Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos pidieron el viernes, en la sede de la Cancillería en Caracas, que se permita el ingreso de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Venezuela con el objetivo de analizar las presuntas violaciones del Gobierno chavista a las normas que protegen la dignidad de las personas.

Andreína Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento en el que pidió también la autorización para que la Cruz Roja Internacional pueda acceder a las cárceles del país y verificar las condiciones de detención. “Queremos que la Cruz Roja y la CIDH puedan constatar las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos”, afirmó Baduel a los medios presentes.

Baduel, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió como preso político en 2021, solicitó además el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. En ese sentido, subrayó que este equipo de Naciones Unidas solicitó visitar Venezuela para “constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido”.

El documento presentado por el CLIPP incluyó cinco solicitudes, entre las que destaca que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos para la visita de la CIDH, así como la cooperación con la misión independiente de la ONU. Además, pide que el Comité Internacional de la Cruz Roja obtenga autorización para acceder regularmente a los centros de detención y evaluar condiciones de “salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica” de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el texto reclama establecer un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre “muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas”.

La organización no gubernamental solicitó a su vez a la Cancillería de Venezuela que “asuma un rol activo” en la implementación de la Ley de Amnistía, la cual establece un período de 27 años desde 1999, año en que el chavismo accedió al poder. Sin embargo, la ONG advirtió que la norma solo contempla la amnistía para personas relacionadas con 13 hechos ocurridos en igual número de años, lo que deja fuera otros períodos y casos vinculados a operaciones militares y delitos adicionales.

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que al menos 51 presos comunes murieron en Venezuela entre abril y julio de 2026, según el conteo publicado el viernes. El pasado martes, el OVP detalló que algunos de los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

La organización Foro Penal, referente en la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que 382 personas continúan encarceladas por motivos políticos en el país. Entre los detenidos, cuatro casos fueron reportados recientemente, aunque la ONG no ofreció detalles sobre estas situaciones.

Según el balance difundido por Foro Penal en X, con corte al 3 de agosto, 356 hombres y 26 mujeres permanecen privados de libertad, de los cuales 222 son civiles y 160 militares. El informe señala que se desconoce el paradero de una persona.

El reporte precisa que 40 de los detenidos son extranjeros. Además, el balance indica que 158 personas cumplen condena, mientras 224 esperan sentencia en procesos judiciales relacionados con causas políticas.

(Con información de EFE)

La justicia de Venezuela otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni, según comunicó su familia este viernes, tras más de 15 años de proceso judicial y restricciones en uno de los episodios más controvertidos del sistema judicial venezolano.

“Importante, en la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la jueza María Laura Afiuni. Ella, junto con mi madre, están en la clínica y me dirijo a casa de mis padres para obtener la notificación y publicarla”, dijo el hermano de la jueza, Nelson Afiuni, en su cuenta de X.

La decisión, según el comunicado familiar, puso fin de manera definitiva al expediente y restituyó la libertad de la magistrada, cuya situación estuvo atravesada por detenciones, medidas sustitutivas y limitaciones a sus derechos durante más de una década.

María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras conceder la libertad bajo fianza a un banquero y se convirtió en un símbolo de las represalias dentro del sistema judicial en Venezuela.

En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente la condena máxima de 30 años de prisión y acusó a la magistrada de facilitar la fuga del empresario, que abandonó el país tras su liberación.

Afiuni permaneció en prisión dos años y, posteriormente, fue trasladada a arresto domiciliario por problemas de salud. Esa situación se prolongó hasta 2013, cuando obtuvo libertad condicional.

Desde entonces, su vida quedó marcada por restricciones: no podía salir de la ciudad ni comunicarse con la prensa o en redes sociales; estaba impedida de votar, obtener pasaporte y ejercer derechos políticos. En 2019, la justicia le impuso una condena de cinco años por “corrupción espiritual”, cargo que, según la propia fiscalía, no implicó ningún beneficio económico para la jueza.

La familia de Afiuni y su defensa legal, encabezada por su hermano Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández, comunicaron que la resolución cerró “un largo y doloroso capítulo”, marcado, según su versión, por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

El caso de Afiuni fue señalado internacionalmente como muestra de la falta de separación de poderes y del uso del sistema judicial como mecanismo de represalia. La ONU calificó el procedimiento como arbitrario y denunció reiteradas violaciones al debido proceso.

La familia aseguró que la clausura definitiva del expediente no logró reparar el sufrimiento ni los daños ocasionados durante más de una década de restricciones y persecución.

A la situación judicial se sumó en los últimos días la preocupación por la salud de Afiuni. Sus familiares informaron que la jueza padece tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo y requiere atención médica inmediata. Esta condición motivó la petición de cierre definitivo del caso, presentada la víspera por la familia ante las autoridades venezolanas.

En el comunicado, los allegados de Afiuni agradecieron a quienes acompañaron la causa durante los años de proceso y destacaron la firmeza de quienes apoyaron la restitución de la independencia judicial.

Además, expresaron que la noticia se recibió como el fin de una etapa signada por el aislamiento, la vigilancia constante y la imposibilidad de ejercer derechos básicos.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno venezolano y una delegación opositora celebraron este viernes en Caracas la segunda reunión del primer ciclo de diálogo sobre la transición política del país, en un proceso que excluye a las figuras opositoras María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y que cuenta con el respaldo explícito de Washington.

El encuentro se desarrolló en un hotel de la capital venezolana con acceso restringido para la prensa: solo se permitió el ingreso de fotógrafos, sin que ninguna de las partes ofreciera explicaciones sobre esa limitación, al igual que ocurrió en la sesión inaugural del jueves.

Las conversaciones están encabezadas por el chavista Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno y hermano de la mandataria Delcy Rodríguez, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y viajó desde España a Venezuela el miércoles para participar en el proceso. Ambas delegaciones suscribieron, en un comunicado conjunto difundido en redes sociales, principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional.

También acordaron igualdad política en la mesa, cumplimiento verificable de compromisos y protección de los derechos humanos y políticos “de todas las fuerzas”. Las partes fijaron el 12 de agosto como fecha límite para este primer ciclo, cuya metodología y agenda temática quedaron definidas en la reunión inaugural celebrada en la base aérea La Carlota, en Caracas.

La delegación opositora está integrada, además de Figuera, por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza. El chavismo está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo al proceso mediante un comunicado en el que calificó el inicio de las negociaciones como “una oportunidad única” para alcanzar resultados concretos. La administración del presidente Donald Trump señaló que las conversaciones forman parte de un plan de tres fases orientado a lograr una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Washington sostuvo que el proceso puede contribuir a ampliar las libertades políticas, atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y construir “un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”. “Instamos a todas las partes interesadas a apoyar este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos”, concluye el comunicado.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) proponen que el proceso de reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio, se apoye principalmente en los insumos producidos por los empresarios nacionales.

Industriales y constructores locales plantean “producir primero en Venezuela”, partiendo del principio de que son quienes “cuentan con la capacidad operativa, experiencia en el negocio, canales de distribución y calidad de servicio” para avanzar con la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico.

Los representantes de Conindustria y la CVC expusieron esta idea en una reunión con la coordinadora de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Tomiris Useche. “Los recursos que se utilicen en esta fase deben basarse en una lógica irrenunciable: darle preponderancia y preferencia a la producción nacional, que es de donde debe salir la mayoría de lo necesario para reconstruir nuestro país”, enfatizó Lawrence Dow, segundo vicepresidente del gremio de los constructores.

El Banco Mundial (BM) calcula que el cataclismo dejó daños materiales por el orden de los 19 mil 600 millones de dólares.

“Con los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción requeriría, en gran medida, redirigir recursos de otros proyectos de inversión. En este escenario, la reconstrucción permanecería incompleta durante un horizonte de diez años, con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica. En contraste, un esfuerzo de reconstrucción más acelerado, respaldado por una mayor inversión pública y privada, mitigaría el impacto económico y social de los terremotos”, subraya el análisis del BM.

Rápido

Conindustria y CVC afirman que en el país existen “más de 200 leyes restrictivas” que obstaculizan el flujo de inversiones para la reconstrucción. “Ante la inviabilidad de reformar individualmente” cada uno de esos textos, sugieren aprobar “una normativa transitoria que sea un ‘puente’ entre la legislación existente y la deseada”.

Ese “puente” serviría para “destrabar la economía, con estímulos fiscales y parafiscales, simplificando trámites administrativos, flexibilizando el acceso al crédito de las empresas y que también facilite a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en corto plazo y con condiciones favorables para las partes”.

Los empresarios advierten que “sin un marco legal ajustado a las dimensiones de la tragedia, la recuperación no logrará materializarse oportunamente”, al tiempo que también destacaron la necesidad de alcanzar la “reinstitucionalización del país” con el fin de “superar los múltiples obstáculos que hoy continúan frenando el crecimiento sostenido del sector industrial”.

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en noviembre y Consejo Nacional Electoral (CNE) en diciembre. Ese sería parte del cronograma del proceso de negociación que inició formalmente este jueves 6 de agosto en Caracas, según la jefa de la delegación de la oposición, Dinorah Figuera.

El sábado primero de agosto los representantes del gobierno chavista y la oposición presentaron la agenda que guiará las conversaciones, la cual consta de tres puntos: atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia, y derechos y garantías políticas.

Aunque no han ofrecido mayores detalles sobre el temario, Figuera ya le puso fecha a una cuestión clave: La renovación del TSJ y el CNE, instituciones controladas por el oficialismo que ejercieron un rol fundamental en el fraude electoral denunciado por la oposición el 28 de julio de 2024, cuando proclamaron ganador a Nicolás Maduro sin publicar las actas de escrutinio que sustentaran el resultado.

En la actualidad, los poderes Judicial y Electoral están siendo presididos por dos ex dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos totalmente identificados con Maduro y su esposa Cilia Flores, hoy presos en Nueva York tras ser capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero.

Reconocimiento

El Parlamento encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, había iniciado la discusión para reformar el TSJ. De hecho, aprobó una ley que redujo de 32 a 20 el número de magistrados que conforman la Sala Plena. Sin embargo, el debate se paralizó y ahora ese asunto se trasladó a la instancia de negociación, que promueve el Departamento de Estado.

“Estas conversaciones directas representan una oportunidad única. Aplaudimos los esfuerzos destinados a atender las necesidades urgentes de las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, declaró el portavoz del despacho de Marco Rubio en el marco del primer intercambio presencial en Caracas entre chavistas y opositores.

Si el refrescamiento de estos organismos pavimenta el camino hacia las elecciones, luego tocará definir quiénes pueden transitar la ruta. La oposición incluye entre sus reclamos levantar las inhabilitaciones políticas que afectan a figuras como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, permitir el retorno de los exiliados y revertir los fallos judiciales que arrebataron a los partidos sus símbolos.

Las partes anunciaron que se mantendrán en sesión permanente hasta el miércoles 12 de agosto y se comprometieron a desarrollar una “negociación de buena fe” con “reconocimiento y respeto recíproco”, algo que prácticamente jamás ha existido entre estos dos adversarios políticos en los últimos 27 años.

“Nueva fase de diálogo entre venezolanos. Entendimientos y encuentros para atender los problemas y asuntos prioritarios del pueblo. La prosperidad de Venezuela es nuestra gran coincidencia”, expresó el diputado y miembro de la delegación oficialista Jorge Arreaza, dando la bienvenida al enésimo intento de negociación entre chavistas y opositores, aunque este proceso tiene un factor que lo distingue de los anteriores: la participación directa de Washington.

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado lamentó la muerte del preso político venezolano-uruguayo José Breijo, un septuagenario que cumplía arresto domiciliario en Caracas, y responsabilizó al Gobierno de su fallecimiento.

“Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen. Hoy lamentamos profundamente la muerte de José ‘Pepe’ Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años, quien falleció tras sufrir el horror del secuestro y la injusticia”, dijo Machado en un mensaje en X.

Además, señaló que el arresto domiciliario de Breijo era una “forma de cautiverio”.

Más temprano, el Comité de Derechos Humanos de su partido Vente Venezuela (VV) publicó un comunicado publicado en X en el que señaló que la responsabilidad de la muerte de Breijo “recae plenamente sobre el régimen, que lo privó arbitrariamente de su libertad en el año 2023 bajo el absurdo e infundado señalamiento de ‘terrorismo’”.

Además, denunció que Breijo permaneció más de dos años detenido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, donde sufrió “desnutrición severa, perdiendo más de 50 kilos de peso, y un deterioro irreversible de su salud, especialmente de su sistema respiratorio”.

El comité recordó que, el pasado mayo, cuando regresó a su casa en la capital luego de que le otorgaran arresto domiciliario, Breijo “descubrió que uno de sus propios captores, un funcionario del GOES (Grupo de Operaciones Estratégicas), había invadido y desvalijado su apartamento”.

“Todas estas arbitrariedades destruyeron progresivamente la vida de José Breijo y lo condujeron a una muerte que pudo y debió evitarse”, expresó el comité, que exigió una investigación independiente.

El pasado 27 de mayo, Breijo, detenido luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, logró recuperar su vivienda pero sin ningún tipo de mobiliario.

Breijo dijo entonces a EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

En la vivienda solo había una mesa, un mueble y una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.

El 28 de mayo fue trasladado a un centro de salud para tratar diversas dolencias, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo mes el régimen informó de la muerte, ocurrida en julio de 2025, del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el 17 de mayo de este año.

(Con información de EFE)

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), promovió este jueves que haya “avances reales” en el diálogo entre el chavismo y un sector opositor, que inició formalmente esta semana y en el que no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

“Nuestro compromiso estará con todo esfuerzo que produzca resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país”, indicó la PUD en un comunicado publicado en X.

En este contexto, subrayó que el “cese de la persecución política”, el regreso de los exiliados y la restitución de los derechos civiles y políticos son “condiciones indispensables para avanzar hacia una verdadera reconstrucción nacional”, que además “exige instituciones legítimas y eficaces”.

La PUD prometió trabajar por una “transición democrática, constitucional, pacífica y sostenible que permita reconstruir el país y abrir un futuro de libertad, justicia y prosperidad para todos”.

En este diálogo, no participan Machado ni González Urrutia, quienes lideran la PUD, pero algunos de los partidos que integran el bloque, como Voluntad Popular y Primero Justicia, han respaldado las conversaciones, que encabezan por el chavismo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por el grupo de opositores la ex diputada Dinorah Figuera.

Machado y González Urrutia, quienes propusieron en mayo una negociación “seria” con el régimen y con el acompañamiento de EE.UU. para “restaurar la democracia”, dijeron recientemente que no serán “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.

Ambos aclararon que evaluarán el proceso “con base en logros concretos y verificables”, entre los que mencionaron “la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones” y “un cronograma electoral presidencial oportuno”.

Este jueves, en su primera reunión presencial, celebrada en la base aérea La Carlota de Caracas, las delegaciones acordaron mantener un primer ciclo de conversaciones hasta el próximo 12 de agosto, además de definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán.

El encuentro concluyó con un comunicado conjunto, en el que ambas partes informaron que acordaron la metodología de trabajo, los ciclos de negociación y los principios que servirán de base para el proceso.

Según el documento, las delegaciones permanecerán en sesión permanente durante el primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto. Al finalizar esa etapa se evaluará la continuidad de la plenaria, tomando en cuenta el desarrollo de los trabajos y los resultados alcanzados.

Uno de los principales avances de la jornada fue la adopción de un marco de principios compartidos que, de acuerdo con el comunicado, deberá orientar toda la negociación. Entre ellos figuran la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto mutuo entre las partes.

El texto también incorpora compromisos sobre igualdad política y trato paritario en la mesa de negociación, el cumplimiento verificable de los acuerdos que se alcancen y la protección tanto de los derechos humanos como de los derechos políticos de todas las fuerzas participantes.

Asimismo, las delegaciones señalaron que informarán de manera oportuna a la población sobre los avances que se produzcan durante las conversaciones, con el propósito de mantener seguimiento público del desarrollo del proceso.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, calificó la instalación de la mesa como el inicio de una nueva etapa política.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

La dirigente agregó que “estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, al referirse al comienzo formal de las conversaciones.

(Con información de EFE)

El inicio de una nueva mesa de diálogo en Venezuela volvió a dejar en evidencia las restricciones que enfrentan los periodistas para cubrir hechos de interés público. La reportera Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo, denunció que seis funcionarios armados y vestidos de negro la interceptaron cuando salía de La Carlota, sede del encuentro al que previamente habían sido convocados medios de comunicación. Según la denuncia, los funcionarios revisaron su teléfono, borraron imágenes, la intimidaron y fotografiaron su carné de identificación.

Martínez informó que los participantes del diálogo se reunieron sin presencia de la prensa. Solo se permitió el ingreso de fotógrafos, a quienes se les impidió usar sus teléfonos durante el acto para evitar la grabación de videos. Ante la negativa de acceso al salón de convenciones donde estaban las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, los periodistas se ubicaron cerca de la carpa instalada en el Parque Simón Bolívar, dentro de la Base Aérea La Carlota.

El lugar elegido para la instalación de la mesa no es menor. La Carlota ocupa unas 103 hectáreas en Altamira, al este de Caracas, y alberga instalaciones de la Aviación Militar Bolivariana. Por su ubicación y conexión directa con la autopista Francisco Fajardo, rebautizada por el chavismo como Gran Cacique Guaicaipuro, se trata de un punto estratégico de control político, militar y logístico.

En ese mismo complejo se encuentra el Parque Simón Bolívar, un espacio público de unas 12 hectáreas que ocupa parte del antiguo aeropuerto y conecta, mediante una pasarela sobre la autopista, con el Parque del Este, denominado oficialmente por el chavismo Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

En el marco de la Operación Resolución Absoluta, cuando fuerzas militares de Estados Unidos extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano, blancos militares de La Carlota, incluyendo la Comandancia de la Aviación, recibieron el impacto de bombardeos, principalmente en el lugar donde se encontraban los sistemas de defensa antiaérea y vehículos militares.

El episodio ocurre en medio de señalamientos persistentes contra los cuerpos de seguridad venezolanos por su actuación frente a medios y trabajadores de la prensa. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), lo sucedido contradice las garantías democráticas que el proceso de diálogo dice promover.

Nada cambia

De acuerdo con el SNTP, los funcionarios obligaron a Martínez a entregar su teléfono, revisaron el contenido, eliminaron las imágenes captadas durante la cobertura y registraron su identificación. La organización consideró grave que el comienzo del diálogo estuviera marcado por restricciones a la cobertura y por el hostigamiento a una periodista.

“Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación”, señaló el SNTP en su pronunciamiento.

La denuncia también incluyó un dato especialmente sensible: durante el procedimiento, los funcionarios discutieron por radio si debían trasladar a la periodista a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Finalmente, recibieron la orden de dejarla ir, según informó el gremio.

La DGCIM está presidida por el contralmirante Germán Edoardo Gómez Lárez, señalado como primo de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Fue designado al frente del organismo el 18 de marzo de 2026, después de ocupar cargos en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y en Bolivariana de Puertos. Nicolás Maduro Moros lo nombró, en septiembre de 2023, presidente del INEA y, en septiembre de 2024 lo designó presidente de Bolivariana de Puertos SA (Bolipuertos) así como jefe de la Junta Interventora de los puertos del país.

El contralmirante mantenía relación con la DGCIM desde hacía años. El capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero le dijo a Infobae, en junio de 2023, que lo identificó como uno de los funcionarios que, en el 2019, lo torturó luego de ser secuestrado por hombres armados y encapuchados en una pizzería, frente a su esposa embarazada y a su hija, en el 2019. Identificó plenamente a Gómez, quien fue su compañero en el pelotón en la Escuela Básica de la Fuerza Armada en Maracay.

La prensa como objetivo

El patrón de presión sobre periodistas y medios independientes ha sido documentado por distintas organizaciones. Un Mundo Sin Mordaza registró, en su informe sobre el primer trimestre de 2025, 231 casos que derivaron en 302 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre ellas detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones, bloqueos digitales y confiscación de equipos.

La organización también advirtió sobre el avance de la censura digital, con bloqueos por TCP/IP, UDP, DNS y HTTP que afectan el acceso a medios independientes y limitan el derecho colectivo a estar informado.

Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, expresó solidaridad con Martínez y con Efecto Cocuyo. La organización sostuvo que interceptarla sin flagrancia ni orden judicial vulnera garantías constitucionales, y que revisar su teléfono y borrar imágenes constituye una forma de intimidación contra el derecho a la información.

Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, cuestionó la opacidad del proceso. “Una mesa de entendimiento en la que los periodistas no tienen acceso a las partes, ni para el saludo oficial. Es parte de la opacidad que caracteriza a los autoritarismos”, publicó.

El contexto de restricciones se suma a las advertencias formuladas por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos, que en 2023 sostuvo que las reformas institucionales del gobierno venezolano eran superficiales y contribuían a un marco de impunidad que obstaculizaba la rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional.

Condiciones necesarias

Horas antes del incidente con la periodista Martínez, el SNTP había difundido diez condiciones para que un proceso de transición pudiera avanzar hacia una democracia real, garantizando “legitimidad y capacidad para producir cambios duraderos” y que la ciudadanía esté informada con “fuentes públicas abiertas y participación en igualdad de condiciones en el debate público”.

Las diez condiciones que el SNTP había publicado antes de lo ocurrido con la periodista de Efecto Cocuyo, contemplan lo siguiente:

1) Libertad plena para quienes han sido perseguidos por expresarse. Cerrar causas arbitrarias, levantar medidas cautelares y eliminar restricciones impuestas por opiniones, denuncias o participación en asuntos públicos.

2) Fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos. Cesar la revisión de teléfonos, el ciberpatrullaje y el uso de información privada para perseguir opiniones o armar expedientes políticos.

3) Cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales. Autoridades y funcionarios deben dejar de señalar o amenazar, y no usar acreditaciones, trámites, fuentes oficiales o recursos públicos como premio o castigo.

4) Desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales. Restituir el acceso a portales, redes, mensajería y herramientas de privacidad. Toda restricción excepcional debe tener base legal y control judicial.

5) Transparencia y acceso efectivo a la información pública. Publicar datos y decisiones de interés público, responder solicitudes de información y abrir salas de prensa y vocerías sin discriminación.

6) Acceso igualitario a medios y espacios de comunicación. Garantizar a todas las corrientes de opinión acceso a medios públicos, privados y comunitarios en condiciones objetivas y no discriminatorias, especialmente en procesos electorales.

7) Restitución y sostenibilidad del ecosistema de medios. Revisar cierres, revocaciones y retención de equipos. Asegurar reglas transparentes para publicidad oficial y condiciones económicas que permitan medios plurales e independientes.

8) Reforma de las leyes e instituciones utilizadas para restringir la expresión. Derogar o reformar figuras como desacato, vilipendio e instigación al odio. Restablecer la independencia técnica de CONATEL y separar la regulación de telecomunicaciones del control de contenidos.

9) Transformación de los medios estatales en un servicio público plural: garantizar autonomía editorial, rendición de cuentas y representación de diversas voces. Diferenciar información de servicio público, comunicación gubernamental y propaganda.

10) Protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa. Crear mecanismos independientes de prevención, atención, investigación y reparación, y protocolos claros para la actuación de cuerpos de seguridad en coberturas de interés público.

En ese escenario, la denuncia por el hostigamiento a Martínez refuerza una contradicción central: mientras se anuncia un proceso de entendimiento político, la prensa independiente afirma seguir enfrentando controles, obstáculos y amenazas para cumplir su labor informativa.

Los gobiernos de Chile y Venezuela oficializaron el jueves la reanudación de sus relaciones consulares, interrumpidas desde 2024 debido a las tensiones entre el entonces presidente chileno Gabriel Boric y el ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

La formalización se concretó en una reunión en Caracas entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, y el viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez. Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron notas diplomáticas verbales que formalizaron el restablecimiento de las relaciones consulares.

El ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, destacó que este paso “permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región”. Según datos del propio Pérez Mackenna, actualmente residen en Chile cerca de 700.000 venezolanos, mientras que unos 25.000 chilenos viven en Venezuela.

Las relaciones consulares bilaterales quedaron restauradas “de manera oficial”, lo que marca el inicio de una “normalización progresiva” de los lazos tras dos años de ruptura. De acuerdo con la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

La ruptura de relaciones entre ambos países, ocurrida en 2024, provocó el retiro del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de los funcionarios chilenos de Caracas, medida dispuesta por el entonces líder del régimen de Venezuela, actualmente detenido en Estados Unidos. Esta situación afectó a cientos de miles de ciudadanos venezolanos en Chile y dificultó los mecanismos de cooperación y seguridad bilateral. Según cifras oficiales, en territorio chileno residen más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela viven alrededor de 25.000 chilenos.

El pasado 30 de julio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, el “comienzo de una nueva etapa” para la “normalización progresiva” del vínculo bilateral.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, señaló el mandatario, en un breve punto de prensa desde La Moneda.

El jefe de Estado chileno agradeció el trabajo “metódico” de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la “disposición” de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto.

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, detalló la Cancillería chilena a través de un comunicado ese mismo día.

El organismo agregó que “esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”.

Kast reiteró en múltiples ocasiones que el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela es “esencial” para su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

(Con información de EFE)

Representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 dieron este miércoles el primer paso formal del nuevo proceso de diálogo político en Caracas al instalar la plenaria de negociaciones, aprobar el mecanismo de funcionamiento de las conversaciones y ratificar la agenda que orientará las discusiones en los próximos días.

El encuentro concluyó con un comunicado conjunto, en el que ambas partes informaron que acordaron la metodología de trabajo, los ciclos de negociación y los principios que servirán de base para el proceso.

Según el documento, las delegaciones permanecerán en sesión permanente durante el primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto. Al finalizar esa etapa se evaluará la continuidad de la plenaria, tomando en cuenta el desarrollo de los trabajos y los resultados alcanzados.

Uno de los principales avances de la jornada fue la adopción de un marco de principios compartidos que, de acuerdo con el comunicado, deberá orientar toda la negociación. Entre ellos figuran la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto mutuo entre las partes.

El texto también incorpora compromisos sobre igualdad política y trato paritario en la mesa de negociación, el cumplimiento verificable de los acuerdos que se alcancen y la protección tanto de los derechos humanos como de los derechos políticos de todas las fuerzas participantes.

Asimismo, las delegaciones señalaron que informarán de manera oportuna a la población sobre los avances que se produzcan durante las conversaciones, con el propósito de mantener seguimiento público del desarrollo del proceso.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, calificó la instalación de la mesa como el inicio de una nueva etapa política.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

La dirigente agregó que “estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, al referirse al comienzo formal de las conversaciones.

La instalación del diálogo se produjo casi una semana después de la fecha inicialmente prevista para su inicio y siete semanas después del encuentro celebrado en Caracas entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, reunión que abrió el camino para la conformación de esta mesa de negociación.

El proceso cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos, que ha respaldado públicamente la iniciativa. Tras conocerse el inicio de las conversaciones, el Departamento de Estado sostuvo que el diálogo constituye “una oportunidad única” para atender necesidades urgentes del país.

“Aplaudimos los esfuerzos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, expresó Washington en un comunicado.

La dependencia estadounidense también reiteró que mantiene su respaldo al proceso liderado por actores venezolanos, al considerar que forma parte del plan de estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición pacífica impulsado tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de este año.

El sábado, Jorge Rodríguez y Figuera sostuvieron una conversación telefónica en la que definieron los asuntos prioritarios que serían incorporados a la agenda. Entre ellos figuran la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y la restitución de derechos y garantías políticas.

El nuevo diálogo se desarrolla siete meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura del ex dictador Nicolás Maduro y abrió un nuevo escenario político en Venezuela. Aunque la líder opositora María Corina Machado anunció que no participará directamente en las negociaciones, manifestó que no obstaculizará los acuerdos que representen avances concretos para la transición democrática.

El primer encuentro dejó establecidos los mecanismos de trabajo y un conjunto de principios compartidos que servirán de base para las siguientes rondas de conversaciones previstas en Caracas.

Las cifras oficiales de Venezuela sitúan en más de 6.000 los muertos por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, pero el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez mantiene un silencio calculado sobre cuántas personas continúan desaparecidas. Mes y medio después de la catástrofe, nadie en el país sabe con certeza cuántos venezolanos siguen sepultados bajo los escombros.

El último informe gubernamental, difundido el lunes, contabilizó 6.125 fallecidos y 60.992 personas atendidas por servicios médicos desde el desastre. El documento añadió que 43.679 hogares resultaron afectados y que se retiraron 346.755 toneladas de escombros en las zonas más golpeadas, principalmente el estado La Guaira. En ningún momento el texto oficial mencionó una cifra de desaparecidos.

En Caraballeda, en la costa de La Guaira, decenas de voluntarios continúan cavando manualmente entre los edificios colapsados. Víctor Morales, carpintero de 50 años, busca desde el primer día a su nieto de 11 años, después de haber recuperado ya el cuerpo de su nieta de 13. “Vamos a seguir. Es mi nieto”, dijo entre lágrimas a la agencia France-Presse. “Llevamos aquí desde el primer día, cavando hasta la planta baja. Hasta que no lo encuentre, no voy a parar.”

Las estimaciones sobre el número de desaparecidos varían de forma extrema según la fuente. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, calculó en los días posteriores al sismo que más de 50.000 personas seguían sin localizarse, una cifra que calificó de “terroríficamente plausible” y que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) llegó a respaldar junto con el Comité Internacional de Rescate. Una fuente diplomática consultada por AFP relativizó ese número y situó la cifra real “en torno a 10.000 o más”, aunque reconoció que “es imposible saberlo con exactitud”.

A esa incertidumbre contribuye la falta de un censo poblacional actualizado en Venezuela, cuyo último recuento data de 2011. Las sucesivas crisis económicas y políticas del país impidieron levantar uno nuevo, lo que se suma a la reticencia habitual del Gobierno a difundir estadísticas demográficas o económicas, que solo publica en momentos que considera oportunos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, ofreció el 30 de junio una reconstrucción parcial: dijo que 30.000 personas se encontraban en la zona del desastre cuando ocurrieron los sismos, de las cuales 19.000 habían sido evacuadas o rescatadas, mientras la cifra de muertos rondaba entonces los 2.000. La resta deja unas 9.000 personas sin explicación oficial. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, ofreció el 3 de agosto un dato muy distinto, basado en un registro vecinal: 1.579 desaparecidos.

Ante el vacío informativo oficial, ciudadanos venezolanos crearon plataformas digitales para intentar localizar a las víctimas, aunque sus resultados también son dispares. El sitio Venezuela Te Busca reportó inicialmente 44.274 personas desaparecidas, de las que 17.790 seguían sin aparecer. La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela elevó la cifra a 44.418 personas, con 29.518 catalogadas como “incontactables”. Venezuelareports.org, por su parte, contabilizó 41.311 desaparecidos. La fuente diplomática citada por AFP resumió el problema: “No hay cifras fiables”.

El terremoto, el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo, revive el fantasma de la tragedia de Vargas de 1999, cuando un alud de lodo provocado por lluvias torrenciales dejó unos 15.000 muertos o desaparecidos en la misma región costera y el Gobierno de entonces nunca ofreció un balance oficial. Investigadores de la Universidad Central de Venezuela documentaron pérdidas superiores a los 3.500 millones de dólares y la destrucción de más de 15.000 viviendas en aquel desastre.

Esteban Chala, voluntario argentino de rescate con años de experiencia en catástrofes, explicó a AFP que la situación no es inédita: “En desastres de esta magnitud, siempre ocurre que algunas personas no se encuentran y permanecen desaparecidas”. Fernando Bencomo, policía de 50 años, encendió un cigarrillo mientras un equipo especializado retiraba de las ruinas el cuerpo irreconocible de su hijo Fernando Antonio, estudiante de 21 años, junto con el de su perro. Localizarlo tomó 40 días. “Tenía toda la vida por delante”, dijo a AFP. “Desde el primer día he estado aquí buscando. No quería parar hasta que pudiera descansar en paz.”

Con cada cuerpo recuperado, la lista de desaparecidos se reduce en una persona, pero el balance de muertos sigue creciendo. Mientras el Gobierno venezolano evite publicar una cifra oficial de personas sin localizar, la magnitud real de la tragedia de junio permanecerá, como sus víctimas, bajo los escombros.

Estados Unidos manifestó este jueves su apoyo al inicio de las conversaciones presenciales en Caracas entre representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, al considerar que el proceso puede contribuir a una transición democrática, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia la estabilización del país.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado respaldó la llegada a Venezuela de la delegación encabezada por Dinorah Figuera para participar en la primera ronda de reuniones cara a cara con el chavismo.

La administración estadounidense calificó el inicio de las negociaciones como una oportunidad para alcanzar resultados concretos.

“Estas conversaciones directas representan una oportunidad única”, señala el texto. Asimismo, indicó que respalda los esfuerzos dirigidos a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto, ampliar las libertades políticas y construir “un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por venezolanos”, afirmó el Departamento de Estado, al sostener que las conversaciones forman parte del plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Además, exhortó a todos los sectores involucrados a respaldar las negociaciones para que produzcan avances tangibles.

“Instamos a todas las partes interesadas a apoyar este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos”, añadió el comunicado.

La instalación formal de la mesa de diálogo se produce siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense y mientras Delcy Rodríguez enfrenta presiones internacionales para avanzar hacia un proceso de apertura política.

La agenda anunciada por ambas delegaciones contempla temas relacionados con la atención a las víctimas de los terremotos, el fortalecimiento institucional, los derechos y garantías políticas y reformas orientadas a la reinstitucionalización democrática.

Figuera señaló previamente que los trabajos se desarrollarán durante varios meses y que será hacia diciembre cuando se presente el resultado formal de las negociaciones. También adelantó que entre los asuntos que serán discutidos figura la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Elecciones libres

Previo al inicio de las conversaciones, organizaciones de la sociedad civil realizaron una protesta frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional para exigir que uno de los primeros acuerdos sea la designación de nuevas autoridades electorales independientes.

Los manifestantes entregaron cartas dirigidas tanto a Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, como a Dinorah Figuera, en las que solicitaron un proceso de selección imparcial para renovar el CNE y garantizar la organización de elecciones presidenciales y parlamentarias con estándares democráticos.

Entre las demandas presentadas figuran el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, la legalización de todas las organizaciones partidistas, la actualización del registro electoral y la elaboración de un cronograma para futuros comicios.

El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, sostuvo que “la transición no puede esperar más” y afirmó que “es necesario un cambio político” para poner fin al “Gobierno autoritario”. También reclamó la liberación de los presos políticos y el desmantelamiento del aparato represivo.

Por su parte, la socióloga Emma Salazar expresó que espera que las conversaciones permitan “un cambio de verdad”, se desarrollen “de forma pacífica” y no se conviertan en “diálogos estériles”. Además, pidió revisar las inhabilitaciones políticas, incluida la que afecta a María Corina Machado, y sostuvo que “debe cesar la persecución”.

Garantizar la libertad de expresión

En paralelo al inicio de las negociaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) presentó un documento con diez propuestas que considera indispensables para que el proceso desemboque en una transición democrática con garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales.

Entre sus principales solicitudes figura la liberación de las personas que considera perseguidas por expresar sus opiniones, el fin de la vigilancia y la revisión de dispositivos electrónicos, el cese del ciberpatrullaje y del uso de información privada para perseguir ciudadanos.

El sindicato también pidió poner fin a las represalias contra medios y periodistas por razones editoriales, desbloquear plataformas digitales y garantizar el acceso a la información pública. Asimismo, propuso reformar las normas que, a su juicio, restringen la libertad de expresión, fortalecer el pluralismo en los medios estatales y establecer mecanismos efectivos de protección para periodistas y trabajadores de la prensa durante el proceso de transición.

Propietarios de edificios afectados por el doblete sísmico en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, solicitan al gobierno interino de Delcy Rodríguez la aprobación de un marco regulatorio especial para los condominios, con el fin de suspender inmediatamente los cobros ordinarios y ejecuciones en los urbanismos que presentan daños severos.

“La anarquía de las juntas de condominio agrava la tragedia de los damnificados”, señala el vocero de un grupo de vecinos que prefiere resguardar su identidad. Destaca que sobrevivientes de los terremotos que el 24 de junio golpearon la región centro-norte de Venezuela, no solo deben enfrentar el duelo por la pérdida parcial o total de su patrimonio, sino que también tienen que lidiar con el “acoso sistemático” de algunas juntas de condominio.

“Lejos de mostrar empatía o solidaridad ante una catástrofe natural, varias juntas han desatado una campaña de presión agresiva para exigir pagos de cuotas ordinarias, gastos comunes y presuntas deudas acumuladas previas y posteriores” al cataclismo que destruyó decenas de torres residenciales en el litoral central venezolano.

Sin razón

La fuente cuestiona que “exigen pagos de mantenimiento para áreas comunes que ya no existen, no pueden usarse o pertenecen a edificios condenados a la demolición”. Además, rechaza que “pretendan obligar a los copropietarios a financiar estudios técnicos e inspecciones privadas por cuenta propia, sin consenso en asambleas válidas ni regulación”.

Destaca el comportamiento de las “juntas de condominio éticas, que decidieron congelar cuentas y cuotas a la espera de un marco regulatorio oficial”, en contraste con aquellas que actúan “con absoluta arbitrariedad”.

“Resulta insólito e inhumano que a una persona que no puede entrar a su casa porque el edificio se va a caer, o que vio su apartamento colapsar, se le pretenda cobrar como si viviera en un condominio plenamente funcional”, observa.

El denunciante sostiene que las juntas de condominio que proceden de esta manera están violando las leyes venezolanas y recuerda: “La cuota de condominio existe para sufragar la conservación de bienes compartidos. Si el bien no es habitable ni requiere mantenimiento ordinario, el cobro carece de causa legal”.

De la prisión política a la muerte. El ex preso político uruguayo-venezolano José Breijo, de 71 años, falleció la madrugada de este 6 de agosto, informó el periodista Carlos Julio Rojas, también antiguo preso político del régimen chavista.

Breijo fue detenido en 2023 e imputado por terrorismo. Las autoridades sustentaron una acusación tan grave señalando que el cocinero había tomado una fotografía de una bandera con inscripciones árabes.

El estandarte se encontraba en la oficina de un supuesto grupo islamista en Caracas, y Breijo presuntamente trató de vender la imagen para costear un tratamiento de salud, según reseñó la página Montevideo Portal.

El hombre murió sin recuperar jamás su libertad plena. A finales de mayo de este año, en el marco de la amnistía decretada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, salió de la cárcel, pero con una medida de arresto domiciliario.

Invadido

Cuando retornó a su apartamento, arrastrando graves problemas de salud, se encontró que había sido tomado de forma irregular por un policía y terminó durmiendo por unos días en los pasillos del edificio. Al final, la Defensoría del Pueblo intervino y las autoridades le devolvieron su inmueble.

Al anunciar su deceso, Rojas subrayó que Breijo fue “acusado injustamente de terrorismo” y pasó “más de dos años secuestrado en (la cárcel de) Tocuyito en condiciones inhumanas”.

“La dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez le negó hasta su último aliento la anhelada libertad, ‘Pepe’ eres un mártir y nuestro mayor homenaje es luchar hasta recobrar la democracia en Venezuela”, expresó el activista y secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas.

Breijo llegó a Venezuela en 1979. Tenía un hijo en Buenos Aires que quiso venir a verlo tras su excarcelación, pero su padre le pidió que no lo visitara por temor a que fuera detenido en territorio venezolano, reportó la agencia EFE.

El hombre que pesaba más de 100 kilos al momento de su captura, abandonó la prisión con poco más de 60 kilos y un edema doble pulmonar.

El último balance presentado este 3 de agosto por la ONG Foro Penal indica que en el país aún existen 382 presos políticos. De ese total, cuarenta tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.

Los daños provocados por el doble terremoto de junio en Venezuela amenazan con interrumpir el servicio educativo de 18.727 jóvenes si no se reparan los 31 espacios críticos de la red de escuelas de Fe y Alegría antes del próximo período académico, previsto para septiembre, según advirtió la organización.

“18.000 estudiantes pueden quedar afectados sin clases si no logramos arreglar esos centros educativos”, señaló el director general, el padre José Gregorio Terán, durante una conferencia de prensa. Indicó además que casi 1.700 personas trabajan en esos centros.

Aclaró que, aunque “ninguna de las escuelas se desplomó, los daños son considerables”.

Hasta ahora, han conseguido presupuestar la recuperación de solo 14 centros, con un monto de 1,25 millones de dólares, por lo que Terán hizo un llamado a la colaboración de la comunidad venezolana e internacional.

“Eso no lo tenemos y por eso el llamado a los donantes”, expresó Terán, quien también informó que los sismos dañaron las viviendas de al menos 715 estudiantes y 288 trabajadores, quienes “hoy no tienen techo”.

Terán consideró que la reconstrucción debe enfocarse tanto en la infraestructura como en el fortalecimiento de las capacidades, la sociedad y las instituciones.

“Venezuela no es solo petróleo, Venezuela es su gente y en la medida en que logremos que nuestra gente esté formada, comprometida y fortalecida, reconstruiremos país”, explicó.

Fe y Alegría desarrolla proyectos para financiar las reparaciones y restablecer los servicios de saneamiento e higiene, además de ofrecer becas para evitar que la pobreza y el desastre provoquen deserción escolar.

Terán informó que hubo una docente fallecida y 31 estudiantes muertos, de los cuales 30 asistían a la institución Simón Bolívar en Caraballeda, una de las áreas más afectadas en la región de La Guaira, cercana a Caracas.

El director de esa escuela, Leonardo Suárez, detalló que se trataba de jóvenes desde “preescolar hasta estudiantes que estaban a punto de egresar como técnico medio en aduana”.

“Nuestras familias siguen sufriendo, emocionalmente están bastante afectadas, algunas con mucho miedo, ansiedad y preocupación”, afirmó.

La coordinadora nacional de Ciudadanía, Yameli Martínez, remarcó la necesidad de “apoyar mucho en el ámbito psicoemocional y formar mucho en gestión de riesgos” en las escuelas.

Martínez indicó que están preparando el nuevo año académico, evaluando diferentes modalidades, como la semipresencialidad o la reubicación de alumnos en otras instituciones.

Los sismos provocaron al menos 6.125 muertes, más de 16.700 heridos, alrededor de 18.000 personas sin hogar y daños materiales valorados por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares.

El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, reanudó este miércoles sus operaciones de carga internacional tras la llegada de un vuelo procedente de Panamá, luego de haber estado inoperativo desde el 24 de junio por los daños ocasionados por el doble terremoto.

El Ministerio de Transporte comunicó a través de X que este reinicio corresponde al proceso de restablecimiento progresivo de la terminal aérea, que aún no cuenta con vuelos comerciales.

El pasado viernes, el Ministerio informó sobre la reapertura gradual del aeropuerto con el objetivo de “garantizar la reanudación progresiva de los servicios”.

El Simón Bolívar, que tuvo daños en su infraestructura tanto en la pista como en la terminal, se ubica en la región de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

Desde ese momento, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones a Valencia, capital del estado Carabobo, localizada a 172 kilómetros de Caracas por carretera.

El 6 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país prevé retomar próximamente algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto Simón Bolívar, aunque no precisó la fecha para esa reanudación.

Dos días antes, Rodríguez también comunicó el inicio de una alianza internacional para la recuperación de la terminal, sin detallar los actores involucrados.

El doble terremoto ha provocado al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, conforme a datos oficiales.

Copa Airlines anunció vuelos directos a la venezolana Isla Margarita

En otro orden, la aerolínea Copa Airlines informó el inicio de vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño en la Isla de Margarita, Venezuela.

Los vuelos tendrán tres frecuencias semanales —martes, jueves y domingos— a partir del 26 de noviembre.

El presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, declaró: “En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región”.

Añadió que la integración de Porlamar a la red de destinos “nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”.

Porlamar, ubicada cerca del aeropuerto, es el principal núcleo comercial y turístico de la Isla de Margarita, una zona con cerca de 500.000 habitantes reconocida por sus playas, gastronomía y riqueza cultural, según datos de la aerolínea.

La ONG Foro Penal informó que 382 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según el balance publicado con fecha de corte del 3 de agosto. La institución señaló que revisa de manera permanente denuncias de detenciones ocurridas en el pasado y no informadas previamente a la organización.

Según las cifras, del total de presos políticos en territorio venezolano, 356 son hombres y 26 mujeres; 222 corresponden a civiles y 160 a militares, mientras que se desconoce el paradero una persona. Además, 40 de los detenidos son extranjeros. El informe, divulgado en la red social X, detalla que 158 personas ya recibieron condena y 224 esperan sentencia. El balance indica que cuatro de los casos fueron reportados recientemente, aunque no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias.

La cifra representa un aumento respecto al informe del 27 de julio, cuando se registraban 379 detenidos por razones políticas. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron en reiteradas ocasiones un patrón de “puerta giratoria” en el país caribeño, con liberaciones y nuevas detenciones de opositores.

En febrero, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para 13 hechos ocurridos en distintos años, beneficiando, según el Gobierno chavista, a más de 8.000 personas, aunque la mayoría ya tenía libertad restringida. Además, familiares denuncian que las autoridades aún no completaron el proceso de excarcelaciones masivas anunciadas en febrero.

Desde 2014, Foro Penal contabiliza 19.175 detenciones políticas en Venezuela. El Gobierno, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostiene que no hay presos por motivos políticos y asegura que los detenidos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y diversas ONG.

Cabe mencionar que al menos 49 presos comunes murieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización denunció que el Estado “incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”. De los fallecidos, 48 eran hombres y una mujer; 47 murieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.

El OVP subrayó que detrás de cada cifra hay historias distintas, pero todas reflejan una realidad común: personas que dependían del Estado para acceder a atención médica, medicamentos, exámenes o traslados oportunos a centros de salud.

Según el informe, las muertes se debieron a enfermedades prevenibles o tratables, como tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que, con atención médica adecuada, no habrían resultado fatales.

La organización sostuvo que, en caso de fallecimiento por falta de atención médica, el Estado debe explicar las causas, identificar a quienes no actuaron y adoptar medidas para evitar que estos hechos se repitan. El OVP instó a la Fiscalía a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada caso, para determinar las responsabilidades correspondientes.

El organismo exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la puesta en marcha de una atención humanitaria por razones de salud para los presos en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.

La semana pasada, Foro Penal reportó la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, quien había sido detenido el 9 de agosto de 2024 tras expresar a un subalterno su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó la victoria del ex líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. El 8 de julio de 2025, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia condenó a Lozano Mogollón a cuatro años de prisión por el delito de instigación a la rebelión.

(Con información de EFE)

La ex diputada opositora Dinorah Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España para participar en la primera ronda de negociaciones con el chavismo, un proceso respaldado por Estados Unidos que busca avanzar hacia una transición política y una reforma institucional. La dirigente arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, junto a una comisión de ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y posteriormente se trasladó a Caracas para el inicio de la agenda de conversaciones.

El proceso comenzó formalmente después de una llamada telefónica que Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, mantuvieron el pasado sábado para anunciar el inicio de las conversaciones en la capital venezolana.

La mesa de diálogo se instaló siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada del país.

A su llegada al aeropuerto, Figuera afirmó que la prioridad inmediata de la comisión será atender las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que, según las cifras oficiales citadas, dejó más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

“Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar”, declaró la dirigente al medio El Diario.

Figuera también explicó que la agenda de negociación incluirá reformas institucionales consideradas fundamentales para el proceso político.

Entre ellas mencionó la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirlo en un organismo “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

En declaraciones a Televen, sostuvo que el proceso requerirá varios meses de trabajo antes de presentar resultados concretos. “Atentos a lo que es en esta semana la apertura oficial de este proceso de diálogo que busca la reinstitucionalización de la democracia”, expresó al llegar al país.

La dirigente agregó que el cronograma prevé la presentación formal del trabajo realizado hacia finales de este año. “Hasta diciembre de 2026” se presentará “formalmente todo el producto” del proceso, señaló.

Asimismo, agradeció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el respaldo brindado para la construcción de la agenda de trabajo que orienta las conversaciones.

De acuerdo con la información disponible, el Departamento de Estado de Estados Unidos encomendó a Figuera la conducción del diálogo con el chavismo tras la captura de Maduro, con el objetivo de facilitar un proceso de transición política.

Figuera encabezó la Asamblea Nacional elegida en 2015, un Parlamento reconocido por Washington como legítimo y cuya continuidad continúa defendiendo, pese a que el gobierno de Maduro desconoció sus funciones.

La delegación opositora está integrada además por los ex diputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por parte del Gobierno participan el presidente del Parlamento y jefe negociador Jorge Rodríguez, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Las conversaciones se desarrollan sin la participación de la líder opositora María Corina Machado ni del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Ambos manifestaron previamente que esperan que este acercamiento conduzca a la celebración de elecciones presidenciales, aunque no forman parte de la mesa instalada en Caracas.

Por su parte, el ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a la delegación opositora y rechazó que el proceso represente una rendición del chavismo. “Nosotros los recibimos, esperamos que vengan dispuestos a conversar, que vengan dispuestos a incorporarse, a seguir trabajando por este país”, afirmó durante su programa semanal transmitido por la televisión estatal.

Cabello también subrayó que el Ejecutivo no intervino en la conformación de la representación opositora. “El gobierno interino no tuvo injerencia en la selección de la gente que estará representando a la oposición”, sostuvo.

El inicio de las negociaciones abre una nueva etapa de contactos políticos entre ambas partes con una agenda que contempla la atención de la emergencia provocada por los sismos, la reforma de instituciones del Estado y la definición de un cronograma de trabajo que, según Figuera, concluirá con la presentación de propuestas formales en diciembre de 2026.

(Con información de AFP y EFE)

El deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas no es, para el contralmirante Daniel Lino Comisso Urdaneta, un fenómeno casual ni repentino. A su juicio, la percepción ciudadana sobre la institución ha transitado, desde 1998, por una ruta de creciente desencanto: primero la decepción, luego el rechazo, después el desprecio y, finalmente, la convicción de que la estructura actual debe ser eliminada y reemplazada.

Afirma comprender esa postura, que considera una reacción lógica de una sociedad que se sintió traicionada por una institución que durante décadas percibió como propia. “¿Qué se puede esperar de ciudadanos que han sufrido las graves consecuencias de la traición de sus FAN” dice recordando que, antes de 1998, las FAN figuraban entre las tres instituciones de mayor prestigio en Venezuela.

Comisso es egresado de la Escuela Naval de Venezuela en el año 1975, integrante de la promoción Almirante Padilla y uno de los oficiales que se pronunció contra Hugo Chávez el 11 de Abril y en la Plaza Altamira en el año 2002.

En su reflexión, el oficial retirado parte de una premisa central: “las Fuerzas Armadas pueden ser útiles, inútiles o incluso dañinas para un país”, según el modo en que respondan a los intereses nacionales y a sus ciudadanos. En el caso venezolano, sostiene que la institución inició una “degeneración” que la llevó de las FAN tradicionales a las llamadas fuerzas armadas bolivarianas y, luego, a una estructura de carácter miliciano y revolucionario.

Para Comisso, toda fuerza armada debe ser concebida como parte de un sistema más amplio de seguridad y defensa, articulado con áreas como justicia, economía, relaciones exteriores e interiores, educación y salud. Ese diseño, afirma, debe responder a una concepción estratégica nacional claramente definida.

Orgullosa para el país

Según su análisis, una FAN será útil si cumple de manera continua sus funciones fundamentales: defender la soberanía nacional, salvaguardar el patrimonio del país y contribuir al desarrollo nacional. “Así era hasta 1998”, sostiene, al recordar su experiencia dentro de la institución.

Entre los hechos que menciona como muestra de esa utilidad, señala la neutralización de la guerrilla castrista, la actualización de capacidades operativas frente a amenazas e hipótesis de conflicto, la defensa del Golfo de Venezuela y el combate contra grupos de la guerrilla colombiana como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

También destaca el contralmirante las labores de patrullaje y presencia en espacios aéreos, marítimos y terrestres; apoyo a zonas periféricas del territorio; protección de reservas ecológicas e instalaciones estratégicas; participación en contingencias nacionales; respaldo a autoridades regionales ante emergencias; formación de ciudadanos y apoyo logístico en eventos críticos, incluido el deslave de Vargas de 1999.

“En contribución al desarrollo del país: formaron, adiestraron y educaron a contingentes de venezolanos a todos los niveles, quienes regresaban a sus actividades como ciudadanos útiles a la patria; apoyaron a los ciudadanos en todas las emergencias y contingencias”, sostiene.

Destaca el apoyo a los ciudadanos “en los sucesos del 11 abril 2002, solicitando la renuncia de Chávez”, además de resguardar la seguridad y la logística de los procesos electorales en todo el territorio nacional. “Generaban polos de crecimiento económico y comercial, en torno a sus comandos y sedes, en el sector civil, que, a su vez, prestaba servicios indispensables para el mantenimiento de las capacidades operativas y logísticas de las unidades”.

Es “parásita, dañina y traidora”

El punto de quiebre, según Comisso, se produjo con la llegada al poder del proyecto castro-chavista. Desde entonces, afirma, se consolidó un proceso de transformación cuyo objetivo fue alterar la esencia de las FAN para ponerlas al servicio del régimen revolucionario “y en ese proceso pasaron a ser fuerzas armadas bolivarianas y luego milicias revolucionarias”.

En esa línea, sostiene que la institución se volvió inútil para los intereses de la República y de sus ciudadanos. Entre sus señalamientos, menciona la entrega de áreas de influencia a Cuba y luego a Rusia, China e Irán; la cesión de territorio a guerrillas y grupos irregulares; y la redefinición del conflicto interno, que habría colocado a los propios venezolanos como enemigos.

Comisso también acusa a la FANB de haberse convertido en cómplice de la delincuencia organizada, del terrorismo y de la explotación irregular de recursos naturales estratégicos. Afirma, además, que participó en el desmontaje del aparato productivo nacional y que dejó de cumplir su compromiso de salvaguardar el patrimonio del país.

Considera que las FAN “compartiendo y compitiendo en la explotación anárquica de los recursos naturales estratégicos y en tráfico de drogas hacia el continente y Europa; se convirtieron en la fuerza del proceso que articuló la expropiación y desmantelamiento del sector productivo nacional”.

Para Comisso Urdaneta la FAN “al convertirse en la fuerza miliciana

de soporte del proceso” cometieron la mayor catástrofe nacional, “el daño antropológico a tres o cuatro generaciones de venezolanos; torturaron, reprimieron y asesinaron a miles de ciudadanos; y propiciaron la salida forzada del país de millones de venezolanos”.

Así mismo “cohonestaron el descalabro de los servicios de educación y salud de todo el país, incluidos sus sistemas de previsión social, dejando desamparados a todos esos sectores”.

En su balance más severo, califica a la FANB revolucionaria como una estructura “parásita, dañina y traidora” a los intereses nacionales. Por ello, plantea que la institución actual debe ser eliminada y sometida a un proceso de investigación que alcance a altos mandos, comandos superiores y presuntos testaferros vinculados con los delitos que enumera.

El contralmirante concluye que Venezuela deberá emprender un proceso de reconstrucción, rediseño y reinstitucionalización de sus Fuerzas Armadas. El objetivo, sostiene, debe ser crear una nueva estructura militar útil, medible y adaptada a las exigencias geopolíticas, estratégicas, tecnológicas y operativas del futuro.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia que entre abril y julio murieron 49 reclusos en las cárceles venezolanas. “En promedio, una persona privada de libertad muere cada tres días” en el país, según el balance presentado por esta ONG.

Del total, 48 son hombres y dos fallecieron en calabozos policiales. “Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud”, recoge el informe.

El OVP advierte que “el abandono sanitario dejó de ser un problema aislado para convertirse en la principal causa de muerte dentro de las cárceles venezolanas”.

De acuerdo con esta investigación, “las personas que han fallecido durante los últimos meses padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

Las familias de los reos “intentan suplir ese abandono llevando medicamentos, costeando exámenes médicos y buscando especialistas, (pero) esos esfuerzos rara vez son suficientes cuando no existe un diagnóstico oportuno ni autorización para recibir tratamiento”, indica la ONG, al tiempo que critica la suspensión de los traslados hospitalarios por la ausencia de respuesta de las autoridades.

Responsables

La organización defensora de Derechos Humanos responsabiliza directamente al ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, tras recordar que las instituciones estatales deben ser garante de la vida, la integridad y la salud de los presos.

“Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose”, subraya.

El OVP sostiene que “estas 49 muertes se han registrado bajo la complicidad del Poder Judicial (jueces de ejecución), Ministerio Público (fiscales en protección de derechos fundamentales, derechos humanos y penitenciarios) y Defensoría del Pueblo (defensores penitenciarios), porque uno no ve, el otro no oye y el otro no habla”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez inició en junio una consulta nacional para reformar la justicia penal de Venezuela, luego de admitir que la misma “criminaliza” a los pobres y está minada por la corrupción y la ineficiencia.

“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo: que sea un acceso a la justicia oportuno, sin ningún tipo de diferenciación e imparcial. Se han dado pasos, sin duda, importantes, pero yo creo que la deuda ya es impostergable y la tenemos que atender”, expresó la mandataria interina.

El “renacimiento” que experimenta el negocio petrolero de Venezuela, con el apoyo de la administración de Donald Trump, aún no se estaría sintiendo en los bolsillos de los trabajadores de la industria, según denuncia Iván Freites, presidente de la Federación de Trabajadores Energéticos, Similares y Conexos de Venezuela (Fetraenergía).

“Mientras las transnacionales petroleras obtienen grandes ganancias y el petróleo venezolano recupera valor estratégico, los trabajadores que sostienen la industria reciben bonos de entre 5 y 20 dólares diarios, sin incidencia real en salario, prestaciones sociales, pensiones ni seguridad social”, señala el vocero sindical.

Tras la caída de Nicolás Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político” que ha incluido una apertura del sector energético y minero, abriendo las puertas principalmente a las inversiones norteamericanas.

El secretario de Interior Doug Burgum publicó en X este 3 de agosto un agradecimiento al presidente Trump, destacando que “el petróleo que una vez sostuvo a terroristas y a nuestros adversarios, ahora fluye hacia el mercado global, beneficiando a los venezolanos y reduciendo los precios para los estadounidenses”.

La Casa Blanca anima a las grandes transnacionales petroleras a volver a Venezuela, al tiempo que en una reciente declaración, el mandatario republicano sostuvo que su secretario de Energía, Chris Wright, “está dirigiendo Venezuela”. El funcionario viajó en febrero a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Derechos

“Si trabajamos juntos, para finales de este año podremos contribuir a aumentar muchísimo la producción de petróleo, gas natural y energía eléctrica en Venezuela (...). Con eso podremos aumentar el empleo, el salario y las mejoras en la calidad de vida de la gente”, declaró Wright en una rueda de prensa con Rodríguez.

Freites apunta que “defendemos que la recuperación de la industria energética debe estar acompañada de salarios dignos, contratación colectiva, estabilidad laboral y respeto pleno a los derechos de los trabajadores”.

Fetraenergía denuncia violaciones a los derechos laborales como en el caso del proyecto que adelantan la norteamericana Nabep y Petrozamora -controlada por Petróleos de Venezuela- en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

“Los trabajadores cumplen jornadas bajo esquema 7x7, alternando guardias diurnas y nocturnas, percibiendo únicamente 600 dólares mensuales, sin reconocimiento de beneficios establecidos en la Convención Colectiva Petrolera, bonos de producción, ni asistencia médica para su grupo familiar”, manifiestan.

El representante sindical indica que “el petróleo genera riqueza y esa riqueza debe beneficiar también a quienes con su esfuerzo mantienen operativa la industria nacional”.

La aerolínea Copa Airlines informó el inicio de vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño en la Isla de Margarita, Venezuela.

Los vuelos tendrán tres frecuencias semanales —martes, jueves y domingos— a partir del 26 de noviembre.

El presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, declaró: “En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región”.

Añadió que la integración de Porlamar a la red de destinos “nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”.

Porlamar, ubicada cerca del aeropuerto, es el principal núcleo comercial y turístico de la Isla de Margarita, una zona con cerca de 500.000 habitantes reconocida por sus playas, gastronomía y riqueza cultural, según datos de la aerolínea.

Actualmente, Copa Airlines opera vuelos hacia Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona y Barquisimeto en Venezuela.

No obstante, los vuelos hacia la capital permanecen suspendidos tras los terremotos de junio, debido a los daños sufridos por el aeropuerto.

Respecto a esto último, Venezuela avanza en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira, el estado más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El gobernador regional, Alejandro Terán, señaló que se están “rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves)”.

En ese sentido, el mandatario, en diálogo con al canal estatal Venezolana de Televisión, remarcó que dichas viviendas “no sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería”. El gobernador señaló que la administración regional asiste “a más de 12.000 familias” en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos.

“Al que se le ocurra pasar, se muere”, amenaza el general de Brigada José Gregorio Viloria Arcaya, jefe del comando de zona No 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, en un video compartido en redes donde aparece haciendo un recorrido en bicicleta por Castillete, punto neurálgico de la frontera con Colombia en el estado Zulia.

Los productores de la región dicen que ese tono desafiante dista mucho de la realidad que padecen con unos cuerpos de seguridad que miran hacia otro lado, mientras guerrilleros colombianos y venezolanos ejercen el control en los municipios fronterizos, aumentando la extorsión.

“Precisamente por estos días están peinando la zona”, comenta un ganadero sobre el despliegue de los grupos irregulares. “Nos están pidiendo que les demos un maute (novillo o ternero, bovino que ha pasado la etapa de destete) de 250 kilos o 700 dólares, refiere el hombre, que resguarda su identidad por temor a represalias.

La presencia de guerrilleros en el estado Zulia no tiene nada de novedoso. “Desde hace más de 50 años están aquí. El Zulia, al igual que los estados Táchira y Apure, es el aliviadero de esos grupos irregulares, que se instalan en la zona para burlar la persecución de las autoridades colombianas”, describe un productor agropecuario.

Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado. El operativo militar contra el narcotráfico ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe, estaría obligando a estas organizaciones delictivas a reorientar sus actividades y ampliar sus fuentes de financiamiento, incrementando de esa manera la presión sobre los dueños de las unidades de producción en el campo zuliano.

Más presión

“A raíz de la persecución de Estados Unidos, atacando lanchas y avionetas, a los guerrilleros se les ha limitado mucho su accionar y estamos viendo que se han dedicado a volver a las zonas ganaderas. En estos momentos tenemos una presencia mucho mayor en todos los municipios, especialmente en Villa del Rosario, Machiques de Perijá, Semprún y Colón”, detalla la fuente.

Estiman que 80% de los irregulares responden al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el 20% restante forma parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Recientemente ha habido enfrentamientos y muertos en la frontera”, comenta el productor, en alusión a una masacre ocurrida el 10 de mayo en el municipio Jesús María Semprún que dejó un saldo de cinco muertos.

Dos días después del hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X: “Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela. Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz”.

Por las buenas

“Todos saben quiénes son y dónde están, incluidos los cuerpos de seguridad venezolanos”, destaca la fuente. De acuerdo con estos testimonios, los guerrilleros transitan libremente por las vías nacionales y cruzan los puntos de control sin ser molestados por policías y militares. “Hay una convivencia y una comunicación estrecha entre guerrilla y cuerpos de seguridad desde hace mucho tiempo para evitar enfrentamientos”, afirma.

El productor comenta que los irregulares llevan a cabo una “extorsión amigable”. “No hay secuestro ni tampoco amenazan, solo se acercan y piden una ‘colaboración’. Entonces, tienes que darle un animal o dinero. Todos en la zona sabemos que tenemos que estar bien con ellos, porque por las malas no te dejan trabajar”, acota.

La “colaboración” solicitada está entre los 500 y 3 mil dólares, supuestamente para cubrir la “logística de alimentación y combustible” que requieren para su funcionamiento.

“Tú llegas a cualquier finca y te consigues un grupo de diez hombres. Andan de finca en finca, ellos conocen los números telefónicos de los productores, las relaciones familiares, han hecho una labor de inteligencia y eso va a desencadenar en cosas malas si no se toman correctivos”, advierte el empresario.

Cuenta que un grupo guerrillero levantó una especie de campamento en una finca y que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron preso al dueño por “permitirlo” y no denunciar el hecho. “El productor termina siendo el culpable, cuando en realidad no puede hacer nada porque está entre dos problemas: La presión de los guerrilleros y la falta de apoyo de los cuerpos de seguridad”.

Los gremios en el estado Zulia han expresado su preocupación a las autoridades locales, pero estas se limitarían a repetir el discurso oficial de que combaten a los grupos irregulares, aunque en el terreno los afectados observan todo lo contrario.

Soledad

“Los productores que ‘colaboran’ lo hacen porque estamos solos en el campo. Se siente mucho temor, zozobra”, indica la fuente, que resalta que los guerrilleros también redoblaron su patrullaje por la zona camaronera cercana al Lago de Maracaibo, “donde hay mucho movimiento de dinero”.

La guerra declarada por la administración Trump contra el narcotráfico está teniendo consecuencias insospechadas para los ganaderos zulianos. “Cuando estaban con las lanchas y aviones, prácticamente no se veían por las fincas, pero ahora han vuelto a sus actividades rutinarias”, lamenta.

Al menos 49 presos comunes murieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según reportó la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La ONG aseguró que el Estado “incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”.

De acuerdo con una nota de prensa difundida este martes por el OVP, de los fallecidos, 48 eran hombres y una mujer. El informe precisó que 47 de las muertes ocurrieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.

La organización destacó: “Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud”.

El OVP señaló que los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente hubieran terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

Además, la ONG subrayó: “Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose”.

Por ello, el OVP exhortó a la Fiscalía a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada fallecimiento, para determinar las responsabilidades que correspondan.

La organización también exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la puesta en marcha de una atención humanitaria por razones de salud para las personas privadas de libertad en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.

Venezuela avanza en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El gobernador regional, Alejandro Terán, señaló que se están “rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves)”.

En ese sentido, el mandatario, en diálogo con al canal estatal Venezolana de Televisión, remarcó que dichas viviendas “no sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería”. El gobernador señaló que la administración regional asiste “a más de 12.000 familias” en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos.

Tras los terremotos, el Gobierno chavista, liderado por le presidenta encargada Delcy Rodríguez implementó un sistema de marcaje por colores para las edificaciones: verde para viviendas seguras, amarillo para alerta y revisión, y rojo para zonas de alto riesgo y prohibidas.

De acuerdo con datos presentados el lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, al menos 43.679 viviendas fueron evaluadas tras los terremotos. Del total de 41.624 viviendas afectadas, 25.325 fueron clasificadas como habitables (verde), 9.866 tienen restricciones (amarillo) y 6.433 se consideran en alto riesgo (rojo).

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Terán también informó que hay al menos 1.579 personas continúan desaparecidas: “De la información que nos suministran directamente los familiares, nos da que hay 1.579 personas desaparecidas”. El gobernador explicó que parte de las personas reportadas como fallecidas podrían figurar en el listado de desaparecidos, ya que “aún no han sido certificados por nuestros organismos forenses del Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) para poder legalmente darle el estatus de fallecido”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la semana pasada a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el plan de recuperación y reconstrucción. Según el equipo de prensa de Rodríguez, las conversaciones incluyeron “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del plan Venezuela Renace.

Rodríguez anunció el 17 de julio el acceso a USD 346 millones del FMI, fondos que prometió destinar a la reconstrucción. Se trata de activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, disponibles de inmediato para atender necesidades humanitarias urgentes vinculadas al desastre, según explicó el propio Fondo.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, y funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y de Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez. La prensa oficial venezolana destacó que este encuentro da “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”.

Está previsto que la delegación del FMI se reúna con otras altas autoridades del equipo económico y diversas instituciones públicas, en un contexto que “refleja la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, según la nota de Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela reanudaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se mantenía desde 2019. Desde entonces, los contactos fueron regulares y orientados a completar los procedimientos técnicos para que el país pueda, en el futuro, volver a acceder a instrumentos financieros del organismo internacional.

(Con información de EFE)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la transición política en Venezuela podría completarse en cuestión de meses y no de años, aunque advirtió que el país todavía debe cumplir una serie de condiciones antes de poder celebrar elecciones libres. El funcionario afirmó que la reconstrucción institucional será un proceso gradual y señaló que Washington mantiene su respaldo a esa hoja de ruta.

“Va a requerir algo de persistencia y un poco de paciencia; no años, pero ciertamente meses y semanas”, declaró Rubio al responder preguntas de la prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que la organización de unas elecciones libres exige previamente la recuperación de garantías democráticas e instituciones capaces de ofrecer confianza tanto a los actores políticos como a los votantes.

“Hay mucho trabajo que hacer para sentar las bases de una elección. Tiene que haber verdadera libertad de prensa, participación multipartidista, reconciliación nacional y una comisión electoral que cuente los votos con precisión”, afirmó.

Rubio sostuvo que la futura convocatoria electoral debe formar parte de un proceso más amplio de reconstrucción del Estado venezolano, en el que participen los distintos sectores políticos y sociales del país. Según indicó, el objetivo no es únicamente elegir nuevas autoridades, sino también consolidar instituciones funcionales que permitan gobernar con estabilidad.

En ese sentido, explicó que la estrategia estadounidense contempla avanzar de manera simultánea en la recuperación económica y en la normalización política. A su juicio, ambos procesos son complementarios.

“Queremos ayudar a mejorar la vida cotidiana de los venezolanos desde el punto de vista económico para que estén mejor y sean más prósperos. Creo que eso también facilita la transición política”, señaló.

Rubio recordó que la transformación de un sistema que permaneció durante décadas bajo un mismo modelo político difícilmente pueda resolverse en poco tiempo. Como referencia, mencionó las transiciones democráticas registradas en Europa del Este tras la caída del bloque soviético y el proceso de democratización de Paraguay, que —según indicó— se extendió durante varios años.

“Estas cosas son difíciles. No ocurren de un día para otro”, expresó. Sin embargo, aseguró que el proceso venezolano avanza y manifestó que Estados Unidos considera que “la dirección es la correcta”, pese a que los resultados puedan parecer más lentos de lo esperado.

Estados Unidos respaldó el inicio del diálogo entre el chavismo y la oposición

Las declaraciones de Rubio se producen mientras representantes del régimen chavista y sectores de la oposición se preparan para celebrar en Caracas la primera ronda de conversaciones políticas desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado expresó su respaldo al inicio de ese diálogo y señaló que las negociaciones forman parte de la estrategia que impulsa Estados Unidos para acompañar la estabilización institucional del país.

Según explicó el portavoz del organismo, Thomas Pigott, el acercamiento entre ambas partes contribuye al plan respaldado por Washington para avanzar hacia la recuperación económica, la reconciliación política, el fortalecimiento de las instituciones y, finalmente, la celebración de elecciones democráticas.

Los contactos comenzaron con una conversación telefónica entre Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, y Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento elegido en 2015. Ambos acordaron abrir una agenda centrada en la transición democrática y en la respuesta a la crisis humanitaria provocada por los terremotos del 24 de junio.

Estados Unidos también manifestó su apoyo a las iniciativas destinadas a asistir a las víctimas de los sismos y reiteró que considera prioritario fortalecer las instituciones democráticas y ampliar las libertades políticas como parte del proceso de reconstrucción del país.

La reunión prevista esta semana en Caracas marcará el primer encuentro presencial entre ambas delegaciones y constituye uno de los pasos contemplados dentro de la hoja de ruta que Washington considera necesaria para conducir a Venezuela hacia una transición democrática y la organización de futuras elecciones con garantías institucionales.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, confirmó que al menos 1.579 personas permanecen desaparecidas tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. El funcionario detalló que la cifra se basa en reportes directos de familiares afectados por la catástrofe, que también dejó un saldo oficial de 6.125 muertos en todo el país.

Terán enfatizó que parte de los desaparecidos podría encontrarse entre los fallecidos cuyos cuerpos aún no fueron certificados por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), lo que mantenía la incertidumbre entre quienes buscaban a sus seres queridos en las zonas más perjudicadas.

En ese marco, la organización Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, pidió al gobierno venezolano actualizar de manera transparente las cifras de desaparecidos y fallecidos. Además, criticó la falta de un registro público confiable y señaló que el dato oficial de personas sin localizar no había variado desde el 25 de junio, cuando se informaron 157 casos abiertos.

Iniciativas ciudadanas como el grupo “Desaparecidos Terremoto Venezuela” denunciaron que la lista de personas cuyo paradero se desconoce superaba las 29.000, aunque este número no contaba con respaldo en informes oficiales.

Bajo este contexto, las autoridades venezolanas modificaron los criterios de publicación de los reportes posteriores al desastre. El nuevo boletín semanal, presentado como parte de la etapa de reconstrucción, omitió cifras sobre heridos, damnificados o edificios colapsados y se enfocó en aspectos como el número de viviendas entregadas a familias afectadas.

Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se evaluaron 43.679 viviendas y, de un total de 41.624, unas 9.866 quedaron restringidas y 6.433 se clasificaron en alto riesgo. La distribución de estas viviendas y la rehabilitación de la infraestructura se convirtieron en prioridades para los equipos de emergencia y los organismos públicos involucrados en la respuesta.

La falta de datos públicos sobre heridos y colapsos impidió conocer el cuadro completo de daños estructurales, pese a que la Asamblea Nacional y los ministerios de Educación y Comunicación coordinaron boletines periódicos sobre la etapa de reconstrucción y asistencia.

A la crisis se suma el colapso de instalaciones estratégicas como el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada al país, que sufrió graves daños estructurales. Esto obligó a redirigir la llegada de ayuda internacional a otros aeropuertos, como el Arturo Michelena, en Carabobo.

Allí aterrizó un cargamento de cinco toneladas de medicamentos donados por Egipto. El Ministerio de Comunicación venezolano informó que el envío incluyó analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antivirales y fármacos para la salud mental y el sistema nervioso, entre otros insumos, destinados a hospitales, centros de salud, campamentos temporales y hospitales de campaña en las regiones más afectadas.

(Con información de EFE)

Venezuela enfrenta un alarmante deterioro en su sistema educativo, evidenciado por altos niveles de desnutrición entre los estudiantes, un déficit de maestros que dejó aulas vacías y testimonios de docentes obligados a abandonar la profesión.

La crisis, que comenzó en 2014 con el desplome de la economía y la hiperinflación, transformó las escuelas públicas en escenarios de emergencia social, según denunció la ONG FundaRedes tras una investigación nacional.

Durante la presentación del estudio en Táchira, se detalló que el 80% de los niños que asisten a escuelas públicas sufrió desnutrición en el primer semestre del año, mientras el sistema de alimentación escolar dejó de operar en la mayoría de los centros.

A su vez, la investigación reveló que la pobreza alcanzó a casi el 70% de los hogares, y más de la mitad de la población escolar experimentó pensamientos suicidas. El presidente de la organización, Javier Tarazona, advirtió que la situación de los estudiantes se agravó por los constantes cortes de electricidad, la falta de agua potable y el deterioro crónico de las infraestructuras escolares.

La escena de los maestros que abandonaron la docencia se reflejó en historias como la de Jorge Antonio, un profesor que relató ante las cámaras cómo debió abrir un puesto de venta de chicha en 2020 para sobrevivir. La Federación Venezolana de Maestros calculó que el déficit alcanzó los 250 mil docentes, una cifra que el Ministerio de Educación rechazó y calificó de “alarmista”, aunque reconoció la falta de personal para cubrir todas las plazas.

Las causas del éxodo de maestros se vincularon a la migración masiva y los salarios más bajos de la región, que en muchos casos no superaron los 18 dólares mensuales. La investigación de las universidades Católica Andrés Bello y Autónoma de Chile señaló que la matrícula de aspirantes a la carrera docente descendió en un 87% entre 2008 y 2022, y que el país necesitaría al menos medio siglo para cubrir el déficit de profesores graduados. En 2008, más de 30 mil estudiantes se inscribieron para ser maestros; en 2022, la cifra se redujo a poco más de 4 mil.

Las protestas de maestros y otros trabajadores públicos por mejores condiciones laborales continuaron en Caracas y otras ciudades, mientras la Federación Venezolana de Maestros encabezó reclamos para exigir mejoras salariales.

La ausencia de datos oficiales obligó a expertos a analizar la matrícula de universidades pedagógicas, donde la caída de estudiantes fue constante en los últimos 15 años.

Por otro lado, Unicef informó que al menos 432 colegios resultaron dañados en Caracas tras los terremotos de 7,2 y 7,5 grados que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Estos daños afectan tanto la infraestructura escolar como el acceso de miles de estudiantes a la educación.

(Con información de AFP)

Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Tricolor se impuso 4-3 en los cobros desde los once pasos y aseguró la posibilidad de luchar por la medalla de oro el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 7:00 p. m.

El compromiso comenzó con dificultades para el conjunto colombiano. Venezuela encontró rápidamente ventajas en el marcador gracias a los tantos de Génesis Flórez, al minuto 3, y Verónica Herrera, al 23. En poco más de veinte minutos, la Vinotinto aprovechó errores defensivos para ponerse 2-0 arriba, una situación inédita para Colombia durante el certamen, pues en sus tres presentaciones anteriores únicamente había recibido un gol, frente a México en la fase de grupos.

Sin embargo, el equipo de Marsiglia reaccionó antes del descanso. Al minuto 39, Sara Martínez filtró un pase para Melanín Aponzá, quien definió con categoría ante la salida de la guardameta venezolana para descontar y dejar el marcador 2-1. El tanto cambió el desarrollo del encuentro y permitió que Colombia llegara con mejores sensaciones al entretiempo.

En la segunda parte, la Tricolor asumió el control del juego. Los ajustes realizados por el cuerpo técnico surtieron efecto y el equipo encontró el empate al minuto 52. Mariana Muñoz habilitó a Mariana Zamorana, quien quedó frente a la arquera rival y definió para establecer el 2-2. A partir de ese momento, el partido se tornó equilibrado, con ambos equipos disputando cada balón, aunque sin generar opciones claras que rompieran nuevamente la igualdad.

La serie de Colombia y Venezuela se definió desde la tanda de penales

La paridad se mantuvo durante los 90 minutos y también en el tiempo suplementario. Ninguna de las selecciones consiguió marcar diferencias en los dos tiempos de quince minutos, por lo que el finalista tuvo que definirse mediante los lanzamientos desde el punto penal.

En la serie, Colombia mostró mayor efectividad. Ana González, Fernanda Viáfara, Sara Martínez y Michelle Vásquez convirtieron sus cobros, mientras que Stefanía Perlaza falló su ejecución. La gran figura fue la guardameta Natalia Giraldo, quien detuvo el tercer lanzamiento venezolano. Posteriormente, Melanie Andreina Chirinos erró el quinto cobro de Venezuela, resultado que selló la clasificación colombiana a la final con un marcador de 4-3.

Giraldo fue una de las jugadoras más destacadas de la semifinal. Además de su intervención decisiva en la tanda de penales, respondió con seguridad durante el encuentro y sostuvo al equipo en momentos de presión, especialmente después del complicado inicio que tuvo la selección nacional.

Colombia alineó con Natalia Giraldo; Kelly Ibargüen, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara y Angie Salazar; Melissa Moreno, Mariana Muñoz y Sara Martínez; Daniela Garavito, Ingrid Guerra y Melanín Aponzá. El conjunto nacional mostró capacidad de reacción tras verse dos goles abajo y mantuvo la calma para resolver una de las pruebas más exigentes que ha enfrentado en el campeonato.

Colombia, segunda en la Tabla de Medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La clasificación también representa una oportunidad para aportar una nueva medalla de oro al país. Hasta el desarrollo de esta jornada, Colombia ocupa el segundo lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un acumulado de 60 medallas de oro, 68 de plata y 49 de bronce, ubicándose únicamente por detrás de México.

Ahora, el equipo de Ángelo Marsiglia buscará cerrar su participación con el título. La selección colombiana enfrentará a México en la gran final, luego de que el conjunto mexicano avanzara desde la otra semifinal. El compromiso por la medalla de oro está programado para el jueves 6 de agosto, a las 7:00 p.m., y definirá al nuevo campeón del fútbol femenino en las justas regionales. Para Colombia será la oportunidad de confirmar la campaña que ha realizado durante el torneo y sumar un nuevo triunfo que fortalezca el desempeño de la delegación nacional en Santo Domingo 2026.

Copa Airlines continúa expandiendo su red de destinos en América Latina con la incorporación de Porlamar, en la Isla de Margarita, Venezuela, y una reorganización de las operaciones de su Hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que permitirá ofrecer más opciones de conexión a partir de 2027.

La nueva ruta entre Ciudad de Panamá y Porlamar comenzará a operar el 26 de noviembre de 2026 con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos.

El vuelo CM651 despegará desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a la 1:36 p.m. El servicio de regreso, identificado como CM652, partirá de Porlamar a las 2:46 p.m. y llegará a Panamá a las 4:30 p.m., según informó la compañía.

La incorporación de Porlamar permitirá a los viajeros conectar con Isla de Margarita, ubicada en el estado venezolano de Nueva Esparta, una región con cerca de 500,000 habitantes cuya economía depende en gran medida del turismo y el comercio.

La isla es conocida por destinos como Playa El Agua, Playa Parguito, Playa El Yaque, además del Castillo de San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle.

Desde ese punto también es posible acceder a las islas de Coche y Cubagua, donde se encuentran las ruinas de Nueva Cádiz, considerado uno de los primeros asentamientos españoles establecidos en Sudamérica.

La expansión no se limita a la incorporación de nuevos destinos. De acuerdo con información publicada por el portal especializado Informe Aéreo, Copa Airlines reorganizará a partir de marzo de 2027 la operación de su Hub de las Américas, ampliando de seis a ocho las franjas horarias de conexión en Tocumen.

El objetivo es distribuir de forma más eficiente los vuelos durante la jornada, incrementar las posibilidades de conexión y ofrecer una mayor variedad de itinerarios para los pasajeros que utilizan a Panamá como punto de enlace entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

La reorganización permitirá conexiones más competitivas hacia ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Rosario y Tucumán, además de mejorar las alternativas de viaje entre México, Estados Unidos, Canadá y el sur del continente.

Voceros de la empresa indicaron que la redistribución de los horarios busca ofrecer una experiencia de viaje más flexible y adaptarse al crecimiento sostenido de la demanda en la región. La compañía también prevé ampliar la disponibilidad de su Dreams Business Class en más rutas.

El crecimiento de la red también comienza a reflejarse en mercados específicos. El Gobierno de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur), informó que Copa Airlines incrementará desde octubre de 2026 sus operaciones entre esa provincia argentina y Ciudad de Panamá, pasando de siete a nueve vuelos semanales, un aumento del 28 % en la capacidad.

Las autoridades locales consideran que la medida facilitará la llegada de visitantes desde más de 80 destinos del continente y fortalecerá tanto la actividad turística como los viajes de negocios y la realización de congresos y eventos internacionales.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, sostuvo que cada nueva frecuencia internacional representa una oportunidad para atraer más visitantes y mejorar la competitividad del destino, mientras que Lorena Gasser, gerente de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines, señaló que Mendoza es una plaza estratégica dentro de la red de la compañía y que el aumento de frecuencias responde tanto al desempeño del mercado como al interés de seguir impulsando el turismo y el comercio en esa región.

Estas decisiones coinciden con el proceso de expansión que atraviesa la aerolínea panameña. Actualmente Copa Airlines opera 113 aeronaves y prevé cerrar 2026 con una flota de 121 aviones. Además, recientemente anunció una inversión superior a los 10 mil millones de dólares para adquirir 60 Boeing 737 MAX adicionales.

Sumadas a las 40 aeronaves previamente encargadas, la empresa proyecta incorporar más de 100 aviones durante los próximos ocho años y superar las 200 aeronaves en servicio para 2034, una capacidad con la que busca sostener el crecimiento de su red y fortalecer el papel de Panamá como uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente.

Quince minutos. Un vidrio. Un teléfono. Ningún abrazo. Ese es el único contacto que decenas de familias pueden tener cada semana con los presos políticos recluidos en El Rodeo I, la cárcel a las afueras de Caracas que durante los últimos años reemplazó al Helicoide como el principal símbolo de la represión en Venezuela.

Del otro lado del cristal aparecen hombres cada vez más delgados, algunos con problemas respiratorios, lesiones o secuelas de las golpizas. Otros simplemente dejan de aparecer. Sus compañeros apenas alcanzan a susurrar que fueron llevados al “piso cuatro”, un área de castigo de la que durante días nadie vuelve a saber. La incertidumbre es parte del sistema.

No solo resulta imposible conocer qué ocurre dentro del penal. Tampoco existe una cifra precisa sobre cuántos presos políticos permanecen allí. El último balance de la ONG Foro Penal registra 372 presos políticos en Venezuela, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón eleva el número a 551. La diferencia refleja la dificultad para documentar las detenciones en un país donde muchas familias todavía temen denunciar por miedo a sufrir represalias. En El Rodeo I esa opacidad adquiere otra dimensión.

Según explicó Hiowanka Ávila, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y hermana del detenido Henryberth Rivas, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó en una reunión que dentro de la cárcel había 234 personas privadas de libertad. Pero ese número incluye presos comunes, condenados por narcotráfico y otras causas penales.

El registro elaborado por el CLIPP identifica alrededor de 130 presos políticos, aunque la propia organización reconoce que la cifra probablemente sea mayor.

Durante meses, numerosos familiares evitaron denunciar las detenciones por temor a convertirse también en víctimas de persecución. En el campamento instalado frente a la prisión comenzaron a conocerse historias de personas que aseguraban haber perdido viviendas, vehículos o negocios después de reclamar por sus familiares encarcelados. Muchas detenciones, simplemente, nunca fueron reportadas. Para las organizaciones, esa falta de información no es una falla del sistema, sino uno de sus mecanismos de control.

Del Helicoide al nuevo “centro de tortura ejemplarizante”

Durante años, el Helicoide concentró buena parte de las denuncias internacionales por torturas contra presos políticos. Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos sostienen que El Rodeo I terminó ocupando ese lugar.

“Es el centro de tortura ejemplarizante”, afirma Andreína Baduel, hermana del preso político Yosnar Baduel. Según explica, el incremento de las denuncias internacionales sobre el Helicoide obligó a las autoridades a reducir parcialmente algunas prácticas visibles allí, mientras El Rodeo I pasó a concentrar los casos más sensibles.

“Te vamos a mandar para El Rodeo”, aseguran los familiares que escuchan decir a custodios en otros centros de reclusión cuando algún preso reclama por sus derechos o denuncia abusos.

Vivir encerrado 23 horas al día

Las condiciones de reclusión describen un régimen de aislamiento extremo. Los internos permanecen 23 horas diarias encerrados en celdas de aproximadamente dos metros de ancho, donde apenas caben una cama de cemento, una letrina y un pequeño espacio para moverse.

Comen, duermen y hacen sus necesidades en el mismo ambiente. El agua llega durante un tiempo limitado cada día y los detenidos improvisan tapas para las letrinas utilizando bolsas plásticas con el fin de contener los malos olores.

Los familiares denuncian infecciones respiratorias, hongos, otitis, dolores articulares y otras enfermedades agravadas por las condiciones sanitarias y la falta de atención médica especializada. Las visitas tampoco rompen el aislamiento.

Durante apenas quince minutos semanales, los familiares hablan mediante un teléfono separados por un vidrio, sin posibilidad de abrazarse o tocarse. Hasta hace pocos meses, además, quienes ingresaban debían hacerlo con una capucha para impedir que identificaran el recorrido interno del penal.

El terremoto y una nueva escalada de violencia

Las denuncias recrudecieron tras el terremoto que afectó el centro norte venezolano. Uno de los detenidos terminó hospitalizado con un edema cerebral. Otros denunciaron golpizas, uso de gases lacrimógenos y gas pimienta dentro de las instalaciones.

Baduel asegura que desde entonces algunos presos fueron trasladados al denominado “piso cuatro” y a otro espacio conocido como “la cámara del tiempo”, áreas donde —según los testimonios de los internos— permanecen incomunicados, con restricciones adicionales de alimentos y electricidad, mientras son sometidos a castigos físicos.

Una amnistía que no cambió la realidad

El gobierno anunció en enero el proceso de amnistía impulsado tras la llegada de Delcy Rodríguez como el inicio de un “nuevo momento político”. Sin embargo, quienes siguen de cerca la situación de los presos políticos sostienen que las condiciones para quienes permanecen encarcelados no mejoraron.

Andreína Baduel asegura que incluso se agravaron debido a una presunta disputa por el control del penal entre funcionarios de la DGCIM y del Ministerio de Servicios Penitenciarios, una convivencia que, según denuncia, terminó incrementando los episodios de violencia.

Mientras tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos advierte que alrededor de 40 detenidos necesitan atención médica especializada urgente y que varios podrían morir en prisión si no reciben tratamiento oportuno.

Frente a los muros de El Rodeo I, las familias continúan esperando cada fin de semana esos quince minutos de conversación detrás de un vidrio. Salen con más preguntas que respuestas. No saben cuántos presos políticos siguen dentro, quiénes fueron trasladados a las áreas de castigo, ni cuándo volverán a ver a sus familiares. En una cárcel donde la información también está encarcelada, la incertidumbre se ha convertido en otra forma de castigo.

En realidad, la versión anterior tiene unas 390 palabras, por lo que ya está por debajo del límite de 500. Sin embargo, creo que puede quedar todavía mejor si es más ágil y periodística. Al ser un apéndice, no necesita desarrollar todo el expediente, sino mostrar por qué el caso de José Ignacio Moreno ilustra lo que ocurre en El Rodeo I.

El abogado José Ignacio Moreno Suárez

Entre los presos políticos que permanecen recluidos en El Rodeo I está el abogado José Ignacio Moreno Suárez, detenido hace más de dos años mientras representaba en Venezuela a la empresa minera Gold Reserve Inc., enfrentada al Estado venezolano en un arbitraje internacional por el proyecto Brisas-Cristinas.

Moreno Suárez fue arrestado el 4 de junio de 2023 cuando almorzaba en un restaurante de Caracas. Funcionarios de la DGCIM le pidieron que los acompañara para una supuesta entrevista y, según la documentación revisada por Infobae, quedó detenido sin que existiera una orden de aprehensión. Desde entonces permanece recluido en El Rodeo I sin que haya comenzado su juicio.

La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Su defensa sostiene, en cambio, que el proceso constituye una represalia por su trabajo como abogado de Gold Reserve y denuncia que la prisión preventiva ya superó los plazos previstos por la legislación venezolana sin que exista una sentencia.

Mientras el expediente permanece prácticamente inmóvil, la mayor preocupación de su familia es su estado de salud. Según los informes médicos incorporados por la defensa, ha perdido alrededor de 70 kilos desde su detención y padece hipertensión arterial, esófago de Barrett y una afección prostática que requiere atención especializada. Sus allegados aseguran que en distintas oportunidades se les ha impedido ingresar medicamentos y que la asistencia médica sigue siendo insuficiente.

Su situación volvió a agravarse tras el terremoto que afectó el centro-norte de Venezuela. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, permaneció casi tres semanas incomunicado, sin visitas ni posibilidad de recibir alimentos o medicinas. La familia solo pudo verlo después de advertir que denunciaría públicamente una posible desaparición si las autoridades no ofrecían una prueba de vida.

La AGEXPORT cerró una campaña de apoyo a Venezuela con USD 18,600 recaudados para asistir a niños y familias afectadas por los terremotos, después de una colecta de dos semanas que había sido lanzada con la meta de reunir Q150.000 antes del 15 de julio y canalizar ayuda hacia hogares en situación de vulnerabilidad.

Del total reunido, USD 14,600 correspondieron a aportes en efectivo y fueron enviados a FUNDANA, una organización venezolana dedicada a la protección de niños, niñas y familias vulnerables. Las donaciones en especie consistieron en toallas y frazadas infantiles, que se canalizaron a través de la Asociación de Venezolanos residentes en Guatemala, ASOVEGUA.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores había abierto la campaña para convocar a empresas socias, colaboradores, aliados estratégicos y público en general. El objetivo era atender a la niñez y a familias golpeadas por los sismos en Venezuela, en un contexto en el que Guatemala también coordinaba con Caracas un eventual envío de equipos de rescate y apoyo técnico.

La organización venezolana aliada fue presentada como una fundación con 35 años de trayectoria en protección de la niñez. Según la información difundida por la entidad guatemalteca, esa institución participa en apoyo a menores vulnerables, distribución de ayuda humanitaria y coordinación con otras organizaciones para responder a las necesidades más urgentes en las zonas afectadas.

La campaña se enfocó en niños y familias en situación de vulnerabilidad

La respuesta concreta al llamado quedó definida desde el inicio: las personas y empresas interesadas debían depositar su contribución en la cuenta monetaria 217-000981-1 de Banco Industrial, a nombre de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, y después enviar el comprobante junto con el NIT al correo donacionesrse@agexport.org.gt para solicitar el recibo correspondiente.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, vinculó la recaudación con el perfil del gremio exportador. “Hoy queremos convertir el puente del comercio en un puente de esperanza para la niñez venezolana. Cada aporte refleja los valores de solidaridad que caracterizan al sector exportador guatemalteco y nos permite acompañar a quienes hoy más lo necesitan”.

Tras el cierre de la colecta, la entidad destacó que el resultado fue posible por la participación de empresas socias, colaboradores y ciudadanos que se sumaron a la iniciativa. La campaña dejó, además de los recursos, un mensaje de acompañamiento entre países frente a una emergencia humanitaria.

Francis Cohen, presidenta de FUNDANA, envió un mensaje de agradecimiento por la ayuda recibida desde Guatemala. “Desde FUNDANA queremos agradecer profundamente a AGEXPORT y a todas las empresas exportadoras y colaboradores y personas que se sumaron a esta iniciativa de solidaridad. Su generosa donación y apoyo para estos niños y familias que hoy enfrentan momentos tan difíciles, gracias por tender un puente de solidaridad entre Guatemala y Venezuela, por demostrar que cuando nos unimos podemos transformar vidas”.

Las donaciones incluyeron dinero en efectivo y ayuda en especie

La recaudación monetaria representó la mayor parte del apoyo obtenido y fue destinada a la fundación venezolana encargada de atender a la población infantil y a los hogares vulnerables. La ayuda material complementó ese envío con artículos infantiles entregados por medio de ASOVEGUA.

AGEXPORT también había difundido un mensaje público de solidaridad con Venezuela tras los terremotos del miércoles y expresó condolencias a las familias que sufrieron pérdidas. En ese pronunciamiento, sostuvo que desde Guatemala enviaba un mensaje de acompañamiento y fraternidad a las comunidades afectadas.

El cierre de la campaña confirmó que la colecta superó la conversión directa de la meta inicial fijada en quetzales y consolidó una red de apoyo impulsada por el sector exportador guatemalteco, empresas vinculadas al gremio y personas que decidieron sumarse a la asistencia para la niñez y las familias venezolanas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe “exhaustivo” sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra desde su constitución en 2011 hasta la actualidad. Según la providencia, a la que ha tenido acceso Infobae, el magistrado acepta una petición de la Fiscalía Anticorrupción para reconstruir la historia societaria de la aerolínea y esclarecer qué alcance tuvo la entrada de capital venezolano en la compañía antes de que recibiera el rescate público aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021.

La nueva diligencia se enmarca en la investigación que dirige Calama sobre las presuntas comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra. En su resolución, fechada este 4 de agosto, el juez acuerda incorporar al procedimiento el escrito presentado por el Ministerio Público el pasado 31 de julio y librar un oficio a la UDEF para que elabore el informe solicitado.

La Fiscalía quiere aclarar cómo cambió la propiedad de Plus Ultra

La petición de Anticorrupción parte de la necesidad de profundizar en la evolución del capital social de la aerolínea. En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía recuerda que Plus Ultra fue constituida el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores, aunque destaca que la composición accionarial sufrió cambios especialmente significativos a partir de 2017, cuando comenzaron a incorporarse al capital social y a los órganos de gestión personas de origen venezolano.

Para sostener esa petición, el Ministerio Público se remite a un informe elaborado por la UDEF el 14 de noviembre de 2025, en el que ya se analizaba parcialmente la estructura accionarial de la compañía. Según expone la Fiscalía, ese documento hacía referencia a diversos protocolos notariales que reflejaban cómo, desde 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizaron “aparentemente aportaciones de capital”.

Entre esas personas, el escrito menciona expresamente a Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff. Asimismo, cita a Raif El Arigie Harbie, quien ocupó cargos de responsabilidad en la empresa sin ostentar participación accionarial, y a Alcíades José Carrión Carrión, por las “significativas relaciones financieras” que mantuvo con la compañía.

La Fiscalía sostiene que la entrada de ese capital venezolano en la sociedad española se produjo mediante distintas escrituras públicas y considera que el alcance de esas operaciones debe ser analizado con mayor profundidad. En concreto, afirma que resulta necesario estudiar “el alcance y eventual impacto” que esos movimientos pudieron tener “en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021”.

Un análisis de quince años de cambios accionariales

Con ese objetivo, Anticorrupción reclama a la UDEF un estudio mucho más amplio que el realizado hasta ahora. La Fiscalía quiere reconstruir toda la historia registral de Plus Ultra desde su creación para determinar cómo evolucionó la propiedad de la compañía, qué desembolsos de capital se produjeron y quiénes participaron en ellos.

En su escrito solicita expresamente que la unidad policial elabore “un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra Líneas Aéreas desde su constitución hasta la fecha actual”, con el fin de conocer “los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés”. Además, pide que ese análisis tenga en cuenta tanto las inscripciones registrales como cualquier otra documentación que permita reconstruir la evolución societaria de la empresa.

A juicio del Ministerio Público, esta diligencia resulta “de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción”, ya que permitirá valorar “la incidencia que en la misma tuvo el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española”. Precisamente esa es la razón por la que la Fiscalía considera necesario reconstruir los quince años de historia accionarial de la aerolínea y no limitarse a la fotografía del capital existente en el momento en que se concedió el rescate.

El general Oleg Makarevich secaba las gotas de transpiración que recorrían la despoblada superficie de su cabeza mientras sostenía su smartphone. Observaba con detenimiento su aplicación favorita: FlightRadar24. Esa app de posicionamiento y rastreo de vuelos le mostraba la posición de cazas y helicópteros norteamericanos. O eso creía. En eso descansaba él y hacía descansar al resto de la cúpula chavista a la que tanto él como el Kremlin prometieron proteger.

Makarevich -quien llegó a Venezuela luego de su pobre performance en Ucrania en noviembre de 2023- seguía órdenes de sus superiores. Debía convencer a los venezolanos que tenía las herramientas necesarias para garantizar su seguridad ante amenazas externas. Sería el guardián del régimen que por entonces comandaba Nicolás Maduro.

En sus horas más dramáticas -entre noviembre y diciembre de 2025-, el general ruso le subrayó al dictador latinoamericano y las autoridades militares venezolanas y cubanas que tenía todo bajo control. Le había informado -a él y a su esposa, Cilia Flores- que contaba con la tecnología necesaria para saber cuándo una nave de guerra de los Estados Unidos sería una amenaza. O cuándo un misil podría tener como destino Miraflores o dondequiera que se encontrara.

Durante años, Moscú se posicionó como un aliado incondicional del chavismo. Militarmente resaltó que tenían absoluto control aéreo de lo que ocurría en Venezuela. Y que cualquier plan de desembarco y ataque podría ser anticipado gracias a sus sistemas de inteligencia de señales y de escuchas.

Makarevich tenía a su cargo la Equator Task Force, una fuerza militar de alrededor de 120 miembros que tenía como función entrenar agentes del Ejército de Venezuela. Los capacitaba en tácticas de infantería, operaciones de drones, reconocimiento y comunicaciones.

Pero el día más importante para la historia chavista -el 3 de enero por la madrugada-, las fuerzas rusas miraron hacia otro lado. Algunos dicen que fue una traición planificada. Otros que simplemente nunca tuvieron las capacidades que le prometieron a Maduro en el menú de servicios. “No puedes proteger a un dictador con FlightRadar; es absurdo... e indignante”, señala una fuente militar venezolana.

Los militares venezolanos que debían velar por Maduro nunca estuvieron convencidos de la sinceridad o eficacia de Makarevich. Conocían sus pobres antecedentes en el frente ucraniano. “Es el gran responsable de la muerte de los soldados cubanos que protegían al presidente”, dice otra fuente chavista, que ya no está cerca del poder.

La presencia del general provoca reacciones no del todo agradables. El embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov lo responsabiliza por el fracaso del operativo para impedir que Estados Unidos irrumpiera en el bunker de Maduro para llevárselo, pese a la cortina de protección que rodeaba al dictador. Nunca lo dirá en público, pero es lo que repite casi a diario cuando debe dar una explicación sobre el operativo en la capital venezolana en la cual se llevaron detenido a Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Makarevich había instalado la supuesta base de observación para evitar una incursión norteamericana en el pueblo de Manzanares, al sur de Caracas. Pero nada de ello funcionó.

La madrugada del 3 de enero de 2026 la operación militar “Resolución Absoluta” se puso en marcha sin que los supuestos radares de Rusia actuaran o supieran qué estaba pasando. La misión fue ejecutada tras meses de preparación y ejercicios, involucrando a más de 150 aeronaves.

El despliegue de las fuerzas norteamericanas comenzó con bombardeos intensos dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, además de ataques en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Caracas. En Fuerte Tiuna estaba Maduro. Rusia estaba tan desconcertada como las autoridades del régimen chavista. Y el general Oleg Makarevich todavía no entendía de qué se trataba todo aquello frente a sus ojos.

Desde enero, las autoridades de la dictadura cubana han estado debatiendo qué hacer con la “ayuda” que Rusia les ofrece para protegerlos. Saben que los hombres de la Equator Task Force al mando de Makarevich no sólo no protegieron a Maduro, sino que además su ineficiencia generó la muerte de 33 militares cubanos que se suponía debían proteger al dictador chavista. Pero la cúpula cubana tiene claro que los rusos nunca tuvieron un plan diseñado para proteger a Maduro, quien hoy está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

También saben que su tiempo se acerca. Y que tarde o temprano los rusos también los abandonarán. Sólo resta saber cuándo.

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Un total de 147 migrantes llegaron a Venezuela este lunes en el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos desde los terremotos del pasado 24 de junio, según informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

El avión, con salida desde Miami, aterrizó en Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Esta ciudad ha recibido operaciones de aerolíneas tras los daños ocasionados por los sismos en el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar, ubicado en la región de La Guaira, una zona cercana a Caracas y gravemente afectada.

De los repatriados, 132 son hombres y 15 son mujeres. Todos llegaron en el vuelo de repatriación número 165 desde enero del año pasado, fecha en la que Caracas y Washington firmaron un acuerdo migratorio.

El vuelo anterior, el 164, también procedente de Miami, transportó a 146 venezolanos, incluidos siete niños, al aeropuerto internacional Simón Bolívar el 24 de junio, pocas horas antes del doble terremoto que, según cifras oficiales, causó al menos 6.125 muertes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó que existe una “alianza internacional para la recuperación del principal aeropuerto del país”, aunque no especificó los actores involucrados.

Añadió que esperan reanudar algunos vuelos comerciales en una pista paralela, sin indicar una fecha concreta para ello.

El pasado viernes, el Gobierno venezolano anunció que el aeropuerto Simón Bolívar, cerrado desde el 24 de junio, reabrirá sus operaciones de aviación de carga a partir del 5 de agosto.

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6.125, según el nuevo balance oficial presentado este lunes por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización llegó después de varios días sin reportes sobre víctimas y mientras familiares continúan buscando a personas desaparecidas en las áreas más afectadas.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños estructurales en distintas zonas del país, con especial impacto en el estado costero de La Guaira, ubicado frente al mar Caribe y cercano a Caracas. De acuerdo con la cúpula chavista, al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos.

En Venezuela, todas las miradas se centran en el proceso de negociación que comenzó formalmente el sábado primero de agosto entre el régimen chavista y una delegación de la oposición, bajo el “auspicio” del gobierno de Estados Unidos.

De este mecanismo de diálogo se espera mucho, pero se sabe muy poco. En principio, las partes indicaron que continuarán las conversaciones esta semana y presentaron a sus representantes.

La delegación del oficialismo la encabeza Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano mayor de la mandataria interina Delcy Rodríguez. Lo acompañan la flamante ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Del lado de la oposición, Dinorah Figuera dirige un equipo negociador conformado por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Todos miembros de la Asamblea Nacional elegida en 2015, última institución considerada legítima por la administración de Donald Trump.

La oposición anunció una “comisión de apoyo” integrada por otros cuatro legisladores de 2015: Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Los delegados opositores militan en Primero Justicia y Voluntad Popular, dos de los partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática, coalición que respalda a María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz.

Agenda

Chavistas y opositores expusieron los tres puntos que pondrán sobre la mesa. Tan amplios que, en realidad, todo cabe: Atención al doble terremoto ocurrido el 24 de junio, fortalecimiento de la democracia, y derechos y garantías políticas.

Se espera que de este proceso surja un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar los futuros comicios presidenciales. La crisis política venezolana se agudizó luego de que el actual CNE, controlado por el oficialismo, proclamara a Nicolás Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 sin presentar las actas que sustentaran esa decisión.

También se habla de que esta instancia de negociación asumirá la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tarea que ya estaba adelantando el Parlamento de mayoría chavista antes de los terremotos. La cúpula del Poder Judicial -hoy dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- es clave para avanzar hacia una posible transición.

La oposición quiere incluir en la agenda la regularización de los partidos intervenidos por el TSJ, el respeto a la libertad de expresión, el regreso de los exiliados y el levantamiento de las inhabilitaciones políticas. Este último tema afecta directamente a Machado, quien no ha podido retornar al país y que tiene prohibido competir en elecciones por el veto que le ha impuesto el régimen chavista.

Según lo anunciado por las partes en sus respectivos comunicados, esta semana la negociación debe continuar en Caracas. Más allá de los movimientos de tirios y troyanos, aquí hay un tercero que tiene gran protagonismo: Estados Unidos, que ha manifestado su apoyo al mecanismo de diálogo.

“Este proceso contribuye de manera significativa al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, así como una transición hacia elecciones democráticas. Estamos seguros de que este trabajo puede generar resultados tangibles para los venezolanos”, declaró el Departamento de Estado.

Gabriela Méndez ya no sabe qué le produce tanto sofoco. Si el terrible calor que abrasa a Maracaibo, la capital del estado Zulia conocida como “la tierra del sol amada”, o la indignación que siente ante “la incompetencia y la corrupción” del régimen chavista.

Méndez sufrió durante toda una semana cortes de luz entre las 12 de la medianoche y las 5 de la mañana, en esta región del occidente donde la sensación térmica supera regularmente los 40 grados centígrados.

“Tenía que levantar a mi niña de 11 años como fuera, sin haber dormido, porque tenía que terminar el colegio y cuándo llegábamos, resulta que allí tenían otro racionamiento desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde”, relata.

“Imagínate, los niños toda la mañana sin aire acondicionado. Si me hubieran avisado, no la llevaba a su colegio porque esto es una tortura. ¡Es horrible!”, exclama Gabriela, tras afirmar que el “caos eléctrico” destruye la calidad de vida de los zulianos sin que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ofrezca respuestas. “No se ven soluciones, pero además no confío en ellos, todo se lo están robando”, manifiesta visiblemente irritada.

Ahorro

La mandataria encargada ordenó el domingo 2 de agosto “la activación del plan de ahorro de energía eléctrica y agua, para promover la conciencia y el compromiso de cada venezolano en el uso responsable de estos recursos”.

El anuncio ocurre mientras en distintas zonas del país los ciudadanos toman las calles y cierran vías para protestar por las constantes interrupciones del servicio eléctrico.

Rodríguez aplicó una medida similar el 21 de marzo. “Durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica”, declaró en aquella oportunidad. Cuatro meses después, la situación es mucho peor.

En esta oportunidad, el régimen chavista señala que la crisis obedece al impacto del fenómeno climático conocido como “Superniño” y los daños ocasionados por el doblete sísmico del 24 de junio.

Sin embargo, el país atraviesa una emergencia eléctrica desde 2009 y los expertos identifican como sus causas la ausencia de planificación, la caída de las inversiones y los mil millonarios escándalos de corrupción en la construcción de proyectos que jamás se concluyeron.

Mucho dinero

“Esto siempre ha estado mal, la cosa que ahora está peor, con cortes de 5 y 6 horas todos los días, ya la gente no aguanta”, reclama Gabriela. Una percepción similar tiene Jorge Montenegro, un vecino de Maracay, capital del estado Aragua, en la región central del país.

“Antes de 2019 ya había problemas con la luz. Ahora, a partir de abril de este año la cosa se intensificó y comenzamos a vivir apagones de 5 horas diarias. Hay zonas donde la quitan al mediodía, pero en mi zona la quitan de noche. No nos han perdonado ni siquiera en medio de la tragedia del terremoto”, comenta este comunicador de 46 años.

Para “sobrevivir”, Jorge detalla que ha adquirido lo que denomina “el kit apagón para la provincia”, pues Caracas aún no padece los cortes del servicio que asfixian al resto del país. Compró un inversor eléctrico por 600 dólares, un ventilador y bombillos que funcionan con baterías por 65 dólares y 13 dólares, respectivamente, y un UPS para el módem por 40 dólares.

“Si tienes una laptop con batería o un televisor de 33 pulgadas, te da una autonomía mayor a 5 horas y la nevera no se descongela”, habla quien se ha hecho un experto a la fuerza.

Cuenta que en ocasiones le huye al apagón de su casa y se refugia en el cine de un centro comercial cercano. “Ya he visto todas las películas”, asegura Jorge. Sin embargo, hasta allá lo persigue la oscurana. “Las salas funcionan con plantas, entonces no prenden el aire acondicionado y aquello es un horno”, describe.

El lanzamiento del “plan de ahorro” por parte de Delcy Rodríguez hizo estallar las redes sociales, con mensajes que confirman que la gente está ardiendo de la rabia.

La usuaria Luisa Maracara solo atinó a responder: “Estar sin electricidad 10 horas diarias, ¿cuenta como ahorro? ¿O hay que dejar de usar lavadora cuando hay luz, no usar el aire acondicionado 5 o 6 horas en la noche o no dejar a mi mamá de 88 años ver televisión un ratito?”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 87 nuevas viviendas a familias afectadas por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó miles de damnificados, con especial impacto en el estado de La Guaira. Durante el acto, realizado en Ciudad Tiuna, en Caracas, la dirigente ratificó el compromiso de ampliar el plan habitacional y aseguró que antes de finalizar el año el Gobierno entregará al menos 4.000 viviendas adicionales.

Según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), del total de las viviendas entregadas, 58 corresponden a apartamentos de cuatro habitaciones y 29 a unidades de dos habitaciones, destinadas a familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.

Durante la actividad, Delcy Rodríguez estuvo acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y otras autoridades nacionales. Allí reiteró la meta fijada por el Ejecutivo para los próximos meses y afirmó: “De aquí a finales de año, estaremos entregando por lo menos 4.000 viviendas para 4.000 familias. Eso sin contar lo que vamos a hacer y construir nuevo”.

La mandataria también informó que el Gobierno prepara nuevos terrenos para ampliar el programa habitacional destinado a los damnificados. En ese sentido, sostuvo que existe coordinación entre las distintas instancias del Estado para acelerar las soluciones habitacionales.

“Todos puedan tener su vivienda”, expresó Rodríguez al referirse al trabajo conjunto entre autoridades nacionales y locales para responder a las necesidades de las familias afectadas por el sismo.

Además del programa de construcción de viviendas, la presidenta encargada se refirió a las medidas orientadas a impulsar el mercado inmobiliario. En ese contexto, estimó que alrededor de 400.000 viviendas serán incorporadas al mercado de alquiler tras la aprobación, el pasado viernes, de una nueva ley de arrendamiento sancionada por el Parlamento.

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que el Gobierno anunció durante las últimas semanas para facilitar el acceso a una vivienda. Entre ellas figura un esquema de financiamiento que combinará subsidios estatales con créditos otorgados por la banca pública y privada.

La semana pasada, Delcy Rodríguez informó que las entidades financieras concederán créditos para la compra de viviendas bajo un sistema escalonado de subsidios.

De acuerdo con el mecanismo anunciado, las viviendas con un valor de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal equivalente al 80% de su precio. El 20% restante será financiado mediante un crédito con un plazo de 25 años, que deberá cancelar el beneficiario.

En el caso de las viviendas cuyo valor supere los 70.000 dólares y alcance hasta 100.000 dólares, el Gobierno cubrirá el 50% del costo, mientras que el porcentaje restante también será financiado mediante un crédito a 25 años.

El plan habitacional forma parte de la respuesta oficial tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio y que provocó graves daños en infraestructura, viviendas y edificios públicos.

El jueves pasado, Jorge Rodríguez informó que comenzó la construcción de 1.875 viviendas destinadas a familias afectadas por el desastre natural. En esa oportunidad precisó que el último balance oficial contabilizó 17.907 personas sin hogar.

Semanas antes, el presidente del Parlamento había señalado que las estimaciones preliminares indicaban la necesidad de construir 25.000 viviendas para atender a todas las familias perjudicadas por los terremotos.

El proceso de entrega de casas comenzó el 20 de julio, cuando el Gobierno adjudicó las primeras 240 viviendas a familias damnificadas por el movimiento telúrico.

Según el último balance oficial, difundido el 24 de julio, el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 dejó 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron, además de 23.811 personas que permanecen en campamentos transitorios a la espera de una solución habitacional definitiva.

A la dimensión social de la emergencia se suma el impacto económico. El Banco Mundial estimó que los daños físicos ocasionados por los dos terremotos ascienden a 19.600 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de la reconstrucción que afronta el país.

(Con información de EFE)

La principal central hidroeléctrica de Venezuela fue sometida a una evaluación técnica por parte de especialistas del Departamento de Energía de Estados Unidos con el objetivo de determinar el estado de sus equipos y establecer las acciones necesarias para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. La inspección se llevó a cabo en la represa de Gurí, instalación que genera aproximadamente el 60% de la electricidad consumida en el país y que constituye el eje del suministro eléctrico venezolano.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que la revisión fue realizada el domingo con el respaldo del Departamento de Estado y en coordinación con el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

A través de un mensaje publicado por la Embajada estadounidense, Barrett explicó que el equipo técnico elaboró una evaluación especializada sobre las condiciones de la central hidroeléctrica. “El equipo técnico realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional”, señaló el diplomático.

La representación estadounidense añadió que ese trabajo forma parte de la estrategia de recuperación impulsada por Washington para Venezuela.

“Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases” promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó el comunicado.

Aunque las autoridades estadounidenses no divulgaron los resultados específicos del diagnóstico ni detallaron las fallas detectadas durante la inspección, la embajada difundió imágenes de los especialistas recorriendo las instalaciones de la central hidroeléctrica.

La revisión se produce en un momento en el que el sistema eléctrico venezolano enfrenta un proceso de reconstrucción tras años de deterioro de su infraestructura y después de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 24 de junio, que afectó parte de las redes de transmisión y algunas instalaciones de generación.

La hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Gurí y ubicada sobre el río Caroní, en el estado Bolívar, es la mayor planta generadora de electricidad del país. Debido a que abastece cerca de seis de cada diez megavatios que consume Venezuela, cualquier programa de recuperación del sector eléctrico depende en gran medida de su capacidad operativa.

La evaluación estadounidense se suma a otras iniciativas dirigidas a incrementar la generación eléctrica. En junio, la designada del chavismo, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con empresas internacionales para rehabilitar parte de la infraestructura energética.

Uno de esos convenios fue suscrito con General Electric, dentro de un programa orientado a recuperar capacidad de generación. Según explicó Rodríguez en ese momento, el objetivo es incorporar 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses de ejecución y superar los 5.000 megavatios recuperados en un plazo de cuatro años.

Además, anunció un nuevo plan para reforzar el sistema eléctrico mediante la incorporación de 4.800 megavatios adicionales antes de finalizar el año. De acuerdo con sus declaraciones, esa capacidad provendrá tanto de la recuperación de plantas termoeléctricas como de los contratos firmados con compañías como GE Vernova e IMPSA.

Durante una reunión transmitida por el canal Venezolana de Televisión, Rodríguez también llamó a la población a reducir el consumo de electricidad y agua debido a los efectos del fenómeno climático denominado “Súperniño”, que podría disminuir la disponibilidad de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica.

Delcy Rodríguez informó igualmente que el doble terremoto registrado en junio ocasionó daños en torres de transmisión, líneas eléctricas y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, que aportaba 600 megavatios al sistema. Según precisó, ya fueron restituidos 300 megavatios y el resto de la capacidad será recuperado durante las próximas semanas.

En paralelo a estos trabajos, Estados Unidos mantiene su programa de cooperación técnica con Venezuela para impulsar la rehabilitación de la infraestructura energética. El diagnóstico realizado en Gurí constituye uno de los primeros estudios especializados efectuados por expertos estadounidenses sobre la principal fuente de generación eléctrica del país y servirá como base para definir las inversiones y las obras necesarias para su modernización.

Estados Unidos manifestó su respaldo a los pasos dados por dirigentes políticos venezolanos para impulsar una transición democrática y afirmó que el proceso anunciado contribuye a la estrategia que Washington apoya para la estabilización del país, la recuperación económica y la celebración de elecciones libres.

El pronunciamiento fue difundido por el Departamento de Estado, que además destacó la necesidad de combinar la respuesta a la crisis humanitaria provocada por los terremotos del 24 de junio con un proceso de reconstrucción institucional.

Mediante un comunicado, la diplomacia estadounidense dio la bienvenida a las declaraciones realizadas por la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el chavismo.

Según el texto, Washington respalda el inicio de “esfuerzos liderados por venezolanos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”.

El Departamento de Estado añadió que esa iniciativa “contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos apoya para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición hacia elecciones democráticas”.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela difundió un mensaje en el mismo sentido a través de sus redes sociales. La representación diplomática señaló que Washington “acoge con beneplácito este anuncio” y reiteró su compromiso de respaldar “los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo de Venezuela”.

Las declaraciones de Estados Unidos se producen en la antesala del inicio de un proceso de conversaciones políticas previsto para esta semana.

El proceso cuenta con el respaldo de Washington, aunque ha generado reacciones encontradas dentro del escenario político venezolano. Diversos sectores de la oposición cuestionan que la líder María Corina Machado no haya sido invitada a las conversaciones, mientras que dirigentes del chavismo rechazan una negociación que consideran impulsada exclusivamente por representantes avalados por Estados Unidos.

La convocatoria se desarrolla en un contexto marcado por la crisis institucional y por las consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, que dejaron más de 5.500 fallecidos y provocaron graves daños en distintas regiones del país.

Las negociaciones estarán encabezadas por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional chavista, junto con Dinorah Figuera, quien dirige el Parlamento venezolano electo en 2015, órgano reconocido por Washington desde que obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el lugar exacto de las reuniones, más allá de que tendrán lugar en Caracas. Analistas consideran que el objetivo central será alcanzar acuerdos que permitan restablecer el funcionamiento de las instituciones y crear las condiciones necesarias para futuros comicios.

En los días previos al inicio de las conversaciones también se registraron movilizaciones en distintos puntos de la capital. Seguidores de María Corina Machado reclamaron que cualquier transición concluya con elecciones libres y transparentes. Durante una de esas concentraciones, el ex diputado y ex preso político Williams Dávila afirmó: “El pueblo tiene la esperanza de que llegaremos a elecciones libres y democráticas”.

Desde el chavismo también hubo manifestaciones de rechazo. El diputado socialista Francisco Arias sostuvo que las negociaciones no deberían limitarse a actores respaldados por Washington y escribió en la red social X: “Debe ser una negociación que luego sea sometida al país, al pueblo de Venezuela”.

Mientras continúan esas posiciones enfrentadas, Estados Unidos reiteró que confía en que el proceso pueda generar resultados concretos para los venezolanos mediante una transición orientada al fortalecimiento democrático y la recuperación institucional.

República Dominicana y Venezuela iniciaron un proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas, según un comunicado conjunto. La medida pone fin a la ruptura abierta en julio de 2024, cuando Caracas exigió la salida de los representantes dominicanos tras los pronunciamientos sobre las elecciones presidenciales venezolanas.

Según un reporte de la agencia de noticias EFE, el proceso arrancará con una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo, orientada a fortalecer los canales institucionales de comunicación y garantizar la atención consular y diplomática de los ciudadanos de ambos países. La declaración oficial subraya el propósito de preservar los lazos históricos de amistad y cooperación que unen a República Dominicana y Venezuela.

Para Iván Gatón, la clave de este acercamiento reside en la transformación del contexto político y geopolítico regional. El internacionalista sostiene que la geopolítica regional termina determinando los movimientos de los gobiernos, y que “las decisiones políticas son las que prevalecen para que un proceso como este avance tiene que existir interés político, y ese interés existe”, declaró Gatón en conversación con EFE. Esta visión apunta a que la disposición de ambos gobiernos para restablecer el diálogo responde menos a factores circunstanciales que a una evaluación estratégica de sus intereses.

La ruptura diplomática tuvo su origen en las reacciones internacionales tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que el entonces presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor por un organismo electoral controlado por el chavismo. A raíz de los cuestionamientos de varios países, entre ellos República Dominicana, el gobierno de Caracas ordenó el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos de siete naciones latinoamericanas.

El acercamiento previo entre ambos países

Cinco meses antes del anuncio de normalización, ambos países ya habían dado un primer paso reanudando las operaciones de transporte aéreo, suspendidas durante casi dos años. Según detalla EFE, el proceso de acercamiento diplomático se produce bajo el liderazgo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la destitución y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, acusado de narcotráfico.

Gatón contextualiza el restablecimiento de relaciones como una recuperación de la conexión entre “dos pueblos que históricamente han estado unidos por vínculos de hermandad”. El internacionalista destaca que la ruptura diplomática de 2024 resultó dolorosa para ambas sociedades, dado el peso de los lazos históricos, familiares y migratorios.

En declaraciones recogidas por EFE, Gatón remarcó que la relación entre ambos países trasciende la coyuntura actual y la migración venezolana provocada por la crisis económica, ya que “desde hace décadas existen familias formadas por venezolanos y dominicanos”.

El impacto migratorio en República Dominicana

Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor número de migrantes y refugiados venezolanos, al albergar 99,700 personas, de acuerdo con datos actualizados a febrero.

La noticia sobre la intención de reanudar las relaciones diplomáticas ha sido difundida en la isla caribeña, aunque hasta el momento no se han registrado reacciones significativas en los sectores políticos y económicos.

Una jueza federal de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el inicio del juicio contra Alex Saab, ex ministro venezolano y empresario colombiano, acusado de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos. La decisión, adoptada por la jueza Lauren F. Louis en un tribunal federal de Miami, abre una nueva fase judicial contra uno de los aliados económicos más señalados del expresidente venezolano.

Saab, de 54 años y nacido en Colombia, es descrito por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Maduro, una acusación que él ha rechazado a través de sus abogados. La jueza Louis estableció que el proceso se resolverá mediante un juicio con jurado de dos semanas de duración y aclaró en su orden que, si no puede celebrarse en la fecha prevista, será reprogramado. Antes del inicio, ambas partes deberán comparecer el 1 de septiembre en una audiencia virtual para avanzar en los preparativos.

El calendario responde a la solicitud presentada por la defensa de Saab el 24 de julio, cuando sus abogados formalizaron ante la jueza Louis una declaración de no culpabilidad y pidieron expresamente que el caso fuera resuelto por un jurado popular. En aquella audiencia, breve y sin la presencia física del acusado, tampoco se abordó una eventual solicitud de libertad bajo fianza.

No es la primera vez que Saab enfrenta este tipo de cargos en territorio estadounidense. En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permaneció bajo custodia hasta 2023. Ese año, el Gobierno de Joe Biden lo liberó como parte de un intercambio de prisioneros con Caracas, un canje que en su momento generó fuertes críticas entre sectores de la oposición venezolana y de la política exterior estadounidense. Tras su liberación, Saab regresó a Venezuela, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ejerció bajo el Gobierno de Maduro.

Su nuevo paso por la justicia estadounidense se explica por la operación militar que Estados Unidos ejecutó el 3 de enero en Caracas, bautizada Resolución Absoluta, en la que fuerzas especiales capturaron a Maduro en la capital venezolana tras semanas de presión militar y económica sobre su Gobierno. El operativo, ordenado por el presidente Donald Trump, incluyó bombardeos sobre instalaciones militares y de defensa aérea venezolanas y culminó con el traslado de Maduro a Nueva York, donde permanece detenido enfrentando cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Saab fue deportado a Estados Unidos poco después, en el marco de esa misma ofensiva contra la cúpula chavista, y compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense el 18 de mayo, dos días después de su llegada al país.

El proceso contra Saab avanza así en paralelo al que enfrenta el propio Maduro, cuyo juicio junto a su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 ante una corte federal de Nueva York. Ambos casos forman parte de una ofensiva judicial más amplia de Washington contra la red de poder construida alrededor del chavismo, que combina cargos por narcotráfico contra la cúpula política con acusaciones de lavado de activos contra sus principales operadores financieros.

La figura de Saab ha sido durante años objeto de investigaciones en varios países por presuntas redes de corrupción vinculadas a contratos con el régimen venezolano, especialmente en programas sociales como los CLAP, el sistema de distribución de alimentos subsidiados. El desenlace del juicio de septiembre podría aportar por primera vez ante un tribunal estadounidense pruebas documentales sobre el funcionamiento de esas redes, en un momento en que Washington intenta consolidar el andamiaje legal que sostiene su ofensiva contra el chavismo tras la caída de Maduro.

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6.125, según el nuevo balance oficial presentado este lunes por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización llegó después de varios días sin reportes sobre víctimas y mientras familiares continúan buscando a personas desaparecidas en las áreas más afectadas.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños estructurales en distintas zonas del país, con especial impacto en el estado costero de La Guaira, ubicado frente al mar Caribe y cercano a Caracas. De acuerdo con la cúpula chavista, al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que todavía permanecen cerca de 1.400 personas desaparecidas. El anterior registro oficial de víctimas había sido difundido el 24 de julio, cuando el número de fallecidos se ubicaba en 5.546.

Además de las construcciones colapsadas, se identificaron miles de inmuebles con daños que representan riesgos para sus habitantes. Un total de 6.433 viviendas fueron clasificadas como de “alto riesgo”, mientras que otras 9.866 quedaron bajo la categoría de “uso restringido”.

Como consecuencia de esta situación, miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares. Cerca de 24.000 damnificados permanecen en refugios temporales instalados en Caracas y La Guaira, mientras otros afectados fueron recibidos por familiares y amigos.

La emergencia continúa

Más de un mes después del terremoto, las labores de recuperación siguen concentradas en la remoción de escombros, la búsqueda de desaparecidos y la atención de quienes perdieron sus viviendas.

En La Guaira, equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras destruidas, calles afectadas y zonas donde los residentes permanecen cerca de sus antiguos hogares pese a los riesgos. Algunos familiares mantienen la esperanza de encontrar con vida a personas que quedaron atrapadas tras los derrumbes.

“Yo no sé si está viva, si está muerta, si está en un hospital o todavía debajo de los escombros”, declaró Mary Cruz Andueza, una mujer que continúa buscando a su madre desaparecida tras el colapso de una torre residencial.

La acumulación de residuos derivados de los edificios destruidos también representa un desafío para las autoridades. Expertos estiman que los terremotos generaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros, que podrían contener restos de combustibles, pinturas, aceites, plásticos y otros materiales contaminantes.

El manejo de estos residuos requiere separar los materiales reutilizables de aquellos considerados peligrosos. El concreto y otros elementos de construcción pueden aprovecharse para futuras obras, mientras que sustancias como químicos, combustibles o materiales tóxicos deben recibir un tratamiento especializado.

La falta de viviendas y las condiciones de los refugios temporales incrementaron las preocupaciones sobre posibles problemas de salud pública. El acceso al agua potable, los sistemas de saneamiento y la atención médica son algunos de los principales desafíos tras la emergencia.

Especialistas sanitarios explicaron que los terremotos no generan directamente brotes de enfermedades, pero las condiciones posteriores al desastre pueden favorecer su aparición.

“Los terremotos no causan brotes por sí mismos. El riesgo viene de las condiciones posteriores al desastre”, afirmó el epidemiólogo Mauricio Cerpa, del Centro de Operaciones de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud.

Entre los principales riesgos identificados están las enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, problemas dermatológicos y enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y malaria.

Los trabajadores humanitarios y voluntarios que participan en las tareas de rescate también han enfrentado problemas de salud debido a la exposición prolongada al polvo generado por los edificios derrumbados y a las largas jornadas de trabajo en condiciones difíciles.

La recuperación de los servicios esenciales, la atención médica y la reconstrucción de viviendas serán parte de una etapa prolongada para las comunidades afectadas por los terremotos.

“Las necesidades solo van a aumentar a partir de este momento”, señaló Alycia Clark, representante de la organización humanitaria Direct Relief.

El caso volvió a colocar en el centro del debate la cooperación entre autoridades de distintos países para enfrentar delitos vinculados con organizaciones criminales transnacionales. En este escenario, la coordinación entre los sistemas de justicia y migración permitió concretar el traslado del sentenciado fuera del territorio peruano.

La decisión también coincidió con el seguimiento que las autoridades realizaron desde meses atrás ante la proximidad del cumplimiento de la pena impuesta a Barrera. La posibilidad de que recuperara su libertad generó preocupación entre los organismos encargados de combatir el crimen organizado.

Según la información oficial, la expulsión busca que el ciudadano venezolano continúe su situación judicial en su país, donde mantiene investigaciones pendientes por diversos delitos. El procedimiento incluyó un despliegue policial y el traslado mediante una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú.

Del centro comercial a una condena de ocho años

Edinson Agustín Barrera, de 30 años, cumplió una condena de ocho años de prisión en Perú tras su captura en 2018. De acuerdo con la información difundida, fue intervenido junto con otros cuatro ciudadanos extranjeros en el patio de comidas de un centro comercial ubicado en el distrito de Independencia.

Durante la intervención, agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron en su poder una granada, armas de fuego, municiones, chalecos, pasamontañas y otros elementos que, según las investigaciones, formaban parte de un plan delictivo. La periodista Karla Atencio recordó que el grupo también portaba croquis del objetivo que pretendía atacar.

El caso adquirió notoriedad porque, según la información presentada, las autoridades frustraron un nuevo asalto después de un robo registrado anteriormente contra una conocida joyería del Jockey Plaza. La intervención evitó que el grupo ejecutara otro ataque en un establecimiento comercial de Lima Norte.

Investigaciones pendientes en Venezuela

Además del proceso judicial cumplido en Perú, Barrera enfrenta investigaciones en Venezuela. Según las pesquisas, el ciudadano venezolano reconoció diversos delitos mientras permanecía bajo custodia de las autoridades peruanas.

La información presentada señala que existen referencias sobre cerca de 16 homicidios confesados, aunque otras investigaciones lo vinculan con aproximadamente 25 asesinatos, además de robos agravados y casos de sicariato. Parte de esos hechos corresponde a territorio venezolano y otros continúan bajo investigación.

Por ese motivo, las autoridades peruanas coordinaron su entrega a Venezuela para que responda por los procesos abiertos en ese país. Según lo informado, el objetivo también consiste en impedir que retorne al Perú una vez cumplida la condena que recibió por los delitos cometidos dentro del territorio nacional.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad con participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, Barrera abordó un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea del Perú con destino al aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas.

Junto con alias “Catire” también viajaron otros dos ciudadanos venezolanos identificados como alias “Rafa” y alias “Rody”, quienes igualmente cumplieron condenas en Perú por delitos contra la tranquilidad pública y tráfico ilícito de drogas, según la información difundida durante el reporte.

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió la resolución correspondiente para permitir la expulsión de los tres ciudadanos extranjeros, luego de la coordinación entre Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario y otras entidades vinculadas al sistema de justicia.

Cooperación entre Perú y Venezuela

El mismo vuelo utilizado para trasladar a los tres ciudadanos venezolanos cumplió otra misión oficial. Según la información difundida, la aeronave regresó al Perú con ciudadanos peruanos que permanecían en situación de vulnerabilidad en Venezuela después del terremoto registrado en ese país.

Durante la cobertura también se explicó que las coordinaciones entre ambos Estados permitieron aprovechar el desplazamiento de la aeronave para realizar ambas operaciones dentro de un mismo viaje. Las autoridades señalaron que la entrega de Barrera responde a la existencia de requerimientos judiciales pendientes en Venezuela.

Asimismo, el informe recordó que el caso motivó consultas durante las semanas previas acerca del futuro de alias “Catire” una vez cumplida su condena. Finalmente, la coordinación entre las instituciones permitió ejecutar la expulsión antes de que recuperara su libertad en territorio peruano.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó el inicio del diálogo formal entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores, con una primera reunión presencial que se celebrará la próxima semana en Caracas.

“En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables”, señaló.

Las delegaciones que participarán en la próxima reunión en Caracas definieron como ejes centrales de la conversación la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Estos puntos integran la agenda acordada para el primer encuentro presencial, en el marco del proceso de diálogo impulsado en Venezuela.

Luego de semanas de contactos indirectos, Rodríguez sostuvo una conversación telefónica con Dinorah Figuera, representante opositora, donde ambos compartieron la composición de las delegaciones y definieron los primeros pasos de la agenda. Este diálogo figura como un intento renovado de acercamiento entre el oficialismo y la oposición, tras varios procesos frustrados en los últimos años.

Por el sector oficialista, la delegación nacional de la presidenta interina Delcy Rodríguez quedó conformada por Jorge Rodríguez, quien asumirá la coordinación del equipo, acompañado por Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante. Estos integrantes tendrán la responsabilidad de representar al gobierno en la mesa de diálogo y de participar activamente en la discusión de los temas planteados.

Por otro lado, Dinorah Figuera, representante de la oposición, confirmó la agenda de la próxima reunión y compartió en su cuenta de X la composición de sus equipos para este proceso. La comisión técnica política estará presidida por Figuera, quien estará acompañada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, mientras que la comisión de apoyo incluye a Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Además, agradeció públicamente a Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el respaldo brindado en este proceso de diálogo, que busca facilitar una transición política en Venezuela. Además, destacó el acompañamiento recibido como un factor clave para abrir este espacio de negociación con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un contexto donde la comunidad internacional sigue de cerca cada paso de las conversaciones.

Dinorah Figuera regresó a Venezuela en junio, después de permanecer ocho años en el exilio, tras recibir una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos. En los últimos días, señaló que el proceso de diálogo debe realizarse con honestidad, transparencia y metas definidas, además de un compromiso real para lograr acuerdos concretos que permitan recuperar la democracia a través de elecciones libres y justas.

“Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano”, mencionó Figueroa.

Por su parte, Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales de Estados Unidos, destacó este acercamiento entre las partes: “Estados Unidos acoge con satisfacción este anuncio y reafirma su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo de Venezuela”, apuntó en sus redes sociales.

(Con información de EFE)

Este domingo aterrizó en Caracas el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, a fin de restablecer las relaciones consulares con Venezuela, que permanecen cortadas desde que el ex presidente Gabriel Boric cuestionara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones llevadas a cabo en julio de 2024.

Las conversaciones entre ambos países comenzaron el mismo 11 de marzo en que José Antonio Kast asumió la presidencia en Chile, pero el diálogo se mantuvo en reserva hasta alcanzar el convenio con las autoridades venezolanas, pues tal como ya lo había señalado el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad”.

Trascendió que dicho acuerdo se logró luego de que el Gobierno de Chile se comprometiera a no criticar o aludir negativamente al proceso que atraviesa el gobierno caribeño luego de la caída de Maduro.

Al respecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, valoró el tenor de las conversaciones con Chile y dio las gracias personalmente al presidente José Antonio Kast en un mensaje transmitido por la televisión pública.

“Cuenta usted también con una venezolana de bien, que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos”.

Primera etapa

De acuerdo a cifras oficiales, actualmente existen unas 37.000 órdenes de expulsión pendientes para ciudadanos venezolanos, lo que equivale aproximadamente a la mitad de las más de 75.000 resoluciones de deportación acumuladas en el país para extranjeros.

Sin embargo, desde la Cancillería informaron que esta primera etapa de acercamiento no contempla activar dichas órdenes de expulsión ni tampoco implica el completo restablecimiento de las relaciones bilaterales, pues el Gobierno de Kast no tiene entre sus planes cambiar de opinión respecto a la situación actual en el país caribeño.

“Es una buena instancia para que Chile pueda tener espacio en instancias internacionales para seguir presionando para que Venezuela vuelva a un proceso de transición y podamos democratizarnos”, aseguró la ex embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, según consignó BioBíoChile.

Así las cosas, la controversia en Chile radica ahora en quién asumirá el puesto de cónsul en Caracas, pues mientras en el oficialismo creen que debiera ser un político de fuste, desde la oposición se inclinan por un diplomático de carrera.

Paulatinamente el chavismo ha ido borrando la “(e)” que parecía dar a la autoridad de Delcy Rodríguez cierto carácter transitorio.

Tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero junto con su esposa Cilia Flores, la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió la Presidencia de la República. Su nuevo título venía acompañado en las notas oficiales de una “(e)” que denotaba su condición de “encargada”.

No obstante, en los últimos días el aparato comunicacional del chavismo ha optado por suprimir la incómoda letra para presentar a Delcy Rodríguez directamente como presidenta. Aquello no se reduce a una simple vocal, pues sobre la mesa está la discusión con respecto a la legitimidad de la antigua colaboradora de Maduro para ejercer el cargo.

El régimen chavista se ha negado a declarar la falta absoluta del mandatario nacional, argumentando que la razón que motiva el vacío -la intervención militar norteamericana- no aparece entre las causales determinadas por la Constitución.

En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -controlado por el oficialismo- creó la figura de la “ausencia forzosa”, evitando así pronunciarse sobre el fondo de la materia y dictando una “medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación”.

El fallo del TSJ “ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Sin límites

De acuerdo con la Constitución, declarar la falta absoluta del jefe de Estado obliga a realizar elecciones en un plazo de 30 días para llenar la vacante. Esto fue lo que ocurrió en 2013, cuando se anunció la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo y se llevaron a cabo los comicios presidenciales el 14 de abril, resultando ganador Maduro por un estrecho margen.

Voceros de la academia, expertos legales y organizaciones no gubernamentales afirman que la continuidad de Rodríguez de forma indefinida en el cargo, viola flagrantemente lo estipulado en la Carta Magna venezolana.

“El artículo 234 de la Constitución establece que las faltas temporales serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo durante 90 días, prorrogables por otros 90 días con autorización de la Asamblea Nacional. En consecuencia, el plazo máximo de una suplencia presidencial es de 180 días continuos”, explica la ONG Acceso a la Justicia. Ya Delcy Rodríguez superó los 200 días en la Presidencia de la República.

La administración de Donald Trump se refiere al gobierno de Delcy Rodríguez como “interino”, término que también repiten la oposición y distintos factores de la sociedad civil en el país. Sin embargo, el chavismo no acepta esa etiqueta.

En el comunicado que publicó con motivo del inicio del proceso de negociación con una delegación de la oposición, el líder del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, aclaró que participaba en esas conversaciones en su condición de “coordinador del diálogo por el gobierno nacional”.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigió al gobierno interino de Delcy Rodríguez que publique “información detallada y suficiente, útil para la planificación, la cooperación público-privada, la colaboración nacional e internacional, la transparencia y la mutua rendición de cuentas”, con el fin de avanzar en el proceso de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio.

“Actualmente, información necesaria para fomentar oportunidades de producción, financiamiento, inversión y consumo y para orientar, organizar y evaluar políticas públicas en distintas regiones del país no está disponible”, cuestiona a través de un comunicado.

Recuerda que desde 2014, el régimen chavista interrumpió la difusión “completa y detallada de las cuentas nacionales, la balanza de pagos, la posición de inversión internacional, las cuentas fiscales, los censos de población, vivienda e industria, las encuestas de hogares, los boletines epidemiológicos y las estadísticas de órganos y entes públicos que aportaban información sobre sus actividades y resultados”.

La institución subraya que “el mejor diseño de Estrategias de Recuperación tras los terremotos del 24 de junio requiere de información suficiente para movilizar recursos de modo eficiente y transparente”.

El manejo de los fondos públicos es un misterio que solo se agrava. Se sabe que dinero proveniente de la venta de crudo venezolano está siendo depositado en una cuenta que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, nadie ha precisado la cantidad ingresada ni la administrada por el régimen chavista.

Como una medida para revertir la opacidad instalada desde hace décadas, Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento de una página llamada Transparencia Soberana, donde supuestamente se mostraría el manejo de los fondos de Protección Social y de Infraestructura Nacional.

El sitio solo tiene un registro de 300 millones de dólares que se publicó el 13 de marzo, sin ofrecer mayores detalles sobre el destino de ese monto.

Deuda

En Venezuela, “los presupuestos nacionales, sus exposiciones de motivos, sus implicaciones estadales y municipales, los planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse a partir de 2016”, subraya la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB.

“Las Estrategias de Recuperación Post-Desastre no deben depender exclusivamente de fondos constituidos por donaciones y liquidación de activos, porque el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar ni visión de conjunto ni continuidad en la atención de múltiples implicaciones futuras de los terremotos, en un país que ya sufría severos problemas económicos, políticos y sociales”, enfatiza.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB apunta que “disponer de información oportuna, desagregada y consolidada contribuirá a crear condiciones para el desarrollo de diversas iniciativas sustentables, que ofrezcan asistencia inmediata y seguridad a las víctimas al mismo tiempo que promuevan nuevas posibilidades de recuperación en democracia”.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori dispuso que un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú sea destinado a la repatriación de ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad afectados por el terremoto ocurrido en La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de julio.

Según lo reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la aeronave despegó el domingo desde la Base Aérea del Callao Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias en un acto presidido por el titular de la Cancillería, Carlos Espá; junto al ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro del Interior, César Astudillo; y el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien se encuentra encargado del despacho de Justicia y Derechos Humanos durante la ausencia de su titular, Ernesto Álvarez Miranda.

La Cancillería precisó que el grupo a repatriar está compuesto por adultos mayores, madres con hijos y familiares directos que perdieron sus pertenencias a causa del sismo y solicitaron formalmente su retorno. El ministro Espá afirmó que la operación se ejecutó en coordinación con autoridades venezolanas y la enmarcó en el acuerdo alcanzado hace pocos días para reactivar progresivamente las relaciones entre ambos países, con prioridad en las consulares para atender a miles de peruanos residentes en ese territorio.

La aeronave no partió vacía hacia Venezuela. El traslado incluyó a tres ciudadanos venezolanos expulsados por el Estado peruano, identificados como integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, quienes cumplieron condena en el país y tienen requisitoria en su nación.

Los tres ciudadanos expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, conocido con el alias de Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rody; y Rafael Zorrilla Velásquez, alias Rafa. Los tres fueron trasladados bajo un fuerte resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta la aeronave militar que partió desde el Callao rumbo a Venezuela.

El canciller Carlos Espá sostuvo ante la prensa que ellos deberán responder ante la justicia venezolana “para evitar que los peruanos, ni siquiera por un minuto, estén a merced o bajo el peligro de estos delincuentes”.

Según informaron representantes del Ejecutivo, el procedimiento forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que delincuentes extranjeros vuelvan a integrarse a redes criminales tras recuperar su libertad. Además del operativo de expulsión, las autoridades adelantaron que se preparan nuevos procesos migratorios para otros reclusos extranjeros que ya cumplieron sus condenas y mantienen procesos pendientes en sus países de origen.

Durante su intervención, el ministro del Interior, César Astudillo,afirmó que existen más casos en trámite y aseguró que el Gobierno continuará impulsando la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido sus condenas y cuenten con requerimientos judiciales en sus países de origen.

El titular del sector explicó que la prioridad será retirar del país a quienes tengan procesos pendientes en sus lugares de procedencia, con el objetivo de evitar que regresen al Perú una vez recuperada su libertad. Añadió que, en caso alguno de ellos intente reingresar, las alertas migratorias permitirán proceder con su inmediata intervención.

Al instalar las dictaduras del socialismo del Siglo 21 como expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, reemplazaron los elementos de la democracia por el terrorismo de Estado, falsificación de institucionalidad, suplantación de constituciones, leyes, órganos, funcionarios, sistemas de justicia y educativos e incluso conducta social. Ante su final, las dictaduras “han convertido el concepto de transición en una narrativa de manipulación para ganar tiempo reteniendo el poder”, por lo que urge reemplazar la agenda de transición por la de “restitución de la democracia”.

En sentido estricto transición política es “un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, desde el autoritarismo o dictadura hacia la democracia”. En sentido general es “un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones”.

Los elementos esenciales de la democracia, obligatorios desde 2001 por la Carta Democrática Interamericana son: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Hay cinco países en las Américas donde se perpetró la desaparición y suplantación de todos los elementos esenciales de la democracia: Cuba la dictadura jefe del sistema de delincuencia organizada trasnacional que tiene más de 67 años detentado el poder; Venezuela que bajo mando de Hugo Chávez rescató en 1999 a la dictadura cubana y puso los medios para la expansión dictatorial, quedando Venezuela como dictadura satélite central; Bolivia que sobre el golpe de estado de 2003 tomó el gobierno Evo Morales el 2006 y suplantó la República en 2008 creando el estado plurinacional; Nicaragua con Daniel Ortega que retomó el gobierno en 2007 reinstalando la dictadura; y Ecuador que con Rafael Correa a partir de 2007 y por más de 10 años instaló un estado plurinacional dictatorial.

Se reemplazó la democracia por terrorismo de Estado, persecuciones, presos y exiliados políticos, crímenes, corrupción, usurpación constitucional e institucional, narcoestado, opositores funcionales y dictadura electoralista: en Cuba la dictadura sobrevivió y se expandió hasta llegar a ser jefe de Latinoamérica en su expresión más bochornosa en la Cumbre de las Américas de Panamá 2015; en Venezuela que hizo de dictadura líder hasta la muerte de Chávez en 2013 y que luego instaló a Nicolas Maduro; en Bolivia que fue sometida por Evo Morales y luego por Luis Arce; en Nicaragua que se convirtió en régimen de propiedad de Ortega/Murillo; y en Ecuador sometido por Correa hasta que Lenin Moreno cambió.

El primer quiebre de las dictaduras —que el más reciente informe del Departamento de Estado llama comunismo del siglo 21— se produjo en Ecuador cuando el presidente Lenin Moreno optó por la democracia. Desde 2017 en que Moreno inició la restitución de los elementos esenciales de la democracia, Ecuador afronta un proceso de transición para el que la presidencia de Moreno no alcanzó, que llevó al acortamiento de mandato del presidente Guillermo Laso, al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y a la dura tarea de desmontar el narcoestado del presidente Daniel Noboa. Con el golpe de estado de 2019 contra Moreno y gravísimas crisis que se reflejan hoy la resistencia del narcoterrorismo, el correísmo que es la expresión de la dictadura que permanece, sigue siendo un factor de poder político. Casi 10 años de una transición que no termina, que mantiene impunidad e inestabilidad institucional.

Bolivia 2019 con la renuncia de Evo Morales por fraude y crímenes infraganti produjo el gobierno de Jeanine Añez, una esperanza fracasada por el continuismo con mensaje de transición. El resultado fue Luis Arce, el operador de Morales que disputándole corrupción llevó a la dictadura a desmoronarse en 2025 dando lugar a Rodrigo Paz, al que entregaron el gobierno pero no el poder y quien ahora corre el riesgo de cargar las culpas de más de 20 años de dictadura por continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional. No hay transición y cambio menos.

Venezuela en proceso de liberación desde la captura del dictador Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 por Estados Unidos, afronta un inédito proceso de desmontaje del narco terrorismo y de la delincuencia organizada en el poder por medio de sus propios mafiosos, bajo tutela estadounidense. El término transición está en el centro de la discusión para acabar la dictadura, hay importantes avances, pero los miembros del régimen dictatorial siguen detentando el gobierno y manipulado el poder.

Con transición comenzada hace casi 10 años en Ecuador, con el fracaso en Bolivia, con Venezuela en curso, con Cuba bajo ultimátum de Estados Unidos y Nicaragua en dictadura plena, la realidad objetiva muestra que la transición como proceso, permite sobrevivir al sistema dictatorial, con una retirada ordenada, ganando tiempo e incluso contraatacando. Las dictaduras no se han desmontado, no han terminado, en el mejor de los casos entregan el gobierno y retienen el poder, y cuando merma el poder retornan al narco terrorismo de sus orígenes.

La teoría enseña que hay “dos grandes modalidades genéricas de transición: la reforma y la ruptura”, y la realidad prueba que la modalidad de reforma -en aplicación- mantiene el sistema, las leyes de la dictadura, la impunidad y la participación de la delincuencia en la política.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Según informaron representantes del Ejecutivo, el procedimiento forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que delincuentes extranjeros vuelvan a integrarse a redes criminales tras recuperar su libertad. Además del operativo de expulsión, las autoridades adelantaron que se preparan nuevos procesos migratorios para otros reclusos extranjeros que ya cumplieron sus condenas y mantienen procesos pendientes en sus países de origen.

El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en el estado venezolano de Aragua, cuyo crecimiento estuvo ligado a la cárcel de Tocorón. Con el paso de los años, el grupo expandió sus operaciones hacia distintos países de América Latina, entre ellos Perú, donde las autoridades han atribuido a presuntos integrantes delitos vinculados a extorsión, homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes, secuestros, narcotráfico y lavado de activos.

Tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua fueron expulsados tras cumplir ocho años de prisión

Los tres ciudadanos expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, conocido con el alias de Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rody; y Rafael Zorrilla Velásquez, alias Rafa. Los tres fueron trasladados bajo un fuerte resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta la aeronave militar que partió desde el Callao rumbo a Venezuela.

De acuerdo con la información brindada por el Gobierno, los ciudadanos venezolanos cumplieron una condena de ocho años de cárcel por delitos relacionados con tenencia ilegal de armas, delitos contra la tranquilidad pública y delitos contra la salud pública.

La expulsión se ejecutó al amparo de los Decretos Legislativos N.° 1350 y N.° 1582, normas que permiten la salida obligatoria del país de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido condenas por delitos cometidos en territorio nacional. El Ejecutivo indicó que esta herramienta busca preservar el orden interno y reducir el riesgo de que organizaciones criminales vuelvan a reorganizarse en el país.

Las autoridades también precisaron que el Gobierno de Venezuela aceptó recibir a los tres ciudadanos debido a que mantienen procesos judiciales pendientes en ese país. Una vez aterrizados en Caracas, deberán quedar a disposición de las autoridades venezolanas para afrontar las investigaciones y procedimientos que continúan abiertos.

Tras el operativo, los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el alcance de la medida y detallar las acciones que el Ejecutivo planea desarrollar respecto a otros extranjeros condenados que permanecen en cárceles peruanas.

Durante su intervención, el ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que existen más casos en trámite y aseguró que el Gobierno continuará impulsando la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido sus condenas y cuenten con requerimientos judiciales en sus países de origen.

El titular del sector explicó que la prioridad será retirar del país a quienes tengan procesos pendientes en sus lugares de procedencia, con el objetivo de evitar que regresen al Perú una vez recuperada su libertad. Añadió que, en caso alguno de ellos intente reingresar, las alertas migratorias permitirán proceder con su inmediata intervención.

Avión que trasladó a los expulsados regresará con peruanos afectados por el terremoto en Venezuela

Durante la conferencia, el canciller Carlos Espá informó que la misión aérea no solo tuvo como finalidad concretar la expulsión de los tres ciudadanos venezolanos. Precisó que el avión de la Fuerza Aérea del Perú permanecerá en Caracas el tiempo necesario para embarcar a un grupo de peruanos afectados por el reciente terremoto ocurrido en Venezuela, quienes solicitaron apoyo para retornar al país.

El ministro señaló que esta operación fue posible luego de la reactivación de los servicios consulares peruanos en territorio venezolano, lo que permitió coordinar la asistencia para los connacionales que atraviesan una situación complicada tras el desastre natural.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, indicó que la operación se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos por el Ejecutivo y confirmó que el retorno del avión incluirá el traslado de ciudadanos peruanos que requieren apoyo para regresar al país.

El Gobierno también adelantó que esta expulsión representa el inicio de una serie de procedimientos similares. Las autoridades explicaron que los siguientes casos dependerán de la culminación de los trámites migratorios y de las resoluciones judiciales correspondientes que autoricen la salida de ciudadanos extranjeros condenados.

Tras la reafirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para continuar con los envíos de ayuda humanitaria durante las próximas semanas al pueblo de Venezuela por la devastación que dejaron los sismos ocurridos el pasado mes de junio. En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina anunciaron que el 31 de julio zarparon los buques Papaloapan y Huasteco con destino al país sudamericano, transportando un cargamento superior a 718 toneladas de insumos de emergencia.

La carga enviada incluye alimentos, medicinas, insumos médicos, agua, plantas potabilizadoras, colchonetas, cobertores, linternas, herramientas y maquinaria diversa. Esta ayuda responde a la solicitud del Gobierno de Venezuela.

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) coordinó la operación en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El embarque fue preparado y despachado desde el puerto de Veracruz. Las autoridades mexicanas precisaron que el objetivo principal es proporcionar apoyo inmediato a las familias afectadas por el desastre natural y fortalecer los lazos de cooperación bilateral. Los buques Papaloapan y Huasteco zarparon con instrucciones de entregar la ayuda en el puerto de La Guaira, donde será recibida por autoridades venezolanas y distribuida entre la población damnificada.

México y Venezuela trabajarán en la reconstrucción de zonas afectadas

El pasado sábado 25 de julio, el titular de la SRE, Roberto Velasco, sostuvo una llamada telefónica con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, a quien expresó felicitaciones por su nombramiento frente al despacho diplomático.

En dicha conversación, los diplomáticos acordaron profundizar la cooperación y los lazos históricos de relación, así como impulsar iniciativas de cooperación bilateral y multilateral para apoyar a la reconstrucción de las zonas afectadas durante los sismos.

Por su parte, Velasco reafirmó la solidaridad y apoyo de México hacia la República Bolivariana de Venezuela, además, Plasencia reiteró su agradecimiento y reconocimiento a la respuesta institucional de la administración de Claudia Sheinbaum con el pueblo venezolano, que incluyó envíos de medicamentos, equipo para búsqueda y el despliegue de elementos de seguridad, así como el traslado de perros rescatistas.

Como gesto de agradecimiento a México, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, obsequió tres perritos "para que dos sean formados para operaciones de rescate en México y uno se quede en representación de Venezuela".

Los ejemplares de raza pastor belga fueron recibidos formalmente por el comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, Alejandro Gómez Vargas.

Venezuela y República Dominicana han formalizado este domingo el inicio de un proceso para restablecer sus relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2024 luego de que Santo Domingo no reconociera el fraude electoral perpetrado ese año por el ex dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano, ambos países han acordado “iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo”. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Exteriores dominicano a través de redes sociales, replicando los términos exactos del anuncio de Caracas.

El distanciamiento entre Santo Domingo y Caracas se produjo tras los comicios de 2024, en los que la administración de Luis Abinader decidió no reconocer la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. La decisión dominicana derivó en la ruptura total de los vínculos diplomáticos y la interrupción de los servicios consulares, un hecho que afectó a miles de migrantes y complicó las gestiones bilaterales.

Dos años después, el contexto político ha cambiado considerablemente. Maduro se encuentra bajo detención en Estados Unidos, mientras que Delcy Rodríguez, hasta entonces figura central del oficialismo venezolano, ocupa la presidencia interina con la aceptación de la Casa Blanca.

La primera fase de este acercamiento contempla el restablecimiento de los servicios consulares, una demanda persistente de las comunidades migrantes. El calendario para la reanudación plena de las relaciones aún no ha sido definido, aunque las partes manifestaron su intención de avanzar con base en el diálogo, el respeto mutuo y los principios del derecho internacional. Ambos gobiernos han reiterado su voluntad de mantener una interlocución fluida y resolver las diferencias mediante mecanismos diplomáticos.

El restablecimiento de los vínculos entre Venezuela y República Dominicana se inscribe en un contexto de reconfiguración diplomática más amplio en la región.

Delcy Rodríguez extendió en días recientes una invitación al presidente de Chile, José Antonio Kast, para “marchar juntos” en una agenda de cooperación y amistad. Rodríguez agradeció públicamente las palabras de Kast, quien impulsó la reactivación de las relaciones consulares entre ambos países tras la etapa de tensión vivida durante el mandato del expresidente Gabriel Boric.

Kast enfatizó que la normalización de los lazos con Caracas resulta fundamental para ejecutar su plan de expulsión de inmigrantes irregulares, uno de los principales compromisos de su campaña presidencial. Datos oficiales citados por EFE estiman que existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. El mandatario chileno subrayó que la reapertura de canales diplomáticos permitirá atender desafíos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

El deterioro de los lazos entre Chile y Venezuela provocó la retirada del personal diplomático de ambos países en 2024 y afectó a cerca de 700.000 venezolanos residentes en territorio chileno, así como a unos 25.000 chilenos que viven en Venezuela. La desconexión institucional dificultó la cooperación en áreas clave y generó incertidumbre entre las comunidades migrantes.

En el caso de República Dominicana, el restablecimiento de las relaciones consulares representa una medida esperada por la diáspora venezolana, que ha experimentado obstáculos en la obtención de documentación y asistencia jurídica durante el periodo de ruptura. Las autoridades de ambos países han reconocido la importancia de restituir estos servicios como paso inicial hacia una normalización más amplia.

El proceso de acercamiento diplomático entre Venezuela y República Dominicana se produce en un escenario internacional marcado por la cautela y la búsqueda de consensos. Las declaraciones oficiales subrayan la disposición a mantener el diálogo y la cooperación, sin detallar aún los plazos para la reactivación total de las representaciones diplomáticas ni los posibles encuentros bilaterales de alto nivel.

El ascenso anticipado de 195 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encendió nuevas lecturas dentro del mundo castrense venezolano. Aunque la fecha de antigüedad quedó fijada para el 1 de enero de 2027, las promociones fueron formalizadas, para el 22 de julio 2026, mediante resoluciones suscritas por el ministro de la Defensa, general Gustavo Enrique González López, con órdenes de Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

La versión oficial sostiene que la decisión responde a “necesidades del servicio” derivadas de la emergencia nacional provocada por los terremotos del 24 de junio. Sin embargo, entre oficiales consultados por Infobae circula otra interpretación: los ascensos buscarían asegurar la lealtad de mandos clave ante un cuadro político y social cada vez más delicado, porque esos oficiales con comando de tropa es el que mueve las unidades en el Ejército y la GNB que son las fuerzas terrestres y es donde hubo mayor número de ascendidos.

“Si revienta un gran problema en el país por los reclamos sindicales, la sociedad civil, los damnificados, con todo lo que acompaña la intervención militar del 3 de enero, hay un ambiente proclive a un levantamiento social y para quienes enfrentan a la gente en la calle son los tenientes coroneles, comandantes de destacamento en la GNB y los de Batallón en el Ejército”, le dice a Infobae un coronel retirado del Ejército.

Otro factor que aparece en el análisis militar es el posible debilitamiento del tutelaje de Estados Unidos sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En ese tablero, el resultado de las elecciones intermedias (midterm elections) de noviembre en Estados Unidos podría tener impacto directo. “Si los republicanos pierden la mayoría, el presidente Donald Trump tendría menos posibilidades de realizar una segunda operación de fuerza militar en Venezuela sin la mayoría del Congreso”, señaló un oficial consultado.

En conjunto, los movimientos dibujan una señal política dentro de la institución militar: el adelantamiento de promociones no solo responde al argumento administrativo de la emergencia, sino que también coloca bajo observación el vínculo entre ascensos, mando territorial y control interno en un momento particularmente sensible para Venezuela.

Los 69 del Ejército

En el Ejército, los ascensos ordinarios correspondientes al 5 de julio fueron inferiores a los promovidos de manera anticipada. Según las resoluciones 1079 a 1083, ascendieron 96 oficiales: 12 tenientes coroneles en la categoría de efectivo de comando, 65 efectivos técnicos, 15 asimilados y 5 asimilados técnicos. La promoción beneficiada antes de tiempo corresponde, en su mayoría, a subtenientes de comando egresados en diciembre de 2008, integrantes de la II Promoción “Generalísimo Francisco de Miranda”.

La Resolución 1100, fechada el 22 de julio de 2026 y firmada por el ministro de la Defensa, adelanta el ascenso de 69 mayores a tenientes coroneles de comando del Ejército Bolivariano. El argumento formal: los “eventos sísmicos ocurridos el 24 de junio de 2026”. La antigüedad, no obstante, quedó fijada para el 1 de enero de 2027.

En el orden de ascenso a tenientes coroneles: Miguel Eduardo Jiménez Cermeño (Nr. 3 de la promoción), Omar Anderson Sumalavé Macabeo (25), Veriuska Carolina Aponte Montero (24), Manuel Alberto Ríos Rúa (9), Oswaldo Gregorio Gual Uribe (79), Augusto Miguel Contreras Pérez (81), José Daniel Valero Izarra (59), Deivy (Deibu) Rivas Parra (83), Miguel Alexis Trozzell Acuña (7), Oscar Emilio Altuve Cabrera (105), Jesús Antonio López Fernández (186), Carlos Ernesto Fonseca Aular (100), Luis Ramón Chirino Coello (119), Davidson Fares Manzol (166), Ronald Jesús Delgado Hernández (42), Josmar Alexander Méndez Yépez (168), Luis Alberto González Borges (86).

También, Raymar Rosbely Ramírez Serrano (53), María Angélica Rodríguez De González (137), Jonathan Grey Martínez (202), Rosa María Durán Contreras (194), Doryan José Di Mattia Reyes (29), León Armando Díaz Arteaga (130), Josmaira Victoria Becerra García (187), Carlos Andrés Escorcha Moreno (33), Antonio Moreno Guzmán (73), Marián Alejandra Virguez Mendoza (70), Carlos Alfredo Palacios Madriz (Nr. 85 alférez auxiliar), Marco Antonio Carmona Torrealba (112), Jesús Arnoldo Gómez León (50), Marcos José Sulbarán Salazar (180), Gerania Maribeth Rivero Salcedo (11), Yelitza Fernanda Rivero Rujano de Mota (37), Nelson Leandro Rosales Vivas (150), Jesús Rafael Rengel Severeyn (140), Johana Del Valle Mendoza Cortez (107), Ángel Leonel Jiménez Quintero (95), Hilda Johanna Manrique Ruiz (151),

Igualmente, Oriol José Ceballos Carrero (189), Juan Manuel Cova Aguilera (170), Alexander De La Trinidad Fanay Graterol (21), Víctor Alejandro Meza Guerra (57), Humberto José Mota Echarry (alférez auxiliar 4), Susan Susmira Harb Ramírez (14), José Gabriel Reina Milano (179), Leonardo José Mancilla García (199), Katherine Kathiuska Rodríguez Leal (49), Rafael Alejandro Miquilarena Rodríguez (89), Ángel Gerardo Díaz Tinedo (149), Andrés Eloy Goddeliett Peña (5 Alf/aux), Abraham Valladares Angarita (59), Jesús Eduardo Osorio Pérez (58), Ender Antonio Ferreira Tirado (122), Luisana Mayaní Pérez García (198), Melixa Elena Bocaranda Bermúdez ( 72), María José Caro Chacón (104), Aníbal José Nieves Varguilla (161), Tránsito Andreina Castro Alviárez (210), Yohan Enrique Moreno Albornoz (159), Álvaro De Jesús Soto Villarroel (98), Eric Javier Hevia Barrientos (153), Jorge Luis Bello Vera (44), José Ramón Dugarte Laguado (52), Marvin Oscar Bello Alvarado (66).

Aparte es relevante mencionar a Alexander José González Fernández de la promoción 2007 “4 de Febrero de 1992”, de la que fue el Nr. 7 en la lista de los egresados como sargento técnico de tercera de los Sub Oficiales Profesionales de Carrera.

Y cuatro que ascienden a tenientes coroneles y egresaron en el 2008 como subtenientes de comando del Curso Especial de Formación de Oficiales Efectivos de la “2da. Promoción Generalísimo Francisco De Miranda”: María Carolina Salas Álvarez (egresó de Nr. 7), Rubén Gabriel Moubayed García (6), Yorleny Elena Martínez Briceño ((5) y Xisnery Del Valle Vargas Guerra (4).

El componente con más promovidos

La Guardia Nacional concentra el mayor número de ascensos adelantados. En el proceso regular del 5 de julio habían sido promovidos 41 oficiales: 14 efectivos de comando, 20 efectivos técnicos, tres asimilados y cuatro asimilados técnicos.

Pero la Resolución 1040, también del 22 de julio de 2026, elevó de manera anticipada a 71 efectivos de comando al grado de tenientes coroneles, con antigüedad administrativa desde el 1 de enero de 2027. La cifra convierte a la Guardia Nacional en el principal foco de la medida.

Ellos son en orden de ascenso: Eduardo José Ortuñez Machado, Ángel Remigio Bolívar Flores, Norbelia Nuri Díaz Ortiz, Yordano Jesús Hernández González, Solange Del Carmen Berrueta Caro, Carlos Alberto Contreras Rodríguez, Leandro Enrique Méndez Noguera, Mildre Yuleima Ramírez de Trujillo, Michael Harold Giménez Pacheco, Elvis Eduardo Pedrique Herrera, Wilmer José Arévalo Dávila, Rowland Trinidad Romero García, William William Rivero Córdova, Luis Antonio León Martínez.

Se suma Freddy Miguel Camacho Valencia, José Joaquín Ramírez Pirto, Oscar José Villamizar Rodríguez, Joelbys Alexander Ramós Labrador, Emilio José Pereira Leal, Víctor Javier Jaimes Martínez, Juan Carlos Rojas Valles, Miguelangel Bolívar Crespo, Marvin Octavio Sánchez Gómez, Jesús Alejandro Chavero Pacheco, Yoel David Rivero Valladares, Ricardo Antonio Valbuena Bernal, Daniel Saúl Guerrero Noguera, Ángel Alberto Sánchez Noguera, Jhobert Greey Gandica Ruiz, Rychard Mouafak Abou Zain, Rigoberto José Matheus Villarroel, Francisco Javier Oropeza Barrios, Jhosenp Eduardo Cova Torres, Santiago Ramón Isaac Chirinos Martínez, Francisco Antonio Torres Ramírez.

Por añadidura David Jesús Piña Zavala, José Ángel Ponce Sánchez, Eivan José Marín Marval, José Gregorio Meneses Moreno, Humberto Lenin Raas Nogales, Freddy Antonio López Giménez, Rommell Augusto Torrealba Escalona, Arnoldo José Cañizalez Falcón, Nayber Alberto Salinas Caceres, Yoser Alexander García Paredes, Abdias Agustin Azocar Gómez, Víctor Hugo Urdaneta Morillo, Johan José Álvarez Durrego, José Rolando Gallardo Rodríguez, Duervy Torrealba Silva, Carlos Francisco Carreño Ruza, Nelvis David Solarte Angulo, Víctor Luis Martins Salas, Ronny Ronaldt Godoy Aguilera, Hanyfel Marcano Márquez.

Y finalmente, Manuel Alejandro García Flores, Danny Jackson Ortega Salas, Carlos Eligio Fernández Rodríguez, Leonardo Avilio Chiquinquira Silva Cabeza, Manuel Arisbel Domínguez Peña, Oliver Antonio De Jesús Soto León, Ángel Rafael Palacios Crespo, Antonio José Betancourt Guerra, Carlos José Mejías Lorant, Erika Meryshelin Moran Durán, Norberto Antonio Padrón Franco, Adhemar Alfonso Chirinos Benítez, Michel Andrés Franceschini Moreno, César José Ramírez Velasco, Franyerbe Enrique Flores Carrillo y Teddy Martín Galindo Acuña.

30 nuevos tenientes coroneles

En la Aviación Militar Bolivariana, los ascensos ordinarios del 5 de julio alcanzaron a 47 tenientes coroneles en la categoría de efectivo técnico, tres asimilados y dos asimilados técnicos. A ese grupo se sumaron los oficiales promovidos antes de que correspondiera a su promoción.

Mediante la Resolución 1059, fechada el 22 de julio de 2026, fueron ascendidos 30 oficiales de comando a tenientes coroneles, con antigüedad del 1 de enero de 2027. En orden de ascenso: Alí José Torres Correa, Kelvis Miguel Rumbos Rodríguez, Carlos Alexander Ramos García, Kenneth Alexander Chacón Velásquez, Carlos José Meza Agudo, Ermes Ramón Meriño Aparicio, Ernesto José Arcila Rico, Gregorio José Vilchez Piña, Jhilson Fremer Hernández González, Alejandro Enrique Leal Torres, Horacio Martín Osorio Castillo, Angélica María Ciniglio Cabeza.

Así mismo, Elio Alberto Juarez Aponte, Raymar Sharabielina Olmos Blanco, Gioncar José Trujillo Delgado, Edayan Antonio García Soler, Yerkinson Jesús Rodríguez González, Elisaul José Pereira Gaincer, Víctor Daniel Aguilar Malpa, Robert José Medina Miquilena, Rommel Alberto García Romero, Roldan Frederyk Castillo Mota, Pedro Vicente Scamardella García, Yetsys Del Carmen Castillo Rodríguez, Antonio José Loreto Flores, Néstor Alí Niño Ramírez, Ernesto José Ruiz Pérez, Ricardo Jesús Maldonado Pérez, Luis Rafael Barreto Conner y Alejandro José Ran Valera.

Son 25 en la Armada

En la Armada, el grado equivalente al teniente coronel es el de capitán de fragata. Con antigüedad del 5 de julio de 2026, ascendieron cuatro oficiales de comando, 39 efectivos técnicos y un asimilado técnico, según las resoluciones 1060, 1061 y 1062. La promoción adelantada, en cambio, recayó sobre 25 capitanes de fragata de comando, también con antigüedad fijada para el 1 de enero de 2027.

Pero los ascensos adelantados recayeron sobre 25 capitanes de fragata de comando de la Armada, con antigüedad del 01 de enero 2027, según resolución 1078: Kendert Omar Núñez Arellano, Omar José Arciniegas Rivas, Eduardo José Montoya Acevedo, Yuliannys Karina Ferrer Figuera, Manuel Enrique Velasco Díaz, Rafael Ramón Aldana Meléndez, Honoria María Escalona Falcón, Víctor Tulio Loreto Ordaz, Ronald David Dam Márquez, Andrés Miguel Betancourt Rodríguez, Amín Efraín García Vera, Yaimar Nacarid Campos de Polanco, Argenis Ezequiel Bermúdez Rivera, Claudia Carolina Puche.

Al mismo tiempo, Esteldy José Vásquez Colmenares, Andrea Paola Maiz Subero, Ángel Manuel Malpa Guararicoto, José Gregorio Rodríguez González, Anais Rosa Farfán Castillo, Luibel Dubraska Briceño Bernal, Kevin José Cermeño Arias, Alejandro José Gómez Fernández, Mayra Lizt Mujica Lares, David José Ricardi Bermúdez y Jesús Joel Ramírez Zambrano.

Los familiares de presos políticos en Venezuela solicitaron este sábado que la liberación de sus seres queridos figure como prioridad en la agenda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno chavista de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ex diputados opositores. Un grupo de parientes lleva casi dos meses en un campamento cerca de la embajada estadounidense en Caracas, a la espera de ser recibido por el encargado de negocios, John Barrett, para pedir su intervención.

Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, afirmó en diálogo con la agencia EFE que “el punto número uno en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien y quieren una Venezuela limpia, libre y democrática”. Morales expresó que “sería un honor” reunirse con Dinorah Figuera, líder de la delegación opositora, porque “entiende a todos los familiares de los presos políticos” ya que “se fue del país sabiendo que a ella también la podían meter presa” por pensar diferente y sumó: “Nosotros estamos acá y si quieren hablar con nosotros, acá los vamos a esperar”.

No obstante, tanto la delegación oficialista, encabezada por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, como el grupo opositor que lidera Figuera, anunciaron que los primeros temas a tratar serán la atención a las víctimas de los sismos recientes, el “fortalecimiento” de la democracia y los “derechos y garantías políticas”, sin dar detalles sobre la situación de los presos políticos.

Jessica Castro, sobrina de Gustavo Hernández, manifestó que mantiene “mucha esperanza” en este proceso, dado que participan políticos que formaron parte de la Asamblea Nacional electa en 2015. Castro subrayó que, aunque desde enero han sido excarcelados varios detenidos, “faltan muchos” por liberar. Según la ONG Foro Penal, actualmente permanecen encarceladas 379 personas por motivos políticos.

Por su parte, Yamileth Vidal, hermana del ex alcalde Carlos Vidal, manifestó su esperanza de que los participantes en el diálogo consideren la libertad de los presos políticos. La delegación del Gobierno estará integrada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y los diputados América Pérez, Génesis Garvett, Jorge Arreaza y Jorge Rodríguez. Por parte de la oposición, Dinorah Figuera, defensora de la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015, estará acompañada por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

El inicio de este nuevo diálogo se produce poco más de dos meses después de que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación “seria” con el Gobierno y con el acompañamiento de Estados Unidos para “restaurar la democracia” mediante una elección presidencial “libre, transparente y soberana”. No obstante, estas conversaciones comenzaron sin la participación de la Premio Nobel de la Paz, quien el pasado fin de semana afirmó que no participó en el “diseño, construcción y funcionamiento” de este proceso.

Sin embargo, Machado se refirió el sábado al diálogo que resultó postergado entre el Gobierno chavista y la oposición y sostuvo que el proceso solo será sostenible si se incluye la participación de los ciudadanos y no queda limitado a acuerdos entre dirigentes.

En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, la referente opositora subrayó que la transición debe contemplar la excarcelación de presos políticos, el regreso de exiliados, la recuperación de la libertad de prensa y la definición de un cronograma electoral. “Queremos ver todos los presos políticos, civiles y militares en sus casas. Queremos ver a todos los medios de comunicación libremente diciendo la verdad, sin miedo a que te vengan a censurar otra vez. Queremos ver a todos los centros, los centros de tortura desmontados y los órganos represivos desmantelados”, afirmó la líder opositora.

(Con información de EFE)

Tras más de siete meses en el exilio, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se refirió al diálogo postergado entre el Gobierno chavista y la oposición de Venezuela en pos de una transición política en el país caribeño y aseguró que para ser sostenible el proyecto debe considerarse la participación de los ciudadanos y no únicamente acuerdos entre dirigentes políticos.

En ese sentido, la referente remarcó, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, que la transición debe incluir la excarcelación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la recuperación de la libertad de prensa y la definición de un cronograma electoral.

“Queremos ver todos los presos políticos, civiles y militares en sus casas. Queremos ver a todos los medios de comunicación libremente diciendo la verdad, sin miedo a que te vengan a censurar otra vez. Queremos ver a todos los centros, los centros de tortura desmontados y los órganos represivos desmantelados. No hay excusa, no hay más tiempo que darles. Queremos ver un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales ya sobre la mesa, de manera que sea la voz de la gente la que se expresa. Eso es la transición”, afirmó.

Ante esta necesidad, Machado aseguró que tanto ella como el dirigente Edmundo González Urrutia presentaron una propuesta alternativa para la transición política en Venezuela, pero esa opción no fue adoptada por quienes lideran la actual negociación. “Nosotros habíamos hecho un planteamiento (…) y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país“, afirmó la dirigente opositora y agregó: ”Nosotros, como dijimos, novamos a obstaculizar”.

Durante el diálogo con el comunicador, la líder opositora insistió en que el mandato surgido del proceso electoral del 28 de julio de 2024 continúa vigente, de la mano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, y subrayó la necesidad de terminarlo. “Ganamos (la oposición) y aún no se ha cobrado ese mandato. Eso es lo que falta por concluir“, remarcó Machado. Respecto a su relación con Estados Unidos, Machado indicó que el presidente de EEUU Donald Trump tiene su número telefónico y la ha llamado cuando quiso hablar con ella, además de expresar que tiene una “excelente relación” con funcionarios de EEUU.

La opositora aseguró que los venezolanos saben que esa jornada electoral no fue una elección más sino “un momento de encuentro y de renacimiento de la nación”. Relató que miles de ciudadanos defendieron el voto, resguardaron actas y “arriesgaron su vida”. La dirigente destacó: “Demostramos al mundo lo que con organización, trabajo, inteligencia, disciplina y amor somos capaces de hacer”.

Por otra parte, Machado subrayó que el regreso a su país sigue pendiente, pero definió como reto principal “cumplir el mandato del 28 de julio”. “Yo voy a regresar a Venezuela. Eso es un paso, pero el reto es ese. Y construir un país que está vuelto añicos, sin una sola institución de pie. Ese es el gran reto”. Consultada sobre los riesgos de prolongar la expectativa de su retorno, se refirió a los terremotos de hace poco más de un mes en Venezuela y reconoció: “Los costos personales son altísimos. El 24 de junio nos cambió para siempre. Ese día se rompió algo y en lo más profundo de nuestra alma quedó grabado. El dolor de no poder estar en ese momento en Venezuela es algo que yo tendré toda mi vida”.

Sobre el impacto del reciente terremoto, Machado resaltó: “Los terremotos fueron mucho más que una catástrofe natural para los venezolanos. Revolvió todo y enterró mucho también. Desnudó, expuso un país que seguimos en duelo, un duelo por muchas cosas, por mucho de lo que se evidenció allí. Lo más importante que se evidenció es frente a la ausencia del Estado, el surgimiento del ciudadano, del pueblo unido”.

Por último, consultada sobre los temores personales por su vuelta al país caribeño, Machado aseguró: “Lo único que yo tengo, y eso siempre me lo decía mi papá: ‘Lo que tú tienes es tu palabra’. Y sobre esa base se construye la confianza. Y eso es lo más valioso. Y es lo que yo le dejo a mis hijos. Todo lo demás viene y va. Pero tu palabra es el resultado de toda una vida en la cual vives momentos tremendamente difíciles, donde tienes desafíos morales y donde te cuestionas qué es lo correcto”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado a través de su red Truth Social, un mensaje con un mapa de Venezuela cubierto por la bandera estadounidense y la inscripción “Estado 51”, en el contexto de la crisis política que atraviesa el país sudamericano tras la captura y detención del exdictador Nicolás Maduro.

La publicación no constituyó la primera vez que el mandatario estadounidense puso sobre la mesa la posibilidad de anexar Venezuela. Después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal, la Casa Blanca reforzó su tutela directa sobre el país caribeño.

Trump, en una entrevista con Fox el 12 de mayo, aseguró que consideraba “seriamente” la integración de Venezuela como el estado 51. Un día después, publicó un mapa con la bandera de Estados Unidos sobre el territorio venezolano y reiteró su mensaje.

De igual manera, el jefe de Estado estadounidense destacó ayer que Venezuela aún no se encuentra preparada para celebrar elecciones, aunque destacó logros en el proceso de transición y elogió la actuación de Delcy Rodríguez en la conducción del gobierno provisional.

Mientras tanto, la situación política venezolana evoluciona rápidamente: este sábado 1 de agosto comenzó una negociación para la transición política entre el gobierno interino y un sector de la oposición, con apoyo de Estados Unidos, sin la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado. El anuncio de la apertura de la mesa de diálogo coincidió con manifestaciones en Caracas.

En distintos puntos de la capital, la tensión política se reflejó en concentraciones de opositores que exigieron elecciones inmediatas y en grupos afines al chavismo que expresaron su rechazo a las conversaciones.

Entre los manifestantes, Williams Dávila, expreso político y exparlamentario, expresó: “El pueblo está esperanzado de que, definitivamente, producto de todo este proceso, nosotros lleguemos a unas elecciones libres y democráticas”.

Sindicatos y trabajadores sumaron su voz este sábado, al reclamar que el diálogo político se desarrollara en público. En la base aérea de La Carlota, dirigentes sindicales exigieron la liberación de presos políticos, la instalación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la definición de un cronograma para organizar elecciones presidenciales este mismo año.

Por su parte, Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, reclamó apertura y transparencia: “Convocamos a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, sociedad civil y estudiantes a que nos organicemos la semana que viene y vayamos a las calles porque no se van a burlar del pueblo venezolano. Cero decisiones a espaldas de los venezolanos, cero decisiones ocultas”.

Además, los integrantes de la mesa de diálogo anunciaron que buscarán un llamado a la unidad nacional tras los dos fuertes terremotos del 24 de junio, que provocaron más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y dejaron sin hogar a más de 20.000 personas, de acuerdo con el informe oficial más reciente

(Con información de EFE)

“Hago este video para realizar una denuncia pública por el secuestro y la desaparición de mi papá, Samuel Enrique Salazar Soto, quien es líder social, defensor de derechos humanos y comisionado de Paz por las Américas”, inicia la declaración de Luisa.

La joven detalló que el rapto se reportó “el día 24 de julio a las cuatro de la tarde aproximadamente”, y señaló que su progenitor fue “interceptado por un grupo armado quien le obliga a entrar a una camioneta con un compañero con quien se encontraba”.

“Allí son amordazados, les tapan los ojos y son llevados a un lugar el cual se desconoce, donde presuntamente les golpean en horas de la noche”, aclaró Luisa, que confirmó más adelante en la grabación la liberación del compañero de su padre.

“El compañero de mi papá es liberado, pero él no, y hasta el día de hoy no conocemos su paradero. Por tanto, hago un llamado a la Cancillería, al Gobierno y al Pacto Histórico para que se apersonen y prioricen el caso de Samuel, ya que no puede ser selectivo la divulgación o la difusión de noticias, y no podemos estar normalizando que secuestren o que desaparezcan personas a estas alturas de la vida”, puntualizó la joven en el video.

La hija del religioso afirmó que “el país está atravesando por un momento muy difícil en el cual debe haber unión y empatía, y esta no puede ser selectiva”.

Por lo anterior, ella le exigió al Gobierno colombiano que “tomen medidas al respecto, ya que en Venezuela, en Capacho exactamente, las autoridades se están moviendo, están tratando de mirar qué es lo que pasó con todos los datos ya recolectados. Sin embargo, no es suficiente y tenemos también que tener apoyo de las autoridades colombianas para el esclarecimiento de los hechos”.

Para cerrar, “como familia esperamos que se haga justicia al respecto, que el caso de mi papá no quede impune y que aparezca con vida”, añadió Luisa.

Consejo Nacional de Paz pidió liberación de reverendo colombiano Samuel Enrique Salazar Soto

Días antes, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pidieron la intervención del presidente Gustavo Petro tras el secuestro del reverendo colombiano en Venezuela.

El caso activó las alertas por tratarse de un líder de paz y defensor de derechos humanos cuyo paradero se desconoce desde la tarde del domingo 26 de julio de 2026.

El rapto ocurrió en Capacho Viejo, en jurisdicción del municipio Libertad, estado Táchira, una zona fronteriza ubicada a cerca de 40 kilómetros de Cúcuta (Norte de Santander), según el Foro Internacional de Víctimas y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

La tarde del martes 28 de julio de 2026, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata y con vida del reverendo colombiano.

En dicho pronunciamiento se recordó que Salazar Soto es miembro activo del organismo y sostuvo que la prioridad es garantizar su integridad.

El secuestro activó pedidos urgentes ante Colombia y Venezuela

En un video difundido por Redepaz, el presidente del Consejo Nacional de Paz, Cristian Cabrera, reclamó una reacción inmediata de Otty Patiño para obtener información sobre el caso y lograr que el religioso sea liberado con vida.

El vocero también recordó que Salazar Soto representa a las víctimas internacionales ante ese espacio institucional.

Cabrera dijo: “Él es nuestro representante por las víctimas internacionales ante el Consejo Nacional de Paz y en este momento está secuestrado. No podemos permitir esto ni en el país vecino ni en este país. Es un consejero de paz”.

El documento del Consejo advirtió que el secuestro “representa una grave agresión contra quienes trabajan por la reconciliación y la defensa de los derechos humanos”. La organización añadió que “un constructor de paz no puede ser silenciado, perseguido ni secuestrado”, y definió el hecho como una afrenta contra los esfuerzos de paz.

Ese mismo 28 de julio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas respaldó la petición del Consejo y expresó su “profunda preocupación ante la desaparición” del reverendo colombiano. La entidad señaló que Salazar Soto integra el Foro Internacional de Víctimas, es delegado de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones y se desempeña como consejero de paz por las Américas.

La Unidad pidió a las autoridades competentes de Colombia y Venezuela que adelanten las acciones necesarias para establecer su paradero, esclarecer las circunstancias de la desaparición y garantizar el respeto por su vida, su integridad y sus derechos. En el mismo pronunciamiento difundió un contacto de WhatsApp en Venezuela para recibir información sobre el caso: +58 416-040-71-17.

“Para nosotros es un honor, pero a la vez una gran responsabilidad”, dijo Chumaceiro en una entrevista con Infobae. “No entregamos ayuda en nombre propio, sino que trabajamos en alianzas con organizaciones y fundaciones con amplia trayectoria”, detalló.

La alianza central de esta operación es con Global Empowerment Mission (GEM), dirigida por Michael Capponi. Juntos, con el respaldo de Washington, conforman el eje logístico que permite que los insumos empacados en Miami lleguen a las zonas devastadas en menos de 48 horas. “Las cosas que empacaban aquí antes de las 48 horas ya estaban siendo entregadas. Imagínate lo efectivo que puede ser eso”, destacó.

Un vuelo diario y dos almacenes

La columna vertebral de la operación es el transporte aéreo. Desde el inicio de la emergencia, un vuelo parte a diario desde Miami hacia Venezuela. Con la incorporación reciente del transporte marítimo, el esquema evolucionó: pasará a dos aviones semanales complementados por cargamentos en barco, para los cuales ya se habilitaron dos almacenes diferenciados según el medio de llegada.

“Al principio era importante que fueran aviones para llegar lo más rápido posible”, explicó la titular de la fundación, al tiempo que agregó: “Esa inmediatez que logró la alianza con GEM y con el gobierno norteamericano siento que la hizo aún más efectiva”.

Cada caja está diseñada para cubrir las necesidades básicas de dos a tres personas de un núcleo familiar, con alimentos no perecederos y productos de higiene personal. A partir de la experiencia directa en terreno, la organización decidió dividir el contenido en dos cajas separadas. “A veces nos damos cuenta de que hace falta otra cosa”, señaló Chumaceiro. “La prioridad siempre la determinan las necesidades sobre el terreno. El tema de la salubridad es importantísimo”.

La distribución en tierra se coordina con Cáritas de Venezuela, que indica qué comunidades presentan mayor urgencia. Además de las cajas, We Love Foundation canalizó insumos médicos, prótesis, apoyo para cirugías y materiales para los equipos de rescate. “Entendemos que la emergencia tiene muchas dimensiones”, subrayó.

“Esto no es un tema político, es una cuestión de humanidad”

El respaldo del gobierno de Estados Unidos a esta operación tiene una dimensión que va más allá de lo logístico. Washington facilita el paso seguro de los insumos dentro del territorio venezolano, lo que Chumaceiro describe como un factor determinante para la velocidad y transparencia de la entrega.

“Ver entregar las cajas con la bandera de Estados Unidos... recalco, esto no es un tema político, es una cuestión de humanidad. Los americanos nos ayudan al safe passage (paso seguro) en Venezuela de los insumos, y esto nos ha permitido poder llegarle a muchísimas personas que así lo necesitan”.

Ese respaldo institucional se reforzó esta semana con una acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: la flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que instituciones estadounidenses faciliten operaciones vinculadas con la recuperación en Venezuela, país bajo sanciones de Washington. La medida rige entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027, y apunta a reducir el riesgo de sanciones regulatorias para bancos y entidades que procesen transacciones autorizadas de asistencia humanitaria o reconstrucción.

En ese marco, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense para evaluar la respuesta ante el terremoto y la cooperación energética. “Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos”, afirmó la mandataria.

129 centros de acopio y donativos desde Australia

La escala de la respuesta sorprendió a la propia Chumaceiro. We Love Foundation cuenta hoy con 129 centros de acopio activos en Estados Unidos y recibe donativos desde países tan distantes como Australia.

“Mi esposo siempre me ha dicho que dé números. Yo siempre pensaba que éramos mucho más que números, éramos un mensaje. Pero claro, los números son importantes”, reconoció. Y enumeró: miles de cajas de ayuda, miles de personas que dieron su tiempo en Miami para empacarlas, vuelos constantes, alianzas con organizaciones de distintos países. “De verdad que no tengo cómo agradecer esto”, dijo.

Para Chumaceiro, el factor que explica esa confianza acumulada es la velocidad con que actuaron desde el primer momento. “Siento que el que nosotros estuviéramos entregando las cajas antes de que terminara la semana del terremoto dio una credibilidad importante”, remarcó.

Tanto ella como Capponi, explicó, son “obsesivos de que la ayuda llegue”, y la ausencia de capas burocráticas intermedias en la gestión de ambas fundaciones fue lo que hizo posible esa respuesta. “Siento que así tienen que ser las emergencias: la respuesta tiene que ser inmediata para poder salvar la mayor cantidad de vidas posible”, subrayó.

El drama en La Guaira

Mientras la logística avanza, en los campamentos improvisados de La Guaira, uno de los estados más devastados, decenas de familias aguardan entre el calor y las moscas la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. Juan Sánchez, de 42 años, recuperó el cuerpo de su madre, pero aún espera que aparezca el de su sobrino entre los restos de un edificio del programa gubernamental Misión Vivienda en Caraballeda. “Estamos enfocados en el objetivo de conseguir a nuestros familiares para darles cristiana sepultura y que descansen en un sitio digno”, dijo a la agencia EFE.

Alejandra Padrón, de 39 años, lleva semanas sentada frente a las ruinas donde tiene la certeza de que está su tío, quien acababa de cumplir 50 años. “Yo no estaba preparada para esto y no es fácil, no es fácil pararte y ver este panorama, acostarte y escuchar el ruido de las máquinas, que caiga la noche y todo esto quede a oscuras”, relató a EFE. No se irá hasta encontrarlo. “Él sabe que yo no lo he dejado solo, que yo estoy aquí, y que no voy a regresar a mi casa sin llevármelo”, insistió.

La presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), Clara Astorga, advirtió que la sepultura “es sumamente importante para hacer el duelo” y que estas personas “están sometidas a una situación psicológica muy demandante”. El jefe del equipo de la organización humanitaria israelí NATAN, Guy Shrayer, que opera en el país desde finales de junio, estimó que el impacto tardará “posiblemente años en repararse”. “Estas personas vivieron quizás la tragedia más grande de sus vidas, pero lo que sí podemos hacer es acompañarlos, hablar un poco con ellos, intentar estar presentes”, dijo Shrayer, también presente en el terremoto de Nepal en 2015 y en el de Myanmar en 2025.

Una segunda fase: casas, colegios y datos para reconstruir

We Love Foundation no planea retirarse cuando baje la intensidad de la cobertura mediática. “La recuperación es un proceso que de semanas pasa a meses y de meses a años”, dijo Chumaceiro. “Nuestro compromiso es permanecer presentes mucho después de que las cámaras se vayan”.

La organización contrató una empresa para elaborar un mapa de todas las personas que perdieron su vivienda, de aquellas cuyas casas tienen posibilidad de recuperación y de los niños que quedaron sin colegio. “Queremos esta data para después compartirla y que sirva de ayuda a los demás”, explicó. Esa información será la base de la segunda fase: recuperación de casas y colegios.

“Cuando vas para allá, te das cuenta de que es mucho más grande. La zona afectada es muy grande, se necesita bastante ayuda”, reconoció Chumaceiro. Y agregó: “Ya estamos pensando en la segunda fase, la recuperación de las casas, de colegios también”.

El gobierno venezolano también avanza en esa dirección. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el Estado inició la construcción de 1.875 viviendas para los afectados, en terrenos evaluados por geólogos, ingenieros y arquitectos. Entre las zonas mencionadas figura Catia La Mar, en La Guaira. El 24 de julio, 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Estado, y el gobierno aspira a completar 4.000 antes de fin de año, aunque los cálculos del propio Parlamento señalan que se necesitan unas 25.000. La organización TECHO, con presencia en 18 países de América Latina, planea construir al menos 200 viviendas prefabricadas en el país.

Para Chumaceiro, la magnitud de lo que viene no opaca lo que ya se logró. “Ver trabajar juntos al gobierno de Estados Unidos, a organizaciones internacionales, a fundaciones venezolanas, a empresas, a voluntarios, a tantas personas que de una manera u otra dijeron presente con el objetivo de salvar vidas... nos demostró que la solidaridad no tiene fronteras“, afirmó.

El doble sismo del 24 de junio dejó 856 edificios colapsados y otros 190 con daños, según el balance oficial. El Banco Mundial estimó los daños físicos en 19.600 millones de dólares y advirtió que el impacto podría frenar la recuperación económica del país durante una década.

La transición política en Venezuela vuelve a escena con un nuevo intento de diálogo, esta vez impulsado bajo la supervisión de Estados Unidos y con la ausencia de María Corina Machado en la mesa principal de negociaciones. La figura inesperada en esta ronda es Dinorah Figuera, quien tras ocho años de exilio regresó al país para encabezar la delegación opositora.

El proceso formal inicia con representantes del Parlamento actual, dominado por el chavismo, y del Legislativo de 2015, que la oposición reivindica como legítimo. Figuera, invitada por el Departamento de Estado estadounidense, fue recibida en Caracas el 18 de junio y designó junto a Jorge Rodríguez una mesa “política paritaria” destinada a fortalecer la democracia, consolidar la paz y perfilar un futuro común.

Mientras tanto, sectores de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), bloque mayoritario opositor, impulsaron la negociación con la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el respaldo de EEUU, buscando “restaurar la democracia” en Venezuela. La expectativa gira en torno a un cronograma electoral presidencial claro y a la reconstrucción real de las instituciones.

Aunque los nombres de todos los delegados no se han hecho públicos, se prevé que Figuera esté acompañada por ex diputados del Parlamento de 2015, como Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñones y Juan Miguel Matheus, según informó el movimiento Unión y Cambio. En el lado chavista, el principal interlocutor es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez. Hasta ahora, el resto de integrantes oficialistas sigue sin confirmarse.

Machado, premio Nobel de la Paz 2025 y referente opositora, había afirmado que le correspondía a ella liderar cualquier negociación con el Gobierno chavista. Sin embargo, tras la llegada de Figuera, la propia exiliada reconoció “diferencias” con Machado, aunque luego matizó: “María Corina es muy importante en este proceso y todos los sectores democráticos serán convocados para aportar propuestas”.

En los días previos al inicio del diálogo, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que Machado podrá tener un papel en la “reconciliación” nacional.

El nuevo diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana —con apoyo de Estados Unidos y bajo la mirada de organismos internacionales— busca definir un camino hacia elecciones presidenciales y una eventual transición democrática. El proceso, liderado por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, se instala en un contexto de tensiones internas y con la expectativa de lograr reformas institucionales verificables, incluyendo la liberación de presos políticos y la reconstrucción de garantías electorales.

Estados Unidos detalló que la agenda de trabajo incluye la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la recuperación de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles, esenciales para un debate abierto.

Machado y el referente opositor Edmundo González Urrutia insisten en que solo evaluarán los avances del diálogo “con base en logros concretos y verificables”. Entre las condiciones que la oposición pone sobre la mesa aparecen la recuperación institucional, la liberación de presos políticos, garantías reales para todos los actores y la vigencia plena de la soberanía popular.

Desde el oficialismo, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anticipó que uno de los principales pedidos del Gobierno será el levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el país. El respaldo internacional se expresó con la declaración del Departamento de Estado, que calificó el diálogo como “un paso crucial en la reconciliación política y la recuperación” de Venezuela, especialmente tras los recientes terremotos que agravaron la situación humanitaria.

Entre los partidos opositores, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo manifetaron su apoyo a la iniciativa, mientras que sectores como Acción Democrática criticaron la designación de Figuera. La coordinación de la PUD, por su parte, aún no fijó una postura oficial.

El Parlamento de Venezuela sancionó este viernes una nueva ley de arrendamiento de viviendas, una decisión que busca dar respuesta a la emergencia habitacional causada por los dos terremotos del 24 de junio que destruyeron miles de hogares y dejaron a casi 18.000 personas sin techo.

La norma, aprobada por unanimidad, establece un marco legal para estimular el mercado inmobiliario de alquiler y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en los inmuebles, en un país donde la oferta de viviendas en renta se mantuvo limitada por décadas de inseguridad jurídica y regulaciones restrictivas.

La nueva norma, bautizada como “Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas”, estableció condiciones para reactivar el mercado de alquiler tras los sismos del 24 de junio y fijó que solo podrán arrendarse viviendas que cumplan requisitos mínimos de habitabilidad.

También prohíbe los alquileres en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades y habilita que propietarios e inquilinos acuerden el canon de arrendamiento dentro de los límites previstos por la legislación.

Durante la sesión, celebrada en una base militar de Caracas debido a los daños en el palacio legislativo, el jefe parlamentario Jorge Rodríguez destacó la importancia de la ley para restablecer la confianza entre propietarios e inquilinos, después de años marcados por ocupaciones ilegales y trabas para recuperar inmuebles. El texto legal también eliminó la obligación de depósitos adelantados de hasta un año y otros requisitos que, según los legisladores, dificultaban el acceso a la vivienda.

La diputada opositora Alejandra Rodríguez consideró que la aprobación de la norma representó un paso hacia la recuperación del mercado de alquiler, que quedó paralizado por la desconfianza y la falta de incentivos para propietarios. Desde el oficialismo, la parlamentaria América Pérez sostuvo que miles de familias quedaron sin un hogar digno tras los sismos, por lo que la nueva ley respondía a una necesidad urgente.

El diputado Pedro Carreño remarcó que la norma otorgó seguridad jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios, con la intención de crear condiciones para que las víctimas de los terremotos puedan acceder a una vivienda mientras se reconstruyen sus hogares.

En esa línea, Jorge Rodríguez sostuvo que hasta 200.000 viviendas permanecieron vacías por temor de los propietarios a perderlas, debido a una normativa que describió como regresiva y que, según dijo, durante dos décadas desincentivó el alquiler y dio pie a ocupaciones ilegales.

El impacto de los terremotos, con magnitudes de 7,2 y 7,5, resultó devastador: más de 5.500 personas fallecieron y 23.800 damnificados permanecen en campamentos en Caracas y La Guaira, mientras equipos oficiales comenzaron la demolición de 190 edificios colapsados y la reparación de otros 856 con daños estructurales.

El Gobierno anunció la construcción inicial de 1.875 viviendas y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 nuevas unidades antes de fin de año, con el objetivo de superar las 10.000 durante el próximo año mediante la incorporación de inmuebles del mercado secundario.

El Gobierno también adoptó otras medidas para atender la emergencia habitacional, como subsidios para la adquisición de viviendas y el apoyo técnico de organismos multilaterales en los planes de reconstrucción. Además, las autoridades reiteraron que ningún inmueble podrá alquilarse si no cumple condiciones mínimas de habitabilidad y que se prohíben los alquileres en zonas de alto riesgo, según la evaluación de las autoridades competentes.

La norma aún debe recibir la promulgación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se presentó como una de las respuestas inmediatas a la crisis habitacional desatada por los terremotos.

(Con información de AFP y EFE)

El comandante Francisco Arias Cárdenas sigue disparando contra la cúpula oficialista en medio de sus críticas al proceso de negociación que este sábado primero de agosto tienen previsto comenzar el gobierno interino de Delcy Rodríguez y una delegación de la oposición, bajo el auspicio de la administración de Donald Trump.

“Como fundador junto a (Hugo) Chávez del EBR (Ejército Bolivariano Revolucionario), del MBR200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario) y del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), pido que sean elegidos desde las bases los voceros del PSUV para el diálogo que ordenó el Presidente de Estados Unidos por la guía del Departamento de Estado”, manifestó el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento.

El ex gobernador del estado Zulia e integrante del Consejo Político del PSUV solicita “que los acuerdos de ese diálogo, aun aprobados por el Presidente de Estados Unidos y su Secretario de Estado (Marco Rubio), sean sometidos a la aprobación del pueblo venezolano. En este momento trascendente, nadie puede arrogarse la representación del pueblo que no sea el mismo pueblo”.

Arias Cárdenas insiste en que “el pueblo de Venezuela no ha sido consultado. El Congreso del PSUV, única y máxima instancia para decisiones legítimas de nuestro partido, no ha sido consultado, no ha sido reunido”.

Apoyo

Primero Justicia, miembro de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, dio un espaldarazo al proceso de negociación. “Con responsabilidad y esperanza, apoyamos el proceso nacional impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que inicia mañana 1 de agosto para la reinstitucionalización y democratización del país”, expresó a través de un comunicado la organización fundada por Julio Borges.

De los ocho partidos que conforman la Plataforma, solo dos integran la comisión opositora: Primero Justicia y Voluntad Popular. De hecho, la jefa de la delegación, Dinorah Figuera, milita en Primero Justicia. Ambos partidos manifestaron su respaldo a la iniciativa promovida por Washington, mientras que el resto ha cuestionado la falta de amplitud del equipo negociador.

La gran ausente del proceso es la líder de la oposición, María Corina Machado, dejada a un lado por la Casa Blanca al momento de establecer este mecanismo de diálogo. En un comunicado firmado junto con Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en 2024, los dos dirigentes indicaron que no participaron en el diseño de la negociación.

“Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. La evaluaremos con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular”, sentenciaron Machado y González Urrutia.

Primero Justicia ratifica su compromiso con la unidad opositora y agrega: “Seguiremos trabajando junto al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los partidos de la Plataforma Unitaria, convencidos de que solo unidos podremos alcanzar una transición democrática”.

En el balance de sus primeros 200 días de gestión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destaca como primer logro que supuestamente 8.084 personas se han visto beneficiadas en el marco de la Ley de Amnistía que promulgó.

Sin embargo, la ONG Foro Penal informó que en Venezuela aún existen 379 presos políticos y que más de 11 mil personas siguen “sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”. En ese último grupo destaca el abogado y profesor universitario Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado, quien salió de la cárcel, pero enfrenta arresto domiciliario y lleva un grillete electrónico en uno de sus tobillos.

Aunque la mandataria interina dice estar impulsando un proceso de reconciliación nacional, Foro Penal recoge en su lista un total de 14 “presos recientemente reportados”. Por otro lado, con respecto a los 379, 26 son mujeres, 219 civiles, 160 militares y 40 tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.

De acuerdo con esta ONG, “desde 2014 se han registrado 19.171 detenciones políticas en Venezuela”. Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 a Nicolás Maduro sin presentar las actas de escrutinio, estallaron una serie de protestas ciudadanas que fueron sofocadas a sangre y fuego por los cuerpos de seguridad, arrojando un saldo de más de 20 muertos y 2 mil encarcelados.

Amenaza

En un comunicado suscrito por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y organizaciones de defensoras de Derechos Humanos, afirman que “la realidad de los presos políticos continúa siendo crítica”.

“Pese a las narrativas oficiales, persisten las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzadas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las limitaciones al contacto con familiares y abogados”, detallan en el texto.

Los terremotos que golpearon la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio habrían venido a empeorar la situación. “En El Rodeo I -cárcel que alberga presos políticos- persisten los riesgos estructurales por fracturas en literas de cemento y otras áreas de las celdas, donde los detenidos duermen con temor a posibles desprendimientos tras los recientes eventos sísmicos, ante la ausencia de evaluaciones técnicas independientes; a ello se suma que, en lo que va de año, los detenidos allí recluidos han sufrido dos arremetidas violentas e injustificadas, utilizadas como mecanismo de coacción”, denuncian.

Clippve recuerda que “Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad política e institucional de garantizar que todos los órganos bajo la dirección del Ejecutivo actúen conforme a la Constitución, respeten los derechos humanos y adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.

La psicóloga clínica María Elisa Castillo tiene muchas historias que contar por estos días. Pero admite que hay una que le inquietó hondamente. “Fue una conversación muy dura con un adulto mayor”, recuerda.

El hombre había perdido a su esposa y sus seis hijos por los terremotos en el estado La Guaira y mientras trataba de encontrar los restos del último de la prole, espetó: “Una vez lo consiga, ya no tendré más razones para vivir”.

“Nos preocupa mucho el tema de la ideación suicida que tenemos en algunos sobrevivientes”, admite Castillo, directora del Centro de Desarrollo y Asesoramiento Humano (CADH) de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB).

Tras el doblete sísmico que el miércoles 24 de junio golpeó la región centro-norte de Venezuela y que hasta la fecha ha dejado un saldo oficial de 5.546 muertos, el equipo de la UCAB se desplegó para brindar atención psicológica a personas tanto fuera como dentro del campus.

Aunque tienen previsto profundizar en las investigaciones durante el mes de septiembre, ya saltan algunos datos que obligan a encender las alarmas. “En este momento identificamos una ideación suicida en el 36% de los sobrevivientes que nos han consultado”, apunta Castillo, quien precisa que el porcentaje cae a alrededor de 16% cuando se toma en cuenta a los que presentan el riesgo más alto. Sobre un universo de 8 mil, representa unas 1.280 personas.

Para atender a los afectados, la profesora explica que buscan fortalecer la atención, prevención y los “factores protectores”, procurando espacios para la expresión y regulación. Igualmente, resalta la importancia de apuntalar el entramado social que sirve de apoyo y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de llevar adelante los rituales mortuorios de sus parientes, así no hallen los cuerpos de sus seres queridos.

Despertando

Castillo indica que pasado un mes del doblete sísmico, “empiezan a emerger los duelos”.

Relata que tres semanas después de la catástrofe, visitaron una plaza en La Guaira, declarada zona de desastre, donde se habían instalado 81 familias. Cuando le preguntaron a la señora que lideraba el campamento qué insumos requerían, la señora respondió: “Ahora es que me estoy dando cuenta de que no tengo casa y no sé cómo voy a reconstruir mi vida”.

La experta señala que en esta etapa aflora “una mayor conciencia de la pérdida”, situación que irá en aumento en los próximos días, sumado a la angustia ante la incertidumbre que lleva a pensar cómo podrán levantarse de esta tragedia.

Cada quien carga con su pena. Una muchacha que quedó sin madre, sin hogar y sin piernas recibe un acompañamiento especial en estas horas. Los estudiantes que quieren continuar con sus carreras para honrar el sacrificio de sus familias, pero no tiene la capacidad de concentrarse en sus tareas.

Los voluntarios que a pesar de lidiar con sus propios dolores, sienten que tienen la obligación de continuar apoyando. Y “la culpa del sobreviviente”, al que constantemente le asalta una interrogante: “¿Por qué yo sigo vivo y otros no?“.

También ha habido alguna luz en medio de la oscuridad. Castillo reconoce la labor de la Diócesis de La Guaira para conectar con afectados por los terremotos. “Llegamos a comunidades que se organizaron de manera increíble para distribuir responsabilidades”, destaca.

El tiempo impone el retorno a la rutina. Mas ya nada será igual. La profesora subraya como objetivo el fortalecimiento de las redes comunitarias y promover un “bien” tan necesario como escaso en la sociedad venezolana: La confianza entre los mismos ciudadanos y con respecto a las instituciones.

Venezuela iniciará este sábado 1 de agosto una negociación para una transición política entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un sector de la oposición respaldado por Estados Unidos, en un proceso que se desarrollará sin la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado. La apertura de la mesa de diálogo llega en medio de manifestaciones en Caracas, donde simpatizantes opositores reclamaron elecciones y sectores del chavismo expresaron su rechazo a las conversaciones.

El proceso se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero. Desde entonces, Washington mantiene presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y promueve un diálogo que puede desembocar en futuras elecciones.

En distintos puntos de Caracas, la tensión política aumentó durante la semana. Un grupo de aproximadamente 300 seguidores de Machado se concentró en una zona del este de la capital para reclamar la convocatoria de comicios.

Entre los participantes estuvo Williams Dávila, expreso político de 74 años y exparlamentario, quien expresó su expectativa sobre el proceso. “El pueblo está esperanzado que definitivamente, producto de todo este proceso, nosotros lleguemos a unas elecciones libres y democráticas”, afirmó.

La oposición sostiene que Nicolás Maduro cometió fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y reivindica la victoria de Edmundo González, candidato respaldado por Machado. La dirigente opositora no pudo competir en esos comicios.

Machado permanece en Panamá, desde donde anunció recientemente que no participará en la negociación política, aunque aseguró que tampoco obstaculizará el proceso. Su ausencia constituye uno de los principales puntos de discusión antes del inicio de las conversaciones. Diversos observadores sostienen que Washington impide su regreso a Venezuela, mientras que el gobierno estadounidense rechaza esa versión.

Dávila cuestionó que la dirigente no integre la mesa de negociación. “No pueden estar excluyendo a María Corina Machado, porque ella es una líder fundamental de todos nosotros”, sostuvo durante la manifestación.

La delegación oficial estará encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Del lado opositor participará Dinorah Figuera, dirigente que permanece en el exilio y preside la bancada elegida en la Asamblea Nacional de 2015, un órgano que el gobierno de Maduro desconoció, aunque Washington considera legítima esa elección.

Hasta el momento, las partes no informaron el lugar donde se celebrarán las reuniones, el cronograma de trabajo ni la metodología que seguirá la negociación.

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera mantuvieron su primer encuentro público pocos días antes del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, desastre que deja más de 5.500 muertos.

Tras esa reunión, el Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la iniciativa e indicó que la agenda abordará “temas clave” como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y las garantías para la participación política.

Mientras la oposición exige elecciones, dentro del chavismo también aparecen cuestionamientos hacia la negociación.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Francisco Arias pidió que el proceso no dependa exclusivamente de Estados Unidos.

“Debe ser una negociación que sea luego sometida al país, al pueblo de Venezuela”, señaló en un mensaje publicado en Instagram, luego de advertir que las conversaciones no pueden ser una negociación “solo aprobada por quienes dirigen el gobierno de USA”.

(Con información de AFP)

Una niña santafesina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023 fue localizada en la ciudad de Barinas, en Venezuela, junto a su madre. La menor fue hallada en el marco de una investigación federal por su presunta sustracción, retención y ocultamiento. La hipótesis investigada es que la madre de la niña, identificada con las iniciales F.A.S., habría trasladado a la menor fuera del país sin autorización paterna. El proceso avanza para su restitución internacional a la Argentina.

La búsqueda de M.G.S.A. comenzó cuando su padre presentó una denuncia ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

La fiscalía argentina, a cargo de Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre, señaló que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Por este motivo, se aceleraron los procedimientos para su retorno a la Argentina. Además, la fiscalía solicitó a Interpol la publicación de una Notificación Azul para monitorear la situación de la madre y asegurar su comparecencia ante la justicia.

La localización fue corroborada por autoridades venezolanas, entre ellas la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de Barinas y representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes local.

Los hechos bajo análisis encuadran en el artículo 146 del Código Penal, que refiere a la sustracción de menores. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el hallazgo se produjo luego de que una persona, aportara datos concretos sobre el paradero de la niña y su madre.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal trabaja coordinadamente con la Cancillería Argentina, a través de la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es avanzar en el procedimiento de restitución internacional de la menor, solicitado por el padre.

La investigación federal se desarrolla en dos frentes: la causa penal por la presunta sustracción y el proceso de restitución internacional. Ambos procedimientos avanzan de manera paralela y coordinada, priorizando las medidas para garantizar el regreso seguro de la niña a la Argentina, de acuerdo a lo informado por la Unidad Fiscal Santa Fe. Mientras tanto, prosigue la investigación para esclarecer los hechos.

La investigación

Tras la denuncia inicial, la búsqueda de la niña derivó en una investigación compleja que involucró a diversos organismos nacionales e internacionales y el uso de herramientas tecnológicas poco habituales en este tipo de casos.

La investigación también contempló posibles vínculos familiares de la actual pareja de la madre, con la ciudad venezolana de Barinas, lo que reforzó la hipótesis de que la menor podría encontrarse en esa región. La fiscalía articuló pedidos de información a organismos venezolanos, como la empresa de telecomunicaciones DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para rastrear posibles líneas telefónicas y matriculación educativa vinculadas a la niña.

En paralelo, a mediados de 2026, Interpol emitió una notificación amarilla destinada a facilitar la búsqueda y difusión internacional del caso. La fiscalía también pidió la colaboración ciudadana, publicando canales de contacto específicos para recibir datos sobre el paradero de la menor. La familia paterna, en tanto, denunció demoras en la actuación inicial y reclamó mayor visibilidad del caso a nivel nacional e internacional.

Uno de los aspectos destacados de la investigación fue el análisis de direcciones IP asociadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre. Con colaboración de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se georreferenciaron accesos a redes sociales y otros servicios digitales, detectando registros en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Estas pistas permitieron orientar la búsqueda internacional.

Según la hipótesis judicial, la madre habría sustraído, retenido y ocultado a la niña, trasladándola fuera del país sin autorización paterna y cortando el vínculo con el padre. La causa se caratuló como sustracción, retención y ocultamiento, y la investigación contempló análisis de registros migratorios, testimonios y el monitoreo de redes sociales.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este jueves la reactivación de las relaciones consulares con Venezuela, un primer paso hacia la normalización progresiva del vínculo bilateral, roto en enero de 2025 durante el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, que había cuestionado la transparencia de las elecciones venezolanas de 2024.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, declaró Kast en un punto de prensa ofrecido en el patio de Los Naranjos del palacio de La Moneda.

El mandatario, acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, agradeció el trabajo “metódico” de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la disposición de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto de la hoja de ruta bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile precisó en un comunicado que, “en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”.

La Cancillería añadió que la iniciativa “se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como repúblicas”, y que el proceso se desarrollará bajo los principios de reciprocidad y respeto al derecho internacional.

Las relaciones entre Santiago y Caracas se rompieron por completo a fines de enero de 2025, cuando ambos países cerraron sus consulados y retiraron a su personal diplomático, en una decisión ordenada por el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro tras las críticas del gobierno de Boric al proceso electoral que lo había declarado ganador meses antes. La ruptura dejó sin atención consular a cientos de miles de ciudadanos venezolanos radicados en Chile y paralizó la cooperación bilateral en materias de seguridad y crimen organizado.

El panorama político venezolano cambió radicalmente el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en el marco de una operación ordenada por el presidente Donald Trump. Trasladado a Nueva York, permanece detenido a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal de Manhattan. Dos días después, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, cargo que ha ejercido desde entonces.

Kast, que llegó a la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, ha reiterado en múltiples ocasiones que el restablecimiento del vínculo con Venezuela es “esencial” para concretar una de sus principales promesas de campaña: la expulsión de inmigrantes irregulares mediante vuelos hacia Caracas. Según la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos, un proceso que hasta ahora se veía dificultado por la ausencia de canales diplomáticos con Caracas.

De acuerdo con cifras oficiales, en Chile residen actualmente más de 700.000 venezolanos, la comunidad migrante más numerosa del país tras la crisis de desplazamiento que expulsó a millones de personas de Venezuela en la última década. En sentido inverso, cerca de 25.000 chilenos viven en territorio venezolano.

El anuncio de este jueves no implica todavía la restitución de embajadores ni la reapertura plena de las misiones diplomáticas, sino que se limita, por ahora, a los servicios consulares. El propio comunicado de Cancillería lo describe como un “paso inicial” dentro de una hoja de ruta cuyo calendario y alcances concretos no fueron detallados. La evolución de ese proceso dependerá en gran medida de la estabilidad del gobierno interino de Rodríguez y de cómo Washington redefina su política hacia Caracas tras la caída de Maduro.

La estructura, que había sufrido un colapso parcial y presentaba una inclinación peligrosa hacia una zona vial, fue rodeada por equipos de seguridad antes de la detonación. La intervención busca eliminar riesgos para las personas que viven o circulan cerca de los inmuebles afectados, mientras continúan las labores de recuperación en una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

El derribo generó una fuerte explosión que fue escuchada por habitantes cercanos. Yenith Salcedo, una residente de 66 años, relató que recibió una advertencia a través de un mensaje comunitario antes de la operación y decidió salir de su vivienda ante la posibilidad de nuevos movimientos o detonaciones.

“Sentí horrible cuando escuché la explosión”, contó la mujer. “Agarré mi bolso para poder salir de aquí, hacia la playa, y esperar por si había otra explosión”.

La demolición ocurrió en medio de una situación todavía marcada por la incertidumbre para decenas de familias que permanecen cerca de los edificios destruidos esperando información sobre sus seres queridos. Equipos de rescate y allegados continúan revisando zonas de escombros en busca de personas desaparecidas.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, había señalado previamente que las estructuras no serían demolidas mientras existieran posibilidades de encontrar víctimas o realizar rescates.

“No se va a demoler ninguna estructura mientras haya víctimas por encontrar o personas por recuperar”, afirmó.

Según los balances oficiales, los terremotos del 24 de junio provocaron más de 5.500 fallecidos, cerca de 17.000 heridos y dejaron cientos de construcciones con daños. En La Guaira, la región más afectada, fueron reportados 190 edificios colapsados y otros 856 con afectaciones de distinta gravedad.

Familias esperan recuperar a sus seres queridos

En sectores como Caraballeda, donde varios edificios quedaron destruidos, familiares de víctimas permanecen instalados en campamentos improvisados cerca de las zonas de búsqueda. Para muchos, la recuperación de los cuerpos es un paso necesario para iniciar el proceso de duelo.

Juan Sánchez, de 42 años, logró encontrar el cuerpo de su madre, pero continúa esperando la recuperación del de su sobrino entre los restos de un edificio residencial.

“Estamos enfocados en conseguir a nuestros familiares para darles cristiana sepultura y que descansen en un sitio digno”, explicó.

Sánchez aseguró que permanecer cerca de los escombros dificulta procesar la tragedia.

“Para poder procesarlo tenemos que enfrentar esta realidad primero, y para enfrentarla hay que salir de ella; mientras estemos acá no podemos”, señaló.

Una situación similar atraviesa Alejandra Padrón, de 39 años, quien permanece cerca de un edificio donde cree que quedó atrapado su tío. La mujer afirmó que seguirá en el lugar hasta obtener respuestas.

“Él sabe que yo no lo he dejado solo y que no voy a regresar a mi casa sin llevármelo”, expresó.

El impacto psicológico de una tragedia sin cierre

Especialistas advierten que la espera prolongada para recuperar los cuerpos puede retrasar el proceso de duelo de los familiares. Clara Astorga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, explicó que la entrega de los restos permite iniciar una etapa de despedida y aceptación.

Equipos humanitarios que trabajan en la zona también brindan apoyo emocional a los afectados. Guy Shrayer, responsable de una misión internacional de asistencia, afirmó que muchas personas siguen atrapadas en el momento traumático porque aún esperan encontrar a sus familiares.

“Estas personas vivieron quizás la tragedia más grande de sus vidas, pero lo que sí podemos hacer es acompañarlos, hablar un poco con ellos e intentar estar presentes”, explicó.

La demolición de edificios inestables representa una nueva fase en la recuperación de La Guaira, aunque para muchas familias el desastre continúa abierto mientras esperan cerrar la búsqueda de sus seres queridos.

La ONG chilena TECHO anunció un plan para construir 200 viviendas de emergencia en Venezuela, dirigidas a familias que perdieron sus hogares tras los terremotos del 24 de junio.

A un mes del desastre, mientras el polvo y el ruido de las máquinas persisten entre los escombros de La Guaira y otros estados afectados, la organización identificó terrenos en 12 comunidades de Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira, donde prevé levantar las primeras casas a partir de agosto.

La meta inicial de TECHO contempla la construcción de viviendas de 18 metros cuadrados, fabricadas con madera prensada o fibrocemento, materiales que permiten un montaje rápido, dos días por unidad, y aseguran un espacio seguro y digno para quienes quedaron sin refugio.

TECHO despliega en la zona más de 50 voluntarios, quienes desde los primeros días tras los terremotos visitaron comunidades, encuestaron a familias vulnerables y definieron prioridades junto a los damnificados. El proceso de selección incluye una encuesta para determinar el nivel de necesidad de cada grupo familiar, y la construcción se realiza con la participación activa de los beneficiarios, quienes comparten la tarea con los voluntarios.

La organización, que mantiene operaciones permanentes en Venezuela desde hace 15 años y suma experiencia en emergencias en países como Chile, Perú, Ecuador y Haití, abrió una campaña internacional de recaudación de fondos. A la fecha, reunió más de 400.000 dólares, con el objetivo de superar el millón y medio para ampliar la cantidad de viviendas a construir y multiplicar el impacto social.

El panorama en las comunidades afectadas sigue marcado por la emergencia. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron más de 5.500 muertos, casi 18.000 personas sin hogar, más de 800 edificios colapsados y decenas de miles de personas en campamentos transitorios. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares el daño físico directo. El 24 de junio, la vida de miles de familias cambió de manera definitiva.

La reconstrucción avanza, aunque el camino apenas comenzó y la mayoría de quienes perdieron todo enfrentó el desafío de recomenzar en condiciones precarias.

En las zonas más golpeadas, el ambiente se encuentra saturado de polvo y residuos, mientras la acumulación de basura y la precariedad sanitaria agravaron la situación. Muchas familias acampan fuera de sus viviendas, consideradas peligrosas por el riesgo de derrumbe. El agua potable escasea, y los servicios de salud, ya debilitados por la crisis económica venezolana, no logran cubrir la demanda.

Los voluntarios y trabajadores humanitarios también padecieron enfermedades respiratorias y digestivas, producto de la exposición constante al polvo y las malas condiciones.

La gestión de los escombros supuso un desafío ambiental de gran escala. Se estima que los terremotos generaron 1,2 millones de toneladas de residuos, muchos de ellos contaminados con combustibles, aceites, solventes y materiales peligrosos. Las autoridades intentaron separar el material reutilizable del contaminado y dispusieron de instalaciones especializadas para los residuos más tóxicos.

Sin embargo, en los primeros días tras la emergencia, parte de los escombros fue arrojada al mar o a la costa, lo que podría afectar la calidad del agua y los ecosistemas marinos.

Las lluvias estacionales aumentaron el riesgo de deslaves en laderas debilitadas por los sismos, mientras que los daños a áreas sensibles podrían pasar desapercibidos por la falta de evaluaciones exhaustivas. Las organizaciones ambientales insistieron en que la reconstrucción debía contemplar la reducción de riesgos futuros y evitar el reasentamiento en zonas propensas a desastres.

El acceso al agua segura se volvió uno de los principales problemas en los refugios temporales. El suministro de camiones cisterna no garantizó la potabilidad y las condiciones sanitarias deficientes favorecieron la aparición de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, dengue, malaria y sarampión.

La cobertura de vacunación en Venezuela ya se encontraba por debajo de los niveles recomendados antes del desastre, lo que incrementó la preocupación ante la posibilidad de brotes epidémicos.

(Con información de EFE)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la noche del viernes 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder de la temible banda El Tren de Aragua, quien cayó en un operativo conjunto desarrollado por fuerzas norteamericanas y venezolanas en una zona minera ubicada al sur de Venezuela.

Menos de dos meses después, otros “pranes” -término que se utiliza en el país para identificar a los jefes de las organizaciones criminales- habrían ocupado el lugar de Guerrero para continuar con las operaciones irregulares en las minas del estado Bolívar.

“Los malandros volvieron a controlar las minas de Las Claritas y el Kilómetro 88. Llegaron a nuevos acuerdos con las cúpulas del gobierno”, alerta el ex diputado opositor Américo De Grazia, quien durante años ha hecho seguimiento y denunciado la actividad de los grupos delictivos en el área del denominado Arco Minero.

De Grazia, preso político bajo el régimen de Nicolás Maduro, asegura que el 28 de julio miembros del “alto mando militar” del sector se reunieron con dos “pranes” conocidos como Jhon Petrica y Juancho, y habrían llegado a un acuerdo “para retomar el control de la actividad minera”. “En el mismo sitio donde se supone acabaron con el ‘Niño Guerrero’”, subraya el veterano dirigente.

“Lo advertimos, el ataque -que liquidó a Guerrero- no implicó un cambio de modelo sino de administración, con los mismos operadores. Cambiar todo para que nada cambie”, advierte el antiguo legislador, tras observar que “el malandraje tiene las armas para mantener al pueblo a raya y con miedo”.

Huyendo

De Grazia indica que la presencia de estos grupos criminales provoca una migración forzada hacia Brasil. “La gente se va para Brasil para no morir en el intento. La realidad es superior a la ficción”, ironiza.

La ONG SOS Orinoco se ha hecho eco recientemente de las denuncias que afirman que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está “reforzando sus cohortes en el sur de Venezuela y controlando el contrabando de minerales críticos”.

La eliminación del “Niño Guerrero”, en una operativo que contó con el apoyo de las fuerzas militares de Estados Unidos, se interpretó como una ofensiva que buscaba “limpiar” la zona para que pudieran prosperar las inversiones norteamericanas en el Arco Minero.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez reformó la ley de minas y recibió en su despacho al secretario de Interior, Doug Burgum, quien a principios de marzo aterrizó en Caracas junto con representantes de empresas mineras para firmar acuerdos con las autoridades locales.

Decenas de empresas petroleras internacionales y el gobierno de transición de Venezuela firmaron nuevos acuerdos para migrar empresas mixtas a los términos de una reciente reforma integral del sector, aunque los proyectos enfrentaron demoras por trámites pendientes y negociaciones contractuales.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela estableció el 28 de julio como fecha límite para completar la migración, pero la cantidad de permisos y acuerdos exigidos por los nuevos contratos ralentizó el proceso y las empresas empezaron a solicitar plazos adicionales.

La reforma incluyó una tasa de regalía ponderada, exigida en proyectos que mezclan campos maduros con nuevos desarrollos o esquemas fiscales complejos. Varias compañías, entre ellas la italiana Eni, optaron por firmar acuerdos para explotar nuevos yacimientos bajo condiciones contractuales más flexibles, en lugar de crear nuevas empresas mixtas, con el objetivo de reducir cargas administrativas.

En paralelo, otras firmas temieron la revocación de sus proyectos debido a desacuerdos sobre deudas y el cumplimiento de inversiones previas, después de que Caracas advirtiera que podría reasignar los activos si no se concretaban los compromisos.

Las compañías que ingresaron recientemente al mercado venezolano no tuvieron plazo para firmar nuevos contratos, aunque Caracas y Washington intensificaron las gestiones para que avanzaran las inversiones.

Las compañías y los funcionarios venezolanos mantuvieron intensas negociaciones hasta el cierre del período para modificar contratos existentes y suscribir nuevos pactos, tanto para firmas que buscaban regresar al país como para las que pretendían ingresar por primera vez. La definición de los nuevos términos incluyó exigencias contractuales y permisos que, según el borrador, se sumaron como factores de demora en la implementación.

En este escenario, algunas empresas exploraron vías contractuales alternativas, como acuerdos para nuevos desarrollos bajo condiciones más flexibles. Otras, en cambio, quedaron bajo presión por el riesgo de reasignación de activos si no cerraban compromisos vinculados a deudas o inversiones previas.

El impulso de la inversión petrolera en Venezuela coincidió con un cambio de escenario político y diplomático tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y la formalización de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Estados Unidos promovió un plan de reconstrucción del sector energético venezolano con un objetivo de 100.000 millones de dólares en inversiones, y alentó a petroleras estadounidenses y multinacionales a participar.

En este contexto, Ballard Partners, una de las principales firmas de lobby de Washington, anunció la apertura de una oficina en Caracas, dirigida por Scott Wagner, quien representa intereses de empresas como la naviera venezolana Vale Marítimo y la plataforma sueca KEO Capital.

KEO Capital, que hasta junio se conocía como Maha Capital, incrementó su participación indirecta en la petrolera venezolana PetroUrdaneta de 24% a 40% al cierre de las negociaciones.

Por su parte, Ballard Partners registró un aumento en sus ingresos federales, que triplicaron su volumen en el último año hasta 88,3 millones de dólares. La ley federal estadounidense exige a los grupos de presión registrar a sus clientes e informar trimestralmente sobre sus ingresos, un marco que colocó a la firma en una posición visible en gestiones vinculadas al sector petrolero venezolano.

(Con información de Reuters)

Tormenta en el chavismo. Un grupo de figuras políticas relacionadas con el oficialismo, encabezado por el ex vicepresidente de la República, Elías Jaua, emitió un comunicado en el que rechaza el proceso de negociación con la oposición que impulsa Estados Unidos y que ha sido aceptado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

A pocas horas del inicio formal del proceso este sábado primero de agosto, exigen “un diálogo de amplitud nacional que incluya a todos los factores políticos y sociales, que sea acordado entre los venezolanos, para los venezolanos y por los venezolanos, sin injerencia extranjera alguna, para elaborar y construir una solución política y democrática a la actual situación de tutelaje que vive el país”.

La administración de Donald Trump promueve una negociación entre el régimen chavista y una delegación opositora conformada por antiguos diputados a la Asamblea Nacional del año 2015, última institución reconocida como legítima por Washington. El objetivo de este proceso sería allanar el camino hacia una transición democrática en el país.

“Consideramos que ese acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia, y evidentemente es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el anuncio del establecimiento de este mecanismo de diálogo en Caracas.

El grupo liderado por Jaua subraya “la imperiosa necesidad de articularnos en torno a la defensa de la Constitución, de nuestra soberanía (y) de la lucha por la recuperación de nuestra independencia”, enfatizando que condenan “cualquier forma de tutelaje o dominación sobre nuestra nación”.

“Levantamos la voz por la recuperación del manejo soberano de los recursos económicos producto de la venta del petróleo y otros recursos que hoy están siendo depositados en un fondo manejado por el gobierno de los Estados Unidos”, señalan en el texto firmado por un ex gobernador, un ex ministro y antiguos legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Más críticas

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, Francisco Arias Cárdenas, no solo fustiga el proceso de negociación, sino que ha ido escalando sus cuestionamientos contra las autoridades civiles y militares por su actuación el 3 de enero, cuando tropas norteamericanos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Debió analizarse lo ocurrido antes y después del 3E en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. La Asamblea omitió esta responsabilidad”, censuró Arias Cárdenas, miembro de la cúpula del PSUV y antiguo comandante del Ejército que junto con Hugo Chávez dirigió los golpes de Estado de 1992.

El ex gobernador del estado Zulia espetó: “Hemos tenido por años muchos ruidos, muchas consignas, expresiones antiimperialistas y de lucha a muerte, amenazas a los Estados Unidos. Confiados, al menos aparentemente, nuestros mandos en un compromiso con países ‘aliados’, todo resultó en una vana esperanza”.

Cerrando filas con Delcy Rodríguez, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, publicó en sus redes una reflexión titulada “¡El ego!”. “La crítica siempre será necesaria para la construcción, pero la crítica desde la interpretación sensata de cada momento, no desde la intención de hacerse notar”, escribió el mandatario regional.

“Es muy evidente que el chavismo ha asumido bajo el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez el camino de la diplomacia para dirimir tensiones históricas con los Estados Unidos”, argumentó Marcano en un post que fue compartido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro.

La firma Ecoanalítica estima que los daños provocados por el doblete sísmico en Venezuela alcanzan los 17 mil millones de dólares, lo que implica un coste de reconstrucción que superaría los 25.600 millones de dólares.

La consultora venezolana calcula que el acervo de capital en edificaciones del país asciende a 676,7 mil millones de dólares, distribuidos en un total de 7,3 millones de bienes inmuebles. Los dos terremotos afectaron el 1,8% del conjunto nacional y el 41,8% del total del estado La Guaira, que representan 11 mil 972 millones y 4 mil 430 millones de dólares, respectivamente.

En cuanto a las características estructurales, Ecoanalítica concluye que “solo un 27,2% de las edificaciones en Venezuela están compuestas de los tres materiales más resistentes (mampostería confinada, acero o concreto reforzado”.

De acuerdo con este estudio, “la mampostería sin reforzar (55,3%) es el común denominador de las edificaciones venezolanas, y es apenas un poco más resistente que las edificaciones de madera”.

El balance del gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de 856 edificios afectados y 190 colapsados por el cataclismo. El parte oficial está muy por debajo de los cálculos independientes, que en el caso de la NASA llegan hasta casi 59 mil inmuebles dañados.

Con respecto a la vialidad, la firma consultora considera que las pérdidas se ubican en 874,9 millones de dólares, casi todo concentrado en las vías que conectan Caracas y La Guaira. Otros 262,9 millones de dólares corresponden a la destrucción de acueductos, y plantas de aguas servidas y agua potable.

En un país que lleva más de una década sufriendo apagones, advierten que la peor parte se la llevó el sistema eléctrico con daños por el orden de los 3 mil 800 millones de dólares, focalizándose lor problemas principalmente “en las vías de transmisión de La Guaira y las centrales de Termocarabobo y Planta Centro”.

Independiente

“La ayuda internacional recibida ha sido ínfima respecto a las necesidades para la recuperación, condicionada a la confianza en la gestión de los fondos de ayuda”, sostiene Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. Según sus registros, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha comprometido hasta la fecha unos 720 millones de dólares para auxiliar a Venezuela.

Grisanti sostiene que el proyecto de reconstrucción de La Guaira debe ser asumido por una especie de organización no gubernamental, “que logre acumular los esfuerzos en torno a un agente que genere la confianza necesaria”.

El economista observa que el Estado venezolano, que se mantiene en cesación de pagos y está embarcado en un proceso de reestructuración de la deuda externa, no atrae a los donantes e inversionistas y enfrenta limitaciones para acceder a las fuentes de financiamiento. Igualmente, recuerda que sobre las instituciones nacionales siguen pesando las sanciones de Estados Unidos, si bien en los últimos meses las mismas se han flexibilizado.

“También hay un tema de capital humano”, apunta Grisanti, en alusión a la costumbre que tiene el chavismo de nombrar a una misma persona en diferentes puestos, verbigracia Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía, presidente del Banco de Venezuela y hasta hace semanas jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva.

El portavoz de Ecoanalítica cree que si se opta por el camino de constituir una ONG, la reconstrucción puede tomar unos seis años. En cambio, advierte que si el gobierno acapara esta función, podrían necesitarse entre 15 y 30 años.

Lo que durante meses circuló como un malestar interno dentro del chavismo, comenzó a expresarse públicamente con mensajes en redes sociales, artículos de opinión y manifestaciones públicas. Desde el 3 de enero, la palabra “traición” aparece con insistencia entre antiguos aliados de la revolución bolivariana, en medio de señalamientos contra el rumbo político del país y contra la presencia de factores extranjeros en decisiones estratégicas de Venezuela.

Las críticas han surgido con distintos tonos. Algunas, como las del conductor de La Hojilla, Mario Silva, acompañado de la ex ministra y diputada María Iris Varela Rangel han sido frontales. Otras, como la llamada “Declaración de Maracay” o los pronunciamientos de Elías Jaua Milano y el militar retirado Francisco Arias Cárdenas, han optado por un lenguaje menos directo. El punto común es evidente: el movimiento chavista, antes compacto bajo la figura de Hugo Chávez, atraviesa una etapa de fractura política.

Uno de los documentos que refleja esa tensión es la “Declaración de Maracay”, suscrita por 29 dirigentes y referentes del chavismo en el contexto del 28 de julio, fecha de nacimiento de Hugo Chávez. En el texto, los firmantes rechazan “de manera firme y categórica cualquier forma de tutelaje o dominación” sobre Venezuela y piden que el diálogo convocado para el 1 de agosto sea “coherente, honesto y transparente”.

Aunque la mayoría de los suscriptores no ocupa cargos de alcance nacional, entre ellos figuran nombres conocidos del chavismo: Elías Jaua, la ex diputada Aurora Morales, el sociólogo y ex ministro Reinaldo Iturriza, el economista y diputado Tony Boza, la ex constituyente y ex directora del SAREN María Alejandra Castillo, el dirigente regional de Mérida y ex diputado Diógenes Andrade, el ex gobernador del estado Sucre Enrique Maestre y el abogado Fernando Rivero.

También aparecen profesionales, ex funcionarios y dirigentes de base como Jesús Álvarez, Karla Bolívar, Celso Márquez, Carmen Yasmira Saravia, Ildemaro Cobos, Cristian Medina, Francisco Hernández, Estela Orraiz, Miguel Mora, Walter Galindo, Eliezer Mora, Julio Millán, Luis Felipe del Moral, José Cabrera, Hedy Ramírez, Alfredo Berrueta, Juan Ramón Guzmán, Marvi Calvo, Orlando Sáenz, Jhonny Brito y Adriana Tariba.

El documento plantea la necesidad de articular una defensa de la Constitución, la soberanía y la independencia nacional. Además, reclama el control soberano de los recursos económicos provenientes de la venta de petróleo y otros activos venezolanos, hoy depositados en un fondo administrado por el gobierno de Estados Unidos.

Frente al diálogo entre la Asamblea Nacional presidida por Jorge de Jesús Rodríguez Gómez y la Asamblea de 2015 encabezada por Dinorah Jaxilda Figuera Tovar, los firmantes piden un proceso de amplitud nacional, acordado “entre venezolanos, para venezolanos y por venezolanos”, sin injerencia extranjera. Para ellos, ese espacio debe abrir la puerta a una alternativa política y democrática frente a lo que describen como “situación de tutelaje”.

Finalmente, la Declaración hace un llamado a todos los “actores patrióticos” para fomentar una corriente de opinión “a favor de la independencia y los derechos” de los trabajadores con “mecanismos o plataformas de articulación y comunicación”, la organización de asambleas, encuentros y reuniones en todo el país.

Jaua apunta contra la presencia militar

Entre las voces más relevantes está la de Elías Jaua Milano, uno de los dirigentes históricos del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, organización que deriva en el MVR (Movimiento V República) y luego PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

Jaua ocupó múltiples cargos desde 2001 hasta 2018: fue ministro de varias carteras, incluyendo la Secretaría de la Presidencia, Economía Comunal, Agricultura y Tierras, las Comunas y los Movimientos Sociales y finalmente de Educación, además de Canciller, presidente del FIDES (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) e incluso vicepresidente Ejecutivo y diputado a la Asamblea Nacional. Está sancionado por Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y prohibición de entrada a Colombia.

En un escrito reciente, Jaua advirtió que la situación venezolana se agrava por la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos y por lo que calificó como el silencio de las “dirigencias políticas con vocería permisada, con representación y responsabilidades” institucionales. A su juicio, esos sectores parecen más interesados en “colaborar con el plan de colonización del gobierno de Trump” que en preservar la integridad y la dignidad de la República.

Sin mencionar directamente al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, Jaua dirigió sus críticas contra la presencia de fuerzas militares y civiles estadounidenses en Venezuela. Denunció que aprovechando la “situación de catástrofe” ocurre el desembarco de tropas en La Guaira, la presencia de buques de guerra en las costas y la vulneración del espacio aéreo por drones, aviones y helicópteros.

El ex ministro también cuestionó los anuncios de reconstrucción junto al gobierno de Israel y afirmó que el pueblo venezolano “no merece esta afrenta”. En su lectura, Estados Unidos ejerce una “administración colonial” sobre Venezuela al comercializar recursos nacionales y apropiarse de ingresos económicos que, sostuvo, deberían destinarse a la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio de 2026 y a la recuperación social del país.

Jaua calificó de “plan leonino y corrupto” el esquema de pago de la deuda externa y acusó a la administración Trump de vulnerar el derecho a la autodeterminación venezolana. También describió como “invasión militar” la operación Lanza del Sur y como “vil ataque misilístico” la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026.

Ante el nuevo “diálogo”

Aunque directamente no aludió a la participación de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en conversaciones con Estados Unidos, el dirigente rechazó lo que considera la imposición de un modelo neoliberal y extractivista, con efectos económicos, sociales y ambientales para las mayorías venezolanas.

Alerta sobre involucrar a Venezuela en el esquema de guerra geopolítica de Estados Unidos en el medio oriente, “con peligrosas consecuencias para nuestra seguridad como nación”.

Su planteamiento central es la conciencia “sobre la gravedad de la ocupación y sus consecuencias”, para así recuperar la autodeterminación política, institucional, legislativa y económica del país. Para ello, propuso exigir la salida de tropas militares y agentes de seguridad de Estados Unidos e Israel, así como el cese de operaciones militares extranjeras en el territorio venezolano.

Jaua además planteó la construcción de un modelo de desarrollo político, económico y social basado en la inclusión y la igualdad, acordado entre distintas corrientes de pensamiento. En su texto, rechazó la idea de que Venezuela solo pueda alcanzar bienestar bajo tutela o anexión de Estados Unidos, argumento que calificó como “falso de toda falsedad”.

Alerta que lo que llama “administración colonial solo establecerá enclaves de extracción petrolera y minera”, que no tendrá saldos económicos para la nación, “sin límites en la violación a los derechos del pueblo venezolano, y con una atroz destrucción ambiental”.

También alertó sobre un eventual proceso de gentrificación y desplazamiento de habitantes en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, para dar paso, según su denuncia, a proyectos inmobiliarios, portuarios, aeroportuarios y turísticos vinculados a intereses del gobierno estadounidense.

La postura de Jaua llama la atención por su trayectoria dentro del chavismo y por el contraste con su silencio anterior ante denuncias de sectores opositores, incluida la acusación de fraude electoral contra Nicolás Maduro en 2024. Ahora sostiene que los venezolanos deben construir un acuerdo nacional que permita recuperar la República y demostrar que es posible levantar una sociedad democrática con igualdad, justicia y dignidad.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el marco del plan de recuperación y reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.

Anteriormente, Rodríguez confirmó el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares del FMI, fondos que serán destinados a la recuperación del país. Se trata de activos pertenecientes al tramo de reserva de Venezuela en el organismo multilateral, de disposición inmediata para atender necesidades humanitarias urgentes asociadas a desastres, según explicó el FMI.

En esta ocasión, según el equipo de prensa presidencial, el encuentro abordó “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del programa Venezuela Renace, diseñado para la reconstrucción tras los sismos.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, junto a altos funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez.

La cita representa “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”, según la nota oficial. La delegación del FMI prevé mantener encuentros con “altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas”, lo que refleja “la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, añadió Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela retomaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se extendía desde 2019 impuesta por el ex dictador Nicolás Maduro. Tras la captura del líder del régimen venezolano, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con el objetivo de completar procedimientos técnicos que permitan el eventual acceso del país a nuevos instrumentos financieros del Fondo.

Delcy Rodríguez informó el lunes pasado que se inspeccionaron más de 30.000 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio, que dejó 190 inmuebles colapsados según el último balance oficial. Durante el despliegue de brigadas populares en Caracas para el plan de habitabilidad “Venezuela Renace”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria detalló que las viviendas se han clasificado en categorías de color amarillo, verde y rojo.

“Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo”, indicó Rodríguez. Precisó que, mediante este programa, se están “interviniendo activamente más de 12.000 viviendas que fueron clasificadas con el color amarillo, por no tener fallas estructurales”. Añadió que las estructuras catalogadas en rojo “están en evaluación de qué proceso se debe aplicar para su arreglo”.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) comunicó el último sábado que logró inspeccionar más de 8.000 estructuras después de los terremotos, con el propósito de evaluar la habitabilidad, identificar fallas críticas y ofrecer recomendaciones a comunidades y autoridades para mitigar vulnerabilidades. Según el CIV, más del 70 % de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables, mientras que alrededor del 25 % quedó bajo la categoría de “habitabilidad con precaución” o “no habitable”.

Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, detalló que las revisiones continuarán en las “zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital”.

El doble terremoto registrado en junio dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales. El Banco Mundial estima los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares.

(Con información de EFE)

Bukele condecoró a 452 rescatistas salvadoreños que participaron en las labores humanitarias en Venezuela tras los terremotos, en una ceremonia realizada en San Salvador. El operativo incluyó además 170 toneladas de ayuda humanitaria, un hospital de campaña con 3.200 atenciones médicas y 1.100 veterinarias, según datos oficiales.

La ceremonia, celebrada en la plaza de banderas de San Salvador, reunió a integrantes de Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, los bomberos, además de voluntarios de Cruz Roja, Cruz Verde y comandos de salvamento. Bukele agradeció la presencia de sus familias y resaltó el sacrificio de quienes permanecieron hasta un mes fuera del país para asistir a la población venezolana.

Según el mandatario, el contingente salvadoreño intervino en tareas de rescate bajo condiciones de riesgo y avanzó bajo estructuras colapsadas y túneles inestables para salvar vidas. “Imagínense entrar en un túnel oscuro, estrecho, entre toneladas de escombros. Cada paso podía tomar horas por la inestabilidad de la estructura. Y aun así, ustedes no retrocedieron”, expresó Bukele al dirigirse a los homenajeados.

El alcance del operativo en Venezuela

Durante la misión, El Salvador envió alimentos, medicamentos e insumos médicos, y estableció un hospital de campaña. Según datos oficiales, el operativo también involucró a 77 personas que desde El Salvador coordinaron vuelos, logística y recursos.

El País informó que la ayuda salvadoreña fue recibida con “millones de mensajes de agradecimiento” por parte de la sociedad venezolana y que la presencia de los voluntarios fue acompañada por gestos de solidaridad de la población local, que colaboró con tareas de rescate y ofreció apoyo logístico. Bukele también reconoció la participación de 270 voluntarios venezolanos que trabajaron junto al equipo salvadoreño.

El mensaje de Bukele durante la ceremonia

En su intervención, el presidente vinculó la acción internacional de El Salvador con la experiencia del país ante tragedias. “Somos un país que ha sufrido guerras, terremotos y pobreza. Sabemos lo que es esperar ayuda y ahora podemos brindarla”, sostuvo. La misión, según reiteró, fue posible “no por ser el país más rico, sino por el deseo de ayudar”.

El acto incluyó la entrega de medallas a los rescatistas y un reconocimiento especial a las familias. Bukele afirmó que el mayor homenaje es el recuerdo que dejaron en quienes fueron auxiliados. “Las personas que ayudaron nunca olvidarán sus rostros ni el sonido de sus herramientas acercándose entre los escombros”, manifestó.

Antecedentes y repercusión de la misión

La misión salvadoreña en Venezuela se suma a operaciones similares realizadas en años recientes en Guatemala, Honduras, Turquía, Costa Rica y Jamaica. Bukele afirmó que “El Salvador, antes necesitado de ayuda, ahora envía ayuda y esperanza”.

Reuters y El País también señalaron que la cooperación entre ambos países incluyó asistencia médica en clínicas privadas para los casos más críticos y que la misión fue reconocida por organismos internacionales y por la sociedad civil venezolana. Durante el encuentro, los rescatistas manifestaron su orgullo y coincidieron en que la experiencia “marcó sus vidas para siempre”.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 reunió a las principales instituciones del país en una jornada que también permitió reconocer el trabajo de quienes participan en labores de emergencia y protección de la población. Entre las delegaciones presentes, una integrante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú recibió una respuesta especial del público.

Los asistentes concentraron su atención en Kayra, una can de búsqueda y rescate que forma parte del Grupo USAR Perú. Su participación despertó aplausos debido a la reciente intervención que cumplió fuera del territorio nacional en una operación destinada a atender las consecuencias de un desastre natural.

La presencia de la perrita representó el reconocimiento público al trabajo que desarrollan los equipos especializados en rescates urbanos. Su labor forma parte de una preparación técnica que permite apoyar operaciones complejas cuando personas permanecen atrapadas entre estructuras colapsadas.

El recorrido de la unidad de bomberos durante el desfile también permitió visibilizar el trabajo permanente del programa canino de la institución, cuyos integrantes participan en emergencias dentro y fuera del Perú cuando las autoridades requieren personal especializado.

Kayra recibió el reconocimiento del público durante el desfile

Kayra desfiló junto a la delegación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Su aparición se produjo pocas semanas después de integrar una misión humanitaria desarrollada en Venezuela, motivo por el cual numerosos asistentes respondieron con aplausos a su paso.

La can adquirió notoriedad tras participar en las labores de búsqueda efectuadas luego del terremoto registrado en junio de este año en Venezuela. Como integrante del Grupo USAR Perú, formó parte del contingente de 40 bomberos peruanos desplazado para colaborar con las operaciones de rescate en ese país.

Participación en la misión de rescate en Venezuela

Durante la operación internacional, Kayra fue la única representante del equipo de rescate canino peruano. Su entrenamiento permitió ubicar a Belkys Barreto, una mujer de 60 años que permanecía atrapada desde hacía tres días bajo los restos de un edificio de 15 pisos colapsado en la región de La Guaira.

La localización de la sobreviviente facilitó el trabajo del personal de rescate. Después de identificar el punto donde permanecía la víctima, los bomberos efectuaron perforaciones durante más de diez horas hasta conseguir su extracción con vida.

Tras esa intervención, Kayra recibió la Medalla al Mérito del Servicio Canino y un diploma como reconocimiento por la labor cumplida durante la misión humanitaria.

La preparación que requiere un perro de búsqueda y rescate

Kayra tiene casi cuatro años y pertenece al programa de búsqueda con canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La formación de un perro destinado a este tipo de operaciones requiere cerca de tres años de preparación antes de intervenir en emergencias reales.

El proceso comprende etapas de entrenamiento básico, intermedio, avanzado y operativo. Cada fase permite desarrollar capacidades orientadas a la localización de personas en escenarios afectados por derrumbes y otros desastres donde el acceso para los rescatistas resulta complejo.

La preparación también incluye ejercicios constantes para mantener las habilidades necesarias frente a distintos tipos de emergencias, con el objetivo de responder cuando las autoridades solicitan apoyo especializado.

Programa canino del Cuerpo General de Bomberos

El programa canino del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuenta actualmente con seis perros operativos y otros cinco en etapa de entrenamiento. Estos equipos participan en intervenciones relacionadas con desastres naturales, colapsos de estructuras y otras situaciones que requieren localizar personas atrapadas.

Las unidades caninas trabajan junto a especialistas del Grupo USAR Perú, organización dedicada a las operaciones de búsqueda y rescate urbano. Su intervención permite reducir el tiempo necesario para identificar posibles sobrevivientes bajo los escombros y orientar las acciones del personal de emergencia.

La participación de Kayra durante el Desfile Cívico Militar 2026 permitió destacar nuevamente la labor que cumplen estos equipos especializados, tanto en operaciones desarrolladas dentro del país como en misiones internacionales de apoyo humanitario.

Ha pasado más de un mes desde los devastadores terremotos de Venezuela, y el sonido constante de la maquinaria pesada todavía resuena en los vecindarios más golpeados de La Guaira, en la costa norte.

El polvo de los edificios derrumbados queda suspendido en el aire húmedo. La basura se ha acumulado. Familias acampan fuera de viviendas consideradas demasiado peligrosas para entrar. Camiones cisterna se abren paso por calles dañadas.

“Hay algunas áreas en las que el olor a cadáver es muy fuerte”, declaró Carolina de Jesús, directora del proyecto en Venezuela de la organización humanitaria Project HOPE, quien ha pasado casi todos los días en la región desde los sismos.

Expertos en salud pública y medio ambiente dijeron a The Associated Press que las próximas semanas son cruciales para prevenir crisis secundarias causadas por contaminantes de los escombros y por la reconstrucción.

Cifras del gobierno indican que los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron más de 5.000 muertos, casi 17.000 heridos y a casi 18.000 personas sin hogar. Las autoridades no han dicho cuántas siguen desaparecidas, aunque estimaciones sitúan la cifra en decenas de miles. El Banco Mundial calcula que los terremotos causaron 19.600 millones de dólares en daños físicos directos.

Los sobrevivientes ahora están viviendo los costos ambientales en una región donde el sistema de salud ya estaba debilitado por años de crisis económica.

“Hay un ambiente de esperanza, pero también una enorme presión con relación a qué pasará mañana, cómo será la reconstrucción, qué pasará con las personas si se van a reubicar en nuevos campamentos o no”, indicó De Jesús.

Los residentes enfrentan polvo y otros peligros ambientales

Entre quienes aún buscan a sus seres queridos está Mary Cruz Andueza. La torre donde vivía su madre se derrumbó.

“No sé si está viva, no sé si está muerta, no sé si está en un hospital, no sé dónde está, no sé si está allí, debajo de los escombros”, señaló Andueza, de 35 años.

“A los dos días de estar aquí, el polvo me provocó un malestar grave en el cuerpo”, dijo, añadiendo que ”mi papá sufre de los pulmones y hemos estado con tos, alergias... porque hay mucho polvo. Estamos muy cerca del edificio”.

Gestionar un estimado de 1,2 millones de toneladas de escombros causados por los terremotos es un gran desafío ambiental. Gran parte de los restos podría estar contaminada con combustibles, aceite de motor, pinturas, solventes, plásticos y otros materiales peligrosos liberados cuando los edificios cayeron.

Eso ha generado preocupación de que los contaminantes puedan propagarse si los escombros no se clasifican y eliminan adecuadamente. En La Guaira, montañas empinadas se elevan detrás de comunidades densamente pobladas, lo que deja poco espacio.

Las autoridades están separando los escombros contaminados del material reutilizable. El concreto y otros desechos reciclables se usarán en la reconstrucción, mientras que el material contaminado —como asbesto, químicos, residuos de combustible y otros desechos peligrosos— deberá desecharse en instalaciones especializadas, según Joaquín Benítez, director de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

Benítez señaló que había visto reportes de que algunos escombros pudieron haber sido arrojados a lo largo de la costa o al mar durante la respuesta inicial de emergencia, mientras las autoridades se apresuraban a despejar carreteras bloqueadas. Periodistas locales dijeron que la práctica se detuvo después de los primeros días.

Si los escombros que contienen combustibles u otros materiales peligrosos llegan a las aguas costeras, los contaminantes podrían afectar la calidad del agua y los ecosistemas marinos. Grandes volúmenes de sedimentos y desechos de construcción podrían modificar las líneas de costa y dañar hábitats costeros.

Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambiental Vitalis, advirtió que las lluvias estacionales podrían desencadenar deslizamientos de tierra en laderas debilitadas por los terremotos. También alertó que el daño a ecosistemas sensibles podría permanecer sin detectarse porque muchas zonas afectadas aún no han sido evaluadas.

Martín sostuvo que el esfuerzo de recuperación debería incluir trabajos para reducir riesgos ambientales futuros, y pidió a las autoridades reconstruir fuera de áreas propensas a deslizamientos.

El gobierno venezolano no respondió a preguntas sobre su respuesta a los impactos ambientales y de salud pública del terremoto.

Preocupación por agua potable y enfermedades

El acceso a agua potable se ha convertido en uno de los mayores desafíos. Incluso donde camiones cisterna están abasteciendo a las comunidades, eso no significa necesariamente que el agua haya sido tratada adecuadamente, afirmó de Jesús.

El agua sucia y el saneamiento insuficiente están contribuyendo a enfermedades diarreicas, infecciones urinarias, infecciones de la piel y condiciones que permiten la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, explicó.

“El terremoto no provoca brotes por sí solo sino que el riesgo proviene de las condiciones posteriores al desastre”, apuntó el doctor Mauricio Cerpa, epidemiólogo del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud.

Refugios hacinados y la falta de sistemas de agua, saneamiento, atención médica y cobertura de vacunación crean las condiciones para que las enfermedades se propaguen, indicó.

Cerpa dijo que las autoridades han identificado 18 enfermedades prioritarias y problemas de salud pública que requieren notificación inmediata, entre ellos enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, dengue, malaria y sarampión. La cobertura de vacunación de Venezuela ya había caído por debajo de los niveles recomendados antes de los terremotos, lo que aumenta la preocupación por las condiciones de hacinamiento.

Funcionarios de salud señalaron que la detección de enfermedades en refugios temporales se ha convertido en una prioridad inmediata. La OPS indicó que equipos de salud están apoyando campañas de vacunación y mejorando las condiciones de agua y saneamiento.

Cerpa advirtió que miles de personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión podrían enfrentar riesgos crecientes si los servicios de salud siguen interrumpidos.

Voluntarios desarrollan enfermedades respiratorias

Miles de voluntarios y trabajadores humanitarios se han sumado a las labores de ayuda en medio de críticas por la velocidad y la coordinación de la respuesta oficial.

De Jesús dijo que algunos han desarrollado enfermedades respiratorias tras semanas de respirar polvo de sílice y cemento liberado mientras se retiran los edificios colapsados. Otros han sufrido deshidratación y enfermedades diarreicas durante largas jornadas bajo el calor.

“Uno de los principales desafíos es cómo recuperar toda la atención esencial”, aseguró Cerpa, notando que los hospitales deben reanudar el tratamiento de personas con enfermedades crónicas mientras atienden la creciente demanda de vigilancia de enfermedades, servicios de salud mental y atención materna.

Alycia Clark, vicepresidenta y directora farmacéutica de Direct Relief, dijo que los terremotos agravaron la escasez de larga data de medicamentos, personal sanitario e infraestructura médica, dejando a muchos pacientes en riesgo de perder su atención rutinaria.

Expertos en salud pública y medio ambiente indicaron que la siguiente fase de la recuperación se centrará en restablecer agua y saneamiento seguros, reconstruir servicios de salud esenciales y gestionar los peligros ambientales antes de que creen nuevas emergencias.

Clark afirmó que la respuesta inmediata al trauma daría paso a un desafío de salud pública mucho más prolongado.

“Las necesidades solo van a aumentar a partir de ahora”, aseveró.

(Con información de AP)

“La red sismológica de Venezuela inoperante. ¿Culpa del bloqueo? ¿Quién se cree eso? Cuando los ministros (Jorge) Giordani y (Héctor) Navarro estimaron que en el chavismo-madurismo se extrajeron (¿o extraviaron?) 300 mil millones de dólares?”.

Como dardos, las preguntas son lanzadas por Carlos Genatios, exministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Hugo Chávez. Ingeniero civil experto en riesgo sísmico, ha vuelto a la palestra porque en 2000 recibió la responsabilidad de reconstruir el estado La Guaira, en aquel momento víctima de un deslave que dejó miles de muertos.

La Guaira vuelve a estar en ruinas, ahora por el doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, y el antiguo funcionario se ha dado a la tarea de desmontar las versiones que ofrece el régimen chavista para justificar las fallas del Estado al momento de atender la emergencia.

“La red sismológica de Venezuela destruida, no se pudo registrar el evento, y los pocos acelerogramas disponibles contienen errores. Pero el que fue responsable de Funvisis -Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas- en 2009 (con el petróleo a 100 dólares por barril) dice que la red se destruyó por el ‘bloqueo’”, fustiga Genatios.

Cuando habla del “bloqueo”, enfrenta uno de los argumentos preferidos del oficialismo: culpar de todos los males del país a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, si bien los datos demuestran que la crisis económica comenzó mucho antes a consecuencia de las políticas aplicadas por el régimen.

Igualmente, la alusión a los 300 mil millones de dólares “extraviados”, se refiere al monto que funcionarios del chavismo admitieron fue dilapidado por las corruptelas que proliferaron con el control de cambio en el país.

“En 2000 el petróleo estaba a 9 dólares el barril y construimos la red sismológica mas avanzada de América Latina, que costó 5 millones de dólares. En 2008-2009, el petróleo estaba a más de 100 dólares el barril, pero la red comenzó a ser desatendida y destruida”, enfatiza Genatios, poniendo el acento en el precio del crudo, principal fuente de ingresos de la economía venezolana.

Destartalada

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó un informe dando cuenta de la “fragilidad institucional y opacidad estatal” en el marco del doblete sísmico que hasta la fecha ha dejado un saldo oficial de 5.546 fallecidos.

“El desmantelamiento de Funvisis por falta de inversión y por politización, constituye no solo una vulneración del derecho a la ciencia, sino que ha impedido el oportuno registro sísmico para estudios indispensables sobre el evento más catastrófico de nuestra historia reciente”, cuestionó el ODH-ULA.

La organización defensora de DDHH apuntó que “expertos de la Universidad de Los Andes señalaron que, de las 300 estaciones sismológicas que operaban en el país, solo quedan entre tres y cinco en funcionamiento. Esta desinversión, sumada a la fuga de científicos por la asfixia contra los universitarios, ha dejado al país sin posibilidad de estudiar el fenómeno”.

Ocurrida la tragedia, el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente informó que trata de recuperar su red de estaciones, golpeada por la delincuencia. “Se llevaron la torre con la que hacíamos la transmisión y algunos componentes básicos electrónicos”, declaró la directora de la institución, Janette Castillo, en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría.

Organizaciones sociales y humanitarias denunciaron el secuestro del reverendo colombiano Samuel Enrique Salazar Soto, líder de paz y defensor de derechos humanos, y pidieron la intervención de las autoridades de Colombia y Venezuela para avanzar en su liberación.

El rapto ocurrió el domingo 26 de julio pasadas las 4:00 p. m. aproximadamente en el poblado de Capacho Viejo, situado en jurisdicción del municipio Libertad, estado Táchira, en una zona fronteriza con el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el Foro Internacional de Víctimas (FIV) y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (Cnprc), el caso mantiene en alerta a distintas organizaciones por tratarse de una población ubicada a cerca de 40 kilómetros de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Según sus familiares, Salazar Soto fue interceptado por hombres armados que no se identificaron y lo obligaron a subir a un vehículo, destacó Canal TRO.

La persona que lo acompañaba quedó en libertad minutos después, tras recibir amenazas para que no denunciara lo sucedido, y desde entonces se desconoce el paradero del reverendo.

A qué se dedica el reverendo

La tarde del martes 28 de julio de 2026, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (Cnprc) emitió un comunicado para exigir la liberación inmediata y con vida del reverendo colombiano

En su misiva, desde el Cnprc se recordó que Salazar Soto es miembro activo del organismo y se resaltó que la prioridad absoluta es asegurar su integridad.

Mientras que en un video publicado desde la cuenta de Redepaz (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra), el presidente de la Cnprc Cristian Cabrera pidió “un actuar rapidísimo de Otty Patiño frente a este caso para que nuestro compañero salga con vida y tengamos más información de él”.

“Él es nuestro representante por las víctimas internacionales ante el Consejo Nacional de Paz y en este momento está secuestrado. No podemos permitir esto ni en el país vecino ni en este país. Es un consejero de paz”, precisó Cabrera.

El documento por parte del Cnprc advirtió que el secuestro de Salazar Soto “representa una grave agresión contra quienes trabajan por la reconciliación y la defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, la organización agregó que “un constructor de paz no puede ser silenciado, perseguido ni secuestrado”, y calificó el hecho como una afrenta contra los esfuerzos de paz.

El mismo 28 de julio, y mediante otro comunicado emitido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se apoyó la petición del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y se expresó “profunda preocupación ante la desaparición” del reverendo colombiano.

El el mismo pronunciamiento se indicó que Salazar Soto es integrante del Foro Internacional de Víctimas, delegado de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones y Consejero de Paz por las Américas, ante el reporte que hicieron familiares del religioso y organizaciones de víctimas.

“Desde la entidad hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes de Colombia y Venezuela para que adelanten las acciones necesarias que permitan establecer su paradero, esclarecer las circunstancias de su desaparición y garantizar el pleno respeto por su vida, integridad y derechos”, menciona el documento.

Por último, y para las personas en Venezuela, se brindó un número de contacto para que se reporte, en caso tal, “si sabe algo de su paradero o tiene alguna información que pueda ser de ayuda para encontrarlo, por favor comuníquese al número de WhatsApp en Venezuela +58 416-040-71-17″.

Varias voces salieron a respaldar las peticiones de ambas entidades. Una de ellas fue la concejal de Bogotá por el Pacto Histórico Ana Teresa Bernal, que rechazó el secuestro de Salazar Soto, y expresó que “ningún constructor de paz puede ser perseguido o privado de su libertad por su labor”.

“Exigimos su liberación inmediata y con vida e instamos a las autoridades colombianas, a la comunidad internacional y a las instancias competentes a activar todos los mecanismos diplomáticos y humanitarios para garantizar su protección y pronto regreso. Defender la paz nunca puede convertirse en una sentencia de riesgo. ¡Samuel debe regresar sano y con vida!" precisó la cabildante de a capital colombiana.

Mientras que el defensor de DD. HH y excandidato al Senado por la misma colectividad, Luis Guillermo Pérez Casas, brindó más detalles del rapto del religioso, al que reconoció como “miembro del Pacto Histórico”.

“Me acompañó en mi campaña al Senado y promovió la candidatura de Iván Cepeda Castro a la presidencia, ha sido secuestrado este domingo en la tarde por hombres armados que lo subieron a la fuerza a una camioneta en el municipio la Libertad, Capacho Viejo, Táchira”, detalló Pérez, que pidió la intervención del jefe de Estado colombiano.

“Sr. Presidente Gustavo Petro por favor solicite la colaboración de las autoridades venezolanas, fue secuestrado a 40 km de la ciudad de Cúcuta”, añadió el excandidato al Senado, que expresó su solidaridad con la familia del reverendo.

De momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre el caso desde su cuenta de X, como lo suele hacer.

Las detenciones arbitrarias, las restricciones al derecho a la defensa, los procesos judiciales prolongados y el uso extendido de la prisión preventiva forman parte de un patrón que distintos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado reiteradamente en Venezuela respecto de presos políticos y personas detenidas por motivos de conciencia. Eso es, precisamente, lo que la defensa del abogado José Ignacio Moreno Suárez afirma que ocurrió con él. Detenido desde junio de 2023 tras representar en Venezuela a la minera Gold Reserve Inc., sostiene que su caso acumula presuntas violaciones al debido proceso y que la acusación terminó criminalizando el ejercicio de su actividad profesional como abogado.

Moreno Suárez permanece recluido desde el 4 de junio de 2023 en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I. La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, cargos relacionados con su labor como representante legal en Venezuela de la minera Gold Reserve Inc., que mantiene un litigio internacional contra el Estado venezolano por el proyecto aurífero Brisas-Cristinas.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista José Loreto Carpio, integrante de su defensa, las principales irregularidades no radican únicamente en la acusación, sino en la forma en que se desarrolló todo el proceso.

Una detención ilegal

El expediente indica que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron a Moreno Suárez mientras almorzaba en un restaurante de Caracas y le solicitaron que los acompañara para una entrevista. Horas después quedó privado de libertad. Para Loreto, ese relato evidencia una primera irregularidad.

“La Constitución exige que una persona solo pueda ser detenida mediante una orden judicial o en flagrancia. A José Ignacio no lo capturaron cometiendo un delito; lo abordaron mientras estaba comiendo”, afirmó en entrevista con Infobae.

La defensa sostiene que el acta policial tampoco menciona una orden de captura emitida por un tribunal, por lo que considera que el procedimiento no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la legislación venezolana para una detención inmediata.

Restricciones al derecho a la defensa

Según Loreto, tras su detención Moreno Suárez permaneció alrededor de 45 días sin poder reunirse con abogados de confianza, mientras la investigación avanzó con un defensor público.

Durante ese período, sostiene la defensa, tampoco tuvo acceso al expediente ni a las pruebas utilizadas por la Fiscalía. “Nunca vio el expediente, nunca tuvo abogados de confianza y nunca estuvo ante un juez”, resumió.

Cuando finalmente el equipo defensor pudo entrevistarlo, más de cuatro meses después del arresto, las restricciones continuaban. De acuerdo con Loreto, durante las visitas no se permitía ingresar documentos, papel, lápiz ni otros materiales para preparar la estrategia jurídica, lo que, a su juicio, afectó el derecho a una defensa efectiva.

La prisión preventiva supera el plazo legal

El principal argumento jurídico de la defensa se centra en la duración de la prisión preventiva. Loreto sostiene que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece un límite de dos años para esta medida, salvo una prórroga excepcional debidamente fundamentada.

“Ya solo por ese hecho no habría ninguna otra cosa que decir para sostener que la medida que pesa sobre Nacho es arbitraria y claramente ilegal”, afirmó.

La defensa solicitó el decaimiento de la medida privativa de libertad al considerar vencido el plazo legal, pero el tribunal rechazó la petición al sostener que las circunstancias que motivaron la detención no habían cambiado. Esa decisión fue apelada.

“Cuando lo metiste preso no tenía un día detenido; hoy tiene más de tres años esperando un juicio. Ese es precisamente el elemento que cambió”, sostuvo Loreto.

Cuestionamientos sobre las pruebas

La defensa también cuestiona el origen de la investigación y los elementos probatorios incorporados al expediente.

Según la acusación, la identificación de Moreno Suárez surgió a partir de la declaración de otro detenido que colaboró con las autoridades. Posteriormente se incorporaron como evidencias una gorra con el logotipo de Gold Reserve, una copia del laudo arbitral del litigio internacional y un supuesto correo electrónico enviado a una periodista.

Loreto asegura que la defensa nunca pudo acceder a ese correo electrónico pese a haberlo solicitado en reiteradas oportunidades.

“El fundamento oficial de la prisión termina siendo una gorra, un documento arbitral de acceso público y un correo electrónico que nunca hemos podido examinar”, afirmó.

La criminalización del ejercicio profesional

Para la defensa, el aspecto más delicado del expediente es que la acusación sostiene que Moreno Suárez realizó actuaciones destinadas a favorecer la posición internacional de Gold Reserve Inc. dentro del arbitraje contra Venezuela. Según Loreto, esa afirmación implica criminalizar el ejercicio de la profesión de abogado.

“Lo que dicen es que José Ignacio Moreno estaba haciendo todo lo posible por beneficiar a su cliente. Es decir, por ejercer su profesión”, señaló.

El abogado considera que esa interpretación genera incertidumbre para quienes representan a empresas nacionales o extranjeras en litigios contra el Estado venezolano.

Un caso que trasciende la causa penal

Para la defensa, la combinación de una detención que considera irregular, las limitaciones al derecho de defensa, un proceso que continúa sin fecha de juicio y una prisión preventiva que, según sostiene, excede los plazos previstos por la ley convierte el expediente en un ejemplo de las deficiencias del sistema judicial venezolano en causas de alta sensibilidad política.

Mientras la apelación continúa sin resolverse y el juicio aún no ha sido convocado, Moreno Suárez permanece recluido en El Rodeo I. Más de tres años después de su arresto, el debate jurídico ya no se limita a los delitos que le atribuye la Fiscalía, sino también a si el proceso ha respetado las garantías previstas en la legislación venezolana y en los estándares internacionales para toda persona sometida a un proceso penal.

En un foro realizado por Ecoanalítica este martes 28 de julio sobre el proceso de reconstrucción que debe seguir a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes, el director de la firma consultora, Alejandro Grisanti, analizó la importancia de la cooperación extranjera.

“Si bien el apoyo internacional ha sido espectacular en términos asistencialistas y de rescatistas, en términos de ayuda financiera ha sido muy pobre”, señaló el economista, que dijo tener “mapeados” unos 720 millones de dólares hasta la fecha y se refirió luego en particular a los aportes de un viejo socio de la revolución chavista.

“China está ofreciendo algo menos de 15 millones de dólares para ayudar en la tragedia, de los cuales 10 millones son asistencialistas”, comentó Grisanti, quien recordó que en su momento el llamado Fondo Chino-Venezolano “llegó a manejar más de 40 mil millones de dólares” y agregó: “Venezuela aún le debe a China alrededor de 18 mil millones de dólares”.

El Fondo Chino es un mecanismo de cooperación bilateral que firmaron en 2007 los presidentes Hugo Chávez y Hu Jintao, donde Caracas se comprometía a pagar con petróleo el financiamiento otorgado por Beijing para desarrollar distintos proyectos. Desde un principio fue cuestionado por su opacidad, así como por hipotecar la producción de crudo venezolano y por asignar montos exorbitantes a obras que en algunos casos jamás se ejecutaron.

Hace dos décadas, la revolución chavista estrechaba los lazos con su “hermana mayor” china y se convertía en la punta de lanza del gigante asiático en Sudamérica.

Hoy las cosas han cambiado drásticamente y eso también se ve reflejado en la lista de donantes para atender la emergencia de los terremotos, que es encabezada por Estados Unidos con más de 300 millones de dólares.

En todo caso, Grisanti insiste en que “la ayuda internacional recibida ha sido ínfima respecto a las necesidades para la recuperación, condicionada a la confianza en la gestión de los fondos de ayuda”.

Frío

Este martes 28 de julio la Cancillería de Venezuela informó algo que hubiera sido impensable hasta la madrugada del 3 de enero de este año, cuando tropas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó “una nota de protesta” al embajador de Irán “por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela”.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez le exige a Teherán “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”.

La reacción de Caracas obedece a una declaración del canciller Abbas Araghchi, quien en medio de su conflicto con Estados Unidos espetó: “Esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todos los demás se asustan y retroceden”.

La embajada iraní afirmó posteriormente que las expresiones de Araghchi habían sido tergiversadas por los medios. “Las palabras del Canciller en ningún modo conllevan una falta de respeto o un juicio negativo hacia el digno e ilustre pueblo de Venezuela, sus autoridades, sus instituciones legítimas o su soberanía nacional”, aclararon.

Aunque no figura en la lista de contribuyentes financieros presentada por Econalítica, Irán sí envió 160 toneladas de ayuda humanitaria, incluidas 40 toneladas de alimentos para los afectados por el doblete sísmico.

Si la relación con China e Irán no atraviesa por su mejor momento, los vínculos con Washington se siguen estrechando. La presidenta encargada Rodríguez anunció este miércoles 29 de julio que sostuvo una “reunión de trabajo con una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, donde conversamos sobre el balance de respuesta ante el doble terremoto, la cooperación energética binacional, inversiones y seguridad”.

Estados Unidos anunció este martes la flexibilización temporal de los controles bancarios en las transacciones con Venezuela para contribuir a su recuperación económica tras los devastadores sismos del mes pasado.

La medida anunciada desde el Departamento del Tesoro no es un levantamiento de sanciones, sino que busca facilitar las operaciones de envío de ayuda que pueden verse obstaculizadas por los bancos estadounidenses por precaución.

Aunque Estados Unidos ha ido levantando buena parte de las sanciones contra Venezuela tras derrocar al ex dictador Nicolás Maduro, subsisten obstáculos como la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras disposiciones de lucha contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no adoptará medidas, “incluidos señalamientos de infracción de la ley”, contra instituciones financieras estadounidenses que deban prestar un servicio financiero autorizado cuyo destinatario esté en Venezuela, señaló este organismo del Tesoro.

El FinCEN aclara que las entidades financieras deberán hacer “esfuerzos razonables” para evitar transacciones ilegales.

Las entidades bancarias deben seguir cumpliendo con las sanciones aún en vigor, precisó el comunicado.

Esta suavización de las reglas bancarias se mantendrá en vigor hasta el 29 de enero de 2027.

El último balance oficial de los dos potentes sismos que devastaron amplias zonas de Venezuela el pasado 24 de junio es de 5.546 fallecidos.

Delcy Rodríguez anunció créditos subsidiados

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus hogares por los terremotos. Las viviendas de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal del 80%, mientras que el 20% restante será financiado a 25 años mediante un crédito para los afectados.

A su vez, detalló que para los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también se pagará en cuotas a 25 años.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez.

“Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió la funcionaria.

Rodríguez aseguró que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción. “He solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, precisó.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

(Con información de AFP y EFE)

La opositora Dinorah Figuera, quien liderará un diálogo con el chavismo a partir del próximo 1 de agosto, reconoció este martes como presidente a Edmundo González Urrutia.

González Urrutia reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio, argumentando que ganó las elecciones celebradas hace dos años, en las que el entonces dictador Nicolás Maduro fue proclamado vencedor.

“El 28 de julio (de 2024), los venezolanos en el exilio asumimos con responsabilidad el compromiso de contribuir al proceso democrático que hizo a Edmundo González presidente de Venezuela, aun cuando se nos negó el derecho constitucional al voto”, escribió Figuera en su cuenta en X. Ella también vive en el exilio desde 2018, al igual que González Urrutia.

Figuera hizo referencia a los millones de venezolanos en el extranjero que no pudieron votar en 2024 debido a obstáculos impuestos por el gobierno para el registro electoral, aunque destacó que se promovió la participación en la votación.

Según Figuera, “ese esfuerzo colectivo convirtió al exilio venezolano en un actor clave para fortalecer la participación ciudadana y reafirmar el compromiso con la democracia y la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

El 18 de junio pasado, Figuera —defensora de la continuidad del Parlamento electo en 2015— regresó a Venezuela tras ocho años de exilio para comenzar conversaciones con el actual presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, con apoyo de Estados Unidos.

El domingo, los opositores María Corina Machado y González Urrutia expresaron su expectativa de que este diálogo permita alcanzar, entre otros objetivos, un “cronograma electoral presidencial oportuno”. Ambos aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” de estas conversaciones.

Machado afirmó este martes que la “transición viene” en Venezuela y reiteró que González Urrutia obtuvo una “victoria” en votos en las presidenciales de hace dos años, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro.

La líder opositora, quien permanece fuera del país desde diciembre del año pasado, sostuvo que hace dos años Venezuela “cambió para siempre” al lograr lo que calificó como “la mayor victoria electoral” de su historia.

El 28 de julio de 2024, el CNE, controlado por el chavismo, proclamó ganador de las presidenciales a Maduro con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% obtenido por González Urrutia, candidato respaldado por Machado.

La coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), representada por González Urrutia, publicó tras los comicios en una página web lo que identificó como actas de votación, obtenidas, según afirmó, a través de testigos y miembros de mesa.

De acuerdo con la PUD, estas actas demuestran la victoria de González Urrutia con un 67% de los votos, frente al 30% de Maduro, quien actualmente está detenido en una prisión de Nueva York tras haber sido capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus hogares por los terremotos del pasado 24 de junio. Las viviendas de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal del 80%, mientras que el 20% restante será financiado a 25 años mediante un crédito para los afectados.

A su vez, detalló que para los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también se pagará en cuotas a 25 años.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video difundido en sus redes sociales. “Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió la funcionaria.

Rodríguez aseguró que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción. “He solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, precisó.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Delcy Rodríguez había anunciado que el Gobierno chavista entregará 4.000 viviendas antes de diciembre a familias afectadas por los terremotos y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, la presidenta encargada confirmó que las adjudicaciones se realizarán de manera mensual hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó.

La funcionaria explicó que el programa contempla tanto nuevas construcciones como la recuperación de edificios inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

El objetivo para el próximo año prevé superar las entregas de 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, indicó la presidenta encargada. Detalló que la meta anual incluye la recuperación de edificios que no habían sido culminados.

Las primeras viviendas entregadas forman parte de dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC en el complejo militar Fuerte Tiuna. Según Rodríguez, más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades adjudicadas.

El doble sismo dejó al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance oficial publicado el 24 de julio. Las cifras no han sido actualizadas desde entonces. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según datos oficiales.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Venezuela convocó el martes al embajador de Irán en Caracas, Ali Chegini, para entregarle una nota de protesta por “expresiones despectivas e impropias” sobre las instituciones y autoridades venezolanas, según informó la Cancillería de Venezuela. El comunicado, difundido a través del canal oficial de Telegram, no especifica cuáles fueron las declaraciones que motivaron la protesta ni quién las realizó.

En la nota, la cartera exigió “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de Venezuela”. La Cancillería subrayó que la posición venezolana sobre las relaciones internacionales se basa en el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los principios del derecho internacional.

Las relaciones entre Teherán y Caracas fueron estrechas desde la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), sustentadas en su oposición común a Estados Unidos. El régimen iraní se consolidó como uno de los principales aliados del régimen del ex dictador Nicolás Maduro, especialmente en 2020, cuando la escasez de gasolina llevó a Venezuela a adquirir combustible iraní.

Tras la captura de Maduro en Caracas el pasado 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y Estados Unidos acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, interrumpidas desde principios de 2019.

Un enfriamiento en las relaciones entre Caracas y Teherán podría representar un punto de inflexión para dos países petroleros que han mantenido una alianza estrecha desde el inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999. El líder venezolano, hostil al llamado “imperio yanqui” y con un discurso antiimperialista, impulsó la cercanía con Irán a partir de la oposición compartida a Estados Unidos.

Más allá de la afinidad ideológica, Venezuela e Irán firmaron numerosos acuerdos en las últimas tres décadas en áreas como energía, minería, salud y educación. Durante la crisis económica venezolana de 2020, Irán suministró 1,5 millones de barriles de gasolina ante la imposibilidad de Caracas de refinar su propio crudo.

En 2025, el régimen iraní envió más de dos millones de vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis, en un contexto donde Venezuela afrontaba dificultades para conseguir medicamentos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En agosto de 2020, Estados Unidos rechazó la intensificación de la cooperación entre los regímenes de Venezuela e Irán, tras la denuncia del entonces presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la intención de la administración de Maduro de adquirir misiles de corto y mediano alcance a través de Teherán.

El entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, expresó: “No sorprende que el régimen ilegítimo de Maduro busque en Irán armas mortales. Esto es exactamente por lo que estamos restaurando todas las sanciones de la ONU contra Irán, incluido el embargo de armas. Aplicaremos plenamente esas sanciones”.

Maduro respondió a los dichos de Duque y aseguró que no descartaba la compra de armamento de guerra a su aliado: “Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite (...) y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil, y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, ¡buena idea, Iván Duque!, aprobado, lo voy a hacer, lo vamos a hacer entonces, vamos a ver, hay que estudiarlo”.

“Qué buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano y largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre”, sostuvo Maduro.

(Con información de EFE y AFP)

Cientos de venezolanos se movilizaron este martes en Caracas para exigir la convocatoria de elecciones libres y reclamar el regreso al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La manifestación, organizada por el partido Vente Venezuela, coincidió con el segundo aniversario de las elecciones presidenciales de 2024 y se convirtió en la primera concentración convocada por esa organización en la capital durante este año. Los asistentes insistieron en que el país necesita un nuevo proceso electoral con garantías y rechazaron que se mantenga el impedimento para que Machado pueda regresar a territorio venezolano.

La protesta reunió a simpatizantes provenientes de distintos sectores del municipio Libertador y de localidades del vecino estado Miranda. Vestidos mayoritariamente con prendas azules, color identificado con Vente Venezuela, los participantes recorrieron las calles con pancartas y consignas dirigidas a reclamar una salida electoral a la crisis política.

“María Corina, vente, tu pueblo está presente” y “Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos”, fueron las consignas más repetidas durante la jornada de protesta.

El acto también estuvo marcado por referencias al contexto político abierto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de este año. Diversos sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil sostienen que el período constitucional del actual régimen interino ya expiró, por lo que consideran indispensable convocar una elección presidencial.

Durante la movilización, dirigentes de Vente Venezuela reiteraron que cualquier transición política debe comenzar con una consulta popular.

“Si queremos una transición, tenemos que ir a una elección”, expresó el vocero del partido, Henry Alviárez.

“Cuando fijen la fecha de elección allí comienza la transición”, añadió.

Los participantes también aprovecharon la marcha para pedir el regreso de Machado, quien permanece fuera del país desde finales del año pasado. La dirigente anunció semanas atrás su intención de volver a Venezuela, pero posteriormente denunció que la cúpula chavista le impidió ingresar al cerrar el espacio aéreo. Pese a ello, reiteró recientemente su decisión de regresar.

En un mensaje difundido en video con motivo de la movilización, Machado aseguró: “El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos”.

Los asistentes expresaron que consideran indispensable la presencia de la dirigente en el país. Alexis José Castellano, trabajador de la construcción de 54 años, sostuvo durante la concentración: “María, tienes que venir, el pueblo te está esperando, el pueblo quiere que tú estés”.

La misma petición fue compartida por Yosy Peña, una docente de 50 años que participó en la marcha. “Primeramente el regreso de nuestra líder, María Corina Machado, porque ella es venezolana y ella tiene que estar aquí en su país”, afirmó. Luego agregó: “Lo que queremos los venezolanos es libertad, queremos elecciones libres”.

La movilización también incluyó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, así como la interpretación del himno nacional. Desde la tarima instalada para el acto, los organizadores insistieron en que continuarán con las actividades de organización ciudadana y mantendrán las asambleas convocadas en los municipios del país para respaldar la exigencia de un proceso electoral.

Las protestas se desarrollan pocos días antes del inicio de un proceso de diálogo político anunciado para el 1 de agosto, impulsado por un grupo de la Asamblea Nacional electa en 2015 y por representantes del régimen chavista. Aunque Machado no forma parte de esas conversaciones, ha manifestado que no buscará obstaculizarlas.

Entre algunos manifestantes, sin embargo, prevaleció el escepticismo sobre la efectividad de ese mecanismo.

“Ya no creemos en diálogos, creemos en acciones”, denunció el abogado José Fuenmayor, al tiempo que insistió en que la prioridad debe ser la convocatoria de unas elecciones con garantías democráticas y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.

La presidenta señaló que el apoyo a la isla continuará en los próximos meses y destacó que existe una coordinación permanente entre distintas instituciones del gobierno mexicano.

En el caso de Venezuela, recordó que la sociedad civil se ha organizado para llevar ayuda humanitaria y adelantó que el programa continuará con nuevos cargamentos.

“Justo ayer hablé con la Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla. Habíamos estado mandando apoyos a Venezuela; de hecho, va todavía otro cargamento que la gente se organizó para poder llevar insumos a Venezuela. En próximas semanas van a ir dos barcos a Venezuela y vamos a seguir enviando apoyo a Cuba”, declaró.

Sheinbaum agregó que sostuvo una conversación con Lázaro Cárdenas Batel, quien coordina estos trabajos, así como con la Secretaría de Marina, para organizar este nuevo envío de ayuda humanitaria.

Sheinbaum añadió que para coordinar los cargamentos, existe una estrecha cooperación mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Cooperación humanitaria con AMEXCID

En semanas recientes, la Secretaría de Marina trasladó ayuda hacia Venezuela mediante los buques logísticos ARM Isla Holbox y Huasteco, los cuales transportaron alrededor de 2,003 metros cúbicos de alimentos, agua, medicamentos, artículos de higiene e insumos médicos para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados en ese país.

Respecto a Cuba, la mandataria insistió en que México mantendrá la cooperación institucional con la misma AMEXCID, sin ofrecer por ahora detalles sobre el volumen del nuevo cargamento ni la fecha exacta de salida.

Al ser cuestionada sobre la marcha celebrada este domingo en solidarizaron con Cuba por el bloqueo económico impuesto por EEUU, la mandataria reiteró que la postura de su administración se basa en el respeto a la soberanía de los pueblos y en el respaldo humanitario.

Marcha conmemoró Revolución Cubana y rechazó bloqueo de EU

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron dos días después de la movilización realizada el 26 de julio en la Ciudad de México, donde miles de personas expresaron su solidaridad con Cuba en una marcha que también conmemoró el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, hecho considerado el inicio de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro.

La movilización partió del Hemiciclo a Juárez y concluyó frente a la antigua embajada de Estados Unidos, donde organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles exigieron el fin del bloqueo impuesto por Washington y reiteraron su respaldo al pueblo cubano.

Los asistentes portaron banderas de Cuba, México, Palestina, Venezuela y Colombia, además de lanzar consignas en respaldo al pueblo cubano y en rechazo al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Organizaciones denuncian recrudecimiento del bloqueo contra Cuba

Durante la marcha, los participantes señalaron que la política de sanciones de Estados Unidos se ha endurecido en los últimos años. Diversas organizaciones afirmaron que el bloqueo económico se ha recrudecido con la aplicación de 243 medidas coercitivas unilaterales, implementadas inicialmente durante la administración de Donald Trump y que, sostienen, han permanecido vigentes bajo el gobierno estadounidense actual.

Los manifestantes señalaron que estas restricciones han agravado las dificultades para que la isla adquiera alimentos, medicamentos, combustible, equipo médico y otros insumos esenciales, por lo que insistieron en que la comunidad internacional continúe exigiendo el levantamiento del embargo.

Miguel Díaz-Canel agradece el respaldo desde México

Tras la movilización, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó un mensaje en redes sociales para agradecer la solidaridad expresada por los asistentes:

“Gracias México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por Cuba este 26 de julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca”, escribió el mandatario.

El mensaje fue compartido ampliamente por funcionarios y representantes diplomáticos cubanos como una muestra de reconocimiento al respaldo manifestado desde México.

Por su parte, la Embajada de Cuba en México también agradeció las muestras de solidaridad con su país, expresó su reconocimiento a quienes marcharon y destacó que el acto representó una muestra de la histórica relación de amistad entre ambos países.

🇲🇽 La emblemática avenida Reforma se desborda de dignidad y solidaridad. Miles de mexican@s y cuban@s marchan por Cuba en una movilización que parece no tener fin.

Entre banderas, carteles y una sola voz, resuena un mensaje contundente: ¡No a la agresión contra Cuba! ¡Viva… pic.twitter.com/w0wKxgtTJg

— Embajada de Cuba en México (@EmbaCuMex) July 26, 2026

La embajada subrayó que las muestras de apoyo recibidas en México reflejan el respaldo de distintos sectores de la sociedad mexicana a la soberanía de Cuba y a la demanda de poner fin a las sanciones económicas que pesan sobre la isla, una postura que cada año también es respaldada mayoritariamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al finalizar la marcha, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, comunicó desde su cuenta de X que hubo personas detenidas por actos de vandalismo contra la sede de la alcaldía. Según su versión, dos grupos llegaron a la explanada del gobierno local: el primero, en apoyo al régimen cubano, se retiró sin incidentes; el segundo, con los rostros cubiertos, realizó pintas en la fachada del edificio, el cual está protegido por el INBAL. Los responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela manifestó este lunes su preocupación ante el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y solicitó a las autoridades que reconsideren esta decisión.

En un comunicado, la misión afirmó que esta medida “sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos” y remarcó que la decisión ocurre en un momento clave para el país, en el que existe una necesidad urgente de garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia y la verdad.

Según la misión, con esta determinación el Gobierno venezolano —que no ha implementado acciones significativas para avanzar en las investigaciones sobre graves violaciones cometidas en la última década— “busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional”.

El viernes, el Gobierno de Venezuela comunicó su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar su retirada definitiva de la CPI, argumentando que el organismo mantiene un “sesgo” y ha enfocado sus acciones de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos.

El chavismo ya había amenazado con dar este paso como una forma de expresar su rechazo ante la investigación que impulsa la CPI sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas. Una averiguación que originalmente fue promovida por los estados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

¿La medida adoptada por Caracas desactivará los esfuerzos que desarrolla la CPI para eventualmente sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país?

“Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, respondió el abogado Alí Daniels, vocero de la ONG Acceso a la Justicia, en diálogo con Infobae.

El experto legal puso como ejemplo el caso del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula y hoy tiene que hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en el marco de su “guerra contra las drogas”.

Daniels explicó que “una vez se consigne la comunicación oficial de la renuncia ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que surta efecto. Durante ese lapso, Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso”.

Por su parte, Martha Tineo, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincidió al destacar que la salida de la CPI “no tiene implicación práctica” sobre el expediente de Venezuela, y apunta que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez viene a confirmar los retrocesos que ha sufrido la República en materia de defensa de DDHH.

Tineo recordó que el Estado venezolano fue uno de los promotores de la redacción del Estatuto de Roma.

Sin ofrecer ninguna explicación a los venezolanos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez acumula cuatro días sin publicar el balance oficial sobre las consecuencias del doblete sísmico ocurrido el miércoles 24 de junio.

El último parte se difundió al cumplirse un mes del cataclismo. Allí reportaron 5.546 fallecidos. La cifra no se ha actualizado, pese a que continúan recuperando cuerpos entre los escombros de los edificios en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la región centro-norte de la República.

Ese resumen del 24 de julio indicaba que 23.811 personas estaban siendo atendidas en los 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades. Dos días después, el 26 de julio, la Vicepresidencia Social expuso en sus redes que el número ascendía a 24.477 personas en los 107 campamentos.

Dado el comportamiento histórico del régimen chavista, que por años ha mantenido en la oscuridad los datos de la economía y hasta los boletines epidemiológicos del país, distintas organizaciones de la sociedad han exigido la mayor transparencia en la publicación de todas las estadísticas sobre el terremoto.

Vacíos

El gobierno ha evitado dar un número de desaparecidos, bajo el argumento de que no puede caer en especulaciones y que por esa razón solo debe atenerse a la cifra de defunciones certificadas. La ONG Cecodap subraya en su informe que el Ejecutivo “mantiene la deuda de un parte desagregado por edades e información detallada sobre la situación actual, las necesidades y las respuestas para la población infantil y adolescente afectada”.

También existen dudas con respecto a la cantidad de edificaciones impactadas por los movimientos telúricos. El régimen habla de 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Sin embargo, todas las estimaciones independientes son muy superiores, con la NASA llegando a estimar casi 59 mil edificios dañados.

Diversas ONG han encendido las alarmas con respecto al manejo de la ayuda que recibirá el país. En una carta remitida al secretario de Estado, Marco Rubio, le solicitaban “su intermediación” ante el gobierno de Delcy Rodríguez para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas públicas” sobre el manejo del dinero para atender la emergencia.

En la misiva remitida a Rubio subrayan la necesidad de que el régimen chavista acceda a la “publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.

Los partidos opositores venezolanos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ) valoraron la designación de Dinorah Figuera y de una comisión mixta, formada por la Asamblea Nacional electa en 2015, con el objetivo de promover un proceso de diálogo con el Parlamento actual, dominado por el chavismo, que comenzará el 1 de agosto.

A través de un comunicado, UNT manifestó su disposición a participar en este “esfuerzo nacional”, coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreciendo su militancia, equipos técnicos y experiencia institucional.

UNT considera necesario relanzar una amplia alianza democrática que reúna a todos los sectores políticos, sociales, gremiales, empresariales, sindicales, académicos, estudiantiles y ciudadanos “comprometidos con la restitución del orden constitucional y la reconstrucción del país”.

En ese contexto, UNT señaló que hay espacio para los partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora venezolana.

“La unidad no exige uniformidad, exige coincidencia en los principios fundamentales, respeto entre los distintos actores y voluntad de actuar coordinadamente para alcanzar los objetivos superiores de la nación”, dijo UNT.

También remarcó que la reinstitucionalización del país requiere la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente controlado por rectores afines al chavismo— que sea “independiente, equilibrado, profesional y confiable”, capaz de garantizar procesos electorales transparentes y verificables.

Por su parte, Primero Justicia consideró que esta iniciativa representa una “oportunidad histórica” para avanzar hacia elecciones presidenciales y recuperar la democracia “a través del rescate de la soberanía popular”.

PJ reafirmó su respaldo a los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y expresó su apoyo a la Asamblea Nacional de 2015 como “última institución democrática electa del país”.

“Sabemos que sabrán asumir esta responsabilidad con firmeza, prudencia y un profundo sentido de país”, expresó.

Dinorah Figuera encabeza un sector de la oposición que defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional de 2015, respaldada por el Gobierno de Estados Unidos.

El domingo, Machado y González manifestaron que esperan que el diálogo permita establecer, entre otros puntos, un “cronograma electoral presidencial oportuno”.

En un comunicado, ambos afirmaron que evaluarán el proceso “con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular”.

Además, aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” de esa instancia de diálogo.

Por último, Figuera señaló que “Machado es muy importante en este proceso”, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que puede tener un papel en la “reconciliación” del país.

“Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática”, expresó González en un video difundido en redes sociales, con motivo del segundo aniversario de unas elecciones que marcaron una nueva etapa en la crisis política venezolana.

González, quien fue candidato opositor de consenso tras la exclusión de María Corina Machado por las autoridades electorales, subrayó que “la voluntad de un pueblo nunca prescribe”.

Aseguró que esa voluntad “permanece madura, encuentra su camino y termina transformando la historia”. Y añadió: “Ningún país vuelve a ser el mismo cuando ciudadanos descubren que también son responsables de su destino”.

El diplomático venezolano describió los comicios presidenciales de 2024 como “el día en que un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino”.

Sostuvo que ese derecho “pertenece a los venezolanos, pertenece a toda una nación que demostró que vivir en libertad era más fuerte que el miedo”, remarcando que en esa jornada el país “recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto”.

“Esa certeza sigue viva y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades”, subrayó Edmundo González.

También se refirió a la reciente catástrofe del doble terremoto del pasado 24 de junio, señalando que la sociedad venezolana ha “crecido” y se ha vuelto “consciente de su fuerza”.

“Vimos a la gente ayudando a la gente. En ello se ha sostenido el país”, destacó.

Las paredes de los edificios de Playa Grande gritan. En los muros derruidos se leen números telefónicos escritos con aerosol y tres palabras que se repiten: “Propiedad privada”. “Activos”. Señales desesperadas de una comunidad que en medio de la muerte y el caos, levanta la voz para confirmar que sigue viva.

¿Qué quieren decir esos mensajes? Y, sobre todo, ¿a quiénes van dirigidos? “Tenemos mucha incertidumbre y es una manera de mostrar presencia en la zona. Mucha gente se retiró y no regresa, salvo que aún esté buscando el cuerpo de un familiar entre las ruinas”, explica Francys Martínez, una abogada de 29 años que tomó la iniciativa de convocar a sus vecinos para juntos llamar la atención de las autoridades.

Al final, 84 torres se han unido para defender sus intereses en Playa Grande, uno de los sectores del estado La Guaira más golpeados por el doblete sísmico del 24 de junio, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 5.546 fallecidos.

De acuerdo con el registro adelantado por Martínez, son 6.005 personas afectadas, incluidos 830 niños de 0 a 10 años, otros 922 con edades comprendidas entre los 11 y 17 años, y 713 adultos mayores.

Todos expresión de la muy disminuida clase media venezolana, que vieron cómo en cuestión de segundos sus ahorros quedaban reducidos a escombros y hoy están refugiados en casas de familiares y amigos en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Los edificios se dividen entre los que se cayeron y aquellos que a duras penas se mantienen en pie, pero no son habitables. “La gente siente el temor de que será desplazada y el tema de la propiedad es muy delicado”, comenta la joven abogada.

En este punto remarca la diferencia que existe entre las personas que residían en los urbanismos construidos y adjudicados por el gobierno, y los propietarios de estos apartamentos de Playa Grande, desarrollados por el sector privado y que en su momento fueron comprados por sus dueños “con su esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda oficial”.

En el aire

Martínez confiesa que “existe el temor de que nos quiten la propiedad del terreno, nos envíen a otra zona del país” y no les reconozcan sus derechos. “La idea no es entorpecer la labor del gobierno sino ser escuchados. ¿Cómo pueden tomar una decisión si no escuchan a la gente, si no conocen nuestros sentimientos y necesidades?”, se pregunta.

Los vecinos de Playa Grande entienden que la prioridad se concentre en aquellos que hoy están durmiendo en carpas o en los campamentos transitorios -unas 24.477 personas, según el último parte oficial-, pero aclaran que ellos también merecen ser oídos. “Poco se habla del duelo que sufre quien pierde todo su patrimonio”, lamenta.

La petición de estos damnificados de Playa Grande es muy sencilla: “Que nos den información”. Reclaman la falta de transparencia de las autoridades. Cuentan que hubo personas que este fin de semana hicieron más de tres horas de cola bajo el sofocante sol de La Guaira para participar en un censo realizado por el gobierno, aunque ni siquiera sabían qué podían lograr con eso.

El 98% de esta comunidad rechaza ser ubicado en un urbanismo de la Misión Vivienda. “Esa no es una solución viable”, observan. En contraste, la mayoría se inclina por la promesa hecha por la presidenta encargada Delcy Rodríguez de acceder a un crédito hipotecario subsidiado por el gobierno. Sin embargo, ningún vocero oficial ha brindado detalles sobre ese plan. “Nos causa mucha desesperación no saber nada”, expresa Martínez.

En pie de lucha

La abogada relata que “la mayoría de los edificios fueron saqueados”. Detalla que en algunos casos las torres ni siquiera han sido inspeccionadas y que en otros, revisan el inmueble y le pegan una etiqueta que califica su estado, pero no ofrecen explicaciones a los dueños. “¿Por qué van a derribar tu propiedad sin darte una razón?”, interpela.

Narra que los propios vecinos tuvieron que enfrentar a las autoridades que se disponían a demoler un edificio donde, además, aún se hallaban cuerpos que los familiares buscaban. “La gente quiere que se cumplan los protocolos”, resume.

Los propietarios de Playa Grande también comparten el temor de que invadan los restos de sus apartamentos. “Algunos edificios se han organizado con el fin de pagar vigilancia privada para evitar que se metan en los edificios que están deshabitados. Esa es otra preocupación más, que se agarren las ruinas”, indica Martínez.

José Ignacio Moreno Suárez llevaba años dedicado al ejercicio del derecho corporativo cuando su vida dio un giro inesperado. Como representante legal en Venezuela de la empresa minera Gold Reserve Inc., su trabajo consistía en defender los intereses de la compañía en un complejo conflicto con el Estado venezolano por uno de los proyectos auríferos más importantes de América Latina.

El 4 de junio de 2023, mientras almorzaba en un restaurante de Caracas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le pidieron que los acompañara para una supuesta entrevista. Según explicaron a Infobae fuentes cercanas a su familia, no existía una orden de aprehensión. Una vez trasladado a la sede del organismo, quedó privado de libertad.

Desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Caracas. Han transcurrido más de tres años sin que exista una fecha para el inicio de su juicio, mientras su familia y su defensa sostienen que el proceso constituye una represalia por el ejercicio de su profesión.

El caso de Moreno Suárez gira alrededor de Gold Reserve, empresa minera estadounidense-canadiense que cotiza en bolsa y que durante años ha mantenido una disputa con el Estado venezolano por la explotación del proyecto Brisas-Cristinas. Tras un arbitraje internacional, ambas partes constituyeron en 2016 la empresa mixta Siembra Minera, integrada en un 45 % por Gold Reserve y en un 55 % por el Estado venezolano, para desarrollar uno de los mayores yacimientos de oro y cobre de América Latina.

De acuerdo al testimonio conocido por Infobae, el proyecto nunca llegó a desarrollarse como estaba previsto. La empresa sostiene que cumplió con las obligaciones que le correspondían, mientras que el Estado revocó posteriormente los derechos mineros de Siembra Minera. Esa decisión llevó a Gold Reserve a anunciar un nuevo arbitraje internacional para reclamar una indemnización.

Fuentes de Infobae cuya identidad fue preservada por razones de seguridad afirman que Moreno Suárez, como representante legal de la compañía en Venezuela, continuó ejecutando las acciones jurídicas que le correspondían dentro de ese conflicto, incluyendo gestiones relacionadas con el arbitraje y el cumplimiento de los contratos suscritos entre la empresa y el Estado. Pocos meses después fue detenido.

La Fiscalía lo acusó de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Según la documentación del caso, entre las pruebas presentadas figuran un correo electrónico enviado en noviembre de 2021 a una periodista y conversaciones de WhatsApp con otro abogado relacionadas con estrategias jurídicas de Gold Reserve frente al Estado venezolano.

La propia acusación sostiene que Moreno Suárez actuó para “privilegiar la posición internacional de Gold Reserve Inc.” durante el litigio, una formulación que la defensa considera evidencia de que el proceso penal está directamente relacionado con el ejercicio de su actividad profesional.

Un proceso detenido

Durante los primeros días posteriores a su arresto las autoridades negaron a sus familiares información sobre su paradero. La defensa sostiene que por semanas tampoco pudo designar abogados de confianza y que el caso quedó inicialmente en manos de un defensor público. Más de tres años después, el juicio aún no ha comenzado.

La defensa solicitó este año la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2026. Sin embargo, esa petición fue rechazada después de que la norma quedara sin efecto. Posteriormente también pidió el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad, al considerar que se habían cumplido los plazos previstos por la legislación venezolana sin que avanzara el proceso. Esa solicitud también fue negada y permanece apelada.

El expediente indica además que Moreno Suárez está siendo procesado por el Tribunal Segundo Especial contra el Terrorismo.

El caso también fue incorporado al registro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP), organización que sostiene que su detención reúne las características de una privación arbitraria de libertad por la naturaleza de los cargos formulados y las circunstancias en que fue arrestado.

El deterioro durante la reclusión

Mientras el proceso permanece prácticamente inmóvil, la principal preocupación de la familia se ha trasladado a su estado de salud.

Fuentes de Infobae señalan que el abogado ha perdido alrededor de 70 kilos desde su detención. Según informes médicos aportados por la defensa, padece hipertensión arterial, esófago de Barrett y una afección prostática con niveles elevados del antígeno prostático que requiere seguimiento especializado.

Las mismas fuentes sostienen que la familia ha solicitado en reiteradas oportunidades autorización para que reciba atención médica especializada y pueda ingresar medicamentos, sin obtener una respuesta favorable. También afirman que incluso tratamientos básicos y medicamentos de uso cotidiano han sido rechazados durante distintos períodos de castigo disciplinario impuestos dentro del penal.

La documentación entregada a Infobae señala además que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de Naciones Unidas, calificó formalmente su detención como arbitraria.

Las consecuencias para su familia

La detención de Moreno Suárez también tuvo impacto sobre su entorno familiar. Según la defensa, durante la investigación fueron ocupados inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes vinculados al abogado. Sus padres abandonaron posteriormente Venezuela.

Su hija, Priscilla Moreno, también fue detenida por más de treinta días tras visitar a su padre en la sede de la DGCIM. Aunque recuperó la libertad, continúa sometida a medidas cautelares que la obligan a presentarse semanalmente ante un tribunal y le impiden salir del país, de acuerdo con la documentación revisada por este medio.

El terremoto y una nueva preocupación

La situación volvió a agravarse tras el terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

Las fuentes de Infobae aseguran que, durante el sismo, los internos de El Rodeo I permanecieron encerrados en sus celdas mientras los custodios abandonaban temporalmente las instalaciones y solo horas después fueron trasladados a los pasillos del penal.

Los mismos testimonios afirman que los familiares observaron posteriormente grietas en distintas áreas de la prisión y sostienen que las autoridades únicamente cubrieron los daños con pintura, sin realizar reparaciones estructurales.

También denunciaron que, cuando algunos internos manifestaron temor de regresar a sus celdas debido a las réplicas del sismo, funcionarios penitenciarios utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y perdigones para obligarlos a reingresar.

Según las fuentes consultadas, Moreno Suárez permaneció cerca de tres semanas sin que su familia pudiera verlo ni entregarle alimentos, medicamentos o artículos personales. La visita solo fue autorizada después de que sus allegados advirtieran a las autoridades que denunciarían públicamente una posible desaparición si no recibían una prueba de vida. De acuerdo con el CLIPP, durante este mes las visitas volvieron a ser suspendidas sin que las autoridades ofrecieran una explicación y la paquetería enviada por su hija no fue recibida hasta el pasado fin de semana. Según esa organización, la familia pudo verlo nuevamente, aunque sin garantías de que las visitas continúen autorizadas.

Durante ese encuentro, según el testimonio recogido por Infobae, la visita se realizó bajo una estricta custodia de funcionarios penitenciarios, sin que la familia recibiera una explicación sobre las razones por las que había permanecido incomunicado.

Más de tres años después de aquella detención ocurrida mientras almorzaba en Caracas, José Ignacio Moreno Suárez continúa recluido en El Rodeo I sin sentencia y sin una fecha fijada para el inicio de su juicio. Mientras la apelación presentada por su defensa sigue pendiente de resolución, su familia asegura que la incertidumbre ya no se limita al proceso judicial: también se extiende a las condiciones en las que permanece detenido y a la evolución de su estado de salud. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP) sostiene que el abogado forma parte de los 518 presos políticos que, según sus registros, aún no han sido beneficiados por la Ley de Amnistía ni por otros mecanismos de excarcelación.

Delcy Rodríguez ordenó el pase a retiro de 110 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en una decisión que reacomoda la estructura de mando y deja fuera de la actividad a generales y almirantes que durante años estuvieron aferrados a posiciones estratégicas por su proclamada lealtad a la revolución bolivariana, aunque también cumplen con su término de vida activa que son 33 años desde que entraron a la Fuerza Armada.

La lista incluye 42 oficiales del Ejército, 30 de la Guardia Nacional, 20 de la Armada y 18 de la Aviación. Al mismo tiempo, fueron reincorporados a la actividad dos mayores generales que ocupan posiciones de mando en la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia.

El movimiento se produce en un contexto de reordenamiento del poder militar. Desde 2014, cuando Vladimir Padrino López asumió el Ministerio de la Defensa, doce promociones de distintos componentes no han logrado colocar a uno de sus integrantes al frente de esa cartera. La continuidad se rompió el 28 de marzo de 2026, con la llegada del general en jefe Gustavo Enrique González López.

Los incondicionales que salen de escena

Entre los oficiales que más exhibieron fidelidad al proyecto chavista figura el mayor general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, quien estuvo al frente de la Aviación Militar hasta el 26 de marzo de 2026, cuando Delcy Rodríguez lo sustituyó por el mayor general Royman Antonio Hernández Briceño.

Ramírez Villasmil había sido designado por Nicolás Maduro en octubre de 2024 como comandante general del componente aeroespacial de la FANB y fue ratificado en julio de 2025. Egresado en 1993 como piloto, ocupó el puesto número 26 de la promoción “Subteniente Santiago Mujica Palencia” y desarrolló parte de su carrera en los aviones F-16. En 2010 realizó en Cuba un curso intensivo de Estado Mayor para oficiales en Defensa Aérea.

Otro de los nombres relevantes es el del mayor general José Luis Tremont Jiménez, quien dirigía el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) cuando fuerzas militares de Estados Unidos extrajeron a Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano. Tras asumir como presidenta interina, Delcy Rodríguez lo reemplazó por el general de división Eduardo José Sellone David.

El 3 de enero, durante la Operación Resolución Absoluta, la Aviación no ofreció respuesta alguna, pese a que el CODAI dispone de una estructura territorial y multisectorial con siete brigadas de Defensa Aérea, una brigada Logística y siete grupos de Vigilancia y Control desplegados en las Regiones de Defensa Integral.

La figura de Tremont también quedó marcada por el accidente aéreo ocurrido el 3 de junio de 2025, poco después de que una aeronave despegara del aeropuerto Simón Bolívar, en La Guaira. En el siniestro desaparecieron Ana Karina Tremont y Milagros Salazar, hija y esposa del jefe del CODAI, respectivamente, en medio de un hermetismo oficial que alimentó versiones y rumores.

Una semana después, Tremont reapareció en una reunión con altos oficiales. Sobre el accidente de su familia, afirmó: “Que sea lo que Dios haya escrito. Soy un hombre de fe”. También denunció que el caso había sido usado como parte de una “guerra cognitiva”, luego de que circularan versiones que lo ubicaban en Estados Unidos como supuesto testigo contra el régimen venezolano.

En el accidente murieron, además, los pilotos Charles Cordero y Miguel Linares, cuyos cuerpos fueron rescatados. El sargento mayor de tercera Rafael José Guédez González, ayudante del general Tremont, no fue mencionado oficialmente por la Fuerza Armada, aunque su familia sostiene que él les había informado que viajaría con los parientes del jefe militar. Cinco meses después recibieron solo unas supuestas vísceras atribuidas a Guédez.

Nombres bajo investigación

En la Guardia Nacional destaca el pase a retiro del general de división Frank Alonzo Osuna Díaz, uno de los oficiales investigados por la justicia penal argentina bajo el principio de jurisdicción universal. Su nombre aparece vinculado a señalamientos por su desempeño como comandante de destacamento en 2014, año de fuertes ataques contra manifestantes civiles.

Pese a ese antecedente, el 26 de mayo de 2026 el gobernador Luis Marcano lo nombró jefe de la policía del estado Anzoátegui.

También fue incluido en la lista de retirados el general de división Bladimir Humberto Lugo Armas. Como jefe del comando de custodia del Palacio Federal Legislativo, en 2017, fue señalado por hechos de violencia contra diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, incluido el empujón y la agresión verbal al diputado Julio Borges.

En marzo de 2026, durante el interinato de Delcy Rodríguez, Lugo Armas había sido designado director de Inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana.

Pierden a cuatro mayores generales

En el Ejército, el pase a retiro alcanza a cuatro mayores generales que habían mostrado alineamiento con Nicolás Maduro y con la revolución bolivariana.

Orlando Ramón Romero Bolívar fue comandante general de la Milicia desde octubre de 2024 hasta que Rodríguez lo relevó y nombró en su lugar al general Nayade Solovenly Lockiby Belmontes.

Johan Alexander Hernández Lárez, considerado uno de los defensores más radicales de la revolución, comandó el Ejército hasta marzo de 2026. Es hermano del ex comandante del Ceofanb.

Rafael David Prieto Martínez fue nombrado en marzo de 2026 comandante Estratégico Operacional en sustitución del general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez.

José Rafael Serrano Gotera, quien se desempeñaba como Contralor General de la Fuerza Armada, fue designado en marzo de 2026 viceministro de Servicios para la Defensa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Su retiro completa una lista que no solo mueve nombres, sino que revela una nueva etapa de control y depuración dentro del poder militar venezolano.

18 en la Aviación

La Aviación, en comparación con los otros componentes según el número de efectivos, fue donde más coroneles pasaron a retiro, pero entre los más altos oficiales, que van a a la reserva activa con la Resolución 1135, están dos mayores generales, 15 generales de División y uno de Brigada.

Los mayores generales (Av) Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil y José Luis Tremont Jiménez.

Los divisionarios: José Antonio Cuarez Salazar, Héctor Manuel Mora Pérez, Jorge Edmundo Amaya Ritter, Orlando José Colina Morrell, César Javier Sanjines Gómez, Pedro José Rojas, Ronald Enrique Suärez Leal, Pedro Rafael Suárez Caballero, José Jesús Urdaneta González, Otilio Alexander Luna Betancourt, Luis Gerardo Rivera Dávila, Jorge Rene Gibbs Hidalgo, Jimmy Alberto Escalona Estrada, José Gregorio Roa Puentes y Carlos Alberto De Franca Bayona.

Y completa el cuadro de los retirados el general de Brigada General de Brigada Fidel Ernesto Hernández Figueroa.

20 en la Armada

Resolución 1131, pasan “a la situación de reserva activa” por tiempo cumplido en la Armada: dos almirantes, 14 vicealmirantes y 4 contralmirantes.

Los dos almirantes: Ashraf Abdel Hadi Suleimán Gutiérrez y Alejandro Rafael Díaz Espinoza.

Vicealmirantes retirados: Gustavo Adolfo Blanco Sáez, Freddy Alberto Segovia Carvallo, Gustavo Adolfo Rojas Hernández, José Miguel Buccheri Peón, Pedro Jesús Zapata Machín, Carlos Reinaldo Correa Penaloza, Leonardo Antonio Alonzo Hernández, Irwing Raúl Pucci Espín, Henry José Jiménez Peña, Javier Méndez Guerrero, Henrry Arturo De Gouveia Laguna, Aldo Rivero González, Carlos Emilio Rivera Sánchez y Gilberto José Rojas Urbina,

Los Contralmirantes: Víctor Hugo Pacheco Depablos, Ruberth Alexander Corrales Camargo, Franklin Gustavo Portillo Briceño y Juan Sebastián Arias González.

30 en la Guardia

Resolución 1140, pasan a retiro a 32 generales de la Guardia Nacional Bolivariana, pero posteriormente reincorporan a los dos mayores generales, Juan Ernesto Sulbarán Quintero y Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, quedando la lista en 30 pasados a la reserva activa por tiempo de servicio cumplido. Son 24 Divisionarios y seis de Brigada.

Los Generales de División que pasan a retiro son: Jesús Ramón Fernández Alayon, Hildemaro Jesús Amaya, Frank Alonzo Osuna Díaz, José Ángel González Espín, Luiger Neil Ugas Medina, Rafael Ángel Rodríguez Sánchez, Frank Ernesto Pérez González, Víctor Oswaldo Catamo Lisboa, Alberto Fermín Ulisse, Alberto Alexander Matheus Meléndez, Kien Fan Cesar Hung Sam, José Miguel Montoya Rodríguez.

También los divisionarios, Richard Alexis Sánchez Arias, José Gregorio Viloria Romero, Alirio José Cruz Ortega, Abraham Rafael Chirinos Farfán, Watson Rodney Figueroa Mejías, Bladimir Humberto Lugo Armas, Regulo Rafael Román Cañizales, Gabriel Antonio Santeliz Sánchez, Freddy José Trejo Ochoa, Delfin Alfredo Espinoza Torres, Alejandro José León Vera y Lorenzo Antonio Manzanares Aguilera.

Los seis Generales de Brigada de la GNB retirados: Manuel José Rodríguez Martínez, Luis Eduardo Maneiro Maita, Pedro José García, José Luis Hernández Urbina, Gherson Francisco Chacón Paz y Luis Gerardo Peña Quevedo.

Son 42 en el Ejército

Los altos oficiales del Ejército pasan a retiro, según la resolución 1127. Cuatro mayores generales, 28 generales de división y 10 de brigada.

Mayores generales: Orlando Ramón Romero Bolívar, Johan Alexander Hernández Lárez, Rafael David Prieto Martínez Y José Rafael Serrano Gotera.

Los de División: Julmer Rafael Ochoa Romero, Víctor Gabriel Moreno Tovar, Carlos Enrique Quintero Regos, Richard Manuel Riera Montilla, Freddy Alberto Labarca Rincón, Yván José Bello Rojas, José Ramón Maita González, Edward Stivens Betancourt Gudiño, Lenin Guillermo Herrera Hernández, Ernesto Edmundo Pérez Mota, Rafael Ángel Suárez Rodríguez, Luís Eduardo Bustamante Pernía, Raúl Antonio Montiel Bazán.

Igualmente, los divisionarios Donato Francesco Tenore Damiani, Adolfo Miguel Castillo Hernández, Mario César Araujo Suárez, Daniel Enrique Delgado Prieto, Hermes Jesús Carrillo Aponte, Enrique Alexander Clemente Miranda, José Félix Medina Estrada, Nelson Javier Boscán Pulgar, Hernán Akhnaton Noguera Mejía, Marcos José Rondón Vera, Edgardo José Martínez Vargas, Carlos Alessandro Cestari Infantini, Luis Gabriel Azuaje González, Vidal José Francisco Coraspe y Vladímir Calatayud Cárdenas.

Los diez de Brigada: Manuel Segundo Rojas Miquilena, Richard José Torres Granadillo, Luis Guillermo Cepeda Brito, Castro Jesús Riera Rodríguez, Juan Carlos Aguilar Marrero, Luis Abel Murillo Silva, Gibson Mayer Pabón Medina, Richard José Tadeo Balza Ayaach, José Lucindo De La Cadena Toledo y Edgar Antonio Nava Pineda.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de parte de su régimen de supervisión financiera sobre las operaciones autorizadas relacionadas con Venezuela, con el objetivo de facilitar el flujo de recursos destinados a la asistencia humanitaria y a la reconstrucción del país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La decisión busca ofrecer mayor margen de actuación a bancos e instituciones financieras estadounidenses que participen en transacciones permitidas por la normativa vigente.

La disposición, que entró en vigor este 27 de julio y permanecerá vigente hasta el 29 de enero de 2027, establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no iniciará acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios vinculados con operaciones autorizadas para apoyar la recuperación venezolana durante ese período.

Según explicó el Departamento del Tesoro, la medida pretende reducir las dificultades regulatorias que pueden surgir cuando las instituciones financieras procesan pagos o servicios relacionados con programas de reconstrucción, asistencia humanitaria y recuperación económica en un país que continúa sujeto a un amplio régimen de sanciones estadounidenses.

El organismo precisó que la flexibilización no supone el levantamiento de las sanciones vigentes ni modifica las restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Asimismo, aclaró que las entidades financieras deberán mantener sus programas de prevención del lavado de dinero y continuar aplicando los mecanismos de control exigidos por la legislación estadounidense.

El Tesoro también subrayó que la protección anunciada no alcanzará a quienes incurran en incumplimientos deliberados de la normativa financiera. En ese sentido, indicó que la decisión está dirigida únicamente a facilitar operaciones previamente autorizadas y no constituye una exención general frente a las obligaciones legales existentes.

La medida llega después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron graves daños en distintas zonas del país, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más severos de la historia reciente venezolana.

El impacto económico también ha sido significativo. Un informe del Banco Mundial divulgado el 23 de julio estimó que las pérdidas y necesidades de reconstrucción ascienden a unos 19.600 millones de dólares, una cifra que, según el organismo, podría retrasar durante varios años la recuperación económica del país.

En ese contexto, la flexibilización anunciada por Washington busca facilitar que los recursos destinados a programas de asistencia puedan canalizarse con menos obstáculos administrativos, al ofrecer mayor seguridad jurídica a las instituciones financieras que intervengan en operaciones autorizadas.

Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela comenzaron con medidas selectivas contra funcionarios del régimen en 2015, durante la administración de Barack Obama. Posteriormente, Washington amplió las restricciones económicas a partir de 2017 y endureció el régimen sancionatorio en 2019, incluyendo limitaciones sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras áreas estratégicas de la economía.

Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha recurrido en distintas ocasiones a licencias específicas y excepciones limitadas para permitir determinadas actividades que considera compatibles con los objetivos de su política de sanciones. Entre ellas han figurado autorizaciones relacionadas con operaciones energéticas, transacciones financieras concretas y programas de carácter humanitario.

La nueva decisión mantiene ese esquema de excepciones puntuales. El Tesoro insistió en que las instituciones financieras seguirán obligadas a cumplir las disposiciones vigentes y recordó que la flexibilización anunciada responde exclusivamente a la necesidad de facilitar las operaciones autorizadas destinadas a respaldar la recuperación de Venezuela tras la emergencia provocada por los terremotos.

Al menos 37 reclusos han fallecido en las cárceles venezolanas desde abril pasado. El último caso se registró este lunes, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que acusa al gobierno nacional de faltar a su promesa de rehabilitar y modernizar el sistema carcelario mediante las llamadas “intervenciones”.

“Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas”, aseguró el OVP.

La ONG sostiene que “cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”.

Promesa incumplida

El recluso fallecido respondía al nombre de Luis Felipe Moreno y se encontraba en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, en el estado Anzoátegui, oriente del país.

El OVP señala que ese lugar alberga a más de 1.400 presos, incluido un contingente importante que llegó desde otro penal ubicado en el estado oriental de Monagas, tras una “intervención” ejecutada por las autoridades en noviembre de 2023.

Hace poco menos de tres años, el gobierno desplegó la operación Gran Cacique Guaicaipuro en el Internado Judicial de Monagas, con el objetivo declarado de recuperar el control de sus instalaciones y acabar con el “pranato” -jefes de bandas criminales que operan dentro de estos establecimientos-.

“La política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron”, cuestiona el OVP.

Los defensores de los derechos de los reclusos indican que “lejos de solucionar el hacinamiento y el deterioro del sistema”, las llamadas “intervenciones penitenciarias” ordenadas por el régimen chavista “dispersaron a la población reclusa por distintos estados sin resolver las causas estructurales que siguen poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.

El OVP demanda “una inmediata rendición de cuentas sobre el destino de los centros intervenidos, transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación y garantías efectivas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad”.

Cecodap -ONG dedicada a promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes en Venezuela- tiene registro de 1.405 casos de niñas, niños y adolescentes afectados por los terremotos en el país, de los cuales 273 están reportados como desaparecidos y 221 como fallecidos.

Ante la ausencia de datos oficiales, esta organización de la sociedad civil trata de identificar y analizar el impacto del doblete sísmico del 24 de junio sobre esta población, que hasta el 24 de julio -fecha de la difusión del último reporte estatal- ha dejado un total de 5.546 muertos.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez publica casi diariamente balances sobre el cataclismo, “pero mantiene la deuda de un parte desagregado por edades e información detallada sobre la situación actual, las necesidades y las respuestas para la población infantil y adolescente afectada”, señalan.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses emitió el 22 de julio un comunicado convocando “a los familiares que aún no han encontrado a sus niños, niñas y adolescentes” a unas instalaciones que habilitaron en el puerto del estado La Guaira, declarado zona de desastre, “donde actualmente se encuentran 38 cuerpos que no han sido reclamados por familiares”.

En su informe, Cecodap aclara que esos 1.405 casos que han podido documentar y verificar “no representan la totalidad de niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos, ni constituye una estimación estadística del impacto sobre este sector de la población”.

La investigación establece siete categorías: heridos, desaparecidos, fallecidos, rescatados, evacuados, desplazamiento interno y separados de sus familias. La mayoría, 437, entra en el renglón de heridos.

“Es importante tener presente que 494 niñas, niños y adolescentes se encuentran en las dos categorías de mayor gravedad analizadas en este informe: 221 fallecidos y 273 desaparecidos. Esta cifra representa el 35,16% de los 1.405 casos documentados y aumenta al 42,15% cuando se excluyen los 233 casos de desplazamiento interno. La magnitud de estas categorías evidencia que, un mes después de los terremotos, persisten necesidades críticas de búsqueda, identificación, acompañamiento familiar y protección”.

La mitad de estos 1.405 casos (50,46%) están entre los 0 y 11 años de edad. “En 399 de los 1.405 casos documentados -28,40%- no fue posible determinar la edad. Esta limitación reduce la capacidad de realizar análisis diferenciados y confirma la necesidad de contar con registros públicos desagregados que permitan orientar respuestas específicas según edad, sexo, territorio y tipo de afectación”, enfatizan.

Contabilizan 32 casos como “separados de sus familias”; esto es, niñas, niños y adolescentes que están bajo la protección de una institución del Estado o entidades de atención.

Nuevos retos

“En esta fase de la emergencia surgen nuevos desafíos para la protección de la niñez y de las adolescencias: muchos que figuraban como desaparecidos fueron encontrados sin vida entre los escombros o en las morgues, incluyendo a quienes habían dado por rescatados y posteriormente perdidos. Las familias se enfrentan a factores de incertidumbre: las dificultades para el reconocimiento de los cuerpos, la velocidad con la que cambian las prioridades de la emergencia, y la desinformación”, apunta Cecodap.

La ONG llama la atención sobre los casos de desplazamiento interno, al considerar que se trata de un grupo “con dinámicas particulares y múltiples derechos vulnerados”. Estiman que “la población menor de 18 años en esta condición es incalculable”.

La negociación promovida por Estados Unidos entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y una delegación de la oposición ha generado expresiones de malestar y condena dentro del chavismo, donde voceros de sectores identificados como radicales no solo censuran el diálogo, sino que incluso llegan a tachar de traidores a sus jefes políticos.

“¿Todo lo decidirá el Departamento de Estado? ¿La oposición designada y el gobierno designado por Estados Unidos harán un acuerdo a espaldas del pueblo? ¿No habrá una discusión pública de la que esté al menos enterada la gente?”, fustigó el diputado Francisco Arias Cárdenas, antiguo comandante del Ejército que participó junto con Hugo Chávez en los golpes de Estado de 1992.

La legisladora chavista Iris Varela rechazó abiertamente la propuesta de diálogo, en el marco de una pequeña manifestación en el centro de Caracas, que terminó con la quema de las banderas de Estados Unidos e Israel. “No lo veo como positivo, no apoyo eso, me parece que eso es una falsedad”, expresó Varela.

“La transición planificada por el Departamento de Estado está en proceso”, espetó Mario Silva, agitador mediático del chavismo, quien agregó: “Los que nos entregaron ya hacen planes para salvarse y no tienen el control de los aparatos de inteligencia”.

Por ahora

Para sofocar el candelero interno, Francisco Ameliach, fundador del movimiento y actual secretario de Seguridad y Defensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), publicó un artículo cuyo título deja claro que en este momento el oficialismo no tiene otra opción que ceñirse al guion redactado por Washington.

“‘Por ahora’ no hay otro camino: de Bolívar a la geopolítica de 2026”, encabeza el breve ensayo, citando el famoso “por ahora” que utilizó Chávez el 4 de febrero de 1992, cuando tuvo que entregarse tras el fracaso de su asonada militar.

El parlamentario chavista señala que “los sucesos del 3 de enero de 2026 nos obligan a reactivar una doctrina de supervivencia nacional que conecta directamente con dos de los momentos más pragmáticos de nuestra historia: la lucidez geopolítica de Simón Bolívar en 1825 y el ‘por ahora’ estratégico de Hugo Chávez en 1992”.

En el caso del Libertador, se refiere a “su disposición a negociar con Francia para frenar la amenaza contra la Gran Colombia, priorizando la salvación de la nación sobre su propia reputación política y militar”. En la misma línea, recuerda la rendición de Chávez como una decisión para “evitar un derramamiento de sangre fratricida que habría destruido las bases futuras” del régimen chavista.

El expresidente del Parlamento sostiene que tras el ataque perpetrado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, “Venezuela enfrentó una encrucijada similar, pero a escala global. Ante la inminencia de una intervención militar a gran escala por parte de Estados Unidos, el liderazgo del país se vio forzado a aplicar un segundo ‘por ahora’”.

Petróleo

Tomando en cuenta el conflicto en Medio Oriente y el impacto sobre los suministros globales de crudo y las rutas comerciales de Occidente, Ameliach considera que “la necesidad urgente de asegurar fuentes de petróleo estables y cercanas le otorga a Venezuela un margen de maniobra real dentro de la coacción”.

“Al frenar la agresión militar directa, el país no solo protege a su población, sino que capitaliza su posición estratégica en un mercado energético global en crisis”, subraya el dirigente del PSUV, que observa que “la crisis en Medio Oriente convierte la paz y la operatividad de la industria venezolana en una necesidad mutua, tanto para Venezuela como para Estados Unidos”.

Ameliach recomienda a sus huestes “saber perder al principio para ganar después”. “La negociación forzada de 2026, lejos de ser una traición al legado soberano, es la aplicación más pura del realismo político. Al igual que en 1825 y en 1992, replegarse ante una fuerza superior cuando se posee una carta de relevancia global, como la primera reserva de petróleo del planeta en tiempos de guerra en Medio Oriente, es la vía para garantizar que la República siga existiendo mañana”, finaliza.

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo que no forma parte del nuevo mecanismo de diálogo anunciado entre el chavismo y miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015, pero aseguró que no se convertirá en un obstáculo para iniciativas que produzcan avances verificables hacia una transición política en Venezuela.

En un comunicado firmado junto al dirigente opositor Edmundo González Urrutia, Machado señaló que el proceso anunciado por ambas partes fue diseñado sin su participación.

“No nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones”, indicó, al pedir a quienes impulsan la iniciativa que informen al país sobre sus objetivos, metodología y calendario.

La líder opositora venezolana sostuvo que cualquier propuesta será analizada en función de resultados concretos. Entre los puntos que consideró esenciales mencionó la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías para los distintos actores políticos, la convocatoria de elecciones presidenciales y el respeto a lo que calificó como la soberanía expresada en las urnas.

“Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”, expresó Machado en el documento difundido este domingo. Añadió que su posición estará determinada por “logros concretos y verificables” y no por los anuncios o acuerdos políticos en sí mismos.

El pronunciamiento ocurre después de que sectores vinculados con la antigua Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano anunciaran la creación de un grupo de trabajo conjunto con el objetivo de abordar temas relacionados con la democracia y la reconstrucción del país.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, informó que el mecanismo comenzaría sus actividades el próximo 1 de agosto y afirmó que la cooperación entre sectores políticos era necesaria para avanzar en la recuperación nacional.

“Solo a través de la unidad podemos avanzar en la reconstrucción y el mantenimiento de la paz”, declaró.

La iniciativa tomó forma tras contactos entre dirigentes opositores y funcionarios chavistas. Uno de esos encuentros involucró a Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional de 2015, quien viajó a Caracas para reunirse con miembros del oficialismo.

Figuera explicó que el objetivo era impulsar una hoja de ruta política y técnica orientada a recuperar condiciones democráticas. Sectores opositores participantes señalaron que la agenda incluiría el fortalecimiento de las instituciones, la revisión del sistema electoral y la restitución de garantías para la participación política.

Machado señaló que los terremotos del 24 de junio agravaron una crisis que ya estaba marcada por años de deterioro institucional y falta de respuesta estatal. La dirigente opositora afirmó que el desastre dejó “muerte, destrucción y ruina” en comunidades enteras y sostuvo que la emergencia expuso nuevamente las dificultades de los venezolanos para acceder a una asistencia adecuada en medio de la tragedia.

Denunció que parte de la ayuda organizada por ciudadanos para atender a los afectados fue bloqueada, desviada o sometida a controles que impidieron su llegada a quienes más la necesitaban. La opositora afirmó que la reconstrucción del país no puede limitarse a la recuperación de infraestructuras dañadas, sino que requiere, a su juicio, instituciones capaces de responder a la población y garantizar condiciones de libertad y dignidad.

En su mensaje, la Machado también reiteró que su objetivo es regresar a Venezuela y participar en un proceso de reconstrucción nacional.

“Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo al que nos debemos”, afirmó.

La premio Nobel vinculó esa reconstrucción con el llamado “Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República”, una propuesta que incluye, según explicó, la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la creación de condiciones para una transición política.