La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se incorporó a la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal con mesas de trabajo en Fuerte Tiuna. La jornada, encabezada por el fiscal general y secretario ejecutivo de la comisión presidencial, Larry Daniel Devoe Márquez, y el ministro de la Defensa, Gustavo González López, puso sobre la mesa una promesa de modernización frente a fallas que las propias autoridades reconocen como persistentes.

El encuentro, celebrado en el Teatro del Ministerio de la Defensa, reunió a funcionarios que han ocupado cargos clave en la administración de justicia ordinaria y militar bajo Nicolás Maduro y, ahora, Delcy Rodríguez. La consulta quedó así en manos de actores del mismo aparato institucional cuyo funcionamiento se propone revisar. En este momento en Venezuela la mayor cantidad de presos políticos son militares.

Participaron también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; el defensor público general, Daniel Augusto Ramírez Herrera; el ministro del Servicio Penitenciario, Julio César García Zerpa; el diputado y exministro Jorge Alberto Arreaza Montserrat; el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), MG Rubén Darío Belzares Escobar; el presidente de la Corte Marcial y del Circuito Penal Militar, general José Daniel Gonzalo Maldonado; y el fiscal general militar, general Elías Plasencia Mondragón.

En la bienvenida, el ministro de la Defensa, general Gustavo Enrique González López, destacó el papel de la institución castrense como auxiliar de la justicia ordinaria y administradora de la justicia militar. “Vamos a corregir lo que se tiene que corregir porque eso es uno de los actos más elevados de democracia”, manifestó, según publicó en redes sociales.

El titular castrense sostuvo que la transformación debe construirse desde las bases y mediante la articulación de las instituciones del Estado. En una publicación, se refirió a un sistema judicial “eficiente y profundamente humano” como pilar de la paz y del “renacer de la Patria”. Sus declaraciones enfatizaron los objetivos de la reforma, sin detallar medidas concretas.

El fiscal Larry Devoe Márquez defendió una reforma ajustada a las necesidades de la sociedad venezolana, sin reproducir modelos importados. Aseguró que la consulta incluirá a todos los sectores, sin exclusiones, y afirmó que existe consenso sobre la necesidad de cambiar el sistema. “Todos los sectores de la vida nacional coinciden en que es necesario transformar profundamente el funcionamiento de la justicia”, expresó. Esa coincidencia fue presentada como una valoración del fiscal.

Las fallas

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, señaló que el máximo tribunal y la justicia penal militar revisan su estructura normativa e institucional en el marco de la Ley Orgánica. Indicó que preparan una resolución de la Sala Plena para atender las necesidades de la jurisdicción militar y ajustarla al ordenamiento vigente. “Tiene que ser un trabajo de comunicación constante, un trabajo de encuentro permanente”, sostuvo. En lo expuesto no precisó el contenido ni el plazo de esa resolución.

Jorge Arreaza destacó el alcance territorial de la consulta y el diálogo con las personas privadas de libertad y sus familiares en los centros penitenciarios. Calificó de innovador que las autoridades escuchen a quienes están procesados o cumplen condena.

El diputado defendió la necesidad de “escuchar a todos los actores” y valoró las visitas del fiscal general a los centros penitenciarios. “Eso es hasta paradójico, que el acusador entre donde están las personas que están procesadas o que están ya condenadas y entre en diálogo con ellos”, afirmó.

Arreaza vinculó ese diálogo con la revisión y rectificación del rumbo bajo el marco constitucional. “Hay que escucharnos porque siempre hay cosas: el diagnóstico y la rectificación”, dijo. Añadió que el nuevo momento político exige una reflexión también en el ámbito militar.

El reconocimiento más explícito de las fallas provino del defensor público general, Daniel Ramírez, quien admitió una deuda con la nación y cuestionó la persistencia de prácticas del proceso escrito. “Cuando entró en vigor el Código Orgánico Procesal Penal, soñamos con un proceso acusatorio, oral, público, que termine en un tiempo oportuno, pero la realidad hoy es que tenemos los mismos expedientes, los mismos folios y, en muchos casos, el mismo proceso escrito”, lamentó.

Según su diagnóstico, después de 27 años sigue pendiente la aspiración de una justicia oportuna, eficiente, transparente, autónoma e independiente.

Ramírez Herrera respaldó la creación de la Comisión Presidencial por parte de la presidenta interina, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y aseguró que sus integrantes están comprometidos con corregir las fallas del sistema. Su apoyo a la nueva instancia contrastó con el diagnóstico que acababa de exponer: la distancia entre el modelo procesal prometido y las prácticas que, según reconoció, todavía persisten. El desafío de la consulta será traducir los anuncios de rectificación en cambios verificables, más allá de las declaraciones de compromiso.

Los funcionarios

El fiscal general de la República Larry Devoe, bajo el gobierno de Hugo Chávez, se encargó de la división de Atención al Ciudadano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). También fue asesor y agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el servicio jurídico de la Defensoría del Pueblo. Luego de que Nicolás Maduro llegara al poder, Devoe fue designado por el entonces vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y luego director general de consultoría jurídica de la vicepresidencia. Y formó parte de la delegación de Nicolás Maduro en la Mesa de Diálogo en Barbados.

El general González López, antes de ser ministro de la Defensa, fue nombrado por Delcy Rodríguez como director de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). Durante nueve años, desde 2014 y en dos períodos, fue jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que tiene a cargo los centros de reclusión y tortura El Helicoide y La Tumba. Además, fue ministro del Interior y Justicia entre 2015 y 2016.

Jorge Arreaza ingresó al poder de la revolución al casarse, en 2007, con Rosa Virginia Chávez, la hija mayor del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo que le permitió ocupar cargos como presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho).

Antes de su fallecimiento, el mandatario nombró a su yerno ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (2011–2013) y titular de otras carteras ministeriales y del ALBA. Con Nicolás Maduro en el poder, Arreaza fue durante tres años vicepresidente ejecutivo y cuatro canciller de Venezuela. Ahora es diputado de la Asamblea Nacional.

Rodríguez Rodríguez fue nombrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en enero de 2024, luego de ser magistrada desde 2022. Es una declarada defensora de la revolución bolivariana, afiliada al Movimiento Quinta República (MVR) que dio paso al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue concejal y presidenta de la Cámara Municipal y alcaldesa interina de Caracas en 2021.

En 2023 suspendió los resultados de las elecciones primarias ganadas por María Corina Machado con más del 90% de los votos. Y fue la encargada de leer la sentencia que convalidó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaraban ganador a Nicolás Maduro, sin la presentación de las actas de votación que se hicieron públicas por sectores opositores.

Ramírez Herrera tiene a su cargo la Defensa Pública, uno de los brazos utilizados por el régimen venezolano para imponerle a presos políticos defensores públicos que se limitan a obedecer las órdenes del régimen, como lo ha testificado gran cantidad de familiares y expresos políticos a quienes se les negó la defensa privada.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó, junto con Edmundo González Urrutia, su respaldo al plan planteado por Estados Unidos para encauzar la transición política en Venezuela, de acuerdo con la Declaración de Madrid difundida con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El documento sostiene que la Secretaría de Estado estadounidense planteó que, tras la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, se declare la falta absoluta de la Presidencia y se convoquen elecciones en un plazo de seis meses. Machado y González consideran esa hoja de ruta una vía para recuperar el orden constitucional.

La oposición avala una fecha electoral tras la renovación institucional

La declaración señala que las nuevas autoridades del máximo tribunal y del organismo electoral deberían ser designadas a finales de 2026. Según el texto, ese paso abriría el período para convocar comicios presidenciales, cuya fecha podría coincidir con el 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar.

“Avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela”, sostuvieron Machado y González Urrutia. Los firmantes afirmaron que fijar una fecha electoral daría certidumbre al proceso de transición y permitiría canalizar la cohesión social que, según su planteamiento, existe en el país.

La dirigente opositora añadió que la estabilidad futura dependerá de consensos internos. “Seguiremos trabajando con la gente para alcanzar los grandes acuerdos nacionales que orientarán la reconstrucción institucional de la Venezuela por venir”, indicó el comunicado.

Machado pidió que la libertad y los derechos humanos sean una condición para la cooperación regional

La Declaración de Madrid fue emitida en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, cuya realización fue valorada por los firmantes como una oportunidad para reforzar la cooperación entre los países de la región.

Machado y González destacaron los avances anunciados en áreas como cooperación digital, gestión de riesgos, atención de desastres y movilidad académica. Sin embargo, sostuvieron que esos objetivos deben estar vinculados al respeto de las libertades públicas y las garantías fundamentales.

El documento cuestiona que ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no estén representados en espacios regionales de diálogo. En ese contexto, los opositores venezolanos pidieron que la Cumbre Iberoamericana adopte una posición de defensa de la democracia y los derechos humanos en los 22 países que integran la comunidad.

El texto incluyó un mensaje de solidaridad con España

Antes de exponer su posición sobre Venezuela, Machado y González transmitieron sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. El mensaje estuvo dirigido al pueblo español, al rey Felipe VI, a las autoridades y a los familiares de las personas afectadas.

Los firmantes también agradecieron a España por la acogida ofrecida a venezolanos que dejaron el país durante los últimos años. Finalmente, propusieron que Caracas sea sede de la XXXII Cumbre Iberoamericana de 2030, bajo la premisa de una Venezuela libre, soberana y democrática.

Se activó un nuevo cedazo para la elección de los miembros de la cúpula del Poder Judicial de Venezuela.

La mesa de diálogo entre el régimen chavista y la oposición anunció la instalación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que tiene como fin constatar que los candidatos a magistrados cumplan los requisitos formales establecidos en la Constitución.

El Consejo no está contemplado en el ordenamiento legal venezolano. Surgió en el marco de los acuerdos alcanzados por oficialistas y opositores, bajo el auspicio de Estados Unidos, como una manera de equilibrar la balanza y servir de ente “espejo” frente al Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista.

Compuesto por siete miembros, la delegación opositora públicamente ha destacado la participación de cuatro juristas de amplia trayectoria: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea. Los otros tres vinculados con el gobierno interino de Delcy Rodríguez son Silio César Sánchez, Federico Sebastián Fuenmayor y Deyanira Nieves, quien fue magistrada de la Sala Penal del TSJ.

“Avanza el proceso de designación de los nuevos magistrados del TSJ, fruto de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones. Estamos trabajando para transformar el sistema de justicia y construir un Poder Judicial independiente. Lo que parecía imposible comienza a hacerse realidad”, subrayó Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación opositora.

Candidatos

El Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, ha recibido hasta la fecha los recaudos de 260 abogados que aspiran a incorporarse al máximo juzgado del país. El proceso concluye el 11 de noviembre. Al final, el Parlamento tendrá que juramentar a 32 principales con sus respectivos suplentes.

Entre quienes han puesto su nombre sobre la mesa destacan Jesús María Casal y Juan Carlos Apitz. Casal fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), consultor jurídico de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2019 de mayoría opositora, y presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que dirigió el proceso para escoger al abanderado presidencial de la oposición en 2023.

En 2003, Apitz se desempeñaba como magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, hasta que el régimen chavista lo removió y eliminó ese tribunal. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que ese procedimiento fue irregular y ordenó la reincorporación de Apitz, cosa que jamás ocurrió. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

“Queremos que se postulen los mejores juristas de Venezuela, necesitamos una convocatoria amplia, plural y exigente, la transformación democrática de la justicia requiere el talento de todos”, enfatizó Matheus.

Trabajadores de la salud, maestros y profesores universitarios realizan este jueves 5 de noviembre una asamblea intersectorial en los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el objetivo de definir las acciones que desarrollarán en el marco de las protestas para exigir mejores condiciones laborales y aumentos salariales.

“Nos estamos reuniendo los sectores que hacemos nación, que sostenemos la ciudadanía y que nuestro salario cada día tiende a cero”, declaró la profesora Ana Vielma, coordinadora seccional de la Facultad de Ingeniería de la UCV.

Bajo la consigna “el trabajo es un derecho humano”, los representantes sindicales y gremiales demandan “aguinaldos (bonos de fin de año) y salarios dignos”, así como la reactivación de los contratos colectivos, y la recuperación de las pensiones y beneficios sociolaborales.

En Venezuela el salario mínimo está “congelado” desde 2022, cuando el régimen chavista lo fijó en 130 bolívares. Ese monto, que hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar, es el que se toma en cuenta para calcular los pasivos laborales.

Para compensar a los trabajadores, el oficialismo creó la figura del “ingreso mínimo integral”, un bono que alcanza los 240 dólares y que no tiene incidencia en las prestaciones sociales. Gremios y sindicatos rechazan la “bonificación” del salario.

Insuficiente

En la actualidad, un profesor titular a dedicación exclusiva en una universidad autónoma del país devenga un salario de 522,16 bolívares mensuales, menos de 60 centavos de dólar. Tomando como referencia esa cantidad, el bono de fin de año no superaría los 10 dólares.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que en 2027 decretará cuatro aumentos del “ingreso de los trabajadores”, según el crecimiento económico que registre el país de forma trimestral. “Quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, indicó Rodríguez.

Economistas cuestionaron la iniciativa, señalando que la misma no toma en cuenta el impacto de la inflación. “Los trabajadores no pueden esperar hasta 2027, que quién sabe cuándo vendrán los aumentos del ‘ingreso’, no del salario. Hasta cuándo quieren cambiar el discurso de ingreso por salario y confundir a los trabajadores”, fustigó Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Sindical Venezolana.

Mientras el salario mínimo equivale a medio dólar, la Federación Venezolana de Maestros estima que la canasta alimentaria familiar supera los 760 dólares y de acuerdo con las cifras oficiales, la inflación acumulada este año se ubica en 246%.

La Transportadora de Gas Internacional (TGI) manifestó su interés en recuperar el trazado del gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura binacional de 225 kilómetros que conecta La Guajira, en Colombia, con la zona del lago de Maracaibo, en Venezuela. La empresa plantea aportar su experiencia y su red para rehabilitar el conducto ante la intención oficial de reanudar la importación de gas venezolano.

El anuncio se conoce después de que el Gobierno nacional incluyera el proyecto en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines). Esa condición busca agilizar la coordinación entre entidades públicas desde la Vicepresidencia de la República y allanar el camino para las intervenciones requeridas en el tubo.

TGI ofrece capacidad técnica para rehabilitar el tubo binacional

El gerente general de TGI, Jorge Henao, comunicó personalmente al presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, la disposición de la compañía para participar en la recuperación del corredor. Según expuso, la transportadora cuenta con la capacidad técnica y los recursos necesarios para asumir los trabajos que permitan reabrir el gasoducto.

La propuesta pone a TGI como la primera empresa que expresa interés en este proceso. La compañía, dedicada al transporte de gas natural, busca respaldar la reactivación de una infraestructura que permanece fuera de operación y que el Ejecutivo considera relevante para atender el abastecimiento energético nacional.

Henao advirtió que la obra implica dificultades técnicas por las características del conducto. Se trata de una tubería helicoidal de 26 pulgadas y 225 kilómetros de extensión, instalada a ambos lados de la frontera. El directivo señaló que el conocimiento del terreno venezolano será un factor relevante para definir las labores de recuperación y el estado de la infraestructura.

Petro vincula el proyecto con planes discutidos durante su Gobierno

El expresidente Gustavo Petro afirmó que el gasoducto que conecta Ballenas con la frontera venezolana fue construido por TGI, compañía vinculada a la entonces Empresa de Energía de Bogotá (EEB). También sostuvo que durante su gobierno se discutió, tanto en Colombia como en Venezuela, la posibilidad de traer gas venezolano por esa vía para aumentar la competencia en el mercado colombiano.

Según Petro, la reactivación del ducto requiere una autorización del Gobierno de Estados Unidos por las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El exmandatario señaló además que el proyecto debería contemplar otros usos, como la exportación de gas venezolano por el puerto de Ballenas, previa licuefacción, y una conexión hacia Buenaventura mediante la red de TGI.

“En Colombia fue altamente criticado por la prensa tradicional.Problema: 1. La decisión de hacerlo pasa por el gobierno de EEUU debido a las normas OFAC (sic)”, escribió en X.

El líder del Pacto Histórico cuestionó la participación accionaria del empresario Luis Carlos Sarmiento en la EEB y TGI y planteó que esa condición podría afectar el propósito de ampliar la competencia en la importación de gas. Afirmó que el precio al consumidor dependerá del modelo que se adopte para las compras externas.

“Luis Carlos Sarmiento es socio de EEB y de TGI lo que hoy implica que no se rompa el monopolio de importación y quizás el precio del gas no nos salga a seis dólares, sino a los 19 con que ha venido importando el señor Luis Carlos, sin ningún beneficio para el consumidor Colombiano (sic)”, expuso Petro, argumentando su posición.

También propuso complementar la integración gasífera con exportaciones de electricidad solar colombiana hacia el occidente venezolano. En su mensaje, el político de izquierda sostuvo que la iniciativa ayudaría a enfrentar los efectos de las sequías y que debería avanzar bajo decisiones soberanas entre ambos países.

La Fiscalía General de la Nación capturó a seis presuntos integrantes de una red señalada de abastecer precursores químicos para la producción de cocaína en Norte de Santander y la región del Catatumbo. Los detenidos fueron imputados por concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos; ninguno aceptó los cargos.

La investigación apunta a un esquema que habría usado empresas legalmente constituidas para importar productos químicos y ocultar su destino final. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, los insumos habrían llegado desde China y varios países sudamericanos bajo operaciones vinculadas con la importación de maquinaria amarilla.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los seis procesados mientras avanza el proceso judicial. El ente acusador sostuvo que la estructura llevaba los materiales hacia áreas donde tienen presencia grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La Fiscalía señala a Yorjan Palacio Villalba como articulador de la red

El principal investigado es Yorjan Palacio Villalba, a quien las autoridades identifican como el supuesto responsable de las firmas que importaban los productos y organizaban su posterior distribución. Según las indagaciones, los cargamentos eran trasladados en camiones hacia sectores de Cesar y Norte de Santander bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los investigadores también analizan si parte de los envíos cruzó la frontera hacia Venezuela. Esa línea de pesquisa incluye una posible conexión con un campamento del ELN bombardeado en el estado venezolano de Apure, operación que dejó un saldo inicial de 19 guerrilleros muertos, conforme a la información revisada por el diario.

La Fiscalía atribuye a los demás judicializados tareas de vigilancia de las rutas, transporte de la mercancía y maniobras para dificultar el rastreo de los precursores. Los capturados fueron identificados como Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez.

Los cargamentos incluían ácidos, solventes y otros productos controlados

Los registros examinados por las autoridades detallan la importación de cloruro de calcio, hidrocarburos, acetato de N-propilo, ácido clorhídrico, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo. Estos compuestos pueden emplearse en distintas etapas de la transformación de pasta de coca en cocaína, de acuerdo con el expediente investigativo.

La documentación aduanera ubica las importaciones masivas entre octubre de 2024 y mayo de 2026, periodo que coincide con un aumento de la producción de cocaína en la zona fronteriza con Venezuela, señala la investigación. Palacio Villalba figura como propietario de Ferre Químicos Ocaña, empresa registrada en mayo de 2017.

La actividad declarada de esa firma comprende el comercio mayorista de químicos básicos, cauchos, plásticos en formas primarias y productos para uso agropecuario. Para los investigadores, el objeto social de la compañía habría servido de soporte para el ingreso de las sustancias que después eran enviadas a zonas de procesamiento ilegal.

Dos empresas están bajo revisión por las operaciones de importación

Otra sociedad bajo la lupa es Velas y Veladoras San Jerónimo, cuyos activos superan apenas los $45.000.000, según datos de la Cámara de Comercio de Norte de Santander. Pese a ese nivel patrimonial, la empresa aparece relacionada con el entramado de importaciones que ahora revisan las autoridades.

Además de los cargamentos procedentes de China, los manifiestos aduaneros consultados mencionan a Alemania, Japón y Estados Unidos como proveedores de maquinaria pesada, materiales de manufactura y equipos de precisión. Entre 2015 y 2021, esas operaciones sumaron más de USD 294.000, cerca de $1.000.000.000 al cambio de esos años.

Una fuente investigativa consultada por el medio citado afirmó que “los ingresos de las empresas no concuerdan con los montos de los químicos importados”. En los registros también aparece la importación de DL Tetramisol por parte de Palacio Villalba, un medicamento veterinario que, según la pesquisa, puede ser usado en el procesamiento de coca.

La Fiscalía deberá profundizar ahora en el análisis de las rutas comerciales, los proveedores y el destino de cada cargamento para establecer el alcance de la red. El proceso continuará mientras los seis imputados permanecen recluidos por orden judicial.

“Yo era experta en tapar mi vulnerabilidad”, confesó Erika de la Vega sobre el proceso que la llevó a escribir En defensa propia, el libro que traslada al papel siete años de conversaciones de su pódcast homónimo. La obra recopila fragmentos de más de trescientas entrevistas realizadas desde 2019 y las entrelaza con la historia personal de la comunicadora venezolana.

De la Vega construyó su carrera en la radio y la televisión de Venezuela antes de mudarse a Estados Unidos, un cambio que, según relató en diálogo con Infobae, le abrió puertas profesionales pero también la obligó a redefinir su identidad. “Yo quería contarle al lector de dónde vengo, de Venezuela, y la carrera que yo pude desarrollar en la radio y en la tele, y después todo lo que fue ese cambio cuando llegué a Estados Unidos”, explicó la autora, que en 2026 cumple quince años radicada en el país norteamericano y siete de conducir su pódcast En defensa propia.

El primer desafío del libro fue decidir qué quedaba dentro y qué quedaba fuera de un archivo de conversaciones que, según la propia autora, “no hay libro que soporte, ni una enciclopedia”. Sobre cómo supo en qué punto detener la selección, De la Vega admitió que no hubo un corte definitivo sino una decisión de convivir con la incertidumbre: “Esto es un punto, punto y aparte. No es un punto final”. Consultada por la cantidad exacta de entrevistas retomadas, reconoció que resulta imposible precisarla: “Comencé por una, pero en ese cuento que ella me echó me acordé de otra que me dijo lo mismo, pero en otras palabras, y me acordé de otra que también era importante”.

En lugar de dedicar capítulos a entrevistas individuales, optó por organizar el contenido por temas: el diálogo interno, la forma de callar a la “voz tóxica” o la sororidad entre mujeres. Esa decisión le permitió cruzar testimonios de invitados tan distintos como Marián Rojas Estapé, Mario Alonso Puig, Margarita Pasos, Joe Dispenza y Walter Riso dentro de un mismo capítulo. “Así los fui hilando. No es que en cada capítulo haya una entrevista distinta, es que en un capítulo hablo de un tema”, precisó.

El proceso de escritura se extendió durante cuatro años, un plazo que la autora atribuyó a la dificultad de fijar un cierre editorial mientras el pódcast seguía produciendo material nuevo. “Tengo que agradecerle mucho a Penguin Random House porque fue muy paciente. Yo estuve cuatro años escribiendo este libro porque era muy difícil decir hasta aquí”, relató. La editorial le permitió incorporar entrevistas recientes de 2025 sin descartar las de 2019 y 2020, un período que la autora calificó de central “no solamente para mí a nivel personal, sino también para la humanidad con lo que pasó en pandemia”.

Esa misma pandemia marcó un quiebre en la manera de trabajar de la conductora, que debió reemplazar los encuentros presenciales por videollamadas. “Tuve que reinventar la manera de conversar con gente y lo hice a través de Zoom, como hizo mucha gente. Y bueno, y así sobrevivimos”, recordó. Sobre qué la atrae del formato de entrevista que sostiene desde hace tiempo, explicó que funciona como una vía de autoconocimiento tanto como de descubrimiento del otro: “Me ayuda a conocer gente, me ayuda a verme a mí misma. El pódcast para mí es un espacio de descubrir gente nueva, con nuevos temas, con cosas que no nos hemos atrevido a hablar en otras plataformas”.

La autora admitió que durante buena parte de su trayectoria evitó exponer sus propias dudas en público. “Mi identidad estaba solamente construida en lo que pasaba afuera, en el público donde llegaba, en la validación de la gente fuera. Y tenía toda esa validación menos la mía”, explicó sobre los años previos al lanzamiento del pódcast en 2019, cuando decidió abrir el programa con una entrevista a la escritora y actriz colombiana Isabella Santo Domingo. En aquel momento, dijo, conseguir que las invitadas hablaran de sus debilidades exigía que ella misma expusiera las propias primero. Consultada sobre si esa vulnerabilidad fue lo que atrajo a su comunidad de oyentes, respondió que no se trató de una estrategia sino de una necesidad genuina: “No lo hice para atraer a oyentes ni nada. Lo hice desde un lugar muy sincero: algo me está pasando, no sé qué es, pero lo que hacía antes ya no me da felicidad”.

Sobre si trasladar esa misma exposición personal al papel resultó un ejercicio difícil, la autora fue categórica al señalar que la práctica acumulada le había allanado el camino. “No lo fue, porque ya yo vengo siete años hablando de esto, siete años viéndome a mí misma y mostrando mis monstruos. Ya no me hace ruido poner en páginas que se van a quedar a lo largo del tiempo”, afirmó.

“Si tú eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces, ¿quién eres?”, es la pregunta que, según De la Vega, la acompañó durante años de trabajo interno y que terminó de resolver mientras escribía el libro. Sobre qué le dejó específicamente ese proceso de escritura, lo describió como un ejercicio de reconocimiento retrospectivo: “Fue conectar con esa historia que me hizo a mí cambiar mi contenido, comunicar otras cosas, conocer otras personas y transformarme. Fue bonito ver dónde estaba yo, ver mi manera de pensar, ver el hueco donde estaba”. La respuesta que hoy ofrece a la pregunta sobre su identidad prescinde de los títulos profesionales que antes usaba para presentarse: “Me puedo definir como una mujer curiosa, como una mujer creativa, con mucha fuerza interna. Definirme solamente por mi profesión me estaba limitando el ser humano que cada uno de nosotros es”.

El paralelismo entre su historia personal y el eje del libro aparece de forma explícita cuando la autora describe lo que llama el “sueño americano”. “Yo estoy muy agradecida con Estados Unidos, que me ha ayudado a desarrollar otro lado de mi carrera. Pero yo creo que ese sueño americano fue interno. Fui a buscarlo afuera y lo terminé encontrando dentro de mí”, sostuvo, en una reflexión que conecta el relato migratorio con el proceso de reinvención que atraviesa toda la obra. A esa misma versión de sí misma que emigró hace quince años, dijo que hoy le pediría flexibilidad: “Yo estaba tan apegada a una identidad que solamente me la daba lo de afuera. Le diría a esa Erika que fuera un poquito más flexible en todos los aspectos, desde la maternidad hasta el trabajo”.

Consultada sobre el futuro del proyecto, De la Vega no descartó nuevas entregas editoriales que recojan el material que quedó fuera de esta publicación. “Quedó mucha gente por fuera. Y eso lo traté de ver como una buena noticia, queriendo decir que hay mucho más que contar y compartir. Quizás hacemos tomo uno, tomo dos, tomo tres y tomo cuatro”, adelantó, sin precisar fechas ni contenidos concretos.

El cierre del libro, según contó su autora, funciona como una invitación a mirar hacia atrás antes de seguir avanzando. “Es importante poder ver las veces que has podido salir de crisis, las veces que has podido saltar barrancos, las veces que has podido rescatarte a ti misma, porque poderlo recordar te da esa capacidad de saltar el próximo que venga”, reflexionó De la Vega, que definió el verdadero éxito como “diseñar una vida que nos guste”, la misma idea que, según dijo, atraviesa cada conversación de su pódcast.

La estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) suscribió un acuerdo con la empresa turca Karpowership para incorporar 200 megavatios de generación eléctrica al estado Zulia, una de las regiones de Venezuela afectadas por fallas persistentes en el suministro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el convenio prevé la contratación de dos barcazas de generación eléctrica. Sin embargo, la mandataria no difundió detalles sobre los plazos de instalación, el costo del contrato ni el inicio de las operaciones de las embarcaciones.

“Saludo el acuerdo alcanzado entre CORPOELEC y la empresa turca Karpowership para la contratación de dos barcazas de generación eléctrica, que permitirán incorporar 200 megavatios de potencia al estado Zulia y fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la región”, escribió Rodríguez en X.

Venezuela atraviesa una crisis eléctrica desde hace más de una década. Durante el último año, los apagones aumentaron y derivaron en protestas en varias regiones del país.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.101 protestas en septiembre de 2026. De ese total, 531 estuvieron vinculadas con interrupciones del servicio eléctrico y otros reclamos sobre el sistema.

Hace una semana, Rodríguez afirmó que el alivio a la crisis llegará “pronto” y cuestionó la quema de neumáticos durante las manifestaciones. La oposición y especialistas atribuyen las fallas a casos de corrupción y a la falta de mantenimiento del sistema. El Gobierno chavista, por su parte, responsabiliza a las sanciones, factores climáticos y presuntos sabotajes.

El anuncio ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico, una iniciativa que busca abrir espacio a la inversión privada en un sector afectado por apagones tras más de una década de crisis.

El diputado chavista Pedro Carreño solicitó la postergación de la discusión tras argumentar que el Parlamento avanzó de “manera fecunda” en el análisis de parte de los más de 20 artículos previstos para la reforma.

La Asamblea prevé retomar el tratamiento del proyecto en una próxima sesión, aunque no fijó una fecha. La propuesta regula la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio venezolano y los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”, de acuerdo con la lectura presentada en una sesión ordinaria.

El texto establece que busca “contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”.

También plantea “asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas”. La iniciativa añade entre sus objetivos la construcción de un sistema eléctrico nacional “eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro”, con garantías para los derechos de los usuarios.

(Con información de EFE)

Organizaciones y trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) exigieron auditorías, el pago de deudas laborales y la restitución de derechos en una comunicación dirigida a Héctor Andrés Obregón Pérez presidente de la estatal y a la Junta Directiva de la empresa. Los firmantes fijaron una “postura innegociable de peso legal, técnico y político” denunciando corrupción, opacidad, mala gestión y desvalijamiento de la industria petrolera. En el documento al que tuvo acceso Infobae, cuestionaron los contratos petroleros con Estados Unidos en violación de la Constitución de Venezuela.

La comunicación está suscrita por Eduardo José Yaguaracuto Amaricua, del Bloque Patriótico Petrolero; Félix Martínez y Luis Martínez, del Comité de Defensa Legal, Laboral y Social de los Trabajadores; Frank Aguilera, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora; José Bodas Lugo, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), Corriente C-Cura; Carlos Coicuto, del Bloque Patriótico Petrolero, Corriente de Trabajadores Primero de Mayo; y Humberto Rondón, del Bloque Histórico Popular, Comunes. También figuran trabajadores activos y jubilados de PDVSA y de Aceites Diana, entre otros.

Los firmantes invocan, en el extenso documento, al que tuvo acceso Infobae, el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para defender el carácter de PDVSA como patrimonio del pueblo venezolano, que describen como «inalienable e imprescriptible».

El reclamo alcanza a la directiva de PDVSA, al Poder Ejecutivo Nacional, al PSUV, al CICPC, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales de la República. Los suscriptores denuncian una “deliberada omisión e inacción” ante las denuncias presentadas desde el 24 de septiembre de 2024 y mencionan el expediente BP-1-P-2022-6742.

Según la comunicación, diversas investigaciones y auditorías independientes estiman en más de 100 mil millones de dólares las pérdidas por corrupción, sobrefacturación y malversación en PDVSA durante los últimos 20 años, desde la gestión de Rafael Ramírez hasta la actualidad.

A esas pérdidas, los firmantes añaden la presunta desaparición de más de dos mil millones de dólares del Fondo de Pensiones (APJ-PDV). También denuncian un robo continuado de hidrocarburos que ocurre “cada segundo y supera los 18 mil millones de dólares”.

Los representantes aseguran que el sustento técnico de sus denuncias consta en el expediente del CICPC BP-1-P-2022-6742, relacionado con el Proyecto de Control de Mermas y Pérdidas de PDVSA.

Salarios y empresas paralizadas

En materia laboral, las organizaciones invocan los artículos 25, 87, 89, 115 y 139 de la Constitución, así como los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, para exigir la protección de los derechos de los trabajadores.

“Ninguna reestructuración o acuerdo corporativo podrá desconocer o congelar las tablas salariales y primas adquiridas”, advierten. Defienden la vigencia de la Convención Colectiva Petrolera y los pasivos de contratistas, con énfasis en las cláusulas socioeconómicas, la vivienda, la restitución integral del salario y el sistema de salud Sicoprosa.

Los firmantes reclaman el pago inmediato de los pasivos laborales y las prestaciones sociales que se adeudan a trabajadores de contratistas de PDVSA. Entre las empresas mencionadas figuran 2PTO Constructora C.A., Maritime C.A Contracto de Venezuela, Global Energy, Constructora HP y Chevron.

También solicitan el reconocimiento formal de la relación laboral entre PDVSA y los trabajadores de PDVSA Gas Comunal. A la vez, piden reactivar las empresas cuya paralización atribuyen a la burocracia de la estatal, entre ellas la Empresa Nacional de Tubos, S.A. (ENATUB), filial de PDVSA Industrial. Señalan como paralizadas o desvalijadas la Planta Coronel Atanasio Girardot, en Valencia; la Planta Batalla de San Félix, en Bolívar; y la Planta ENATUB, en Anzoátegui. El reclamo incluye a Tuberías Helicoidales, C.A. (TUBHELCA).

Sostienen que estas instalaciones son estratégicas para producir acueductos, oleoductos, poliductos, gasoductos y tubos de perforación. Denuncian el abandono estatal y empresarial y mencionan, además, a Aceites Diana y Vidrios Venezolanos Extra C.A. (VIVEX) entre las empresas cuya recuperación consideran necesaria.

Democracia y persecución

La comunicación exige una auditoría forense y el esclarecimiento de la situación del Fondo de Pensiones (APJ-PDV). Aseveran que que la retención o el desvío de esos recursos vulnera la Constitución y genera responsabilidad penal, civil y administrativa para sus administradores.

Bajo la consigna de “democracia sindical”, reclaman elecciones inmediatas en la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo, del Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV). Argumentan que la directiva, encabezada por Wills Rangel, tiene el mandato vencido.

En el apartado sobre soberanía contractual, los firmantes cuestionan los acuerdos con corporaciones transnacionales que se ejecuten sin participación de los trabajadores. A su juicio, “todo contrato, alianza estratégica o licencia de operaciones» suscrito al margen de la clase trabajadora carece de legalidad jurídica y paz social”.

Las organizaciones exigen el cese de la persecución y la liberación de los trabajadores petroleros que fueron detenidos “por denunciar la corrupción”. Solicitan una reparación integral para sus familias y el reenganche inmediato de los “más de 2.000 trabajadores despedidos injustificadamente”.

Responsabilidad social

Ante lo que califican como inoperancia institucional, invocan los artículos 130, 326 y 333 de la CRBV. Basados en ellos asumen, en corresponsabilidad con la seguridad de la nación, el deber de defender la soberanía energética y restablecer la vigencia de la Constitución.

Reclaman el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social (CRS), porque interpretando la Constitución y de la Ley de Contrataciones Públicas, toda empresa contratista, mixta o transnacional que ejecute obras con PDVSA, está obligada a realizar ese aporte.

Los suscriptores anuncian que constituirán Comités de Control Obrero y Fiscalización Directa, amparados en la CRBV y la Ley Orgánica de Contraloría Social. Su objetivo es auditar las finanzas del Fondo de Pensiones y de la FUTPV, así como la seguridad industrial y el cumplimiento contractual en “refinerías, campos y portones”.

Para los firmantes, defender la Convención Colectiva Petrolera es el punto de partida para exigir el cumplimiento de los demás contratos colectivos de empresas públicas y privadas, como única garantía para reactivar el aparato económico y productivo.

Comisión paritaria

Como propuesta final, solicitan una comisión mixta y paritaria, a la que piden otorgar rango constitucional vinculante. Estaría integrada por representantes legítimos de los trabajadores de base, activos y jubilados, los movimientos populares y la Junta Directiva de PDVSA.

La comisión tendría a su cargo un programa de auditoría social de los procesos denunciados; un plan de pago del Fondo de Pensiones y de restitución de los intereses adeudados; y la ejecución del Fondo de Responsabilidad Social en comunidades, salud y escuelas.

La agenda propuesta incluye garantizar el suministro de gasolina, diésel para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y gas doméstico, así como la soberanía alimentaria. También el reenganche de los más de dos mil despedidos y la liberación de los trabajadores judicializados.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que la producción petrolera creció un 8,5% en los últimos 12 meses y aseguró que su Gobierno ya ha suscrito 80 acuerdos en materia de hidrocarburos, tras la reforma a la ley del sector en enero pasado que incentiva la inversión extranjera.

“El promedio en el mes de octubre ya cerró en 1.244.000 barriles, pero al día de hoy el cierre es de 1.251.000 barriles y estamos hablando de una producción donde no se han activado completamente todos los acuerdos suscritos”, dijo la mandataria en el congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Rodríguez indicó que en esos números hay producción del “esfuerzo propio” de la industria venezolana, así como de los acuerdos con Estados Unidos y empresas de otras naciones.

Asimismo, sostuvo que el mayor impulso en producción será a partir de diciembre próximo.

La presidenta encargada venezolana también aseguró que la industria y los productores del país van a tener participación en este sector.

“Los sectores económicos van a contar siempre con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno nacional, porque no hay país que se desarrolle como nación si no es de la mano de sus industriales y de la mano de sus trabajadores”, añadió.

El pasado 28 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, y Delcy Rodríguez anunciaron un “histórico” acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35%.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles al día.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó este martes por segunda ocasión el debate definitivo de la reforma de la ley del servicio eléctrico, una iniciativa que busca propiciar las inversiones privadas en este sector, golpeado por apagones que se han recrudecido durante el último año después de más de una década de crisis.

El debate se pospuso a petición del diputado chavista Pedro Carreño, quien consideró que el Legislativo ya había avanzado de “manera fecunda” en la discusión de algunos de los más de 20 artículos a reformar. Se espera que la discusión continúe en una próxima sesión.

La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional así como los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”, según una lectura de la ley que se hizo en el Parlamento durante una sesión ordinaria.

El instrumento promete “contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”, así como “asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioeconómicas”.

Además, “favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas”.

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, desencadenando protestas sociales en distintos sectores. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, el fenómeno climático de El Niño y supuestos sabotajes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hace una semana que “pronto” llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales.

Rodríguez también ha prometido que para antes de que termine el año la ley del servicio eléctrico quedará aprobada.

La Confederación Nacional de Industriales (Conindustria) de Venezuela informó este martes que la industria manufacturera del país opera al 51,3% de su capacidad instalada y aseguró que ha sostenido encuentros con inversionistas de distintos países interesados en producir en territorio nacional.

“Creo que todas las industrias estamos en positivo. Hemos estado trabajando por varios de los sectores económicos en aumentar la producción”, dijo el presidente de la confederación, Tito López, durante el congreso anual del gremio, al que asistió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

López señaló que ya son siete años en números positivos y que estiman un cierre del Producto Interno Bruto de 6,5%.

Asimismo, indicó que los industriales ven con “optimismo” el 2027, año en el que esperan mayor crecimiento económico para los empresarios, por lo que aprovechó la presencia de Rodríguez para pedir políticas públicas que alienten al sector.

“Nos hemos reunido con cada uno de los inversionistas que quieren venir (...) de otros países, en el caso de Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica y, sobre todo, lo que vienen siendo los países vecinos -que quieren- hacer alianzas con las empresas en Venezuela para traer producción a nuestro país”, añadió.

Desde que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el pasado enero, el Gobierno de la ahora presidenta encargada ha emprendido un conjunto de reformas con miras a atraer inversiones privadas y extranjeras.

En ese marco, Venezuela ha alcanzado acuerdos, sobre todo en materia de petróleo, gas y minería, con diversos países, pero principalmente con Estados Unidos.

Rodríguez aseguró este martes que la producción petrolera creció un 8,5% en los últimos 12 meses y que su Gobierno ya ha suscrito 80 acuerdos en materia de hidrocarburos, tras la reforma a la ley del sector en enero pasado que incentiva la inversión extranjera.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia que las reclusas que se encuentran en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida “viven hacinadas, sin atención médica, con una alimentación que no es balanceada, y con limitaciones para las visitas y actividades deportivas y de recreación”.

La organización no gubernamental considera “sumamente preocupante la falta de atención médica especializada en el recinto y la negación de la misma”, al tiempo que señala “la presencia de supuestos hechos de corrupción” con el pago a funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciario a cambio de “privilegios” como acceso a alimentos.

La cárcel La Crisálida, ubicada en el estado Miranda, alberga a casi 300 mujeres, incluidas 38 presas políticas. Uno de los testimonios recogidos por el OVP en su informe destaca: “Hay celdas que tienen al menos seis camas y llegan a meter hasta 16 o 18 personas, por lo que a otras les toca dormir en el piso en colchonetas”.

“Otras celdas tenían al menos seis literas y fueron cortadas para ponerlas una al lado de la otra como camas y así poder meter más reclusas, uno no puede ni moverse, es muy poco el espacio que queda para caminar y hay que esperar que una pase para que la otra pueda dar un paso”, relató otra fuente a la ONG.

No todas las privadas de libertad estarían sometidas a estas condiciones. De acuerdo con la investigación del OVP, un grupo de “privilegiadas” pagan a autoridades para tener disfrutar de celdas más espaciosas, desarrollar actividades que les permiten reducir sus penas y adquirir “exquisiteces” en una cantina. El menú diario se reduce a “granos duros, papa, arepas, un arroz que puede ser seco o lo que describieron como un mazacote, pasta y mortadela”, detallan.

Salud

El OVP ha documentado este año la muerte de dos reclusas en La Crisálida. Tras el segundo deceso, se nombró a una nueva directora en el penal. “Hay privadas de libertad que son adultas mayores, así como mujeres que son hipertensas, que padecen de diabetes, con patologías cardiacas, entre otras, y no cuentan con un médico permanente”, expone.

Cuestionan que los funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciaria solo permiten los traslados a hospitales para atender las emergencias cuando la persona “se está muriendo”. Además, indican que ante la ausencia de apoyo oficial, los familiares deben costear los tratamientos médicos de las detenidas.

Critican las restricciones que imponen a las visitas de hombres e hijos. Sobre estas últimas, apuntan: “Se dan esporádicamente solo en fechas como el día de las madres, el día del niño, navidades, son muy pocas las que pueden ver a sus hijos menores de edad con frecuencia”. El OVP anunció que llevará este caso ante instancias internacionales para exigir el respeto a los derechos de las reclusas.

En el marco de la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo: “Ya se liberaron todos los portales de los medios de comunicación aquí en Venezuela”.

“Jorge Rodríguez miente. Es falso que todos los medios de comunicación hayan sido desbloqueados”, rebatió la ONG Ve Sin Filtro, tras recordar que “siguen bloqueados 140 dominios de internet, así como más de 30 correspondientes a herramientas para evadir la censura y servicios de VPN”.

VE sin Filtro hizo especial mención al caso de Infobae, víctima de esa censura desde el 10 de octubre de 2014, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

“Los desbloqueos parciales no permiten anunciar el fin de la censura. Exigimos el levantamiento de todas las restricciones y garantías para el acceso a la información”, planteó la ONG.

En el marco del proceso de negociación que llevan adelante chavismo y oposición bajo el auspicio de Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que avanzaría con el levantamiento de las restricciones que afectan a los medios digitales. La medida ha beneficiado a decenas de portales, pero las limitaciones siguen vigentes.

Contra el odio

Al frente de 24 agrupaciones de la sociedad civil, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigieron la derogación de la Ley contra el Odio, señalando que la reforma impulsada por Delcy y Jorge Rodríguez “mantiene graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso”.

“La propuesta elimina las penas de 10 a 20 años de prisión, pero las sustituye por sanciones administrativas a cargo del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz -dirigido por Diosdado Cabello- impondría las sanciones sin procedimientos, criterios de aplicación ni garantías de defensa claras y conocidas”, acotan a través de un comunicado. Las multas en cuestión irían desde los 500 hasta los 10 mil euros.

Las organizaciones cuestionan que “a pesar de que Delcy Rodríguez reconoció públicamente que la ley fue ‘mal aplicada’ y que se cometieron ‘abusos’, la propuesta no establece medidas integrales para responder a las víctimas: no ordena la liberación plena ni el sobreseimiento de las causas de personas detenidas y procesadas arbitrariamente, y tampoco dispone medidas de reparación integral”.

El decreto presidencial 13-2026 mantiene las autorizaciones de cooperación militar de Nicaragua con Rusia, China, Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica, pero no incluye a Cuba ni Venezuela entre los Estados habilitados para ingresar tropas, naves y aeronaves en 2027. La medida fue emitida bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La disposición deja fuera tanto la llegada de personal militar cubano y venezolano como los viajes de efectivos nicaragüenses a La Habana y Caracas. Se trata de la primera ocasión desde 2020 en que ambos países no aparecen en los permisos de este tipo, que habitualmente se aprueban de manera semestral.

Se estima que, entre 2020 y el primer semestre de 2027, habrían llegado a Nicaragua unos 6,970 militares procedentes de los Estados incluidos en las autorizaciones. El cálculo contempla los contingentes que ingresaron en años anteriores y los grupos previstos en los decretos que alcanzan el primer tramo de 2027.

Venezuela redujo el número de militares autorizados antes de quedar fuera

Venezuela envió al menos 2,190 militares a Nicaragua entre 2020 y el segundo semestre de 2026, de acuerdo con el recuento de los decretos publicado por Confidencial.digital. En 2020, las autorizaciones permitieron la llegada de 460 efectivos, distribuidos en dos contingentes semestrales de 230 integrantes para ejercicios descritos como humanitarios e intercambios con el Ejército de Nicaragua.

Los permisos bajaron después a entre 30 y 50 militares venezolanos entre 2021 y la primera mitad de 2022. Desde el segundo semestre de ese año, las autorizaciones volvieron a establecer el ingreso de 180 efectivos anuales y mantuvieron esa cifra hasta la segunda mitad de 2026.

Un especialista en seguridad, que habló con Confidencial.digital bajo condición de anonimato por temor a represalias, consideró que la ausencia de Venezuela en la autorización para 2027 no necesariamente supone un quiebre de la relación entre Managua y Caracas. El analista vinculó el cambio con factores internos venezolanos y con el escenario político que siguió a la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que, según su descripción, terminó con la extracción de Nicolás Maduro.

“No es que sea una ruptura”, señaló el experto al medio. “Lo que pasa es que deben de haber elementos internos en Venezuela que están impidiendo que se estén mandando tropas a Nicaragua”.

El especialista sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría replegada mientras espera la evolución de la situación política. Sobre los integrantes de esa institución, añadió ante la publicación que actúan de manera pragmática porque existe “un cambio en marcha de forma tangible”.

Cuba participó en intercambios militares semestrales hasta 2026

Cuba envió 700 militares a Nicaragua entre 2020 y 2026. Los decretos autorizaban el ingreso de 50 efectivos por semestre, principalmente en actividades presentadas como misiones de carácter humanitario.

El mismo especialista relacionó la exclusión cubana de las autorizaciones de 2027 con la crisis económica y sanitaria de la isla. El régimen cubano ha atribuido durante décadas las carencias de la población al embargo de Estados Unidos, mientras Donald Trump hizo declaraciones en 2026 sobre un posible cambio en Cuba.

“Cuba básicamente está acabada económicamente”, afirmó el experto. También consideró que las autoridades de la isla podrían necesitar concentrar una mayor cantidad de fuerzas militares y del Ministerio del Interior ante posibles escenarios de agitación interna o una eventual intervención estadounidense.

La valoración del analista no fue presentada como una explicación oficial del régimen cubano ni del nicaragüense. El decreto 13-2026 no detalla los motivos de la exclusión de Cuba y Venezuela de las nuevas autorizaciones.

Rusia mantiene el mayor contingente militar autorizado por Nicaragua

Rusia conserva el contingente extranjero más numeroso contemplado en los permisos nicaragüenses. Entre 2020 y el primer semestre de 2027, los decretos incluyeron al menos 2,280 militares rusos, aunque el número podría ser superior porque algunas autorizaciones no precisaron la cantidad de efectivos que viajarían al país.

En 2020, Managua autorizó el ingreso de 240 militares rusos por semestre. Desde la segunda mitad de 2022, la cifra descendió a 180 efectivos y se mantuvo en ese nivel, incluida la autorización para los primeros seis meses de 2027.

Nicaragua también permitió el desplazamiento de efectivos propios a Rusia para actividades de formación. Los contingentes nicaragüenses oscilaron entre 50 y 80 militares por semestre desde 2020 hasta 2026, mientras que el nuevo decreto prevé el viaje de al menos 50 integrantes de las fuerzas nicaragüenses durante el primer semestre de 2027.

El especialista consultado afirmó que las tropas rusas capacitan a miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía. “En el terreno, las tropas rusas están dando entrenamiento en el COE en Xiloá, el Comando de Operaciones Especiales”, dijo al medio.

Según el analista, ese tipo de formación estaría vinculada con capacidades tácticas y estratégicas de unidades especiales. Los decretos, en cambio, describen los intercambios como ejercicios de ayuda humanitaria, búsqueda, salvamento, rescate y cooperación contra actividades ilícitas y narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Confidencial.digital informó en agosto de 2024 que una base militar situada en el Cerro Mokorón, al sur de Managua, funcionaba como uno de los principales centros de espionaje de Rusia. Según la publicación, en ese lugar había sistemas de radiogoniometría y el programa SORM-3, utilizados para vigilar embajadas y detectar a posibles “traidores” del régimen.

China, Estados Unidos y países centroamericanos figuran en el decreto de 2027

El decreto 13-2026 también autoriza el ingreso de efectivos, naves y aeronaves de la República Popular China, aunque no establece cuántos militares podrían participar. Los permisos incluyen además contingentes de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Las autorizaciones contemplan intercambios con las fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

Taiwán formó parte de estas listas hasta el primer semestre de 2022, luego de que Nicaragua mantuviera relaciones diplomáticas con ese territorio hasta 2021. Durante ese período, los decretos permitieron la entrada de 800 efectivos taiwaneses a bordo de tres buques de entrenamiento naval.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión de la norma y las sustituye por multas y trabajo comunitario. El proyecto responde a una solicitud que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió al Parlamento el 29 de septiembre.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el texto. Además de suprimir la cárcel, la reforma establece procedimientos administrativos para aplicar la ley, fija sanciones y exhortaciones a los medios de comunicación sin la posibilidad de revocarles la concesión, y prevé multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. Cambia también el nombre de la norma, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.

Varias bancadas opositoras votaron en contra porque piden la derogación. “Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”, dijo la diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad. Belisario señaló que los artículos de la reforma no se habían presentado y que las sanciones administrativas quedarían a cargo del Ministerio de Interior, al que acusó de haber aplicado mal la ley y de acumular denuncias por violaciones de derechos humanos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, afirmó que el chavismo se empeña en que la reforma no se use para “la persecución de nadie”. Defendió la necesidad de una ley de convivencia e invocó el riesgo de una guerra civil.

La norma vigente, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano chavista instalado en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, tras meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que dejaron más de 100 muertos. Delcy Rodríguez presidía esa Constituyente y defendió la ley. La norma contempla penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio.

Según datos que difundió a fines de septiembre la Foro Penal, ONG venezolana dedicada a la defensa de presos políticos, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017. IPYS Venezuela, organización que documenta libertad de prensa en Venezuela, documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025, de los cuales 65 se relacionaron con esta ley. El coordinador de Cecodap, ONG venezolana de derechos de la infancia, Carlos Trapani, informó el 5 de octubre que 118 adolescentes fueron imputados por esa norma entre 2024 y 2025.

Rodríguez reconoció el 29 de septiembre que la ley “fue mal aplicada” y que “se hizo un uso abusivo de esa ley”. Jorge Rodríguez ya había admitido en febrero un uso inadecuado de la norma y había considerado posible reformarla. El mismo 29 de septiembre el Parlamento creó una comisión especial de 11 diputados, presidida por Infante, que se instaló el 5 de octubre. A mediados de ese mes, el Tribunal Supremo de Justicia dio su conformidad constitucional al proyecto.

La reforma se inscribe en el giro político que siguió a la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Rodríguez asumió como presidenta encargada y su Gobierno, que coopera con Washington, excarceló a cientos de presos políticos y permitió el regreso de algunos exiliados. La líder opositora María Corina Machado volvió a Venezuela el 25 de octubre tras casi diez meses fuera. Gobierno y oposición mantienen conversaciones con respaldo estadounidense, y la ley del odio estuvo entre los temas de la tercera ronda. Foro Penal contabiliza todavía 322 presos políticos, 140 de ellos militares, con corte al 26 de octubre.

La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, sostuvo a fines de septiembre que la ley “debe ser derogada, no reformada”. Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, había recomendado la derogación semanas antes, al cierre de su primera visita al país en casi 20 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas también piden derogarla y advierten sobre mecanismos de censura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron que una reforma parcial sería insuficiente y solicitaron publicar el texto completo y habilitar espacios de participación para periodistas y otros sectores.

El proyecto entra ahora en consulta pública y volverá al pleno de la Asamblea para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final.

La asociación civil Convite estima que en Venezuela hay entre 350 mil y 420 mil adultos mayores viviendo solos, mientras apunta en su último informe sobre las condiciones de vida de esta población que para 2025 un 55% estaba trabajando, 8% más de lo que registraron en 2024.

El estudio se apoya en una encuesta a 1.803 personas de 60 años o más en 19 capitales y localidades regionales del país. En cuanto a la situación laboral y económica de este grupo, señalan que así como más de la mitad se mantiene activa en el mercado laboral, 23% trabaja en la economía informal, 53% dice que percibe un ingreso total de 100 dólares al mes y 82% admite que “gasta más” de lo que ingresa.

“Las personas jubiladas y pensionadas, en su mayoría, carecen de ingresos adicionales y dependen del apoyo familiar, ayudas gubernamentales, donaciones o trabajos informales. Entre las dimensiones más afectadas destacan el acceso a la alimentación y a la salud”, indica el análisis.

En Venezuela, las pensiones están al mismo nivel del salario mínimo: 130 bolívares, que equivalen a menos de 20 centavos de dólar. Para compensar, el régimen chavista ofrece un bono que está por debajo de los 100 dólares. “Una persona mayor en Venezuela debería percibir entre 450 y 500 dólares para alimentación y más de 1.200 para sostenerse dignamente”, calcula Convite.

Sin apoyo

En el informe recuerdan que la Encuesta de Condiciones de Vida -Encovi, realizada por los expertos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)- concluyó que “35% de los hogares en Venezuela está integrado por una pareja de adultos mayores o por un adulto mayor que vive solo, lo que eleva riesgos de aislamiento social, negligencia, abandono y deterioro funcional”.

“Se estima que existen 51 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años (Encovi 2025), lo que indica un proceso de envejecimiento poblacional que modifica la estructura de dependencia demográfica”, advierten.

La migración masiva que ha experimentado el país en la última década, durante la cual han salido unas 7,9 millones de personas de acuerdo con las agencias de Naciones Unidas, ha incrementado el número de “hogares con cuidadores insuficientes y deja a personas mayores sin relevo ni acompañamiento”.

El sondeo llevado a cabo por Convite recoge que 62% sostiene que los servicios públicos de salud -a donde acuden 9 de cada 10 de los encuestados- no cuentan con el personal y los insumos suficientes para atender sus necesidades. El mismo porcentaje declara que adquiere sus medicamentos con dificultad debido a la falta de dinero.

En cuanto al acceso a la alimentación, 52% confía haber reducido el tamaño de las porciones -5% más con respecto a 2024-, y 73% se vio obligado a comprar comida de menor calidad por razones económicas.

El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas (CNP) contabiliza 155 agresiones contra periodistas entre enero y octubre de este año. De acuerdo con el organismo gremial, en este periodo se han registrado 26 impedimentos de coberturas, 37 actos de intimidación y 16 de hostigamiento, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 borrados de material, cuatro cierres de emisoras y 13 ataques directos, entre otros.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político”, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero. Esta etapa ha estado marcada por una apertura con respecto al trabajo de los medios de comunicación, lo que ha incluido la liberación de una veintena de periodistas que formaban parte de los más de 2 mil presos políticos que había en el país hasta la caída de Maduro.

La mandataria interina también ha avanzado en el levantamiento de los bloqueos que afectan a las páginas web. Sin embargo, las restricciones se mantienen. Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

Derogar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 28 de octubre que un reportero fue amenazado en el estado Yaracuy, en la región centro-occidental del país, mientras tomaba declaraciones sobre la falta de ambulancias en un pueblo de la entidad.

“Un hombre que se identificó como comunero interrumpió las entrevistas e impidió que continuara la cobertura, alegando que se trataba de una actividad política. El individuo estaba acompañado por otras personas que, según el testimonio del periodista, portaban armas”, describió el SNTP.

La Asamblea Nacional tiene previsto desarrollar hoy la primera discusión de la reforma de la Ley contra el Odio, después de que la misma Delcy Rodríguez reconoció que la norma “fue mal aplicada”. “Se hizo un uso abusivo de esa ley”, admitió la presidenta encargada, dando la razón a quienes desde la sociedad civil y los partidos de oposición señalaron que el instrumento se utilizó para perseguir a la disidencia.

Al igual que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales y los partidos opositores, el CNP exige la derogación de la Ley contra el Odio. “No hay término medio para la libertad de expresión en Venezuela: no a la modificación, se requiere su derogación total. Reformarla mantendría el mecanismo de censura”, advirtió la institución.

Después de 27 años de opacidad, el Comité de Postulaciones Judiciales -instancia conformada por 11 parlamentarios y 12 representantes de la sociedad civil- publicó este lunes 2 de noviembre el baremo que utilizará para evaluar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Bajo el régimen chavista que se instaló en 1999, jamás se habían conocido los criterios para el nombramiento de los miembros del TSJ. Sin embargo, tras la caída de Nicolás Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero, se abrió un “nuevo momento político” que ha incluido la activación de una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición que ya acordó la renovación total del máximo juzgado del país.

La ONG Acceso a la Justicia considera positiva la medida que busca arrojar luces sobre el mecanismo de designación de los togados; no obstante, llama la atención sobre algunos aspectos que, desde su punto de vista, deben ser revisados para garantizar mayor equilibrio en el proceso.

En principio, cuestionan que se dé ventaja a quienes han ocupado cargos públicos. “Se valoran ampliamente las funciones judiciales, estatales y de gobierno universitario, mientras se reconocen menos actividades propias del libre ejercicio de la abogacía”, señalan.

Alarma

“Se otorgan puntos por años de servicio judicial sin evaluar suficientemente la calidad de las sentencias, la protección de los derechos humanos o la independencia demostrada”, explica Acceso a la Justicia, destacando que este principio “preocupa especialmente” porque “el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado”.

La ONG advierte que “los criterios podrían favorecer determinadas trayectorias institucionales frente a las otras vías de acceso al TSJ reconocidas en el artículo 263 de la Constitución, especialmente el libre ejercicio de la abogacía”.

Discrepan sobre el hecho de que sea la entrevista “el ítem que más puntos otorga siendo el más discrecional de todos, lo que podría dar pie a la arbitrariedad”.

“La independencia judicial y la probidad no pueden evaluarse únicamente mediante una entrevista. Para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia, se recomienda establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados”, propone Acceso a la Justicia.

El coordinador general de Cecodap -ONG que promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes-, Carlos Trapani, opina que “este baremo es insuficiente para evaluar lo esencial en quien aspira a ser magistrado”.

“No basta sumar títulos, publicaciones o años de experiencia. Debe valorar la calidad de las decisiones y actuaciones previas, la integridad, los conflictos de interés, los vínculos que puedan comprometer la autonomía de criterio y, especialmente, la conducta frente al poder público. Los títulos acreditan formación. La independencia se demuestra en la trayectoria”, argumentó Trapani.

Pese a las observaciones, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, celebró que “juristas con trayectoria y compromiso democrático” se estén postulando para ingresar al TSJ. “Si este proceso de designación de magistrados del TSJ culmina con estricto apego a la norma, transparencia y escrutinio ciudadano, estaremos presenciando un hito en el camino hacia el rescate del Estado de Derecho”, afirmó Murillo.

La reunión se dio en el marco del fortalecimiento y el diálogo político bilateral y como parte de un “nuevo ciclo de cooperación económica” para “ampliar las capacidades productivas, el intercambio comercial” y generar “alianzas estratégicas”, según dijo el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió en el encuentro.

“Se espera que ambas delegaciones (...) puedan valorar y abordar los avances de la diplomacia y de las relaciones de intercambio en distintos ámbitos”, apuntó VTV.

Según la página web de Prensa Presidencial, a Castro Almeida lo acompaña una misión empresarial integrada por 37 entidades portuguesas de distintos sectores, entre ellos: tecnología, transformación digital, energía, construcción civil, industria y agroalimentación.

Venezuela y Portugal mantienen un intercambio comercial y unas alianzas estratégicas desde hace años, según Prensa Presidencial.

En marzo pasado, el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sosa, también visitó Caracas para promover relaciones bilaterales beneficiosas para ambas naciones.

En esa oportunidad, Sosa sostuvo encuentros con la comunidad luso-venezolana.

Recientemente, el Parlamento de Venezuela autorizó la designación de Juan Carlos Fernandes como nuevo embajador en Portugal, mientras que el país europeo cuenta con Manuel Frederico Pinheiro da Silva como su representante diplomático en Caracas.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunieron este lunes en Washington por primera vez y hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a “elecciones libres” en el país sudamericano.

Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

Ambos dirigentes posaron ante los medios en la sede del Departamento de Estado mostrando un semblante serio y sin escenificar el apretón de manos habitual en este tipo de reuniones. Tampoco respondieron a las preguntas de la prensa.

Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos abordaron “las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”.

Asimismo, Rubio instó a su homólogo venezolano “a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”.

En declaraciones al canal NTN24, Blanco dijo que ambos países tienen ahora “muchas coincidencias” y que quieren que “los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos”.

Blanco fue nombrado canciller el pasado jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

La reunión se produjo después de que Rodríguez anunciara el pasado jueves que el país celebrará “todas” las elecciones que la Constitución establece, aunque sin precisar fecha.

La cita también tuvo lugar después de que la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresara a Venezuela el pasado 25 de octubre, tras casi un año en el exterior, durante el cual ha exigido reiteradamente la convocatoria de elecciones.

(Con información de EFE)

El diputado opositor Henrique Capriles criticó este lunes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya decretado de forma anticipada el inicio de la Navidad este domingo en el país, mientras que hay varios estados donde se reportan fallas del servicio eléctrico de hasta “ocho horas o más”.

En una publicación en la red social X, el también dos veces candidato a la Presidencia afirmó que Rodríguez sigue “los pasos” del dictador depuesto Nicolás Maduro, quien solía decretar la Navidad antes de la fecha prevista cuando era mandatario.

“Los venezolanos sin duda queremos vivir la Navidad con felicidad y alegría. Y este tiempo nos ratifica la necesidad de un cambio real con salarios que alcancen, servicios públicos que funcionen y con un gobierno que respete a su gente. No más las burlas de tantos años”, subrayó Capriles.

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente el domingo las anticipadas navidades, marcadas este año por la ausencia de Maduro y los efectos del doble terremoto del 24 de junio que afectó la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira.

Maduro decretó el “adelanto” de la Navidad en varias ocasiones desde que asumió el poder en 2013 y que coincidían con momentos de crisis en el país.

En 2025, hizo el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

Entretanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunieron este lunes en Washington por primera vez y hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a “elecciones libres” en el país sudamericano.

Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

Ambos dirigentes posaron ante los medios en la sede del Departamento de Estado mostrando un semblante serio y sin escenificar el apretón de manos habitual en este tipo de reuniones. Tampoco respondieron a las preguntas de la prensa.

Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos abordaron “las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”.

Asimismo, Rubio instó a su homólogo venezolano “a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”.

En declaraciones al canal NTN24, Blanco dijo que ambos países tienen ahora “muchas coincidencias” y que quieren que “los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos”.

(Con información de EFE)

La XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, contará con la presencia de 10 de los 22 líderes de los países que integran esta comunidad. Entre los ausentes estarán los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes serán representados por sus ministros de Exteriores, informó este martes el Gobierno español.

¿Quiénes asistirán a la cumbre?

Los países que acudirán al máximo nivel son:

• España
• Argentina
• Bolivia
• Chile
• Costa Rica
• Guatemala
• Honduras
• Portugal
• República Dominicana
• Andorra

Colombia, Ecuador y El Salvador enviarán a sus vicepresidentes, mientras que el resto de las naciones estarán representadas por sus ministros de Exteriores. El Ejecutivo español subraya que todos los países tendrán representación en el encuentro.

El rey Felipe VI recibió este martes en el Palacio Real al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien llegó a Madrid para participar en la reunión.

Por qué no irán Lula, Sheinbaum y Rodríguez

El Gobierno español remite a los propios países para explicar las ausencias, aunque destaca la buena relación con los tres. Según fuentes del Ejecutivo citadas por EFE, los motivos serían los siguientes:

• México: el Gobierno asegura que el país ha estado muy involucrado en la preparación de la cumbre. Recuerda además que Sheinbaum viaja poco al exterior y que debe desplazarse próximamente a China para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
• Brasil: las fuentes vinculan la ausencia de Lula con el momento postelectoral que vive el país y con el desgaste que los comicios provocaron en el mandatario.
• Venezuela: la inasistencia de Rodríguez se relaciona con la situación interna del país. Para viajar, necesitaba que España solicitara una exención por las sanciones de la Unión Europea, algo que, según las mismas fuentes, no habría sido un obstáculo.

Días atrás, la presidenta mexicana había dicho que aún evaluaba su asistencia por la coincidencia de varios compromisos internacionales, entre ellos APEC y el G20, según medios mexicanos.

El factor Milei

Entre los mandatarios presentes estará el presidente argentino, Javier Milei, quien vuelve a España tras la polémica por su viaje de hace dos semanas a Madrid, cuando llamó «impresentable dictador» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por ahora no hay previsto ningún encuentro entre ambos. En principio, Sánchez no tendrá una agenda amplia de reuniones bilaterales. Ante la posibilidad de que la relación entre ambos enrarezca el ambiente, el Gobierno recuerda que no es la primera vez que se sientan a la mesa presidentes con convicciones muy distintas.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró que los mandatarios que visitan Madrid esta semana, entre ellos Milei, respetan al jefe del Estado y a España.

Una comparación con Cuenca 2024

El Gobierno español contrasta la participación actual con la de la última cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024. En aquella cita solo participaron tres jefes de Estado: el rey, el presidente anfitrión Daniel Noboa y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Esa edición ya se había anunciado como un récord de ausencias desde que estos encuentros comenzaron en 1991.

Además de la escasa asistencia, tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final. El Ejecutivo español sostiene que su objetivo era relanzar este tipo de cumbres y lo da por conseguido.

Lema, resultados y otros asistentes

La cumbre se celebra bajo el lema «Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo». Será la cuarta que albergue España, tras las de Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

El Gobierno anticipa estos resultados concretos:

• Creación de la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil.
• Impulso de la alianza iberoamericana de inteligencia artificial.
• Adopción de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y de otra sobre cuidados y apoyo.
• Una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

El encuentro contará también con los países observadores, a los que este año se suman la India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe. Participarán igualmente el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió el lunes con el nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, para analizar la posibilidad de reincorporar a Venezuela al sistema financiero internacional y reactivar sectores estratégicos, en particular el energético, como parte del plan de Washington para la “estabilización, recuperación y transición” del país.

Según informó el Departamento del Tesoro, Bessent felicitó a Blanco por su nombramiento y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la recuperación económica venezolana y la reactivación de sectores estratégicos.

Entre las prioridades del encuentro figuraron el aumento de la producción energética y la reconexión del sector financiero venezolano con los mercados internacionales. El objetivo, según el Tesoro, es “restablecer la confianza, atraer inversiones y sentar las bases de una Venezuela más próspera”.

Por su parte, Blanco confirmó la reunión a través de su cuenta de X y señaló que ambos funcionarios conversaron sobre las condiciones para que Venezuela pueda acceder “a los organismos financieros multilaterales y oportunidades de cooperación económica binacional”.

La cita con Bessent tuvo lugar después de que el nuevo jefe de la diplomacia venezolana se reuniera también este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el primer encuentro entre los responsables de las relaciones exteriores de ambos países desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos.

Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, ambos funcionarios conversaron sobre “las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”. Rubio también instó a su homólogo venezolano “a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”.

Se trató del primer encuentro entre los responsables de la diplomacia de ambos países desde la captura de Nicolás Maduro a principios de este año y la posterior reanudación de los vínculos bilaterales. La reunión tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado, donde Rubio y Blanco posaron ante las cámaras junto a las banderas de sus respectivos países.

La presentación pública estuvo marcada por la ausencia del tradicional apretón de manos. Ambos mantuvieron expresiones serias durante la breve aparición y no respondieron las preguntas de los periodistas ni ofrecieron declaraciones conjuntas sobre los temas tratados.

En declaraciones al canal NTN24, Blanco describió el momento de las relaciones bilaterales como una etapa de coincidencias entre los dos gobiernos. El canciller aseguró que Washington y Caracas comparten objetivos relacionados con la recuperación económica y los cambios políticos en Venezuela.

La reunión se concretó apenas cuatro días después de que Delcy Rodríguez designara a Blanco al frente de la Cancillería, en reemplazo de Félix Plasencia. El cambio de autoridades diplomáticas coincidió con una serie de movimientos políticos relacionados con el proceso que Washington impulsa para reorganizar las instituciones venezolanas y establecer las condiciones para una nueva etapa electoral.

Antes de viajar a Estados Unidos, el nuevo canciller había expresado su disposición a profundizar los contactos bilaterales. El viernes mantuvo una reunión en Caracas con John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense, durante la cual ratificó la voluntad de su gobierno de mantener abiertos los canales de comunicación.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países”, escribió Blanco después de ese encuentro en su cuenta de X.

Barrett, por su parte, felicitó al funcionario por su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores y destacó el trabajo conjunto entre Washington y Caracas para implementar el programa de tres etapas promovido por Trump.

Al asumir sus nuevas responsabilidades, Blanco prometió una política exterior orientada a conseguir acuerdos y ampliar las oportunidades económicas. También defendió una diplomacia basada en el intercambio con distintos sectores y aseguró que buscaría obtener “resultados concretos” mediante el diálogo.

(Con información de EFE)

Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, ambos funcionarios conversaron sobre “las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”. Rubio también instó a su homólogo venezolano “a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”.

Se trató del primer encuentro entre los responsables de la diplomacia de ambos países desde la captura de Nicolás Maduro a principios de este año y la posterior reanudación de los vínculos bilaterales. La reunión tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado, donde Rubio y Blanco posaron ante las cámaras junto a las banderas de sus respectivos países.

La presentación pública estuvo marcada por la ausencia del tradicional apretón de manos. Ambos mantuvieron expresiones serias durante la breve aparición y no respondieron las preguntas de los periodistas ni ofrecieron declaraciones conjuntas sobre los temas tratados.

En declaraciones al canal NTN24, Blanco describió el momento de las relaciones bilaterales como una etapa de coincidencias entre los dos gobiernos. El canciller aseguró que Washington y Caracas comparten objetivos relacionados con la recuperación económica y los cambios políticos en Venezuela.

La reunión se concretó apenas cuatro días después de que Delcy Rodríguez designara a Blanco al frente de la Cancillería, en reemplazo de Félix Plasencia. El cambio de autoridades diplomáticas coincidió con una serie de movimientos políticos relacionados con el proceso que Washington impulsa para reorganizar las instituciones venezolanas y establecer las condiciones para una nueva etapa electoral.

Antes de viajar a Estados Unidos, el nuevo canciller había expresado su disposición a profundizar los contactos bilaterales. El viernes mantuvo una reunión en Caracas con John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense, durante la cual ratificó la voluntad de su gobierno de mantener abiertos los canales de comunicación.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países”, escribió Blanco después de ese encuentro en su cuenta de X.

Barrett, por su parte, felicitó al funcionario por su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores y destacó el trabajo conjunto entre Washington y Caracas para implementar el programa de tres etapas promovido por Trump.

Al asumir sus nuevas responsabilidades, Blanco prometió una política exterior orientada a conseguir acuerdos y ampliar las oportunidades económicas. También defendió una diplomacia basada en el intercambio con distintos sectores y aseguró que buscaría obtener “resultados concretos” mediante el diálogo.

La reunión entre Rubio y Blanco se desarrolló después de que Delcy Rodríguez anunciara el jueves pasado que Venezuela celebrará todas las elecciones previstas en su Constitución, aunque no estableció un calendario ni especificó cuándo se realizarán los comicios presidenciales.

Oliver Blanco llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores después de desempeñarse como viceministro para Europa y Norteamérica, cargo que ocupaba desde febrero. Su designación desplazó a Plasencia hacia la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia, desde donde gestionará la recuperación de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Reino Unido.

Delcy Rodríguez explicó que el ex canciller deberá concentrarse en las gestiones ante las autoridades británicas para recuperar los activos bloqueados en el Banco de Inglaterra. Las reservas, cuyo valor se estima en unos 2.000 millones de dólares, permanecen inmovilizadas desde hace años en medio de las disputas internacionales sobre quién tiene autoridad para disponer de los recursos venezolanos.

“Le dije que su primera tarea era instalarse en el Reino Unido hasta que recuperemos el oro que es de los venezolanos”, afirmó la jefa del chavismo al anunciar el nuevo destino de Plasencia.

La reorganización también incluyó otros movimientos dentro del servicio exterior. Marynna Saatdjian asumió el viceministerio para Europa y Norteamérica, mientras que Saúl Ameliach quedó al frente del área de Comercio Internacional.

Reorganización internacional

La administración Trump respalda un proceso de renovación de organismos fundamentales del Estado venezolano, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. La reorganización institucional forma parte del esquema de transición que Washington pretende impulsar durante los próximos meses.

La hoja de ruta contempla que Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y que, a partir de esa decisión, se abra un período de seis meses para convocar elecciones.

La reanudación de las relaciones diplomáticas también se desarrolla en paralelo con los contactos económicos. Washington cerró un acuerdo petrolero con las autoridades venezolanas.

La Cámara Federal habilitó a Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, a intervenir con una representación propia en la causa argentina contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad.

Con este fallo, los jueces permitieron la creación de una tercera querella a cargo de los abogados de la Gendarmería Nacional, que podrá abordar las circunstancias de su detención durante 448 días en Venezuela y sus posibles efectos sobre la fuerza de seguridad argentina.

El tribunal mantuvo la unificación de los restantes damnificados en dos grupos, dirigidos por los abogados Jovtis García y Farini Duggan. Sus representaciones tendrán enfoques distintos: una se concentrará principalmente en miembros de fuerzas de seguridad y militares, mientras que la otra apuntará a los máximos responsables de la estructura de poder venezolana.

En el caso de Gallo, fue privado de su libertad en Venezuela durante el gobierno de Maduro, pero los magistrados concluyeron que su situación tiene rasgos que la diferencian de las demás querellas ya reunidas. Entendieron que su condición de ciudadano argentino y funcionario de una fuerza de seguridad nacional impide, por el momento, incluir su caso entre las denuncias de otras víctimas.

La Cámara señaló que la investigación deberá concentrarse en su captura al ingresar a Venezuela, su traslado, su permanencia en el centro de detención Rodeo I, las condiciones de su encierro y el proceso al que fue sometido. También incluyó la posible actuación de funcionarios judiciales, penitenciarios, policiales, militares o de inteligencia venezolanos.

Los jueces advirtieron que la presunta utilización de la condición de Gallo como miembro de la Gendarmería Nacional Argentina podría haber comprometido el funcionamiento de la institución o de sus integrantes.

En el marco de su planteo, el gendarme Nahuel Gallo le había dicho a los jueces que él se considera víctima, después de que estuvo privado de su libertad en Venezuela, bajo el régimen del entonces Nicolás Maduro, que lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El fallo, firmado hace unas semanas y al que tuvo acceso Infobae en el contexto del anuncio del libro que se propone escribir Gallo contando su experiencia durante el cautiverio, consideró que los hechos bajo investigación fueron catalogados como graves violaciones a derechos humanos.

La causa contra Maduro

El expediente que tramita en nuestro país contra Nicolás Maduro incorporó en los últimos días una notificación desde Estados Unidos que definió la postergación del análisis del pedido de extradición formulado por la Justicia argentina.

El Departamento de Estado argumentó que Maduro actualmente está siendo juzgado en Nueva York, donde fiscales estadounidenses lo acusan de delitos con impacto en Estados Unidos: presunta conspiración de narcoterrorismo, envío de cocaína al país y delitos relacionados con armas.

La investigación local, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, sigue abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal. Maduro tiene una orden de captura internacional y fue convocado a indagatoria. También están imputados Diosdado Cabello y otros 14 funcionarios venezolanos.

Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa del excomandante Justo José Noguera Pietri. La querella pidió que se mantenga abierta la investigación.

Un profesor titular a dedicación exclusiva en una universidad autónoma venezolana con doctorado, obra publicada y unos 15 años de experiencia devenga un sueldo mensual equivalente a 59 centavos de dólar.

Ese es el salario más alto del escalafón de quienes prestan sus servicios a las principales casas de estudios de Venezuela, según el registro elaborado por Álvaro Muñoz, ingeniero informático y académico jubilado de la Universidad Simón Bolívar (USB).

“Así es como se valora la educación superior en este país”, se quejó en sus redes el economista Leonardo Vera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), máster en Economía en la Universidad Roosevelt de Chicago, Ph.D en Economía de la Universidad de East London, y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

El régimen chavista mantiene congelado el salario mínimo desde 2022, cuando lo fijó en 130 bolívares. Al cambio oficial, hoy representa 14 centavos de dólar, monto que se utiliza para calcular los pasivos laborales.

Pulverizado el salario mínimo, el Ejecutivo creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que alcanza los 240 dólares mensuales, pero no tiene incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.

Gremios y sindicatos rechazan lo que denominan la “bonificación del salario” y advierten que estos pagos no solo son insuficientes, en un país donde la canasta alimentaria familiar supera los 760 dólares, sino que se reparten de manera caótica y discrecional, pues no cubren a todos los trabajadores activos y jubilados.

Los profesores universitarios están en la vanguardia de las manifestaciones contra el gobierno interino de Delcy Rodríguez y el pasado 29 de octubre encabezaron una jornada de protesta nacional para exigir mejoras salariales. La Asociación de Profesores de la UCV señaló que su bono de fin de año no llegará ni a 10 dólares.

Comisiones

Tras los últimos ajustes aprobados por el Ejecutivo, las comisiones que cobran los bancos por mantener las cuentas sobrepasan el monto de la pensión, que se ubica en 130 bolívares. Por esa razón, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores solicitó la revisión de estas tarifas.

“Es inadmisible que, después de toda una vida de trabajo, nuestros mayores tengan que defenderse hasta de los bancos para disponer de sus propios ingresos”, expresaron ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Los afectados indicaron que “no basta con depositar una pensión o jubilación: hay que garantizar que sus beneficiarios puedan disponer de ella sin sufrir descuentos contrarios a la ley”.

Presuntos miembros de la Segunda Marquetalia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían tomado las instalaciones de una escuela de Fe y Alegría en el municipio minero de Cedeño del estado Bolívar, al sur de Venezuela.

“Docentes y familias han tenido que salir de la comunidad por razones de seguridad. Para los niños y niñas, la escuela dejó de ser un espacio seguro”, manifestó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización que se dedica a defender y promover los derechos de la población infantil.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha fijado posición sobre este hecho.

Trapani recordó que hace un año el Estado venezolano admitió que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC operaban en la zona de Los Pijiguaos, donde se registró el asalto contra la sede de Fe y Alegría.

En agosto pasado, voceros de la comunidad indígena denunciaron el secuestro y asesinato del dirigente local Julio Rodríguez por parte de hombres de las disidencias de las FARC, que además atacaron a los lugareños con drones y artefactos explosivos.

Medios locales reseñaron el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas en esta misma región, con el fin de combatir al ELN. El despliegue militar obligó a la evacuación de la empresa estatal CVG Bauxilum Los Pijiguaos, según los testimonios prácticamente paralizada por las amenazas de los criminales.

Sin respuesta

“Ese contexto permite dimensionar lo que ocurre hoy en La Batea y Punta Brava (pueblos indígenas del municipio Cedeño): presencia de hombres armados, controles sobre habitantes, amenazas, retenciones, salida de familias y docentes y afectación directa de una escuela”, señaló Trapani.

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) consideró importante subrayar que el Estado venezolano estaba al tanto de esta situación desde octubre de 2025, para indicar que “la protección de la niñez no comienza cuando la violencia entra en una escuela. También exige anticiparse para evitar que llegue hasta ella”.

“La respuesta no puede limitarse a retirar a los hombres armados del plantel. Hay que proteger a las familias y docentes, identificar a niños y adolescentes en riesgo, garantizar continuidad educativa, prevenir reclutamiento y explotación, atender a quienes han salido e investigar los hechos”, exigió Trapani.

Casi al mismo tiempo en que se registraba la incursión de las disidencias de las FARC en Bolívar, trascendió la versión extraoficial sobre un supuesto ataque ejecutado por la Fuerza Armada Nacional contra un presunto centro de acopio de drogas del ELN en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Las autoridades venezolanas tampoco han declarado al respecto.

Las autoridades de Venezuela inauguraron el domingo las celebraciones anticipadas de Navidad, marcadas este año por la ausencia del ex dictador Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos desde enero, y las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, que afectó el norte del país, especialmente el estado de La Guaira. La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, encabezó uno de los actos en el Paseo Los Próceres, cerca del complejo militar de Fuerte Tiuna, donde se celebró el concierto Venezuela Renace Fest.

“Este año 2026, ustedes saben que Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero llegó el 1 de noviembre y está todo el país encendiendo luces por la Navidad”, afirmó Rodríguez durante el acto.

La mandataria sostuvo que lo más importante de estas fiestas es el acompañamiento y el reencuentro con los seres queridos. “El abrazo de acompañamiento, para sanar heridas, para el reencuentro con los amigos y la familia”, expresó.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió actos similares en distintos puntos del país, entre ellos los estados de Trujillo, Zulia, Aragua y La Guaira, este último el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5.

El pasado 8 de octubre, Rodríguez anunció que las celebraciones navideñas comenzarían el 1 de noviembre. La tradición del adelanto de las fiestas fue instaurada por Maduro, quien permanece detenido en Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores.

Desde que asumió el poder en 2013, el dictador Nicolás Maduro decretó en varias ocasiones el inicio anticipado de la Navidad, en fechas que coincidieron con períodos de crisis en el país petrolero.

En 2025, el ex líder del régimen chavista anunció el adelanto de las fiestas en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe. La operación terminó el 3 de enero con la captura de Maduro y Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

A principios de octubre, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y Flores de conspiración para cometer torturas. El documento describe presuntos actos de tortura contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.

La nueva imputación se suma a los cargos que ambos enfrentan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

En ese contexto, el caso penal contra Maduro y Flores pasó el miércoles pasado a manos de la jueza federal Analisa Torres, después de la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, quien estuvo a cargo del expediente desde que Estados Unidos presentó la acusación original en marzo de 2020.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York incorporó una resolución para redistribuir los casos que estaban bajo responsabilidad de jueces que dejaron de ejercer por jubilación o fallecimiento. La medida incluyó el expediente contra el exdictador venezolano y su esposa, cuya tramitación continuará bajo la supervisión de Torres.

La reasignación ocurrió el mismo día de la muerte de Hellerstein, a los 92 años, por causas naturales. El magistrado, nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, integraba el Distrito Sur de Nueva York desde 1998, cuando fue designado por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Desde 2011 tenía la condición de juez sénior, una categoría que le permitió continuar con determinados expedientes con una carga de trabajo reducida.

Durante su trayectoria, Hellerstein intervino en procesos judiciales de alto perfil, entre ellos litigios por daños derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, causas contra ejecutivos del sector financiero y expedientes vinculados con antiguos funcionarios venezolanos, como Hugo “El Pollo” Carvajal.

El magistrado condujo el caso contra Maduro desde la presentación de los cargos por narcotráfico y otros delitos en marzo de 2020. Después de la captura del dirigente venezolano y su traslado a territorio estadounidense en enero de 2026, presidió la primera comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal federal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables de los cargos que les imputaron las autoridades estadounidenses.

Una acusación ampliada incorporó a Flores al proceso y mantuvo las imputaciones contra Maduro. El expediente incluye cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos relacionados con armas y torturas.

El juicio contra Maduro y Flores quedó programado para el 14 de junio de 2027. Antes de su muerte, Hellerstein debía resolver varios planteos de las defensas, entre ellos una solicitud para desestimar la acusación con el argumento de la inmunidad soberana.

(Con información de EFE)

Un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un presunto centro de acopio de drogas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el estado Apure, habría dejado al menos una veintena de muertos, entre ellos una mujer y un piloto, según fuentes le confirmaron a Infobae. El Ministerio de la Defensa no ha ofrecido una versión oficial sobre la operación ni sobre el número de víctimas. Algunos de los guerrilleros caídos tenían cédulas de identidad venezolana, Carné de la Patria y licencia de conducir.

La operación se ha ejecutado, desde el jueves 29 de octubre 2026, entre Buena Vista del Meta y Guafilla, una localidad rural de la parroquia Codazzi, municipio Pedro Camejo, al sur de Apure y en la zona fronteriza con Colombia.

Según fuentes, en conversación con Infobae, el ataque contra la instalación guerrillera, comenzó con drones que destruyeron aeronaves atribuidas al ELN, camufladas entre la vegetación.

En la zona del Meta se encuentra la Base de Protección Fronteriza Buena Vista del Meta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), utilizada para el control fluvial y fronterizo.

Víctimas identificadas

Entre los fallecidos por el ataque hay una mujer de 62 años, quien se presume era esposa de uno de los elenos; ella respondía al nombre de Olinda Moraima Camacho de Solórzano. También fueron mencionados, Juan Carlos Guerrero Márquez, Nelson Magallanes, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Bruzual.

La lista incluye a Luis Alexander Solórzano Camacho de 40 años y quien tenía un antecedente judicial por violencia contra la mujer; y a Jesús Javier Bruzual Carrero, del municipio Guaicaipuro de Los Teques y que en diciembre hubiese cumplido 53 años.

Buena Vista del Meta es un lugar cercano al río Meta, afluente del río Orinoco y forma parte de las Sabanas del Meta, un punto estratégico hacia el Vichada y el Guainía; desde ahí en embarcación por el río se llega a Puerto Carreño en pocos minutos.

Los cuerpos de nueve de las personas fallecidas en la operación fueron trasladados a la morgue del cementerio “Luis Herrera”, en San Fernando de Apure, según fuentes de la zona le confirmaron a Infobae. Este sábado 31 de octubre, los funcionarios recibieron órdenes de sepultarlos en el municipio Esteros de Camaguán, al sur del estado Guárico.

Frontera militarizada

El ataque ocurre en un contexto de fuerte presencia militar en distintas zonas de Apure. Además de poblaciones del municipio Pedro Camejo, el despliegue se ha mantenido desde hace varios días en el municipio Páez, cuya capital es Guasdualito, con efectivos, motos y vehículos de alta cilindrada en puntos de control fijos e itinerantes.

En Guasdualito se registraron recientemente dos ataques armados. El 20 de octubre de 2026, el comerciante araucano Joel Vargas fue baleado en la avenida Santa Rita. Tenía un negocio en la avenida Miranda de esa localidad venezolana y una empresa en Arauca, Colombia.

Una semana después, varios hombres interceptaron y dispararon contra Cleiver Carvajal, de 26 años, en la calle Cedeño con Arismendi. El joven era oriundo de El Nula, parroquia San Camilo, municipio Páez.

EEUU y la guerrilla

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaría respondiendo al interés que la administración de Estados Unidos ha manifestado sobre enfrentar a los grupos irregulares de Colombia, como lo manifestó Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, en septiembre 2026 durante su visita a Colombia.

Rubio sostuvo que el gobierno de Donald Trump le había dicho al gobierno interino de Delcy Eloína Rodríguez Gómez sobre los campamentos que el ELN y otros grupos irregulares tenían en territorio venezolano. “Eso hay que solucionarlo. Se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países”, dijo Rubio.

La presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano se acentuó con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder, especialmente con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Bajo el gobierno de Nicolás Maduro Moros, las FARC disminuyó su presencia luego del Acuerdo de Paz, aunque las disidencias y la Segunda Marquetalia retomaron sus acciones, pero con menos fuerza.

La guerrilla que sí se consolidó con mayor poder de hombres, control de territorio, armas y recursos económicos, fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a quien el régimen de Maduro, incluyendo parte de la Fuerza Armada y el alto mando político del partido de gobierno la potenciaron.

Ese eje fronterizo al sur de Venezuela, incluyendo todas las poblaciones en la franja fronteriza de Apure con Colombia ha tenido presencia e influencia del ELN desde hace años. Después de la guerra del Ejército con las disidencias de las FARC en el 2021, el ELN tomó mayor fuerza en el estado Apure.

Aeronaves del Sebin

Hace dos semanas, sistemas de rastreo como Flightradar24, evidenciaron que dos aviones militares de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos sobrevolaron, entre el 16 y 18 de octubre, la zona fronteriza al sur de Venezuela, específicamente entre Táchira y Amazonas, estados vecinos de Apure. Aunque los aviones modelo C-146A Wolfhound, no son para operaciones ofensivas sino para logística y reconocimiento, tienen capacidad para discretamente transportar y extraer a comandos de élite.

Durante la semana en curso hubo movilizaciones militares a la zona fronteriza venezolana y el 28 de octubre 2026, según fuentes confirmaron a Infobae, salieron para el estado Apure dos aeronaves Cessna 208 Grand Caravan siglas YV-1188 y YV-2355 a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). También dos helicópteros que han sobrevolado el cajón del Arauca.

Durante tres días no se sabe de ninguna operación del SEBIN en la zona, por lo que se espera que el traslado de detenidos, pero también de heridos o de apoyo a organizaciones en la región. No hay ningún reporte de que el Ssebin haya participado en la operación llevada a cabo por la Fuerza Armada en Buena Vista del Meta.

Un hacendado en la zona le confirma a Infobae que hay un avión instalado en una finca de la frontera. Además, hay dos helicópteros recién adquiridos por el SEBIN, que están haciendo operaciones de sobrevuelo en la zona.

El avión que está en resguardo en la finca se trata de la aeronave que el régimen venezolano le incautó al empresario Franklin Durán, quien fue detenido en mayo 2020 y acusado de financiar la Operación Gedeón. Anteriormente Durán pagó tres años de prisión en Estados Unidos por el caso de los 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson, que llegó a Argentina en el 2007 con el maletín de dólares en efectivo. Luego declaró que el dinero la colaboración para la campaña electoral de Cristina de Kirchner.

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Caraz fijó para el 20 de noviembre la audiencia de prisión preventiva contra el venezolano Adrián Solís Ruiz, identificado por la Fiscalía como el organizador del asesinato de la comunicadora y excandidata regional Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”.

El investigado permanece recluido en Venezuela, adonde había huido tras el crimen y donde sobrevivió a un accidente de tránsito en el que fallecieron su pareja y la hija de ambos.

Según la resolución judicial a la que accedió Infobae, Solís Ruiz fue detenido en flagrancia en el estado de Guárico y permanece detenido en la Delegación Municipal de Calabozo, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Debido a que no se encuentra en Perú, el juzgado dispuso que la notificación se realice mediante exhorto consular dirigido al Consulado General del Perú en Venezuela. De forma paralela, y en atención a la gravedad del delito, el juzgado ordenó remitir la cédula de notificación de manera directa al comisario a cargo de la dependencia policial donde permanece recluido Adrián Solís, con el fin de acelerar el emplazamiento.

El Juzgado también estableció que Solís Ruiz deberá ratificar o designar formalmente a su abogado defensor en un plazo de 48 horas desde la notificación, bajo advertencia de que se le asigne un defensor público de oficio para garantizar su derecho a la defensa.

El crimen

Aponte Polo fue baleada el sábado 19 de septiembre de 2026 mientras recorría el mercado de Caraz junto a simpatizantes, en la avenida Ramón Castilla. Una bala le impactó en la cabeza y cinco personas que la acompañaban, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas.

El ataque fue captado en una transmisión en vivo que realizaba un periodista local, en la que se escuchan los disparos y se observa la caída de la candidata y de quienes la rodeaban. El sicario, identificado como Luis Iván Obispo Díaz, fue capturado minutos después con una pistola Glock de 9 milímetros que había sido reportada como robada a un policía en 2023.

Durante los interrogatorios, Obispo Díaz declaró que fue contactado mediante una mujer peruana conocida como “La Gocha” y que Solís Ruiz le ofreció 15 mil soles por asesinar a Aponte Polo. “Una feria buena es más de 10.000, 15.000 soles, por eso lo hago”, afirmó el sicario.

Según la investigación fiscal, Solís Ruiz habría dirigido al grupo que se hospedó en un hotel de Caraz desde el 15 de septiembre para vigilar y seguir a la candidata antes del ataque. Las cámaras del establecimiento también registraron a su pareja, Alexandra Toro Montezuma, al propio Obispo Díaz y a un cuarto sujeto conocido como “Morocho”. Ronald José Toro Ardila, hermanastro de Toro Montezuma, habría cubierto desde Lima los gastos de traslado, hospedaje, alimentación y chips telefónicos del grupo.

Tras la captura inmediata de Obispo Díaz, Solís Ruiz y Toro Montezuma salieron de Perú rumbo a Venezuela. El jueves 1 de octubre, el bus en el que viajaban junto a la hija de ambos, de 4 años, chocó contra un separador vial y volcó en la autopista General José Antonio Páez, cerca del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare, estado Portuguesa. Toro Montezuma y la menor murieron en el lugar, mientras que Solís Ruiz sobrevivió con heridas graves.

En el manifiesto de pasajeros, que contabilizaba 35 personas a bordo, Solís Ruiz figuraba bajo el nombre de Adrián Solís, de 23 años, y Toro Montezuma como B’Angel Toro.

Cabe precisar que Luis Obispo Díaz ya se encuentra en prisión preventiva, así como el presunto financista Ronald José Toro Ardila.

En la práctica, el fallo significa que la orden judicial favorable a los beneficiarios —bloqueada por la Corte Suprema desde octubre de 2025— volvería a tener efecto a partir del 6 de noviembre, fecha en que vence esa suspensión. La decisión no cierra el litigio ni garantiza el regreso de las protecciones: si el Gobierno apela y el máximo tribunal accede a intervenir antes de esa fecha, la suspensión podría extenderse nuevamente, según advirtió la National TPS Alliance (Alianza Nacional TPS).

Qué resolvió la Corte de Apelaciones sobre el TPS para venezolanos

Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone firmaron la decisión en el caso 25-5724. El tribunal no solo negó la solicitud principal del Gobierno para prolongar la suspensión, sino que también rechazó su petición alternativa de una pausa administrativa de al menos 21 días y anunció que fijará un calendario acelerado para examinar el fondo del litigio.

El fallo no representa una decisión definitiva sobre el fondo del caso. La abogada de inmigración Khatia Quiros explicó a Noticias Telemundo que el Noveno Circuito concluyó que, aun bajo los criterios fijados por la Corte Suprema, la forma en que se canceló el TPS venezolano constituyó un error. “No es una decisión final porque la Corte Suprema podría volver a extender la suspensión”, subrayó.

Por qué cuestionan las decisiones de Kristi Noem sobre el TPS venezolano

El origen del litigio se remonta a una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS contra la administración federal. Un tribunal de distrito del Norte de California determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se extralimitó en sus facultades al anular una prórroga del TPS otorgada a Venezuela y, en su lugar, poner fin a la designación de ese país.

En vez de extender el beneficio —que protege de la deportación a los inmigrantes y les otorga permisos de trabajo—, Noem terminó la designación, según recogió la agencia EFE.

Qué es el TPS y a cuántos venezolanos afecta

El TPS es un programa migratorio creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. Cuando está vigente, impide las deportaciones y autoriza a sus beneficiarios a trabajar legalmente en el país. La designación puede ser otorgada y revocada por la secretaria de Seguridad Nacional.

Según datos del DHS de junio de 2026, hay 627.750 beneficiarios venezolanos del programa. De restablecerse el TPS el 6 de noviembre, las protecciones cubrirían a quienes estaban amparados bajo la designación de 2023, así como a los venezolanos con TPS bajo la designación de 2021 que solicitaron extender su estatus conforme a la prórroga del 17 de enero de 2025.

Qué puede ocurrir el 6 de noviembre con el TPS de Venezuela

La suspensión que ahora expira fue impuesta por la Corte Suprema en octubre de 2025, cuando el máximo tribunal bloqueó —sin dar explicaciones, a través del mecanismo conocido como shadow docket o lista de sombra— la sentencia del tribunal de distrito que había declarado ilegales las decisiones de Noem.

El abogado de inmigración José Guerrero advirtió que persisten dudas sobre la duración de las protecciones, incluso si se restauran. “Por ley, si el gobierno no anuncia 60 días antes una terminación, entonces se restablece automáticamente, pero no está claro si eso comenzó desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre”, explicó a Telemundo 51. “No hay TPS todavía y hay que esperar al 6 de noviembre para ver si el gobierno apela”, concluyó.

Por qué el caso del TPS venezolano todavía no está resuelto

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema aplicó el precedente Mullin v. Doe —resuelto en junio de ese año con una votación de seis a tres— al caso venezolano, anuló la sentencia favorable del Noveno Circuito y devolvió el expediente para su reconsideración. Ese mismo día, el Gobierno solicitó al Noveno Circuito que mantuviera la suspensión; el tribunal lo rechazó este viernes.

La Alianza Nacional TPS resumió el alcance del fallo: “A menos que la Corte Suprema intervenga, el TPS para Venezuela será restablecido el 6 de noviembre”, mientras el litigio continúa. Entre las pruebas presentadas ante el tribunal figuran declaraciones de beneficiarios afectados, como la de Carlos Sánchez Villa, un venezolano deportado a Liberia tras perder el amparo. “Fue como algo sacado de una película de terror; pero, lamentablemente, para mí fue real”, declaró, según recogió EFE.

Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Miñana Family Center for Immigration Law and Policy (Centro de Derecho y Política de Inmigración Miñana) de la Universidad de California Los Ángeles, indicó que esperan que la administración “reconozca su error” y, de no ser así, “que la Corte Suprema defienda el estado de derecho manteniendo intacta” la decisión del tribunal de distrito.

Quiénes podrían recuperar la protección migratoria en Estados Unidos

Los beneficiarios venezolanos del TPS deben seguir con atención la evolución judicial en los próximos días. Antes del 6 de noviembre, la Corte Suprema tiene margen para volver a suspender la orden si el Gobierno presenta una nueva apelación de emergencia.

Incluso si las protecciones se restablecen en esa fecha, el litigio continuará y su resultado final sigue abierto. Los abogados del caso y las organizaciones de defensa recomiendan verificar los anuncios oficiales del DHS y consultar a un abogado de inmigración acreditado antes de tomar decisiones sobre empleo, viajes internacionales o cualquier otro trámite migratorio.

La delegación de la oposición que participa en el proceso de negociación con el chavismo, celebró las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, quien este lunes 26 de octubre destacó la importancia de avanzar en las reformas institucionales antes de convocar elecciones.

“El pronunciamiento del Departamento de Estado reafirma la importancia de transformar el Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela necesita una justicia independiente, al servicio de la Constitución y sin venganza”, subrayó Juan Miguel Matheus, miembro del equipo opositor que se encarga del tema judicial en las conversaciones con el oficialismo.

En el marco del diálogo auspiciado por Estados Unidos, las partes acordaron trabajar por la “transformación del sistema de justicia”, lo que pasa por la renovación total del Tribunal Supremo. De acuerdo con el cronograma publicado por el Comité de Postulaciones Judiciales, los nuevos miembros de la cúpula del Poder Judicial serán designados el 11 de diciembre de 2026.

La líder opositora María Corina Machado exige que se fije cuanto antes la fecha de las elecciones presidenciales, llegando a proponer que los comicios se celebren en julio de 2027. El Departamento de Estado ha evitado referirse a ese “día D”, enfatizando que la prioridad es sentar las bases institucionales para construir una democracia sólida en el país.

Sin venganza

“Los avances de la mesa de conversaciones abren una oportunidad histórica para recuperar la independencia judicial”, afirmó Matheus, quien en sintonía con Rubio enfatizó “la importancia de transformar el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar una democracia duradera”.

El diputado de la Asamblea Nacional 2015 recalcó que “Venezuela necesita un TSJ libre, independiente y al servicio de la Constitución”.

“Un tribunal que garantice los derechos de todos, haga justicia sin venganza y contribuya a la reconciliación nacional. La confianza en la justicia será fundamental para reconstruir el país”, indicó el experto en Derecho Constitucional.

El régimen chavista ha utilizado al TSJ para perseguir y anular a la disidencia. Controlado totalmente por el oficialismo, el máximo juzgado avaló en 2024 la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales de ese año, sin mostrar jamás las actas de escrutinio.

Matheus llamó a “todos los venezolanos honestos, capaces y comprometidos con el Estado de Derecho que cumplan los requisitos constitucionales a postularse como magistrados”. La cúpula del Poder Judicial está conformada por 32 magistrados con sus respectivos suplentes.

“Hay razones para la esperanza. ¡La justicia puede volver a ser de todos!”, exclamó el representante opositor tras el nuevo espaldarazo dado por Rubio al proceso de negociación.

Hace poco más de una semana, Oliver Blanco publicaba en su cuenta en Instagram fotos de toga y birrete para anunciar que había culminado un máster de Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad Metropolitana de Caracas.

Hoy comparte un video con flux y corbata para celebrar que ha alcanzado el título más relevante de su corta carrera política: el cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

Blanco, de 35 años, dio un giro sorprendente para protagonizar un ascenso trepidante. El 23 de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo sumó a su gestión como viceministro para Europa y América del Norte. El nombramiento sacudió a la opinión pública, pues el flamante funcionario provenía de las filas de la oposición.

En el pasado fue dirigente juvenil de Acción Democrática (AD) y posteriormente formó parte del equipo de comunicaciones del líder del Parlamento en 2016, Henry Ramos Allup, secretario general de ese partido. Cuatro años antes se desempeñó como jefe de campaña del precandidato presidencial Diego Arria, quien participó en las primarias de la oposición y destacó por sus posiciones radicales contra el chavismo.

En medio de la persecución contra la disidencia que desató Nicolás Maduro, Blanco abandonó el país por unos meses. Así evitó correr la suerte de su amigo y compañero de partido Alejandro Puglia, quien estuvo preso durante 55 días en 2016. En estos momentos Puglia ocupa la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva, organismo que dirigió el exministro Alex Saab, presunto testaferro de Maduro que fue entregado por Delcy Rodríguez a Estados Unidos.

Con apoyo

En su condición de viceministro para Europa y América del Norte, se convirtió en un factor clave de la nueva relación diplomática entre Caracas y Washington. Algunos observadores creen que su buen trato con los norteamericanos le ha servido como credencial para alcanzar en tiempo récord la cúspide de la Cancillería venezolana.

El nombramiento de Blanco fue aplaudido por la abogada Rocío San Miguel, quien fue presa política del régimen chavista. “Te deseo sabiduría y templanza en una responsabilidad que exige representar a todos los venezolanos, sin distingo, y contribuir desde la política exterior a la seguridad, los derechos humanos y el diálogo democrático”, escribió en X San Miguel.

El activista de la comunidad LGBTIQ+ Yendri Velásquez, aún exiliado en Colombia, subrayó que el titular de Relaciones Exteriores “sería el funcionario abiertamente LGBTIQ+ que ha ocupado el cargo de mayor jerarquía en la historia del país”. Aunque no ha hecho de este tema parte de su agenda y su discurso, Blanco es pareja de Luis Farías, quien llegó a la presidencia de la Cruz Roja Venezolana luego de que el régimen de Maduro interviniera a esa institución.

Velásquez destacó que este hecho “podría abrir una oportunidad importante para generar cambios sobre igualdad en medio de este contexto político”.

La promesa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de decretar cuatro aumentos del “ingreso de los trabajadores” en 2027 según el “crecimiento económico” que registre el país de forma trimestral, ha sido cuestionado por economistas que advierten que la medida no toma en cuenta el impacto de la inflación en los bolsillos de los venezolanos.

“Quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, manifestó Rodríguez en un mensaje grabado que difundió minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado ofreciera su primera rueda de prensa tras regresar a Venezuela el domingo 25 de octubre.

El economista José Guerra consideró que el planteamiento de la mandataria interina “es un error”. “Si el ajuste se hace con el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real, el incremento del ingreso laboral máximo podría ser 10% debido a que el PIB real excluye la inflación”, explicó el exdiputado opositor.

Guerra considera que “sería mejor aplicar un aumento del salario según el comportamiento de la inflación, así se preserva o pudiese aumentar el poder adquisitivo si se desacelera la inflación”.

“Para gobernar un país no hay que saberlo todo, pero sí vale rodearse de gente competente. ¿Cómo van a anunciar que los aumentos salariales de 2027 serán al menos mayores al crecimiento del PIB real? Eso es solo concebible si la inflación esperada es cero”, cuestionó el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Leonardo Vera.

Imprecisiones

Después de pasar 13 años incumpliendo el artículo 320 de la Constitución, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Venezuela (BCV) firmaron el Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027.

“El Acuerdo Anual constituye un pilar fundamental para consolidar el desarrollo y la estabilidad económica, enfocándose en la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar la meta de que la economía crezca entre 6% y 10% anual, mantener la tendencia hacia la estabilización de precios en el mediano plazo, y en este proceso alcanzar una tasa de inflación de dos dígitos anuales para el 2027”, resume un boletín de prensa del BCV.

Guerra señala que el texto que establece los objetivos de la política económica nacional está lleno de imprecisiones. Cita el caso de la meta inflacionaria de dos dígitos; es decir, que puede ubicarse entre 10% y 99%. La inflación acumulada hasta septiembre de este año supera 225%.

El documento recoge el compromiso del Ejecutivo de aplicar una política fiscal, “continuando los esfuerzos por el rescate de la consistencia intertemporal de las finanzas públicas”. Guerra alerta que las autoridades “no precisan qué significa eso y no dicen que hay que cortar el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de la compra de pagarés del BCV a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es una forma de crear dinero de la nada”.

Mientras Delcy Rodríguez transmitía su mensaje, gremios y sindicatos protagonizaban una jornada de protesta nacional exigiendo respuestas inmediatas a sus demandas de mejoras salariales.

Imposible

En otro pasaje de su discurso, la presidenta encargada recordó que ha “instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios”, y subrayó: “La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por nuestra Constitución”.

La iniciativa de Rodríguez abre el camino a un proceso de privatizaciones y representa toda una enmienda a la política de intervenciones, controles y expropiaciones que ejecutó el régimen chavista durante décadas.

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que según sus cálculos alcanzaría los 162 mil millones de dólares.

“Las sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones le dieron una muy negativa señal al mundo de que en Venezuela no se respetaban los derechos de propiedad y ese ‘terrible cóctel’ macroeconómico generó un terrible colapso económico, social humanitario y migratorio”, indicó José Manuel Puente, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Puente subrayó que “sin cambio político, no habrá cambio económico”. “Tuviste una economía durante 27 años con controles sobre precios, cambio, tasas de interés y mercado laboral. Los mismos que destruyeron el país, no tienen la credibilidad y competencia para reconstruirlo”, espetó.

La familia de Ricardo Rafael Castillo Garriga, ex administrador de la Gobernación del estado Apure, solicita la revisión de la condena de cinco años y seis meses de prisión que cumple por apropiación o distracción de patrimonio público y agavillamiento. El caso está relacionado con la desaparición de una caja fuerte en la que habría 120 mil dólares para la reparación en un puente, aunque otras fuentes estiman que el dinero provenía de lo recaudado en una estación de servicio manejada por la Gobernación de Apure.

Nunca hubo explicación por parte de la administración del entonces gobernador Eduardo Piñate de por qué se guardaba tal cantidad de efectivo en una caja fuerte de la gobernación ni de dónde provenía el dinero; tampoco hubo respuesta qué pasó con todo el aparato de seguridad que hay en la sede de la Gobernación para que desapareciera la caja fuerte y todo su contenido.

Ana Beatriz Laya Flores, esposa de Ricardo Castillo dijo, en conversación con Infobae, que el 26 de junio 2023 Castillo advirtió que la caja fuerte había desaparecido de su oficina, por lo que intentó comunicarse con su superior, la secretaria ejecutiva de la Gobernación, pero no obtuvo respuesta, por lo que hizo la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Mientras se encontraba activando la investigación, Castillo habría recibido instrucciones de regresar a su oficina, con el mensaje de que la situación se resolvería. Al llegar, relata Laya, a su esposo lo esperaban funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo retienen bajo investigación. La denuncia que había realizado ante el CICPC fue desestimada.

Sostiene que su esposo permaneció varios días sin acceso a un juez ni a sus abogados, hasta la presentación judicial, el 01 de julio 2023, en la que le dictaron privación de libertad. En ese caso también fue detenido Miguel Eduardo Mirabal Díaz, asistente y persona de confianza de Castillo; los dos admitieron los hechos presuntamente bajo presión, porque el proceso habría estado marcado por decisiones políticas y las nulidades promovidas por sus abogados fueron desestimadas.

La causa, identificada con el número 2G-00667-2026, se encuentra en el Tribunal Segundo de Ejecución de San Fernando de Apure, a cargo de la jueza Fanny Córdova. Castillo permanece recluido en el centro penitenciario “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

La admisión de los hechos se habría producido en un contexto de indefensión y presión, porque la jueza les hizo advertencias de que el juicio sería largo, que no podrían ganar frente al Gobierno y que se exponían a una pena de al menos quince años, frente a cinco años si admitían los cargos.

La familia de Castillo sostiene que los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público y agavillamiento tenían el fin de cerrar un caso que políticamente incomodaba a las autoridades apureñas, cuando el gobernador del fronterizo estado Apure era Germán Eduardo Piñate Rodríguez, uno de los hombres de más confianza de Nicolás Maduro Moros.

Presión política

La esposa describe lo ocurrido como una “criminalización por entorno” y considera que las autoridades regionales buscaban mostrar resultados rápidos ante la opinión pública, por lo que Castillo fue utilizado como chivo expiatorio para responder a las fallas de seguridad que habrían permitido la desaparición de la caja fuerte.

Laya Flores cuestiona la imputación por agavillamiento y afirma que la inclusión de Mirabal en la causa sirvió para sustentar ese delito. Sostiene, que las experticias de los teléfonos de ambos, realizadas por la DGCIM, no arrojaron hallazgos incriminatorios.

La familiar asegura haber leído el expediente y denuncia que el proceso se manejó como un caso político, sosteniendo que representantes judiciales, abogados y personas con influencia política, a quienes pidió ayuda, le indicaron que existía una orden de mantenerlos presos. Laya critica que no se profundizara en la investigación del robo ni en la actuación de quienes tenían responsabilidades de vigilancia.

Entre sus argumentos, señala que Castillo conocía la clave de la caja fuerte y pregunta por qué habría extraído la caja completa si simplemente podía acceder a su contenido. Quizá lo más suspicaz es saber qué pasó con la seguridad porque la sede de la Gobernación contaba con vigilancia permanente y presencia policial.

Recuerda que en ese momento había un contexto de mucha actividad por las protestas. Por ello considera inexplicable que las cámaras dejaron de funcionar en los días relacionados con la desaparición de la caja fuerte. Para la familia, el hecho de que Castillo denunciara el robo es un elemento relevante que debería valorarse al revisar la causa.

Los días previos

La familia identifica varios episodios relevantes para reconstruir lo sucedido y de los que advierten no fueron considerados con le valor apropiado en la investigación.

El 19 de junio de 2023 unas imágenes mostraban a Castillo saliendo por la puerta principal junto a Mirabal con una bolsa de alimentos procedente de un “susu”, una modalidad de aporte colectivo. Laya asevera que existen fotografías de la entrega de esa bolsa, que Castillo regaló a su suegra y que sus sobrinos recogieron esa tarde. La esposa cuestiona que esa salida se utilizara como base de la acusación y puntualiza que para ese momento las cámaras todavía funcionaban. Menciona un viaje a Caracas con motivo del Día del Padre y el regreso sin que Castillo advirtiera anomalías.

El 23 de junio de 2023 Castillo, según la esposa, tenía preparada el acta para entregar el cargo de administrador, pero su sustituto habría aplazado la recepción argumentando “compromisos en Caracas”.

Al día siguiente, 24 de junio 2023, Castillo abrió o manipuló la caja fuerte en presencia de un testigo que aseguró haber visto el dinero en su interior; ocurrió mientras entregaba una cantidad de dinero para la compra de una motocicleta.

El 25 de junio 2023. Laya Flores afirma que su esposo no trabajó ese día y que permaneció con ella durante la tarde y la noche, cuando hicieron pedidos de comida a domicilio sin salir de casa. Añade que la secretaria ejecutiva y la directora del despacho mantuvieron contactos con él desde la mañana, supuestamente para ofrecerle otro cargo y proponerle un encuentro para tomar güisqui. La esposa considera que los registros telefónicos podrían ayudar a esclarecer esas comunicaciones.

Fue el 26 de junio de 2023, según relata, cuando su esposo descubre la desaparición de la caja fuerte, va a denunciar ante el CICPC y el inicio de su retención por parte de la DGCIM. La esposa atribuye a ese día que las cámaras dejaran de funcionar.

Presuntamente funcionarios de los cuerpos policiales habrían comentado posteriormente cómo habría ocurrido el robo y reconocido informalmente que los detenidos resultaron perjudicados.

Petición de revisión

Laya vincula el caso de la Caja Fuerte de Apure con otros que califica de “falsos positivos” en Apure. Señala la intervención del mismo organismo de investigación y del mismo fiscal, e identifica a Vanessa Zelle, secretaria ejecutiva, como denunciante.

Según su versión, dos administradores fueron encarcelados durante la misma gestión: atribuye uno de los casos a una relación sentimental con el gobernador y el otro a una negativa a participar en actos de corrupción.

La familia de Castillo señala un tiempo de cumplimiento físico de más de tres años, además de cuatro meses de redenciones que estarían validadas y certificadas. Con base en ese cómputo, Castillo habría cumplido más de la mitad de la pena. Su esposa refiere que dispone de valoración psicosocial, evaluación conductual, antecedentes penales y carta de buena conducta.

Laya Flores hace alusión a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de 2026, por la que pedían que el caso fuera examinado como una presunta persecución política selectiva.

La esposa solicita la revisión del expediente, la anulación de la condena y la restitución del buen nombre de Castillo. Pide justicia y libertad plena para su esposo y para Miguel Mirabal, cuyas familias han sufrido el impacto de la reclusión por lo que desean recuperar la paz familiar.

El recién nombrado canciller de Venezuela, Oliver Blanco, prometió este jueves abrir caminos a través de una diplomacia que produzca “resultados concretos”, promueva el “diálogo respetuoso” y genere nuevas oportunidades de inversión y desarrollo del país.

“Estamos aquí para servir y escuchar a todos, a quienes comparten nuestras ideas y a quienes tienen visiones diferentes. Queremos un servicio exterior que represente a todos los venezolanos”, indicó Blanco en un video publicado en su cuenta de X.

Así mismo, el nuevo jefe de la diplomacia venezolana abogó por un servicio exterior comprometido con el “respeto a todas las voces, sin exclusiones ni discriminación”, y manifestó estar “orgulloso” de acompañar el “proceso de transformación democrático” liderado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Blanco, quien era viceministro para Europa y Norteamérica desde febrero de este año, sustituye a Félix Plasencia, quien fue nombrado canciller en julio pasado y pasará a ser el director de Asuntos Internacionales de la Presidencia con la tarea de recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, según dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

En febrero, cuando lo nombraron viceministro, Blanco aseguró que no milita en el partido de Gobierno y abogó entonces por una política exterior “firme” en lo que consideró una nueva etapa de relacionamiento internacional para el país.

Los anuncios de Rodríguez se dan en el marco de la presión política por elecciones presidenciales y el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, quien dijo hoy que la transición democrática en el país “es irreversible”.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación institucional de organismos clave en Venezuela, como el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la Presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, afirmó este jueves en su primera rueda de prensa en el país suramericano tras su regreso el pasado fin de semana que la transición política es “irreversible”, al tiempo que apostó por el éxito del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

Machado fue recibida en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) por cientos de estudiantes que se aglomeraron a las afueras del Aula Magna, donde la esperaban los medios de comunicación, autoridades del centro académico y dirigentes políticos de su partido Vente Venezuela (VV), así como de otras organizaciones.

En varias oportunidades, los estudiantes gritaban consignas en apoyo a que la líder opositora sea la próxima presidenta de Venezuela.

Antes de comenzar la conferencia de prensa, la exdiputada recibió un reconocimiento por parte de la representación estudiantil de la UCAB, donde se graduó de ingeniera industrial.

La rueda de prensa se dio poco después de una comparecencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que defendió su agenda de transición y apuntó a unas elecciones “organizadas por una autoridad electoral renovada”, sin especificar ninguna fecha.

Machado aseguró que la transición democrática en el país petrolero es “irreversible” y que una muestra de que este proceso avanza es su presencia en el país, luego de estar diez meses fuera tras salir a Oslo para recoger el galardon del nobel.

En diversas oportunidades, la exdiputada agradeció al Gobierno de Estados Unidos por haber abierto la “compuerta de la libertad”, tras haber capturado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, en medio de un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este jueves a Oliver Blanco como ministro de Relaciones y Comercio Exterior. Blanco, un internacionalista con pasado en la oposición, reemplaza a Félix Plasencia, que deja la Cancillería después de tres meses y medio para dedicarse a recuperar las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.

Rodríguez anunció los cambios en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Plasencia será director de Asuntos Internacionales de la Presidencia y trabajará desde territorio británico. “Le dije (a Plasencia) que su primera tarea era instalarse en el Reino Unido hasta que recuperemos el oro que es de los venezolanos”, dijo Rodríguez.

Marynna Saatdjian ocupará el Viceministerio para Europa y Norteamérica, que dirigía Blanco, y Saúl Ameliach, hasta ahora viceministro de Economía y Finanzas, quedará al frente del de Comercio Internacional.

Blanco llegó a la Cancillería como viceministro el 23 de febrero, siete semanas después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro. Fundador del medio digital El Cooperante, afirmó entonces en un comunicado: “No milito en el partido de gobierno”. En marzo encabezó la delegación que instaló la nueva misión diplomática venezolana en Washington.

Plasencia, canciller de Maduro entre agosto de 2021 y mayo de 2022, era encargado de negocios en Estados Unidos cuando Rodríguez le dio la Cancillería el 13 de julio, en reemplazo de Yván Gil. Ambos coincidieron en la embajada venezolana en Londres en la década de 1990.

El oro lleva casi siete años inmovilizado. Son unas 31 toneladas que el Banco Central de Venezuela depositó en Londres en 2008. En 2019, después de que el Reino Unido reconociera a Juan Guaidó como presidente interino, el Banco de Inglaterra se negó a entregarlas al Gobierno de Maduro. Entre 2020 y 2022, los tribunales británicos confirmaron que el control de los lingotes dependía del reconocimiento diplomático de Londres.

El miércoles, Rodríguez ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General que iniciaran las gestiones de recuperación. “No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo”, dijo ante su gabinete. Se refería al compromiso de recuperar esos activos que el chavismo y un sector de la oposición asumieron en agosto, en la primera ronda de diálogo. El 21 de octubre, al cierre de la tercera ronda, ambas delegaciones acordaron crear una comisión paritaria para gestionar el reclamo ante las instituciones del Reino Unido.

The Financial Times informó en septiembre de que ambas partes estaban cerca de un acuerdo para trasladar el oro, valorado en alrededor de USD 4.000 millones a precios actuales, a la Reserva Federal de Nueva York. Según ese diario, el Gobierno de Rodríguez obtendría el control legal de los lingotes, pero no podría venderlos de inmediato.

Los nombramientos llegan cuatro días después del regreso de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, que entró en Venezuela el 25 de octubre tras casi 11 meses en el exterior. Este jueves, la dirigente opositora afirmó que la transición democrática “es irreversible”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado detalló el lunes la hoja de ruta que respalda el Gobierno de Donald Trump. La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, debe aprobar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); después se renovará el Consejo Nacional Electoral. Con ambos órganos en funciones, Rodríguez deberá declarar la falta absoluta de la Presidencia, un paso que abre un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones.

El Departamento de Estado espera que los nuevos magistrados del TSJ estén en funciones a mediados de diciembre.

En las banderas nacionales conviven historias colectivas, referencias territoriales, creencias y proyectos políticos. Aunque cada diseño responde a decisiones tomadas en contextos específicos, decenas de países repiten un mismo emblema que aparece en enseñas de todos los continentes, desde Brasil y China hasta Marruecos, Australia, Chile y Estados Unidos.

Ese elemento puede aludir a la unidad nacional, a la división administrativa de un Estado, a una aspiración de independencia o a la ubicación de un país en el planeta. Los colores y símbolos de las banderas suelen estar vinculados con la historia, la cultura y la religión de cada nación, según explica Britannica.

Su presencia extendida anticipa cuál es el emblema que domina el mapa mundial de las banderas nacionales.

Cuál es el símbolo más utilizado en las banderas del mundo

La estrella ocupa el primer lugar entre los símbolos presentes en las banderas nacionales. Un relevamiento histórico de la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas (FIAV) la identificó como el motivo más frecuente durante el siglo XX, por delante de los escudos y las armas heráldicas.

La cifra exacta varía según el universo que se tome como referencia. Los listados internacionales que consideran 195 Estados —los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Santa Sede y el Estado de Palestina— ubican en 61 los países con una o más estrellas en su bandera. Otros inventarios, limitados a Estados independientes, contabilizan 59. Más allá de esa diferencia metodológica, el resultado se mantiene: ningún otro símbolo tiene una presencia tan extendida en los pabellones nacionales.

Los escudos aparecen en el segundo puesto, con presencia en 27 banderas. España, Paraguay y la Ciudad del Vaticano son algunos de los ejemplos más conocidos. En buena parte de Europa, estos elementos derivan de la tradición heráldica medieval, que trasladó a las banderas símbolos antes utilizados por monarquías, ciudades y linajes.

Las cruces también tienen una participación relevante, con presencia en 18 Estados soberanos. Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia comparten la cruz nórdica, desplazada hacia el lado del mástil. Según Britannica, las cruces cristianas forman parte de las banderas europeas más antiguas que siguen vigentes.

Luego se ubican el sol y la luna o creciente. Cerca de 16 países incluyen un sol en su bandera, como Argentina, Uruguay, Macedonia del Norte y Kazajistán.

En torno a 14 enseñas nacionales exhiben una luna o creciente; Turquía, Argelia, Pakistán y Malasia lo combinan con una estrella. El motivo se asocia con frecuencia a estados de mayoría musulmana, aunque su origen y su interpretación cambian en cada caso.

Los países que tienen estrellas en su bandera

En la bandera de Estados Unidos, las 50 estrellas blancas representan a los 50 estados que integran la unión. Las 13 franjas, en tanto, recuerdan a las colonias originales. Es uno de los ejemplos más directos de una estrella utilizada para reflejar la organización territorial de un país.

La bandera de China contiene una estrella dorada de mayor tamaño y otras cuatro más pequeñas. El diseño, adoptado en 1949, expresa la conducción del Partido Comunista Chino y la unión con los sectores sociales representados en la narrativa revolucionaria de ese período. Allí, el símbolo responde a una definición política antes que geográfica.

En Brasil, las 27 estrellas de la esfera azul representan a las unidades federativas. Además, su disposición reproduce, con adaptaciones, el cielo observado desde Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1889, día de la proclamación de la República. El National Space Centre explica que la bandera brasileña combina una referencia administrativa con posiciones de estrellas y constelaciones visibles en el hemisferio sur.

Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Papúa Nueva Guinea incluyen la Cruz del Sur, una constelación visible desde el hemisferio austral y vinculada históricamente con la orientación durante la navegación. La bandera australiana suma la Estrella de la Mancomunidad, de siete puntas, que representa a los seis estados y los territorios del país.

Chile utiliza una estrella blanca como emblema de la unidad estatal, mientras que las ocho estrellas de Venezuela aluden a provincias que declararon su independencia de España. En Marruecos, la estrella verde de cinco puntas recibe el nombre de sello de Salomón. Turquía, por su parte, mantiene la combinación de estrella y creciente, presente también en las banderas de otros países.

Así, una misma figura puede representar la organización territorial de Estados Unidos, la estructura federal de Brasil, una constelación visible en el hemisferio sur o símbolos vinculados con la identidad política, religiosa e histórica de cada nación.

María Corina Machado respaldó este jueves la hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela, que contempla elecciones presidenciales en 2027, y presentó su regreso como prueba de que el cambio político está en marcha. “Mi presencia en Venezuela es la demostración de que esa transición avanza”, dijo la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025 en su primera rueda de prensa desde que volvió al país el domingo, tras diez meses fuera.

La comparecencia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, donde Machado se graduó. Abrió con un discurso y después respondió a los periodistas.

Machado dedicó parte de su intervención a agradecer la operación militar del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. “Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad”, afirmó. También dijo que Venezuela puede ser “el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido en nuestra región”.

Sobre los plazos, la dirigente citó la secuencia que el Departamento de Estado expuso a comienzos de esta semana: un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 32 magistrados, después un Consejo Nacional Electoral (CNE) renovado y, por último, la declaración de falta absoluta en la Presidencia por parte de Rodríguez, que abriría un plazo constitucional de seis meses para votar. “Esto se aceleró y mucho”, dijo Machado, que pidió resolver las tres decisiones a la vez. “Creemos que es algo que puede hacerse de una vez las tres”, añadió.

Horas antes, Rodríguez había prometido comicios sin fijar fecha. “Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, declaró la presidenta interina. Machado atribuyó ese anuncio a la movilización que acompañó su regreso: “Yo creo que el efecto del domingo 25 se está haciendo sentir”.

La opositora negó cualquier contacto con el Gobierno interino. “No he recibido ningún mensaje, garantía, salvoconducto, señal, ni en un sentido ni en el otro”, dijo, y aclaró que su sector no participa en la mesa de diálogo que la oposición mantiene con el chavismo bajo mediación de Washington, encabezada por la dirigente Dinorah Figuera. Rubio la invitó esta semana a sumarse a esas conversaciones.

Respecto de la operación sobre su retorno la líder opositora fue cauta. Lo describió como una operación “estrictamente autónoma”, organizada por sus equipos con ayuda dentro y fuera del país. No dio detalles. “Yo no voy a poner en riesgo absolutamente a nadie”, dijo, y se refirió a los siete intentos fallidos de las semanas anteriores: “De los siete intentos aprendimos. Aprendimos lo que no podíamos hacer y lo hicimos distinto. Y les digo: no lo vieron venir”.

El tono cambió al hablar del acuerdo petrolero firmado en agosto entre Caracas y Washington, que entrega a Estados Unidos el manejo de unos 65.000 millones de barriles, alrededor del 20% de las reservas venezolanas. El texto no se ha publicado de forma oficial. “Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó Machado, que dijo no conocer el documento.

El convenio lo opera North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del venezolano Alejandro Betancourt, que recibió derechos de explotación sobre 17 yacimientos. Betancourt, cofundador de Derwick Associates, la compañía que obtuvo contratos eléctricos durante la crisis energética de 2009 y 2010, tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional española por blanqueo y fraude fiscal, y ha sido investigado en Suiza y en Estados Unidos por un presunto desfalco a la petrolera estatal PDVSA. “Esta persona en particular es investigada por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo”, dijo Machado. “El punto aquí no es si queremos o no inversión. ¡Por supuesto que queremos inversión! El tema es cómo y con quién”.

La líder opositora llega a este punto tras casi tres años de pulso con el chavismo. Ganó las primarias de la oposición en octubre de 2023, pero una inhabilitación le impidió competir en las presidenciales del 28 de julio de 2024. El CNE de manera fraudulenta proclamó entonces a Maduro sin publicar el desglose de mesas, mientras la oposición difundió copias de actas que daban al candidato Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, cerca del 70% de los votos. Machado pasó después casi un año en la clandestinidad y en diciembre de 2025 salió del país para recoger el Nobel en Oslo. Esas actas se guardan en Panamá, y la dirigente aseguró que las llevará “pronto” a Venezuela.

Sobre la justicia para los responsables del chavismo, Machado propuso “una negociación para una transición completa” con garantías para quienes la faciliten. “Una palabra dada en un proceso de negociación se cumple”, dijo. Planteó una Comisión de la Verdad independiente, con miembros venezolanos y extranjeros, que escuche a las víctimas y proponga reparaciones, y dejó las penas en manos de los tribunales. “No me corresponde a mí hablar de delito alguno o de pena alguna, porque definitivamente vamos a ir hacia un proceso de autonomía en el Poder Judicial”, señaló.

Entre sus prioridades citó la derogación de la Ley contra el Odio, la ley antiterrorista y la Ley Simón Bolívar, y la liberación de los presos políticos. “No descansaremos hasta que el último venezolano, civil y militar, sea liberado”, dijo.

En lo económico, defendió reestructurar la deuda externa a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “La prioridad son los niños, los hospitales, los servicios públicos”, afirmó.

Machado anunció tres iniciativas de su movimiento: Venezuela Tierra de Gracia, Constructores y Punto de Acuerdo. La segunda busca que todo venezolano habilitado pueda votar en las próximas presidenciales, para lo que pidió empezar ya la actualización del Registro Electoral.

El primer paso del calendario tiene fecha: el Departamento de Estado fijó como meta que el nuevo TSJ esté constituido a mediados de diciembre.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, Rodríguez sostuvo que las elecciones deberán ser organizadas por una “autoridad electoral renovada” y contar con observación internacional. “Habrá elecciones. Todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, declaró.

La funcionaria pidió que las fuerzas políticas y sociales acompañen los cambios impulsados por su administración. También reivindicó su trayectoria dentro del Gobierno como un factor que, a su juicio, le permite ejecutar las reformas anunciadas.

El discurso no incluyó una convocatoria electoral ni una fecha estimada. Rodríguez argumentó que el “horizonte político” del país no debe definirse únicamente por un día en el calendario, sino por una serie de condiciones previas.

Entre ellas mencionó la convivencia democrática, una reforma jurídica, condiciones de participación para las distintas fuerzas políticas y unos comicios que, según expresó, no profundicen los conflictos existentes.

“La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación”, dijo la presidenta encargada, quien aseguró que la renovación institucional desembocará en la conformación de un poder electoral aceptado por todos los sectores.

Rodríguez afirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Según señaló, la agenda incluye garantías políticas para futuros procesos electorales, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de recursos para atender las consecuencias del terremoto del 24 de junio.

La mandataria defendió su experiencia dentro del Estado

Durante el mensaje, Delcy Rodríguez respondió a los cuestionamientos sobre su capacidad para liderar el proceso de cambios. Recordó que fue ministra, canciller y vicepresidenta ejecutiva antes de asumir como presidenta encargada.

“Lo conozco desde adentro”, afirmó en referencia al aparato estatal. “Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo”, agregó.

Rodríguez sostuvo que esa experiencia le permite impulsar modificaciones institucionales que, en su criterio, no podrían quedarse solo en propuestas. También convocó a quienes discrepan con el Gobierno a participar en espacios de diálogo bajo “reglas iguales para todos”.

La presidenta encargada reconoció que las medidas generan tensiones. Dijo que algunos sectores pueden considerarlas concesiones excesivas, mientras otros las juzgarán insuficientes.

Anunció reformas judiciales y defendió la ley de amnistía

La funcionaria señaló que está en marcha una consulta nacional para reformar la justicia penal. El objetivo, según explicó, es revisar problemas como la corrupción, la demora en los procesos y la criminalización de la pobreza.

También aseguró que el Gobierno acordó asistencia técnica con la Unión Europea y solicitó colaboración a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez afirmó que la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía en febrero y que “casi 9.000 personas” recibieron beneficios de esa norma. Añadió que más de 1.000 personas fueron excarceladas por la aplicación de la ley y la revisión de otros expedientes.

Además, indicó que la Asamblea presentó una reforma de la llamada ley contra el odio, cuya aplicación, según admitió, fue abusiva. La propuesta, dijo, busca eliminar sus sanciones penales y reforzar su carácter educativo.

El Gobierno prevé habilitar portales informativos bloqueados

Rodríguez anunció que su administración continuará con el restablecimiento del acceso a sitios de información afectados por medidas administrativas durante años de confrontación política.

“Seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas”, manifestó, sin detallar cuáles serán las plataformas habilitadas ni cuándo se concretará la medida.

La presidenta encargada vinculó esa decisión con la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y de que la información circule con “veracidad y objetividad”. A la vez, pidió responsabilidad a los comunicadores y reclamó a medios nacionales e internacionales que no estigmaticen al país.

Infobae se encuentra bloqueado por el régimen venezolano desde el 10 de octubre de 2014 cuando el entonces dictador Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impedir el acceso al portal dentro del país. Ese bloqueo continúa en la actualidad pese al cambio en lo más alto del poder y la llegada de Delcy Rodríguez con promesas de cambio.

El Frente Nacional de Abogados de Venezuela propuso este miércoles la creación de una junta de gobierno provisional, instalada por “civiles y militares leales a la Constitución”, para “tomar las riendas de la nación” y convocar a un proceso electoral.

En una concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el presidente de la gremial, Noé Mujica, llamó a la Fuerza Armada, a todos los cuerpos de la Policía Nacional y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a permitir que se celebren unas elecciones.

“Abran el paso para que la sociedad civil pueda organizar una junta de gobierno, tomar las riendas de la nación y convocar a un proceso electoral transparente, limpio, sin trampas, creíble ante la opinión pública nacional e internacional, y sea posible un cambio en Venezuela”, manifestó Mujica.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos opositores han exigido la convocatoria para la celebración de unas elecciones presidenciales.

La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

El martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra, y ratificó que será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios.

El opositor venezolano Enrique Márquez exigió este miércoles que el debate para aprobar el presupuesto nacional para el próximo año se haga de manera abierta en el país y que se publique el proyecto entregado al Parlamento hace dos semanas, con su respectivo estudio de impacto económico.

En nota de prensa, Márquez indicó que el presupuesto nacional no puede considerarse como un mero trámite administrativo ni contable.

“Por el contrario, representa el pilar institucional indispensable para viabilizar una estrategia de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática e institucional”, añadió.

El ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que el presupuesto debe cumplir con tres funciones macroeconómicas claves como eje de gobernabilidad y legalidad financiera; servir de ancla antiinflacionaria mediante la estricta coordinación fiscal y monetaria para erradicar el financiamiento monetario del déficit; y propiciar la reactivación productiva a través de la inversión en infraestructura crítica.

El pasado 14 de octubre, el Gobierno venezolano entregó al Parlamento el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año.

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo que el proyecto de presupuesto de 2027 está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de la inflación, mientras el salario mínimo mensual se calcula en centavos de dólar.

Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Parlamento divulgaron el contenido de la propuesta presupuestaria.

El pasado 16 de octubre, Transparencia Venezuela exigió al Ejecutivo que publique el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.

Transparencia indicó entonces que desde hace una década los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento no están disponibles en ningún portal.

La experiencia de años anteriores apunta, prosiguió, a que una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.

(Con información de EFE)

Activistas de derechos humanos y sindicalistas de Venezuela exigieron este miércoles elecciones presidenciales y un indulto masivo para presos políticos durante una manifestación en Caracas que se dirigía al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, pero una barrera policial impidió su avance.

José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, afirmó que Delcy Rodríguez ocupa el cargo de presidenta encargada de manera ilegítima y apostó por la pronta celebración de unas presidenciales, algo que se va a concretar -según dijo- cuando Dinorah Figuera, la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, “entregue un cronograma electoral”.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres lamentó que la policía impidiera el avance de la marcha, aunque esta vez los manifestantes lograron llegar hasta los alrededores del palacio presidencial tras un forcejeo con la Policía.

Torres añadió que familiares y ONG mantendrán la exigencia de un “indulto general y masivo” para los presos políticos.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabiliza en Venezuela 322 personas arrestadas, mientras el Gobierno asegura que están en prisión porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones y partidos de la oposición.

La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la liberación de los presos políticos y la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

En el camino, fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

Por su parte, el Frente Nacional de Abogados de Venezuela propuso este miércoles la creación de una junta de gobierno provisional, instalada por “civiles y militares leales a la Constitución”, para “tomar las riendas de la nación” y convocar a un proceso electoral.

En una concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el presidente de la gremial, Noé Mujica, llamó a la Fuerza Armada, a todos los cuerpos de la Policía Nacional y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a permitir que se celebren unas elecciones.

“Abran el paso para que la sociedad civil pueda organizar una junta de gobierno, tomar las riendas de la nación y convocar a un proceso electoral transparente, limpio, sin trampas, creíble ante la opinión pública nacional e internacional, y sea posible un cambio en Venezuela”, manifestó Mujica.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos opositores han exigido la convocatoria para la celebración de unas elecciones presidenciales.

La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

El martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra, y ratificó que será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios.

(Con información de EFE)

La irrupción de un nuevo grupo paramilitar en el municipio Páez del estado Apure, fronterizo con Colombia, ha sembrado el terror en la población con el asesinato de dos personas, situación que ha obligado a las autoridades a ordenar un fuerte despliegue militar y policial en una zona donde históricamente ha tenido presencia la guerrilla colombiana.

“Dos comerciantes asesinados y otros bajo amenazas, la población no puede seguir viviendo con miedo ni sometida a quienes pretenden decidir quién puede trabajar y bajo qué condiciones”, denunció el exdiputado Juan Francisco García Escalona.

El grupo criminal se identifica como “Los Juanitos” y en un panfleto que pusieron a circular en Guasdualito, capital del municipio Páez, declaran “objetivo militar” a comerciantes del pueblo. “O se alinean o los hacemos alinear por orden de nosotros”, señalan en el texto, donde apuntan que a partir del 2 de noviembre “nadie puede trabajar con estas personas porque es objetivo militar hasta nueva orden, no se hagan matar”.

“Toda persona que no se encuentre al día con nuestra organización no puede laborar hasta nueva orden”, subrayan en el volante “Los Juanitos”, que cierran su mensaje con la siguiente advertencia: “En los próximos días o semanas vamos a seguir con la limpieza”.

Condena

El gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, condenó esta situación e informó que está en “comunicación directa” con el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, “para velar por la paz” de los habitantes del sector.

Rodríguez afirmó que ya operan en el terreno el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Apure, general de división Luis Enrique Pinto Rosales, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) para combatir a los delincuentes y avanzar con las pesquisas por los asesinatos.

El antiguo legislador García considera que las averiguaciones deben ir más allá de este caso en particular. “Durante años se ha denunciado la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en nuestra frontera, así como los señalamientos sobre las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y su inserción en el gobierno regional, en alcaldías y hasta con cargos de diputados a la Asamblea Nacional”, destacó.

“Estas denuncias deben investigarse con seriedad, el gobernador y los alcaldes deben responder ante la población y dejar de actuar con complacencia frente a los grupos armados”, exigió García, quien subrayó que “es urgente la protección para los habitantes, la investigación de los asesinatos y acciones firmes dentro de la ley”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la Unión Europea, Suiza, Egipto y Vietnam ante el país, durante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El nuevo representante del bloque europeo es el francés Gilles Bertrand. También presentaron sus credenciales Haithan Mohamed Hosni, por Egipto; Martin Maier, por Suiza; y Vo Tuan Ngoc, por Vietnam, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La televisora difundió imágenes de los encuentros de los diplomáticos con Rodríguez, sin declaraciones públicas de los asistentes.

Bertrand llegó a Caracas en septiembre para sustituir a la española María Antonia Calvo al frente de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Antes de asumir el cargo, fue embajador comunitario en Colombia entre 2021 y 2025.

El 6 de octubre, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó el nombramiento de Raúl LiCausi como embajador de Venezuela ante la Unión Europea. El diputado chavista Abimelech Méndez sostuvo entonces que la designación abría la posibilidad de construir una relación más “pragmática” con Europa, basada en el respeto, el reconocimiento mutuo y el derecho internacional.

La presentación de las credenciales se produjo después de que Rodríguez informara en septiembre sobre la negociación de más de 30 acuerdos de cooperación en áreas como energía, agricultura, telecomunicaciones y cultura.

En agosto, el Parlamento autorizó a Enrique Ochoa Antich como embajador de Venezuela en Suiza y representante concurrente ante el Principado de Liechtenstein. Ochoa Antich reemplazó a Roy Chaderton Matos, designado en ese puesto en 2021.

Egipto y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas desde la década de 1950. En febrero, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de reforzar una “amplia agenda de cooperación” bilateral.

Rodríguez ya había recibido el 4 de febrero, un mes más tarde a la captura del ex dictador Nicolás Maduro, las cartas credenciales de los embajadores de Italia, Qatar y Nicaragua, quienes iniciaron sus funciones diplomáticas tras el evento.

El acto también tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Giovanni Umberto De Vito asumió como embajador de Italia, luego de ejercer desde 2023 como encargado de Negocios; Salman Nabit Mubarak Abdullah representará a Qatar, y Valezka Fiorella López Herrera ocupará la embajada de Nicaragua.

Horas antes, el Parlamento venezolano, bajo control del chavismo, autorizó el nombramiento de María Elena Uzzo como nueva embajadora de Venezuela ante Italia. Uzzo encabezaba hasta ahora la misión diplomática venezolana en ese país europeo.

La decisión ocurrió tres semanas después de que el Gobierno italiano anunciara la designación de un embajador para Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, explicó el 12 de enero que la medida siguió a la captura de Nicolás Maduro y a la liberación de dos ciudadanos italianos que permanecían como presos políticos en Venezuela. Desde 2019, el máximo representante de Italia en Caracas tenía rango de encargado de Negocios. Tajani habló de un “cambio de rumbo” en el vínculo bilateral luego de la salida del poder de Maduro.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que su Gobierno mantendrá una “colaboración constructiva” con Caracas y respaldará el deseo del pueblo venezolano de “libertad, paz y democracia”.

Venezuela y Nicaragua mantienen una alianza política y económica desde el inicio de la revolución bolivariana, en 1999, bajo el liderazgo de Hugo Chávez. En julio de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo figuró entre los primeros en reconocer la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de ese mes, cuestionadas por denuncias de fraude.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este miércoles a la Cancillería y a la Procuraduría General iniciar gestiones para recuperar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos USD 2.000 millones.

“No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo”, afirmó Rodríguez durante una reunión del Consejo de vicepresidentes y ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en relación a lo acordado tras la primera mesa de diálogo hacia una transición democrática entre el Gobierno chavista y la oposición respaldada por Estados Unidos.

La funcionaria sostuvo que no existen motivos para que los recursos permanezcan bajo custodia de la entidad británica. “No hay excusas” para que el oro continúe en el Banco de Inglaterra, señaló. “Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro”, insistió la presidenta encargada.

Rodríguez ya había enviado en julio una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación de las reservas. El objetivo era disponer de esos fondos ante la emergencia que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El reclamo se vincula con el acuerdo alcanzado en agosto, durante el primer ciclo de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, para avanzar en la recuperación de los activos de reserva internacional. El alivio de sanciones dispuesto por Estados Unidos no eliminó las restricciones sobre parte de los bienes venezolanos en el exterior. Entre ellos figuran las reservas de oro bajo custodia del Banco de Inglaterra.

“Lo que hemos visto en los últimos años es lo que en Venezuela llamamos una burla, pero es una burla que busca apropiarse ilegalmente de estos recursos. Ese oro forma parte de las reservas del banco central”, subrayó Rodríguez.

El 21 de octubre, el chavismo y el sector opositor que participa del diálogo pactaron la creación de una comisión paritaria para realizar gestiones ante instituciones del Reino Unido con el fin de recuperar el oro. Las partes prevén destinar los recursos a la asistencia de la población afectada por el doble terremoto del 24 de junio y a la recuperación de los servicios públicos.

El presidente del Parlamento y jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, leyó el texto del acuerdo, que plantea “reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra”.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, indicó entonces que su comisión mantuvo conversaciones con representantes británicos para concretar la transferencia de los recursos que quedaron bajo control de la oposición en 2019, en medio de la crisis política vinculada con el cuestionamiento al mandato del ex dictador venezolano Nicolás Maduro tras unas elecciones presidenciales con denuncias de fraude.

Figuera sostuvo además que el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra ahora vale el doble que en 2019.

En el documento final, las partes establecieron como prioridad la “recuperación económica nacional” y ratificaron “la determinación de unir esfuerzos, para promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad e independencia para la prosperidad económica” del país. El texto incluyó como objetivos el desarrollo y ejercicio de derechos sociales vinculados con la salud, la alimentación, la educación, los ingresos de los trabajadores y los servicios públicos.

Londres y Caracas iniciaron en septiembre un acercamiento diplomático y anunciaron que designarían embajadores para sus respectivas misiones. Hasta ese momento, ambas representaciones diplomáticas estaban a cargo de encargados de negocios.

(Con información de EFE)

El caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres, luego de la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, quien dirigió el proceso por narcoterrorismo desde que se presentó la acusación original en marzo de 2020.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York incorporó al expediente una resolución para redistribuir los asuntos que estaban bajo responsabilidad de jueces que dejaron de ejercer por jubilación o fallecimiento. A partir de ese procedimiento, Torres queda al frente de la causa penal contra el exdictador venezolano y su esposa, Cilia Flores.

La asignación ocurrió el mismo día en que murió Hellerstein, de 92 años, por causas naturales. El juez federal estaba próximo a cumplir 93 años y mantuvo una extensa trayectoria dentro del sistema judicial estadounidense. Desde 1998 integró el Distrito Sur de Nueva York, tras ser designado por el entonces presidente Bill Clinton.

Hellerstein condujo durante casi tres décadas procesos judiciales de alto perfil. Entre ellos figuraron los litigios por daños derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, causas contra ejecutivos del sector financiero y expedientes relacionados con antiguos funcionarios venezolanos, como Hugo “El Pollo” Carvajal.

El magistrado se hizo cargo del expediente contra Maduro cuando Estados Unidos formuló en marzo de 2020 cargos por narcotráfico y otros delitos. Desde entonces, siguió las actuaciones del caso y conoció los argumentos de la Fiscalía y de las defensas involucradas en la causa.

Tras la captura de Maduro y su traslado a territorio estadounidense en enero de 2026, Hellerstein presidió la primera comparecencia del dirigente venezolano y de Flores ante un tribunal federal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables de los cargos que les imputaron las autoridades estadounidenses.

Una acusación ampliada incorporó a Flores al proceso y mantuvo las imputaciones contra Maduro. La causa incluyó cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos vinculados con armas y torturas.

El juicio contra Maduro y Flores quedó programado para el 14 de junio de 2027. Antes de su muerte, Hellerstein debía resolver varios planteos presentados por las defensas, entre ellos la solicitud para desestimar la acusación bajo el argumento de la inmunidad soberana.

En las actuaciones judiciales, el tribunal informó que la reasignación se aplicó a casos “previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte”. El expediente de Maduro pasó así a manos de Torres, quien deberá continuar con la tramitación de la causa y resolver los asuntos pendientes.

Torres nació en Nueva York en 1959 y fue nombrada jueza federal del Distrito Sur de Nueva York en 2013 por el entonces presidente Barack Obama. Desde su llegada a esa jurisdicción intervino en procesos civiles, penales y regulatorios.

Antes de integrar el tribunal federal, Torres ejerció durante cerca de una década como jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. También desempeñó funciones en los tribunales civil y penal de la ciudad de Nueva York.

La magistrada proviene de una familia de jueces de origen puertorriqueño. Se graduó con honores en la Universidad de Harvard, obtuvo su título de Derecho en la Escuela de Derecho de Columbia y comenzó su carrera profesional en estudios jurídicos privados antes de incorporarse a la actividad judicial.

Hellerstein nació en Nueva York el 28 de diciembre de 1933. Estudió en la Universidad de Columbia, prestó servicio en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960 y trabajó durante casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializada en disputas comerciales.

Desde 2011, Hellerstein tenía la condición de juez sénior, una categoría que le permitió mantenerse activo en expedientes seleccionados con una carga de trabajo reducida. Esa condición no impidió que continuara al frente del caso contra Maduro desde el inicio de la acusación y durante las primeras actuaciones posteriores a su traslado a Estados Unidos.

Antes de la reasignación, un portavoz judicial indicó que los procesos a cargo de Hellerstein pasarían a otros jueces federales mediante un mecanismo de distribución. “Serán asignados aleatoriamente a otro juez federal”, dijo Ed Friedland sobre los expedientes que quedaron vacantes tras el fallecimiento del magistrado.

Con la designación de Torres, el proceso contra Maduro y Flores continuará en el Distrito Sur de Nueva York, donde se resolverán las peticiones pendientes de las defensas antes de la fecha prevista para el juicio.

(Con información de EFE)

La dirigente opositora llegó por primera vez a la entidad desde la emergencia. La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, concentró los mayores daños del movimiento telúrico. Durante el recorrido, Machado conversó con residentes y con funcionarios de seguridad presentes en la zona. En videos divulgados durante la jornada se observó a habitantes que la recibieron con abrazos y lágrimas.

La opositora sostuvo que su presencia en el litoral central era prioritaria desde su retorno al país. “Sabía que tenía que estar aquí desde el primer día”, declaró. Luego agregó: “No saben cómo he sentido en el alma el dolor de no haber estado abrazándolos durante estos días”. Machado prometió colaborar con la reconstrucción de las áreas afectadas.

La visita se produjo tres días después de su regreso a Venezuela, luego de casi un año fuera del país y de varios intentos que no se concretaron. Machado salió en diciembre de 2025, tras pasar cerca de un año en la clandestinidad.

Durante su estancia fuera de Venezuela, viajó a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Aunque no asistió a la ceremonia de entrega, recibió el galardón, se reunió con integrantes del comité del Nobel y mantuvo encuentros con venezolanos residentes en ese país y con quienes viajaron para acompañarla.

Su equipo político informó que intentó retornar en al menos siete oportunidades. Finalmente, ingresó el domingo 25 de octubre desde Colombia, con apoyo de autoridades de ese país. Cruzó la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira, pero realizó su primera aparición pública en Barquisimeto, Lara, donde asistió a una actividad religiosa en el templo de la Divina Pastora.

Después emprendió el trayecto por carretera hacia Caracas en una caravana que atravesó cinco estados e hizo paradas en distintos puntos de la región central. El viaje duró alrededor de 11 horas y terminó con una concentración de seguidores en la autopista Valle-Coche, en la capital venezolana.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, cuestionó esa ruta y calificó el recorrido como un “show”. Rodríguez afirmó que Machado pudo ingresar a Venezuela a través de alguno de los aeropuertos del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que desaconsejó a Machado regresar durante la emergencia. “Fue la única vez que le dije que probablemente no era el mejor momento para regresar, en plena calamidad humanitaria, porque queríamos asegurarnos de que los aviones llegaran con ayuda humanitaria”, dijo Rubio.

En otra de sus actividades luego de regresar a Venezuela tras diez meses fuera del país, María Corina Machado se reunió ayer con más de 100 familiares de presos políticos, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y personas que denunciaron haber sufrido represión.

Durante el encuentro, la dirigente de Vente Venezuela ratificó su compromiso con la justicia y la libertad en el país y reclamó la liberación inmediata de quienes permanecían detenidos por razones políticas.

“Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza. A cada una de esas familias les decimos: no están solos. Su dolor nos compromete y su lucha es también la nuestra”, expresó la organización.

(Con información de EFE)

Sindicatos y gremios vuelven a la calle este jueves 29 de octubre en lo que han denominado como una “gran jornada nacional de protesta” para exigir la discusión de las tablas salariales, y el pago de la bonificación de fin de año con base en el llamado “ingreso mínimo integral”.

La manifestación es convocada principalmente por los trabajadores de los sectores salud y educación, que en los últimos meses han ido escalando sus acciones para exigir mejores condiciones laborales al gobierno interino de Delcy Rodríguez.

El último aumento del salario mínimo en Venezuela se registró a principios de 2022, cuando el gobierno lo fijó en 130 bolívares. Ese monto hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar y es la referencia que se utiliza para calcular las prestaciones sociales.

“Dada la pulverización absoluta de los sueldos, indigna recibir ese pago menor a 10 dólares y al gobierno le debería avergonzar hacerlo”, expresó la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Aupcv) en referencia al bono de fin año.

Congelado el salario mínimo, el régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que Rodríguez elevó a 240 dólares en mayo de 2026. Con esta fórmula, el oficialismo incurre en la desviación que condenó en sus orígenes: la “bonificación” del salario, con una remuneración que no se refleja en los pasivos laborales.

“Mientras el costo de la canasta básica vuela por las nubes, el gobierno destruye nuestro salario, pisotea las convenciones colectivas y nos condena a bonos de miseria que no alcanzan para vivir”, denunció la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) que, además, señala que estos pagos se realizan de forma “caótica” y “discrecional” porque no cubren a todos los trabajadores activos y jubilados.

Los promotores de la protesta demandan la “eliminación del Sistema Patria”, plataforma instalada por el régimen para ejecutar los pagos, con el fin de restituir “la autonomía financiera de las instituciones y ministerios correspondientes”.

Nuevas reglas

El Ejecutivo de Rodríguez participa en una mesa de “consensos laborales” con representantes empresariales y sindicales. “Allí tenemos un diálogo fluido y yo sé que el mes que viene vamos a tener conclusiones importantes y anuncios importantes que darle al país”, declaró la presidenta encargada a principios de octubre.

El oficialismo se ha negado a reformar la Ley Orgánica del Trabajo que promulgó el difunto presidente Hugo Chávez en 2012. Sin embargo, se espera que en el marco de esa mesa de “consensos laborales”, donde interviene la patronal Fedecámaras, se acuerde una norma que en la práctica desplazará al texto firmado por Chávez y eliminará el polémico punto de la retroactividad de las prestaciones sociales.

“A partir del año que viene, sin duda alguna, va a haber un gran crecimiento en materia de empleo y de ingresos para los trabajadores”, ha prometido Delcy Rodríguez, pero los trabajadores reclaman soluciones inmediatas.

En un inusual contacto con periodistas tras la llegada de María Corina Machado, Delcy Rodríguez indicó el lunes: “Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show, porque la política es algo muy serio”.

Al día siguiente de ofrecer estas declaraciones, Rodríguez protagonizó un mitin en el estado Carabobo con el gobernador más mediático del chavismo -que se hace llamar “Drácula”-, y bailó, saltó y cantó ante centenares de sus seguidores en un acto que parecía un intento por responder a la multitudinaria caravana que marcó el retorno de Machado.

La líder de la oposición venezolana no ha dado detalles sobre su regreso. Casi al mediodía del domingo 25 de octubre, informó a través de X que ya se encontraba en territorio venezolano. Apareció en el templo de la Divina Pastora, en Barquisimeto, capital del estado Lara, en la región centro-occidental del país. Desde allí cubrió la ruta de 366 kilómetros hasta Caracas, cruzando en camioneta por cuatro entidades del país. Durante el recorrido, miles de personas salieron a su encuentro, congestionando las vías de acceso a la capital.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos”, espetó sobre la vuelta de su némesis la presidenta encargada, quien insistió: “Alejémonos del show y concentrémonos en que la política sea algo muy serio”.

Elecciones

Luego del arribo de la premio Nobel de la Paz 2025, trascendió la declaración de un funcionario del Departamento de Estado que abre la posibilidad de que se celebren elecciones presidenciales en 2027, luego de que en el marco de la mesa de negociación entre el régimen y la oposición se completen las renovaciones del Tribunal Supremo de Justicia -ya en marcha- y del Consejo Nacional Electoral.

La encuesta LatAm Pulse de septiembre realizada por AtlasIntel y la agencia Bloomberg muestra a Machado con una intención de voto presidencial de 52%, muy superior al 19% que registra la mandataria interina, cuyo nivel de desaprobación alcanza 65%.

Con un perfil de tecnócrata, Rodríguez jamás ha competido por un cargo de elección popular, a diferencia de los otros miembros del triunvirato oficialista, su hermano Jorge Rodríguez, actual jefe del Parlamento y alcalde de Caracas entre 2008 y 2017, y el ministro Diosdado Cabello, exdiputado y gobernador del estado Miranda entre 2004 y 2008.

La antigua vicepresidenta de Nicolás Maduro sí formó parte de las listas chavistas para los comicios de la Asamblea Constituyente de 2017, pero en ese proceso no participó la oposición y fue tan turbio que el propio director de Smarmatic Antonio Mugica, empresa responsable del sistema automatizado, reconoció un fraude de “al menos un millón de electores”.

En paz

“Esta es la demostración de cariño y de amor que este pueblo le hace a su presidenta”, vociferó el gobernador de Carabobo y aliado de Maduro, Rafael Lacava, cuando presentó a Rodríguez ante sus simpatizantes.

En medio del confeti y la música electrónica, la presidenta encargada trató de marcar distancias: “Una cosa es la tarima para el show y otra cosa es el trabajo junto a la gente para saber sus necesidades en salud, en educación, en alimentación, en servicios públicos, en hospitales. Hay una gran diferencia y es la responsabilidad que yo exijo de los políticos y las políticas de este país, que se sienten en la mesa de diálogo a hablar del bienestar de nuestro pueblo”.

A la espera de que este jueves Machado brinde una rueda de prensa para informar sobre sus próximos pasos, Rodríguez ya ha anunciado que continuará en la calle. En Carabobo asumió este compromiso: “No permitiré que nada ni nadie perturbe a Venezuela, que nada ni nadie venga a perturbar la tranquilidad de este país”.

El sargento segundo Isaac Rincón, de 32 años y padre de un hijo, perdió una pierna tras pisar una mina antipersonal durante una operación militar en Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún, al sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. El militar iba en una comisión para detectar y neutralizar una pista que usan aeronaves del narcotráfico.

Según fuentes militares, en conversación con Infobae, el hecho ocurrió el sábado 17 de octubre 2026, a las 10:00 de la mañana, en las inmediaciones de la redoma de Casigua El Cubo, sector West Tarra, que conecta la vialidad principal desde donde parte una vía hacia Tres Bocas en la frontera con Colombia. El sector recibe el nombre por los antiguos pozos y campos petroleros operados en la zona llamados Campos West Tarra.

La comisión, comandada por el primer teniente Sepúlveda e integrada por ocho soldados, se dirigía a una pista clandestina que vinculan con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con vuelos del narcotráfico.

Al aproximarse al lugar, los militares no advirtieron que el perímetro estaba minado. Uno de los explosivos se activó cuando Rincón lo pisó y le provocó graves lesiones en una pierna, según la fuente militar le dijo a Infobae.

Aunque cerca de la zona opera el contingente militar del Fuerte Motilón y se despliegan diversos sectores residenciales y comerciales suburbanos, los grupos de la guerrilla hacen vida activa y mantienen pistas clandestinas principalmente para el transporte de drogas por la cercanía con Colombia.

Traslado a Maracaibo

El sargento Rincón fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Casigua El Cubo, donde recibió los primeros auxilios. “Los médicos no pudieron salvarle la pierna que fue destrozada por el impacto del explosivo de la mina antipersona y se la amputaron”. Posteriormente, fue llevado al Hospital Militar de Maracaibo.

Rincón está adscrito a la 13.ª Brigada de Infantería Motorizada “Centinela de la Guajira”, que opera en el municipio Indígena Bolivariano Guajira y que identifica entre sus unidades a los batallones 131 “GJ Manuel Carlos Piar” y 132 “GJ José Antonio Páez”.

La comisión formaba parte de una URRA, un contingente de relevo de 100 efectivos destinado al patrullaje de puestos fronterizos, por ello, aunque los militares pertenecían a unidades de la Guajira, se encontraban desplegados en Casigua El Cubo.

Lo ocurrido con el sargento “debió activar una reacción de la Fuerza Armada enviando helicópteros y militarizando la zona, pero no hicieron nada y eso envía un mensaje a esas organizaciones irregulares”, dice el militar.

Orden de retirada

El testimonio de un militar en conversación con Infobae expresa indignación por la actuación de los mandos tras la explosión. Sostiene que se impidió a los integrantes de la comisión abrir fuego y que se les ordenó abandonar el lugar, sin disponer una respuesta contra los grupos armados presentes en la zona.

“No solo es que no ordenaron una respuesta contra la guerrilla, sino no permitieron que disparáramos y nos ordenaron que nos retiráramos del lugar. Entonces el compañero herido que con toda seguridad será dado de baja de la Fuerza Armada, inutilizado como soldado, se queda despedido y sin justicia”, dice el militar que habló con Infobae.

Según la versión, el General de División Okler Roberto Yustiz Castillo, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 11 Zulia, acudió a pasar revista después del incidente. Su presencia, sin embargo, no se tradujo en la reacción militar que esperaban los funcionarios de la comisión y de las unidades militares de la zona, cuyo relato reclama el envío de helicópteros y un despliegue en el área.

El relato al que tuvo acceso Infobae denuncia el intento de mantener en silencio lo ocurrido.

La versión de militares atribuye la colocación de minas a la guerrilla colombiana y menciona tanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como a las disidencias de las FARC, como organizaciones que tiene minado el territorio e instalado explosivos como el que hirió a Rincón.

“No es la primera vez que eso ocurre, varios militares han perdido la vida o las extremidades inferiores por las minas que la guerrilla ha colocado no solo alrededor de las pistas, sino también de sus campamentos y el territorio donde se mueven sus jefes y combatiente”, revela un militar a Infobae.

En un informe de inteligencia publicado por el medio La Linterna Azul, en enero 2026, se revela que entre Catatumbo y Zulia hay diez pistas de aterrizaje clandestinas, usadas por el ELN para transportar los cargamentos de droga y que están bajo la mira de las agencias estadounidenses. Por lo menos cuatro de esas pistas se encuentran en el municipio Jesús María Semprún.

La Defensoría del Pueblo de Venezuela y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) firmaron una carta de entendimiento para fortalecer “la cooperación institucional y las capacidades de protección de los derechos de las personas refugiadas, apátridas y retornadas en el territorio nacional”.

El acuerdo establece “un marco de colaboración técnica y operativa orientado a mejorar los mecanismos de atención, orientación y acompañamiento, con especial énfasis en las personas y comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalló la Defensoría en una nota de prensa difundida este martes.

“Ambas instituciones avanzan en el fortalecimiento de sus mecanismos de cooperación, con el propósito de facilitar el acceso a los derechos, mejorar las respuestas de protección y contribuir a la prevención de situaciones de apatridia, la protección del derecho a una nacionalidad y el acceso efectivo a la justicia”, dice la nota.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por Acnur y la Organización Internacional de Migraciones, registra 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, con base en lo reportado por los gobiernos de acogida.

A principios de este mes, el alto comisionado de ACNUR, Barham Salih, visitó Venezuela y dijo entonces que trabaja con el Gobierno y otros organismos para facilitar el retorno voluntario de migrantes y, además, con autoridades de toda la región “para ayudar a los venezolanos que han huido del país en los últimos años”.

El alto comisionado se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otras autoridades para conversar sobre el retorno de migrantes y su reintegración, las consecuencias del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio y abrir un nuevo capítulo de cooperación.

Delcy Rodríguez, visitó este martes, como parte del plan llamado “renacer productivo”, dos de los estados por los que pasó el domingo la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, cuyo regreso ha movido el escenario político en el país.

La mandataria asistió a la inauguración de la escuela de liderazgo campesino Ezequiel Zamora en el estado Aragua (norte), donde encabezó un encuentro con agricultores y otros trabajadores del campo en el que defendió la idea de que su Gobierno busca “servir al pueblo” y no aferrarse al poder.

Además, se comprometió a llevar a Venezuela a la meta de “hambre cero” para 2027 o 2028.

“Nos vamos por todo el país al renacer productivo, donde están las experiencias en el campo, donde están los pescadores, los acuicultores, para prestar todo el apoyo”, indicó la mandataria, al anticipar su gira por varios puntos del país.

En ese contexto, dijo haber anunciado junto al ministro del Interior, Diosdado (Cabello), y su hermano y titular del Parlamento, Jorge (Rodríguez), que desde este lunes comenzó el “renacer productivo de Venezuela”.

También aseguró que la población sentirá “pronto” un alivio de los prolongados apagones en medio de una crisis eléctrica que lleva más de una década, pero que se ha agravado en el último año.

Luego, apareció en Carabobo (centro-norte), junto al gobernador de esa entidad, Rafael Lacava, bailando, como lo hacía el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro en sus actos de campaña.

Desde allí, pidió que “nada ni nadie” perturbe “la tranquilidad” del país.

(Con información de EFE)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, dijo este martes que espera que la líder y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde está inhabilitada para ocupar cargos públicos.

“Esperamos que a María Corina se le respeten todos sus derechos, todas sus libertades y que tenga garantías plenas del ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos”, señaló la ex diputada Delsa Solórzano en una rueda de prensa en Caracas.

Solórzano ratificó que Machado será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios, aunque sobre la premio nobel pesa una inhabilitación política para ejercer cargos de elección popular.

Asimismo, dijo que en las “próximas horas” la PUD se reunirá con la ex diputada para entregarle la propuesta de acuerdo nacional en el que se plantea la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres.

Machado reapareció el domingo en Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

La líder opositora encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el domingo que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

Por su parte, Delcy Rodríguez, visitó este martes, como parte del plan llamado “renacer productivo”, dos de los estados por los que pasó el domingo la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, cuyo regreso ha movido el escenario político en el país.

La mandataria asistió a la inauguración de la escuela de liderazgo campesino Ezequiel Zamora en el estado Aragua (norte), donde encabezó un encuentro con agricultores y otros trabajadores del campo en el que defendió la idea de que su Gobierno busca “servir al pueblo” y no aferrarse al poder.

Además, se comprometió a llevar a Venezuela a la meta de “hambre cero” para 2027 o 2028.

“Nos vamos por todo el país al renacer productivo, donde están las experiencias en el campo, donde están los pescadores, los acuicultores, para prestar todo el apoyo”, indicó la mandataria, al anticipar su gira por varios puntos del país.

En ese contexto, dijo haber anunciado junto al ministro del Interior, Diosdado (Cabello), y su hermano y titular del Parlamento, Jorge (Rodríguez), que desde este lunes comenzó el “renacer productivo de Venezuela”.

También aseguró que la población sentirá “pronto” un alivio de los prolongados apagones en medio de una crisis eléctrica que lleva más de una década, pero que se ha agravado en el último año.

Luego, apareció en Carabobo (centro-norte), junto al gobernador de esa entidad, Rafael Lacava, bailando, como lo hacía el hoy depuesto dictador Nicolás Maduro en sus actos de campaña.

Desde allí, pidió que “nada ni nadie” perturbe “la tranquilidad” del país.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este martes, como parte del plan llamado “renacer productivo”, dos de los estados por los que pasó el domingo la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, cuyo regreso ha movido el escenario político en el país.

La mandataria asistió a la inauguración de la escuela de liderazgo campesino Ezequiel Zamora en el estado Aragua (norte), donde encabezó un encuentro con agricultores y otros trabajadores del campo en el que defendió la idea de que su Gobierno busca “servir al pueblo” y no aferrarse al poder.

Además, se comprometió a llevar a Venezuela a la meta de “hambre cero” para 2027 o 2028.

“Nos vamos por todo el país al renacer productivo, donde están las experiencias en el campo, donde están los pescadores, los acuicultores, para prestar todo el apoyo”, indicó la mandataria, al anticipar su gira por varios puntos del país.

En ese contexto, dijo haber anunciado junto al ministro del Interior, Diosdado (Cabello), y su hermano y titular del Parlamento, Jorge (Rodríguez), que desde este lunes comenzó el “renacer productivo de Venezuela”.

También aseguró que la población sentirá “pronto” un alivio de los prolongados apagones en medio de una crisis eléctrica que lleva más de una década, pero que se ha agravado en el último año.

Luego, apareció en Carabobo (centro-norte), junto al gobernador de esa entidad, Rafael Lacava, bailando, como lo hacía el hoy depuesto dictador Nicolás Maduro en sus actos de campaña.

Desde allí, pidió que “nada ni nadie” perturbe “la tranquilidad” del país.

El recorrido de Machado

Ambas regiones habían sido visitadas el domingo por María Corina Machado dentro su recorrido hacia Caracas, que abarcó los estados de Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua, así como la capital venezolana, y que convocó a miles de personas que salieron a las calles a dar la bienvenida a la dirigente opositora.

Machado había denunciado unos siete impedimentos para ingresar a Venezuela, luego de su salida en diciembre con destino a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Gobierno negó las denuncias y el lunes calificó de “show” su recorrido al asegurar que podía haber ingresado por los aeropuertos. Después, Estados Unidos informó que intervino para que se permitiera el ingreso de la ex diputada.

Washington ejerce una tutela de facto en Venezuela, después de capturar a Maduro en un ataque militar a Caracas en enero pasado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la Administración comunicó “hace muchas semanas” a las autoridades interinas en Caracas que debían permitir el regreso de Machado.

Y aunque hasta ahora no hay una versión clara sobre cómo ingresó al país, la dirigente ya trabaja en su agenda.

Durante esta jornada sostuvo encuentros con más de 100 familiares de los presos políticos en Venezuela y con 33 líderes de la principal coalicación opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), de la Alianza por Venezuela y otros independientes.

Oposición se articula

La reunión con los líderes políticos se dio para avanzar “en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional”, indicó en X el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado.

Igualmente, el equipo de comunicaciones de la dirigente detalló que los líderes con los que se reunió Machado eran miembros de los partidos que conforman la PUD -Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei, ProVe-, así como de la AVE que agrupa pequeñas organizaciones como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados, Vanguardia Popular, entre otros.

No trascendieron mayores detalles de estos encuentros, aunque la PUD ofreció una rueda de prensa horas antes en la que reafirmó su apoyo a Machado y dijo esperar que pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra.

Asimismo, el partido de la opositora, Vente Venezuela (VV), volvió a clamar por la libertad de todos los presos políticos que, según la ONG Foro Penal, son 322.

Se espera que la dirigente opositora ofrezca su primera rueda de prensa el próximo jueves tras volver al país, un hecho que ha renovado los pedidos de convocar a elecciones presidenciales.

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña este martes en Texas con un doble objetivo: impulsar la candidatura al Senado del republicano Ken Paxton y exhibir el primer petrolero con crudo venezolano llegado en virtud de un acuerdo que su gobierno firmó con Venezuela. La jornada incluyó también el anuncio de una flexibilización de las normas sobre metano para la industria petrolera y gasífera.

Con los altos precios del combustible como telón de fondo —un factor que pesa sobre las aspiraciones republicanas en las legislativas del 3 de noviembre—, Trump programó dos paradas en extremos opuestos del mayor estado productor de petróleo del país. En Corpus Christi, frente a un buque tanque amarrado en el golfo de México, señaló la embarcación ante sus seguidores. En Lubbock, al oeste del estado, reveló medidas para abaratar los costos de producción energética.

Trump celebró “la mayor victoria petrolera de la historia” frente al buque tanque

El mitin de Corpus Christi tuvo como escenografía el petrolero que, según el mandatario, transportaba el primer cargamento recibido de Venezuela bajo el acuerdo que Washington alcanzó tras la caída de Nicolás Maduro. “Estamos celebrando la mayor victoria petrolera de la historia. Al vencedor le corresponde el botín, ¿no?”, dijo Trump ante sus seguidores.

El presidente anunció en agosto un pacto que otorga a Estados Unidos acceso a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. La Casa Blanca anticipó en septiembre que el petróleo derivado de ese acuerdo llegaría a las reservas estadounidenses en noviembre. Un alto cargo del gobierno confirmó a la agencia Reuters que el crudo será procesado en refinerías de ExxonMobil y Citgo.

Texas ha sido durante décadas uno de los principales centros de refinado del crudo venezolano, un tipo de petróleo pesado cuyo procesamiento requiere infraestructura especializada que varias plantas texanas ya poseen.

En Lubbock, Trump anunció la derogación de las regulaciones de metano de la era Biden

Durante su parada en Lubbock, el presidente comunicó una propuesta de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) para revocar las normas que la administración de Joe Biden había impuesto a la industria. Esas regulaciones obligaban a las empresas a reparar equipos con fugas y a inspeccionar periódicamente los pozos en busca de emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

“Esta noche voy a derogar oficialmente las costosas e innecesarias regulaciones de Biden sobre el metano para ahorrar a los consumidores y a los productores de energía USD 45.000 millones en costos, liberar grandes cantidades de gas natural de Texas y producir 210 millones de barriles de petróleo”, declaró Trump.

Según un portavoz de la Casa Blanca, el plan aliviará la carga sobre los pozos pequeños y de baja producción y pondrá fin a un programa que permitía a grupos externos denunciar grandes fugas de metano. También suavizará las normas que apuntaban a eliminar de forma progresiva la quema rutinaria de gas en los pozos petrolíferos.

Paxton enfrenta una contienda reñida

La visita a Texas fue también un acto de campaña. Trump buscó movilizar el voto a favor de Ken Paxton, el candidato republicano al Senado que se encuentra en una carrera ajustada contra el demócrata James Talarico. Una derrota en Texas el 3 de noviembre complicaría el camino del Partido Republicano para conservar su estrecha mayoría en la Cámara Alta.

Paxton fue imputado por delitos de fraude bursátil en 2015 y sometido a un proceso de destitución por la Cámara de Representantes de Texas en 2023. El caso penal fue desestimado en 2024 tras un acuerdo con la fiscalía, y el Senado estatal lo absolvió en el juicio político. A pesar de esos antecedentes, Trump lo respaldó, aunque lo ha calificado públicamente de “un grano en el culo a veces”.

El multimillonario tecnológico Elon Musk y otros donantes están invirtiendo cientos de millones de dólares en un esfuerzo de última hora para rescatar la campaña del candidato republicano.

Trump apodó al candidato demócrata “Talafreako”, y este lo convirtió en merchandising

El presidente dirigió ataques duros contra Talarico, a quien acusó de oponerse a los valores de Texas en temas como la producción de petróleo, la inmigración y los derechos de las personas transgénero. “Nuestra política siempre ha sido: ‘perfora, nena, perfora’. Y ahora estamos perforando. Pero si Texas elige al comunista James ‘Talafreako’, esa riqueza desaparecerá rápidamente”, afirmó.

Talarico ha capitalizado el apodo como herramienta de recaudación: su campaña vende camisetas con el lema “Soy un Talafreako”. El candidato demócrata respondió a los ataques con un mensaje conciso: “Somos una amenaza para su sistema corrupto”.

La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el proceso de postulación para renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una institución que sectores de la oposición señalan como afín al Gobierno chavista.

El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados, recibirá las candidaturas desde este miércoles 28 de octubre hasta el 11 de noviembre. La designación de los nuevos jueces está prevista para el 11 de diciembre.

Los aspirantes deben ser venezolanos por nacimiento, no contar con otra nacionalidad y renunciar a cualquier militancia político-partidista. Tampoco pueden tener vínculos familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercero de afinidad, con magistrados del TSJ ni con altas autoridades del Estado.

La convocatoria también incluye la designación de un nuevo director para la Escuela Nacional de la Magistratura y de un inspector general de tribunales. En paralelo, operará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos cercanos a la oposición, que revisará el proceso como instancia adicional.

El actual TSJ está integrado por jueces que la oposición acusa de respaldar al chavismo y de convalidar el triunfo proclamado del ex dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, denunciadas como fraudulentas por sectores opositores. La renovación del máximo tribunal forma parte de los acuerdos alcanzados en agosto entre el chavismo y un sector de la oposición en una mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos.

Más de 100 representantes de la sociedad civil venezolana se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar, junto con la comisión parlamentaria, a los próximos magistrados del TSJ.

El diputado opositor Luis Florido informó que el número de candidatos podría extender los plazos previstos para revisar las postulaciones de los 12 integrantes de la sociedad civil que formarán parte del comité. “Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto”, afirmó Florido en un audio difundido por el Grupo Parlamentario Libertad en la red social X.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

En paralelo al avance impulsado por Washington hacia una transición política en Venezuela, la recién llegada al país María Corina Machado estaría dispuesta a reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según afirmó su vocera, Claudia Macero. La líder opositora venezolana “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, declaró la portavoz a la emisora Unión Radio.

El regreso de Machado el domingo pasado reintrodujo a la principal figura de la oposición en la discusión política venezolana. La dirigente recorrió unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas, donde miles de personas salieron a las calles en distintos puntos de su trayecto.

Machado ya había expresado desde el exilio en Panamá que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar”. La dirigente denunció que la administración chavista bloqueó su retorno tras siete intentos fallidos

Su vuelta ocurre mientras un sector opositor y el gobierno encargado de Rodríguez mantienen negociaciones con respaldo de Estados Unidos sobre una transición democrática. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la llegada de Machado fue “resultado directo” del proceso de “reconciliación” impulsado en la mesa de diálogo.

(Con información de EFE)

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con más de 100 familiares de presos políticos, representantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión, en una de sus primeras actividades públicas tras volver a Venezuela después de diez meses fuera del país.

Durante el encuentro, la fundadora de Vente Venezuela reafirmó su compromiso “con la justicia y la libertad de todos los venezolanos” y exigió la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos, según informó el Comité de Derechos Humanos de su partido.

“Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza. A cada una de esas familias les decimos: no están solos. Su dolor nos compromete y su lucha es también la nuestra”, expresó la organización.

Y agregó: “Cada testimonio compartido es la prueba viva de un país que exige justicia, el fin de la persecución y la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

Machado sostuvo que no habrá una Venezuela “verdaderamente libre” mientras permanezca detenido un solo preso político. Además, afirmó que mantendrán el reclamo hasta que los detenidos recuperen su libertad y puedan reencontrarse con sus familias.

La reunión ocurrió luego del regreso de Machado al país, que derivó en caravanas y concentraciones de simpatizantes en distintos puntos del territorio venezolano. Su retorno coincide con las negociaciones sobre una transición política impulsadas por Estados Unidos entre el Gobierno chavista y la oposición.

Machado también mantuvo un encuentro con dirigentes de las organizaciones que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la Alianza por Venezuela (AVE), tras su regreso al país.

Participaron referentes de Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei y ProVe. También asistieron representantes de agrupaciones más pequeñas vinculadas con AVE, como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados y Vanguardia Popular.

El encuentro buscó avanzar “en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional”, informó en la red social X el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado. Se espera que María Corina Machado brinde el próximo jueves su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela.

La PUD expresó el martes su expectativa de que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras su vuelta a Venezuela. La Contraloría General mantiene una inhabilitación contra la dirigente opositora, que le impide postularse a cargos de elección popular.

Por su parte, el Comité Nobel noruego expresó su expectativa de que el regreso de María Corina Machado fortalezca a la oposición democrática y su reclamo de una transición política con elecciones libres. “El comité expresa su esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica por la democracia”, señaló el organismo en un comunicado.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su trabajo incansable para promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, recordó el Comité Nobel.

La institución consideró a la dirigente opositora una figura “clave” en las demandas de elecciones libres y gobierno representativo que sostiene la oposición venezolana.

“Mucho ha cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela todavía necesita una transición democrática basada en los derechos fundamentales, la participación política y elecciones libres”, afirmó el comunicado.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los “sectores radicales” que no interfieran en la estabilidad del país, durante una gira por varios estados que siguió la ruta recorrida días antes por la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado tras su regreso del exilio.

Rodríguez habló ante simpatizantes en el estado Aragua, cercano a Caracas, sin mencionar a su principal rival política. “Que nadie se entrometa” en el proceso para preservar “la tranquilidad”, “estabilidad” y “crecimiento económico” de Venezuela, afirmó en referencia a Machado sobre su papel dentro de la oposición venezolana.

La mandataria comenzó su recorrido regional después de que la referente del parido Vente Venezuela apareciera el domingo en Barquisimeto y viajara por carretera unos 400 kilómetros hasta Caracas. Miles de personas salieron a las calles durante el trayecto para acompañar a la dirigente opositora, que había salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Rodríguez salió al cruce, calificó ese desplazamiento como un “show” y afirmó: “Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder”. La presidenta encargada asumió el liderazgo del país bajo presión de Washington luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero. Durante el acto, una multitud coreó “¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!”, mientras Rodríguez bailó, saltó y cantó, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

“Yo aspiro que sectores radicales abandonen para siempre la violencia”, expresó Rodríguez al referirse a las protestas surgidas por los racionamientos eléctricos. Durante el recorrido de Machado hacia Caracas, sus simpatizantes reclamaron una convocatoria a elecciones presidenciales tras la caída de Maduro. La cuestionada reelección del mandatario, en 2024, derivó en una ola de represión que dejó 28 muertos y más de 2.400 detenidos.

La líder del Gobierno chavista sostuvo que “pronto” habrá alivio frente a la crisis eléctrica y cuestionó las protestas con quema de neumáticos, mientras el país registra un aumento de los apagones durante el último año.

“No he visto un solo megavatio incorporado al sistema eléctrico nacional, tan golpeado por el bloqueo, por quemar un caucho, pero los invito sí a trabajar por recuperar el sistema eléctrico (...). Pronto ustedes van a verlo, pronto van a ver alivio en un país que ha sido tan golpeado por las sanciones que pidieron sectores radicales de Venezuela”, afirmó Rodríguez en relación a la presión de la Casa Blanca a Venezuela durante el régimen de Maduro.

La mandataria habló durante un encuentro con campesinos que transmitió el canal estatal y allí reconoció a los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Rodríguez aseguró que trabajan sin descanso para recuperar el servicio, aunque atraviesa una crisis eléctrica desde hace más de una década. En el último año, los cortes se intensificaron y provocaron protestas nocturnas en distintas regiones.

La oposición y expertos atribuyen las fallas a la corrupción y la falta de mantenimiento. El Gobierno venezolano responsabiliza a las sanciones económicas, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes contra el sistema.

El 8 de octubre, Rodríguez anunció la incorporación gradual de 7.400 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a partir de acuerdos con la empresa estadounidense General Electric y la argentina Impsa.

La presidenta encargada también manifestó su expectativa de que el Parlamento avance antes de fin de año con la segunda discusión de la reforma de la ley del sistema eléctrico. El proyecto busca habilitar la participación privada en iniciativas y compañías que hasta ahora están bajo control estatal. El debate legislativo quedó aplazado el jueves pasado, durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, sin una nueva fecha definida.

(Con información de AFP y EFE)

Donald Trump aseguró que Venezuela debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos y elegir a un gobernador en lugar de un presidente, durante un mitin republicano en Corpus Christi, Texas.

El presidente estadounidense lanzó la propuesta este martes ante sus seguidores, en un discurso centrado en la cooperación petrolera entre ambos países y en las inversiones anunciadas para el sector energético venezolano. “Se convertirá en un país próspero y, quién sabe, quizá algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51. Es posible. Hagámoslo”, dijo.

Trump vinculó su planteo con el acuerdo petrolero que su Gobierno alcanzó con Caracas. Según explicó, compañías estadounidenses comenzaron a destinar recursos a Venezuela y el entendimiento permite el envío de crudo hacia refinerías de Texas. “Quiero agradecer a Venezuela, donde nuestra relación se volvió muy, muy buena, excelente”, declaró.

Por su parte, sostuvo que esas inversiones generaron puestos de trabajo en Venezuela y aseguró que el volumen de actividad petrolera cambió las perspectivas económicas del país. “Miles y miles de millones de dólares están siendo invertidos ahora por las mayores compañías petroleras”, dijo ante el público reunido en Corpus Christi.

Durante el discurso, Trump agradeció al Gobierno venezolano por la firma de un acuerdo con North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP. El convenio otorgó a la compañía concesiones sobre 17 yacimientos petroleros de Venezuela. El Pentágono posee una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP.

Además, remarcó que las empresas involucradas procedían de Texas y de otros países, aunque colocó el foco en el acceso estadounidense al petróleo venezolano. “Estamos extrayendo mucho petróleo para nosotros, muchísimo”, expresó.

El presidente informó durante la jornada que Venezuela envió un primer cargamento de 1 millón de barriles de petróleo sin costo para Estados Unidos, dentro del acuerdo entre ambos gobiernos. “Esta victoria histórica nos da control sobre una parte masiva del suministro mundial de petróleo”, sostuvo Trump al referirse a la llegada del cargamento.

La propuesta no fue la primera formulada por Trump sobre ese asunto. Durante el año, el mandatario ya dijo que consideraba seriamente la posibilidad de que Venezuela se convirtiera en un estado estadounidense.

Luego del mitin, Trump tenía previsto visitar junto a Marco Rubio, secretario de Estado, un buque cargado con petróleo venezolano que atracó en Texas. Un funcionario del Departamento de Estado indicó que Rubio viajó con el presidente en su función de asesor de seguridad nacional.

“Necesita tiempo con el presidente para tratar todo tipo de asuntos”, explicó el funcionario sobre la presencia de Rubio en el viaje. El cargamento venezolano quedó destinado a las refinerías de Texas, mientras Trump volvió a presentar la cooperación petrolera como el eje de su relación con Caracas.

(Con información de Anadolu, EFE y Fox News)

La emigración de unos 43 mil médicos, producto de la emergencia humanitaria compleja que padece el país, se levanta como uno de los principales obstáculos para recuperar el sistema de salud de Venezuela, afirma el expresidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique Santiago López-Loyo.

En un informe que analiza la crisis sanitaria, López-Loyo cita los datos de la Federación Médica Venezolana (FMV) que dan cuenta de “una masiva migración de trabajadores de la salud”, que alcanzaría la cifra de “unos 43 mil médicos que han abandonado el país”.

“La dificultad particular que enfrenta Venezuela es el grado de destrucción actual de los servicios sanitarios, lo que hace cada vez más difícil contar con recursos tanto financieros como humanos para lograr una recuperación progresiva y definitiva, debido al altísimo nivel de emigración profesional”, sostiene el profesor.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que en la última década cerca de 7,9 millones de personas han salido del país.

Este mes los trabajadores de la salud encabezaron una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores, exigiendo aumentos salariales y mejoras en sus condiciones laborales. Los voceros del sector advirtieron que escalarán sus manifestaciones, en caso de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez no atienda sus peticiones.

Nueva visión

Para hacer frente al colapso del sistema, López-Loyo plantea la creación de un “Sistema Único Nacional de Salud”, que se ajuste al modelo de “Atención Centrada en la Persona, que genera un trato compasivo hacia el paciente como ser humano y una atención médica enfocada en sus necesidades como persona, en el contexto social en el que habita”.

“A la par de esta reorganización estructural, se debe asegurar que el personal de la salud perciba una remuneración que garantice su desarrollo profesional y familiar en condiciones de dignidad”, subraya el investigador.

López-Loyo considera necesario “digitalizar la estructura de registros de salud para mejorar el seguimiento y el control de los pacientes”, mientras se avanza en “la recuperación profunda de la infraestructura de hospitales y ambulatorios, que incluye la puesta en marcha de servicios de agua, electricidad, aseo y telecomunicaciones en los centros de salud”.

El académico llama a “unificar los títulos de médicos mediante la Ley de Ejercicio de la Medicina, con la designación original de médicos cirujanos, ya que actualmente también existe el título de ‘médico militar’”. A su juicio, “es un despropósito que grupos de poder se conviertan en administradores de la formación de profesionales altamente calificados bajo el precepto militarista que nos ha gobernado”.

“La reestructuración de los sistemas de salud es vital para garantizar el derecho a la atención médica, optimizar el uso de los recursos y asegurar la sostenibilidad financiera ante el envejecimiento poblacional y las crisis sanitarias”, observa López-Loyo.

María Corina Machado visitó este lunes en su domicilio al abogado Perkins Rocha, su asesor jurídico, quien permanece bajo arresto domiciliario desde que fue excarcelado en febrero pasado. La información fue difundida por el Comando con Venezuela, plataforma de campaña de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025.

La dirigente había reaparecido el domingo en una iglesia católica de Santa Rosa, un pueblo del estado Lara (oeste), tras anunciar su regreso a Venezuela. Según su equipo, la opositora permaneció fuera del país durante casi un año, período en el que enfrentó al menos siete intentos fallidos de ingreso por distintos impedimentos.

“Ni los muros, ni los grilletes, ni la persecución pueden detener la fuerza de la dignidad. Hoy se encuentran María Corina Machado y el doctor Perkins Rocha, un hombre íntegro, valiente y firme en sus convicciones. A pesar de que el régimen lo mantiene bajo arresto domiciliario, con custodia policial permanente y un grillete electrónico en su tobillo para infundir miedo, su espíritu sigue intacto y decidido”, publicó la plataforma en X.

Rocha lleva un grillete electrónico en el tobillo

El mensaje fue acompañado por fotografías del encuentro, en las que ambos aparecen sonrientes y abrazados. En las imágenes también se observa el grillete electrónico que porta Rocha, quien además se desempeña como asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora del país.

El Comando con Venezuela aprovechó la ocasión para reiterar su exigencia de libertad para todos los presos políticos.

“El horizonte del cambio está cerca”

Rocha, por su parte, dedicó unas palabras para destacar la labor de Machado, a quien prometió acompañar “hasta el final”.

“Ella encarna la suma de todos nuestros desvelos, la consistencia de nuestra doctrina y el compromiso inquebrantable de edificar una república liberal, justa y democrática. No existió un solo instante, en la hostil oscuridad de aquellos 539 días de injusta prisión, en que yo junto a tantos otros compañeros (...) llegáramos a dudar de su empeño por lograr nuestra libertad y restituir nuestras garantías constitucionales”, indicó.

“Hoy lo afirmo con absoluta convicción y certeza: el horizonte del cambio está cerca”, continuó el abogado, detenido en agosto de 2024 en medio de la crisis política desatada tras la denuncia de fraude de la PUD contra el resultado que otorgó la reelección a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

Una caravana de más de ocho horas culminó con una multitudinaria recepción en Caracas

Tras su llegada al país, Machado encabezó una caravana de más de ocho horas que atravesó unos cinco estados hasta llegar a Caracas, donde miles de seguidores la recibieron en las calles entre gritos de “libertad” y reclamos de elecciones presidenciales para el próximo año.

La opositora aún no ha revelado detalles sobre cómo logró ingresar a Venezuela tras sus denuncias de impedimentos.

“Nosotros tenemos excelentes relaciones con Brasil, inclusive en el peor momento que se pueda pensar siempre ha habido un canal”, declaró durante la rueda de prensa semanal de la formación oficialista, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El dirigente chavista también expresó su respaldo al resultado electoral brasileño y aseguró que Venezuela siempre ha estado dispuesta a tender la mano a sus “amigos”. “Nosotros estamos felices por el pueblo brasileño. Ahí se le metió un parado al fascismo con votos, un freno con votos”, añadió.

Lula calificó su triunfo como una “derrota de la mentira y del negacionismo”

En la noche del domingo, Lula se impuso con el 52% de los votos frente al 48% de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y describió su victoria como una “derrota de la mentira y del negacionismo”.

Por su parte, Flávio Bolsonaro sostuvo que “es imposible reconocer” el triunfo del líder progresista, al cuestionar la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del propio Lula.

Se trata de la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda se impone en el balotaje en Brasil.

Lula fue de los primeros en contactar a Venezuela tras la caída de Maduro

El mandatario brasileño, aliado histórico del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), fue uno de los primeros líderes en comunicarse con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, cuando el hoy depuesto Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos durante el operativo militar en Caracas en enero pasado.

Sin embargo, Lula no había reconocido la proclamada reelección de Maduro en 2024, cuando el ente electoral —conducido por rectores afines al chavismo— otorgó una victoria que la oposición calificó de fraudulenta, lo que desencadenó una crisis postelectoral marcada por detenciones y represión.

El líder brasileño intentó mediar en el conflicto y reclamó a las autoridades venezolanas la publicación de las actas que acreditaran el triunfo de Maduro, tal como exigieron varios gobiernos y la oposición, un pedido que fue ignorado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Gobierno venezolano su obligación de garantizar la seguridad, la integridad personal y los derechos políticos de la líder opositora María Corina Machado, quien regresó el domingo a Venezuela tras permanecer varios meses fuera del país. El organismo también insistió en que el respeto de los derechos humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para fortalecer la democracia y expresó su disposición a realizar una visita al país, tal como lo solicitó el propio Estado venezolano.

En un comunicado, la CIDH señaló que continúa con el seguimiento de la situación de Machado y recordó las responsabilidades de las autoridades venezolanas respecto de la protección de la dirigente. “La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos, libre de amenazas, hostigamiento o actos de violencia”, planteó la organización.

El pronunciamiento se produjo después del regreso de Machado, quien permaneció fuera de Venezuela desde su salida hacia Oslo, en diciembre de 2025, para recibir el Premio Nobel de la Paz. El galardón fue recogido finalmente por su hija, Ana Corina Sosa.

La CIDH también reiteró su posición sobre las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela. “El respeto de los derechos humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia en el país”, sostuvo el organismo, que insistió en la necesidad de preservar el ejercicio de los derechos políticos de la dirigente opositora.

En el mismo comunicado, la comisión manifestó su disposición a visitar Venezuela, de acuerdo con la solicitud presentada por el propio Estado. La declaración incluyó así tanto el seguimiento de la situación particular de Machado como la posibilidad de una visita del organismo internacional al país.

Tras su llegada, la dirigente opositora publicó un mensaje en las redes sociales para anunciar su regreso. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió. Su partido, Vente Venezuela, convocó una “caravana nacional” para celebrar su vuelta, que reunió a miles de personas en las calles.

Machado apareció el domingo en Barquisimeto, capital del estado Lara, y encabezó una caravana de vehículos durante un recorrido de unos 400 kilómetros hasta Caracas. Durante el trayecto, sus seguidores corearon consignas de libertad y reclamaron la celebración de elecciones presidenciales el próximo año.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó el lunes el regreso de Machado y afirmó que la dirigente podría haber evitado el “show”. “Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, declaró ante los medios al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

Rodríguez también se refirió a la posibilidad de que la justicia venezolana actúe contra Machado. Consultada sobre ese asunto, manifestó que esperaba que la dirigente mostrara “arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”.

La mandataria encargada agregó: “La justicia es un tema en el cual se está trabajando, para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, no haya criminalización de la pobreza”. Sus declaraciones se produjeron en el marco de una reforma judicial que propuso meses atrás.

La presidenta también fue consultada sobre una eventual participación de Machado en las negociaciones que el Gobierno mantiene con un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera. Rodríguez calificó esa posibilidad como un asunto que requiere experiencia y afirmó: “Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”.

Machado no fue invitada a esas conversaciones, aunque manifestó que no las obstaculizaría. La portavoz de la dirigente, Claudia Macero, declaró el lunes que la opositora está dispuesta a reunirse con Rodríguez “con total transparencia y con una agenda”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” en su regreso al país, donde miles de personas salieron a las calles para recibirla el domingo.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, dijo Rodríguez a medios de comunicación al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV. Se refería a la infraestructura provisional que funciona tras el terremoto.

Rodríguez evitó responder qué ruta usó Machado para entrar de nuevo a Venezuela, de donde salió en diciembre de 2024 rumbo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. La dirigente y su partido sostienen que el Gobierno le impidió volver en siete intentos anteriores. Las autoridades lo niegan.

La presidenta añadió: “Muchas personas beneficiadas de la ley de amnistía, de este proceso, que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias del aeropuerto”. Hablaba del aeropuerto internacional de Maiquetía, dañado por el doble terremoto de junio.

Consultada sobre si la justicia actuará contra Machado, Rodríguez respondió que ojalá “haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”. Agregó: “La justicia es un tema en el cual se está trabajando, para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, no haya criminalización de la pobreza”. Se refería a la reforma judicial que propuso hace varios meses. En el primer ciclo del diálogo con la oposición, ambas partes acordaron renovar a todos los jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre una eventual participación de Machado en la negociación que el Gobierno lleva adelante con un sector opositor, encabezado por la ex diputada Dinorah Figuera, Rodríguez dijo que es “algo muy serio”. Sostuvo: “Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de las manos inexpertas. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”.

Rodríguez ejerce como presidenta encargada desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación militar de Estados Unidos. Washington respalda el diálogo, que empezó el 18 de junio, cuando Figuera, médica y ex diputada de Primero Justicia, volvió a Venezuela tras ocho años de exilio. La semana pasada, el Gobierno estadounidense levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la presidenta y jefe negociador del Gobierno.

Machado no fue invitada a esas conversaciones, pero dijo que no las obstaculizaría. El Parlamento aprobó en febrero una ley de amnistía.

El doble terremoto del 24 de junio, con dos sismos de magnitud superior a 7,0, obligó a cerrar Maiquetía, el principal aeropuerto del país y el que sirve a Caracas. La terminal retomó operaciones comerciales el 1° de septiembre con el 25% de la actividad que tenía antes de los sismos, según el Gobierno. El Banco Mundial estima los daños materiales en USD 19.600 millones.

Machado apareció el domingo en Barquisimeto, capital del estado Lara, y recorrió unos 400 kilómetros hasta Caracas al frente de una caravana de vehículos, entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año. Rodríguez ha dicho ante la ONU que habrá comicios, sin indicar fecha.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la vuelta de Machado se debe a la labor de mediación de su país. La Unión Europea consideró este lunes que el regreso abre una oportunidad para avanzar hacia elecciones libres y justas.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las presidenciales de 2024. En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

La portavoz de Machado, Claudia Macero, dijo este lunes que la dirigente está dispuesta a reunirse con Rodríguez “con total transparencia y con una agenda”.

Estados Unidos advirtió hace semanas a las autoridades interinas de Venezuela de que la líder opositora María Corina Machado debía poder regresar al país sin ser perturbada, afirmó este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio. Según Rubio, Caracas respondió que podía aterrizar en el aeropuerto si quería, y Washington transmitió ese mensaje a su equipo.

Rubio dijo que solo la desaconsejó viajar justo después de los terremotos de junio, cuando Estados Unidos concentraba sus esfuerzos en hacer llegar ayuda al país. Un día antes había negado que los impedimentos para el regreso tuvieran relación con Washington.

La versión del equipo de Machado es distinta. Desde diciembre, la opositora intentó volver al menos 7 veces sin lograrlo, según fuentes de su partido. En septiembre, la misma semana en que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se reunió con Donald Trump en Nueva York, su equipo denunció 3 intentos frustrados de volar a Venezuela desde Panamá.

Machado regresó el domingo 25 de octubre, casi un año después de salir de forma clandestina del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Una caravana la llevó por los estados de Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua hasta Caracas, entre miles de simpatizantes. Rodríguez calificó el regreso de “show”.

Rubio atribuyó el retorno a las negociaciones entre el chavismo y una parte de la oposición, y pidió que todos los sectores apoyen ese proceso. Las describió como la mejor oportunidad en 30 años para lograr una elección libre y justa y una democracia duradera. La Embajada de Estados Unidos informó de que todo su personal trabaja ya desde Caracas.

Este lunes, Rubio sostuvo además que la infraestructura electoral venezolana fue diseñada por el régimen de Nicolás Maduro para amañar elecciones y que debe sustituirse con rapidez antes de que pueda haber una votación válida. Dijo que ve avances en las conversaciones entre el Gobierno interino y la oposición, y advirtió: “Si alguien intenta descarrilar el proceso, estará causando un gran daño a Venezuela”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, cuyo nombre no se difundió, explicó que el objetivo es contar con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a fines de este año y con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) poco después. Sin esos dos cambios, dijo, Venezuela tendrá dificultades para celebrar elecciones creíbles. El TSJ valida los resultados electorales. La designación del CNE corresponde a la Asamblea Nacional, que preside Jorge Rodríguez.

Maduro fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense y llevado a Nueva York para ser juzgado. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina con el aval de Washington. Desde agosto, el Gobierno y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera celebraron 3 rondas de diálogo con apoyo de Estados Unidos. Rubio recibió a Figuera en el Departamento de Estado el 9 de octubre. Machado y su partido, Vente Venezuela, no han sido incluidos en esas conversaciones.

Rodríguez había advertido en febrero, en una entrevista con NBC News, que Machado “tendrá que responder ante Venezuela” si volvía, por haber pedido una intervención militar y sanciones contra el país. El 29 de enero ya había dicho en la Academia Militar, sin nombrarla, que habría ley y justicia para quienes dañan al país desde el exterior.

Rubio ha evitado fijar plazos para las elecciones. Su plan tiene 3 etapas: estabilización, recuperación económica y reconciliación política. El 25 de febrero descartó un calendario “artificial” y dijo que las autoridades venezolanas necesitaban legitimarse en las urnas. El 3 de junio, ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pidió crear una comisión electoral independiente “lo antes posible”.

Rodríguez prometió el 23 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, que habrá elecciones. No dio fecha.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela reavivó la presión para definir un calendario electoral y avanzar hacia una transición democrática. Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en la Argentina, destacó la capacidad de convocatoria de la dirigente opositora y advirtió que la sociedad venezolana no está dispuesta a seguir esperando una salida a la crisis política.

En diálogo con Infobae al Mediodía, Trotta sostuvo que la recepción que tuvo Machado en las calles confirmó que la recuperación de la democracia sigue siendo una de las principales demandas de la población. “La gente sencillamente no quiere seguir esperando”, afirmó.

La exembajadora también describió el recorrido de la dirigente desde la frontera hasta Caracas, que atravesó seis estados y se extendió durante 11 horas. “La ruta fue más lenta de lo planificado”, señaló.

Elisa Trotta destacó el liderazgo de María Corina Machado

Para Trotta, la movilización que acompañó el regreso de Machado dejó en evidencia la persistencia del reclamo por un cambio político en Venezuela.

“Cuando vemos a los cientos de miles o no sé si millones de personas que salieron ayer a la calle, incluso de noche, a recibir a María Corina Machado, vemos que el eje de los venezolanos sigue siendo, sin lugar a dudas, la recuperación de la democracia”, sostuvo.

La exembajadora destacó la capacidad de convocatoria de la dirigente y consideró que su regreso volvió a poner de manifiesto la vigencia de su liderazgo opositor.

Uno de los episodios que llamó la atención durante el recorrido fue el paso de la caravana cerca de Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares del país y un espacio estratégico para el poder chavista. Consultada sobre el significado de ese trayecto, Trotta interpretó que pudo haber tenido una intención política.

“Seguramente tiene que haber habido un mensaje ahí y, si no lo hubo, esa apertura, que es lo que ella ha tratado de mostrar constantemente”, expresó.

También hizo referencia a las dificultades que enfrentó Machado para ingresar al país. Según afirmó, esta habría sido la octava ocasión en la que intentó regresar a Venezuela, de acuerdo con la información que manejaba.

Trotta señaló, además, que durante la caravana se observó un dispositivo de seguridad que, según su interpretación, incluía personas que no serían venezolanas. La custodia de la dirigente volvió a poner de relieve los riesgos que rodean su actividad política.

Las negociaciones para convocar elecciones en Venezuela

El regreso de Machado se produjo en medio de las conversaciones sobre una eventual convocatoria electoral y la reorganización de las instituciones encargadas de llevar adelante los comicios. Trotta explicó que Estados Unidos participa en una instancia de diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

La exembajadora describió a ese cuerpo legislativo como “la última institución, lo que se considera la última institución democrática legítimamente electa de Venezuela”.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo responsable de organizar y administrar los comicios. Para Trotta, su recomposición resulta indispensable para avanzar hacia una elección presidencial con un cronograma definido.

“Esperamos también un nuevo CNE, un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que se necesita para poder llevar adelante un proceso electoral, incluyendo el cronograma”, explicó.

En ese contexto, consideró que la presencia de Machado en el país puede incrementar la presión sobre los actores políticos para que establezcan plazos concretos. “La llegada de María Corina Machado pone nuevamente en jaque la necesidad de que este cronograma tenga fecha, tenga día, tenga hora lo más pronto posible”, afirmó.

Trotta también destacó la influencia de Washington en el escenario venezolano y mencionó el papel del presidente estadounidense. “Estados Unidos y específicamente el presidente Donald Trump fue el que hizo posible el 3 de enero”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que lo ocurrido hasta el momento no es suficiente para considerar resuelta la crisis. “¿Ha sido suficiente hasta el momento? No, no lo ha sido. Pero el futuro de Venezuela está fundamentalmente en manos de los venezolanos”, remarcó.

Elisa Trotta reclamó la liberación de los presos políticos

La situación de los detenidos por motivos políticos continúa entre las principales preocupaciones de la oposición venezolana. Durante la movilización, Machado llevó una remera con un mensaje en favor de su liberación, un reclamo que Trotta consideró central para cualquier proceso de transición democrática.

“En Venezuela hoy todavía hay casi 400 presos políticos”, advirtió la exembajadora.

Entre los casos que mencionó se encuentra el de Germán Giuliani, ciudadano argentino detenido en Venezuela. “No hay que olvidarlo”, subrayó al referirse a su situación.

Trotta también hizo referencia a Perkins Rocha, abogado vinculado con Machado que cumple arresto domiciliario. Además, señaló que varias de las personas que acompañaron a la dirigente durante su recorrido son expresos políticos.

La definición de un calendario electoral, la renovación de las instituciones y la liberación de los presos políticos aparecen así entre los principales desafíos de la transición. Para Trotta, el regreso de Machado representa una oportunidad para acelerar esos reclamos, aunque el avance hacia una salida democrática dependerá de que las negociaciones se traduzcan en decisiones concretas.

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El Frente Institucional Militar (FIM), integrado por 252 oficiales profesionales retirados, denuncia que las expresiones de descontento dentro de los cuarteles son respondidas con persecución y amenazas de detención y tortura. Además, advirtió sobre lo que considera una severa desarticulación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y llamó a recuperar su carácter profesional, democrático y subordinado a la Constitución.

La organización de militares en la reserva activa la presiden la preside el General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y secretario de Organización GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los cuatro componentes están representados por: GB (EJ) Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchszer Cabriles, Armada; GB (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación; y GB (GN) Simón Figuera Pérez, Guardia Nacional.

En el pronunciamiento, la organización contrastó la situación actual con el papel que, a su juicio, desempeñó la antigua Fuerza Armada Nacional durante buena parte de la historia republicana: la defensa de la soberanía, la protección de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos.

Según el FIM, ese modelo institucional se ha debilitado. El grupo denuncia fallas de disciplina, preparación operativa y logística, así como el abandono de la meritocracia en la asignación de cargos y ascensos.

El señalamiento remite a un largo proceso de institucionalización militar. Sus antecedentes se remontan a la Independencia y a los primeros intentos de formación castrense del siglo XIX. Durante el siglo XX se consolidaron academias, escuelas y componentes especializados, mientras la etapa democrática iniciada en 1958 reforzó formalmente la subordinación del poder militar al orden civil.

Brecha cúpula y rangos medios

La Constitución venezolana establece que la Fuerza Armada debe ser una institución esencialmente profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la nación. También fijó la disciplina, la obediencia y la subordinación como pilares fundamentales, y dispuso que los ascensos respondieran al mérito, el escalafón y las plazas vacantes.

Debido a eso el Frente Institucional Militar señala una profunda brecha dentro de la estructura militar. Por un lado, describe una cúpula integrada por generales, almirantes, capitanes de navío y coroneles con privilegios; por otro, asegura que oficiales de rangos medios y bajos, junto con la tropa profesional y alistada, enfrentan precariedad económica, deficiencias de adiestramiento y desmoralización.

El comunicado atribuye parte de la crisis a la politización del servicio militar, que a su juicio, habría desvirtuado la misión constitucional de la institución. A ello suma bajos salarios, ausencia de servicios adecuados de asistencia social y deterioro de la infraestructura de bienestar para los efectivos y sus familias.

Llaman a la reconstrucción

Frente a este panorama, los oficiales retirados pidieron rescatar el honor, el profesionalismo y el sentido de servicio público. Plantearon reconstruir una Fuerza Armada regida por la meritocracia, dedicada al adiestramiento y a la defensa nacional, apartada de ideologías partidistas y sometida a la Constitución y las leyes.

El pronunciamiento también aludió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El FIM afirmó que esa fecha “está viva” en la memoria ciudadana y relacionó esa valoración con manifestaciones realizadas en distintas zonas del país. Según la organización, la población mantiene su reclamo de que sea reconocido el presidente que, sostiene, resultó elegido.

Con este mensaje, el FIM vinculó la recuperación de la institucionalidad militar con una reconstrucción democrática más amplia y reiteró que la Fuerza Armada debe servir a la nación, no a una persona ni a una parcialidad política.

Los oficiales retirados, agrupados en el Frente Institucional Militar, plantean rescatar el honor, el adiestramiento y la defensa nacional como bases de una nueva institucionalidad militar. Para el FIM, esa recuperación forma parte de una reconstrucción democrática en la que la Fuerza Armada sirva a la nación y no a una parcialidad política.

En su maratónico programa de televisión de los miércoles, Diosdado Cabello dedica horas a hablar de María Corina Machado. Sin embargo, este domingo 25 de octubre, cuando la líder opositora sorprendió a todos los venezolanos con su regreso al país, el ministro de Relaciones Interiores no abrió la boca.

El triunvirato chavista, conformado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y Cabello, optó por el silencio ante el retorno de la premio Nobel de la Paz 2025, mientras entre las huestes oficialistas se alternaban manifestaciones a favor de la negociación que adelantan con la oposición, descalificaciones y una que otra amenaza a manera de “bienvenida”.

“El proceso de diálogo en marcha no procura la neutralización o desaparición del otro, busca crear las condiciones para que el ejercicio de la política se haga sin confrontaciones desmedidas, cerrando filas con la Constitución”, reaccionó Jorge Arreaza, diputado y miembro de la delegación chavista que participa en el mecanismo de negociación auspiciado por Estados Unidos.

Sin aludir directamente al retorno de su principal adversaria, el legislador Nicolás Maduro Guerra compartió en sus redes fotos de su padre Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con el siguiente mensaje: “Pase lo que pase, con amor, paz, respeto, tolerancia, convivencia y las bendiciones de nuestro Señor, nosotros siempre venceremos”.

La parlamentaria y miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rodbexa Poleo, apeló a una cita del Libertador Simón Bolívar: “No me espanta, estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles, que han desaparecido al acercarnos a ellos”.

Estocada

La secretaria general de Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, se enzarzó en discusiones en X sin medias tintas ni expresiones crípticas: “Va presa. Gracias, no hay que pedir extradición”, espetó la jefa de PPT, partido de la coalición chavista.

En una entrevista ofrecida en febrero, la presidenta interina Rodríguez apuntó que si Machado volvía al país, tendría que “responder ante Venezuela” y agregó: “Por qué pidió una intervención militar, por qué solicitó sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero”, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron en Caracas a Maduro y Flores.

“Muchas veces los he visto insultar, amenazar, maldecir … después llorar. No se equivoquen, la paciencia tiene un límite y hoy demostraron que son la clave perfecta para una guerra civil. De este lado no hay miedo, solo contención. La presidenta Delcy Rodríguez dio amnistía, ha llamado a la paz y la convivencia, aun así ustedes siguen con el odio y la maldad”, escribió Indira Urbaneja, quien se presenta como influencer chavista y forma parte del Programa de Paz y Convivencia Democrática que instaló la mandataria interina.

Urbajena, además, sugirió que los motorizados que participaron en la caravana de Machado recibieron un pago de 200 dólares y se dirigió directamente a la jefa de prensa de la líder opositora, Claudia Macero: “Hoy tengo todo el monitoreo para darte la estocada final. Ustedes están acabadas y con este patrón de insultos y locura más”.

El economista Carlos Blanco, principal asesor de María Corina Machado, afirma que en su regreso al país la líder de la oposición dará prioridad a cuatro temas clave: movilización popular, organización, fortalecimiento de alianzas e impulso de un gran acuerdo para la reconstrucción nacional.

“No hay que confundir movilización popular con desorden ni con inestabilidad”, aclaró Blanco en una entrevista concedida al comunicador César Miguel Rondón este domingo 25 de septiembre.

Este es un asunto espinoso. La primera etapa del plan de tres fases diseñado por el Departamento de Estado para Venezuela privilegia la “estabilización”. Se ha dicho que Washington se negaba a aprobar el retorno de Machado, temiendo que su presencia en el terreno generara crispación, atizara las protestas populares y llevara a la desestabilización.

El exministro aseguró que la fundadora de Vente Venezuela llegó a Caracas “con la disposición a contribuir a la salida más pronta y más pacífica que sea posible”.

Blanco enfatizó que la premio Nobel de la Paz 2025 vuelve para “organizar la movilización popular espontánea”, apostando por la recuperación de las debilitadas organizaciones políticas y sociales de Venezuela.

Amplia base

“En tercer lugar, hay que hacer o fortalecer alianzas políticas y sociales. Hay que hacer un esfuerzo tremendo para que los partidos se reorganicen y se democraticen”, expresó el consejero de Machado.

Blanco indicó que la dirigente encabezará el trabajo para lograr un “gran acuerdo para la reconstrucción nacional”, con el fin de definir una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela.

Ratificó que exigen que se convoquen elecciones presidenciales lo antes posible. “Si no hay elecciones presidenciales, lo que quiere decir es que los rezagos del régimen van a seguir mandando en Miraflores (palacio de gobierno) y haciendo los contratos que están haciendo”, argumentó.

Con respecto a los peligros que enfrenta el proyecto político de Machado, señaló: “En Venezuela hay una estructura mafiosa que ha ido enterrando sus tentáculos profundamente para quedarse”.

Blanco dijo que ese grupo “está constituido por los nuevos ricos del chavismo, por algunos de los anteriores y por algunos extranjeros que se han sumado a la rebatiña. Es la estructura más peligrosa que existe porque quiere permanecer para siempre, buscando que Delcy Rodríguez extienda su mandato o que lo que venga sea algo parecido”.

A la octava

“Estoy aquí. Con ustedes”. Con este mensaje, publicado en X este domingo 25 de octubre a las 11:31 de la mañana (hora de Venezuela), Machado sorprendió a los venezolanos anunciando su retorno.

Apareció en la iglesia de la Divina Pastora, ubicada en Barquisimeto, estado Lara, región centro-occidental, a 366 kilómetros de Caracas. Semanas atrás, Machado había declarado que intentó volver al país hasta en siete ocasiones, pero que no le permitían entrar.

“Esta es la coronación de un esfuerzo, del octavo esfuerzo de María Corina por llegar al país. Lo había ofrecido, se había organizado en distintas oportunidades, pero no se pudo realizar por factores que no controlaba ella”, declaró Blanco sin ofrecer mayores detalles sobre un hecho que sacude el tablero político nacional.

Fue, como es habitual en ella, un regreso a casa cargado de simbolismo. Cuando el 25 de octubre aparecieron las primeras imágenes de la líder de la oposición María Corina Machado desde el interior de Venezuela, tras un exilio de casi diez meses, se la veía rodeada de simpatizantes junto a la estatua de la Divina Pastora. El santuario, situado en el interior de una iglesia cerca de la ciudad occidental de Barquisimeto, representa a la Virgen María como una pastora que guía a su rebaño. Poco antes de aparecer, la Sra. Machado había publicado un mensaje enigmático en X: “Estoy aquí. Con todos vosotros”.

Su regreso triunfal sorprendió a millones de venezolanos, y posiblemente también al régimen gobernante. Durante meses, la popular política había prometido regresar pronto a Venezuela. Vivió allí escondida hasta diciembre, cuando salió clandestinamente del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. En los últimos meses, intentó regresar en varias ocasiones, principalmente en aviones comerciales y privados. En cada ocasión, el régimen logró frustrar sus planes. Esta vez, al parecer, cruzó la frontera terrestre desde Colombia sin ser detectada. Se desconoce qué tipo de ayuda recibió del gobierno de Estados Unidos. Según informes, la acompaña un equipo de seguridad privada estadounidense.

Sin embargo, independientemente de cómo haya logrado regresar, su presencia en Venezuela parece destinada a complicar la inusual y estrecha relación que la administración del presidente Trump ha forjado con el infame régimen de Delcy Rodríguez . Esta última gobierna el país desde el 3 de enero, cuando las tropas estadounidenses capturaron a su exjefe, Nicolás Maduro, y lo trasladaron junto con su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.

El señor Trump afirmó desconocer el regreso de la señora Machado cuando le preguntaron al respecto el domingo. “Es una mujer muy amable”, dijo. “Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué más puedo decir?”. En enero, la señora Machado le entregó la medalla del Nobel, que ganó por su campaña a favor de la democracia en Venezuela, al señor Trump (quien afirmó merecerla más). En aquel momento, declaró que hizo el gesto en agradecimiento por su “apoyo decisivo a nuestra causa”.

Desde entonces, ha tenido motivos para dudar del alcance de ese apoyo. Si bien el Sr. Trump nunca duda en elogiar a la Sra. Rodríguez —a quien califica de “magnífica”—, desde hace tiempo se muestra ambivalente hacia la Sra. Machado, que goza de mucha más popularidad entre los venezolanos.

Exdiputada proveniente de una otrora acaudalada familia industrial, organizó la campaña electoral de la oposición en 2024. Al ser inhabilitada para postularse a la presidencia, propuso a un sustituto, el anciano exembajador Edmundo González. González ganó las elecciones por una amplia mayoría. Nunca llegó a asumir el cargo porque Maduro, con la complicidad de todo su séquito (incluida Rodríguez), declaró un resultado fraudulento. En las semanas siguientes, se intensificó la represión política, obligando a González al exilio, a Machado a esconderse y a cientos de activistas de la oposición a encarcelarse.

La Sra. Machado ha pedido que se celebren nuevas elecciones en Venezuela antes de julio del próximo año y ha dejado claro que se presentará como candidata. Esta propuesta aún no cuenta con el respaldo del Sr. Trump. «No creo que estén preparados [para las elecciones] todavía», declaró en septiembre.

En cambio, se ha centrado en presentar la captura del Sr. Maduro y lo que ha sucedido después en Venezuela como un éxito rotundo. Lo presenta como si le hubiera dado a Estados Unidos el control total de las vastas reservas probadas de petróleo de Venezuela. En agosto, su gobierno se aseguró el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de petróleo del país, aproximadamente una quinta parte de sus reservas probadas, mediante un acuerdo con Venezuela y una compañía petrolera privada. Afirma que los venezolanos están celebrando con júbilo todo lo que ha logrado.

El problema del Sr. Trump, y la oportunidad de la Sra. Machado, es que esto no es cierto. Pocos venezolanos consideran que su apoyo a la Sra. Rodríguez (ampliamente detestada), o su propia situación económica, representen un éxito. La popularidad del Sr. Trump en Venezuela ha caído en picado en los últimos meses. «Se deshizo de Maduro, lo cual es bueno, pero básicamente aquí sigue igual», dijo Eduardo, un técnico informático de Caracas, la capital.

Mientras la Sra. Machado se encontraba fuera del país, Estados Unidos respaldó las conversaciones de transición, lideradas por otra líder de la oposición, Dinorah Figuera. La delegación del régimen en estas negociaciones estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la Sra. Rodríguez. Las conversaciones concluyeron la semana pasada con acuerdos para continuar el diálogo sobre reformas judiciales y legales. Más de 1000 presos políticos han sido liberados este año. Más de 300 permanecen encarcelados . El 22 de octubre, la Sra. Figuera acudió al palacio presidencial para su primer encuentro público con la Sra. Rodríguez, lo que representó una señal de reconciliación.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos , que ya han propiciado la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el 25 de octubre. Esa misma noche, la Sra. Machado se dirigía a la capital con una caravana de simpatizantes. “Muy pronto estaré con ustedes”, publicó el Sr. González, ganador de las elecciones de 2024. Es muy posible que los venezolanos pronto celebren en las calles, pero no al son de las palabras del Sr. Trump.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, regresó el domingo a Venezuela después de casi un año en el exilio y fue recibida por miles de simpatizantes en las calles, en un desafío directo al Gobierno interino de Delcy Rodríguez, respaldado por Estados Unidos.

Miles de personas se congregaron en carreteras, peajes y calles para saludar su llegada con banderas venezolanas y gritos de “¡Libertad!”. Machado ingresó a Caracas en una caravana de automóviles y motocicletas, desde cuyo techo corredizo saludó a la multitud y estrechó las manos de sus seguidores.

Vestida con una camiseta blanca y jeans azules, la dirigente opositora reapareció en público después de meses fuera del país, en un momento marcado por las negociaciones sobre la transición política venezolana y el futuro de las reservas petroleras.

Antes de llegar a la capital, Machado estuvo en la iglesia de Santa Rosa, en la ciudad occidental de Barquisimeto, donde sus simpatizantes la recibieron con cánticos de “¡Viva María Corina!”.

El regreso de Machado devuelve al centro de la política venezolana a una de las principales figuras de la oposición democrática, que permaneció fuera del país mientras avanzaban las conversaciones impulsadas por Washington para definir una transición política.

La dirigente salió de Venezuela en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz, después de pasar casi un año escondida. Desde entonces, según fuentes de su partido citadas por AFP, realizó al menos siete intentos fallidos de regresar al país antes de su reaparición este domingo.

Dos venezolanos exiliados dijeron a AFP que Machado ingresó desde la vecina Colombia, aunque las autoridades colombianas no confirmaron de inmediato esa versión.

Un regreso en medio de la transición política

El retorno de Machado se produce en un escenario político distinto al que existía cuando abandonó Venezuela. Hace nueve meses, el entonces dictador Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense y encarcelado en Estados Unidos. Sin embargo, la oposición democrática quedó al margen de la conducción del Gobierno interino, que asumió la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el respaldo de Washington.

Desde su exilio en Panamá, Machado observó cómo avanzaban las conversaciones promovidas por Estados Unidos sobre una transición política sin su participación directa. El Gobierno interino prometió convocar elecciones, pero hasta el momento no fijó una fecha para los comicios.

La líder opositora elogió en reiteradas ocasiones al presidente estadounidense, Donald Trump, por ordenar la operación militar que culminó con la captura de Maduro. Incluso le entregó la medalla del Nobel de la Paz que recibió.

Trump expresó su satisfacción con Rodríguez, en particular por las concesiones de su Gobierno para facilitar el acceso estadounidense al petróleo venezolano. Consultado este domingo sobre el regreso de Machado, afirmó que no estaba al tanto de su llegada. “Pero creo que es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo podría decir otra cosa?”, declaró Trump.

“Nos está yendo muy bien en Venezuela”, agregó el presidente estadounidense.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que el regreso de Machado fue posible gracias a las negociaciones respaldadas por Washington y pidió a la dirigente que apoye ese proceso.

“Esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr pacíficamente no solo elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera”, afirmó Rubio.

La posición del Gobierno estadounidense sitúa las negociaciones como una de las principales vías para definir el futuro político del país, mientras Machado vuelve a tener presencia directa en Venezuela y su partido reclama condiciones para participar en las próximas elecciones.

El territorio colombiano habría sido una pieza clave en la operación que permitió el retorno de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, de acuerdo con una publicación del diario español ABC. La información señala que el cruce se concretó durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, después de varios intentos fallidos y gestiones diplomáticas.

El regreso se produjo luego de casi diez meses fuera de Venezuela. Según el medio español, el paso por Colombia fue contemplado en anteriores ocasiones, pero las dificultades políticas y las diferencias entre los gobiernos involucrados impidieron que la operación avanzara como estaba previsto.

La publicación también apunta a que la decisión estuvo rodeada de tensiones dentro de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Las discusiones sobre cómo proceder frente al retorno de Machado se habrían prolongado hasta los últimos momentos, mientras aumentaba la presión política para evitar que Washington apareciera como responsable de impedir su regreso.

Colombia, escenario de varios intentos de retorno

La ruta colombiana habría sido una de las principales alternativas contempladas por María Corina Machado para regresar a Venezuela, aunque los primeros planes no lograron concretarse. De acuerdo con el diario español, el cruce que se habría realizado durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre representó el segundo intento de la dirigente opositora de volver a su país desde Colombia y el noveno desde junio.

El periódico señala que entre junio y septiembre se frustraron ocho operaciones destinadas a facilitar su retorno. Durante ese periodo, el territorio colombiano apareció como un punto de partida para intentar llegar a Venezuela, en medio de las dificultades políticas y diplomáticas que rodeaban los planes de la líder opositora.

Uno de los episodios mencionados ocurrió en septiembre, cuando Machado habría intentado cruzar a pie la frontera entre Colombia y Venezuela. La operación contemplaba que la dirigente ingresara por vía terrestre, mientras integrantes de su equipo ya se encontraban dentro del territorio venezolano para facilitar su llegada.

Sin embargo, el intento fracasó por las resistencias de última hora atribuidas al Ejecutivo nacional, encabezado por Abelardo De la Espriella, pese a que integrantes del equipo de Machado ya estaban en Venezuela.

El diario español relaciona las dificultades con las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington. Como antecedente, menciona la reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con De la Espriella, el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla, durante el periodo en que se habrían frustrado los planes de retorno.

Las presiones en Washington antes del regreso

Las dificultades para concretar el retorno de Machado no se habrían limitado a la frontera venezolana. Según las fuentes citadas, dentro de la administración del presidente estadounidense Donald Trump existían diferencias sobre cómo actuar frente a la posibilidad de que la dirigente opositora regresara a su país.

Las discusiones internas se habrían mantenido hasta los últimos momentos, mientras distintos sectores presionaban para que Washington definiera su posición. De acuerdo con el diario, la Casa Blanca debía considerar las consecuencias políticas que podría tener una intervención que terminara obstaculizando el retorno de Machado.

En ese escenario, los legisladores de Florida habrían desempeñado un papel importante. Según la publicación, su presión contribuyó a inclinar la decisión al advertir sobre el costo político que supondría transmitir la imagen de que el Gobierno estadounidense estaba impidiendo el regreso de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

La preocupación, de acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, estaba relacionada con la percepción que podría generar la postura de Washington frente a una figura central de la oposición venezolana. Las diferencias dentro de la administración republicana habrían complicado la definición de una respuesta común antes de que se concretara la operación.

Finalmente, ABC sostiene que el cruce desde Colombia se habría realizado durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, después de las gestiones diplomáticas previas y en un escenario en el que la posición de la administración Trump habría sido determinante para evitar nuevos obstáculos.

Hay acontecimientos que no se explican sólo desde la política. Se sienten. Nos conmueven porque detrás de ellos hay años de sufrimiento, resistencia y esperanza. El regreso de María Corina Machado a Venezuela es uno de ellos.

Después de casi diez meses fuera de su país y de numerosos intentos por volver, apareció en la iglesia de Santa Rosa, estado Lara, para agradecer a la Divina Pastora. Entre abrazos, oraciones y muestras de afecto, volvió a encontrarse con su pueblo.

Su mensaje fue breve y conmovedor: “Estoy aquí. Con ustedes”. Cuatro palabras que resumen años de resistencia.

Durante mis años como diputada nacional por el PRO y como embajadora argentina ante la OEA entre 2018 y 2019, Venezuela ocupó un lugar central en mis preocupaciones políticas. Durante la presidencia de Mauricio Macri, la Argentina asumió una posición firme frente a la crisis venezolana. El presidente se involucró activamente en los esfuerzos regionales para encontrar una salida democrática.

El 24 de enero de 2019 presenté en nombre de dieciséis países una declaración de respaldo a la Asamblea Nacional venezolana y a Juan Guaidó, que reclamaba también la liberación de los presos políticos y el ingreso de ayuda humanitaria. Era una política exterior de convicciones, pero también de acciones concretas.

Recuerdo las largas sesiones, las denuncias sobre presos políticos y las familias que escapaban de Venezuela. También recuerdo a los venezolanos que nos pedían que no dejáramos de hablar de su país. Que no nos acostumbráramos a la represión. Que no confundiéramos el respeto a la soberanía con mirar hacia otro lado.

Por eso emociona el regreso de María Corina. Su presencia en Venezuela le da un nuevo impulso a una transición que todavía tiene mucho por resolver.

El chavismo lleva más de veintisiete años marcando la vida política venezolana. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, durante una operación militar estadounidense, abrió una etapa inesperada. Pero su salida del poder no significó el restablecimiento de la democracia. Delcy Rodríguez continúa al frente del gobierno interino y las instituciones todavía enfrentan enormes desafíos.

María Corina vuelve en un momento decisivo. Ganó las primarias opositoras de octubre de 2023 con más del 92% de los votos, pero el gobierno de Maduro le impidió competir en las elecciones presidenciales de 2024. Acompañó entonces la candidatura de Edmundo González Urrutia. Vivió durante más de un año prácticamente en la clandestinidad y en diciembre de 2025 salió de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Admiro su perseverancia y su capacidad para sostener un liderazgo aun en las circunstancias más difíciles. Pero ahora comienza una etapa distinta. Ya no alcanza con resistir. Hay que organizar, convocar, escuchar y construir acuerdos.

Venezuela necesita un acuerdo nacional que permita avanzar en la liberación de los presos políticos, garantizar los derechos fundamentales y establecer las condiciones para elecciones libres, transparentes y competitivas.

Todavía quedan interrogantes sobre las negociaciones que hicieron posible este retorno y sobre las garantías para que María Corina pueda ejercer libremente su actividad política. Pero hay algo esencial: el futuro de Venezuela no puede decidirse solamente en Washington ni entre quienes hoy detentan el poder. Los venezolanos tienen que ser los protagonistas.

Pienso también en los millones que tuvieron que irse. En las familias separadas, en los padres que no vieron crecer a sus hijos, en los abuelos que conocen a sus nietos a través de una pantalla. En tantos jóvenes que tuvieron que buscar lejos de su tierra las oportunidades que su propio país no podía ofrecerles.

Para todos ellos, recuperar la libertad significa mucho más que una elección. Significa poder volver a sus raíces.

Volvió María Corina. Cumplió con su palabra, una vez más, con la sensatez y la humildad que la caracterizan. Pero todavía falta mucho para que los venezolanos puedan sentir que ellos también están volviendo.

No tengo certezas sobre lo que vendrá. Sí tengo la esperanza de que esta vez los venezolanos puedan recuperar el derecho a decidir su destino.

Elijo creer en este maravilloso pueblo y en esta mujer extraordinaria.

*Paula María Bertol es ex Embajadora ante la OEA 2018/2019.

El primer acto público fue en el santuario de la Divina Pastora, en la localidad de Santa Rosa, estado Lara, a unos 400 kilómetros de Caracas. Decenas de simpatizantes ovacionaron a Machado y varios intentaron abrazarla. La dirigente había confirmado su presencia en la red social X con un mensaje breve: “Estoy aquí. Con ustedes”. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia anunció que estaba “en territorio venezolano”.

Desde Lara, su equipo anunció un recorrido con paradas en el peaje de Guacara, en Carabobo; el peaje de Palo Negro, en Maracay; y la autopista Valle-Coche, en Caracas, donde su partido, Vente Venezuela, convocó a recibirla a las 15:30, hora local.

En Chivacoa, estado Yaracuy, un grupo de seguidores con banderas la saludó mientras ella se asomaba por la ventanilla de su vehículo. En Maracaibo, la filial regional del partido convocó una caravana para las 16:00.

Las concentraciones de este domingo siguen a otras protestas de las últimas semanas. El 24 de septiembre, cientos de personas marcharon en Caracas al grito de “María Corina, vente, te estamos esperando”. Antes de las últimas manifestaciones en Caracas, las autoridades detuvieron brevemente al menos a siete personas y bloquearon una vía, según informó Bloomberg, agencia de noticias estadounidense.

Machado no ha explicado cómo ingresó al país ni dónde permanecerá. Su partido contabiliza siete intentos fallidos de volver por aire, mar y tierra, y activistas opositores acusan al Gobierno de haberlos impedido, algo que las autoridades niegan.

Rodríguez no había reaccionado públicamente al cierre de esta edición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas: “No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable”.

Machado ganó en octubre de 2023 las primarias de la oposición, pero el régimen de Nicolás Maduro le impidió competir en las presidenciales de 2024. Edmundo González ocupó su lugar en la boleta y, según las pruebas que presentó la oposición, derrotó a Maduro por más de dos a uno. El Consejo Nacional Electoral, integrado por personas leales al oficialismo, proclamó ganador a Maduro.

Machado salió del país de forma clandestina para recibir el Nobel en Oslo, en diciembre de 2025. En enero de 2026, el ejército de Estados Unidos capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico que él niega. Washington decidió entonces trabajar con Rodríguez, una aliada de largo plazo de Maduro, y no con Machado.

El proceso político avanzó sin Machado. No hay elecciones programadas, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostiene que antes deben estabilizarse la economía y reconstruirse el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral. Desde agosto, el Gobierno dialoga, con apoyo de Washington, con un grupo opositor encabezado por Dinorah Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional elegida en 2015. La última ronda terminó esta semana con acuerdos para revisar las leyes sobre inhabilitaciones políticas, partidos y manifestaciones.

El peso político de Machado se mide en las encuestas. La última de AtlasIntel, consultora de datos, para Bloomberg le dio 61% de valoración positiva y una ventaja de 52% a 19% sobre Rodríguez en una hipotética elección presidencial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó este domingo el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado al proceso de reconciliación que Washington respalda en la mesa de diálogo con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Rubio lo afirmó en la red social X, tras el anuncio de la propia Machado de que ya estaba en el país.

“Las condiciones que han permitido el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación mediante las cuales cientos de presos políticos han sido liberados y cientos de opositores han podido volver desde el exilio”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Machado confirmó su vuelta con un mensaje en la misma red: “Estoy aquí. Con ustedes”. También agradeció el apoyo del presidente Donald Trump y de Rubio. La premio Nobel de la Paz 2025 había salido del país en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, adonde llegó tarde a la ceremonia de entrega; su hija leyó el discurso de aceptación. Pasó casi diez meses en el exterior.

Trump dijo a la prensa que espera que Machado esté bien y segura. La Plataforma Unitaria Democrática, la coalición opositora, expresó su satisfacción por el regreso de quien definió como líder de las fuerzas democráticas, y el excandidato presidencial Edmundo González anticipó que también buscará volver.

El escenario es otro al que dejó. El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar y la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. En febrero se aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a excarcelaciones y al regreso de exiliados. Desde agosto, el Gobierno interino negocia, con auspicio de Washington, con la Asamblea Nacional elegida en 2015, que encabeza Dinorah Figuera.

El Departamento de Estado cifra en más de 1.000 los presos políticos excarcelados desde el 3 de enero y sostiene que el Gobierno interino anunció otros 177 desde que comenzaron las conversaciones. En agosto, el propio Rubio había contado 1.046 liberados desde esa fecha.

Entre ellos figuran Juan Pablo Guanipa, asesor de Machado y exvicepresidente primero de la Asamblea Nacional; el exdiputado Freddy Superlano; y Enrique Márquez, excandidato presidencial. Caracas niega que existan presos políticos y acusa a los detenidos de conspirar contra los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro.

La mesa, sin embargo, deja fuera a Machado. Su partido, Vente Venezuela, no tiene representación en las negociaciones, y la dirigente reclamó en agosto la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares. Rodríguez había advertido antes del regreso que Machado tendría que responder si volvía al país, sin precisar ante quién ni por qué.

La vuelta coincide con protestas opositoras en varias ciudades para exigir una fecha para las presidenciales, que el interinato no ha fijado. Washington, entretanto, estrecha el trato con el chavismo en transición: el Tesoro estadounidense retiró el 14 de octubre las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, hermano de la presidenta encargada y jefe de la delegación oficialista en las conversaciones.

La tercera ronda del diálogo concluyó el jueves 22 de octubre con el compromiso de revisar leyes sobre inhabilitaciones políticas, un punto que toca de cerca a Machado. El chavismo la inhabilitó y quedó fuera de las presidenciales de 2024, en las que la oposición sostiene que el verdadero ganador fue González.

Las próximas reuniones están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre y serán las primeras con Machado dentro del país. Según el Departamento de Estado, las rondas siguientes abordarán la reforma del Consejo Nacional Electoral, la derogación de las leyes represivas que quedan y la apertura del espacio político a todos los partidos. Un calendario electoral, hoy inexistente, será la medida concreta de hasta dónde llega el proceso que Rubio reivindica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana María Corina Machado esté a salvo, horas después de que ella anunciara su regreso a Venezuela tras casi 10 meses de ausencia.

“Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable”, dijo tras salir de la Casa Blanca. Y agregó: “Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”.

Machado, premio Nobel de la Paz 2025, anunció su vuelta con un mensaje en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”. Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las presidenciales de 2024 y exiliado en Madrid desde septiembre de ese año, confirmó que la dirigente pisaba suelo venezolano. Su primera aparición conocida fue en una iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara.

Su equipo no detalló cómo ingresó al país. Indicó que lo hará en las próximas horas y habló de 7 intentos frustrados de regreso desde Centroamérica y el Caribe. La oposición acusó al Gobierno de impedirle la entrada; las autoridades venezolanas lo negaron.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Nobel en Oslo. Desde entonces desarrolló buena parte de su actividad política en Estados Unidos y Panamá. Ganó las primarias opositoras de 2023, pero el chavismo le impidió competir en las elecciones del año siguiente, y González ocupó su lugar en la boleta.

El escenario cambió el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió la presidencia encargada el 5 de enero con el visto bueno de la Administración Trump. Horas después de la captura, Trump dijo que sería muy difícil que Machado liderara el país.

El 15 de enero, Machado entregó la medalla del Nobel al presidente en la Casa Blanca, como muestra de gratitud por la operación que depuso a Maduro. Trump calificó el gesto de “maravilloso gesto de respeto mutuo”. El Centro Nobel recordó ese día que una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado no. La entonces portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que la reunión no modificaba la opinión de Trump sobre ella, que describió como una evaluación realista.

Nueve meses después, la prioridad de Machado es el calendario electoral. Sostiene que las presidenciales deben celebrarse antes de julio de 2027. El jueves 22 de octubre, miles de personas marcharon en Caracas y otras ciudades para reclamar una fecha de votación y el regreso de la dirigente, en la mayor movilización opositora desde la caída de Maduro.

Rodríguez prometió elecciones, pero no anunció cuándo, y no hay comicios programados. Esta semana recibió por primera vez a la jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación sobre la transición, un espacio del que Machado se ha quejado de estar excluida.

Antes de volver, Machado publicó una columna en el New York Post titulada “Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar”, en la que calificó su retorno de urgente. El lunes 5 de octubre, consultado al respecto, Trump había dicho que “todo saldrá bien”. Al día siguiente, la dirigente respondió en redes sociales que la tarea por delante es construir una Venezuela libre y democrática, “el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio”.

Hasta ahora no se han concretado sus próximos actos públicos ni cómo desarrollará su actividad política tras el regreso. Su exigencia sigue siendo una fecha de elecciones antes de julio de 2027, un reclamo que desde este domingo ya no formula desde el exterior.

Con el cambio, la nota ya no usa la frase de Trump sobre Venezuela en ningún análisis. Sigue en la cita del segundo párrafo, que te propuse sacar si no querés depender de ella.

En Venezuela, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario y no está estipulado el delito por consanguinidad, pero no ocurrió así con Denny Ramón Zavala Ollarve, cuyo único delito parece el haber sido hermano de El Rayao jefe de una banda delictiva. Aunque no tenía antecedentes, ni armas, tampoco bienes ni cuentas que demostraran enriquecimiento, ni siquiera mensajes de comunicación con algún miembro de esa banda, y la fiscalía solo presentó la versión de funcionarios policiales, fue condenado a más de 22 años de prisión.

No hubo elementos de convicción y aunque el juez José Antonio García Morán absolvió a Denny Ramón Zavala Ollarve de los delitos de legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la libertad de comercio, financiamiento al terrorismo y secuestro agravado, terminó condenándolo a 22 años y cuatro meses de prisión por extorsión y asociación agravadas para delinquir.

Cruz Eduardo López Lois, presidente de Inversiones C&E Lois, denunció en abril 2022 que el 17 de noviembre 2021 recibió mensajes amenazantes desde números con códigos de Colombia y Perú; el remitente que identificó como Darwin Zavala líder de la banda criminal El Rayao le exigía el pago de una “vacuna” o extorsión.

Añadió que Amauri, un joven a quien aseguró haber criado y ayudado, lo llamó desde Chile para advertirle que El Rayao le habría pedido que lo asesinara. Nunca había mencionado a Denny Zavala ni tuvo llamadas o mensajes de él, pero aun así aseguró que era culpable de extorsión. Zavala respondió que la acusación de López surgió después que lo señalaran como autor intelectual del presunto sicariato de su mamá Gladys Zavala.

Esta investigación reconstruye la denuncia, la captura y el juicio de Denny Zavala, hermano del líder de una banda criminal. Documentos y testimonios citados en el proceso revelan dudas sobre la orden de aprehensión, la identificación de las líneas telefónicas y la ausencia de pruebas materiales contra el condenado.

Juez preso y fiscal sin pruebas

El caso estuvo inicialmente a cargo de José Macsimino Márquez García, juez del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Juicio con competencia nacional en delitos asociados al terrorismo. Tras su detención por un caso de extorsión, asumió el juez José Antonio García Morán. La Fiscalía 69 estuvo representada por Martín Brito y Miriam Lima Bernal.

El 8 de julio de 2022, la fiscal provisoria 69 de Antiextorsión y Secuestro, Miriam Lima Bernal, solicitó la aprehensión de once personas por secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, tráfico ilícito de armas y municiones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La solicitud identificó como víctimas a “Cruz, Vilfredo y Longy, la colectividad, el orden público y el Estado venezolano”.

La orden incluyó a Darwin José Zavala Ollarve, alias “El Rayao”; Néstor Sequera Campos Richardi, “Richardi”; Maikel José Seco Seco, “El Maikel Seco”; Ánderson Enrique Hernández Aguilar, “Culebra”; Felipe Alexander López Morales, “El Felipe”; Johan David Hernández Muñoz, “El Murci”; Wilver Samuel Sánchez Pérez, “El Yo No Fui”; Jorge Luis Hernández Muñoz, “Eufemio”; Luis Alexander Colina Colina, “El Piu”; Cristofer Eulices Valderrama Ortiz, “El Gordo La Rosa”; y Ángel Alberto Pérez Rodríguez, “El Tutu”. El nombre de Denny Ramón Zavala Ollarve, hermano de El Rayao, no figuró en esa solicitud.

El empresario Carlos Eduardo López Lois, residente del sector Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo, relató que el 17 de noviembre de 2021 recibió un mensaje de WhatsApp en el que le pedían una “colaboración” de su empresa y de la de su socio Palencia. El remitente le señaló que la “vacuna” era común con empresarios y comerciantes del país, mencionó sus contactos gubernamentales y aludió a un contrato reciente con Pequiven.

Según López Lois, en abril de 2022 nueve hombres armados ingresaron en la finca de su socio, Wilfredo Palencia. Allí habrían amarrado, golpeado y amenazado al encargado, Rafael Arteaga, y sustraído la carne almacenada. Días después, vecinos del sector le dijeron que Ánderson Enrique Hernández Aguilar, alias El Culebra, habría vendido parte de la mercancía robada.

López Lois agregó que el 18 de abril recibió un mensaje de Amauri (presuntamente como Auri Mauri Chourio), quien se encontraba fuera del país. De acuerdo con su versión, Amauri le informó que un hombre apodado El Rayao le había pedido que facilitara su asesinato porque no había accedido a pagar. López Lois denunció el caso ante la División de Investigaciones de Delitos contra la Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Caracas.

Otra de las víctimas, identificada como Longi, declaró que en noviembre de 2021 llegaba a su finca con su esposa, su hija y su cuñada cuando tres hombres armados los interceptaron. Según su testimonio, lo separaron de las mujeres, lo golpearon y le exigieron 20.000 dólares y una escopeta.

Longi afirmó que los hombres realizaron una llamada y que una voz masculina se identificó como El Rayao. Según su relato, le ordenaron conseguir el dinero y entregarlo en ocho días a Denny Ollarve. Posteriormente, habrían cambiado el lugar de entrega al sector El Escondido, donde uno de los sujetos le devolvió parte de sus pertenencias.

Versión policial

El detective Adonay Cordero, del CICPC, declaró que el 27 de mayo de 2022 recorrió, junto con el comisario Jean Vásquez y el inspector agregado Jerthons Chacón, varios sectores de Morón y de la carretera Morón-San Felipe. Aseguró que entrevistaron a habitantes de las comunidades, aunque ninguno rindió declaración formal ni fue identificado en el expediente.Cordero sostuvo que los pobladores señalaron a Yusmary del Carmen Zavala Ollarve, Astrid Carolina Blanco Sequera, Johiris Josefina Ruiz y Jhosman Enrique Pérez Zavala como presuntos informantes de la banda. También afirmó que Maryolis del Valle Zárraga Seco, Adrián Rafael Medina Zavala, Lusmary Zaray Castillo Zavala y Dailys Andreína Seco Vásquez retiraban productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para entregarlos a El Rayao y El Seco. Según la misma versión, Milányela del Carmen Seco y Ender Jesús Cruz Zavala guardaban armas de fuego.

El detective agregó que Dignora Beatriz Seco López, Oscarly Beatriz Seco Hernández y Yulimar Glicet Zabala Ollarve cumplían funciones de vigilancia y alertaban sobre la presencia policial. También señaló que Carmen Elena Zárraga Quiñónez y Kristian José Chacín Pantoja habían sido vistos en reuniones sociales con presuntos líderes criminales del sector.

“Se pudo recabar la información de que estas personas arriba mencionadas se benefician del patrimonio económico de esta estructura criminal, obteniendo bienes materiales con procedencia ilegal”, declaró Cordero.

Posteriormente, la detective Enyerbth Sevilla, del CICPC, informó que ninguna de las quince personas mencionadas tenía registros ni antecedentes policiales. No se presentaron pruebas contra ellos.Pese a ello, la Fiscalía sostuvo que los elementos de convicción permitieron identificar a los integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) denominado “El Rayao” mediante el Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL).Un acta de análisis y asociación telefónica, suscrita por el inspector agregado Jerthons Chacón, vinculó tres números con El Rayao, dos con El Culebra y uno con Eufemio. El documento atribuyó cinco líneas a Denny Ramón Zavala Ollarve, hermano de El Rayao, sin precisar el origen de esa información.

Muere El Rayao y detención de su hermano

El 29 de julio de 2022, funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional mataron durante un operativo en el sector Covetra, en Morón, estado Carabobo, a Darwin José Zavala Ollarve, alias El Rayao, y a otros tres presuntos integrantes de su banda, entre ellos dos hombres identificados por los alias El Ñoño y El Chipi.

Según la información policial difundida a los medios, la banda de El Rayao era investigada por los asesinatos del general de la Guardia Nacional Bolivariana Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez, ocurridos el 13 de octubre de 2020. Las autoridades informaron que en el operativo recuperaron un fusil calibre 7,62, dos pistolas, una granada de fragmentación, un revólver y un cargador calibre 5,56 que habría pertenecido al general Negrín.

Ese mismo día, Denny Ramón Zavala Ollarve, trabajador de Pequiven durante 16 años, recibió una llamada del funcionario de homicidios Denny Ospina. Según su relato, Ospina llevaba el caso del asesinato de su madre, ocurrido dos meses y 25 días antes, y le pidió acudir a la delegación policial de Puerto Cabello para aportar información y reconocer el cadáver de su hermano.

En la sede policial le preguntaron por las cicatrices de su hermano. De acuerdo con Zavala Ollarve, el comisario Prato le informó que tenía una orden de aprehensión emitida en Caracas el 22 de julio de 2022.

El inspector Juan Antoima y los detectives Germán Morillo, Carlos Martínez, Winder López y Adrián González lo detuvieron bajo el argumento de que estaba solicitado desde hacía siete días por extorsión agravada, secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Los funcionarios incautaron su teléfono y dejaron constancia de que se encontraban ante un delito flagrante.

Tras su traslado a la sede del CICPC en la Plaza de Toros de Valencia, el funcionario encargado de reseñarlo le indicó que no aparecía solicitado, según declaró Zavala Ollarve. El inspector Antoima respondió que se trataba del hermano de El Rayao, como si existiera un delito por consanguinidad.

Al día siguiente, el 1 de agosto, el CICPC detuvo a Ánderson Enrique Hernández Aguilar, alias El Culebra, quien también figuraba como solicitado desde el 22 de julio de 2022.

Ante el tribunal

El juicio oral y público comenzó el 17 de junio de 2023. La defensa de Denny Ramón Zavala Ollarve calificó el expediente de infundado e ilegal y sostuvo que carecía de orden de inicio. También afirmó que el Ministerio Público había solicitado la aprehensión de once personas, entre las cuales no figuraba Zavala Ollarve, y cuestionó que el tribunal emitiera una orden contra él sin petición previa de la Fiscalía.La defensa también cuestionó la actuación del entonces juez José Macsimino Márquez García, posteriormente detenido. Según su alegato, pudo existir una confusión de datos que derivó en la privación de libertad de Zavala Ollarve, a quien consideró desvinculado de la investigación penal inicial.En relación con el delito de tráfico de armas, la defensa señaló que en el expediente no constaba la incautación ni la experticia de un arma atribuida al acusado. Sostuvo que el Ministerio Público solo mencionó un teléfono celular de su propiedad y que esa evidencia no bastaba para fundamentar la acusación.El abogado defensor afirmó que la detención de Zavala Ollarve obedecía a su parentesco con El Rayao. También señaló que la madre de ambos había sido asesinada y que existían investigaciones abiertas contra funcionarios por ese hecho.Sobre las pruebas telefónicas presentadas por la Fiscalía, la defensa aseguró que no existían llamadas ni mensajes directos entre Denny Zavala y su hermano. Argumentó que ambos vivían en zonas distintas y llevaban vidas separadas.

Un proceso marcado por el parentesco

Ante el tribunal, Denny Ramón Zavala Ollarve sostuvo que había perdido la libertad por los actos atribuidos a su hermano Darwin, alias El Rayao. Afirmó que no era responsable de las actividades de este y se presentó como un trabajador de Pequiven con más de 16 años de servicio, padre de familia y sin antecedentes delictivos.

Uno de los testigos de la Fiscalía fue el detective agregado Enyerbeth Enrique Sevilla Aguilar. Al enumerar a los presuntos integrantes de la banda mencionó a Denny Ramón Zavala Ollarve, pero durante el interrogatorio reconoció que el acusado no tenía orden de aprehensión ni antecedentes registrados en el sistema.

La Fiscalía también presentó como testigos a los funcionarios policiales: Daniel Mauricio Velásquez Álvarez, Jerthons Jesús Chacón Barrera, Carlos Alfredo Martínez Almao, Adonay Jesús Cordero Villasana, Tomás Ernesto Rodríguez Caraballo, Marcy David León Berríos, José Andrés Martínez Peña, José Alberto Cedeño Rodríguez, Germán Yunuerli Morillo Salinas, Jean Carlos Vásquez Cuicas; y a Winder José López Ramírez, ya retirado del cuerpo policial.

Los funcionarios que declararon afirmaron no haber tenido acceso al SIPOL ni haber verificado personalmente la orden de aprehensión. Ninguno acreditó comunicaciones directas entre Denny Zavala y El Rayao. Según uno de los testimonios técnicos, las líneas de ambos no interactuaban entre sí, aunque existía un tercer número que se comunicaba con los dos.

Sin comunicación directa

Marcy León, adscrito a la División contra la Extorsión en El Hatillo, formó parte de la comisión que recorrió distintos sectores y entrevistó a residentes que no declararon formalmente ni fueron identificados. León afirmó que esas personas mencionaron a Denny Zavala, trabajador de Pequiven, como supuesto intermediario en pagos a su hermano. También señalaron varios vehículos que presuntamente utilizaba el grupo.

Al ser consultado por la defensa sobre quién ordenó esa actuación, León respondió que se realizó “por instrucciones del jefe de Estado”, sin aportar mayores precisiones.

Los funcionarios presentados por la Fiscalía como expertos, aunque, según la defensa, no estaban acreditados como tales, indicaron que las extorsiones se realizaban desde un número internacional que no lograron identificar.

Durante el juicio no se presentaron armas incautadas a Denny Zavala. Tampoco se incorporaron, registros bancarios, incrementos patrimoniales ni bienes que demostraran financiamiento al terrorismo o ganancias derivadas de actividades ilícitas. Las demás víctimas no comparecieron, incluido Wilfredo Palencia, socio de López Lois.

La declaración de Cruz

En sus denuncias previas, Cruz Eduardo López Lois no había mencionado a Denny Zavala. Sin embargo, ante el tribunal declaró que su socio mantenía relación con alias El Rayao hermano del acusado, vecino de una finca en Uramo. También afirmó que Denny recogía ganado y otros bienes presuntamente exigidos por la banda como pago de extorsiones.

López Lois declaró que prestaba servicios de infraestructura, mantenimiento y pintura a Pequiven y otras instituciones desde hacía 20 años. Aseguró que Denny Zavala actuaba como intermediario de su hermano y recogía los bienes exigidos a las víctimas.

El empresario explicó que acudió a los agentes de Extorsión y Secuestro en Caracas porque, según dijo, las autoridades de Puerto Cabello estaban “viciadas” y tenían vínculos con El Rayao. También afirmó que recurrió a sus “influencias” para presentar la denuncia en la capital.

La madre de los Zavala

Yuileidy Mirle Zavala Ollarve denunció que, tras años de presunto hostigamiento, intimidación y extorsiones contra su familia, Gladys Zavala y Elvis Torres fueron asesinados el 5 de mayo de 2022. Señaló como presuntos responsables a Hely Yormain Suárez Legón, Daiker Antonio Chirinos, Leonardo Botello, Breimer Castillo, Pedro Moreno y un funcionario conocido como El Gocho Salazar.

En una comunicación presentada ante la Fiscalía 35 de Valencia el 13 de octubre de 2022, Yuleidy Zavala afirmó que su madre había denunciado amenazas y extorsiones ante esa dependencia. También atribuyó su muerte a una presunta actuación de funcionarios de la Policía de Carabobo en complicidad con agentes del CICPC de Puerto Cabello.

Llama la atención que los testigos presenciales de la muerte de la madre de los Zavala sean precisamente los que un mes antes aparecían como víctimas de la banda El Rayao: Cruz López y Wilfredo Palencia.

Denny Zavala declaró ante el tribunal que el comisario Ospina, del CICPC, le habría informado que el empresario Cruz López pagó 30.000 dólares por el asesinato de su madre, Gladys María Ollarve de Zavala. Añadió que intentó denunciar el hecho ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las fiscalías 35, 36 y 38, pero que no le tomaron declaración.

Zavala sostuvo que las acusaciones de López Lois surgieron después de que él comenzara a denunciarlo. También afirmó que el empresario tenía influencias y que el traslado del caso a Caracas ocurrió sin pruebas que lo vincularan con los delitos investigados.

El acusado señaló que no figuraba entre las personas mencionadas en la denuncia inicial de López Lois y que una acusación en su contra apareció meses después. Como argumento, relató que en una ocasión funcionarios de Caracas lo vieron en su lugar de trabajo y no lo detuvieron, pese a que supuestamente ya existía una orden de aprehensión.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado volvió este domingo a Venezuela, y lo primero que hizo fue ir a una iglesia para agradecer a la Divina Pastora. Reapareció en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, diez meses después de salir del país y tras al menos siete intentos fallidos de regresar.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en X poco antes. El Comando ConVzla, su plataforma política, informó después que llegó a la iglesia de Santa Rosa “para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela” y la despidió con un “tu lugar y tu tarea es aquí, con tu gente”.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a la dirigente, abrazada por seguidores de su partido, Vente Venezuela, durante una misa y saludando a los presentes en la plaza del pueblo.

Un regreso sin detalles

Ni ella ni su equipo explicaron cómo volvió, y dijeron que darán detalles en las próximas horas. David Alandete, corresponsal del diario español ABC, dijo que el regreso fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y de la que Estados Unidos estaba al tanto. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no sabía de su regreso, pero que esperaba que estuviera a salvo, según CNN.

El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, confirmó su llegada: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”. Agregó que “hoy es un día muy importante para los venezolanos” y que “nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”.

Diez meses fuera

Machado salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz, tras once meses en la clandestinidad, a los que pasó luego de ser detenida brevemente en una protesta en enero de 2025. Desde entonces desarrolló buena parte de su actividad política desde Estados Unidos y Panamá, y buscó apoyo en el exterior, entre otros de Trump, a quien regaló su medalla del Nobel.

Sus asesores dijeron que intentó entrar siete veces en los últimos meses, sin éxito. Lo hizo por vías aéreas, marítimas y terrestres desde Panamá, Curazao y Estados Unidos. CNN agregó que el primer intento fue a fines de junio, tras dos terremotos que devastaron el país, y que ella aseguró que el gobierno se lo impidió al cerrar el espacio aéreo.

Un país cambiado

Vuelve a un país distinto del que dejó. En enero, el ejército de Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro, y desde entonces gobierna como presidenta encargada Delcy Rodríguez, aliada de Maduro que contó con el visto bueno del gobierno de Trump. Rodríguez superó el tiempo que tenía autorizado para ejercer ese cargo y no hay una elección convocada. Machado y sus aliados reclaman que se fije una fecha, mientras funcionarios estadounidenses priorizan la estabilización económica. El jueves, simpatizantes se concentraron en Caracas para exigir una fecha.

El gobierno de Trump la dejó en gran parte al margen de la transición. En enero, Trump la llamó “una mujer muy agradable”, pero dijo que no tiene “el apoyo ni el respeto dentro del país” para liderarlo. Machado había dicho varias veces que volvería y sugirió que se postularía de nuevo si hubiera elecciones.

La oposición venezolana celebró este domingo el regreso de María Corina Machado a Venezuela, luego de un año fuera del país y de varios intentos fallidos de retornar. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió la Premio Nobel de la Paz al comunicar su entrada al territorio nacional.

La Plataforma Unitaria Democrática expresó su “satisfacción” por el retorno de Machado, a quien definió como líder de las fuerzas democráticas. La coalición afirmó que su regreso debe dar un impulso a las acciones para reclamar la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular.

En su mensaje, la plataforma llamó a reforzar la unidad nacional y pidió avanzar hacia una transición “democrática, pacífica y ordenada”. También vinculó esa hoja de ruta con el plan de tres fases de la Administración Trump: “Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro”.

El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), cuyo comunicado fue divulgado por el dirigente opositor Antonio Ledezma, sostuvo que el retorno de Machado confirma “la coherencia y la sinceridad” de su liderazgo ante los venezolanos.

La organización afirmó que la presencia de la dirigente en la primera línea de acción representa una promesa cumplida y la asoció con el objetivo de alcanzar “la libertad, la justicia y la paz” en Venezuela.

“No daremos un paso atrás”, señaló ABP en el documento fechado en Caracas el 25 de octubre de 2026. El partido aseguró que acompañará el proceso con organización y acciones cívicas, y ratificó su compromiso con la lucha opositora.

En tanto, el dirigente de Vente Venezuela Perkins Rocha publicó un mensaje en el que vinculó el retorno con la confianza en el liderazgo de Machado. “La paciencia todo lo alcanza. Ya no es esperanza, es una maravillosa realidad”, escribió.

La diputada opositora Delsa Solórzano también celebró el regreso y sostuvo que la Premio Nobel de la Paz tiene derecho a permanecer en el país “en libertad y con todas las garantías”. Además, pidió que los venezolanos que salieron del territorio nacional por motivos políticos puedan retornar.

“Venezuela es tu tierra y tienes pleno derecho a estar aquí”, manifestó Solórzano en su publicación. La dirigente planteó que la meta debe ser un país donde los ciudadanos puedan reunirse y ejercer sus derechos sin restricciones políticas.

Machado realizó siete intentos fallidos de regresar a Venezuela entre junio y septiembre de 2026. Los planes incluyeron conexiones aéreas, rutas marítimas y desplazamientos terrestres. Esas gestiones enfrentaron revocaciones de autorizaciones, obstáculos en aeropuertos y problemas técnicos. Desde Panamá, varias iniciativas no lograron concretarse.

El anuncio de su regreso ocurrió después de una jornada de movilizaciones convocada por Vente Venezuela. Entre las demandas figuraban el retorno de Machado, un cronograma de elecciones presidenciales para 2027 y la liberación de los presos políticos.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado al comunicar su entrada al territorio venezolano. El mensaje llegó después de una serie de gestiones frustradas desde Panamá y de una jornada de movilizaciones que su partido, Vente Venezuela, había convocado para reclamar su retorno, un cronograma de elecciones presidenciales para 2027 y la liberación de presos políticos.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024 que fueron añadas por el entonces dictador, Nicolás Maduro, confirmó la noticia también en X. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, afirmó. González Urrutia añadió que espera reunirse próximamente con ella para impulsar lo que describió como un proceso hacia la libertad del país.

La Plataforma Unitaria Democrática celebró en X el regreso de María Corina Machado a Venezuela con una fotografía de la dirigente en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara. La coalición afirmó que su llegada debe dar un nuevo impulso a la oposición y llamó a reforzar la unidad nacional para avanzar hacia una transición democrática, pacífica y ordenada, en línea con su hoja de ruta y el plan de tres fases de la Administración Trump.

Durante las últimas semanas, simpatizantes de la oposición realizaron movilizaciones en respaldo al regreso de María Corina Machado a Venezuela. La jornada más reciente se llevó a cabo el jueves 22 de octubre en Plaza Venezuela, en Caracas, donde los asistentes reclamaron su retorno, la liberación de presos políticos y la convocatoria de elecciones presidenciales.

Siete planes de retorno

Machado realizó siete intentos fallidos de regresar a Venezuela entre junio y septiembre de 2026. Los planes contemplaron conexiones aéreas, rutas marítimas y desplazamientos terrestres, pero enfrentaron revocaciones de autorizaciones, trabas en aeropuertos y problemas técnicos.

El primer intento documentado ocurrió el 26 de junio. La dirigente salió de Virginia, en Estados Unidos, con la intención de aterrizar en Curazao y continuar hacia Venezuela por mar. La autorización para que el avión llegara a la isla fue revocada cuando la aeronave ya estaba en vuelo.

Dos días después, el 28 de junio, trató de abordar un vuelo comercial de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. No pudo embarcar. Durante julio y agosto se registraron nuevas negativas de permisos de despegue y bloqueos administrativos para vuelos que buscaban aproximarse a las costas venezolanas mediante escalas en Aruba y Curazao.

A finales de septiembre, además, tres salidas desde Panamá no prosperaron después de que Curazao, Bonaire y Aruba rechazaran permitir el aterrizaje del avión privado previsto para el traslado.

La Operación Ítaca

El sexto intento, fechado el 21 de septiembre, fue una operación marítima organizada desde Panamá que recibió el nombre de Operación Ítaca. El plan era atravesar el Canal de Panamá y navegar durante dos días por el Caribe hasta Venezuela.

La embarcación presentó una falla de motor poco antes de la partida y el operativo fue cancelado. El séptimo intento, también en septiembre, contempló una nueva aproximación aérea a través de islas caribeñas, pero fue interrumpido o no recibió autorización para volar.

Los obstáculos se vincularon con negativas de sobrevuelo y aterrizaje en territorios caribeños, restricciones en aeropuertos de tránsito y desperfectos en medios de transporte privados. Ante la falta de renovación de su pasaporte por parte de las autoridades venezolanas, Panamá le otorgó a la dirigente un documento especial de viaje para acreditar su identidad y facilitar el retorno.

La salida clandestina de Venezuela

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, donde debía recibir el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia oficial tuvo lugar el 10 de diciembre, pero ella llegó a Oslo después de esa fecha y su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Según los reportes sobre esa travesía, la fundadora de Vente Venezuela abandonó un suburbio de Caracas con una peluca y acompañada por dos personas. El grupo recorrió cerca de 10 horas por carretera y evitó alrededor de 10 puestos de control militares y policiales.

Desde la costa del estado Falcón, Machado subió a una lancha de madera con destino a Curazao. La navegación estuvo marcada por vientos fuertes, olas de más de dos metros y la pérdida de las señales de GPS y teléfono satelital, circunstancias que hicieron que la embarcación perdiera temporalmente su rumbo.

Durante ese trayecto marítimo, Machado sufrió una fractura en una vértebra de la espalda, según la información recopilada sobre la salida. Aeronaves militares de Estados Unidos, incluidos aviones F-18, sobrevolaron el Golfo de Venezuela mientras la lancha avanzaba hacia Curazao, en tareas de monitoreo y protección.

Desde la isla, Machado tomó un avión privado que viajó vía Estados Unidos hacia Noruega. Tras esa salida, reiteró en distintas ocasiones su intención de regresar a Venezuela, objetivo que finalmente comunicó este domingo mediante su mensaje en X.

La iniciativa está abierta a ciudadanos mayores de edad de cualquier posición política y no implica afiliación a Vente Venezuela ni la asunción de responsabilidades partidistas, según precisó la organización en un comunicado. El sistema permitirá reunir información sobre la identificación, la ubicación y los vínculos familiares de los participantes.

Para completar el registro, los ciudadanos deberán ingresar su nombre y número de cédula, además de cumplir con un mecanismo de verificación biométrica. El partido explicó que la plataforma busca establecer dónde se encuentra la población venezolana y disponer de información actualizada ante la posibilidad de un nuevo proceso electoral.

“Conocer dónde están los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, es fundamental para avanzar hacia la actualización de sus datos y facilitar su eventual inscripción en el registro electoral ante un nuevo Consejo Nacional Electoral”, afirmó Vente Venezuela.

La propuesta surge en medio de los reclamos de sectores opositores por las dificultades que enfrentaron durante años miles de venezolanos residentes en el exterior para inscribirse en el registro electoral y participar en las elecciones. Según las denuncias de la oposición, los requisitos y trámites establecidos para los ciudadanos fuera del país limitaron la participación de la diáspora en distintos procesos electorales.

La primera fase de Constructores incluirá dos relevamientos. El primero, denominado Estudio de Ubicación y Parentescos, apunta a identificar los lugares de residencia de los venezolanos y sus conexiones familiares. El segundo, el Estudio de Venezolanos Fallecidos, busca reunir información actualizada sobre las personas que murieron.

Con esos datos, Vente Venezuela pretende conocer la distribución geográfica de los ciudadanos y determinar en qué lugares podrían ser necesarios puntos de inscripción electoral. La organización aclaró que la implementación de esos mecanismos dependerá de la existencia de las condiciones institucionales para convocar un nuevo proceso electoral.

La plataforma también contempla una segunda etapa con una encuesta sobre las familias venezolanas, consultas relacionadas con el proyecto político Venezuela Tierra de Gracia y un espacio para que los ciudadanos presenten propuestas destinadas a sus comunidades, municipios, estados o al conjunto del país.

El sistema contará, además, con un canal permanente para recibir opiniones, ideas y consultas de las personas registradas. Los equipos responsables analizarán las propuestas para determinar si pueden incorporarlas al proyecto Venezuela Tierra de Gracia. Una vez concluida esa revisión, los participantes podrán votar por las iniciativas que deseen impulsar.

“Constructores busca que ningún venezolano quede fuera de los procesos de participación y de una eventual actualización del registro electoral”, expresó el partido.

Vente Venezuela también aseguró que sus estructuras internas no tendrán acceso a los datos personales de los ciudadanos que se incorporen al sistema. De acuerdo con el comunicado, los dirigentes y equipos partidistas solo podrán consultar cifras totales, mientras que la información individual permanecerá protegida.

El lanzamiento de la plataforma se produjo en un contexto de incertidumbre sobre el calendario electoral venezolano. Pese a los pedidos de distintos sectores de la sociedad civil y de dirigentes opositores para la convocatoria de elecciones presidenciales, hasta el momento no existe una fecha concreta para esos comicios.

Desde la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, distintas organizaciones y referentes políticos reclamaron la celebración de elecciones presidenciales. Sin embargo, los sectores políticos mantienen diferencias sobre el proceso de transición y las condiciones necesarias para avanzar hacia una nueva convocatoria electoral.

En ese escenario, el chavismo y un sector de la oposición que no integra María Corina Machado iniciaron un proceso de diálogo bajo el auspicio de Estados Unidos, en el marco de su plan de transición posterior a la captura de Maduro.

Dinorah Figuera, quien encabeza la representación opositora en esas conversaciones, manifestó que esperaba que las elecciones presidenciales se celebraran hacia finales de 2027 o a comienzos de 2028. No obstante, el diálogo no produjo avances sobre una fecha concreta ni sobre las condiciones para convocar los comicios.

(Con información de EFE)

La ayuda internacional anunciada para Panamá tras el terremoto del 9 de octubre de 2026 supera los 6,3 millones de dólares, además de 150 toneladas de suministros humanitarios y la participación de más de 70 especialistas extranjeros.

El balance publicado en el mapa de emergencias de Panamá Conecta, con información de la Cancillería al 22 de octubre, detalla los aportes recibidos y las operaciones de asistencia.

Estados Unidos encabeza la cooperación internacional con 6 millones de dólares en asistencia humanitaria y 104 toneladas de suministros. Su despliegue incluye 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano, helicópteros Chinook y Black Hawk del Comando Sur, además de 277 evaluaciones estructurales en edificaciones afectadas por el movimiento sísmico.

La cooperación estadounidense también contempla 17 camiones de carga pesada destinados al Servicio Nacional de Fronteras, valorados en 2,1 millones de dólares. Sus equipos participaron en operaciones logísticas que incluyeron la movilización de más de 50.000 cajas de agua y 40.000 latas de alimentos, para reforzar la distribución de suministros en las comunidades afectadas.

Venezuela aportó 40 toneladas de alimentos, agua, medicamentos, colchones y otros suministros, junto con 50 especialistas distribuidos en tres delegaciones. La asistencia incluyó 2.000 canastas de alimentos y 7.200 unidades de agua, fórmulas infantiles e insumos de higiene. Ingenieros venezolanos también participan en evaluaciones de daños desde la ciudad de Chitré, en Herrera.

Costa Rica desplegó un Equipo Médico de Emergencia de su Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el mecanismo regional del Sistema de la Integración Centroamericana. La cooperación comprende dos módulos hospitalarios, ocho camas maternas y ocho cunas neonatales, destinados a reforzar la atención en los hospitales de Chitré y Las Tablas.

El apoyo costarricense contempla además más de 190.000 insumos médicos pendientes de entrega, según el balance publicado. Por su parte, Corea del Sur anunció 300.000 dólares para asistencia humanitaria, canalizados mediante organismos internacionales.

Japón envió cuatro toneladas de ayuda a través de JICA, incluidas 200 tiendas de campaña, 1.000 colchonetas y 40 lonas.

Kosovo también se sumó con dos toneladas de alimentos y 327 frazadas, recibidas el 22 de octubre en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria.

La plataforma gubernamental identifica además a México, China e Israel entre los países que enviaron ayuda, aunque no precisa las cantidades correspondientes a cada uno.

Otros países y organismos han expresado su disposición de colaborar con Panamá, entre ellos la Unión Europea, Colombia, Guatemala, Chile, República Dominicana y Turquía. El registro distingue estas manifestaciones de apoyo de los suministros y recursos cuya recepción ya fue documentada, una diferencia importante para establecer el alcance de la cooperación.

La respuesta internacional incluye la participación de siete agencias del sistema de Naciones Unidas, con intervenciones en alojamiento, salud, protección y recuperación económica. ACNUR aportó más de 3.650 frazadas, 200 carpas familiares, 3.850 mosquiteros y 1.690 esteras, además de 1.499 kits de cocina y 625 lonas para las provincias más afectadas.

El Programa Mundial de Alimentos instaló tres unidades móviles de almacenamiento en Las Tablas, Cañas y el hospital de Tonosí, además de habilitar conectividad satelital en esta última comunidad. UNICEF apoyó la instalación de carpas de atención en tres hospitales, entregó kits de higiene y participó en evaluaciones de escuelas y sistemas de agua.

La Organización Panamericana de la Salud apoya al Ministerio de Salud en la evaluación de instalaciones sanitarias, mientras el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mantiene bajo seguimiento a 401 micro, pequeñas y medianas empresas.

ONU Mujeres brindó asistencia en tres comunidades y la Organización Internacional para las Migraciones aportó 400 kits de higiene y artículos esenciales.

La cooperación empresarial también forma parte de la respuesta. Global Empowerment Mission y DHL movilizaron más de 40 toneladas de suministros mediante un vuelo humanitario desde Miami, con bienes y transporte valorados en 300.000 dólares. Las entregas incluyen colchones, pupitres, cobijas, linternas y artículos familiares para comunidades de varias provincias.

Starlink aportó 10 estaciones de internet satelital para mantener comunicaciones de emergencia, mientras Miyamoto International participa en la evaluación de infraestructura y riesgos mediante un programa de un millón de dólares financiado por Estados Unidos. Estos aportes combinan asistencia inmediata y recuperación, particularmente en zonas con daños estructurales.IMA

Los Santos, Herrera y Coclé concentran las mayores afectaciones

El mapa de Panamá Conecta identifica a Los Santos como la provincia con mayor cantidad de personas afectadas, con 16.672 habitantes y 5.587 viviendas evaluadas. Le sigue Herrera, donde se contabilizan 11.348 personas afectadas y 3.635 inmuebles inspeccionados, de acuerdo con los registros de evaluación de daños.

Coclé presenta 7.468 personas afectadas y 1.860 viviendas evaluadas, mientras Veraguas registra 3.079 habitantes perjudicados y 784 inmuebles revisados. Estas cuatro provincias concentran 38.567 personas afectadas, lo que refleja la magnitud del impacto en las comunidades del centro y occidente del país.

En otras regiones, Colón contabiliza 1.160 personas afectadas y 315 viviendas evaluadas, mientras Panamá Oeste registra 845 habitantes y 215 inmuebles. La provincia de Panamá presenta 492 personas afectadas y 112 viviendas inspeccionadas, según el desglose territorial de la plataforma de emergencias.

La comarca Ngäbe Buglé reporta 433 personas afectadas y 88 viviendas evaluadas. En Chiriquí se registran 136 habitantes y 29 inmuebles, mientras Bocas del Toro presenta 119 personas y 27 viviendas. Darién no registra afectaciones en este balance, aunque las cifras pueden modificarse conforme avancen las evaluaciones.

Las imágenes satelitales permitieron identificar 1.845 deslizamientos de tierra que abarcan aproximadamente 1.214 hectáreas, de los cuales 170 se encuentran cerca de viviendas o caminos. Esta información permite priorizar las inspecciones y las intervenciones en comunidades expuestas, especialmente donde existen riesgos adicionales para la población.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estableció una magnitud de 7,7 y una profundidad de 12,6 kilómetros para el terremoto. La plataforma registra 100 réplicas de magnitud igual o superior a cuatro, mientras la mayor alcanzó una magnitud de 6,6, según los datos científicos incorporados al mapa.

Distribución de alimentos y respuesta nacional

La asistencia humanitaria contabiliza 110.525 personas alcanzadas por las operaciones de respuesta, además de 208.317 libras de suministros transportadas por vía aérea y 375 toneladas movilizadas por tierra. Estas cifras reflejan el despliegue logístico de instituciones nacionales y organizaciones colaboradoras en las zonas afectadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario reportó 60.685 bolsas de alimentos distribuidas en 772 comunidades de cinco territorios, con datos sincronizados al 22 de octubre. Veraguas recibió 20.910 bolsas en 273 comunidades, mientras Los Santos contabilizó 20.621 entregas en 205 localidades, según la información oficial.

En Herrera se distribuyeron 9.942 bolsas de alimentos en 236 comunidades, mientras Coclé recibió 8.772 en 44 localidades. La comarca Ngäbe Buglé registró 440 bolsas en 14 comunidades. La distribución busca atender las necesidades inmediatas de las familias, mientras continúan las evaluaciones de viviendas y servicios afectados.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha informado este sábado de que todo su personal está ya trabajando en Caracas y ha destacado que el objetivo final de la reconstrucción de relaciones con el Gobierno venezolano es la celebración de “elecciones libres y justas”.

“Hoy me complace anunciar un gran paso. Todo nuestro personal ya está trabajando desde nuestra Embajada (...). Ya brindamos la gama completa de servicios a ciudadanos estadounidenses y seguiremos ampliando nuestros servicios consulares”, ha explicado el encargado de negocios de la Embajada, John M. Barrett, máximo representante diplomático norteamericano en Caracas.

Barrett ha destacado que “el objetivo es claro: llegar a la tercera fase para avanzar hacia elecciones libres y justas para que el pueblo venezolano tenga una democracia duradera”.

El diplomático se refiere así al plan de tres fases esbozado por la Administración de Donald Trump, que contempla la estabilización del país latinoamericano con vistas a la reconciliación nacional entre el chavismo y la oposición y a unas nuevas elecciones tras el arresto del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado mes de enero en la capital venezolana.

El mensaje de Barrett destaca que la presencia diplomática estadounidense ampliada en Caracas “expande nuestra capacidad para trabajar directamente con el pueblo venezolano”. “Junto con nuestros socios y en el marco del Plan de Tres Fases buscamos promover la estabilidad y apoyar la recuperación de servicios esenciales. Esto incluye estabilizar la red eléctrica y fortalecer los servicios de salud”, ha apuntado.

“La recuperación económica es una prioridad de la segunda fase. Ya hemos atraído a importantes empresas estadounidenses que están invirtiendo en la economía venezolana, generando empleos de calidad y impulsando la innovación. Apoyamos un proceso de reconciliación liderado por los propios venezolanos”, ha explicado.

Entretanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al encargado de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, John Barrett, inspeccionaron este viernes los avances del acuerdo petrolero que suscribieron ambas naciones en agosto pasado y que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

“Nosotros queremos mostrarle al país los avances, que se sepa que no nos quedamos en el tintero (...) que vamos más allá, vamos a la acción y vamos a la producción”, señaló la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los funcionarios revisaron la producción en un campo petrolero del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde, de acuerdo a Rodríguez, se logró la producción este viernes de 115.000 barriles y se proyecta llegar a diciembre con 120.000 barriles diarios.

La presidenta sostuvo que el objetivo es que la nación caribeña sea uno de los principales productores de crudo del mundo y que esa productividad se traduzca en la vida diaria de los venezolanos con salarios, hospitales públicos, escuelas, servicios públicos, vialidad.

“Allí va el desarrollo de Venezuela y queríamos mostrar justamente el impulso productivo que le estamos dando a la industria de los hidrocarburos y cómo puede encadenarse con otros motores de la economía”, agregó.

Por su parte, Barrett dijo que es impresionante el trabajo que ya se está haciendo en medio del acuerdo petrolero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron el 30 de marzo pasado sus relaciones diplomáticas que Nicolás Maduro rompió en 2019.

Tras la detención de Maduro y el restablecimiento de los lazos comunes, ambos países han llegado a llamarse “socios” y “amigos” en medio de diversos convenios firmados en materia de petróleo, oro y minería. En agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Donald Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de haber retirado las sanciones contra la presidenta encargada y a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.

(Con información de EFE)

La exasesora Eva Ferrer volvió a declarar ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la indagación abierta tras la difusión de audios en los que habló de una presunta red de influencias alrededor de Verónica Alcocer.

La diligencia tiene como propósito contrastar sus afirmaciones con los documentos, registros y grabaciones que la exfuncionaria pretende entregar. La investigación busca establecer quiénes aparecen mencionados en el material y si hay elementos que justifiquen actuaciones adicionales.

Previo a la diligencia, Semana filtró un video de la exconsejera presidencial en el que juró decir la verdad durante el proceso.

Ferrer promete aportar grabaciones y documentos a la investigación

Esta será la segunda comparecencia de Ferrer ante el ente investigador. El 21 de octubre de 2026, la exasesora declaró de manera virtual desde España, en una sesión que, de acuerdo con su abogado, Jhony Batalla, se prolongó cerca de cuatro horas.

Batalla afirmó que su representada entregará elementos para sustentar sus denuncias. Durante la primera declaración, Ferrer habría presentado registros y audios vinculados con los hechos que expuso públicamente.

Los señalamientos incluyen supuestos movimientos de dinero, presuntas actividades irregulares relacionadas con vuelos oficiales a Venezuela y posibles anomalías en designaciones dentro de entidades estatales. Ninguna de esas acusaciones ha sido probada judicialmente.

La española también informó que viajará a Washington el 28 de octubre de 2026 para entregar material al Departamento de Estado y a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. No precisó públicamente el contenido de los elementos que llevará ante las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Verónica Alcocer rechazó las versiones difundidas por la exasesora. La ex primera dama sostuvo que los desplazamientos oficiales a Venezuela tienen respaldo en registros y agendas institucionales, y negó que esos vuelos hubieran transportado dinero o drogas.

La Fiscalía General de la Nación deberá revisar las declaraciones, documentos y grabaciones que reciba antes de definir si existen fundamentos para ampliar o continuar las actuaciones en este caso.

Verónica Alcocer entregó dosier a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer

Verónica Alcocer presentó el 20 de octubre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación un dosier para controvertir las acusaciones de Eva Ferrer sobre un presunto traslado de estupefacientes a Venezuela y el ingreso de al menos USD 2,5 millones en efectivo a Colombia durante un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.

La defensa calculó que esa suma, en billetes de USD 100, equivaldría a 25.000 unidades con un peso neto de 25 kilogramos, sin contar el embalaje. Si hubiera sido el pago por cocaína, el escenario hipotético planteado supondría cerca de 500 kilogramos de droga distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

El abogado Ricardo Gaviria Ramírez entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El material reúne fotografías, videos, una reconstrucción del itinerario y cálculos sobre el volumen que habría ocupado la carga mencionada por Ferrer, según informó Cambio.

La visita a Caracas respondió a una invitación para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. Alcocer sostuvo que el propósito era estudiar el modelo venezolano y analizar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente Gustavo Petro autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. Su defensa afirmó que su cliente no participó en la organización del transporte ni eligió la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La bitácora incorporada al expediente identifica entre los viajeros al entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura, Jorge Ignacio Zorro Sánchez; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas, y la capitán Daniela Lozano, responsable de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, esa integración respalda el carácter cultural de la misión.

Los registros revisados ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

Las fotografías muestran a Alcocer descender de la aeronave sin las dos maletas mencionadas por Ferrer. La defensa considera que esa secuencia contradice la afirmación de que habría bajado del avión con equipaje que contenía estupefacientes.

El dosier también incluye una imagen de la cartera naranja que llevaba durante su llegada. El investigador contratado por Alcocer estableció que el bolso medía aproximadamente 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, por lo que su capacidad no sería compatible con las cantidades de efectivo o droga descritas en la acusación.

Transparencia Venezuela propone la aprobación de una ley que siente las bases de una justicia especial anticorrupción, que permita no solo investigar y castigar a los responsables de los casos de “gran corrupción” transnacional en los que han estado involucrados altos jerarcas del régimen chavista, sino también recuperar parte de los más de 78 mil millones de dólares que, según esta organización, se han robado del país.

La ONG ha logrado identificar “al menos 178 investigaciones penales abiertas en 30 países por corrupción y lavado vinculados con Venezuela”. Partiendo de este cuadro, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, concluye que “Venezuela no presenta un problema de corrupción dentro del Estado, sino un Estado organizado alrededor de la corrupción”.

Para corregir y combatir el saqueo al erario nacional, abogan por crear un subsistema integrado al sistema de justicia que incluya una unidad fiscal especializada, un cuerpo de jueces especializados, una oficina de inteligencia patrimonial y financiera, un despacho para la recuperación de activos, una unidad de protección a denunciantes y testigos, una defensa pública especializada, y un cuerpo de averiguaciones penales.

Visto que los recursos sustraídos recorren el mundo, estiman necesario establecer una secretaría de cooperación internacional, “unidad permanente dedicada a redactar, tramitar y sostener solicitudes de asistencia, cartas rogatorias, equipos conjuntos y pedidos de aseguramiento en el exterior”.

En el marco de esta iniciativa, Transparencia Venezuela apuesta por la conformación de un Fondo Nacional de Reparación Social y Reconstrucción, que se nutriría del dinero rescatado para invertirlo en infraestructura escolar, de salud y agua, al tiempo que también se desarrollaría el “reuso comunitario directo de bienes inmuebles decomisados”.

La negociación que adelantan el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, arrojó entre sus primeros resultados un acuerdo para “transformar” el sistema de justicia en Venezuela y la renovación total de los miembros del Tribunal Supremo.

Tema central

De Freitas incorpora a la iniciativa de la justicia especial anticorrupción la figura del “par internacional”, que define como “un acompañante técnico adscrito a un puesto, no un funcionario venezolano ni un supervisor”.

“La existencia de un testigo técnico externo del trabajo cotidiano eleva el costo de la presión indebida sobre el titular nacional y reduce el margen de la interferencia silenciosa”, argumenta la experta.

Transparencia Venezuela plantea que esta instancia tenga un “mandato de ocho años, prorrogable por cuatro mediante prórroga automática salvo terminación anticipada aprobada por mayoría calificada de la Asamblea Nacional, previo informe público de evaluación independiente”.

Tras la conclusión del tercer ciclo de conversaciones, Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el chavismo, destaca que lograron abrir una vía “para revisar las inhabilitaciones y estudiar garantías para la participación ciudadana”.

La mesa de diálogo auspiciada por Estados Unidos cerró su tercera fase este miércoles 21 de octubre. Entre los acuerdos firmados por las partes figura revisar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, “específicamente lo inherente al proceso de inhabilitaciones”.

Aunque diversos dirigentes políticos han sido víctimas de este veto, en realidad esta discusión tiene nombre y apellido: María Corina Machado, a quien el régimen chavista prohíbe competir en cualquier tipo de elección.

Desde los tiempos del difunto Hugo Chávez, el oficialismo ha utilizado a la Contraloría General de la República para sacar del camino electoral a sus adversarios.

Ese organismo ha inhabilitado a Machado hasta en dos ocasiones: la primera vez en 2015 por doce meses, lo que le impidió postularse para los comicios parlamentarios de ese año. Y en junio de 2023 le aplicó la misma medida, pero por 15 años. Por esa razón, no pudo medirse en las presidenciales de julio de 2024, pese haber ganado las primarias opositoras de octubre de 2023.

Así como acordaron analizar ese instrumento, también se comprometieron a evaluar la Ley de Partidos Políticos, con el fin de “garantizar la participación de todos los actores políticos”.

Las principales organizaciones políticas de la oposición fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que impuso directivas desconociendo a sus líderes legítimos y les arrebató sus símbolos.

“Acordamos trabajar en la reforma de la Ley de Partidos Políticos para garantizar su autonomía y democracia interna, y proteger a sus autoridades y símbolos. Queremos que todas las fuerzas puedan competir sin exclusiones arbitrarias”, expresa el doctor en Derecho Constitucional.

Avances

El integrante de la delegación opositora considera que “Venezuela avanza en la transformación de sus instituciones”; sin embargo, subraya que “recuperar la democracia” va más allá de fijar una fecha para las elecciones presidenciales, principal exigencia de Machado y la mayoría de la disidencia.

“Debemos recuperar instituciones y derechos para que Venezuela vuelva a elegir libremente y su voto sea respetado. Esa es la justicia del voto que buscamos”, enfatiza el diputado de la Asamblea Nacional del año 2015.

Matheus resalta la designación del Comité de Postulaciones Judiciales, que impulsará el mecanismo que culminará con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

“Este avance es resultado de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que hace poco parecía imposible comienza a convertirse en hechos concretos. La negociación está abriendo caminos para transformar las instituciones”, asevera el dirigente del partido Primero Justicia.

El delegado opositor recuerda que “durante años, el sistema de justicia fue utilizado como instrumento de persecución política y dominación”. Apunta que “hoy estamos trabajando para desmontar esa estructura y construir un Poder Judicial independiente, profesional y al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos”.

Cuatro meses después del doble terremoto que sacudió Venezuela y se cobró la vida de 6.509 personas, la crisis ha entrado en una fase “mucho más larga y menos visible”, según dijo a EFE este jueves el director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote Jesús ‘Txuo’ Rodríguez Villarroel.

“La emergencia no se mide por los edificios afectados ni por la ayuda distribuida, sino que también se siente en las viviendas que aún no se han recuperado, las escuelas que no funcionan y las personas que siguen afrontando heridas físicas y emocionales”, explicó el religioso jesuita, cuya fundación trabaja en el terreno en Venezuela.

Los sismos del pasado 24 de junio dejaron 6.509 fallecidos, pero la cifra podría escalar a más de 30.000 debido a las 29.000 personas que siguen desaparecidas. A este saldo se suman más de 200.000 heridos y al menos 20.000 ciudadanos que han perdido sus casas.

El impacto en la infancia y la educación

El desastre ha afectado a gran parte de la población, pero especialmente a aquellos que vivían en condiciones de vulnerabilidad y a los menores. El siniestro impactó a cerca de 400 escuelas, lo que implica que alrededor de 200.000 niños, niñas y adolescentes han quedado fuera del sistema escolar.

Rodríguez Villarroel alertó de que, si no se recuperan los centros de forma urgente, “muchos de esos 200.000 puede que no regresen a su escuela”. Esto agravaría una brecha educativa que ya mantenía a 1,2 millones de menores sin escolarizar en el país antes de los terremotos.

Para atenuar esta situación, el jesuita destacó el trabajo sobre el terreno de la red educativa Fe y Alegría, que, en alianza con la oenegé española Manos Unidas, está garantizando la “educación en emergencia” en 24 escuelas, ofreciendo una respuesta que integra tanto la enseñanza como la atención psicosocial familiar.

La resiliencia ante la catástrofe

A pesar de la devastación, el sacerdote destacó que la tragedia “sacó lo mejor” del pueblo venezolano.

Rodríguez Villarroel calificó de “impresionante la solidaridad y la capacidad de resiliencia” de los ciudadanos: “Pese a que todos estaban sufriendo los embates del terremoto, mucha gente dejó lo que estaba haciendo para ponerse al servicio” y ayudar al otro.

El sacerdote relató cómo “el venezolano con las manos sacaba piedra a piedra removiendo escombros para rescatar personas”.

Además, organizaron la alimentación comunitaria de tal forma que, incluso en la ‘zona cero’ de La Guaira, uno de los sitios más afectados, “la comunidad internacional se quedó sorprendida porque nunca pasaron hambre ni sed los rescatistas, porque estaba el venezolano al lado dándole una botella de agua u ofreciéndole un sándwich”, explicó.

El experto considera que el principal objetivo en este momento es lograr la habilitación de las escuelas dañadas, la recuperación de los medios de vida de las familias y el sostenimiento del apoyo psicológico frente al duelo.

Para ello, hizo un llamado a la comunidad internacional a canalizar su ayuda a través de las organizaciones presentes en el terreno.

Asimismo, lamentó que los medios y “los algoritmos” pierdan el interés cuando se deja de ser noticia y recordó que, frente a ese olvido mediático, “todos necesitamos un gesto y una palabra oportuna”.

(Con información de EFE)

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este jueves la detención de siete personas que estuvieron a “cargo de los camiones de sonido” utilizados hoy en una movilización de la oposición en Caracas.

“El régimen de Delcy Rodríguez, a través de la Policía Nacional Bolivariana, secuestró a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonido utilizados hoy en la movilización cívica de Plaza Venezuela”, publicó el comité en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que tres vehículos “fueron confiscados”, uno de ellos cuando el chofer llegaba a Antímano, al oeste de Caracas.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta arremetida contra venezolanos que prestaron sus servicios para la protesta pacífica de este 22 de octubre”, subrayó.

VV criticó que esto “ocurra” mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reúne con la jefa negociadora de la oposición en el diálogo con el chavismo, la ex diputada Dinorah Figuera, y un día después de los acuerdos alcanzados en estas conversaciones sobre garantías democráticas en el país.

La retención o detención de personas que prestan servicios en marchas opositoras fue frecuente en 2024, cuando Machado y activistas de la oposición denunciaron varios impedimentos en contra de la campaña electoral del entonces candidato por la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

En julio de ese año, cuerpos de seguridad de Venezuela detuvieron a seis personas a los que se les contrató como operarios, de transporte y sonido, para el penúltimo acto de campaña González Urrutia, previsto en el estado Zulia, según denunció entonces su equipo político en esta región fronteriza con Colombia.

Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con Machado en la Presidencia.

La oposición liderada por Machado y González Urrutia ha retomado las protestas masivas tras la captura de Nicolás Maduro y una breve pausa por la represión que denunciaron ambos después de las presidenciales de 2024.

Delcy Rodríguez, por su parte se reunió este jueves con los jefes negociadores del chavismo y la oposición en el diálogo, su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), y la ex diputada Dirorah Figuera, respectivamente, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El diálogo entre el Gobierno y la oposición comenzó en agosto pasado como parte del plan de transición que Estados Unidos impulsa en Venezuela, luego de haber capturado a Nicolás Maduro en enero pasado, durante un ataque en Caracas.

El canal transmitió imágenes de la llegada de Figuera, acompañada por Jorge Rodríguez, al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en la capital venezolana, sin dar más información sobre el encuentro.

Tras la reunión, Delcy Rodríguez reconoció lo alcanzado en la mesa diálogo para “avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”.

“Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos, en estos distintos ámbitos, es fundamental”, declaró la mandataria encargada en un video.

El miércoles, las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

(Con información de EFE)

La Asamblea General de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó el jueves la segunda discusión de la reforma parcial de la Ley del Servicio Eléctrico, en un contexto de cortes cotidianos de energía y reclamos ciudadanos que se mantienen desde hace años. La reforma propone regular el sistema en todo el territorio venezolano y los intercambios internacionales de energía asociados con generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización.

El diputado chavista Pedro Carreño solicitó el diferimiento de esta etapa, necesaria para aprobar el proyecto, con el argumento de que aún deben continuar el trabajo sobre el texto. La petición recibió el aval de la Cámara durante una sesión ordinaria transmitida por su canal de YouTube.

El proyecto establece como objetivo “garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”. También plantea asegurar la energía necesaria para las actividades socioeconómicas y crear “un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas”.

Venezuela enfrenta una crisis eléctrica desde hace más de una década. Los apagones aumentaron en el último año, según denuncias de usuarios y organizaciones sociales.

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó el miércoles que la recuperación del sistema requiere hasta USD 40.000 millones y un plan maestro con un plazo de ejecución de hasta 10 años, tras más de una década de desinversión.

La oposición y especialistas atribuyen la situación a la corrupción y a la falta de mantenimiento de la infraestructura. El Gobierno encargado responsabiliza a las sanciones internacionales, al fenómeno climático de El Niño y a presuntos actos de sabotaje.

Cabe mencionar que Venezuela registró 1.101 protestas en septiembre, de las cuales 531 estuvieron vinculadas con apagones y fallas del servicio eléctrico, según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

La cifra representó un promedio de 37 manifestaciones por día y un aumento de 489% frente a septiembre de 2025, cuando la organización documentó 187 protestas.

El OVCS atribuyó la mayor parte de los reclamos a las interrupciones del suministro y a las variaciones de voltaje. “Los cortes prolongados y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades productivas, operatividad del sistema de agua potable, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de equipos domésticos”, señaló.

Las movilizaciones por el servicio eléctrico equivalieron a cerca de la mitad de las protestas registradas durante el mes. El informe indicó que 376 ocurrieron durante la noche, principalmente en comunidades que atravesaron interrupciones prolongadas.

Ante la crisis reconocida por el Gobierno chavista, Delcy Rodríguez, anunció el pasado 8 de octubre que el país incorporará a mediano plazo 7.400 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a partir de acuerdos con la estadounidense General Electric y la argentina Impsa.

“Anuncio, a mediano plazo, la incorporación de 7.400 megavatios, derivados de acuerdos que se han suscrito con General Electric y con la empresa Impsa”, dijo Rodríguez durante la asamblea anual de Fedecámaras.

La mandataria afirmó que Venezuela cuenta ahora con garantías para adquirir repuestos destinados al SEN. El Gobierno había denunciado dificultades para acceder a esos insumos por las sanciones extranjeras vigentes desde 2017.

El 29 de septiembre, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció un plan para sumar 1.300 megavatios al SEN durante el último trimestre del año, con el objetivo de estabilizar el suministro y reducir los apagones que aumentaron en las últimas semanas.

El funcionario atribuyó el incremento de la demanda al “repunte de la actividad económica”, a las altas temperaturas asociadas con el fenómeno de El Niño y a los terremotos registrados en junio.

(Con información de EFE)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el jueves una propuesta normativa para ampliar el control sobre inversiones en China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros países, pero excluyó a Venezuela al considerar que el régimen del ex dictador venezolano Nicolás Maduro “ya no existe”.

La iniciativa reglamenta la Ley Integral de Seguridad Nacional en materia de Inversiones en el Extranjero de 2025, conocida como COINS Act, que el Congreso aprobó en diciembre. La norma obliga a empresas y particulares a informar al Tesoro sobre determinados planes de inversión fuera de Estados Unidos.

La legislación amplió el alcance de un programa que al comienzo se enfocaba solo en China. Además de sumar países considerados de preocupación, incorporó la biotecnología a los sectores sujetos a restricciones y facultó al Tesoro a añadir otras áreas.

La COINS Act incluía a Venezuela bajo la fórmula “bajo el régimen de Nicolás Maduro”. El Departamento del Tesoro sostuvo que la exclusión responde a que la dictadura de Maduro ya no está en funciones y que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no entra en esa definición. No obstante, el organismo indicó que la propuesta podría alcanzar ciertas inversiones en entidades venezolanas, sin precisar cuáles serían los casos incluidos.

El nuevo esquema no prohíbe toda inversión en los países señalados. El Tesoro busca concentrar los controles sobre operaciones destinadas a entidades vinculadas con tecnologías de doble uso, que puedan beneficiar programas militares, sistemas estatales de vigilancia o países donde se registran abusos contra los derechos humanos.

La propuesta incorpora la biotecnología a cinco áreas previstas en la ley: semiconductores avanzados y microelectrónica; sistemas de inteligencia artificial; tecnologías de información cuántica; computación de alto rendimiento y supercomputación; y sistemas hipersónicos.

El Tesoro advirtió que algunas biotecnologías avanzadas pueden representar un riesgo para la seguridad nacional, entre ellas las relacionadas con la proliferación de armas biológicas, las interfaces cerebro-computadora y la seguridad de las cadenas de suministro de Estados Unidos. La reglamentación no abarca los eventuales acuerdos de licencias entre farmacéuticas estadounidenses y China, según indicó un funcionario del Tesoro. Esa exclusión responde a una demanda de compañías del sector, entre ellas Pfizer.

EEUU quita sanciones al titular del Parlamento venezolano

El Departamento del Tesoro anunció el miércoles de la semana pasada el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que retiró al dirigente venezolano de su lista de personas sancionadas. La notificación alcanza las inscripciones de Jorge Rodríguez como “Rodríguez Gómez, Jorge Jesús”, “Rodríguez, Jorge”, “Rodríguez Gómez, Jorge J.” y otras formas de identificación que aparecían bajo el programa de sanciones de Venezuela.

El levantamiento de las restricciones se produjo en el marco de las nuevas relaciones entre Washington y Caracas. El Tesoro estadounidense no detalló las razones de la decisión ni comunicó si la medida forma parte de una revisión más amplia de la política de sanciones hacia Caracas.

La Casa Blanca ya había tomado la decisión en abril de levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, quien ocupaba el segundo lugar en la estructura de poder de Maduro antes de asumir la presidencia encargada. Los hermanos Rodríguez estaban sancionados desde septiembre de 2018, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

(Con información de Reuters)

Estados Unidos respaldó este jueves los resultados de la tercera ronda de diálogo político en Venezuela, que incluyó acuerdos para revisar normas sobre inhabilitaciones y la liberación de más de 1.000 presos políticos desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro, detenido por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en medio de una operación militar en Caracas.

El Departamento de Estado reclamó la excarcelación de las personas que aún permanecen detenidas por razones políticas. “Seguimos instando a la liberación inmediata de todos los presos políticos”, indicó en un comunicado firmado por su portavoz, Tommy Pigott.

Washington señaló que el proceso, encabezado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, bajo la conducción de la exdiputada opositora Dinorah Figuera, y el Gobierno chavista de Venezuela, apunta a “fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y sentar las bases para elecciones libres, justas y creíbles”.

Entre los acuerdos de la última ronda figura la revisión de varias leyes que Estados Unidos calificó como “represivas”, con el objetivo de ampliar las libertades políticas y sociales y garantizar la participación de todos los sectores en una próxima elección presidencial.

Las delegaciones también pactaron la creación de una comisión paritaria para administrar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.

El Departamento a cargo del secretario Marco Rubio también destacó las gestiones para designar a 32 nuevos magistrados con el fin de reconstruir un Tribunal Supremo independiente, la restitución del acceso a más de 70 sitios web antes bloqueados y la reforma de la Ley contra el Odio.

Rubio se reunió el 9 de octubre con Figuera. Durante ese encuentro, elogió su “valiente liderazgo” y pidió que continuaran los avances en materia de libertades políticas y reforma electoral.

La oposición sostiene que la principal demanda es la convocatoria a elecciones presidenciales y propone que se realicen en 2027. Las tres primeras rondas de conversaciones no derivaron en un acuerdo electoral específico. Jorge Rodríguez anunció que las próximas reuniones entre las partes están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre.

Las conversaciones continuaron este jueves con una reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los jefes de ambas delegaciones: el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y Figuera. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó sobre ese encuentro.

“Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”, sostuvo Rodríguez al término de la reunión.

Por otra parte, destacó un acuerdo para liberar el oro venezolano depositado en Inglaterra, con el objetivo de destinar esos recursos a la recuperación tras los terremotos registrados en junio de 2026. “Algo muy importante fue un acuerdo para la liberación del oro que está en Inglaterra y que ese oro pueda ser empleado justamente para la recuperación post terremoto de junio de 2026”, afirmó la presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez sostuvo que los consensos sobre esos fondos resultan necesarios para el país y cuestionó, durante su comentario al final de la reunión, a sectores que, según expresó, promueven acciones de confrontación tras una jornada de protestas en todo el país. “Todavía hay grupos muy, pero muy pequeños, que se resisten y creen que incendiando, pretendiendo incendiar el país, trancando calles, es la vía para que Venezuela salga adelante”, señaló.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido vinculado a la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención de siete personas que, según afirmó, estuvieron a cargo de los camiones de sonido utilizados en la movilización opositora del 22 de octubre en Caracas.

“El régimen de Delcy Rodríguez, a través de la Policía Nacional Bolivariana, secuestró a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonido utilizados hoy en la movilización cívica de Plaza Venezuela”, publicó el comité en su cuenta de X.

La organización también denunció la confiscación de tres vehículos. Indicó que uno de ellos fue retenido cuando su conductor llegaba a Antímano, en el oeste de la capital venezolana. “Alertamos a la comunidad internacional sobre esta arremetida contra venezolanos que prestaron sus servicios para la protesta pacífica de este 22 de octubre”, subrayó el comité de VV.

VV también vinculó el hecho con los acuerdos anunciados un día antes en las conversaciones políticas, que incluyeron compromisos sobre garantías democráticas en Venezuela.

(Con información de EFE)

“Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”, sostuvo Rodríguez al término de la reunión.

La televisora estatal VTV difundió imágenes del encuentro en el palacio presidencial, al que también asistió Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, titular de la Asamblea Nacional y jefe de la representación chavista en las conversaciones.

El encuentro ocurrió un día después de que la administración venezolana y la delegación opositora ratificaran su intención de convocar elecciones en Venezuela. El compromiso surgió al cierre de la tercera ronda de negociaciones, que transcurrió durante una semana en Caracas con auspicio de Estados Unidos.

El Departamento de Estado estadounidense también respaldó el resultado de las conversaciones. El proceso “sigue fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para elecciones libres, justas y creíbles”, señaló la dependencia en un comunicado difundido el jueves.

Al finalizar la ronda, las partes acordaron revisar normas que limitan la participación política y que mantienen inhabilitados para cargos de elección popular a decenas de dirigentes opositores. Entre ellos figura la Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, quien permanece exiliada en Panamá. La dirigente denunció que el gobierno interino impide su regreso a Venezuela.

El miércoles pasado, la jefa de la oposición en la mesa de diálogo sostuvo que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren unas elecciones presidenciales y mencionó que podrían realizarse en 2027 tras afirmar que tiene la voluntad para que se concreten.

La oposición al Gobierno chavista realizó protestas en todo el país

Miles de personas se movilizaron el jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para reclamar elecciones presidenciales en 2027 y respaldar una transición democrática con María Corina Machado en la Presidencia.

La convocatoria reunió a dirigentes de diversas facciones de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), activistas de derechos humanos y referentes de Vente Venezuela (VV), el partido de Machado.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes marcharon con la consigna “Elecciones ya” hasta una plaza de la ciudad, donde se realizó una concentración.

Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, se refirió a la jornada en su cuenta de X. “Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra Libertad”, escribió.

El ex diputado Piero Maroun afirmó ante los asistentes: “Muy pronto tendremos elecciones presidenciales y a María Corina en la Presidencia”.

El activista de VV Carlos Fernández aludió a las elecciones presidenciales de 2024, cuyo triunfo la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. El ente electoral, bajo control del chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados.

“A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González”, manifestó Fernández.

El dirigente también anticipó que la oposición buscará desplazar por medio del voto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero.

“Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (...). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera”, aseguró el activista de Vente Venezuela.

(Con información de AFP)

El hecho ocurrió el jueves contra la casa de Pérez, integrante del partido socialcristiano Copei. Fundehullan sostuvo que los disparos pusieron en riesgo a los miembros de su núcleo familiar y vinculó el episodio con un antecedente registrado en julio de 2024.

“Este grave hecho, que puso en riesgo inminente la vida de su núcleo familiar, constituye un patrón reiterado de persecución política tras haber sufrido un ataque similar en julio de 2024”, expresó la organización en una publicación difundida en la red social X.

La ONG compartió un video grabado por Pérez dentro de su vivienda. En las imágenes, el dirigente mostró varios casquillos de bala y daños en las paredes exteriores del inmueble.

Fundehullan condenó el ataque y reclamó la actuación de la Fiscalía General y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La organización exigió que ambos organismos abrieran una pesquisa “urgente, transparente e imparcial” para establecer tanto las responsabilidades materiales como las intelectuales.

La entidad también solicitó a los cuerpos de seguridad que otorgaran protección inmediata a Pérez y a sus familiares. En su pronunciamiento, recordó que la Constitución venezolana establece la obligación estatal de resguardar la vida y la integridad física y psicológica de los ciudadanos.

“El Estado debe salvaguardar de forma inviolable la vida y la seguridad física y psicológica de todo ciudadano”, indicó Fundehullan al citar disposiciones de la Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además del pedido dirigido a la Fiscalía y al CICPC, la ONG reclamó a las autoridades de Portuguesa que cesaran las acciones de hostilidad por motivos políticos y garantizaran el respeto al pluralismo democrático. “Esto confirma lo denunciado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos: el aparato represivo se mantiene intacto”, afirmó la organización.

El ataque contra Pérez ocurrió en una jornada de movilización convocada por sectores opositores en los distintos estados del país. La protesta tuvo entre sus reclamos la difusión de un cronograma electoral y la realización de elecciones presidenciales en 2027.

Los convocantes también exigieron el regreso de la líder opositora María Corina Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado. Su equipo de comunicaciones denunció que las autoridades le impidieron retornar al país.

Durante las últimas semanas, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones políticas informaron detenciones de sindicalistas, abogados y activistas vinculados con la oposición. Fundehullan comunicó la semana pasada la detención de Marlon Maya, abogado e integrante de Vente Venezuela en el estado Barinas.

Maya recuperó la libertad posteriormente, aunque quedó sometido a medidas cautelares, según la organización. Vente Venezuela es el partido liderado por Machado y mantiene presencia en varias regiones del país.

Otro caso mencionado por organizaciones defensoras de derechos humanos fue el del sindicalista Orlando Ramírez. El abogado venezolano Eduardo Torres informó el 6 de octubre que Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy, en el oeste del país.

El sindicalista permaneció detenido durante casi un mes después de participar en protestas por reclamos laborales. Durante ese período, se desconoció públicamente su paradero, de acuerdo con la información divulgada por Torres.

El Foro Penal, organización venezolana de defensa de derechos humanos, contabilizó 322 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. El Ejecutivo chavista rechazó la existencia de presos de conciencia y sostuvo que los arrestados fueron detenidos por la presunta comisión de delitos.

(Con información de EFE)

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estima que el costo de la canasta alimentaria de septiembre se ubicó en 761,35 dólares. Para cubrir ese gasto se necesitarían más de 3 mil 800 salarios mínimos.

El último aumento del salario mínimo en Venezuela se decretó a principios de 2022, fijándolo en 130 bolívares. Hoy esa cantidad equivale a menos de 20 centavos de dólar. Ese es el monto que se utiliza para calcular las prestaciones sociales, hecho que es condenado por sindicatos y gremios en el país.

Congelado el salario mínimo, el régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que el gobierno interino de Delcy Rodríguez elevó este año a 240 dólares. Tomando como referencia ese dato, se requerirían 3,17 bonos para adquirir la canasta alimentaria. Este pago no tiene incidencia en los pasivos laborales.

En estos momentos el Ejecutivo, los empresarios y las centrales sindicales discuten la creación de una nueva normativa que, en la práctica, desplazaría a la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 2012 por el difunto presidente Hugo Chávez.

El texto firmado por Chávez establece la retroactividad de las prestaciones sociales, cómputo que se ha hecho insostenible para los empleadores, provocando lo que desde un principio advirtieron sus críticos: la “bonificación” del salario y la destrucción de los contratos colectivos.

El instrumento que debaten autoridades, patronos y trabajadores dejaría a un lado la retroactividad de las prestaciones, apostando por una mejora salarial inmediata.

A la calle

De las 1.101 protestas que contabilizó en septiembre el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 233 fueron motivadas por la exigencia de derechos laborales.

“Los derechos laborales ocuparon el segundo lugar entre las principales exigencias de septiembre. Trabajadores de distintos sectores reclamaron remuneraciones suficientes, recuperación del poder adquisitivo y cumplimiento de las contrataciones colectivas”, reseñó en su informe el OVCS.

El reporte destaca las movilizaciones encabezadas por representantes de los sectores salud y educación, los cuales han advertido que escalarán sus acciones si Delcy Rodríguez no atiende sus reclamos de aumento salarial.

El OVCS registró que “transportistas denunciaron dificultades de acceso a combustible y de sostenibilidad del servicio, mientras productores agropecuarios cuestionaron políticas de precios y problemas de rentabilidad. Estas manifestaciones amplían la agenda laboral hacia las condiciones que permiten mantener actividades económicas y servicios de interés público”.

Las constantes interrupciones del servicio eléctrico provocan un cortocircuito entre el llamado chavismo “originario” y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La corriente Comunes, conformada por grupos y personalidades de izquierda que se identifican con el proyecto político de Hugo Chávez, convocaron para el martes 27 de octubre una “jornada nacional de protesta contra los apagones” que azotan al país.

“Se llevan el petróleo, nos dejan la oscuridad”, señala el grupo en clara alusión a los contratos firmados por Delcy Rodríguez con el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales para explotar el sector de los hidrocarburos.

Bajo la consigna “hay electricidad para los campos petroleros entregados, que también la haya para el pueblo”, el movimiento izquierdista llama a los ciudadanos a salir “a la calle pacíficamente, multitudinariamente, a exigirle al gobierno prioridades y soluciones”.

Comunes propone tomar las sedes de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). “Hagamos piquetes, marchas, plantones… llamemos a la prensa local. Que se haga sentir que aunque estamos a oscuras, no estamos callados”, expresaron en sus redes sociales.

Los constantes apagones, que pueden extenderse por seis horas o más, han generado protestas en distintas zonas de Venezuela. Voceros del régimen chavista afirman que detrás de esas manifestaciones hay “planes políticos” de la oposición para desestabilizar el país.

En su último informe, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que “la crisis del servicio eléctrico se consolidó durante septiembre de 2026 como uno de los principales factores de conflictividad social en Venezuela”, alcanzando las 531 protestas por electricidad, “lo que representa un incremento de 2.024% respecto a septiembre de 2025, cuando se registraron apenas 25 manifestaciones por esta causa”.

Malestar

El propio ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ha reconocido que enfrentan una “situación compleja”, mientras anuncia inversiones con el fin de incorporar 1.300 megavatios al sistema para “lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios a nivel general”.

La crisis del servicio suma ya más de 15 años. A principios de 2010, el difunto presidente Hugo Chávez decretó una “emergencia eléctrica” que no resolvió el problema y a la postre degeneró en grandes escándalos de corrupción, con la asignación de contratos de manera discrecional y obras que jamás se culminaron.

Los apagones no son el único motivo por el cual los venezolanos se lanzan a las calles por estos días. Sindicatos y gremios también encabezan manifestaciones para exigir mejoras salariales, al tiempo que los familiares de los presos políticos continúan con sus recorridos y vigilias por la liberación de sus seres queridos.

Tareck El Aissami se aferra a su pasaporte venezolano para no terminar en una cárcel en Estados Unidos.

En medio del juicio que enfrenta por el desfalco de al menos 5 mil millones de dólares cometido en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fuentes periodísticas afirman que el ex vicepresidente de la República espetó: “Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”.

Tras las deportaciones del exministro Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, y del empresario Alvaro Pulido hacia suelo estadounidense, aumentan los rumores que aseguran que el próximo en ser entregado a las autoridades norteamericanas será El Aissami, otrora hombre fuerte del régimen chavista caído en desgracia en 2024.

La última semana trascendió que el expediente contra el antiguo titular de Petróleo se había complicado aún más, al sumarse las imputaciones por los delitos de apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.

Sobre la cabeza de El Aissami pesa una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, que lo persigue por narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones.

Exprés

El artículo 69 de la Constitución “prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”. Antes de montarlo en un avión rumbo al estado de la Florida, el régimen chavista le quitó la nacionalidad venezolana a Alex Saab, oriundo de Barranquilla, Colombia.

“Siempre presentó una cédula venezolana que no es una cédula legal y no tiene ningún tipo de sustento dentro del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) (...). Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela, no es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero”, justificó Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sin embargo, Saab también tenía la nacionalidad venezolana, tal como quedó confirmado en la Gaceta Oficial suscrita por Maduro que autorizó su designación como ministro. De hecho, el barranquillero votó en las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Pulido, socio de Saab que está involucrado en la misma causa de El Aissami, nada más tendría la nacionalidad colombiana.

Al calor de su nueva relación con Washington, el gobierno interino de Delcy Rodríguez despachó a Saab a través de un mero trámite administrativo, eludiendo el procedimiento que demandaría pasar por los tribunales.

El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recordó que “de acuerdo con la Ley de Extranjería y Migración, la deportación de un extranjero es aplicable sólo en ciertos supuestos en los que no está la solicitud de un gobierno extranjero por causa penal, lo que debe regirse por el régimen de extradición, sea nacional o extranjero”.

El experto en Derecho Penal Alberto Arteaga Sánchez subrayó que “por la presunta comisión de delitos ante el requerimiento de otro Estado, es necesario recurrir al procedimiento de extradición”. Enfatizó que “la deportación de un extranjero no se puede imponer como fórmula sustitutiva de la extradición”.

El Aissami ha denunciado ser víctima de malos tratos durante su cautiverio. Pero ahora podría padecer un castigo mayor: ser entregado por sus viejos camaradas a su peor enemigo, Estados Unidos.

Una sola cifra distingue a Venezuela del resto del mundo: 303.000 millones de barriles de las llamadas reservas probadas de petróleo. Pero expertos afirman que la estimación del país, basada en datos envejecidos y exagerados de un gobierno corrupto, es intrínsecamente problemática y está lejos de estar probada.

Durante mucho tiempo, políticos e inversionistas han promocionado esa cifra como una medida importante del potencial energético sin explotar, más recientemente en comentarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al detallar un acuerdo amplio para que el país norteamericano tome el control de parte de las reservas venezolanas.

Pero una estimación más realista de las reservas probadas del país — una métrica de referencia, que representa la cantidad de petróleo que razonablemente puede extraerse bajo las condiciones actuales — es aproximadamente un tercio de lo que ha reportado, dijeron a The Associated Press media docena de expertos. Situaron la cifra probable entre 60.000 y 120.000 millones de barriles, una cantidad enorme pero insuficiente para que Venezuela siga siendo el mayor poseedor de reservas del mundo.

La distinción es importante mientras Venezuela y Estados Unidos intentan atraer nueva inversión a la deteriorada industria petrolera del país, y sugiere que el acuerdo que Trump anunció en agosto, al afirmar que Estados Unidos terminaría controlando más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, es mucho menos rentable de lo que él sostuvo.

Evanan Romero, ex funcionario de energía de Venezuela que ahora vive en Houston, dijo sobre el acuerdo que “esa es una propuesta muy, muy graciosa”, y añadió que cree que el gobierno de Trump no investigó a fondo las afirmaciones del país sudamericano antes de involucrarse. “Si el gobierno de Estados Unidos los llamara y les pidiera que testificaran sobre cómo hicieron el procedimiento... bueno, el mundo entero sabrá que ese es un número gracioso, una mentira absoluta”.

El gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

Expertos dicen que las cifras no cuadran

Trump ha dicho que, según el acuerdo, Estados Unidos controlará 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra que supera la totalidad de las reservas de crudo de Estados Unidos. Ha citado repetidamente el número de 65.000 millones de barriles y ha calificado el acuerdo petrolero como el más grande de la historia, una forma de reponer las reservas estratégicas de Estados Unidos y bajar los precios de la gasolina, que se dispararon durante la guerra con Irán.

Pero expertos señalan que Estados Unidos está obteniendo acceso a una mezcla de yacimientos casi agotados o totalmente sin desarrollar, con una producción esperada que sería una fracción de lo que Trump afirmó. Algunos de los campos petroleros están en el interior de la Faja del Orinoco, una especie de territorio salvaje en el centro-oriente de Venezuela que plantea grandes desafíos técnicos.

“No podemos creer los 65.000 millones. Es imposible”, afirmó Romero, y agregó que algunas empresas han abandonado esos campos por las dificultades.

La Casa Blanca no ha divulgado públicamente cómo llegó a la cifra de 65.000 millones y no respondió preguntas de AP. Un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, defendió el acuerdo y las afirmaciones de Trump.

“Este acuerdo histórico marca un paso importante hacia la estabilización de la economía de Venezuela después de años de hiperinflación y casi nada de nueva inversión, al tiempo que más que duplica las reservas de petróleo de Estados Unidos”, expresó Rogers.

Luisa Palacios, expresidenta de Citgo, dijo que sospecha que la cifra anunciada por el gobierno alude a petróleo almacenado bajo tierra, no a reservas probadas. En ese escenario, explicó, las reservas probadas probablemente serían alrededor de entre 10% y 12% de 65.000 millones, o cerca de 6.500 millones.

“¿Esos 65.000 millones de barriles asumen una tasa de recuperación del 20%?”, preguntó Palacios, ahora investigadora de energía en la Universidad de Columbia. “Eso es lo que no puedo decir. Y por eso hay dudas al respecto”.

Francisco Monaldi, experto petrolero venezolano en la Universidad Rice, estimó que entre 10.000 y 15.000 millones de barriles se clasificarían como reservas probadas en el corto plazo — muy por debajo de la estimación de Trump.

El petróleo que Estados Unidos controlaría, según funcionarios de ambos países, está en 17 campos bajo el control de una empresa conjunta entre la firma con sede en Estados Unidos y Venezuela North American Blue Energy Partners, o NABEP.

Las compañías petroleras que cotizan en bolsa están obligadas a reportar estimaciones de reservas probadas en informes anuales usando definiciones estrictas proporcionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. NABEP no cotiza en bolsa.

Las estimaciones problemáticas comenzaron con Chávez

Los cálculos detrás de la afirmación de Venezuela sobre más de 303.000 millones de barriles de reservas comenzaron hace más de una década.

A mediados de la década de 2000, el entonces presidente Hugo Chávez se propuso contabilizar las reservas en la Faja del Orinoco, en medio del aumento de los precios mundiales del petróleo y un gasto público prácticamente sin restricciones. Se convirtió en un esfuerzo de varios años, con empresas estatales de Brasil, Irán, China, España y otros países invitadas a ayudar a calcular las reservas, y una firma con sede en Estados Unidos contratada para estudiarlas.

Pero el gobierno nunca ofreció explicaciones detalladas de sus conclusiones. Algunos expertos y observadores las han cuestionado desde entonces.

“Esos eran números graciosos que fueron cocinados por Hugo Chávez y su ministro de energía de ese momento”, sostuvo Romero.

Monaldi coincidió: “Están inflados por un factor de casi tres”.

La firma con sede en Estados Unidos contratada por Chávez estimó que Venezuela tenía más de 1 billón de barriles de petróleo bajo la superficie de la Faja del Orinoco, pero nunca calculó sus reservas probadas, o la cantidad con un 90% de probabilidad de ser extraída. El gobierno de Chávez hizo ese cálculo por su cuenta. La firma, Ryder Scott, se negó a avalar la cifra, finalmente abandonó su trabajo y no hizo comentarios a AP.

En su informe anual de 2011, la petrolera estatal de Venezuela dijo que sus reservas probadas aumentaron en unos asombrosos 82.000 millones de barriles, hasta casi 300.000 millones. La empresa — Petróleos de Venezuela S.A., o PDVSA — lo atribuyó a “ajustes debido a la revisión” de las tasas de recuperación. PDVSA no ofreció más detalles; sus operaciones, estadísticas y finanzas han estado envueltas en secreto durante años.

Con ese salto extraordinario, Venezuela superó a Arabia Saudí como el mayor poseedor mundial de reservas probadas en el reporte anual de la OPEP.

Los expertos creen que una tasa de recuperación precisa para las reservas petroleras de Venezuela hoy es de alrededor del 10% en general y aún menor — entre 5% y 8% — en la Faja del Orinoco, que se ha convertido en una prioridad de inversión para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Casa Blanca.

El petróleo allí es más espeso que la mayoría del crudo convencional y no fluye con facilidad hacia los pozos. Los productores podrían usar tecnología avanzada para aumentar la tasa de recuperación, pero eso requiere grandes inversiones, que las empresas dudan en hacer en un país dirigido por un gobierno con historial de incumplir contratos y con inestabilidad actual. El mandato de Rodríguez expiró en julio y no hay elecciones programadas.

Venezuela sigue en la cima de la lista de la OPEP

La OPEP ha aceptado los cálculos del país sobre reservas probadas y lo ha colocado en la cima de la lista de reservas probadas cada año desde 2011.

La OPEP — integrada por una docena de países, con Venezuela como miembro fundador — no respondió a una solicitud de comentarios.

El informe de 2026 de la OPEP fija las reservas probadas de Venezuela en 303.700 millones de barriles, lo que incluye reservas en la Faja del Orinoco y otras regiones productoras de petróleo. Arabia Saudí ocupó el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles, seguida por Irán, con 208.000 millones.

Pese al escepticismo generalizado, la cifra de 300.000 millones se ha mantenido. Ambos sucesores de Chávez — el ahora depuesto Nicolás Maduro y Rodríguez — la han citado repetidamente. También lo ha hecho la oposición política, incluida la laureada con el Nobel de la Paz María Corina Machado. El partido gobernante durante 27 años también usó la cifra para obtener préstamos de miles de millones de dólares de China y Rusia.

Expertos dijeron que los inversionistas privados que evalúan opciones en Venezuela querrán ver datos precisos del gobierno de Rodríguez. La falta de transparencia, añadieron, solo incrementa la reticencia de los inversionistas.

“Cualquier país que reporte una cifra de reservas que nunca cambia con el tiempo — eso huele extremadamente mal”, afirmó Monaldi.

(Con información de AP)

El recinto de Miami debió suspender la función del domingo 18 de octubre cuando faltaban apenas minutos para que comenzara. La decisión se produjo en medio de una serie de inconvenientes técnicos y organizativos a cargo de una productora con vínculo comercial con el círculo familiar de Stoessel. Pese al conflicto posterior, Tini continuó con el resto de las fechas programadas y partió hacia el país caribeño, donde no se presentaba desde hacía 13 años.

El reencuentro con el público venezolano estuvo rodeado de gestos que la propia artista compartió en sus redes sociales. En una de sus historias de Instagram, publicó un saludo breve y directo al aterrizar: “¡HOLA VENEZUELA!”, acompañado de una bandera y un corazón rojo. El tono de ese mensaje resumió la carga emotiva de un regreso largamente esperado por sus seguidores locales, quienes prepararon obsequios y cartas para la ocasión.

Los propios fans se encargaron de documentar cada momento del recibimiento. Entre los objetos que le entregaron figuró una cartulina armada con recortes de letras de colores, al estilo de una nota anónima: “Para que recuerdes lo mucho que te amamos”, decorada con stickers con las palabras “Chévere” y “Venezuela”. También le acercaron un mensaje más extenso con el encabezado “¡Bienvenida a Venezuela, Martina!”, donde señalaban que habían pasado 13 años desde la última visita de la artista y describían el reencuentro como “la sensación de estar cumpliendo un sueño”.

Ese mismo texto explicaba que, dentro de la caja, habían incluido una camiseta de béisbol venezolana, con el pedido de que la usara durante el concierto. La prenda representaba “parte de nuestra cultura, amor por el deporte y un profundo sentido de pertenencia a nuestras tierras”, según detallaba el escrito firmado por la cuenta organizadora del club de fans. Entre las imágenes compartidas también apareció la cantante posando con la casaca de los Navegantes, de color azul con la bandera nacional en la manga, sonriente frente a cámara.

El show en Caracas tuvo su punto más emotivo durante el bloque musical dedicado a Violetta, la tira juvenil que marcó el inicio de la carrera artística de Stoessel. En ese tramo del recital, Jorge Blanco, su compañero en aquella producción, volvió a subirse al escenario para interpretar junto a ella algunos de los temas más recordados de la novela. La emoción del reencuentro llevó a Tini a frenar la presentación para abrazar a su compañero y contener las lágrimas, aunque el espectáculo continuó su curso.

Minutos después, al recibir la ovación del público presente, el llanto finalmente la venció. Fue en ese contexto que decidió dirigirse a sus seguidores con unas palabras que hicieron referencia directa a la situación con su entorno más cercano. “Pero bueno, mi equipo es mi familia. Ustedes son mi familia. Rodrigo, que para mí es mi familia”, expresó mientras la audiencia la ovacionaba.

Stoessel continuó su mensaje entre la emoción y los gritos del público: “Soy la mía, no sé cómo darles las gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo. Gracias a todos”. Acto seguido, agregó: “Últimamente me hace feliz estar acá y me hace todavía más con todas las cosas alrededor de todo lo que fue FUTTTURA”.

Esas palabras se dieron en medio del distanciamiento que la artista mantiene desde hace meses con su padre, Alejandro Stoessel, quien condujo su carrera desde los inicios de Violetta y de quien Tini decidió separarse en lo profesional tras pedir una auditoría sobre el manejo de su patrimonio. El relevamiento habría detectado que las ganancias eran percibidas por sociedades sobre las que ella no tenía participación ni control.

El conflicto también alcanza a su madre, Mariana Muzlera, y a su hermano, Francisco Stoessel, con quienes mantiene distancia en medio del escándalo económico. En ese marco, trascendió además que ninguno de los tres habría sido invitado a su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre. La mención explícita a De Paul como parte de su familia, en el mismo discurso donde dejó fuera a sus padres y a su hermano, fue el aspecto que más repercusión generó entre quienes siguieron el recital desde la capital venezolana.

En medio del escándalo desatado por la exasesora presidencial Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, en la mañana del jueves 22 de octubre se conoció el dosier de pruebas que habría llevado la la exprimera dama de la República a la Fiscalía General de la Nación para argumentar su defensa.

Alcocer fue señalada hace unos días por Ferrer por el presunto traslado entre Colombia y Venezuela de estupefacientes y al menos 2,5 millones de dólares en efectivo. El material, presentado el 20 de octubre, reuniría imágenes, registros audiovisuales, cálculos sobre el volumen de una eventual carga y la respuesta de uno de los integrantes de la delegación, según documentos revelados por la revista Cambio.

La defensa sostuvo que trasladar 2,5 millones de dólares en billetes de cien dólares habría requerido 25.000 unidades, con un peso neto de 25 kilogramos, sin incluir el embalaje. Si ese dinero hubiera correspondido al pago de cocaína, el análisis plantea un escenario hipotético de cerca de 500 kilogramos de droga, distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

Ricardo Gaviria Ramírez, abogado de Alcocer, entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La documentación busca responder a las declaraciones de Eva Ferrer, quien atribuyó a la entonces primera dama el presunto traslado de droga hacia Venezuela y el ingreso de dinero en efectivo a Colombia.

Según la versión de la exprimera dama conocida por Cambio, el viaje se realizó el 31 de enero de 2023, luego de que el Gobierno colombiano recibiera una invitación venezolana para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. La visita buscaba estudiar ese modelo y evaluar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente, Gustavo Petro, autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. La defensa afirmó que ella no intervino en la organización del transporte ni en la selección de la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana.

Según la bitácora presentada por el equipo de la exprimera dama, la comitiva estuvo integrada por Jorge Ignacio Zorro Sánchez, entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas; y la capitán Daniela Lozano, encargada de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, la composición del grupo respalda el carácter cultural del viaje.

Los registros examinados por la revista Cambio ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y por Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

Las fotografías incorporadas al expediente muestran a Alcocer descendiendo de la aeronave sin las dos maletas que Ferrer mencionó en sus declaraciones públicas. Esa secuencia, según el informe, contradice a simple vista la versión de que habría bajado del avión con equipajes que contenían estupefacientes.

La defensa también incluyó una imagen de la cartera naranja que Alcocer llevaba durante su llegada a Caracas. El investigador contratado por Alcocer examinó el bolso, cuyas dimensiones aproximadas son de 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, y concluyó que su capacidad no corresponde con las cantidades de dinero o droga mencionadas en la acusación.

Según las pruebas presentadas a la Fiscalía y conocidas por la revista Cambio, a las 11:58 a. m., la delegación llegó al Palacio de Miraflores, donde fue recibida por Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Después se trasladó al Centro Nacional de Acción Social por la Música, situado a unos 3,5 kilómetros de la sede presidencial.

Hacia la 1:20 de la tarde, Alcocer y sus acompañantes habrían permanecido en el centro cultural, donde asistieron a presentaciones musicales. Durante esa actividad, Cilia Flores entregó una condecoración a la entonces primera dama colombiana.

La agenda también contempló un encuentro con Nicolás Maduro en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Los videos entregados por la defensa muestran a los miembros de la comitiva reunidos durante actividades oficiales y acompañados por autoridades venezolanas.

El peso del dinero y los controles de una aeronave estatal

Entre el dosier de la defensa, se incluyó el cálculo sobre el peso que habría tomado llevar el dinero en efectivo, tomando como referencia datos del Bureau of Engraving and Printing, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de imprimir billetes. Bajo esa estimación, cada billete de cien dólares pesa cerca de un gramo.

El análisis sobre los estupefacientes usó estimaciones históricas atribuidas a InSight Crime, según las cuales un kilogramo de cocaína podía comercializarse en países vecinos de Colombia por entre 4.000 y 6.000 dólares. El informe señala que una carga de ese tamaño habría requerido una cantidad de equipaje incompatible con las imágenes públicas del desembarque.

Otro apartado de las pruebas revisó el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado, incluido el Racae 160. La norma contempla inspecciones a pasajeros, equipaje de mano, carga y equipaje de bodega, además de restricciones de acceso a áreas operativas y sistemas de vigilancia y detección.

La defensa planteó que una operación clandestina de la magnitud descrita habría debido superar esos controles. Sin embargo, el propio documento reconoce que deben obtenerse los registros técnicos y operacionales del vuelo para establecer qué procedimientos se aplicaron realmente durante el desplazamiento.

El expediente también incorporó un cuestionario enviado por correo electrónico a Manel Grau Pujadas, a quien Ferrer identificó como fuente de sus afirmaciones sobre el presunto ingreso de dinero a Colombia. Grau confirmó que fue invitado a conocer el sistema musical de Abreu y a explorar una eventual adaptación con participación del Ministerio de Cultura y la Fundación Batuta.

El empresario explicó que fue incluido en la visita por su cercanía con la música clásica y la ópera, especialmente en Barcelona. También indicó que no tenía contrato ni cargo administrativo dentro del Gobierno colombiano.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico, según un boletín difundido este miércoles.

“Los cortes prolongados y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades productivas, operatividad del sistema de agua potable, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de equipos domésticos”, detalló la organización.

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, el fenómeno climático El Niño y supuestos sabotajes.

El OVCS indicó que el total de septiembre de 2026 equivale a 37 protestas diarias en promedio y que la cifra total representa un aumento de 489 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando registró 187 manifestaciones.

Otro de los motivos de las protestas del pasado septiembre fue por reclamos laborales y pensiones dignas en Venezuela, donde el salario mínimo es de centavos de dólar al mes, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.

Gremios de maestros, líderes sindicalistas y organizaciones no gubernamentales realizan constantes protestas y llamados para exigir que el Estado aumente el salario mínimo, que sirve de base para estipular sueldos en el sector público.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en septiembre 761,35 dólares solo para gastos de alimentación, un aumento del 0,79 % con respecto a agosto, cuando el costo de la canasta fue de 755,36 dólares, según cálculos difundidos este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros.

Por su parte, el chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” políticas.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para poder participar en eventuales elecciones.

Ni Machado ni el líder opositor Edmundo González Urrutia participan directamente en estas negociaciones. Sin embargo, han dicho que esperan que estas conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”.

(Con información de EFE)

El chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” políticas.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para poder participar en eventuales elecciones.

Ni Machado ni el líder opositor Edmundo González Urrutia participan directamente en estas negociaciones. Sin embargo, han dicho que esperan que estas conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”.

Elecciones, una “gran demanda”

La jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, reconoció este miércoles que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.

En este contexto, Figuera reiteró que Estados Unidos está interesado en “acompañar ese proceso de estabilización democrática y de garantías políticas para el futuro del país”.

La opositora aspira a que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren después de desmotar el “aparato” alrededor del sistema electoral y de que se obtengan las condiciones que garanticen la credibilidad de la votación, según dijo en una entrevista al diario venezolano El Nacional difundida hoy.

Ley contra el terrorismo

Los partícipes en el diálogo también acordaron revisar la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, que fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.

Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que la acusación de terrorismo era “un patrón sistemático y generalizado” contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados.

Ley de partidos y la Ley Simón Bolívar

Las partes también propusieron la revisión de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por el Parlamento -presido por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez- y que contempla penas de entre 25 y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno.

Asimismo, plantearon la revisión de la Ley de partidos políticos para “garantizar la participación de todos los actores” y en “aras de fortalecer la democracia” en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia mantiene intervenidas a varias facciones de la oposición.

Gestión del oro en Inglaterra

También se acordó conformar una comisión paritaria que gestione la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra, a fin de que los recursos puedan ser utilizados en la población afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y la “recuperación de los servicios públicos”.

Según declaró a la prensa Figuera, su comisión conversó con representantes del Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que estuvieron en control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora dictador depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.

Concluido este tercer ciclo de diálogo, Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre.

(Con información de EFE)