó Barros. El fiscal aclaró que esa conclusión surgió después de un período prolongado de investigación y de las diligencias realizadas en torno al caso.

La investigación citada por Noticias Caracol también reconstruyó los antecedentes de una operación contra exmilitares y opositores venezolanos que comenzó en Colombia. En diciembre de 2023, un grupo de exmilitares y opositores se reunió en Cúcuta para planear una operación que buscaba derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Según el material difundido, la contrainteligencia militar venezolana tenía infiltrado al grupo y se alió con el ELN y el Tren de Aragua para secuestrar a sus integrantes en territorio colombiano.

Uno de los objetivos fue el excapitán Angelo Heredia, quien fue secuestrado por el ELN y entregado al otro lado de la frontera a la contrainteligencia militar venezolana. Otro de los perseguidos fue el líder estudiantil Pablo Parada, quien logró evitar el secuestro porque no llegó a la reunión.

El tercer objetivo fue Ronald Ojeda, quien consiguió escapar y salió por tierra desde Colombia hasta Chile, donde vivía asilado. Dos meses después, en febrero de 2024, el régimen venezolano contrató al Tren de Aragua para asesinarlo en ese país.

Por el crimen de Ojeda, la justicia chilena comenzó los juicios contra más de 20 integrantes del Tren de Aragua y mantiene a Cabello dentro de una línea de investigación. Barros explicó que la Fiscalía chilena continúa trabajando sobre esa hipótesis y también busca establecer si otras personas tuvieron responsabilidad política en el caso.

El fiscal confirmó además que Chile solicitó a Estados Unidos la posibilidad de tomar declaración a Nicolás Maduro por el secuestro y homicidio de Ojeda. Según explicó, la Fiscalía considera que Maduro podría contar con información sobre quién dentro de su gobierno encargó la operación.

“Nosotros le hemos solicitado Estados Unidos la posibilidad de tomarle declaración a Nicolás Maduro a propósito de la comisión del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda”, afirmó Barros.

El fiscal sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones y los mensajes de WhatsApp incorporados a la investigación, Diosdado Cabello encargó el crimen y negoció con el Tren de Aragua. “Porque, de acuerdo a las declaraciones y a los WhatsApp que tenemos nosotros, esto lo encarga Diosdado Cabello y es quien finalmente negocia con la organización Tren de Aragua”, señaló.

Consultado sobre si la Fiscalía tenía evidencia de que Cabello había dado las órdenes y había pagado por el crimen, Barros respondió: “De acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos recopilados, sí”.

El fiscal aclaró, sin embargo, que todavía existen aspectos sobre los que la investigación no tiene certeza. Entre ellos mencionó los montos exactos del dinero pagado y la forma en que se concretó el pago. Sí afirmó que los investigadores tienen claridad sobre la existencia de un encargo realizado por Cabello a los niveles superiores del Tren de Aragua.

Según Barros, la mitad del pago se realizó al inicio del trabajo y la otra parte debía entregarse al final. Sobre ese segundo pago existen discrepancias en las versiones recogidas durante la investigación. Algunos sostienen que se pagó y que el dinero quedó en manos de la cúpula superior del Tren de Aragua, mientras que otros afirman que no se realizó porque los responsables hicieron mal el trabajo.

Respecto del futuro de la investigación sobre Cabello, el fiscal explicó que la línea permanece abierta y que no se limita al dirigente venezolano. “En el caso de Diosdado Cabello, nosotros esa es una línea investigativa que está abierta y no solo respecto de él, sino que respecto de cualquiera que pueda ser responsable políticamente en este caso del gobierno o de la política venezolana o de cualquiera que haya estado atrás de este cargo”, afirmó.

Barros señaló que la Fiscalía continuará con distintas diligencias y que observará qué ocurre con los últimos extraditados y durante los juicios orales. También mencionó la posibilidad de que alguno de los involucrados decida declarar y aporte información para la investigación.

Alex Saab Morán firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos tras aceptar su responsabilidad en movimientos de dinero vinculados con las cajas CLAP y operaciones petroleras de Venezuela. El empresario colombiano deberá quedar disponible para declarar contra figuras del gobierno de Nicolás Maduro, funcionarios, contratistas y posibles enlaces en Colombia, mientras la Corte Federal del Distrito Sur de Florida fijó la lectura de su sentencia para el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p. m. (hora local).

La audiencia, realizada el martes 15 de septiembre, duró 45 minutos y se realizó en la corte estadounidense mencionada. Saab había sido trasladado en mayo desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami, después de que agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo sacaran del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) para enfrentar un nuevo proceso por lavado de activos.

La acusación se deriva de la comercialización de alimentos para las cajas CLAP y de ventas de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. durante el gobierno de Maduro. Parte de los productos distribuidos mediante ese programa llegaban con alimentos deteriorados y sobreprecios, según El Tiempo.

La red empresarial detrás de las cajas CLAP

Las pruebas reunidas incluyen el seguimiento de transacciones internacionales y testimonios sobre un entramado de compañías que vendía alimentos a Venezuela. Saab aceptó responsabilidad por esos movimientos millonarios, en una estructura en la que también aparece su hijo mayor, Shadi Nain Saab.

Shadi Nain Saab figura como titular de cuentas con altos saldos en bancos de Suiza, integrante del consejo de la empresa Safire y director de Group Grand Limited. Esta última compañía fue una pieza central de la red investigada por los contratos de las cajas CLAP.

El acuerdo prevé que Saab declare en procesos contra integrantes del gobierno venezolano y contratistas. Una persona cercana al empresario señaló al diario que en Venezuela descartan que testifique contra Maduro, aunque consideran que podría hacerlo contra los hijos de Cilia Flores.

Estados Unidos sostiene que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro conocidos como “los Chamos”, así como a su primo Carlos Erica Malpica Flores. El objetivo habría sido acceder a terrenos para construir viviendas en el estado de Vargas, varias de las cuales se derrumbaron durante un terremoto ocurrido meses atrás.

Esa relación habría permitido al empresario llegar a otros funcionarios para movilizar las cajas CLAP a cambio de sobornos. Los investigadores creen que esos contactos le facilitaron el acceso a Maduro y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah.

Entre las personas contra quienes podría declarar aparece un diplomático cercano a Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, con la que Saab mantuvo una relación conflictiva. Informantes sostienen que ese funcionario actuó como enlace para la asignación de contratos relacionados también con Colombia.

Contratos petroleros y nexos bajo revisión en Colombia

El capítulo colombiano incluye visitas y negocios de Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, el ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro. La versión que circula indica que coordinó gestiones vinculadas con dos contratos de Participación Productiva, identificados como CPP, otorgados por Petróleos de Venezuela S. A. para explotar crudo en la cuenca Apure-Barinas.

Los acuerdos fueron concedidos a Colven Business Corp., una empresa inicialmente vinculada a Danilo Romero, amigo de Petro, y luego a una compañía en la que figura Gregorio Grau. El portal Armando.info publicó que Delcy Rodríguez los asignó cuando ocupaba el Ministerio de Petróleo.

Una fuente conocedora de esas gestiones afirmó: “Del lado colombiano el trámite lo hizo un político del departamento de Sucre, de donde es Verónica Alcocer, quien contactó a un empresario venezolano de apellido Jiménez”.

Las autoridades estadounidenses rastrean una posible conexión de ese caso con Monómeros, la empresa venezolana que opera en Colombia. En un audio divulgado por El Tiempo, atribuido a Grau, se lo escucha referirse a oportunidades de negocio que se abrían en Venezuela y a su intención de incluir a Ecopetrol.

Otro frente vinculado con Colombia se relaciona con salidas ilegales de oro. A la embajada de Estados Unidos en Bogotá y a la Presidencia colombiana llegaron, durante el gobierno de Petro, datos sobre una caída millonaria de los ingresos generados por ese metal.

Tras las sanciones estadounidenses contra Venezuela y antes de la salida de Maduro, el gobierno venezolano expidió decretos para reducir el porcentaje de regalías por el ingreso de oro. Saab se desempeñaba entonces como ministro de Industria, y se investiga si edificios cercanos al aeropuerto de Maiquetía funcionaron como centros de acopio de lingotes enviados en vuelos chárter a otros países.

Bienes en Europa y eventuales decomisos

Saab buscaría cubrir los USD 195 millones que ofreció inicialmente mediante bienes situados en Venezuela y Europa. También plantearía entregar dinero que habría obtenido en la operación de lavado de activos y propiedades que las autoridades deberán inventariar.

Sus abogados pretenden que se le descuente de una futura condena el tiempo que pasó detenido en Cabo Verde y en el centro federal de Miami. Personas cercanas al proceso sostienen que esas reclusiones correspondían a la acusación de 2019, que derivó en su captura, extradición y posterior liberación tras el perdón concedido por el gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, luego de negociaciones con el gobierno de Maduro en Catar.

Desde 2019, las autoridades incautaron un apartamento en la vía Condotti de Roma, tasado en casi 5 millones de euros y vinculado con Camilla Fabri, segunda esposa de Saab. El inmueble fue adquirido mediante una compañía londinense, mientras documentos oficiales registran además 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo.

Los investigadores creen que existen otros depósitos, propiedades y lingotes en Turquía, Rusia e Irán, países donde Saab negoció petróleo a cambio de mercancías que habrían ingresado clandestinamente a Venezuela para eludir los embargos de Estados Unidos. Su declaración sobre esas operaciones podría comprometer a militares venezolanos involucrados en los movimientos de oro, mientras se define qué activos pueden ser decomisados y cuáles reclama Italia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este sábado en la sede del Gobierno, en Caracas, al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en lo que supone un acercamiento entre ambas naciones tras veinte meses de la ruptura de sus relaciones.

El mandatario, quien llegó al palacio presidencial de Miraflores junto a la primera dama, Leticia Ocampos, es el segundo jefe de Estado que viaja a Venezuela desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado enero por parte del Ejército de Estados Unidos, tras la visita en abril del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro. Al llegar a Caracas, el presidente paraguayo fue recibido por el canciller venezolano, Félix Plasencia, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

“Estamos complacidos con esta reunión. Paraguay no quiere estar ausente de este proceso. Va a apoyar y acompañar activamente a Venezuela en este camino con toda su experiencia y predisposición”, expresó el presidente Peña.

En tanto, el canciller Rubén Ramírez sostuvo que este primer encuentro “fue muy constructivo para ambos países”: “Esperamos poder continuar dialogando y encontrando coincidencias que nos permitan avanzar en la relación”.

“Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, muy contento de estar aquí”, expresó Peña al salir junto a su esposa y Rodríguez del palacio presidencial. El mandatario dijo a la prensa que fue una “hermosa reunión” y reiteró sentirse “feliz de estar aquí y de estar dialogando y uniendo al pueblo de Paraguay y al pueblo de Venezuela”.

Previamente, el canciller Plasencia, y su homólogo paraguayo firmaron un comunicado conjunto para, según la estatal Venezolana de Televisión (VTV), avanzar “en la normalización de las relaciones bilaterales”.

“Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de relacionamiento y sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas”, señala el comunicado firmado por Caracas y Asunción. Asimismo, las partes ratificaron “los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso (...) en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido”.

“Ambos Gobierno reafirman el compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social, consolidando espacios de diálogo constructivo que redunden en beneficios directos para ambos pueblos”, concluye el texto

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro.

Ramírez había adelantado el viernes que el viaje de Peña a Caracas era parte de un acercamiento que ha sido propiciado por un grupo de presidentes “de nuestro hemisferio”.

“Es una reunión de mutuo respeto, es una reunión donde vamos a trabajar precisamente en los aspectos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con el inicio de un diálogo que nos conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares”, detalló.

El canciller dijo que la agenda del encuentro incluiría cuestiones migratorias, “aspectos clave”, como el desarrollo económico, comercial y “el bienestar de los venezolanos”, así como la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, que Asunción estima en 300 millones de dólares.

Sobre esto, Ramírez admitió que entre ambos países existe una “diferencia” respecto a lo que reclamaba entonces el régimen de Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

El 24 de abril de este año, el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primer mandatario en realizar una visita oficial a Venezuela, tras la captura de Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

La visita a Caracas es una escala previa al viaje de Peña a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá por tercera vez desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

En Nueva York tendrá citas bilaterales con jefes de Estado y una reunión con sus homólogos de Urupabol, el mecanismo conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

También está prevista una reunión con los integrantes del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la participación de Peña en el Consejo de Paz, también promovido por Trump.

En Venezuela todos parecen tener un reloj, Washington tiene el suyo, Delcy Rodríguez tiene otro; María Corina Machado corre contra el tiempo, pero Dinorah Figuera también. Y mientras cada actor calcula sus movimientos, hay un reloj que no negocia, no se detiene y no sabe de geopolítica: el del venezolano común.

El reloj de Donald Trump tiene una fecha marcada: noviembre de 2026, mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y Venezuela, con su petróleo, ocupa un lugar estratégico en ese tablero. No es casual que Trump haya vinculado recientemente la evolución de los precios del petróleo con el calendario electoral estadounidense.

Washington necesita resultados; Caracas necesita inversiones; y La Industria petrolera necesita años para recuperarse, pero la política, esa señora impaciente, trabaja con fechas.

El reloj de Delcy Rodríguez tampoco da tregua. La apertura petrolera y económica debe traducirse en algo que el ciudadano pueda tocar: electricidad, empleo, agua, servicios, ingresos; porque anunciar miles de millones de dólares es relativamente sencillo, pero lograr que el venezolano vea un cambio en su vida es otra historia.

El acuerdo petrolero con Washington, que contempla 17 campos y más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, revela hasta qué punto el petróleo está en el centro de esta transición.

Y mientras el petróleo cuenta barriles, la política cuenta días.

Boris Muñoz ha planteado una pregunta incómoda: si Washington necesita controlar las condiciones políticas para administrar la riqueza petrolera venezolana, ¿estamos ante una transición democrática o ante una fórmula de estabilidad que permita garantizar objetivos estratégicos? Es una interpretación, no una respuesta definitiva, pero merece ser discutida.

Y ahí entra María Corina Machado. Su regreso dejó de ser solamente una decisión personal. Hoy forma parte del tablero político.

La propia Machado ha reconocido que la posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en la decisión sobre cuándo volver. Cada día adicional fuera del país modifica el escenario, para bien o para mal, porque en política el vacío también hace política.

El reloj de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, en cambio, tiene fechas más concretas: octubre para derechos políticos y civiles; noviembre para la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral.

Pero después del CNE viene la pregunta que nadie debería poder esquivar:

¿Cuándo votamos?

Porque renovar instituciones no es todavía devolverle al ciudadano su poder de elegir. Un CNE nuevo puede ser una condición necesaria; no es, por sí mismo, una elección.

Y aquí está la paradoja de esta transición: Washington tiene objetivos geopolíticos; Delcy necesita estabilidad y resultados; la oposición necesita preservar su capital político; los negociadores tienen cronogramas; los empresarios cuentan inversiones.

Mientras tanto, el venezolano cuenta apagones, cuenta días sin respuesta, cuenta presos políticos, cuenta salarios que no alcanzan; en fin, cuenta años esperando una elección libre.

Todos tienen un reloj, pero solo uno tiene 24 horas.

Y cuando caiga el último grano del reloj de arena, no bastará con explicar quién ganó tiempo, quién perdió influencia o quién consiguió el mejor acuerdo.

Alguien tendrá que responder la pregunta más sencilla de todas: ¿Cuándo podrá Venezuela volver a decidir por sí misma?

Porque una transición sin fecha electoral corre el riesgo de convertirse en otra espera.

Y Venezuela ya ha esperado demasiado.

El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, respaldado por Estados Unidos, instalaron una mesa técnica para revisar asuntos vinculados con la libertad de expresión y el derecho a la información, dentro del segundo ciclo de diálogo político, que se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre.

Las partes anunciaron la decisión en un comunicado conjunto, en el que precisaron que la instancia “iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo”.

La mesa quedó conformada un día después del inicio de las reuniones entre representantes del chavismo, encabezados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y una delegación opositora liderada por la exdiputada Dinorah Figuera. El proceso, impulsado por Estados Unidos, comenzó en agosto.

Los participantes también celebraron el levantamiento de las restricciones sobre diversos portales digitales. La medida entró en vigor el jueves, en coincidencia con el inicio de esta etapa de conversaciones y luego de una recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado en enero por Delcy Rodríguez.

El comunicado añadió que las delegaciones crearon una comisión paritaria de seguimiento, que tendrá la tarea de “velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”.

Las conversaciones se desarrollan en el hotel Gran Meliá Caracas, donde tuvo lugar el primer ciclo. En esa instancia, las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del terremoto de junio.

La delegación opositora informó el viernes el inicio formal del “procedimiento para la designación de todos los magistrados” del TSJ, una medida que describió como “un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia”. Las partes prevén mantener ambos asuntos en la agenda de esta nueva ronda. Según el Financial Times, los negociadores también se aproximan a un acuerdo para transferir las reservas de oro del Banco de Inglaterra, valoradas en USD 4.000 millones, a la Reserva Federal del Banco de Nueva York.

La presidenta encargada se reunió este viernes con el encargado de negocios británico en Caracas, Colin Dick, a quien agradeció “su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro será el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez y marcará la reunión de mayor nivel entre Washington y Caracas en más de una década. La última conversación directa entre líderes de ambos países tuvo lugar en abril de 2015, durante una cumbre celebrada en Panamá. En aquella ocasión, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, mantuvo un breve intercambio con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

HRW reclamó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La Fiscalía de Venezuela recibió este viernes a una delegación de Human Rights Watch (HRW) para revisar asuntos vinculados con los derechos humanos, durante la primera visita oficial de la organización a Caracas en 18 años. El fiscal general, Larry Devoe, se reunió en la sede principal del Ministerio Público con el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Federico Borello, y la directora para las Américas de la entidad, Juanita Goebertus.

El Ministerio Público informó que “ambas partes abordaron temas de interés común en materia de derechos humanos”, sin precisar los asuntos tratados ni los compromisos alcanzados. La reunión también incluyó un intercambio sobre la reforma del sistema de justicia que propuso Delcy Rodríguez dentro del “nuevo momento político” que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

HRW concluyó este viernes su visita a Venezuela, la primera de carácter oficial desde 2008. La organización consideró que existe una “pausa” en la represión que, según afirmó, el país atravesó durante los últimos 27 años. La entidad reclamó al Gobierno de Rodríguez reformas estructurales y la liberación de todos los presos políticos.

“Sabemos que se han liberado más de 900 personas, presos políticos, pero que quedan cientos más presos”, subrayó Borello al remarcar que es necesaria una excarcelación “total e incondicional” de detenidos por motivos políticos.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, el martes en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Casa Blanca anunció que será el primer encuentro entre ambos.

La cita cerrará la agenda de Trump durante su participación en la Semana de Alto Nivel de la ONU, después de su discurso ante la Asamblea General, una recepción con líderes internacionales y reuniones con otros jefes de Gobierno, según informó la Casa Blanca.

Trump y Rodríguez mantendrán una conversación al margen de la Asamblea General de la ONU, no una reunión bilateral formal, según el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz. El encuentro será el primero entre ambos y ocurre tras el respaldo de Washington al Gobierno interino venezolano y la negociación de un acuerdo sobre reservas petroleras.

Waltz definió la cita como una reunión “informal”, más casual que un encuentro bilateral en toda regla. El diplomático comunicó la agenda presidencial durante una llamada con periodistas el viernes.

Además de Rodríguez, Trump tiene programadas reuniones con el primer ministro británico, Andy Burnham, y con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de acuerdo con Waltz. También participará en un encuentro con los dirigentes del Consejo de Cooperación del Golfo.

La Casa Blanca señaló que Trump pronunciará su discurso ante la Asamblea General el martes por la mañana. Luego participará en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con la mandataria venezolana y regresar a Washington.

Será el primer encuentro entre un presidente de Estados Unidos y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Rodríguez asumió la presidencia de forma provisional después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas en enero. Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.

Desde entonces, la Administración de Trump reconoció legalmente al Gobierno interino venezolano y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, suspendidas desde 2019, de acuerdo con la información difundida. Washington también retiró a Rodríguez de su lista de dirigentes sancionados el 1 de abril.

El eje del acercamiento ha sido la industria petrolera. Washington y Caracas anunciaron en agosto un acuerdo que daría a Estados Unidos participación en yacimientos venezolanos con un potencial calculado en 65.000 millones de barriles, mediante una empresa concesionaria encargada de la extracción.

La Casa Blanca presentó el pacto como un acuerdo que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas venezolanas de crudo. Rodríguez sostuvo que el entendimiento representa “un paso rumbo a una recuperación económica” para modernizar la industria petrolera del país.

La cooperación económica no ha tenido el mismo alcance en el plano político. Trump ha dicho en varias ocasiones que Venezuela celebrará elecciones, aunque sin fijar una fecha, al considerar que el país “aún no está lista”.

El Gobierno interino liberó a presos políticos e inició contactos con una parte de la oposición, pero dirigentes dentro y fuera de Venezuela reclaman un calendario electoral.

Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, afirmó tras reunirse con Rodríguez en Caracas que existe “una pausa en la represión”. La organización, que volvió al país después de casi dos décadas de ausencia, pidió reformas institucionales urgentes.

Venezuela también modificó su agenda de seguridad y facilitó operaciones contra el crimen organizado solicitadas por Washington. Entre ellas figura la reciente captura de Aníbal Alexander Canelón, alias “El Ingeniero”, señalado como integrante de la banda Tren de Aragua.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez se reunió este viernes en Caracas con Federico Borrello, subdirector ejecutivo y director de programas de Human Rights Watch (HRW), y demás integrantes, para abordar las garantías fundamentales en Venezuela.

El Gobierno señaló que la cita formó parte de sus contactos con entidades internacionales y la vinculó con su objetivo de promover la pluralidad política en el país. No se difundieron acuerdos, documentos firmados ni medidas específicas al término de la reunión hasta el momento.

La cita se desarrolló en un período de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En los últimos meses, el Gobierno instaló mesas de diálogo con sectores de la oposición para discutir asuntos de la situación nacional.

“​El encuentro se suma a las iniciativas de diálogo del Gobierno nacional orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción de la pluralidad política en el país”, mencionó el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Borrello acudió como subdirector ejecutivo y director de programas de HRW. El representante cuenta con un título de Derecho por la Universidad de Milán y una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia.

Además, su trayectoria incluye tareas como consultor sénior del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme. También dirigió el Centro para los Civiles en Conflictos antes de incorporarse a sus funciones en la organización de derechos humanos.

Con respecto a reuniones anteriores, en febrero, HRW solicitó al Gobierno encabezado por Rodríguez el desmantelamiento de lo que calificó como el aparato represivo estatal. La entidad pidió además reformas electorales, judiciales y legales para que pudieran celebrarse comicios libres.

La organización había planteado una revisión de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE). HRW cuestionó que los rectores del organismo fueran cercanos al chavismo y sostuvo que esa composición debía modificarse.

La organización criticó, además, las elecciones celebradas en Venezuela durante la última década. Sobre los comicios presidenciales de 2024, sostuvo que el análisis de las actas señaló una victoria de Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Mientras Rodríguez se reunió con representantes de HRW, el Gobierno venezolano y un grupo de oposición continuaron hoy en Caracas el segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición en el país. Las partes buscan avanzar en acuerdos sobre garantías civiles y políticas y libertad de expresión, sin declaraciones previstas para la prensa.

Las negociaciones retomaron el tema judicial después de la primera ronda de agosto, que concluyó con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia. Este viernes, la oposición informó el inicio del proceso para designar a todos sus magistrados.

(Con información de EFE)

Una de las prácticas que desplegó Tarek William Saab en su larga pasantía por el Ministerio Público de Venezuela, fue la de exponer en las redes al escarnio público a personas que estaban siendo investigadas por distintos hechos.

Para corregir esta desviación, el nuevo fiscal general de la República, Larry Devoe, informó que “en estricto apego a los principios constitucionales”, ordenó “eliminar de todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra”.

“Esta medida responde a un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar”, argumentó.

Devoe llegó a ese cargo por su cercanía con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien presionó por la salida de Saab, antiguo colaborador de Nicolás Maduro que estuvo casi nueve años en ese puesto. De tener la responsabilidad de la acción penal en el país, Saab ahora pasó a ser el director de una misión cultural que lleva por nombre “Viva Venezuela, Mi Patria Querida”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada”, indicó Devoe, al dejar atrás una de las irregularidades cometidas por su antecesor.

Positivo

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap -ONG que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes- consideró positiva la decisión adoptada por Devoe. “Corregir esta práctica era necesario desde hace años”, acotó.

“El 5 de mayo de 2022 denuncié públicamente que el entonces fiscal general, Tarek William Saab, exponía en su cuenta personal nombres, fotografías y videos de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar”, recordó Trapani.

El activista enfatizó que “la presunción de inocencia ya era una obligación. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además, existe una protección especial de su identidad, intimidad y reputación. La existencia de una condena tampoco habilita a exponer públicamente a un adolescente vinculado a un hecho punible”.

El portavoz de Cecodap advirtió que no basta con eliminar las publicaciones, pues ello no repara la estigmatización y daño que pudo generar la difusión. “Hace falta establecer garantías para que no se repita, tanto en los canales institucionales como en las cuentas personales utilizadas para comunicar actuaciones oficiales”, expresó.

Trapani también se preguntó “¿qué ocurrirá con las publicaciones difundidas desde la cuenta personal del exfiscal?” que, además, sigue siendo funcionario del régimen. “La protección de los derechos debe alcanzar todos los espacios donde se produjo la exposición”, precisó.

“Estamos viviendo un tercer terremoto”, resume su sentimiento un vecino del sector Playa Grande en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras el doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Ingeniero mecánico de 42 años de edad, el cataclismo arrasó con su apartamento, donde vivía con su esposa, sus dos hijos, su madre y su suegra. Pero ahora dice estar sufriendo un nuevo suplicio: La desinformación y las trabas burocráticas que dificultan la obtención de los créditos prometidos por el régimen chavista para adquirir viviendas.

“Todo está detenido, es una incertidumbre porque estamos a merced del Estado”, comenta este profesional, que prefiere resguardar su identidad para evitar represalias. “Las reglas no están claras y considero que el Estado cometió un gran error al hablar de montos, si después no podía cumplir”, expresa con una mezcla de rabia y frustración.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció un plan hipotecario especial para los damnificados por los terremotos, que cubre un máximo de 100 mil dólares y funciona de la siguiente manera:

• Para las viviendas que cuesten hasta 70 mil dólares, habrá un subsidio estatal de 80% y un crédito por el 20% restante a 25 años.
• Para las viviendas que cuesten entre 70.001 y 100 mil dólares, el subsidio alcanzará el 50% y la otra mitad se cubrirá con un préstamo bancario a 25 años.

En ambos casos, se establece un periodo de gracia por 12 meses, tasa de interés del 5% anual y tasa de interés por mora de 1% anual sobre las cuotas vencidas.

Confusión

La distancia entre Caracas y La Guaira son unos 26 kilómetros. Pero en la capital de la República los precios de los inmuebles están por las nubes, así que tuvo que buscar más lejos y consiguió una oportunidad para trasladarse a Valencia, en el estado Carabobo, a unos 193 kilómetros del que fue su hogar.

El monto del inmueble: 114 mil dólares. Tras negociar con el propietario, acordaron que en el documento se registraría un precio de 100 mil dólares, para estar dentro de los límites del plan hipotecario, con el compromiso de que él completaría la diferencia.

“Casi nada está claro con respecto a este trámite”, señala luego de haber realizado la diligencia. Introdujo su solicitud en el Banco Digital de los Trabajadores, una de las entidades públicas que forman parte del programa, incluyendo su certificación de ingresos y la de su esposa, una bioanalista de 43 años. “Metí los dos certificados para demostrar que podíamos pagar el crédito y así evitarnos problemas”, comenta.

Sin embargo, no han faltado los inconvenientes. “Hay cosas que te piden que no tienen nada que ver con lo que difunden por las redes. En el banco estaban perdidos, dijeron que era la primera petición que recibían. Digitalizaron los documentos para enviarlos a Caracas, y nos aseguraron que en cinco días hábiles nos daban una respuesta. Después pasaron tres semanas y nunca nos avisaron nada”, relata.

Tocando puertas de forma insistente y apelando a vías alternas, se enteró de que le habían “pre-aprobado” el préstamo, mas la desilusión llegó al conocer la cantidad. “Solicitamos 100 mil dólares y ellos decidieron aprobar 60 mil, eso no nos ayuda”, lamenta.

Dudas

Pese a la decepción, admite que ha tenido suerte. “No conozco a nadie que le hayan liquidado un crédito, ni siquiera que se lo hayan pre-aprobado. A la única persona de mi entorno que le han aprobado un crédito es a mí y no me enteré por la agencia bancaria, sino buscando información por mi cuenta”, narra su experiencia.

Ahora entregó al banco una carta para que reconsideren su caso. Sopesa la idea de intentarlo en una institución privada. “Cuando ni siquiera analizan tus datos es muy triste. Aquí las reglas no están claras y, al final, no sabes si el banco revisará tus cuentas o si el Estado mete la mano para fijar ese límite de manera discrecional”, expone.

El tiempo pasa y la preocupación aumenta tanto como los precios de los inmuebles. Su esposa y sus dos hijos están en Valencia, mientras él continúa en La Guaira trabajando. La separación forzada cambia las perspectivas de las cosas. “Más que un apartamento, yo lo que busco es reunificar mi hogar”, concluye.

Después de más de un año y ocho meses de persecución judicial, uno de los defensores de la libertad de expresión más prominentes de Venezuela recuperó su libertad plena.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este viernes 18 de septiembre que fue sobreseída la causa contra el periodista Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

Correa fue detenido el 7 de enero de 2025, en medio de la escalada represiva ejecutada por Nicolás Maduro. El suyo fue un caso de “desaparición forzada”, pues se lo llevaron sin que mediara una orden de captura y lo mantuvieron aislado por nueve días, hasta que lo liberaron.

Su lugar de reclusión fue El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificado como centro de torturas, y que recientemente fue desmantelado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El activista estaba sometido a un proceso por financiamiento al terrorismo, asociación, legitimación de capitales, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, delitos que regularmente el régimen chavista imputa a la disidencia.

Tras evaluar una lista de 145 postulados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el 24 de julio que Correa es uno de los diez candidatos a ocupar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El proceso de selección debe culminar el 30 de septiembre para que el escogido asuma el cargo el 1 de noviembre.

El sobreseimiento se produce luego de que el Programa de Paz y Convivencia Democrática -creado por Delcy Rodríguez- le recomendara este 16 de septiembre a la mandataria interina “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión en un clima de encuentro entre venezolanos”.

La ONG VE Sin Filtro indicó que en las últimas horas se levantó el bloqueo contra 14 medios de noticias; no obstante, subrayó: “Siguen bloqueados al menos 188 dominios, incluyendo algunos de los medios más importantes del país y del mundo”. Entre los afectados sigue estando Infobae, censurado en Venezuela desde el 10 de octubre de 2014.

Pendientes

Espacio Público destacó la necesidad de demandar la liberación de “quienes siguen detenidos o sometidos a procesos arbitrarios en Venezuela”.

“Hacemos un llamado a no bajar la guardia: mantengamos la misma atención hasta lograr su liberación plena”, manifestaron.

El SNTP recuerda que seis trabajadores de los medios “continúan sometidos a procesos penales y restricciones”, para los que también exige “el cierre definitivo de sus causas y el levantamiento de todas las medidas que pesan sobre ellos”.

La ONG Foro Penal sostiene que en el país aún permanecen tras las rejas 328 presos políticos, entre ellos 33 con nacionalidad extranjera como el abogado argentino Germán Darío Giuliani.

La Policía venezolana liberó el jueves al ex alcalde y dirigente opositor Javier Oropeza seis horas después de su detención, en coincidencia con el inicio de una segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y sectores de la oposición, con el respaldo de EEUU, para definir una transición democrática en el país.

Orpeza, ex mandatario del municipio Torres, en el noroeste de Venezuela, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tras conceder una entrevista a un periódico local. El dirigente fue arrestado el jueves apenas 48 horas después de haber regresado al país tras permanecer dos años exiliado en España.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que decenas de simpatizantes lo esperaron a la salida del juzgado.

La jefa de la delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, afirmó que el grupo denunció el arresto. “Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación. Estaremos vigilantes hasta que se cumpla; todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió en la red social X antes de la liberación del ex alcalde.

La líder opositora María Corina Machado, excluida de los contactos, acusó al Gobierno de Rodríguez de secuestrar a Oropeza. “El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día. Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, reportó y sumó: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

La Premio Nobel de la Paz también conversó con el ex alcalde tras su liberación. “Un abrazo enorme. Venezuela será libre y habrá respeto y justicia para todos los ciudadanos... Que Dios te bendiga, Javier. Nos vemos pronto”, expresó.

La detención de Oropeza provocó movilizaciones de dirigentes y ciudadanos en el estado Lara, donde reclamaron información sobre su paradero antes de que las autoridades lo dejaran en libertad. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y el dirigente Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial de Barquisimeto para exigir precisiones sobre el lugar al que agentes de inteligencia trasladaron a Oropeza. “¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la sede policial. El dirigente pidió a las autoridades que permitieran conocer el destino del exalcalde.

También se registraron protestas cerca de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana. Un grupo de manifestantes bloqueó de forma temporal la carretera Centro Occidental, a la altura de la entrada de Carora.

La detención ocurrió al comienzo de una nueva etapa de conversaciones, respaldadas por Estados Unidos, entre el Gobierno integrado en su mayoría por antiguos aliados del ex dictador Nicolás Maduro y representantes opositores. El objetivo de esas reuniones es acordar una hoja de ruta para la transición política y el restablecimiento de las libertades políticas y cívicas.

La nueva ronda de diálogo se desarrolla ocho meses después de que fuerzas estadounidenses apartaran a Maduro de su complejo en Caracas y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar un juicio.

Venezuela atravesó una etapa de represión luego de la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones de julio de 2024. Varios opositores abandonaron el país y otros fueron encarcelados. Desde el traslado de Maduro a Nueva York, la represión contra dirigentes opositores y disidentes disminuyeron, aunque la detención de Oropeza volvió a generar cuestionamientos durante las negociaciones sobre la transición. Cabe recordar que aún hay 328 presos políticos en Venezuela que aún aguardan su excarcelación, según datos de la ONG Foro Penal.

(Con información de AFP)

Oropeza había retornado a Venezuela el martes acompañado por familiares y se había presentado ante las autoridades judiciales. Su regreso se produjo después de que se decretara el sobreseimiento de la investigación penal que había motivado su salida del país. El miércoles, informó públicamente sobre el cierre de ese proceso.

La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el caso y afirmó que el operativo fue ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día”, escribió la líder opositora.

Machado recordó además que Oropeza había vuelto al país apenas dos días antes, después de un exilio que, según denunció, estuvo directamente relacionado con la persecución sufrida por el dirigente, sus familiares y miembros de su equipo durante 2024.

“Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, señaló.

En su mensaje, la dirigente opositora responsabilizó al régimen venezolano por el episodio y sostuvo: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también exigió la liberación del dirigente y cuestionó que la detención se produjera después de que la causa fuera archivada.

“El exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación”, señaló la coalición.

Las circunstancias del procedimiento provocaron además una movilización de dirigentes y ciudadanos en Lara. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial en Barquisimeto para reclamar información sobre el paradero del dirigente. En paralelo, se registraron protestas en las inmediaciones de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes llegaron a bloquear temporalmente la carretera Centro Occidental a la altura de la entrada de Carora.

“¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la dependencia policial, donde exigió que las autoridades permitieran conocer el lugar al que había sido llevado el exalcalde.

El partido político Voluntad Popular señaló que Oropeza fue interceptado después de conceder la entrevista, mientras dirigentes opositores denunciaron la participación de funcionarios vinculados a labores de inteligencia. Hasta el momento de estas denuncias no se había informado oficialmente sobre una acusación nueva ni sobre el destino del dirigente.

La detención coincidió con el inicio del segundo ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición representada en la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera. La negociación cuenta con respaldo estadounidense y tiene entre sus asuntos las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión y otros aspectos relacionados con la transición institucional.

Figuera aseguró que la delegación opositora conoció el caso durante la instalación de la mesa y que planteó inmediatamente la situación.

“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación”,

“Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, añadió.

La situación de Oropeza se conoció un día después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtiera sobre la continuidad de estructuras estatales vinculadas a la represión en Venezuela. El organismo señaló que durante 2026 hubo algunos cambios, incluidas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, pero sostuvo que no se produjeron transformaciones institucionales suficientes para garantizar que esos avances fueran permanentes.

El caso también reavivó la preocupación de organizaciones opositoras por la situación de otros dirigentes. En mayo, el activista Yoel Sucre, vinculado al movimiento de María Corina Machado, había sido detenido y posteriormente liberado bajo un régimen de presentación periódica, de acuerdo con denuncias difundidas entonces por organizaciones de derechos humanos.

Para Oropeza, el regreso había representado el final de dos años fuera de Venezuela. Al llegar había declarado que volvía después de un período marcado por la separación de su familia y la incertidumbre sobre su situación judicial. “Regresamos con la paz de quien no debe nada”, afirmó en un mensaje difundido tras su retorno.

Sindicalistas y miembros de diversas asociaciones se manifestaron este jueves en Venezuela frente al hotel donde se desarrolla el diálogo político entre el Gobierno y un sector de la oposición, en reclamo de la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias antes de que termine el año.

La protesta tuvo lugar en las inmediaciones del hotel Gran Meliá de Caracas, sede de la negociación, y contó con la custodia policial. Los manifestantes argumentaron que ya transcurrieron más de nueve meses desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en enero pasado, sin que se haya fijado un cronograma electoral.

El secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines, dirigió sus críticas a la exdiputada Dinorah Figuera, representante de la oposición en las conversaciones, a quien acusó de retrasar el proceso electoral que reclama la población venezolana. “Queremos elecciones presidenciales y parlamentarias para este año 2026”, afirmó ante la prensa. El representante gremial añadió que las exigencias del sector incluyen la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismos que, según señaló, están integrados actualmente por personas afines al chavismo.

Entre los elementos exhibidos durante la concentración se destacó una caja forrada con papel blanco y las siglas del CNE, que simulaba una urna electoral. También hubo pancartas que exigían la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello. La escena reprodujo el formato de una protesta similar registrada en agosto, durante la primera ronda de contactos.

El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Noé Mujica, apuntó contra el mecanismo previsto para elegir a los magistrados del TSJ, pactado entre ambas partes durante esa primera fase del proceso. Mujica consideró que la presencia de 11 diputados en la comisión de postulaciones podría derivar en un control del oficialismo sobre las designaciones, pese a que el comité también integra a otros 12 representantes de la sociedad civil.

La jornada de reclamos coincidió con la reanudación del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición, encabezados respectivamente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera. El encuentro, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, busca avanzar en una negociación sobre la transición política y prevé abordar cuestiones vinculadas a las garantías civiles, los derechos políticos y la libertad de expresión. También se anticipa una continuidad en las discusiones sobre el sistema judicial, ya iniciadas en la instancia anterior.

El primer ciclo de contactos se extendió entre el 6 y el 12 de agosto y culminó con dos acuerdos entre las partes. El primero estableció la renovación integral del TSJ. El segundo contempló la recuperación de activos venezolanos depositados como reserva internacional en el Banco de Inglaterra, destinados a asistir a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

(Con información de EFE)

Aeronaves militares venezolanas sobrevolaron una zona minera en el estado Bolívar, en el sur del país, donde están presentes células del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, reportaron medios locales.

“Han evacuado a todo el personal del área de mina de bauxita de (la empresa estatal) CVG Bauxilum Los Pijiguaos, al tiempo que se comenzaron a observar aviones de combate sobrevolando el área”, reportó el miércoles 16 de septiembre a través de la red social X el periodista Fritz Sánchez.

Sánchez relató que los guerrilleros del ELN “mantienen en zozobra a toda esta región del territorio venezolano al sur del municipio Cedeño del estado Bolívar, teniendo la industria paralizada parcialmente, secuestrando jóvenes, generando el desplazamiento forzado de comunidades y asesinando a líderes indígenas”.

El ex diputado opositor Américo De Grazia se hizo eco de la denuncia que realizaron trabajadores de CVG Bauxilum sobre la presencia de este grupo irregular en la región. “Todo ese territorio está bajo el control de los narcoterroristas del ELN”, aseveró De Grazia.

Según la versión de Sánchez, “el Ejército venezolano tomó el control de la industria CVG Bauxilum en Los Pijiguaos, incluyendo el área de minas, en medio de operaciones de seguridad en la región”.

El comunicador apuntó que pese al despliegue militar, “persiste el temor de que las facciones guerrilleras se replegaran hacia la selva circundante, con lo que su presencia seguiría siendo real en esta región sur del municipio Cedeño”. A principios de agosto, Sánchez había informado que los grupos guerrilleros generaban una “creciente preocupación” entre los trabajadores de la estatal CVG Bauxilum.

En una operación conjunta, fuerzas venezolanas y de Estados Unidos mataron en junio en la zona de Las Claritas, estado Bolívar, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la temible banda criminal Tren de Aragua.

La eliminación de “Niño Guerrero” se interpretó como parte de una “limpieza” que busca despejar el área para las inversiones mineras; sin embargo, De Grazia afirma que el lugar del jefe del Tren de Aragua ha sido tomado ahora por otros delincuentes supuestamente con la anuencia de autoridades militares.

Ataque

Hace un mes se confirmó la muerte del capitán indígena, Julio Rodríguez, presuntamente a manos de miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Mapoyo, al sur de Bolívar.

La ONG Provea expuso que los integrantes de las FARC atacaron con drones y artefactos explosivos a una comisión de líderes y jóvenes indígenas que había salido a buscar a Rodríguez, quien en principio había sido secuestrado.

La comunidad indígena denunció que había sido víctima de un “acto de guerra”, y señaló que sus familias “se encuentran bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente”. De acuerdo con este testimonio, los insurgentes “mantienen el control sobre las áreas circundantes y bloquean el acceso a nuestras zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, destruyendo la soberanía alimentaria”.

Durante los últimos días, varios ciudadanos venezolanos que llegaron con sus pasajes comprados hasta el Aeropuerto de Santiago para viajar de vuelta a su país se encontraron con la desagradable sorpresa de que no podían abandonar Chile, pues portaban pasaportes vencidos, asunto que provocó que algunos incluso tuvieran que pasar la noche en el terminal aéreo.

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó la razón del malentendido y anunció que ya implementaron una solución que estará operativa en los próximos días: un nuevo salvoconducto simple que será reconocido por ambos países.

“¿Qué es lo que pasa? La ley de migraciones solo permite la salida del país de personas que tienen pasaporte vigente, documento válido o salvoconducto”, comenzó explicando la autoridad.

Sin embargo, entre el 2024 y el 2026 “estuvo vigente una circular emitida por el gobierno anterior que permitía la salida de ciudadanos venezolanos con pasaporte vencido. El análisis del gobierno era que dicha resolución adolecía de una ilegalidad y nos exponíamos a estar permitiendo, a través de un documento administrativo, la salida de personas de Venezuela sin cumplir con la ley”, agregó.

Debido a esto, el Gobierno dejó sin efecto dicha circular el 16 de agosto, “entonces, como no hay relaciones consulares con Venezuela y, por lo tanto, no se pueden expedir en Chile todavía pasaportes vigentes, la única solución para aquellos ciudadanos venezolanos que quieran salir del país con pasaporte vencido es obtener un salvoconducto”, complementó Pavez.

Sin embargo, “el Gobierno venezolano no nos había pedido formalmente reconocer el salvoconducto que ellos tienen en su página web como oficial, pero ya hicieron la solicitud anoche”, detalló.

El secretario de Estado resumió que “hoy día tenemos la resolución, la solicitud del gobierno venezolano, y apenas la Cancillería, a través de una resolución que va a ser dictada el día de hoy o el día de mañana (jueves), va a homologar como documento de viaje ese salvoconducto expedido por el gobierno venezolano”.

Así, “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, y aunque no hayan entrado por paso habilitado (...) Esa es una dificultad que significa no tener relaciones diplomáticas ni consulares con un país, porque el trámite migratorio requiere, en el país que sale la persona y en el país que entra, la documentación que permite este tránsito. Nosotros esperamos que esto quede lo antes posible solucionado”, aseguró el ministro.

Eso sí, “las personas que ingresaron por paso no habilitado y que por este mecanismo puedan salir, van a tener la sanción de prohibición de ingreso (...) Una vez que ese trámite esté finalizado, va a ser informado en la opinión pública para que todos los ciudadanos de Venezuela puedan viajar a su país. Lamentamos que alguna falta de información o confusión haya impedido que personas con pasaje comprado hayan podido salir de Chile”, remató Pavez.

Venezuela avanza hacia una nueva etapa de normalización internacional, pero ese proceso no debería convertirse en una vía para dejar intacta la excepcionalidad política interna. No debe invisibilizarse que Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia sin haber sido elegida para ese cargo y que el interinato ha superado los lapsos previstos en la Constitución, que continúan las restricciones al espacio cívico, persisten déficits importantes para el ejercicio de los derechos políticos y permanecen instituciones cuya legitimidad democrática está cuestionada.

Así lo advirtió Laboratorio de Paz, un centro de investigación y pensamiento estratégico, que llamó a gobiernos democráticos, organismos multilaterales y actores internacionales a diferenciar el relacionamiento diplomático con el Estado venezolano del reconocimiento de legitimidad democrática de quienes ejercen actualmente el poder.

El pronunciamiento se produce en medio del restablecimiento de vínculos diplomáticos con Estados Unidos, el anuncio del Reino Unido de elevar nuevamente su representación en Caracas al rango de embajador y la próxima participación de la mandataria interina Delcy Eloína Rodríguez Gómez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para la organización, estos hechos expresan un proceso de reinserción internacional que probablemente seguirá ampliándose.

Laboratorio de Paz considera positivo que Venezuela recupere relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación con la comunidad internacional, al sostener que el aislamiento “no constituye una política de derechos humanos ni contribuye, por sí mismo, a la democratización”. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que la normalización internacional avance más rápido que la normalización democrática.

La organización subrayó que la apertura diplomática y económica no debe invisibilizar asuntos de fondo: que Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia sin haber sido elegida para ese cargo, que el interinato ha superado los lapsos previstos en la Constitución, que continúan las restricciones al espacio cívico, que persisten déficits para el ejercicio de los derechos políticos y que permanecen instituciones cuya legitimidad democrática sigue cuestionada.

“Cuanto mayor sea la normalización de las relaciones internacionales de Venezuela, mayor debería ser el compromiso de los actores internacionales con una salida democrática, constitucional y basada en derechos humanos”, señaló LabPaz.

Para la organización, la eventual presencia de Rodríguez en Nueva York concentrará previsiblemente la atención pública en reuniones, gestos diplomáticos y fotografías. Pero la discusión de fondo, advierte, debería ser otra: si Venezuela está regresando a la normalidad en sus relaciones con el mundo, esa normalidad también debe alcanzar a sus instituciones.

Compromisos explícitos

LabPaz recordó que la presencia de representantes venezolanos en Naciones Unidas forma parte de las relaciones entre Estados y no constituye, por sí sola, una certificación sobre la legitimidad o la calidad democrática de un gobierno. En ese sentido, destacó como relevante la posición anunciada por Reino Unido, que separa la mejora de relaciones con el Estado venezolano de cualquier modificación en su valoración sobre los procesos electorales de 2024 y no supone necesariamente un reconocimiento político de quienes actualmente ejercen el poder.

El Laboratorio de Paz insistió en que los acuerdos políticos, económicos, energéticos, comerciales y de cooperación que se establezcan con Venezuela deben incorporar compromisos explícitos y verificables en materia de derechos humanos, Estado de derecho, libertades públicas y democracia.

Como antecedente, mencionó las cláusulas democráticas y de derechos humanos incluidas por la Unión Europea en acuerdos con terceros países. “La UE, por ejemplo, ha incorporado cláusulas democráticas y de derechos humanos en sus acuerdos con terceros países, vinculando la profundización de determinadas relaciones al respeto de principios democráticos y derechos fundamentales”.

Sostiene la organización que “la recuperación económica que necesita Venezuela y la reconstrucción de sus instituciones no deberían avanzar por caminos separados. Las inversiones necesitan seguridad jurídica. La cooperación internacional necesita instituciones confiables. Y la estabilidad sostenible necesita legitimidad democrática”.

Normalizar sin legitimar

Ante esta nueva etapa, Laboratorio de Paz exhortó a los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y actores internacionales que están restableciendo o ampliando relaciones con Venezuela a acompañar activamente una normalización democrática.

Planteó que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de acompañar la reinserción de Venezuela sin convertir la apertura diplomática en un aval político automático. Para la organización, restablecer relaciones con el Estado venezolano no debe confundirse con reconocer como plenamente democrática la situación institucional del país.

Insistió en “diferenciar claramente el relacionamiento diplomático con el Estado venezolano del reconocimiento de legitimidad democrática de quienes actualmente ejercen el poder”.

Ese acompañamiento, sostuvo LabPaz, debe traducirse en compromisos concretos: garantías verificables de derechos humanos, respeto al Estado de derecho, protección de las libertades públicas, preservación de los mecanismos internacionales de seguimiento y condiciones reales para una competencia electoral auténtica.

“Incluir la promoción de garantías efectivas para las libertades de expresión, asociación, reunión y participación política, así como condiciones que permitan una competencia electoral auténtica”, sostiene.

Insta a acompañar activamente el establecimiento de una ruta constitucional para la celebración de “elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables en el plazo más breve posible”, dijo LabPaz.

El mensaje de fondo es que Venezuela necesita volver al mundo, pero también necesita que el poder vuelva a las urnas electorales. La normalización internacional solo será sostenible si abre paso a una ruta constitucional que permita elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables en el plazo más breve posible. Sin legitimidad democrática, advierte la organización, cualquier apertura corre el riesgo de convertirse en una normalidad incompleta.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendó el miércoles por la noche a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adoptar medidas para favorecer la libertad de expresión y mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo, entre ellas la eliminación de las restricciones contra los dominios web de medios de comunicación.

La recomendación surgió después de un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación, entre ellos medios nacionales, públicos, privados, alternativos e influenciadores, según un comunicado oficial difundido por Oliver Blanco, viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela.

El organismo explicó que las consultas tuvieron como objetivo favorecer un ambiente de “mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo”. Entre las medidas propuestas a Rodríguez figura “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación”, además de promover la libre expresión dentro de un marco de respeto y responsabilidad.

El programa también planteó que estas medidas contribuyan a generar un “clima de encuentro entre venezolanos”, como parte de un proceso orientado a fortalecer la convivencia democrática.

La recomendación se produjo después de que 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades presentaran un manifiesto en el que reclamaron el levantamiento de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones contra sitios web.

Las organizaciones también reclamaron cambios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y un marco institucional que garantice el ejercicio de la libertad de expresión.

De acuerdo con VE sin Filtro, programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre dedicado al monitoreo y la denuncia de la censura digital y las restricciones al acceso a internet en Venezuela, más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, entre ellos el de Infobae.

El día que comenzó la censura del régimen chavista a Infobae

El 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela, tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y, más de diez años después, la censura sobre el medio continúa.

La decisión fue justificada bajo el argumento de “mancillar el honor” del parlamentario y su familia. El entonces presidente de Conatel, William Castillo, afirmó que el medio había cometido “graves violaciones a las leyes venezolanas” y cuestionó la publicación de fotografías que, según sostuvo, eran “sin valor informativo”. También acusó a Infobae de fomentar un clima de “guerra psicológica”.

La dirección de Infobae reaccionó ante la medida. “Repudiamos la censura a la que somos sometidos y no vamos a aceptar que ningún gobierno nos diga qué fotos debemos publicar”, declaró Valeria Cavallo, directora del medio. La postura fue respaldada por agencias internacionales como Reuters, que reportaron el bloqueo y la censura digital en Venezuela.

Desde entonces, Infobae permaneció bloqueado por el régimen Chavista.

La censura contra Infobae no constituyó un hecho aislado. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y, con mayor intensidad, durante el mandato de Maduro, se registraron cierres, bloqueos y medidas contra medios de comunicación.

De acuerdo con reportes de distintas organizaciones no gubernamentales y datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), solo entre 2019 y 2020 se registraron más de 500 casos de violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, con al menos 200 medios de comunicación afectados por cierres, bloqueos o censura directa.

Entre las acciones registradas se encuentran la prohibición de transmisiones de televisoras extranjeras, el retiro de programas de opinión y el bloqueo sistemático de portales digitales, incluida la web de Infobae.

El impacto también alcanzó a la radio y a la prensa escrita. “El vacío en el dial es notorio”, afirmó el periodista Ángel Ramón Oliveros, al referirse a la situación de la radio, uno de los principales vínculos con la realidad informativa del país.

Entre 2017 y 2019, organizaciones como Espacio Público documentaron el cierre de más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio. En 2025, el escenario se agravó después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de la toma de posesión de Maduro en enero. En ese período, se intensificaron las denuncias sobre represión, censura y autocensura en los medios.

La petrolera estadounidense Continental Resources y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo y la operación del bloque Ayacucho 2, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Anzoátegui. El documento constituye el primer paso hacia un acuerdo de participación productiva de largo plazo y abre la puerta a la entrada de una de las mayores compañías privadas de petróleo y gas de Estados Unidos en uno de los principales reservorios de crudo de Venezuela.

El área asignada tiene una extensión aproximada de 50.990 hectáreas, al norte del río Orinoco. Continental calcula que allí existen alrededor de 30.000 millones de barriles de recursos petroleros “in situ”, es decir, hidrocarburos presentes en el subsuelo.

Según los términos anunciados por la compañía, si las partes concretan el futuro Contrato de Participación Productiva (CPP), Continental asumirá la operación del bloque y tendría una participación de trabajo del 100%. La petrolera indicó que las conversaciones para alcanzar ese acuerdo definitivo continuarán durante las próximas semanas. Por ahora, el memorando funciona como un marco preliminar y no equivale todavía al contrato de explotación de largo plazo.

El proyecto se produce después de los cambios introducidos por Caracas en su marco regulatorio para los hidrocarburos y del llamado de la administración de Donald Trump a compañías estadounidenses para participar en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Continental señaló que realizó una evaluación independiente de distintas oportunidades en el país y que posteriormente identificó condiciones legales que le permitieron avanzar con Ayacucho 2.

La empresa pretende aportar capital privado, tecnología, conocimiento técnico y capacidad operativa para el desarrollo del bloque. Su presidente y director ejecutivo, Doug Lawler, afirmó: “Estamos entusiasmados de participar en la revitalización de la industria energética de Venezuela”, y señaló que el proyecto representa una incorporación relevante para la cartera internacional de la compañía.

El fundador y presidente emérito de Continental, Harold Hamm, también destacó el alcance de la operación. “Continental fue construida para reconocer grandes oportunidades de recursos y tener la convicción de perseguirlas”, afirmó.

La compañía, con sede en Oklahoma City, mantiene una fuerte presencia en distintas zonas productoras de Estados Unidos y en los últimos años amplió su actividad internacional, incluida su participación en Vaca Muerta, en Argentina.

Desde Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó el entendimiento como parte de la estrategia para ampliar las capacidades de la industria energética venezolana. “Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, afirmó.

La operación se suma a una serie de acuerdos impulsados durante 2026 para atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos venezolanos. El petróleo ocupa un lugar central en esa política debido al volumen de recursos disponibles y al deterioro acumulado de la capacidad productiva del país.

Venezuela produjo en agosto un promedio de 1.201 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 924.000 barriles diarios registrados en enero, de acuerdo con los datos incluidos en la información suministrada para este acuerdo. El nivel actual continúa por debajo de los 3,1 millones de barriles diarios que el país producía en 1998, antes de la llegada del chavismo al poder.

La Faja del Orinoco concentra una parte sustancial de los recursos petroleros venezolanos, aunque buena parte de su crudo es pesado o extrapesado y requiere inversiones, infraestructura y tecnologías específicas para su extracción, transporte y procesamiento.

El avance de Continental dependerá ahora de la negociación del contrato definitivo y de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el bloque.

Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que, según Washington, incumplieron de manera demostrable sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, en una decisión que modifica la evaluación anual de la política antidrogas venezolana y refleja el nuevo esquema de cooperación entre la administración de Donald Trump y el interinato de Delcy Rodríguez.

La medida aparece en la determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027, emitida por Trump y difundida por el Departamento de Estado. El documento mantiene a Venezuela dentro del grupo de países considerados relevantes para la producción o el tránsito de drogas ilícitas, pero elimina al país de la categoría más específica reservada para aquellos que, durante los 12 meses anteriores, no cumplieron con las obligaciones asumidas en materia de control de estupefacientes.

La inclusión como país de tránsito o productor no constituye por sí misma una acusación contra el gobierno ni una sanción: la legislación estadounidense contempla factores geográficos, comerciales y logísticos que pueden convertir a un territorio en una ruta utilizada por organizaciones criminales. En cambio, la clasificación de incumplimiento evalúa las medidas adoptadas por las autoridades para combatir esas actividades.

Venezuela había permanecido durante años bajo esa evaluación negativa. En las determinaciones estadounidenses anteriores, Washington había considerado que Caracas no había cumplido suficientemente con sus compromisos internacionales contra las drogas. La documentación oficial muestra que Venezuela ya figuraba entre los principales países de tránsito o producción desde hace décadas y que en distintos períodos también había sido señalada por incumplimientos.

Para el nuevo informe, Trump atribuyó el cambio a la transformación política registrada en Venezuela durante el último año y a la cooperación que, según su administración, comenzó a desarrollarse con el chavismo. El presidente estadounidense sostiene que la captura y salida del poder del narcodictador Nicolás Maduro modificaron las condiciones para actuar contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los cárteles”, afirmó Trump en el documento presidencial.

El mandatario también mencionó específicamente las operaciones contra estructuras criminales venezolanas y señaló la eliminación de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, identificado como líder del Tren de Aragua. El grupo criminal venezolano ha sido señalado por Estados Unidos por su participación en actividades ilícitas dentro y fuera del país.

“Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas”, escribió Trump.

El líder republicano dijo esperar “progresos continuos y cuantificables” en el desmantelamiento de organizaciones criminales y en la interrupción de las rutas utilizadas para transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

En septiembre de 2025, Trump había incluido a Venezuela entre los países que, según su evaluación, habían incumplido de manera demostrable sus compromisos antidrogas durante los 12 meses anteriores. Aquella clasificación también incluía a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Al mismo tiempo, Venezuela continúa dentro del listado más amplio de países considerados importantes para el tránsito o la producción de drogas, junto con naciones como México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.

La decisión también establece un marco diferente para Colombia y Bolivia. Washington mantuvo sus respectivas designaciones de incumplimiento, aunque Trump destacó la cooperación que espera de sus nuevos gobiernos y dejó abierta la posibilidad de modificar esas evaluaciones en el futuro.

La legislación estadounidense establece que estas revisiones presidenciales se realizan anualmente y que la designación de un país como territorio importante para el tránsito o producción de drogas no significa necesariamente que su gobierno carezca de cooperación antidrogas. El criterio contempla, entre otros elementos, las condiciones geográficas y comerciales que facilitan el movimiento o producción de sustancias ilícitas.

Para Venezuela, el cambio supone por primera vez en años que Washington deje de considerar demostrablemente incumplidos sus compromisos antidrogas, aunque el país seguirá bajo vigilancia dentro del listado general estadounidense de territorios relevantes para las rutas internacionales del narcotráfico.

El Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que “la reubicación de 86 mil estudiantes en Venezuela tras el doble terremoto implica hacinamiento, doble turno y presión sobre servicios de agua, electricidad e internet en escuelas que ya arrastraban fallas crónicas”.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, declaró que tras los dos sismos que sacudieron la región centro-norte del país el miércoles 24 de junio, tuvieron que ejecutar un proceso de “rezonificación”, que básicamente consiste en trasladar a unos 86 mil 31 alumnos desde sus instituciones originales a otras que se encuentren en mejor estado para que continúen con sus estudios en el nuevo curso que comenzó esta semana.

“Esto genera algunos cambios: en vez de estudiar en mi comunidad, puede ser que tenga que estudiar en la de al lado; o si estudiaba en la mañana, tenga que estudiar en la tarde, porque para mover esa matrícula a otra escuela que esté llena, se implementa el doble turno”, explicó Rodríguez.

Provea subraya que “rezonificar no es solo una palabra, su aplicación es una acción compleja que entraña severos riesgos pedagógicos y logísticos”. Recuerdan que según HUM Venezuela -plataforma de organizaciones de la sociedad civil- “para 2025, el 65% de los planteles presentaba fallas físicas y el 75% carecía de agua constante”.

Partiendo del análisis del profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, observan que “las escuelas receptoras, diseñadas para un aforo determinado, enfrentan un hacinamiento que fuerza el uso del doble turno”.

“Gran parte de los alumnos y docentes reubicados no residen en el entorno inmediato de las nuevas instituciones asignadas, lo que suma una pesada carga económica y logística por concepto de pasajes y tiempos de traslado”, exponen.

Diferencias

Ramírez apunta que “la llegada de estudiantes con diversos niveles de aprendizaje obliga al docente -ya golpeado por la precariedad salarial- a invertir tiempo en diagnósticos y nivelaciones, enfrentando aulas heterogéneas y saturadas”.

El académico llama la atención sobre los posibles shocks de desadaptación y sus consecuencias, al considerar que “la suma de distancias largas, ambientes hostiles y vacíos pedagógicos constituye un detonante directo para el aumento de la deserción escolar”.

Subrayan el desafío que representa la reorganización del personal docente y administrativo. “Integrar estas plantillas en centros con equipos ya consolidados genera incertidumbre laboral y dificultades de gestión sin una planificación clara”, alertan.

Como solución, Ramírez plantea “la habilitación temporal de locales ad hoc (espacios comunitarios o edificaciones públicas) para mantener unidos a los mismos grupos de alumnos y maestros. Así se reduce el costo emocional del desplazamiento, aunque exija adecuar infraestructura provisional”. Igualmente, aboga por el acompañamiento técnico, supervisión administrativa y soporte psicológico continuo para toda la comunidad educativa.

Provea sostiene que “trasladar a más de 86 mil estudiantes a planteles receptores sin certificar previamente la capacidad de sus servicios básicos (agua, electricidad, red sanitaria), corre el riesgo de transformar una medida transitoria en un colapso permanente”.

Con la decisión del exministro venezolano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de declararse culpable de lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, comienzan a revelarse datos y conexiones que confirman los millonarios casos de corrupción que rodearon al programa gubernamental de distribución de alimentos conocido como CLAP.

“La declaración de culpabilidad por enriquecimiento ilícito y lavado hecha por el estratega de los CLAP y co-acusados, es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado del país. Estos archivos son documentos clave para nuestra memoria”, destacó Susana Raffalli, experta en nutrición pública y seguridad alimentaria.

Raffalli apuntó que “el fraude alimentario en los esquemas de protección social del Estado venezolano admitido en una corte por sus perpetradores, ocurrió con el silencio de las instancias ante quienes hicimos las denuncias en ese momento”.

Entre los que ignoraron la situación, mencionó a FIAN Internacional (institución dedicada al derecho a la alimentación y nutrición adecuadas), FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a la señora Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación entre 2014 y 2020.

Como piezas de dominó, Saab cayó tras su jefe Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores el 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez no solo sacó del gabinete ministerial al empresario de origen colombiano, sino que el 16 de mayo lo entregó a la justicia norteamericana, que lo requería por distintos casos de corrupción.

El régimen chavista siempre defendió su supuesta inocencia, mientras decía que era víctima de una persecución del “imperio” norteamericano. Saab fue detenido una primera vez en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente lo extraditaron a Estados Unidos en octubre de 2021.

El gobierno de Maduro le dio el título de “diplomático” y se batió por su libertad, que consiguió en diciembre de 2023 tras pactar un canje de prisioneros con la administración de Joe Biden. Ahora el antiguo funcionario reconoce que participó en una trama que desvió cientos de millones de dólares en el marco de un plan que el oficialismo desplegó para atender la crisis alimentaria.

Intereses

“Con el reconocimiento de culpabilidad del ‘exministro’ y ‘diplomático’ del actual gobierno por importación de alimentos para supuestos programas de beneficio a los más necesitados, se pone en relieve la realidad de la lucha que se ha dado para sostener la producción local”, expresó Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar).

Albornoz, quien también encabezó la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), agregó: “Atacar la propiedad, la tierra que cultivamos, la producción nacional y fomentar esquemas como ‘cajas CLAP’, ‘importaciones sin contingentar’ y otras acostumbradas prácticas suficientemente denunciadas, sólo constituyen la prueba de que el Estado no existe. Sólo intereses personales”.

El periodista Roberto Deniz recordó que “en un tribunal de Caracas aún está la demanda de Alex Saab, introducida por su abogado Amir Nassar, contra mí y los tres editores fundadores de ArmandoInfo por ‘difamación e injuria’ porque el señor Saab decía que no tenía nada que ver con Maduro, ni con los CLAP”. Estos cuatro reporteros que se dedicaron a desentrañar los negocios turbios del colaborador de Maduro, tuvieron que marcharse al exilio por la persecución judicial en su contra.

“A Alex Saab le permitieron robar a manos llenas, lo encubrieron, pusieron el Estado a su servicio, quisieron hacerlo ‘diplomático’ (para protegerlo). Maduro y Cilia Flores no son los únicos responsables de lo que hizo. También Delcy y Jorge Rodríguez lo son”, aseveró Deniz.

El partido Primero Justicia exigió que todos los involucrados en la trama rindan cuentas al país. “Detrás de cada dólar saqueado hubo familias pasando hambre, niños en desnutrición y familias venezolanas obligados a abandonar el país buscando un mejor futuro”, expresaron.

En la efímera era de TikTok, de tiempos explosivos y espontáneos, los procesos que se viven en Venezuela por estos meses parecen eternos. Es entendible: el pueblo fue castigado durante los interminables años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con una agobiante economía y una persecución política sin precedentes que incluyó un rosario dramático de atropellos: represión, violación de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, torturas, violaciones, presos políticos, emigración masiva y demás desgracias.

Es justamente por esa razón -el deseo irreprochable de terminar cuanto antes con los años más oscuros de la historia de Venezuela- que cualquier escalón que se sume a la ya empinada democracia parece cada vez más alto y difícil de subir. Interminable.

Resulta lógica la dificultad para distinguir los progresos hechos hasta el momento, impensados apenas 256 días atrás cuando Maduro fue capturado por una grupo Delta Force de los Estados Unidos que irrumpió en la madrugada del 3 de enero último en Fuerte Tiuna, donde el dictador se refugiaba junto a su esposa, Cilia Flores. Hubo júbilo contenido en Venezuela y explosión en el exterior, donde casi 8 millones de emigrantes también esperan un cambio.

Las autoridades actuales -residuales del chavismo- que aún controlan en parte el poder venezolano iniciaron una lenta pero inconfundible marcha de acercamiento con la oposición que derivará en elecciones libres, aunque todavía no se conozcan las fechas. Ese proceso democrático -delicado, complejo- no está sólo en manos de quienes durante años incumplieron sus deberes republicanos. Washington actúa como tutor de ese diálogo y reconciliación que ya se inició. Un diálogo con líderes de la oposición impensado meses atrás. Se trata de una ingeniería que en esta estación requiere de inteligencia y sutileza.

Los puntos son variados y no se limitan únicamente a la emisión de votos: sustitución de la cúpula judicial, situación de presos políticos -una cuenta aún no resuelta del todo por la presidenta interina Delcy Rodríguez-, elecciones, levantamiento de restricciones particulares para presentarse a comicios, cese de intervención en partidos políticos, Consejo Electoral, censura y bloqueo a medios de comunicación, entre otros temas.

La evolución no será fácil. Tampoco corta. Pero ya se inició. Y el chavismo, a diferencia de otros tiempos -cuando Maduro comandaba el país-, no podrá extender ni dilatar los plazos a su antojo. O hacer planteos que choquen contra los intereses tanto de los venezolanos como de la oposición. Esa garantía la ofrece, en silencio, las autoridades norteamericanas. La delegación opositora es encabezada por Dinorah Figuera, de Primero Justicia. Su primer logro será recuperar a los partidos y eliminar las inhabilitaciones en el marco de una negociación que ha sido diseñada y promovida por la administración de Donald Trump.

El pasado 12 de agosto, este sector opositor y el chavismo -encabezado por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional oficialista y hermano de Delcy, la interina- cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión. Allí se acordó la renovación completa del Supremo y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra. Ahora se espera una segunda ronda.

El marco en que se plantea este tipo de negociación es entendible. Haber sacado a Maduro -quien junto a Flores esperan ser juzgados por narcoterroristas en una celda de Nueva York- sin un plan progresivo como el actual -imperfecto, seguramente- hubiera sido suicida para una oposición implantada. La estructura chavista lleva décadas en construcción y entregar el poder a líderes con apoyo popular pero sin garantías constitucionales o democráticas no hubiera funcionado: no lo hizo en Irak, no lo hizo en Afganistán.

Esas mismas autoridades norteamericanas ven además otros progresos: la lucha contra el narco, aunque no resuelta, muestra avances y apoyo por parte del chavismo residual que encabezan los hermanos Rodríguez. También colaboran en otros delitos: ayer se conoció la captura de uno de los delincuentes más buscados por el FBI norteamericano. Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, fue capturado en tierra venezolana. Era miembro del Tren de Aragua. Ya está en Estados Unidos donde será juzgado. Hay, también, una purga silenciosa al interior del régimen que vivía de las complicidades con el mundo delictivo.

Otro de los procesos que está en marcha es el de la economía. No es fácil. Menos cuando la tragedia toca a la puerta: los devastadores terremotos del 24 de junio pasado donde murieron al menos 6.500 personas dejaron una estela económica aún irresuelta. También dejaron en evidencia la ineficiencia de un estado que durante décadas dijo estar presente pero no socorrió lo suficiente a los damnificados. Para peor, miles de víctimas aún no saben qué les deparará el destino y dónde dormirán las próximas semanas. Si es que logran conciliar el sueño después de haber perdido todo. Los cálculos para la recuperación de las zonas más afectadas se estiman en 20 mil millones de dólares. La repatriación de las reservas en oro de Banco de Inglaterra podrían ayudar. Fue uno de los planteos de la oposición.

La política monetaria trata de acomodarse. Lentamente y con vaivenes. También con críticas. El valor del bolívar continúa depreciándose. La mayor apuesta sigue estando en el sector energético que ve signos de vida, después de la interminable agonía padecida con Maduro. La recuperación de la industria petrolera, impulsora de la economía venezolana durante décadas y en decadencia a partir de la llegada del chavismo al poder por falta de inversión y corrupción endémica, parece estar encaminada. Aunque en marcha, todavía permanece lejos de la producción pico de 3,5 millones de barriles diarios que se vivió hacia fines del siglo XX. El retorno a esos niveles se verá en pocos años. “Recorrí yacimientos hace algún tiempo... estaban devastados, arruinados, abandonados. Pensé que llevaría años recuperarlo. Ahora todo parece cambiar”, dijo a Infobae un importante empresario petrolero latinoamericano, interesado ahora en retornar a Venezuela.

Estos progresos generarían un cambio que podría reflejarse e impactar en el resto del continente. El diálogo y la reconciliación están en marcha y los oscuros años del chavismo comienzan a quedar en el pasado. Lenta, pero inexorablemente.

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Las necesidades de recuperación de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio ascienden hasta los USD 21.000 millones, de acuerdo con la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), presentada este martes en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio calculó en USD 14.831 millones los daños y pérdidas que provocaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en siete estados. El PNUD indicó en un comunicado que la estimación de recuperación contempla medidas para reconstruir, reforzar la resiliencia y reducir las condiciones de riesgo.

La evaluación estuvo liderada por el Gobierno chavista y contó con la participación de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aportaron acompañamiento técnico. El informe analizó las consecuencias de los sismos sobre los sectores sociales, productivos y de infraestructura, además de otros factores transversales. Sus conclusiones servirán para definir prioridades y elaborar un marco de recuperación resiliente.

La directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, entregó el documento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas. Durante el acto, transmitido por la televisión estatal, Muschett definió el documento como un “primer informe” y expresó su expectativa de que constituya “un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia”.

“El principal mensaje detrás de este esfuerzo es que Venezuela no está sola. El sistema ONU está acompañándola en este momento y el PNUD, desde el terreno, desde el día inicial, acompañando esas prioridades nacionales de desarrollo para reconstruir, y no solo reconstruir, sino reconstruir mejor”, sostuvo.

Por su parte, Rodríguez destacó el trabajo conjunto de su Gobierno, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CAF, el BID y la Unión Europea para “tener un solo plan” sustentado en “el diagnóstico real de las necesidades” tras la catástrofe.

La cadena estatal informó que comenzará una etapa destinada a formular el marco de recuperación resiliente. El objetivo será convertir los resultados técnicos en “una hoja de ruta estratégica, operativa y financiera para la recuperación y la reconstrucción”.

Tras los sismos, Caracas solicitó el apoyo del PNUD para impulsar programas de vivienda destinados a los miles de ciudadanos que perdieron sus hogares. Cabe recordar además que el doble terremoto dejó más de 6.500 muertos. El último balance oficial, difundido el 24 de agosto, registró 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves.

Hace una semana atrás, el Gobierno chavista entregó un total de 528 viviendas a afectados por el doble sismo. Rodríguez informó sobre la entrega de nuevas casas para damnificados por los terremotos del 24 de junio y aseguró que todas las personas que siguen en refugios temporales recibirán una casa.

Durante una transmisión de Venezolana de Televisión desde Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país en Caracas, la presidenta encargada afirmó que “cada persona” que permanece en esos espacios “va a tener su vivienda”. En julio, la mandataria prometió entregas mensuales de viviendas destinadas a los afectados por los sismos y fijó como meta alcanzar 4.000 unidades habitacionales en diciembre de este año.

(Con información de EFE)

La decisión del ex ministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro, de declararse culpable el martes de lavado de dinero en Estados Unidos y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía abre interrogantes sobre el posible impacto de su testimonio en el caso contra el ex gobernante, aunque el acuerdo no lo menciona.

Estas son las claves del acuerdo de Saab, ex ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026, con el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí menciona a “altos funcionarios del Gobierno venezolano” en 2015, cuando era líder del país sudamericano.

La declaratoria de culpabilidad

El empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como “no culpable” el 24 de julio tras ser deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

La incógnita de otros coacusados y otros cómplices

El ex ministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

Pero también señala a “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”.

¿Qué ofrece Saab a EEUU?

A cambio, Saab accedió a “cooperar plenamente” con el DOJ con “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial que pida el Gobierno.

“Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, establece el pacto.

Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.

Las promesas de EEUU a Saab

Por estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el ex ministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas.

Pero el DOJ advirtió de que se “reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado”, así como la “calidad e importancia” de la información para las investigaciones pertinentes.

Las posibles implicaciones para Maduro

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.

Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EEUU, el opositor venezolano Carlos Paparoni, ex diputado y dirigente del partido Primero Justicia, considera que “la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades” estadounidenses.

“Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EEUU y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos”, dijo a EFE tras acudir a la audiencia.

(Con información de EFE)

Estados Unidos espera que Venezuela concrete nuevos acuerdos con empresas petroleras durante las reuniones sobre energía del G20 que se desarrollan en Houston, Texas, en un nuevo paso del acercamiento entre Washington y Caracas y de la estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar la producción energética en el hemisferio occidental.

La delegación venezolana está encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paola Henao, quien mantiene encuentros con funcionarios de otros países y representantes de compañías del sector. El asesor energético de Trump, Jarrod Agen, anticipó que algunos convenios podrían quedar firmados antes de este miércoles, aunque no identificó a las empresas participantes ni detalló las condiciones de los posibles contratos.

“Ese es uno de los motivos por los que el presidente Trump quería una importante delegación venezolana aquí, para que se reúna con nuestra industria, con nuestros secretarios”, afirmó Agen a la cadena CNBC al explicar la presencia de Caracas en Houston.

Venezuela no integra formalmente el G20, pero fue incorporada como invitada especial por la administración estadounidense. Sus funcionarios participan en reuniones bilaterales, actividades organizadas en paralelo por Washington y contactos con ejecutivos petroleros. No forman parte, en cambio, de las sesiones ministeriales oficiales que se realizan a puertas cerradas.

La convocatoria ocurre apenas dos semanas después de que Washington y Caracas alcanzaran un acuerdo petrolero. El convenio contempla la participación estadounidense del 35% en North American Blue Energy Partners, la compañía encargada de operar 17 yacimientos venezolanos. Esos campos representan aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas de crudo de Venezuela.

El pacto también establece que Estados Unidos podrá adquirir el 20% del petróleo producido por esos yacimientos a precio de costo. El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, defendió el acuerdo y destacó el valor estratégico de los recursos venezolanos para el mercado norteamericano.

“Este acuerdo entre Estados Unidos, una empresa privada y Venezuela supondrá un enorme beneficio a largo plazo para Estados Unidos”, sostuvo Burgum.

El funcionario también señaló que buena parte de la infraestructura de refinación ubicada en la costa estadounidense del Golfo fue diseñada para procesar petróleo venezolano. La recuperación de esos flujos forma parte de la apuesta de Washington por aumentar la disponibilidad de crudo en el mercado occidental.

Agen adelantó que las conversaciones también abarcarán minería y minerales, mientras que Burgum destacó otros recursos energéticos venezolanos, entre ellos carbón e hidroelectricidad.

“Tal vez escuchen más sobre Venezuela en relación con la minería y los minerales”, dijo Agen, quien agregó que el ministro venezolano de Desarrollo Minero participará en reuniones en Houston.

Burgum, por su parte, remarcó que Venezuela posee importantes reservas de carbón y recordó que empresas estadounidenses tuvieron actividad en ese sector décadas atrás. Según el funcionario, la reconstrucción de la infraestructura eléctrica venezolana también podría generar demanda de nuevas fuentes de generación.

El giro hacia Venezuela se produce en un contexto energético internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto iniciado en febrero alteró las rutas de suministro de hidrocarburos y contribuyó al aumento de los precios del petróleo y el gas, con efectos particularmente relevantes para Europa y Estados Unidos.

En ese escenario, la Casa Blanca plantea como una de sus prioridades aumentar la oferta de energía y reducir los riesgos asociados al abastecimiento. Agen resumió la orientación de las conversaciones de Houston bajo una premisa: “La practicidad sobre la ideología”.

Las reuniones también cuentan con representantes de grandes economías y productores de energía, entre ellos China, India, Japón, Alemania, Canadá y Arabia Saudita. Rusia también tiene previsto enviar funcionarios, pese a las críticas de aliados europeos de Ucrania por la participación de Moscú en encuentros del G20.

La presencia venezolana en Houston representa además una nueva etapa de la relación entre Washington y Caracas tras la caída y captura del narcodictador Nicolás Maduro a comienzos de año. Desde entonces, la jefa del chavismo Delcy Rodríguez ha profundizado los contactos con la administración Trump para atraer capital extranjero y reactivar la industria energética.

Para Henao, la reunión de Houston supone al menos su tercera visita a la ciudad durante 2026, dentro de la ofensiva de Caracas para captar inversiones y ampliar la participación de compañías internacionales en el sector petrolero y minero venezolano.

La DGCIM bautizó como “Caso Azul Celeste 3 de Enero” una presunta operación relacionada con la Operación Resolución Absoluta que extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna. El caso lo enmarcan con una presunta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM) que reclutaba militares y funcionarios con acceso a información estratégica para obtener datos sensibles, ejecutar actos de sabotaje y planes de desestabilización.

Por esta causa permanecen detenidas ocho personas que, según sus familiares, ni siquiera se conocían entre sí. Entre ellas figuran dos oficiales, uno retirado y otro en servicio activo, acusados de traición a la patria y conspiración. Los allegados aseguran que los procesados no han tenido acceso al expediente judicial que sustenta las imputaciones.

En conversación con Infobae, Alida Hernández, hermana del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, y Yuri Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, denunciaron que ambos militares han sido víctimas de torturas, desaparición forzada y tratos crueles durante su detención. Asimismo, señalaron que existen órdenes de captura contra otras personas vinculadas al caso, entre ellas el general Rodolfo José Camacho Rincones.

Según los testimonios, luego de que los detenidos rechazaran ser representados por defensores públicos, en julio se autorizó el ingreso de abogados privados al penal de El Rodeo I. Esto permitió que Hernández Rojas y Oria Arteaga formalizaran su representación legal. Sin embargo, pese a la aceptación de los nombramientos, los abogados aún no han sido juramentados y continúan sin acceso al expediente.

En un proceso totgalmente irregular, el juez 2° de Control contra la Corrupción y el Terrorismo, Carlos Enrique Liendo Acosta les dijo a los detenidos que los enviaría a juicio porque tiene 14 pruebas en su contra. Por lo que el juez dijo, los militares se dan cuenta que les han imputado otros delitos: “orquestar contra el Alto Mando Militar, un ataque financiado por Simonovis y fuga de información para el ejército de los EEUU”.

Entre la serie de irregularidades ocurridas se suma que fueron cambiadas las fechas de la audiencia de presentación que fue el 9 de febrero. “El jueves 10 de septiembre pretendieron hacerles una nueva preliminar a escondidas de los abogados privados y cambiaron la fecha de la presentación colocándola como si fue en marzo y con otro argumento, un bombardeo contra el Alto Mando Militar”.

Mantienen a los abogados privados engañados con la juramentación ya que en junio les aceptaron el nombramiento pero no los juramentan, así tampoco les permiten tener acceso al expediente y modificaron incluso cambiando fechas y delitos”.

A estas acusaciones se suma la confiscación de bienes de algunos de los detenidos. En el caso del coronel Hernández, sus familiares denuncian que funcionarios de la DGCIM ocuparon el apartamento donde residían tanto él como su madre y su hermana. También aseguran que la audiencia preliminar ha sido suspendida en 19 oportunidades.

La detención de Oria

Yuri Burgos relató que su esposo, el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, fue detenido el 21 de enero de 2026 por una comisión integrada por 30 funcionarios armados y encapuchados.

De acuerdo con su testimonio, los agentes informaron que el militar debía acudir a una entrevista, sin exhibir una orden de aprehensión. Aunque inicialmente le indicaron que sería trasladado a una sede de la Policía Nacional Bolivariana, terminó siendo llevado a instalaciones utilizadas por la DGCIM dentro de la Base Aérea La Carlota, donde presuntamente fue sometido a torturas.

Luego de meses en que los familiares y los otros detenidos del caso han tenido trato, saben por narración de ellos que David Figueredo, Hector Martínez y Leonardo Gómez Brito tenían nueve ańos fuera del CICPC, se habían ido del país y regresaron a principios de diciembre 2025.

Ese dia en que los detienen solo estaba David y Hector comiendo en un restaurante. Los funcionarios les dijeron que le enviaran un mensaje a Leonardo Gómez para que fuera a reunirse y cuando va saliendo de la estación del metro lo detienen”.

El caso del coronel Hernández

Del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, detenido el 24 de enero 2026, su hermana Alida Hernández dice que “siempre fue el número uno en los ascensos, estuvo tres años destacado en Rusia, habla inglés y en agosto del 2025 pasa a retiro por tiempo cumplido en la fuerza”.

Aseguró que su hermano, fue detenido el 24 de enero de 2026 en las inmediaciones de su residencia por una comisión de la DGCIM que no presentó orden judicial ni identificación visible.

La versión familiar señala que la acusación surgió a partir de la declaración de un supuesto testigo anónimo que lo vinculó con un eventual gobierno de transición encabezado por Edmundo González y con la denominada operación Azul Celeste.

Relata que ese 24 de enero, a las 7 de la noche, su hermano fue interceptado en el estacionamiento de su vivienda por una comisión de la DGCIM que no llevaban orden de aprehensión, ni identificación visible y se trasladaban en vehículo particular. “Le quitaron el carro a mi hermano y lo trasladaron a la DGCIM boleíta” donde estuvo en desaparición forzada y luego recluido en la cárcel del Rodeo I.

Tras su captura, Hernández habría permanecido desaparecido durante varios días antes de ser recluido en la cárcel de El Rodeo I. Su hermana sostiene además que el militar ha recibido amenazas contra sus familiares para evitar que el caso sea denunciado públicamente.

Los allegados cuestionan igualmente los allanamientos y la confiscación de propiedades atribuidas al oficial retirado, argumentando que las medidas se ejecutaron cuando la investigación aún se encuentra en fase preliminar y sin una decisión judicial definitiva.

Aunque reconocen que Hernández mantenía conversaciones con el general en el exilio Rodolfo Camacho Rincones, sostienen que ese hecho ha sido utilizado como elemento incriminatorio sin que existan pruebas que sustenten los delitos imputados.

La versión policial

La investigación MP-17139-2026 comenzó el 20 de enero de 2026 a partir de una denuncia presentada por una fuente identificada únicamente como “DGCIM-DEIPC-PVT-009-1-26”. Según los documentos del caso, el informante alertó ante la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sobre la existencia de una supuesta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM).

De acuerdo con la versión expuesta por los organismos de seguridad, la estructura estaría bajo la influencia de servicios extranjeros considerados enemigos por el Estado venezolano y tendría financiamiento estadounidense. La investigación señala al excomisario Iván Antonio Simonovis Aranguren como supuesto articulador de la red.

Las actas de la DGCIM describen a la ETM como una organización dedicada a captar y reclutar personal militar activo, retirado y desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como funcionarios policiales en condiciones similares. El objetivo, según la hipótesis oficial, sería obtener acceso a información sensible relacionada con altos funcionarios del Estado y con áreas estratégicas de la seguridad nacional.

Entre los datos que presuntamente buscaba recopilar la organización figuran información táctica sobre aeronaves, sistemas de armas, planes de vuelo, programas de mantenimiento, pilotos asignados, sistemas de defensa antiaérea, radares, ubicación de unidades militares, planes de defensa, organismos de inteligencia y estructuras comunales.

El acta policial dice que una vez reclutados, los integrantes de la red recibirían tareas vinculadas con sabotaje, sustracción de piezas, inutilización de equipos y posibles atentados contra altos funcionarios civiles y militares. El propósito atribuido a estas acciones sería reducir las capacidades operativas de la FANB y generar condiciones de desestabilización en el país.

Reuniones, pagos y planes

La DGCIM afirma que buena parte de los presuntos integrantes de la ETM son exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y sostienen que durante diciembre 2025 y enero 2026 se habrían realizado reuniones en Caracas para captar colaboradores y ofrecer pagos en dólares a cambio de información confidencial destinada a organismos de inteligencia estadounidenses. ¿El objetivo? planificación de supuestos actos destinados a provocar conmoción social y afectar la estabilidad interna del país.

El expediente señala que funcionarios de la DGCIM realizaron labores de patrullaje en el sector El Paraíso, en Caracas, en cumplimiento de una orden de búsqueda emanada por sus superiores. Durante una inspección en las cercanías de una tienda comercial ubicada en la avenida Las Fuentes, los agentes observaron a tres hombres reunidos, quienes, según el reporte oficial, habrían mostrado una actitud considerada sospechosa al notar la presencia de la comisión.

La investigación identifica a David Figueredo Sandoval como presunto responsable de captar y reclutar funcionarios. Asimismo, Héctor José Martínez Yánez como pieza clave en la captación de efectivos militares y receptor de información suministrada por el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga.

El tercer señalado fue Jesús Leonardo Gómez Brito, a quien la DGCIM atribuye contactos directos con Simonovis y la responsabilidad de procesar la información recopilada, además de distribuir fondos destinados a actividades operativas.

Posteriormente, los investigadores aseguraron haber hallado en poder de Figueredo Sandoval una carpeta amarilla con documentos contentivos de información sensible relacionada con puntos estratégicos de Caracas. Según el acta, el material incluiría informes de inteligencia, documentos operativos y registros administrativos vinculados a una supuesta operación denominada “Día D”.

Aunque el expediente no detalla el método utilizado para obtener la información, la DGCIM asegura haber reconstruido parte de la estructura organizativa y de mando atribuida a la ETM, en la que figura el coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, a quien se le atribuye el suministro de cartografía e información técnica. También, funcionarios activos y retirados, supuestamente coordinados por excomisarios y exfuncionarios policiales identificados por la DGCIM.

Las actas sostienen además que una denominada “ficha de captación” contenía información personal y profesional del teniente coronel Oria Arteaga y del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas.

El testigo estrella

Uno de los elementos centrales del expediente es la declaración del denunciante, convertido en testigo clave para la investigación, argumentandque mantenía contacto laboral con Oria Arteaga debido a que ambos trabajaban en telecomunicaciones.

El testigo relató que el oficial acudió a revisar un servidor que prestaba servicios de voz IP y que se encontraba fuera de funcionamiento tras la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero 2026. De acuerdo con la declaración, al inspeccionar el equipo observó que no contaba con sistema operativo instalado y concluyó que el disco había sido borrado.

Oria Arteaga habría atribuido la situación a un ataque informático ejecutado por estadounidenses. Sin embargo, el denunciante manifestó a los investigadores que, desde su percepción, el problema podía corresponder más a un formateo realizado con acceso autorizado que a una acción externa.

El mismo testigo aseguró haber detectado días antes un ataque al servidor y afirmó que, al consultar al militar sobre si había compartido las claves de acceso, este respondió que se las había entregado a una persona identificada únicamente como “el viejo”.

Diez acusados

Tras varios meses de pesquisas, caracterizadas por el hermetismo oficial, la DGCIM incorporó a otros presuntos integrantes del Equipo de Trabajo Multidisciplinario. Entre los nombres mencionados en el expediente, además de los dos oficiales, figuran José Gregorio Rivas Sifontes, Joharlin Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava, Serbio Alexander Hernández Contreras, Juan Luis Rivero Nelo y Carlos Ulises Hernández Rojas.

La lista se completa con Héctor José Martínez Yánez, David Figueredo Sandoval, Jesús Leonardo Gómez Brito y Manuel Alejandro Oria Arteaga.

Respecto a Hernández Rojas, los investigadores sostienen que mantenía comunicaciones con el general de división retirado Rodolfo Camacho Rincones, quien se encuentra fuera del país.

Los diez señalados fueron finalmente presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en materia de terrorismo, instancia que les atribuyó los delitos de traición a la patria y conspiración.

Alex Saab, uno de los principales operadores económicos del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para el lavado de dinero y acordó colaborar con el Departamento de Justicia, entregar información completa sobre hechos que pueden involucrar a altos funcionarios venezolanos y pagar USD 195 millones. El pacto contempla que los fiscales recomienden una condena en el extremo inferior del rango previsto y soliciten reducciones adicionales si consideran que su cooperación tiene valor para otras investigaciones.

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, durante el régimen de Maduro, participó junto con “altos funcionarios del Gobierno” en un “esquema ilegal” relacionado con sobornos y pagos ilícitos vinculados al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos básicos entre venezolanos de bajos ingresos. Parte del dinero fue transferido posteriormente a cuentas ubicadas en el sur de Florida.

El documento judicial identifica por nombre a cuatro personas relacionadas con el caso: Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Además, menciona a otros dos involucrados como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, pero la Fiscalía estadounidense no reveló públicamente sus identidades.

El acuerdo también impone condiciones específicas a Saab para mantener los beneficios derivados de su cooperación. El documento establece que no podrá proteger a ninguna persona o entidad proporcionando información falsa u ocultando datos relevantes. Tampoco podrá acusar deliberadamente a alguien que no haya cometido los hechos que describa ante las autoridades. El pacto exige, además, que no incurra en nuevos delitos.

La colaboración constituye uno de los principales elementos del convenio alcanzado con los fiscales. El cargo por conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión, pero la Fiscalía aceptó recomendar una condena en la parte inferior del rango correspondiente. También puede solicitar una reducción adicional si la información suministrada por Saab permite avanzar en investigaciones o contribuye a obtener resultados contra otros acusados.

El empresario había adoptado inicialmente una posición diferente. El 24 de julio se declaró “no culpable” ante la Justicia estadounidense, pero posteriormente modificó su estrategia y aceptó reconocer responsabilidad penal. La nueva declaración fue presentada ante la jueza federal Kathleen Williams, en Miami.

La causa sostiene que Saab obtuvo millones de dólares mediante operaciones vinculadas con contratos del programa CLAP. Los fiscales describen una estructura que habría utilizado empresas para canalizar fondos, documentación comercial falsa y mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero. Las operaciones incluían la importación de productos básicos desde países como Colombia y México.

Según la acusación, el esquema no se limitó al dinero procedente de los contratos alimentarios. La investigación también sostiene que los involucrados tuvieron acceso a recursos derivados de operaciones petroleras de la estatal venezolana PDVSA y utilizaron distintas estructuras empresariales para movilizar fondos fuera de los canales financieros tradicionales.

El caso actual es el segundo proceso penal que Saab enfrenta en Estados Unidos. En 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala para reabastecer combustible y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Allí enfrentó cargos relacionados con un supuesto esquema de lavado de dinero que, según las autoridades, habría permitido desviar unos USD 350 millones de Venezuela.

En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Saab regresó posteriormente a Venezuela, donde recuperó un lugar dentro de la estructura del régimen. Sin embargo, tras el cambio político ocurrido en Caracas, fue nuevamente detenido y terminó extraditado a Estados Unidos para enfrentar esta nueva causa.

Saab había ocupado además cargos dentro del régimen venezolano y durante años mantuvo acceso privilegiado a operaciones comerciales del chavismo. Su importancia aumentó después de la imposición de sanciones estadounidenses, que dificultaron el acceso de las autoridades venezolanas a bancos y mercados internacionales.

El acuerdo actual no establece públicamente cuáles serán las investigaciones concretas en las que Saab deberá colaborar ni qué otros funcionarios podrían quedar involucrados a partir de sus declaraciones. Tampoco identifica a Maduro como una de las personas mencionadas en el pacto. Sí deja establecido que Saab deberá proporcionar información verdadera y completa y que los fiscales podrán valorar el resultado de esa cooperación al momento de solicitar beneficios en su condena.

Durante la audiencia, Saab también informó que toma diariamente Zoloft y otros medicamentos y mencionó haber sufrido “trastorno de estrés postraumático” después de su arresto en 2020. Su proceso judicial entra ahora en una nueva etapa, determinada por el cumplimiento de las condiciones que aceptó al declararse culpable.

Reino Unido confirmó este martes un acuerdo con Venezuela para elevar su representación diplomática a nivel de embajadores, en un giro que Londres enmarca como parte del “restablecimiento de la democracia” en el país sudamericano.

El anuncio quedó plasmado en un escrito enviado al Parlamento británico por el secretario para las Américas, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Chris Elmore, quien atribuyó la decisión a los acontecimientos registrados en Venezuela desde el 3 de enero. Según explicó, esos hechos abrieron una oportunidad para que la comunidad internacional contribuya al proceso democrático, en un contexto que exige “un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas”.

El primer ministro Andy Burnham detalló que profundizará su vínculo con la presidenta interina Delcy Rodríguez y su gabinete, en sintonía con las prioridades que Londres sostiene para la región. El escrito celebra, además, las conversaciones lideradas desde Caracas entre el oficialista Jorge Rodríguez y la diputada opositora Dinorah Figuera, a las que atribuye “progresos” concretos hasta la fecha.

Ese proceso de negociación, del que no forman parte María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, tuvo un primer cierre el 12 de agosto. En esa instancia, el chavismo y la oposición acordaron recuperar activos de la reserva internacional venezolana depositados en el Banco de Inglaterra, con el objetivo puntual de destinarlos a la atención de las víctimas del terremoto ocurrido el 24 de junio.

El vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, celebró el anuncio a través de la red social X y apostó por avanzar en la “recuperación de los recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos”, en alusión a esas reservas, valuadas en unos 2.000 millones de dólares.

Elmore vinculó la mejora del vínculo bilateral con la posibilidad de que su país incida con mayor peso en la defensa de los derechos humanos y acompañe las tareas de reconstrucción tras el doble sismo. Añadió que el nuevo esquema diplomático facilitará la asistencia a ciudadanos británicos radicados en Venezuela y la promoción de intereses comerciales de empresas del Reino Unido.

El funcionario situó la decisión dentro de un movimiento internacional más amplio hacia Venezuela, del que participarían otros socios e instituciones multilaterales que también estarían restableciendo o reforzando sus vínculos con Caracas. El último embajador formal en ejercicio había sido Andrew Soper, hasta 2021; tras las tensiones generadas por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en 2019, el Reino Unido había bajado el nivel de su misión a encargado de negocios, cargo que ocuparon luego Becks Buckingham y Colin Dick.

Delcy Rodríguez había remitido en julio una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación del oro retenido en territorio británico, con el fin declarado de destinar el dinero a la respuesta ante la emergencia provocada por los terremotos.

(Con información de EFE y EP)

En enero, el tipo de cambio oficial se ubicaba en 300 bolívares por dólar. Hoy alcanza los 842 bolívares. ¿Hasta dónde llegará este año? “Nosotros tenemos una estimación de que el dólar (oficial) podría estar alrededor de los 1.270 bolívares” para el cierre de 2026, responde el economista y director de la firma Econométrica, Francisco Ibarra.

Según estos cálculos, la tasa paralela -que, al final, termina marcando los precios y el ritmo de la economía- remontaría los 1.400 bolívares por dólar. “Nosotros no estimamos que de alguna forma va a haber un cambio fundamental ni en la política monetaria ni en la política fiscal”, declaró el experto en una entrevista concedida a la emisora local Unión Radio.

Al identificar los obstáculos que impiden la recuperación de la economía venezolana, Ibarra señaló la ausencia de unas políticas monetarias y fiscales “medianamente sensatas”. Cuestionó que el régimen chavista continúe con “el juego del financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV)”.

“Necesitamos un sistema financiero que comience de alguna manera a servir de palanca para que la economía pueda pueda crecer”, observó el consultor, tras destacar la importancia de que las nuevas inversiones y desarrollos no se limiten al sector petrolero, principal fuente de ingresos del país.

Bolsillo

En cuanto a la remuneración que perciben los trabajadores, apuntó que Venezuela enfrenta un “problema fundamental” con la existencia de un esquema de cambio dual. Explicó que esa es la fórmula a la que apela el gobierno para financiarse, estrujando los bolsillos de los ciudadanos.

“La mayoría de los asalariados recibe un pago de acuerdo a un tipo de cambio y, en muchos casos, cuando van a hacer la compra encuentran un tipo de cambio un poco superior. Esa brecha básicamente es lo que está aprovechando el BCV y el gobierno para financiarse”, detalló el director de Econométrica.

Ibarra considera que la formalización del empleo en Venezuela es “tremendamente difícil”, dado que en la práctica el gobierno “destruyó” las prestaciones sociales. “El ‘empleo formal’ que existe en Venezuela es de índole público. Se necesita efectivamente que el sector privado comience a regularizar ciertas relaciones laborales, pero bajo la ley actual eso es absolutamente inviable”, afirmó.

El consultor aseveró que la economía venezolana ha seguido creciendo, tal como lo reporta el BCV; sin embargo, explicó que esa estadística está muy por debajo de lo que demanda Venezuela para recuperar lo que registraba en 2013.

“El BCV habla de un 7% y nosotros estimamos un 8% para final del año, un crecimiento relativamente elevado, pero no lo que el país necesita para recuperarse o para alcanzar a otros pares de la región”, sostuvo Ibarra.

El proceso de negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, comienza su segundo ciclo con el objetivo de avanzar en la reforma del sistema de justicia y abordar el punto de derechos y garantías políticas en el país.

La mesa se instaló formalmente el primero de agosto. La primera fase del diálogo cerró con dos acuerdos que se anunciaron el 12 de ese mes: unir esfuerzos para recuperar las reservas de oro venezolano -equivalentes a 4 mil millones de dólares- que están en el Banco de Inglaterra, y trabajar en la transformación del sistema de justicia del país, hoy totalmente controlado por el oficialismo.

En el marco de ese pacto, la Asamblea Nacional dominada por el chavimo sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para darle mayoría de 12 representantes a la sociedad civil frente a los 11 diputados que conformarán el comité de postulaciones judiciales.

Además de abordar la constitución del comité de postulaciones judiciales, se espera que las partes definan la estructura de un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ. Todo esto debe apuntalar el proceso de renovación del máximo juzgado del país.

Apertura

También está previsto que se instale la mesa de garantías políticas y libertad de expresión, donde la oposición busca sumar condiciones que contribuyan a la integridad electoral.

Los principales partidos políticos del país -entre los que figuran organizaciones que apoyaron al chavismo- han sido intervenidos por el TSJ, que les ha arrebatado sus símbolos y designado a sus directivos de manera irregular.

Igualmente, el régimen chavista ha inhabilitado políticamente a distintos voceros de la disidencia, incluida la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, apuesta por recuperar a los partidos y eliminar las inhabilitaciones en el marco de una negociación que ha sido diseñada y promovida por la administración de Donald Trump.

Libertad

Aunque no forma parte de la agenda, un tema planea sobre el proceso de diálogo: la situación de los más de 300 presos políticos que aún están tras las rejas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicó una carta el primero de septiembre por medio de la cual solicitó un encuentro con ambas delegaciones, con el fin de exponer la realidad que enfrentan los detenidos.

Figuera acusó recibo de la comunicación y manifestó “mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos”.

En contraste, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, presidente del Parlamento y hermano de la gobernante interina, Delcy Rodríguez, no respondió a la petición de Clippve.

El ex ministro del régimen chavista, Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro del depuesto dictador, Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes, de acuerdo a información publicada por EFE, de conspiración para lavado de dinero y transacciones financiera ilícita, tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.

Al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió su declaración de “no culpable”, que había presentado el 24 de julio pasado, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida.

“Culpable, señoría”, manifestó el empresario petrolero de 54 años en la audiencia, según constató EFE.

El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el ex funcionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión El colombiano, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del ex dictador Maduro, depuesto por EE.UU. en enero pasado y preso en Nueva York, aseveró que “no” hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.

Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), el caso involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencia a cuentas bancarias en Estados Unidos.

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.

El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

De hecho, el empresario manifestó ahora que sufre “síndrome de estrés postraumático” tras su detención en Cabo Verde en 2020 y su posterior extradición a territorio estadounidense por lo que toma antidepresivos todas las noches para dormir.

La cita en el tribunal se produce cuatro meses después de que Venezuela extraditara a Saab, un viejo aliado de quien fuera dictador del país, Nicolás Maduro, quien a su vez espera juicio en Nueva York tras ser depuesto en enero.

Saab fue acusado en mayo de un cargo de lavado de dinero; los detalles de un acuerdo de culpabilidad no se han hecho públicos. Su abogado defensor en Miami declinó hacer comentarios el lunes, y el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La tortuosa saga legal de Saab ha sido una fuente de intriga internacional y diplomática durante años. Funcionarios de Estados Unidos acusaron previamente a Saab, un empresario rico nacido en Colombia, de ayudar a altos funcionarios venezolanos a desviar grandes sumas de dinero a través de contratos destinados a ayudar a los pobres de la nación.

La encargada de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo detuvo y lo extraditó poco después de su acusación más reciente, lo que resalta sus lazos cada vez más estrechos con el gobierno de Donald Trump. Rodríguez removió a Saab de su cargo como ministro de Industrias de Venezuela poco después de que Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses en enero. Rodríguez se había desempeñado como vicepresidenta del país bajo la dictadura de Maduro.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Saab podría potencialmente cooperar contra Maduro, quien espera juicio por cargos federales de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.

Esta es la segunda vez que Saab está bajo custodia de Estados Unidos.

En 2021, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, y cumplió casi dos años en un centro de detención federal en Florida antes de ser indultado por el presidente Joe Biden. Saab fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses.

Según la acusación más reciente, Saab está acusado de usar bancos estadounidenses para lavar millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a ayudar a los pobres de la nación. Ese programa fue financiado con dinero del petróleo venezolano.

(Con información de EFE y The New York Times)

El partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) pidió este lunes que se incluya en el diálogo entre un sector de la oposición y el chavismo el nombramiento de un nuevo contralor general para el país “sin vinculación partidista” que “vigile el uso de los recursos” nacionales.

“Vamos a insistir en que se debe nombrar a un venezolano o a una venezolana, no perteneciente a partidos políticos ni vinculado al Gobierno, en la Contraloría General de la República”, manifestó el secretario general del MPV, Simón Calzadilla.

A juicio de Calzadilla, “nadie habla de la Contraloría y es a la que compete vigilar que los presupuestos se ejecuten correctamente, que no se los roben”.

“¿Cómo es posible? Esta nación funciona sin contralor, sin Banco Central autónomo, sin presupuesto conocido”, afirmó el secretario general del MPV, quien subrayó que desde hace 10 años no se conoce el presupuesto en Venezuela y “más nunca se debatió”.

El pronunciamiento de Calzadilla se da en el marco del segundo ciclo de negociaciones entre un sector de la oposición y el chavismo, en el que se tiene previsto que continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La ex diputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo, ya se encuentra en Venezuela para el segundo ciclo de negociaciones, que lidera por el chavismo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.

El diplomático francés Gilles Bertrand llegó este lunes a Caracas para asumir como nuevo embajador de la Unión Europea (UE) ante Venezuela, en una jornada que también marcó el nombramiento del venezolano Raúl LiCausi como embajador de Caracas ante Bruselas, en un movimiento que refleja el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre el país sudamericano y el bloque europeo.

Bertrand fue recibido por Nelson Totesaut, director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, y por el encargado de negocios de la UE en la capital venezolana, Pierre-Henri Helleputte.

El diplomático llega tras haber ejercido como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025, y en su primera comunicación desde suelo venezolano expresó: “Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo!”, en un mensaje publicado en X. Sustituye en el cargo a la española María Antonia Calvo Puerta.

LiCausi pasa de viceministro a embajador ante la UE

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de Telegram la designación de LiCausi, hasta ahora viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe.

El nuevo embajador ante la UE es egresado de la Escuela de Estudios Internacionales y posgraduado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y en su trayectoria se destaca su paso como presidente de PDV-Caribe S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Para cubrir su lugar en el Viceministerio del Caribe, Rodríguez designó a Carlos Amador Pérez, mientras que Eduardo Ramírez quedó al frente del Viceministerio para Asia y Oceanía.

Además, Radamés Gómez fue nombrado viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos y Andrea Gabriela Corao asumirá la presidencia de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), organismo que depende del Ministerio de Exteriores y Comercio Internacional.

Los cambios apuntan a fortalecer la proyección internacional de Venezuela

Rodríguez sostuvo que los nombramientos en “áreas estratégicas” buscan “fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela” y agregó: “En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela”.

La mandataria encargada llegó al poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por la recomposición de vínculos con la Casa Blanca y otras instituciones internacionales. El intercambio de embajadores con la UE, concretado este lunes, se inscribe en ese proceso.

El bloque europeo, por su parte, señaló que el objetivo de la nueva misión diplomática es “propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía”, según informó la Cancillería venezolana.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicó que ingenieros evalúan la recuperación de 56 escuelas entre el grupo de 87 centros que tienen daños estructurales tras los terremotos.

Rodríguez anticipó que, de no poderse reparar algunos centros educativos, se dará paso a “una demolición controlada y habrá que construir nuevas escuelas”, y aseguró que para ello existe un plan.

“No pasa solo por construir escuelas donde se cayeron, hay familias que se están mudando a nuevos urbanismos. Eso va a ameritar la ampliación de la oferta que tenemos”, subrayó Rodríguez, quien informó sobre la incorporación de un simulacro sísmico como parte del proceso pedagógico en las escuelas.

Según el Gobierno, más de 1.000 escuelas, de un total de 27.000 en todo el país, sufrieron daños por los terremotos, 11 de ellas colapsadas.

Más de 86.000 alumnos fueron reubicados

Además, más de 86.000 niños fueron reubicados en distintas escuelas en Caracas y varios estados de Venezuela para el nuevo año académico, que comenzó este lunes, tras las afectaciones en centros educativos por los devastadores terremotos de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado jueves, la Federación de Maestros denunció que la mayoría de los centros escolares está afectada por problemas de servicios básicos y estructurales que se vieron agravados tras los sismos, por lo que exigió una evaluación técnica.

“Han sido relocalizados para que todos vayan a las clases”, dijo la mandataria en un colegio en Caracas, donde recordó a los niños y adolescentes que fallecieron por el doble terremoto, que dejó más de 6.500 muertos.

Según su equipo de prensa, el plan de “rezonificación” benefició a un total de 86.031 estudiantes en la capital venezolana y en los estados La Guaira (el más afectado), Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy.

Durante la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que 11 escuelas se desplomaron y que poco más de 1.010 tuvieron afectaciones, de las cuales “muchas ya han sido rehabilitadas y otras están ya en proceso de recuperación”, sin detallar estas cifras.

La líder chavista aseguró que más de seis millones de niños y adolescentes vuelven a clases, tras la incorporación de más de 75.000 nuevos estudiantes, por lo que expresó que el “objetivo estratégico” es garantizar una “máxima y plena escolaridad” y evitar la deserción.

En otro acto, el gobernador de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), el chavista José Alejandro Terán, declaró a la prensa que abrieron sus puertas un total de 239 planteles educativos y que todavía “hay muchos por reparar”.

En ese sentido, señaló que 34 centros educativos “sufrieron daños muy graves y están siendo sometidos a estrictos y profundos estudios técnicos”.

Alrededor de las 7:00 hora local (11:00 GMT), cuando comienza usualmente la jornada educativa en el país, la agencia de noticias EFE constató en un recorrido la ausencia de niños y adolescentes en varias zonas de La Guaira. Algunos padres acudieron a escuelas para la inscripción de sus hijos, que se realiza esta semana.

Estados Unidos está impulsando a Venezuela como una pieza central de su estrategia para ampliar la oferta energética del hemisferio occidental y reducir el peso de Medio Oriente en los mercados mundiales, una política que incluye no solo el petróleo venezolano, sino también el carbón y la reconstrucción de su infraestructura eléctrica. El planteamiento fue expuesto este lunes por el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, durante las reuniones de Energía del G20 en Houston, Texas.

Burgum sostuvo que el desplazamiento de la actividad energética hacia América responde a los riesgos que enfrenta el suministro procedente de Medio Oriente. Washington busca incorporar los recursos venezolanos a una estructura de abastecimiento capaz de responder a futuras interrupciones en otras regiones productoras.

“Ante todas las dudas sobre posibles interrupciones del suministro en esa región, ese centro se está trasladando al hemisferio occidental”, afirmó Burgum.

Venezuela no integra el G20, pero fue invitada por el Gobierno de Donald Trump a participar en las actividades vinculadas con la agenda energética. La delegación estará encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y participará en encuentros bilaterales, reuniones con empresas y actividades organizadas al margen de las sesiones ministeriales oficiales.

El interés estadounidense también alcanza a un recurso que durante años tuvo un papel secundario dentro de la economía venezolana: el carbón. Burgum afirmó que Washington contempla la posibilidad de incorporar las exportaciones de carbón venezolano a futuros acuerdos energéticos y señaló que ese mineral también podría ser utilizado dentro del propio país para producir electricidad.

“El carbón podría destinarse a la exportación”, declaró el funcionario en Houston.

Burgum explicó que la reconstrucción de la red eléctrica demandará una mayor disponibilidad de energía para atender el consumo interno.

“A medida que reconstruyamos la red eléctrica en Venezuela, necesitaremos más energía para el consumo local”, agregó.

La Administración Trump modificó además este mes una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para precisar que compañías estadounidenses pueden realizar operaciones con productores estatales venezolanos de carbón. El cambio abre una vía para que ese sector vuelva a integrarse en circuitos comerciales internacionales después de años de baja actividad exportadora.

Venezuela posee una de las mayores concentraciones de reservas de crudo del mundo y Washington está promoviendo nuevas inversiones para elevar la producción y conectar esos barriles con las refinerías estadounidenses.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo recientemente que la producción energética venezolana podría más que duplicarse para finales de 2027. Según explicó, una parte de la nueva producción sería procesada en Estados Unidos y la expansión requeriría equipos, infraestructura y servicios vinculados con compañías estadounidenses.

La apuesta coincide con el deterioro de las rutas energéticas de Medio Oriente provocado por la guerra con Irán y las restricciones que afectan al estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte mundial de crudo. En ese escenario, la Casa Blanca busca aumentar la disponibilidad de petróleo y otros combustibles procedentes de países del continente americano.

El presidente Trump también vinculó públicamente la estrategia venezolana con la posibilidad de obtener recursos energéticos que permitan compensar los costos de las operaciones estadounidenses en el extranjero.

“Al final nos saldremos de Irán, a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, declaró el domingo.

La participación venezolana en Houston se produce pocas semanas después del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, que amplió la presencia estadounidense en proyectos de explotación de crudo. Al mismo tiempo, empresas internacionales como Chevron y Eni preparan nuevas inversiones para aumentar la capacidad productiva del país.

Nueve organizaciones políticas y sociales venezolanas presentaron este lunes una nueva coalición, la Alianza por Venezuela (Ave), que exige la convocatoria de elecciones presidenciales “libres, justas y verificables” con la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado como candidata por ese espacio.

“El punto fundamental que estamos demandando es la realización temprana de unas elecciones presidenciales, un cronograma electoral que establezca una fecha cierta para la designación de la nueva presidenta de la república, y lo puedo decir abiertamente: María Corina Machado será nuestra candidata”, afirmó Noel Álvarez, vocero del grupo y expresidente de la patronal Fedecámaras, durante el acto de lanzamiento.

En un documento presentado en el lanzamiento, la alianza reclamó el levantamiento de las “inhabilitaciones arbitrarias” que impiden la postulación de Machado y la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial, actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo. El texto añade que Venezuela “no se salva con parches ni con promesas vacías”, sino con instituciones independientes, y exige la liberación de los presos políticos, civiles y militares.

Machado, ingeniera industrial de 58 años, ganó las primarias opositoras de 2023 con más del 92% de los votos, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano inhabilitó su candidatura y le impidió competir en las presidenciales de 2024, en las que su sustituto, Edmundo González Urrutia, reclamó la victoria frente a Nicolás Maduro. 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego del Nobel le concedió el Premio Nobel de la Paz por su labor en la promoción de los derechos democráticos y su defensa de una transición pacífica hacia la democracia.

El escenario político venezolano cambió radicalmente el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Dos días después, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo del alto mando militar, encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Desde entonces, Rodríguez ha mantenido conversaciones con Washington centradas en la cooperación petrolera y ha impulsado reformas institucionales, entre ellas la renovación del TSJ.

Esa renovación judicial forma parte de los acuerdos alcanzados el 12 de agosto entre el chavismo y un sector de la oposición, en un diálogo promovido por Estados Unidos y liderado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera. El Parlamento aprobó el 1 de septiembre la reforma legal que amplía el comité encargado de seleccionar a los futuros magistrados. Un nuevo ciclo de negociaciones está previsto para la segunda mitad de septiembre.

El también ex diputado Eustoquio Contreras, disidente del chavismo, cuestionó en la misma rueda de prensa que esa mesa de diálogo sea “una creación por intereses y por decisión unilateral del Gobierno” estadounidense, “obedecida incondicionalmente” por quienes, dijo, “usurpan el poder en Miraflores”, sede del Ejecutivo venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó el domingo comprometer una fecha para los comicios venezolanos. Consultado por periodistas durante una visita a Irlanda, respondió que las elecciones se celebrarán “cuando estén listos” y afirmó que el país está “generando una cantidad enorme de dinero” gracias al regreso de compañías petroleras estadounidenses, entre ellas Chevron. La ambigüedad de Washington sobre el calendario electoral contrasta con la exigencia de una fecha “cierta” planteada por la nueva alianza opositora.

Álvarez sostuvo que la Ave trabajará “en los próximos días” para impulsar la reinstitucionalización del país, habilitar a todos los candidatos inhabilitados, restituir a las organizaciones políticas intervenidas y abrir el registro electoral para que los venezolanos en el exterior puedan votar. “El proceso en estos momentos tiene que ser entre venezolanos”, dijo, aunque consideró “bienvenido” el acompañamiento de Estados Unidos.

Zona Cero: “cada recuperación es un puñito de esperanza”

Díaz Moffitt relató que su equipo llegó a Nueva York tras la reapertura del espacio aéreo, en plena emergencia, cuando “el desastre no tenía una dimensión física”. Explicó que, gracias a los avances científicos, cada recuperación de restos representa una posibilidad de identificación para las familias que aún esperan noticias, más de dos décadas después del atentado.

La rescatista aseguró que procura conservar solo los recuerdos positivos de aquellas jornadas: “lo triste hay que sacarlo por la puerta de atrás”, dijo, y subrayó que nunca se sabe en qué momento la propia experiencia puede convertirse en inspiración para otra persona.

México, “mejor preparado” pero nunca al cien por ciento

De cara al próximo aniversario del 19 de septiembre, Díaz Moffitt sostuvo que México ha mejorado su capacidad de respuesta frente a sismos, aunque insistió en que ningún país alcanza una preparación total. Entre los puntos clave que destacó:

• Los simulacros funcionan porque quedan grabados a nivel subconsciente y se activan en momentos de emergencia real.
• La prevención debe entenderse como un estilo de vida, no como una medida aislada en oficinas o escuelas.
• Siempre existe “un uno por ciento más” por aprender e implementar, sin importar la experiencia acumulada.

Colombia y Venezuela: rechazo y barreras ideológicas

Cuestionada sobre el incremento de sismos en América Latina —incluyendo los casos de Colombia y Venezuela— y sobre el rechazo que en su momento enfrentaron los Topos mexicanos en territorio colombiano, Díaz Moffitt fue enfática: “la ayuda humanitaria no debería de tener cara de moneda”.

La rescatista reconoció que, en un mundo globalizado, las barreras ideológicas y políticas pueden interponerse en las labores de auxilio, pero remarcó que cada organización debe actuar “desde su trinchera”. Sobre el aumento de actividad sísmica y volcánica en la región, consideró que se trata de un fenómeno que el planeta manifiesta de forma natural, y llamó a mantener la preparación como única respuesta posible.

Una responsabilidad, no un mérito personal

Finalmente, al ser consultada sobre el reconocimiento recibido de parte de la representación diplomática estadounidense, Díaz Moffitt aclaró que el homenaje no es a título personal, sino a Topos Adrenalina como institución. “El que te reconozcan es una gran responsabilidad”, afirmó, al señalar que ese tipo de distinciones exigen mayor consciencia sobre el ejemplo que se transmite a quienes observan su labor.

La vuelta a clases ha marcado la escalada en el conflicto que sostiene la Federación Venezolana de Maestros (FVM) con el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Mientras Rodríguez presagia un año escolar “maravilloso” y afirma que los docentes ganan en promedio unos 506 dólares al mes, la FVM le responde que “la infraestructura escolar carece de los servicios más básicos” y recuerda que su salario base se ubica entre 30 centavos y 1,5 dólares mensuales.

La organización sindical advierte que el Estado venezolano “ha incurrido en un abandono flagrante e indeclinable de su obligación constitucional y de sus compromisos con la sociedad de garantizar una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad”.

La FVM sostiene que las escuelas funcionan sin agua potable ni saneamiento adecuado, y con fallas en el servicio eléctrico “ni condiciones de habitabilidad”, esto último agudizado tras el doblete sísmico del 24 de junio.

Cuestionan la “ausencia de un Programa de Alimentación Escolar permanente, completo y de calidad”.

Diferencia

“Bono no es salario”, aclaran los educadores. En Venezuela, el salario mínimo está “congelado” desde hace cuatro años, cuando el gobierno lo llevó a 130 bolívares -menos de 30 centavos de dólar hoy-. Ese monto es el que se utiliza para calcular los pasivos laborales, situación que es rechazada por los sindicatos del país.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez fijó en 240 dólares el “ingreso mínimo integral”, un bono que no tiene impacto en las prestaciones sociales. El ministro Rodríguez ha dicho que el ingreso mínimo de un maestro equivale a 240 dólares y que se elevaría hasta 506 dólares, según su nivel profesional.

La FVM insiste en que perciben “salarios de hambre”. “El Ministerio de Educación mantiene y arrastra una deuda estimada de 280% en incrementos salariales adeudados desde 2018”, afirman.

Los representantes sindicales denuncian que el régimen chavista les ha “despojado, eliminado y reducido primas y beneficios laborales irrenunciables”, que forman parte de su convención colectiva.

Los maestros solicitan a Rodríguez el “restablecimiento del diálogo formal” entre las partes para “dar soluciones concretas a la crisis laboral y educativa”.

La cartera de Educación señala que la matrícula escolar del país alcanza los 6 millones 9 mil 254 estudiantes. En enero de 2024, Nicolás Maduro aseveró que la matrícula ascendía a 8 millones 824 mil 512 estudiantes.

Rodríguez ha manifestado que su objetivo es llegar a los 7 millones de estudiantes. “La matrícula que nos falta es sobre todo de preescolar y maternal”, ha declarado el funcionario.

La debacle del sistema educativo venezolano queda en evidencia en los propios mensajes del régimen chavista. En una publicación en sus redes sociales, el Ministerio de Comunicación indica que “se acabó el horario a medias”, pues se han trazado como meta que los alumnos vuelvan a tener “cinco días de clase a la semana sin interrupciones”.

En ese mismo mensaje, apuntan que “las comunidades saldrán a buscar casa por casa a los muchachos que abandonaron los estudios”, y enfatizan que “los maestros jubilados que quieran volver a las aulas podrán hacerlo sin perder su pensión”, para hacer frente al déficit de educadores.

Menos crédito y más gasto público. Ese es el escenario que asoma en el horizonte venezolano, según el economista Asdrúbal Oliveros.

Oliveros reveló en su cuenta en X que la semana pasada el Banco Central de Venezuela (BCV) se reunió con los representantes de las entidades bancarias del país, para transmitirles que aplicará medidas que restringirán aún más el financiamiento.

“Se anunció un fuerte aumento del costo asociado a los déficits de encaje, junto con el incremento de las tasas mínimas, encareciendo significativamente la intermediación y obligando a los bancos a ser todavía más selectivos al prestar”, desveló el consultor.

Oliveros destacó que “en una economía donde el crédito ya es extraordinariamente pequeño, el resultado previsible es menos financiamiento para empresas y hogares y una menor capacidad de la banca para acompañar la actividad económica”.

De acuerdo con su evaluación, “estas medidas parecen anticipar una mayor ejecución de gasto público y, por tanto, una mayor cantidad de bolívares circulando durante los próximos meses”.

El experto resaltó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez toma esta decisión “en un contexto en el que la asignación de divisas prevista para septiembre baja a unos 1.400 millones millones de dólares, monto menor a lo liquidado en promedio en el trimestre previo”.

“La combinación es relevante: más presión potencial de bolívares sobre el mercado cambiario y, simultáneamente, una menor oferta de divisas. El BCV parece estar preparándose para ese escenario reforzando los mecanismos de absorción monetaria y encareciendo el crédito para tratar de contener las presiones sobre el tipo de cambio y la brecha (entre el tipo de cambio oficial y el paralelo)”, resumió Oliveros.

El analista cuestiona la estrategia del ente emisor, subrayando que “se intenta proteger el frente cambiario sacrificando todavía más el crédito, precisamente cuando la economía necesita financiamiento para inversión, capital de trabajo y consumo”.

Más ayuda

El economista Jesús Palacios Chacín también criticó la iniciativa del BCV. “Mantenernos en el falso dilema entre crédito y devaluación es un error que ya le ha salido muy costoso al país”, expresó.

Señaló que “los menores niveles de financiamiento en el continente -que exhibe Venezuela- contrastan con las empresas privadas que necesitan cuantioso financiamiento para mantener capacidad operativa, modernizarse y crecer”.

“Además, el consumidor venezolano, con enormes limitaciones de ingresos, necesita el crédito al consumo para poder financiar el gasto en bienes y servicios”, enfatizó Palacios Chacín.

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello considera que para acabar con la brecha cambiaria, el gobierno debe permitir que “el tipo de cambio oficial responda a la oferta y la demanda en el mercado cambiario, y promover el crecimiento con políticas que estimulen el desarrollo del crédito en el sistema financiero”.

En un acto en el que propuso el desarrollo de un régimen bimonetario en el país, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio, miembro de la patronal Fedecámaras), José Gregorio Rodríguez, indicó que la cartera crediticia nacional apenas equivale al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el promedio en la región se ubica cercano al 50%.

“La cartera total de la banca venezolana la tiene una sucursal de un banco colombiano”, manifestó Rodríguez.

La suplantación del estado de derecho por el terrorismo de Estado para institucionalizar las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ha sido hecha con una larga cadena de delitos como falsificaciones, masacres, violación de derechos humanos, extorsiones, usurpaciones, atribuirse los derechos el pueblo, traición y más, dando lugar a constituciones, leyes y un sistema resultado del crimen. En estas condiciones, en la restitución de la democracia es imprescindible recordar que los hechos criminales no producen Derecho, son nulos.

El principio fundamental del derecho “ex injuria ius non oritur” que significa “de lo ilegal no nace el derecho”, resume uno de los pilares básicos del estado de derecho por el que “ningún acto ilegal, delito o violación de la ley puede generar una situación jurídica valida o conferir derechos a quien cometió la infracción”. Es el fundamento para evitar legitimar la delincuencia, el delito y sus frutos.

Cualquier producto del delito es nulo y la “nulidad en Derecho es la situación de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma o acto deje de desplegar sus efectos jurídicos”. Lo nulo nace muerto, no puede ser confirmado y solo rige -en el caso de los sistemas jurídicos del socialismo del siglo 21- porque fueron impuestos por la fuerza y la violencia, por el delito.

El socialismo del siglo 21 ha expandido el modelo dictatorial de Cuba reemplazando los elementos esenciales de la democracia por el terrorismo de Estado, la concentración del poder, el centralismo, la impunidad, el sistema de dictadura electoralista en el que pueblo vota pero no elige y los narcoestados como modelo de control delictivo. Por eso hoy Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son países con estructuras jurídicas que violan la libertad y los derechos humanos, que no tienen estado de derecho, que simulan separación e independencia de poderes, que impiden la libre organización política y que han institucionalizado el fraude electoral.

La estructura jurídica impuesta por el socialismo del siglo 21 o castrochavismo es uniforme en las Américas. Se trata de la concentración total del poder con proclama de soberanía, de la usurpación de la soberanía nacional con declaración de populismo, de la violación de derechos humanos con rótulo de liberación, de la formulación de un sistema jurídico violando el derecho y sin justicia. Los sistemas constitucionales y jurídicos que hoy tienen Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no son derecho ni justicia porque simplemente no son legales, son el resultado de delitos y están destinados a proteger el crimen.

Los delitos para suplantar o reemplazar la estructura jurídica democrática por la dictatorial son falsificaciones, usurpación de poder, persecuciones y violaciones de derechos humanos, masacres sangrientas y en el caso de Cuba fusilamientos, acusaciones falsas, presos políticos, tortura, exilio, confiscaciones, destituciones, cesación arbitraria de mandatos, uso de la fuerza, violencia, extorsiones, atribuirse los derechos del pueblo y más. Cada país víctima tiene un compendio de los crímenes y la prueba está en sus actuales sistemas jurídicos y en cómo fueron impuestos.

El tiempo de esta ignominia de más de 67 años en Cuba, más de 26 en Venezuela, más de 20 en Bolivia y más de 19 Nicaragua ha llevado a los ciudadanos -sobre todo a los más jóvenes- al sometimiento, a la indefensión, a percibir la infamia como normalidad. Ha producido un cambio de conducta en las sociedades, desplazando los principios y valores democráticos y republicanos por posturas permisivas e incluso delictivas para simplemente sobrevivir o tener éxito. Por eso en tiempos de cambio para restituir la democracia es vital identificar con claridad el delito y quitarle el barniz de normalidad.

La restitución de la democracia consiste en reestablecer como mínimo el sistema jurídico con los elementos esenciales de la democracia y eliminar los elementos de la dictadura que los suplantan. Mientras existan constituciones y leyes castrochavistas vigentes en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no habrá democracia y quienes lleguen al gobierno serán meros operadores de un sistema delictivo.

Las constituciones y sistemas jurídicos impuestos con delitos, con fuerza y violencia son ahora defendidos usando el miedo. Quienes están interesados en sostenerlos asustan a la gente con la supuesta inseguridad jurídica que traería el retorno al sistema del estado de Derecho, argumentando que todo lo actuado en el tiempo del sistema delictivo impuesto sería nulo en el ámbito civil o comercial, lo que simplemente no es cierto. Usan este argumento proponiendo reformar el sistema impuesto delictivamente, lo que legalizaría el resultado del crimen al ser usado como base de tal reforma.

En cada uno de los países afectados -Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua- el iter criminis de la imposición por el socialismo del siglo 21 de constituciones, enmiendas, reformas y leyes que han construido su sistema jurídico, tiene delitos y tiempos específicos con una metodología y objetivo común. Son hechos criminales con los que han creado constituciones y leyes que para retornar a la democracia, no son ni pueden considerarse como Derecho.

* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.

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Después de 12 años de ausencia, Venezuela regresará a la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB 2026) como País Invitado. La participación se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en Corferias, donde la delegación tendrá un pabellón con cerca de 600 metros cuadrados y 40 espacios de exhibición para empresas de distintas zonas del país.

La presencia venezolana estará enfocada en la presentación de productos y servicios de compañías pertenecientes a diferentes sectores productivos. La delegación reunirá empresas de construcción, metalmecánica, generación eléctrica, agroindustria, salud, turismo, automatización y tecnologías de la información, entre otras actividades.

La FIB 2026 espera reunir a más de 500 expositores y cerca de 50.000 visitantes profesionales de distintos mercados durante los cinco días de programación.

Venezuela contará con 40 espacios de exhibición

El Pabellón Venezuela Empresarial será operado por la firma estadounidense Hergon Projects LLC, en alianza con Corferias. El espacio reunirá iniciativas del sector empresarial público y privado venezolano.

Los 40 espacios de exhibición estarán destinados a empresas que presentarán sus productos y servicios durante la feria. La programación también contempla encuentros entre empresarios, compradores, distribuidores e inversionistas internacionales.

De acuerdo con la información de la organización, estas conexiones estarán orientadas a identificar oportunidades relacionadas con suministro, inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos negocios.

La participación empresarial estará acompañada por espacios destinados a reuniones B2B, tanto presenciales como virtuales, para facilitar el contacto entre la oferta venezolana y potenciales compradores o socios internacionales.

Corferias destaca la participación internacional

La Feria Internacional Industrial de Bogotá contará con empresas provenientes de diferentes regiones. Según la jefe de proyecto de Corferias, Lilián Conde, el encuentro reunirá compañías de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

“En un escenario que reunirá empresas de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, la delegación podrá presentar capacidades productivas y establecer conversaciones con actores de diferentes mercados”, señaló Conde.

La organización también indicó que al evento asistirán representantes de más de 49 países, además de fabricantes, compradores, inversionistas y proveedores de tecnología industrial.

Para la delegación venezolana, el pabellón funcionará como espacio para presentar las capacidades productivas de las empresas participantes y establecer contactos con actores vinculados con diferentes mercados.

El Foro Venezuela 2026 se realizará el 29 de septiembre

Como parte de la agenda de la delegación venezolana, el 29 de septiembre se realizará el Foro Venezuela 2026: Industria, Innovación e Inversión.

El espacio reunirá a representantes del sector empresarial, instituciones públicas, inversionistas y otros actores relacionados con el desarrollo económico.

La agenda estará organizada en seis ejes temáticos:

• Industria y competitividad: desarrollo productivo y fortalecimiento de cadenas de valor.
• Tecnología e innovación: transformación digital y automatización de procesos.
• Energía: transición energética y sostenibilidad.
• Infraestructura: proyectos estratégicos y oportunidades de desarrollo.
• Exportación: estrategias para ampliar la presencia de productos venezolanos en mercados internacionales.
• Inversión: alternativas de financiación y construcción de alianzas de largo plazo.

La delegación tendrá ruedas de negocios B2B

Además del pabellón y del foro, la programación contempla ruedas de negocios B2B presenciales y virtuales.

Estos espacios estarán dirigidos a conectar la oferta empresarial venezolana con compradores y potenciales socios internacionales. Entre los asuntos que podrán abordarse están las oportunidades de suministro, inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos negocios.

La participación de Venezuela en la FIB 2026 es impulsada por Hergon Projects LLC, firma estadounidense especializada en el desarrollo de proyectos y conexiones empresariales en América Latina, en alianza con Corferias.

La XXXV Feria Internacional Industrial de Bogotá se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en Corferias. Venezuela participará como País Invitado con una delegación empresarial que tendrá 40 espacios de exhibición dentro de un pabellón de cerca de 600 metros cuadrados.

“Los contratos petroleros no implican transmisión de propiedad sobre los hidrocarburos”, es lo primero que resalta el doctor Jesús Eduardo Troconis Heredia en conversación con Infobae ante los acuerdos petroleros entre el régimen venezolano y la administración de los Estados Unidos. Afirma que el régimen jurídico venezolano de los hidrocarburos se encuentra sujeto a principios y condiciones que determinan la validez de cualquier contrato relacionado con la explotación petrolera y gasífera.

Troconis Heredia con doctorado en la Sorbona de París, ha sido profesor en las universidades venezolanas Simón Bolívar (USB) y la Central (UCV), así como en la Carlos III de Madrid. A su carrera de abogado y docente en Derecho Internacional se suma haber sido, durante quince años, diputado al Congreso de la República de Venezuela como miembro de las Comisiones de Energía y Petróleo, Política Exterior y Economía.

Afirma el doctor Jesús Troconis Heredia que el sistema venezolano descansa sobre una sólida tradición jurídica en materia de propiedad de los recursos naturales. “El contrato del petróleo en Venezuela está sometido al sistema dominial, conforme al cual el Estado conserva la propiedad del subsuelo, mientras que el particular ejerce sus derechos sobre la superficie”, explica el jurista.

Según Troconis, quien es autor del libro Energía, Política y Derecho Internacional, este modelo difiere sustancialmente del sistema de accesión aplicado históricamente en países anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido, donde los derechos sobre el suelo y el subsuelo se encuentran vinculados al propietario del terreno.“En los contratos de hidrocarburos, petróleo y gas, no hay transmisión de propiedad. Ese principio es fundamental para comprender el régimen jurídico venezolano”, subraya.

El juego también es político

El especialista recuerda que los acuerdos petroleros no son celebrados directamente entre Estados, sino a través de empresas del sector energético, tanto estatales como privadas. “Los Estados no establecen directamente estos contratos. Son las empresas petroleras las que participan en las negociaciones y desarrollan los proyectos de explotación”, señala en la conversación con Infobae.

En ese contexto, menciona la participación histórica de compañías internacionales como Chevron, Shell y Total, cuya experiencia técnica y capacidad financiera podrían contribuir al desarrollo del sector energético venezolano.

Troconis sostiene que cualquier anuncio relacionado con acuerdos petroleros debe analizarse desde la perspectiva del Derecho y de la legitimidad institucional. “Está clara la ausencia de legalidad y legitimidad en cualquier pacto que nazca viciado ab initio, es decir, desde su propio origen”.

A su juicio, parte de las iniciativas presentadas recientemente pueden estar influenciadas por intereses políticos y electorales. “Toda esta parafernalia alrededor del supuesto gran negocio petrolero no puede evaluarse únicamente desde la óptica económica; también hay evidentes factores políticos y electorales en juego”, sostiene.

Reconstruir a Venezuela

Más allá de las controversias coyunturales, Troconis considera que Venezuela necesita abrir una nueva etapa basada en la cooperación económica internacional y la recuperación de la confianza institucional.

En cuanto a la Operación Resolución Absoluta con la que fuerzas militares estadounidenses extrajeron de territorio venezolano a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Adela Flores de Maduro, considera Troconis que son plausibles “pero estaremos mucho más agradecidos cuando exista una relación legal, permanente y estable que permita atraer inversión para reconstruir el país”.

El jurista insiste en que la reconstrucción nacional requiere no solo recursos financieros, sino también transferencia tecnológica, por ello dice en la conversación con Infobae lo indispensable que es para la reconstrucción de Venezuela “la participación de las empresas petroleras norteamericanas, tanto en materia de inversión como de transferencia de tecnología”.

Añade que la recuperación del sector energético podría convertirse en un motor para la modernización del resto de la economía. “Venezuela necesita capital, conocimiento técnico y seguridad jurídica para volver a ser un actor relevante en la industria petrolera internacional”, señala.

El diferendo con Guyana

El jurista también destaca la relevancia estratégica de la relación bilateral en asuntos geopolíticos de gran importancia para Venezuela. Entre ellos menciona la controversia territorial con Guyana, especialmente en lo relacionado con el Esequibo y la delimitación de espacios marítimos ricos en recursos energéticos.

En este escenario, le dice a Infobae, que es relevante la cooperación internacional y la participación de empresas con experiencia técnica porque podrían favorecer soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

Troconis recuerda que Venezuela y Estados Unidos han mantenido históricamente relaciones de cooperación en distintos momentos del siglo XX. Por ello, plantea la necesidad de renovar esos vínculos sobre la base del respeto institucional, la defensa de la democracia y la promoción del desarrollo económico.

“Nadie con sentido común debería desaprovechar una oportunidad que combine desarrollo económico, inversión y estabilidad regional”, afirma.

Necesitamos elecciones libres

El doctor Troconis considera que la recuperación económica será imposible sin una transformación institucional profunda. “No es posible construir una relación sólida sobre bases distintas a la legalidad y la legitimidad”, enfatiza.

Por ello, propone avanzar hacia un sistema que garantice procesos electorales transparentes y una justicia independiente. “Necesitamos elecciones libres, un organismo electoral confiable y un Tribunal Supremo de Justicia valiente, independiente y respetuoso de la ley”, declara.

Asimismo, sostiene que es indispensable recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. “El venezolano debe volver a creer que sus derechos existen y que pueden ser ejercidos y protegidos efectivamente”, señala.

Para el jurista la democracia venezolana también requiere una profunda revisión de su sistema de organizaciones políticas. “La confianza en los partidos políticos es un elemento esencial para la estabilidad democrática”, afirma.

Troconis recuerda que las democracias más consolidadas han logrado construir instituciones sólidas gracias a la fortaleza de sus organizaciones políticas y por ello sostiene que “la reconstrucción de Venezuela exige instituciones fuertes, partidos responsables y ciudadanos comprometidos con la democracia como forma de vida y no únicamente como sistema político”, concluye.

Varios grupos de familiares de presos políticos exigieron este viernes en Caracas que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordene nuevas liberaciones y responda por denuncias de violaciones de derechos humanos que permanecieron sin investigación.

La concentración se realizó en la plaza O’Leary, en el centro de Caracas, a pocos metros del Palacio de Miraflores. Los familiares desplegaron pancartas con reclamos por la libertad de los detenidos y por la atención médica de quienes atravesaron situaciones críticas dentro de los centros de reclusión.

La protesta formó parte de la tercera etapa de la “Ruta de las respuestas pendientes”, una iniciativa que recorrió organismos públicos durante la semana. Los participantes acudieron antes a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para plantear sus denuncias y solicitar actuaciones sobre los casos que presentaron.

La movilización no pudo avanzar hasta la sede presidencial, una zona donde las manifestaciones disidentes enfrentaron restricciones y presencia policial. Sin embargo, representantes del Despacho de la Presidencia recibieron a una delegación de tres mujeres del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (Clippve)

Las representantes entregaron un escrito que reunió denuncias registradas por familiares de personas encarceladas por motivos políticos. El documento reclamó investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y solicitó la libertad inmediata de los detenidos que continuaban bajo custodia estatal.

Andreína Baduel, integrante de Clippve, afirmó que más de 400 familias aguardaban el regreso de sus parientes. La organización registró, además, 37 presos políticos en condición crítica de salud, por lo que pidió atención médica urgente.

Baduel sostuvo que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el ritmo de las excarcelaciones anunciadas desde enero. También cuestionó que la administración de Rodríguez avanzara en nuevos acuerdos vinculados al petróleo mientras numerosos detenidos permanecen en prisión.

La activista es hermana de Josnars Baduel, detenido por motivos políticos, e hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez, quien murió bajo custodia estatal. Durante la protesta, pidió que las autoridades respondieran a las denuncias de las familias y atendieran los casos pendientes.

Tras la entrega del documento, Hiowanka Ávila, familiar de un detenido en Rodeo 1, relató que las representantes fueron atendidas durante pocos minutos detrás de un vidrio. Según explicó, recorrieron varias dependencias antes de llegar al lugar donde funcionarios recibieron sus planteamientos.

Ávila dijo que la experiencia le recordó las dificultades que enfrentó durante las visitas a su hermano en el centro penitenciario. También afirmó que los funcionarios no mostraron disposición para revisar los expedientes de los presos políticos ni para responder a los reclamos de sus allegados.

El caso de Rodeo 1 ocupó parte de los reclamos de la jornada. A comienzos de septiembre, familiares denunciaron traslados de varios detenidos desde ese penal sin información suficiente sobre su destino, sus condiciones de reclusión o su situación judicial.

Los grupos que participaron de la movilización señalaron que entre los presos políticos figuraron dirigentes opositores, estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos. Los familiares denunciaron arrestos sin garantías de debido proceso, falta de pruebas y dificultades para conocer el estado de los detenidos.

Organizaciones no gubernamentales cuestionaron el alcance de esa norma porque una parte importante de los beneficiados se encontraba bajo medidas de libertad restringida y no en prisión. El recuento de Foro Penal, organización venezolana de defensa de derechos humanos, situó en 328 la cifra de presos políticos que permanecían detenidos en el país.

Las organizaciones de familiares advirtieron que esos registros cambiaron por nuevas detenciones, liberaciones parciales y traslados entre cárceles. La protesta de este viernes buscó mantener visibles los casos que, según sostuvieron, no recibieron respuestas institucionales.

(Con información de EFE)

Los calabozos policiales en Venezuela deben cumplir la función de “resguardo temporal” de los privados de libertad. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha revelado la existencia de una “red de cárceles paralelas” del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que albergaría en sus calabozos a un total de 7 mil 414 personas.

“Una de cada tres personas lleva más de dos años detenida en los calabozos del CICPC. Pudimos cuantificar que 58% de la población recluida tiene más de un año detenida y 33,5% supera los dos años de privación de libertad”, recoge un informe del OVP.

La ONG que defiende los derechos de los reclusos llama la atención sobre el siguiente dato: “6.518 personas se encuentran -dentro de esos calabozos policiales- en calidad de procesadas, mientras que 896 tienen sentencia firme. Esto significa que 87,9% de toda la población recluida en calabozos del CICPC no posee una sentencia firme”.

De esta población, 914 son mujeres, 12,3% del total. En cuanto a su estatus, 766 se encuentran procesadas y sólo 148 penadas. “Aunque representan una minoría respecto a los hombres, su situación resulta especialmente preocupante porque las dependencias policiales no suelen contar con infraestructura adecuada para responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad”, acotan.

También identificaron a 17 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, y 181 personas mayores de 65 años. “Los adultos mayores suelen requerir atención médica permanente, tratamientos farmacológicos continuos y condiciones de habitabilidad adaptadas a sus necesidades físicas”, enfatizó el director del OVP, Humberto Prado.

Extorsión

“Son más de 7 mil personas que conviven sin una adecuada clasificación por delitos y permanecen en espacios reducidos que no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar de manera prolongada a personas privadas de libertad. Son lugares que carecen de ventilación, acceso a agua potable y servicios médicos”, alerta el OVP.

El Observatorio afirma que esta irregularidad “se ha prestado para que funcionarios extorsionen a los detenidos”, llegando a cobrar hasta 200 dólares a cambio de “‘beneficios’ como dormir en una oficina alejada de otros detenidos, acceder a baños y duchas e incluso salir a recibir luz solar”.

Tras recordar que los agentes del CICPC no están formados para la custodia prolongada de privados de libertad, el OVP sostiene que se está generando “un modelo de custodia en el que los funcionarios actúan sin las herramientas propias de la función penitenciaria, lo que propicia prácticas violatorias de los derechos humanos y la comisión de tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los calabozos policiales”.

Ante el regreso a clases en los centros de estudios superiores, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) denuncia que las universidades públicas del país “han sido despojadas de las condiciones mínimas para funcionar”.

“Venezuela ocupa el último puesto en financiamiento universitario de América Latina. Las instituciones operan con un déficit de entre el 95% y el 99%. El Estado no transfiere ni el 5% de lo solicitado”, señala la organización gremial.

En cuanto a su situación laboral, exponen que acumulan más de 4 años con el sueldo congelado. “El Sistema Patria -plataforma digital del gobierno nacional- centralizó los pagos, eliminó los beneficios históricos e impuso bonos que igualan hacia abajo, provocando renuncias masivas de talento calificado”, enumeran los motivos de su reclamo.

El sueldo de un profesor titular a dedicación exclusiva equivale a 64 centavos de dólar. Su remuneración se completa a través de bonos. Apelando a esta figura, el gobierno interino estableció un “ingreso mínimo integral” de 240 dólares para todos los trabajadores de la administración pública. Por esa razón, los gremios indican que el régimen chavista aplica una “desalarización de las remuneraciones de los profesores universitarios en Venezuela”.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) ha tachado de “arbitrario y excluyente” el mecanismo empleado por el Ministerio de Educación Universitaria, a cargo de Ana María Sanjuán, para la cancelación del denominado “Bono de Responsabilidad Profesional”, cuestionando que se ha “discriminado sistemática y deliberadamente” a parte de la nómina de las casas de estudio.

Sanjuán se ha convertido en un símbolo de la renovación que intenta ejecutar la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Con un perfil académico y sin militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llegó a la cartera de Educación Universitaria con la promesa de promover el diálogo y buscar soluciones a los problemas que arrastra el sector desde hace décadas.

Sin embargo, el conflicto ha ido escalando y ya los profesores han protagonizado huelgas para exigir respuestas a sus reclamos.

Controversia

Los profesores manifiestan que “proliferan las denuncias por el colapso de los campus”, que funcionarían “sin internet, sin laboratorios, sin comedores y con el transporte paralizado”. Advierten que “la gratuidad de la educación dejó de existir”, ya que los costos caen sobre las familias y el propio personal de las instituciones.

Fapuv niega que la matrícula universitaria haya aumentado, tal como afirman las autoridades. La ministra Sanjuán detalló que 397 mil 556 estudiantes se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingresos para un total de 363 mil 971 plazas disponibles. Al final, 237 mil 754 bachilleres tienen sus cupos asignados.

“La realidad es muy distinta. Estar inscrito no es lo mismo que asistir: el hambre, los apagones y la necesidad de trabajar obligan a miles de jóvenes a abandonar sus estudios”, sostienen.

La federación asevera que “el 85% de las universidades públicas del país ya están bajo control directo del gobierno. La OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario), la Plataforma Patria y la intervención directa para asuntos de infraestructura, son los mecanismos de hipercentralización que violan la autonomía en todas ellas”.

Nadie quiere al bolívar. Con la peor inflación del planeta -que supera el 500% interanual- y una moneda que se devalúa cada día, en Venezuela se ha abierto un debate sobre qué hacer con el signo monetario que lleva el apellido del Libertador.

En medio de esa discusión, donde se levantan voces que abogan por la dolarización, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio, miembro de la patronal Fedecámaras) plantea al gobierno interino de Delcy Rodríguez adoptar un modelo bimonetario a imagen y semejanza del aplicado en el Perú.

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, destacó que Perú construyó una “ruta de confianza” basada en la recuperación de sus instituciones, lo que le ha permitido levantar una economía sólida donde circulan libremente el sol y el dólar, sin sufrir por su crónica inestabilidad política.

“Despenalizar el uso del dólar puede servir para apalancar la capacidad de crédito del país”, aseguró el vocero gremial, tras subrayar que la cartera crediticia equivale al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras en la región el promedio se ubica alrededor del 50%. “La cartera total de la banca venezolana la tiene una sucursal de un banco colombiano”, acotó.

Venezuela pasó de tener un férreo control de cambios, fuente de milmillonarios escándalos de corrupción, a una especie de dolarización de facto. El representante de los comerciantes propone “formalizar” la convivencia del bolívar y el dólar, terminando de eliminar las restricciones que imponen las leyes aprobadas por el régimen chavista.

Rodríguez enfatiza la importancia de establecer “un sistema transparente, estable, que genere confianza” y explote la capacidad productiva de los dólares que están dentro de la economía nacional.

“¿Qué haces con tener bancarizados y represados más de mil 500 millones de dólares que no apalancan ningún desarrollo?”, cuestionó el portavoz de Consecomercio, que agregó que en “el ecosistema de la ciudadanía”, por medio de remesas, intermediaciones y negociaciones, el monto asciende a 5 mil millones de dólares.

A favor

Coincidiendo con Consecomercio, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) emitió un comunicado en el que apoya “la adopción plena y formal de un régimen multimoneda o bimonetario, en el contexto de un programa integral de reformas institucionales”.

Opinan que “esta alternativa preserva el margen de maniobra necesario para reaccionar ante fluctuaciones petroleras y diversificar la oferta exportable del país, combinando la disciplina antiinflacionaria con la flexibilidad requerida para el crecimiento económico sostenible”.

Para asumir este modelo, subrayan, debe avanzarse con el saneamiento de las cuentas fiscales, el rescate institucional y de la autonomía del Banco Central de Venezuela, y una política cambiaria competitiva y de anclaje creíble.

También demandan “gestionar el apoyo de programas de asistencia financiera multilaterales para reponer las reservas internacionales operativas, asegurar liquidez externa y apoyar transitoriamente la gestión fiscal”.

Marcando distancia con respecto a la tesis de la dolarización, la Academia observa que “la sociedad venezolana enfrenta la necesidad impostergable de modificar el caótico régimen monetario y cambiario que hoy prevalece, pero la decisión no puede estar influenciada solo por consolideraciones referidas a los problemas y las urgencias que nos aquejan en el corto plazo”.

Cilia Flores, esposa del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, solicitó a un tribunal federal de Nueva York que se le permita esperar su juicio por narcotráfico bajo arresto domiciliario en lugar de continuar detenida en una prisión de Brooklyn. Sus abogados presentaron el pedido el miércoles ante el juez Alvin K. Hellerstein, con el argumento de que una afección cardíaca que padece desde hace años se agravó desde su ingreso al centro de detención.

Según el escrito judicial, firmado por los defensores Mark Donnelly y Andrés Sánchez, Flores convivía con un “prolapso de la válvula mitral” antes de su arresto y recibía un tratamiento mensual con inyecciones que no ha podido continuar durante su reclusión. En su lugar, el equipo médico del penal le prescribió aspirina infantil, una estatina, diltiazem y nitroglicerina para los episodios de dolor en el pecho.

“Merece la oportunidad de esperar su juicio en confinamiento domiciliario”, escribieron los abogados, quienes detallaron que su clienta perdió más de once kilos, sufrió la pérdida de dos molares y presenta reflujo y gastritis persistentes desde enero. La defensa añadió que médicos recomendaron realizarle un cateterismo cardíaco, procedimiento que podría derivar en intervenciones adicionales y que, según argumentan, requiere un entorno de recuperación distinto al que ofrece una cárcel federal.

El documento también hace referencia a un episodio de salud ocurrido el 29 de julio que, de acuerdo con los propios abogados, “aparentemente” pudo tratarse de un infarto leve, aunque este punto no cuenta con confirmación médica oficial.

La defensa propuso un esquema de detención alternativa: una residencia privada dentro del distrito judicial de Manhattan, custodiada por guardias armados durante las 24 horas, con visitas restringidas a las personas autorizadas por la corte y la fiscalía, líneas telefónicas intervenidas y monitoreo por video. Flores ofreció además asumir los costos del traslado y entregar su pasaporte como garantía adicional para permanecer bajo custodia estadounidense.

Los abogados subrayaron que el personal del centro de detención “ha sido extremadamente respetuoso” con la pareja y que Flores “no cuestiona que ha recibido una atención excelente” por parte de los profesionales médicos que la atendieron tanto en la prisión como en el hospital. Sin embargo, insistieron en que “un centro de detención carece de las condiciones necesarias” para una recuperación adecuada tras eventuales procedimientos cardíacos.

Bajo sello el historial médico de Flores

Paralelamente, el juez Hellerstein aceptó una petición complementaria de la defensa para mantener bajo sello el historial médico de Flores presentado como respaldo del pedido de arresto domiciliario. En su resolución, el magistrado sostuvo que “los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello”, al considerar que prevalece el interés de la acusada en proteger la privacidad de esa información sobre la presunción de acceso público a los expedientes judiciales.

La fiscalía federal de Manhattan no ha presentado aún una respuesta formal a la solicitud y un portavoz de esa oficina declinó hacer comentarios. El juez tampoco se ha pronunciado sobre el pedido.

Flores, de 69 años, y Maduro, de 63, permanecen detenidos desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses los capturaron en un operativo nocturno en su residencia de Caracas y los trasladaron a Nueva York. Ambos se declararon no culpables de los cargos que los acusan de integrar una conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Las defensas de ambos acusados presentaron además mociones separadas para desestimar la causa, basadas en un reclamo de inmunidad soberana por sus cargos como jefe de Estado y primera dama al momento del arresto. Una audiencia para escuchar los argumentos sobre esas mociones está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio quedó fijado para el 1 de junio de 2027.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, responsabilizó este jueves al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de la llegada a Perú de integrantes de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, a los que calificó como “la escoria” de Venezuela.

“Para mí, el 99 % de los venezolanos son gente muy buena. Pero (...) en la época de Maduro nos mandaron a la escoria, que son Tren de Aragua y similares”, señaló en una entrevista difundida por sus canales oficiales, en la que expuso sus propuestas para combatir la criminalidad.

El exalcalde cuestionó al Ejecutivo por, según afirmó, no haber realizado una inversión relevante en seguridad durante los primeros 40 días de gestión de la presidenta Keiko Fujimori y reiteró que espera la aprobación de decretos de urgencia para acelerar el gasto destinado a combatir la delincuencia.

Planteó además la creación de una central para recibir información ciudadana sobre presuntos puntos de operación de organizaciones criminales y establecer un sistema de recompensas por datos que permitan identificar y capturar a sus integrantes.

“Si la gente nos da datos relevantes sobre un grupo de venezolanos que son delincuentes (...), si nos dan información válida nos lleva a la captura”, señaló al explicar su propuesta de crear una central para recibir denuncias sobre posibles puntos de operación de organizaciones criminales y establecer un sistema de recompensas por información que permita identificarlas y capturar a sus integrantes.

“Tienen ellos sus zonas, porque alquilan una casa y esa casa de repente comienza a tener fiesta todas las noches (...) con dinero que van cobrando de cupos, esa información es valiosa”, agregó.

De llegar nuevamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones del próximo octubre, el líder de Renovación Popular dijo que plantea reforzar la seguridad con la compra de motocicletas para policías y serenos, así como completar el denominado C5, una central que integraría las imágenes de cámaras públicas y privadas de la capital.

Según explicó, este sistema incorporaría herramientas de inteligencia artificial para procesar imágenes y facilitar la identificación y persecución de delincuentes. También propuso mejorar el alumbrado público, al considerar que las cámaras pierden eficacia cuando las calles no cuentan con iluminación adecuada.

Asimismo, reiteró su propuesta de destinar 100 millones de soles a fortalecer la inteligencia municipal y establecer mecanismos para que las víctimas de extorsión puedan denunciar rápidamente y facilitar la geolocalización de quienes las amenazan.

Afirmó, asimismo, que buscará articular equipos de inteligencia policial, militar y naval para reunir información que permita intervenir a células de extorsionadores en flagrancia. También defendió un endurecimiento de las penas para los delitos graves.

En ese sentido, aseguró que en el Congreso se encuentra en trámite un proyecto para establecer cadena perpetua para extorsionadores, sicarios, violadores de menores y funcionarios corruptos.

El exalcalde ya había vinculado anteriormente la migración venezolana con la criminalidad. En abril pasado, durante el cierre de su campaña, planteó como una de sus primeras medidas la “deportación inmediata de venezolano ilegal en Perú” y afirmó: “Todo venezolano que no esté legal en Perú se me larga, no entra nadie más al Perú, estamos completos”.

López Aliaga encabeza actualmente la intención de voto para la alcaldía de Lima con 30,6 %, según una encuesta de CPI difundida por RPP.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió este jueves a sus países miembros coordinar una respuesta frente al régimen de Nicaragua después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueara la participación de sectores opositores en las próximas elecciones, una decisión que, según el secretario general del organismo, Albert Ramdin, amenaza con convertir el sistema político del país centroamericano en uno sin competencia electoral efectiva.

Ramdin sostuvo que los gobiernos del continente deberían analizar una estrategia conjunta para aumentar la presión sobre Managua y abrir eventualmente una vía de diálogo.

“Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable”, afirmó el secretario general de la OEA al referirse a las recientes decisiones adoptadas por el régimen sandinista.

La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó la semana pasada una disposición que impide competir en los comicios a personas consideradas “traidores a la patria”. La medida afecta directamente a sectores opositores y modifica las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las próximas elecciones.

Ante este escenario, la OEA decidió recurrir a un mecanismo diplomático de carácter extraordinario: una reunión de consulta de cancilleres. Ramdin explicó que el encuentro podría realizarse después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre, y expresó su intención de concretarlo cuanto antes.

“Espero que podamos celebrar esta reunión lo antes posible, ojalá poco después de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló.

El secretario general planteó que los gobiernos podrían acordar un paquete de acciones para incrementar el costo internacional de las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La OEA, sin embargo, no cuenta con facultades para imponer directamente sanciones económicas: cualquier medida de ese tipo debe ser adoptada y ejecutada por los Estados de manera individual.

La propuesta busca combinar esa presión con una eventual instancia de negociación. Ramdin planteó la posibilidad de que un grupo de países asuma un papel de interlocutor, aunque aclaró que todavía no existe una definición sobre quién podría encabezar ese proceso.

Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en noviembre de 2023, después de años de enfrentamiento con el organismo. La relación se deterioró especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó al menos 300 muertos según Naciones Unidas.

Estados Unidos ya incrementó durante este año las sanciones dirigidas contra integrantes de la cúpula gobernante nicaragüense, instituciones estatales y sectores considerados estratégicos. Tras la decisión sobre las elecciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió terminar con las relaciones habituales con el régimen de Managua.

La OEA busca reincorporar a Venezuela

Ramdin también se refirió a Venezuela y sostuvo que el país debería designar un representante permanente ante la organización. Aunque Caracas dejó de ocupar su asiento, jurídicamente continúa siendo miembro de la OEA.

El proceso de salida comenzó en 2017, pero no llegó a completarse debido a las disputas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y a la crisis política que derivó en el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino en 2019.

“No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro. Es su elección. Es su decisión”, explicó Ramdin.

El funcionario afirmó que el organismo está dispuesto a colaborar con Venezuela en su proceso de transición política y en la organización de elecciones, pero señaló que necesita una contraparte oficial para poder hacerlo.

“Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar”, declaró.

Haití y los vínculos entre política y crimen

Sobre Haití, Ramdin alertó por la posible relación entre dirigentes políticos y organizaciones armadas, en un país donde la violencia continúa condicionando la preparación de las elecciones.

“Hay cierto grado de connivencia entre el ámbito político y las bandas. Y lo digo tal y como es porque todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello”, afirmó.

El secretario general dijo que durante su visita a Haití en agosto planteó la necesidad de establecer criterios que impidan competir a candidatos vinculados con estructuras criminales. La inseguridad, señaló, constituye el principal obstáculo para celebrar unos comicios creíbles.

El calendario electoral contempla la primera vuelta presidencial y legislativa para el 13 de diciembre de 2026 y una segunda ronda el 21 de febrero de 2027. Naciones Unidas contabilizó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos por la violencia durante los primeros seis meses del año.

Ramdin también cuestionó la capacidad de la fuerza internacional destinada a combatir a las pandillas y reclamó mayor respaldo de los países que se comprometieron a contribuir con esa misión.

“Las elecciones dependen de un buen entorno de seguridad”, afirmó.

El ministro de la Defensa, General en jefe Gustavo Enrique González López, firmó el 8 de septiembre de 2026 un paquete de ocho resoluciones, que abarcan correlativamente de la 1779 a la 1786, para oficializar nuevos nombramientos y ratificaciones de oficiales superiores dentro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Las designaciones afectan directamente al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), cuerpo bajo el mando del General de División Asdrúbal José Brito Hernández.

El CONAS opera como el brazo élite de la GNB en el combate a la delincuencia organizada y despliega su rango de acción operacional en todo el territorio venezolano mediante 28 unidades tácticas denominadas Grupos Antiextorsión y Secuestro (GAES). Los comandantes al frente de cada GAES coordinan las investigaciones criminales, la neutralización de bandas delictivas y el rescate de víctimas de secuestro en sus respectivas jurisdicciones.

A pesar de sus competencias operativas, la institución se ubica entre los organismos de seguridad con mayor volumen de denuncias por violaciones de derechos humanos. Diversas organizaciones reportan su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales que posteriormente son presentadas públicamente como “enfrentamientos armados”.

Asimismo, en el contexto político del país, el CONAS ha sido activado recurrentemente en labores de contención de protestas y persecución a dirigentes de la oposición, a pesar de no ser una unidad capacitada ni destinada al control del orden público. Sobre este componente militar pesan múltiples señalamientos internacionales por detenciones arbitrarias e intimidación política.

Así en Delta Amacuro fue nombrado el Mayor Jhonny Jose Delgado Castellanos, en reemplazo del Coronel Orlando de Jesus Nava Aparicio; para Bolívar designaron al Teniente Coronel Félix Humberto Hernández Parada, en relevo del Tcnel. Adhemar Alfonso Chirinos Benítez; en Amazonas dirige ahora el Tcnel. Nelson Enrique Pérez Vivas, quien sustituye al Coronel José Ángel Romero Cuamo.

En el centro y capital

Para el GAES de Yaracuy nombrado el Tcnel. Ever Alexis Guerrero Suárez en reemplazo del Tcnel. Omar José Castillo Belisario; en Carabobo comanda el Tcnel Pausolino Sánchez Chacón, en relevo del Tcnel. Felix Humberto Hernández Parada; y en Aragua fue ratificado el Tcnel. José Ángel Ponce Sánchez.

También en la Unidad Especial Contraterrorismo que ahora comanda el Tcnel. Rowland Trinidad Romero Garcia, en reemplazo del Tcnel Jesús Alejandro Chavero Pacheco.

El GAES del Distrito Capital lo comanda el Tcnel. Joelbys Alexander Ramos Labrador, en sustitución del Coronel Leonardo Antonio Gómez Acevedo; en Miranda el Tcnel. Vladimir Yanko Huerfano Gutiérrez en relevo del Tcnel. Ericson Yohan Carrillo Vivas; y para La Guaira, el Mayor Darwin Amaya Prieto en reemplazo del Coronel Luis Gerardo Durán Urdaneta.

En Portuguesa asume el Mayor Nestor José Jota Vegas, en reemplazo del Tcnel. Alian José Jiménez Coello; eN Cojedes el Tcnel. Adhemar Alfonso Chirinos Benítez, en reemplazo del Tcnel. Antonio Abrahan Gómez Rojas; en Barinas fue ratificado el Mayor Jairo Johan Rivas; en Guárico nombran al Tcnel Francisco Antonio Torres Ramirez, en relevo del Tcnel. José Ángel Consolación Romero Reyes; y para Apure va el Tcnel. Omar José Castillo Belisario, reemplazando al Tcnel. Ever Alexis Guerrero Suarez.

Desde la frontera

El comandante del GAES en Táchira es ahora el Tcnel.Jesús Alejandro Chavero Pacheco, en reemplazo del Tcnel. Oswaldo José Parra Fernandez; para Mérida envían al Tcnel. Fernando José León Rojas, en relevo del Coronel Juan Manuel Viveiros Landaeta; en Trujillo comanda el Tcnel. Hanyfel Marcano Márquez, en sustitución frl Tcnel. Daniel David Delgado Pozo.

Sigue al mando en Antiextorsión y Secuestro de Monagas el Mayor José Gabriel Cárdenas Medina; en Anzoátegui nombraron al Tcnel. Rafael Alejandro Requena Ramírez, quien sustituye al Mayor Marlon Abel Meléndez Lara; para Sucre designan al Tcnel. Duervy Dublet Torrealba Silva, en reemplazo del Mayor Pedro Alejandro Becerra Marcano y para San Tomé designaron al Mayor Ángelo David Ramírez Navas, en relevo del Tcnel. Nelson Enrique Pérez Vivas.

Para el GAES de la Costa Oriental del Lago asignado el Mayor Gregori Ángel Páez García, en reemplazo del coronel Ramón Alfredo Pérez Contreras; para el Sur del Lago nombrado el Tcnel. Alexi Eduardo Cedeño Sánchez, quien sustituye al Tcnel. Duervy Dublet Torrealba Silva.

Para el Zulia va el coronel José Ángel Consolación Romero Reyes, en relevo del coronel Víctor Alfonso Gómez Mundaray; para Lara envían al Tcnel. Ericson Yohan Carrillo Vivas, quien reemplaza al Mayor Jhonny José Delgado Castellanos; y para Falcón fue nombrado el Tcnel. Boniex Abdón González Pacheco, en reemplazo del Tcnel. Alexi Eduardo Cedeño Sánchez

En el GAES Nro. 71 de Nueva Esparta fue nombrado el Mayor Marlon Abel Meléndez Lara, en sustitución del Tcnel. Johan Rafael Calzadilla Díaz.

¿Qué pasó el 3 de enero? La respuesta parece evidente: Fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

No obstante, abundan las preguntas sobre lo sucedido y, al menos, dos oficiales del Ejército y seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentran tras las rejas desde el 21 de enero y sus familiares denuncian que están siendo torturados por este caso.

“Sabemos exactamente quienes fueron los que ejecutaron la extracción de Nicolás Maduro y, sin embargo, tienen a ocho personas detenidas”, manifestó Yury Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Oria Arteaga, quien se desempeñaba como jefe del centro general de comunicaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Venezuela.

Burgos declaró a los medios en el marco de una manifestación que desarrollan los familiares de los presos políticos, que esta semana recorren distintas instituciones para exigir la liberación de sus seres queridos.

La señora indicó que Oria Arteaga es acusado por conspiración y traición a la patria. “Dicen que él pidió unas coordenadas, cuando él era jefe del centro general de comunicaciones”, subraya, argumentando que se trataba de sus labores regulares.

Afirmó que “el acta policial está totalmente viciada” y que mantienen el expediente “engavetado porque es un caso clasificado”. Entre las irregularidades del proceso, resaltó que tras 240 días en cautiverio, aún el oficial no ha tenido la audiencia preliminar del juicio.

Excesos

Esposas de otros encarcelados por este caso narraron al portal Efecto Cocuyo los abusos que habrían sufrido sus parejas. “Fue colgado con tres cadenas de aproximadamente diez centímetros cada una y sufrió torturas injustificadas”, describió Jeimy Guzmán, cónyuge del funcionario Álvaro Roger Valladares.

“Lo sacaban para golpearlo, para torturarlo, supe que fue guindado y que le pusieron electricidad”, relató Marli Morillo, esposa del comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifuentes. Burgos añadió que “los colgaban por los brazos, les colocaban corriente, los mojaban, los metían debajo de una batea y comían una vez al día una taza de arroz con aceite”.

Ninguna instancia del Estado ha adelantado una investigación para desentrañar lo ocurrido el 3 de enero. Tras encargarse de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez removió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien acumulaba 11 años en el cargo, y lo nombró en la cartera de Agricultura.

Versiones periodísticas reseñaron que unos 30 efectivos de la policía científica habían sido detenidos por “negarse a adulterar pruebas en Fuerte Tiuna”, principal base militar del país de donde se llevaron a Maduro y Flores.

El jefe del organismo, Douglas Rico, aseveró que la noticia era falsa, añadiendo que “no existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios”, mas no ofreció detalles sobre el caso.

Una economía lastrada por décadas de intervencionismo, controles y corrupción, ha sufrido este año el impacto de dos “cisnes negros”: el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y el doblete sísmico del 24 de junio, que ha dejado más de 6 mil muertos y pérdidas materiales por el orden de los 20 mil millones de dólares.

Tomando en cuenta esta nueva realidad, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para finales de este año alcanzará el 6,5%. “Es de destacar que esta tendencia al crecimiento se extiende a todos los sectores productivos”, subrayan en su último informe de coyuntura.

“Al discriminar este crecimiento, el producto petrolero se estaría expandiendo en casi 15%, mientras la economía no petrolera lo estaría haciendo en un 6%. A pesar de esta tendencia de crecimiento, la actividad económica sigue estando muy alejada (62% menor) de los niveles que prevalecieron antes de 2014”, apuntan los expertos.

El IIES-UCAB explica que “estas tasas de crecimiento se han ido ajustando a la baja a medida que se ha ido avanzando en el año”, básicamente por tres razones: “el choque negativo de los eventos sísmicos, la menor reacción de la inversión privada, y la lenta y baja capacidad del gobierno para diseñar y gestionar una política eficaz de estabilización macroeconómica”.

Transición

Para “consolidar una senda de crecimiento sostenido”, estiman fundamental impulsar los cambios institucionales. “Las sustanciales reformas estructurales, que deben emprenderse sin más demoras, difícilmente pueden adelantarse si no se cuenta con estabilidad política y un gobierno cuya legitimidad sea reconocida no solo por los agentes económicos y sociales internos, sino también por la comunidad internacional”, observan.

Tras la caída de Maduro, el gobierno venezolano carga con la etiqueta de “interino”, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firma contratos con compañías extranjeras y promueve reformas legales para abrir la economía, principalmente los sectores de petróleo y minería, siguiendo las orientaciones de la administración de Donald Trump.

Bajo el auspicio de Estados Unidos, delegaciones del oficialismo y la oposición desarrollan un proceso de negociación que, en teoría, diseñará una reforma institucional y desembocará en nuevas elecciones.

“En cuanto a la calidad institucional y las condiciones de gobernabilidad, Venezuela sigue apareciendo como uno de los países peor posicionados, aunque indicadores recientes dan cuenta de pequeñas mejoras, especialmente en el área del desempeño económico”, señalan.

El análisis del IIES-UCAB advierte sobre el auge de la inflación y la devaluación. “En el plano socioeconómico, el mayor dinamismo de la actividad productiva no ha logrado traducirse en un significativo fortalecimiento del poder de compra de los hogares ni, tampoco, en cambios fundamentales en el mercado laboral. Aún siete de cada diez hogares se mantienen en situación de pobreza y cerca de un tercio enfrenta condiciones de pobreza extrema”, alertan.

Venezuela prevé recuperar de forma parcial el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía durante el primer semestre de 2027, después de los daños estructurales que sufrió por los terremotos del 24 de junio. El aeropuerto reanudó sus actividades el 1 de septiembre mediante terminales temporales, luego de que los sismos provocaran graves daños en las instalaciones principales. El desastre dejó más de 6.500 muertos.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó en diálogo con la televisión estatal venezolana: “Durante el primer semestre del año próximo esperamos ya recuperar alguna parte del aeropuerto”. Garcés explicó que la recuperación de la principal terminal aérea del país requerirá obras que demandarán varios meses. “Todavía este año no estará en servicio ni siquiera de forma parcial”, señaló.

Una de las pistas del aeropuerto, situado en la región de La Guaira, resultó afectada por el paso de la falla sísmica, indicó el ministro. No obstante, precisó que esa infraestructura fue reparada por completo y que “está operando de manera adecuada”.

Las terminales temporales permitieron restablecer el 49% de las operaciones nacionales y el 46% de los vuelos internacionales que operaban antes de los terremotos, según Garcés. El Gobierno chavista aspira a superar el 60% de la actividad aérea durante este año, mientras los vuelos restantes continuarán en aeropuertos alternativos, más distantes de Caracas.

“Vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades para llegar, prontamente, a 40 % en un par de meses y posteriormente a finales, principios de años, poder llegar hasta el 60 %”, añadió el funcionario.

Un total de 19 aerolíneas, de las cuales 11 son internacionales, opera en las terminales habilitadas. Entre ellas figuran las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra; la portuguesa TAP; la estadounidense American Airlines; la panameña Copa Airlines; la colombiana Avianca y LATAM Colombia, filial de la chilena LATAM Airlines.

En ese sentido, Garcés informó además que el ingreso de contenedores a Venezuela aumentó 8% y que el volumen de carga atendido creció 10% frente al año pasado. El funcionario destacó la operatividad del Puerto de La Guaira, una de las principales terminales marítimas del país.

Las instalaciones temporales tienen capacidad para 2.168 personas. De ese total, 720 lugares corresponden al área de salidas internacionales y 496 al sector de llegadas, según la Agencia Venezolana de Noticias.

Garcés sostuvo que el aeropuerto estará “mucho mejor” tras las obras y anticipó una mayor conectividad internacional, ante el interés de varias aerolíneas extranjeras por operar en Venezuela.

El ministro estimó la semana pasada que el proceso de check-in en las terminales temporales del aeropuerto de Maiquetía demorará unos 30 minutos y recomendó a los pasajeros llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y con tres horas para los internacionales.

Garcés formuló la recomendación ante la reanudación gradual de las operaciones en el aeropuerto internacional.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo informaron a la agencia EFE que al menos 14 aerolíneas retomarán sus operaciones en Maiquetía durante las tres primeras semanas de septiembre.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) indicó que las instalaciones temporales dispondrán de climatización, conexión wifi, áreas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

(Con información de EFE)

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) denunció que las importaciones que aprueba el gobierno interino de Delcy Rodríguez, afectan a los productores locales de arroz, maíz y azúcar.

Fedeagro destaca que “los agricultores productores de arroz fueron sorprendidos en plena cosecha del ciclo de siembra 2025-26 por las dificultades para la colocación de la cosecha y una disminución en los precios a nivel del productor”.

“La razón de la sorpresa es muy simple, se estima en más de 300 mil toneladas de arroz el volumen que ha ingresado al país en lo que va de año”, señala la organización gremial, destacando que las industrias y empaquetadoras “redujeron el precio acordado con el Ministerio de Agricultura en un 35% y con los precios que pagan a los agricultores venezolanos, iniciaron una guerra de precios al detal que distorsiona toda la cadena de valor en perjuicio de la producción nacional”.

Tras subrayar que el maíz y el azúcar padecen la misma situación, Fedeagro recalca que las instituciones del Estado “continúan permitiendo las importaciones sin realizar un balance producción-consumo, ni correlacionando la estacionalidad de los ciclos productivos con la época de realizarlas para determinar el quántum a importar”.

De acuerdo con el gremio, el producto extranjero es “un 22,5% más caro que el nacional, considerando su valor en 0,40 dólares por kilo; no obstante, las exoneraciones impositivas a las importaciones, las desvalorizan conspirando contra la producción interna”.

Promesas

Fedeagro ha planteado sus inquietudes al ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, general en jefe que ocupó durante más de una década la cartera de Defensa y que fue removido de ese cargo después del ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero.

Padrino López informó el 19 de agosto, como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo sobre los términos de la comercialización de arroz, que darían “prioridad absoluta a la cosecha nacional, concibiendo las importaciones únicamente como un complemento que no compite con el esfuerzo de nuestros agricultores”.

“Como orientación inmediata para lo que resta de 2026, se acordó no ingresar nuevos barcos de materia prima de arroz, protegiendo así la colocación oportuna de nuestra cosecha”, aseguró el oficial del Ejército. Al margen del discurso oficial, el gremio advierte que en los hechos se registra una caída brusca del precio al productor por la “sobreoferta por importaciones con exoneraciones de tributos y rebajas arancelarias”.

Para corregir las desviaciones, Fedeagro propone la “implementación de un marco regulatorio, financiero y arancelario transitorios, transparente y predecible que proteja al producto venezolano y evite la sobreoferta artificial”.

VE Sin Filtro -ONG venezolana que defiende los derechos digitales- denunció que más de 200 dominios siguen bloqueados en Venezuela, pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que el país atraviesa un “nuevo momento político” y que se ha comprometido a respetar la libertad de expresión.

Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

“El gobierno censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos, redes sociales y herramientas digitales”, señala VE Sin Filtro. Esta inquietud se planteó ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que instaló la mandataria interina a pocos días de sustituir a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, no han hecho absolutamente nada para corregir esta desviación.

Detallan que “de los 202 dominios bloqueados, 92 corresponden a 65 medios de comunicación. Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”.

Control

VE Sin Filtro explica que atender este reclamo no requiere de ningún trámite extraordinario. “La censura puede terminar ya. Conatel puede ordenar a los proveedores de Internet el cese de los bloqueos, sin esperar una reforma legal. Solo hace falta voluntad política”, acotan.

“Exigimos el desbloqueo inmediato y garantías de que ninguna restricción futura sea impuesta ilegal o arbitrariamente. Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, apuntan los expertos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) al frente de 38 medios de comunicación, 63 agrupaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, presentó el “Manifiesto por la libertad de expresión en Venezuela”, donde demandan levantar los bloqueos digitales y avanzar en una serie de transformaciones institucionales para eliminar las restricciones.

“Conatel debe dejar de ser un instrumento de control y censura, y funcionar como un organismo técnico y autónomo, con una administración del espectro transparente y auditable”, reclaman en el texto.

Delcy Rodríguez nombró como director de Conatel a Enrique José Quintana Sifontes en sustitución del mayor general Jorge Márquez, hombre de confianza del depuesto Nicolás Maduro. Aunque la remoción de Márquez generó expectativas de cambios en el organismo, la censura digital continúa.

El último reporte publicado por la ONG Foro Penal afirma que en Venezuela existen 328 presos políticos, de los cuales 145 son militares. De ese contingente de uniformados, quizá uno de los más emblemáticos es el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, detenido desde el 2 de marzo de 2018.

En 2020, Marín Chaparro fue condenado a siete años de cárcel por instigación a la rebelión contra Nicolás Maduro, pena que cumplió el 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, ese día no recuperó su libertad, pues las autoridades lo involucraron en otro expediente conspirativo y le abrieron un juicio por el que podría pagar hasta 30 años de prisión.

“Le imputan presuntos delitos de terrorismo alegando que, estando totalmente incomunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, apuntó la ONG Realidad Helicoide, haciéndose eco de los reclamos de los abogados del oficial.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó su respaldo al militar. “Tras haber cumplido la totalidad de una condena absolutamente injusta, ahora intentan fabricar un nuevo caso para imponerle la pena máxima de 30 años. Lo acusan de delitos que supuestamente cometió mientras permanecía preso e incomunicado. Además, su familia ha denunciado reiteradamente el grave deterioro de su salud”, expresó Machado.

Antiguo comandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado en Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, Foro Penal destaca que “Marín Chaparro no es un oficial común: ostenta el récord del índice académico más alto en toda la historia de la Academia Militar de Venezuela”.

Irregularidades

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recordó que el teniente coronel fue “llevado a una audiencia de presentación clandestina en la DGCIM a las 10:00 de la noche del 1 de febrero de 2024, en la cual lo imputaron por los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria”.

“Marín Chaparro ya cumplió su condena el 9 de septiembre de 2025 y el tribunal militar no se ha pronunciado sobre el cierre formal de su primera causa, hasta el momento, manteniéndolo en un limbo jurídico”, subrayó el OVP.

Ignell Marín indicó que su hermano enfrenta problemas de salud que no han recibido la atención necesaria. “Al poco tiempo de estar en la DGCIM, tuvo un episodio de hipertensión y esto trajo como consecuencia la pérdida parcial de la visión de su ojo izquierdo”, relató.

Al rechazar el nuevo juicio contra el comandante, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, declaró: “Igbert es un verdadero patriota de nuestra Fuerza Armada. Y quizás por eso le tienen tanta saña porque este régimen, que tanto daño le ha hecho a Venezuela, jamás ha soportado a quienes ponen a la patria por encima de sus intereses”.

La oposición venezolana denunció un apagón en al menos tres regiones en el oeste del país, en cuya capital, Caracas, hubo un fuerte bajón de luz.

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, alertó en la red social X del corte de electricidad en los estados Mérida, Barinas y Táchira, este último fronterizo con Colombia.

El equipo de VV en Barinas expresó que se sigue “sufriendo la destrucción del sistema eléctrico nacional que comenzó (Hugo) Chávez, lo siguió (Nicolás) Maduro y continúa con Delcy (Rodríguez)”, la presidenta encargada de Venezuela.

“Ellos siempre representaron oscuridad y esto solo acabará cuando este régimen salga de Miraflores (sede del Ejecutivo)”, agregó la organización en un mensaje compartido por Machado.

El ex diputado Juan Pablo Guanipa, aliado de la premio Nobel, denunció también “un nuevo apagón en varias zonas del país, tras un fuerte bajón”.

“El sistema eléctrico fue desguazado por este régimen sin importarle el padecimiento de millones de venezolanos. Ningún plan de inversión funcionará mientras los corruptos sigan en el poder. Si queremos futuro tenemos que sacar a Delcy y a su combo. Y eso va. ¡Viva Venezuela libre!”, escribió en X.

El partido Primero Justicia exigió “respuestas inmediatas por parte del Estado ante este nuevo colapso” del sistema eléctrico “ocasionado por la falta de mantenimiento y la corrupción”.

El pasado viernes, la mandataria, quien lleva ocho meses en el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, denunció que el sistema eléctrico está siendo saboteado y manipulado, según dijo, en protesta por los recientes acuerdos petroleros, entre ellos el anunciado con Washington para explotar una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo.

No obstante, expertos y la oposición aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado, principalmente, de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

También fue suscrito un convenio con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura de la industria petrolera.

En junio, el Gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de GE Vernova, mientras que en abril Rodríguez dijo que estaban en negociaciones con Siemens.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos considera imposible mejorar su relación con Venezuela mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc sigan operando “con impunidad” desde territorio venezolano, y vinculó esa situación con una segunda amenaza que describió como global: el uso de drones por parte de grupos criminales y armados.

El alto funcionario del Gobierno de Donald Trump sostuvo en entrevista con Noticias RCN que esa presencia irregular en la frontera no es reciente, sino un problema que, según dijo, lleva entre 10 y 15 años. Añadió que el asunto fue planteado a las autoridades venezolanas y que será un factor central en cualquier acercamiento bilateral.

Rubio sostuvo que ningún país puede aceptar que “bandas criminales terroristas” crucen la frontera para atacar en el territorio nacional y luego regresen bajo la protección del otro lado. Dijo además que Washington habló de ese punto con las autoridades venezolanas y que prestará ayuda frente a esa situación.

El republicano trasladó el foco hacia la tecnología empleada en las ofensivas. Describió a los drones como una amenaza de alcance mundial porque, a diferencia de otros equipos militares de alto costo, pueden ser adquiridos y usados incluso por organizaciones criminales para atacar y amenazar a un Estado.

Rubio condicionó el vínculo con Venezuela al fin de la impunidad del ELN

Al referirse al escenario venezolano, Marco Rubio presentó una tesis directa: la mejora de las relaciones entre los dos países depende de que cese la operación abierta del ELN y de disidentes de las Farc desde ese territorio. “Eso se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países”, señaló.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos remarcó en el mismo diálogo que no se trata de un episodio aislado ni de una denuncia reciente. Según su versión, esa dinámica fronteriza, que lleva más de una década, exige una solución porque impide cualquier normalización real del vínculo bilateral.

Estados Unidos ve en los drones una amenaza que ya no requiere grandes presupuestos

En el segundo eje de sus declaraciones, Rubio advirtió que el desafío de los drones desborda el caso colombiano. “Esto es una amenaza mundial”, afirmó, explicando que este tipo de tecnología redujo la barrera de entrada para ejecutar ataques con capacidad de daño.

El funcionario contrastó esa situación con los sistemas militares tradicionales, que suelen exigir recursos estatales de gran escala. Rubio planteó que el problema no encuentra hoy una respuesta suficiente en los esquemas de defensa existentes.

“En este momento no existe una defensa convencional a eso”, sostuvo, antes de señalar la necesidad de desarrollar defensas nuevas y modernas frente a esa amenaza.

Washington dijo que discute con Colombia nuevas tecnologías de defensa

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno colombiano sobre el frente de nuevas tecnologías de defensa. Presentó esas discusiones como parte de una necesidad compartida y no solo como una oferta de asistencia exterior.

“Sí, pero no solamente estamos dispuestos a ayudar a Colombia, sino también nosotros lo necesitamos para nuestros propios usos”, dijo a Noticias RCN. Con esa frase, ubicó a ambos países ante un interés común en el desarrollo de tecnologías capaces de impedir ofensivas tácticas.

La consecuencia práctica que describió es una agenda de cooperación en seguridad con doble objetivo: frenar acciones de grupos armados que se amparan en la frontera venezolana y avanzar en herramientas de defensa contra drones, una capacidad que Rubio definió como necesaria para Colombia y también para Estados Unidos.

La “economía de los expatriados” ya mueve más de $1.800 millones y se consolidó como el segmento de mayor dinamismo dentro del mercado residencial, de acuerdo con un estudio de la consultora Indesa.

Afirma que la demanda combina compras de vivienda, gastos cotidianos y servicios dirigidos a residentes internacionales.

Esta oportunidad surge de un proceso que empieza con el turismo: una parte de los visitantes prolonga su estadía y luego decide invertir o establecerse en el país.

Indesa sostiene que este ciclo está elevando el peso de los compradores extranjeros en las viviendas de mayor valor y abre negocios más allá del sector inmobiliario.

La inversión extranjera en el mercado residencial superó los $841 millones en 2025, según datos de Indesa Analytics.

Esa cifra, explica, representó un aumento de 53% frente a 2019 y avanzó a un ritmo superior al de la demanda interna en el segmento de propiedades con precios mayores a $120.000.

Durante el primer trimestre de 2026, las adquisiciones realizadas por extranjeros llegaron a $205 millones. El volumen registró un alza interanual de 17%.

La participación de esos compradores alcanzó el 57% del segmento residencial superior a $120.000, el nivel más alto de la serie elaborada por la firma consultora.

Los extranjeros que participan en ese mercado buscan principalmente una inversión o una residencia para el retiro, se indica.

Estados Unidos pasó a liderar la demanda internacional durante los primeros tres meses de 2026.

Los compradores de ese país destinaron $33,6 millones a operaciones inmobiliarias, con un crecimiento de 53% respecto del mismo período del año anterior.

El resultado marcó la primera ocasión en que Estados Unidos superó a Colombia y Venezuela, los dos países que habían encabezado históricamente la demanda extranjera de vivienda en Panamá.

La mediana del precio de venta también distingue a los compradores estadounidenses y europeos. Para los primeros se ubicó en $259.000, mientras que entre los europeos llegó a $310.000.

La actividad vinculada con los expatriados no se limita a la compra de inmuebles. La consultora calcula que los extranjeros residentes con ingresos mensuales superiores a $4.000 generan un gasto corriente anual de $990 millones.

Ese consumo incluye necesidades asociadas con la instalación y permanencia en el país. La demanda abarca asesoramiento patrimonial y migratorio, servicios residenciales, propuestas de bienestar y consumo de productos y experiencias de mayor precio.

Indesa remarcó que el residente internacional requiere una oferta que acompañe distintas etapas de su llegada. La adquisición de una propiedad es solo una parte de un mercado más amplio, que depende de la facilidad para tramitar documentos, encontrar vivienda y acceder a servicios adaptados a ese perfil.

La firma plantea que la capacidad de atender esas necesidades puede definir qué países captan una porción mayor de la demanda regional por movilidad, retiro e inversión residencial.

El flujo turístico mostró un crecimiento de 19,7% interanual en el primer trimestre de 2026. El repunte siguió al incremento de 11,6% registrado durante 2025.

En ese período se consolidó el turismo procedente de Estados Unidos, identificado por Indesa como el de mayor crecimiento desde 2019. Ese movimiento se refleja después en el interés por estadías más largas, inmuebles y residencia.

Manifiesta la consultora que el programa Stopover de Copa Airlines tuvo un papel en la dinamización de ese flujo, según el análisis de la consultora. El turismo es hoy la principal fuente de divisas de Panamá después de la Zona Libre de Colón.

La brecha entre el tránsito aéreo y la llegada efectiva de visitantes muestra un margen de crecimiento. El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza cerca de 20 millones de pasajeros por año, mientras que Panamá recibe 2,3 millones de turistas internacionales.

Para Indesa, esa diferencia revela una conversión todavía limitada entre los pasajeros que pasan por el país y quienes lo eligen como destino. El desafío, afirma, consiste en transformar una parte mayor de esa conectividad en turismo, estadías prolongadas, residencia e inversión.

Chevron duplicará sus plataformas petrolíferas en Venezuela dentro de un nuevo programa de expansión de sus empresas mixtas, una iniciativa que la compañía acompañará con una inversión superior a USD 7.000 millones y con cambios contractuales que habilitaron el recurso al arbitraje internacional, según lo que informó la directora financiera Eimear Bonner en una conferencia de prensa.

Bonner señaló que el aumento de actividad formó parte de una hoja de ruta de cinco años para ampliar la operación de la empresa en el país sudamericano. En ese esquema, la compañía previó incrementar la cantidad de equipos en funcionamiento dentro de sus asociaciones con socios locales.

La semana pasada, la compañía anunció que sus negocios conjuntos apuntaron a más que duplicar su bombeo hasta llegar a 600.000 barriles diarios en 2031. Junto con la expansión operativa, Chevron obtuvo el derecho a resolver eventuales disputas mediante arbitraje internacional, de acuerdo con los nuevos términos contractuales firmados la semana pasada.

La ejecutiva explicó que ese despliegue respondió a una estrategia de desarrollo de los yacimientos en los que participa la firma. La empresa trazó ese programa sobre la base de una expansión sostenida de su capacidad operativa en territorio venezolano.

Bonner agregó que, una vez alcanzada esa meta, la firma proyectó una etapa de estabilidad en niveles similares durante varios años. Según sostuvo, la base de recursos disponible ofreció margen para prolongar ese rendimiento en una primera fase de recuperación de los campos.

El acceso a instancias arbitrales fuera de la jurisdicción venezolana fue durante años una condición reclamada por empresas energéticas con interés en el país. La posibilidad de canalizar conflictos en tribunales internacionales fue considerada una cobertura relevante para futuras inversiones.

La importancia de esa cláusula se explicó por la experiencia de otras compañías que dejaron el país tras la ola de nacionalizaciones de 2007. ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron entonces de Venezuela y sostuvieron desde ese momento que continuaron pendientes pagos vinculados con sus activos.

A diferencia de otras multinacionales, la empresa mantuvo operaciones en Venezuela a lo largo de un período extenso de tensión política e incertidumbre institucional. Esa continuidad le permitió conservar una posición dentro de la industria local mientras cambiaban las condiciones internas y externas para el negocio energético.

El nuevo programa fue presentado después de un giro político que modificó el contexto para las inversiones extranjeras. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó a las petroleras a avanzar en el país tras la salida del ex dictador Nicolás Maduro del poder en enero.

El anuncio integró así dos planos. Por un lado, la empresa avanzó con una ampliación concreta de su operación en áreas petroleras venezolanas. Por otro, aseguró una condición jurídica que otras compañías habían considerado indispensable desde hace años.

(Con información de Reuters)

El titular del Mininter sostuvo que hasta el momento 1.635 extranjeros han sido expulsados del país y aseguró que esa cifra podría aumentar considerablemente si prosperan las coordinaciones que el Ejecutivo mantiene con las autoridades venezolanas.

“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, afirmó Astudillo durante su exposición.

El ministro no precisó cuándo comenzarían estos traslados marítimos, desde qué puerto se efectuarían, cuál sería su capacidad ni qué acuerdos específicos se encuentran actualmente en negociación con Caracas.

Ministro: “Estar en situación migratoria irregular no es delito”

Durante su intervención, Astudillo hizo una distinción entre permanecer en el Perú en condición migratoria irregular y retornar al país después de haber sido expulsado.

“Ser ilegal en el país no es delito”, señaló, utilizando ese término durante su exposición. Añadió que el escenario cambia cuando una persona sobre la que ya pesa una medida de expulsión vuelve a ingresar al territorio peruano.

Según explicó, las autoridades vienen incorporando información biométrica y otros datos de identificación de las personas expulsadas con el objetivo de detectar eventuales reingresos utilizando documentación distinta.

El anuncio se produce en momentos en que el Ejecutivo viene intensificando los operativos de fiscalización migratoria. Migraciones informó en julio que durante 2026 había realizado más de 2.500 operativos de verificación y control migratorio en coordinación con la Policía Nacional.

La cifra mencionada por Astudillo sobre la cantidad de venezolanos residentes en el Perú —cerca de dos millones, según manifestó ante la comisión— fue presentada por el ministro durante su exposición. Las estadísticas disponibles sobre población venezolana varían según la fuente, el periodo y si se contabiliza población residente, movimientos migratorios o personas con determinado estatus documental.

Perú ya realizó expulsiones de venezolanos hacia Caracas

La eventual utilización de barcos supondría ampliar una política de expulsiones que el Ejecutivo ya empezó a ejecutar mediante transporte aéreo.

El pasado 2 de agosto, el Gobierno trasladó desde el Callao hacia Caracas a tres ciudadanos venezolanos identificados como integrantes del Tren de Aragua que habían cumplido condena en Perú. Los tres fueron enviados en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea y viajaron bajo custodia policial para ser entregados a las autoridades venezolanas.

En agosto, Migraciones también informó sobre la expulsión de 42 extranjeros en situación irregular, como parte de operativos realizados junto con la División de Extranjería de la PNP.

La expulsión es una medida administrativa que debe aplicarse de manera individual conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación migratoria. Por ello, el anuncio de traslados de grupos numerosos por mar todavía requerirá precisar quiénes estarían comprendidos, bajo qué procedimientos se ejecutarían las medidas y cómo se coordinaría su recepción en Venezuela.

Astudillo pasó a sesión reservada por inseguridad ciudadana

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del ministro ante la Comisión de Defensa, donde también respondió preguntas sobre extorsión, venta informal de chips, acceso policial a información bancaria y funcionamiento del sistema de justicia.

Astudillo cuestionó que chips telefónicos puedan adquirirse sin una adecuada identificación de los usuarios y sostuvo que ello dificulta rastrear comunicaciones utilizadas para amenazas y extorsiones.

Tras las preguntas formuladas por los parlamentarios sobre aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, el titular del Interior solicitó que parte de su exposición continuara en sesión reservada.

El chavismo cumplió dos semanas sin actualizar los datos sobre los terremotos del 24 de junio. El parte oficial más reciente se publicó el 24 de agosto, dando cuenta de 6.509 fallecidos, 6.462 rescatados y 226 mil 696 personas atendidas en hospitales.

Tras el doblete sísmico, el gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó a difundir balances diarios. De repente y sin mediar explicación, pasó unos días sin emitir información para luego retomar los boletines con carácter semanal.

La periodicidad no fue lo único que cambió. También modificaron los elementos que reseñaban. En los primeros ofrecían las cifras de heridos, familias atendidas, campamentos transitorios, personas en campamentos, efectivos desplegados, damnificados, edificios afectados y colapsados, y hasta la cantidad de réplicas que habían contabilizado.

Todos esos elementos desaparecieron de los balances, que ahora -cuando aparecen- son extremadamente sucintos, brindando apenas el estatus de las viviendas evaluadas, el número de entregadas y las toneladas de escombros recogidos, que superan las 600 mil toneladas hasta el 24 de agosto.

La información está congelada, pero en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, los familiares continúan buscando los cuerpos de sus seres queridos entre las ruinas.

Preocupación

Distintos grupos de la sociedad civil han exigido transparencia al régimen chavista, que históricamente se ha caracterizado por su opacidad y manipulación de los datos.

Provea subrayó que las autoridades no han entregado un dato actualizado sobre los desaparecidos por los terremotos desde el 25 de junio, un día después del cataclismo. En aquella oportunidad, hablaron de solo 157 desaparecidos.

“Iniciativas ciudadanas han denunciado miles de personas con paradero desconocido, sin que exista un registro público que respalde. Exigimos al Estado venezolano actualizar y publicar ambas cifras (fallecidos y desaparecidos) de forma continua. La información salva vidas y es una obligación del Estado”, manifestó la ONG defensora de Derechos Humanos.

Quince organizaciones promotoras de DDHH pidieron al Departamento de Estado que “utilice su intermediación” ante el régimen para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas pública sobre toda la ayuda humanitaria: la publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.

La defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se comprometió este lunes en Caracas a continuar la revisión de casos de 328 presos políticos, mientras sus familiares protestaron frente a la sede del organismo para exigir respuestas y acompañamiento en la búsqueda de su liberación, según informó la agencia de noticias EFE.

La presión callejera abrió una semana de movilizaciones bajo la agenda llamada “Ruta de las respuestas pendientes”, que incluyó visitas a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Miraflores. El ciclo cerrará el domingo con manifestaciones en plazas dentro y fuera del país.

González Lobato dijo a la prensa que la institución tiene un equipo de seguimiento que recibirá a “todos los familiares” y revisará los expedientes que presenten, junto con las actuaciones ya realizadas. Agregó que en muchos de esos casos se requiere una articulación interinstitucional.

Los familiares llevaron la protesta a tres sedes

La funcionaria afirmó que, tras la revisión prevista para este lunes, la Defensoría hará declaraciones “a la brevedad posible”. La exigencia de los manifestantes fue doble: atención individual para cada caso y visitas e inspecciones a los centros de reclusión.

La activista Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, dijo a la agencia que luego sostuvieron una reunión con la defensora. Según relató, la funcionaria se comprometió a revisar expedientes con patologías graves de salud, penas cumplidas y retardo procesal.

Los familiares de presos políticos iniciaron cuatro protestas en una semana y buscaron interlocución con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Ejecutivo. La consecuencia inmediata fue el compromiso oficial de revisar expedientes y coordinar gestiones sobre casos de salud, condenas ya cumplidas y demoras judiciales.

La próxima escala apuntó al palacio presidencial

De acuerdo con la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, todavía hay 328 detenidos en el país pese al proceso de excarcelaciones que comenzó en enero. Ese proceso permitió la salida de cientos de personas, entre ellas extranjeros.

“Ni uno ni dos, que sean todos”, corearon los manifestantes frente a la Defensoría. Antes, Ávila también pidió la presencia de la Cruz Roja Internacional en la cárcel de El Rodeo I y reclamó que esa organización hiciera públicas las necesidades observadas en distintos centros de reclusión.

El coordinador del equipo jurídico de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que los familiares no solo exigieron liberaciones, sino también el fin de “los maltratos a los presos”. Añadió que este lunes lograron avanzar en una coordinación con funcionarios de la Policía Nacional y la Defensoría para garantizar que el próximo viernes puedan ir a Miraflores.

Ese día, el grupo convocado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregará una comunicación dirigida a Delcy Rodríguez y a su Gobierno, en un lugar custodiado donde se prohíben protestas antigubernamentales.

Entre los recientes nombramientos ordenados por la presidente interina Delcy Rodríguez, hay uno en la resolución 1651, del 7 de septiembre 2026, que destaca por su peso simbólico y político, el del general de Brigada (Ej) Jean Carlos Beomontt Valecillos, quien asume el mando de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en relevo del GB Yoel Córcega Caraballo.

Beomontt era el comandante de la unidad de Fuerzas Especiales enviada a Apure en el marco del conflicto con las disidencias lideradas por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, cuya estructura en la zona estaba bajo el mando de alias Arturo y alias Ferley. Al aterrizar en helicóptero, la unidad fue emboscada y capturada.

El ahora general Jean Beomontt no es un oficial cualquiera. El 23 de abril 2021, fue el militar de más alto rango secuestrado, junto a otros siete militares, por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure. Permanecieron más de un mes en cautiverio, hasta que la guerrilla los liberó a finales de mayo de ese año.

Aunque el entonces ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que los ocho militares habían sido “rescatados” en la operación Águila Centenaria, la realidad fue distinta: la guerrilla los entregó horas después de que la FANB aceptara retirarse de las zonas en disputa, donde se enfrentaban el ejército venezolano y el grupo armado colombiano.

La retirada se concretó el 28 de mayo, cuando los funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional abandonaron las alcabalas entre La Victoria y. La Soledad, dejando solo dos de las siete 7 alcabalas o puntos de control. La retirada de las tropas venezolanas fue celebrada por la guerrilla en los pueblos de La Victoria, El Ripial, La Capilla y Santa Rosa.

Durante el cautiverio, las disidencias de las FARC difundieron dos videos en los que los oficiales venezolanos afirmaban recibir “buen trato”, contar con “medicina y alimentos” y que “todo se puede solucionar con diálogo”. Estos mensajes fueron grabados bajo presión, según le dijeron a Infobae fuentes militares.

En uno de los videos el comandante Jean Carlos Beomontt Valecillos lee un comunicado, manifestando “Ya queremos estar con nuestras familias y poner en práctica la lección aprendida”.

Los ocho militares que las FARC reconoció tener en su poder eran el teniente coronel (Ej) Jean Carlos Beomontt Valecillos, primer teniente Jhonny Yaguare; los tenientes de fragata Álvaro Flores Berroterán, José Emilio Torres Pérez y Luis Cova; los sargentos Mayor de Tercera José Antonio Ramos Dávila, de Segunda Estiben Aular Lara y Sargento Mayor Paul Hernández.

Nacido el 12 de septiembre de 1978, Beomontt egresó en el año 2000 como parte de la promoción “General en Jefe Juan José Flores”. Como teniente coronel comandó el 992 Batallón de Fuerzas Especiales y fue instructor maestro en la Escuela de Operaciones Especiales “G/D Andrés Rojas”, donde ejerció como director hasta octubre de 2025.

En la resolución 1651 del 7 de septiembre 2026, además del ya mencionado general Beomontt , también fue nombrado el GB José Luis Terán Albarrán para comandar la 42 Brigada de Infantería Paracaidista “Comandante Hugo Chávez Frías” en reemplazo del GB Duglas Enrique Pérez Soto.

En las Brigadas

En el Ejército, por disposición de la resolución 1648 del 7 de septiembre 2026, permanecen en sus cargos los comandantes de las brigadas 11 Blindada y 13 de Infantería. En la 11 Brigada Blindada “GB Pedro José Ruiz Rondón” El General de Brigada (GB) Gustavo Enrique Benavides Sanchez y en la la 13 Brigada de Infantería, el GB Felipe José Querales Rodríguez.

Hay nuevos jefes en las restantes cuatro. En la 12 Brigada Caribe “General en Jefe Almidien Ramón Moreno Acosta” asume el GB Carlos Román Sánchez Hernández, en reemplazo del GD Alex Alberto Monsanto Obando.

En la 14 Brigada de Infantería Mecanizada “General de División Domingo Faneite Medina” fue designado el GB Alexander José Alcántara Durán, quien sustituye al GB Jhoan Antonio Marquez Flores.

Para la 41 Brigada Blindada “Capitán Juan Angel Bravo García” fue enviado el GB Nerio Enrique Schmilinski Dávila, en relevo del GD Jesús Manuel Carpio Medina.

En la 81 Brigada Logística “GD Mariano Montilla” en lugar de un general comanda el coronel Pablo José Camacaro Martínez en reemplazo del GD José Sebastián Mota.

Dos resoluciones

Con la resolución 1649 fue ratificado el GB Luis Eduardo Rada Sequera en la 21 Brigada de Infantería y el GB Carlos Manuel Quijada Bermúdez en la 62 Brigada de Combate “GB Luciano Urdaneta” del Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

En la 22 Brigada de Infantería fue designado el GB Jhan Frank Romero Dale quien reemplaza al GD Acisclo Guillermo Chaparro Godoy.

Para la 25 Brigada de Infantería mecanizada nombraron al GB Javier Paúl Páez López quien releva al GD Miguel Darío Colmenares Coronado.

En la resolución 1650 se contemplan nombramientos en las brigadas de Artillería de Campaña y las Caribe. Para la 43 Brigada de Artillería de Campaña designado el GB Jose Damián Monsalve Maldonado, en reemplazo del GD Marlon Alexandr Ramírez Chacón.

Para la 91 Brigada de Caballería Blindada e Hipomóvil “GB Pedro Pérez Delgado” fue designado el GB Helmer Miguel Prato Veloz, quien reemplaza al GD Luis Enrique Pinto Rosales. En la 92 Brigada Caribe asume el GB Jhobermar Antonio Escalona Yusti, en sustitución del GB Marco Antonio Cabeza Morales.

Los Ingenieros y Caribes

La resolución 1652 contempla los nombramientos en unidades del Ejército como la 32 Brigada Caribe para la que fue enviado a comandat el GB Rogelio Enrique Antúnez González, en sustituión del GD Okler Roberto Yustiz Castillo.

Los oficiales ratificados son: en la Brigada Caribe de Seguridad y Desarrollo Social “General en Jefe Ezequiel Zamora” el GB Jonnathan Márquez Vargas; y en la 33 Brigada Caribe el GB Pawer Avelino González García.

En la 63 Brigada de Ingenieros de Construcción y Mantenimiento “GB Juan Aguerrevere y Echenique” del Sexto Cuerpo de Ingenieros designaron al GB Valentín Antonio Acosta Canelones, quien relevó al GB Luisarvelio Junior Ramirez Garcia.

Los oficiales ratificados son: en la Brigada Caribe de Seguridad y Desarrollo Social “General en Jefe Ezequiel Zamora” el GB Jonnathan Márquez Vargas; en la 33 Brigada Caribe el GB Pawer Avelino González García; y en la 83 Brigada Logística “GD José de Austria” el GB Frank Ramón Bermúdez Querales.

Sostiene la resolución 1653 quienes son los comandantes de tres Brigadas de Infantería de Selva y una Especial. En las Brigadas de Infanterìa de Selva 51, 52 y 53 solo hay un nuevo comandante y dos ratificaciones.

En la 51 Brigada de Infantería de Selva ratifican al GB Yenfris Duvaldo Mota Ávila y en la 52 Brigada de Infantería De Selva “GJ Alberto Müller Rojas” al GB Óscar Eduardo Carrasquel Vargas.

Hay nuevo comandante en la 53 Brigada De Infantería De Selva “Teniente Coronel Jesús Miguel Ortiz Contreras” y es el GB Martín Socrate Rodríguez Sotillo, quien reemplaza al GB Manuel Alfredo Vera Salazar.

Para la 94 Brigada Especial “Negro Primero” nombraron al GB Randolf José Mejías, en reemplazo del GB José Luis Terán Albarrán.

Infanterías y Policía Militar

La resolución 1654 establece los jefes militares de seis Brigadas. Ratificados los comandantes de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, GB Carlos Esteban Castillo León; el de la 35 Brigada de Policía Militar “Libertador José de San Martín”, GB Idolando Reinoso Landaeta; y uno del Sexto Cuerpo de Ingenieros, el de la 64 Brigada de Ingenieros Ferroviarios “GJ Ezequiel Zamora”, el GB Nordys Ramón Justo Pinto.

Los dos nombramientos son los de la 61 Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros “GB Agustín Codazzi” del Sexto Cuerpo de Ingenieros, siendo designado el GB Eudys Antonio Santini Reyes, en reemplazo del GD Ezequiel Ramón Espinoza Escobar. Y en la 82 Brigada Logística “GD José María Carreño Blanco” donde fue nombrado el GB Manuel Alejandro Belisario Castillo en reemplazodel GD Trino Alexánder Pabón Castellanos.

La resolución 1655 establece dos cambios en el Ejército. Para el Sexto Cuerpo de Ingenieros asignaron al GD Ezequiel Ramón Espinoza Escobar quien sustituye al GD Marlón Rafael Hernández Barrios. Y en el Comando de la Aviación nombraron al GB Tomás Emilio Requena Montagna en reemplazo del GD Henry Alfredo Briceño Rojas.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró durante julio 509 protestas en todo el país, lo que representa 246% más que las contabilizadas en el mismo mes de 2025. En junio, esta organización documentó 483 manifestaciones.

“La conflictividad social estuvo marcada principalmente por las exigencias relacionadas con el derecho a la vivienda y los servicios básicos. Vecinos de distintas regiones reclamaron acceso a electricidad, agua potable y combustible, en un contexto agravado por los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026”, reseña el último informe publicado por esta ONG.

De acuerdo con este balance, 317 manifestaciones respondieron a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), 62% del total. La demanda de derechos civiles y políticos activó las otras 192.

“Familiares de presos políticos, víctimas y organizaciones sociales continuaron reclamando libertad, debido proceso, garantías judiciales y el cese de actuaciones arbitrarias. Paralelamente, distintos sectores exigieron mayores garantías para la participación política y denunciaron abusos de autoridad”, recogen en el análisis.

Con vigilias, marchas y concentraciones, los familiares de los más de 300 políticos que aún siguen tras las rejas llevan meses en las calles clamando por la libertad de sus seres queridos. Este grupo trata de ejercer presión para que la presidenta encargada Delcy Rodríguez cumpla su palabra de excarcelar a todos los detenidos por razones políticas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) convocó a una concentración para este miércoles 9 de septiembre ante la sede del Ministerio Público, al que solicitan respuestas ante sus denuncias de torturas, malos tratos y desapariciones. “Investigar no es abrir un expediente. Es actuar, informar y producir resultados”, subrayan los afectados.

Víctimas

El OVCS destaca que el doblete sísmico del 24 de junio, que ha dejado más de 6 mil muertos, se convirtió en un catalizador de la efervescencia popular.

“Comunidades afectadas por los terremotos exigieron atención gubernamental, búsqueda y rescate de personas desaparecidas, distribución oportuna de agua y alimentos, transparencia en la entrega de ayuda humanitaria y materiales para la reconstrucción de viviendas”, describen al caracterizar las manifestaciones ocurridas en julio.

Apuntan que a las quejas por las fallas de los servicios de electricidad y agua potable, se sumó el hecho de que “habitantes de distintas regiones protestaron por la escasez y las irregularidades en el suministro de gasolina, indispensable para la movilidad, el transporte público y distribución de alimentos”.

“Las 509 manifestaciones documentadas evidencian una ciudadanía con mayor disposición a recuperar el espacio público, expresar sus demandas y ejercer pacíficamente sus derechos. Este incremento adquiere especial relevancia después de un período marcado por el temor, la criminalización de la protesta y las restricciones al espacio cívico”, concluye el Observatorio.

Venezuela avanza hacia la incorporación de inteligencia artificial china a su sistema de vigilancia estatal, según un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés) difundido este martes.

El documento revela que, meses antes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado, el régimen venezolano firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek para adoptar sistemas de IA que se sumarían a la infraestructura de monitoreo ya existente en el país.

El acuerdo, firmado en julio de 2025, marca un punto de inflexión en la relación tecnológica entre Caracas y Beijing. Según el informe, se trata del primer pacto conocido de Venezuela para adquirir capacidad de inteligencia artificial china, y no solo hardware, como había ocurrido en las dos décadas previas con la importación de cámaras, redes, sistemas de identidad y centros de comando. iFlytek es una firma china incluida en la lista de sancionadas por Estados Unidos desde 2019 y proveedora de sistemas de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) para el aparato de censura y automatización judicial del gobierno chino.

Delcy Rodríguez negoció el pacto con iFlytek meses antes de asumir la presidencia interina

La negociación del memorando estuvo a cargo de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro y hoy presidenta interina de Venezuela, designada por Estados Unidos tras la captura del ex dictador. El acuerdo se selló durante la Gran Expo China-Venezuela, celebrada en Caracas, y fue suscrito junto al embajador chino Lan Hu. El paquete incluyó, además de la cooperación en IA “soberana”, acuerdos sobre recursos hídricos y cooperación económica y técnica.

El informe de ASPI subraya que Rodríguez fue una figura central en el manejo del aparato de vigilancia política venezolana antes de asumir el cargo actual. Supervisó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la expansión del sistema de comunas, ambos considerados pilares de la infraestructura de control político del Estado. “Sin presión externa, específicamente de Estados Unidos, no puede esperarse que Rodríguez tome medidas autónomas para desmantelar los sistemas de vigilancia de Venezuela”, señala el documento.

Bajo su gestión como mandataria interina, el Estado venezolano no ha liberalizado ni desmantelado el régimen de vigilancia heredado del chavismo. Un informe del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, citado por ASPI y publicado en marzo, encontró que la infraestructura de vigilancia venezolana permanece “totalmente operativa” después de la salida de Maduro del poder.

Sus autores concluyeron que “las capacidades tecnológicas y los marcos institucionales para el control autoritario trascienden el liderazgo individual y requieren un desmantelamiento deliberado, más allá del simple cambio de autoridades”.

Una sala nacional de mando centraliza datos sobre quejas ciudadanas y actividad política

Un paso clave hacia la integración de la inteligencia artificial fue la creación, en enero de 2025, de una sala nacional de mando destinada a gestionar un sistema confederado de salas de datos locales. Esa estructura corre sobre sistemas de control de fabricación china, construidos durante la última década, y recopila información sobre quejas ciudadanas, distribución de beneficios sociales y actividad política de base.

Según el informe, la arquitectura de vigilancia venezolana no fue diseñada como un sistema único e integrado, sino que surgió de manera incremental a través de inversiones separadas en telecomunicaciones, identidad digital, monitoreo de seguridad pública y control de internet, con apoyo de empresas chinas y, en el ámbito de seguridad e inteligencia, de Cuba.

El documento describe seis áreas interconectadas: infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de identidad y registro digital, bases de datos centrales, redes de vigilancia y monitoreo, capacidades emergentes de analítica e inteligencia artificial, y sistemas de control de contenido en internet.

El riesgo no es que Venezuela haya reproducido el modelo de Estado de vigilancia chino, sino que la tecnología china —y cada vez más la inteligencia artificial— pueda hacer más eficaz el sistema de coerción ya existente, plantea el informe. La capa de inteligencia artificial permitiría conectar y explotar de forma más efectiva los datos que el Estado ya recopila, en lugar de crear un aparato completamente nuevo.

El régimen chino perfecciona el modelo que exporta

El informe de ASPI describe al régimen de China como “el líder mundialmente reconocido” en el despliegue de sistemas de inteligencia artificial, incluidos los modelos de lenguaje de gran escala, para profundizar la vigilancia y la represión dentro de sus propias fronteras. Tras la revolución de los LLM iniciada en 2023, Beijing promovió activamente la incorporación de estas herramientas en todos los niveles de gobierno, un objetivo consagrado en su iniciativa “IA+” y en el más reciente Plan Quinquenal.

Esa expansión ya transformó la censura en línea en China: una tarea que antes recaía en decenas de miles de “gestores de contenido” empleados por empresas ahora es realizada en gran medida por inteligencia artificial. El endurecimiento de las leyes de censura chinas generó demanda de soluciones más económicas y rápidas, lo que impulsó a las grandes tecnológicas del país a desarrollar software de censura basado en LLM disponible para la venta.

iFlytek ejemplifica ese modelo de negocio. Fundada en Hefei en 1999, la compañía se convirtió en un referente global del reconocimiento de voz y el procesamiento de lenguaje, y desarrolló un sistema piloto de vigilancia para el Ministerio de Seguridad Pública chino. Su tecnología de reconocimiento de voz incluye un servicio de identificación por huella vocal que permite inscribir voces en una base de datos y compararlas contra un registro, de manera individual o masiva, la base técnica para identificar a una persona específica dentro de una población por su sonido. La misma tecnología de voz sustenta los sistemas de vigilancia que iFlytek suministró a agencias de seguridad pública en Xinjiang, motivo por el cual fue incluida en la lista negra comercial de Estados Unidos.

El vínculo diplomático se intensificó desde la visita de Maduro a China en 2023

El informe reconstruye una secuencia de acercamientos diplomáticos que antecedió al acuerdo con iFlytek. En septiembre de 2023, Maduro viajó a China para una visita de Estado en la que ambos gobiernos elevaron su vínculo a una “asociación estratégica todo el tiempo”, la primera designación de este tipo otorgada a un país latinoamericano, y firmaron un paquete de acuerdos de cooperación en energía, finanzas, telecomunicaciones y economía digital.

Durante ese viaje, Maduro visitó la isla de inteligencia artificial de Zhangjiang, en Shanghái, donde la ministra de Ciencia venezolana, Gabriela Jiménez Ramírez, elogió la instalación como modelo para la investigación y aplicación industrial de la IA.

En diciembre de 2024, el vicepresidente chino Han Zheng se reunió con Rodríguez en el marco de una revisión del mapa de cooperación bilateral. Según la lectura oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Rodríguez afirmó que Venezuela estaba “lista para aprender de la exitosa experiencia de gobernanza de China”. Meses después, en abril de 2025, visitó las instalaciones de iFlytek en Beijing para explorar la cooperación en inteligencia artificial aplicada a los sectores de hidrocarburos, salud y educación, y sostuvo que “solo China” podía garantizar que el sur global tuviera acceso a la inteligencia artificial “para el desarrollo y no para la dominación”.

La colaboración continuó expandiéndose durante 2025: en mayo, el Ministerio de Ciencia venezolano anunció que 25 científicos viajarían a China para un programa de formación en inteligencia artificial de un mes; en junio, el embajador chino Lan Hu se reunió con Jiménez para abordar cooperación en ciencia, salud, formación de recursos humanos, espacio e IA. En julio, la ministra se reunió con el ejecutivo de iFlytek Jin Lin, junto a funcionarios de los ministerios de ecosocialismo, salud, hidrocarburos, defensa, educación y comunicación, en lo que describió como el inicio de la agenda de cooperación en inteligencia artificial de Venezuela con China.

Un documento oficial plantea la existencia de una “guerra cognitiva” librada por Occidente

El informe pone especial atención en un libro publicado en 2025 por el Ministerio de Ciencia venezolano, con prólogo de la propia Jiménez, que describe una “guerra cognitiva” librada por Occidente a través de una oposición doméstica acusada de difundir “información falsa” con el objetivo de capturar las mentes de los venezolanos.

El texto condena el uso de inteligencia artificial, algoritmos y redes digitales como instrumentos de vigilancia y manipulación, sin explicar por qué esos mismos instrumentos resultan aceptables cuando provienen de Beijing, señala ASPI.

En enero pasado, el mismo ministerio publicó un documento sobre “guerra cognitiva” que define ese concepto como una forma de conflicto cuyo objetivo “no es la destrucción física del enemigo, sino la anulación de su capacidad de pensamiento crítico”, librada de forma continua a través de redes sociales, medios y plataformas de entretenimiento. Como remedio, el texto propone el uso de “herramientas de inteligencia artificial que detecten patrones de manipulación en tiempo real”.

Ese marco ideológico convive con un contexto de represión documentado. Según cifras citadas en el informe, alrededor de dos mil personas fueron detenidas de forma arbitraria en los meses posteriores a las disputadas elecciones de julio de 2024. En marzo pasado, investigadores de la ONU documentaron decenas de detenciones con motivación política ocurridas después de la salida de Maduro del poder.

La organización venezolana de derechos humanos Foro Penal reportó en abril de 2026 que, si bien cientos de presos políticos fueron liberados desde enero de ese año, 473 permanecían tras las rejas.

La capacidad aún no está construida, pero la dirección es clara

El informe de ASPI enfatiza que, hasta el momento, no existe evidencia pública de que sistemas de inteligencia artificial chinos operen dentro del aparato de vigilancia venezolano. La capa de IA está anunciada pero no construida, lo que —según el documento— abre una ventana de tiempo estrecha pero crucial para evitar un mayor arraigo del aparato de vigilancia del país.

Entre los riesgos concretos que identifica el informe figura la posibilidad de que el reconocimiento facial aplicado a la red de cámaras existente, el reconocimiento de huella vocal aplicado al sistema de telecomunicaciones que el Estado ya controla, y el cruce automatizado con el registro de identidad Patria permitan al gobierno identificar, ubicar y clasificar a personas sin necesidad de que estas actúen primero. Esa capacidad de predicción, advierte el documento, desplazaría un aparato de seguridad reactivo hacia uno anticipatorio, con el riesgo de detenciones basadas en lo que un sistema pronostica que una persona podría hacer, y no en hechos concretos.

Venezuela depende hoy de China para las computadoras, los chips y los modelos que sustentarían ese salto tecnológico, y la distancia entre lo que el gobierno ha anunciado y lo que puede desplegar en la práctica sigue siendo amplia, reconoce el informe. Aun así, sus autores sostienen que la dirección del proceso “está sin ambigüedades, y así lo dice el propio Estado en sus documentos”: un gobierno que trata el espacio de la información como un campo de batalla y que ya identificó la herramienta que busca incorporar.

El 7 de mayo del año pasado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos había liderado una operación secreta para liberar a los cinco dirigentes de la oposición venezolana que se encontraban refugiados en la embajada argentina en Caracas. Fueron más de 400 días de amenazas y asedio por parte de las fuerzas del ex dictador Nicolás Maduro, quien había recrudecido la persecución contra el entorno de María Corina Machado tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Dieciséis meses después, Maduro ya no está. El sucesor de Hugo Chávez se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, acusado de narcoterrorismo.

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la Premio Nobel de la Paz, fue uno de los cinco opositores que estuvieron refugiados en la casa diplomática. En los últimos días visitó Buenos Aires para participar de una serie de eventos sobre democracia y desafíos regionales, en el que fue su primer viaje a Argentina desde el rescate del grupo. En diálogo con Infobae, el dirigente opositor venezolano contó detalles de la persecución que sufrieron y cómo el operativo de rescate -encabezado por Washington- expuso fisuras dentro del aparato represivo venezolano que, con el tiempo, contribuyeron a la caída de Maduro.

Pero aunque Maduro ya no está en el poder, en cada viaje que hace al exterior, Urruchurtu se encuentra con el mismo reclamo de la diáspora venezolana: “Quieren votar”. En ese sentido, afirmó que cualquier transición debe incluir el registro electoral de los millones de venezolanos que se encuentran en el exterior, así como “justicia, memoria y reparación” como condiciones indispensables para avanzar. Consultado sobre el proceso de diálogo iniciado entre un sector de la oposición y el chavismo, del cual el equipo de Machado decidió no formar parte, sostuvo que se mantienen expectantes y que evaluarán su desarrollo. Pero fue tajante respecto a la postura de su espacio: “Debe derivar en un calendario electoral y las condiciones para que haya una elección presidencial”.

También se refirió al acuerdo petrolero anunciado recientemente por Estados Unidos y Venezuela: advirtió que “la ausencia de institucionalidad y estado de derecho” vuelve insostenible cualquier proyecto económico de largo plazo, aunque remarcó que la oposición no se opone a acuerdos energéticos siempre que exista un gobierno legítimo que los respalde.

Anticipó, por su parte, que el regreso de María Corina Machado a Venezuela ocurrirá en cuestión de semana: “Su retorno es inminente”.

-Fueron más de 400 días en la embajada argentina en Caracas hasta que lograron escapar en mayo del año pasado. ¿Cómo atravesaron esa situación, y qué puedes contar de lo que fue el rescate?

-Todo lo que se denunció y se supo fue muy grave. Incluso este viaje me ha servido para conocer detalles de dinámicas o situaciones de quienes estaban al frente de las decisiones o quienes estaban buscando solucionar la tragedia que estaba ocurriendo en ese contexto, sumado al terrorismo de Estado que ocurría fuera de la embajada en el país. Enterarte aquí de cosas, de las decisiones o de las dificultades, de la presión del régimen, todo eso obviamente te genera siempre una mezcla de emociones.

-¿Presión hacia la Argentina?

-Claro. Y hacia nosotros, evidentemente. Entonces es un momento que me ha servido mucho para entender un poco esa parte. Tú, por ser un rehén, no te puedes enterar de todo, porque eso también te afecta. Creo que lo más grave fue el hecho de haber convertido una embajada en una prisión frente a los ojos del mundo. Es decir, omitiendo todo el derecho internacional, violando todas las convenciones habidas y por haber. Fue muy duro; porque fue poco a poco ir apretándote, quitándote las condiciones elementales de subsistencia con la intención de quebrarnos, y probablemente que nos entregáramos. Pero a medida que más nos apretaban, yo creo que más nos ratificábamos nosotros mismos que no nos íbamos a entregar y que íbamos a estar hasta lo último que pudiéramos. Y si nos tocaba quedarnos adentro, morir adentro, pero no entregarnos ni aceptar nada de lo que se nos acusaba injustamente. Hasta que se da el rescate, que evidentemente fue un esfuerzo coordinado de mucha gente dentro y fuera de Venezuela, pero esencialmente donde Estados Unidos jugó un rol decisivo, tanto en el rescate como en toda la movilización que nos permitió salir de allí. Obviamente hay muchos detalles que aún no se pueden saber, porque el nivel de ayuda y de involucramiento de actores fue muy importante y hay gente que sigue ayudando y que sigue manejando información.

-¿Te imaginabas en ese entonces que hoy, poco más de un año después, Venezuela iba a estar en esta coyuntura? Me refiero esencialmente a ya sin Maduro en Miraflores, y detenido en una cárcel de Estados Unidos.

-Yo creo que después del 28 de julio del 2024, por el nivel de terror que se sembró y la represión y el control desmedido y todo esto, sí parecía que era insostenible esa dinámica por mucho tiempo. Creo también que lo más importante de nuestro rescate y salida de la embajada es que evidenció primero unas grietas que existían ya en el aparato represivo. Y luego, les generó a ellos una gran contradicción y un gran temor. Nuestro escape vino a ser una suerte de un primer golpe muy fuerte al aparato represivo en su propia cara y que ahí se dieron cuenta que había cosas que había que tomarse en serio. Luego, por supuesto, con todo el despliegue militar en el Caribe, llegó un punto en el que nosotros sabíamos que algo iba a pasar. Eventualmente, sabíamos que todo este despliegue tenía un propósito. Quince meses después, yo creo que haber salido de allí era lo correcto, por lo que el régimen estaba pensando hacer contra nosotros, que era desaparecernos. Este año en el exilio también nos ha hecho entender que esto era un proceso en desarrollo, que era indetenible y que todavía estamos viendo un proceso y donde nosotros jugamos un rol clave a partir del liderazgo de María Corina para que esto derive en una transición de verdad, pero que evidentemente la salida de Maduro era indispensable.

-¿Crees que esas fracturas también facilitaron la captura de Maduro?

-Sí, sin duda. Y creo que hoy son las mismas contradicciones y fracturas que también están afectando al régimen. Porque primero es el mismo régimen que sigue en el poder, pero un régimen que hoy por sobrevivir ha tenido que negarse a sí mismo, su naturaleza ideológica y sus relaciones históricas. Y eso evidentemente les está generando fricciones, grietas, cuestionamientos, contradicciones, porque es un régimen que hoy se ve obediente ante los Estados Unidos; mismos Estados Unidos que hasta hace un año condenaban públicamente e insultaban. Creo que es un sistema donde, producto de una misma dinámica mafiosa como la de ese régimen, los grupos de poder chocan entre sí, buscan sobrevivir. Y eso revela una fuerte contradicción que yo creo que en el caso de Maduro se vio. Y creo que ahora también lo seguimos viendo con un aparato represivo que después del 3 de enero está bastante aplacado. No desmantelado porque sigue en pie, pero ha tenido que ceder, ha tenido que aplacarse, y por eso hemos visto una reducción dramática de la persecución como la vimos en ese terrorismo de estado desplegado. No quiere decir que no estén fastidiando, que no estén vigilando, que no estén esperando el momento para si fuera necesario ir más allá. Pero claramente hoy tienen una presión encima que les genera mucho estrés, mucha tensión, en un contexto donde ellos saben que están más débiles que nunca.

-¿Y cuán sostenible es esto?

-Mira, yo creo que después de los terremotos, el régimen demostró que no tiene la capacidad ni tampoco la intención de gestionar de una manera eficiente, porque no puede, es su naturaleza.

-¿La intención en qué sentido?

-De lavarse la cara, de si hubiera podido lavarse la cara y mostrarse como una gerente. Para diferenciarse del sistema del que ella fue parte, pero al final ratificó lo que el régimen es. Es decir, no hubo respuesta ante los terremotos y la respuesta que hubo fue tardía y fue ineficiente. Entonces, yo creo que incluso en un contexto donde Estados Unidos claramente ve en Venezuela una oportunidad, por la energía, por el petróleo, por todo lo que estamos viendo, al mismo tiempo se dan cuenta de que esto no es sostenible a largo plazo. Si no tienes institucionalidad, si no tienes estado de derecho, si no tienes garantías… Eso te complica mucho una lógica donde Estados Unidos requiere una Venezuela estable y un socio estable; lo de hoy representa todo lo contrario a orden y estabilidad. Nadie confía, la gente los detesta, la comunidad internacional los ve con duda y con temor, y eso no es sostenible para ninguna inversión a largo plazo. Partiendo además de que es un país que está bastante mermado en sus capacidades. Es decir, hoy para producir petróleo tienes que dejar a medio país sin electricidad. Reconstruir el sistema eléctrico toma tiempo. Es un régimen que ha demostrado que no tiene la capacidad de avanzar. Primero, porque probablemente no puede; y segundo, porque no tiene una vocación reformista, tiene una vocación de sobrevivir al sistema actual. Y yo creo que en esa dinámica de supervivencia, el régimen lo que está apostando es a que pase el tiempo e intentar superar esta etapa, pero consolidarse en el poder. Y ahí es donde entra de alguna manera la agenda democratizadora, donde entra el liderazgo de María Corina, de la oposición, de todo lo que estamos haciendo, como garante de que aquí al final haya una elección presidencial, que es lo que puede dar estabilidad real al sistema.

-Vos sos el coordinador internacional de María Corina. ¿Qué postura observas de parte de la comunidad internacional respecto a este momento de transición en Venezuela?

-Después de casi tres décadas de este proceso, en la comunidad internacional hay cierto escepticismo, cierta duda sobre el horizonte. Pero al mismo tiempo hay una plena conciencia en que hay un liderazgo legítimo, en que hay un movimiento y una sociedad venezolana que confía en ese liderazgo y que hoy, sin duda, hay una posibilidad de una transición y que al final ellos también necesitan una Venezuela democrática para tener estabilidad en el hemisferio. Sobre todo porque tienes también a los regímenes de Cuba y de Nicaragua, que son un problema, y donde una Venezuela democrática puede significar un bastión precisamente para tener una región no solo próspera, sino segura, porque el régimen viene a desestabilizar a la región, esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay un entendimiento de que esto, por un lado, tiene que salir bien, porque una Venezuela democrática beneficia a muchos actores. Y también hay una intención de contribuir a la reconstrucción de Venezuela, porque al final la reconstrucción va más allá del petróleo. Y yo creo que los países de la región entienden esa oportunidad, pero la asocian a que tiene que haber democracia y respeto a los derechos humanos. Todavía hay presos políticos, como es el caso del argentino Germán Giuliani. Yo creo que hay un entendimiento y una disposición de acompañar la transición y de reincorporar a Venezuela en el sistema democrático, pero entienden que esto pasa porque haya una elección. Algunos quieren hacer creer que la agenda es contradictoria entre lo económico y lo democrático. Nosotros creemos que más bien es complementaria: la agenda democrática va de la mano con la agenda económica.

-En el último tiempo cambió la tendencia política de gran parte de los países de la región que, en su gran mayoría, están alineados entre sí y con Estados Unidos. ¿Esto colabora a este momento de Venezuela, y la búsqueda de elecciones?

-El contexto actual creo que es producto de una realidad regional donde no se puede entender la democracia sin seguridad, son conceptos hoy asociados. El crimen organizado como nunca se ha desplegado en la región, con Venezuela como uno de sus principales promotores a través del régimen. Obviamente, la migración sigue siendo un asunto muy serio; la tragedia de Venezuela también se ha traducido en que un tercio del país haya tenido que emigrar. Cuando uno ve el signo ideológico hoy en la región va muy asociado a eso. Más allá de que obviamente vemos una región más inclinada hacia la derecha, pero que al mismo tiempo se entiende de que no se puede terminar de concretar o consolidar una región segura, como muchos de estos gobiernos aspiran, si no tienes una Venezuela democrática. En el caso de Colombia, está claro, nosotros lo hemos dicho, pero creo que los mismos colombianos están claros de que jamás va a haber paz duradera en Colombia si no hay democracia en Venezuela. Mientras tengas un régimen que le dé cobijo a los enemigos del Estado colombiano, va a ser muy difícil construir la paz. Y lo mismo uno puede pensar en otros contextos de otros países. Entendiendo que hay una nueva dinámica regional en la que Estados Unidos también está mirando al hemisferio, como nunca antes. Estados Unidos durante mucho tiempo miró a otro lado en el mundo. Hoy hay una visión hacia el hemisferio muy importante. Toda su doctrina de seguridad y política exterior se está dirigiendo también a este hemisferio. Y eso creo que también marca un interés especial en muchos de estos gobiernos, que también tienen a Estados Unidos como su principal socio y aliado estratégico. A veces puede haber diferencias de criterio, en la dimensión temporal de cuándo se dan los cambios o cómo se concretan. Pero al final, yo creo que todos entienden que cuanto antes exista una Venezuela democrática, más fácil será consolidarse estos propios gobiernos, que también muchos van a enfrentar dinámicas de reelección o elecciones internas a diferentes niveles. Y por eso yo creo que están muy conscientes de que una elección presidencial en Venezuela en el corto plazo puede ayudar a contribuir a mejorar el clima en la región, en un contexto donde claramente los vientos son favorables hacia gobiernos más aliados a las ideas que defendemos, de libre mercado, propiedad privada, de democracia, etcétera. Pero donde al final el componente de seguridad va intrínsecamente asociado. No se puede pensar la región sin el concepto de seguridad.

-¿María Corina, y ustedes, su equipo, mantienen un canal de diálogo con la Casa Blanca?

-Siempre ha habido comunicación. A través del Departamento de Estado, pero también obviamente de la administración de la Casa Blanca, ha habido siempre comunicación. En algunos casos ha habido cooperación en información, facilitando dinámicas de información que ayuden también a entender mejor el panorama. Pero en general sí, siempre hay una comunicación, y además no solo a nivel del Gobierno de los Estados Unidos, también a nivel del Congreso, donde la causa venezolana es de las, creo yo, más bipartidistas que hay hoy. También en la opinión pública. El de Venezuela es un tema muy sensible por razones obvias en Estados Unidos. Pero sí, hay comunicación y hay interacción a diferentes niveles, porque al final nosotros también representamos a una parte muy importante de la ecuación, que es la del liderazgo legítimo que los venezolanos respaldan y en el que confían. Y al final, toda transición, para que sea exitosa, depende de un componente de aceptación popular que hoy nosotros somos capaces de garantizar, sobre todo porque podemos, y allí el regreso de María Corina a Venezuela es indispensable, canalizar la energía que hay hoy en el país hacia un proceso electoral donde la gente pueda elegir el gobierno que quiere tener.

-Hace pocos días, Estados Unidos y el gobierno interino anunciaron un acuerdo petrolero. ¿Cuál es la postura de ustedes ante este acuerdo?

-Evidentemente Venezuela tiene un potencial energético que se pierde de vista, y es parte de lo que históricamente ha caracterizado nuestra identidad como nación: el petróleo. Pero va más allá del petróleo. El potencial energético es enorme. María Corina tiene mucho tiempo hablando de la idea del hub energético de las Américas y de todo el potencial que tiene Venezuela para desarrollarse. Porque al final, la reconstrucción de Venezuela incluso va más allá de la recuperación de la industria petrolera, es mucho más compleja. Y Venezuela tiene mucho para ofrecer en función de garantizar esa reconstrucción con participación de muchos actores. Obviamente, queremos abrir los mercados, queremos que vengan a invertir a Venezuela, queremos que haya esa inversión para el beneficio de la gente. Pero claramente, para que eso ocurra tiene que haber institucionalidad, transparencia, estado de derecho, garantías, y al final un gobierno legítimo que te dé justamente la estabilidad que requieres para inversiones a largo plazo. Como lo hemos dicho, sí preocupa quizás el alcance y la falta de información sobre algunas dinámicas dentro de ese acuerdo. Pero al mismo tiempo, nuestro mensaje ha sido muy nítido: primero, quienes firman por el lado venezolano son los enemigos de Estados Unidos que hoy están en Miraflores. Y eso lo hace muy peligroso porque este es un régimen que puede aprovecharse de esa circunstancia, no solamente para tomar parte de ese dinero y usarlo para la corrupción, que están acostumbrados, y volver siempre a su naturaleza, si partimos de que su lógica es sobrevivir. Y luego para fortalecer el aparato represivo. Todo eso puede jugar en contra de esa dinámica; incluso contra los propios Estados Unidos y contra la región. Entonces, el tema no es que haya un acuerdo o no. Nosotros estamos más que dispuestos a hablar con nuestros aliados y acordar relaciones mutuamente beneficiosas para el desarrollo del país. Pero eso tiene que sentirlo la gente. Si esto se hace para fortalecer al régimen y no a la gente, tenemos un problema. Y luego, insisto, esto no es sostenible para nadie, porque incluso el acuerdo, en el mejor de los casos posibles, en el papel, que esté expresado de la mejor manera posible, hoy tienes una realidad en la que para producir barriles de petróleo tienes que dejar a medio país sin luz, sin electricidad. El sistema eléctrico está destruido porque el régimen lo destruyó. La industria petrolera está destruida porque el régimen la destruyó. Entonces, hacerlo con el régimen que destruyó todo no pareciera ser algo sostenible en el tiempo. Nosotros seguimos viendo y seguiremos viendo a Estados Unidos como un aliado clave en este proceso, pero para que esto realmente rinda los frutos y sobre todo, para que cumpla el propósito que tiene Estados Unidos, que tiene que ver con su interés y la seguridad de la región, necesita un gobierno legítimo y democrático en Venezuela. De lo contrario, mucha gente cercana al régimen se puede beneficiar, y así aprovecharse incluso de la buena fe que puede tener Estados Unidos, valiéndose de su interés en invertir en Venezuela, pero no para ayudar a Venezuela. Si esto no beneficia a la gente y la gente no siente que el petróleo que está bajo el suelo, que es de los venezolanos, le beneficia, pues entonces estaríamos perdiendo una oportunidad.

-También se inició un proceso de diálogo entre cierto sector de la oposición y el chavismo, del cual ustedes decidieron no participar, pero sí aclaró María Corina que se mantendrían expectantes. ¿Cómo viene transcurriendo?

-Ciertamente, nosotros decidimos no participar por la manera como se configuró, la manera como se anunció, y evidentemente, como no se nos consideró ni se nos informó oportunamente mientras estábamos haciendo todo el esfuerzo que se hizo en Panamá, que fue muy importante y que deriva en esta idea del gran acuerdo nacional. Pero al mismo tiempo, como dices, hemos decidido estar atentos y vigilantes, porque al final creemos que si este mecanismo es beneficioso para Venezuela y ayuda en la causa que nos lleve a una elección presidencial y a la democracia, y a consolidar la transición, pues evidentemente será positivo para el país. Ahora, en la medida que sea para la libertad de Venezuela. Si esto lo que ayuda es a fortalecer al régimen, a darle tiempo, oxígeno, como el régimen ha hecho siempre, evidentemente seremos muy firmes en que lo único posible que vamos a aceptar es que haya libertad para Venezuela. Por ahora hemos visto algunos pasos importantes: está todo este tema del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, el Comité de Postulaciones. Está obviamente todo el tema del poder electoral, y al final esto tiene que derivar, en primer lugar, en que sea un cambio realmente sustantivo, y que realmente garantice la independencia de estos poderes. Pero que además derive en un calendario electoral y las condiciones para que haya una elección presidencial en Venezuela. Además, hacemos énfasis en que sea presidencial, porque el régimen va a buscar jugar a la tentación de convocar cualquier otro proceso para distraer. Pero aquí tiene que haber una elección presidencial de primera mano, y creo que eso es fundamental para avanzar en esa dirección. Así que, ojalá por el beneficio del país y por el bien de Venezuela, este mecanismo funcione, porque creo que si sale bien, todos los venezolanos van a salir beneficiados.

-¿Hay plazos atrás de este mecanismo? ¿Y ustedes consideran que hoy la situación está dada para poder marcar eventualmente una fecha de elecciones?

-En la elección del 28 de julio del 2024, en las peores condiciones posibles logramos lo que logramos. Es decir, más que listos estamos para afrontar un proceso electoral. Obviamente, hay que hacer unos ajustes a la dinámica para garantizar que es un proceso libre y competitivo. En teoría, este mecanismo establece unos plazos. En teoría, este mes de septiembre vamos a ver un avance más que tiene que ver, hasta donde se ha dicho, sobre habilitación de dirigentes políticos, retorno del exilio de muchos, habilitación de las tarjetas de los partidos políticos, en fin, lo indispensable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Una vez se conforme el Consejo Nacional Electoral nuevo, que esperamos sea representativo realmente del país y un poder independiente, pues allí debería surgir un calendario electoral. Pero digamos, siempre hay un mínimo posible, un estándar mínimo que garantice un proceso transparente y libre, y eso se puede hacer relativamente rápido si hay voluntad política. Yo creo que sí es factible, pero tenemos que avanzar en esa dirección.

-Hace unos meses María Corina presentó un plan nacional para la futura Venezuela. ¿Ustedes hoy ya están listos para gobernar si se celebraran elecciones en el corto plazo y resultaran ganadores?

-Absolutamente. Este programa es mucho más que un programa. De hecho, parte de esta idea del Hub Energético de las Américas forma parte del hub de energía, donde hay un gran equipo trabajando permanentemente con grandes expertos. Y así como este, todas las áreas. Hemos identificado áreas prioritarias, obviamente. Y también hemos identificado plazos, incluso las primeras cien horas, los primeros cien días. Es decir, todo lo que hay que hacer inmediatamente se toma el poder. Y estamos más que listos para eso. Evidentemente, esto pasa porque haya elecciones, y se elige al gobierno democráticamente. Pero sí, los equipos están listos, los expertos, las primeras medidas, la visión de desarrollo. Se ha invertido mucho tiempo en esto.

-¿En qué estarían enfocadas esas primeras medidas?

-Bueno, obviamente hay un tema humano, social, que es dramático. Desde el punto de vista socioeconómico, hay que atender muy rápido. Evidentemente, el tema de servicios públicos también, y poner orden en las finanzas, en la economía, para atraer lo más rápido que se pueda todo el capital que pueda ayudar en la reconstrucción del país, sobre todo incluso después de los terremotos. Y también el área de seguridad, y la reconstrucción institucional para garantizar la estabilidad del gobierno. Hay algunas que tienen más urgencia que otras por el país que vamos a recibir, pero al mismo tiempo, hay una visión de desarrollo a largo plazo. Yo creo que eso es lo más relevante. También le hemos puesto mucho empeño al rol de la diáspora, y cómo la diáspora se va a insertar en este proceso de reconstrucción, independientemente de que regrese pronto o no al país, todo lo que pueda aportar con experiencia, inversión, capital y, evidentemente, con el retorno, la reunificación familiar.

-¿Cuando viajas, ya sea por Estados Unidos, América Latina o Europa, qué es lo primero que te plantea la diáspora para el futuro del país?

-Primero te dicen que la gran mayoría está lista para volver, pero primero tiene que salir el régimen. O sea, ponen eso como condición. Esa idea de que no están más en el poder. Porque está el dolor, el duelo, de lo que ha sido la persecución. Luego hay un tema que además ha sido intencional por parte del régimen, que es toda esta negación del derecho a la identidad y de la imposibilidad que tienen los venezolanos hoy de obtener sus documentos, su pasaporte, su cédula, existir básicamente… Ser atendidos por un Estado que está al servicio de ellos. Y luego quieren votar, quieren elegir. Es evidente que para nosotros la principal y fundamental condición de cualquier proceso electoral tiene que ser que se abra el registro en el exterior. Estamos hablando que son cerca de cinco millones de venezolanos que estarían habilitados para votar y que hoy no pueden hacerlo. Es el estado más grande de Venezuela. Y la inmensa mayoría quiere votar. Probablemente lo tenga que hacer fuera de Venezuela. Algunos volverán, pero no parece que vayan a ser la mayoría inmediatamente. Por lo tanto, en la medida que nosotros le brindemos a los venezolanos la garantía de su derecho a participar, eso va a ser muy importante, porque además va a ser una señal muy nítida de que efectivamente estamos hacia una transición. No podemos concebir un proceso como el que viene sin la diáspora incorporada. Esa es una condición esencial: tiene que permitirse el derecho al voto de la diáspora venezolana.

-Cuando ocurrió lo del terremoto hubo bastante controversia por el posible retorno de María Corina Machado. Ella incluso se refirió a su intento de regresar. ¿Manejan plazos para su retorno?

-Su retorno es inminente. Es inminente primero porque es una decisión que está tomada desde hace mucho. Desde que salió al Nobel ya estaba pensando el día que iba a volver. Y como ella dijo, tuvo que salir para no solamente ir al Nobel, aunque llegó tarde, pero llegó, sino para atender una agenda importante, verse con aliados, conocer gente que solo conoció en pantallas durante años, después de dos años sin salir y era importante también para el rol de la causa. Pero ella lo hizo siempre pensando en su vuelta casi que lo más pronto posible dentro de esa lógica. Entonces, es inminente porque es una decisión, pero es inminente también porque ya el momento político así lo exige y es cuestión de poco tiempo para que la veamos dentro del país. Obviamente es normal que existan las dudas sobre su seguridad, la seguridad del equipo, etcétera. Pero venimos de una campaña inédita como la fue la del 2023 y la de 2024, donde al final la confianza y el secreto de todo esto es la gente. Y María Corina al final lo que quiere es estar con la gente, y esa va a ser su mejor protección en un contexto como este, donde al final el régimen, si decide hacerle algo, tendrá que responder por eso. Su decisión de volver no solo es inminente, eso va a ocurrir pronto, creo que en semanas lo vamos a ver, en pocas semanas. Y al final, como ella lo ha dicho, su tarea fundamental va a ser canalizar la energía para que haya una elección y la gente pueda votar una presidencial.

-Ya sin Maduro en el poder, y con el gobierno interino habiendo tenido que dar un giro muy evidente, ¿cómo te imaginas el futuro del chavismo?

-Nosotros no podemos conseguir una transición si no hay justicia. Ese es el punto de partida. Tiene que haber memoria, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, y tiene que haber mucho entendimiento y tiene que asumirse la responsabilidad de lo que se hizo. A partir de ese punto de partida podemos hablar de cómo vamos a ser un país democrático. Las ideas políticas van a poder ser expresadas, siempre en función de ese marco de justicia y de lo que ha representado esta huella para el país. El ejemplo de Panamá es muy claro. En ese encuentro había fuerzas que al principio incluso fueron parte del chavismo, y están ahí. Si hay un compromiso serio con la democracia, con defender las instituciones y con no repetir el pasado tan doloroso, bueno, si usted juega bajo reglas democráticas, podrá tener obviamente una existencia democrática. Y yo creo que ahí entrará la voluntad política de mucha gente para que eso sea así. Lo que sí queda claro es que quienes destruyeron el país y lo hicieron con toda la intención del mundo, también tendrán que rendir cuentas, porque sin justicia no vamos a ir a ningún lado. Y por eso es que ni transición con presos políticos, ni transición con injusticia, ni transición con olvido, porque va a ser muy complicado avanzar si no asumimos esa realidad. Por eso el aparato represivo tiene que desmantelarse.

-Te hago la última. Al principio de la entrevista te preguntaba si dieciséis meses atrás, cuando ustedes estaban en la embajada argentina en Caracas, te imaginabas una coyuntura como la de hoy sin Maduro en el poder. ¿Cómo te imaginas a Venezuela dentro de los próximos dieciséis meses?

-La veo, si no ya con un proceso presidencial en desarrollo o ya realizado, con un proceso de campaña hasta ese momento. Veo una sociedad civil más abierta que nunca, participando, incidiendo. Y veo una transición como una posibilidad ya en desarrollo real también. Yo creo que de aquí a quince meses, Venezuela va a estar atravesando un momento mucho más optimista y mucho más sólido en materia de su democracia. Por supuesto, con grandes retos, no lo dudo, pero la veo encaminada en ese sentido. Por eso soy optimista en que el regreso de María Corina y el rol de liderazgo va a empujar en esa dirección y por eso creo que en unos quince meses el contexto y la dinámica va a ser otro y vamos a estar listos para estar gobernando el país, y además para ser un socio confiable para Estados Unidos y para el mundo.

Venezuela anunció la demolición de 39 edificios con severos daños estructurales en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, según una nota difundida este lunes por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Los escombros que dejen estas demoliciones se llevarán al Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda, una localidad de La Guaira, para su trituración.

AVN publicó la lista oficial de las 39 edificaciones que serán derribadas como parte del plan para “mitigar riesgos en las zonas afectadas” de la región costera.

Señaló que el Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda tiene ocho hectáreas y cuenta con una capacidad para procesar hasta 600 toneladas de escombros por hora “bajo protocolos de protección ambiental para evitar que los desechos lleguen al mar”.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo este lunes en una rueda de prensa del partido gobernante que el sábado hubo “demoliciones controladas de edificios marcados como de alto riesgo” y aseguró que el proceso se ha desarrollado con tecnología venezolana y con expertos del país “sin ningún tipo de problema”.

La primera demolición en La Guaira se llevó a cabo el pasado 30 de julio y fue coordinada por equipos técnicos e ingenieros en “estricto cumplimiento de los estándares de seguridad”, informó entonces el Gobierno.

Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron el pasado viernes un contrato que establece en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros.

Según el Ministerio de Comunicación, el convenio también “contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población”.

Los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña ratificó la decisión de rechazar, al menos por el momento, la citación como testigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py e investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro.

El tribunal de alzada desestimó los recursos presentados por el fiscal Carlos Stornelli y la querella, quienes pretendían obtener el testimonio de Tapia a partir de su participación en el operativo de rescate del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció privado de su libertad durante 448 días.

De esta manera, la Cámara respaldó el criterio del magistrado Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal N° 2. El juez de instrucción ya había dicho en mayo que la comparecencia del presidente de la AFA no resulta pertinente para el objeto procesal en la etapa actual de la investigación.

El gendarme argentino regresó al país el 1 de marzo de 2026. A fines de abril, Gallo brindó su testimonio desde el Edificio Centinela, oportunidad en la que describió los tormentos padecidos durante su cautiverio en el centro de detención El Rodeo. En su declaración, señaló que su liberación se concretó gracias a gestiones directas promovidas por el propio presidente de la AFA.

No obstante, el juez Ramos resolvió el 15 de mayo no ordenar la citación de manera inmediata, sino “tenerla presente” para una eventual oportunidad futura. Esta determinación provocó el rechazo de Stornelli, quien apeló la resolución por considerarla carente de fundamentación adecuada y un obstáculo para el avance de la pesquisa. A este reclamo se sumó el abogado Tomás Farini Duggan, representante de la querella vinculada al Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER).

Al analizar la apelación, los jueces de la Sala I, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificaron el fallo de primera instancia. En su resolución, los camaristas explicaron que el artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación faculta a las partes a proponer las medidas de prueba que consideren útiles para sus hipótesis de trabajo, pero aclararon que la ejecución efectiva de tales diligencias es una atribución exclusiva del juez de instrucción.

El tribunal de alzada remarcó que el magistrado no dictó una denegatoria definitiva a la comparecencia de Tapia. Por el contrario, el fallo de la Cámara subrayó que Ramos simplemente evaluó que la medida no era oportuna en el estado actual de las actuaciones, manteniendo la potestad de convocar al dirigente deportivo si se modifican las circunstancias del expediente. Con este argumento, los magistrados concluyeron que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho y cuenta con el sustento legal necesario.

La investigación

El expediente sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py bajo el principio de justicia universal. Este postulado jurídico faculta a los tribunales locales a investigar y juzgar crímenes de esta índole sin importar el territorio donde se hayan perpetrado. En este marco, la Justicia argentina analiza los presuntos abusos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro desde 2014.

La querella sostiene que el testimonio de Tapia es clave para el avance del caso. Según los representantes de las víctimas, el dirigente de la AFA podría identificar a las autoridades del régimen chavista que ordenaron el arresto y la custodia de Gallo. Los abogados argumentan que dichos funcionarios habrían actuado como interlocutores directos en las negociaciones destinadas a destrabar la salida del gendarme.

El retorno de Gallo estuvo rodeado de particularidades. Tapia planeaba viajar personalmente a Caracas para coordinar la liberación, pero no pudo abordar el vuelo debido a una restricción de salida del país impuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien lo procesó en una causa por retención indebida de aportes previsionales.

Ante este impedimento, el gendarme regresó en una aeronave privada acompañado por los directivos de la AFA Luciano Nakis y Fernando Isla Casares.

Por el momento, la causa continuará su curso sin la declaración del titular de la entidad deportiva, aunque la resolución de la Cámara Federal dejó el camino abierto para que el juez Ramos evalúe su citación en una etapa posterior del proceso penal.

Además, esta semana habrá una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal en la que se debatirá el alcance del principio de justicia universal.

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, afirmó este lunes que el acuerdo petrolero alcanzado el pasado 28 de agosto con Estados Unidos es un esquema tripartito y renovable “las veces que sean necesarias”, pese a que el contrato firmado establece en principio una vigencia de 25 años.

“El contrato está firmado 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, puede haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda”, declaró Obregón en una entrevista con la emisora Onda La Superestación. El directivo añadió que espera que el petróleo “continúe siendo fuente” de ingresos para Venezuela “durante 100 años”.

Obregón explicó que el carácter tripartito del pacto se debe a que parte del capital accionario de la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) fue asumido por el Gobierno de Estados Unidos, mientras que es esa empresa la que suscribe formalmente el contrato con Venezuela, y precisó: “Uno de los accionistas de NABEP es el Estado estadounidense, que tiene una participación accionaria del 35%”.

El acuerdo había sido adelantado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien señaló que el contrato permite a Estados Unidos explotar más del 20% de las reservas de crudo venezolano durante 25 años. Posteriormente, la Casa Blanca divulgó el 31 de agosto que había concedido a NABEP, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, una licencia de 100 años para operar los yacimientos, y sostuvo que Washington obtendría “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.

Betancourt ha sido investigado en el pasado por presunto lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza, procesos que no han derivado en condenas firmes. Obregón salió en su defensa durante la entrevista radial y calificó la relación bilateral resultante del acuerdo como “ganar-ganar” para ambos países, al asegurar que permitirá a las finanzas públicas venezolanas percibir regalías y tributos.

Según cifras oficiales, el convenio contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con un total de 65.000 millones de barriles de reservas y prevé una producción superior a 1.500.000 barriles diarios. El esquema se enmarca en los Contratos de Participación Productiva en Hidrocarburos (CPPH), una figura legal impulsada por el Gobierno venezolano para atraer capital privado e internacional al sector.

El pacto llega en un momento de caída productiva para la industria petrolera venezolana, que en las últimas dos décadas perdió la mayor parte de su capacidad de extracción. En 1998, un año antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela producía 3.100.000 barriles diarios, casi el triple del nivel actual. La ministra de Petróleo, Paula Henao, indicó el domingo que la producción se ubica ahora en 1.236.000 barriles diarios y que el Gobierno prevé cerrar 2026 en 1.400.000.

Henao subrayó que, pese a la magnitud de la concesión otorgada a capital estadounidense, Venezuela mantiene “el control y la propiedad” de su petróleo. Esa afirmación contrasta con el porcentaje de explotación cedido bajo el acuerdo y con la participación directa del Estado estadounidense en la estructura accionaria de NABEP, un punto que Obregón no discutió y que analistas venezolanos han señalado como el núcleo de la controversia en torno al pacto.

El calendario de implementación del acuerdo, incluidos los plazos para el inicio de las operaciones de NABEP en los 17 campos anunciados, no ha sido precisado por ninguna de las partes. Tampoco existen hasta ahora datos oficiales sobre la inversión inicial comprometida ni sobre el cronograma de las obras de infraestructura necesarias para alcanzar el objetivo de 1.500.000 barriles diarios, cifra que Venezuela no registra desde hace más de una década.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió esta mañana en su red social Truth Social una imagen de un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y el diseño de la bandera estadounidense. Trump publicó la imagen sin añadir texto ni explicación sobre su propósito.

Los detalles del mapa

En la imagen, el territorio que abarca desde México hasta Canadá está cubierto por franjas rojas y blancas, mientras que en la zona de Canadá y Alaska aparece un campo azul con más estrellas que las que tiene la bandera real de Estados Unidos. Sobre el mapa se lee la leyenda “United States of America”, y tanto el Golfo de México como el golfo de California aparecen rotulados como “Gulf of America”.

Parte de un patrón de cambios cartográficos

Esta no es la primera vez que Trump utiliza mapas modificados como herramienta de comunicación política:

• En enero de 2025, firmó la orden ejecutiva “Restoring Names That Honor American Greatness” para renombrar el Golfo de México como “Gulf of America”.

• En enero de 2026, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía plantando la bandera estadounidense en Groenlandia, junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, con un letrero que decía “Groenlandia, territorio estadounidense est. 2026”. Ese mismo día difundió una fotografía alterada —tomada originalmente en agosto de 2025 durante una reunión con líderes europeos— en la que un mapa de fondo mostraba a Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera de EE.UU.

• El 27 de agosto de 2026, firmó otra orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “Lake America”, cambio que generó divergencias entre plataformas cartográficas: algunas comenzaron a mostrarlo así para usuarios en EE.UU., mientras que en Canadá se mantuvo “Lake Ontario”. Una encuesta de Reuters/Ipsos del 1 y 2 de septiembre indicó que 63% de los estadounidenses rechazó ese cambio, frente a un 14% que lo respaldó.

• El domingo 6 de septiembre, un día antes de esta publicación, Trump compartió un mapa de Nuevo México con la palabra “Mexico” tachada y sustituida por “New America”, e instruyó al secretario del Interior a evaluar la adopción oficial del nombre dentro del sistema federal. Hasta el 6 de septiembre, Nuevo México mantiene oficialmente su nombre, sin cambio legal alguno.

El contexto regional: presión sobre Venezuela y Cuba

Estas imágenes se enmarcan, además, en un contexto más amplio de despliegue militar y político estadounidense en la región, que incluye la captura de Nicolás Maduro en enero de este año y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela por parte de Washington.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ha intensificado la presión sobre Cuba. El 3 de septiembre firmó la designación de seis nuevos objetivos bajo la Orden Ejecutiva 14404, que amplía las sanciones contra personas e instituciones cubanas en sectores como energía, minería y servicios financieros, y describió al gobierno de la isla como “una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional” de EE.UU.

Semanas antes, en entrevista con Axios, Rubio había advertido que Cuba no tendrá “válvula de escape” frente al cerco estadounidense: “Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse, simplemente lo bloqueamos”, dijo, en referencia a reformas del gobierno cubano para impulsar su sector privado. El funcionario remarcó que la isla enfrenta una situación inédita al carecer, por primera vez, de un patrocinador externo —tras la caída de Maduro, quien le suministraba petróleo— y de la histórica falta de atención de Washington.

Una racha de mapas y publicaciones extravagantes

El mapa de este domingo no llegó solo. Horas antes, Trump había compartido otra serie de imágenes generadas con inteligencia artificial: una fotografía suya a caballo junto a George Washington en el Despacho Oval, un soldado de una ficticia “Fuerza Espacial Estadounidense” y un mapa de Irán con el contorno de su propia cabeza superpuesto. Según reportes de medios internacionales, no quedó claro si se trató de una “broma” —género al que Trump es afecto— o de una insinuación de acción futura.

El mapa llega después de la polémica frase sobre “tamales y tomates”

La publicación del mapa se da apenas tres días después de que Trump generara controversia al asegurar, el viernes 4 de septiembre, que México no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos “más que tamales picantes y tomates”. El mandatario hizo esa declaración en el Despacho Oval al responder preguntas sobre su amenaza de cortar el comercio con países que mantienen superávit comercial frente a EE.UU. “Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México”, afirmó, aunque aclaró que no piensa romper la relación comercial porque se lleva “muy bien” con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien dijo respetar.

Sheinbaum respondió a esas declaraciones el sábado durante un acto en Monterrey, donde —sin mencionar directamente la frase de Trump— señaló que su gobierno busca una relación con Washington basada en “cooperación siempre, subordinación nunca”. En paralelo, continúan las negociaciones sobre la revisión del T-MEC entre el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

“Las venezolanas ya están listas. Lo que hace falta es que el proceso político esté a la altura de ellas”.

La aseveración surge como resultado del último estudio de opinión presentado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS-Venezuela) y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, que encontró que 69% de las venezolanas considera vital la participación de las mujeres para una transición real en el país.

El informe halló que las mujeres destacan su capacidad de aportar “organización, disciplina y visión estratégica, pero, sobre todo, una perspectiva centrada en las necesidades de las personas y las comunidades”. De hecho, un tercio estima que “las mujeres tienen mejores aptitudes para la política que los hombres, mientras que 10% opina lo contrario”.

La investigación en cuestión incluyó una consulta en línea a 1.226 mujeres mayores de 18 años y seis grupos focales. “La participación de la mujer en la transición no enfrenta principalmente un problema de conciencia: 69% de las encuestadas considera que su rol es vital, y ese porcentaje alcanza 80% entre las mujeres mayores de 55 años”, resaltan.

Diferencias

Sin embargo, califican como “preocupante” que “solo el 56% de las menores de 34 años considera su participación vital para el cambio”. “Su participación en organizaciones comunitarias es la más baja de todos los grupos etarios (20%), y su vinculación con estructuras políticas es prácticamente inexistente”, alertan.

Entre las razones de esa “desafección” frente a lo político de este sector en particular, IPYS-Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz señalan “la combinación de precariedad económica, incertidumbre migratoria y experiencia de represión”.

“Las cifras también revelan que existe una brecha según el nivel educativo y la categorización de las condiciones de sus viviendas: el 83% de las mujeres con nivel educativo técnico superior o más alto, y el 84% de las que viven en casas con pisos de cerámica o similares, afirman haber participado en al menos una actividad política, en comparación con cerca del 70% de las mujeres con menos nivel educativo y que viven en viviendas con piso de cemento”, enfatizan.

Desafíos

El análisis concluye que “las responsabilidades familiares y de cuidado pueden limitar la disponibilidad de muchas mujeres para participar plenamente en espacios cívicos, comunitarios y políticos”.

“Entre las principales barreras identificadas se encuentran las normas socioculturales que restringen el liderazgo de las mujeres, la doble y triple jornada, el temor a la represión, la autocensura, el escepticismo político, la desmovilización entre mujeres jóvenes y la desconfianza hacia algunas instancias comunitarias”, enumeran.

Casi dos tercios de las madres con hijos menores de edad en Venezuela dedican ocho horas o más al día a su cuidado, mientras que en el caso de los padres apenas 8% asume una carga similar. “Además, entre el 21% y 26% de las encuestadas son madres solteras, y los hallazgos cualitativos revelan que la pareja suele ser percibida como una ‘carga’ adicional en lugar de ser parte del sistema de apoyo”, subrayan en el informe.

El sondeo muestra que 48% de las venezolanas tienen a algún miembro de su núcleo familiar fuera del país, reflejo de la explosión migratoria que ha experimentado Venezuela en la última década. Adicionalmente, 42% vive con hijos menores de edad y 35% con pareja, “lo que evidencia cargas familiares concentradas en los hogares encabezados por mujeres”, acotan.

Igualdad

Para aumentar su presencia en la política, 11% menciona la necesidad de recibir más apoyo en el hogar, reclamo que sube hasta 18% entre las mujeres de 18 y 34 años. A su vez, 33% admite que requiere más capacitación para incrementar su protagonismo.

La encuesta recoge que “86% considera la igualdad salarial muy importante, y a la vez únicamente el 8% cree que este derecho se cumple en Venezuela; o, por ejemplo, el 80% de las mujeres afirma que la igualdad ante la ley es muy importante, pero solo el 13% piensa que Venezuela está bien en este sentido. Si se trata de la paridad electoral, 56% considera que es muy importante y el 20% evalúa positivamente la paridad electoral actual”.

IPYS-Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz sostienen: “Aunque por primera vez la Presidencia (Interina) de Venezuela es ejercida por una mujer, Delcy Rodríguez, este hecho no se ha traducido necesariamente en una mayor atención a los temas identificados como prioritarios por amplios sectores de mujeres venezolanas”.

Como si se tratara del teatro del absurdo, los residentes de Playa Grande aguardan por un Godot que nunca llega. “Tenemos ya más de un mes esperando una segunda inspección de nuestro edificio, el tiempo pasa y no podemos avanzar”, se lamenta Mariuska Delgado, vecina de uno de los sectores del estado La Guaira más golpeados por los dos terremotos que sacudieron la región centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Tras el doblete sísmico, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura -a cargo del ministro de Transporte, Francisco Garcés- está sometiendo a revisión los inmuebles para definir su futuro.

La primera observación se ajusta al “método del semáforo”, con una etiqueta verde si la estructura se encuentra habitable, una amarilla si sufrió daños parciales y la roja en caso de que se considere de alto riesgo o no habitable.

“Cuando nos pegaron la etiqueta roja, nos dijeron que esperáramos una segunda inspección más profunda para determinar el estado de la edificación”, relata Delgado, una administradora de 48 años.

Advierte que la lentitud de las autoridades contrasta con la rapidez de la tragedia. “Lo que sí avanza es la delincuencia, pues nos robaron el cableado principal, sin contar que a todos los vecinos nos han robado muchísimas cosas y ya nuestro edificio está convertido en baño público, hay orine y heces por las escaleras y por todas las áreas, el olor es espantoso”, describe indignada.

En el aire

“Estamos como en un limbo, no sabemos qué dirección vamos a tomar y la gente se preocupa porque el mercado inmobiliario se encarece”, comenta Cristina Palmieri.

Administradora de 59 años, señala que “al no contar con la segunda inspección, no tenemos certezas sobre la decisión que tomará el gobierno y si es posible la reconstrucción”. Por esa razón, tampoco han podido trabajar en el apuntalamiento del inmueble para evitar que se siga hundiendo.

Con los bolsillos exprimidos por el cataclismo, los costos hacen imposible recurrir a un servicio privado. Palmieri dice que por la visita de un ingeniero patólogo se cobran hasta 400 dólares, mientras que revisiones más profundas rondan los 5 mil y 15 mil dólares. “A una amiga le pidieron 75 mil dólares por unos estudios”, indica.

Estas dos vecinas de Playa Grande coinciden en criticar la desorganización en las inspecciones. “Falta mucha coordinación y comunicación con las juntas de condominio”, cuestiona Palmieri, quien resalta que hasta cometen errores en las etiquetas. “Escribieron mal el nombre de nuestro edificio”, detalla.

“Los inspectores pasan como dando brincos, como escogiendo unos sí y otros no, no hay un orden, no hay un aviso”, confía Delgado, quien tuvo que ir personalmente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) al percatarse de que habían alterado sus datos de forma irregular. “Me cambiaron el edificio, la dirección y las coordenadas GPS”, expresa.

Hermetismo

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) creó una plataforma digital y conformó brigadas para apoyar con las inspecciones, pero el gobierno interino de Delcy Rodríguez no les permitió desplegarse en La Guaira, declarada zona de desastre por el doblete sísmico.

“Aunque insistimos y pusimos a la orden nuestra plataforma, las autoridades no querían que nos metiéramos en La Guaira”, revela un delegado del CIV que prefiere resguardar su identidad.

Cree que el “hermetismo” obedece a que el régimen busca “preservar la data de La Guaira para evitar que pueda ser utilizada para establecer responsabilidades”.

Varios de los edificios que se derrumbaron por los terremotos en el litoral central habían sido levantados por el plan gubernamental Misión Vivienda, lo que ha reavivado las críticas sobre la calidad de estas construcciones.

Sobre el funcionamiento de la comisión presidencial, el miembro del CIV expone: “Es más una vitrina que un centro de operación real. Esa comisión se reunió una sola vez, el día que se instaló, y luego el gobierno solo ha tenido contactos bilaterales con algunos actores para temas que a ellos les interesa. No ha habido coordinación interinstitucional y todo ha caído en la discrecionalidad del gobierno”.

¿Y ahora?

“Ya vamos para tres meses y aún no sabemos si el edificio se declarará colapsado o si tiene recuperación, mientras tenemos gente viviendo arrimada en casas de familiares”, manifiesta Palmieri. Ante la ausencia de información precisa, los afectados tienen la duda de si la falta de la inspección definitiva les impedirá acceder al programa de créditos hipotecarios lanzado por el gobierno.

Para Delgado no hay más tiempo que perder. “Necesitamos respuestas rápidas porque no todos estamos en las mismas condiciones económicas. Habrá gente que quiere que demuelan el inmueble y esperar para vender el terreno, pero otros quisiéramos que pueda ser reparado. La necesidad de inspección es imperante, lástima que no hay organización”.

Ni cuando cae, el dato de la inflación en Venezuela es positivo. “El Banco Central de Venezuela (BCV) publica la inflación oficial para agosto de 2026 y el índice sigue siendo extremadamente alto”, apunta el economista José Miguel Puente al referirse a la tasa de 8,9% reconocida por el ente emisor, 11 puntos menos que el anunciado en julio.

Puente detalla que en los primeros ocho meses de 2026 la inflación presenta un acumulado de 200,1% y el registro anualizado se ubica en 534%. “¡La inflación más alta del mundo muy por encima de cualquier otro país! ¡Venezuela tiene en un mes una inflación que es más alta que cualquiera de nuestros vecinos de América Latina en un año!”, expresó el miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

El profesor Luis Oliveros también le pinchó los globos a quienes celebraban la disminución de la estadística. “Sí, la inflación de agosto bajó bastante con respecto a julio. Pero pongamos los pies en la tierra: La inflación de Venezuela en agosto, un solo mes, sería superior a la inflación de todo un año de buena parte del planeta. Hay mejora, pero muy lejos de la normalidad que necesitamos”, comentó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana.

El economista Hermes Pérez destaca que ese 8,9% de inflación se produce “en un mes donde la liquidez monetaria creció 8%, la mitad del promedio de expansión observado en 2026”.

Agrega que “la abundante venta de divisas” -que según sus estimaciones alcanzó los mil millones en agosto para un total de 10,5 mil millones de dólares en estos ocho meses- “esterilizó una parte importante de la liquidez y atenuó la velocidad de los precios”.

“Cada dólar vendido mediante la intervención -participación del BCV en el mercado- frena liquidez monetaria en bolívares y reduce presiones inflacionarias. El problema es que, a pesar de la enorme esterilización de bolívares vía venta de divisas, la creación de bolívares es muy grande e irresponsable. Por eso la desaceleración de los precios no ha sido mayor”, explica el experto y antiguo funcionario del ente emisor.

Para peor

La ONG liberal Cedice señala que “bajo el supuesto de que el último trimestre de 2026 repita la estacionalidad habitual de fin de año, se estima una variación acumulada (de inflación) al cierre de este año de 695%-705%”.

“En agosto, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia -capitales de los estados Zulia y Carabobo, respectivamente- alcanzó el valor de 744 mil 176,63 bolívares -equivalente a 940 dólares-, lo que representa un incremento de 6,99% en el mes. Este consumo exige 3,91 salarios integrales de 190 mil 130,80 bolívares; es decir, poco menos de salario integral por semana”, puntualiza el tanque de pensamiento.

El último aumento del salario mínimo en Venezuela se decretó en marzo de 2022, estableciéndose en 130 bolívares -hoy menos de 20 centavos de dólar-. Con ese monto se calculan todos los pasivos laborales, situación que genera la condena de sindicatos y gremios.

Dejando en el congelador al salario mínimo, el régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, bono que asciende a 240 dólares mensuales.

Un grupo delictivo organizado detenta el poder desde 1959 en Cuba, desde 1999 en Venezuela, desde 2003 en Bolivia y desde 2007 en su segundo tiempo en Nicaragua. Empezó llamándose castrismo y se internacionalizó como Socialismo del Siglo XXI, castrochavismo o izquierda latinoamericana. No habrá terminación de estas dictaduras sin cesar sus normas que violan derechos humanos, impiden la libertad y el desarrollo de los pueblos, “leyes infames” impuestas para la opresión, el terrorismo de Estado y la impunidad.

Ley infame es la “norma que elaborada y establecida, siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Una ley infame es en verdad una no ley, porque el concepto básico de ley es el de un “precepto dictado por autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.

Toda la fundamentación filosófica, ética, moral y jurídica de la ley, cuestiona la naturaleza misma de la norma cuando esta no busca la justicia y el bien común. Las leyes infames o del sistema del socialismo del siglo 21 impuestas en Cuba con los Castro y Diaz Canel, Venezuela con Chavez y Maduro, Bolivia con Morales y Arce, Nicaragua con Ortega y Murillo, Ecuador con Correa, son instrumentos que violentan la posibilidad de justicia y que solo favorecen la opresión y el régimen de terror, institucionalizando la concentración de poder y la desigualdad.

Las denominadas constituciones políticas impuestas, suplantadas, reformadas o de cualquier forma establecidas por el socialismo del siglo 21 son estatutos dictatoriales que hacen desaparecer los elementos esenciales de la democracia: violan la libertad y los derechos humanos; desnaturalizan el estado de derecho, extinguen la separación e in dependencia de los órganos del poder público, impiden la libre organización social y política; y en lugar de lecciones libres crean un sistema de dictadura electoralista con fraude institucionalizado en el que el pueblo vota pero no elige.

Los derechos humanos en las Américas son derechos fundamentales porque la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José es un instrumento obligatorio que en su contenido establece derechos abiertamente violados por las normativas fundamentales del socialismo del siglo 21, como el caso de la irretroactividad de la ley, desconocida luego de ser proclamada con el agregado de excepciones con las que aprueban leyes especiales para aplicar la retroactividad.

Los derechos humanos relativos a la libertad y seguridad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la libertad de pensamiento y de expresión están meticulosamente violados. La propiedad privada es un derecho humano y su vulneración en el sistema dictatorial es generalizada con normas que permiten confiscaciones, sanciones, expropiaciones injustificadas y todo tipo de usurpaciones.

El sufragio universal o voto universal -que es un elemento esencial de la democracia- fundado en la igualdad de todos los ciudadanos bajo la premisa de un ciudadano un voto, está liquidado por la mayoría de las constituciones castrochavistas que siguiendo modelos fascistas dan representación sectorial, funcional o preferencial con diversos pretextos.

En el ámbito de las inversiones nacionales o extranjeras los textos constitucionales del castrochavismo son mecanismos abiertos a la manipulación, a la concentración del poder, a la corrupción y a la inseguridad jurídica. Los códigos y leyes principales siguen principios de autoritarismo, inversión de principios jurídicos universales, ruptura de la igualdad jurídica y del debido proceso con la consecuencia generalizada de la “situación de indefensión”.

Tipos delictivos atroces, con penas gravísimas configuran el uso del sistema penal y administrativo plagado de leyes infames para asegurar el “terrorismo de Estado judicializado”. Un ejemplo es el tipo delictivo de “peligrosidad pre delictiva”, la “regulación” en Cuba y el uso discrecional de “medidas cautelares” con fiscales sicarios y jueces infames en todos los países sometidos.

Manipulando conceptos como soberanía, justicia social e incluso antimperialismo, han perpetrado instrumentos delictivos bajo el título de leyes, decretos y reglamentos que han hecho desparecer cualquier forma de seguridad jurídica para la persona, la familia, la propiedad o cualquier tipo de iniciativa, haciendo del ciudadano un vasallo y hasta un esclavo como el caso del tráfico laboral de médicos y otros que realiza Cuba internacionalmente.

Especial análisis merecen las leyes antinarcóticos y antiterroristas, pues como en el caso de Bolivia reemplazaron normas -que eran base de una exitosa política de Estado- por disposiciones permisivas que dan impunidad y sostienen el narcoestado.

Sin cesar las leyes infames las dictaduras no terminan y los delincuentes podrán perder el gobierno pero seguirán teniendo el poder con impunidad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El tiempo empezó a correr para miles de ciudadanos venezolanos que hicieron parte del proceso de regularización migratoria en Colombia, pero todavía tienen pendiente recoger su Permiso por Protección Temporal (PPT). Migración Colombia informó que más de 150.000 documentos ya fueron expedidos y continúan disponibles para sus titulares.

La entidad fijó un plazo de 60 días para completar la reclamación. Una vez transcurra ese periodo, los permisos que permanezcan en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) serán destruidos, según informó la autoridad migratoria. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya cuentan con un PPT expedido y aún no realizaron la entrega. Por eso, Migración Colombia pidió revisar la situación del documento antes de que termine el periodo establecido y evitar que el trámite quede cerrado.

Los permisos pendientes corresponden a documentos expedidos desde 2021 como parte del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia, mecanismo creado para regularizar la situación migratoria de esta población. La expedición del documento, sin embargo, no significa que el proceso haya quedado completamente finalizado para quienes todavía no lo reclaman.

Para conocer si el permiso sigue disponible, los ciudadanos deberán consultar el listado habilitado por Migración Colombia. Si encuentran allí su documento, tendrán que identificar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios señalado para realizar la reclamación. La recomendación de la autoridad migratoria es hacer esta verificación cuanto antes. El procedimiento pendiente consiste en acercarse al centro correspondiente y recibir el documento que ya fue expedido. No se trata, por tanto, de iniciar nuevamente la solicitud, sino de completar la etapa de entrega.

El plazo de 60 días establece la última ventana para que los titulares de estos permisos puedan reclamar los documentos. Migración Colombia advirtió que quienes no lo hagan dentro del término enfrentarán consecuencias sobre el proceso de regularización asociado al PPT.

Además de la destrucción física de los permisos que no sean reclamados, la entidad dará por “desistido el trámite de regularización asociado a esos permisos” cuando finalice el plazo y los documentos continúen pendientes de entrega. De esta manera, dejar pasar el término no solo implica perder el documento que ya estaba expedido, también afecta el trámite relacionado con la regularización migratoria.

El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos fue el mecanismo mediante el cual se buscó regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia. Los permisos expedidos bajo este proceso permanecen ahora en distintos centros de atención a la espera de que sus titulares completen la reclamación. Migración Colombia reiteró que la responsabilidad inmediata de los ciudadanos incluidos en el listado es verificar la disponibilidad del PPT y acudir al lugar indicado. La entidad busca que los permisos sean entregados antes de que termine el periodo de 60 días.

La advertencia cobra especial importancia por el volumen de documentos que todavía no son reclamados. Son más de 150.000 permisos expedidos desde 2021 que permanecen pendientes de entrega, mientras sus titulares cuentan con el plazo establecido para completar esta etapa.

Por ahora, el procedimiento señalado por la autoridad migratoria es revisar el listado, confirmar que el PPT aparezca disponible y ubicar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios correspondiente. Quienes tengan el documento pendiente deberán realizar la reclamación dentro de los 60 días.

La revisión también permite determinar el lugar exacto donde se encuentra cada documento, pues la reclamación debe hacerse en el centro indicado por la entidad. Así, quienes aparezcan en el listado no tendrán que buscar entre las oficinas habilitadas, sino seguir la información asociada a su permiso. Migración Colombia insistió en que esta comprobación es el paso necesario para saber si el PPT todavía continúa disponible y, posteriormente, completar la entrega antes de que se cumpla el plazo de 60 días establecido para estos documentos.

Un informe de inteligencia detalla una reunión de alto nivel celebrada el 28 de diciembre de 2025, horas antes de la salutación presidencial en la Academia Militar de la Armada. En el encuentro participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López, Héctor Rodríguez, Domingo Hernández Lárez, José Luis Tremont Jiménez, comandantes de los componentes y Nicolás Maduro Guerra.

Según el documento, al que tuvo acceso Infobae, el entonces ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, alertó sobre la posibilidad de un ataque militar por parte de Estados Unidos. Ante ese escenario recomendó suspender los permisos navideños, y paralelamente reforzar las unidades militares y elevar la actividad operativa en todo el país.

La reacción de Nicolás Maduro, de acuerdo con el informe, fue de sorpresa. El mandatario rechazó la advertencia y aseguró que intermediarios que actuaban como lobbistas entre su gobierno y funcionarios estadounidenses le habían garantizado que no habría acciones militares contra instituciones del Estado ni contra él o su familia.

Maduro tenía la certeza, según les dijo, que el despliegue de la Operación Lanza del Sur, era una estrategia de presión. Ese argumento fue secundado por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón y el presidente de la Asamblea nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, quienes insistieron en que suspender los permisos navideños generaría alarma dentro de la Fuerza Armada y podría estimular levantamientos internos.

Lo que queda en evidencia es que tanto Maduro como Cilia Flores descartaron la alerta como creíble y no consideraron que Padrino López reuniera las capacidades estratégicas necesarias, de un líder militar con alta dirección estratégica encargado de garantizar la seguridad nacional y la estabilidad de las fuerzas castrenses, en ese momento de alta tensión. También destaca la insistencia de Rodríguez y Cabello en minimizar la advertencia del ministro de la Defensa durante la reunión.

Los antecedentes

En paralelo a estos hechos, el documento menciona gestiones diplomáticas que se desarrollaban fuera del país. De acuerdo con una revelación publicada por The Washington Post, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, convocó de urgencia, en vísperas de Navidad, al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch. El objetivo era ofrecer a Nicolás Maduro una salida negociada con asilo en Rusia, garantizado por el presidente Vladimir Putin, para evitar una intervención militar estadounidense a gran escala.

Una investigación posterior de la agencia Zenit confirmó que la propuesta rusa incluía protección para Maduro y su círculo íntimo, la posibilidad de abandonar Venezuela y la garantía de conservar sus recursos económicos en el extranjero. Sin embargo, el informe de Inteligencia obtenido por Infobae, señala que la administración estadounidense rechazó esa opción. El presidente Donald Trump insistió en que Maduro debía ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de narcoterrorismo que pesaban sobre él.

El documento también recoge información divulgada por Reuters sobre contactos previos entre funcionarios de la administración Trump y Diosdado Cabello y esas comunicaciones se mantuvieron incluso después del 3 de enero de 2026. Cabello habría sido advertido de no activar los mecanismos de represión ni movilizar las bases del PSUV o grupos de choque contra la oposición.

Su inacción, pese a tener una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares en su contra, habría sido compensada con su permanencia en el cargo y la de sus familiares

El informe incluye la existencia de conversaciones en curso entre figuras del chavismo y funcionarios estadounidenses para asegurar la continuidad del aparato de poder tras la salida de Maduro lo que explicaría por qué Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello descartaron sin vacilación la advertencia militar de Padrino López en la reunión del 28 de diciembre de 2025.

Mandos responsables

Cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutan, el 3 de enero 2026, la Operación Resolución Absoluta, extrayendo a Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Adela Flores de Maduro de territorio venezolano, existía una cadena de mando encargada de la defensa de Caracas.

La figura principal era el ministro de la Defensa, en su función político y militar, el General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López. En el nivel estratégico y operacional se encontraba el GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, jefe del Ceofanb. Los dos alto oficiales fueron relevados de sus cargos, por Delcy Rodríguez. el 18 de marzo 2026.

Frente al Comando de Defensa Aeroespacial (Codai) se encontraba el Mayor General (Av) José Luis Tremont Jiménez, quien horas después de la extracción de Nicolás Maduro, fue destituido del cargo. El general Yonny Rodolfo Mora Soto, comandante de la Brigada de Defensa Aérea Central, cierra el cuadro operacional y táctico de la defensa de Caracas, como centro del poder político y militar de Venezuela.

El CODAI, que es el comando por excelencia de combate conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preparado para la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo venezolano, también tiene en su estructura otros cargos relevantes, como el del segundo comandante, que ocupaba el GD (Av) José Antonio Cuare Salazar, quien fue pasado a retiro en julio 2026.

También el Inspector General, el divisionario Eduardo José Sellone, quien fue designado, en enero 2026, como jefe del Comando de Defensa Aeroespacial, en sustitución del Mayor General José Luis Tremont Jiménez; Sellone solo estuvo siete meses al frente del CODAI y en agosto 2026 es nombrado director Conjunto de Ciberdefensa del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB).

Y en esa estructura se incluye al director de Artillería, GD Robert Frederich Rondón Cordero, quien fue Director de Operaciones del Codai. Rondón era el segundo comandante y Jefe del Estados Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, hasta el 11 de agosto 2026.

En entrevista con Infobae México, a propósito de su nuevo libro Narcocracia, Hernández relató parte de la información que obtuvo durante diferentes conversaciones y a partir de documentos relacionados con Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, uno de los antiguos integrantes de la estructura del cártel.

Uno de los episodios que destaca la periodista involucra al gobierno de Perú durante la administración del expresidente Alan García, a quien identifica por el sobrenombre de “Caballo Loco”. Según el relato atribuido a Villarreal, funcionarios peruanos habrían establecido contacto con integrantes del Cártel de Sinaloa para concretar una operación de compra y posterior entrega de armamento.

El presunto puente entre Perú, China y el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con Hernández, durante un periodo importante del crecimiento de la organización criminal, parte del armamento utilizado para equipar a sus grupos habría llegado desde China a través de Perú.

La operación, explicó, habría funcionado mediante una estructura clandestina en la que el gobierno peruano adquiría las armas a China para posteriormente revenderlas al grupo criminal mexicano.

“También venían de acá”, resumió Hernández al explicar que el testimonio de “El Grande” introduce una ruta distinta a la tradicionalmente señalada para explicar el abastecimiento de armas de los grupos criminales mexicanos.

Según la periodista, funcionarios del gobierno de Perú habrían sostenido reuniones con integrantes del Cártel de Sinaloa y, mediante sobornos y pagos millonarios, se habría establecido el acuerdo.

“Lo que hace el Caballo Loco, el presidente, este presidente, que es Alan García”, explicó Hernández, “es enviar a un grupo de funcionarios del Gobierno de Perú que tienen reuniones con miembros del cártel de Sinaloa”.

La periodista puntualizó que, de acuerdo con lo que pudo investigar, no existen elementos para afirmar que el gobierno chino conociera el destino final de las armas. La operación habría consistido en que China vendía legalmente el armamento a Perú y posteriormente éste era canalizado clandestinamente hacia el Cártel de Sinaloa.

El señalamiento, por tanto, apunta a una posible utilización de estructuras oficiales de un gobierno extranjero para facilitar el abastecimiento de una organización criminal mexicana.

Venezuela, otra conexión señalada por “El Grande”

Hernández también habló de los vínculos que, según Villarreal, existieron entre el Cártel de Sinaloa y funcionarios o personas cercanas al poder político en Venezuela.

La periodista señaló que “El Grande” habló directamente de una conexión entre el grupo criminal mexicano y familiares del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

En particular, mencionó a un hombre identificado con el sobrenombre de “El Turco”, quien, según el testimonio citado por Hernández, afirmaba ser sobrino o familiar de Chávez y habría mantenido reuniones con integrantes del Cártel de Sinaloa.

El contexto de estos contactos habría sido especialmente relevante debido a que Venezuela se convirtió en una plataforma para el tráfico internacional de drogas, de acuerdo con la investigación referida por la periodista.

Hernández aseguró que esta versión no surgió recientemente, sino que comenzó a aparecer en la documentación judicial relacionada con Villarreal desde hace más de una década.

“Yo la primera vez que supe de eso fue más o menos en el 2008, 2009”, relató, aunque posteriormente precisó que los primeros documentos que revisó sobre esa conexión databan aproximadamente de 2010 o 2011.

La periodista indicó que algunas de las primeras declaraciones de “El Grande” ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya hacían referencia a la relación entre Venezuela y el grupo criminal.

Maduro y las acusaciones en Estados Unidos

Dentro de esa misma trama, Hernández vinculó el relato de Villarreal con el proceso judicial que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos.

La periodista recordó que, antes de convertirse en presidente, Maduro se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Chávez y sostuvo que, según la acusación presentada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, habría facilitado visas y viajes entre Venezuela y México a personas vinculadas con el narcotráfico.

“Él facilitaba visas, facilitaba el viaje de diferentes narcotraficantes entre Venezuela y México”, afirmó Hernández al referirse a lo señalado en la acusación estadounidense.

De esta manera, Narcocracia presenta, según la autora, una visión de las redes del narcotráfico que va más allá de las estructuras criminales mexicanas y aborda la presunta participación de funcionarios y operadores extranjeros.

Los testimonios de “El Grande”, sostiene Hernández, muestran cómo el Cártel de Sinaloa habría aprovechado contactos políticos, corrupción y estructuras gubernamentales para conseguir armamento y consolidar rutas internacionales para el tráfico de drogas.

Los señalamientos corresponden a testimonios y acusaciones que la periodista presenta como parte de su investigación; no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad penal de las personas mencionadas.

La selección Colombia femenina quiere hacer una buena preparación para pelear en el Mundial Femenino de Brasil 2027, el principal objetivo del equipo para demostrar el crecimiento de la plantilla, recambio en algunas posiciones y ratificar lo hecho en la Liga de Naciones Conmebol, de la que salió campeón en junio de 2026.

Por esa razón, confirmó dos nuevos amistosos en lo que queda del año, pues desea que la plantilla no solo cuente con continuidad en el segundo semestre de 2026, sino para mirar jugadoras que pueden integrar el proceso y, si todo sale bien, quedar en la lista de convocadas para el torneo.

La Tricolor, por el momento, cuenta con tres encuentros confirmados para noviembre de 2026, pero tiene espacio para más partidos de preparación en el primer semestre de 2027, lo que ayudará a que el técnico Ángelo Marsiglia conozca mejor a quiénes llevará a Brasil.

Los nuevos amistosos de Colombia

El combinado nacional no tiene acción desde junio, cuando venció a Paraguay por 4-3 en Asunción y se coronó campeona de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, invicta y al ganar sus cuatro compromisos de local, lo que demuestra su fuerza en casa.

Ahora la idea es que se haga más competitiva para el Mundial 2027 con los amistosos frente a Venezuela, el rival que la Federación Colombiana de Fútbol anunció el sábado 5 de septiembre, para la próxima fecha FIFA de amistosos de preparación en el fútbol femenino internacional.

“Los dos partidos representan una nueva oportunidad para el equipo dirigido por Angelo Marsiglia de continuar fortaleciendo su proceso deportivo, mantener el ritmo competitivo y seguir preparando los próximos desafíos de cara a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027″, mencionó la FCF.

La federación explicó que “los encuentros se disputarán los días 10 y 13 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en la Isla de Margarita, Venezuela”, donde se espera que la Tricolor haga una buena presentación frente a las locales.

De otro lado, el entrenador Marsiglia usaría algunas de las jugadoras que llevó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, que se jugaron en agosto y el equipo se llevó la medalla de plata, un premio merecido por su rendimiento y cuya nómina fue integrada por futbolistas de la Liga Femenina.

Los otros amistosos

Además de Venezuela, la selección Colombia femenina también programó un compromiso para final de año, también en condición de visitante, pero con el desgaste del vuelo porque será en el continente oceánico, donde hizo su mejor presentación en un mundial femenino en 2023.

“Las dirigidas por Angelo Marsiglia visitarán la ciudad de Canberra en noviembre para disputar una inédita serie de dos partidos ante Australia. El primer partido de la serie se disputará en el GIO Stadium Canberra el sábado 28 de noviembre a las 7:40 p. m., mientras que la sede del segundo encuentro será anunciada próximamente”, informó la FCF.

La federación también recordó que será el segundo juego en la historia con las australianas, ya que el equipo femenino se vio con ellas en la She Believes Cup 2025, torneo amistoso en Estados Unidos, y las venció por 2-1 con anotaciones de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

“Actualmente, ambos equipos buscarán dejar una buena impresión y tomar impulso de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027″, terminó de decir la FCF en un comunicado, al resaltar que el encuentro .

El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, dio a conocer detalles de la manera como están funcionando los grupos armados que operan en Colombia. Se refirió específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización criminal que, según detalló, constituye una amenaza para el país y otras naciones, en donde tienen brazos armados e, incluso, altos mandos.

“Es una organización terrorista de carácter transnacional que ya es una amenaza no solo para Colombia y los venezolanos, sino también para la región”, precisó el uniformado, en conversación con la revista Semana.

Pese a que el ELN es una organización criminal que surgió en Colombia, lo cierto es que ahora sus jefes se encuentran en Venezuela, según confirmó el comandante. “El liderazgo del ELN, en su totalidad, por ejemplo, todo el liderazgo principal”, detalló.

Algunos de los cabecillas que están en el vecino país son: Luz Amanda Pallares, Silvana Guerrero o Ana María, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN (buscada por las autoridades); Israel Ramírez Pineda, conocido como alias Palo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla; y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, máximo líder del ELN.

Además de ese grupo armado, la Segunda Marquetalia también tiene altos mandos en Venezuela. De acuerdo con el mayor general Erik Rodríguez, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, comandante de esa organización al margen de la ley, también está en territorio venezolano.

El director de la Policía Nacional, mayor general Alejandro Barrera, indicó al informativo citado que los integrantes de estos grupos armados viven de manera clandestina, pero ya no se esconden en áreas campamentarias. Procuran ubicarse en casas o casas-fincas cercanas a zonas donde tienen las comodidades de un área urbana.

“No solo están en la zona fronteriza con Colombia. Han expandido su área de influencia delictiva a través del estado de Amazonas hacia el oriente y ya hay estructuras del ELN en Guyana y en fronteras entre Venezuela y Guyana. Es muy grave”, detalló el comandante de las Fuerzas Militares en la entrevista con el medio de comunicación citado.

Según el director de la Policía, la expansión de las organizaciones criminales fuera de la frontera tiene su base en intereses ilícitos. Explicó que, por ejemplo, Guyana es un país atractivo porque tiene reservas mineras estratégicas. Por eso, las estructuras armadas se despliegan allí y se disputan el control territorial, algo que ya pasa en Colombia y en Venezuela.

El fortalecimiento de los grupos armados en Colombia

Las organizaciones criminales que operan en Colombia presentan un importante incremento. De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en diciembre de 2022 se contabilizaron 15.120 combatientes, y en julio de 2026, ese número aumentó a 28.802.

Ese incremento exponencial de integrantes se evidencia tanto en el ELN como en la Segunda Marquetalia. Pues, el Ejército de Liberación Nacional pasó de 5.851 en 2022 a 7.123 miembros en 2026 y la Segunda Marquetalia ya tiene 584 integrantes.

Las disidencias de las Farc también han ido creciendo. Por un lado, el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, pasó de 3.576 guerrilleros en 2022 a 4.480 en 2026. Por otra parte, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), cuyo cabecilla es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aumentó el número de integrantes a 3.001. El Clan del Golfo tuvo un incremento de miembros mucho más alto que las demás estructuras armadas: pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 10.268 en 2026, lo que quiere decir que engrosó sus filas con más de 6.000 personas.

Este fortalecimiento se presentó durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), que, a través de la política de Paz Total, intentó adelantar negociaciones de paz con las organizaciones criminales.

El Gobierno de Venezuela firmó el viernes un contrato con la empresa estadounidense Miyamoto International para retirar, en una primera etapa, tres millones de toneladas métricas de escombros tras el doble terremoto del 24 de junio.

El acuerdo fue suscrito en Caracas por el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, y el fundador de la firma, el ingeniero estructural Kit Miyamoto. Del acto participaron la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

El Ministerio de Comunicación venezolano indicó que el convenio contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el refuerzo de los estándares de construcción y la aplicación de protocolos para la prevención de desastres y la protección de la población.

Miyamoto, que también se dedica a la gestión de riesgos de desastres, permaneció en Venezuela desde los sismos para monitorear las condiciones, aportar evaluaciones de ingeniería y compartir recursos de respuesta. “Estamos combinando las capacidades con el sector privado”, afirmó Miyamoto a la cadena estatal Venezolana de Televisión. “Es parte de nuestra meta: trabajar conjuntamente con la población venezolana”, agregó.

Ramírez destacó la alianza con una compañía de experiencia internacional en infraestructura, terremotos y acciones posteriores a desastres. El ministro sostuvo que la cooperación con Estados Unidos contribuirá a los trabajos de “reconstrucción total” del estado La Guaira, el más afectado por los temblores.

El último balance oficial, difundido el 24 de agosto, indicó que el doble terremoto dejó 6.509 muertos, 14.239 viviendas con daños moderados y 11.001 casas con afectaciones graves.

La organización no gubernamental TECHO lanzó una campaña para construir 700 viviendas de emergencia destinadas a familias afectadas por los terremotos en Venezuela y Colombia. La entidad, que tiene presencia en 18 países de América Latina, ya levantó 25 viviendas de emergencia en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas afectadas por los sismos.

En paralelo a la rúbrica, Delcy Rodríguez celebró la firma de un nuevo contrato petrolero con la empresa colombiana GeoPark para explotar durante 25 años el campo de crudo pesado Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El convenio se firmó en el Palacio de Miraflores entre el vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Jovanny Martínez, y Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark.

Rodríguez, que asumió la conducción del Ejecutivo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero, enmarcó el acuerdo en los convenios internacionales que el Gobierno impulsa después de la negociación alcanzada la semana pasada con Estados Unidos.

“Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, afirmó durante un acto con trabajadores del sector petrolero transmitido por Venezolana de Televisión.

La mandataria celebró que una empresa colombiana participe en el plan oficial de recuperación de la industria petrolera. “Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo”, declaró.

El campo Bare cuenta con unos 1.100 pozos y produce cerca de 11.000 barriles diarios, según un comunicado del Grupo Gilinski. La empresa estima que el potencial máximo del yacimiento se ubica entre 85.000 y 95.000 barriles diarios.

“GeoPark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que este proyecto requiere”, declaró Gilinski tras la firma.

(Con información de EFE)

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, celebró este viernes la firma de un nuevo contrato petrolero con la colombiana GeoPark, en el marco de una serie de convenios internacionales que buscan consolidar al país como “potencia productora” de crudo tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con Estados Unidos.

La mandataria, que lleva ocho meses al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, participó en un acto con trabajadores petroleros transmitido por el canal estatal VTV, donde remarcó el alcance de los acuerdos firmados en las últimas semanas. “Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, expresó.

El gobierno interino venezolano firmó este viernes un contrato con GeoPark para explotar durante 25 años un campo de crudo pesado, en un encuentro realizado en el Palacio de Miraflores. El convenio fue suscrito por Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Jaime Gilinski, presidente del grupo colombiano Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark.

Rodríguez, presente en la firma, celebró la incorporación de la compañía al sector energético venezolano. “Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo”, afirmó la mandataria.

El acuerdo otorga a GeoPark el manejo del campo Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, que alberga buena parte de las reservas del país. Según un comunicado del Grupo Gilinski, el yacimiento cuenta con aproximadamente 1.100 pozos existentes y una producción bruta actual cercana a los 11.000 barriles diarios (bd), aunque su potencial máximo se ubica entre 85.000 y 95.000 bd.

“GeoPark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que este proyecto requiere”, declaró Gilinski tras la firma. La compañía es la primera petrolera colombiana que operará de manera directa un bloque en territorio venezolano.

Rodríguez destacó además la firma de convenios para el desarrollo de campos verdes, ocho de los cuales están contemplados en lo que calificó de “extraordinario acuerdo binacional” con Washington, anunciado el 28 de agosto. Según explicó la mandataria, el pacto tiene una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles por día.

Esa cifra equivale a la explotación de una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que Venezuela tiene en reservas, las mayores del mundo. El convenio entre Venezuela y Estados Unidos, calificado por Rodríguez de histórico, cede a Washington la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas a cambio de retomar una relación energética que, según la mandataria, data de 1859.

La Casa Blanca confirmó además que otorgó una concesión que puede extenderse hasta por un siglo a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt. Rodríguez volvió a agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, por “su disposición a retomar una relación energética” con el país y remarcó que ella ha abogado por resolver las diferencias “a través de la diplomacia y de la negociación”.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de otros acuerdos de mayor envergadura con las petroleras Chevron y Eni para ampliar sus operaciones en el país, así como con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica. Wright viajó a Venezuela tras el convenio del 28 de agosto que cedió a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país.

Rodríguez señaló que también se han firmado acuerdos con empresas de países como España, Italia, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, y que esos convenios “van a marcar a Venezuela en su desarrollo energético” y a “posicionarla en la fórmula energética internacional”.

La producción petrolera venezolana se ubicó en julio en 1,2 millones de barriles diarios, tras un incremento de casi 30% desde enero, cuando Maduro fue derrocado en un operativo militar estadounidense. La cifra actual está aún lejos de los 3 millones de barriles diarios que el país producía a finales de los años noventa.

La firma de los acuerdos petroleros se produjo un día después de que la líder opositora María Corina Machado advirtiera que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, en referencia al Ejecutivo venezolano, al que calificó de “régimen ilegítimo”. La dirigente, ganadora del premio Nobel de la Paz, sentenció que “no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular”.

Aunque toda la atención se centra en la escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el chavismo, señala que el objetivo es “reconstruir la independencia judicial de arriba hacia abajo”.

“Designar nuevos magistrados en todas las salas (del TSJ) es un primer paso inconmensurable. El siguiente consiste en llevar la independencia judicial hasta cada tribunal del país y desmontar los mecanismos que durante años hicieron posible la utilización de la justicia para la persecución política y la corrupción”, subrayó el abogado constitucionalista.

Al cierre del primer ciclo de conversaciones, el 12 de agosto, las partes acordaron “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia” en el país.

En el marco de ese compromiso, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo reformó la Ley Orgánica del TSJ, para darle mayoría a la representación de la sociedad civil frente a los diputados en el comité de postulaciones judiciales que se encargará de impulsar la renovación del máximo juzgado.

Puestos clave

Para la construcción de un Poder Judicial autónomo, Matheus destaca la importancia de cambiar el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y la Inspectoría General de Tribunales.

“Necesitamos nuevas autoridades en estos organismos y garantías efectivas para su autonomía. Una Dirección Ejecutiva de la Magistratura profesional y autónoma debe administrar los recursos del Poder Judicial al servicio de los tribunales”, sostiene el dirigente de Primero Justicia.

Matheus recalca que “la Inspectoría General de Tribunales es igualmente importante. Su tarea es vigilar el desempeño de los jueces y el cumplimiento de sus deberes. Allí la autonomía de la Inspectoría adquiere todo su sentido”.

“Venezuela necesita volver a formar jueces y reconstruir la carrera judicial. Hay que atraer a buenos abogados, premiar el conocimiento y la integridad, y ofrecer estabilidad a quien dedica su vida profesional a administrar justicia”, apunta.

Sigue

Está previsto que a mediados de este mes las delegaciones del gobierno y la oposición retomen el diálogo, bajo el auspicio de Estados Unidos. De acuerdo con lo expresado por la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, en esta ronda abordarán los derechos y garantías políticas.

En el plano judicial, el camino es largo. Sancionada la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, queda pendiente la revisión de otras normas, la designación de los integrantes del comité de postulaciones judiciales y activar el proceso de postulación de los magistrados.

Las partes también pactaron conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, “para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación” de los aspirantes.

A diez días de que comience oficialmente el nuevo año escolar, el Ministerio de Educación muestra como un logro el crecimiento de la matrícula, que habría pasado de 5 millones 570 mil 942 estudiantes en julio de 2024 a 6 millones 9 mil 254 en julio de este año.

Sin embargo, en enero de 2024, Nicolás Maduro aseguró que dentro del sistema educativo nacional se encontraban 8 millones 824 mil 512 niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿dónde están esos casi 2,9 millones de estudiantes que supuestamente asistían a las aulas?

“La brecha de estudiantes responde a una dinámica multicausal e interconectada, donde la crisis socioeconómica estructural y la movilidad humana se retroalimentaron”, expone Celsa Afonso, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Al evaluar los registros ofrecidos por el régimen chavista sobre la matrícula escolar, la profesora destaca el efecto de la migración, pues “la salida de familias redujo la densidad poblacional en edad escolar en el país”.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que alrededor de 7,9 millones de venezolanos abandonaron su país a causa de la emergencia humanitaria compleja que empezó a sufrirse a mediados de la década pasada.

Afonso también resalta el fenómeno de la inclusión laboral temprana y el costo de oportunidad. “El mayor déficit de escolaridad se concentra en tercero, cuarto y quinto año de Educación Media General. La presión económica obliga a los adolescentes a abandonar el liceo para incorporarse al mercado informal y aportar al ingreso familiar”, apunta.

En tercer lugar, sostiene que la escuela venezolana ya no cumple su función protectora. “Sin servicios básicos continuos, la escuela pierde su capacidad de retención y la educación deja de ser percibida por los jóvenes como un vehículo viable de movilidad social y construcción de un proyecto de vida autónomo”, argumenta.

Al momento de revisar las cifras que divulga el régimen chavista, debe tomarse en cuenta lo siguiente: Desde hace una década, el Ministerio de Educación no publica una memoria y cuenta detallada que permita conocer los datos del sistema educativo venezolano. Ante el vacío de información, todo se limita a declaraciones y “láminas” que son inauditables.

Nada cambia

La investigadora advierte que los factores que provocan la deserción escolar no solo continúan vigentes, sino que “se han complejizado con las nuevas realidades” que enfrenta el país.

En principio, resalta que la pobreza, la incorporación laboral temprana y la suspensión recurrente de clases por fallas en los servicios públicos siguen afectando al sistema educativo.

Afonso indica que la acumulación de rezagos de aprendizaje atenta contra la continuidad de los estudiantes. “La falta de competencias básicas en lectura y matemáticas genera desmotivación y abandono progresivo, al no poder los estudiantes avanzar al ritmo de exigencia de su grado”, precisa.

La académica percibe que existe una “desconexión entre la oferta pedagógica actual y las expectativas de orientación vocacional o realidades territoriales de los jóvenes”.

A los obstáculos que se arrastran desde hace años se suma el impacto del doblete sísmico del 24 de junio, “que dañó la infraestructura escolar, desplazó comunidades y obligó al uso de refugios temporales o rezonificaciones”, explica Afonso.

Preocupación

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que por los terremotos 900 planteles sufrieron daños menores, mientras que 87 presentan fallas estructurales y once colapsaron totalmente. El funcionario adelantó que se ejecutará un plan de rezonificación para reubicar a los estudiantes con el fin de que puedan volver a clases el 14 de septiembre.

En contraste con el discurso de Rodríguez, la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y la ONG Cecodap han señalado que tras el doblete sísmico se presenta “un escenario de alta vulnerabilidad para garantizar el derecho a la educación” en Venezuela.

Las organizaciones cuestionan a la cartera de Educación por no compartir “información técnica pública, desagregada y verificable sobre la habitabilidad específica de cada plantel educativo”, y alertan sobre “el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de los vacíos de información pública por plantel”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que seis periodistas y trabajadores de la prensa siguen enfrentando procesos judiciales en Venezuela, incluido Carlos Correa, quien opta al cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras recordar que “decenas más permanecen en el exilio, algunos también judicializados o bajo amenaza”, el SNTP exige “el cierre de las causas y el levantamiento de las medidas restrictivas” que afectan a los profesionales de la comunicación.

Reputado activista por la libertad de expresión y director de la ONG Espacio Público, Correa estuvo detenido del 7 al 16 de enero de 2025 en la cárcel de El Helicoide, identificado como un centro de torturas recientemente clausurado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El periodista estuvo en condición de “desaparición forzada”, sometido al aislamiento y sin posibilidad de hablar con sus abogados. El SNTP apunta que Correa acumula 604 días judicializado por el régimen chavista.

Distintos organismos defensores de Derechos Humanos han insistido en lo siguiente: La excarcelación no significa libertad plena. El gobierno interino de Rodríguez promulgó una Ley de Amnistía y ha sacado de prisión a centenares de presos políticos; sin embargo, ya en la calle los beneficiarios continúan sufriendo limitaciones como arresto domiciliario, presentación periódica ante los tribunales y prohibición de salida del país.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos señaló que tiene “documentados al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, de los cuales “37 presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida”.

Manifiesto

Otro de los afectados es Rory Branker, editor de la página La Patilla. “No conforme con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes al informar que los tribunales le habían negado la amnistía.

Al frente de 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, el SNTP publicó esta semana el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, que entre otras cosas demanda libertad plena y fin de la persecución contra los trabajadores de la prensa. En el texto reclaman desde el cierre de los procesos judiciales hasta la devolución de pasaportes anulados a comunicadores.

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo este jueves que “no es suficiente” la flexibilización de sanciones que ha habido este año, como resultado del estrecho acercamiento con Estados Unidos, y pidió el cese total de estas medidas, casi una semana después de que Caracas y Washington anunciaran un histórico acuerdo petrolero.

“Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas pero no es suficiente”, dijo la alta funcionaria en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de este año, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Washington ha flexibilizado su esquema de sanciones a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.

Henao aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, seguirá “pidiendo el cese completo de las sanciones” con el fin de garantizar que el país sea una “potencia energética”.

A su juicio, el país suramericano “juega un papel fundamental” en el equilibrio energético mundial, por lo que considera “imposible sacar a Venezuela de esa ecuación”.

“Nosotros somos justamente garantía de ese equilibrio energético y un suplidor que está allí, a la mano, es un suplidor confiable y que, definitivamente, pone esos recursos a disposición del mundo para poder (...) atender toda la demanda”, dijo.

La ministra calificó de “hito histórico” la firma el miércoles de acuerdos con empresas como la estadounidense Chevron que permitirán la adhesión de los bloques Carabobo 1 y Carabobo 2 a Petroindependencia, constituida entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, para la expansión de sus operaciones.

“Ya empezamos a ver la movilización de los primeros equipos de taladros hacia esas zonas para ese desarrollo”, anunció Henao, quien señaló que se proyecta que la producción de las empresas con participación de Chevron pase de unos 270.000 barriles por día (bpd) en los que está actualmente a más de 300.000 este mismo año.

Además, estima que posteriormente esté “sobre los 700.000 barriles” diarios.

Estos acuerdos fueron firmados en Caracas junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que visitó la capital venezolana menos de una semana después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y Rodríguez anunciaran el gran acuerdo bilateral.

Este convenio permitirá el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que tiene Venezuela en reserva, la mayor del mundo.

(Con información de EFE)

Hay personas que apenas existen para el expediente público: no tienen presencia en redes sociales, no figuran en grandes titulares y terminan diluidas en el entramado judicial venezolano. Ese es, según su familia, el caso del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jhonny Fernando Barrios Contreras, detenido el 26 de enero de 2024 y señalado dentro de la causa denominada “Espionaje Fortunato” o “Espías de la CIA”.

Teolinda Contreras, madre de Jhonny Barrios, dice en conversación con Infobae que su hijo fue enviado inicialmente al Centro Penitenciario Rodeo I. Ahora bajo el régimen el interinato de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, el jueves 3 de septiembre 2026, supo que había sido trasladado a la cárcel Yare II junto con otros detenidos de la misma causa. La noticia reactivó su denuncia pública: asegura que su hijo permanece preso sin que se haya fijado fecha para la apertura del juicio.

Contreras relata que su hijo, de 41 años, fue detenido, hace dos años y ocho meses, de manera arbitraria y sin orden de aprehensión por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM). El procedimiento ocurrió cuando el capitán prestaba servicio en el comando conocido como La Mata, sede del Comando de Zona N° 22 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la urbanización La Mata, parroquia Osuna Rodríguez, municipio Libertador del estado Mérida.

La madre afirma que, cerca de las nueve de la mañana de ese 26 de enero, Barrios cumplía guardia en la puerta del comando cuando fue abordado por funcionarios de la DGCIM que llegaron en una camioneta negra. Según su versión, lo detuvieron sin explicaciones y lo trasladaron de inmediato a Caracas. Durante el trayecto, añade, no le permitieron consumir agua ni alimentos. Barrios también habría contado a su familia que un funcionario identificado como Luis Toro lo golpeó reiteradamente.

Desde entonces, según la denuncia, permaneció recluido en la sede principal de la DGCIM en Boleíta en desaparición forzada. “Pasados treinta días es cuando recibo información de que se encontraba recluido en ese sitio, pero al ir a preguntar por él me informan que fue trasladado días antes al Centro Penitenciario Rodeo I”, relató Contreras.

Un exfuncionario de Inteligencia Militar consultado por Infobae sostiene que, desde 2016, cuando el entonces coronel Rafael Antonio Franco Quintero asumió la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, bajo el mando del mayor general Iván Rafael Hernández Dala, se habría implementado un patrón de detenciones basado en listas de militares previamente investigados. Según esa fuente, esos nombres eran reutilizados para sustentar presuntas operaciones conspirativas que el gobierno venezolano presentaba como amenazas externas.

Justicia y Debido Proceso

La audiencia de presentación, según le informó su hijo, se realizó el 28 de enero. El 24 de abril de 2024 tuvo lugar la audiencia preliminar y el caso fue pasado a juicio. Sin embargo, la madre sostiene que desde entonces el proceso quedó paralizado: “No le han fijado fecha de apertura de juicio; es un retardo que lleva dos años”.

Contreras asegura que recientemente llevó escritos a la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. En esas comunicaciones denunció las presuntas violaciones graves de derechos humanos contra su hijo, entre ellas el derecho al debido proceso, a la libertad y a la integridad física, psíquica y moral.

En sus solicitudes, la madre pide que se tome en cuenta su denuncia formal por lo que considera una violación grave de derechos humanos contra el capitán Jhonny Fernando Barrios Contreras. Afirma que fue detenido sin haber cometido un hecho punible y sin que se le incautara algún elemento de interés criminalístico.

Teolinda Contreras recuerda que, tras graduarse, su hijo ingresó a la DGCIM y fue enviado a Machiques, estado Zulia. Luego fue trasladado a instalaciones militares de la Guardia Nacional Bolivariana y asignado al comando de La Mata, en Mérida, donde se ocupaba de asuntos administrativos.

Enfrentando el miedo

Ese 26 de enero no fue el primer episodio, sino la tercera vez. “Antes del 2019 lo mantuvieron unos días detenidos y lo soltaron”, porque no había ningún tipo de pruebas en su contra. Posteriormente estuvo ocho meses presos, lo acusaron de terrorismo y traición a la patria, “no había ninguna prueba contra él y le dieron un sobreseimiento”, dice la madre del capitán. “Mucha gente le dijo que se fuera del país” porque no había garantías constitucionales, pero Jhonny Barrios optó por quedarse.

Durante estos años Contreras evitó hacer pública la denuncia por temor a represalias contra la familia y a que le impidieran visitar a su hijo. Ahora, dice, la preocupación es otra: padece artrosis avanzada en las piernas, lo que dificulta sus traslados. “Él está allá encerrado en el olvido. Lo sacaron del Rodeo I solo con el uniforme de los presos y los zapaticos, porque no les permitieron llevarse nada de lo que tenían ahí. En Yare hay que llevarles comida y agua; por todo hay que comprar”, afirma.

La madre asegura que es la única persona que puede verlo. El padre del capitán es Fernando Barrios Quintero, quien es paciente renal, postrado en cama, está ciego desde hace más de siete años y utiliza silla de ruedas. El capitán también tiene un hijo adolescente bajo el cuidado de su abuela.

La causa Espionaje Fortunato

El contexto de la causa se remonta al 22 de enero de 2024, cuando el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, anunció públicamente que, por la presunta participación en cinco conspiraciones, se había ordenado la captura de 32 personas desde el 15 de enero y se procesaban órdenes contra otras 11.

Nicolás Maduro Moros sostuvo entonces que esos supuestos planes habían sido organizados y planificados desde bases estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Colombia, con participación de funcionarios de inteligencia del Ejército colombiano.

Aunque Saab Halabi afirmó que el presunto cabecilla del caso, el sargento primero José Fortunato Guerrero Rojas, fue detenido en el municipio José María Semprún del estado Zulia, otras fuentes sostienen que en realidad fue capturado en Colombia y entregado a la DGCIM en Venezuela bajo el argumento de que era un militar desertor.

Un exfuncionario de Inteligencia Militar le dice a Infobae que Fortunato habría sido torturado para grabar un video en el que señalara a varias personas, entre ellas al capitán Barrios. “Le prometieron que a cambio solo lo condenarían a cinco años de prisión, pero lo engañaron y lo condenaron a 30 años de cárcel”, le dice a Infobae un exfuncionario de Inteligencia Militar.

El entonces fiscal General de la República aseguró que Fortunato Guerrero obtenía información confidencial de carácter militar, incluidos nombres de pilotos, que supuestamente enviaba a la CIA. Además de Guerrero, fueron detenidos los tenientes coroneles Edgar Josué Carrillo Camacho y Jholmar Josué Cárdenas Camacho, así como los civiles Daniel David Rivas Boyer y Jesús Alberto García. Se les acusó de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. Uno de ellos fue liberado y solo quedan cuatro detenidos.

Venezuela a la hora de empezar una “transición” que comprenda temas institucionales no puede prescindir de la última institucionalidad con mandato constitucional democrático vigente, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia juramentados en el 2017 por la Asamblea Nacional democrática, los desesperados intentos por eliminar su vigencia institucional son absolutamente patéticos y extremadamente peligrosos para la institucionalidad del país. Venezuela enfrenta una oportunidad institucional limitada para iniciar un proceso ordenado de estabilización democrática y restauración del Estado de derecho, un proceso que será naturalmente difícil y permanente torpedeado por aquellos que hicieron del ejercicio del poder la violación de la Constitución y por aquellos que lo ven como una oportunidad de sacar ventajas políticas.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, mantienen mandatos constitucionales válidos de doce años y constituyen la única estructura judicial derivada de un proceso de nombramiento democráticamente legítimo y constitucionalmente válido por lo cual resulta absurdo que actores políticos ilegítimos como los que representan a la dictadura y actores políticos cuyos mandatos constitucionales caducaron hace 5 años, quienes solamente pueden esgrimir que al impedido no le corre termino, pero que no representan una expresión reciente de la ciudadanía se atribuyan el poder de caducar estos mandatos constitucionales. No tienen ese poder. No se los otorga la constitución ni las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

En un mundo de imperativos categóricos para el sistema político venezolano la restitución progresiva del Tribunal Supremo de Justicia proporciona un mecanismo institucional inmediato para fortalecer la seguridad jurídica, restaurar la independencia judicial, supervisar la reorganización electoral y contribuir a reconstruir la confianza nacional e internacional necesaria para la recuperación y reconstrucción económica de Venezuela.

El marco que propone una transición gradual, constitucional y supervisada legalmente, orientada a restaurar la gobernanza democrática, la separación de poderes y las condiciones necesarias para futuras elecciones libres, competitivas y verificables internacionalmente, debe empezar por el más pleno respeto constitucional y no por violaciones burdas de negociadores cuya unica legitimidad futura es lograr recuerdos que se basen estrictamente en principios y valores de la democracia y la constitución.

Ese primer paso lleva a retomar la continuidad constitucional y a la reinstitucionalización del Poder Judicial, cualquier idea de transición tiene que ser respetuosa de ello. Sería una ilegalidad grave que debe tener consecuencias civiles y políticas para aquellos que tengan la falta de criterio o la capacidad de dolo como para hacer eso.

La transición democrática de Venezuela debe fundamentarse en el principio de continuidad constitucional, entendido como la preservación y restauración de las instituciones legalmente constituidas bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, constituyen la única autoridad judicial derivada de un proceso de designación acorde con los principios constitucionales y democráticos de Venezuela.

Su progresiva reincorporación representa una condición indispensable para:

• Restablecer la independencia judicial;
• Garantizar la supremacía constitucional;
• Restablecer la seguridad jurídica;
• Fortalecer la protección de los derechos fundamentales; y
• Brindar confianza institucional a la ciudadanía, los inversionistas nacionales y los agentes económicos internacionales.

Los nombramientos constitucionales realizados en julio de 2017, cuyos mandatos se extienden hasta 2029, crean una oportunidad institucional limitada para restaurar la legitimidad judicial, fortalecer la independencia del poder judicial y evitar nuevas controversias respecto a la composición del máximo tribunal del país. El restablecimiento de un poder judicial independiente es igualmente esencial para la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recuperación económica de Venezuela.

No puede haber un marco para la estabilización democrática que sea contrario a la constitución.

La estabilización democrática requiere una secuencia de medidas institucionales destinadas a restablecer el funcionamiento normal del Estado y durante esta fase se debe tener especialmente en cuenta que cualquier autoridad ejecutiva transitoria solamente podrá ejercer las facultades expresamente previstas en la Constitución para una autoridad ejecutiva transitoria, cualquier otra cosa constituye una grave ilegalidad.

Asimismo, se debe prever que el Tribunal Supremo de Justicia reanude progresivamente sus funciones constitucionales, respetando los juramentos constitucionales a los magistrados respecto a quienes ya hemos hecho referencia.

En otras dinamicas de normalización constitucional se deberán designar autoridades electorales independientes y técnicamente cualificadas y se debe acelerar el proceso para la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones genuinamente democráticas; y los procesos electorales estarán sujetos a supervisión judicial y observación internacional.

El restablecimiento de una Asamblea Nacional legítimamente elegida permitirá posteriormente el nombramiento definitivo de autoridades constitucionales permanentes y la normalización de los mecanismos ordinarios de gobernanza democrática.

La reconstitución provisional de las instituciones públicas será estrictamente temporal y se regirá por los principios de legalidad, responsabilidad institucional, proporcionalidad y rendición de cuentas.

El restablecimiento del Estado de derecho requiere una reforma institucional del sistema de justicia limitada y conforme a la constitución, es decir respetando estructuras y funciones constitucionales, así como de los mandatos constitucionales expresados ut supra.

Durante el período de transición es necesario que se implementen mecanismos de revisión institucional para examinar la responsabilidad individual en relación con violaciones graves de los derechos humanos, la des-instrumentalización política del sistema de justicia.

La normalización democrática requiere de trabajos de cooperación judicial internacional para enfrentar las estructuras del crimen organizado.

Para apoyar este proceso, se propone la creación de mecanismos temporales y consultivos que realice una evaluación judicial respecto al funcionamiento de todos los niveles de la judicatura.

Tambien asumir la responsabilidad de elaborar recomendaciones sobre evaluación institucional, independencia judicial y fortalecimiento del sistema de judicial, lo cual requiere una profunda auditoría interna de la judicatura y que sea funcional a la reinstitucionalización Judicial y la reafirmación y recreación del Estado de Derecho.

Todos estos trabajos resultarán fundamentales para promover la modernización judicial, la recuperación de la capacidad institucional y la consolidación del Estado de Derecho.

La supervisión de la transparencia electoral y la confianza es esencial para una responsabilidad democrática insoslayable que consiste en supervisar técnicamente la reorganización del sistema electoral y fortalecer la confianza, tanto nacional como internacional, en futuros procesos electorales libres, transparentes y verificables.

Todos estos trabajos deberán ser transversales, por la tanto la responsabilidad constitucional de los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual serán fundamentales las consultas con representantes del ámbito académico, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes de reconocido prestigio. Paralelamente, Venezuela implementará mecanismos de justicia transicional compatibles con la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, orientados a la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.

Los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han reafirmado su voluntad de contribuir, dentro del ámbito de su autoridad constitucional, a la restauración democrática, la independencia judicial, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica necesarias para la recuperación económica del país.

Las autoridades constitucionales que respaldan este marco expresan asimismo su voluntad de cooperar con la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos de América, en iniciativas técnicas, institucionales y humanitarias que contribuyan a una transición democrática ordenada y sostenible. Es decir, para alcanzar una transición que signifique el retorno a la constitucionalidad del país y no un transición que transite por la marginalidad externa de la misma.

Esto quiere decir que los resultados de las negociaciones tripartitas deben ser una propuesta constitucional e institucional destinada a facilitar la estabilización democrática, restaurar el Estado de derecho y apoyar la reconstrucción institucional de Venezuela.

Antonio Marval, Presidente del TSJ

Luis Almagro, Director Observatorio Democracia de CASLA

El recién designado embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, se prepara para asumir funciones en Caracas tras recibir el beneplácito del gobierno venezolano. Su llegada se produce en medio de una coyuntura marcada por diferencias ideológicas entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez, pero el diplomático plantea una agenda centrada en comercio, inversión y resultados económicos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Jaller definió el momento actual como una oportunidad de alto potencial para los dos países. El embajador sostuvo que su tarea será promover condiciones que permitan a las empresas colombianas evaluar el mercado venezolano y convertir la relación bilateral en cifras concretas de negocios.

“Para mí es un océano azul Venezuela... un motor que puede ser un motor muy importante para las dos naciones y es construir sobre lo construido”, afirmó el diplomático al referirse al panorama que encuentra en la relación con el país vecino.

La misión, según explicó, no será limitarse a una diplomacia tradicional, sino generar un entorno favorable para el sector privado. En ese propósito, Jaller defendió una aproximación basada en hechos, datos y análisis sectorial, incluso en medio de los interrogantes que persisten entre empresarios por el pasado político y económico de Venezuela.

Comercio, PIB y sectores con potencial

Jaller recordó que la relación binacional llegó a registrar en el pasado una balanza comercial de 7.200 millones de dólares. Para el embajador, recuperar parte de esa dinámica puede convertirse en una oportunidad relevante para el crecimiento de Colombia, especialmente en un momento en que el país busca nuevas fuentes de actividad económica.

“Un punto del PIB son 6.350 millones de dólares. Aquí tenemos la oportunidad de generar un punto del PIB que lo necesita nuestro país para salir adelante”, afirmó el diplomático. Según explicó, un impulso comercial de esa magnitud podría generar empleo y contribuir a reducir la pobreza.

El embajador señaló que las oportunidades no se limitan al sector de hidrocarburos. También mencionó posibilidades en turismo, agro, banca, retail y minería, sectores en los que, según su visión, las empresas colombianas podrían revisar opciones de expansión, intercambio o participación.

Por eso, hizo un llamado a compañías de todos los tamaños para estudiar el mercado venezolano. Jaller incluyó en ese mensaje a Ecopetrol, al considerar que las organizaciones nacionales deben analizar con rigor las oportunidades existentes.

“Quiero que todas las empresas colombianas, todas las empresas colombianas, sin importar el tamaño, estudien la oportunidad y eso incluye Ecopetrol”, sostuvo.

Seguridad jurídica y colombianos detenidos

Uno de los puntos más sensibles para los empresarios colombianos es la seguridad jurídica. Frente a los temores por expropiaciones pasadas y volatilidad política, Jaller afirmó que es necesario analizar los cambios recientes en el marco legal venezolano antes de descartar oportunidades de inversión.

El embajador mencionó ocho hitos recientes que, según dijo, configuran un clima más favorable para la inversión. Entre ellos citó la Ley de Hidrocarburos del 29 de enero, la Ley de Minería y las licencias OFAC 56 y 57.

“Hay que quitarle la sábana al fantasma... y con el estudio de los ocho hechos que yo te estoy diciendo, cada una de las personas en el renglón de la economía toma la decisión si ve o no una oportunidad”, expresó Jaller.

También se refirió a casos históricos de expropiación y aseguró que algunos relatos deben revisarse con precisión. Sobre el Grupo Éxito, afirmó que se pagó la totalidad del valor de la compañía y pidió decirlo con claridad para evitar lo que llamó mitos urbanos.

Otro asunto abordado por el nuevo embajador fue la situación de ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela. Jaller manifestó que trabajará por su liberación mediante diálogo directo y aseguró que ese tema podrá ponerse sobre la mesa dentro de la relación bilateral.

“Convicción absoluta de que vamos a trabajar por esa oportunidad de liberar a todas las personas... siempre vamos a poder poner sobre la mesa todos los temas”, dijo.

La llegada de Jaller a Caracas abre así una etapa en la que el Gobierno colombiano buscará combinar pragmatismo económico, diálogo político y atención a temas sensibles de frontera. Su apuesta será construir sobre lo existente, promover confianza entre empresarios y convertir la relación con Venezuela en una oportunidad concreta para ambos países.

Estados Unidos espera que el acuerdo alcanzado entre Venezuela y la compañía estadounidense GE Vernova permita comenzar a estabilizar el deteriorado sistema eléctrico venezolano en un período de entre seis meses y un año, mediante la recuperación de equipos existentes y la rehabilitación de infraestructura estratégica. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó que la primera etapa estará concentrada en recuperar capacidad que ya existe, pero que actualmente no funciona de manera adecuada.

“El plan es inmediatamente ... en seis a 12 meses enfocarse en volver a poner en funcionamiento los activos existentes, devolverlos a condiciones operativas, estabilizar la red y ampliar las horas de servicio”, afirmó Wright ante periodistas antes de regresar a Washington.

El acuerdo forma parte de una serie de entendimientos energéticos suscritos en Caracas durante la visita de Wright, en los que también participaron otras empresas internacionales. En el caso de GE Vernova, el objetivo específico es intervenir tanto infraestructura vinculada con la industria petrolera como componentes del Sistema Eléctrico Nacional.

Uno de los puntos centrales será la recuperación de instalaciones de generación y transmisión que han perdido capacidad después de años de deterioro. Entre ellas figura el complejo hidroeléctrico de Guri, una de las principales fuentes de electricidad del país y una infraestructura construida hace décadas.

Según Wright, Guri actualmente genera aproximadamente la mitad de la electricidad para la que fue diseñado. El envejecimiento de las turbinas y de las líneas de transmisión ha reducido su capacidad operativa, convirtiendo la rehabilitación de estos activos en una de las prioridades del programa.

La estrategia estadounidense no se limita, sin embargo, a reparar equipos existentes. La Casa Blanca señaló que GE Vernova prevé incorporar 1 gigavatio de nueva capacidad eléctrica durante los primeros 24 meses. Posteriormente, el objetivo contempla sumar otros 5 gigavatios en los cuatro años siguientes.

La diferencia entre ambas etapas responde a una lógica de recuperación progresiva: primero se busca aprovechar instalaciones que ya están construidas y devolverlas a funcionamiento, mientras que las inversiones posteriores permitirían incrementar de forma permanente la capacidad disponible.

El acuerdo con GE Vernova también se vincula con la actividad petrolera venezolana. Petróleos de Venezuela suscribió un convenio con la compañía estadounidense para recuperar infraestructura eléctrica utilizada por la industria de hidrocarburos. De manera paralela, GE Vernova alcanzó un entendimiento con la Corporación Eléctrica Nacional para impulsar proyectos destinados a fortalecer la red venezolana.

Las interrupciones del suministro han afectado durante años a distintas regiones del país, con una incidencia particularmente fuerte fuera de Caracas. La falta de generación disponible, el deterioro de equipos y las dificultades de mantenimiento han reducido la confiabilidad del servicio.

El convenio representa además uno de los componentes no petroleros de la nueva cooperación energética entre Washington y Caracas. El miércoles, Wright participó en Caracas en una jornada en la que también se formalizaron acuerdos relacionados con la expansión de proyectos de hidrocarburos.

El funcionario estadounidense describió la jornada como un cambio de escala en la relación energética bilateral. “Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano”, declaró.

GE Vernova ya había avanzado en junio con un memorando de entendimiento con el chavismo para definir los aspectos técnicos de la intervención. Roger Martella, director corporativo de la compañía, había señalado entonces que el propósito era acelerar la recuperación del sistema y conseguir mejoras durante los meses siguientes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está considerando abrir una oficina local en Venezuela, estableciendo así una representación permanente en el país por primera vez en años, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El organismo con sede en Washington busca intensificar su asistencia técnica al país ahora que Venezuela ha comenzado a compartir más datos económicos con el FMI, indicaron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. La idea ha sido tema de conversaciones con funcionarios venezolanos, pero aún no se ha tomado una decisión final, agregaron las fuentes.

Representantes del gobierno venezolano no respondieron a la solicitud de comentarios. Un portavoz del FMI afirmó que el Fondo ha mantenido un contacto cercano con las autoridades venezolanas a medida que profundizan su colaboración con el país.

Esta iniciativa se produce aproximadamente cinco meses después de la reanudación formal de la colaboración de Venezuela con el FMI bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. Tras años de aislamiento, altos funcionarios del FMI estuvieron en Caracas a finales de julio por primera vez en más de dos décadas. Tras esa visita, se llevó a cabo una misión más amplia del personal del FMI que concluirá esta semana, según informaron fuentes cercanas.

Un portavoz del FMI indicó que actualmente hay un equipo técnico en Caracas para abordar el desarrollo de capacidades, el suministro de datos y el fortalecimiento institucional.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004. Venezuela ha reanudado recientemente la publicación de datos económicos clave tras años de publicaciones irregulares, incluyendo la inflación y el producto interno bruto.

El gobierno, con dificultades financieras, también ha colaborado estrechamente con la administración Trump para abrir el país, rico en petróleo, a la inversión extranjera y sentar las bases para la reestructuración de su deuda tras casi una década de impago.

Los llamados representantes residentes están destinados en las oficinas locales, lo que permite a los funcionarios en Washington estrechar lazos con los países miembros y al personal del FMI brindar asistencia técnica y asesoramiento sobre el terreno. El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año.

La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

(c) 2026, Bloomberg

Hace exactamente un año, la tasa oficial de cambio fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicaba en 150,79 bolívares por dólar. En su ascenso imparable, hoy la divisa norteamericana rompió otra marca al ubicarse en 804,81 bolívares, lo que tiene un impacto directo sobre el gran quebradero de cabeza de los venezolanos: la inflación.

Sin embargo, esa no es la peor noticia para los devastados bolsillos de los consumidores del país. Si el dólar sube en ascensor, el euro va en cohete y ya alcanzó los 932,80 bolívares. El problema: comerciantes han comenzado a utilizar la “tasa euro” para marcar sus precios, mientras los sueldos se calculan en la “tasa dólar”.

“Aunque ha disminuido la intensidad, queda claro que el BCV sigue empeñado en la política devaluacionista básicamente para recaudar más ingresos fiscales”, comenta el economista y ex diputado opositor José Guerra.

Guerra recuerda que Venezuela es un país que vive de la exportación de petróleo, donde los yacimientos son propiedad del Estado. “La devaluación siempre favorece al exportador, en este caso, al Estado, es como un impuesto cambiario”, explica.

El profesor de la Universidad Central de Venezuela y antiguo funcionario del BCV sostiene que ante la ausencia de una política monetaria, “la devaluación es una política de Estado”. “No se le puede llamar crawling peg -devaluación progresiva- porque hablamos de un ajuste mensual muy brusco que supera el 8%, pero la devaluación y la inflación continuarán, aunque creo que a un menor ritmo”, estima.

Brecha

Al ofrecer un balance a dos meses del terremoto del 24 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez expuso como un logro que había reducido la “brecha cambiaria” de casi 30% al 12,3%. La brecha en cuestión es la diferencia que existe entre la tasa oficial y el mercado paralelo de divisas.

“Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia puede organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir”, sostuvo la mandataria interina.

El desbarajuste del sistema cambiario ha llegado a tal nivel, que en las últimas semanas el debate público se ha centrado en la conveniencia de dolarizar la economía venezolana.

En medio de la discusión, el economista Asdrúbal Oliveros indicó: “Se puede importar una moneda creíble, pero no se pueden importar automáticamente las instituciones que hacen creíble a una economía”.