El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inauguró este martes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un mensaje centrado en la situación de derechos humanos y democracia en varios países de la región.

Durante su intervención en la capital panameña, el mandatario destacó que la “grave erosión de los derechos fundamentales en Nicaragua” representa uno de los mayores retos para el organismo hemisférico, según informó EFE.

Mulino, en su calidad de anfitrión del evento, subrayó que Panamá asume “la obligación de señalar lo que la organización no puede ignorar”, en referencia a la crisis en Nicaragua.

El presidente panameño denunció públicamente la persecución a opositores, la supresión del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos, hechos que, según sus palabras, resultan incompatibles con los principios fundacionales de la OEA.

La situación nicaragüense se ha deteriorado desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fue reprimida de modo violento, dejando cientos de muertos y miles de exiliados, de acuerdo con informes de Amnistía Internacional y la organización Human Rights Watch (HRW).

Desde entonces, el Ejecutivo ha intensificado las medidas represivas: se ha registrado el cierre de más de 3,000 oenegés, la cancelación de medios de comunicación, la suspensión de partidos políticos opositores y la retirada de nacionalidad a decenas de disidentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, ha documentado patrones de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a las libertades públicas, lo que ha generado sanciones internacionales y aislamiento.

Las críticas de Mulino a Cuba, Venezuela y la propuesta sobre Bolivia

En su discurso, Mulino extendió la crítica a otros países de la región. Respecto a Cuba, manifestó la esperanza de que su pueblo “encuentre pronto el camino hacia una democracia plena”, y señaló que los valores democráticos “constituyen una promesa del hemisferio aún pendiente” en la isla, según recogió EFE. Sobre Venezuela, el mandatario reclamó una “muy pronta transición democrática” y el restablecimiento de la democracia representativa, con elecciones “libres, vigiladas y democráticas” que permitan al país “encauzarse nuevamente en la institucionalidad”.

El presidente panameño también se refirió a la coyuntura política en Bolivia, donde expresó su solidaridad con el gobierno de Rodrigo Paz, quien, según Mulino, enfrenta amenazas provenientes de sectores radicales y del crimen organizado. El mandatario anunció que ha propuesto ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la conformación de una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública para que se desplacen a Bolivia y respalden al Ejecutivo frente a la crisis institucional que atraviesa el país.

Mulino advirtió que “el gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización” y condenó cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos o ilegítimos. En ese contexto, respaldó la decisión del presidente Paz de declarar el estado de excepción y alentó a los países miembros de la OEA a mantener un monitoreo activo sobre la situación.

La Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, reúne a representantes de los 34 países miembros y se realiza en un contexto marcado por tensiones políticas en varios puntos de América Latina.

Al grito de “¡Fuera Nicolasito de la universidad!”, este lunes 22 de junio estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) organizaron una protesta que impidió al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto Nicolás Maduro, participar en un foro titulado: “La vida en obras del presidente Nicolás Maduro”.

Días antes, la cátedra libre Pío Tamayo había anunciado el evento con la intervención de Maduro Guerra. Advertidos de la situación, los bachilleres tomaron los pasillos de la casa de estudios para manifestar su rechazo a la visita del legislador, que al final no acudió a la cita.

“Hoy pretende venir el hijo de Nicolás Maduro a la Universidad Central de Venezuela, la persona encargada de dañarnos la vida a todos los venezolanos y a todos los estudiantes, la persona que se encargó de meter a más de 19 mil personas presas desde 2014, persona que asesinó a cientos de jóvenes en 2014 y 2017”, exclamó un muchacho al frente de la manifestación, mientras sus compañeros coreaban: “¡La UCV no olvida!”.

Los estudiantes expresaron su malestar colgando afiches en las afueras de la sala donde se llevaría a cabo el acto. “No los queremos de vuelta, que nunca regresen, Nicolasito qué se siente vivir lo que hemos vivido”, se leía en un cartel que hacía alusión al eslogan “Los queremos de vuelta”, que forma parte de una campaña del gobierno venezolano que exige la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, presos en Estados Unidos.

Perdón

“¡La UCV es nuestra, no de la dictadura!”, vociferaban los jóvenes, que culpaban a Maduro de ser el responsable de la “asfixia presupuestaria que vive nuestra universidad”, y de desviar los fondos de la educación hacia hechos de corrupción.

Estudiantes y profesores universitarios han protagonizado las movilizaciones contra la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los primeros tomaron como bandera exigir la liberación de los centenares de presos políticos que existen en el país, al tiempo que los segundos han organizado marchas y huelgas con el fin de exigir incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales.

En una entrevista concedida a un medio alemán en mayo, Maduro Guerra reconoció que “es cierto que ha habido momentos difíciles, errores que hemos cometido y excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón”.

El comandante Francisco Arias Cárdenas, fundador del movimiento chavista, se convirtió en el primer dirigente del oficialismo que públicamente solicita a la presidenta encargada Delcy Rodríguez que negocie directamente con la líder de la oposición María Corina Machado.

“Qué bueno sería que nuestra presidenta, con su autoridad y majestad de su cargo, llamara a conversar y construir un acuerdo ‘por la dignidad y la soberanía nacional’ a María Corina Machado”, escribió en sus redes Arias Cárdenas, uno de los protagonistas del golpe de Estado dirigido por su compañero de armas, Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992.

La propuesta del actual diputado a la Asamblea Nacional y miembro del Consejo Político Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), va en contravía de la línea asumida por el chavismo, que en reiteradas oportunidades ha rechazado la posibilidad de conversar con la premio Nobel de la Paz.

“Sentarse a hablar no es una capitulación, pero con ellos -la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática- no está planteado nada y con ella -Machado-, menos”, declaró hace un par de semanas el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, quien constantemente tacha a la líder opositora de terrorista e incluso la relaciona con el narcotráfico.

Consultada en febrero sobre el posible regreso de Machado, quien tras más de un año en la clandestinidad salió del país evadiendo a las autoridades para recibir el Nobel, Delcy Rodríguez manifestó: “Tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero”.

El 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El oficialismo acusa a Machado de haber promovido la acción ordenada por el presidente Donald Trump.

Alternativo

Arias Cárdenas exhorta a la mandataria interina a que selle con Machado un pacto “alternativo al de Marco Rubio -secretario de Estado-, pero con impronta venezolana”, y con el “respaldo de todo el pueblo nuestro”. “Con la fuerza del pueblo, con el apoyo de los gobiernos de Colombia, México y Brasil, si se lograra, pudiéramos compartirlo con el propio presidente Trump”, acota.

El gobierno de Estados Unidos está impulsando una negociación entre el régimen chavista y una delegación encabezada por Dinorah Figuera, en su condición de presidenta de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que funcionó en el periodo 2015-2020.

La Casa Blanca sigue reconociendo a aquel Parlamento de 2015 como la última institución legítima y elegida democráticamente por los venezolanos. A instancias de Washington, Figuera, quien estaba exiliada en España, visitó Caracas la semana pasada para reunirse con el jefe del Poder Legislativo vigente y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, y con el encargado de negocios norteamericano, John Barrett.

“Los Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión de hoy entre Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del gobierno interino venezolano, y la presidenta de la Asamblea Nacional venezolana de 2015, Dinorah Figuera, para discutir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”, manifestó la embajada de EE.UU. el 18 de junio.

Arias Cárdenas considera un “buen augurio” la irrupción en escena de Figuera, pero aboga por “pasos, fechas, plazos ‘hechos en Venezuela’, y no esperando todos un beneplácito de Trump, quien debe ser aliado y no padre ‘venático’ para la patria de Bolívar”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó que la Administración de Donald Trump mantendrá su respaldo a los esfuerzos dirigidos a alcanzar la reconciliación política en el país.

Esta declaración se produjo después de una reunión con la opositora Dinorah Figuera, a quien Washington apoya para entablar un proceso de negociación con el chavismo.

“Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y (el secretario de Estado) Marco Rubio”, expresó Barrett en una publicación realizada por la Embajada de Estados Unidos en la red social X.

La embajada difundió dos imágenes del encuentro, aunque no precisó la fecha exacta en que se realizó.

Dinorah Figuera, defensora de la vigencia del Parlamento opositor elegido en 2015, regresó a Venezuela el jueves tras ocho años de exilio. Lo hizo enviada por el Departamento de Estado de EEUU para sostener reuniones con autoridades del Gobierno encargado, en el contexto de la transición política iniciada luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington.

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera aseguró que uno de los objetivos es la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “vigoroso, creíble y transparente”.

Figuera admitió que la nueva misión “no es” sencilla, pero agradeció el “acompañamiento” de Estados Unidos.

El mes pasado, el sector mayoritario de la oposición, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), propuso una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por María Corina Machado, junto con el Gobierno interino y con el respaldo de EEUU para “restaurar la democracia” mediante una “elección presidencial libre, transparente y soberana”.

El chavismo respondió más tarde que no contemplaba una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.

Durante el primer trimestre del año, Venezuela registró ingresos por exportaciones petroleras de 5.491 millones de dólares, según datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). Esta cifra representa un aumento del 21% en comparación con el mismo período de 2025, cuando los ingresos alcanzaron 4.518 millones de dólares.

El BCV difundió la balanza de pagos con el desglose de los ingresos por sector, en un contexto en el que Estados Unidos impulsa la apertura de Venezuela a nuevas inversiones, tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar ocurrido en enero.

El crecimiento de los ingresos coincide con el incremento de las exportaciones, que, según información de Estados Unidos divulgada a comienzos de mes, alcanzaron 1,25 millones de barriles diarios (bd), considerado el “nivel más alto” para el país en “siete años”.

El encargado de negocios estadounidense, John Barrett, atribuyó este aumento al plan de tres fases para Venezuela elaborado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump (estabilización, recuperación y transición) tras la captura de Maduro.

Datos oficiales recogidos en el informe de mayo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalan que la producción de crudo venezolana creció un 22,9% entre enero y abril.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global. La mayor parte se sitúa en la Faja del Orinoco, donde el crudo extrapesado requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para su explotación.

Una proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicada en abril, estima que Venezuela obtendrá en 2026 más de 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.

El Banco Central también reportó que los ingresos no petroleros en el primer trimestre sumaron 2.268 millones de dólares, un 15% más respecto al mismo período del año anterior.

Los estudiantes colocaron pancartas con mensajes como: "La UCV es un espacio libre de torturadores“, ”¿Cuáles son los logros de tu padre? ¿Asfixiar a la universidad?" y "La UCV tiene memoria“, entre otros.

“El día de hoy el equipo de elecciones libres vino a hacer una protesta (...) para rechazar categóricamente la presencia de Nicolás Maduro Guerra en la Universidad Central de Venezuela, porque vienen a honrar la memoria de Nicolás Maduro“, explicó Rosa Cucunuba, activista universitaria.

Cucunuba agregó: “Pero la verdad es que la Universidad Central de Venezuela tiene su memoria: la memoria de las aulas vacías, porque los estudiantes se fueron; la memoria en la que los profesores tuvieron que dejar de dar clase porque los sueldos son un chiste y la memoria de todos los estudiantes detenidos, los que fueron perseguidos".

Por su parte, el activista Octavio González señaló que el diputado Maduro Guerra “pretendía lavarle la cara” a su padre en la UCV.

González enfatizó: “Lo que sucedió hoy aquí es una muestra de lo que le va a suceder a cualquier persona que quiera reivindicar los 27 -años- de miseria, a cualquier persona que quiera olvidar, lavarle la cara a 27 años de desdicha”, aludiendo al tiempo del chavismo en el poder.

De acuerdo con la Cátedra “Pío Tamayo”, una de las organizadoras del evento, Nicolás Maduro Guerra figuraba como ponente en la conferencia "La vida en obras del presidente Nicolás Maduro Moros“.

El propósito de la conferencia era reflexionar “sobre el cuadro histórico” de Venezuela a partir del 3 de enero de este año, fecha en la que EEUU capturó a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación en Caracas.

El líder chavista enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas.

Nicolás Maduro y Flores regresarán a la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 22 de julio, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn, donde permanecen desde su arresto.

Freddy Farías, padre del joven venezolano Freddy José Farías Marcano, solicitó formalmente al canciller Yván Eduardo Gil Pinto atender la situación que atraviesa su familia tras la muerte de su hijo, ocurrida a bordo de un buque petrolero y químico en Italia. La familia asegura que, durante una videollamada realizada el día anterior al fallecimiento, observó un deterioro físico y emocional en Freddy José.

Según la comunicación enviada a la Cancillería venezolana, Farías Marcano, de 26 años y oriundo del municipio Guanta, estado Anzoátegui, era cadete y aspirante a ingeniero marítimo, el sueño que perseguía.

Como estudiante de la Universidad Marítima del Caribe, ubicada en Catia La Mar, estado La Guaira, se embarcó en Egipto el 28 de abril de 2026 para realizar pasantías de ingeniería marítima en la nave FEW BPS, actualmente con bandera de Liberia, un país de la costa de África que tiene límites con Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea.

Días antes de su fallecimiento, el joven comunicó a su padre, durante una conversación telefónica, su decisión de desembarcar en el muelle de Santa Panagia, en Sicilia, Italia. De acuerdo con el testimonio familiar, el desembarco había sido aprobado por el capitán de la embarcación para el momento del atraque, pero luego fue prorrogado sin causa justificada hasta el domingo 14 de junio, fecha en la que Freddy José fue encontrado sin vida en su camarote.

El padre sostiene que su hijo había cumplido con los exámenes físicos y psicológicos exigidos internacionalmente antes de embarcarse. Sin embargo, relató que en los días previos a su muerte el joven manifestó temor y afirmó sentirse víctima de hostigamiento.

La Universidad Marítima del Caribe, cuyo rector es el Capitán de Altura Guillermo Riut Hernández, ha realizado actividades con motivo del Día de la Marina Mercante Venezolana, destacando que “la Marina Mercante es el motor silencioso pero implacable del comercio global y del desarrollo de nuestra nación”, pero no se ha pronunciado ante lo sucedido.

Farías le dice a Infobae que el 22 de junio estuvo en la Defensoría del Pueblo, donde “un cuerpo de abogados nos atendió maravillosamente” y narraron lo que como padre sabe de lo ocurrido, sobre quién era su hijo. “Nosotros somos víctimas y no contamos con los recursos económicos que sí tiene la empresa” en la que se embarcó su hijo y por lo que temen que pueda encubrirse el caso.

Este martes 23 de junio la familia Farías tiene previsto acudir a la Cancillería venezolana para obtener respuestas a las solicitudes realizadas.

La última llamada

Eunice Marcano y Freddy Farías, padres del joven, sostuvieron que en la última conversación con el joven percibieron voces amenazantes en otro idioma alrededor del cadete, lo que, según el padre, evidenciaba una situación de coacción.

Tras conocerse la muerte, los familiares recibieron información de lo que había sucedido a través del capitán Gilberto Montilla, quien, según el relato, tramitaba el embarque de cadetes como pasantes mediante la naviera Columbia Shipmanagement LTD y la Universidad Marítima del Caribe.

El cuerpo de Farías Marcano fue trasladado a la morgue de Augusta, ubicada a unos 45 minutos del puerto de Santa Panagia, debido a que ese muelle no cuenta con servicio de morgue. La autopsia, inicialmente estimada para el 15 de junio de 2026, habría sido reprogramada para el 22 de junio, según la información recibida por la familia.

Los familiares solicitaron que se practique una necropsia que permita esclarecer la causa del deceso, que el cuerpo sea repatriado a Venezuela y que se les entregue copia certificada del acta de defunción, el teléfono móvil del joven y el informe del capitán del barco sobre lo ocurrido.

Farías también aseguró haber recibido información de que el buque donde murió su hijo zarpó del puerto italiano con rumbo a Grecia. Además, expresó preocupación ante una presunta intención de cremar el cadáver sin autorización familiar.

El padre descarta la tesis del suicidio. “Lo que sí noté es que él estaba viviendo una situación demasiado fuerte en ese barco y se vio en la obligación de solicitar el desembarco en el muelle italiano”, afirmó.

Recordó que el 13 de junio, horas antes del fallecimiento, vio a su hijo “muy desesperado, angustiado, muy asustado”. Añadió que escuchó cerca de él “voces amenazantes en otro idioma” y que, desde esa conversación, no volvió a tener contacto con el joven.

“Pedimos que se haga justicia para nuestro hijo”, expresó la familia Farías Marcano en su solicitud a las autoridades venezolanas.

Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 como la “última instancia democrática reconocida” por Washington en el país suramericano, en medio de los esfuerzos diplomáticos que impulsa para favorecer un proceso de negociación política en Venezuela.

El mensaje fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de sus redes sociales en el que se informó sobre una reunión entre el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y la dirigente opositora Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de 2015. En ese marco, la representación diplomática destacó la continuidad del apoyo a los esfuerzos orientados a una salida política a la crisis venezolana.

En su publicación, Barrett afirmó que la administración de Donald Trump mantendrá su respaldo a iniciativas vinculadas a la reconciliación política.

“Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”, señaló el diplomático.

El mensaje fue acompañado por imágenes del encuentro. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la agenda discutida entre las partes.

Dentro del enfoque estadounidense, la Asamblea Nacional electa en 2015 continúa siendo un actor político de referencia, a pesar de que el chavismo controla el Parlamento desde las elecciones legislativas de 2020. Para Washington, esa estructura opositora mantiene un papel central en cualquier eventual proceso de transición institucional.

Dinorah Figuera, quien encabeza ese órgano parlamentario, ha defendido la continuidad de la institución surgida de las elecciones de 2015. Tras regresar recientemente a Venezuela luego de años en el exilio por la persecución del régimen chavista, la dirigente ha sostenido encuentros vinculados a la agenda de negociación promovida por Estados Unidos.

Entre los objetivos planteados por Figuera figura la posibilidad de avanzar hacia la conformación de un Consejo Nacional Electoral con mayor credibilidad y capacidad técnica, considerado un elemento clave para futuras instancias electorales en el país.

En declaraciones previas, la parlamentaria ha reconocido que el proceso en curso enfrenta obstáculos importantes, aunque ha valorado el acompañamiento de actores internacionales en las conversaciones.

En paralelo, sectores de la oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática han planteado la necesidad de una negociación estructurada que permita abrir paso a condiciones políticas más competitivas. Entre sus propuestas figura la realización de una elección presidencial con garantías de transparencia y supervisión internacional.

Desde la cúpula chavista, en tanto, se ha cuestionado la existencia de una negociación formal con la oposición mayoritaria. Voceros del régimen han sostenido que no está planteado un diálogo con esos sectores, y han rechazado la legitimidad de liderazgos opositores.

Delcy Rodríguez y la relación con Estados Unidos

En este contexto, la jefa del régimen chavista Delcy Rodríguez afirmó que la relación entre Caracas y Washington atraviesa una etapa de redefinición tras los recientes acontecimientos políticos. Según su visión, los últimos meses han abierto un escenario distinto en la dinámica bilateral.

Rodríguez señaló que el país se encuentra en una fase de reorganización institucional tras lo que describió como un punto de inflexión en la política nacional. También sostuvo que el gobierno ha optado por la vía diplomática para gestionar las diferencias con Estados Unidos.

“Han transcurrido ya casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto, dirimir las controversias, dirimir las diferencias”, afirmó durante un acto oficial en Caracas.

La funcionaria agregó que se están “desanudando” tensiones acumuladas en la relación bilateral, que se mantuvo marcada por el conflicto político y las sanciones durante varios años.

El escenario actual mantiene abiertos distintos canales de interlocución entre actores venezolanos y Estados Unidos, en paralelo a una estructura institucional dividida y a la ausencia de un calendario claro de negociación formal.

Por ahora, las conversaciones continúan en desarrollo sin definiciones públicas sobre su alcance o resultados concretos.

(Con información de EFE y AFP)

Hace una semana, la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) marcaba 587,40 bolívares por dólar. Hoy amaneció en 612,43.

Pero en estos siete días también se pasó de especular sobre la imposición de “cupos” para la adquisición de divisas a la promesa de una posible lluvia de dólares en efectivo, facilitada por la llegada de remesas autorizadas por Estados Unidos.

Haciendo un balance sobre lo ocurrido, el economista Asdrúbal Oliveros destaca como positivo que “el BCV abandonó la idea de establecer cupos para las personas naturales en la asignación de divisas, y se abre la posibilidad de realizar liquidaciones en efectivo, previo acuerdo con Estados Unidos”.

En medio de la amenaza de restricciones en el mercado cambiario, medida que hizo recordar los tiempos del férreo control de cambio aplicado por el régimen chavista, el director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, expuso que la idea había sido descartada por el gobierno de Delcy Rodríguez ante la posibilidad de que las autoridades norteamericanas permitieran el envío de remesas en efectivo.

“Esto ocurre en un momento en el que el país enfrenta una escasez creciente de efectivo. Entre el deterioro natural de los billetes, la exportación de efectivo para su bancarización en el exterior y el incentivo que genera el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para mantener dólares bajo el colchón, la cantidad de efectivo circulando en la economía venezolana se ha venido reduciendo de forma importante”, acotó Grisanti.

El experto adelantó que este mismo mes de junio llegaría la primera remesa, “la cual comenzaría a aliviar parcialmente la situación”.

Fondo

“Estos factores mejoran las expectativas de corto plazo y pueden contribuir a estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, la solución no puede descansar únicamente en una mayor oferta coyuntural de divisas”, explica Oliveros.

El consultor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) indica que la presidenta encargada Rodríguez debe poner en práctica una “disciplina fiscal y monetaria” y añadir “mayor profundidad al mercado cambiario, incorporando también al mercado paralelo dentro de la estrategia”.

Oliveros recomienda “aprovechar el ecosistema multimoneda, facilitando una mayor integración entre bolívares, dólares y criptoactivos”, incluido el peso en la región fronteriza con Colombia.

Subraya la necesidad de “una estrategia comunicacional más efectiva que contribuya a fortalecer la credibilidad y las expectativas de los agentes económicos”, enfatizando que “la estabilidad cambiaria sostenible no depende solo de más dólares, sino de mejores incentivos, mayor confianza y reglas claras”.

Oliveros participó recientemente en una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, donde expertos y empresarios plantearon el diseño de una política económica que fortalezca la propiedad privada y la seguridad jurídica, reduciendo la discrecionalidad regulatoria y modernizando las leyes.

Movimiento, vibración y luz: las icónicas esculturas “penetrables” y las “bolas” de varillas suspendidas del venezolano Jesús Soto, pionero del arte cinético, se despliegan en su propio museo en el sureste de Venezuela, que reabrió en 2025 tras años de abandono.

Fundado en 1973 en Ciudad Bolívar, cuna del artista, el museo reúne la obra de Soto (1923-2005) y el diseño del arquitecto venezolano Carlos Villanueva (1900-1975), autor de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2000.

“La arquitectura del museo, por sí misma, es una obra de arte (...) sus espacios diáfanos y la perfecta integración con el entorno natural invitan a la introspección y al asombro”, según un texto del Museo de Arte Moderno Jesús Soto.

Villanueva diseñó los edificios especialmente para las creaciones de Soto. Ambos habían colaborado en el pabellón de Venezuela en la Exposición Universal de Montreal de 1967.

El arquitecto previó techos altos para poder colgar las piezas de su amigo, o una sala sin ventanas para el Rotante Amarillo y Plata (1971), una de las obras más conocidas de Soto.

Esta creación “combina cinetismo, mecánica y luz” con motores que hacen girar varillas iluminadas, subraya Oasis Bolívar, una de las guías del museo, y destaca que es una de las pocas con motor.

A Soto le gustaba decir que el “motor” debía ser “el ojo”, añade.

El museo cerró en 2013 por la crisis económica y fue renovado entre 2023 y 2025.

“Vida propia”

Con exposiciones en instituciones como el Centro Pompidou o la Fundación Louis Vuitton, Soto fue un referente del arte cinético y dejó un legado no sólo en Venezuela sino en el mundo, según la guía.

Nacido el 5 de junio de 1923 en una familia humilde, de niño dibujaba con carbón ante la falta de materiales, cuenta Bolívar.

Gracias a becas, viajó a Caracas, la capital, y Maracaibo, la segunda ciudad del país, antes de irse a Francia, donde su carrera despegó.

Soto empezó a indagar en el arte cinético en 1950 en Francia, interesado por el movimiento y la interacción con el espectador.

Según Bolívar, buscaba que su obra no fuera inmóvil, que el espectador pudiera experimentarla y ser parte fundamental de ella, y que esta pudiera tener “como una especie de vida propia”.

El museo alberga obras de amigos o artistas que influyeron en Soto, como el venezolano Carlos Cruz-Diez, el polaco Henryk Berlewi, el ecuatoriano Luis Molinari o el húngaro Victor Vasarely, a quien Soto había tratado durante la histórica exposición Le Mouvement en 1955 en París.

Muy riguroso en su creación, Soto estimaba que la obra de arte debe “suscitar emoción en quien la contempla pero eso no quiere decir que ella deba nacer de una situación emotiva. Si tiene un origen, ese es el pensamiento, el rigor, la lógica de la investigación artística. El arte no es expresión, el arte es conocimiento”, subraya Bolívar.

Fuente: AFP

“Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas”, afirmó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien agregó sin dar mayores detalles que Panamá se ofreció como sede para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos basado en igualdad y respeto mutuo.

Martínez-Acha reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, aunque añadió que deben respetarse las decisiones del pueblo venezolano.

Aseguró que varios cancilleres han conversado sobre la importancia de abrir un diálogo incluyente con todos los actores políticos, que permita encaminar elecciones libres y justas, con garantías y reformas al sistema electoral.

Sobre Cuba recordó su visita del 28 de marzo para dar seguimiento a la situación de panameños detenidos en ese país, indicando que gracias a gestiones diplomáticas tres panameñas fueron liberadas, mientras que aún siete permanecen detenidos en la isla.

El 28 de febrero un grupo de ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba, enfrentando una posible condena de hasta ocho años de prisión bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional.

Un operativo de seguridad de las autoridades cubanas detectó al grupo realizando pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador en la isla.

En opinión de Martínez-Acha Vásquez la diplomacia en la región debe estar orientada a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales” que contribuyan a la estabilidad regional y a la coexistencia pacífica.

Las declaraciones del canciller panameño se dieron en el marco de la conferencia de prensa de apertura de la 56 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se inaugura este lunes en la capital panameña.

Para participar en la llamada Semana de Alto Nivel, que conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, llegaron a este domingo los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Los visitantes, de acuerdo a lo informado, sostendrán reuniones bilaterales y participarán en las actividades oficiales programadas en el marco de la conmemoración histórica del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, orientada a fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y el multilateralismo en el hemisferio.

La información oficial señala que además de los jefes de Estado y vicepresidentes, estarán presentes 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales y altos cargos de países y organizaciones internacionales.

Por otro lado, durante la sesión abierta de la 31 Reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) las delegaciones resaltaron la relevancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, la solidaridad y la concertación entre los países ante un escenario internacional en constante transformación.

En la clausura del diálogo especial sobre la vigencia del multilateralismo, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, expresó que el espacio ofreció oportunidades de cooperación entre regiones y una esperanza en beneficio de los pueblos.

Para Panamá ha sido alentador que esta convocatoria haya registrado la mayor asistencia en un Consejo de Ministros de la AEC, lo cual refleja el interés de revitalizar la organización regional y darle un nuevo dinamismo, se indicó en una nota de prensa. En el diálogo sobre el multilateralismo participaron los Estados Miembros, socios regionales y extra regionales de la AEC.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este domingo estar preparada para respaldar un eventual proceso de transición hacia elecciones en Venezuela, en un momento en que Washington impulsa activamente el diálogo entre las dos asambleas legislativas del país: la elegida en 2015, de mayoría opositora, y la chavista elegida en 2021.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, realizó el anuncio desde Ciudad de Panamá, sede de la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará la próxima semana. “Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró el diplomático surinamés, según la traducción oficial del organismo.

Las declaraciones llegan en una coyuntura de alta densidad política para Venezuela. El pasado jueves, Estados Unidos logró sentar en una misma mesa de negociación a la Asamblea Nacional opositora de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y al Legislativo controlado por el chavismo, cuyo titular es Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El encuentro, celebrado en Caracas, constituye el primer contacto directo entre ambos cuerpos legislativos desde que Nicolás Maduro fue capturado en enero pasado por fuerzas estadounidenses.

El sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, mantiene una postura distinta a la de Figuera: reclama una negociación “seria, firme y responsable” con el Gobierno interino y el acompañamiento de Washington, con el objetivo de restaurar la democracia mediante una elección presidencial. El chavismo, por su parte, descartó negociar con Machado o con su entorno.

La posición de la OEA no es nueva, pero adquiere peso institucional en este contexto. Ramdin se reunió el 12 de junio con Machado en Washington y destacó el papel que el organismo puede desempeñar en la transición. La institución ofreció asistencia técnica en observación electoral, mediación política, reforma judicial y apoyo a grupos vulnerables. Venezuela sigue siendo miembro formal de la OEA pese a que en 2017 el régimen de Maduro inició el proceso de retirada, y a que su silla permanece vacía en el organismo desde entonces.

El plan de la administración de Donald Trump para Venezuela contempla tres etapas: una primera de estabilización, una segunda de recuperación económica e institucional y una tercera de transición política que desembocaría en elecciones. Casi seis meses después de la captura de Maduro, las negociaciones avanzan de forma fragmentada, con actores que no comparten ni agenda ni interlocutores.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha, también presente en la rueda de prensa, expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”, con la convicción de que “la solución tiene que ser desde los venezolanos, pero siempre con democracia”. La 56° Asamblea General, que coincide con el bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1826, será el primer gran foro multilateral en que Venezuela ocupe el centro de la agenda desde que comenzó formalmente la transición.

La OEA llega a ese encuentro con una posición más activa que en años anteriores, pero su capacidad de acción depende de que las partes venezolanas le otorguen un mandato concreto. La fragmentación opositora y la resistencia del chavismo a negociar con sus sectores más influyentes reducen el margen de maniobra del organismo. La reunión de Panamá dirá si los Estados miembros pueden traducir el ofrecimiento de Ramdin en algo más que una declaración de principios.

El caso considerado uno de los más escandalosos de la narcopolítica en Venezuela dejó al descubierto, entre 2021 y 2022, una presunta red de tráfico de drogas que habría involucrado a varios diputados y a una alcaldesa del chavismo. De acuerdo con las actuaciones policiales, el entramado estaría relacionado con un ciudadano colombiano señalado como pieza clave en la captación de funcionarios y operadores locales.

La investigación tomó fuerza tras la revisión de audios telefónicos entre la diputada Jeycar Saray Pérez, del PSUV-ORA, y el exconcejal y diputado Jean Carlo Silva Sabino, de Podemos, quienes mantenían estrecha relación. Según los funcionarios, esas conversaciones permitieron rastrear no solo presuntos negocios vinculados con credenciales políticas, sino también las raíces de una estructura dedicada al transporte de sustancias ilícitas.

Un ciudadano identificado por el Comando Nacional Antidrogas como “Juan Molina” habría denunciado, el 2 de noviembre de 2021, que “una persona importante” lideraba una organización integrada por venezolanos, colombianos y dominicanos. En su declaración señaló al colombiano Víctor Julio Cano Páez como el encargado de captar a diputados y alcaldes venezolanos para incorporarlos a la red.

De acuerdo con esa versión, Cano reclutaba conductores para trasladar sustancias estupefacientes y psicotrópicas hacia distintas zonas del país. Los movimientos se habrían realizado por vía terrestre y marítima. La alerta incluía, además, una posible movilización de una importante cantidad de droga desde el estado Táchira hacia el centro de Venezuela.

La Fiscalía sostuvo que un agente encubierto logró desarticular uno de los grupos, conocido como “los narcos diputados”. Según esa versión, sus integrantes transportaban droga en camionetas blindadas y se amparaban en su inmunidad para evitar controles.

La alcaldesa Keyrineth Fernández, y la ex diputada Taina González, fueron condenadas el 18 de abril 2026 a 25 años de prisión. También condenaron, a 27 años de prisión, a tres familiares de la alcaldesa su hermano Kender José Villalobos Epieyu, su tío Kevin Epieyu Machado y su cuñado Gregorio Francisco Amaris Meléndez.

Algo más que credenciales

En una de las conversaciones citadas en el expediente, diputado Jean Carlo Silva Sabino le dice a la diputada Jeycar Saray Pérez: “bastante porquería tuve que vender para hacerte millonaria”. Según el acta policial, también habría afirmado que las ganancias respondían a los riesgos que él había asumido. Pérez, por su parte, le habría dicho que ella pagó para ser diputada y que él no podría llegar al cargo sin pagar.

La tensión entre ambos escaló en los audios. Pérez lo llamó traidor, insistió en que le entregara las llaves de una vivienda y lo amenazó con quitarle la credencial de concejal, según la reseña policial. Más adelante, en Caracas, ambos habrían sostenido una conversación con una persona identificada como “Alirio camioneta blanca”.

Durante el allanamiento practicado a Silva, los funcionarios reportaron la incautación de un manojo de llaves y la revisión de fotografías de dos vehículos en su teléfono: un Kia y una camioneta blanca. Luego, “Alirio” declaró que Pérez acudió a su vivienda junto a Silva y le entregó una camioneta Land Cruiser como garantía por un préstamo de 25.000 dólares.

El prestamista entregó el vehículo a los funcionarios. Al ser inspeccionado, según el expediente, la camioneta tenía un doble fondo y el barrido químico arrojó resultado positivo.

La funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana Daniela Alexandra Salamanca Jaimes, adscrita a la URIA Distrito Capital, participó en la detención de Jeycar Pérez el 5 de enero de 2022 en la Plaza Bolívar. En su declaración afirmó que “el coronel Vega sabía que ella iba a pasar por el lugar” y que una teniente de apellido Álvarez le solicitó el carné a la parlamentaria antes de detenerla.

Salamanca aseguró desconocer si existía una orden de detención y tampoco tenía información sobre los procedimientos legales aplicables para arrestar a una diputada. Ese detalle suma nuevas interrogantes sobre la forma en que se ejecutó el operativo y sobre el alcance político y judicial de una causa que terminó por exponer una presunta conexión entre poder local, credenciales oficiales y narcotráfico.

La narcopolítica

Víctor Cano estaba en La Guaira esperando a Luis Viloria. “Robert Montaño’ era el escolta, y en un vehículo machito de color blanco, con doble fondo, se incautaron 300 envoltorio de cocaína”, así que detienen a los escoltas del diputado”, quienes estaban en un hotel.

Por delación de uno de ellos evidencian la participación de la entonces diputada Jeycar Saraith Pérez Gómez en el “tráfico de Sustancias Estupefacientes Agravada”, por lo que realizaron un allanamiento en la urbanización Las Mercedes de Caracas donde según la Fiscalía “se incautaron varios teléfonos, una camioneta con doble fondo y residuos de cocaína”.

A Jean Carlos Silva Sabino lo detienen con una camioneta de la diputada Jeycar Pérez, “con doble fondo a la cual se le realizó un barrido”. Es detenido el guardia Nacional Daniel Rengifo. Habría una conversación entre el militar y la diputada Pérez Gómez donde él le está solicitando “dinero para no investigarla por delitos de corrupción”.

En enero del 2022 detienen a dos mujeres militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv): la alcaldesa del municipio Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm de la frontera con Colombia, y a la diputada de la Asamblea Nacional Taina de los Ángeles González Rubio Andara.

Según el reporte policial Samuel Alvarado, Kender José Villalobos Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Taina de los Ángeles González Rubio, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu y Gregorio Francisco Amaris, iban en dos camionetas, una Four Runner gris y una Tacoma blanca. González Rubio “usó su credencial como Diputada de la Asamblea Nacional para evadir los controles propios, de los organismos de seguridad del Estado”.

Esas maniobras las habría hecho el grupo para como “distracción y dilación” por lo que en el pueblo de Puerto Cumarebo, estado Falcon, se cambiaron a una camioneta Prado, “siendo aprehendidos al tratar de proseguir su viaje hacia Caracas, donde se les incautó seis panelas de cocaína”.

En ese procedimiento detuvieron a “Samuel” chofer de la Tacoma, a Pedro Moyano y a “Evicmar alias La Viuda, encargada de descargar la droga”. Supuestamente fue Moyano quien delató a la diputada oficialista María Bogado, quien posteriormente fue detenida y quien señaló a su ex pareja Edgar Reyes como implicado en la red.

Las funcionarias Adchell Toro Vielma y Alohe Josefina Silva Mavarez, ambas del Laboratorio Criminalístico de la Guardia Nacional Bolivariana y especificaron lo hallado en los vehículos; en el rústico machito blanco, “con asientos y doble fondo”, 232 envoltorios tipo panelas; en la Fortuner roja vinotinto, 104 envoltorios.

La causa y los actores

El juicio llevado a cabo por narcotráfico, contemplado en el expediente Nr. 11J1346-22, implicó a muchas personas, entre los que se encontraban diputados del Gran Polo Patriótico, alcaldes, militares y otros funcionarios. El abogado y diputado (Primero Venezuela) Luis Alfonso Viloria Chirinos, quien fue dirigente político del estado Trujillo y asesor de un diputado prooficialista, admitió los hechos y fue condenado a 12 años de prisión.

Viloria Chirinos había sido detenido en La Guaira, junto a su padre Luis Egisto Viloria Sáez, Robert de Jesús Montaña Viloria, Samuel David Montilla Hernández, Wilmer Enrique Hernández Torres, Delwis José Paredes Monsalve y un indocumentado, con 336 panelas de cocaína que transportaban en tres vehículos.

Los de la red que fueron a juicio, son 18 personas, todas solteras y residenciadas en distintas partes del país: Caracas, Carabobo, Aragua, Falcón, Táchira y Zulia.

En una ponencia, el magistrado Maikel José Moreno Pérez, pidió el levantamiento de inmunidad a los parlamentarios involucrados, lo que fue acordado por la Asamblea Nacional

El Ministerio Público que realizó las imputaciones, estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Nacional con los abogados Rainer Rojas Arcia y Marifer Arrechedere. El juez que los envió a juicio fue Michael Armando Agro Garmendia del Tribunal 10° de Control de Caracas y luego pasaron al Tribunal Undécimo de Juicio a cargo de la jueza Sabrina Montes De Oca M.

Los implicados

La diputada chavista Jeycar Saraith Pérez Gómez, soltera de 39 años publicista. Estaba residenciada en Caracas.

Diputado regional Jean Carlo Silva Sabino, del partido Podemos, soltero de 43 años, técnico superior en administración de aduanas, desempleado. San Agustín, Caracas. Al momento de ser detenido tenía pocos meses de haber sido electo diputado suplente del Consejo Legislativo del Táchira y, desde el 2013 al 2018, fue concejal del municipio Guaicaipuro del estado Miranda.

Luis Egisto Viloria Sáez, soltero de 53 años, comerciante, de Valera, estado Trujillo.

Samuel David Montilla Hernández, 37 años, soltero, universitario, de Escuque, estado Trujillo.

Delwis José Paredes Monsalve, soltero de 48 años, bachiller, de Valera, Trujillo.

Wilmer Enrique Hernández Torres, soltero de 51 años, con educación superior, desempleado, del municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo.

Robert de Jesús Montaña, 54 años, soltero, bachiller. Tucacas, estado Falcón.

Evicmar Yecdaly Sánchez Jiménez, 41 años, soltero, profesional con magister en Educación Física. Naguanagua, Valencia, Carabobo.

Jhonner Javier Villareal Montero, soltero de 39 años, con estudios de primaria. La Grita, Táchira.

Samuel Antonio Alvarado Rico, soltero de 36 años, estudios de primaria. Yaracal, municipio Cacique Manaure, estado Falcón.

Gregorio Francisco Amaris Meléndez, soltero de 47 años, licenciado. San Francisco, Zulia.

Kender José Villalobos Epieyu, soltero de 29 años, licenciado. Maracaibo.

Kervin Epidyu Machado, soltero de 30 años, bachiller. Ciudad Zara, Maracay, estado Aragua.

La diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Taina de los Ángeles González Rubio Andara, soltera de 29 años, licenciada. Municipio San Francisco, Zulia.

La alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, doctora de 40 años. Al momento de ser detenida era burgomaestre del municipio Jesús María Semprúm, estado Zulia.

Diputada del Gran Polo Patriótico de la Organización Renovadora Auténtica (ORA) María Yanitza Bogado Méndez, electa como representación por el estado Lara. Soltera de 48 años, administradora. San Griego, Valencia.

Edgar Eduardo Reyes Chirinos, soltero de 44 años, abogado. San Diego, estado Carabobo.

Daniel Enrique Rengifo, soltero de 44 años, guardia nacional, licenciado en Ciencias Artes Militares. Fuerte Tiuna, Caracas. Fue detenido porque estaría filtrando información de la investigación a la diputada Jeycar Pérez.

La Zona Libre de Colón atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Impulsada por el fenómeno del nearshoring, la recuperación de mercados tradicionales como Venezuela y una mayor rotación de mercancías, la principal zona franca del hemisferio cerró los primeros cinco meses de 2026 con un movimiento comercial de $10,588 millones, un crecimiento de 12.2% frente a los $9,440 millones registrados en el mismo período de 2025.

Las cifras reflejan una recuperación que va más allá de un simple aumento en las ventas. Para los empresarios de la zona franca, se trata de una transformación en la forma en que las compañías están utilizando a Panamá dentro de las cadenas globales de suministro.

“Hay varios factores detrás de esto. El principal es el nearshoring. Estamos viendo un interés creciente de empresas que prefieren tener su inventario cerca de sus clientes en lugar de depender de cadenas largas y vulnerables“, explicó Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón.

Según Eisenman, Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica están utilizando cada vez más a Panamá como centro de consolidación y redistribución de mercancías.

“Eso significa que la mercancía rota más rápido y permanece menos tiempo en depósito", señaló.

Los números parecen respaldar esa tendencia. Aunque las importaciones acumuladas entre enero y mayo crecieron apenas 0.2%, al pasar de $4,816 millones a $4,826 millones, las reexportaciones aumentaron 24.6%, saltando de $4,624 millones a $5,762 millones.

En otras palabras, la mercancía está entrando y saliendo con mayor rapidez. La misma dinámica se observa en el movimiento físico de carga. Entre enero y mayo se movilizaron 1.06 millones de toneladas métricas, un aumento de 13.4% respecto al mismo período del año anterior. Las reexportaciones crecieron 22.6% en volumen, mientras las importaciones aumentaron 6.3%.

“La Zona Libre demuestra resiliencia. Pasamos de acumulación de inventario a optimización, y eso nos está poniendo nuevamente en el mapa", afirmó.

Importaciones por país

China continúa siendo el principal proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón. Entre enero y mayo, el gigante asiático representó el 38.8% del valor total de las importaciones, equivalente a $1,872 millones.

También aparece Estados Unidos con 6.1%, Bélgica con 4.9%, Japón con 3.7% y México con 3.4%.

Si se analiza el volumen físico de carga, la dependencia es aún mayor. China concentró el 57.4% de todas las toneladas importadas por la zona franca durante los primeros cinco meses del año.

Entre los productos que tradicionalmente llegan desde Asia destacan textiles, confecciones, calzado, equipos electrónicos, electrodomésticos y juguetes, además de artículos para el hogar y una amplia variedad de bienes de consumo que posteriormente son distribuidos hacia los mercados latinoamericanos.

Sin embargo, el crecimiento más llamativo no proviene necesariamente de China, sino de algunos países europeos. Bélgica elevó sus exportaciones hacia la zona franca de $142 millones a $237 millones, mientras Japón pasó de $107 millones a $180 millones en comparación con el mismo período del año pasado.

Venezuela vuelve a ganar protagonismo

Si hay un mercado que está llamando la atención dentro de la Zona Libre de Colón es Venezuela.

El país suramericano se consolidó como el segundo destino de las reexportaciones con compras por $478 millones durante los primeros cinco meses del año, solo superado por Panamá, que registró $720 millones.

Eisenman reconoce que existe un renovado optimismo entre los empresarios. “Las empresas están viendo a Venezuela con mucho optimismo y expectativas sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Lo mismo sucede con las elecciones que vienen en Colombia. Todo esto puede producir cambios importantes en nuestro comercio“, comentó.

El interés no es casual. Durante años Venezuela fue uno de los principales compradores de mercancías de la Zona Libre, hasta que la crisis económica y política provocó una fuerte caída del comercio bilateral. Ahora algunos empresarios observan señales de recuperación en ese mercado.

Además de Venezuela, los principales destinos de las reexportaciones fueron Costa Rica con $447 millones, Colombia con $406 millones, Estados Unidos con $330 millones y Guatemala con $323 millones.

Los productos que están impulsando la recuperación

La recuperación tampoco se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores. Según Eisenman, los rubros que muestran mayor dinamismo durante 2026 son los productos químicos y farmacéuticos, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, además de categorías tradicionales como textiles, confecciones, perfumería y productos de cuidado personal.

Estos segmentos han sido favorecidos por la necesidad de muchas empresas de reducir tiempos de entrega y acercar inventarios a sus mercados finales.

La tendencia coincide con la creciente importancia estratégica de Panamá como plataforma logística regional, apoyada por el Canal de Panamá, los puertos de ambas costas, el sistema aeroportuario y la conectividad terrestre.

Más allá de los números, el crecimiento de la Zona Libre parece reflejar una transformación más profunda.

Durante años, muchas empresas utilizaban la zona franca como un gran centro de almacenamiento regional. Hoy el modelo parece estar evolucionando hacia operaciones más ágiles, donde la velocidad de movimiento de la mercancía resulta más importante que el volumen acumulado en bodegas.

Los datos de mayo muestran precisamente esa realidad. Solo durante ese mes la actividad comercial alcanzó $2,150 millones, un crecimiento de 13.2% frente a mayo de 2025, impulsado principalmente por un aumento de 29.1% en las reexportaciones.

Para los empresarios colonenses, la combinación de nearshoring, recuperación de mercados tradicionales y nuevas oportunidades regionales está devolviendo protagonismo a una plataforma comercial que durante décadas ha sido una de las principales puertas de entrada de mercancías hacia América Latina y el Caribe.

El dirigente subrayó que “una justicia independiente no le teme a juzgar a nadie, sin importar de qué lado del poder esté”, y expresó que ese principio distingue a una república de otras formas de gobierno.

En un video publicado en su cuenta oficial de la red social X, el dirigente, allegado a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, sostuvo que cuando la justicia responde a instrucciones políticas “pierde su naturaleza” y se convierte en “un instrumento más del poder”.

Por este motivo, advirtió que un país no puede considerarse democrático si las decisiones judiciales dependen de quién gobierna y no de lo que dicta la ley.

González Urrutia recordó que las libertades democráticas de los venezolanos fueron “erosionadas progresivamente desde las instituciones” por parte del régimen de Nicolás Maduro en los últimos años y citó como ejemplo la letra de “CANción de la presión” del artista Canserbero. En referencia al tema musical, señaló que la falta de independencia de los tribunales genera retardo procesal y fomenta la impunidad, lo que impide a las víctimas acceder a la verdad y destruye la confianza de la sociedad en sus propias bases.

“Cuando ese pacto se rompe, lo que queda no es paz, es la puerta abierta a que cada uno busque justicia por mano propia”, agregó en la grabación difundida por redes sociales.

El exiliado en el viejo continente resaltó que la independencia judicial asegura “las mismas reglas y protecciones para todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones o preferencias políticas”.

Ante este escenario, propuso la necesidad de seleccionar jueces por mérito y establecer procesos guiados por la ley y enfocados en proteger la dignidad humana. “Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada”, sentenció y concluyó: “Una justicia así iguala a los venezolanos ante la ley, sin distinguir entre amigos y enemigos del poder; esa es la justicia que Venezuela necesita. Debe limitar al poder y nunca servirle”.

El mensaje de González Urrutia surgió un día después que el Parlamento de Venezuela informara que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la reciente reforma legal que reorganizó el máximo tribunal y fijó en 32 el número de jueces. El proceso busca renovar parte de la estructura judicial del país.

Entre los candidatos figuran perfiles de alto nivel, como la ex vicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015, la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal y el ex rector Luis Emilio Rondón González, según la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

La selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a postularse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. Paralelamente, 63 candidatos se inscribieron para el puesto de inspector de tribunales y 33 para la dirección de la Escuela Nacional de Magistratura.

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 12 de mayo modificó la estructura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de cinco a siete el número de magistrados en la Sala Constitucional y de tres a cinco en las salas Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social.

Este reajuste forma parte de un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, promovido en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En ese marco, Rodríguez lanzó una consulta nacional destinada a abordar las deficiencias del sistema judicial, con énfasis en el retardo procesal y la corrupción que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El 12 de junio de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque letal contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero“, fundador y máximo líder del Tren de Aragua, en coordinación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela.

El golpe fue celebrado en Washington como un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional, pero Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, plantea un escenario más desafiante.

¿Qué es el Tren de Aragua y quién era Niño Guerrero?

El Tren de Aragua nació en la cárcel venezolana de Tocorón y se convirtió, en menos de una década, en una de las organizaciones criminales más expansivas del hemisferio occidental. Su modelo de franquicia, su capacidad de absorber poblaciones migrantes vulnerables y su diversificación del financiamiento le permitieron instalarse en más de diez países de Latinoamérica.

Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fue su arquitecto. Bajo su liderazgo, la organización pasó de ser una banda carcelaria a convertirse en un actor criminal transnacional con ramificaciones en Colombia, Chile, Perú, Ecuador e incluso Estados Unidos. Su neutralización, en ese sentido, representa un golpe real, pero no definitivo.

Para Edgardo Glavinich, “el hecho corona la mayor secuencia de proyección de poder de Estados Unidos en la región desde la captura de Noriega en 1989”.

El efecto hidra: por qué el Tren de Aragua no desaparecerá

Pese al hito en materia de seguridad, el especialista señala que el Tren de Aragua reúne todas las condiciones para reacomodarse. Dos jefes permanecen en libertad: “Petrica”, atrincherado en la zona aurífera de Las Claritas, y “Giovanny”, pieza clave de la expansión colombiana. La arquitectura de la organización y su modelo replicable de absorción la hacen especialmente resiliente.

“Las organizaciones de la región responderían con un repertorio conocido: atomización en facciones, profesionalización en estructuras de franquicia, menos dependientes de un jefe, diversificación de rentas hacia minería ilegal, extorsión y trata, transnacionalización de los flujos migratorios, negociación con el Estado y, en el extremo, mutación política”, advirtió Glavinich.

Venezuela, un estado criminal que dialoga con Estados Unidos

Para comprender el alcance real de lo ocurrido, es necesario entender la naturaleza del régimen venezolano. El director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent aplica al caso el concepto de mafia state desarrollado por Moisés Naím: un Estado donde los altos funcionarios no son cooptados por el crimen organizado, sino que son sus protagonistas, y donde la promoción de lo ilícito se convierte en política de Estado.

El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos habría reconocido que el cartel de los Soles no es una organización jerárquica clásica, sino un sistema de corrupción estatal sostenido por los mandos de los sistemas de seguridad y defensa que controlan el territorio. En Venezuela, el Estado no convive con la mafia: el Estado opera como mafia.

Lo que Washington habría hecho, entonces, no es eliminar ese aparato. Lo que habría hecho es preservarlo, disciplinarlo y cooptarlo. La lógica es reveladora: el jefe del Comando Sur se reunió en febrero de 2026 con Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello y con el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, figuras señaladas por el propio Tesoro estadounidense, y los hermanos Rodríguez habrían ofrecido un “madurismo sin Maduro” como garantía de permanencia en el poder.

Estados Unidos vs. China: la disputa que impacta en la seguridad hemisférica

Sin embargo, el pragmatismo estadounidense cobra más sentido si se toma dimensión del juego de poder global. Edgardo Glavinich indica que China habría empleado el crimen organizado como instrumento de penetración en otras latitudes: minería ilegal en África, centros de estafa en el Sudeste Asiático y, en América Latina, redes financieras que operan como principales lavadores de los carteles y como proveedores de precursores de fentanilo.

En ese sentido, Estados Unidos le disputa el control de Venezuela a China, que quedó expuesta por ser acreedora de aproximadamente 60.000 millones de dólares del régimen de Caracas.

“La reactivación de la Doctrina Monroe bajo el ‘corolario Trump’ de un hemisferio ‘libre de incursión o propiedad extranjera hostil de activos clave’ sería su marco doctrinario, y el efecto de demostración de Maduro y ‘Niño Guerrero’, ‘matar la gallina para asustar a los monos’ (GIS Reports, 2026) disciplinaría de paso a Bogotá, México y el Cono Sur, profundizando la penetración estadounidense sin necesidad de ocupación”, explicó Glavinich.

La conclusión de Edgardo Glavinich es clara: pese a la muerte de “Niño Guerrero” y la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, la gobernanza criminal no desaparece, queda consolidada, pero controlada y convertida en pieza de un orden hemisférico afín a los intereses de Washington.

El partido opositor Movimiento por Venezuela (MPV) manifestó el viernes su respaldo al proceso de negociación que involucra al Parlamento actual, controlado por el chavismo, y al Parlamento de 2015, de mayoría opositora, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. La ex presidenta del Legislativo electo en 2015 Dinorah Figuera, enviada por la Casa Blanca, encabeza los diálogos con el objetivo de avanzar hacia una transición política en el país sudamericano.

En un comunicado de prensa, el MPV calificó como “muy positivas” las conversaciones iniciadas el jueves entre Figuera, y Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional chavista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El secretario general nacional del partido, Simón Calzadilla, expresó su expectativa de que este proceso contribuya a “una salida a la profunda crisis que padece” la población venezolana.

La formación opositora extendió su apoyo a Dinorah Figuera ante el reto que implica liderar el proceso de negociación con ex allegados al ex dictador Nicolás Maduro. En el comunicado, describieron a la dirigente como una figura “siempre en la lucha por una mejor democracia y un mayor bienestar para su país, enfrentando situaciones difíciles y de un alto sacrificio en lo personal”.

El MPV aboga por un “diálogo fluido” y la construcción de consensos, así como la participación de amplios sectores de la sociedad política y civil.

Dinorah Figuera señaló el viernes que uno de los objetivos centrales es conformar un Consejo Nacional Electoral “vigoroso, creíble y transparente”. La dirigente opositora regresó a Venezuela el jueves, tras ocho años en el exilio, enviada por el Departamento de Estado de EE.UU. para encabezar los contactos con el oficialismo en el marco de la transición promovida por Washington. Figuera reconoció que la misión “no es” sencilla y agradeció el acompañamiento brindado por la administración del presidente Donald Trump.

El partido recordó que en enero, tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el día 3, propuso una negociación con mediación estadounidense orientada a una transición institucional. Entre los puntos planteados figura la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente bajo control chavista— y la liberación de presos políticos.

También el viernes, el ex gobernador opositor Andrés Velásquez instó a no perder el foco del “objetivo fundamental: ponerle fin a la tiranía de forma definitiva y restablecer la democracia y la libertad”. Velásquez ratificó el “liderazgo y conducción” de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado en el proceso hacia la transición democrática, y propuso la definición de un cronograma electoral presidencial que aporte certeza a la población.

El mes pasado, el sector mayoritario de la oposición había propuesto una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por Machado con el Gobierno interino y acompañada por Estados Unidos, para restaurar la democracia mediante una “elección presidencial libre, transparente y soberana”. Tras ese planteo, el chavismo respondió que no consideraba viable una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera aseguró: “Tuve una conversación (con Machado) y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional (AN)”.

La dirigente opositora subrayó su papel al frente del Parlamento electo en 2015 y señaló que el diálogo con las autoridades oficiales responde a una agenda de trabajo institucional acordada tras el respaldo de Washington.

(Con información de EFE)

Acme Nogal, miembro de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nicolás Maduro ganador de los cuestionados comicios presidenciales de 2024, figura en la lista de 561 postulados para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Nogal fue nombrada rectora principal del CNE en agosto de 2023. Llegó a ese puesto con el apoyo del partido opositor Un Nuevo Tiempo, del exgobernador Manuel Rosales. En ese momento, la cúpula del ente comicial estaba integrada por tres personas relacionadas con el chavismo y dos con la disidencia.

A diferencia del otro rector identificado con la oposición, Juan Carlos Delpino, quien se marchó al exilio tras denunciar irregularidades en el proceso, Nogal suscribió los resultados, pese a que el CNE jamás pudo demostrar el supuesto triunfo de Maduro con la publicación de las actas de escrutinio.

La Asamblea Nacional amplió el número de magistrados de 20 a 32. En principio, los parlamentarios deberían escoger a 24 togados entre los 561 candidatos. La renovación del TSJ sigue a los cambios realizados en las direcciones de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Caras viejas

Entre los aspirantes resalta Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta participación en violaciones a los Derechos Humanos.

Haringhton fue viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal en la administración de Maduro, vicefiscal general de la República y se le ha vinculado sentimentalmente con el actual ministro de Defensa, Gustavo González López.

También quiere ser juez Gilberto Landaeta, antiguo fiscal del Ministerio Público que formó parte del equipo que investigó los sucesos que rodearon el golpe de Estado de abril de 2002 y el asesinato de su colega Danilo Anderson en 2004.

Responsable en su momento de casos de alto perfil político, Landaeta terminó siendo destituido por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Un puñado de ex magistrados presentaron sus nombres para retornar al TSJ. Juan José Mendoza, quien pasó de diputado chavista a jefe de la Sala Constitucional del máximo juzgado, encabeza este grupo. Mendoza estuvo ligado a Maduro y su esposa Cilia Flores.

Otra que pretende volver es Marjorie Calderón, quien en 2009 condenó a un grupo de efectivos policiales por el golpe de 2002 en un juicio que fue criticado por distintos organismos defensores de Derechos Humanos.

Esos funcionarios acaban de recuperar su libertad en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Delcy Rodríguez. Al igual que Haringhton, sobre Mendoza y Calderón pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia venezolana.

El Parlamento venezolano comunicó que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un proceso motivado por la reciente reforma de la ley que reorganizó el máximo tribunal del país y fijó en 32 el número de jueces, con el objetivo de renovar parte de la justicia venezolana.

Entre los aspirantes figuran nombres de alto perfil, como la exvicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015; la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal, y el exrector Luis Emilio Rondón González, según la lista difundida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

El proceso de selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a presentarse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. En paralelo a las postulaciones para el TSJ, se inscribieron 63 candidatos al cargo de inspector de tribunales y 33 al de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El Parlamento previó sustituir a ocho magistrados que dejaron sus cargos por jubilaciones y renuncias, y designar a 12 nuevos jueces, mientras otros 12 permanecieron en sus funciones dentro de la corte.

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo introdujo cambios en la estructura del TSJ: la Sala Constitucional aumentó de cinco a siete magistrados, y el resto de las salas: Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social, pasaron de tres a cinco magistrados cada una.

Esta modificación se inscribió en un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, impulsado en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien inauguró una consulta nacional para abordar las deficiencias del sistema judicial, especialmente el retardo procesal y la corrupción que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Rodríguez identificó tres grandes retos para el sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, al reconocer que el 68% de las personas encarceladas en Venezuela pertenecen a los estratos más desfavorecidos.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones calculó que existen 26.694 personas privadas de libertad en el país, lo que supone un hacinamiento de 176,83%. Sin embargo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, precisó que la cifra real alcanza 58.714 personas, de las cuales 12.425 superaron los dos años de detención sin sentencia y 8.222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva, instalaciones diseñadas solo para estadías breves.

El fiscal general Larry Devoe señaló que casi el 70% de la población privada de libertad corresponde a los estratos económicos más bajos, y 81% se enfrentó por primera vez a un proceso judicial penal.

Además, Rodríguez lanzó una línea telefónica para que los ciudadanos denuncien actos de extorsión por parte de funcionarios del sistema judicial, y afirmó que busca erradicar la corrupción y la extorsión en los procesos penales. En los últimos dos años, el gobierno removió y procesó judicialmente a 28.314 funcionarios policiales.

(Con información de EFE)

¿El asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal Tren de Aragua ejecutado en una operación conjunta realizada por fuerzas de Estados Unidos y Venezuela, llevó la paz a la zona del Arco Minero, en el sur del país?

Un informe de la ONG Provea destaca que en los sectores de Las Claritas y Kilómetro 88 en el estado Bolívar, se respira una aparente “tranquilidad” cargada de incertidumbre por el rumbo que puedan tomar los acontecimientos.

“Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, cita el informe de Provea entre los testimonios de los lugareños.

El mismísimo presidente Donald Trump se encargó personalmente de informar al mundo sobre la muerte de “Niño Guerrero” la noche del viernes 12 de junio. Posteriormente, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó el hecho, sin ofrecer mayores detalles sobre el despliegue policial y militar que liquidó a uno de los delincuentes más buscados de la región.

Zona roja

El reporte de Provea advierte que “el control de los grupos irregulares armados en las zonas mineras ha impuesto una especie de ‘Estado paralelo’, con normas a las que, para su supervivencia, el pueblo se ha adaptado e incluido en su cotidianidad”.

Además de bandas criminales como el Tren de Aragua, en el Arco Minero -área que comprende más de 111 mil kilómetros cuadrados- se ha podido documentar la presencia de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“La creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas- y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo”, resalta Provea.

La ONG SOS Orinoco acusa directamente al régimen chavista de “destruir sistemáticamente proyectos formales como Gold Reserve y Crystallex, e incluso los del propio Estado venezolano como Minerven, generando una deuda multimillonaria y abriendo el camino para que la minería informal, destructiva, y las mafias, los grupos armados ocuparan el territorio”.

Nuevos negocios

La decisión del difunto presidente Hugo Chávez de revocar las concesiones mineras otorgadas a las transnacionales, dio pie a una serie de demandas de miles de millones de dólares que hoy forman parte de los compromisos que pesan sobre el Estado venezolano. “No fue ausencia del Estado. Fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, sostiene SOS Orinoco.

Tras la caída de Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó en tiempo récord una reforma a la Ley de Minas y recibió en el palacio de Miraflores al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se hizo acompañar por una comitiva de empresarios del sector minero con el fin de explorar oportunidades de negocios en el país.

Más allá de la eliminación de “Niño Guerrero” y del desembarco de inversionistas norteamericanos, los activistas apuntan que queda mucho trabajo por hacer en el Arco Minero.

“Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional”, alerta Provea.

En una transmisión de Con el Mazo Dando, difundida por medios oficiales del régimen venezolano, Diosdado Cabello presentó a 74 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre generales, vicealmirantes, contralmirantes y coroneles. La escena buscó proyectar cohesión y capacidad de mando en torno a su figura política.

Durante el programa, Cabello, quien también es ministro del Interior y Justicia, saludó públicamente a cada uno de los uniformados. Los oficiales se pusieron de pie, levantaron sus bastones de mando y respondieron con expresiones como “sí, mi capitán”, además de consignas de contenido ideológico pronunciadas por algunos de los presentes.

La lista de asistentes estuvo integrada por 28 oficiales del Ejército, entre generales y coroneles; ocho generales de división y de brigada de la Aviación; 16 vicealmirantes y contralmirantes de la Armada, y 22 generales y coroneles de la Guardia Nacional.

Entre los asistentes estuvo el GD Eduardo José Sellone David, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), quien ocupa el cargo en sustitución del Mayor General José Luis Tremont Jiménez luego de la Operación Resolución Absoluta con la que EEUU extrajo a Nicolás Maduro de territorio venezolano.

Aunque ninguno de los otros militares nombrados a finales de enero por la presidenta interina figuró entre los asistentes al espacio conducido por Cabello Rondón, ese evento debió contar con la aprobación del ministro de la Defensa, GJ Gustavo Enrique González López, de los comandantes generales de los componentes e incluso de Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Desde el programa, Cabello se dedica habitualmente a descalificar a dirigentes de la oposición haciendo énfasis en María Corina Machado, también envía mensajes a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y defiende las políticas del régimen.

Aviación

Cabello presentó a ocho oficiales que estaban presentes de la promoción 1996 “Subteniente (F) Peter Tautvilas Neniskis Chulz” de la Aviación Militar, de la que hubo 63 egresados.

GD Alí Camilo Rubén Sánchez (Nr. 8 según orden de mérito): comandante de la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre (BASUCRE): Asumió este cargo el 9 de noviembre de 2024, tras relevar al GD Edgar del Valle Farías Ruiz.

Previo a su designación en BASUCRE, ejerció el comando de esta base aérea ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui.

GD Jesús Alberto Fernández Peñaloza (Nr. 9), fue a quien Delcy Eloína Rodríguez Gómez sustituyó en enero 2026 de la Base Aérea “El Libertador” (BAEL) para nombrar al GD Marco Antonio Vásquez Pérez.

GB Juan Francisco Rodríguez Hernández (Nr. 19) comandante de la Brigada de Defensa Aérea Oriental.

GD: Roberto Asunción Marín Ayala (Nr. 28) Subinspector de la Aviación Militar Bolivariana (AMB). En 2023 Fue comandante de la Base Aérea Logística Aragua.

GB Luis Javier Ferrer González (Nr. 29) director de Potestad Investigativa y director de Control Fiscal de Entes Descentralizados y Órganos Desconectados de la CONGEFANB.

GD. David Carmelo Tovar Angulo (Nr. 31) director de planificación Estratégica de la AMB. Ejerció funciones como director de la Escuela de Estudios del Poder Aéreo 27N.

GD Vladimir Rolando González Brizuela (Nr. 33) Ejerció funciones como comandante de la Brigada de Defensa Aérea Guayana (adscrita al Comando de Defensa Aeroespacial Integral.

GD Rafael Josué Ramírez Chiquito (Nr. 55) se desempeñó como comandante de la Base Aérea “General en Jefe Rafael Urdaneta” (BARU) en el estado Zulia, Venezuela, hasta principios de noviembre de 2024, fecha en la que fue relevado del cargo por el GB Jorge Luis Boscán Leal.

28 oficiales del Ejército

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mencionó a los oficiales de la promoción del Ejercito 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez, a quienes le quedan tres años como oficiales activos. En el programa estaban presentes 25 de los que quedan activos de los 143 que egresaron de esa promoción. Y tres se la promoción “Cnel. Vicente Andara” 1996, con 53 integrantes.

GD Carlos Eduardo Rivero Ramos (Nr. 3 en orden de mérito): director del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación (IAESEN), adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

GD Miguel Antonio Yilales Arteaga (Nr. 12): Se desempeñó como comandante de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “General en Jefe Félix Antonio Velásquez”. Es el actual comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) número 62 del estado Bolívar.

GD Eduardo José Sellone David (Nr. 13): comandante de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI). Se desempeño como Inspector General del CODAI y comandante de la Brigada de Defensa Aérea Central.

General de División, José Ramón Figuera Valdez (Nr. 15): desde hace años es el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital (ZODI Capital). Bajo su liderazgo hubo en el distrito de la capital altos niveles de detenciones arbitrarias contra manifestantes poselectorales del 28 de julio de 2024. El 29 de julio de 2024 por lo menos ocho manifestantes y transeúntes murieron en el ámbito de la ZODI que comanda Figuera.

GD Henry Alfredo Briceño Rojas (Nr. 16): comandante de la Aviación del Ejército Bolivariano de Venezuela.

Cnel. 25 Manuel Augusto Vivas Martínez (Nr. 18). Ejerce la dirección del Centro de Historia Militar “Cnel. Carlos Enrique Quintero Gamboa”. En esta función, lidera actividades culturales, ponencias de divulgación histórica y las Competencias Académicas, Literarias y Culturales organizadas bajo el Viceministerio de Educación para la Defensa

General de División Héctor José Cadenas Daal (Nr. 19): comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo N° 45

GD Lionel Raúl Sojo Rada (Nr. 28): comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Amazonas. Fue Segundo comandante y Jefe del Estado Mayor de la ZODI Zulia. Comandó la 12 Brigada Caribe “General en Jefe Almidien Ramon Moreno Acosta”.

GD Yolhmer Elewís Vivas Torrealba (Nr. 29): Ha desempeñado cargos estratégicos de seguridad y cartografía en la institución militar y en el estado Guárico. Subdirector de Cartografía de la FANB en la Dirección de Geografía y Cartografía (Digecafanb).

GD Daniel Enrique López Barrios (Nr. 35): director de Planificación Estratégica del Ejército Bolivariano.

Cnel. Luis Eliazid Cáceres Guevara (Nr. 61): director del doce Núcleo de Formación de Tropas Profesionales del Ejército (12do. NFTPEB).

GD Hibrahin Ricardo Sirgo Herrera (Nr. 62): Se desempeña como el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Lara.

Cnel. Emilio José Álvarez Giménez (Nr. 65): Se desempeña como Jefe de Gestión Comunicacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEOFANB)

GB Alexander Antonio Gómez Piñerez (Nr. 79): director de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ejército y comandante de la “Operación Fuerza de Choque”.

Coronel Carlos Alfonso Pinto Mujica (Nr. 83): comandante de URRA de combate de la Fuerza Armada.

GB Manuel Alejandro Franco Aldana (Nr. 98): comandante de la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales 4 de Febrero “Día de la Dignidad” (BRICOMA 4F), la unidad estratégica encargada de la producción, gestión y difusión de contenidos comunicacionales y audiovisuales de la FANB.

Coronel José Ángel Castro Díaz (Nr. 104): Se desempeñó como comandante del 205 Grupo de Artillería de Campaña General en Jefe “Joaquín Crespo”

GD Gabriel Yldemaro Gil Pereira (Nr. 108): se desempeña dentro del comando de la Milicia Bolivariana. En el 2017 fue comandante de la ADI (Área de Defensa Integral 353 Carapaica), luego jefe de la Milicia en Táchira y en el 2023 jefe de la Milicia en la ZODI Yaracuy.

GD Javier Enrique Magallanes (Nr. 109): Se desempeña como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nro. 11 del estado Zulia.

Cnel. Lisandro José Bogarín Campos (Nr. 118). Ha sido director de Planificación y Presupuesto del Ejército Bolivariano

Cnel. Nelson Benjamín Márquez Magallanes (Nr. 123). Se ha desempeñado como director o gerente de Fortalecimiento Profesional en la Fundación Müröntö (perteneciente al Viceministerio de Educación para la Defensa), un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) enfocado en la ciencia, tecnología e innovación.

Cnel. Franklin José Varela Rangel (Nr. 131). Ejerció funciones como comandante del 923 Batallón de Caribe “G.M.A. Antonio José de Sucre”, una unidad de operaciones tácticas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Cnel. Elio Rodolfo Mundary Zorrilla (Nr. 133). Ha formado parte del soporte organizativo o de representación institucional en despliegues deportivos y estratégicos de alto nivel, tales como el Comité Organizador de los Juegos Mundiales de Cadetes (CISM)

Cnel. Luis Concepción Medina Guzmán (Nr. 141). Director del Centro de Adiestramiento para el Combate “Cnel. José Manuel Navarro”, una institución perteneciente al Ejército Bolivariano de Venezuela

Cnel. Novis Enrique Borges Fernández (143 el último de la promoción): Se ha desempeñado en funciones operativas como comandante del 102 Grupo de Caballería Motorizada “General de División Francisco Esteban Gómez”.

De la promoción “Cnel. Vicente Andara” 1996, los tres de los 53 integrantes que estaban en el programa Con El Mazo son:

GD José Daniel Monsalve Maldonado, es de la promoción “Cnel Vicente Andara de la que egresó de Nr. 4 como Sub/Brig. Siendo fiscal general Militar, el 19 de agosto 2024, el entonces ministro de Defensa Vladimir Padrino López, lo juramenta como presidente de la Corte Marcial de Venezuela y del Circuito Judicial Penal Militar, cargo que sigue ocupando actualmente.

Coronel Javier Alfonso Alarcón Valero: (Nr. 16): Jefe del Campamento director del Núcleo de Formación de Tropas Profesionales (educación militar) en el Fuerte Tavacare, estado Barinas.

Coronel Eduardo José Bastidas Parra (Nr. 38 de 53 integrantes de la promoción “Cnel. Vicente Andara”: Ha ejercido funciones legales y de asesoría de alto rango dentro de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N° 21 del Estado Táchira. En el 2014 fue designado por el entonces Ministro de Alimentación, Yván José Bello Rojas, como parte de la Junta Directiva de la empresa Mercados de Alimentos (Mercal C.A).

Por la Armada

Los 16 altos oficiales de la Armada Bolivariana presentes de la promoción de 72 egresados “Capitán de Navío Francisco Javier Gutiérrez” 1996, fueron:

Vicealmirante Edgar Aroldo Sáez (Nr. 11): comandante de la Infantería de Marina Bolivariana.

VA Luis Zeyn Guzmán Hernández (Nr. 17): comandante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana (COMCUINAB)

VA José Francisco Bermúdez Lugo (Nr. 18):jefe del Puesto de Comando de la Armada Bolivariana.

Contralmirante Raúl Alexánder Dam Angulo (Nr. 22):Coordinador General del Convenio Inces-Seguridad y Defensa (conocido institucionalmente como el Gerente General del INCES Militar)

VA Oscar Eduardo Mendoza Maldonado (Nr. 24):Ejerce las funciones como director Naval de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Armada Bolivariana.

VA Ovasky Elías Moreno Fuenmayor (Nr. 25):comandante de la Base Naval “Mariscal Juan Crisóstomo Falcón” (BNFA)

CA Pedro Enrique Salazar Cabrera (Nr. 26):comandante de la Sexta Brigada de Infantería de Marina Fluvial “Almirante Manuel Ezequiel Bruzual” (BRIMBF6)

CA Valentín Valdemar Hazenstaub del Ducça (Nr. 27): Se desempeña actualmente como el Director del Hospital Naval “Dr. Francisco Javier Gutiérrez”, ubicado en la Base Naval “C/A Agustín Armario” de Puerto Cabello, estado Carabobo.

VA Luis Enrique Castillo (Nr. 28):Fue uno de los oficiales más jóvenes en asumir la dirección del principal astillero estatal de Venezuela. Bajo su gestión, ha impulsado el desarrollo de la ingeniería y la industria naval como motores estratégicos de la infraestructura marítima y el comercio nacional.

VA Jesús Miguel Melian Torrealba (Nr. 33):comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Central Nro. 73.

VA Gregorio Antonio Briceño Paniagua (Nr. 42):Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nro 82 La Guaira (ZODI La Guaira).

VA Manuel Felipe Carrillo Vargas (Nr. 43):Comandancia en el CANJANZO: Lidera la tripulación de este centro estratégico de formación naval, ratificando constantemente su lealtad institucional hacia el mando ejecutivo de la nación.

VA Frambel Antonio Campos Velásquez (Nr. 45):Se desempeña como comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina “Contralmirante José Eugenio Hernández”. Esta unidad táctica clave tiene su base principal en Carúpano, estado Sucre, y está encargada de la seguridad, defensa y resguardo del litoral oriental de Venezuela.

VA Héctor José Marcano Vásquez (Nr. 47):Ejerce la dirección Naval de Planificación Estratégica de la Armada Bolivariana.

VA Marcos Mauricio Brancaleoni Mujica (Nr. 62):se desempeña actualmente como presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Armada Bolivariana

VA Pedro Antonio Alemán D’ Lima (Nr. 67):Lidera la ejecución de operaciones estratégicas en zonas limítrofes críticas. Ha estado en la dirección de patrullajes fluviales permanentes dentro de la Operación “Vuelvan Caras” en el estado Apure, coordinando despliegues de movilización y reconocimiento de puestos navales en los ejes de los ríos Apure, Arauca, Capanaparo, Cinaruco, Meta y Orinoco.

22 de la Guardia Nacional

De la II promoción Batalla Los Horcones 1996 de la Guardia Nacional egresaron 92; en el programa de Cabello se presentaron 22 de los que quedan activos:

GD Hernán Dionisio Rincón Paz (Nr. 4): En marzo de 2026, fue nombrado director de los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo de la GNB.

GB Aldric Rawlins Garmendia Mora (Nr. 6) Jefe de Gestión comunicacional de la GNB.

GD Luis Gonzaga López Romero (8): se desempeña como jefe de la División de la Milicia Bolivariana para la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Miranda Eje Montaña).

GD José Ismael Torrealba Silva (Nr. 13): director de Tecnología, Información y Comunicación de la GNB.

GD Juan Carlos Agüero Medina (Nr. 15): presidente de la Empresa Militar de Transporte (EMILTRA S. A.) Fue comandante de Zona N.° 71, Nueva Esparta.

GD Eduardo José González Correa (Nr. 16) secretario ejecutivo para la Soberanía, Seguridad y Paz Territorial y secretario de seguridad y Defensa Ciudadana del Estado Bolivariano de Guárico.

GB Nemisto Segundo Valero Peña (Nr. 23) director de Inteligencia de la REDI -5 Oriental.

GD Nelson Alexander Franceschi Márquez (27) Se desempeñó como Segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando de Zona de la GNB N° 32 (CZGNB-32) en el estado Cojedes. En el 2021 el ministerio de la Defensa lo nombra comandante de Zona Especial N° 81 de la GNB, con sede en San Tomé y cuya jurisdicción abarca la estratégica Faja Petrolífera del Orinoco.

GD Francisco Luis Moreno (Nr. 32): Fue comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 12 Falcón (ZODI Falcón) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hasta enero de 2026

GD Ernesto Gerardo Cárdenas Gutiérrez (Nr. 33): Ha desempeñado este cargo directivo liderando ponencias y conferencias de orientación institucional y formación ideológica-política dirigidas al personal militar y civil en diversas regiones del país, como el estado Lara.

GD Ánderson José Rendón Zambrano (Nr. 38) comandante actual de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Guárico.

GB Ramón Alexander Castro Pereira (Nr. 45) director del servicio policial penal de delitos financieros de la GNB.

GD Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez (Nr. 47) director de Educación de la Guardia Nacional Bolivariana.

GD Efrén de Jesús Flores Méndez (Nr. 51) director de Medios de Milicia de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llano.

GD Dennys Roman Ferrer Sandrea (Nr. 56): comandante Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

GD Richard José Rondón Liendo (Nr. 74): Director conjunto de Orden Interno del Ceofanb.

GD Gustavo Gregorio Bermúdez Pernalete (Nr 76): jefe del puesto General de Comando de la FANB

GD Luis Eduardo Márquez Chacón (Nr. 82) Ejerció como segundo al mando en la Zona Operativa de Defensa Integral N° 22 Mérida. En 2021, asumió la jefatura de la Estación Principal de Guardacostas “Marítima e Insular Occidental” de la Armada Bolivariana.

GD Elvis Rafael Duran Lobo (Nr. 83) comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI N° 34) Cojedes en Venezuela

Cnel. Rubén Darío García Martínez; este oficial de la Guardia Nacional es el Nr. 85, en el orden de mérito de la promoción.

Cnel. Daniel Jhonny Goyo Pulido (Nr. 89) comandante del ADI 3401 (Área de Defensa Integral Tucuraguas), la cual está adscrita a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI N°34 Cojedes)

GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez (Nr. 92): Fue designado director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno estratégico de la GNB en marzo de 2026. También ejerció como director de Inteligencia Militar de la GNB.

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo especial para recuperar los servicios básicos y en los últimos días ha firmado convenios para levantar el maltrecho sistema eléctrico de Venezuela, sindicatos de la telefónica estatal CANTV y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denuncian que sus afiliados perciben “salarios denigrantes” y sufren la violación de sus derechos laborales.

La Federación de Trabajadores, Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones de Venezuela (Fetrajuptel), indicó que más de 10 mil jubilados y sobrevivientes de CANTV dejaron de recibir un bono equivalente a 200 dólares, “columna vertebral del sustento mensual de nuestro sector pasivo”, subrayan en un comunicado.

La organización sindical recordó que “la pensión básica se mantiene congelada desde el año 2022 en la pírrica suma de 571 bolívares mensuales”. El tipo de cambio oficial en el país es de 607 bolívares por dólar, publicó este viernes 19 de junio el Banco Central de Venezuela.

Fetrajuptel rechazó la decisión de CANTV de eliminar el complemento al ingreso mínimo vital de los jubilados y sobrevivientes, advirtiendo que esta medida vulnera la Constitución, que garantiza la progresividad de los derechos laborales, y significa “un acto de despojo que condena a la miseria y al desamparo a miles de adultos mayores”.

Exclusión

La asignación irregular de bonos ha levantado una polvareda en parte de la administración pública venezolana. El régimen chavista ha evitado desde hace cuatro años subir el salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares, y ha optado por crear y repartir asignaciones especiales, llegando a establecer un “ingreso mínimo integral” que alcanza los 240 dólares.

Los sindicatos condenan la política de “bonificación” del salario, pues impacta negativamente en el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores. Adicionalmente, cuestionan que los bonos son pagados de forma discrecional y que no cubren a toda la masa laboral.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) mantiene un pulso con la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, por las fallas en la cancelación del “bono de responsabilidad profesional”, indicando que han sido excluidos de este beneficio jubilados, contratados, empleados y obreros de las casas de estudio.

“No hay manera de justificar que el sueldo de un profesor titular a dedicación exclusiva sea el equivalente a menos de un dólar mensual (...). El bono vacacional, la bonificación de fin de año, las prestaciones sociales y el ahorro previsional han sido reducidos a nada”, expresó la APUCV en una carta dirigida a Sanjuán.

Oscuro

Sindicalistas de Corpoelec recalcaron que los trabajadores no pueden subsistir con dignidad, al tiempo que solicitaron ser incluidos en los acuerdos que está firmando el gobierno de Delcy Rodríguez con empresas como General Electric e IMPSA, para la revitalización del sistema eléctrico venezolano.

“Ya esta situación llegó a una etapa en donde o nos adaptamos y somos sumisos ante cualquier anuncio del gobierno interino, o damos un paso adelante para no morir de mengua en nuestras casas”, expresó Oswaldo Méndez, vocero de los trabajadores.

El gobierno de Estados Unidos autorizó este jueves una nueva flexibilización de sanciones sobre Venezuela al habilitar operaciones relacionadas con la aerolínea estatal Conviasa, los servicios de telecomunicaciones y correo, además de determinadas transacciones vinculadas a un bono de la petrolera estatal PDVSA.

La decisión fue formalizada por el Departamento del Tesoro mediante un paquete de licencias generales que amplían las actividades permitidas bajo el esquema de restricciones vigente.

Según la nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quedan autorizadas diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de Conviasa.

La autorización abarca el suministro de bienes y servicios indispensables para el mantenimiento de aeronaves, incluyendo reparaciones, inspecciones técnicas, software especializado, asistencia de aeronavegabilidad y provisión de repuestos. Además, habilita pagos y operaciones comerciales que podrán canalizarse a través del sistema financiero estadounidense dentro de los límites establecidos por la licencia.

El Departamento del Tesoro explicó que la autorización se refiere específicamente a actividades relacionadas con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) y busca facilitar aspectos operativos vinculados a la seguridad y mantenimiento de la flota.

Junto con esa decisión, Washington actualizó otra licencia destinada a las comunicaciones. La nueva disposición permite transacciones vinculadas con la transmisión y recepción de telecomunicaciones, así como actividades relacionadas con servicios postales y envío de mercancías.

La medida autoriza operaciones necesarias para el intercambio de comunicaciones y el transporte de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela. Con ello, empresas y operadores podrán realizar actividades que anteriormente requerían autorizaciones específicas o estaban sujetas a mayores restricciones.

El Tesoro estadounidense también emitió una licencia separada referida a la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El documento autoriza, a partir del 4 de agosto de 2026, determinadas operaciones vinculadas al bono PDVSA 2020 con tasa de interés de 8,5%.

La autorización incluye financiamiento y otras transacciones asociadas exclusivamente a ese instrumento financiero. Funcionarios estadounidenses aclararon que la medida no representa una reapertura general del acceso de Venezuela a los mercados internacionales de crédito ni implica el levantamiento de las restricciones que continúan vigentes sobre la deuda soberana venezolana.

En la práctica, la licencia permite realizar operaciones de compra, venta o eventuales procesos de reestructuración relacionados con ese bono específico bajo las condiciones fijadas por OFAC.

Las nuevas licencias se producen en medio de cambios en la política estadounidense hacia Venezuela después de la operación militar de enero que terminó con la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

Desde entonces, la administración de Donald Trump ha avanzado en un proceso gradual de flexibilización de permisos y licencias relacionados con sectores considerados estratégicos para la recuperación económica venezolana. Las primeras medidas estuvieron dirigidas principalmente a la industria petrolera y minera, áreas donde Washington ha buscado facilitar la participación de compañías internacionales.

Pese a las nuevas aperturas, el Departamento del Tesoro remarcó que el núcleo del régimen de sanciones permanece intacto. Las autoridades estadounidenses enfatizaron que continúan prohibidas todas las operaciones que no estén contempladas expresamente en las licencias emitidas.

La OFAC también recordó que siguen vigentes las restricciones económicas, financieras y comerciales aplicadas al régimen venezolano y a entidades o personas sujetas a sanciones. En consecuencia, cualquier actividad fuera de las autorizaciones específicas continúa expuesta a medidas de cumplimiento y posibles sanciones.

Las decisiones anunciadas este jueves representan uno de los movimientos más amplios de flexibilización desde comienzos de año y amplían las posibilidades operativas en áreas sensibles para la economía venezolana, especialmente en transporte aéreo, comunicaciones y determinados instrumentos financieros vinculados a PDVSA.

El Gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su respaldo a un proceso de diálogo político en Venezuela orientado a una transición democrática, con énfasis en la recuperación de las instituciones, la reforma del sistema electoral y el restablecimiento de garantías para la participación política.

El pronunciamiento se produjo después de una reunión en Caracas entre el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento elegido en 2015, órgano que Washington sigue considerando como la última institución venezolana surgida de elecciones democráticas reconocidas internacionalmente.

En un comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que la agenda discutida entre las partes contempla aspectos considerados fundamentales para una eventual normalización democrática. Entre ellos mencionó la reconstrucción de las instituciones, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la creación de condiciones permanentes para la competencia política y la protección de libertades indispensables para el debate público.

“La piedra angular de cualquier transición democrática es el diálogo inclusivo”, señaló Washington, que calificó el encuentro como un paso inicial dentro de un proceso más amplio que buscará generar condiciones para una sociedad “libre y abierta”.

La declaración estadounidense puso el foco en la necesidad de desarrollar un trabajo técnico que permita construir consensos duraderos y garantice que el proceso represente los intereses de los ciudadanos venezolanos.

“Esa es la única manera de que Venezuela tenga un futuro más democrático y próspero”, afirmó el texto.

La reunión se realizó en el Palacio Federal Legislativo y marcó el inicio de una nueva etapa de conversaciones impulsadas por Estados Unidos. Aunque los participantes no ofrecieron declaraciones conjuntas tras el encuentro, la visita de Figuera a Caracas estuvo vinculada a los esfuerzos para avanzar en un esquema de negociación política.

Antes de reunirse con Rodríguez, la dirigente opositora explicó que había aceptado una invitación relacionada con la elaboración de una agenda destinada a promover acuerdos sobre derechos políticos y libertades públicas. A su llegada al país, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia mecanismos que permitan resolver diferencias mediante vías institucionales.

Uno de los principales temas planteados en esta nueva fase es la reorganización del sistema electoral venezolano. Figuera afirmó que el desafío pasa por construir un organismo electoral que genere confianza y credibilidad.

“En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (...) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble”, declaró ante periodistas.

La cuestión electoral ocupa un lugar central dentro de las conversaciones promovidas por Washington. A comienzos de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, había señalado que Venezuela necesita “un nuevo comité electoral” para poder organizar comicios con garantías suficientes para todos los actores políticos.

El respaldo estadounidense al diálogo también incluye la expectativa de que nuevas conversaciones continúen en las próximas semanas en Caracas. Según el Departamento de Estado, el propósito es establecer formalmente una hoja de ruta que permita abordar reformas institucionales y generar mecanismos de participación política abiertos.

La visita de Figuera representa además su regreso a Venezuela después de ocho años fuera del país. La dirigente, de profesión médica, había salido al exilio tras denunciar amenazas relacionadas con su actividad política. En los últimos meses mantuvo contactos con representantes estadounidenses para discutir escenarios vinculados a una eventual transición democrática.

El acercamiento ocurre en un momento de reconfiguración del escenario político venezolano. Washington considera que las negociaciones deben concentrarse en aspectos prácticos y verificables que permitan avanzar gradualmente hacia instituciones más sólidas y procesos electorales reconocidos por todas las partes.

El organismo electoral ha estado en el centro de las disputas políticas venezolanas durante años y continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de cualquier discusión sobre el futuro político del país.

Por ahora, tanto Washington como los participantes del encuentro coinciden en que el proceso apenas comienza. El objetivo declarado es abrir una etapa de conversaciones orientada a establecer reglas políticas duraderas, fortalecer las instituciones y crear condiciones que permitan a los venezolanos expresar sus posiciones en un marco de mayores garantías democráticas.

El jueves, sindicalistas y trabajadores del sector eléctrico de Venezuela reunieron a la prensa para exponer la situación crítica en la que se encuentran con un salario de dos dólares en algunos casos.

Los representantes reclamaron que los recientes acuerdos firmados entre el Gobierno de transición de Delcy Rodríguez y Estados Unidos, destinados a la recuperación de la industria eléctrica, los excluyeron tanto de las negociaciones como del proceso de consulta sobre la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

La reforma pretende abrir la puerta a inversiones privadas en un sector controlado por el Estado, pero los trabajadores advirtieron que no considera sus necesidades ni su participación.

En el estado Miranda, Alexis Rodríguez, secretario general del sindicato eléctrico, describió la economía de los empleados como inviable. Los ingresos se ubicaron en torno a dos dólares mensuales, sin incidencia de bonificaciones en los beneficios laborales. Esta realidad, sostuvo Rodríguez, impidió que los empleados pudieran subsistir con dignidad y generó una crisis generalizada. Desde el sindicato propusieron la creación de una mesa de trabajo para abordar la situación salarial y las condiciones del sistema eléctrico.

La infraestructura, según los trabajadores, se encuentra en franco deterioro. Años de desidia y mala administración provocaron el desgaste de las instalaciones y la imposibilidad de mantener el servicio. Rodríguez remarcó que la industria eléctrica llegó a un punto límite y explicó que, tras dos comunicaciones previas, el sindicato entregó una nueva denuncia al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá. Advirtieron que, de no obtener respuestas, no descartan acciones más firmes.

En el estado Lara, el secretario general del sindicato local, Oswaldo Méndez, expresó que los trabajadores quedaron excluidos de los anuncios y acuerdos recientes entre autoridades venezolanas y estadounidenses. Méndez sostuvo que el personal del sector eléctrico no puede quedar al margen de las decisiones y que resulta urgente actuar para evitar el agravamiento de la situación, marcada por la precariedad y la falta de respuesta oficial. Los empleados también denunciaron que llevan nueve años sin recibir uniformes, reflejo del abandono institucional.

Las fallas en el suministro eléctrico se profundizaron durante años en Venezuela. El oficialismo atribuyó los cortes y apagones a las sanciones internacionales, mientras que sectores opositores y especialistas mencionaron la corrupción y la falta de mantenimiento como causas principales. En ese contexto, esta semana el Gobierno firmó acuerdos con General Electric Vernova y la empresa IMPSA, orientados a la mejora y modernización del sistema.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres nuevas licencias que flexibilizaron de forma acotada determinadas operaciones. Una de ellas autorizó a PDVSA a realizar transacciones vinculadas con el bono 2020 al 8,5 %, con la compra, venta o reestructuración de ese instrumento, pero sin acceso generalizado a los mercados internacionales.

Otra licencia permitió transacciones con la aerolínea estatal Conviasa para mantenimiento y reparación de aeronaves. La tercera actualizó reglas para el intercambio de comunicaciones y servicios postales, permitiendo envíos dentro y fuera del país bajo condiciones precisas.

(Con información de EFE)

Zarparon desde Colombia buscando un mejor futuro. Fueron capturados y deportados desde Aruba. Y hoy están presos en Venezuela.

Así se resume la historia de cinco “balseros” venezolanos, con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años, que fueron expulsados por las autoridades arubeñas por tratar de ingresar a la isla en una lancha, y que ahora están en una cárcel del estado Falcón, región noroccidental, imputados por narcotráfico y asociación para delinquir.

El abogado Kerrins Mavares y familiares de estos cinco hombres protestaron este lunes 15 de marzo frente a los tribunales de la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, por lo que califican como una detención arbitraria, reseñó el portal Crónicas del Caribe, medio especializado en temas de Venezuela y los territorios del Caribe Neerlandés.

Según el relato de Mavares, 13 hombres salieron a bordo de una embarcación el 28 de enero desde Punta Espada, Colombia, hacia Aruba. Cuando estaban cerca de la isla, se lanzaron al agua para tratar de llegar a nado. Siete fueron interceptados y el resto logró evadir a la policía para entrar de forma ilegal.

Los detenidos recibieron la libertad plena el 5 de marzo junto con una orden de deportación y la prohibición de ingreso a la isla. Luego de que lograron reunir el dinero para cubrir los vuelos de repatriación, los siete hombres retornaron a Venezuela en abril.

Persecución

En principio, los siete pasaron los controles de Migración y de Interpol sin problemas, pues su única falta fue haber tratado de llegar a Aruba en lancha. Pero al salir del aeropuerto, a cinco de ellos los esperaba una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y allí comenzó su calvario.

“Aquí les quitaron las boletas de libertad que les otorgó Aruba, que es un documento indispensable, y las desaparecieron. Sin embargo, conseguimos tenerlas nuevamente gracias al abogado que tuvieron en la isla. La boleta confirma su libertad plena y que no están involucrados en ninguna investigación criminalística, de lo contrario no hubiesen sido deportados”, argumenta Mavarez.

El abogado sostiene que el acta policial contra sus defendidos está “vacía” y que solo registra una nota periodística publicada en Aruba sobre una lancha que ingresó a la isla con drogas y varios migrantes venezolanos. No obstante, aclara que cuando ocurrió ese hecho, ya estos cinco hombres estaban detenidos en Aruba.

“Los fundamentos que usan para acusar no demuestran la ocurrencia del hecho punible, ni la participación de mis defendidos. Aruba los caracterizó como migrantes ilegales, no como narcotraficantes porque no hay ningún objeto de interés criminalístico. Fueron deportados por ingresar de forma irregular, es un delito migratorio en la isla, no penal”, insiste.

Auxilio

Mavarez comenta que fueron sorprendidos con la suspensión de la audiencia preliminar, que debía celebrarse este miércoles 17, y con la decisión de internar a tres de las cinco personas en la ciudad penitenciaria de Coro, capital de Falcón, dejando a los otros dos en las instalaciones de la Guardia Nacional.

Los cinco hombres pudieron superar los controles internos del aeropuerto porque sobre ellos no pesaba ninguna orden de captura en el sistema. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sí sabían que aterrizarían en el país, gracias a los datos suministrados por el Consulado venezolano en Oranjestad.

El abogado informó que consignarán este caso ante la comisión nacional para la reforma de la justicia penal, recientemente creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los parientes de los detenidos claman por justicia. “Nuestros hijos lo que quieren es trabajar, tener estabilidad, prosperidad, por eso se fueron a Aruba buscando mejoría. No son culpables de lo que les acusan”, declaró un familiar al medio Crónicas del Caribe.

En Venezuela todos los días sale el sol y aumenta el dólar.

Este miércoles 18 de junio, la divisa norteamericana marcó un nuevo hito al romper la barrera de los 600 bolívares. Para que se tenga una idea del ritmo de la devaluación, basta señalar que hace apenas un mes, el 11 de mayo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó que el tipo de cambio llegaba a 500 bolívares por dólar.

Y esa es la tasa oficial que, en teoría, marca los precios en los comercios formales. Pero en el mercado paralelo o negro, la cotización es mucho mayor y ronda los 900 bolívares por dólar, golpeando inmisericorde el bolsillo de los consumidores.

Recientemente se ha hablado del establecimiento de un límite para la compra a las personas naturales en el sistema bancario de mil dólares al mes y 12 mil anuales, iniciativa cuestionada por los expertos y que ha hecho recordar la política de “cupos” que se implementó durante los años del férreo control de cambio que aplicó el régimen chavista.

Sin embargo, Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, abrió ayer otra posibilidad al afirmar en sus redes sociales: “No vienen cupos. Lo que está por llegar es efectivo”.

Oxígeno

“En las últimas semanas han circulado rumores sobre posibles límites o cupos para la compra de divisas por parte de personas naturales. De la información que manejamos en Ecoanalítica, esa opción fue evaluada y descartada. No esperamos la imposición de cupos generalizados ni restricciones cuantitativas a las compras de divisas”, comentó el economista.

En contraste, Grisanti indicó que “lo que sí parece estar avanzando es algo mucho más importante: la autorización por parte de las autoridades estadounidenses para el envío de remesas de efectivo en dólares hacia Venezuela”.

El consultor advierte que “el país enfrenta una escasez creciente de efectivo”. “Entre el deterioro natural de los billetes, la exportación de efectivo para su bancarización en el exterior y el incentivo que genera el IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras) para mantener dólares bajo el colchón, la cantidad de efectivo circulando en la economía venezolana se ha venido reduciendo de forma importante”, observa el experto.

Venezuela pasó de un asfixiante control de cambio a una especie de dolarización de facto. Para revivir el bolívar y frenar la uso de la moneda norteamericana, el régimen chavista puso en práctica medidas como el IGTF, que pecha con el 3% a quien realice pagos en divisas en los establecimientos comerciales.

“Una primera remesa, aunque todavía modesta, se espera para el mes de junio, la cual comenzaría a aliviar parcialmente esta situación”, apuntó Grisanti.

Aunque ante los diputados reconoció que la nómina gubernamental es “insostenible”, Héctor Rodríguez señaló frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que no pretenden echar funcionarios a la calle sino “reordenarlos donde sean necesarios”.

En su condición de jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, Rodríguez conversó el martes 16 de junio con los miembros de la cúpula del Poder Judicial. En el cónclave, negó que busquen despedir a trabajadores para reducir una plantilla que, según ha dicho, llega a los 3,5 millones de personas.

En medio del intercambio, el ministro de Educación subrayó que “a veces se confunde Estado con gobierno, el número de empleados públicos corresponde al gobierno nacional, estadal y municipal. En principio, deberían estar por fuera los otros cuatro poderes públicos restantes”, comentó un magistrado que asistió al encuentro.

La aclaratoria es importante. Una diputada que participó en la reunión de la semana pasada, refiere que Rodríguez confió que registran 2,9 millones de trabajadores en el gobierno, que luego llegan a los 3,5 millones al sumarle a quienes prestan servicio en los 335 municipios y 24 gobernaciones del país.

Venezuela está conformada por 23 estados, pero el régimen añadió una nueva gobernación en 2025 para la Guayana Esequiba, especie de figura simbólica con el fin de reivindicar la soberanía sobre el territorio Esequibo, que está en disputa con Guyana.

De acuerdo con esta legisladora, Rodríguez apuntó que el Ejecutivo cuenta con 34 ministerios, 150 viceministerios y más de mil empresas e institutos.

Finitos

“Rodríguez enfatizó que los recursos son finitos, que el promedio del barril de petróleo son 60 dólares, unos 630 millones de dólares mensuales”, apunta la fuente. Los ingresos del gobierno y la economía venezolana dependen de los hidrocarburos.

El titular de Educación “dijo que no se trata de mandar a funcionarios públicos a la calle, sino de reordenarlos donde sean necesarios, y que en una misma sede física puedan funcionar varias dependencias con énfasis en los municipios”.

El comisionado presidencial hizo esta exposición precisamente ante un organismo que va a incrementar su carga burocrática. La Asamblea Nacional controlada por el chavismo, aprobó aumentar de 20 a 32 el número de magistrados principales del TSJ. En promedio, el despacho de cada juez ronda los 30 trabajadores.

En la presentación que realizó a los diputados, Rodríguez manifestó que aspiran a “proteger el empleo y el ingreso de los venezolanos”, así como “garantizar la efectividad de los derechos sociales y la protección debida a la población vulnerable”, y “evitar el solapamiento de funciones”.

El ministro admitió en esa oportunidad que “hay temas que si los queremos cambiar, necesariamente pasará por revisar todo el andamiaje jurídico que condiciona la cantidad de instituciones”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha planteado como fin levantar “una nueva estructura de gobierno, adaptada a esta nueva realidad de Venezuela”.

Los responsables de la organización trasladaban a las víctimas entre varios pisos prostíbulos situados en distintas localidades españolas. Este modus operandi tenía como objetivo maximizar los beneficios económicos, manteniendo un control constante sobre los movimientos y la actividad de las mujeres explotadas. Durante la operación, los agentes detuvieron a 17 integrantes de la organización y tres de ellos permanecen en prisión provisional.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos de Tenerife. Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes lograron localizar nuevas víctimas en la isla y en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento interno de la red criminal. Según la Policía, el grupo imponía deudas a las víctimas y utilizaba el traslado constante entre pisos para dificultar su localización y mantener la coacción.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Unos meses después, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

España, uno de los principales puntos de tránsito y destino en Europa para la trata

La trata con fines de explotación sexual afecta cada año a decenas de mujeres migrantes en España, muchas de ellas procedentes de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Fuentes policiales y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han advertido sobre el aumento de casos relacionados con mafias que captan a mujeres en situación vulnerable y las someten a condiciones de explotación en Europa. En los últimos años, los cuerpos de seguridad españoles han llevado a cabo operaciones similares en distintas regiones del país, desmantelando redes que replican patrones de deuda, traslado forzoso y control sistemático sobre las víctimas.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la trata de personas, y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la detección y el rescate de víctimas de estos delitos.

El renovado interés de empresas brasileñas en Venezuela marcó una semana intensa en Caracas, donde representantes de cerca de 30 compañías viajaron con el objetivo de reposicionarse en un mercado que muestra signos de reapertura tras años de aislamiento, seis meses después de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

Según reportó Bloomberg, el encuentro incluyó reuniones con altas autoridades venezolanas y agrupaciones empresariales, en un esfuerzo coordinado por la embajada de Brasil en Caracas y la Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión. Entre las firmas invitadas figuraron nombres destacados como JBS SA, Tenaris, Biolab Sanus, Grupo Eurofarma, así como filiales de fabricantes de automóviles como Toyota, General Motors y Scania.

Aunque varias empresas participaron activamente, un portavoz de Embraer confirmó a Bloomberg que la compañía no envió representación a las reuniones, a pesar de su inclusión en la lista de invitados. Por su parte, JBS no ofreció comentarios ante la solicitud de la prensa.

La delegación también sostuvo un encuentro directo con Calixto Ortega, vicepresidente de Economía venezolano, según fuentes cercanas a la organización del evento. De acuerdo con las mismas fuentes, algunos ejecutivos del sector cárnico evaluaron terrenos en Venezuela para posibles proyectos de cría de ganado, en busca de anticipar oportunidades en agroindustria.

La reanudación de estos contactos empresariales responde a una estrategia impulsada desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca revitalizar los lazos económicos entre ambos países. El comercio bilateral, que llegó a superar los USD 5.1 mil millones en 2008, cayó en picada durante más de una década de crisis y sanciones en Venezuela, situándose el año pasado en apenas USD 837 millones, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil.

El acercamiento de Brasil se produce en un contexto en el que otros países limítrofes, como Colombia, también intentan restablecer sus relaciones comerciales y de inversión con Venezuela, ante una perspectiva de estabilización y apertura del país sudamericano, encaminada por el plan de tres fases del gobierno estadounidense para el país caribeño.

En el ámbito sectorial, la comitiva brasileña agrupó a entidades clave como la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) y la Federación Industrial de São Paulo, así como asociaciones ligadas al arroz, cereales y autopartes.

El director de Asuntos Estratégicos de la ABIEC, Julio Ramos, sintetizó la expectativa: “Venezuela fue en su día un importante socio comercial de Brasil. Por ello, consideramos este momento como una oportunidad para un nuevo comienzo: un nuevo capítulo en las relaciones entre Brasil y Venezuela, especialmente en lo que respecta a la carne de vacuno brasileña”.

La reciente visita de empresarios brasileños a Venezuela responde a una apuesta por recuperar el intercambio comercial entre ambos países, tras un largo periodo de distanciamiento por la crisis venezolana y las sanciones internacionales. El interés se centra en sectores como el agroindustrial, automotriz y farmacéutico, con la expectativa de aprovechar la reactivación económica y el potencial de consumo del mercado venezolano.

El auge del comercio bilateral entre Brasil y Venezuela durante los años 2000 estuvo impulsado por la afinidad política de los gobiernos de Lula y Hugo Chávez, así como por la creciente demanda venezolana de bienes manufacturados y alimentos. El posterior desplome económico y las restricciones internacionales frenaron el intercambio y aislaron al país caribeño de sus principales socios.

Mientras algunos ejecutivos exploran nuevas oportunidades en Venezuela, las autoridades brasileñas y venezolanas mantienen la cautela ante los avances concretos de las negociaciones. El Ministerio de Comercio de Brasil remitió las preguntas sobre la visita al Ministerio de Asuntos Exteriores, que no respondió a las solicitudes de información de Bloomberg, y lo mismo ocurrió con el Ministerio de Información de Venezuela.

La incertidumbre sobre la asistencia final de ciertas empresas y la falta de declaraciones oficiales reflejan la prudencia con la que ambos gobiernos gestionan esta reactivación. No obstante, el movimiento empresarial brasileño en Caracas sugiere que el sector privado está dispuesto a tomar la iniciativa en el nuevo escenario económico de Venezuela.

(Con información de Bloomberg)

Un grupo de activistas venezolanos solicitó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos que interceda para evitar nuevas muertes de familiares de presos políticos en Venezuela, al cumplirse un mes del fallecimiento de Carmen Navas, madre de Víctor Quero, quien murió bajo custodia estatal.

“No queremos que otra madre muera buscando o esperando a su hijo. Les pedimos a los representantes diplomáticos que, por favor, sean mediadores para que suelten a todos los presos políticos”, expresó Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, durante una manifestación cerca de la embajada estadounidense en Caracas.

Los activistas exigieron al Gobierno chavista, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que adopte acciones “concretas, efectivas y urgentes” para evitar que “ninguna madre o abuela muera esperando justicia”. Durante la actividad, los presentes desplegaron pancartas, afiches y fotografías de presos políticos sobre el suelo, junto a un rosario confeccionado con globos. Varias de las pancartas incluyeron llamados a la libertad de Venezuela y de los detenidos considerados presos políticos.

La jornada concluyó con una vigilia en la entrada de la Embajada de Estados Unidos, donde los manifestantes encendieron velas y elevaron oraciones. En mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su administración trabajaría para garantizar la liberación de todos los encarcelados por razones políticas en Venezuela.

Carmen Navas se convirtió en símbolo de resistencia de los familiares de los presos políticos tras fallecer en mayo, días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida diez meses antes bajo custodia estatal y de la que no tuvo información pese a reiterados pedidos.

El Ministerio del Servicio Penitenciario indicó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, desde el 3 de enero de 2025 y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según el comunicado oficial, murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

La Fiscalía abrió una investigación en mayo y el 2 de junio comunicó que las pesquisas permitieron “dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar” y que no se hallaron “lesiones traumáticas” en el cuerpo de Quero. No obstante, la ONG Foro Penal ha pedido que la investigación sea independiente y cuente con apoyo internacional.

La ONG Foro Penal informó el viernes pasado que en Venezuela existen 389 presos políticos, de los cuales 39 poseen otra ciudadanía o doble nacionalidad.

A través de la red social X, la organización precisó que, del total, 357 son hombres y 32 mujeres; además, 225 son civiles y 164 militares. Solo uno de los detenidos es menor de edad, mientras que el resto son adultos.

Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, destacó que desde 2014 registraron 19.133 detenciones políticas y calculan que más de 11.000 personas están sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales, medidas que consideran arbitrarias.

El Gobierno chavista rechaza la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos han cometido delitos, una posición que disputan varias ONG y partidos opositores.

(Con información de EFE)

El costo de alimentar a una familia de cinco personas en Venezuela alcanzó en mayo los 772,74 dólares, un 5,7% más que en abril, según el informe mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) difundido este miércoles. El dato agudiza una tendencia sostenida: la canasta acumula incrementos ininterrumpidos desde febrero y ha subido más de 127 dólares en cuatro meses.

La cifra de mayo implica que una familia necesitó 42,15 dólares adicionales respecto a abril, cuando el costo se situó en 730,59 dólares. A ese monto se suma un gasto mínimo de 12,31 dólares en agua potable embotellada o de camión cisterna, dado que el recurso distribuido por tuberías no cumple los parámetros básicos de potabilidad según organismos técnicos y organizaciones no gubernamentales. El gasto total para cubrir alimentación e hidratación básica supera los 785 dólares mensuales.

La distancia entre esos números y los ingresos reales es de proporciones históricas. El salario mínimo legal permanece congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a 21 centavos de dólar, y cubre apenas el 0,03% del valor de la canasta. Para completar el grueso del ingreso, el régimen recurre a una política de bonificaciones que no genera derechos laborales: un bono de alimentación de 40 dólares y el denominado “bono contra la guerra económica”, recientemente elevado a 200 dólares, ambos pagados en bolívares al tipo de cambio oficial.

El resultado es un ingreso mínimo integral de 240 dólares, anunciado el 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como “el incremento más importante de los últimos años”. El ajuste representó un alza de 26% sobre los 190 dólares previos, pero según el Cendas ese monto cubre apenas el 31% de la canasta de mayo, sin incluir agua, transporte ni medicamentos. Los principales gremios rechazaron el anuncio porque el aumento se canalizó íntegramente a través de bonos, perpetuando la “desalarización” que erosiona prestaciones, jubilaciones y liquidaciones.

El contexto macroeconómico ofrece señales contradictorias. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el 6 de junio que la inflación mensual cerró en 6,3% en mayo, la más baja en 19 meses, frente al 32,6% registrado en enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Sin embargo, el bolívar acumuló en mayo una depreciación adicional de 11,3% frente al dólar, lo que mantiene la presión sobre los precios de los productos importados que dominan el consumo básico venezolano.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, interpretó la desaceleración como evidencia del éxito de la política de Washington. En un mensaje en redes sociales el 15 de junio, Barrett afirmó que la inflación de un dígito “demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases” diseñado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio “está dando resultados concretos”. El plan contempla tres etapas: estabilización económica, recuperación y transición democrática.

La lectura oficial no encuentra correlato en el poder adquisitivo de los trabajadores. La canasta alimentaria subió más de 62% en dólares entre enero de 2025 y mayo de 2026, período en el que el salario mínimo formal no se modificó. Esa divergencia entre la desaceleración mensual de la inflación y el deterioro acumulado del poder de compra alimenta las protestas sindicales que maestros, médicos y empleados públicos sostienen desde hace meses. Venezuela arrastra una caída del PIB cercana al 80% entre 2013 y 2021, según la ONU, y mientras Washington reivindica los frutos de su hoja de ruta, una familia promedio necesita más de tres veces el ingreso mínimo oficial solo para alimentarse.

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que trabaja para apoyar a las empresas estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela, mientras mantiene encuentros de alto nivel con autoridades locales e impulsa acuerdos de inversión y cooperación energética.

En ese marco, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó una agenda activa con el subsecretario interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp, y el asesor principal de política del Consejo Nacional de Dominio Energético (NDEC), Toby Deen, para respaldar la presencia de compañías norteamericanas en la recuperación de la industria petrolera y gasífera venezolana.

Durante una reunión en Caracas, la delegación estadounidense, encabezada por Rapp y Deen, conversó con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado viernes, en un encuentro del que también participaron el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y funcionarios venezolanos del área energética.

La cita se enmarcó en el plan de tres fases que impulsa la administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero e incluyó conversaciones sobre inversiones extranjeras, acuerdos con multinacionales y condiciones para la inversión estadounidense.

La delegación de Estados Unidos sostuvo que el respaldo a empresas estadounidenses busca consolidar su participación en la reactivación petrolera y gasífera de Venezuela y, en paralelo, apuntalar proyectos de recuperación eléctrica.

La participación de Chevron, Heeney Capital y General Electric (GE) Vernova refleja el interés en el sector, al que se sumaron acuerdos con firmas europeas y latinoamericanas como Repsol, Eni, Shell e IMPSA.

El Gobierno de Venezuela cerró un acuerdo ayer con la empresa española Repsol para desarrollar actividades de exploración de gas y petróleo en la zona oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo, al oeste del país.

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), bajo la dirección de Héctor Obregón, articuló alianzas con empresas de capital extranjero con el objetivo de incrementar la producción y modernizar la infraestructura energética nacional.

Según lo anunciado en la televisión estatal, Obregón explicó que este pacto incorpora nuevas oportunidades exploratorias a la empresa mixta Petroquiriquire, con el objetivo de aumentar la producción nacional de petróleo liviano.

Por otro lado, uno de los hitos fue la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno venezolano y GE Vernova, presentado como un avance para la economía venezolana. El acuerdo busca estabilizar la red eléctrica y aumentar la generación en el corto plazo.

Delcy Rodríguez indicó que el memorando permitirá recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y más de 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años, mediante la incorporación de tecnología y la capacitación del personal de Corpoelec, la compañía estatal eléctrica.

(Con información de EFE)

Aunque las cifras oficiales e independientes coinciden en destacar la disminución de la inflación en mayo, la más baja en los últimos doce meses, la devaluación del bolívar continúa imparable.

Para tener una referencia sobre la pulverización de la moneda local: el 19 de mayo, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) alcanzaba los 517,96 bolívares por dólar. Hoy ya asciende a 596,78. En el mercado negro la situación es peor, llegándose a cotizar en casi 900 bolívares por dólar.

La tregua en el aumento del índice de precios al consumidor fue celebrada por la embajada de Estados Unidos en Caracas. “En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año. Este avance demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio está dando resultados concretos”, destacó en su cuenta en X el encargado de negocios, John Barrett.

El diplomático agregó que “mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”. Barrett llegó al país con la misión de impulsar el plan de tres fases diseñado por la administración de Trump para Venezuela, que tendría como fin una transición democrática.

Pese al dato positivo, la ONG Cedice subraya que la inflación interanual hasta el 30 de mayo se ubica en 676,35% expresada en bolívares, mientras que en dólares está en 52,96%.

Nuevos límites

El BCV acaba de fijar un límite máximo de compra a las personas naturales de mil dólares al mes y 12 mil al año, haciendo recordar la política de “cupos” que funcionó bajo la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que no resolvió el desbarajuste cambiario y terminó siendo eliminada por los mil millonarios escándalos de corrupción.

“La decisión del BCV de establecer cupos mensuales y anuales para la asignación de divisas en personas naturales es una señal preocupante. Lejos de contribuir a la estabilidad cambiaria, profundiza los controles, genera incentivos al arbitraje y limita la capacidad del mercado formal para absorber la demanda”, advirtió el economista Asdrúbal Oliveros, quien semanas atrás participó en una reunión con la presidente encargada Delcy Rodríguez, donde expertos y empresarios debatieron propuestas con los representantes del gobierno.

Venezuela pasó de un férreo control de cambios a una especie de dolarización de facto, donde los precios y el pulso de la calle se marcan con la divisa norteamericana.

Con medidas como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el régimen chavista trató de relanzar el uso del bolívar, pero lo cierto es que el mercado cambiario sigue siendo un quebradero de cabeza.

En la práctica, el país tiene al menos tres tasas: La que publica en sus cuentas el BCV a diario, que determina los precios al consumidor en los establecimientos formales. Otra superior en el sistema de “intervención”, para los dólares que venden los bancos a empresas y personas naturales. Y el mercado paralelo o negro, expresión de las distorsiones de la economía venezolana.

Oliveros alertó que “el resultado previsible” de la medida adoptada por la mandataria interina “es una mayor presión sobre el mercado paralelo y una ampliación de la brecha cambiaria, alejando la posibilidad de reducir la tasa de inflación”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez removió del Ministerio de Hábitat al mayor general Jorge Márquez Monsalve, ficha de extrema confianza de Nicolás Maduro, y designó en su lugar a la arquitecta Paola Posani.

Tras la caída de Maduro, producto del ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, la mandataria interina declaró el advenimiento de un “nuevo momento político”. Además de venir cargada de cambios en el tren ejecutivo, en esta etapa asoma una tendencia: La sustitución de militares por civiles con credenciales académicas y profesionales para asumir las direcciones de los organismos.

El mayor general Márquez ha sido el gran protagonista de esta aparente transformación. El antiguo edecán de Maduro fue apartado de la cartera de Energía Eléctrica en marzo. Su reemplazo fue el ingeniero electricista Rolando Alcalá, un técnico que jamás estuvo involucrado en tareas político-partidistas.

Luego, el oficial aterrizó en Hábitat hasta que Delcy Rodríguez lo echó nuevamente para encumbrar a la funcionaria y profesora universitaria Posani. El militar que acumuló mucho poder en la gestión de Maduro, siendo titular del Despacho de la Presidencia y responsable de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por los momentos ha quedado fuera del gobierno.

Nueva misión

Delcy Rodríguez sacó del Instituto Nacional de Parques (Inparques) a Rosinés Chávez, la hija menor del difunto comandante Hugo Chávez, pero la nombró jefa de la Gran Misión Venezuela Joven.

Por Rosinés Chávez entró Nelson Rodríguez, descrito por la presidenta encargada como un “profesional de amplia experiencia en la administración pública y en las áreas de planificación estratégica, así como en la gestión de aprovechamiento forestal, protección y conservación del ambiente”.

Igualmente, Nelson Rodríguez es ahora el flamante ministro de Ecosocialismo, cargo que por cinco meses ocupó Freddy Ñáñez, quien como titular de Comunicación e Información de Maduro controló durante un quinquenio el aparato de propaganda chavista.

Desde que tomó el poder, Delcy Rodríguez ha ordenado unos 16 cambios ministeriales. En paralelo, conformó una comisión para reestructurar el gobierno, encabezada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

En una reunión con diputados, Héctor Rodríguez señaló que en el país hay más de 30 ministerios, 150 viceministerios y una cifra que supera los mil institutos. Además, indicó que la nómina de empleados públicos llega a 3,5 millones.

Autoridades de Venezuela e Italia analizaron la posibilidad de establecer una ruta aérea directa entre ambos países, con el objetivo de favorecer a las familias italo-venezolanas y facilitar el acceso de turistas internacionales. Así lo informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Funcionarios del Gobierno venezolano mantuvieron una reunión virtual con representantes de la aerolínea italiana ITA Airways —propiedad del Estado italiano y de la alemana Lufthansa—, tras el relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Italia en abril luego de la liberación de ciudadanos europeos en territorio venezolano.

Según VTV, este acercamiento estratégico pretende aprovechar la ubicación geográfica de Venezuela en Sudamérica para atraer inversiones, impulsar el comercio, fortalecer la hotelería y dinamizar la economía de las comunas y de los prestadores de servicios turísticos.

En la reunión participaron delegados de ITA Airways, la viceministra de Turismo Nacional Nadia Mignogna, la embajadora de Venezuela en Italia María Elena Uzzo, el viceministro de Transporte Aéreo Sergio Silvio Prato, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) Edwing José Reyes y el representante del Aeropuerto de Maiquetía, Pedro Saavedra.

El 10 de abril, la subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Maria Tripodi, se reunió en Roma con el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, para avanzar en la cooperación bilateral. El encuentro siguió a la liberación de ciudadanos italianos en Venezuela.

No obstante, la diplomática italiana reiteró la solicitud de su Gobierno para que “se libere a otros presos políticos italianos y se adopten medidas humanitarias para los más vulnerables”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Italia.

En enero, Caracas anunció que acordó con Roma elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores. Desde 2019, la máxima representación europea en Venezuela había estado a cargo de un encargado de negocios.

Manuela Obrador Narváez, prima hermana del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “tipo asqueroso” y lo acusó de ambicionar los recursos naturales del país. Lo dijo sin rodeos ante militantes de Morena reunidos en Palenque, su tierra.

“Tirano misógino que quiere nuestro país”

“Defender nuestra soberanía ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso, realmente, y se quiere robar... no tiene interés en venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México, lo sabemos”, lanzó la funcionaria ante las bases morenistas.

También advirtió que Trump está intentando debilitar a México desde adentro, a través de los medios de comunicación, y llamó a los militantes a defender la soberanía nacional.

El contexto que le da peso a las palabras

Las declaraciones de Obrador Narváez no son retórica vacía: tienen un trasfondo geopolítico concreto y documentado.

En febrero de 2026, los gobiernos de Trump y Sheinbaum firmaron el Plan de Acción sobre Minerales Críticos, que pone en la mesa el litio, el cobalto, el cobre y otros materiales estratégicos mexicanos. El acuerdo ya estableció a qué países podrá exportarse el litio mexicano: la Unión Europea y Japón; China, Rusia y los países no alineados con Washington quedaron fuera. Críticos del acuerdo señalaron que es exactamente la misma fórmula que Trump aplicó con el petróleo venezolano.

El gas natural también se ha convertido en instrumento de presión: especialistas advierten que Washington podría usarlo como palanca adicional a lo largo de 2026, especialmente en el marco de la revisión del T-MEC y la disputa por los minerales estratégicos.

El patrón no es nuevo. La administración Trump invocó una “Doctrina Donroe” para justificar su política hemisférica, con objetivos que incluyen asegurar el acceso a recursos clave como el petróleo venezolano y los minerales críticos de la región. Venezuela e Irán —ambos países ricos en petróleo— ya vivieron de cerca esa lógica.

Una funcionaria que no se anda con rodeos

Manuela Obrador Narváez es prima hermana del expresidente López Obrador, originaria de Palenque, Chiapas. Fue diputada federal por el Distrito 1 de Chiapas durante dos legislaturas y es considerada fundadora de Morena en la entidad. Actualmente coordina la operación de los programas sociales federales en Chiapas.

Su discurso refleja una narrativa que Morena viene construyendo desde las bases: la soberanía como bandera de identidad frente a lo que el partido describe como apetito imperial estadounidense. Mientras la presidenta Sheinbaum mantiene un tono diplomático en las negociaciones formales, figuras como Obrador Narváez suben la temperatura desde los territorios.

La presión no afloja

En este 2026, todas las negociaciones de Washington con México tienen como telón de fondo el acuerdo de minerales críticos, en un contexto en que Estados Unidos busca reducir la dependencia de China en estos recursos estratégicos.

Una reflexión del almirante Orlando Maniglia sobre el poder de la palabra abrió un duro cruce con el contralmirante Daniel Comisso. Mientras el actual embajador en Colombia apeló a Montaigne para defender la responsabilidad de hablar y escuchar, Comisso respondió que, frente a los hechos que considera criminales, las palabras ya no bastan: lo decisivo serán las sentencias de los jueces.

Para Maniglia, actual embajador de Venezuela en Colombia, “una palabra pronunciada en el vacío es apenas un sonido y una palabra recibida puede convertirse en memoria, en esperanza o incluso en destino”. La respuesta contundente del contralmirante Daniel Comisso fue: “En este funesto capítulo de nuestras vidas, las palabras más bellas serán aquellas que pronuncien los jueces cuando dicten las sentencias y condenas a los aberrantes delitos cometidos”.

El contraste entre ambos militares retirados de la Armada también se ubica en sus recorridos políticos. Orlando Ramón Maniglia Ferreira ha sido un oficial alineado con la revolución bolivariana durante su vida militar activa como en el retiro, actualmente como embajador en Colombia.

Comisso Urdaneta, en cambio, formó parte del grupo de militares que intentó provocar la salida de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002 y participó luego en el acto de insubordinación en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, donde cientos de militares se apostaron para exigir la renuncia del entonces mandatario.

En su respuesta, Comisso afirmó que Maniglia y sus aliados no podrán justificar lo que calificó como una “evidencia catastrófica” de sus comportamientos. Para el contralmirante, las consecuencias deben ser proporcionales al daño causado y al repudio que, sostuvo, merecen quienes participaron en hechos que considera criminales. “Aquí ya no se trata de palabras”; y remató: “Se trata de hechos”.

A través de un escrito, Maniglia citó una reflexión atribuida a Michel de Montaigne: “La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha”. A partir de esa idea, sostuvo que la comunicación humana no es un acto unilateral y que toda palabra puede convertirse en memoria, esperanza o incluso destino cuando es recibida por otra persona.

El ex ministro agregó que una misma frase puede ser consuelo para algunos, desafío para otros o indiferencia para quienes no están preparados para comprenderla. Señaló que las personas son, en parte, resultado de las palabras que otros pronunciaron sobre sus vidas: expresiones de amor, confianza o desprecio que pudieron fortalecer, impulsar o marcar obstáculos que debieron superarse.

Para Maniglia, hablar implica responsabilidad y escuchar supone libertad. Aunque reconoció que nadie controla del todo cómo serán interpretadas sus palabras, defendió la posibilidad de pronunciarlas con honestidad y de decidir qué significado se otorga a aquello que llega desde los demás.

La respuesta del contralmirante Daniel Lino Comisso Urdaneta fue contundente. En su réplica, afirmó que “el poder de la palabra siempre cederá el paso al poder de las acciones y omisiones”, porque, a su juicio, la palabra anuncia, mientras los actos reiterados demuestran tendencias, evidencian hechos, dejan huella y generan consecuencias.

Mordaz dice que “Maniglia y sus cómplices enchufados y traidores, jamás podrán justificar la evidencia catastrófica de sus comportamientos y siempre estarán bajo la mira de la justicia, por haber cohonestado y trabajado impunemente, por la destrucción de Venezuela, por el daño antropológico a varias generaciones, por la corrupción degenerativa alienante y por la deshonra del gentilicio venezolano”.

Sostiene Comisso que las consecuencias para el otrora ministro y actual embajador “y sus cómplices y aduladores deben ser proporcionales al daño infringido, además del repudio personal, porque aquí ya no se trata de palabras, se trata de hechos criminales evidentes cuya responsabilidad es total de quien los ha perpetrado y ninguna de quienes los han sufrido”.

La familia Maniglia Meléndez

El 13 de marzo, Delcy Eloína Rodríguez Gómez designó al almirante Orlando Ramón Maniglia Ferreira, de 68 años, como embajador de Venezuela en Colombia. El nombramiento supuso la salida del también militar Carlos Eduardo Martínez, general de división, de la representación diplomática venezolana en Bogotá.

Maniglia, egresado en 1975 como alférez de navío de la Escuela Naval de Venezuela, forma parte de un círculo familiar con vínculos estrechos con el chavismo y con distintos espacios de poder dentro del Estado venezolano.

Durante 23 años estuvo casado con Carmen Teresa Meléndez Rivas, una de las figuras más visibles del oficialismo. Ambos ocuparon el Ministerio de la Defensa: Maniglia fue ministro durante el gobierno de Hugo Chávez en 2005, mientras que Meléndez asumió esa cartera en 2013, bajo la administración de Nicolás Maduro.

Aunque sus trayectorias políticas tomaron rumbos distintos, ambos permanecieron vinculados al proyecto bolivariano. Meléndez ha ocupado varios ministerios, fue diputada de la Asamblea Nacional, gobernadora del estado Lara y actualmente se desempeña como alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

Antes de dirigir el Ministerio de la Defensa, Maniglia fue Inspector general de la Fuerza Armada y comandante general de la Armada Bolivariana. Pasó a retiro en 2006 y reapareció en la escena pública en 2009, cuando fue nombrado comisionado presidencial para la Delimitación de Aguas Marinas y Submarinas del Golfo de Venezuela y otras áreas limítrofes con Colombia.

Posteriormente, Maniglia fue enviado a Alemania. Durante doce años se desempeñó como embajador de Venezuela en Berlín, Alemania, tras ser designado por Nicolás Maduro en 2014. En febrero de 2026, Delcy Rodríguez lo nombró jefe de la misión diplomática venezolana en Bogotá, cargo que quedó formalizado el 24 de marzo con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Los vínculos familiares de Maniglia con el poder venezolano no se limitan a su ex esposa. Su hijo, Román Daniel Maniglia Darwich, también ha ocupado cargos relevantes en instituciones públicas. En 2010 fue miembro principal de la comisión de contrataciones permanentes del Banco del Tesoro, Banco Universal S.A.; en 2013 presidió el consejo directivo de la Fundación de Atención Social del Ministerio para la Defensa (FUNDASMIN); y en 2017 fue nombrado director del Despacho de la Gobernación de Lara por Carmen Meléndez, entonces gobernadora del estado.

En 2021, Román Maniglia fue designado presidente del Banco de Venezuela. Dos años después, en marzo de 2023, Nicolás Maduro lo nombró viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores del Ministerio de Economía y Finanzas. En enero de 2025 asumió, de forma simultánea, la presidencia encargada de la petroquímica estatal Pequiven.

El Gobierno de Venezuela y la energética española Repsol sellaron en Caracas un acuerdo para la exploración y el desarrollo de recursos de gas y petróleo en el país. El acto de firma se realizó en el Palacio de Miraflores, con la participación de la presidenta interina Delcy Rodríguez, el presidente de PDVSA Héctor Obregón y directivos de Repsol.

El convenio fijó la intención de ambas partes de analizar y desarrollar la zona denominada Horcón, ubicada al sureste del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo. El área se encuentra junto a campos donde Repsol ya opera, como Barúa y Motatán, y cerca de los yacimientos de Petroquiriquire y Petrocarabobo, además del activo de gas Cardón IV.

En la reunión, los representantes revisaron los avances de los activos gestionados por Repsol en Venezuela, con foco en los mecanismos de pago acordados previamente, la actualización de inversiones comprometidas y la planificación de cargamentos de crudo previstos para los próximos meses. También acordaron intensificar los estudios sobre el potencial de yacimientos gasíferos en la costa venezolana, en especial en el área offshore.

La empresa mixta Petroquiriquire ocupó un lugar central en el entendimiento, con el objetivo de sumar a la producción nacional barriles de petróleo liviano mediante la anexión de nuevas oportunidades exploratorias. Obregón encabezó la formalización del acuerdo, orientado a consolidar la producción local y asegurar la continuidad de las inversiones necesarias para el desarrollo del sector energético.

Repsol ratificó su disposición para invertir en el país y aumentar su producción de petróleo y gas. Actualmente, la producción de la compañía española en Venezuela ronda los 45.000 barriles brutos diarios, procedentes principalmente de Petroquiriquire. A través del acuerdo, las partes se comprometieron a analizar la viabilidad de incrementar el volumen de extracción.

Este entendimiento se sumó a acuerdos previos sellados en abril, cuando Repsol y el Gobierno de Venezuela pactaron el retorno operativo de la compañía española a Petroquiriquire, con la meta de aumentar la producción y fortalecer los mecanismos de pago. Repsol reafirmó su presencia ininterrumpida en Venezuela desde 1993 y proyectó la posibilidad de triplicar su producción para alcanzar 135.000 barriles diarios.

El área Horcón, eje central de la firma, quedó incorporada como un nuevo activo estratégico en el portafolio local de Repsol, al ubicarse entre dos campos petrolíferos ya operados por la empresa. La agenda del encuentro también incluyó la continuidad de las inversiones comprometidas y la sostenibilidad de la actividad energética, con énfasis en el cumplimiento de los mecanismos de pago y la expansión de la cooperación.

En paralelo, las partes analizaron los avances en el activo gasífero Cardón IV, gestionado de manera conjunta por Repsol y Eni, tras un acuerdo estratégico alcanzado meses atrás para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante el año 2026. Con este nuevo paso, el Gobierno venezolano y Repsol avanzaron en una agenda orientada a ampliar oportunidades de inversión y el desarrollo de la industria petrolera y gasífera del país.

(Con información de EFE y Reuters)

El régimen chavista confirma que, al menos en cuanto a la justicia penal, la situación en el país es mucho peor de lo que denunciaban sus críticos.

El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirma que en Venezuela existen 26.694 personas privadas de libertad, lo que generaría un hacinamiento de 176,83%. Pero se quedaron muy cortos.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, precisó que en realidad el país registra un total de 58.714 personas privadas de libertad, de las cuales 12.425 tienen más de dos años presas sin sentencia y 8.222 están recluidas en centros de detención preventiva, lugares habilitados para estadías de un máximo de 48 horas.

Tan pronto asumió el poder, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que impulsaría una reforma de la justicia penal, admitiendo que el sistema está minado por la corrupción y que se ensaña particularmente contra los más pobres.

“Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar”, declaró la mandataria interina, confirmando las denuncias hechas por abogados independientes y activistas de Derechos Humanos.

La iniciativa de Rodríguez ha llevado a un gobierno que se caracteriza por la opacidad, a ofrecer datos que dejan en evidencia las desviaciones del Poder Judicial venezolano.

El fiscal general, Larry Devoe, apuntó que casi el 70% de la población reclusa pertenece a los estratos 4 y 5, y “81% son primarios, es decir, es la primera vez que están sometidos al proceso de justicia penal por la comisión de algún delito”.

El propio Cabello reconoció que 70% de los privados de libertad requieren la asesoría de la Defensa Pública. “Eso habla mucho de quién está detenido. La persona que está detenida ni siquiera tiene cómo pagar un abogado. ¿Hacia quién está apuntando la justicia?”, inquirió.

Devoe desveló que “75% de los condenados admitió los hechos, lo que significa que ante el retardo procesal y los costos del proceso, la solución es admitir los hechos para salir antes”.

Ante la estadística, el OVP plantea: “Cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas de reclusión, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una simple decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia”.

A correr

En una reunión pública de la comisión instalada por la presidenta Rodríguez para abordar los cambios en el sistema penal, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, confesó que las demandas superan la capacidad de respuesta de la institución.

“Es que en la Defensoría hay de todo, yo estoy que corro, allí hay presos políticos, presos comunes (...) es una situación de una complejidad, de una vulnerabilidad, que solo es posible atenderla si se cuenta con coordinación”, apuntó González Lobato.

La flamante jefa del Ejecutivo también lanzó una línea telefónica para que los ciudadanos denuncien actos de extorsión que cometen policías, fiscales, jueces y demás funcionarios. “Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide”, manifestó Rodríguez.

Destacando que “si alguien ha enfrentado la corrupción hemos sido nosotros”, Cabello detalló que en los últimos dos años han removido y pasado a juicio a 28.314 funcionarios policiales, y comentó que es “un problema la discrecionalidad con la que trabajan las policías estadales y municipales”.

Al escuchar las exposiciones de los altos representantes del Estado, el Observatorio de Prisiones concluye: “Lo preocupante no es que ahora reconozcan la crisis, lo verdaderamente alarmante es que la reconozcan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que ellos mismos admiten que no funciona”.

La Policía de Brasil detuvo este martes en Río de Janeiro a un hombre señalado como uno de los principales operadores financieros de la banda criminal Tren de Aragua en el país y presunto enlace con el Comando Vermelho, en una investigación que apunta a una red dedicada al tráfico de armas, drogas y personas.

El sospechoso fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Galeão durante la denominada Operación Ruta del Norte, una acción coordinada por la Policía Civil del estado de Roraima para desarticular la estructura de la organización criminal venezolana dentro del territorio brasileño.

Según los investigadores, el detenido desempeñaba un papel clave en el manejo de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Las pesquisas sostienen que participaba en esquemas destinados a ocultar el origen del dinero y que durante el último año habría movilizado más de 300 millones de reales mediante operaciones con criptomonedas.

La investigación también lo identifica como una figura de contacto entre integrantes del Tren de Aragua en Venezuela y miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Además de ejecutar la orden de captura, los agentes incautaron un vehículo de alta gama que presuntamente estaba relacionado con las actividades bajo investigación.

La detención formó parte de una operación simultánea realizada en seis estados brasileños. Las autoridades emitieron 25 órdenes de arresto y 30 órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas y localizar a integrantes de la red.

De acuerdo con la Policía Civil, las investigaciones señalan que el Tren de Aragua habría desarrollado una estructura para suministrar armamento a organizaciones criminales brasileñas. Los agentes sostienen que la banda venezolana mantenía una participación estratégica en el abastecimiento de armas de grueso calibre destinadas a grupos que operan en diferentes regiones del país.

Durante los procedimientos realizados en el estado de Amazonas fueron detenidos varios ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización. También fue arrestado un armero brasileño sospechoso de participar tanto en la provisión como en el transporte terrestre de armamento.

Según las pesquisas, la red utilizaba mecanismos logísticos y financieros complejos para facilitar la circulación de armas y recursos entre distintos estados.

La operación continúa en desarrollo y las fuerzas de seguridad no han divulgado todavía el número definitivo de detenidos ni el volumen total de material incautado. Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre las rutas utilizadas para el traslado de armas o dinero.

La muerte del “Niño Guerrero”

El operativo en Brasil se produjo pocos días después de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder del Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado viernes que el jefe criminal murió durante una operación realizada en el estado venezolano de Bolívar.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’”, afirmó.

Washington considera al Tren de Aragua una organización terrorista extranjera y acusa a Guerrero de haber transformado una pandilla carcelaria dedicada inicialmente a la extorsión en una red criminal con presencia regional.

Aunque la muerte de su principal líder representó un golpe para la organización, las autoridades brasileñas sostienen que la estructura mantiene capacidad operativa fuera de Venezuela. La captura del presunto responsable financiero y de otros sospechosos forma parte de los esfuerzos para afectar las redes de financiamiento, logística y abastecimiento que permitieron la expansión internacional del grupo.

(Con información de EFE)

Organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la iniciativa Quiero Elegir, que exige la celebración de comicios presidenciales “cuanto antes” con el fin de “iniciar el proceso de transición hacia la democracia” en el país.

“La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir. El voto es la expresión directa de la soberanía popular, una vía para recuperar el derecho a participar y el instrumento más poderoso para transformar la realidad política de manera pacífica”, plasma en un comunicado este grupo de ONG encabezado por Transparencia Venezuela, Laboratorio de Paz, Cepaz y Voto Joven.

Activistas y defensores de Derechos Humanos advierten que las “señales de cambio” que estaría ofreciendo la presidenta encargada Delcy Rodríguez son “insuficientes”, tachándolas de “transformaciones cosméticas, opacas, discrecionales y arbitrarias”.

“La experiencia acumulada durante 27 años nos dejó lecciones que siguen vigentes; por eso no confiamos en que quienes fueron responsables de la destrucción institucional, económica y social del país sean los conductores de los cambios que Venezuela necesita, aun cuando hoy cambien el discurso, entreguen a antiguos aliados o pretendan que olvidemos”, apuntan.

En el aire

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha expresado su disposición a sentarse con el régimen chavista “para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos”.

“El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”, recoge el manifiesto firmado por Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática.

Sin embargo, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Diosdado Cabello, descartó cualquier acercamiento con la oposición. La presidenta encargada Rodríguez y los principales voceros del chavismo eluden el tema electoral y responden que la prioridad es enfocarse en la recuperación económica del país.

Tras el ataque militar del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la Casa Blanca anunció un plan de tres fases, que culminaría con una elecciones para alcanzar la transición. No obstante, la administración de Donald Trump no ha fijado un horizonte claro para esas votaciones.

Única vía

“La salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permitan reconstruir la institucionalidad”, sostienen las ONG, subrayando que “la restitución del orden democrático sólo puede materializarse mediante un proceso electoral auténtico, competitivo y verificable”.

Los activistas indican que “no habrá mejora económica sostenible sin cambio político real”, en contravía de la hipótesis que ve factible avanzar en la superación de la crisis bajo el mismo régimen chavista que gobierna a Venezuela desde 1999.

Quiero Elegir llama a los ciudadanos a “organizarse, participar y exigir condiciones”, y demanda a los actores políticos “construir acuerdos que hagan posible una elección real y cuanto antes”. “Los venezolanos valoramos el voto como nuestra herramienta de cambio, de paz y de futuro”, reivindican.

Durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), Roger Martella, director corporativo de GE Vernova, expresó que la misión de la empresa es asegurar que la electricidad llegue a todos. Martella afirmó: “Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)”.

La firma del memorando tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; y el director ejecutivo del segmento de energía de GE Vernova, Eric Gray, según informó VTV.

Rodríguez anticipó que espera que el memorando “se convierta en el contrato para dar inicio a estos trabajos que van a permitir recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y en total, en los cuatro años, más de 5.000 megavatios”.

Añadió que la recuperación del sistema eléctrico será “para el bienestar de todo el país” y que servirá para “facilitar las condiciones de las inversiones internacionales que están llegando a Venezuela”.

La presidenta encargada mencionó también avances en materia de generación para Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el mantenimiento de la producción petrolera, aunque no ofreció más detalles.

Añadió que la directiva de GE realizó, durante seis semanas, un “levantamiento muy preciso y muy minucioso” sobre el sistema eléctrico, tanto en la generación hídrica como en la térmica.

Rodríguez calificó el memorando como “un paso histórico también para Venezuela” y para la “recuperación de un servicio tan esencial para la vida de un país” como el eléctrico. También agradeció a John Barrett por el apoyo brindado para concretar estos trabajos.

Por su parte, Rolando Alcalá señaló que personal de Corpoelec y del Ministerio de Energía han visitado plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y subestaciones durante más de un mes, con el objetivo de colaborar con empresas tecnológicas en el desarrollo y rehabilitación de la infraestructura.

El país enfrenta desde hace años problemas en el suministro eléctrico, sobre todo en zonas alejadas de Caracas. El oficialismo atribuye las fallas a sanciones extranjeras, especialmente de Estados Unidos, mientras que la oposición y expertos señalan la corrupción y la falta de mantenimiento como causas principales.

Finalmente, Delcy Rodríguez comunicó un “acuerdo histórico” con IMPSA para completar la hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar.

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó que la baja de la inflación en Venezuela a un dígito en mayo representa “resultados concretos” del plan impulsado por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

“En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año”, destacó el funcionario.

Consideró este hecho como un “avance” que “demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases” de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, “está dando resultados concretos”.

Barrett agregó que “mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”.

El plan de tres fases mencionado por Barrett incluye una etapa de estabilización, seguida de recuperación y, finalmente, transición democrática.

El Banco Central de Venezuela (BCV) comunicó el 6 de junio que el país muestra una tendencia de desaceleración de la inflación, que cerró en 6,3% en mayo, la cifra más baja en 19 meses.

Según un gráfico oficial, la tasa más alta de inflación en ese periodo se registró en enero, con un 32,6%, coincidiendo con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar en Caracas y regiones cercanas.

El 4 de mayo, el presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará caracterizado por “cambios significativos”, que según él se percibirán al cierre del año y “muy seguramente” en 2027 y 2028.

El bolívar, moneda venezolana, ha perdido un 45% de su valor frente al dólar estadounidense durante el año en el mercado oficial. Esta devaluación provocó que el Gobierno otorgue bonificaciones indexadas a la moneda estadounidense.

El 30 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un aumento del ingreso mínimo hasta los 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados.

Esta medida generó rechazo entre sindicatos públicos, ya que el aumento se aplica sobre bonificaciones que no afectan beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

El salario mínimo permanece desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a unos 22 centavos de dólar a la tasa oficial, suma que también reciben los pensionistas.

La noticia recorrió el continente en pocas horas. Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido en el mundo criminal como Niño Guerrero, el hombre que convirtió a una banda carcelaria venezolana en una de las maquinarias delictivas más temidas de América Latina, fue abatido en un operativo militar en el sureste del estado Bolívar. Su muerte fue anunciada el 12 de junio. Para muchos, es el final de una historia. Para quienes hemos dedicado años a estudiar estas estructuras, es apenas el comienzo de una pregunta mucho más incómoda: ¿qué significa realmente su caída para el futuro del Tren de Aragua y para la seguridad regional?

La tentación de leer este episodio como el cierre de un capítulo es comprensible, pero peligrosa. Las organizaciones criminales modernas no son monarquías que se derrumban con la muerte del rey. Son estructuras adaptativas, y el Tren de Aragua es, probablemente, el ejemplo más acabado de esa lógica en nuestra región.

De una cárcel a un imperio

Conviene recordar de dónde viene esta organización. El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, a partir de un sindicato vinculado a un proyecto ferroviario inconcluso que le dio su nombre. Lo que comenzó como el cobro por la asignación de puestos de trabajo y la extorsión a contratistas se transformó, bajo el liderazgo de Guerrero, en un sistema de gobierno criminal. Dentro del penal funcionaba “la causa”, una cuota semanal obligatoria que pagaban más de cinco mil internos. El penal llegó a tener zoológico, piscina, discoteca, restaurante y hasta una sala para minar criptomonedas. La prisión no contenía al Tren de Aragua: era su capital.

El salto de esa estructura carcelaria a una organización transnacional no fue casual. Se apoyó en la peor tragedia humanitaria reciente del hemisferio. Según la plataforma coordinada por ACNUR y la OIM, a fines de 2024 había más de 7,9 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales casi el 85 por ciento permanecía en América Latina y el Caribe. El éxodo provocado por el colapso económico bajo el régimen de Maduro fue la autopista que la organización supo aprovechar.

La autopista del crimen

El recorrido es ilustrativo. La banda se instaló primero en Cúcuta, en la frontera colombiana, principal puerta de salida de los migrantes. Allí se enfrentó al Ejército de Liberación Nacional y a otros actores armados por el control de las trochas, y se impuso por la vía de las armas. Desde ese nudo, replicó un modelo que define su naturaleza: la franquicia criminal. El Tren de Aragua no conquistó territorios plantando su propia bandera en cada ciudad; subcontrató bandas locales, les prestó su marca, su método y su reputación de violencia extrema, y cobró por ello. Hoy se le reconocen células permanentes en Colombia, Perú y Chile, y presencia más esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil.

El negocio nunca fue solo la droga. Fue, sobre todo, la explotación de la propia desesperación migrante: el cobro de peaje a quienes cruzaban, los préstamos usureros del “gota a gota” y, de manera particularmente atroz, la trata de mujeres y niñas para explotación sexual. La organización entendió antes que muchos Estados que las rutas humanas son también rutas de negocios.

El laboratorio chileno

Si hay un país donde el Tren de Aragua mostró toda su capacidad de penetración, ese es Chile. Llegó por el norte, por Arica e Iquique, y avanzó hacia Santiago. La Fiscalía chilena llegó a identificar alrededor de 350 integrantes, de los cuales más de un centenar estaban presos. La organización dividió mercados, impuso el cobro de “vacunas” e introdujo incluso una droga que se volvió su sello, la ketamina.

Pero el caso que desnudó su verdadera dimensión fue el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, disidente refugiado en Chile, sacado de su departamento en febrero de 2024 por hombres disfrazados de policías y hallado enterrado bajo concreto. La investigación chilena sostuvo que la orden bajó desde la cúpula de la organización. El propio Fiscal Nacional de Chile confirmó que un testigo protegido vinculó el encargo del crimen con altas esferas del poder venezolano. Allí aparece el dato más perturbador de toda esta historia: la frontera entre la organización criminal y el aparato estatal que la incubó nunca fue tan nítida como conviene creer.

¿Y la Argentina? Aquí pido cautela, porque es donde más fácil se desliza el sensacionalismo. La Argentina inscribió al Tren de Aragua en el registro de organizaciones terroristas en febrero de 2025, pocos días después de que lo hiciera Estados Unidos. Conviene decirlo con honestidad: al momento de esa designación no existían registros públicos de acciones de la banda en territorio nacional, y la medida se apoyó en informes reservados.

Sí hubo, en mayo de 2025, una operación que terminó con una docena de detenidos por lavado de activos y financiamiento, una célula que movía fondos por fuera del circuito bancario mediante el sistema informal conocido como “hawala”. Las estimaciones de inteligencia hablaron de cifras millonarias, aunque hasta hoy no hay condena firme. Y ese es el punto que un especialista no puede pasar por alto: “Tren de Aragua” se ha convertido en una etiqueta cómoda, que tiende a colocarse sobre cualquier delincuente venezolano detenido en el exterior, con prueba o sin ella. Confundir presencia real con pánico moral es el primer error de toda política de seguridad. La Argentina está al final de la ruta migratoria y lejos de los corredores donde la organización echó raíces, pero su relativa estabilidad podría volverla atractiva a futuro, como le ocurrió a Chile. La vigilancia debe ser seria, no histérica.

Tocorón, o la mutación

En septiembre de 2023, unos once mil efectivos tomaron Tocorón en un operativo de enorme despliegue. El Estado venezolano lo presentó como un golpe demoledor. La realidad fue más ambigua. Diversas organizaciones que monitorean el sistema penitenciario venezolano sostuvieron que la toma fue, en buena medida, negociada, y que Guerrero y sus principales lugartenientes abandonaron el penal días antes, presuntamente advertidos. Ningún jefe de primera línea fue capturado. La organización no fue desmantelada: simplemente dejó de necesitar una cárcel como sede. Mutó, se descentralizó y siguió operando. Esa es la lección que conviene tener presente ahora.

La operación y sus relatos

La muerte de Guerrero llega en un contexto político inédito y todavía volátil. Estados Unidos había designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. Pero el escenario cambió por completo tras la caída de Maduro a comienzos de 2026, que abrió una cooperación entre Washington y Caracas que habría sido impensable poco antes.

Sobre el operativo mismo conviene ser prudente, porque los relatos oficiales no coinciden del todo. La versión estadounidense lo presentó como un ataque ejecutado bajo dirección del Comando Sur, en un lenguaje militar y contundente. El comunicado venezolano, mucho más escueto, lo describió como una operación combinada con enfrentamientos en tierra, con apoyo tecnológico e intercambio de inteligencia entre ambos países. Esa diferencia de énfasis no es un detalle: define quién se atribuye el resultado y bajo qué marco. Hasta que existan verificaciones independientes, lo razonable es leer ambas versiones como lo que son, comunicados oficiales, y no como una crónica cerrada de los hechos.

La sucesión que viene

Aquí está, a mi juicio, el verdadero foco. Guerrero fundó la organización junto a otros dos hombres: Larry Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, hoy detenido en Colombia a la espera de ser extraditado a Chile, y Yohan Romero, alias “Johan Petrica”, presuntamente todavía libre y vinculado a la minería ilegal de oro. A ellos se suma otro líder regional con recompensa millonaria que tampoco ha sido capturado. La cúpula original, lejos de haber sido borrada, sigue parcialmente activa.

El interrogante no es si la organización tiene heredero, sino qué clase de herencia dejará. Una estructura tan descentralizada puede seguir dos caminos. Puede consolidarse bajo un nuevo liderazgo que retome el control de las franquicias, o puede fragmentarse en facciones que se disputen los mercados a sangre y fuego. La segunda hipótesis suele ser la más violenta. Cuando cae un jefe en una organización atomizada, el riesgo inmediato no es el vacío, sino la guerra de sucesión.

Lo que de verdad importa

La muerte de Niño Guerrero es, sin dudas, un golpe simbólico de primer orden, y sería mezquino no reconocerlo. Pero quienes investigamos patrones, y no casos aislados, sabemos que eliminar a un líder rara vez equivale a eliminar a una organización. El Tren de Aragua ya estaba descentralizado antes de la caída de su fundador. Su fortaleza nunca residió en un hombre, sino en un método: la franquicia, la adaptación, la explotación de la miseria ajena y la porosidad de Estados débiles o cómplices.

La verdadera pregunta, entonces, no es quién sucederá a Guerrero. Es si sigue vigente el ecosistema que permitió su crecimiento: la crisis migratoria sin contención, las economías ilegales que financian a estos grupos, las fronteras porosas y, sobre todo, la connivencia entre el poder político y el poder criminal que tan claramente asomó en el caso Ojeda. Mientras ese ecosistema permanezca intacto, América Latina seguirá enfrentando organizaciones cada vez más flexibles, más descentralizadas y más transnacionales. Y cada líder abatido será reemplazado, tarde o temprano, por la lógica que lo creó.

Celebrar la caída del hombre sin desmontar el sistema que lo hizo posible es ganar una batalla mientras se pierde, en silencio, la guerra.

El Gobierno de Venezuela firmó este lunes un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense GE Vernova y la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con una meta inicial de incorporar 1.000 megavatios en los próximos 24 meses y superar los 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años.

La firma tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en Caracas, durante un acto transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV). Participaron la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; el director corporativo de GE Vernova, Roger Martella; y el director ejecutivo del segmento de energía de la compañía, Eric Gray.

Durante el acto, Martella señaló que la misión de la compañía consiste en ampliar el acceso al servicio eléctrico y anticipó una rápida ejecución de los trabajos acordados.

“Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN”, expresó el ejecutivo, según la traducción simultánea difundida por VTV.

Por su parte, Rodríguez manifestó su expectativa de que el memorando dé paso a un contrato definitivo en el corto plazo para iniciar las obras previstas.

“Espero que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y en total, en los cuatro años, más de 5.000 megavatios”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el fortalecimiento del sistema eléctrico tendrá impacto sobre distintos sectores de la economía. “La recuperación del sistema eléctrico será para el bienestar de todo el país”, indicó, antes de agregar que también permitirá “facilitar las condiciones de las inversiones internacionales que están llegando a Venezuela”.

Rodríguez también vinculó el proyecto con la actividad petrolera nacional. “Sé que también estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela (PDVSA), sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país”, señaló, sin ofrecer detalles adicionales sobre esas iniciativas. Asimismo, explicó que especialistas de GE Vernova realizaron una evaluación técnica previa del sistema eléctrico venezolano.

Según Rodríguez, la directiva de la empresa efectuó durante seis semanas un “levantamiento muy preciso y muy minucioso” de las instalaciones de generación hídrica y térmica del país.

La presidenta encargada calificó el acuerdo como un hecho relevante para el sector energético venezolano. “Es un paso histórico también para Venezuela” y para la “recuperación de un servicio tan esencial para la vida de un país”, expresó durante la ceremonia.

Rodríguez también agradeció al encargado de negocios estadounidense por su participación en las gestiones que permitieron concretar el entendimiento. “Todo el impulso que ha dado” permitió que “estos trabajos sean posibles”, afirmó.

El ministro Rolando Alcalá explicó que equipos técnicos de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica recorrieron instalaciones del sistema nacional durante más de un mes para identificar necesidades de rehabilitación y modernización.

Según el funcionario, las inspecciones incluyeron plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y subestaciones, con el objetivo de “trabajar en conjunto con empresas tecnológicas” para desarrollar la infraestructura energética del país.

El acuerdo se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno venezolano por atraer inversión privada y extranjera al sector eléctrico. En las últimas semanas, la Asamblea Nacional avanzó con reformas destinadas a permitir una mayor participación privada en la industria eléctrica, históricamente controlada por el Estado a través de Corpoelec.

Venezuela enfrenta desde hace años problemas de suministro eléctrico, especialmente en regiones alejadas de Caracas. Mientras el chavismo atribuye parte de las dificultades a las sanciones internacionales, sectores opositores y especialistas las relacionan con problemas de mantenimiento e inversión en la infraestructura.

(Con información de EFE)

El régimen de Venezuela dijo este lunes que la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, permitió desarticular centros de operación vinculados a organizaciones criminales que actuaban en el país, en el marco de una operación coordinada con Estados Unidos en el estado Bolívar, una región minera del sur del país caribeño.

La declaración fue difundida por el Ministerio de Comunicación, que vinculó el resultado del operativo con una estrategia de inteligencia desarrollada durante meses contra estructuras delictivas de alcance transnacional. Según el comunicado oficial, las acciones ejecutadas junto a organismos estadounidenses permitieron “quebrar los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país”.

El organismo chavista sostuvo que la muerte del líder del Tren de Aragua formó parte de una operación orientada a afectar las capacidades logísticas y de coordinación de grupos armados vinculados a actividades criminales dentro y fuera de Venezuela.

La cartera de Comunicación dijo que la acción respondió a una “planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales” y destacó que mantiene mecanismos de cooperación con organismos policiales internacionales para el intercambio de información e inteligencia.

El anuncio se produjo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente la muerte de Guerrero durante una operación militar desarrollada en territorio venezolano.

Trump aseguró que el Comando Sur ejecutó un “ataque rápido y letal” contra el jefe criminal y afirmó que la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”, con quienes, según dijo, trabaja de forma “excelente”.

Posteriormente, el régimen venezolano confirmó la operación y explicó que fue posible gracias a mecanismos de cooperación, apoyo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia entre ambos países, que retomaron relaciones diplomáticas en marzo tras varios años de ruptura.

El Niño Guerrero era considerado el principal referente del Tren de Aragua, una organización criminal surgida en Venezuela que extendió sus actividades a distintos países de América Latina.

Las autoridades estadounidenses la califican como una organización terrorista y la vinculan con delitos como tráfico de personas, extorsión, secuestros, homicidios y narcotráfico.

La operación se desarrolló en el estado Bolívar, una zona estratégica por su actividad minera y por la presencia de grupos armados vinculados a economías ilegales.

Según la versión oficial, el operativo no solo estuvo dirigido contra Guerrero sino también contra las estructuras que sostenían las operaciones de distintas organizaciones criminales en la región.

La intervención ocurrió además dos meses después de la entrada en vigor de una nueva legislación minera destinada a promover inversiones extranjeras en esas zonas del país.

Tras conocerse la muerte del líder criminal, la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció a Trump por las acciones emprendidas contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”.

Provea pidió transparencia sobre la operación

La ONG Provea reclamó este domingo información detallada sobre el operativo y exigió que la cúpula chavista explique públicamente sus alcances.

En un comunicado, la organización sostuvo que la población venezolana “tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”.

La ONG manifestó preocupación por las circunstancias en que se produjo la muerte del líder criminal y afirmó que, con la información disponible hasta ahora, existirían indicios de lo que calificó como “una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.

Provea también pidió que se informe el número total de fallecidos, heridos y detenidos relacionados con el operativo, así como la identidad de las víctimas.

“El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo”, indicó la organización.

Asimismo, recordó que anteriormente había advertido sobre denuncias de abusos en operaciones de seguridad realizadas en regiones mineras y sostuvo que las acciones contra grupos armados no pueden derivar en “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles”.

La ONG vinculó el crecimiento de organizaciones criminales en el sur de Venezuela con años de debilidad institucional y expansión de economías ilegales en áreas ricas en recursos minerales.

Por ese motivo, reclamó “transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación” y solicitó explicaciones públicas al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, sobre los procedimientos aplicados y los resultados del operativo que terminó con la muerte del líder del Tren de Aragua.

La iniciativa busca posicionar a la región como un referente en integración y desarrollo energético para Colombia y Venezuela. La interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela desde Vichada contempla una nueva red que hará posible el intercambio de energía transfronteriza.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea afirmó que el Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela. “La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico de la región y consolidar la hermandad entre nuestros pueblos”, anotó.

La hoja de ruta gubernamental constituye una apuesta integral de más de $89.900 millones, orientada a ampliar la cobertura energética, modernizar infraestructuras y acelerar la transición hacia fuentes renovables. Actualmente, el departamento suma:

• Cuatro proyectos terminados que llevaron energía fotovoltaica a 1.767 usuarios y más de 6.185 personas.
• Dos proyectos en ejecución para 359 nuevos usuarios y el objetivo de abrir más de diez Ecoescuelas equipadas con sistemas solares.
• Seis proyectos adicionales serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de $40.797 millones.

Detalles de los proyectos energéticos y sus inversiones

Dentro del conjunto de obras resalta la Planta Solar El Merey, con una capacidad de 5 megavatios (MW) y diseñada para suministrar energía limpia y confiable a más de 1.600 usuarios en Puerto Carreño. El proyecto busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover un modelo energético más sostenible y eficiente para el Vichada.

El paquete anunciado abarca soluciones solares fotovoltaicas que ya beneficiaron a miles de personas y transforman el acceso a la electricidad en comunidades rurales. En la actualidad, se llevan a cabo dos proyectos enfocados en 359 usuarios, junto a la proyección de más de diez ecoescuelas que dispondrán de sistemas solares para fomentar tanto la educación como el uso extendido de energías renovables.

La coordinación de estos proyectos recae en el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse), apoyados por recursos del Sistema General de Regalías. Estos fondos permitirán financiar seis iniciativas adicionales que reforzarán la infraestructura eléctrica departamental. El objetivo central de estas inversiones es mejorar la calidad del servicio y cerrar brechas en localidades históricamente marginadas.

Impacto social y contexto regional

El gobernador del Vichada, Fulberto Guevara, destacó la importancia histórica de la jornada. Dijo que es algo histórico.

“Como habitante de esta tierra, he vivido y he sido conocedor de los problemas energéticos que durante décadas han afectado el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de nuestra gente. Pero hoy podemos decir que, gracias al arduo trabajo, la persistencia y la unión de voluntades, y gracias al compromiso del Gobierno nacional, la situación ha cambiado”, anotó.

Por su parte, el beneficiario Omar Baquero relató que el Vichada siempre ha enfrentado problemas de energía, alternando entre periodos de generación con combustibles fósiles, un breve acceso a energía hidroeléctrica proveniente de Venezuela y constantes interrupciones del servicio, lo que afectó la vida y los bienes de los usuarios.

Baquero expresó: “La generación de energía fotovoltaica nos llena de alegría y nos da mucha esperanza para seguir adelante en un desarrollo justo y sostenible. Pues nosotros aquí en el Vichada estamos muy contentos con el Gobierno. Muchísimas gracias por toda la oportunidad que nos das y que siga el cambio”.

El ministro Palma Egea enfatizó que “mientras avanzamos en la integración energética con Venezuela, también estamos transformando la vida de las comunidades con inversiones en energía limpia”. Anotó que “la Planta Solar El Merey, las soluciones fotovoltaicas rurales, las ecoescuelas y los proyectos financiados con regalías demuestran que la transición energética significa más oportunidades, más desarrollo y mejor calidad de vida para las familias del Vichada”.

Continuando con su línea de acercamiento hacia el sector privado, el régimen chavista publicó una providencia que limita drásticamente el rango de acción de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPTT), figura rechazada por los empresarios que la acusaban de atentar contra la propiedad privada, el secreto industrial y la paz laboral.

La normativa firmada por el ministro del Trabajo, Carlos Castillo Ascanio, establece que los CPTT “tendrán funciones exclusivamente consultivas, de asesoramiento, recomendación y coadyuvancia al empleador”, subrayando que “sus actuaciones no tendrán fuerza vinculante, ni potestad decisoria, coactiva o sancionatoria”.

La ley de los CPTT se promulgó en febrero de 2018, en medio de una ofensiva del régimen contra los empresarios. El texto tiene rango “constitucional” porque fue sancionada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que el chavismo instaló en ese momento para anular al Parlamento de mayoría opositora.

El marco legal estipula que los CPTT deben funcionar en todas las “entidades de trabajo”, siendo conformados por un máximo de siete trabajadores, entre ellos un integrante de la Milicia Bolivariana.

La norma de 2018 impulsada por Nicolás Maduro incluye entre las atribuciones de los CPTT “conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos y servicios de la entidad de trabajo”, así como “vigilar y controlar las acciones que puedan ocasionar distorsión en los mecanismos de abastecimiento de los productos y servicios”, entre otras.

Tregua

La providencia suscrita por el ministro Castillo deja a un lado el tono punitivo de la ley y recalca que los CPTT deben “cooperar con las organizaciones sindicales y con el empleador”, “formular sugerencias y recomendaciones que contribuyan al desarrollo de la producción nacional”, y fomentar “un clima de relaciones laborales armoniosas y productivas”.

Ahora los CPTT podrán “proponer al empleador medidas preventivas y correctivas”, quedando fijado que será el patrono a quien competerá “exclusivamente” la decisión de implementar lo planteado.

La ley de 2018 apunta que para garantizar su operatividad, los integrantes de los CPTT debían gozar de un “permiso remunerado obligatorio, calculado como si la jornada de trabajo fuera efectivamente laborada, para asistir a reuniones en el ejercicio de sus funciones, hasta por un máximo de 16 horas al mes”.

En contraste, la providencia de 2026 indica que los CPTT “se reunirán ordinariamente una vez al mes, previa coordinación con el empleador”, partiendo de la premisa de que esta actividad no “afecte el normal desenvolvimiento” de las actividades de la empresa.

Queda terminantemente prohibido que los CPTT se inmiscuyan “en la contratación, traslado o despido de personal”, fiscalicen “la normativa laboral o de seguridad e higiene”, y que medien en reclamos o quejas laborales.

El giro

Tras la caída de Maduro, provocada por el ataque militar ejecutado por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el comienzo de un “nuevo momento político”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el Foro de Diálogo Social, donde participan gobierno, sindicato y empresarios. En ese espacio se debatió la necesidad de regular a los CPTT.

La ONG Acceso a la Justicia llama la atención sobre el giro dado por la administración de la mandataria interina en este caso. “Hay que señalar el cambio de enfoque que establece la providencia respecto de la ley, pues mientras en la ley se habla de la construcción del modelo socialista, en la providencia se menciona como objeto el desarrollo de los CPTT en el marco del respeto de principios como el de la libertad de empresa”, observan.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo público el inicio de una ofensiva militar regional en América Latina tras la eliminación de Héctor “Niño Guerrero” Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua, durante una operación conjunta en Venezuela.

El anuncio incluyó la adopción de la Coalición Hemisférica Anticárteles de América (A3C), presentada por Washington como un viraje estratégico contra el crimen organizado.

Estados Unidos justificó el despliegue como respuesta a la amenaza que, según la administración Trump, representan los cárteles y pandillas transnacionales para la seguridad nacional.

La muerte de “Niño Guerrero” marcó un punto de inflexión, y la Casa Blanca sostuvo que la nueva política implicó tratar a estas organizaciones como equivalentes a grupos terroristas, con un alcance que se extendió a América Central y América del Sur.

La operación en Venezuela y el papel del Comando Sur

La muerte de “Niño Guerrero” ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y de la formación de un gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez.

Según Miami Herald, ese cambio político habilitó la cooperación entre Caracas y Washington y permitió la operación militar estadounidense en territorio venezolano.

Hegseth declaró a Miami Herald que la intervención fue solicitada por las autoridades venezolanas debido a la presencia de una organización criminal catalogada como terrorista. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), dirigido por el general Francis L. Donovan, coordinó el operativo.

Medios internacionales como The New York Times y BBC News vincularon esta acción con campañas militares anteriores contra grupos como Al-Qaeda e ISIS.

El gobierno estadounidense remarcó que la cooperación con Venezuela, tras la remoción de Maduro, abrió la puerta a una ofensiva regional y a la consolidación de nuevas aliananzas hemisféricas, según informó Miami Herald.

Cambio doctrinal: del crimen organizado a la amenaza terrorista

La administración Trump impulsó una doctrina que equiparó a los cárteles latinoamericanos con organizaciones terroristas, por encima del enfoque centrado en el crimen organizado.

La estrategia, enmarcada en la Coalición Hemisférica Anticárteles de América (A3C), coordinó recursos militares estadounidenses e inteligencia local para desmantelar redes criminales en la región.

Según Miami Herald y Al Jazeera, Hegseth argumentó que estos grupos constituyeron un peligro equivalente al de redes yihadistas.

Enunció el lema “retomar el control de nuestro hemisferio” y lo vinculó a la nueva “Donroe Doctrine”, inspirada en la Doctrina Monroe y asociada al presidente Donald Trump.

El general Donovan fue presentado como pieza central del diseño operativo de la A3C, con un esquema de cooperación multilateral orientado a desarticular estructuras criminales en América Central y América del Sur y a consolidar la coordinación con gobiernos aliados.

Proyecciones de la ofensiva y posibles operaciones en la región

La eliminación de “Niño Guerrero”, según declaraciones recogidas por Miami Herald, anticipó nuevas operaciones militares estadounidenses en países como Ecuador y Guatemala.

Hegseth advirtió que la ciudadanía estadounidense “debería esperar” la repetición de estas acciones mientras persistiera la amenaza de cárteles transnacionales.

Fuentes de la administración Trump confirmaron a Al Jazeera que la coalición regional permitiría desmantelar redes delictivas en América Central y América del Sur, con apoyo de países aliados. Donovan y el Comando Sur avanzaron en la gestión de alianzas bilaterales para ampliar el radio de acción de la A3C.

Impactos para la comunidad hispana y alertas para familias en América Latina

Familias con vínculos en América Latina podrían enfrentar cambios inmediatos asociados a la ofensiva militar, según advirtió Miami Herald.

Entre los efectos mencionados figuraron posibles restricciones de viajes, mayor control sobre remesas y variaciones en los niveles de seguridad local.

BBC News señaló que la cooperación bilateral en materia de seguridad podría intensificarse en ciudades de Estados Unidos con alta presencia hispana.

Organizaciones de migrantes y consulados emitieron alertas preventivas y pidieron a los ciudadanos evaluar riesgos y mantenerse informados, de acuerdo con Miami Herald.

El relanzamiento de la estrategia estadounidense en la región se basó en la cooperación con países aliados y en el objetivo de neutralizar el crimen organizado, con recursos y alianzas similares a los utilizados en operaciones internacionales previas.

La semana pasada se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de La Serena (470 kms al norte de Santiago), una audiencia de autorización de diligencias tendiente a dilucidar los avances en la extradición desde Venezuela de José Medina Ladera (50), detenido hace más de un año en ese país y requerido por la justicia chilena por su responsabilidad en los brutales femicidios de María José Zambra, ocurrido en 2019, y de Ana María Pizarro, en 2025.

El proceso permanece estancado debido al quiebre de las relaciones diplomáticas y el consiguiente cierre de las embajadas y consulados en ambos países en la administración de Gabriel Boric, razón por la cual el fiscal Eduardo Yáñez ofició al tribunal para que requiera “información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estado de avance de la extradición”.

Por su parte, Ana María Araya, abogada de la familia de Ana María Pizarro, explicó que la diligencia busca recabar “información respecto de cuál ha sido la gestión que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya desarrollado a este respecto (...) Como parte querellante hemos desarrollado diligencias particulares en Venezuela que han permitido constatar la privación de libertad del imputado, sin perjuicio de que la información oficial debe obtenerse por los conductos diplomáticos”, subrayó.

Los desaparición de Ana María

La mañana del 3 de abril de 2025, Ana María Pizarro (56) le dijo a su familia que iba a reunirse con su ex empleador para cobrar un finiquito en el centro de La Serena y volvía. Desde su hogar era un trayecto de no más de diez minutos en transporte público, sin embargo, nunca regresó, y tras remover cielo y tierra, 16 días después la policía halló su cuerpo desmembrado a la vera de la Ruta 5, en el sector Cuatro Esquinas.

La mujer, de hecho, nunca llegó a dicha cita, y el registro de llamadas de su celular arrojó que realmente se había dirigido a la casa de su ex pareja, José Medina Ladera (50), un hombre de nacionalidad venezolana con residencia legal en el país que trabajaba esporádicamente como gásfiter, a cuya vivienda entró y de la que no volvió a salir con vida.

Todo indica que Ana María Pizarro prefirió no contarle a su familia que iba a reunirse con su amante, a quien veía desde el 2022, pues no aprobaban dicha relación debido a que el hombre siempre le pedía dinero. Los detalles de lo que sucedió dentro de esa casa se conocerían más adelante y estremecieron no solo a ese conocido balneario, sino a todo el país.

A pesar de una búsqueda infructuosa, la policía no logró dar con el paradero de Medina Ladera y para peor, a poco andar los detectives relacionaron el espantoso crimen con otro muy parecido ocurrido varios años atrás, en 2019, cuando el cuerpo de María José Zambra (35) apareció descuartizado bajo un puente en la misma ciudad, específicamente el 18 de octubre, día en que el estallido social se desató en todo el país.

El primer crimen

Según antecedentes de la carpeta investigativa, María José Zambra murió por estrangulamiento manual y varios golpes con un objeto contundente antes de ser desmembrada. De hecho, nunca se descartó la posibilidad de que sus restos se mantuvieran congelados antes de ser arrojados a la ribera norte del río Elqui, donde unos niños los encontraron.

La investigación, la verdad, no avanzó durante unas semanas debido a la convulsión que sacudía al país, pero cuando el chip del teléfono celular de María José fue reactivado en un celular perteneciente a Ana María Pizarro, su familia vio por fin un atisbo de esperanza.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigieron entonces a casa de esta última, quien al ser interrogada contentó que sí, que el celular era suyo, pero que lo usaba su pareja, José Medina Ladera, aunque había sido ella quien había portado el número de una compañía a otra e instalado el chip en el teléfono Samsung del “Chamo”, como lo llamaba cariñosamente.

Los funcionarios se dirigieron entonces donde Medina Ladera, quien corroboró dicha versión y mostró sin problemas el dispositivo, por lo que las sospechas sobre él fueron desechadas y el caso se mantuvo sin culpables por casi seis años hasta la aparición de los restos de quien fuera su segunda pareja.

El segundo crimen y la conexión

Tras el crimen de Ana María el 3 de abril, las sospechas recayeron de inmediato sobre su expareja, el “Chamo”, quien al ser interrogado diez días después en calidad de testigo -pues el cuerpo no había aparecido aún y el caso se investigaba como una presunta desgracia-, negó haber visto o tenido noticias de ella.

A poco andar, sin embargo, comenzaron a llegar los resultados de las pericias policiales, entre ellos las imágenes de las cámaras de seguridad y el registro de llamadas de Pizarro el día de su desaparición, que mostraban cuatro llamadas entrantes y una de salida con Medina el día de su desaparición.

“Inclusive, en las coordenadas de la última llamada de Ana María, se conectó a una antena telefónica cercana a la casa de José, y, por tanto, con esta información se pudo establecer ya de manera bastante fundada, que la señora se encontraba el día jueves en Pampa Baja”, sostuvo el fiscal Nicolás Zolezzi, según consignó el diario El Día.

Cuando el cuerpo de Ana María Pizarro apareció la noche del 19 de abril, las similitudes llevaron a los detectives a hacer de inmediato la conexión con el crimen de María José Zambra en 2019 y se lanzaron a la caza de Medina en una búsqueda estéril, puesto que ya había salido del país por un paso no habilitado.

La testigo clave y la captura

El 22 de abril, una vecina del “Chamo” declaró ante la PDI que el día después que Ana María Pizarro desapareció, vio por la noche como aquel sacaba un cuerpo al patio de su casa y comenzaba a desmembrarlo, primero con un cuchillo y después con una sierra eléctrica, arrojando los restos en varias bolsas como las que se usan en la construcción.

Sin embargo, la mujer fue descubierta por el asesino, quien aseguró que el hombre le puso un puso al cuello, amenazándola con matarla si decía una sola palabra al respecto.

Su testimonio calzaba con las pericias hechas a los restos de Ana María, las que indicaban que durante ese 3 de abril, entre las 13:40 y las 19:00 horas, Medina Ladera golpeó con un objeto contundente a la víctima en la cara y cabeza provocándole un traumatismo craneoencefálico, y luego usó un cuchillo para terminar finalmente con su vida. A la noche del día siguiente procedió a desmembrar a la mujer tal como había dicho la vecina, arrojando sus restos en cinco bolsas en la vereda norte de calle Cuatro Esquinas, entre la Ruta 5 Norte y El Santo.

Caso cerrado.

Los detalles que fueron apareciendo de ambos casos estremecieron a todo el país por un par de semanas hasta que el 3 de mayo de 2025, el “psicópata de La Serena” fue detenido en la ciudad venezolana de Carabobo mientras deambulaba por la calle, gracias a un operativo conjunto entre la Interpol, la PDI y la policía local.

Una semana después, las familias de ambas víctimas llegaron clamando justicia hasta el Juzgado de Garantía de La Serena, que formalizó a Medina Ladera en ausencia por los delitos de homicidio calificado y femicidio íntimo de ambas mujeres. Un par de semanas después -en un fallo unánime-, la Corte de Apelaciones de esa ciudad dio luz verde a la solicitud de extradición desde Venezuela, consignando las similitudes en las muertes, sus móviles y el famoso chip de celular que terminó por conectar los dos casos.

Para ello, el tribunal analizó el tratado de extradición vigente entre Chile y Venezuela -firmado en 1964-, determinando que “se cumplen todos los requisitos legales” para la solicitud, la misma que hoy, más de un año después, tiene en ascuas a las familias de ambas víctimas y a la justicia chilena.

El sábado, la opositora venezolana y exdiputada María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, agradeció públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones contra organizaciones armadas y criminales, entre ellas el Tren de Aragua. La dirigente mencionó el operativo militar que terminó con la vida de Héctor Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como máximo líder de la banda.

“Todos estos logros eran impensables hace seis meses y, por ello, reconocemos y agradecemos al Presidente Trump y a su administración”, señaló.

Machado atribuyó a la intervención de Estados Unidos el inicio del desmantelamiento de redes criminales que, sostuvo, operaron con impunidad en Venezuela y extendieron su presencia a otros países de la región.

“El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración. En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, agregó.

Según la Premio Nobel de la Paz, esas estructuras surgieron bajo la protección del chavismo y con complicidad de quienes gobernaron el país durante años; afirmó que el daño causado alcanzó dimensiones humanas, sociales, ecológicas y económicas “incalculables”.

El viernes por la noche, Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque “rápido y letal” que abatió a “Niño Guerrero”, líder de la banda que Washington designó como organización terrorista. Caracas confirmó posteriormente la operación.

Según el relato del gobierno de transición venezolano, el operativo en el estado Bolívar se realizó con tecnología especializada y mecanismos de intercambio de inteligencia entre ambos países, lo que restableció canales de cooperación que, afirmó, estuvieron interrumpidos durante siete años.

Machado enmarcó el operativo en lo que describió como un nuevo escenario político en Venezuela, tras la captura y destitución del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Sostuvo que, desde entonces, comenzó una etapa de recuperación de libertades y reconstrucción institucional, y adjudicó ese avance a la acción de Trump y su administración.

En ese contexto, resaltó hitos como la salida de Maduro para rendir cuentas ante la justicia, el desmantelamiento progresivo de alianzas con países como Rusia, Irán y China, y la recuperación de espacios cívicos.

La muerte de Héctor Guerrero se confirmó tras semanas de rumores en Venezuela. Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”, se convirtió en uno de los criminales más buscados de Sudamérica tras escapar de la cárcel de Tocorón en 2023, donde vivió con lujos y dirigió operaciones desde el penal. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Bajo su mando, el Tren de Aragua evolucionó de una banda carcelaria local a una organización criminal transnacional con operaciones en países como Colombia, Chile y Perú, vinculada a extorsión, secuestro y trata de personas. El texto también la señala por homicidio, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas y minería ilegal, y afirma que Guerrero lideró a la organización desde 2015.

Machado remarcó que, pese a los avances, el proceso de recuperación de la libertad en Venezuela aún requiere el compromiso de la sociedad. Llamó a los ciudadanos a organizarse, denunciar la presencia de estructuras criminales y sostener instituciones que, según planteó, recuperan su funcionamiento. También mencionó la excarcelación de presos políticos y la ampliación del espacio cívico, con la sociedad civil y los medios de comunicación recuperando espacios perdidos durante años de represión.

(Con información de EFE)

“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”, afirmó vía Truth Social.

La publicación en redes sociales estuvo acompañada por un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio, con el techo de color verde, rodeado de vegetación poco antes de una explosión que genera una nube de humo. En las imágenes no se distingue claramente a ninguna persona.

El inquilino de la Casa Blanca también señaló que, “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”. Recordó que al inicio de su administración designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportó a miles de criminales y declaró la guerra a los cárteles.

Trump sostuvo que, antes de su regreso al cargo, la administración de Joe Biden “abrió la frontera sur a millones de delincuentes ilegales” y permitió que el grupo cometiera crímenes en territorio estadounidense.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”, subrayó en relación a los nuevos vínculos entre Washington y Caracas tras la captura, el 3 de enero pasado, del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

Según Trump, los terroristas del cártel “ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar” y bajo su liderazgo, Estados Unidos “encontrará a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar”.

El Tren de Aragua surgió como una entidad delictiva entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Por entonces, el gobierno de Hugo Chávez había declarado la emergencia carcelaria ante el aumento de la violencia en el sistema penitenciario, pero las medidas no lograron impedir el crecimiento del grupo criminal.

Con el tiempo, los reclusos fueron acumulando poder a través de negociaciones con el régimen de Maduro, el uso de la violencia y el pago de sobornos, lo que derivó en la creación del sistema de pranatos (pranes), líderes dentro de las prisiones. Estos grupos carcelarios se organizaron en estructuras más grandes conocidas como trenes, dando lugar a formas de gobernanza paralelas.

“Niño Guerrero ha estado involucrado en actividades delictivas durante más de dos décadas y ha expandido el Tren de Aragua, transformándolo de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno a una organización con creciente influencia en todo el hemisferio occidental. El 11 de julio de 2024 , el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena”, sostuvo el Departamento del Tesoro de EEUU en un comunicado de prensa el 17 de julio de 2025.

Entre 2015 y 2018, el Tren de Aragua se consolidó como la mayor de las 19 megabandas delictivas que operaban en Venezuela, lo que contribuyó a que la tasa de homicidios alcanzara niveles récord en el país.

La Fundación TAEDA e IBI Consultants destacaron en un informe conjunto en 2025 que aunque la estructura del Tren de Aragua es vertical y cuenta con líderes claramente definidos, las órdenes y decisiones se transmiten de manera general, permitiendo que cada división territorial las ejecute según su propio criterio.

Esta flexibilidad, junto con la dispersión de la migración venezolana a lo largo de la región y la porosidad de las fronteras de Venezuela y países vecinos tras la pandemia, facilitó que la organización estableciera una red ilegal centrada en el narcotráfico y el tráfico de personas, lo que impulsó su expansión por América Latina a partir de 2018.

El Tren de Aragua se expandió a Perú, Chile, Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérica, generando preocupación entre autoridades, ciudadanía y medios por su versatilidad delictiva y la ambición de controlar múltiples territorios.

Hoy, la organización es considerada una de las bandas criminales extranjeras más poderosas de la región y la que interviene en más actividades ilícitas. Obtiene millones de dólares a través de extorsiones, secuestros, trata de personas, narcotráfico, explotación sexual y asaltos, entre otros delitos.

En Venezuela ocurre algo curioso. Cada cierto tiempo cambian los nombres, los cargos, las oficinas y hasta los discursos oficiales; pero lo que rara vez cambia son los resultados.

La llegada de Larry Daniel DeVoe Márquez a la Fiscalía General de la República parecía una de esas ocasiones en las que el poder intenta vender renovación sin necesidad de renovar nada; una especie de remodelación institucional donde se cambia la pintura de la fachada mientras las grietas permanecen intactas.

Su nombramiento generó expectativas, aunque quizás la palabra correcta sea interrogantes porque cuando alguien llega a ocupar uno de los cargos más importantes del sistema de justicia venezolano, la pregunta no es quién es, sino qué está dispuesto a corregir.

Y precisamente allí aparece el problema. Venezuela no necesitaba un simple relevo administrativo, no hacía falta cambiar la firma al pie de los documentos ni sustituir una fotografía en la pared; lo que el país necesita desde hace años es una rectificación moral e institucional.

Se esperaba, por ejemplo, una revisión profunda de los casos denunciados como persecución política, una investigación seria sobre las denuncias de tortura documentadas por organismos internacionales, una evaluación de los procesos judiciales plagados de irregularidades, una señal clara de independencia frente a los organismos de inteligencia señalados reiteradamente por violaciones de derechos humanos.

Hasta ahora, la percepción dominante parece ser otra: continuidad.

Larry DeVoe no aterrizó en la Fiscalía desde un limbo institucional. Durante años fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una instancia desde la cual defendió posiciones que terminaron convirtiéndose en parte del problema que hoy debería ayudar a resolver.

Entre ellas destacó el bloqueo al ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país; una decisión que, presentada como defensa de la soberanía, terminó transmitiendo un mensaje mucho más simple: quienes investigan violaciones de derechos humanos no son bienvenidos.

Como si esconder el termómetro pudiera curar la fiebre.

Tampoco desaparece de un plumazo otro dato relevante. En 2019, Canadá incorporó a DeVoe en una lista de funcionarios sancionados por considerar que habían sido responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos o de actos significativos de corrupción. Ese antecedente no condena automáticamente a nadie, pero sí obliga a observar con más atención, a exigir más explicaciones, a elevar el nivel de escrutinio.

Cuando alguien llega al máximo órgano acusador del país cargando semejante equipaje político, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación.

Y es precisamente allí donde comienza el verdadero examen: ¿Qué ha hecho la nueva gestión frente a los presos políticos?, ¿Qué ha hecho frente a las denuncias de torturas?, ¿Qué ha hecho frente a las desapariciones temporales, las detenciones arbitrarias, las audiencias suspendidas indefinidamente y los procesos que parecen diseñados para castigar antes de juzgar?

Las respuestas siguen siendo sorprendentemente escasas.

Mientras tanto, familiares de detenidos continúan protestando frente a la sede del Ministerio Público. No exigen privilegios, no piden favores, no reclaman inmunidades; piden algo mucho más elemental: piden justicia.

Cuando una institución llamada a defender derechos responde con silencio frente a denuncias tan graves, ese silencio deja de ser neutral y se convierte en un mensaje.

Por eso el balance preliminar de la gestión DeVoe puede resumirse en tres grandes ausencias: uno, la ausencia de acciones contundentes; dos, la ausencia de una ruptura institucional visible; y tres, la ausencia de empatía frente al sufrimiento humano que existe detrás de cada expediente.

Porque los expedientes no lloran, las madres sí; los documentos no esperan llamadas, los hijos sí; los archivos no pasan años preguntándose cuándo terminará una pesadilla; las familias sí.

Ser fiscal general no consiste en administrar papeles, tampoco en ofrecer ruedas de prensa cuidadosamente calculadas ni en repetir fórmulas jurídicas aprendidas de memoria. Ser fiscal general significa convertirse en la última barrera entre el ciudadano y el abuso del poder.

Y cuando esa barrera desaparece, lo que queda ya no es justicia, es indefensión.

El reloj corre, y cada día sin respuestas fortalece una conclusión que cada vez más venezolanos comienzan a considerar inevitable: que cambió el fiscal, pero no la Fiscalía.

Por eso la pregunta ya no es quién es Larry DeVoe. La pregunta es qué hará cuando la historia le presente la oportunidad de elegir entre proteger al poder o proteger a los ciudadanos.

Porque los cargos pasan, los discursos se olvidan, las propagandas caducan, pero las víctimas permanecen.

No hay un modelo único de salida de las dictaduras. Cada proceso es especial y propio, aunque existen “patrones” comunes que pueden ser tenidos en cuenta en tren de estudiar los casos.

No hay demasiada variación entre un modelo autoritario y uno totalitario cuando están en transición hacia la democracia porque, casi siempre, los primeros migran a los segundos y construyen un marco ideológico con el devenir del tiempo. (Revisar a Juan Linz en este punto es imprescindible).

Lo central es advertir que hay un momento de quiebre emocional y colectivo en el que la sociedad (bajo el yugo dictatorial) empieza a remontar la colina de la libertad (por ejemplo, el 28 de julio para los venezolanos). Los pueblos se deben convencer de que los dictadores habrán de caer, sin esa percepción nada es posible.

Los pueblos, además, son inteligentes, es falso ese preconcepto de que la masa no razona, justamente es quien más sentido de la oportunidad posee.

Cuando el pueblo se puede expresar críticamente ante el modelo autoritario lo hace siempre, incluso con sacrificios de vidas humanas. El periplo libertario de América tiene eso y no pocos entregan lo mayor que tienen por un bien colectivo mayor. La historia de América está sostenida por ese espíritu de héroes anónimos que sacrificaron su vida para un tiempo histórico para los suyos.

Las liberaciones democratizadoras son siempre procesos con avanzadas y retrocesos, por eso requieren una enorme convicción de aquellos que empujan hacia la salida y deben tener un necesario sentido cohesivo entre sus fuerzas. Los tiranos hasta el último minuto están conspirando con tal de dinamitar lo que viene, saben que sus artes no son la legitimidad del pueblo de las que carecen, por eso la redemocratización siempre enfrenta intersticios comprometedores y corrupción ofrecida hasta el último minuto. Y -no olvidarlo jamás- el tirano juega con reglas criminales que el demócrata o la demócrata no tienen en su mazo de naipes. Y los tiranos suelen criminalizar lo que sea con tal de alimentar un día más en el poder.

Es que en el fondo de este asunto hay un debate moral: el tirano no posee una moral respetable, y como rompió los códigos del respeto por la vida del otro, está dispuesto al máximo delirio con tal de dinamitar el advenimiento democrático y ganar un tiempo más en el poder.

La capacidad de pensar ante los tiranos debe ser quirúrgica. Por eso la garantía en las salidas democráticas en las dictaduras es la internacionalización de las acciones lo máximo posible a efectos que esa acción coopere -inclusive- como garante indirecto de todo lo que habrá de suceder.

Las transiciones, además, pagan costos que el pueblo nunca logra comprender in totum, y esto es porque las salidas requieren de mini pactos prácticos de vida civil de todo tipo: no se ingresa a la democracia de un día para el otro, es un viaje desmontar las estructuras totalitarias y pasar al estado de derecho.

La transición democrática tiene lo que suelo llamar “el derecho de la transición” que son normas jurídicas que rescatan la sensatez de lo jurídico necesario -de lo vivido, aunque resulte delirante- para no operar con sentido refundacional absoluto ante todo lo que adviene, porque esa visión suele conspirar contra el derecho adquirido del ciudadano, que además de haber sido dañado por una dictadura no debiera ser ignorado por una democracia. El nuevo paradigma jurídico es un híbrido por algún tiempo y hay que saber que tiene rostro de Frankenstein hasta que se depure.

Pensemos en los modelos de transición de Chile, Argentina y España. En todos hubo convicción ciudadana y hartazgo con las dictaduras, en todos, las calles tuvieron su rol, en todos los líderes emergentes no actuaron con venganza sino con algo más parecido a justicia reivindicativa, y en todos hay cierta parte de la historia que no se resuelve en la narrativa sino con el paso del tiempo.

En algunas de estas transiciones el poder dictatorial se fue difuminando en la democracia (entiendo que es difícil de soportar esta premisa, pero es la única opción posible sin tomar los cuarteles de invierno), en otras el asunto avanzaba gradualmente con el paso del tiempo a velocidades mayores y en otras la inteligencia para pactar y armar el pacto constitucional fue el epítome de un tiempo nuevo.

Tiendo a creer que un nuevo marco jurídico que refleje el nuevo contrato social que la sociedad se da a sí misma, permite ganar unas décadas de sentido común y gobernabilidad. Más aún en el presente donde podemos mirar el pasado y aprender de la lección de este.

Vamos a un asunto delicado: la memoria y la justicia, sí, hay que plantearla y será necesaria. La memoria imprescindible, la justicia también, pero nada es concedido, nada es automático y los tiempos de estos menesteres se tienen que recorrer con las pausas que el propio pueblo se vaya dando sin que ese camino ponga en riesgo la recuperación democrática. No estoy seguro de que se entienda el punto mirado desde afuera, o como si fuera una clase de ciencia política de la universidad, solo la realidad ambienta el recorrido y esa realidad tiene velocidades largas que cada país procesa en base a su idiosincrasia propia.

Y algo central, las elites del país que irrumpe (los noveles en el poder democrático cuando sean investidos) deben entender que están haciendo historia, y para hacerlo se requiere grandeza, sentido magnánimo y capacidad de resiliencia en las decisiones. Siempre la tensión será entre el principismo fácil y la deriva diplomática, habrá que recorrer un camino sincero, honesto, con parámetros que cada transición se da a sí misma, pero que se comparten por los que llegan y se aceptan por los que se van. Fácil de enunciar, un infierno para procesar.

Ese sutil momento es la clave de todo. Allí está la llave de paso, de lo contrario el juego se corrompe. Y claro, los que salieron de la mesa no se van a festejar, siempre estarán al acecho por un tiempo más, por eso los que llegan (todos ellos siempre de la mano) tienen la necesidad de tener un tiempo de sincronía permanente hasta que todo vuelva a funcionar. Parece sencillo, pero es cirugía de máximo nivel.

Hoy, las dictaduras del continente han tenido un bonus track con los Estados Unidos del presente, por un tiempo más esto será así. Es un momento único en la historia del continente lo que se vive, todo lo que se le puede criticar al gobierno americano, en este menester nadie ha hecho más por la liberación de Venezuela y Cuba que la administración de Donald Trump. Otros se han pasado la vida hablando y nada han hecho. Hoy, a la vista está lo que acontece. Por cierto, la hoja de ruta está allí, se requiere más aceleración probablemente. Falta -por plantearlo todo- aún empeño con Nicaragua que no debe quedar al albur de una pareja criminal en el poder que allí gobierna como en un virreinato loco aislado del mundo. No se lo merecen los nicaragüenses y no hay que abandonarlos por nada del mundo.

Por cierto, el derecho internacional ha fracasado, esta es la gran tragedia que ya no se puede esconder bajo la alfombra. El concepto de “soberanía” que argumentan los dictadores no existe cuando constatamos un secuestro del pueblo y una aniquilación de los derechos humanos. Allí, ya era hora, que actualicemos los manuales de derecho internacional público y no repitamos consignas muertas que solo les sirvieron a los dictadores para encriptarse y seguir matando a sus propios ciudadanos. El derecho internacional ha muerto, que nazca uno mejor, más realista, pues el que vivimos era cínico, absurdo, burocrático y lleno de inútiles que poblaron el mundo en beneficio propio. Dieron vergüenza.

La realidad nos obliga a pensar otro derecho internacional porque el que tuvimos fracasó a menos que creamos que los dictadores tienen inmunidad de jurisdicción. Otro asunto que debemos revisar seriamente en el plano académico, le duela a quien le duela y sin la cobardía de no enfrentar la verdad. Siempre el asunto es enfrentar la verdad. Ya lo deberíamos saber de sobra.

La ONG venezolana Foro Penal, referente en la defensa legal de presos políticos, informó el viernes que el número de presos políticos en Venezuela asciende a 389, de los cuales 39 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según su último conteo, actualizado hasta el martes pasado.

La organización detalló que 357 de los detenidos son hombres y 32 mujeres. Además, 225 son civiles y 164 militares. Foro Penal precisó que 388 son adultos y aún hay tras las rejas un menor de edad.

La ONG señaló que desde 2014 registraron 19.133 “detenciones políticas” y estiman que más de 11.000 personas están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

Los familiares de presos políticos permanecen en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y en cercanías a centros de detención de todo el país para exigir la liberación de los detenidos. Los parientes y seres queridos, que se instalaron cerca de la sede diplomática desde el domingo pasado, denuncian que aún son cientos los presos políticos en Venezuela, cinco meses después del anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas.

En mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno trabajaría para liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Por su parte, el Gobierno chavista dejó de negar la existencia de presos políticos y anuncia, sin acción concreta, liberaciones masivas.

A su vez, la ONG detalló el viernes las identidades de los últimos seis presos políticos excarcelados confirmados por sus miembros.

Según detalló en X el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, a las 18:18 (hora local) fue liberada Aranza Hernández, de 19 años, quien había sido arrestada en noviembre de 2023. Hernández es hermana de un militar disidente que permanece fuera del país tras ser acusado de presunta rebelión, según medios locales.

También es hermana de Samantha Hernández, adolescente de 16 años que recibió boleta de excarcelación el 18 de mayo pasado, luego de ser detenida en noviembre por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su domicilio, poco después de regresar de la escuela, según denunció la ONG Cecodap.

El Foro Penal reportó asimismo la excarcelación de Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña, familiares del primer teniente José Rodríguez Araña, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro de participar en la ‘Operación Aurora’, un asalto a un batallón en el estado Bolívar durante el cual, según la acusación, se sustrajeron 112 fusiles y municiones.

Himiob también informó que a las 19:55 (hora local) fue liberada Keenami Guevara Vásquez, exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), acusada por el Ejecutivo de falsificar cédulas de identidad para supuestos “terroristas”.

Por último, la ONG reportó la excarcelación de los militares Diosmer Rumbos y Jhon Jaimes, quienes habían sido detenidos en dos operativos distintos en 2019 y condenados a 30 años de prisión.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló por la madrugada de este viernes que desde el 8 de enero de 2026, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y momento en que el gobierno chavista anunció que se excarcelarían personas detenidas, fueron liberados 894 presos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

Un grupo de funcionarios de Venezuela y Estados Unidos mantuvieron en Caracas un encuentro para revisar la agenda energética bilateral, en un contexto donde la cooperación y el suministro de hidrocarburos concentran el interés de ambas partes.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez asistió junto a la ministra de Hidrocarburos Paula Henao, el vicepresidente sectorial de Economía Calixto Ortega, el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Héctor Obregón, el vicepresidente ejecutivo de la petrolera Jovanny Martínez y el viceministro para Europa y América del Norte Oliver Blanco.

La delegación estadounidense incluyó al encargado de negocios John Barrett, el asesor principal de políticas del Consejo de Dominio Energético Toby Deen y el subsecretario interino del Departamento de Energía Andrew Rapp.

Durante la jornada, las autoridades evitaron difundir detalles sobre los temas tratados. Venezuela buscó reafirmar su posición como proveedor seguro y estable de crudo, y apuntó al desarrollo compartido y a la estabilidad del mercado energético.

El volumen de exportaciones petroleras venezolanas alcanzó 1,25 millones de barriles diarios, el mayor nivel en siete años, tras la implementación de reformas en el área de hidrocarburos que facilitaron la entrada de inversiones extranjeras y la participación de empresas privadas. Entre enero y mayo, la producción nacional de crudo aumentó 27,6%, consolidando la recuperación de la industria y elevando el perfil del país como actor relevante en el mercado internacional.

Estados Unidos profundizó su interés en la producción venezolana luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a comienzos de 2026. La Casa Blanca impulsó una estrategia de colaboración con las autoridades interinas y el sector privado.

Por otro lado, el acercamiento entre Caracas y Washington coincidió con el retorno de pasajeros desde Estados Unidos en operativos de repatriación.

En esta jornada, un vuelo procedente de Miami trasladó a 120 venezolanos de regreso al país: 72 hombres, 30 mujeres y 18 menores de edad, como parte del programa oficial de repatriación. En días previos, otro vuelo con 133 connacionales arribó desde la misma ciudad.

En total, 160 traslados de repatriación aterrizaron en Venezuela desde enero del año pasado, la mayoría provenientes de Estados Unidos, y facilitaron el retorno de más de 28.000 ciudadanos a través del plan estatal de retornos. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió a los grupos bajo estrictos protocolos de seguridad y salud, mientras el Ministerio de Interior y Justicia nacional actualizó la cifra de retornados a finales de mayo.

Las proyecciones económicas nacionales estimaron ingresos superiores a 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras durante 2026, lo que representó un aumento de más del 50% respecto al año anterior. El gobierno interino consideró que la modernización de la industria petrolera y la llegada de capital extranjero permitirán sostener este ritmo y ampliar los beneficios en el plano social.

(Con información de EFE)

American Airlines sumará un vuelo diario sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Miami y Maracaibo desde el 14 de julio, según informó la compañía en un comunicado.

La aerolínea ya había reanudado operaciones hacia Venezuela el 30 de abril. El anuncio no precisó el modelo de aeronave asignado a la ruta ni la distribución de asientos en ese trayecto.

En ese comunicado, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, sostuvo que estas incorporaciones de rutas ayudarán a “reconectar a las familias, apoyar las oportunidades económicas y profundizar los lazos de larga data” entre el sur de Florida y las comunidades conectadas por estos vuelos.

La empresa no difundió horarios ni detalles operativos adicionales sobre el inicio de la ruta.

El director comercial de American Airlines, Nat Pieper, afirmó en el comunicado que la compañía está “comprometida a satisfacer las necesidades de los viajeros” y que busca ofrecer la mayor cantidad de vuelos a la mayor cantidad de destinos en la región frente a otras aerolíneas estadounidenses.

Según la empresa, American presta servicio a 100 destinos en el Caribe y Latinoamérica. Entre los ejemplos citados por la propia compañía figuran Anguila; Bimini, en Bahamas; Ocho Ríos, en Jamaica; Caicos del Sur, en Islas Turcas y Caicos; y Montevideo, en Uruguay.

Levine Cava también sostuvo que la ampliación de rutas “refuerza aún más el papel del Aeropuerto Internacional de Miami como centro internacional” y refleja el compromiso de la mayor aerolínea del MIA de conectar a la comunidad con destinos de la región.

El anuncio incluyó el regreso de American a Cap-Haïtien desde Miami

La reactivación de la red regional también incluyó la reanudación de la ruta entre Miami y Cap-Haïtien, en Haití, con inicio el 1 de noviembre y con un vuelo diario.

American detalló que ese servicio se operará con un Boeing 737 con 172 asientos, distribuidos en 156 en cabina principal y 16 en clase ejecutiva.

De acuerdo con el texto base, American prestó servicios en Haití durante más de 50 años antes de interrumpir sus operaciones diarias en Puerto Príncipe y suspenderlas indefinidamente en diciembre de 2024.

En ese momento, la Administración Federal de Aviación impuso una prohibición a las aerolíneas comerciales de Estados Unidos que volaban a la capital haitiana tras una serie de incidentes en los que aeronaves fueron alcanzadas por disparos de pandillas.

American también indicó que en 2014 fue la primera aerolínea comercial en operar en el aeropuerto internacional de Cap-Haïtien después de reparaciones en la pista, y que ese servicio se canceló 6 años más tarde durante la pandemia de COVID-19.

Contexto de demanda y opciones de viaje, según el reporte citado

El retorno a Cap-Haïtien ocurre mientras sigue suspendido el servicio aéreo comercial de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe por la violencia de las pandillas en la capital.

Antes de esa suspensión, Spirit Airlines, con sede en Fort Lauderdale, era la única gran compañía comercial que volaba a Cap-Haïtien.

La interrupción del servicio aéreo elevó los costos para los haitianos que necesitaban viajar al país. El reporte señaló que algunos pasajeros recurrieron a Sunrise Airways, con sede en Haití, que amplió recientemente sus servicios a Boston y Newark, o eligieron conexiones a través de las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas.

El texto también mencionó que Zed Airlines inauguró recientemente vuelos entre Miami y Cap-Haïtien y transportó a un grupo de haitiano-estadounidenses y funcionarios locales en su viaje inaugural el mes pasado. Además, la República Dominicana reabrió recientemente su espacio aéreo para permitir la reanudación de vuelos.

En su comunicado, American afirmó que Haití representa el mayor mercado del Caribe en demanda de pasajeros y que actualmente no tiene servicio de ninguna aerolínea de Estados Unidos.

También sostuvo que el sur de Florida concentra la mayor comunidad haitiano-estadounidense y que residentes de Nueva York y Orlando se beneficiarán de conexiones con una sola escala hacia Cap-Haïtien.

Juan Carlos Liscano, vicepresidente sénior de operaciones de American Airlines en el aeropuerto de Miami: “Nuestro centro de operaciones en Miami es el epicentro para los clientes que viajan al Caribe y Latinoamérica, y American Airlines, sin duda, cuenta con la red más extensa que conecta la región con el resto del mundo”.

“Hoy se conmemora un hito en varios sentidos, incluyendo nuestro regreso a Haití y una mayor prestación de servicios a Venezuela, que en conjunto proporcionan una conexión trascendental con muchas personas en Miami.”

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y figura cercana a María Corina Machado, aterrizó en Venezuela este viernes después de permanecer un año y ocho meses fuera del país. Su retorno se produce en un escenario político alterado por la caída del exdictador Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez al poder en transición.

El exgobernador llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con una bandera venezolana sobre los hombros y afirmó que volvió para continuar lo que definió como la lucha por la libertad y la democracia.

“Venimos a continuar la lucha de Venezuela, la lucha de la libertad, la lucha de la democracia, la lucha por el bienestar de un pueblo que ha padecido 27 años (...) de autoritarismo”, aseguró a la prensa.

Además, Pérez Vivas agregó que su regreso no implicó pactos con quienes consideró responsables de la “destrucción de la república”. También planteó la necesidad de unir a los sectores que, a su juicio, buscan un cambio político y ratificó su respaldo al plan de transición promovido por la oposición venezolana.

El dirigente vinculó esa hoja de ruta con el apoyo de actores internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump. Además, mencionó la expectativa de un pronto regreso de María Corina Machado y pidió mantener la presión para concretar una transición política.

“​No regresamos a pactar con los destructores de la república. Venimos a unir a los verdaderos patriotas. Le plantaremos cara al régimen con la fuerza de la verdad, el respaldo absoluto al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) del presidente (estadounidense Donald) Trump y la convicción del pronto regreso de nuestra líder y amiga, María Corina Machado”, señaló.

En las últimas semanas, dirigentes opositores como Richard Blanco, Lester Toledo, Yon Goicoechea, Carlos Ocariz, Wilmer Azuaje, Marcos Velazco, Roberto Marrero y José Guerra también anunciaron su retorno a Venezuela. La activista hispanovenezolana Rocío San Miguel figuró entre quienes regresaron durante este período.

El retorno de Pérez Vivas y otros dirigentes coincidió con un aumento de la actividad política opositora y con protestas ciudadanas, en un contexto de reactivación tanto en el plano político como en el social.

En paralelo, la Plataforma Unitaria Democrática realizó ayer una reunión en Panamá con representantes de la coalición y con Machado. Del encuentro surgió un manifiesto que delineó acciones ante el nuevo contexto nacional, con el compromiso de presentar una postura unificada en próximas elecciones, no solo en la presidencial, sino también en las municipales y regionales.

La coalición acordó ampliar su base de apoyo y sostener encuentros con sectores sociales y políticos para construir una hoja de ruta hacia la transición democrática. El documento también enfatizó la necesidad de negociar con el chavismo, bajo el liderazgo de Machado y en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática, con foco en la reinstitucionalización del país y en una reconciliación nacional.

Expertos electorales presentes en Panamá sugirieron reformas al sistema de votación, aunque dirigentes opositores advirtieron que el oficialismo podría usar esas propuestas para retrasar nuevos procesos. La coalición insistió en explorar vías técnicas y políticas para lograr la convocatoria de unas elecciones presidenciales.

(Con información de EFE)

Un total de 15 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales exigieron este viernes a la Asamblea Nacional de Venezuela que garantice independencia judicial, transparencia e imparcialidad en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El llamado llegó mediante un comunicado conjunto firmado, entre otras, por el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la alianza global Civicus. Los grupos advirtieron que la designación “no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética".

La Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, debe cubrir en total 20 vacantes en el tribunal: 8 cargos de magistrados que renunciaron o se jubilaron, y 12 nuevas plazas creadas por una reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada en mayo, que amplió la corte de 20 a 32 miembros. Además, el Parlamento designará al inspector de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM).

En el comunicado, presentaron exigencias concretas al Parlamento. Pidieron publicar un cronograma con “cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos”, difundir la lista de aspirantes junto con sus hojas de vida, y fijar criterios de calificación objetivos antes de las evaluaciones.

También reclamaron mecanismos de impugnación con respuestas fundamentadas a cada objeción recibida, así como “espacios reales de participación ciudadana”.

Las organizaciones, señalaron, debe permitir a la sociedad civil seguir cada etapa, presentar información relevante y acceder a las decisiones adoptadas, lo que consideran indispensable para “vigilar y verificar que la selección se realice de forma transparente, imparcial y conforme a estándares internacionales”.

Los grupos también vincularon la renovación del TSJ con la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un tribunal autónomo e independiente, señalaron, “es una condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como para prevenir la repetición”.

La cuestión “resulta particularmente importante en un contexto en el que persisten la criminalización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, prácticas represivas que no han sido erradicadas y frente a las que el Poder Judicial tiene un rol determinante", advirtieron.

Entre los destinatarios del llamado figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los mecanismos internacionales pertinentes, a quienes se pidió monitorear el proceso.

El plazo de postulaciones, que acumula dos prórrogas, cierra el miércoles 18 de junio. Hasta ahora se han registrado más de 600 aspirantes. Una vez cerradas las inscripciones, el Comité de Postulaciones dispondrá de 15 días para recibir impugnaciones y evaluar expedientes, tras lo cual remitirá a la AN la lista de elegibles para los nombramientos definitivos.

(Con información de EFE y AP)

Una escuela vacía con cuadernos aún abiertos sobre las mesas, un bar desierto con su mesa de billar y minas artesanales a cielo abierto sin actividad. Una gran operación militar en el sur de Venezuela contra grupos criminales deja pueblos y minas fantasmas de donde todos huyen.

Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas o guerrillas.

El lunes el ejército se desplegó alrededor de Las Claritas, en una zona de explotación aurífera del estado de Bolívar (sureste) en manos de dos jefes mediáticos, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores de la temible pandilla venezolana Tren de Aragua, según fuentes locales.

Periodistas de la AFP vieron el jueves allí una decena de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas. También había vehículos del Sebin (servicio de inteligencia).

La operación ocurre cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y tras pocas semanas de aprobarse, bajo presión de Estados Unidos, una nueva ley de minería destinada a atraer inversores privados y, sobre todo, extranjeros.

El lunes “venía por aquí caminando y me pasó un grillo silbando por las orejas y cuando escuché me dije eso son los ninjas”, bromea José Guzmán, minero artesanal de 68 años, que sigue trabajando para pagarse “un plato de espaguetis y mortadela” al día.

“Le dije a la gente que nos están atacando y hubo una explosión y después a poco rato como a los dos segundos, fueron dos más”, relata.

Según una decena de testimonios recogidos por la AFP, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.

ONG venezolanas denuncian enfrentamientos. Las autoridades, y en particular la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el cargo desde la captura de Maduro en enero, guardan silencio sobre la operación.

“Espero que no vuelvan”

Muchos trabajadores saludan la acción militar.

“No se imaginan el maltrato (infligido por los tipos) a la población. Era un régimen de terror. Tenías que pagar y pagar una y otra vez. Los que no pagaban, eran ¡fuera! o peor”, dice un minero artesanal bajo condición de anonimato.

“Había malandros armados por todas partes. Espero que el ejército haga operaciones en tierra y ¡Bam-Bam!”, añade.

Un mototaxista que transporta material para un minero afirma que su uniforme de trabajo tenía que pagárselo a los mafiosos en 200 dólares.

“Teníamos que pagar un gramo de oro (120 dólares) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas. Espero que no vuelvan para que podamos vivir con dignidad. Es todo lo que pedimos”, confía.

En Brisas de Cuyuní, un área con kilómetros y kilómetros de minas, no se respira riqueza. En una zona deforestada, la pista de tierra serpentea entre los campamentos. Hay casas de madera cubiertas con plásticos y también balsas donde los mineros sacan el barro con largas mangueras.

El barro se mezcla con detergente en polvo y luego baja por unos toboganes cubiertos de alfombras que absorben el mineral y que serán “lavadas” con agua y mercurio para extraer el oro.

Los toboganes, a veces inmensos, dan la impresión de que ha comenzado la construcción de decenas de puentes sobre lagos.

Con la intervención del ejército, “esto prácticamente está abandonado”, afirma Antonio Figuera, de 47 años, minero artesanal mientras barre un antiguo café. Es “prácticamente un pueblo fantasma”.

El lugar estaba lleno de pequeños comercios. Luego del despliegue militar “se lo llevaron todo, todos los bienes de valor”.

Ahora es un ir y venir de motos que transportan a veces a tres adultos y un niño, o cargadas de bultos.

Un hombre en una moto arrastra un techo de zinc colocado sobre una llanta vieja para no dañarlo. Otros arrastran largos tubos que se mueven por la carretera.

“Nos quedamos aquí porque no queremos que nos saqueen”, afirman dos mujeres de un pequeño restaurante. Este flagelo ya ha comenzado.

Francisco, su esposa y su hija trabajan para tratar de recuperar algo de oro. “No tengo ni un dólar. Nada de ahorros. Tengo que pagar un transporte para la familia y nuestras cosas. Espero que tengamos suerte”, se consuela frente a un montón de barro.

“Si nos vamos a la ciudad, el hambre nos va a matar”, dice por su parte Rafael, minero artesanal de 53 años.

Alexis Pérez, de 52 años, aguarda aburrido junto a la balsa donde vive y trabaja. “Esperando a ver qué dice el gobierno, si nos van a dejar trabajar o si ellos van a tomar de una buena vez esta zona”.

Se prevé que el gobierno otorgue nuevas licencias a multinacionales. Tres grandes empresas operaban aquí en los años 2000, antes de que el presidente Hugo Chávez suprimiera las concesiones.

Mientras tanto, Alexis permite una visita a su “morada”, donde suele pasar dos semanas antes de regresar a Las Claritas con su familia: una cama de madera bajo un mosquitero colocada sobre la tierra convertida en barro por la lluvia, una mesa artesanal con un cepillo de dientes y unas tijeras.

Afuera, dos botas de caucho colocadas al revés sobre unos trozos de madera “para que no se metan las culebras”.

Por lo general trabaja unas 12 horas por día y le da para “medio mantenerse”. “La vida de mina es dura, es trabajo duro, hay peligro” cuenta. Pero existe “la esperanza de agarrar algo”.

(AFP)

Bajo la presión de la administración de Donald Trump, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez aprobó una serie de reformas legales para abrir sectores como los hidrocarburos y la minería al capital privado.

Sin embargo, ese ánimo aperturista no habría llegado al campo venezolano. Con la reciente aprobación de la Ley para el Fomento y la Promoción del Café, el chavismo vuelve a darse por enésima vez con la misma piedra del estatismo, señala un dirigente gremial que prefiere reservar su identidad.

“Esta es una norma con ‘buenos objetivos’, pero que no tiene viabilidad financiera porque todo lo tiene que hacer papá Estado”, comenta la fuente, tras considerar que el oficialismo repite la fórmula intervencionista para activar a sus bases de apoyo con fines electorales.

Aunque el texto promovido por el chavismo contó con el voto favorable de la minúscula fracción opositora que hace vida en la Cámara, el vocero gremial apunta que la consulta pública no incluyó a los representantes de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), miembro de la patronal Fedecámaras.

De todo

La ley consta de 36 artículos y prácticamente en todos se atribuyen responsabilidades y competencias al Ejecutivo nacional para el desarrollo del rubro.

Hasta la participación ciudadana en esta actividad está mediada por el gobierno que, además, se compromete a garantizar los “derechos económicos, sociales y culturales, mejorar sus ingresos, fortalecer el nivel educativo, la atención sanitaria, las condiciones de vivienda y, en general, la protección social de las familias cafetaleras”.

Pese a la crisis económica que padece Venezuela, la norma impulsada por el chavismo dispone que “el Ejecutivo nacional implementará programas de financiamiento diseñados para robustecer la producción y el procesamiento del café venezolano, otorgando créditos destinados a facilitar la adquisición de insumos y la adopción de tecnologías innovadoras”.

El gobierno central también “fomentará todos los eslabones de la producción de la cadena de valor del café, como una estrategia para impulsar y diversificar la economía venezolana, basada en el incremento de la calidad y producción sostenible del café”.

El dirigente gremial opina que el texto parece sacado de los años 70 del siglo pasado, en el apogeo de la llamada Venezuela “saudita”, cuya riqueza por la subida de los precios del petróleo dio pie a la intervención del Estado en todas las áreas de la economía.

¿Cuánto es?

El depuesto Nicolás Maduro declaró en noviembre de 2025 que ese año el país produjo 4 millones 701 mil 550 quintales de café, equivalentes a más de 216 millones de kilos, 55% superior a lo registrado en 2024.

El 31 de mayo, la mandataria interina dijo que entre 2025 y 2026 se alcanzó la cifra de los 4 millones de quintales, de los cuales 1,8 millones se destinaron al consumo interno y el resto a la exportación, según una nota publicada por la Agencia Venezolana de Noticias.

No obstante, la Organización Internacional del Café y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sostiene que Venezuela en realidad se ubicó entre los 700 mil y 800 mil quintales.

El artículo 14 apunta: “El Ejecutivo nacional promoverá las condiciones idóneas para el incremento de las exportaciones del café mediante la implementación de programas de asistencia técnica, fomento de la innovación, respaldo logístico, otorgamiento de financiamiento, establecimiento de una ventanilla única para la simplificación y celeridad de trámites administrativos, optimización de la eficiencia portuaria, prospección de mercados internacionales”, entre otros aspectos.

Sin clases

El Ministerio de Agricultura tendrá que crear ahora un “programa de formación ‘Instituto de Altos Estudios del Café’, dentro de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical”, así como constituir “equipos multidisciplinarios de docentes e investigadores asociados con la red de tecnólogos e innovadores, sustentados en los nuevos avances, que fortalezcan y protejan la producción cafetalera, así como su germoplasma”.

Maduro ordenó en noviembre de 2025 crear la “Universidad del Café”. “Allí tendrán formación de especialidad para seguir dándole cada vez más rango, tanto científico, educativo y de diversos signos”, expresó Maduro.

“El gobierno no puede con las universidades que ya existen y va a inventar otra”, cuestiona la fuente, en alusión a las protestas y paros convocados en estas semanas por los profesores universitarios que reclaman mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo.

La norma fija que el Ejecutivo conformará un “Consejo Nacional para el Fomento y Desarrollo del Café y sus Actividades Conexas”, instancia que concentrará la “asesoría técnico-científica en materia de investigación, innovación, mejoramiento genético, sanidad agrícola, calidad, trazabilidad, sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico aplicados a la cadena de valor del café”.

Los votos

El chavismo está desplegado en una “peregrinación nacional” que es lo más parecido a una campaña electoral. En un mitin en el estado Portuguesa, uno de los mayores productores de café del país, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, destacó el respaldo que prometen brindar a las más de 200 mil familias caficultoras afincadas en 136 de los 335 municipios de Venezuela.

“Están buscando ganarse a los productores, que viven en las localidades más pobres”, estima el gremialista. En paralelo con el paquete de normas que responderían a los intereses de Washington, el oficialismo sancionó esta semana la ley del cacao y avanza con otra para la protección de la ganadería, sectores que en el pasado han sido su granero de votos.

La nota oficial destaca que Alejandro Puglia, designado este jueves vicepresidente del Centro de Internacional de Inversión Productiva del gobierno de Venezuela, es licenciado en Finanzas, magna cum laude de la Universidad Internacional de Florida, MBA de la Universidad de Yale y antiguo consultor senior de la firma Ernst & Young de Nueva York.

Sin embargo, la breve semblanza omite un detalle que no es menor. Puglia pasó 55 días preso en 2016, cuando se desempeñaba como director de la oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia del Parlamento, ese año en manos del opositor Henry Ramos Allup, secretario general del partido Acción Democrática.

Puglia fue detenido por operar un dron con el fin de registrar una manifestación opositora. Esta acción violó una resolución del régimen de Nicolás Maduro, que semanas antes había prohibido el uso de este tipo de equipos.

“Nadie debe ser enviado a la cárcel por el intento de documentar una manifestación pública. El gobierno de Venezuela ha intentado durante mucho tiempo suprimir el hecho de que las protestas de la oposición empequeñecen manifestaciones a favor del gobierno”, expresó por aquellos días la ONG Human Rights Foundation.

Aquel momento era muy particular. La oposición venía de arrasar en las elecciones parlamentarias y asumió la conducción de la Cámara en enero de 2016. Desde el Parlamento, las fuerzas opositoras llamaron a movilizaciones ciudadanas en respaldo a la convocatoria de un referendo revocatorio contra Maduro que, al final, no se concretó por las trabas que impuso el mismo gobierno.

El cambio

“Ya está libre. Gracias a todos los que nos apoyaron en estos 55 días duros”, celebró tras conocerse la liberación de Puglia quien fungía como director estratégico de Comunicaciones y Relaciones Públicas e Institucionales del Parlamento en 2016, Oliver Blanco.

Puglia siempre ha formado parte del equipo de Blanco. “Son muy amigos, en las reuniones del partido Alejandro se mostraba muy callado, reservado, casi no hablaba con nadie, solo que formaba parte de la cofradía de Oliver”, confía un antiguo militante de Acción Democrática.

Así como en el pasado ambos colaboraban con Ramos Allup, dirigente odiado por el chavismo, ahora los dos trabajan para la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Blanco fue designado vicecanciller para Europa y América del Norte el 23 de febrero, nombramiento que generó revuelo por la trayectoria política del funcionario.

Puglia asciende al puesto de vicepresidente del Centro de Internacional de Inversión Productiva, ente que durante casi dos años fue encabezado por Alex Saab, hombre de confianza de Nicolás Maduro que fue entregado en mayo por Delcy Rodríguez a Estados Unidos, que lo requería por distintos casos de corrupción.

Hace una década, la información sobre la captura de Puglia la brindó el general Gustavo González López, entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Hoy González López es ministro de Defensa y comparte tareas de gobierno con Puglia y Blanco.

La vigilia de familiares de presos políticos frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas entró en una nueva fase de tensión. Lo que comenzó la noche del domingo 7 de junio como una acción pacífica para solicitar una reunión con el encargado de Negocios estadounidense, John Barrett, derivó en denuncias de presiones, llamadas intimidatorias y gestiones, por parte de excarcelados o dirigentes políticos, para que los manifestantes levanten las carpas instaladas en las adyacencias de la sede diplomática.

Los familiares permanecen apostados en el sector Valle Arriba de Caracas con un objetivo concreto: exponer los casos de sus allegados detenidos y pedir a Washington que interceda ante el régimen venezolano para lograr su liberación. Sin embargo, según relataron a Infobae, hasta ahora no han sido recibidos por la representación diplomática y, en cambio, han comenzado a recibir mensajes para que desistan de la protesta.

“Todo estuvo tranquilo hasta ayer”, contó una fuente consultada, al describir el momento en que comenzaron las visitas y comunicaciones de personas que les pedían levantar el campamento. Entre los argumentos, según ese testimonio, les insistían en que estaban “creando un problema” y que la liberación de los detenidos “ya estaba hablada”.

Algunos familiares de excarcelados se han acercado a acompañar la vigilia, pero al menos uno de ellos, de acuerdo con la misma fuente, ha sido insistente en que se disolviera la acción de resistencia frente a la embajada. Esa persona habría asegurado que ya existían gestiones avanzadas para la excarcelación de quienes aún permanecen presos, siempre que se retirara la protesta.

“No nos vamos” le dice a Infobae el familiar de uno de los presos políticos. “Llegar hasta acá fue una decisión muy difícil y no nos rendiremos por mucha presión que haya”.

La mayoría de las que están en permanente vigilia, son mujeres, quienes se han. Instalado en un campamento improvisado con toldos y carpas, alrededor del lugar instalaron pancartas con información sobre su permanencia cerca de la embajada y con fotografías de sus familiares presos, reclamando por su libertad.

Presionan para levantar la protesta

La periodista Maryorín Méndez también alertó sobre la situación a través de la red X. Según publicó, “los familiares que cumplen su quinto día de vigilia a pocos pasos de la Embajada de Estados Unidos denunciaron amenazas para que abandonen el lugar, presuntamente realizadas desde un número telefónico extranjero”. Añadió, además, que dirigentes políticos han intentado convencerlos de retirarse.

Varios vecinos de la urbanización Valle Arriba, donde está la sede de la embajada estadounidense, les brindan apoyo logístico, incluyendo alimentos, abrigos, acceso a los baños y conexión para cargar los teléfonos celulares, a quienes pernoctan esperando ser recibidos por la misión diplomática. La activista Gabriela Álvarez denunció que esas personas sufrieron seguimiento por organismos de seguridad del Estado.

Los familiares

Entre quienes se mantienen en vigilia figuran Jessica Castro, sobrina de Gustavo Adolfo Hernández Barranco; Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín; Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones; y Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca. También participan otros familiares de personas recluidas en el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y La Planta.

Con el paso de las horas, a la protesta se sumaron familiares de detenidos por presunto contrabando en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el expediente conocido como Pdvsa-Obrero. Entre ellos se encuentra Zimaru Fuentes, familiar del militar retirado Larry José Moya.

Los manifestantes sostienen que su reclamo va más allá de casos individuales. Afirman que la liberación de los presos políticos y el saneamiento del sistema de justicia son condiciones indispensables para la recuperación institucional del país y para la normalización de sus relaciones internacionales.

Robert Villamarín está detenido desde el 2 de agosto de 2023 por el denominado caso drones, el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018; es hijo de Rosario Pacheco, una de las mujeres apostadas en vigilia cerca de la embajada. “En los tribunales siempre nos han evadido, nos dan falsas expectativas. Hemos ido a todos los tribunales buscando que me escuchen”, le dijo al diario Tal Cual, agregando que todas las audiencias de su hijo han sido diferidas.

Jessica Castro, otra de las que pernocta en las inmediaciones de la embajada, invitó a otros familiares de presos políticos y víctimas para que se sumen a jornada de protesta.

Por su parte, Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, le dijo a EFE que el objetivo que se propusieron es quedarse en vigilia “hasta que tengamos una respuesta positiva”, que será cuando sus familiares estén en libertad. “Ya no vamos a aceptar que los representantes del Gobierno nos sigan engañando con promesas vacías”, aseguró.

La vigila se originó luego del traslado de prisioneros desde El Helicoide a otras cárceles del país, por lo que sus familiares buscan exponer la situación al encargado de negocios de la delegación estadounidense y que John Barrett interceda ante las autoridades venezolanas.

Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que, aseguró, supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, por lo que exigió al Gobierno del país vecino que “asuma plenamente su responsabilidad”.

La Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alertó en un comunicado del “desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras”.

Caracas aseveró que el vertido fue confirmado “por imágenes satelitales” y señaló que varios organismos han activado los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.

Venezuela solicitó al Gobierno trinitense que adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y que garantice “plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame”.

El Gobierno de Rodríguez agregó que se reserva las acciones correspondientes ante instancias internacionales para “determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares”.

El 9 de mayo pasado, Caracas avisó de un vertido desde Trinidad y Tobago con una “grave afectación ambiental” en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro (noreste).

Un día después, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, afirmó a EFE que no era visible un derrame de hidrocarburos procedente de su país.

Posteriormente, Venezuela pidió una indemnización por las consecuencias de la fuga de hidrocarburos en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo el 18 de mayo que su país había enviado distintas comunicaciones al Gobierno trinitense para evaluar el impacto del vertido.

El jefe de la diplomacia de Caracas advirtió entonces de una afectación de 1.625 kilómetros cuadrados en doce sistemas de humedales estratégicos, así como en la actividad de más de quinientos pescadores, e indicó que cuatro parques nacionales estaban en riesgo.

Hasta ese momento, se habían recogido más de doce toneladas de productos de hidrocarburos, según el funcionario, que añadió que, entre los años 2015 y 2023, ocurrieron en la zona más de 876 derrames de distintos tipos de compuestos.

Asimismo, Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.

En un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, también se suscribieron varios acuerdos para el “desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata”, en el estado de Monagas (este).

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación” de este recurso.

Asimismo, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, calificó el otorgamiento como un “paso histórico” debido a que el campo transfronterizo “estuvo sin desarrollo” durante 23 años, por lo que celebró la alianza con “una de las empresas más importantes en el mundo”, en referencia a Shell.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, señaló que se firmaron “las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo” en barriles “en superficie” con el desarrollo de esos yacimientos de petróleo y gas ubicados en Monagas.

Por su parte, el presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, expresó que estas firmas representan “un logro maravilloso” tanto para Venezuela como para la transnacional.

“Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos”, afirmó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Con información de EFE)

El suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio del Táchira, cuando intentaba cruzar desde Colombia hacia Venezuela para reunirse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, de un año y cuatro meses en ese momento. Los vuelos directos estaban suspendidos por tensiones diplomáticas entre los dos países, por lo que el tramo fronterizo debió hacerlo por tierra.

En la frontera, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) —de civil, armados y sin identificación visible— le solicitaron el celular. Gallo accedió, convencido de que no tenía nada que ocultar. El agente abrió el WhatsApp y buscó en el historial de conversaciones una sola palabra: “Maduro”. Encontró un intercambio entre Gallo y Gómez en el que el gendarme comentaba, en tono privado, una foto que su pareja le había enviado sobre la recompensa ofrecida por Estados Unidos por la captura del líder venezolano. “Ese fue el detonante”, reconoció Gallo ante las cámaras.

Lo que siguió fue un traslado a San Cristóbal, donde en una tercera entrevista los agentes encontraron en el celular una foto en la que se veía el logo de la GNA en su campera. Desde ese momento, el trato cambió. Le esposaron los pies y las manos. Le taparon la cabeza. Le dijeron que hablaba mal de su presidente.

Torturas físicas y psicológicas

Durante el reportaje, Gallo admitió haber sufrido torturas físicas durante los interrogatorios en el DGCIM y torturas psicológicas a lo largo de toda la detención en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda. En abril, declaró ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli en una audiencia virtual de más de tres horas, en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.

Según describió, las condiciones de reclusión fueron una celda sin acceso al sol durante meses, con cucarachas y hormigas, agua con óxido de mineral que endurecía el cabello, y una rutina de sometimiento: a las cinco de la mañana, un grito los obligaba a ponerse de pie, decir su nombre completo y su número de pasaporte. A las nueve de la noche, silencio obligatorio. “A las cinco de la mañana te gritaban mientras todos dormían”, recordó.

También presenció la tortura de un compañero de celda al que sacaron, le echaron gas pimienta, lo esposaron y lo llevaron a lo que los detenidos llamaban “la cama del tiempo”: aislamiento total, desnudo y esposado. El motivo fue haber preguntado cuándo terminaría el cautiverio. “Vos sabés que no es la forma y no podés hacer nada”, dijo Gallo.

Ante la pregunta directa sobre si pensó en quitarse la vida, el gendarme respondió sin rodeos: “Lo pensé, pero no tuve el coraje”. Fue al cumplirse el primer año de detención, cuando vio que otros detenidos venezolanos llevaban cinco o diez años encerrados y ninguna respuesta llegaba desde afuera.

El pabellón de extranjeros y las fichas de ajedrez

Por otro lado, Gallo recordó que compartió el pabellón de extranjeros con detenidos de 35 nacionalidades: peruanos, colombianos, estadounidenses, venezolanos. Para no perder la cordura, corrían, jugaban al ajedrez con fichas fabricadas artesanalmente con jabón derretido y papel higiénico, y hablaban de sus países. Gallo explicaba qué era el mate y la factura; discutía con los peruanos sobre si fue San Martín o Simón Bolívar quien liberó al Perú.

Con el jabón celeste venezolano —de ropa— y el jabón blanco de baño fabricaron también un tablero de ajedrez cuyos cuadros tenían los colores de la bandera argentina. Desde ahí, Gallo pintó esa bandera en la pared del baño. Un compañero colombiano le advirtió que tendría problemas. Los tuvo: la borraron. Pero la había hecho.

La dieta era arepa por la mañana, arroz o fideos al mediodía y arepa otra vez por la noche. Carne vacuna no había. En octubre, tras la liberación de los detenidos colombianos, Gallo hizo una huelga de hambre de dos días para exigir carne. Al día siguiente se la trajeron, aunque la describió como “durísima”.

El día de la liberación

El sábado 1° de marzo de 2026, sostuvo, el director de la cárcel se acercó a su celda y le dijo que se preparara. Gallo pensó que lo trasladaban a otro centro de detención, como ya había ocurrido con detenidos de otros países cuyas negociaciones habían caído. “No la veía la luz de que me iba a ir”, confesó.

Lo trasladaron en camionetas del DGCIM, encapuchado y esposado hacia atrás. Ya en las instalaciones del organismo en Caracas, le dijeron que firmara unos papeles. Gallo se negó hasta que le devolvieran sus pertenencias. El documento que firmó establecía que había tenido acceso a un debido proceso, atención médica, comida y patio.

Al día siguiente, lo llevaron al aeropuerto de La Carlota. Ahí, en una oficina, se encontró con dos dirigentes de la AFA —Luciano Nazzi y Fernando “Gaucho” Vilas Casares, secretario de ceremonial y protocolo— y con Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Fútbol de Venezuela. Jiménez le explicó que su liberación había sido producto de una negociación con Tapia.

En el vuelo de regreso, sostuvo que habló con los dos dirigentes de la AFA sobre la selección argentina. Llegó a Buenos Aires sin terminar de procesar lo que había pasado. El encuentro con Tapia fue semanas después, en la cancha de Boca Juniors, durante el amistoso de la selección argentina contra Zambia. “Le agradecí, le dije: ‘Muchísimas gracias por su gestión’. Hasta ahí nomás y listo”, contó.

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha denunciado la expropiación de su casa en Caracas por parte de las nuevas autoridades de Venezuela lideradas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegurando que han convertido su vivienda en una residencia de ancianos y que en el proceso las autoridades mataron a sus perros.

“Es la casa donde crecieron mis hijos, y lo robaron todo, la destrozaron por completo y mataron a los perros. Y la semana pasada, reinauguraron la casa como centro de atención sanitaria para personas mayores”, ha denunciado el líder opositor en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

López ha achacado esta maniobra a su apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero para sacar del poder al dictador, Nicolás Maduro, y llevarle ante un tribunal de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

“Después de que apoyara el despliegue de la Armada de los Estados Unidos para derrocar a Maduro, entraron en mi casa, la única propiedad que tengo en Venezuela, y lo robaron absolutamente todo”, ha relatado, al tiempo que ha detallado que las autoridades incluso “mataron a los perros” que tenía en dicha vivienda.

Según el dirigente de Voluntad Popular, que se reside en España desde octubre de 2020, el mensaje que buscan mandar las autoridades de Venezuela “es muy claro” y es que “no hay Estado de Derecho” en el país, insistiendo en que la situación no ha cambiado con la llegada de Rodríguez.

“Este es un caso entre miles de expropiaciones que han tenido lugar en Venezuela. Esto lleva sucediendo desde hace años. Y ahora está ocurriendo bajo el mandato de Delcy Rodríguez. No es una decisión de Maduro”, ha afirmado.

En este sentido ha apuntado directamente a la presidenta encargada. “Fue Delcy Rodríguez quien decidió hacer esto, expropiar, destruir, matar a los perros y, básicamente, intentar encubrirlo con lo que parecen presentar como un programa social”, ha señalado.

Por otra parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reunió este jueves en Oslo con la líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para analizar el proceso político que atraviesa Venezuela tras ser depuesto Nicolás Maduro a principios de año en una intervención militar estadounidense.

“Un proceso democrático es el único camino para una estabilidad duradera y el avance de la democracia. Las reformas económicas deben ir de la mano con las democráticas. Para Noruega es importante resaltar que un verdadero avance en Venezuela exige democracia e instituciones fuertes”, señaló Støre en un comunicado.

Støre calificó de “inaceptable” cualquier medida de represión política o violación de los derechos humanos y llamó a respetar la voluntad de los venezolanos.

“Fue un agradable reencuentro con la ganadora del nobel de la Paz María Corina Machado, con quien me había reunido en diciembre con motivo de la entrega del premio. Es útil escuchar cómo ve la situación política en Venezuela después de un semestre dramático”, dijo el primer ministro noruego.

Machado ha viajado a Oslo esta semana para participar en el Foro de la Libertad de Oslo, una iniciativa anual organizada desde 2009 por la oenegé estadounidense Human Rights Foundation.

(Con información de Europa Press y EFE)

El anuncio se realizó durante un acto encabezado en Caracas por Rodríguez, quien también suscribió acuerdos para el desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital en la división Punta de Mata, estado de Monagas.

“Hoy estamos dando un paso histórico. Así lo considero yo. Con la firma de esta licencia para la fase número 1 del desarrollo, la explotación del campo Lorán”, sostuvo la presidenta encargada durante la ceremonia de firma, transmitida por la televisión estatal. “Es una licencia que va a permitir que Venezuela de un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas”, agregó.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación” y sostuvo que el campo permaneció sin desarrollo durante 23 años. La mandataria chavista destacó la alianza con Shell como un avance significativo para el sector energético nacional.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, detalló que se firmaron “las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo” en barriles “en superficie” con el desarrollo de los yacimientos ubicados en Monagas.

El presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, calificó los acuerdos como “un logro maravilloso” para el país caribeño y la compañía. “Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos”, expresó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Más temprano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó sobre una inspección conjunta con representantes de Shell en un complejo de distribución y recepción de gas en Monagas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y la producción.

La inspección estuvo encabezada por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, y Costello, según informó la petrolera estatal a través de su cuenta de Telegram.

Durante la visita, los directivos acordaron avanzar en la expansión de la capacidad de producción, el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de gas y la mejora de la confiabilidad operacional del complejo, según detalla el comunicado.

La firma de estos convenios fue posible tras la aprobación, en enero, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que facilita la inversión privada y extranjera bajo el amparo de Estados Unidos. Durante la ceremonia, Rodríguez formalizó los acuerdos con Shell en presencia del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum. Entre los convenios figura una alianza técnico-financiera para desarrollar una de las divisiones de PDVSA.

Los convenios apuntan al aumento de la disponibilidad de diluyentes necesarios para producir el crudo Merey —el principal producto de exportación del país— y para abastecer la refinería de Puerto La Cruz, con una capacidad de 187.000 barriles diarios, para la producción de combustibles, señaló el Gobierno en un comunicado.

La empresa británica BP también tiene interés en participar en el yacimiento de gas Loran y en el proyecto vecino de gas costa afuera Cocuina-Manakin, conforme a acuerdos separados firmados con el Gobierno venezolano en abril.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, agradeció este jueves a la líder opositora venezolana María Corina Machado el respaldo que le expresó ante las protestas y bloqueos de carreteras que desde principios de mayo exigen su renuncia, y aseguró que trabaja para devolver la “normalidad” al país.

“María Corina, agradezco, en nombre del pueblo boliviano, el respaldo expresado a nuestra democracia, a la institucionalidad y a la voluntad soberana de los bolivianos”, escribió Paz en X.

El mandatario, que lleva siete meses en el gobierno, sostuvo que Bolivia “valora profundamente la solidaridad de aliados democráticos” de la región y afirmó estar comprometido con “sacar a Bolivia de la profunda crisis que dejaron los anteriores gobiernos, proteger la democracia y garantizar la libertad de todos los bolivianos”. La referencia apunta a los casi veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo Evo Morales y Luis Arce. Economista y ex alcalde de Tarija, Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025 tras derrotar en segunda vuelta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con aproximadamente el 54,5% de los votos en los primeros comicios bolivianos con ballotage.

El día anterior, Machado había publicado un comunicado en el que expresó su “firme respaldo” al gobierno boliviano “legítimamente electo” y condenó “cualquier intento de desconocer el mandato popular, desestabilizar las instituciones democráticas y generar escenarios de confrontación” en el país andino. La dirigente venezolana, premio Nobel de la Paz, advirtió que la crisis boliviana trasciende sus fronteras: “lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país, la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio”, señaló. La ex diputada pidió además a la comunidad internacional defender activamente el orden constitucional boliviano.

Las protestas comenzaron a principios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), a las que se sumaron grupos afines a Morales. La detonación inmediata fue una ley que habilitaba la hipoteca de tierras, aunque Paz la anuló el 13 de mayo; las movilizaciones continuaron de todos modos y derivaron en una exigencia directa de renuncia presidencial. En su punto de mayor intensidad, cerca de 90 puntos de bloqueo afectaron simultáneamente a seis departamentos del país.

El conflicto ha dejado al menos 16 muertos —13 de ellos por no recibir atención médica oportuna a causa de los bloqueos— y pérdidas económicas de 2.500 millones de dólares. Varias ciudades sufrieron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible durante semanas.

El respaldo de Machado se suma al que el 5 de junio expresaron los trece países miembros del Escudo de las Américas —entre ellos Estados Unidos, Argentina y Chile—, que condenaron en una declaración conjunta los intentos de derrocar al gobierno de Paz y acusaron a grupos vinculados al narcotráfico de financiar las movilizaciones. Este jueves, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo convocaron a un “Pacto social por la paz y la reconciliación”, pero los sectores movilizados rechazaron la iniciativa y reiteraron que su única condición es la dimisión del presidente.

El intercambio entre Paz y Machado ilustra la dimensión regional que ha adquirido la crisis boliviana. Mientras el gobierno acumula respaldos en el bloque democrático del hemisferio, la movilización interna no cede y el diálogo permanece cerrado, sin que ninguna de las partes haya dado señales de querer ceder terreno.

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga del plazo de postulaciones a magistrados y otros cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco del proceso de reformas judiciales impulsado por el oficialismo. El Comité de Postulaciones, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, resolvió extender el periodo de inscripciones hasta el próximo miércoles a las 16:00, hora local, tras registrar más de seiscientos aspirantes.

La Asamblea Nacional inició en mayo el proceso de reforma judicial al modificar la ley del TSJ y establecer que la máxima instancia judicial del país quedará conformada por 32 jueces. La reforma amplió la Sala Constitucional, que pasó a integrar siete magistrados, y elevó a cinco integrantes el resto de las salas. Antes de los cambios, la Sala Constitucional tenía cinco magistrados y las demás salas, tres.

El llamado a postularse se realizó el 22 de mayo y estuvo dirigido a juristas venezolanos interesados en cargos como magistrados del TSJ, inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura. La Asamblea Nacional prevé sustituir a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y designar a 12 nuevos, que se sumarán a los doce que continúan en funciones.

El cronograma establece que, una vez concluida la presentación de candidaturas, se abrirá un lapso de 15 días para la recepción de impugnaciones y la evaluación de expedientes. Luego, el comité remitirá al Parlamento la lista de postulantes elegibles, paso previo a la elección definitiva de los nuevos magistrados y otros cargos judiciales por parte de la Asamblea Nacional.

La reforma judicial forma parte de una agenda institucional más amplia promovida por el gobierno venezolano. El 1 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró una consulta nacional para reformar la justicia penal. En ese acto, identificó tres problemas del sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza. Un primer análisis gubernamental determinó que el 68% de las personas privadas de libertad provienen de estratos sociales y económicos menos favorecidos.

En paralelo, el gobierno avanza con una reestructuración de la administración pública. El jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería, Héctor Rodríguez, expuso ante la Asamblea Nacional que el aparato estatal está compuesto por 3,5 millones de empleados públicos, 35 ministerios y 150 viceministerios, además de institutos. Calificó esa estructura como insostenible y señaló que el plan incluye reducción y fusión de ministerios y organismos por superposición de competencias.

Rodríguez agregó que el diagnóstico también revisa el uso de sedes institucionales. Según explicó, se detectaron casos de dependencias que pagan alquileres mientras existen edificios públicos vacíos o subutilizados.

El proceso ocurre en un contexto de protestas y reclamos sociales. En los últimos días, trabajadores sindicalizados se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República en Caracas para exigir mejores condiciones laborales y elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez, al frente de la presidencia encargada, pidió a su ministro de Educación la elaboración de un plan para adaptar el gobierno a la nueva realidad del país, con la expectativa de presentar propuestas en un plazo máximo de 90 días.

(Con información de EFE)

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, declaró en rueda de prensa en Caracas: “Nosotros entendemos que las soluciones no son de un día para otro, que son graduales, pero tienen que empezar a darse”.

Afonso considera que el Gobierno debe convocar a las federaciones de universidades y colegios para negociar las convenciones colectivas, con el objetivo de que las remuneraciones se paguen a través de sueldos y no mediante bonificaciones que no inciden en beneficios como prestaciones o vacaciones.

“Hemos demostrado suficiente sacrificio para dar cuenta y testimonio de la vocación que tenemos en que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor”, afirmó el representante de la APUCV.

Afonso expresó su disposición a participar en el diálogo propuesto por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan, siempre que se elabore una agenda que aborde el problema central y evite la paralización de la educación.

“El mensaje es claro, quien está comprometiendo el futuro de la educación es el Gobierno”, sostuvo el catedrático. Añadió que, en la actualidad, el profesor universitario con mayor escala “no supera un dólar” mensual en remuneración.

El dirigente sindical informó que, en total, 20 universidades públicas del país se sumaron al paro.

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, aseguró que el paro en las escuelas públicas alcanzó un 80% de cumplimiento, pese a amenazas y presencia de funcionarios policiales en los centros educativos para “amedrentar”.

Márquez señaló que, además del paro, docentes de distintas regiones organizaron concentraciones, marchas y asambleas como protesta ante los bajos salarios. También agradeció a los padres y representantes que no enviaron a sus hijos a las escuelas, en señal de solidaridad.

Durante un recorrido por varias instituciones públicas en Caracas, la agencia EFE constató que gran parte de la Universidad Central de Venezuela (UCV) permanecía desierta, y en algunas escuelas se observó escasa presencia estudiantil.

La Federación Venezolana de Maestros difundió imágenes de escuelas cerradas o vacías en varios estados del país.

A fines de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento a 240 dólares de un ingreso compuesto por bonificaciones y otro de 70 dólares para pensionados, medida rechazada por los sindicatos venezolanos.

Mientras tanto, el salario mínimo sigue en 130 bolívares desde 2022, lo que equivale actualmente a 22 centavos de dólar al mes.

Venezuela y la transnacional tecnológica SLB (antes conocida como Schlumberger) firmaron en Caracas un memorando de entendimiento orientado a explorar oportunidades de cooperación en servicios petroleros y de gas mediante el uso de tecnología de vanguardia.

Según el Gobierno venezolano, el acuerdo busca “concretar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero y gasífero, impulsando la transferencia de tecnología de vanguardia para la exploración, perforación y optimización de yacimientos en el país”.

La alianza también abarca el sector minero, el cual se encuentra abierto a la inversión privada y extranjera tras la aprobación de la nueva Ley de Minas por el Parlamento de mayoría chavista en abril.

El acuerdo fue suscrito en el Palacio de Miraflores por el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, quien señaló que se trata de “acuerdos preparatorios” y expresó su expectativa de lograr pronto “un acuerdo definitivo” que beneficie tanto a la industria petrolera venezolana como a los futuros inversionistas.

Por su parte, Le Peuch calificó como un honor “reinvertir a gran escala en este país y apoyar a PDVSA” y a Venezuela, resaltando que los recursos del país son “únicos”. Subrayó la oportunidad de generar tecnología y excelencia en la producción, perforación y colaboraciones digitales, incorporando incluso el uso de inteligencia artificial.

Según Le Peuch, “juntos podemos construir algo único para el país, para la industria y para el mundo que puede desbloquear el valor de sus reservas y atraer más inversión, más tecnología y más desarrollo”.

El evento fue transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) y estuvo presidido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez manifestó su confianza en que este memorando “sea el inicio de un gran camino de cooperación” para avanzar hacia el “objetivo común” de brindar “desarrollo energético a un mundo que necesita equilibrio en este sector”.

Rodríguez afirmó también: “Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción y eso, sin duda alguna, va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad de nuestra empresa pero también la productividad de nuestros campos”.

El acuerdo se firmó en un contexto que la propia mandataria describió como un “nuevo momento” para el país, caracterizado por la apertura de sectores estratégicos como el petróleo y la minería, impulsada por recientes acercamientos con Estados Unidos.

Durante el acto, la presidenta encargada enfatizó que Venezuela “cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo”.

Estados Unidos anunció este miércoles una nueva flexibilización de las sanciones sobre Venezuela con el objetivo de facilitar inversiones y acuerdos comerciales entre empresas extranjeras y compañías controladas por el Estado venezolano. Los cambios se concentran en sectores clave como el petróleo, el gas natural, la petroquímica, la minería y la generación eléctrica, áreas consideradas fundamentales para reactivar la actividad económica del país.

Las nuevas disposiciones fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y modifican aspectos centrales de las licencias emitidas este año.

Hasta ahora, los acuerdos autorizados bajo las licencias estadounidenses debían estar regidos exclusivamente por leyes de Estados Unidos. Con la modificación anunciada este miércoles, los contratos podrán incorporar determinadas normas venezolanas relacionadas con la actividad económica desarrollada dentro del país.

Según la aclaración emitida por el Tesoro, se permitirá reconocer aspectos vinculados a permisos administrativos, concesiones, regulaciones laborales, normas ambientales, requisitos sanitarios y otras facultades regulatorias propias del Estado venezolano.

La decisión busca resolver uno de los principales obstáculos que habían surgido durante las negociaciones entre compañías energéticas y Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal que controla la producción de hidrocarburos en el país.

Las autoridades estadounidenses también ampliaron las opciones para resolver controversias contractuales. Hasta ahora, los litigios debían tramitarse exclusivamente en territorio estadounidense. A partir de la modificación, las partes podrán recurrir además a tribunales o mecanismos de arbitraje ubicados en el Reino Unido, Francia o Singapur.

El Departamento del Tesoro mantuvo, sin embargo, una serie de restricciones destinadas a conservar el control sobre los flujos financieros asociados a estas operaciones. Las licencias establecen que los pagos dirigidos a personas o entidades bloqueadas deberán canalizarse a fondos supervisados por el gobierno estadounidense, salvo aquellos relacionados con impuestos, permisos o tasas locales.

Las modificaciones abarcan no solo al sector petrolero. También alcanzan actividades relacionadas con gas natural, petroquímica, electricidad y minerales venezolanos, incluido el oro. En este último caso, Washington actualizó una licencia específica para autorizar determinadas operaciones comerciales vinculadas con minerales extraídos en Venezuela.

No obstante, las nuevas autorizaciones mantienen límites importantes. Las empresas beneficiadas podrán comprar, transportar, almacenar, exportar o comercializar minerales venezolanos, pero seguirán impedidas de participar directamente en actividades de exploración, extracción o desarrollo de nuevos proyectos mineros dentro del país.

Las licencias también excluyen cualquier operación vinculada con personas o empresas sujetas a sanciones individuales, así como transacciones relacionadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. De igual forma, se prohíbe la utilización de monedas digitales emitidas por el régimen venezolano y se mantienen restricciones sobre embarcaciones bloqueadas por las autoridades estadounidenses.

Otro punto incorporado por el Tesoro obliga a las empresas a reportar información detallada sobre las operaciones realizadas. Los informes deberán incluir las partes involucradas, volúmenes comercializados, precios, destinos finales de los productos y pagos efectuados a organismos del Estado venezolano.

En el caso de los minerales, las compañías también tendrán que presentar documentación que permita rastrear el origen de los materiales y verificar la cadena de suministro.

La flexibilización ocurre en un momento en que diversas compañías energéticas evalúan ampliar su presencia en Venezuela. Varias empresas estadounidenses y extranjeras mantienen conversaciones con PDVSA para desarrollar nuevos esquemas de producción bajo las licencias otorgadas por Washington.

Las modificaciones forman parte del proceso de flexibilización impulsado por la Casa Blanca desde comienzos de este año. Desde enero, Washington ha introducido una serie de medidas destinadas a permitir una mayor actividad económica en sectores clave de Venezuela, aunque manteniendo mecanismos de supervisión sobre los ingresos generados por esas operaciones.

En las últimas semanas, además, el régimen venezolano revisó algunos borradores de contratos de producción compartida después de que compañías del sector energético expresaran preocupaciones por determinadas cláusulas que consideraban incompatibles con las condiciones exigidas por las licencias estadounidenses.

(Con información de Reuters)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este miércoles la clausura de El Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela y uno de los símbolos de la represión chavista denunciados reiteradamente por organismos internacionales.

La decisión fue adoptada en una sentencia que condenó al Estado venezolano por la detención arbitraria y los abusos sufridos por el estudiante Jorge Rojas tras una manifestación realizada en Caracas en 2003.

El tribunal estableció que la cúpula chavista deberá clausurar el centro de detención en un plazo máximo de 18 meses desde la notificación del fallo. Además, dispuso que las personas que actualmente permanecen recluidas en esas instalaciones sean trasladadas a otros establecimientos que garanticen condiciones compatibles con los estándares internacionales sobre integridad física, libertad personal y debido proceso.

“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide’”, señala la resolución. El fallo también ordena que cualquier traslado de detenidos se realice respetando las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión representa uno de los pronunciamientos más severos emitidos por el sistema interamericano respecto de Venezuela. En su sentencia, los jueces señalaron que múltiples organismos nacionales e internacionales documentaron durante años denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles dentro de ese centro de reclusión.

La Corte destacó especialmente las conclusiones de distintos mecanismos de monitoreo de derechos humanos que identificaron un patrón persistente de abusos contra personas privadas de libertad. Entre ellos figura la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según la sentencia, existen fundamentos suficientes para concluir que numerosos detenidos en El Helicoide fueron víctimas de torturas y otros tratos degradantes mientras permanecían bajo custodia estatal. El fallo atribuye esas violaciones a organismos de inteligencia venezolanos que operaban en el lugar.

El caso que dio origen a la condena internacional se remonta al 19 de septiembre de 2003, cuando Jorge Rojas fue arrestado durante una protesta desarrollada en la Plaza Francia de Altamira, uno de los principales puntos de concentración de las manifestaciones opositoras durante el gobierno de Hugo Chávez.

Los magistrados concluyeron que las autoridades restringieron de manera indebida su participación en una protesta pacífica y vulneraron derechos relacionados con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la participación política.

La sentencia dedica una parte central a los abusos sufridos por Rojas durante su permanencia bajo custodia estatal. De acuerdo con las conclusiones de la Corte, el estudiante fue sometido a actos de tortura mientras permanecía detenido en El Helicoide.

“Fue objeto de actos de tortura, fue golpeado en distintas partes de su cuerpo, fue objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, fue apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución”, indica el fallo.

La Corte sostuvo además que esas agresiones ocurrieron en un contexto de impunidad frente a denuncias similares registradas en ese mismo centro de detención. Los jueces señalaron que los responsables de los hechos nunca fueron investigados adecuadamente y que el régimen chavista incumplió su obligación de esclarecer lo ocurrido.

Tras su arresto, Rojas fue condenado en 2004 a cuatro años y seis meses de prisión por diversos delitos. Su defensa presentó recursos para impugnar la decisión, pero las instancias judiciales venezolanas mantuvieron la condena. Recién en 2009 se declaró extinguida su responsabilidad penal y se ordenó su libertad plena.

El Helicoide fue concebido originalmente en la década de 1950 como un complejo comercial y arquitectónico de gran escala, pero nunca llegó a cumplir esa función. Con el paso de los años fue ocupado por organismos estatales y terminó convertido en sede de los servicios de inteligencia.

(Con información de EFE)

Agencias de noticias y organizaciones no gubernamentales señalan que desde ayer se desarrolla un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra grupos criminales en el Arco Minero del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, sin que hasta el momento de escribir esta nota el gobierno de Delcy Rodríguez haya informado absolutamente nada al respecto.

“Situación crítica en el sur del estado Bolívar: Km 33 al Km 88, Las Claritas, municipio Sifontes (...). Informes verificados confirman la operación de la FANB, que involucra helicópteros armados en el área de Las Brisas y alrededores, dirigida contra líderes mineros armados”, publicó en sus redes la ONG SOS Orinoco, que desde 2018 da seguimiento a lo que ocurre en esta región del país.

Una cuenta del gobierno se limitó a desmentir la versión de un medio digital que tituló que “contingentes de militares estadounidenses y venezolanos llegan para controlar minas de El Callao”. El viceministro William Castilló cargó contra el editor de esa página, el ex preso político Nicmer Evans, ironizando: “Necesita tratamiento. Hay que ingresarlo”. No obstante, las autoridades no han ofrecido su versión.

Larga mano

Puede que no haya tropas de Estados Unidos, pero todos ven la alargada sombra de la administración de Donald Trump en esta acción militar. Hace apenas una semana, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, realizó una sorpresiva visita a Caracas.

Sin que hayan trascendido mayores detalles sobre la agenda de Caine, de inmediato corrió el rumor de que el oficial norteamericano había venido para ordenar la “limpieza” del Arco Minero, con el fin de desplazar a los grupos irregulares que actúan en la zona y abrirle paso a las empresas norteamericanas que vienen a explotar las riquezas venezolanas.

Expertos en temas de seguridad afirman que en esta área de casi 112 mil kilómetros cuadrados rica en oro, coltán y diamante, entre otros, tienen presencia distintas mafias, así como miembros de las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Luego del ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez estrechó los lazos con Washington y ha emprendido una serie de reformas económicas, incluida una modificación de la ley de minas, para abrir el país al capital privado.

El secretario de Interior y presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, Doug Burgum, se reunió el 4 de marzo en el palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez.

“Burgum, quien está acompañado por más de 20 empresas del sector privado relacionadas con la minería, propone abordar temas sobre minería, minerales metálicos y estratégicos, así como los flujos de inversiones y nuevas tecnologías para el desarrollo del sector”, detalló un boletín de la Presidencia de la República.

Antes de que Caine pasara por Caracas, ya el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, había pisado territorio venezolano en dos ocasiones, el 18 de febrero y el 23 de mayo. En la última ocasión, la llegada de Donovan levantó una polvareda al formar parte de un ejercicio militar con aeronaves militares estadounidenses que aterrizaron en su sede diplomática.

Con cuidado

La ONG Provea pudo confirmar que “la operación está siendo conducida por efectivos del Ejército venezolano en el Km 88 del estado Bolívar, territorio controlado por grupos armados ilegales que operan en el marco del Arco Minero del Orinoco”.

“Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona”, manifestó Provea, que solicita al gobierno de Delcy Rodríguez “que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área”.

El exgobernador del estado Bolívar y dirigente opositor, Andrés Velásquez, enfatizó que “no es la primera vez que la FANB actúa en las zonas mineras, cosa que generalmente ocurre para marcar la zona cuando se producen cambios de mandos militares. Pero hay que dejar claro que la presencia de bandas armadas tiene una completa alineación con sectores militares, que reciben su pago directamente de las bandas armadas”, denunció.

Tras conversar con la presidenta interina Rodríguez, el secretario Burgum declaró que “Venezuela es un país sumamente rico y somos vecinos geográficos con grandes sinergias. Las oportunidades ahora mismo son más grandes que nunca”. Comenzó la conquista de El Dorado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, durante una actividad con tropas en la base de Guantánamo, en Cuba.

El funcionario explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Según detalló, el enfoque actual apunta a identificar tanto los centros de producción como las rutas utilizadas para trasladar estupefacientes hacia Estados Unidos, en coordinación con gobiernos aliados.

“Ahora trabajamos con países dentro de sus propios territorios para identificar dónde operan estos grupos designados como terroristas y dónde fabrican sus drogas”, afirmó Hegseth en su intervención ante militares estadounidenses.

“Muy pronto habrá noticias importantes desde Venezuela sobre este tema, porque contamos allí con un socio dispuesto a colaborar”, agregó.

El secretario de Defensa enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia, que según dijo busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, Estados Unidos impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.

Hegseth señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia Estados Unidos, lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad. En su enfoque, estas organizaciones son consideradas estructuras de carácter terrorista, lo que permite ampliar los mecanismos de cooperación internacional y el nivel de intervención conjunta.

Durante su discurso, el funcionario también hizo referencia a operativos militares previos en la región y vinculó al ex dictador venezolano Nicolás Maduro con causas judiciales en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico. No brindó detalles adicionales sobre esas acciones, pero las presentó como parte de una ofensiva más amplia contra redes criminales transnacionales que operan en América Latina.

La actividad tuvo lugar en el marco de una visita oficial a la base de Guantánamo, donde el secretario de Defensa mantuvo reuniones con tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. Allí insistió en la necesidad de profundizar la cooperación con países aliados y de reforzar la presencia operativa en zonas consideradas estratégicas para el control de rutas ilegales.

Militares venezolanos irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

Las declaraciones de Hegseth se producen mientras las fuerzas de seguridad venezolanas desarrollan un amplio operativo en el estado Bolívar, en el sur del país, una región rica en oro y otros minerales donde desde hace años operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Según reportes de la ONG SOS Orinoco y fuentes locales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó helicópteros artillados y efectivos en áreas como Las Claritas, Las Brisas y el denominado Kilómetro 88 para intentar recuperar el control de territorios dominados por estructuras armadas.

Los operativos se desarrollan en un contexto de disputa por el control de territorios ricos en recursos minerales, donde confluyen intereses estatales, redes ilegales y organizaciones armadas.

Entre los principales riesgos señalados figuran los desplazamientos de población, el incremento de la violencia local y la falta de información oficial sobre la magnitud de los operativos. También se ha advertido sobre la complejidad del fenómeno, debido a la combinación de actores armados, economía ilegal y presencia estatal en distintas formas.

El operativo ocurre además dos meses después de la aprobación de una nueva legislación minera destinada a facilitar la llegada de inversiones extranjeras a regiones que históricamente han estado marcadas por la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Diversos analistas consideran que el control efectivo de estas zonas es una condición necesaria para cualquier intento de expansión de proyectos mineros formales en el sur venezolano.

(Con información de EFE y Reuters)

El capitán Juan Carlos Nieto Quintero, ex preso político venezolano, se pronunció ante la situación política, social y militar que se vive en Venezuela, con presencia de fuerzas estadounidenses y el respaldo al Rodrigato, por lo que lanzó una advertencia sobre el rumbo que podría tomar el país en medio de un escenario marcado por tensiones políticas, negociaciones internacionales y reclamos pendientes de justicia.

En conversación con Infobae, el oficial retirado, afirmó que entregó su libertad y su carrera para enfrentar lo que describió como una estructura criminal que, según sostuvo, aún mantiene secuestrado al pueblo venezolano.

Tras años de persecución, cárcel y exilio de dirigentes, militares y ciudadanos opositores, Nieto afirma que no puede guardar silencio ante la situación que vive el país. “Durante esos años de lucha vi compañeros perseguidos, torturados, condenados, exiliados, y algunos murieron”, recuerda.

“Frente a lo que está sucediendo hoy en el territorio nacional no puedo permanecer callado”, expresó, al señalar que se siente indignado y que busca alertar a los venezolanos sobre el riesgo de que el sufrimiento acumulado durante años sea utilizado como pieza de negociación en función de intereses geopolíticos, económicos y energéticos.

Para Nieto, la captura de Nicolás Maduro y la excarcelación de algunos presos políticos no significan, por sí solas, el final de la tragedia venezolana. “No quiere decir que estamos celebrando en las calles; no quiere decir que la desgracia ha culminado”, advierte.

En su declaración, insistió en que todavía permanecen presos políticos en las cárceles, persiste el miedo y no se ha alcanzado la justicia. También señaló la permanencia de estructuras armadas y grupos criminales dentro del territorio venezolano, entre ellos las guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como colectivos y el Tren de Aragua.

La vida sin miedo

Nieto cuestiona que se hable de una fase de estabilización cuando, según afirma, esa estabilidad no se refleja en la vida diaria de los venezolanos. “¿Estabilización para quién? Porque no es para los venezolanos que aún siguen sufriendo y con miedo”, plantea.

A su juicio, la estabilización parece responder más a quienes observan el país desde la lógica del petróleo, los acuerdos energéticos y los beneficios geopolíticos.

Considera que la libertad de Venezuela no puede medirse en barriles de petróleo ni en acuerdos de escritorio con representantes ilegítimos. “Se mide en libertad de presos políticos, en justicia y en la pérdida del miedo del venezolano dentro de su país”, sostiene.

También dirigió críticas a los representantes de la oposición, a quienes reclamó una voz más contundente frente al sufrimiento de millones de venezolanos. Se pregunta dónde están sus representantes y si sus silencios responden a presiones externas o a intereses personales.

Hace un llamado a no convertir la lucha venezolana en un botín que cambie de dueño. “Nuestra causa nunca fue el petróleo; nuestra causa siempre fue la verdad, la justicia y el rescate de la dignidad nacional”, afirmó, al recordar a los presos políticos, a quienes murieron por el país y a quienes aún permanecen sin voz tras las rejas.

“Los que hemos sido presos políticos, así como Óscar Pérez, Juan Carlos Caguaripano y muchos otros, con quienes compartí bastante en los sótanos y cárceles, nuestra inspiración nunca fueron los barriles de petróleo, nuestra inspiración siempre fue rescatar la dignidad nacional”, enfatiza.

La percepción militar

Consultado por Infobae sobre si los militares perciben algún cambio positivo en Venezuela, más allá de la extracción de Maduro del territorio nacional, con la Operación Resolución Absoluta, Nieto asegura que mantiene contacto con antiguos superiores y subalternos dentro de la institución castrense. La conclusión, dice, es que el miedo persiste.

“Hablo con muchos de ellos y la percepción que tienen es que la situación en Venezuela está igual o peor. Si hablamos en términos de la Fuerza Armada, no ha cambiado nada: son los mismos oficiales cuestionados en los comandos de zona de donde sale la cocaína por el estado Falcón, los mismos allá en la frontera del Táchira”.

Nieto afirma que la estructura criminal que denuncia dentro del país se mantiene vigente y que ello afecta tanto a civiles como a militares. Según su testimonio, muchos efectivos temen hablar o protestar porque pueden perder su carrera o ser detenidos.

Un país sin justicia

El capitán sostiene que, en la vida cotidiana, los venezolanos siguen enfrentando inflación, deterioro de los salarios, cortes de electricidad y fallas en el suministro de agua. Esa situación, asegura, ha profundizado la desmoralización tanto en la población civil como en los cuarteles.

“El miedo en el venezolano, sembrado por un régimen criminal, está igualito; nadie puede protestar porque es detenido”, afirma. Para Nieto, tampoco existe un verdadero avance institucional: la administración de justicia y las estructuras del Estado permanecen, según él, sin cambios de fondo.

Frente a quienes piden más tiempo para que se concreten los cambios prometidos por Estados Unidos, Nieto responde que, después de cinco meses, no observa avances hacia una estabilidad real. “En lo único que se ha avanzado es en el tema de las negociaciones, del petróleo y la energía, además de haber soltado a algunos presos políticos; de resto, todo sigue igual”, afirma.

Una lucha muy dura

Juan Carlos Nieto Quintero insiste en que la lucha de los venezolanos ha sido demasiado dura para que se use como pieza de negociación. En su llamado, pide rescatar la justicia, la soberanía y la dignidad nacional.

“No les hablo desde la comodidad; les hablo en memoria de esos presos políticos, de esos hombres que dieron la vida por su país, de quienes aún están dentro de las cárceles y no tienen voz”, expresa.

Quien sufriera cárcel, tortura y ahora exilio, recuerda que su inspiración, y la de otros militares y civiles que enfrentaron al régimen, nunca fueron los barriles de petróleo, sino el rescate de la dignidad nacional.

Por eso, advierte al pueblo venezolano que permanezca alerta. “La lucha continúa”, concluye.

Los productores de arroz venezolano enfrentan dificultades para vender su cosecha en pleno ciclo 2025-2026 debido a que industrias y empresas empaquetadoras redujeron la recepción de grano nacional mientras el país recibió más de 300.000 toneladas de arroz importado en lo que va de año, según denunció la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).

La organización aseguró esta semana que numerosas empresas limitaron las compras de arroz nacional y, en algunos casos, solo aceptan volúmenes equivalentes a los agroinsumos previamente entregados a los agricultores a cuenta de la cosecha. Según el gremio, la situación provocó además una reducción de 35% en el precio pagado al productor, que pasó de USD 0,40 por kilogramo a USD 0,30.

La crisis ocurre en momentos en que agricultores de distintas regiones arroceras del país intentan comercializar una cosecha obtenida en medio de restricciones crediticias, escasez de combustible, problemas eléctricos y mayores costos operativos.

Sin embargo, documentos comerciales y marítimos obtenidos por Infobae muestran que parte de la agroindustria continuó incorporando grandes volúmenes de arroz importado durante el mismo período.

Uno de esos expedientes corresponde a una operación realizada por MICEVEN C.A., procesadora de arroz y otros productos alimenticios con operaciones en el estado Portuguesa. La carga, transportada por el buque granelero MV Vigorous desde Río Grande, Brasil, totalizó 27.240 toneladas métricas de arroz paddy con destino a la planta de la empresa en Araure.

Las 27.240 toneladas importadas por MICEVEN representan apenas una fracción de las más de 300.000 toneladas que, según el gremio, han ingresado al país durante 2026.

El dato resulta especialmente relevante porque Portuguesa es uno de los principales estados productores de arroz del país y el mismo lugar donde agricultores denuncian que las industrias restringieron la recepción de cosechas alegando saturación de inventarios.

La documentación revisada por este medio muestra que la operación tuvo un valor total de USD 9.833.640 y fue ejecutada bajo la modalidad “Cash in Advance”, es decir, pago anticipado. Los fondos debían ser transferidos a través de CitiBank en Nueva York a favor de la división regional de ADM Americas, proveedor internacional de la mercancía.

Para dirigentes agrícolas consultados, el expediente refleja una contradicción que resume la crisis actual del sector: mientras los productores denuncian falta de financiamiento y dificultades para acceder a crédito, parte de la agroindustria mantiene capacidad para desembolsar millones de dólares en importaciones.

Los documentos también permiten entender el incentivo económico detrás de estas operaciones.

El arroz brasileño ingresó con un costo CIF de USD 361 por tonelada, equivalente a USD 0,36 por kilogramo antes del procesamiento industrial. Esa cifra se ubica por debajo de los USD 0,40 por kilogramo acordados inicialmente para el arroz nacional y ayuda a explicar la presión que terminó empujando los precios pagados al productor hasta los USD 0,30 por kilogramo.

Fedeagro sostiene además que las exoneraciones tributarias aplicadas a las importaciones amplían todavía más la ventaja del producto extranjero frente a la producción nacional.

Según el gremio, el costo promedio de producir una hectárea de arroz en Venezuela ronda actualmente los USD 2.000, por lo que la caída de los precios compromete seriamente la rentabilidad de numerosos agricultores.

La organización también advirtió que el problema no se limita al arroz y que situaciones similares comienzan a observarse en otros rubros como el maíz y el azúcar, donde las importaciones coinciden con períodos de cosecha nacional.

Ante este escenario, Fedeagro pidió al Ejecutivo ajustar los volúmenes importados a las necesidades reales del mercado, considerar la estacionalidad de las cosechas y garantizar que la industria reciba la producción nacional en las condiciones previamente acordadas.

La preocupación ahora se concentra en la próxima temporada de siembra. Los productores advierten que si continúan las dificultades para comercializar la cosecha actual, muchos agricultores podrían reducir el área cultivada en los próximos ciclos.

En las regiones arroceras venezolanas, el temor ya no pasa únicamente por los costos de producción o la falta de financiamiento. Para muchos productores, el problema inmediato es encontrar quién compre el arroz que acaban de cosechar.

El proceso de excarcelación de presos políticos continúa en Venezuela, pero en las últimas horas ha presentado una particularidad: los beneficiarios son militares, grupo que en poco se había visto favorecido por la amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La ONG Foro Penal indicó la noche del martes 9 de junio que había podido verificar la excarcelación de 15 presos políticos militares. Esta organización publicó el primero de junio su balance mensual destacando que en el país aún existían 404 presos políticos, de los cuales 179 eran militares.

“Ahora es que se están viendo excarcelaciones de militares, hasta hace unas tres semanas eso no estaba pasando, lo que quiere decir que definitivamente el trato que se está dispensando a la situación de los militares ha sido diferente a los civiles”, comenta el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Sobre las razones que llevarían a esa disparidad, Himiob estima que en el seno del régimen chavista “hay menos disposición a reconocer que los militares también son presos políticos, aunque son imputados por delitos como rebelión y conspiración, y hay un particular resentimiento hacia las personas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se han expresado contra el poder”.

Entre los excarcelados destacan la mayor Diana Desirée Victora Justo y el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, ambos del Ejército y familiares de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero.

La antigua integrante del TSJ detalló las irregularidades que rodearon los casos de sus parientes. Recordó que “fueron detenidos arbitrariamente” el 15 de diciembre de 2023 y que tanto Guillermo Enrique César Siero como Victora Justo sufrieron “desaparición forzada” por 79 y 100 días, respectivamente.

“Más de dos años sin juicio con violaciones al debido proceso”, denunció la exjueza César Siero, tras recordar que en principio a estos oficiales les habían negado la amnistía.

En la embajada

Desde su reapertura, la embajada de Estados Unidos se ha convertido en centro de peregrinación de distintos grupos, que solicitan a la administración de Donald Trump que presione al gobierno venezolano para que apruebe desde aumentos salariales hasta la celebración de elecciones presidenciales.

Desde el lunes 8 de junio, familiares de presos políticos llevan a cabo una vigilia cerca de la legación norteamericana para llamar la atención sobre la situación que enfrentan sus parientes detenidos. “Las familias continúan esperando la libertad de sus seres queridos, anunciada por las autoridades venezolanas y aún sin concretarse”, reseñó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Una misión de la ONU encargada de investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión de las protestas de 2014 contra el régimen de Nicolás Maduro calificó como un “avance judicial clave” el pedido de extradición realizado por Argentina contra un ex mando militar venezolano. Se trata de un trámite sin precedentes, respaldado por el principio de jurisdicción universal.

La Justicia argentina solicitó a España la extradición del ex coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según comunicó el pasado 1 de junio la organización InterJust.

Verdú fue citado por la Justicia española para el miércoles 10 de junio, a fin de declarar por videoconferencia si acepta o rechaza su entrega a Argentina, informaron fuentes jurídicas a la agencia de noticias EFE en Madrid.

Este ex militar forma parte de un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana denunciados en Argentina en 2023 por la ONG InterJust. Se los acusa por la muerte de manifestantes a causa de brutalidad policial durante la represión de las protestas civiles de 2014 contra Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló en un comunicado que se trata de un “avance judicial internacional clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014”.

La Misión subrayó que mediante varios informes “ha expuesto de forma detallada los acontecimientos de violencia y represión ocurridos en Venezuela desde 2014”, resultado de investigaciones orientadas a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas en estricto cumplimiento de su mandato”.

El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas incluyó la utilización de munición real contra manifestantes desarmados, lo que “llevó a un alto número de muertes”, así como la colaboración de los cuerpos estatales, especialmente la GNB, con civiles armados conocidos como "colectivos“ afines al Gobierno, para atacar y amedrentar a manifestantes.

“Cientos de estudiantes y ciudadanos opositores fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y fueron sometidos a tortura y malos tratos en detención o durante el traslado a centros de detención, en numerosos casos de violencia sexual”, añadió la Misión en su comunicado.

Estas acciones evidenciaban la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las máximas instancias del poder público, con el propósito de silenciar la disidencia y mantener el control político, concluyó la Misión.

La ONG venezolana Foro Penal informó que únicamente pudo confirmar la excarcelación de 15 presos políticos en las últimas horas. Esta declaración se produjo después de que la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia anunciara la liberación de 54 militares, información difundida en la mañana de ayer y posteriormente corregida.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó en la red social X: “Es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche”. Detalló que hasta las 21:00 hora local (1:00 GMT) del martes, la organización solo había verificado 15 excarcelaciones.

Entre los liberados figuran los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Giménez y Francisco Pacheco, junto con el soldado Alexis José Lugo, quienes estaban recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas.

También recuperó la libertad el sargento mayor Darwin Urdaneta, quien se encontraba en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda.

Además, fueron liberadas la primera teniente Karen Gómez y la sargento Vicmarys Oropeza en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), también en Miranda.

Durante la mañana, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia había informado —en una publicación en X que luego eliminó— sobre la supuesta liberación de 54 militares, incluidas tres mujeres en el INOF. Más tarde, esta organización aclaró que estaba “verificando la información” sobre la presunta liberación de 51 militares en Ramo Verde.

Por otra parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) confirmó la excarcelación de cinco militares en la cárcel de El Rodeo, en Miranda.

Desde el domingo, varios familiares de presos políticos permanecen frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas a la espera de una reunión con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, para solicitar que intervenga en favor de los detenidos que aún permanecen presos.

En mayo pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su Gobierno buscaría asegurar la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del martes su regreso al país tras una gira de casi una semana por India y Turquía, donde impulsó proyectos y profundizó acuerdos energéticos y comerciales.

En un video publicado en redes sociales, la mandataria expresó: “Aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido”. Rodríguez manifestó que retorna con “muchas ilusiones y proyectos por la prosperidad y el bienestar de Venezuela toda”, sin precisar detalles sobre las iniciativas.

Durante su estancia en Estambul, agradeció la invitación del presidente Recep Tayyip Erdogan y resaltó: “Felices culminamos esta gira internacional, vamos camino a Venezuela y agradecemos al presidente Erdogan por esta invitación”. La visita oficial a Turquía incluyó encuentros para fortalecer la cooperación en minería, energía, transporte y conectividad aérea, de acuerdo con la información divulgada.

La Presidencia turca informó que ambas delegaciones evaluaron estrategias para elevar el volumen del comercio bilateral desde los actuales USD 44 millones hasta los 3.000 millones, según datos oficiales.

Previo al paso por Turquía, la presidenta encargada realizó una visita de cinco días a India, centrada en la reactivación de las compras de crudo venezolano por parte del país asiático, luego de que Venezuela retomó su posición entre los principales proveedores de petróleo de la nación más poblada del mundo en los últimos meses. “Dejo una parte de mi corazón en la India, donde hemos cumplido una agenda de trabajo que permitirá profundizar nuestras relaciones en beneficio de ambos pueblos”, afirmó Rodríguez.

Durante la gira, acompañaron a la mandataria el canciller Yván Gil, la ministra de Turismo Daniela Cabello, la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, la ministra de Transporte Jacqueline Faría, el ministro de Comercio Exterior Johann Álvarez y el ministro de Comunicación Miguel Pérez Pirela.

Horas antes a su llegada a Caracas, en un video grabado en Estambul y difundido en sus redes sociales, Rodríguez expresó: “Felices culminamos esta gira internacional, vamos camino a Venezuela y agradecemos al presidente Erdogan por esta invitación”.

La presidenta encargada subrayó tras su visita: “Turkish Airlines se ha convertido en una de las principales aerolíneas que viaja a Venezuela”. Recep Tayyip Erdogan recibió a Rodríguez en el palacete de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo, un espacio que habitualmente se reserva para encuentros informales con líderes extranjeros.

Durante la reunión, Erdogan aseguró que “Turquía siempre estaría al lado del pueblo venezolano” y abordó junto a la presidenta los caminos para potenciar la cooperación en comercio, energía y minería, de acuerdo con el comunicado oficial. En la actualidad, el comercio entre ambos países suma USD 448 millones, de los cuales Turquía importó USD 251 millones desde Venezuela y exportó 197 millones hacia el país sudamericano en 2025.

El Gobierno indio señaló que Venezuela figura como el tercer proveedor en operaciones puntuales de crudo para el país asiático. Datos de la consultora Kpler, citados por la agencia EFE, sitúan al país sudamericano como cuarto proveedor total de la India durante abril y mayo.

Rodríguez en territorio indio incluyó un “encuentro de cortesía” con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, según informó el Gobierno de Caracas. Esta reunión se enmarca en la continuidad de las mesas de trabajo con funcionarios estadounidenses, tras la flexibilización de sanciones por parte de Washington que permitió la reactivación de las compras indias de crudo venezolano.

En el marco de la gira, Rodríguez recorrió la refinería de Jamnagar, propiedad de Reliance Industries y considerada el mayor complejo de refinado del mundo. Además, mantuvo reuniones con el conglomerado Tata en Bombay para tratar temas de energías renovables, transporte urbano e inversiones.

(Con información de EFE)

Las recientes protestas en Venezuela dejaron claro que el derecho a la expresión popular está resurgiendo en las calles del país. Diversos sectores —madres de presos políticos, trabajadores petroleros y jubilados— salieron a exigir cambios, evidenciando un clima social menos restringido que en años anteriores.

La caída del ex dictador Nicolás Maduro tras su detención por fuerzas estadounidenses a comienzos de año marcó un punto de inflexión. El régimen anterior había recurrido a arrestos masivos y represión violenta para sofocar el descontento tras su controversial “triunfo electoral” en 2024. Durante aquel periodo, cientos de personas perdieron la vida por la represión estatal, según datos recogidos por organizaciones y activistas.

En la actualidad, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se mantiene bajo la observación constante de Washington, mientras la ciudadanía recupera espacios de protesta que parecían clausurados. El ambiente, aunque aún tenso, permite expresiones públicas que antes hubieran sido impensables.

Durante una manifestación reciente en Caracas, Diego Casanova tomó la palabra para señalar que existe “un antes y un después” en el país. A su lado, un grupo de mujeres con fotos de familiares presos coreaba: “¡No hay libertad!”. Según Casanova, aunque el “apetito insaciable por la persecución” no desapareció, “el costo político es mucho mayor en este momento, y el público también lo entiende”.

La vigilancia policial cedió terreno a la observación pasiva: algunos agentes solo miran o toman fotos con sus móviles, apartando los escudos antidisturbios, un signo de un cambio en la actitud oficial frente a las protestas.

Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales revelan que las manifestaciones aumentaron un 144% en los primeros tres meses del año respecto al mismo periodo de 2025. Esto indica un crecimiento notable de la movilización social, aunque el futuro político del país sigue bajo incertidumbre.

El escenario actual es consecuencia directa de la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro el 3 de enero pasado. Desde entonces, los venezolanos comenzaron a perder el miedo a expresar sus demandas en público. El cambio en la conducción nacional y la presión internacional abrió una ventana para que la ciudadanía recupere el ejercicio de sus derechos civiles básicos.

Una de las protestas recientes reunió a cerca de 100 jubilados en Caracas. Nely Molina, de 76 años, compartió su experiencia: temía salir a la calle durante meses, pero ahora siente que “las cosas han cambiado un poco” desde el encarcelamiento de Maduro en Nueva York.

Molina denunció el monto de su pensión, al que calificó de “miseria”: 130 bolívares al mes, o 22 centavos de USD. “Tenemos más libertad para protestar, para gritar, para decir lo que queramos”, afirmó. La manifestación se llevó a cabo cerca del palacio presidencial de Miraflores, bajo resguardo policial, pero sin incidentes represivos.

Más de una decena de sindicalistas exigieron también el martes la destitución o renuncia de los rectores electorales vinculados al chavismo y la definición de un cronograma para las elecciones presidenciales en Venezuela, cuando resta menos de un mes para lo que consideran el “vencimiento” del “interinato” encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

“¡Elecciones ya!”, corearon los manifestantes frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas. “Queremos que el CNE, como ente rector del poder electoral, se pronuncie definitivamente con un cronograma electoral y si no cumple con sus funciones, entonces vamos a exigir la renuncia definitiva de todo el cuerpo de rectores”, declaró a la prensa Estela Romero, integrante de la Coalición Sindical Nacional.

La dirigente sindical cuestionó que, cinco meses después de la captura de Maduro, no se haya convocado a elecciones para elegir a su sucesor y subrayó que el próximo 3 de julio vence el período del “interinato”.

En otro acto, familiares de presos políticos expresaron su reclamo por la liberación de los detenidos. Dilsia Caro, esposa de Noel Flores —arrestado por un supuesto intento de asesinato contra Maduro—, evocó los riesgos de protestar en el pasado: “Si salieras a la calle a protestar, sabes que te llevarían a la cárcel”. Pese al estado de emergencia vigente, Caro sostiene que ya no siente temor a manifestarse.

Sin embargo, la situación institucional de Venezuela permanece en vilo. Aunque la ciudadanía recuperó parte de su capacidad de reclamo, la presión internacional y la vigilancia estadounidense marcan el pulso del nuevo escenario.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país podría volver a recurrir a la fuerza si el Gobierno encargado no otorga acceso al petróleo y otros recursos naturales. La intervención de enero “generó una serie de posibilidades, pero también planteó muchas preguntas”, valoró Danny Socorro, director de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, en diálogo con la agencia AFP.

(Con información de AFP Y EFE)

Testigos reportaron sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y movimientos de cientos de trabajadores que abandonaban apresuradamente áreas de extracción de oro en Las Claritas y el sector conocido como Kilómetro 88, dos puntos clave del Arco Minero del Orinoco.

La intervención se desarrolla en una zona donde el Estado ha tenido durante años una presencia limitada frente al poder de grupos armados que administran minas, cobran extorsiones y regulan la actividad económica vinculada al oro.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, las acciones militares tuvieron como objetivo explotaciones bajo control ilegal. Américo De Grazia, ex diputado por Bolívar y uno de los principales conocedores de la dinámica minera de la región, afirmó que efectivos militares atacaron varios enclaves auríferos mediante bombardeos y disparos, lo que provocó la huida de numerosos mineros.

El régimen venezolano no ha informado oficialmente sobre víctimas, detenidos o posibles enfrentamientos. Tampoco han aclarado si la operación derivó en choques directos con las estructuras criminales que operan en la zona.

Reportes difundidos por medios locales y usuarios de redes sociales muestran helicópteros militares sobrevolando áreas mineras mientras grupos de trabajadores abandonaban el lugar en motocicletas y camiones. Según versiones extraoficiales, el objetivo sería desalojar explotaciones no autorizadas y debilitar a las organizaciones que controlan parte de la actividad aurífera.

La organización International Crisis Group aseguró a Bloomberg haber recibido numerosos reportes sobre movimientos militares en la zona. El investigador Bram Ebus señaló que las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a Las Claritas mientras aeronaves operaban sobre distintos puntos cercanos a los yacimientos.

La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes.

Las Claritas se encuentra cerca de la frontera con Brasil y es uno de los principales centros de extracción de oro de Venezuela. Durante años se convirtió en destino de miles de personas afectadas por la crisis económica. No solo llegaron mineros tradicionales: también profesionales, empleados públicos, maestros y trabajadores de distintos sectores que encontraron en el oro una alternativa para sostener a sus familias.

Ese crecimiento acelerado estuvo acompañado por la consolidación de grupos armados que asumieron funciones de control territorial. En muchas zonas son estas organizaciones las que determinan quién puede ingresar a las minas, cuánto debe pagarse por trabajar y qué porcentaje de la producción queda bajo su control.

Según Bloomberg, una de las estructuras con mayor influencia en el área es un denominado “Sistema” liderado por un hombre conocido como “Juancho”, quien ejerce un control de facto sobre amplios sectores de la actividad minera.

La intervención militar ocurre además en un momento en que el régimen venezolano busca atraer inversiones al sector minero y aumentar la explotación de recursos considerados estratégicos.

El estado Bolívar concentra algunas de las reservas minerales más valiosas del país. Además del oro, alberga importantes depósitos de bauxita, coltán y tierras raras, minerales con creciente demanda internacional para industrias tecnológicas y energéticas.

La operación en Las Claritas se suma a otros movimientos recientes de las fuerzas de seguridad en la región. En mayo, el régimen reforzó su presencia en Los Pijiguaos, donde se encuentran importantes explotaciones de bauxita, después de reportes sobre actividades atribuidas a grupos guerrilleros colombianos.

De Grazia aseguró que un integrante de una comunidad indígena perdió una pierna tras activar una mina antipersonal presuntamente instalada por esas organizaciones.

Las acciones en el sur de Bolívar vuelven a exponer la compleja realidad de una región donde confluyen enormes riquezas minerales, economías ilegales y estructuras armadas que han consolidado poder durante años.

Aunque las autoridades han realizado intervenciones similares en el pasado, especialistas advierten que la combinación de aislamiento geográfico, intereses económicos y presencia criminal ha dificultado cualquier intento de control permanente sobre uno de los territorios más sensibles de Venezuela.

Cinco militares fueron liberados este martes en Venezuela, al menos tres de ellos vinculados a la operación “Brazalete Blanco”, el supuesto plan para asesinar al entonces líder del régimen Nicolás Maduro que el chavismo venezolano denunció en 2024, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los cinco salieron del centro de detención El Rodeo I, en el estado Miranda. Carlos Sánchez, Tomás Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero permanecían recluidos desde 2023; Jesús Bertilio Villafañe y Javier Quinto desde 2024 y 2025, respectivamente.

“Según la información disponible, algunos recuperaron la libertad con medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país”, publicó el Clipp en la red social X.

No se han podido determinar los motivos del arresto de Quinto y Villafañe. El primero, militar retirado, fue detenido mientras prestaba un servicio de transporte particular; el segundo, sargento supervisor jubilado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ejercía como jefe de vigilancia en un hato del estado Apure, fronterizo con Colombia. Ambos casos incluyeron episodios de desaparición forzada.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia había reportado durante la madrugada la salida de 54 militares: la mayoría desde la cárcel de Ramo Verde, en Miranda, y tres mujeres desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Una de ellas fue la teniente Karen Gómez, esposa de Carlos Sánchez.

Uno de los liberados fue el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso “espía americano”. En ese expediente también estuvo preso el exmarine estadounidense Matthew John Heath, acusado de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, en el estado Falcón. Heath fue liberado en 2022 tras una visita a Caracas del entonces enviado especial estadounidense para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens.

“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas, de manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, publicó la Coalición, que contabiliza 213 militares aún detenidos en el país.

Desde el domingo, allegados de presos políticos mantienen una vigilia frente a la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de ser recibidos por el encargado de negocios John Barrett, para pedirle que interceda por quienes siguen detenidos.

La protesta se produce a cinco meses del anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre la liberación de un “número importante” de personas. Días antes, varios reclusos habían sido trasladados desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a otros penales. Rodríguez había ordenado en enero convertir ese centro en un espacio social y deportivo.

En mayo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que Washington trabajaría para lograr la excarcelación de todos los presos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

La ONG Utopix señaló que en el primer trimestre del año se registraron 34 femicidios en Venezuela. Dentro del país también ocurrieron 46 femicidios en grado de frustración, al tiempo que se reseñaron otras 27 muertes violentas de venezolanas en el exterior, agrega el informe de la organización no gubernamental.

“Para este 2026 estamos contabilizando un femicidio consumado cada 64 horas, un femicidio en grado de frustración cada 47 horas; y el femicidio de una venezolana migrante cada 80 horas”, precisa el estudio.

La estadística se nutre de los reportes de prensa, “ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas sobre la violencia de género en el país (...) presumimos que las cifras deben ser aún mayores”, subraya Utopix.

En los archivos de esta ONG el año 2020 continúa siendo el más letal, con “un femicidio cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría un femicidio cada 72 horas”.

Plan de emergencia

La mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 40 años de edad. Con respecto a los 11 femicidios ocurridos en marzo de 2026 en territorio nacional, cuatro se perpetraron con armas de fuego y dos con armas blancas y asfixia mecánica. Utopix resalta que ha aumentado el uso del fuego para ejecutar estos crímenes.

El balance ubica a Colombia como el país donde se produjo el mayor número de femicidios de migrantes venezolanas durante el mes de marzo, con cuatro. Le siguen Ecuador y Brasil con dos, respectivamente, y Estados Unidos con uno. A lo largo del trimestre también se repitieron hechos similares en Trinidad y Tobago, Perú y Bolivia.

La ONG apunta que a consecuencia de la violencia machista, “cinco niños, niñas y adolescentes quedaron en estado de orfandad”. Además, indica que “en 3 casos los familiares de las mujeres reseñan maltratos; en un caso la víctima había denunciado anteriormente; en 3 casos había antecedentes de acoso; y en 2 casos eran mujeres militantes”.

“Creemos en la importancia de alertar sobre la urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar esta problemática, siendo imprescindible el desarrollo de un Plan de Emergencia Feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes”, manifiesta Utopix.

A su manera, María Corina Machado tendió la mano. Y a su estilo, Diosdado Cabello le dio un portazo.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) descartó que el gobierno de Delcy Rodríguez entable una negociación con la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, que hace un par de semanas ratificó su disposición al diálogo.

“Sentarse a hablar no es una capitulación, pero con ellos -la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática- no está planteado nada y con ella, menos”, expresó Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV.

El dirigente chavista abordó el tema al preguntarle sobre un rumor que corrió el fin de semana referido a un supuesto encuentro entre Rodríguez y Machado en el exterior. La mandataria interina desarrolla una gira que la ha llevado hasta la India y Turquía.

“Eso es pura paja”, zanjó Cabello, afirmando que esa versión surgía de sectores opositores. “Son ellos dándose esperanzas, ellos creen que eso va a hacer mella en el chavismo”, espetó. Igualmente, manifestó que la Plataforma Unitaria y Machado “no están en condiciones de poner condiciones en este país” para una negociación.

Propuesta

Luego de concentrarse en Panamá, las fuerzas opositoras publicaron el 28 de mayo un manifiesto que en su primer punto destaca su “determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos”.

En el texto se establecen una serie de condiciones para avanzar en ese camino. “Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país”, indican.

Para crear un “ambiente favorable al diálogo”, la oposición reclama “gestos” como la liberación plena de los presos políticos civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados por razones políticas, y la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados.

“El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”, enfatizan.

Lejos

El oficialismo ni siquiera ha admitido el regreso de Machado, quien tras meses en la clandestinidad salió del país evadiendo a las autoridades el 9 de diciembre de 2025, rumbo a Oslo, donde recogió el premio Nobel.

El gobierno acusa a la líder de la oposición de haber promovido y celebrado el ataque militar norteamericano del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En una entrevista a una televisora estadounidense, Delcy Rodríguez dijo que Machado tenía que responder por estas acciones.

Tras la defenestración de Maduro, su sucesora creó el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que ha sostenido reuniones con distintos factores políticos y sociales, pero jamás ha invitado a los representantes de la Plataforma Democrática ni de Vente Venezuela, el partido de Machado.

La oposición aspira a sentarse lo antes posible con el gobierno para discutir las garantías de una elección presidencial, pero el chavismo ha dejado claro que no tiene interés en ese tema. Para el oficialismo, la prioridad es la recuperación económica del país.

Tirios y troyanos han puesto sus cartas sobre la mesa. Queda por ver cuál será la posición de la administración de Donald Trump, que ejecuta un plan de tres fases sin cronograma ni fechas precisas, y que tendría como objetivo final la transición democrática en Venezuela.

Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “El Yiyi”, está detenido en el complejo penal de Ezeiza. Se lo considera un preso de “alto riesgo”. Cayó durante un operativo de la Policía Federal en Corrientes el 2 de mayo de 2023, en el acceso al barro privado Santa Ana, donde vivía. Ahora, irá a juicio por terrorismo, acusado de liderar una organización vinculada al Tren de Aragua.

Había ingresado al país en 2019 con documentación falsa. Usaba una cédula colombiana a nombre de Jeraldo Marcial Sierra Tobio. Logró un DNI argentino y se asentó en un edificio de la avenida Juan de Garay.

El área de Interpol de la Policía Federal lo detectó por sus huellas. Saltó un pedido de extradición de Venezuela. Allí lo buscaban como integrante de la organización criminal Tren de Aragua. Se lo acusaba de extorsión, homicidio, terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Qué se le imputa

Tras una serie de idas y vueltas formales entre el Juzgado Penal a cargo de Gustavo Fresneda y la Cámara, a Boscán Bracho se lo juzgará como líder de una organización criminal transnacional dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Además, pesan sobre él cargos por lavado de activos y financiación del terrorismo. Hace unos meses se dispuso su extradición.

Fresneda aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”. El delito está contemplado en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 promulgada en marzo del 2025. El apartado prevé una pena de 8 a 20 años de prisión por este crimen.

En la misma situación que el líder están sus lugartenientes, Enmanuel David Urdaneta Bracho (alias “Memei”) y Adaly María Domínguez Contreras, primo y pareja de “Yiyi”, respectivamente. El primero, operaba en territorio correntino. La segunda, en Ciudad de Buenos Aires. La banda se completa con otras 10 personas. Son en total 11 venezolanos, una colombiana y un argentino.

En la pesquisa actúa un equipo importante de fiscales. Trabajan en la investigación el fiscal federal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini y la fiscal federal subrogante Melina Perborell, de la Unidad Fiscal Corrientes. A ellos se suma el fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich. Además, actúa el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. También participan los auxiliares fiscales Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro García Martínez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.

Cómo actuaba y qué es el Tren de Aragua

La investigación judicial reveló una organización asentada en Argentina con capacidad logística y económica. En la estructura había roles diferenciados. Se verificaron maniobras de lavado y financiamiento ilícito mediante transferencias informales de dinero, cuentas bancarias y billeteras virtuales sin respaldo económico y adquisición de bienes con fondos presuntamente ilícitos.

En su modus operandi, la banda utilizó la fachada de negocios lícitos para lavar dinero. Los rubros fueron desde operaciones agropecuarias hasta una peluquería. Además, quedó demostrado que la organización escalonó el arribo a la Argentina de miembros que ingresaron de manera clandestina. Asimismo, se detectó que la banda siguió funcionando aún con “Yiyi” preso. Desde la cárcel, daba instrucciones operativas.

Ante la gravedad de los hechos investigados, la Justicia consideró que todos los acusados deben continuar en prisión preventiva. Tanto el juez Fresneda como la Cámara avalaron la postura de fiscalía de que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación si recuperaban la libertad ambulatoria.

La organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. Fue luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como “Organización Terrorista Extranjera”.

El Gobierno encargado de Venezuela afirmó que no existe una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con la líder y nobel de la paz María Corina Machado.

Machado sostiene que debe actuar como interlocutora en posibles negociaciones con el oficialismo para la realización de elecciones presidenciales.

El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó la propuesta como “pura paja (mentira)”. Así respondió al pedido del sector opositor liderado por Machado y Edmundo González Urrutia para una negociación “seria, firme y responsable” con el Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos.

El objetivo del sector opositor es restaurar la democracia mediante una elección presidencial.

Durante la conferencia semanal del PSUV, transmitida por Venezolana de Televisión, Cabello reiteró que “no está planteado nada y con ella (Machado) menos” respecto a un diálogo con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora.

Cabello sostuvo que “no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo” entre la mandataria encargada y “ningún personaje parecido”. Añadió que “ellos (los opositores) no están en condiciones de poner condiciones en este país”.

El jueves anterior, Machado declaró que asume “la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación” con el Gobierno de Rodríguez y consideró que esa es la mejor alternativa para el chavismo, que, según su visión, atraviesa una situación “insostenible” y que, “por una vía o por otra, va a salir”.

En diálogo con la periodista Carla Angola desde Oslo, Machado advirtió que “puede pasar cualquier cosa” en Venezuela si la transición no se concreta de forma ordenada, pacífica y con garantías para todas las partes.

Machado explicó que debe existir un protocolo claro y definido sobre objetivos, plazos y mecanismos de evaluación. Subrayó la importancia de que el pueblo venezolano esté “en el medio” y tenga información precisa sobre lo que se debate.

Finalmente, Machado anunció su candidatura y sostuvo que “no está en duda” la salida de Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU en enero pasado en Caracas.

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, informó que las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron los 1,25 millones de barriles diarios (bd), su “nivel más alto en siete años”.

Barrett atribuyó este crecimiento al plan que desarrolla la Administración de Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro.

“Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años y es resultado del plan de tres fases del secretario Marco Rubio y el presidente Trump”, expresó Barrett a través de la cuenta oficial de la embajada en X.

Durante 2025, el promedio de las exportaciones petroleras venezolanas se mantuvo entre 800.000 y 900.000 bd, según estimaciones.

Barrett también destacó que la “colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados” impulsa la recuperación económica y genera mayor prosperidad tanto para el pueblo de Estados Unidos como para el de Venezuela.

El denominado plan de tres fases fue establecido por Estados Unidos para Venezuela tras la detención de Maduro el 3 de enero. Consiste en una etapa de estabilización, una de recuperación y una fase final de transición democrática.

Según datos oficiales recogidos en el informe de mayo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo venezolana creció un 22,9% entre enero y abril.

La OPEP reportó que en abril Venezuela produjo un promedio de 1.136.000 bpd, frente a los 1.095.000 bpd de marzo.

Por su parte, la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, afirmó a fines de mayo que la producción petrolera se ubicó en 1.200.000 bd.

Tras la detención de Maduro y con el interés renovado de Washington en el petróleo venezolano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, implementó varias reformas, en especial en el sector de hidrocarburos, para facilitar la inversión extranjera.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global.

La mayoría de estas reservas se encuentra en la Faja del Orinoco, compuesta por crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y una fuerte inversión para su explotación.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a fines de abril, se estima que el país obtendrá en 2026 más de 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras, cifra que superaría en más de un 50% los 14.713 millones de dólares registrados el año anterior.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo en Estambul, para profundizar la cooperación bilateral en comercio, energía y minería. La cita, que no figuraba en la agenda original de Rodríguez, se produjo al término de una visita de cinco días a India centrada en la reactivación de las exportaciones de crudo venezolano.

El encuentro concluyó con un acuerdo para celebrar en noviembre la V Comisión Mixta de Cooperación entre ambos países, esta vez en Venezuela, acompañada de una feria con presencia de empresas turcas. “Hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la V Comisión Mixta entre nuestros países, en Venezuela, además de la feria internacional, donde recibiremos empresas de Turquía”, declaró Rodríguez al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La agenda bilateral incluyó también la minería, el transporte aéreo y la agroindustria.

La Presidencia turca informó que Erdogan subrayó que Ankara “siempre está al lado del pueblo amigo de Venezuela” y reafirmó la voluntad de impulsar la cooperación en energía, comercio y minería. El objetivo más ambicioso de la reunión fue elevar el intercambio bilateral desde los actuales 448 millones de dólares —cifra de 2025— hasta 3.000 millones. Las cifras actuales revelan la magnitud del desafío: Turquía importó de Venezuela 251 millones de dólares en bienes durante 2025, mientras sus exportaciones hacia el país suramericano sumaron 197 millones, lo que sitúa el comercio recíproco en apenas la sexta parte de la meta trazada.

Venezuela y Turquía construyeron su relación preferencial durante la última década, en buena medida al margen del sistema financiero occidental. El vínculo se estrechó tras el fallido golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, cuando el entonces dictador Nicolás Maduro fue uno de los primeros líderes en expresar su respaldo a Erdogan. Desde entonces, ambos gobiernos firmaron múltiples acuerdos en energía, minería y libre comercio. En 2018, las exportaciones venezolanas de oro hacia Turquía pasaron de cero a más de 900 millones de dólares, en un esquema que permitió a Caracas sortear parcialmente las sanciones impuestas por Washington y Bruselas.

La visita a Estambul fue la segunda escala de una gira que comenzó en Nueva Delhi, donde Rodríguez se reunió con el primer ministro Narendra Modi el 4 de junio. India reactivó sus compras de crudo venezolano tras la flexibilización de las sanciones estadounidenses, y Venezuela se convirtió en abril y mayo en el cuarto mayor proveedor petrolero de ese país, según datos de la consultora Kpler, solo por detrás de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

El activismo diplomático de Rodríguez refleja la estrategia del régimen venezolano desde que asumió el cargo en enero, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Sin acceso pleno a los mercados occidentales y con sanciones de la Unión Europea vigentes hasta enero de 2027, Caracas apuesta por consolidar vínculos para garantizar ingresos petroleros y atraer inversión. La brecha entre el comercio actual con Turquía y la meta de 3.000 millones es considerable; la agenda de noviembre indica que ambos gobiernos tienen intención de recorrerla.

Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron este lunes la intervención directa de Washington para lograr la liberación de sus seres queridos, en una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Los manifestantes aseguraron que no abandonarán el lugar hasta ser recibidos por el encargado de negocios John Barrett y obtener una respuesta concreta. Según Foro Penal, organización no gubernamental venezolana, más de 400 presos políticos continúan recluidos en el país, entre ellos 39 con doble nacionalidad o de origen extranjero.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero. En febrero impulsó una ley de amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, no se ha traducido en liberaciones efectivas. Los familiares denuncian que la mandataria y su hermano, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, anuncian excarcelaciones “con la finalidad de que la comunidad internacional crea que ya todos los presos políticos han sido liberados”.

“Ya no vamos a aceptar que nos sigan engañando con promesas vacías”, declaró Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones. “No tienen consideración, juegan con nuestras ansias de libertad”, añadió.

Desde el domingo, una veintena de personas levantó una carpa a unos 50 metros de la legación diplomática y colocó carteles con los nombres de las cárceles donde están recluidos sus familiares. Un funcionario de seguridad se acercó al grupo, pidió paciencia y confirmó que había transmitido sus demandas a sus superiores, aunque advirtió que la respuesta podría llegar "en horas" o “en una o dos semanas“.

Mayra Morales, hermana de otro detenido, dijo confiar en el apoyo de Washington. “Las autoridades venezolanas nos han mentido tanto“, señaló.

La semana pasada, organizaciones de derechos humanos denunciaron el traslado de detenidos desde El Helicoide —sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas durante el mandato de Maduro— a otros centros penitenciarios. Los grupos denunciantes criticaron además la falta de información sobre su destino.

Varios de los manifestantes se habían concentrado previamente frente a ese recinto antes de trasladar su protesta a la embajada. Delcy Rodríguez había ordenado en enero convertir el recinto en un centro social y deportivo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró igualmente que había sido cerrado.

En mayo, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno se aseguraría de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

La activista Gabriela Álvarez, de la ONG Comité para la Libertad de los Presos Políticos, denunció que agentes de seguridad venezolanos hostigaron a vecinos que asistieron al grupo durante la vigilia. “Están siendo perseguidos por cuerpos represivos del Estado”, advirtió. Entre los afectados, una persona que les permitió cargar teléfonos, les facilitó un baño, les proporcionó café y mantas.

“El objetivo es quedarnos acá hasta que tengamos una respuesta positiva”, afirmó Quiñones, cuyo hijo está vinculado a la operación Gedeón, una incursión marítima de 2020 que el gobierno de la época atribuyó a un intento de derrocar a Maduro.

(Con información de EFE y AFP)

A menos de días del arranque del Mundial FIFA 2026, una investigación publicada por la revista italiana L’Espresso expone las condiciones laborales de los trabajadores que hicieron posible la transformación urbana de la Ciudad de México. Según el reportaje, la mayor parte de la mano de obra empleada en los proyectos de infraestructura aledaños al Estadio Azteca proviene de Venezuela y Haití, y opera bajo un esquema de subcontratación que los deja fuera de cualquier protección legal.

El hallazgo es resultado de una investigación encubierta realizada por el Frente Nacional por las 40 Horas, organización mexicana de derechos laborales, que condujo entrevistas anónimas con trabajadores de las obras.

Sin seguro médico, sin registro, sin techo

Las entrevistas revelaron un patrón sistemático de precariedad:

• Los trabajadores no están registrados formalmente ante ninguna autoridad laboral.
• Al carecer de registro, no cuentan con seguro médico, pese a que es obligatorio en México.
• Algunos de quienes construyeron la sopraelevada en Calzada de Tlalpan —la vía que conecta el Zócalo con el Azteca— dormían en la calle por la imposibilidad de costear una renta.

“El costo de los alojamientos se fue a las nubes y es un problema tanto para los trabajadores migrantes como para las familias que ya vivían aquí”, señaló un activista del Frente que pidió el anonimato por razones de seguridad.

Una ciudad irreconocible

En torno al Estadio Azteca se construyeron dos edificios de siete pisos —para hoteles y oficinas—, un centro comercial, tres estacionamientos y la mencionada sopraelevada. El impacto en el tejido urbano fue inmediato.

Unos 300 locatarios y comerciantes de la Calzada de Tlalpan enfrentaron amenazas de desalojo. Ricardo Gutiérrez, quien lleva más de 40 años al frente de un salón de belleza heredado de su padre, lo resume sin rodeos: “El gobierno nos trata como basura”. Según Gutiérrez, las presiones para liberar el espacio de cara al Mundial continúan.

Las trabajadoras sexuales de la zona, agrupadas en el colectivo CLaP!, también denunciaron haber sido desplazadas de sus espacios habituales como parte de una operación de “limpieza social” impulsada por la proximidad del torneo.

El Estado paga lo que la FIFA no quiere

Otra arista del reportaje: el Ministerio del Trabajo mexicano integró su programa de apoyo al empleo juvenil para cubrir los salarios de cientos de trabajadores del Mundial —como azafatas y personal de seguridad—, lo que en la práctica significa que es el erario público, y no la FIFA, quien los paga.

En Guadalajara, ciudad sede que además atraviesa un repunte de violencia tras el asesinato de El Mencho en febrero, el costo de vida escaló de forma dramática: el transporte público subió un 47% y la ciudad figura ya entre las cinco más caras de América Latina.

“El Mundial del despojo”

A finales de marzo, una manifestación masiva frente al Azteca bautizó al torneo con un nombre que condensa el malestar: “el mundial del despojo”. La entrada más barata ronda los 90,000 pesos —unos 400 euros—, equivalente a un salario mensual promedio.

La FIFA no respondió a las solicitudes de entrevista del medio italiano. El principal sindicato mexicano, el CATEM, tampoco.

Los “fantasmas” siguen rondando los mares bolivarianos. De los 136 buques petroleros extranjeros que operaron en aguas venezolanas durante el mes de mayo, 14 están sancionados, 28 son catalogados como furtivos y una docena apagó su señal AIS (Sistema de Identificación Automática), según un reporte de la ONG Transparencia Venezuela.

“Siguen ocurriendo actividades irregulares con el comercio de crudo, no solo por la cantidad de buques sancionados y furtivos que se mantienen en aguas territoriales de Venezuela, también por las prácticas de apagado de las señales AIS de buques irregulares durante lapsos que superan los ocho días en algunos casos y hasta cuatro semanas en otros, para luego encenderlas nuevamente en el mismo lugar en que dejaron de verse”, reseña el informe.

Presionado por las sanciones de Estados Unidos, el régimen chavista apeló a una flota de buques “fantasmas” y otras fórmulas al margen de la legalidad para evadir las restricciones y poder continuar con la comercialización del petróleo.

Luego del ataque militar norteamericano del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la Casa Blanca ha emitido una serie de licencias para regularizar la venta del crudo venezolano y, en la práctica, controla el negocio, incluido el cobro de la factura que se deposita en el Departamento del Tesoro.

En la mira

Sobre los buques “fantasmas”, Transparencia Venezuela pregunta: “Si se mantienen frente a las costas de Venezuela, ¿por qué apagan sus señales? ¿Salen y entran a destinos próximos? ¿Hacen trasiegos en Venezuela a las embarcaciones que entran en modo oscuro, de las que se identificaron al menos 12?”.

La ONG resalta que “en mayo se observaron seis operaciones de trasiego ship to ship (barco a barco), cuatro más que las vistas en abril y el número más alto del año 2026 en aguas territoriales de Venezuela. Estas operaciones con crudo venezolano se han realizado en otras latitudes, así que pudieran ser más los casos de trasiego en aguas internacionales dado un contexto de relajación de la vigilancia naval de Estados Unidos”, observa la ONG.

Transparencia Venezuela sostiene que “el número de buques catalogados como furtivos aumentó por comportamientos sospechosos tanto de los propios buques como de las empresas navieras operadoras, entre ellas Asia Charm Ltd Fze de Emiratos Árabes Unidos, que en mayo operó diez buques”.

La investigación halló que “de los 136 buques internacionales identificados hay banderas de 29 países: Islas Marshall y Panamá lideran con 32 buques, seguidos por Malta con 15 y Liberia con 9. De Islas Marshall sólo un buque está relacionado con actividades irregulares, mientras que de Panamá hay 15”.

La reactivación de la producción y exportación de petróleo venezolano guarda relación con la ampliación de las actividades de empresas como Chevron, Eni, Repsol y Relaince. El gobierno de Delcy Rodríguez reformó la Ley de Hidrocarburos para abrir el negocio al sector privado, al tiempo que ha recibido en el palacio de Miraflores a altos funcionarios de Estados Unidos y corporaciones occidentales para firmar nuevos contratos.

Empero, Transparencia Venezuela advierte que empresas mixtas con participación de Rusia y China, entre otros, también explotan hidrocarburos en el país sin que esté del todo claro quiénes están comercializando esa producción.

El coordinador general de Cecodap (ONG dedicada a la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Venezuela), Carlos Trapani, denunció que el gobierno venezolano está aplicando un esquema de racionamiento de vacunas que atenta contra la salud de los infantes.

Trapani publicó en sus redes sociales una circular emitida el 29 de mayo por el Viceministerio de Redes de Salud Colectiva, que trata sobre la “optimización del uso de las vacunas disponibles”.

El despacho oficial establece que esta comunicación “tiene la finalidad de aumentar la eficiencia y optimizar el uso del limitado número de dosis de vacuna BCG, pentavalente, toxoide tetánico-diftérico y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) disponibles actualmente”.

“Respecto a la vacuna SRP la instrucción se orienta a la aplicación únicamente de primeras dosis y diferir el cumplimiento de la segunda dosis hasta aumentar la disponibilidad del biológico”, dispone el texto firmado por la viceministra Magda Mara Magris.

Una orden similar se extiende a la pentavalente, mientras que en el caso de la BCG disminuyen el número de establecimientos que la administrarán en el marco de una “estrategia de concentración de pacientes para reducir el porcentaje de pérdida”.

Alarma

“Esta circular no trata sobre optimización, trata sobre cómo administrar la escasez de vacunas. Posponer dosis y restringir aplicaciones puede reducir pérdidas, pero también incrementa el riesgo de que niños y niñas no reciban la protección que necesitan en el momento adecuado. La respuesta no puede ser acostumbrarse a la escasez, sino superarla”, expresó Trapani.

El activista señala que “diferir segundas dosis o refuerzos no significa necesariamente que la vacuna deje de funcionar, pero sí prolonga períodos de vulnerabilidad y puede reducir la protección colectiva que se logra cuando las coberturas son altas y sostenidas”.

Trapani alerta sobre el peligro que representa diferir refuerzos y segundas dosis de pentavalente y SRP, “enfermedades que pueden provocar complicaciones severas, discapacidad e incluso la muerte”.

El jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela de Medicina Luis Razetti, Alejandro Rízquez, indicó en 2025 que “Venezuela está en un gran retraso en cuanto a nuevas vacunas y disponibilidad de productos biológicos del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) en la Región de la Américas”.

Rízquez apuntó que “las coberturas de vacunación nacional, los brotes epidémicos de enfermedades inmunoprevenibles y fallas en otros indicadores operativos muestran recientes fallas profundas de la gestión del PAI Venezuela”.

El experto subrayó que las autoridades nacionales “han desincorporado vacunas que estuvieron dentro de su oferta en años previos, sin justificación epidemiológica”.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría alertó en 2025: “Venezuela se ha mantenido con cifras de cobertura vacunal para sarampión en 2023 de 68,1% y para el 2024 subió a 70,9% para la primera dosis, la segunda dosis alcanzan las cifras de 39,06% y 51,11% para 2023 y 2024, todavía lejos de la vacunación ideal del 95% o más”.

Más material

Sobre la aplicación de la BCG, Trapani sostiene que “aunque la medida busca evitar el desperdicio de dosis, puede generar barreras adicionales para las familias, especialmente en zonas alejadas o con dificultades de transporte”.

El portavoz de Cecodap indicó que “cuando los programas de vacunación comienzan a adaptarse a la disponibilidad de biológicos y no a las necesidades de la población, el riesgo es que aumenten los niños con esquemas incompletos o atrasados”.

“La discusión no debería ser cómo racionar vacunas. La discusión debería ser cómo asegurar que cada niño y niña reciba todas las vacunas que necesita, en el momento que las necesita. La inmunización es una de las intervenciones de salud pública más efectivas y no puede depender de la escasez”, manifestó Trapani.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde que tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro el 3 de enero, aterrizó este domingo en Estambul para iniciar la segunda etapa de una gira internacional que tiene al petróleo como eje central. La mandataria fue recibida por el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, y por autoridades locales de la capital económica turca.

La delegación incluye al canciller Yván Gil, a la ministra de Turismo Daniela Cabello, a la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, a la ministra de Transporte Jacqueline Farías, y a los titulares de Comercio Exterior e Información, Johann Álvarez y Miguel Pérez Pirela. El canal estatal VTV transmitió las imágenes del recibimiento sin precisar cuál será la agenda concreta ni el tiempo de permanencia en el país.

La escala turca llega al cierre de cinco días de visita oficial en la India, en los que Caracas consolidó uno de sus mayores logros diplomáticos recientes: el retorno del crudo venezolano al mayor mercado petrolero en crecimiento del mundo. Antes de abril, la India no compraba petróleo venezolano desde mayo de 2025, cuando las refinerías indias paralizaron sus adquisiciones por temor a sanciones de Washington. La flexibilización de esas restricciones reabrió ese cauce.

El resultado ha sido notable. Según datos de la consultora Kpler, Venezuela se convirtió en abril y mayo en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, por detrás únicamente de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Las importaciones indias de crudo venezolano alcanzaron los 319.200 barriles diarios en lo que va de mayo, un 13,9% más que el mes anterior. El Gobierno indio indicó por su parte que Venezuela ya ocupa el tercer puesto en sus compras puntuales.

Este giro responde en buena medida a la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente. Desde el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, la India —que importa cerca del 90% del petróleo que consume— ha buscado diversificar urgentemente sus fuentes de abastecimiento. Venezuela, con las mayores reservas de hidrocarburos probadas del mundo, apareció como alternativa conveniente, impulsada además por la propia Casa Blanca: Trump había anunciado en febrero un acuerdo con el primer ministro Modi para que Nueva Delhi adquiriera crudo venezolano en lugar de iraní.

La visita a India incluyó un encuentro con el embajador de Estados Unidos en ese país, Sergio Gor, presentado como continuidad de las mesas de trabajo entre Caracas y Washington abiertas desde que Rodríguez asumió el poder. La imagen de la presidenta encargada de un régimen chavista reunida con un representante del gobierno de Trump sintetiza lo particular de este momento: es la propia administración estadounidense la que, al flexibilizar sanciones, ha habilitado el retorno del petróleo venezolano a los mercados asiáticos.

La relación entre Venezuela y Turquía tiene una trayectoria energética consolidada. Rodríguez ya se había reunido con Bayraktar en febrero, cuando aún era ministra de Hidrocarburos, para avanzar en proyectos conjuntos de petróleo, gas y minería. Ambos países firmaron en 2024 acuerdos en sectores petroquímicos y gasíferos, y Ankara fijó entonces el objetivo de elevar el intercambio bilateral hasta los 3.000 millones de dólares. La nueva visita, ya como jefa de Estado, eleva el rango político de esa relación.

La gira por India y Turquía dibuja una estrategia de diversificación de mercados en un momento en que Caracas negocia simultáneamente con Washington los términos de una normalización gradual. El petróleo sigue siendo la palanca que abre las puertas diplomáticas que la política mantiene entornadas.

Pronto viajará, si es que ya no va en camino. En cierto modo, nunca ha dejado de estar presente, ya que todo lo que ha hecho en el exterior ha tenido a Venezuela como objetivo, pero ahora se trata de su regreso físico, oportuno y necesario, además. Todo indica que ya era muy poco lo que podía obtener de su estadía en el extranjero, mientras que en su país la oposición necesita articular una presencia de masas de la cual hoy carece y que probablemente solo ella puede lograr, en un contexto donde Delcy Rodríguez ya habla y toma decisiones como candidata, toda vez que el tipo de transición que Venezuela vive tiene como hecho distintivo que el chavismo sobrevivió, y va a ser un factor (casi) permanente, sin duda durante la transición, por lo que sigue siendo el rival a vencer.

María Corina Machado (MCM) ya ha anunciado varias veces el regreso, y como es lógico ha dicho que lo va a coordinar con EE. UU., seguramente Marco Rubio, y el momento tiene que ver no solo con ese hecho, sino también con entendibles motivos de seguridad, toda vez que, en este protectorado de Washington, el dictador se fue, pero todavía permanece la dictadura.

Entonces, ¿a cuál Venezuela regresa MCM? ¿A qué regresa?

El objetivo fundamental es empujar lo que está faltando en la transición venezolana, un itinerario que incluya un calendario hacia la democracia, partiendo por la fijación de una fecha para las elecciones. Aunque se desconocen los detalles, sin duda debe existir un plan, debatido y consensuado al interior de la dirigencia, además de informado a la Casa Blanca, por lo que lo único que debiera hacer este columnista, es recordar aquello que ha estado presente en toda transición exitosa.

El análisis de la transición venezolana debe partir por constatar el hecho que MCM cumple un rol especial, un respaldo y confianza de su pueblo, que quizás nadie lo había tenido a ese nivel desde Mandela, un liderazgo a ser canal y no dique. Aunque hay rasgos comunes en las transiciones exitosas, en general, todas son diferentes una a otra, y Venezuela está resultando serlo. Muchos cambios se han dado en el país desde el 3 de enero, además que sin duda no es el mismo país del 2024, donde MCM se convirtió en la lideresa de la transición democrática al encabezar su triunfo personal en las primarias y el de Edmundo González en las urnas.

Su desafío inicial va a ser mantener esa relación especial, ya que es posible que los cambios que ha tenido Venezuela también hayan cambiado a los venezolanos, que hoy podrían estar prefiriendo la estabilidad sobre el cambio, tal como ha ocurrido en otras transiciones. Sin duda, la presencia de MCM va a ser un revulsivo para la actual situación de arrinconamiento en la cual la dictadura mantiene a las fuerzas democráticas, al conservar la iniciativa, por lo que lo primero que tiene que lograr MCM es aumentar la relevancia opositora, que hoy no es considerada ni tiene peso en las decisiones que se están tomando, ya sea por el régimen chavista o impuestas desde Washington, claramente en el petróleo.

Por lo tanto, primero, para lograr una modificación de lo anterior, clave va a resultar que MCM sea recibida por una multitud en Caracas, de las más grandes que el país ha conocido, antes de iniciar su recorrido nacional, debido a que en las experiencias más exitosas de transición, siempre la relevancia de la oposición democrática aumentó en forma notoria al igual que su presencia en las calles, como elemento de convencimiento general que el futuro es de la democracia y que el régimen está en vías de entregar poder, para lo cual no basta con decirlo, sino que debe ser sentido como tal, incluyendo en Washington.

En segundo lugar, después de ese baño de masas, MCM debe tener un elemento movilizador que no puede ser otro que el calendario democratizador, incluyendo fecha para las elecciones, que aunque tentativa, pueda actuar como freno a la arbitrariedad gubernamental, recordando además, la importancia que adquirió en las primarias y en las elecciones del 28-7, el hecho que existían fechas, en relación a las cuales existió una movilización popular entusiasta, que no se ha vuelto a repetir.

En tercer lugar, y ojalá ya se tenga el respaldo y compromiso de EE. UU. para ello, algo que va a marcar un antes y después, que MCM sea recibida por Delcy en Miraflores y por su hermano en el Parlamento, con todo el respeto que ella merece, para iniciar en condiciones igualitarias un diálogo sobre la transición. Esas imágenes van a ser decisivas para convencer a Venezuela que la democracia va en serio como también el fin de la dictadura, donde es fundamental que MCM no se desgaste en una conversación sin resultados, por lo que esos encuentros debieran tener frutos inmediatos como la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a los militares y policiales, como también la disolución de los organismos represivos y el fin de los colectivos armados.

En cuarto lugar, empezar a ser consultados en decisiones tan importantes como el petróleo y los cambios en el modelo económico y político del país, tanto por EE. UU. como por el gobierno chavista.

En quinto lugar, ganarse un lugar que hoy no se tiene, no solo con mayor movilización en las calles, sino que actuando como el gobierno legítimo que son, por lo que se debieran nombrar portavoces en cada área importante, una especie de gobierno en la sombra, tanto para difundir las propuestas democráticas como para reducir los abusos del gobierno. Ello también debe incluir un diálogo permanente con la embajada de EE. UU., incluyendo discrepar públicamente cuando corresponda, partiendo por temas tan trascendentes como el futuro del petróleo, un lujo que no tienen los siempre muy obedientes hermanos Rodríguez. Es en ese mismo sentido, que MCM debe abrir un canal de conversación y ser recibida con frecuencia por el poder judicial y las futuras autoridades electorales, acudir al Parlamento las veces que sea necesario, y como gobierno electo el 2024 a quien le robaron la elección, dialogar con China y Rusia, incluyendo el tema para ellos muy importante, de la deuda. También arroparse en la bandera nacional para denunciar la ocupación que el país sufrió con la dictadura cubana y agitar el tema del dinero que debe ser devuelto por La Habana. Por último, iniciar conversaciones con Guyana por el conflicto territorial que deja como herencia el chavismo.

Todo lo anterior no para perder protagonismo, sino todo lo contrario, para ganarlo, toda vez que en declaraciones de MCM se recoge lo mismo que surgió en el Manifiesto de Panamá de un sector opositor, en el sentido que regresa entre otros motivos, para negociar en Venezuela una transición “seria y responsable” con el gobierno y también con EE. UU.

No se entendería el regreso si otra persona encabeza la negociación con el régimen, y de ella se espera que postule condiciones de “libertad, transparencia y soberanía” como requisitos para tener por fin elecciones limpias. Este rol es insustituible al igual que su carácter público, toda vez que es necesario obtener además que EE. UU. se comprometa a ser garante de un itinerario, ya que el ámbito de posibilidades incluye también que las prioridades de Washington cambien, en definitiva, que EE. UU. efectivamente se comprometa a que el calendario, cualquiera este sea, va a ser respetado, por tratarse de un régimen que en el pasado no cumplió ningún compromiso, ninguno, ni siquiera aquel donde engañó en Barbados al gobierno de Biden el año 2023, sin que este reaccionara.

El discurso de MCM debe ser optimista a la vez que realista. Ponerle una fecha a la elección presidencial permite una meta, no solo recorrer el país, sino algo que es también lo suficientemente concreto para poder conectar con una ciudadanía leal, pero cansada de consignas vacías. Por cierto, todo acuerdo debe ser para la recuperación de las instituciones republicanas al ser el marco que posibilita una democracia de verdad.

Todo acuerdo puede contener las tres fases de estabilización, recuperación y transición propiamente tal de la propuesta Trump-Rubio, pero nunca, en ninguna transición exitosa fueron vistas como fases sucesivas, mecánicas, sino siempre se aceptó que a partir de algún momento pasaban a ser paralelas, por ejemplo, a partir de la fijación de un itinerario y de fechas de la elección en que el pueblo era consultado.

¿Qué más se necesita además de voluntad realista? No olvidar las esperanzas que han sido depositadas en MCM, como alguien que va a hacer que se respete el compromiso que toda ambición personal en la clase política, por legítima que sea, debe ser pospuesta en aras de Venezuela. Es decir, un compromiso ético, a lo cual la clase política debe aportar una autocrítica siempre necesaria, pero que no ha abundado en este doloroso Vía Crucis que ya dura demasiados años. También sería un aporte la incorporación de algo que también ha faltado, un mejor conocimiento de otras transiciones, al menos las más exitosas, no tanto para repetir lo allí hecho, sino para evitar errores dañinos.

Lo anterior es necesario, toda vez que una transición es un proceso donde se adquieren compromisos no siempre gratos y algunos renuncios, tal como lo saben en Chile negociando con Pinochet, o en España con quienes fueron parte del franquismo, como también pasó en Sudáfrica con quienes provenían del Apartheid.

El realismo es consustancial a todo proceso de transición, cuya característica es la mejor decisión dentro de lo posible, y donde son los principios los que sirven de brújula moral, toda vez que al ser pocos, pero grandes y visibles, orientan siempre hacia lo ético. Parte del realismo básico es que se reconozca el liderazgo de MCM como también que Delcy va a manipular el proceso político y económico a su favor, como la candidata que es.

De ahí la importancia que los principios orienten las propuestas, tal como lo han tenido que hacer otras transiciones en circunstancias parecidas, aunque no sean iguales. Es así como aunque en la mayoría de las transiciones exitosas hubo claridad que el sistema económico debía ser de mercado, siempre las fuerzas democráticas incorporaron preocupación distributiva a favor de los más débiles y un compromiso ético para reducir la pobreza, pero al mismo tiempo, el mercado debiera tener como propósito el crecimiento, ya que de otra manera en Venezuela se pondría trabas al regreso de tantos emigrados como también, si no crece la economía se dificulta una democracia sana, dadas las expectativas que se crean, y por lo tanto, una de las decisiones más difíciles para todo primer gobierno en el retorno de la democracia, es cómo reducir expectativas que no se pueden cumplir.

Acuerdos sobre principios básicos que sirvan de orientación en los múltiples niveles en los que se desarrolla una transición son necesarios no solo en lo económico sino también en lo político, toda vez que hay una merecida nostalgia hacia el pasado democrático de Venezuela, pero al mismo tiempo ha existido una insuficiente elaboración en cómo se avanza a una democracia mejor que la anterior, hacia una de calidad.

Cuando se compara con otros países, incluyendo a una España que solo ingresó por vez primera en su historia a la democracia recién en la década del 70, razón existe en sentir orgullo y nostalgia hacia la democracia del pasado, pero también deben existir más propuestas o al menos más acuerdos acerca de cómo se logra una democracia de calidad, al menos mejor que aquella que criticaba Uslar Petri atribuyéndole responsabilidad al Pacto de Punto Fijo (1958), ya que a pesar de los cambios de gobierno se dificultó “una verdadera alternativa de poder”, cayéndose en esa desviación de la democracia conocida como partidocracia. Hoy es posible y deseable aspirar a una, al menos mejor que aquella que eligió a Chávez, y que se proponga combatir la corrupción.

Se constata una justificada nostalgia celebratoria del pasado, tal como existe en sectores del exilio cubano, pero no ayuda a la transición, donde el recuerdo de lo logrado debe ir de la mano con que no se repita el hecho que una dictadura larga y cruel fue la consecuencia de la facilidad con la que Chávez engañó al país, incluyendo sectores empresariales e intelectuales.

Son demasiadas las cosas que han pasado en Venezuela desde el 3 de enero sin la participación de MCM. No son cosas que le han impactado o derribado, pero que sin embargo le han pasado por el lado. Y ese es el punto. MCM regresa no solo a ser parte de la transición, sino también a ganar las elecciones. En su regreso, todo puede hacer menos ser oposición testimonial, ya que es camino directo a la irrelevancia, un lujo que no debe permitirse, ya que se debe negociar y al mismo tiempo quitarle legitimidad a quien ocupa el poder sin haber sido electa.

MCM debe hacer lo anterior con Delcy, su rival, y presionar a Washington para que colabore, aunque ello pueda requerir saltárselos alguna vez y conversar directamente con las petroleras, las reglas que estas necesitan para poder invertir, y que en el futuro venezolano solo lo puede garantizar la legitimidad democrática, exactamente lo que a Trump esos ejecutivos CEO le dijeron en la Casa Blanca.

El realismo debe llevar a aceptar que es posible que Delcy se esté fortaleciendo y que el tiempo juegue a su favor, por lo que MCM debe pasar a la ofensiva. Sobre todo, debe desterrar algo que se ha dado en algunas transiciones, el exceso de confianza, dar por ganada una elección antes de tiempo. Pasa en democracia como también pasa en las transiciones. MCM regresa para cambiar la conversación en la que se desarrolla el proceso venezolano, aprovechar a su favor que Delcy se siente tan tranquila que empezó a viajar al extranjero, incluyendo el viaje a La Haya donde se arropó con la bandera nacionalista, otra evidencia que ya está en campaña electoral, por lo tanto, lo único razonable es no caer en el exceso de confianza y aceptar que las transiciones siempre dan nuevas sorpresas.

MCM tiene un rol especial, que nadie más podría hoy cumplir. De partida, vital va a ser conseguir que la nueva legislación electoral, sin trampa alguna, permita el voto de los millones que se vieron obligados a abandonar el país. Ese voto asegura hoy el triunfo, por ello sin duda el chavismo todavía en el poder va a hacer lo posible para que no tenga lugar. No sabemos mañana, por lo que las transiciones se pueden perder o ganar en el día a día, de ahí la necesidad que las fuerzas democráticas tengan el protagonismo del que hoy carecen, ya que además no se ve hoy en EE. UU. el mismo tipo de compromiso que por ejemplo también tuvo Europa, para la transición a la democracia de los países que eran comunistas, algunos sin la tradición que al respecto posee Venezuela.

De ahí la importancia de tener una idea clara de lo complejas que son las transiciones, ya que lo que ocurrió en la ex URSS y en Europa del Este ofrece muchas lecciones, de cómo a algunos países les fue mejor que otros en su proceso democratizador, y de cómo en algunos casos, como el de la propia Rusia, el Partido Comunista se mantuvo hasta hoy con representación electoral relevante, a pesar de su pasado.

Por otra parte, los deberes que esperan a MCM también incluyen estar preparados para ser gobierno, además, del problema de mantener a EE. UU. interesado en el país después de las elecciones presidenciales, en otros temas que no sean el petróleo.

La experiencia de otras transiciones muestra la dificultad del retorno de quienes se vieron obligados a emigrar, toda vez que es difícil el regreso masivo por el transcurso del tiempo, por hijos que han nacido en otros países, por el tema de la salud y la pensión, por el sacrificio de renunciar a posiciones legítimamente ganadas en el empleo, en la academia o por negocios instalados con éxito en el lugar de acogida. De lo anterior, desde ya surge la necesidad de preparar una legislación especial con los incentivos adecuados, considerando, además, que el exilio venezolano se ha establecido en buena parte del mundo, con notorias diferencias de desarrollo en los países donde fueron recibidos.

Es solo una muestra de los problemas que esperan al primer gobierno electo, además que pocos temas interesan tanto como este a las familias. MCM regresa para conducir a las fuerzas democráticas en Venezuela, liderazgo que debiera ser custodiado, porque no hay otro en el día de hoy. Con Maduro, EE. UU. dio un golpe de efecto contra la mafia. Ahora se necesita que la oposición democrática dé otro golpe de efecto sobre el proceso democratizador, que al fin convenza a militares, policías y jueces que continúan leales a la dictadura.

A todo ello regresa MCM, viaje que también tiene otra derivada. Por eso oportuno es recordar parte del conocido poema Ítaca del griego Constantino Kavafis (1863-1933), en el sentido de un viaje que también es emocional, al interior mismo, en este caso de ella:

“Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino”

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Según lo publicado en redes sociales, Keiko Fujimori expresó: “Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”.

Fujimori, quien este domingo compite en las urnas por la presidencia de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, compartió en sus redes sociales un breve mensaje y un video donde se observa parte de la videollamada con Machado.

En su mensaje, Fujimori advirtió que el modelo de Chávez “llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”.

La candidata afirmó: “En nuestro país, este 7 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender nuestra democracia, nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos frente a quienes, disfrazados de demócratas, quieren arrebatarnos todo”.

Durante la conversación, Fujimori indicó a Machado que trabaja para que la ciudadanía emita un voto informado y comprenda que las elecciones no giran en torno a su figura, sino a la necesidad de “defender la constitución, las leyes, un sistema económico de aperturas y el futuro de todos los peruanos”.

En el video, Machado advierte que sistemas como el venezolano se vinculan con redes criminales, penetran las instituciones y las destruyen, lo que deriva en “miseria y violencia”.

Machado destacó: “Es un momento histórico para que el Perú aproveche para avanzar y encausar una ruta de prosperidad y libertad. Ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes”, en alusión a los 1,6 millones de venezolanos residentes en el país andino.

El jueves, tanto Fujimori como Sánchez cerraron sus campañas en Lima, en un contexto de fuerte polarización tras el fallido gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Ambos aspirantes realizaron sus mítines finales en la capital peruana, enfocados en captar el voto de los indecisos, decisivos en una elección marcada por un empate técnico y una leve ventaja para el candidato de izquierda, según un sondeo privado difundido esa misma jornada.

La consejera senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Adriana D’Elia, indicó que ese organismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no podrán comenzar a operar en Venezuela hasta que el país cancele una deuda que aproximadamente alcanza los 2 mil 500 millones de dólares con cada una de esas instituciones.

“Ni CAF ni BID pueden comenzar a operar en Venezuela hasta que se pague la deuda; es decir, no puede haber operaciones de crédito ni tener proyectos de inversión hasta que Venezuela no pague la deuda. Tiene 2.500 millones de dólares con el BID y algo similar con CAF y es un proceso que va a ser complejo”, declaró D’Elia en un foro organizado por la ONG Transparencia Venezuela este jueves 4 de junio.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en el marco de una política que busca reinsertar a Caracas en los entes multilaterales y abrir sectores estratégicos de la economía al capital privado.

D’Elia asomó que “se ha hablado de que la posibilidad de pago pasa por los fondos de Derechos Especiales de Giro (DEG) que tiene Venezuela en el FMI”, equivalentes a unos 5 mil millones de dólares.

Mientras el régimen chavista no cumpla sus compromisos con estas instituciones, el vínculo se limitará a “cooperaciones técnicas de información y de diseño de programas, pero que no pueden ser ejecutados”. “Si no le paga al BID y a CAF va a ser mucho más complejo”, acotó.

Datos

D’Elia sostuvo que la reconexión de Venezuela con los órganos internacionales puede contribuir a construir transparencia, capacidad institucional y condiciones para una transición democrática. Recordó que BID y CAF han cambiado sus paradigmas para priorizar la “reconstrucción institucional” como condición indispensable para la ejecución de proyectos.

Consideró que la falta de instituciones, la opacidad en los datos públicos, la poca capacidad de ejecución y la corrupción hicieron de Venezuela una nación frágil. Para comenzar a revertir esta situación, apuntó que los entes multilaterales deben colaborar en la elaboración de una “plataforma integrada de transparencia”, con el fin de obtener información confiable para el diseño de las políticas públicas.

“La primera infraestructura es la capacidad para ver el territorio. Ahora mismo no tenemos información de Venezuela, no tenemos capacidad real de entender lo que está pasando”, advirtió la consejera, que llamó la atención sobre la necesidad de crear indicadores institucionales, sociales y de seguridad para evaluar la situación del Estado venezolano.

D’Elia planteó la conformación de “espacios institucionales pilotos” en el territorio venezolano, donde puedan aplicarse correctamente las nuevas políticas, medir sus resultados y luego expandirlos progresivamente por todo el país.

Venezuela revisó un contrato propuesto para que compañías energéticas trabajen en los campos petroleros del país, después de que empresas del sector se quejaran de que el borrador inicial otorgaba demasiado poder a Caracas y no estaba alineado con las reglas de las licencias de Estados Unidos.

El nuevo borrador, de aproximadamente 90 páginas, eliminó una cláusula de la versión inicial que habría permitido a Venezuela rescindir contratos por razones de “interés público” con una compensación limitada para las empresas, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. La cláusula era un obstáculo para las negociaciones, dijeron las personas.

Las compañías anticipan que cualquier discrepancia entre el contrato propuesto y los términos de las licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —incluidos temas de arbitraje y legislación estadounidense— será abordada en negociaciones individuales, dijo una de las personas.

El contrato propuesto es un punto de partida para las negociaciones de reparto de producción entre Petróleos de Venezuela SA y empresas privadas interesadas en ayudar a reactivar campos petroleros deteriorados y aumentar la producción tras años de sanciones, mala gestión y abandono.

El Ministerio de Información de Venezuela y PDVSA no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Por ahora, los únicos productores activos en Venezuela además de PDVSA son un pequeño grupo de compañías, entre ellas Chevron Corp. Algunas firmas más pequeñas ya iniciaron negociaciones para asegurar acuerdos mientras la guerra en Irán impulsa los precios del petróleo, dijeron las personas.

Aun así, las compañías petroleras mantienen la cautela. Los términos revisados de la última versión del contrato propuesto son más competitivos, pero todavía no cumplen las expectativas comerciales ni las relacionadas con las sanciones, dijeron las personas. Incluso para empresas dispuestas a asumir riesgos significativos, las condiciones no son lo suficientemente atractivas como para justificar inversiones importantes dado el incierto entorno político de Venezuela, añadieron.

La administración Trump ha tomado el control de los ingresos petroleros de Venezuela y trabaja con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para alentar a compañías estadounidenses a ayudar a reconstruir los campos petroleros del país bajo licencias del Tesoro emitidas después de la captura del exlíder Nicolás Maduro en enero.

© Bloomberg