El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV), un estudio que ofrece una radiografía detallada sobre la situación laboral, social y migratoria de la población venezolana residente en el Perú. El informe se basa en información recolectada entre agosto y noviembre de 2024 en ocho ciudades del país.

Los resultados evidencian que la inserción laboral de esta población se da mayoritariamente en condiciones de informalidad, junto con otros indicadores relacionados con empleo, ingresos, salud, vivienda y educación. Además, el INEI remarcó que esta información constituye una herramienta clave para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y reducir brechas sociales.

Alta informalidad laboral y nivel de ocupación

De acuerdo con el estudio, el 88,6% de la población venezolana ocupada en el Perú se encuentra en condición de empleo informal, lo que refleja una elevada vulnerabilidad en el acceso a derechos laborales, protección social y estabilidad contractual.

Pese a este escenario, el informe también muestra un alto nivel de participación en el mercado laboral, ya que el 95,8% de la población económicamente activa venezolana se encuentra ocupada, lo que evidencia una fuerte inserción en actividades productivas dentro del país.

Estructura del empleo y condiciones laborales

En cuanto a la estructura del empleo, el informe detalla que el 82,2% de la población ocupada se concentra en dos principales actividades económicas:

• Servicios: 57,8%
• Comercio: 24,4%

En menor proporción se ubican la manufactura (11,3%), la construcción (6,2%) y la agricultura, pesca y minería (0,3%).

Asimismo, el 72,1% de los trabajadores se desempeña como dependiente, mientras que el 27,3% lo hace de manera independiente, lo que refleja distintos niveles de inserción en el mercado laboral peruano.

Ingresos y acceso a servicios de salud

El ingreso promedio mensual por trabajo de la población venezolana en el Perú asciende a S/ 1.484, según el INEI. Este dato permite dimensionar las condiciones económicas en las que se desarrolla la mayor parte de esta población trabajadora.

En materia de salud, el informe indica que el 49,1% cuenta con algún tipo de seguro, mientras que el 44,0% recurre a farmacias o boticas cuando presenta problemas de salud, lo que evidencia limitaciones en el acceso a servicios médicos formales.

Condiciones de vivienda y situación migratoria

Respecto a las condiciones de vivienda, el 95,9% de los hogares venezolanos reside en viviendas alquiladas, lo que refleja una alta dependencia del mercado de arrendamiento. Además, el 14,7% de la población vive en situación de hacinamiento, lo que evidencia limitaciones en la calidad del espacio habitacional.

En cuanto a la situación migratoria, el 61,0% de la población venezolana cuenta con residencia vigente en el Perú, mientras que el 13,9% no dispone de permiso migratorio, lo que refleja la existencia de un grupo en condición irregular o en proceso de regularización.

Educación, discriminación y perfil demográfico

En el ámbito educativo, el 55,4% de la población venezolana tiene como nivel máximo la educación secundaria, mientras que el 36,2% alcanzó educación superior. Asimismo, el 7,8% de quienes tienen estudios superiores ha logrado homologar su título en el Perú.

El informe también señala que el 23,7% de la población reportó haber sufrido discriminación en los últimos 12 meses, mientras que el 16,5% de las personas de 18 años a más manifestó haber experimentado situaciones de acoso.

Finalmente, en términos demográficos, el 52,0% de la población venezolana residente en el Perú son mujeres y el 48,0% hombres, según el INEI, que subraya que estos resultados permiten comprender mejor las condiciones de vida de esta población y orientar políticas públicas más focalizadas.

El permiso temporal por razones humanitarias, que hasta la fecha permitía a los nacionales venezolanos residir y trabajar en España con una autorización renovable por un año, pasará a integrarse en nuevos procesos administrativos a partir de julio, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Este cambio se produce en el contexto de una regularización extraordinaria y temporal para inmigrantes en España, incluyendo a los venezolanos, activa solo hasta finales de junio. Tras esa fecha, quienes requieran regularizar su situación deberán hacerlo conforme a los procedimientos ordinarios establecidos en la ley de extranjería vigente. Según detalló el medio Europa Press, el gobierno busca aclarar las condiciones y plazos para la documentación de las personas migrantes, ante la finalización de la vía exprés utilizada desde 2018, por la que se han regularizado 240.000 venezolanos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Elma Saiz enfatizó que “esta noticia tiene que leerse sabiendo que está encima de la mesa y que está a punto de comenzar un importantísimo proceso de regularización extraordinaria al que efectivamente van a poder acogerse también muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanas”. La ministra aclaró que se trata de una modificación procedimental, no sustantiva, ya que la alternativa extraordinaria dará paso posteriormente a los cauces habituales para la regularización migratoria. Enfatizó que no se dificultará la regularización para los nacionales venezolanos, asegurando que el reglamento actual de la ley de extranjería ofrece distintos mecanismos como el arraigo para la obtención de permisos de residencia.

Según informó Europa Press, la nueva fase de regularización extraordinaria podrá solicitarse entre abril y el 30 de junio de este año. Una vez finalizado este periodo, los interesados deberán acogerse a los trámites habituales y vigentes al amparo de la ley de extranjería. Estos procedimientos ordinarios continuarán permitiendo el acceso a la residencia legal en España mediante distintos supuestos recogidos en la normativa, como arraigo social o laboral, entre otros.

Desde el año 2018, ciudadanos venezolanos que llegaron a España pudieron acogerse a la modalidad de residencia temporal basada en circunstancias excepcionales de índole humanitaria, una medida que ofrecía permisos de trabajo y residencia por un periodo inicial de 12 meses, renovable por otro año. Este mecanismo, según había publicado Europa Press, estaba específicamente dirigido a quienes acreditasen una situación de especial vulnerabilidad y era susceptible de ampliación en función de la evolución de la coyuntura en Venezuela y las valoraciones de las autoridades migratorias.

Con la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, los venezolanos en España podrán acogerse al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero. Este decreto establece un mecanismo temporal que persigue regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes en España y recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en 2004, la cual recabó el apoyo de más de 700.000 firmas y fue tomada en consideración en el Congreso, aunque quedó posteriormente bloqueada, detalló Europa Press.

La normativa fijó varios requisitos para acceder a esta vía excepcional. Los interesados deben haber arribado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una estancia continuada mínima de cinco meses en el país. En el caso particular de quienes hayan solicitado protección internacional, será suficiente acreditar que la petición se presentó antes de la mencionada fecha límite y que dicha solicitud pueda probarse. Adicionalmente, los solicitantes deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales, como parte de los requisitos exigidos.

Según consignó Europa Press, el cierre de la vía exprés corresponde a la política de unificación y racionalización de procedimientos migratorios, facilitando una transición ordenada a los trámites ordinarios. El real decreto temporal estará disponible durante el plazo estipulado y, una vez concluido, los cauces previstos en la ley de extranjería seguirán operativos para resolver las solicitudes pendientes o futuras.

El proceso se enmarca en las respuestas adoptadas por el Ejecutivo ante la presión migratoria y las necesidades de regularización de diversos colectivos, con la comunidad venezolana entre las más representadas en los últimos flujos migratorios hacia España. Las opciones que permanecerán disponibles tras la regularización extraordinaria apelan a la normativa ordinaria, que contempla supuestos como el arraigo, la reagrupación familiar y otros procedimientos, según enfatizó la ministra en las declaraciones a Europa Press.

Elma Saiz recalcó que la regulación que rige tras junio permite a miles de personas, incluidas aquellas de nacionalidad venezolana, acceder a la residencia y el trabajo en España, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos y sigan los procesos documentales correspondientes. Así, subrayó que los recursos y mecanismos previstos en el reglamento han posibilitado la respuesta a numerosas situaciones personales en años recientes.

En síntesis, tal como reportó Europa Press, el cambio anunciado conlleva la conclusión de la vía exprés que ha permitido la regularización de cientos de miles de venezolanos en los últimos seis años, al tiempo que se implementa temporalmente un sistema de regularización extraordinaria y, posteriormente, se reanuda la aplicación de cauces ordinarios según la legislación de extranjería.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó este 9 de marzo la detención de Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, sujeto señalado como líder de una banda dedicada al robo de casas bajo el modus operandi conocido como “La Patrona”.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que Ronny Antonio Marcano Gómez, de 34 años de edad, está relacionado, tras investigaciones, con el asalto a la residencia de la cantante Susana Zabaleta, ocurrido en octubre de 2025.

En el mismo operativo, realizado en la alcaldía Tlalpan, fue arrestada una mujer que presuntamente sería su pareja sentimental, identificada como Jhorianna Klismar “N”, también de nacionalidad venezolana.

Así fue la detención de Ronny “N” y Klismar “N”

El reporte oficial señala que los elementos de la policía capitalina realizaban vigilancia rutinaria cuando ubicaron a dos personas al interior de un vehículo blanco, que ya era investigado por robos a casas, circulando sobre la carretera México-Cuernavaca y la calle Rinconada Paseo de San Juan, en el Pueblo de San Andrés Totoltepec.

Al identificar el vehículo, los oficiales observaron con atención a los tripulantes y notaron que manipulaban envoltorios que parecían contener droga. Esta conducta motivó a los agentes a realizar una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales les encontraron a Ronny Antonio “N” y a Jhorianna Klismar “N” lo siguiente:

• 155 bolsitas con posible marihuana
• 20 empaques adicionales, también con presunta marihuana
• 91 dosis de presunta cocaína en piedra
• 1 arma de fuego con 10 cartuchos útiles
• 1 caja con 50 cartuchos
• 1 teléfono celular

Ambos detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La SSC informó que mantiene abiertas varias líneas de investigación y coordina acciones con autoridades de otras entidades para ubicar a otros posibles responsables de robos a casa, incluido el realizado a Susana Zabaleta.

Fuentes consultadas por este medio refirieron que además de el robo a casa habitación, la banda liderada por “El Ronny” también estaría enfocada en la venta de armas y el narcomenudeo en la capital mexicana, además de Puebla y el Edomex.

El jefe de la SSC, Pablo Vázquez, destacó en sus redes sociales los trabajos para detener a el líder de la banda de origen venezolano, lo que significaría un arresto relevante en la CDMX.

Ronny Antonio “N” y el robo a la casa de Susana Zabaleta

La detención de Ronny Antonio “N” ocurre en el contexto de la investigación por el robo a la casa de Susana Zabaleta, ocurrido el 26 de octubre de 2025 en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Según la reconstrucción realizada previamente por Infobae México y confrimada por la SSC, los delincuentes de la banda encabezada por “El Ronny” engañaron a la empleada doméstica mediante llamadas y mensajes, haciéndole creer que la actriz y cantante enfrentó una emergencia médica y necesitaba saldar una deuda hospitalaria.

Bajo la presión, la trabajadora entregó dinero en efectivo y objetos de valor a los responsables.

Tras el hecho, Susana relató que la extorsión a su empleada permitió a los asaltantes llevarse pertenencias valiosas durante su ausencia.

En el mensaje publicado, señaló hartazgo de su parte por la situación, debido a que no es la primera vez que sus bienes son víctima de la delincuencia, ya que en 2015 sufrió otro robo en su vivienda.

Tras la detención de Ronny “N”, autoridades confirmaron que el método empleado corresponde al esquema “La Patrona”, caracterizado por el uso de información personal y manipulación psicológica de los empleados del hogar para perpetrar el robo.

De acuerdo con la SSC, la célula encabezada por Ronny Antonio Marcanoi, con operación en al menos tres estados de la república, ya está bajo investigación por varios robos con el mismo modus operandi.

Desde el 17 de febrero, en Soacha, Cundinamarca, se mantiene un paro protagonizado por el gremio de conductores del transporte público, que denuncia ser víctima de cobros extorsivos por parte de estructuras internacionales que se han consolidado en el municipio.

Debido a esta situación, residentes de las comunas más alejadas de la última estación de TransMilenio (San Mateo) se han visto obligados a caminar hasta el punto de salida de los articulados y así poder asistir a sus empleos, sitios de aprendizaje y cumplir con los trámites que deben realizar en Bogotá.

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De la misma forma, después de las 5:00 p. m., cuando la mayoría de oriundos de Soacha retornan de sus trabajos, se ha visto una gran cantidad de locales caminando hasta sus hogares ante la ausencia de buses en las vías.

En medio de la situación, Periodismo Público, un medio local en Soacha, divulgó un audio que recibieron los conductores de transporte público, en el que alias Moisés, el mismo que ha firmado los panfletos con amenazas, se atribuye el asesinato de un transportador en la noche del 14 de febrero.

“Nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín. La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente”, es parte del audio mencionado.

Sobre la estructura criminal que los está extorsionando, en diálogo con Infobae Colombia, conductores del transporte público que optaron por no dar sus nombres para preservar su seguridad, afirmaron que se trataría de ciudadanos de nacionalidad venezolana que se han apoderado de varias comunas en Soacha.

A pesar de las denuncias, y de que en medio de una jornada de protesta se registró el asesinato de un “calibrador” en el municipio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, afirmó que el paro era una respuesta de los conductores por los operativos de control que se han llevado a cabo en el territorio.

“En articulación con la Dijín de la Policía Nacional, inmovilizamos 30 vehículos que operaban de manera ilegal en la ciudad y que no cumplían con las normas de seguridad exigidas para la prestación del servicio público. Durante los operativos, un pequeño grupo de conductores generó bloqueos en varios puntos. Sin embargo, gracias al respaldo de los transportadores formales y al trabajo coordinado de nuestras autoridades, logramos restablecer el servicio de manera oportuna. En Soacha seguimos actuando con determinación para proteger la legalidad, la seguridad de los usuarios y el trabajo digno de quienes sí cumplen las normas”, fue el mensaje que terminó de romper los intentos de diálogo entre el gremio de transportadores y la alcaldía municipal.

Durante la tercera jornada sin transporte público en Soacha, los conductores afirmaron que con las declaraciones entregadas por Julián Sánchez, el alcalde les dio la espalda, por lo que no tienen fecha exacta para volver al diálogo.

“Nosotros denunciamos que nos matan a dos compañeros y él sale a decir que somos ilegales. Claro que hay algunos que no tienen los papeles al día, pero es por lo mismo, porque ya no ganamos nada; si nos extorsionan, ¿de dónde pagamos las cosas?”, declaró un conductor a Infobae Colombia.

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún tipo de diálogo entre las partes en el corto plazo; mientras tanto, miles de soachunos deberán seguir caminando por zonas con poca iluminación, nula presencia de las autoridades y ninguna solución viable a la vista.

Los últimos registros oficiales revelan que ciudadanos venezolanos encabezan la adquisición de la nacionalidad salvadoreña por naturalización. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (la autoridad migratoria de El Salvador), el flujo de solicitudes provenientes de Venezuela ha superado al de otros países durante el período comprendido entre 2021 y 2025.

En el año pasado, treinta venezolanos obtuvieron la nacionalidad salvadoreña, cifra que sitúa a este colectivo por delante de nacionales de Cuba y Estados Unidos, con diecisiete y once naturalizaciones respectivamente.

Considerando los datos acumulados desde 2021, el total de venezolanos nacionalizados asciende a noventa y seis, mientras que Cuba suma cuarenta y nueve y Estados Unidos, treinta y seis nuevos ciudadanos.

La normativa vigente, representada por el artículo 156 de la Ley Especial de Migración y Extranjería, establece directrices claras para la obtención de la nacionalidad por naturalización.

Las personas originarias de España o de países hispanoamericanos pueden acceder a este derecho tras un año de residencia definitiva en El Salvador. Para el resto de extranjeros, la ley exige un periodo de cinco años de residencia.

Esta legislación refleja una tradición regional de lazos culturales y lingüísticos, favoreciendo a ciudadanos hispanoamericanos y españoles en comparación con otros países.

El especialista reconocido en migración y citado por El Diario de Hoy, Óscar Díaz atribuye el crecimiento de venezolanos nacionalizados a la intensificación de la persecución política en Venezuela.

Díaz explicó que muchos venezolanos que tenían intenciones de llegar a Estados Unidos optaron por quedarse en El Salvador, aludiendo a los obstáculos y riesgos asociados a rutas migratorias más extensas.

La activista Celia Medrano relacionó este fenómeno con la estrategia del gobierno salvadoreño de atraer ciudadanos considerados como inversores. Medrano afirmó: “Es coherente con las actuales políticas de facilitar nacionalidad salvadoreña a lo que entiende el gobierno actual como inversores”.

La tendencia a facilitar la nacionalización para determinados perfiles extranjeros coincide con el énfasis del gobierno de Nayib Bukele en promover la llegada de capital y talento extranjero.

La presencia creciente de venezolanos naturalizados sugiere un cambio en la composición de la comunidad migrante en El Salvador.

Las cifras aportadas por la Dirección General de Migración y Extranjería reflejan no solo la realidad de los desplazamientos regionales, sino también el impacto de políticas locales que configuran el acceso a la ciudadanía.

Crecen las naturalizaciones salvadoreñas

Entre 2021 y 2025, El Salvador reportó un notable aumento en la concesión de nacionalidad a extranjeros, con una subida de 132 otorgamientos en 2014 a 500 en 2024, lo que representa un incremento del 279% en diez años, de acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

El crecimiento en la entrega de “calidades migratorias”, que abarca residencias definitivas, refrendas de residencia y permisos temporales, se aceleró en 2025, totalizando 10,868 casos frente a los 7,708 de 2024, lo que equivale a un aumento del 40.9%.

En cuanto a la nacionalización, en 2025 se concedieron 466 nacionalidades a extranjeros, lo que implicó una leve baja del 7% respecto al año anterior. Del total, 361 correspondieron a nacionalización (77.5%), mientras que 105 fueron obtenidas por naturalización (22.5%).

La legislación salvadoreña establece que la nacionalización puede ser solicitada por nacionales de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tras un año de residencia definitiva en el país.

Para la naturalización, se requiere al menos un año de residencia para nacionales de países hispanoamericanos o de España; cinco años para personas de cualquier otro país; dos años para quienes estén casados con salvadoreños; o estatus de refugiado o apátrida.

La Cancillería de Honduras ha anunciado un proceso de revisión y reorganización en su red consular, especialmente en Estados Unidos, donde residen cerca de dos millones de ciudadanos hondureños. La autoridad responsable de la política exterior advierte que la contratación de personal extranjero en consulados durante la administración pasada desató una desorganización interna, deficiencias en la atención y quejas de la diáspora, por lo que han comenzado a implementar nuevos mecanismos contractuales y a fortalecer la supervisión en las sedes diplomáticas. La canciller Mireya Agüero declaró que estas medidas buscan recuperar la confianza de los usuarios y adecuar el servicio consular a las necesidades reales de la comunidad.

Durante su intervención en el foro televisivo Frente a Frente, Agüero informó que varios consulados, especialmente en Estados Unidos, quedaron bajo gestión de empleados locales sin nacionalidad hondureña. Aseguró que el problema se agravó en la administración anterior, cuando la contratación de personal local aumentó un 34 % aunque dicho crecimiento solo involucró a ciudadanos extranjeros, dejando relegados a hondureños calificados.

La canciller reconoció haber encontrado oficinas en las que las funciones esenciales estaban totalmente delegadas a personal sin vínculos con Honduras: “Lo que he recibido, como hondureña, me ha dolido mucho. En algunos casos hubo un abandono absoluto de los titulares de los consulados, dejando todo en manos de personal local contratado”, manifestó. Según especificó, esta situación llevó a una “desfiguración” de los procesos internos, desde la protección consular hasta la gestión de pasaportes, con impacto negativo en la organización y en los servicios fundamentales.

Sobre las consecuencias directas, Mireya Agüero detalló que la Cancillería ha recibido “una multitud de quejas alrededor de la desatención a nuestros conciudadanos”, resultado de retrasos, barreras en trámites y falta de orientación en gestiones migratorias. Expuso que la red consular hondureña en Estados Unidos, país que acoge a la mayor comunidad de la diáspora, cumple funciones críticas: emitir pasaportes, llevar registros civiles, brindar poderes notariales, asistencia legal básica y apoyo en situaciones de detención migratoria. Por lo tanto, la capacitación y la nacionalidad del personal influyen directamente en la eficiencia de los servicios.

Al referirse a la selección de empleados extranjeros, Agüero aclaró que “no cuestiona las capacidades profesionales del personal extranjero contratado”, pero subrayó la relevancia de orientar el modelo de atención a los intereses nacionales: “El personal local en consulados en Estados Unidos creció un 34 %, por qué necesitábamos tanta contratación local y si la necesitábamos, por qué no de hondureños, por qué de mexicanos, venezolanos”.

La Cancillería inició la implementación de medidas para reorganizar la estructura y asegurar un servicio más profesional. Entre las acciones, Mireya Agüero mencionó la exigencia de contratos adicionales de confidencialidad y de compromiso de servicios consulares, además del acuerdo de nombramiento tradicional, para todo futuro funcionario: “He solicitado que se prepare, además del acuerdo de nombramiento, un contrato de confidencialidad y un contrato de compromiso de servicios en los temas consulares para los futuros funcionarios. Esto garantizará que quienes ocupen los cargos tengan claras sus responsabilidades y se enfoque correctamente la atención a nuestros compatriotas”.

La funcionaria informó que se está revisando la totalidad de los procesos administrativos y operativos en consulados, sin precisar cuántas de las oficinas presentaron irregularidades, aunque confirmó que el análisis abarca varias sedes en el país norteamericano.

Actualmente, la Cancillería de Honduras continúa la evaluación del desempeño y la revisión de contratos vigentes, al tiempo que desarrolla estrategias de reorganización para elevar la calidad del vínculo institucional con su diáspora y responder a una de las principales demandas de la comunidad migrante.

Crisis total en Cuba. El título de la nota de Infobae podía representar cualquier momento de la historia reciente de la isla caribeña. Pero la situación es cada vez más dramática: los hospitales han suspendido cirugías y restringieron el traslado de pacientes ambulatorios. Los hoteles turísticos cierran, el transporte se recorta, el servicio eléctrico se interrumpe. Hay una crisis de combustible sin precedentes.

Y, en ese contexto, la única alternativa que tienen muchos es escapar.

En menos de cinco años, se han ido del país más de un millón y medio de residentes. Uruguay ha sido el receptor de buena parte de ellos, de acuerdo a las cifras oficiales de este país informadas por El Observador.

El saldo migratorio (la llegada de cubanos menos los egresos de los residentes de ese país) casi se triplicó en 2025 en comparación al 2024: entraron más de 22.000 y se fueron cerca de 7.000. El saldo el año pasado fue de 14.959, mientras que en el año anterior había sido 5.870.

El único año en el que el saldo migratorio entre Uruguay y Cuba fue negativo –al menos desde la muerte de Fidel Castro– fue el 2021, durante la pandemia, cuando la diferencia entre los dos indicadores fue de 639.

El récord en la llegada de cubanos desde 2025 se suma a otro, también consignado por le medio uruguayo. En 2025, se otorgaron 13.852 documentos de identidad [cédulas, como se le llama en Uruguay] a cubanos por primera vez. Es la cifra más alta y es la nacionalidad (por fuera de los uruguayos) que más documentos nuevos obtuvieron.

La cifra quintuplicó a la de otras nacionalidades. Sin contar los uruguayos, después de los cubanos se otorgaron más cédulas a argentinos (2.635), brasileños (2.564), venezolanos (2.042) y colombianos (874).

La organización UruVene fue creada en Uruguay como una comunidad de venezolanos, pero en el último año recibió más consultas de cubano que de cualquier otro país. Por estos días –de acuerdo al artículo de El Observador– reciben relatos de quienes todavía están en la isla y pretenden llegar a Uruguay.

Una señora que mantiene el anonimato relató cómo es la vida en Cuba: el jueves, por ejemplo, en su casa estuvieron sin electricidad desde las 10 de la mañana hasta las ocho de la noche. Hay una carencia total con el gas y eso agrava la situación de muchas familias. El abastecimiento del agua varía de una zona a la otra. La salud, es el problema principal para ella.

Es que los centros sanitarios de Venezuela afrontan una falta extrema de medicamentos esenciales y materiales básicos. No es posible realizar intervenciones quirúrgicas ni trasladar a enfermos entre diferentes municipios, porque las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas. Recursos crítico como analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas están ausentes de los inventarios.

“La política de (Donald) Trump está influyendo en que muchos prefieran no arriesgarse a irse a Estados Unidos”, explicó tiempo atrás a ese diario Valeria España, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.

“La vida de muchos migrantes está en juego cuando en el proceso están involucradas las fuerzas militares”, agregó la jerarca del gobierno uruguayo. Consideró que un elemento clave para que más cubanos se queden en Uruguay es que el “tiempo de permanencia” hace que mejoren las “posibilidades para quedarse”.

Si se analiza el saldo migratorio con Venezuela, en 2025 hubo un punto de quiebre: por primera vez desde que hay un éxodo masivo más venezolanos se fueron de los que llegaron a Uruguay.

El panel de tres jueces del Noveno Circuito, según consignó EFE, determinó que la cancelación del TPS dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, contravino el estatuto congresual, al tiempo que señaló motivaciones discriminatorias detrás de dicha resolución. En el fallo firmado por el juez Salvador Mendoza, se expresó que la terminación del programa no solo afecta los permisos de trabajo, sino también incrementa el riesgo de detenciones y expulsiones inmediatas para la población beneficiaria.

El medio EFE detalló que, pese a la sentencia favorable a los demandantes, esta no produce un alivio inmediato. El Tribunal Supremo estadounidense autorizó en octubre anterior la implementación de la medida que elimina la protección, por lo que los venezolanos amparados por el TPS continúan en un estado de incertidumbre legal. Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON) y una de las representantes legales del grupo afectado, argumentó en un comunicado que los beneficiarios “aún enfrentan” amenazas serias de deportación y detención. Según palabras recogidas por EFE, Bansal afirmó: “La magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender”.

Según publicó EFE, el impacto de la medida no es homogéneo dentro de la comunidad venezolana acogida al TPS. De las 600.000 personas que accedieron a esta protección, 250.000 la perdieron tras las modificaciones aprobadas en noviembre pasado. El resto, unas 350.000, verán extinguirse su beneficio en octubre próximo, lo que aumentará la incertidumbre y las posibilidades de expulsión para un grupo que ha dependido del amparo migratorio temporal.

Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California en Los Ángeles, expuso al medio EFE que, a su juicio, la administración encabezada por Donald Trump continuará con las acciones de detención y deportación de los beneficiarios venezolanos del TPS, al amparo de la orden del Tribunal Supremo, que calificó de “ilegal”. El especialista, quien argumentó el caso en representación de los demandantes, describió el escenario futuro como poco alentador para quienes habían alcanzado cierto alivio mediante el programa.

Las acciones de la administración Trump han sido objeto de nuevos cuestionamientos al considerarse parte de una tendencia orientada a eliminar sistemáticamente el TPS para diferentes comunidades. Emi MacLean, abogada principal de la Fundación de la ACLU del Norte de California, declaró para EFE que la cancelación de TPS para Venezuela y Haití representa “solo la punta del iceberg” y aseguró que el objetivo es acabar con el programa de forma extendida. MacLean agregó que el TPS se creó con la función específica de poner límites al poder unilateral del Ejecutivo.

La Alianza Nacional TPS, según indicó su coordinador José Palma en declaraciones a EFE, juega un papel central dentro de la presión que ejercen las organizaciones inmigrantes. Palma subrayó que se mantienen con esperanzas de lograr un resultado favorable, remarcando logros anteriores como la conservación del TPS para nacionales de seis países cuando la administración Trump intentó eliminar este beneficio en 2017. Además, Palma hizo un llamado al Congreso estadounidense para que proporcione una solución legislativa permanente a la situación de las personas protegidas por el TPS, al afirmar: “La justicia para nuestra comunidad exige nada menos”.

Los abogados y organizaciones que representan a los demandantes incluyen, de acuerdo a los datos de EFE, a NDLON, las Fundaciones de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria y la Alianza Puente Haitiano. Todas ellas insisten en la necesidad de una intervención legislativa que otorgue estabilidad legal a los migrantes afectados.

El litigio jurídico continuará avanzando en el sistema judicial, mientras defensores y activistas exponen cómo persisten los riesgos para una comunidad que depende del TPS para evitar la deportación y asegurar la permanencia y el empleo en territorio estadounidense. El resultado del proceso influirá directamente en el destino de 600.000 venezolanos, quienes se mantienen atentos a los fallos pendientes de las distintas instancias judiciales, en un ambiente de inseguridad migratoria constante, según reportó EFE.

El éxodo masivo de venezolanos hacia Uruguay se comenzó a registrar en 2013: ese año hubo un aumento exponencial de la llegadas hacia el país. En 2012, el saldo migratorio de venezolanos fue de 177 y al año siguiente creció a 1.007; y desde entonces el número incrementó hasta 2025, cuando volvió a ser negativo.

Los datos surgen de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay y fueron informados por el diario local El Observador. Lo que muestra el número de 2025 entonces es que la tendencia se rompió y que por primera vez desde que hay un éxodo masivo más venezolanos se fueron de los que llegaron.

Mariangeles González es coordinadora de viajes de la empresa Remextiven, que se especializa en las rutas de Venezuela a Uruguay, y explicó que este fenómeno está relacionado con el sentimiento de “nostalgia”.

“Sin duda hubo un cambio de tendencia y va de la mano con la nostalgia. Siempre se extraña un poco y en el último año hubo un poco de mejoría (económica) en Venezuela. Los medicamentos siguen siendo carísimos, pero ya no hay tanta escasez. Pasó lo mismo con los alimentos, ahora se consiguen”, expresó González a ese medio uruguayo.

Pero una menor escasez –aclaró– no significa que Venezuela se haya “arreglado”. Más bien sigue “lejos” de esto y más aún si se considera el plano político. En 2025 todavía el dictador Nicolás Maduro seguía presidiendo Venezuela, aunque faltaba cada vez menos para que el líder del chavismo sea capturado por Estados Unidos e imputado allí.

El salto migratorio se calcula con una cuenta matemática muy sencilla: la resta entre quienes ingresaron al país desde Venezuela menos los venezolanos que se fueron. El 2022 fue el año que el saldo migratorio fue más positivo: la diferencia fue de 9.599.

Lucía Pizzarulli, la jefa de la oficina en Uruguay de la Organización Internacional para las Migraciones, marcó que en este país había algunas diferencias si se comparaban los datos con el resto de la región.

“En los años siguientes fuimos viendo que el saldo seguía siendo positivo, con menor magnitud. Pero Uruguay mostraba una diferencia con el resto de la región: era el país que en relación a su proporción venía recibiendo más venezolanos, muchos de ellos que no habían tenido suerte en terceros países”, expresó en declaraciones a El Observador.

El artículo periodístico cuenta la historia de una mujer venezolana que, junto a su esposo, llevan ocho años viviendo en el país. Se trata de María de los Ángeles Abache, quien expresó su agradecimiento con Uruguay pero también reconoció sentir “nostalgia, añoranza, deseos, impotencia” y tener “ganas de volver a un país libre”.

“En Venezuela la mayoría de las personas no pagamos alquiler (porque es muy fácil el acceso a la vivienda), la mayoría teníamos auto y moto, vacaciones largas, muchos feriados y ni decir de nuestras playas”, expresó.

Pero más allá de las historias de venezolanos, el saldo migratorio en Uruguay fue positivo en 2025. Esto se explica principalmente porque llegaron más cubanos. De hecho, el año pasado terminó con el resultado más positivo de esa nacionalidad desde que hay registros.

“La política de (Donald) Trump está influyendo en que muchos prefieran no arriesgarse a irse a Estados Unidos”, explicó a ese diario Valeria España, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.

“La vida de muchos migrantes está en juego cuando en el proceso están involucradas las fuerzas militares”, agregó la jerarca del gobierno uruguayo. Consideró que un elemento clave para que más cubanos se queden en Uruguay es que el “tiempo de permanencia” hace que mejoren las “posibilidades para quedarse”.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y líder del Partido Popular gallego, destacó durante la clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP su reconocimiento a los gallegos y españoles que residen en Venezuela o que han llegado a Galicia en busca de nuevas oportunidades. En su intervención, según consignó el medio, Rueda enfatizó la prolongada relación de apoyo que mantiene su partido con estas comunidades, afirmando: “Estuvimos siempre con vosotros, cuando nadie creía que nada era posible y hemos seguido estando cuando algunos se ponían de perfil descarada y cobardemente”.

Durante el evento, que contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, Rueda aseguró que su formación política acompañará a Venezuela “hasta que sea un país libre”. Según publicó el medio, aprovechó la ocasión para saludar y fotografiarse con un grupo de ciudadanos venezolanos asistentes al acto. Rueda también se refirió a la situación política en Venezuela y remarcó la solidaridad que, de acuerdo con el PP, han ofrecido de manera constante, tanto a quienes permanecen en el país como a quienes han buscado refugio en Galicia.

En el transcurso de su intervención, el presidente gallego se refirió críticamente al Bloque Nacionalista Galego (BNG), acusando a dicho partido de “seguir apoyando a tiranos”. Rueda señaló específicamente: “El ‘Chávez, te lo juro, votaré por Maduro’ se lo vamos a recordar siempre porque no hay derecho”, frase que, según detalló el medio, marca su desaprobación tanto de la postura histórica del BNG ante el régimen chavista como de su actitud actual.

El líder del PP de Galicia insistió en que los populares continuarán respaldando a la sociedad venezolana hasta que el país “sea una democracia, un país libre y vuelva a ser lo que fue”. Estas declaraciones fueron realizadas ante militantes y simpatizantes del partido, subrayando el compromiso de la formación con los ciudadanos afectados por la crisis en Venezuela y con aquellos que han adoptado Galicia como nuevo hogar.

A lo largo de la jornada, tanto Rueda como Feijóo dedicaron palabras a la profunda crisis que enfrenta Venezuela, ligando la situación interna del país sudamericano con la importancia de las políticas de acogida y apoyo en la comunidad gallega, de acuerdo con lo reportado por el medio. Destacaron la presencia de una importante representación de la diáspora venezolana en Galicia, describiendo el impacto de la migración en la sociedad gallega y la responsabilidad que, en su opinión, corresponde a las instituciones políticas.

Finalmente, Rueda reiteró el respaldo del Partido Popular a los venezolanos afincados en Galicia, demandando un reconocimiento no solo a quienes han conseguido rehacer su vida en España, sino también a quienes continúan en Venezuela enfrentando dificultades generadas por la crisis sociopolítica, informó el medio. En sus palabras, reforzó el mensaje de que el PP mantendrá su apoyo “hasta que Venezuela vuelva a ser lo que fue”.

De acuerdo con EpData, el año 2025 registra un aumento notorio de solicitantes de asilo originarios de Venezuela, superando ampliamente a otras nacionalidades. Los datos muestran que la comunidad venezolana lidera el ranking de solicitudes de protección, lo que representa un fenómeno migratorio motivado principalmente por la coyuntura económica, la inflación elevada y la situación laboral en su país de origen. El medio señala que España es el destino principal en Europa para quienes buscan refugio humanitario, y que la cifra de venezolanos establecidos de forma regular en el país europeo continúa su tendencia ascendente.

Los gráficos publicados por EpData detallan la evolución anual de la población residente en España procedente de Venezuela, así como el número de expedientes de asilo tramitados año tras año. Según las visualizaciones, el incremento de la población venezolana en España muestra una correlación directa con el deterioro de los principales indicadores económicos de Venezuela, como el Producto Interior Bruto (PIB), la tasa de inflación y los índices de desempleo. El informe ofrece comparativas con otras nacionalidades, pero ninguna alcanza el volumen de solicitudes registrado por la comunidad venezolana durante 2025.

EpData incluye en su análisis la evolución del PIB venezolano, que según sus datos, ha sufrido un retroceso significativo en la última década, acompañado de tasas de inflación que superan los registros de la región y aumentan el coste de vida de manera sostenida. Paralelamente, las cifras de paro muestran un mercado laboral nacional incapaz de absorber a la población activa, lo que impulsa a miles de ciudadanos a buscar alternativas fuera de sus fronteras, especialmente en Europa.

La situación política y la persistencia de dificultades económicas han motivado lo que EpData define en términos cuantitativos como una de las olas migratorias más relevantes de la actualidad en España. El medio compara el flujo de migrantes venezolanos con el de otros colectivos, subrayando que en 2025 la diferencia con las siguientes nacionalidades solicitantes de asilo es considerable. Además, destaca cómo el otorgamiento de residencias por razones humanitarias se concentra en los venezolanos, en respuesta a la caracterización oficial del contexto que enfrentan.

La publicación de EpData pone a disposición visualizaciones que permiten contrastar los perfiles demográficos de la migración mexicana, colombiana, peruana y de otros países con el de la venezolana. En cada caso, la magnitud de las expedientes procesados es mayor para quienes vienen de Venezuela. También se detalla que, junto al número de residentes, aumenta el volumen de agrupamiento familiar y solicitudes de protección vinculadas a la reagrupación.

En relación a los datos económicos recopilados, el análisis de EpData subraya que el éxodo venezolano responde tanto a factores estructurales nacionales como a políticas migratorias del país receptor. Por un lado, la caída del PIB y el crecimiento de la inflación en Venezuela deterioran las condiciones de vida cotidianas, mientras que, por otro, España responde a esta demanda mediante la concesión de permisos bajo la figura de protección humanitaria. Según los informes difundidos, esta política proporciona un marco legal a miles de personas que, de otro modo, permanecerían en situación irregular o expuestos a la deportación.

El medio facilita además enlaces a los conjuntos de datos utilizados en el análisis, ofreciendo la posibilidad de consultar las cifras completas de las solicitudes de asilo presentadas en 2025 por países de origen, la distribución de la población venezolana residente en España y los indicadores socioeconómicos clave de Venezuela. EpData concluye el informe recordando que, para cualquier información añadida, se encuentra habilitado un canal de contacto para consultas y solicitudes relacionadas con el estudio.

A finales de 2024, 179.069 ciudadanos venezolanos mantenían autorizaciones de residencia vigentes en España, mientras que más de 33.000 personas originarias de Venezuela recibieron la nacionalidad española por residencia en ese año, compartiendo la cifra más alta de nacionalizaciones concedidas junto a Colombia y Honduras. Esta información acompañada de registros sobre la movilidad y presencia venezolana permite contextualizar el fenómeno detallado por el Ministerio del Interior en relación con los permisos por razones humanitarias otorgados durante 2025, según publicó el medio de referencia.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, divulgados por el medio consultado, el 99,4% de las residencias por razones humanitarias concedidas en España durante 2025 fueron asignadas a ciudadanos venezolanos. De las 49.473 autorizaciones emitidas bajo esta figura entre enero y diciembre, 49.178 correspondieron a solicitantes procedentes de Venezuela. El informe ministerial, citado por el medio, señala que este grupo registra una tasa de protección del 98,89% bajo el régimen de autorización humanitaria, lo que lo convierte en el principal beneficiario de este instrumento de extranjería.

Este tipo de permisos humanitarios suele concederse tras la denegación de solicitudes de asilo, proceso contemplado en la legislación española en materia de protección internacional y extranjería. Así, aquellas personas cuya petición de asilo resultó no aprobada, han obtenido permisos humanitarios que permiten regularizar su situación de residencia. El medio consultado refiere que este mecanismo ha ganado relevancia ante el aumento sostenido de las solicitudes presentadas por ciudadanos venezolanos.

Entre enero y el 30 de noviembre de 2025, el Ministerio del Interior registró 134.401 solicitudes de protección internacional en el país, de las cuales 78.984 pertenecían a personas venezolanas, reportó la fuente. El volumen de peticiones presentadas por este colectivo resulta superior a cualquier otro grupo nacional, reflejando un incremento constante de su presencia administrativa y migratoria.

El medio detalló que este auge de autorizaciones por razones humanitarias y solicitudes de protección internacional se produce en el contexto de un incremento generalizado en la concesión de permisos de residencia en España. A lo largo de 2024 se otorgaron 1.175.000 autorizaciones, lo que implica un aumento del 32,7% respecto a 2023. Las nacionalidades que registraron un mayor número de beneficiarios fueron la ucraniana, la venezolana y la marroquí. Entre los solicitantes ucranianos y venezolanos prevalecen las renovaciones o prórrogas de permisos existentes, mientras que en el caso de los ciudadanos marroquíes destacan las autorizaciones iniciales, de acuerdo con la información difundida.

La edición del censo de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), reseñada en el mismo medio, indica que en España conviven 377.809 personas con nacionalidad venezolana y más de 690.000 nacidos en Venezuela. El INE documentó una concentración significativa de esta población en comunidades como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Canarias.

Además, la presencia venezolana sobresale en nuevos ámbitos administrativos. Según los datos recogidos por el medio, las autorizaciones de estancia por estudios para venezolanos aumentaron un 41,8% durante el periodo analizado, cifra que lidera el crecimiento de este tipo de permisos respecto a otras nacionalidades. Los ciudadanos marroquíes, por su parte, experimentaron un incremento del 31,1% en la obtención de permisos de estancia para estudios.

En cuanto a la movilidad reciente, el INE informa que durante 2024 se contabilizaron 118.086 llegadas desde Venezuela a España. Este flujo se suma al aumento registrado tanto en las solicitudes de protección internacional como en las concesiones de residencia y nacionalidad, según ha reflejado el medio basado en fuentes oficiales.

La dinámica migratoria venezolana, recogida en sucesivos informes y reflejada en los registros administrativos, da cuenta de una tendencia sostenida al alza tanto en la demanda de protección internacional como en los permisos por razones humanitarias y de estudio, consolidando al colectivo venezolano como uno de los principales grupos extranjeros con presencia establecida en España, de acuerdo con los datos agregados por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística, citados por el medio de referencia.

La captura del exmandatario Nicolás Maduro en Venezuela ha desencadenado una ola de incertidumbre y esperanza entre los migrantes venezolanos en Bogotá, que hoy encuentran en los centros de atención de la capital colombiana un soporte clave frente a la actual crisis.

La administración de Bogotá ha reforzado su infraestructura social con el fin de responder tanto a la contingencia como a la llegada de nuevos desplazados, según el informe entregado por Noticias Caracol.

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Frente a la pregunta sobre la posibilidad de regresar a su país, los migrantes reconocen que el panorama sigue siendo incierto y que el proceso político abierto en Venezuela plantea más interrogantes que respuestas inmediatas.

Andrea Briceño, beneficiaria de los servicios en Bogotá, explicó al medio de comunicación cuáles serían unas de las condiciones para poder regresar a su país.

“La situación es de expectativa. Nosotros estamos llenos de expectativas, de ilusiones, el corazón no nos cabe de la felicidad, pero ciertamente debemos esperar que este proceso sea una transición tranquila, y a futuro poder decir que podamos volver a casa sí”.

El sentimiento de gratitud hacia Colombia es recurrente entre quienes han encontrado refugio en la ciudad. Una beneficiaria, atendida en el mismo centro, subrayó a Noticias Caracol: “Nuestra ilusión y nuestro sueño es volver a nuestra casa, volver a nuestro país, pero siempre estando agradecida de este país hermano que nos ha dado la mano en todo, en todo. Yo desde que llegué acá, en cuanto a lo que es la documentación, atención, salud, atención alimentaria, atención, educación, en todos los aspectos, las personas acá han sido muy dadas, muy serviciales y de verdad que están a la mano con nosotros los migrantes venezolanos”.

Las autoridades de Bogotá han reconocido la magnitud del desafío. Roberto Angulo, secretario de integración social, sostuvo al medio de comunicación que ampliaron su cobertura para que más extranjeros puedan acceder a los beneficios que entregan.

“Flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años. Ya sabemos hacer esta atención diferencial. Ya los hemos tenido en las transferencias monetarias. Hemos creado la estrategia de paga diarios en donde el 42 % son migrantes y la gran mayoría de Venezuela (...). Toda esa oferta, esa oferta se flexibiliza. Ya hemos atendido 87 mil migrantes en 2025”.

La atención a los recién llegados implica una operación compleja, pensada para cubrir las necesidades esenciales desde el primer momento.

Lindsey Benítez, directora de la oficina de apoyo a migrantes, relató a Noticias Caracol: “Hoy tenemos una actividad muy importante y es que estamos con el ropero solidario y entregando ayudas humanitarias a la población migrante que así lo requiere. Aquí en el Centro de Atención al Migrante realizamos varias actividades, entre ellas, la primera es la recepción y acogida con la población cuando llega, hacemos una caracterización del grupo familiar para identificar cuáles son las necesidades que se requieren y activar las rutas de atención”.

Pese a la tensión en Venezuela, el flujo de entradas recientes no ha experimentado alteraciones sustanciales. Benítez precisó a Noticias Caracol: “Hemos tenido el rango habitual de atención que se ha tenido durante... mensualmente, durante el último año”.

Las autoridades de la capital del país han adaptado y ampliado los servicios de apoyo para responder a las necesidades de esta población, manteniendo una atención constante a los recién llegados y reforzando su compromiso frente a la situación migratoria que se ha consolidado con el paso de los años en varios puntos del territorio nacional, esto, a causa del régimen que se instauró en el vecino país por años.

Dos días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, capital de Venezuela, por parte del gobierno de Estados Unidos, comenzaron a activarse mecanismos de seguimiento institucional ante los posibles efectos regionales de ese hecho.

La detención del mandatario, por cargos asociados a narcotráfico y terrorismo, generó alertas sobre un eventual desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos, en especial Colombia, por la cercanía territorial y los pasos fronterizos compartidos, según informó la Revista Semana.

Ante ese escenario, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, exministro de Justicia, explicó que hasta el momento no se ha evidenciado una migración masiva desde Venezuela hacia Colombia.

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De acuerdo con el funcionario, los puntos de control y los pasos habilitados “han estado abiertos”, sin reportes de congestiones atípicas o situaciones extraordinarias relacionadas con movilidad humana.

El seguimiento institucional se activó luego de que el procurador general Gregorio Eljach ordenara la conformación de una mesa de trabajo permanente, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier eventualidad humanitaria derivada de la captura de Maduro. Esa instancia fue diseñada para recopilar información directa desde el terreno y coordinar acciones preventivas en los departamentos fronterizos.

Como parte de esa directriz, se impartieron instrucciones a los procuradores regionales ubicados en la frontera, quienes debían mantenerse en estado de alerta frente a cualquier hecho que comprometiera la vida, la integridad o los derechos fundamentales de las personas que intentaran cruzar hacia territorio colombiano. Los reportes iniciales entregados por estos funcionarios indicaron normalidad en la zona fronteriza, sin variaciones significativas en los flujos habituales.

En los puntos limítrofes, especialmente en Cúcuta, Norte de Santander, se desplegaron equipos conformados por procuradores, personeros municipales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, encargados de verificar de primera mano la situación. Hasta el momento, esos grupos no han informado novedades asociadas con desplazamientos masivos ni con emergencias humanitarias vinculadas a la coyuntura política venezolana.

Con base en esos reportes, Osuna señaló que el trabajo de monitoreo continuará de manera permanente. “El ministerio público, liderado por la Procuraduría, seguirá presente en los puntos fronterizos que podrían representar situaciones novedosas de migración”, afirmó el procurador delegado, al referirse a la estrategia de acompañamiento institucional en las zonas de mayor tránsito binacional.

La vigilancia se mantiene activa pese a que no se han materializado los escenarios de migración que algunos sectores anticipaban tras la captura del jefe de Estado venezolano. Las autoridades colombianas han reiterado que los canales de información permanecen abiertos para reaccionar de forma inmediata si se presenta algún cambio en las dinámicas fronterizas.

De manera paralela al seguimiento de la Procuraduría, el Gobierno nacional adoptó medidas preventivas. El presidente Gustavo Petro ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, con el fin de coordinar la respuesta institucional frente a eventuales impactos sociales derivados de la situación en Venezuela. Este PMU articula a diferentes entidades del orden nacional y territorial.

Entre las acciones adoptadas, el Ministerio de Salud declaró una alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza. La medida busca garantizar la capacidad de atención ante un posible aumento en la demanda de servicios médicos. Asimismo, la cartera de Salud realizó un llamado a las EPS para que cumplieran con sus obligaciones financieras y contribuyeran a la estabilidad del flujo de recursos en los centros asistenciales de la zona.

Las autoridades sanitarias indicaron que esta alerta tiene carácter preventivo y se mantendrá mientras se evalúa la evolución de la situación regional. Los hospitales y clínicas de Norte de Santander permanecen en coordinación con las entidades nacionales para reportar cualquier variación en la prestación de servicios.

En el terreno, los pasos fronterizos continúan operando bajo los protocolos habituales, con presencia de organismos de control y entidades humanitarias. Las autoridades insisten en que la información oficial será actualizada conforme se reciban nuevos reportes desde los puntos de control, en un contexto marcado por la atención regional a los acontecimientos políticos en Venezuela.

La sorpresiva intervención militar anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, marcaron un punto de quiebre en la prolongada crisis venezolana.

El anuncio, realizado la madrugada del sábado a través de Truth Social, generó reacciones inmediatas tanto a nivel internacional como entre la diáspora venezolana, especialmente entre jóvenes que abandonaron el país ante la falta de oportunidades, la represión y el deterioro institucional.

Entre quienes siguieron los acontecimientos a distancia se encuentran jóvenes venezolanos que dejaron su país en los últimos años.

Sus testimonios reflejan una mezcla de alivio, expectativa e incertidumbre frente a un escenario que consideran inédito tras más de una década de gobierno de Nicolás Maduro.

Voces del exilio: alivio, esperanza y cautela

En entrevista exclusiva para Infobae, una joven venezolana de 22 años que pidió mantener su identidad en reserva, asegura que respalda la intervención estadounidense pese a las críticas internacionales que ha generado.

Desde su experiencia personal, sostiene que el contexto venezolano no puede analizarse con los mismos parámetros que otras crisis regionales.

“Durante años el mundo ignoró las torturas, las muertes y la represión. Estados Unidos fue el único actor con capacidad real de intervenir”, afirma.

Para ella, el respaldo a la acción no responde a una simpatía política, sino a haber crecido sin conocer un gobierno distinto.

“Desde que nací he vivido bajo el mismo régimen. Cuando intentamos cambiar las cosas por nuestra cuenta, hubo represión, violencia y miedo”, añade.

Otro joven venezolano en el exilio, reconoce que la operación anunciada por Trump plantea serias dudas desde el punto de vista del derecho internacional, pero considera que el deterioro del país llevó a muchos a aceptar ese riesgo.

“Entiendo que se puede ver como algo incorrecto, pero la situación era tan grave que muchos preferimos apostar por un cambio, incluso con incertidumbre”, señala.

Ambos coinciden en que el anuncio devolvió un sentimiento que había desaparecido para gran parte de la diáspora: la expectativa de un desenlace distinto al estancamiento político que marcó los últimos años.

Entre los argumentos que mencionan para respaldar la intervención destacan:

• La ausencia de alternancia política durante más de una década
• La represión de protestas y denuncias de violaciones a derechos humanos
• El colapso económico y la falta de oportunidades para los jóvenes
• Las acusaciones judiciales contra altos funcionarios del régimen en Estados Unidos

Un anuncio que sacudió a Venezuela y al mundo

El presidente Donald Trump anunció la madrugada del sábado que Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores.

En un mensaje difundido en Truth Social, aseguró que ambos fueron expulsados del país y puestos bajo custodia estadounidense.

Posteriormente, Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país de manera temporal hasta garantizar una transición política “segura y ordenada”.

El Gobierno venezolano reaccionó solicitando una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

El canciller Yván Gil descalificó la operación, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el Ejecutivo desconoce el paradero de Maduro y exigió una prueba de vida inmediata.

Un régimen bajo señalamientos internacionales

Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 tras unas elecciones cuestionadas por la oposición.

Desde entonces, su gobierno ha sido señalado por la erosión de la democracia, la concentración del poder y la persecución de adversarios políticos.

En Estados Unidos, Maduro enfrenta cargos criminales desde 2020 en el Distrito Sur de Nueva York.

La fiscalía lo identifica como uno de los líderes del Cártel de Los Soles, una presunta red de narcotráfico integrada por altos funcionarios venezolanos.

La acusación sostiene que desde el país se trafican entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína al año, de acuerdo con informes oficiales del Departamento de Estado.

Crisis prolongada y un futuro incierto

La crisis económica y social ha provocado la salida de más del 21% de la población venezolana en los últimos años, según cifras de la plataforma R4V.

A ello se suma el colapso de los servicios públicos, la inflación sostenida y el deterioro del sistema de salud y educación.

Mientras la comunidad internacional debate la legalidad y las consecuencias de la intervención estadounidense, los testimonios de jóvenes reflejan el sentir de una parte de la diáspora venezolana que, tras años de exilio y frustración, observa estos acontecimientos como una posible ruptura con el ciclo político que marcó sus vidas.

El 3 de enero de 2026, un ataque militar sorpresivo de Estados Unidos contra puntos estratégicos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen, dejaron al mundo en estado de shock. Este episodio de gran magnitud, que duró solo 140 minutos, marcó un antes y un después en la historia del continente americano.

Para Colombia, con una extensa frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela, los efectos de esta operación no se hicieron esperar. La situación exigió que el Gobierno colombiano tomara medidas inmediatas para mitigar el impacto de la crisis en su territorio.

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Con el fin de entender mejor la dinámica de este conflicto y la posición de Colombia, Infobae Colombia conversó con el politólogo e internacionalista Ronal F. Rodríguez, un experto reconocido por su trabajo en el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario; él analizó si el país que presidente Gustavo Petro estaba realmente preparada para enfrentar las consecuencias de un evento tan inesperado.

El experto comenzó su intervención hablando sobre el historial de relaciones entre Colombia y el país hoy lidera Donald Trump, particularmente en situaciones de tensión: “Nosotros hemos tenido dificultades con los Estados Unidos en otros momentos. Estados Unidos ha tratado de ejercer su poder de forma desproporcionada en Colombia en momentos crudos de nuestra historia, como la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra los carteles, o el mismo conflicto armado. Sin embargo, siempre tuvimos un liderazgo que sabía sopesar la situación con los Estados Unidos”.

Según Rodríguez, durante esas crisis pasadas, Colombia manejó sus relaciones con Washington con astucia, resolviendo situaciones complejas sin que trascendieran demasiado en los medios de comunicación.

No obstante, el politólogo señaló que la situación actual es diferente, especialmente debido al estilo de liderazgo de Petro: “Tenemos un presidente que se encarga de exacerbar los ánimos. Está más preocupado por hablarle a la galería, por los ‘me gusta’ en redes sociales, que por resolver la situación. Eso ha tenido efectos negativos al punto que, en más de 200 años de relación bilateral, estamos en el peor momento de esa relación”.

El futuro de Colombia en medio de este nuevo conflicto internacional sigue siendo incierto. Aunque las medidas adoptadas hasta ahora son importantes para mitigar los impactos inmediatos de la crisis, la situación podría evolucionar rápidamente. Las tensiones entre los dos países más poderosos del continente, Estados Unidos y Venezuela, siguen siendo un factor de riesgo para la estabilidad regional. Además, el papel de Colombia, atrapada entre ambos actores, se perfila como crucial en los próximos meses.

Rodríguez concluyó su análisis afirmando que Colombia debe adoptar una postura más estratégica para proteger sus intereses nacionales, sin descuidar su papel en la región. “El desafío de Colombia es poder manejar su relación con Estados Unidos de manera más equilibrada, como lo hizo en el pasado, y sin olvidar que, a pesar de las diferencias con Venezuela, la paz y la estabilidad en la región deben ser la prioridad”.

Destacó que, debido al conflicto entre las dos naciones, era claro que Colombia no estaba preparada para este ataque, ya que carecía de una estrategia diplomática, un plan militar adecuado, ni un enfoque claro para enfrentar el inevitable éxodo de venezolanos, que iba a ocurrir mientras se trataba de estabilizar la situación interna del país.

“Creo que es el peor momento para una situación bélica en el país hermano”, señaló el experto en su análisis para Infobae Colombia. Explicó que, a pesar de los esfuerzos de cooperación internacional, Colombia es especialmente afectada este año por la pérdida del apoyo de agencias como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglás en inglés) , que históricamente es uno de los principales aliados de Colombia en términos de recursos.

“Colombia, como principal receptor de cooperación norteamericana en la región, es tal vez el país que lleva el lastre más grande”, añadió. Además, Rodríguez apuntó que las agencias de Naciones Unidas, como Acnur y la OIM, que serían fundamentales para abordar las consecuencias humanitarias de la crisis, vieron un recorte significativo en sus recursos.

“Es una institución que está pasando por su peor momento en la historia, siendo objeto de escándalos e incluso de peleas internas entre sus altos funcionarios”, advirtió Rodríguez. Esta falta de capacidad institucional, según el experto, dificulta aún más la respuesta del gobierno colombiano a las crisis que se derivan del conflicto venezolano.

El analista destacó la grave situación de desplazamiento interno en Colombia, especialmente en las zonas fronterizas como el Catatumbo, donde el conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc desplazó a más de 83.000 personas: “Es el desplazamiento humano más grande en la última década, no por migración, sino por desplazamiento interno debido al conflicto”.

A lo anterior, se suma el hecho de que Colombia enfrenta un gobierno que, según Rodríguez, no está preparado para gestionar una crisis de tal magnitud: “No tenemos en este momento en el Estado colombiano la gente idónea para abordar una crisis de esta naturaleza”. Rodríguez criticó la estrategia diplomática del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de priorizar una “diplomacia de redes sociales” en lugar de una respuesta seria y coordinada a los problemas internacionales.

Aunque reconoció que la intervención militar de Estados Unidos es absolutamente reprochable, Rodríguez consideró que el régimen venezolano es igualmente responsable de llevar la situación a un extremo que desbordó las capacidades diplomáticas: “Venezuela es una dictadura que se burló de una negociación y que planteó que la situación llegara hasta este extremo, lo cual hace que sea mucho más grave en este momento”.

Para Rodríguez, la situación no solo es crítica por la tensión con Estados Unidos y Venezuela, sino por la debilidad del liderazgo colombiano. “El Estado colombiano pasa por su peor momento y tiene el peor liderazgo posible para enfrentar una situación de esta naturaleza”.

Colombia tomó algunas medidas tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela

En respuesta a los acontecimientos, el Gobierno colombiano desplegó a 30.000 soldados a lo largo de la frontera para reforzar la soberanía nacional y proteger a la población civil ante posibles incursiones de grupos como el ELN.

Además, se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, Santander, ciudad fronteriza, para coordinar las operaciones de seguridad y mitigar cualquier amenaza a la estabilidad interna del país. Se reforzó también la protección de las embajadas y consulados de Estados Unidos y Venezuela, ubicados en Bogotá y otras ciudades del país.

En cuanto a la reacción oficial del Gobierno de Colombia, se expresó una condena firme contra la operación militar estadounidense. El presidente Petro calificó la acción como una clara violación del derecho internacional y resaltó la necesidad de una solución negociada al conflicto.

En este sentido, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de buscar alternativas pacíficas para resolver la crisis que afecta tanto a Venezuela como a los países vecinos.

“El motivo que nos llevó a emigrar fue buscar un futuro para nuestras familias, un sustento digno”, compartió una venezolana en la iglesia. Su testimonio, dirigido a los feligreses, reflejó el sentir de quienes han dejado su país. “Nos vemos a diario o solo de vez en cuando, pero sabemos que lo que hacemos lo hacemos con el corazón y con la certeza de que nuestro esfuerzo ayuda a crecer a este país”, afirmó la migrante.

La misa fue también un espacio para el desahogo emocional. Algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas al recordar los años vividos lejos de Venezuela y las dificultades que han enfrentado en su proceso de adaptación. En este rincón del sur peruano, la fe se mezcló con el anhelo de un futuro mejor.

Un contexto de migración y nuevas tensiones

La ubicación de Tacna la convierte en un punto clave para la movilidad de venezolanos entre Perú y Chile. En los últimos días, decenas de migrantes intentaron cruzar la frontera hacia el Perú, tras la victoria del candidato de derecha José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas y el anuncio de políticas antimigrantes, lo que incrementó la presión sobre la ciudad y sus servicios.

Sin radares, ni comunicación por radio, muchos migrantes arriesgaron su seguridad para buscar refugio en Perú, mientras seguían de cerca las noticias sobre el destino de su país y su líder.

La operación internacional y el futuro de Venezuela

La madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. La operación, autorizada por el presidente Donald Trump, incluyó bombardeos en bases militares y la extracción de ambos para su posterior traslado a Nueva York. Al arribar al aeropuerto Stewart International, Maduro fue escoltado por agentes del FBI y trasladado a Manhattan. El mandatario será llevado a la prisión Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde enfrentará cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

Por la captura, el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de USD 50 millones. Estados Unidos comunicó que administrará temporalmente Venezuela, gestionando los recursos petroleros para financiar operaciones y facilitar una transición democrática. La reacción internacional fue inmediata: mientras Brasil, México, China y Francia condenaron la intervención, países como Argentina y Ecuador la respaldaron. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, rechazó la acción y exigió pruebas de vida de Maduro y su esposa, asegurando que sigue siendo el presidente legítimo.

La misa en Tacna se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad venezolana en el exilio. La convicción de que algún día podrán regresar a una Venezuela libre alimenta sus sueños y los impulsa a seguir adelante.

En medio de concentraciones espontáneas, algunos venezolanos expresaron abiertamente su respaldo a la acción anunciada desde Washington. “¡Gracias, Donald Trump, Marco Rubio, cómo decirles mil gracias por esta captura de este sinvergüenza! ¡Mil gracias, Donald Trump!”, manifestó el medio DW Español, uno de los asistentes durante las celebraciones registradas en Lima.

“Estamos muy contentos”

Las expresiones de entusiasmo se repitieron entre varios miembros de la comunidad venezolana, quienes siguieron las noticias desde el extranjero. Para algunos, el anuncio representa un momento largamente esperado luego de años marcados por la crisis política y social en su país de origen.

“La verdad, estamos muy contentos, la mayoría de los venezolanos, por el regalo que nos dio Donald Trump. De verdad, él cumplió, está cumpliendo las promesas que nos dijo, que pronto Venezuela iba a ser libre”, declaró otro ciudadano venezolano consultado durante la cobertura periodística.

Presencia venezolana en el Perú

Perú es uno de los países que más migrantes venezolanos acoge en la región. De acuerdo con el reporte, más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos viven actualmente en territorio peruano. Muchos de ellos llegaron durante la ola migratoria que se inició en 2017, cuando la crisis política, económica y social que provocó la dictadura de Nicolás Maduro los obligó a abandonar Venezuela.

Dentro de esta comunidad, las reacciones frente al anuncio han sido diversas. Mientras un sector afirma sentirse liberado y expresa agradecimiento por las acciones anunciadas por Estados Unidos, otros migrantes adoptan una postura más cautelosa y evitan asumir que la captura anunciada garantice un cambio inmediato en la situación de su país.

Incertidumbre por el futuro

Junto con las celebraciones, también se hicieron visibles los temores y preocupaciones por lo que ocurre dentro de Venezuela. Algunos ciudadanos señalaron que mantienen contacto permanente con familiares que permanecen en el país y que la situación continúa siendo compleja.

“Sí hay incertidumbre. Mi familia está allá y me ha mandado imágenes donde ya las colas para comprar comida están muy grandes y ellos también están asustados”, relató una venezolana residente en Perú para el citado medio.

Por ahora, la comunidad venezolana en Perú combina las expresiones de alegría con la expectativa y la cautela. Mientras continúan las reuniones y manifestaciones en Lima, muchos permanecen atentos a los detalles que se conocerán sobre lo que ocurrirá en Venezuela, en medio de la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.

Venezolanos en Perú apoyan a Donald Trump

La reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de una administración temporal de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro generó reacciones inmediatas dentro y fuera del país caribeño. En el Perú, donde reside una amplia comunidad venezolana, el anuncio fue recibido mayoritariamente con opiniones favorables, especialmente entre quienes consideran que una intervención externa podría abrir el camino a una transición política ordenada.

En ese contexto, Exitosa recogió testimonios en el Cercado de Lima, pocas horas después de que Trump confirmara la captura de Maduro y planteara que Estados Unidos asumiría el control administrativo del país sudamericano mientras se concreta un proceso de cambio de gobierno. Ciudadanos venezolanos expresaron su respaldo a la postura de Washington y manifestaron su expectativa frente a un eventual escenario de reorganización política y económica.

“Mira, estamos totalmente a favor. Por años fuimos esclavos de Cuba y de otros países. ¿Por qué no darle las gracias a Estados Unidos? Porque por fin logramos la libertad de Venezuela y lo que falta todavía”, señaló una residente venezolana en Perú. La entrevistada sostuvo que, según lo expresado por Trump, la ayuda internacional permitiría reactivar la economía venezolana a través del sector petrolero. “Entonces, si nos va a ayudar, él acaba de decir que ellos van a ayudar con el petróleo a nuevamente levantar a Venezuela, a hacer rico al país de Venezuela. ¿Por qué no apoyarlo? Claro que sí, lo apoyamos hasta el final”, afirmó, y ante la consulta sobre si estaba de acuerdo con que Estados Unidos asuma el mando, respondió: “Por supuesto, por supuesto”.

La movilización, que surgió a lo largo de la mañana y tuvo su punto culminante a las 17.00, estuvo marcada por la fuerte carga emocional de familias que debieron exiliarse en los últimos años por la situación que se vive bajo el régimen chavista.

Cada historia es una huida y un abrazo agradecido al país adoptivo. A uno de los asistentes, le preguntaron cuando llegó a Argentina. Hace seis años, dijo. “Siendo médico recibido, ganaba 10 dólares mensuales y no tenía ni para comer”, respondió.

“Como estudiante, pasas tres años dentro del hospital y vives la realidad del país. Vives que no hay guantes, que en ginecología no hay jeringa. Si le pides al paciente que traiga guantes, que traiga la historia clínica e impresa, todo hecho a mano. Y si le pides algo, es ilegal. Entonces, era un ambiente muy hostil porque había muchas emergencias”, recuerda. “Si uno exigía algo, el Gobierno venía y te recriminaba. O podías ir a estar preso por pedirle un par de guantes a una mujer embarazada que va a dar a la luz en ginecología en un hospital”, concluyó.

Uno de los manifestantes, entre lágrimas, expresó: “Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”. Mientras los vehículos transitaban la Avenida 9 de Julio, el sonido de los bocinazos acompañó la concentración, en la que se escucharon los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la intervención de Estados Unidos.

“Es lamentable y triste que uno tenga que emigrar de su país por una dictadura tan horrible como la que había en Venezuela”, señaló otra mujer venezolana, ante los medios en vivo. “Estoy muy feliz, muy agradecida por este inicio de año, porque nos sumó una alegría enorme a los venezolanos”, dijo otra asistente. “Estoy re contento, nunca perdí la fe. Gracias a Dios, padre bendito, somos libres”, completó otro manifestante.

Maracay, en el estado de Aragua, es solo un nombre para algunos, pero para otros es el lugar donde la familia espera noticias. En la voz de un migrante se cuela la preocupación: “Hace veinte minutos hubo un segundo ataque. No sé todavía por qué, no he visto el teléfono, pero me llamaron y me dijeron eso”.

—¿Estás preocupado? — le preguntaron desde un móvil de TN. “Bastante. Tengo el 60% de mi familia allá”, respondió.

“Es el primer paso hacia la plena libertad. Estoy hace siete años en Argentina, agradecida con este país. Es una distancia dificil sobre todo en estas épocas de diciembre, celebrar y hacer nuestras costumbres en familia”, contó, a su turno, Inga.

Entre los manifestantes, dio el presente las diputadas de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, y Sabrina Ajmechet.

La convocatoria fue impulsada desde las redes sociales por la agrupación “Alianza Por Venezuela”, que buscó reunir a toda la comunidad venezolana en el epicentro porteño frente a un día que consideraron como “histórico”. “Nos vemos en la Avenida 9 de Julio a partir de las 17.00 para gritarle al mundo que los venezolanos decidimos ser libres”, indicaba el mensaje de la marcha.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y dispuso que, al anochecer, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer se iluminen con amarillo, azul y rojo. Además, se colocará una bandera de Venezuela en la Plaza del Obelisco como muestra de acompañamiento a la comunidad venezolana. Cuando el icónico símbolo porteño se vistió con esos colores, cientos de venezolanos seguían allí.

En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el acontecimiento por tratarse de un duro golpe al régimen chavista. Otros, en tanto, repudiaron la acción bélica al considerar que viola el derecho internacional y la integridad territorial de Venezuela.

En otro punto de la Ciudad de Buenos Aires, agrupaciones de izquierda encabezadas por el Frente de Izquierda (FIT) convocaron a una protesta urgente frente a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para rechazar la intervención militar en Venezuela.

Bajo el lema “Fuera Yanquis de Venezuela y América Latina”, las organizaciones denunciaron una “agresión imperialista” de la administración de Donald Trump y repudiaron la violación de la soberanía sudamericana, aunque aclararon que no apoyan al gobierno de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un fuerte operativo en la zona, previendo concentraciones en Plaza Italia y advertencias por posibles cortes de tránsito. El Gobierno incrementó la protección en las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela para prevenir posibles incidentes.

En otros países del continente, miles de venezolanos que emigraron salieron a las calles, como en Santiago de Chile o Estados Unidos, para celebrar la caída de Maduro y el duro golpe al régimen.

Los planes de Estados Unidos en Venezuela

Tras el operativo realizado durante las primeras horas de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington asumirá el control de la situación política en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, acusado de mantener vínculos con el narcotráfico, según información del Departamento de Justicia de EE.UU.

En una conferencia desde Mar-a-Lago, Trump precisó que su país permanecerá en Venezuela hasta garantizar “una transición adecuada” y anticipó que grandes empresas petroleras estadounidenses intervendrán en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana. El mandatario aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” del proceso de recambio político.

La detención de Maduro resultó de una acción militar estadounidense ejecutada por fuerzas especiales, que incluyó dos oleadas de helicópteros en Caracas: la primera contra defensas antiaéreas y la segunda destinada a la captura del líder político.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Maduro fue trasladado al buque USS Iwo Jima y será llevado a Nueva York, donde enfrenta cargos de corrupción y protección a redes de narcotráfico, de acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Los documentos judiciales acusan a Maduro y a otros funcionarios, entre ellos la primera dama Cilia Flores, el ministro del Interior Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, de haber vendido pasaportes diplomáticos a traficantes de drogas y de establecer una estructura estatal de protección a cambio de beneficios de organizaciones criminales.

Fotos: Jaime Olivos

El Gobierno argentino anunció este sábado una serie de restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, tras el operativo bélica de Estados Unidos, que tuvo como objetivo la captura del dictador.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó la medida oficial en su cuenta de X. “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, expresó.

De acuerdo con lo informado por el ministro coordinador, la disposición alcanza a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen venezolano y a aquellas personas sancionadas por Estados Unidos, entre otros perfiles específicos.

Adorni precisó que la nueva política busca impedir que quienes han tenido una participación activa en el gobierno de Maduro encuentren en Argentina un destino seguro. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, afirmó, reforzando el mensaje de exclusión hacia los colaboradores directos e indirectos del mandatario venezolano.

La decisión del Ejecutivo argentino se enmarca en el contexto de la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, y responde a la reciente ofensiva militar norteamericana para capturar a Maduro.

Anteriormente, el gobierno de Javier Milei había manifestado públicamente su firme respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano. En un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Poder Ejecutivo de Argentina calificó el accionar de Washington como una medida “necesaria” frente a la estructura criminal que, según el gobierno argentino, operaba en la región.

El documento técnico, emitido por el Palacio San Martín, subrayó el reconocimiento a la gestión de la Casa Blanca ante la escalada del conflicto en el país caribeño. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, señala el comunicado replicado masivamente en plataformas digitales y difundido por el canciller Pablo Quirno.

El texto oficial especifica que la intervención militar encabezada por Estados Unidos resultó en la detención de Nicolás Maduro, a quien el Gobierno argentino definió como “líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura fue difundida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. En la fotografía, Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris, usando gafas de protección y audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua en las manos.

La imagen constituye la primera confirmación visual del arresto del líder venezolano, realizado luego de una operación en la que participaron fuerzas del orden estadounidenses.

La incursión militar incluyó fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona. Todo ocurrió alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana. Usuarios de redes sociales publicaron videos donde se observaron explosiones y sobrevuelos, además de reportar ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna. Residentes de Caracas afirmaron haber escuchado el ruido de aeronaves en distintos sectores de la ciudad.

Las grabaciones difundidas en las plataformas sociales mostraron los efectos de las detonaciones: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la capital venezolana.

De acuerdo con información difundida por Panamerica Televisión, la remoción del monumento no se realizó de manera improvisada. Por el contrario, formó parte de un procedimiento administrativo coordinado con las autoridades municipales, luego de solicitudes presentadas durante varios meses y de trámites que se remontan, al menos, a un año atrás.

En el mismo emplazamiento donde se encontraba la estatua de Chávez se inauguró oficialmente la Plaza Simón Bolívar. La iniciativa tuvo como objetivo redefinir el significado histórico y simbólico del espacio público, en línea con los valores que, según los promotores, representa la figura del libertador sudamericano.

Iniciativa de la comunidad venezolana

Según informó el movimiento Venezolanos en Perú, la propuesta de retirar la estatua surgió desde la propia comunidad migrante asentada en Chincha. Sus integrantes señalaron que la figura de Hugo Chávez no los representaba ni reflejaba su experiencia como ciudadanos venezolanos que residen fuera de su país de origen.

Para este colectivo, el exmandatario simboliza el inicio de la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela desde hace más de una década. En ese sentido, indicaron que el pedido se formuló a través de canales institucionales y con respeto a las normas locales, buscando una solución consensuada con las autoridades.

Las gestiones incluyeron solicitudes formales ante la municipalidad, evaluaciones administrativas y coordinaciones previas para ejecutar el retiro del monumento y la posterior instalación del busto de Simón Bolívar, considerado una figura histórica compartida por varios países de la región.

Algunos vecinos se opusieron

La decisión no estuvo exenta de controversia. Un sector de vecinos de Chincha expresó su desacuerdo con el retiro de la estatua de Hugo Chávez, recordando que esta fue instalada como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria brindada por el gobierno venezolano tras el terremoto de 2007.

Algunos residentes señalaron que, tras el sismo, se entregaron viviendas a familias de bajos recursos, lo que generó un sentimiento de gratitud que, a su juicio, justificaba la permanencia del monumento. Estas posiciones contrastaron con las de la comunidad venezolana, que sostuvo su rechazo a la figura del fallecido dictador.

El reclamo para retirar la estatua se venía gestando desde 2024, cuando ciudadanos venezolanos residentes en la provincia solicitaron públicamente la eliminación del busto, al que calificaron como una figura no grata. La molestia se intensificó en un contexto marcado por cuestionamientos a los procesos electorales en Venezuela y denuncias sobre el deterioro democrático en ese país.

Significado simbólico del reemplazo

En conversación con el citado medio, Euclides Sánchez, representante de la comunidad venezolana en Chincha, calificó el monumento retirado como una “apología a una persona que ha hecho mucho daño a Venezuela”. Precisó, además, que el pedido se realizó desde el respeto a la población peruana y el agradecimiento al país que acoge a miles de migrantes.

Con la instalación del busto de Simón Bolívar, los promotores de la iniciativa buscan cerrar un episodio de confrontación simbólica y promover un espacio de integración regional. La figura del libertador fue elegida por su carácter histórico y por representar valores compartidos como la libertad y la independencia.

Las autoridades locales indicaron que el procedimiento se ajustó a los marcos administrativos vigentes y que el nuevo espacio público queda abierto a la ciudadanía. En tanto, la comunidad venezolana señaló que el cambio de monumento representa un gesto de reconciliación simbólica y una apuesta por la convivencia en el ámbito local.

El Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia por 60 días en varios distritos fronterizos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control migratorio frente a delitos como tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando y otras situaciones de violencia.

El decreto, publicado como DS N.º 137-2025-PCM en el diario oficial El Peruano, establece que la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal en las jurisdicciones afectadas. Asimismo, se restringirá temporalmente el ejercicio de derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, libertad de reunión, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal en los distritos involucrados.

Entre las medidas contempladas están patrullajes permanentes, operativos de control de identidad, decomiso de armas y fiscalización de actividades ilegales, así como monitoreo de la frontera con drones y vigilancia de pasos no autorizados. Además, los Comandos de Coordinación Operativa Unificada (CCO) liderarán las acciones integradas en cada región, apoyados por comités de inteligencia, fiscalización y coordinación distrital.

Distritos fronterizos en estado de emergencia

El Estado de Emergencia abarca los distritos de El Cenepa y Río Santiago (Amazonas), Namballe (Cajamarca), Iberia, Tahuamanu e Iñapari (Madre de Dios), Lancones, Suyo y Ayabaca (Piura), múltiples distritos de Puno y Masisea, Yurua y Purús (Ucayali).

El decreto también establece la obligación de los gobiernos locales y regionales de brindar apoyo logístico y de infraestructura, mientras que el Ministerio del Interior será el encargado de recibir informes periódicos sobre los resultados de las operaciones.

La medida responde a informes de la Policía Nacional que señalan un aumento de delitos transfronterizos y busca garantizar la seguridad y los derechos de la población en las zonas fronterizas.

Perú en alerta por ingreso de migrantes venezolanos desde Chile

La crisis migratoria en la frontera sur de Perú se intensificó a raíz de las declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien advirtió a los migrantes indocumentados que tendrían un plazo para abandonar Chile voluntariamente o serían expulsados en caso de asumir la presidencia. Este anuncio encendió las alertas en el Gobierno peruano, ya que podría incentivar un mayor ingreso de migrantes, especialmente venezolanos, desde Chile hacia territorio peruano.

En las últimas semanas, se reportó un crecimiento sostenido del flujo migratorio irregular en la región de Tacna. El presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile con el objetivo de reforzar la vigilancia ante el posible incremento de migrantes. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas coordinarán acciones para fortalecer la seguridad en esa zona.

Pese a los esfuerzos, el pasado fin de semana se reportó que cerca de 50 migrantes indocumentados lograron ingresar al país por el Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna, aprovechando la limitada presencia policial. Este hecho subrayó las dificultades del Estado para controlar el ingreso irregular y garantizar el orden fronterizo.

Para enfrentar la situación, los cancilleres Hugo de Zela (Perú) y Alberto van Klaveren (Chile) acordaron implementar patrullajes conjuntos y mejorar el intercambio de información. Además, se creó el Comité Binacional de Cooperación Migratoria para coordinar y optimizar la gestión en la frontera.

La preocupación no se limita solo al sur. El congresista Héctor Ventura solicitó que la declaratoria de emergencia se extienda a la frontera norte en Tumbes, donde la vulnerabilidad y la actuación de organizaciones criminales transnacionales exigen mayores recursos y presencia policial.

García explicó que durante ese periodo se vivió uno de los flujos migratorios más altos en la historia reciente del país. Según señaló, las bases de datos registran la entrada de estas personas, pero el rastro documental se pierde luego del ingreso inicial, lo que impide determinar su situación actual. “Sabemos que entraron al Perú porque están en la base de datos, pero no se sabe más de ellos”, indicó.

El funcionario recordó que en aquellos años se vivieron jornadas particularmente intensas en la frontera norte. “Veíamos 20 mil o 25 mil personas todos los días”, comentó. Sin embargo, la falta de controles posteriores y la ausencia de trámites de renovación hicieron que este grupo quedara fuera de los registros actuales, lo que representa un problema para la estimación real del número de migrantes en el país.

Crecimiento migratorio

Durante su exposición, García detalló que, desde 2017 a la fecha, casi 1,2 millones de ciudadanos venezolanos han pasado por los registros de Migraciones. De ellos, aproximadamente 600 mil se encuentran en situación regular o en proceso de regularización. El resto corresponde a personas que no actualizaron documentos como el PTP, CPP o carné de extranjería, además de aquellos con ingresos irregulares y sin registro migratorio reciente.

Asimismo, el superintendente indicó que el Perú registra una problemática estadística similar a la de otros países de la región, debido a la naturaleza cambiante de la movilidad humana y a la porosidad de las fronteras sudamericanas. Señaló que la migración irregular continúa ocurriendo diariamente, con ingresos y salidas fuera de los controles oficiales.

García recordó que en 2017, cuando él ingresó a trabajar a Migraciones, el país tenía en su base menos de 100 mil extranjeros. El salto a más de un millón en pocos años evidencia, dijo, la magnitud del fenómeno migratorio y la necesidad de actualizar marcos normativos y herramientas de gestión.

Solicitantes de refugio

El superintendente también explicó que el número de solicitantes de refugio en el país bordea los 400 mil, aunque precisó que esta información es manejada por Cancillería, debido a que los solicitantes tienen un “manto de protección internacional” que mantiene en reserva ciertos datos. Por ello, no se conoce cuántos de estos solicitantes se encuentran dentro del universo general de ciudadanos venezolanos registrados por Migraciones.

García sostuvo que el marco legal actual del refugio, basado en acuerdos internacionales antiguos, fue diseñado para contextos muy distintos y con volúmenes bajos de personas. En su opinión, el cambio del escenario migratorio exige una actualización normativa que permita ordenar el sistema. “Estamos en otro contexto completamente distinto”, afirmó.

Finalmente, el funcionario señaló que la delegación de facultades que actualmente debate el Congreso incluye un párrafo referido a la posible modificación de la Ley de Refugio. García consideró que esta reforma permitiría mejorar la gestión y adelantó que, desde su punto de vista, el refugio “no debería pedirse en territorio nacional”, planteamiento que, dijo, debería evaluarse dentro del nuevo marco legal.

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú expidió 36 resoluciones de expulsión para ciudadanos extranjeros en San Martín de Porres tras detectarlos en situación migratoria irregular durante un operativo realizado el pasado fin de semana en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta medida forma parte de una serie de acciones para resguardar la seguridad migratoria en el contexto del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao.

Megaoperativo conjunto en San Martín de Porres

Durante el operativo, llevado a cabo en diferentes zonas del distrito de San Martín de Porres, autoridades de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la Policía Nacional del Perú intervinieron a más de 340 extranjeros. De ese total, 93 fueron identificados en condición irregular. Tras la verificación y evaluación de los casos, la Jefatura Zonal Lima de Migraciones dispuso la expulsión inmediata de 36 extranjeros al considerar que ingresaron al país por vías no autorizadas y representaban una amenaza para la seguridad migratoria.

El proceso se efectuó mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permite la expulsión de extranjeros en un plazo de hasta 24 horas cuando han vulnerado la normativa migratoria o el orden interno nacional.

Tecnologías y equipos desplegados

Para la supervisión y registro de los intervenidos, Migraciones desplegó a más de 50 inspectores y empleó el Migramóvil, una unidad equipada con tecnología especializada para el registro biométrico y la identificación inmediata de la situación migratoria de las personas intervenidas. El trabajo coordinado contó con la presencia de efectivos de la Policía Nacional, personal de la Municipalidad de San Martín de Porres, miembros de las Fuerzas Armadas y representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Un dato relevante es que la PNP se encargó de la ejecución de las resoluciones de expulsión y de la salida obligatoria del territorio nacional de las personas sancionadas, a través de sus diferentes unidades operativas.

Aumentan las medidas durante el estado de emergencia

El megaoperativo se desarrolló en el contexto del segundo mes de estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y Callao. En lo que va del año, Migraciones ha emitido más de 3.000 resoluciones de expulsión a extranjeros que ingresaron de manera irregular y vulneraron la seguridad migratoria nacional, todas ellas aplicadas bajo el marco del PASEE.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, subrayó la importancia del trabajo conjunto con la policía y otras instituciones para reforzar el control migratorio y garantizar el orden interno. De acuerdo con García, las acciones coordinadas han permitido ejecutar más de 100 operativos de verificación solo en los últimos dos meses en Lima y Callao.

En estas acciones, el uso del Migramóvil permite la identificación biométrica in situ, optimizando los procedimientos y agilizando la detección de personas en situación migratoria irregular. Esta estrategia busca fortalecer la seguridad nacional ante el ingreso no autorizado de ciudadanos extranjeros.

Perspectivas y próximas acciones

La política de expulsión inmediata, avalada por el PASEE, continuará aplicándose en todo el territorio nacional. Las autoridades recalcan que el objetivo central es proteger la seguridad migratoria y el orden interno, en línea con la legislación vigente y en el marco de los actuales operativos de fiscalización.

Nelson Arturo Echezuria, alias “Nelson”, líder del grupo criminal Tren de Aragua en México, fue detenido junto a dos de sus colaboradores en la Ciudad de México tras labores de seguimiento por parte de autoridades federales, capitalinos y de las Fuerzas Armadas.

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar a Nelson Arturo “N” como el líder criminal en México, responsable de delitos de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Su aprehensión se efectuó derivado de labores de seguimiento del líder criminal en distintos estados y alcaldías hasta que se logró su ubicación en la capital durante recorridos de seguridad.

Al no poner en riesgo a la ciudadanía, los elementos procedieron con su detención y la de sus acompañantes. Información obtenida por Infobae México refiere que los dos sujetos restantes son identificados como Lucas Alberto “V” de 37 años de edad, presunto brazo derecho de “Nelson”, y a Marcos Gabriel “O”, presunto colaborador directo de la organización criminal.

Durante la inspección realizada por los agentes, se aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, así como otros objetos relacionados con la investigación.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

De acuerdo con la SSPC, los tres hombres cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, mientras que el líder, Nelson Arturo “N”, enfrenta además una orden vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Estados donde operaban

Información obtenida por esta casa editorial refiere que los tres detenidos son de nacionalidad venezolana y se encuentran relacionados con delitos de narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión y trata de personas.

“Nelson”, Lucas Alberto “V” y Marcos Gabriel “O” tenían como zona de operación los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el líder de esta organización criminal es identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien llevó al grupo de ser una banda carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno en Aragua, Venezuela, hasta llegar a ser una organización transnacional dedicada a la minería ilegal, secuestro, trata de personas, extorsión y tráfico de drogas.

Ataque a una vivienda familiar en la urbanización Jardines de Carabayllo

El incidente ocurrió en la calle 3 de Octubre de la urbanización Jardines de Carabayllo. Según información recabada en el lugar, la explosión destruyó parte de la puerta principal, afectó el concreto de la vereda y dañó la tapa de la caja de gas adyacente. Dentro de la casa, se encontraban cuatro menores de edad y una persona de la tercera edad. La propietaria, visiblemente afectada, declaró a Buenos Días Perú: “Me encuentro en shock, no puedo ni siquiera asimilar todo esto. Yo no alquilo domicilios, vive mi familia, mis hijos, nada más”.

Cerca de la entrada, los delincuentes dejaron tres misivas manuscritas. Uno de los mensajes señalaba: “Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. Ojo, a las empresas que dan trabajo a los venezolanos también va a pasar lo mismo. Y esto va para los que alquilan casa a esos... Ellos tienen que aprender a respetar el Perú. Justicia popular”. Otros escritos, más breves, reiteraron la exhortación de “no más venezolanos extorsionadores, matones” e indicaron: “Esto es una advertencia a los que alquilan casa”.

Investigación policial y temor en la comunidad

Tras el estallido, agentes de la Policía Nacional del Perú permanecieron en la zona para recabar pruebas y tomar declaraciones a los afectados y vecinos. Se espera que las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas permitan identificar a los responsables del ataque. La familia residente indicó que jamás había recibido amenazas ni solicitudes de extorsión previas, pese a administrar un pequeño negocio de comida en la misma propiedad.

El temor se extendió entre los habitantes del vecindario. Se evidenció preocupación por la inseguridad y por el impacto de amenazas que invocan argumentos xenófobos. Las cartas dejadas en el sitio deslizaron una vinculación entre ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, y actos de extorsión o violencia, lo cual fue rechazado por la afectada, quien negó cualquier vínculo con alquileres para migrantes.

Contexto: incremento de extorsiones en Lima y regiones

El ataque en Carabayllo se enmarca en un contexto de aumento sostenido de los delitos de extorsión en el país. Las denuncias por extorsión en el Perú superaron las 18.000 entre enero y agosto de 2025. Lima, Callao y varias regiones del norte del territorio concentran el mayor número de casos reportados. Las autoridades han alertado sobre el uso creciente de métodos intimidatorios, entre ellos el empleo de explosivos para forzar pagos o enviar advertencias.

La plataforma digital sobre criminalidad del Ministerio del Interior indica que estos hechos afectan tanto a personas como a pequeños negocios y empresas familiares. El uso de amenazas firmadas como “justicia popular” se ha vuelto frecuente en mensajes atribuidos a mafias de extorsión.

Bajo investigación, sin antecedentes directos

Por el momento, la policía no ha confirmado vínculos entre el caso reportado en la urbanización Jardines de Carabayllo y redes de extorsión identificadas en la ciudad. La propietaria del inmueble reiteró no haber alquilado habitaciones a extranjeros ni haber sido contactada anteriormente por delincuentes organizados. El temor ante nuevos posibles ataques se mantiene latente mientras las investigaciones avanzan.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que denuncia en “todo su contenido” el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, dejando sin efecto el mecanismo que facilitaba visas y residencias para ciudadanos venezolanos en el país andino. El acuerdo entre ambas naciones nació hace quince años.

La decisión del Ejecutivo responde a una solicitud formal presentada el 11 de marzo por Noboa, quien justificó la medida ante la Cancillería por la existencia de “suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria”, según consta en la resolución ejecutiva.

Por este motivo, desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador solicita una Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a ciudadanos de unos cuarenta países, entre ellos Venezuela, como parte de estrategias para endurecer el control migratorio.

“La implementación de la medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, comunicó en agosto la Cancillería, que reiteró el compromiso del gobierno ecuatoriano “con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente”.

El Estatuto Migratorio, firmado hace quince años y ratificado durante el mandato de Correa, permitió procedimientos simplificados para que los venezolanos obtuvieran visas y permisos de residencia en Ecuador.

La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en agosto de 2024 la terminación del Estatuto con 86 votos favorables provenientes del oficialismo, del Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, optó por abstenerse. Durante el debate, Ricardo Patiño, ex canciller y firmante original del acuerdo, sostuvo: “No nos oponemos, pero votaremos en abstención”, y manifestó que lo ideal sería mantener estas alianzas en beneficio de ciudadanos de ambos países.

Actualmente, el país registra una de las comunidades venezolanas más numerosas de la región, con aproximadamente 444.800 personas, de acuerdo con datos publicados en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Daniel Noboa dispuso trasladar la sede del Ejecutivo de Quito a Cotopaxi

Noboa dispuso el traslado temporal de la sede del Ejecutivo de Quito a Latacunga (Cotopaxi), según el decreto que reafirma el objetivo de mantener la presencia estatal en regiones con mayor demanda de diálogo y gestión directa, particularmente tras las recientes protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

El gobierno aclaró que la desconcentración administrativa no modifica el estatus de Quito como capital de la República ni altera la estructura del Estado.

La Presidencia aseguró que “esta medida responde a la necesidad de que las autoridades se ubiquen en territorios donde la situación social exige presencia estatal y diálogo directo”. El mismo decreto establece que la vicepresidenta María José Pinto desempeñará sus funciones en Otavalo (Imbabura).

Según la justificación del texto oficial, las facultades de desconcentración y organización de la función Ejecutiva “implica no solo una estructuración funcional sino también una proximidad física del Gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población”.

(Con información de EFE)

A pesar de que fue anulada su elección como alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que es llamado popularmente como “El Bukele colombiano”, sigue en su cargo mientras se confirma el fallo y se organizan unas elecciones atípicas en la capital de Santander.

Después de conocer su salida de la alcaldía, Beltrán anunció que aprovecharía el poco tiempo que le queda en Bucaramanga para terminar de afianzar los proyectos que ha encabezado su administración.

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Uno de los más destacados es el aumento de control sobre la población migrante, principalmente sobre aquellos que tienen antecedentes judiciales o han sido capturados por diferentes crímenes en la ciudad.

Beltrán alertó sobre nuevo auge de migración constante en su ciudad

En la tarde del 5 de septiembre, Jaime Andrés Beltrán indicó en su cuenta de X que Bucaramanga se debe preparar para una nueva oleada de migración masiva desde el vecino país.

“La situación en Bucaramanga, frente a una posible nueva oleada de migración de ciudadanos provenientes de Venezuela, es de preocupación. En los últimos días, hemos visto cómo la llegada de estas personas ha aumentado en al menos 20% frente a otros meses, incluso arriesgando su vida y la de niños para llegar a nuestra ciudad, como destino o como paso transitorio”, escribió el mandatario local.

De la misma forma, anticipó que para solventar la situación será necesaria la ayuda del Gobierno nacional, asegurando que la ciudad ya superó los tomes de presupuesto para casos de esta índole.

“Bucaramanga ha llegado a su tope de recursos para atender de forma humanitaria esta situación. Hoy el municipio, con su propia plata, atiende a la población migrante en educación, alimentación escolar e inclusión en salud, pero los recursos no son ilimitados”.

En ese sentido, Beltrán cuestionó la forma con la que el Gobierno nacional ha alejado a las entidades norteamericanas que en algún momento apoyaron financieramente el control de la crisis.

“Recursos que antes se recibían para afrontar este tema, como el de USAID, ya no los tenemos disponibles, sumado a que la política actual del gobierno frente a la relación con Estados Unidos agrava más la situación”.

Por último, anticipó que el país se debe preparar para la llegada masiva de venezolanos por la crisis que se mantiene en su país por la dictadura de Nicolás Maduro.

“La coyuntura actual de Venezuela prevé que el éxodo se intensificará, y ciudades como Bucaramanga serán las más golpeadas por el fenómeno migratorio. Hoy no hay un plan de contingencia por parte del Presidente de la República, que en lugar de anticiparse a una emergencia en el país, se ha preocupado más por tomar partido y respaldar al responsable de toda esta situación”.

Cabe recordar que Beltrán no es la primera persona que cuestiona el manejo del Gobierno nacional a esta problemática, puesto que, en diálogo con El Espectador, Nastassja Rojas Silva, que es directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, enfatizo en la asistencia a los migrantes en Colombia y la falta de medidas que permitan su regularización

Rojas habló de las falencias que se han registrado durante el Gobierno Petro, que han provocado que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos de manera irregular en Colombia, la mayoría, sin respuestas sobre la forma de poder legalizar su permanencia en el país.

“Esto tiene muchísimo que ver con la forma en que se ha llevado a la política migratoria. Ni siquiera se ha puesto en marcha la política pública integral, se termina el proceso del estatuto, pero en este momento ya vamos a llegar casi a medio millón de personas venezolanas en situación de irregularidad en Colombia”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó este viernes que la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada en 2021 concluirá el próximo 7 de noviembre, e instó a los beneficiarios a “prepararse” para regresar a Venezuela si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.

“Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”, señaló el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en un comunicado. El gobierno estadounidense además recomendó a los venezolanos que decidan salir del país utilizar la aplicación CBP One, que agiliza trámites fronterizos.

Con esta decisión, unos 267.000 venezolanos, cuyo beneficio vencía el 10 de septiembre, obtuvieron un breve margen adicional tras el anuncio del miércoles sobre el fin de la protección creada durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

La legislación estadounidense obliga al Ejecutivo a comunicar con al menos 60 días de anticipación la cancelación del TPS, a fin de que los afectados dispongan de tiempo para evaluar alternativas y evitar caer en situación migratoria irregular.

El futuro de miles de inmigrantes, sin embargo, depende ahora de un tribunal federal en California, donde un grupo de venezolanos y la organización Alianza TPS presentaron una demanda. La querella sostiene que la terminación del amparo ordenada durante la presidencia de Donald Trump es ilegal. Alianza TPS busca proteger a dos colectivos: los aproximadamente 250.000 beneficiarios de la designación de 2021 y los 350.000 incluidos en la extensión de 2023.

Según el DHS, Venezuela ya no cumple con los requisitos legales para continuar beneficiándose de esta protección. “Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no redunda en beneficio de este país”, afirmó un portavoz del departamento en un comunicado.

La revocación del TPS afecta a aproximadamente 600.000 venezolanos que residían en territorio estadounidense bajo este estatus, según fuentes judiciales. La decisión forma parte de un marco más amplio de endurecimiento de la política migratoria y de seguridad en la frontera sur, y llega en medio de una creciente tensión bilateral con el régimen de Nicolás Maduro.

En las últimas semanas, la tensión se intensificó con el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, como parte de operaciones destinadas a reforzar la seguridad regional y luchar contra el narcotráfico. Por su parte, Venezuela respondió con un gran alistamiento militar, movilizando tropas y recursos cerca de sus fronteras marítimas.

(Con información de EFE)

Intervención a bus de la empresa TCR

El bus intervenido pertenece a la empresa TCR y presentaba la placa N°B4K. Al momento de la inspección, se identificó a Glener Andrés Hernández Hernández como conductor de la unidad, quien quedó retenido por las autoridades. Se le acusa de haberse prestado al presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, dado que transportaba a personas indocumentadas, entre ellas varios menores de edad.

Las primeras indagaciones policiales revelaron que el conductor contaba únicamente con licencia para manejar autos y portaba un documento de identidad que no le pertenecía. El caso abre una nueva línea de investigación sobre irregularidades en el sector de transporte de pasajeros a larga distancia, donde la verificación de credenciales resulta esencial para enfrentar delitos de índole migratoria.

Condición de los extranjeros y rutas de ingreso

De los 30 ciudadanos extranjeros intervenidos, todos carecían de los documentos requeridos para su ingreso regular a territorio peruano. Se estableció que procedían de Colombia y Venezuela y que su ruta incluyó el cruce de la frontera entre Ecuador y Perú, por la zona de Aguas Verdes. Algunos adultos y menores de edad habrían realizado la travesía por pasos no habilitados, usando sectores a lo largo del Canal Internacional o el Puente Internacional, acciones que suelen estar facilitadas por personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, conocidos como “coyotes”.

Durante el operativo, se evidenció que el procedimiento de paso formal, supervisado en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, fue evadido por la totalidad de los pasajeros ahora retenidos.

Policía investiga delito contra el orden migratorio

El personal de Seguridad del Estado trasladó a los extranjeros, incluidos los menores de edad, a la unidad policial correspondiente para la ejecución de las diligencias de ley. La investigación se desarrolla bajo la modalidad de presunto delito contra el orden migratorio por tráfico ilícito de migrantes.

Las autoridades indicaron que un grupo de los intervenidos será expulsado del país en las próximas horas, mientras que las personas en situación de vulnerabilidad permanecerán bajo resguardo en las instalaciones policiales para una evaluación adicional de su caso.

El coronel Julio Huilca, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía, destacó que “este es el segundo bus de la misma empresa intervenido en menos de un mes”. En la primera intervención, ocurrida el 26 de julio, también se detectó el traslado de extranjeros indocumentados en un vehículo de la misma compañía.

Incremento de intervenciones y panorama nacional

Durante 2025, las autoridades han intensificado las acciones de control migratorio en las regiones fronterizas, principalmente en Tumbes, Piura y Lima, zonas que concentran el mayor flujo y detección de ingresos irregulares. Sólo en el presente año, el número de extranjeros intervenidos por no contar con documentos legales de ingreso supera los 63 mil, de acuerdo a reportes oficiales.

Las fuerzas policiales continúan con el despliegue de operativos para enfrentar tanto el tráfico ilícito de migrantes como la situación de vulnerabilidad de quienes ingresan por rutas no habilitadas, dando prioridad a la protección de menores y otros grupos en riesgo. El caso recientemente identificado evidencia la continuidad de estas actividades e impulsa nuevas medidas para fortalecer el control en los corredores fronterizos y de transporte interprovincial.

La deportación de 107 presos colombianos desde Ecuador hacia Colombia a través del Puente Internacional de Rumichaca encendió una señal de alarma en la frontera sur del país.

Este episodio, que corresponde a la tercera fase de un plan ecuatoriano para descongestionar sus cárceles, fue calificado por autoridades colombianas como un proceso improvisado y desordenado. En este contexto, la posibilidad de una expulsión masiva de ciudadanos venezolanos desde Ecuador generó una profunda inquietud en la ciudad de Ipiales, ubicada en el departamento de Nariño.

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El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, manifestó su preocupación por la eventualidad de que el Gobierno ecuatoriano decida expulsar a un número considerable de venezolanos, que serían abandonados en la frontera. Según el funcionario, en diversos sectores sociales se difundió la versión de que esta medida podría ejecutarse en los próximos días, lo que pondría en riesgo la estabilidad social y económica de la región.

Pantoja solicitó la intervención del Gobierno nacional para que se adopten acciones preventivas que eviten un escenario de caos en la ciudad y en los municipios aledaños.

A su vez, enfatizó en la necesidad de que la Cancillería de Colombia asuma un papel activo ante esta amenaza, advirtiendo que la llegada repentina de cientos o miles de migrantes podría agravar los problemas de inseguridad y violencia que afectan a la región. La inquietud no solo proviene de las autoridades locales, sino también de líderes y dirigentes comunitarios, que expresaron su malestar por la posibilidad de que Ipiales se convierta en el principal punto de recepción de los expulsados.

La preocupación de las autoridades colombianas se fundamenta en antecedentes recientes. El pasado 25 de julio de 2025, Ecuador deportó a cerca de 400 presos colombianos, la mayoría de los cuales recuperó la libertad y regresó a sus lugares de origen. Cuatro días después, el 29 de julio, otros 200 reclusos colombianos —hombres y mujeres— fueron enviados de vuelta a Colombia, en cumplimiento de la estrategia impulsada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para reducir la sobrepoblación carcelaria y enfrentar la crisis de seguridad interna.

En todos estos operativos, la Registraduría Nacional desempeñó un papel clave en la verificación de la identidad de los deportados. El delegado de la entidad en Nariño, Olmer Muñoz, explicó que el proceso de cotejo decadactilar permitió confirmar la identidad de cada persona en menos de 15 segundos.

Muñoz detalló que la intervención de la Registraduría respondió a una solicitud de la Cancillería, el Ministerio del Interior y otras autoridades de los distintos niveles de Gobierno, con el objetivo de garantizar que los connacionales repatriados desde Ecuador fueran correctamente identificados.

Las acciones de la Cancillería de Colombia frente a las deportaciones de connacionales desde Ecuador

Tras la ejecución de la medida avalada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la Cancillería de Colombia sostuvo que insistirá con su par ecuatoriano en el establecimiento de un protocolo, que incluya un calendario de salida, para la deportación de los expulsados desde Ecuador.

“La Cancillería insistirá con su par ecuatoriano para que se establezca un protocolo y un calendario para la salida. Esto, luego de la coyuntura vivida entre la tarde noche de ayer y la mañana de hoy sábado, 26 de julio, en la que las autoridades del vecino país expulsaron a 603 connacionales”.

Por su parte, la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy indicó que “se precisa lograr el acuerdo respecto del protocolo con el país vecino, de tal forma que se pueda garantizar un trato digno y ofrecer una atención adecuada e integral a los retornados, tal y como lo señala la ley 2136 de 2021, que establece las responsabilidades de las entidades en el retorno masivo”.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, es un organismo internacional que protege y asiste a personas que han sido forzadas a huir de sus países por conflictos, persecución o violencia. Desde su fundación en 1950, su misión principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y personas apátridas, ofreciendo apoyo humanitario y promoviendo soluciones duraderas.

Para cumplir su labor, ACNUR desarrolla funciones clave en diversos contextos, entre ellas:

• Proteger a las personas forzadas a huir: Garantiza el acceso al asilo y vela por la seguridad de quienes escapan de amenazas graves.
• Prestar asistencia vital en emergencias: Proporciona refugio, alimentos, agua, atención médica y otros elementos esenciales.
• Salvaguardar los derechos fundamentales: Asegura que no se vulneren los derechos humanos de los refugiados, especialmente el principio de no devolución.
• Apoyar soluciones duraderas: Promueve el retorno voluntario, la integración local o el reasentamiento en terceros países.
• Trabajar con comunidades e instituciones: Coordina esfuerzos con gobiernos, ONG y actores locales para garantizar inclusión y protección efectiva.

Además de su trabajo en terreno, ACNUR impulsa políticas públicas y marcos legales que fortalezcan los sistemas de protección en los países de acogida. En muchos casos, también proporciona asistencia técnica y capacitación a autoridades locales para mejorar los servicios dirigidos a la población desplazada.

En Perú, por ejemplo, la agencia trabaja en conjunto con instituciones como la Superintendencia Nacional de Migraciones para habilitar espacios de protección y atención especializada. Estas iniciativas permiten brindar asesoría legal, servicios sociales y atender otras necesidades de esta población.

Nueva sede de ACNUR en SMP

Los migrantes y refugiados que residen en Lima Norte cuentan ahora con un punto de atención gratuito más cercano a sus hogares. Se trata de un espacio de protección itinerante gestionado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en colaboración con la Superintendencia Nacional de Migraciones, que ha reactivado su servicio de atención tras la firma de un nuevo convenio interinstitucional.

Ubicado estratégicamente en el jirón Progreso n.° 201, distrito de San Martín de Porres, a escasos metros de la avenida Túpac Amaru, este centro permite brindar atención personalizada a personas migrantes y refugiadas que requieren orientación sobre su situación legal, regularización migratoria o acceso a derechos básicos. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Servicios gratuitos

Los usuarios que acudan al espacio de protección itinerante pueden acceder a una variedad de trámites y servicios gratuitos que facilitan su integración legal y social en el país. Estos servicios son atendidos por personal especializado en migraciones y protección internacional. Entre los principales servicios disponibles se encuentran:

• Entrega del Carné de Extranjería.
• Corrección o subsanación de datos biométricos.
• Emisión de informes migratorios.
• Orientación legal gratuita sobre derechos y obligaciones.
• Asesoría social para acceder a otros servicios públicos o privados.

Todos estos trámites se realizan sin costo alguno y están dirigidos a migrantes y refugiados en situación regular o en proceso de regularización. Estos espacios de protección no solo cumplen una función administrativa, sino que también se han convertido en puntos de acogida comunitaria.

Atención cercana y especializada

Una de las principales ventajas de este servicio es su enfoque itinerante y territorial. Al operar directamente en distritos como San Martín de Porres, donde reside una gran cantidad de personas extranjeras —en su mayoría venezolanas— se reduce la necesidad de desplazarse largas distancias hacia oficinas centrales, facilitando así el acceso efectivo a la documentación y servicios esenciales.

El trabajo articulado entre ACNUR y Migraciones permite que estos puntos estén equipados con tecnología y personal necesario para atender demandas específicas.

El Gobierno de Venezuela anunció que retomará la coordinación de vuelos humanitarios para repatriar a ciudadanos venezolanos que se encuentren en Perú y Chile, utilizando a Bolivia como punto de conexión, debido a la falta de relaciones diplomáticas con estos dos países sudamericanos. La propuesta, planteada por primera vez en mayo, fue confirmada este viernes por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello explicó que se están realizando coordinaciones a través de la embajada venezolana en Bolivia para habilitar un vuelo la próxima semana. El destino final de los vuelos será el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela, que sirve a la ciudad de Caracas.

Cabello indicó que lo esencial en esta operación es garantizar que las aeronaves puedan viajar a Bolivia y retornar con la capacidad completa de pasajeros, a fin de evitar operaciones logísticas sin eficiencia. “Es hacer la coordinación”, subrayó, al referirse a la necesidad de contar con un número suficiente de solicitantes confirmados antes de activar cada vuelo.

Restricciones diplomáticas impiden vuelos

El funcionario explicó que, debido a la falta de relaciones diplomáticas con Perú y Chile, los aviones del Gobierno venezolano no tienen autorización para aterrizar en esos países. En consecuencia, los migrantes interesados en regresar a su país deben trasladarse previamente a Bolivia y realizar la solicitud desde ese territorio.

La dificultad logística, reconoció Cabello, radica en el traslado previo de los migrantes. Esta limitación fue señalada como el “problema principal” del plan, ya que impone un costo adicional y una gestión individual para cada persona interesada en retornar a Venezuela.

En mayo de este año, Venezuela ya había adelantado la posibilidad de activar vuelos de repatriación para migrantes desde Perú, Chile y Argentina, todos países con los que el Gobierno de Nicolás Maduro enfrenta restricciones para operar vuelos estatales directos.

La propuesta forma parte del programa gubernamental conocido como “Plan Vuelta a la Patria”, mediante el cual el Ejecutivo venezolano ha promovido el retorno voluntario de ciudadanos que emigraron durante los últimos años.

Este viernes, un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, aterrizó en Venezuela con 237 migrantes a bordo. El arribo se realizó en el aeropuerto de Maiquetía y fue catalogado como el vuelo número 51 dentro del mencionado plan.

Durante la recepción, Cabello también informó que entre los repatriados se encontraban siete niños que, según el Gobierno venezolano, habrían estado “secuestrados” en Estados Unidos. Estos menores se suman a otro grupo de siete niños que regresaron la semana anterior, como parte de conversaciones bilaterales entre Caracas y Washington.

Desde su lanzamiento, el Plan Vuelta a la Patria ha facilitado el regreso de migrantes desde países como Honduras, México y Estados Unidos. Según datos oficiales, los vuelos son coordinados por instituciones del Estado venezolano y buscan ofrecer un retorno seguro a quienes desean reestablecerse en su país de origen.

Despliegue logístico y condiciones de repatriación

El ministro no ofreció detalles sobre el mecanismo de inscripción para quienes se encuentran en Perú o Chile, pero reiteró que los interesados deben presentarse en Bolivia para formar parte de los vuelos de repatriación. No se precisó cuántas personas están registradas hasta el momento ni si existe una programación adicional para otros grupos en los próximos meses.

Las operaciones serán coordinadas en función del número de personas que logren llegar a Bolivia y completen el proceso. El Gobierno venezolano aseguró que seguirá trabajando en alternativas para facilitar el retorno de connacionales, incluso desde países sin relaciones diplomáticas formales.

En la grabación, Lezama comienza con una confesión cargada de asombro: “Hay algo que no entiendo de los argentinos. Tengo cinco años viviendo en Buenos Aires y todavía no doy con la respuesta”. Su relato, emotivo y espontáneo, se desarrolló tras una experiencia cotidiana pero significativa: un viaje en taxi por las calles porteñas.

Durante el trayecto, Lezama solicitó al chofer cambio por un billete de $10.000, sin imaginar lo que vendría. Al notar su acento, el taxista le preguntó si era venezolano. Cuando Lezama respondió que sí, el conductor le tendió la mano y el puño con un agradecimiento inesperado:“Gracias por escoger Argentina”.

Pero el reconocimiento no terminó allí. El taxista continuó elogiando a la comunidad venezolana con palabras que sorprendieron al periodista:“Gracias por venir aquí, porque ustedes son muy trabajadores. Ustedes los venezolanos vienen aquí a construir país. Y son muy alegres, son gente muy buena”.

Conmovido por lo que acababa de escuchar, Lezama grabó su reflexión y la compartió en redes. “Ahí está eso justamente que no entiendo. ¿Por qué nos reciben con tanto cariño? ¿Por qué nos reciben con tanto amor en su tierra? Sabiendo que, bueno, que no somos de acá”, se preguntó con la voz entrecortada.

La publicación se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios positivos, principalmente de usuarios argentinos que celebraron el mensaje y reafirmaron el valor de la integración entre pueblos hermanos. Muchos coincidieron en que el cariño hacia los migrantes venezolanos no es casual: responde a su actitud, esfuerzo y respeto por el país que los recibe.

El caso de Miguel Lezama no es aislado. Según datos de organismos internacionales, Argentina se convirtió en uno de los principales destinos para la migración venezolana en América del Sur. A pesar de las dificultades económicas, miles de familias encontraron aquí oportunidades, contención y una comunidad dispuesta a incluirlas.

En un documental recientemente publicado por la cadena Deutsche Welle se muestran la situación de migrantes venezolanos en Perú a ocho años del éxodo. Una de las protagonistas es Génesis Hung, una profesional en derecho que busca abrirse camino en Perú, y aunque reconoce que ser venezolano es “una nacionalidad que pesa”, tiene una visión optimista sobre la integración en este proceso de movilidad humana.

Génesis migró a Lima en 2017, junto a su esposo y su familia, buscando seguridad y oportunidades. “Salíamos con miedo a la calle, hasta para comunicarnos era un tema… migramos no porque se fueron nuestros sueños, sino porque hubo la necesidad de hacerlo para poder sobrevivir”, relata.

Hoy, aunque aún no puede ejercer como abogada porque su título está en proceso de revalidación, trabaja como especialista en derechos humanos, apoyando tanto a la población migrante como a la comunidad de acogida. “Estoy trabajando con población migrante y refugiada venezolana y también de otros lugares, y en la defensa de los derechos de la comunidad peruana. Viviendo en este país que nos ha acogido, que es tan bonito, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible”.

El video muestra cómo la migración venezolana ha impactado la vida cotidiana en Lima, a veces marcada por la estigmatización. “A veces tienes miedo de reír, de hacer cosas, porque quieres pasar desapercibido todo el tiempo”, dice Génesis. Sin embargo, también recoge voces de peruanos que reconocen la diversidad y el aporte de la comunidad venezolana: “Hay unos que son buenos, otros malos, y creo que a todos lo meten al mismo saco”, comenta un entrevistado local.

La labor de organizaciones como VeneActiva, donde Génesis colabora, es fundamental para promover la integración. “Brindamos servicios no solo a la comunidad migrante, sino también a la población de acogida, mostrando una cara de la migración profesional, proactiva y cercana, generando espacios de integración”.

Un mensaje para la niñez migrante

Génesis es autora del libro ‘Un viaje al conocimiento', una obra que busca acercar el derecho a los niños y niñas migrantes. “Lo que deseo enseñar es que el aprendizaje no está completo si no se comparte. Sentimos que perdemos nuestros derechos cuando nos vamos de casa, y este libro busca estar con todos los niños en el mundo, para que puedan tener los derechos al alcance de sus manos”.

Su mensaje es claro: “Quiero que los niños sepan que sus derechos los acompañan a donde quiera que vayan. Migrar es un derecho de por sí, así como lo es el derecho a la vida. Que no se sientan culpables por migrar”.

Agradecimiento y esperanza

A pesar de las dificultades, Génesis y su familia valoran profundamente la oportunidad de rehacer su vida en Perú. “Valió la pena. Acá estamos, en nuestra casa, formando nuestra pequeña familia después de casi ocho años de haber migrado”.

Su historia es un llamado a mirar más allá de los prejuicios y a reconocer la humanidad compartida: “Los venezolanos somos seres humanos que salimos de un país en crisis, en búsqueda de oportunidades. Creemos que se puede vivir mejor y luchamos día a día para construir nuevos sueños en otras latitudes”.

Estigmas y contribuciones

Nurys Morín, de la organización Veneactiva, también compartió su perspectiva sobre los desafíos de la migración venezolana en el país. “Somos seres humanos que salimos de un país en una crisis nunca antes vista en la región, en búsqueda de oportunidades”, dijo.

La migración forzada que vivieron los venezolanos no solo fue económica, sino también emocional. Enfrentar el duelo migratorio, lidiar con el estrés postraumático y adaptarse a una nueva cultura ha sido un proceso complicado para muchos.

A pesar de las dificultades, los migrantes venezolanos han realizado un aporte invaluable a la sociedad peruana. Uno de los ejemplos más claros se dio durante la pandemia de COVID-19, cuando médicos, enfermeros, paramédicos y psicólogos venezolanos se pusieron al frente para ayudar en la lucha contra el virus, sin importar su estatus migratorio.

“Allí nadie estaba pendiente de si tenía un DNI o un carné de extranjería. Los venezolanos aportaron significativamente a la salud pública en un momento de crisis”, recordó Nurys Morín, destacando la nobleza y profesionalismo de aquellos que llegaron a Perú en busca de un futuro mejor.

No es solo la falta de empleo lo que golpea con más fuerza a los migrantes en Colombia. La realidad es que, aunque muchos logran trabajar, una mayoría lo hace en condiciones precarias, lejos de cualquier tipo de estabilidad o protección laboral.

Así lo advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en su informe del mercado laboral. El crecimiento del empleo durante el primer trimestre de 2025 (4,3%) está marcado por una constante, más del 70% de los nuevos puestos surgieron en el sector informal. Solo en marzo, ese tipo de ocupación aportó 4,2 puntos porcentuales al aumento del total de personas con trabajo. Es decir, sí hay más empleo, pero no necesariamente de mejor calidad.

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Y en medio de ese panorama general, la situación de la población migrante destaca por su complejidad. Aunque el desempleo nacional se ubicó en 9,6% en marzo, la tasa entre migrantes fue mayor, llegó al 10 %, ubicándose 0,7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, lo que evidencia una brecha persistente y difícil de cerrar.

De los más de un millón de desempleados en el país, aproximadamente 109.000 son migrantes, lo que equivale al 4% del total. La mayoría proviene de Venezuela (93,2%), pero también hay presencia de ecuatorianos (1,6%) y cubanos (0,9%), quienes enfrentan múltiples obstáculos para vincularse al mercado laboral formal.

“Estos resultados indican que, si bien el empleo en el país está aumentando, este no está acompañado de mejores condiciones laborales”, señaló Anif, señalando que los avances en generación de empleo no se traducen en mejoras estructurales ni en inclusión social.

Uno de los principales problemas, según el informe, es que muchos migrantes carecen de la documentación requerida para contratar legalmente, lo que limita sus opciones a trabajos informales, muchas veces mal remunerados y sin afiliación a seguridad social. Además, desconocen los canales oficiales para buscar empleo y no cuentan con redes de apoyo institucional que faciliten su inserción.

Esto, advierte el centro de estudios, “no solo agrava su vulnerabilidad socioeconómica, sino que también representa un reto para el país en términos de eficiencia del mercado laboral”. A largo plazo, la informalidad se traduce en un menor recaudo, baja productividad y una sobrecarga para el sistema de protección social.

El informe de Anif insiste en que es urgente estudiar a fondo la oferta laboral de la población migrante, tanto para dimensionar su aporte potencial como para orientar políticas públicas más inclusivas. “La formación de capital humano y el fortalecimiento de la capacidad productiva del país también dependen de la integración efectiva de estos trabajadores”, advierte el documento.

Las perspectivas para el resto de 2025 y para 2026 no son desalentadoras, pero tampoco prometen cambios estructurales inmediatos. Anif proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 9,7% durante ambos años. Esta leve mejoría estaría impulsada por un mayor dinamismo económico, aunque se prevé que este avance sea moderado y no necesariamente inclusivo.

“Es bien conocido que un mejor dinamismo de la actividad económica tiende a generar más empleo; al aumentar los ingresos, contribuye a reducir la pobreza, porque facilita que los trabajadores tengan acceso a bienes y servicios de calidad”, señaló el informe como una de sus conclusiones principales.

Sin embargo, ese crecimiento no puede sostenerse si una parte significativa de la población, como los migrantes, sigue al margen de los derechos laborales básicos y enfrentando barreras estructurales que dificultan su integración plena al mercado formal. Para muchos, el problema no es conseguir trabajo, sino encontrar uno digno, estable, seguro y con garantías mínimas de bienestar.

El juez Edward Chen concluyó en un fallo emitido ayer por la noche que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad al invalidar dichos documentos en febrero, a la vez que cancelaba el estatus de protección temporal otorgado a los venezolanos.

Hace once días, el Tribunal Supremo estadounidense autorizó a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen haya sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.

Sin embargo, el alto tribunal declaró específicamente que no impedía que ningún venezolano siguiera impugnando la decisión de Noem de invalidar los documentos que les fueron emitidos conforme a dicho programa, el cual les permitía trabajar y vivir en Estados Unidos.

Dichos documentos se emitieron después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., en los últimos días del mandato del presidente demócrata Joe Biden, extendiera el programa TPS hasta octubre de 2026, una medida que Noem posteriormente intentó revertir.

Abogados de varios venezolanos, así como la organización National TPS Alliance, pidieron al juez Chen que reconociera la validez continua de esos documentos, argumentando que sin ellos, muchos migrantes podrían perder sus empleos o ser deportados.

En el fallo del viernes, Chen señaló que el gobierno estimaba que solo unos 5.000 de los 350.000 venezolanos poseían dichos documentos.

Trump retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes. EFE

En un operativo masivo llamado “Metástasis”, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con el apoyo de la Fiscalía chilena, capturó a 29 presuntos miembros de la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

La acción policial movilizó a más de 300 efectivos y se desarrolló simultáneamente en ciudades como Pucón, Villarrica, Temuco, Lican Ray, Santiago y Valparaíso. Entre los detenidos, 28 son venezolanos y uno de otra nacionalidad, todos vinculados a actividades ilícitas como asociación criminal, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

Durante los allanamientos, que afectaron 33 inmuebles, la policía decomisó armas, municiones, clorhidrato de cocaína, ketamina y otros estupefacientes. Además, incautaron cerca de 20 millones de pesos chilenos (unos 20 mil dólares), junto a equipos electrónicos usados para las operaciones delictivas.

Las autoridades chilenas determinaron que los ciudadanos detenidos serían miembros del grupo delictivo denominado Loyalty, que opera como brazo del Tren de Aragua en Chile y en otros países de la región.

El Tren de Aragua, originalmente formado dentro de las prisiones venezolanas, se ha expandido por diversos países de Sudamérica, incluyendo Colombia, Ecuador, Chile y Perú. En nuestro país, esta red criminal controla una amplia gama de actividades ilegales.

Según informes oficiales y reportes periodísticos, el grupo está vinculado con extorsiones a comerciantes, tráfico de drogas y trata de personas, además de infiltrar ciertas mafias locales.

Según reportes policiales y judiciales, el Tren de Aragua utiliza su estructura para controlar mercados ilegales y cobrar cupos a pequeños negocios, generando un clima de violencia e inseguridad en las zonas donde operan.

En febrero del 2025, general Aldo Ávila Novoa, jefe de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), aseguró que la banda criminal transnacional estaba “totalmente desarticulada” en el territorio nacional.

“Como organización criminal, al Tren de Aragua, en el Perú, lo tenemos totalmente desarticulado. Todos los líderes han caído (…) están cumpliendo su condena en Challapalca”, afirmó el jefe policial en diálogo con RPP.

Sin embargo, semanas después, el testimonio anónimo de un individuo que mantiene nexos con el Tren de Aragua aseguró que la realidad sería completamente distinta y seguirían operando con impunidad en el país.

¿El Tren de Aragua sigue en Lima? Sí, sigue en Lima. Extorsionando y cobrando plazas. Desde Colombia se maneja todo, acá en Perú solo están los ‘cachorros’ nada más, tal como ellos se hacen llamar”, informó para ‘Ocurre Ahora’, noticiero de ATV, una persona sumergida en el mundo criminal que prefirió el anonimato.

Además, luego se reportan casos de asesinatos y enfrentamientos armados vinculados a disputas internas y con otras bandas criminales locales, lo que evidencia el nivel de violencia que este grupo introduce en el entorno social.

Las autoridades peruanas continúan reforzando su lucha contra el Tren de Aragua, implementando estrategias para desarticular sus redes y evitar que sus actividades ilícitas sigan proliferando en el territorio nacional. El reto es complejo, dado que esta organización mantiene conexiones transnacionales que facilitan su expansión y operación.

La operación en Chile es vista como un paso importante para frenar la expansión y consolidación de esta banda en la región, pero también pone de manifiesto la compleja conexión entre estas estructuras criminales y la seguridad interna de varios países sudamericanos, incluido el Perú. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a más integrantes y desarticular las redes que operan dentro y fuera de las fronteras nacionales.

El procedimiento incluyó el allanamiento de 33 inmuebles ubicados en las ciudades de Temuco, Pucón, Villarrica, Lican Ray, Santiago y Viña del Mar. Entre los detenidos se encuentran 28 ciudadanos venezolanos y un chileno, investigados por delitos de asociación criminal, extorsión, secuestro, tráfico de drogas e infracción a la ley de armas.

“Este procedimiento policial es la continuación de una investigación por el delito de homicidio ocurrido en el año 2022 en el sector Pedro de Valdivia”, informó la prefecta inspectora Catalina Barría Becerra, jefa regional de la PDI en La Araucanía, durante una rueda de prensa.

Los ciudadanos venezolanos capturados serían miembros de “Loyalty”, una célula delictiva que opera como brazo del Tren de Aragua en Chile. Según la investigación, esta facción criminal utilizaba uno de los inmuebles allanados como centro de acopio y distribución de drogas.

El operativo involucró a más de 300 detectives desplegados en terreno y permitió, de acuerdo con las autoridades, desarticular completamente la estructura operativa de la célula, incluyendo a su presunto líder. “Se logró la detención del cabecilla de la organización, quien impartía órdenes a los distintos brazos operativos”, detalló Barría.

Durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, municiones, cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina. También se decomisaron cerca de 20 millones de pesos chilenos en efectivo (unos 20.000 dólares), así como equipos electrónicos, celulares y notebooks.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco. “Todos los detenidos serán formalizados por su participación en diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y asociación criminal”, indicó el fiscal.

La organización criminal Tren de Aragua se originó en Venezuela y ha extendido sus operaciones a países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile. En el caso chileno, las autoridades han detectado que su expansión se ha facilitado por el ingreso irregular de ciudadanos venezolanos a través de pasos fronterizos controlados por la propia banda.

En relación con este fenómeno, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, declaró recientemente que “el crimen organizado ha aprovechado flujos migratorios desregulados para establecerse en el país”. Monsalve añadió que el Gobierno ha incrementado los recursos para las investigaciones del crimen transnacional.

Por su parte, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, valoró los resultados de la operación Metástasis y aseguró que “la Policía de Investigaciones continuará trabajando con la Fiscalía para identificar, detener y judicializar a quienes formen parte de organizaciones criminales que operan en territorio nacional”.

Los antecedentes reunidos durante la investigación revelaron que la célula desarticulada mantenía redes de extorsión y cobro de “vacunas” en distintas zonas del sur y centro del país. Además, la PDI no descarta que algunos de los detenidos estén vinculados con otros hechos violentos ocurridos en la región.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para identificar a posibles cómplices o redes de apoyo logístico. La audiencia de formalización se llevará a cabo en los próximos días, mientras se mantienen bajo custodia los 29 detenidos.

(Con información de EFE)

Los Ángeles, 19 may (EFE).- Alrededor de 350.000 inmigrantes venezolanos se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación, tras una decisión de la Corte Suprema este lunes considerada por expertos como la “más grande privación” de estatus legal a extranjeros en la historia moderna de Estados Unidos.

La decisión de tan sólo dos párrafos emitida por el máximo tribunal estadounidense anula una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país, otorgado por la anterior administración.

El fallo supone un duro golpe para los cientos de miles de venezolanos que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa.

“La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.

La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del "interés nacional" de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria "urgentes".

La falta de un pronunciamiento claro del Supremo ha sumido a los inmigrantes en la incertidumbre y a los abogados demandantes a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su  poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.

"El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones", señaló el abogado.

Decisión histórica

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que ha apoyado el litigio, dijo a EFE que esta es "la primera vez en la historia moderna" que le quitan el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos.

 El activista puso en tela de juicio la decisión de los máximos magistrados advirtiendo que pareciera estar influenciada por la “política” y la campaña del presidente Trump contra los venezolanos.

“Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón”, señaló Alvarado.

En ese sentido, E.R. manifestó que para ella y para su hija “es imposible" regresar de forma segura a Venezuela.

Por su parte, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que también representa a los demandantes, indicó que el Supremo “también desmanteló” las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y “politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada”.

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400.000 inmigrantes, dijo que la decisión contra el amparo de los venezolanos era interpretada como un ataque a todos los beneficiarios.

Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200.000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001.

Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que, aunque este fue un día “muy difícil”, marca una nueva etapa de la lucha. “No están solos, la casa de todos es aquí”, valoró.

El Tribunal Supremo evalúa otra apelación de emergencia de la Administración Trump derivada de sus esfuerzos por revocar el permiso humanitario, conocido como CHNV, que permitió el ingreso dado a Estados Unidos cerca de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. EFE

A mediados de marzo, la Administración decidió trasladar a más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, al Cecot, una cárcel salvadoreña de máxima seguridad notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

La Casa Blanca siempre ha asegurado que los expulsados eran “extranjeros ilegales”, pero el informe de Cato encontró que, de los 90 inmigrantes de los que se conoce el método de cruce, 50 hombres informaron que ingresaron legalmente a Estados Unidos, con permiso previo del Ejecutivo estadounidense.

El número podría ser mayor ya que no se ha podido analizar todos los casos, debido en gran parte a la negativa del Gobierno de Trump de revelar la información sobre los inmigrantes encarcelados en el Cecot.

Estos inmigrantes legales incluyen a un titular de visa temporal y cuatro hombres que fueron autorizados a viajar a través del programa de refugiados de Estados Unidos.

Cato destaca que, en el caso de los refugiados, el Gobierno investigó a estos extranjeros y concluyó que enfrentarían persecución en su país, permitiéndoles reasentarse en Estados Unidos.

Los otros 45 inmigrantes legales programaron citas a través de CBP One, aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a través de la cual se les permitió solicitar la entrada. Trump eliminó la aplicación a pocos días de llegar a la Presidencia.

Entre quienes tenían cita, 24 obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos, donde pudieron vivir y trabajar legalmente hasta por dos años, mientras que los otros 21 fueron detenidos en el puerto de entrada para presentar sus casos.

El informe resalta que estos 50 inmigrantes venezolanos “no violaron” ninguna ley migratoria estadounidense, pero la Administración de Trump “los despachó sin el debido proceso y los envió a una prisión extranjera”.

La Corte Suprema prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.

El presidente republicano invocó una ley de 1789, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos.

El uso por parte del Gobierno estadounidense de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional. EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión el lunes que impacta directamente a unos 350.000 venezolanos en el país, al autorizar al gobierno del presidente Donald Trump para retirarles el Estatus de Protección Temporal (TPS), algo que podría llevar a estas personas a afrontar procesos de deportación.

Según reportes de The Associated Press (AP), la orden del tribunal suspende de manera efectiva un fallo previo emitido por un juez federal en San Francisco. Este fallo inicial había mantenido vigentes las protecciones del TPS que impedían la expulsión de los venezolanos, medidas que originalmente debían finalizar el mes pasado.

Dicho estatus permite a los migrantes trabajar y vivir legalmente en EEUU debido a que sus países de origen son considerados inseguros para el regreso, ya sea por conflictos civiles o desastres naturales.

Cómo esta medida afectará a 350.000 venezolanos en EEUU

El beneficio para los venezolanos fue creado por la administración del expresidente Joe Biden. Durante los últimos días de su mandato, autoridades aprobaron una tercera extensión del TPS que, originalmente, habría mantenido el estatus hasta octubre de 2026, según reportó The Washington Post.

La actual administración estadounidense consideró que este programa no era de “interés nacional”. El estatus de protección temporal puede ser designado a diferentes grupos de migrantes por el secretario de Seguridad Nacional.

Quienes pueden verse beneficiados por el TPS son aquellos migrantes que vienen de países que están afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias, según el WaPo.

Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló en febrero la extensión al TPS de Biden, justo antes de que entrara en vigor. Argumentó que los migrantes venezolanos representaban una carga para los recursos del país. Algunos de ellos incluso fueron tachados de ser una amenaza para la seguridad, al ser acusados de formar parte de la violenta pandilla Tren de Aragua.

La cancelación de las protecciones ocasionará que algunos migrantes pierdan sus beneficios en abril y otros en septiembre. En sus presentaciones ante el tribunal superior, el gobierno estadounidense afirmó que el daño era “particularmente pronunciado” al determinarse que una extensión de 18 meses “perjudicaría la seguridad nacional y pública de EEUU”, según reportes del periódico estadounidense.

Este movimiento está alineado con la política migratoria de Trump, cuyo gobierno presentó la semana pasada ante la corte una solicitud para cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de personas provenientes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Decisión que podría exponerlos a una posible deportación.

Migrantes de otros países que también perdieron el TPS

El mes pasado, el gobierno estadounidense puso fin el TPS para miles de migrantes de Afganistán y Camerún. Un portavoz del DHS, citado por la agencia de noticias Reuters, señaló que la medida afectaba a más de 14.000 afganos y 8.000 camerunenses.

Migrantes de Afganistán llegaron a EEUU luego de la retirada militar de 2021, ocurrida durante la administración de Biden. El programa había sido otorgado a miles de personas que evacuaron el país tras la toma de poder del Talibán, según reportó Fox News en aquel entonces.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, dijo durante una entrevista con Fox News Digital que la secretaria del departamento tiene que revisar las condiciones en el país designado para el TPS por lo menos 60 días antes del vencimiento del periodo.

Noem determinó que Afganistán ya no cumplía con los requisitos legales para ser designado al TPS. Su decisión se basó en una revisión de condiciones que llevó a cabo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), cuyos funcionarios consultaron al Departamento de Estado (DOS) durante el proceso.

“A los afganos que fueron invitados, que construyeron sus vidas aquí, ahora se les dice que no importan. Es cruel, caótico y socava todo lo que EEUU afirmó representar cuando prometimos no abandonar a nuestros aliados”, declaró a NPR Shawn VanDriver, veterano y presidente de la organización benéfica #AfghanEvac.

Simpatizantes del chavismo y trabajadores de la administración pública, convocados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se movilizaron desde una plaza de Caracas hasta el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo-, donde el mandatario Nicolás Maduro recibió a decenas de ellos.

"La felicidad que tenemos en nuestra alma no nos cabe en el cuerpo, al ver a esta niña hermosa rescatada, libre y feliz entre nosotros", dijo el gobernante, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo de seis años, tras su cuestionada reelección en 2024.

El líder chavista, acompañado de su esposa, la diputada Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, compartió buena parte del acto con la niña, cuya madre y abuelas estuvieron presentes.

Maduro pidió "bendiciones del cielo para toda la familia venezolana", al tiempo que reiteró su promesa a los parientes de los más de 250 migrantes detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador desde marzo, tras ser deportados por EE.UU., que "más temprano que tarde" estarán "sanos, salvos y libres en su patria".

Por su parte, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, destacó que la marcha tuvo también el objetivo de enviar un mensaje de solidaridad a los "compañeros que tienen secuestrados en un campo de concentración nazi en El Salvador", en referencia al grupo de migrantes, acusados por EE.UU. de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

"Tenemos hermanos venezolanos que aún padecen una condición compleja y difícil", expresó Fernández, quien exigió "respeto al derecho internacional y que sean devueltos" esos migrantes.

En el encuentro, al que asistieron también grupos religiosos, una representante cristiana presentó una serie de propuestas como la creación de una "figura denominada consejeros de la familia", quienes, "dotados de un conocimiento especial", puedan "suplir necesidades y resolver conflictos", así como trabajar en pro de "la unión y no de la ruptura" familiar.

Por otra parte, oró para que "todos los jóvenes que se encuentran secuestrados" en la nación centroamericana "puedan regresar a su tierra", y destacó el "gran esfuerzo" para el retorno de la niña.

Desde la deportación de la madre en abril, el Gobierno venezolano insistió en que la niña estuvo "secuestrada" en el país norteamericano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. alegó que la menor fue separada "porque ambos padres pertenecen al Tren de Aragua", una acusación que rechaza Caracas. EFE

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La contratación de personal extranjero en el Perú implica el cumplimiento de estrictas normativas legales, cuyo desconocimiento puede acarrear sanciones económicas severas para las empresas. Según informó EY Perú, las multas por incumplimientos en este ámbito oscilan entre S/14.070,5 (para casos que involucren de 1 a 10 trabajadores) y S/281.035,5 (cuando se afecta a más de 1.000 empleados). Estas cifras subrayan la importancia de que las compañías actúen con diligencia y cuenten con el respaldo legal necesario al incorporar trabajadores extranjeros a sus plantillas.

¿Es buena idea contratar extranjeros en el Perú? Claro que sí, pero siga estos consejos

De acuerdo con Valeria Galindo, socia del Área Laboral de EY Perú, el marco normativo que regula esta actividad está compuesto por la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros y su Reglamento.

Este conjunto de disposiciones establece los requisitos que deben cumplirse para contratar personal extranjero, incluyendo la necesidad de que los trabajadores cuenten con una habilitación migratoria que les permita prestar servicios en el país. Para ello, existen cuatro aspectos clave.

Galindo destacó que el incumplimiento de estas normativas no solo puede derivar en sanciones económicas, sino también en la inhabilitación del personal extranjero, lo que podría afectar la operatividad de las empresas, especialmente aquellas que dependen de trabajadores con calificaciones específicas.

1. Contratar extranjeros en Perú: ¿Qué documentos se deben solicitar?

Para el inicio de los procesos migratorios se debe requerir a los extranjeros la documentación necesaria. Entre los documentos figuran:

• Pasaporte vigente (mínimo 6 meses).
• Certificado negativo de antecedentes criminales del país de origen o en el que hayan tenido residencia en los últimos 5 años.
• Partida de nacimiento y/o matrimonio, según corresponda.
• Copia de sus títulos profesionales. Toda la documentación generada en el extranjero debe ser apostillada (Convenio de la Haya de la apostilla) o legalizada consularmente para tener validez en el Perú.

2. El trabajador debe tener habilitación migratoria para ingresar a planilla

La compañía deberá verificar que el extranjero ya cuenta con una visa que le permita prestar servicios en el Perú. Entre las habilitaciones migratorias que permiten a un extranjero trabajar figuran:

• Trabajador: Para actividades subordinadas e independientes.
• Permanente: Para quienes tienen 3 años de residencia continua.
• Familiar: Para quienes tienen un familiar peruano o extranjero residente.
• Mercosur: Para ciudadanos de países que pertenecen al Acuerdo Mercosur.
• Migrante Andino: Para ciudadanos miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

Cabe resaltar que, además de la calidad migratoria, se requiere un contrato de trabajo, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, en el caso de las actividades dependientes. Según el tipo de visado, el contrato podría haber sido firmado de manera previa a la aplicación de la visa.

3. Control de vencimiento de visados y contratos de trabajo: tarea del empleador

Pero existen más puntos clave que las empresas deben considerar al contratar personal extranjero. Entre ellos, se encuentra la necesidad de realizar un control riguroso del vencimiento de los visados y contratos de trabajo.

Contratar a un trabajador con una visa vencida o mantener en planilla a alguien cuyo contrato no ha sido renovado puede resultar en multas durante una inspección. Por ello, se recomienda a las empresas llevar un registro detallado y anticiparse a las renovaciones necesarias.

4. Y, finalmente, cumplir con toda la normativa laboral, de seguridad social y tributaria del Perú

Finalmente, otro aspecto fundamental señalado por EY Perú es el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria. Esto incluye registrar el salario completo del trabajador extranjero en el sistema peruano, inscribirlo en la seguridad social y realizar los pagos correspondientes, como la contribución a EsSalud (9% del salario) y la retención del aporte a la AFP (10% de la remuneración). Estas obligaciones aplican incluso si el trabajador está registrado en la planilla de su país de origen.

“Es fundamental que las empresas adopten un enfoque proactivo y estratégico en la contratación de personal extranjero, cumpliendo la normativa y con ello darse la posibilidad de contratar este personal, el cual muchas veces viene con una experiencia y calificación distinta que beneficia a la plana local”, destaca Galindo.

La administración de Donald Trump solicitó recientemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos permiso para reanudar la deportación de casi 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas.

Esta movida se produce luego de que una orden judicial previa suspendiera temporalmente las deportaciones basadas en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra que ha sido raramente utilizada en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de The New York Times, la administración, bajo la representación del procurador general D. John Sauer, argumenta que los migrantes, presuntamente miembros de la banda conocida como Tren de Aragua (TdA), son considerados peligrosos y problemáticos.

Según las declaraciones de Sauer, el grupo ha demostrado ser “especialmente peligroso” para mantener en detención prolongada. En su petición al Tribunal Supremo, la administración busca anular la orden de suspensión emitida en abril que protegía temporalmente a los migrantes de la deportación.

Incidentes en el centro de detención

Los informes detallan incidentes donde un grupo de 23 migrantes se atrincheró en un centro de detención en Texas, específicamente en la instalación de Bluebonnet.

De acuerdo con una declaración bajo juramento del oficial del Departamento de Seguridad Nacional, Joshua Johnson, los migrantes bloquearon las puertas de su unidad de vivienda utilizando literas, cubrieron las cámaras de seguridad y bloquearon las ventanas.

Durante horas, amenazaron con tomar rehenes y atacar a los oficiales de ICE y al personal de la instalación. Este comportamiento, según la administración de Trump, es una prueba contundente del peligro que estos individuos representan incluso mientras están detenidos.

Tras el incidente, los migrantes fueron trasladados al Centro de Detención Prairieland en el norte de Texas. Johnson resaltó que el traslado fue esencial para garantizar la seguridad en la instalación original, ya que la conducta coordinada de los detenidos ponía en riesgo a otros detenidos, al personal y a los visitantes del lugar.

Argumento legal y procedimientos

En su declaración, Sauer enfatizó que la rápida deportación de estos individuos es crucial debido a los peligros que suponen. La administración de Trump sostiene que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es apropiado y cita el “interés fuerte del gobierno en remover de inmediato del país” a los miembros de bandas que sean una amenaza para los oficiales de ICE, el personal de las instalaciones y otros detenidos.

La Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, ha sido utilizada de manera excepcional en la historia de Estados Unidos, habiendo sido invocada solo tres veces anteriormente durante periodos de guerra declarada.

Trump proclamó su intención de usar esta ley en marzo para deportar a miembros de la banda venezolana TdA. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han enfrentado múltiples desafíos legales en las cortes federales.

El procurador general Sauer también argumenta que a los migrantes se les ha dado un aviso adecuado y la oportunidad de presentar peticiones de hábeas corpus para desafiar su deportación. Según Sauer, los migrantes han tenido tres semanas para presentar dichas peticiones, sin embargo, hasta la fecha no se han presentado recursos en el Distrito Norte de Texas.

Respuesta y contexto internacional

La situación ha capturado la atención internacional, reflejando las tensiones migratorias y las políticas de inmigración más estrictas implementadas durante la administración de Trump.

El grupo Tren de Aragua fue designado como una organización terrorista extranjera por Estados Unidos, lo cual contribuye a la percepción de peligro que rodea a estos migrantes.

Varios jueces federales han bloqueado las deportaciones bajo esta ley, reflejando las inquietudes legales y humanitarias en torno al uso de poderes de tiempos de guerra en asuntos de inmigración.

Sin embargo, la administración de Trump continúa buscando vías legales alternativas para la deportación, incluso bajo la autoridad de Title 8, que regula las normativas de inmigración y nacionalidad.

El proceso ha capturado la atención de varios medios de comunicación y grupos de derechos humanos que monitorean las acciones del gobierno. La próxima decisión del Tribunal Supremo será crucial para determinar el futuro de estos migrantes y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto moderno de las políticas migratorias de Estados Unidos.

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump para deportar a ciudadanos venezolanos vinculados con la banda Tren de Aragua ha sido respaldado por la jueza federal Stephanie Haines en Pensilvania.

Según informó The Associated Press (AP), esta decisión marca la primera vez que un juez federal aprueba la proclamación del mandatario estadounidense que clasifica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, permitiendo así la deportación de sus supuestos miembros.

Sin embargo, en un fallo paralelo, otro juez federal en el distrito occidental de Texas ha bloqueado temporalmente el uso de esta ley para deportaciones en esa región.

¿Por qué podrían deportar ciudadanos venezolanos de EEUU?

La jueza Haines, designada por Trump, también criticó la falta de aviso adecuado a las personas enfrentando deportación bajo esta ley, ordenando que se les notifique con al menos 21 días de anticipación, en contraste con las 12 horas que algunos deportados han recibido.

Haines enfatizó que su fallo no aborda si la administración puede deportar a personas bajo otras leyes de inmigración, ni si el presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a quienes simplemente migraron a Estados Unidos sin ser miembros de una organización terrorista extranjera, según publicó AP.

“Este caso plantea cuestiones importantes que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los que se funda el gobierno de esta nación. Al abordar estas cuestiones, la Corte comienza enfatizando los problemas que no está resolviendo en este momento”, escribió la jueza.

No obstante, afirmó que sí puede utilizar la ley para deportar a los ciudadanos venezolanos que tengan mínimo 14 años, vivan en EEUU sin estatus legal migratorio y que formen parte del Tren de Aragua.

La proclamación de Trump, emitida en marzo, argumenta que el Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos, otorgándole poderes especiales para deportar a inmigrantes identificados como miembros de la banda sin los procedimientos judiciales habituales.

Tras esta proclamación, la administración comenzó a expulsar a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión en El Salvador. Esta acción ha generado una serie de demandas en varios estados, incluyendo el caso que llevó al fallo de Haines: un venezolano, que afirma haber huido a EEUU con su familia en 2023 debido a extorsiones en su país, fue arrestado en febrero tras ser acusado por un vecino de pertenecer al Tren de Aragua, una acusación que él niega rotundamente.

El uso de la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros

Inicialmente, Haines aprobó el caso como una acción de clase, bloqueando temporalmente las deportaciones en su distrito, pero levantó esa designación, permitiendo que las expulsiones se reanuden siempre que se cumpla con el aviso de 21 días, emitido en inglés y español, y se ofrezca una oportunidad para ser escuchado.

En el caso de Texas, una mujer que huyó de Venezuela tras sufrir acoso y persecución política, y que actualmente busca asilo en EEUU, fue arrestada en Ohio y acusada de ser miembro de la banda, lo cual niega, según consignó AP.

Ella solicitó al juez federal David Briones que detuviera su deportación, argumentando que la proclamación de Trump viola los derechos al debido proceso y equipara erróneamente al Tren de Aragua con una invasión por un gobierno extranjero.

Briones consideró que la mujer probablemente tendría éxito en su caso y prohibió temporalmente a la administración transferirla o deportarla bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La situación ha generado un debate sobre el uso de leyes de tiempos de guerra para abordar cuestiones de inmigración y seguridad nacional.

Un nuevo grupo criminal, conformado casi exclusivamente por exintegrantes del Tren de Aragua (TdA), amenaza con superar en brutalidad a su organización madre. Se trata del “Anti-Tren”, una banda emergente nacida en Venezuela que ha comenzado a operar en diversas ciudades de Estados Unidos, con una capacidad de violencia que, según fiscales y expertos, podría superar a la red delictiva que se ha expandido desde Sudamérica en los últimos años.

Así lo revela una acusación federal desclasificada en abril de 2025 obtenida por Fox News Digital, en la que 21 miembros del “Anti-Tren” son señalados por dirigir redes de narcotráfico y prostitución en Nueva York. Las autoridades federales aseguran que las operaciones delictivas del grupo incluyen tráfico sexual de mujeres venezolanas, venta de drogas y robos a mano armada.

Según los documentos judiciales citados por el medio estadounidense, los integrantes del “Anti-Tren” “preservan y protegen su poder y territorio mediante actos de violencia”, incluidos ataques directos contra miembros del Tren de Aragua, de donde provienen casi todos sus integrantes.

¿Qué es el “Anti-Tren” y por qué podría ser más peligroso que el Tren de Aragua?

El documento judicial detalla que los miembros de Anti-Tren se enriquecen ilegalmente con “el contrabando de jóvenes venezolanas”, además de “actos de asesinato, asalto, otras formas de violencia y amenazas”, incluso contra quienes alguna vez fueron sus aliados en el Tren de Aragua. Este conflicto interno ha encendido alarmas en los cuerpos de seguridad, que anticipan una lucha por territorio criminal en varias ciudades.

Uno de los primeros en advertir sobre la peligrosidad del grupo ha sido Robert Charles, quien sirvió entre 2003 y 2005 como secretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EEUU (DOJ) y actual candidato a gobernador en Maine.

En entrevista con Fox News Digital, Charles señaló que “Anti-Tren” busca diferenciarse por su brutalidad: “He leído algunos informes que sugieren que este grupo disidente está tratando de distinguirse siendo más violento”, afirmó. Lo comparó con ramificaciones de MS-13, las cuales llegaron a superar al grupo original en salvajismo.

Charles alertó sobre la estrategia de expansión del grupo hacia zonas rurales, donde la presencia policial es limitada y la rentabilidad criminal es alta. “Se aprovechan de las personas sin hogar, del EEUU rural”, dijo.

En estados como Maine, explicó, la infraestructura para patrullar áreas extensas es mínima, lo que representa una oportunidad para bandas como “Anti-Tren”. “Los criminales no son estúpidos. Buscan maximizar su ganancia con el menor riesgo posible”, afirmó. Según Charles, el grupo podría estar buscando una confrontación directa con el Tren de Aragua para afianzarse como fuerza dominante.

Casos que han estremecido a comunidades estadounidenses

La violencia de Anti-Tren no se limita a Nueva York. En Dallas, Texas, un robo violento ocurrido el 21 de septiembre de 2024 encendió nuevas alarmas. Una mujer fue atacada en su casa del exclusivo barrio de Bluffview, donde el valor promedio de las viviendas supera los 880.000 dólares, según datos de Zillow.

Tras regresar de una cena, fue interceptada en su garaje, golpeada con una pistola y atada dentro de su vivienda por un grupo de hombres que la amenazó con cortarle los dedos. Utilizando Google Translate para comunicarse, los atacantes se llevaron más de 75.000 dólares en objetos de lujo, incluyendo bolsos de Gucci, Ferragamo y Judith Leiber, además de monedas y su teléfono móvil.

De acuerdo con los documentos obtenidos por Fox News, uno de los detenidos, Manuel Hernández-Hernández, declaró que sus cómplices eran miembros de Anti-Tren. La Policía de Dallas no confirmó públicamente esta afiliación, pero el testimonio forma parte del expediente judicial.

Charles considera que las autoridades deben actuar rápidamente para contener esta amenaza. “Creo que ahora mismo sus cifras son relativamente modestas. Si lo ignoras, finges que no es importantes y lo apaciguas en lugar de disuadirlo, sin duda crecerá. Es la naturaleza misma del crimen”, advirtió.

Dos personas de origen extranjero fueron asesinadas tras un ataque armado que se perpetró en un bar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes al interior del establecimiento “Foro Santa María”, ubicado en la avenida Insurgentes y la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Santa María La Ribera. Dentro del bar se encontraba un grupo de venezolanos, quienes fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Elementos de la SSC fueron alertados sobre múltiples disparos en las inmediaciones del inmueble, por lo que se trasladaron al lugar para corroborar los reportes. Al llegar al sitio, encontraron a cinco personas lesionadas.

Se informó que se trataba de tres hombres y dos mujeres originarios de Venezuela. Cuando los paramédicos procedieron a brindarles los primeros auxilios, se percataron que dos de ellos (ambos de 25 años de edad) ya no tenían signos vitales.

De acuerdo con los reportes de la SSC, los dos venezolanos murieron por disparo de arma de fuego en el cráneo y en el tórax. Ante esta situación, se acordonó el área para realizar el levantamiento de los cuerpos.

En cuanto al resto de los venezolanos, fueron trasladados a un hospital de la capital para recibir atención médica. Se informó que dos mujeres de 29 y 32 años recibieron disparos en el tobillo izquierdo y en el pecho. Además, un hombre de 26 años resultó con lesiones en la clavícula.

“De acuerdo con los primeros reportes, se supo que todas las personas involucradas en los hechos son ciudadanos venezolanos”, reiteró la SSC en un comunicado.

Como parte de las acciones realizadas, personal del C2 Centro analizó las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y observó que los presuntos agresores huyeron en un motocicleta color verde rumbo al Estado de México (Edomex).

Pese al operativo desplegado, no se tienen registros de personas detenidas hasta el momento. Por el doble homicidio, el Ministerio Público ya integra la carpeta de investigación correspondiente.

Según informes del reportero Carlos Jiménez, una de las víctimas mortales fue identificada como José Luis Caña, mientras que los venezolanos heridos responden a los nombres de Jorman Insiarte, Génesis Ramírez y María Lara.

Debido a que las investigaciones siguen en curso, no se han determinado las posibles causas del doble homicidio.

Representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja de EE.UU. presentaron la iniciativa, que otorgaría "automáticamente" un Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses, renovables, a los venezolanos actualmente en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación y permitiéndoles trabajar legalmente.

El condado Miami-Dade y la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, concentran una de las mayores poblaciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos con TPS o 'parole' humanitario.

La iniciativa, titulada 'Venezuela TPS Act of 2025', es impulsada por los congresistas demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, y la republicana María Elvira Salazar.

Soto lamentó que la Administración Trump busca "despojar a los venezolanos del Estatus de Protección Temporal, del 'parole' (auxilio humanitario temporal) y de otras protecciones críticas durante un momento de gran inestabilidad en su país".

El demócrata calificó de "insulto" darles la espalda a estas personas. "Ahora más que nunca, debemos unirnos para proteger a nuestra comunidad de un trato injusto y deportaciones inconstitucionales".

Wasserman Schultz por su parte enfatizó el carácter legal y pacífico de los actuales beneficiarios del TPS, que se encuentran en el limbo. "No son criminales, están aquí legalmente y nadie con antecedentes penales es elegible para esta protección", puntualizó.

"Simplemente está mal someter a familias venezolanas respetuosas de la ley a un régimen criminal y asesino que viola abierta y flagrantemente los derechos humanos", declaró la demócrata.

Salazar dijo en un comunicado que "la opresión del régimen de Maduro y el fracaso total del socialismo del siglo XXI ha creado condiciones peligrosas en Venezuela y una amenaza constante de persecución política".

El TPS protegería de la deportación a quienes estén físicamente presentes en EE.UU. al momento de la promulgación, no tengan antecedentes penales y se registren debidamente ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). También se contempla autorización para viajar en casos de emergencia.

El proyecto de ley surge en un contexto de crisis humanitaria profunda en Venezuela, donde más del 50% de la población vive en pobreza y la economía se ha contraído en más del 80% desde 2014, cifras que superan incluso los niveles de la Gran Depresión en EE.UU. EFE

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Michoacán detuvieron a una red de venezolanos en posesión de armas largas.

De acuerdo con información oficial, la captura ocurrió en la localidad de Razo de Órgano, municipio de Buenavista Tomatlán, donde los agentes del orden interceptaron a seis ciudadanos venezolanos que tenían en su poder equipó táctico y dos armas largas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que los elementos realizaban labores operativas contra la incidencia delictiva cuando ubicaron a un grupo de personas aparentemente armados, por lo que procedieron a inspeccionarlos y detenerlos.

Las personas detenidas afirmaron ser originarias de Venezuela y entre sus pertenencias les encontraron dos fusiles calibres -308 y 7.62x39 milímetros; además les aseguraron 235 cartuchos y 10 cargadores.

Célula del CJNG capturada en Apatzingán

Conviene recordar que el pasado 7 de mayo las autoridades de Michoacán confirmaron la detención de ocho personas venezolanos y un hondureño con armamento y equipo táctico en el municipio de Apatzingán.

Fuentes estatales indicaron que el operativo para capturarlos tuvo lugar en la comunidad de Cenobio Moreno y que los detenidos tenían en su poder dos armas de fuego calibres 7.62 y 5.56x39 milímetros; además de 260 cartuchos útiles, 102 cargadores y aproximadamente 150 gramos de marihuana.

Entre el material decomisado por las autoridades se encontraba un chaleco balístico con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se presume que los detenidos formaban parte de una célula de esta organización criminal. +

Guardia Nacional repele agresión en Apatzingán

Otra detención ocurrida en el municipio de Apatzingán se presentó el pasado 6 de mayo después de que elementos de la Guardia Nacional repelieran una agresión de civiles armados.

Los hechos ocurrieron en la localidad Exhacienda de la Huerta, donde, después de la balacera, las fuerzas del orden detuvieron a 7 personas y les decomisaron mil 340 cartuchos útiles, 49 cargadores y siete chalecos balísticos.

Las autoridades informaron que todos los detenidos, extranjeros y nacionales, fueron puestos a disposición de las dependencias competentes para la investigación correspondiente y la formulación de cargos por delincuencia organizada y posesión de armas y narcóticos.

Conviene recordar que la región de Tierra Caliente es una de las más violentas del país por la incursión del CJNG y el control criminal de la zona a manos de grupos como Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Tepalcatepec, entre otras células locales.

Nueve extranjeros presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos por fuerzas federales y locales en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Un despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y de la Defensa Nacional (Defensa) provocó la captura de integrantes de una célula delictiva en posesión de fusiles, ponchallantas y contenedores para artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades detallaron que el dispositivo de seguridad fue efectuado por aire y tierra en la comunidad de Cenobio Moreno, mismo que permitió ubicar a nueve hombres, quienes llevaban consigo dos armas de fuego calibres 7.62X39 milímetros y 5.56X39; además de varias bolsas.

Al interior de éstas, el personal castrense y policial encontró 260 cartuchos útiles, 102 cargadores, aproximadamente 150 gramos de mariguana; también fue localizado equipo táctico, nueve contenedores para artefactos explosivos improvisados y 28 estrellas ponchallantas.

Las autoridades indicaron que de los detenidos, ocho son originarios de Venezuela y uno de Honduras, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a fin de llevar a cabo las actuaciones establecidas.

Se informó que en la zona se mantiene un fuerte operativo por parte de las autoridades federales.

Reunión entre jefes de Cárteles Unidos y del CJNG desató bloqueos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato

Los narcobloqueos registrados el pasado 23 de abril en 29 municipios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco fueron una estrategia para facilitar la huida de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos (CU), según explicó el especialista en seguridad Eduardo Guerrero.

Estos hechos violentos incluyeron incendios de vehículos, ataques a comercios, bloqueos en carreteras y enfrentamientos con las autoridades, dejando como saldo la muerte de dos policías.

De acuerdo con las autoridades federales, los incidentes afectaron a 26 municipios de Michoacán, dos de Guanajuato y uno de Jalisco. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que durante los operativos se aseguraron artefactos explosivos y se destruyeron minas. Además, señaló que los ataques fueron consecuencia de la disputa territorial entre los dos grupos delictivos mencionados.

Entre los rumores que circularon tras los bloqueos, se mencionó un supuesto ataque con un helicóptero artillado en Apatzingán, así como la posible captura de Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, presunto jefe regional del CJNG.

Según el consultor de seguridad David Saucedo, quien habló para Aristegui Noticias, El Doble R ocupa un lugar clave en la estructura del CJNG, siendo parte de la segunda línea de mando bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Además, se le atribuye el control de las tres entidades donde se registraron los narcobloqueos.

Según Eduardo Guerrero, los bloqueos y ataques fueron organizados para evitar la captura de los líderes de ambos cárteles, quienes aparentemente se encontraban en una reunión en la zona. Aunque no se han confirmado detenciones relevantes, las acciones de las autoridades incluyeron la intervención en puntos estratégicos y la desactivación de explosivos.

De un total de 23.097 autorizaciones de este tipo, casi la mitad corresponden a marroquíes, seguidos de colombianos (con 2.068, el 11,3 %), de acuerdo a este informe de Caixabank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, con datos de 2023.

En el quinto y sexto puesto figuran, respectivamente, Honduras (con 928, el 4 %) y Perú (con 897, el 3,9 %), con Venezuela en el noveno (292) y Nicaragua en el décimo (289) , ambas con el 1,3 %.

Las autorizaciones de residencia temporal por arraigo vinculadas a la formación representan más de un 10 % del total de las aprobadas ese año, con un aumento de matriculaciones de extranjeros especialmente en Formación Profesional.

El estudio de estas entidades, que tienen entre sus objetivos el fomento de la Formación Profesional, señala que uno de cada diez extranjeros que regulariza su residencia temporal en España por motivos de arraigo lo hace por formación y que los datos se han disparado.

Mientras en 2022 casi un millar de personas pudieron acceder al arraigo por formación, en 2023 esta cifra subió a 23.097 para estos permisos de residencia temporales que requieren a los solicitantes ciertos criterios, como estar en situación irregular durante al menos dos años y matricularse en un programa de formación reconocido.

Asociaciones de ayuda a inmigrantes de países como Colombia y Perú han confirmado a EFE que en los dos últimos años se nota la llegada a España de muchos jóvenes para terminar sus estudios con la intención de quedarse a trabajar.

A partir de mayo de este año, la normativa española de Extranjería será más flexible para los visados de estudios, al concederlos mientras dure toda la formación, no anualmente, y facilitar un permiso de trabajo tras obtener el título. EFE

Para estos comicios, los primeros de los "al menos nueve" que el chavismo asegura habrá en 2025, entre ellos, regionales y legislativos, asambleas de ciudadanos propusieron "más de 36.600 proyectos" con los que también esperan resolver problemas locales en infraestructura o servicios como agua y electricidad.

El Ministerio de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana indicó que 5.245 centros electorales estarán "plenamente habilitados" durante la jornada, que contará con el apoyo en seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos policiales.

La consulta está pautada entre las 8:00 hora local (12:00 GMT) y las 18:00 (22:00 GMT).

El año pasado, el chavismo impulsó dos consultas de este tipo, descritas por la cartera de Comunas como "herramientas para la solución de problemas", tras las que "fueron financiados 9.183 proyectos".

La consulta de este domingo será la segunda en celebrarse en un contexto de crisis política, desatada tras las presidenciales del 28 de julio pasado, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo-, que aún no ha publicado los resultados desglosados, como establecía el cronograma.

Por su parte, la oposición mayoritaria, que denunció "fraude", reclama la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, reconocido como "presidente electo" por varios países, entre ellos, Estados Unidos.

El pasado 10 de enero, Maduro fue investido por la chavista Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para un tercer sexenio en el poder, lo que la mayor coalición opositora señaló como la consumación de un "golpe de Estado".

Esta semana, el CNE anunció que las elecciones legislativas y regionales se realizarán el próximo 27 de abril. EFE

Giménez, de origen cubano, envió hoy una carta a Noem tras la revocación esta semana de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos hasta octubre de 2026, que la anterior administración de Joe Biden había aprobado antes de dejar el poder.

De esta forma, el TPS, que permite a más de 600.000 de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence ahora el próximo 10 de septiembre de 2025.

"Muchos venezolanos han llegado a nuestro país bajo estas condiciones y se han integrado en nuestras comunidades, respetado las leyes y aportado con trabajos honestos", defendió Giménez.

El legislador republicano reconoció que algunos nacionales de este país que tienen vínculos o que forman parte de organizaciones criminales trasnacionales como El Tren de Aragua se han "aprovechado de nuestro generoso sistema".

"Si bien los miembros de la pandilla Tren de Aragua son venezolanos, no todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. No debemos permitir que las acciones de unos pocos estigmaticen injustamente a toda una comunidad" añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), bajo instrucción del entonces presidente Joe Biden, justificó la extensión del TPS para los venezolanos por "la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano" de Maduro.

En los últimos años, miles de venezolanos han llegado a EE.UU. buscando mejores oportunidades económicas y huyendo de las crisis social y política que atraviesa el país.

Según datos de ACNUR, más de 7,7 millones de personas han salido del país, lo que la convierte en la mayor crisis de desplazamiento del continente. EFE

Miami, 29 ene (EFE).- Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos han condenado este miércoles la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos confirmada por el Gobierno de Trump, y lamentaron que la medida equipará a todos los inmigrantes de este país con delincuentes.

"La inmensa mayoría de venezolanos somos personas trabajadoras que, desde diferentes posiciones, hemos aportado a esta Nación por la que no debemos ser catalogados por igual", manifestó la activista Patricia Andrade, de Venezuela Awareness.

La dirigente mostró su conformidad con la expulsión de la "minoría de venezolanos que ha violado la ley", que, dijo, es apenas menos del 1 % del total de inmigrantes del país latinoamericano.

"Los venezolanos no han querido abandonar Venezuela porque quieren, sino porque existe una grave crisis política y humanitaria que los ha forzado a dejar el país", agregó en un comunicado.

Este miércoles, la flamante secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció la revocación de la extensión del TPS para los venezolanos hasta octubre de 2026, que la anterior administración de Joe Biden había aprobado antes de dejar el poder.

El actual TPS, que permite a más de 600.000 de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence ahora el próximo 10 de septiembre de 2025.

Este alivio migratorio está ideado para proteger de la deportación a migrantes cuyos países de origen se encuentran en una situación de emergencia o catastrófica.

Para José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolano Perseguidos Políticos en el exilio (Veppex), la eliminación de la extensión del TPS es "muy grave" ya que de alguna forma "legitima y beneficia a un régimen como el de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro".

"Rechazamos que quieran convertir a todos los inmigrantes venezolanos en delincuentes. Venezuela no es un país seguro, ni siquiera para los que viven dentro de su territorio", añadió el opositor.

La secretaria ejecutiva de la organización Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, lamentó igualmente la decisión del Gobierno del presidente Trump, pero recordó que durante su campaña electoral llamó criminales a los inmigrantes, incluidos los venezolanos.

"Nos llamó animales, criminales. Esta era una de las principales amenazas si Trump ganaba las elecciones. Ganó y está cumpliendo su promesa de campaña", señaló Ferro al diario Miami Herald.

La directiva lamentó la contradicción por parte de la administración de Trump, cuyos funcionarios en repetidas ocasiones han condenado a Maduro, y sin embargo "ahora planea enviar a cientos de miles de venezolanos de regreso a la misma crisis que han llamado insostenible".

"Lo que hace que esto sea aún más angustioso es que (el actual secretario de Estado de EE.UU.) Marco Rubio, entre todas las personas, conoce nuestro dolor de primera mano. Él sabe exactamente de qué huimos: de la brutal dictadura de Maduro", agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), bajo instrucción del entonces presidente Joe Biden, justificó la extensión del TPS para los venezolanos por "la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano" de Maduro.

En los últimos años, miles de venezolanos han llegado a EE.UU. buscando mejores oportunidades económicas y huyendo de las crisis social y política que atraviesa el país.

Según datos de ACNUR, más de 7,7 millones de personas han salido del país, lo que la convierte en la mayor crisis de desplazamiento del continente.EFE

El crecimiento de la migración venezolana hacia Colombia ha llevado a que muchas personas se pregunten qué documentos son válidos para circular legalmente en el país, especialmente al momento de conducir.

Frente a esta inquietud, las autoridades colombianas han establecido lineamientos para permitir el uso de ciertas credenciales, como la licencia de conducción emitida en Venezuela, aunque con limitaciones específicas.

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En primer lugar, los ciudadanos extranjeros, incluidos los venezolanos, están habilitados para manejar dentro del territorio colombiano siempre que ingresen con estatus de turistas. Este permiso es temporal y exige que su entrada se haya realizado por un paso fronterizo autorizado, con pasaporte vigente y sellado.

El beneficio de poder conducir con la licencia venezolana no es indefinido. Según la normativa, solo podrá hacerse uso de ese documento durante un lapso máximo de seis meses. Superado ese periodo, será necesario iniciar el proceso para adquirir una licencia colombiana. Esta disposición también aplica a quienes cuenten con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), en cuyo caso los seis meses se contabilizan a partir de la expedición de dicho permiso.

Un aspecto clave es que el uso de la licencia extranjera está restringido a la categoría equivalente en Colombia. Esto significa que, si en Venezuela se tenía autorización para conducir motocicletas, ese mismo tipo de vehículo podrá ser conducido en Colombia, pero no uno diferente.

En caso de que una persona desee residir en el país por más tiempo del permitido como turista, o si planea manejar vehículos de servicio público, deberá tramitar una licencia nacional siguiendo los mismos requisitos que se exigen a los ciudadanos colombianos. El procedimiento incluye:

• Contar con cédula de extranjería vigente.
• Registrarse en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
• Realizar un curso de conducción en una institución avalada por el Ministerio de Transporte.
• Superar las pruebas teórica y práctica.
• Presentar los exámenes médicos requeridos.
• Diligenciar la solicitud ante el organismo de tránsito correspondiente.

En cuanto al reconocimiento de licencias extranjeras de países con los que Colombia mantiene acuerdos bilaterales —como España, Perú, Corea, Chile y Argentina—, se habilita la posibilidad de convalidar el documento después de seis meses de permanencia en el país.

Para ello, es necesario registrarse en el RUNT a través de cualquiera de los puntos disponibles de la Ventanilla Única de Servicios (VUS), acudir al Ministerio de Transporte con los documentos exigidos —como copia de la cédula de extranjería, licencia de origen y formato de solicitud—, y esperar la validación de autenticidad que realiza dicha entidad con las autoridades del país emisor.

Si el Ministerio aprueba la solicitud, el interesado podrá acercarse nuevamente a la Ventanilla Única para continuar con el proceso de expedición de la nueva licencia, en este caso bajo la modalidad de convalidación.

El gobierno municipal de Doral aprobó por unanimidad un acuerdo con la agencia federal Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que autoriza a su fuerza policial a colaborar en la ejecución de leyes migratorias, bajo el marco del programa federal 287(g). La medida, debatida en una sesión del concejo municipal el pasado miércoles, ha generado inquietud entre sectores de la comunidad inmigrante, en especial dentro de la numerosa población venezolana que reside en la ciudad.

La decisión convierte a Doral en una de las más recientes jurisdicciones del sur de Florida en adherirse a esta iniciativa impulsada a nivel estatal. Según Local 10, el acuerdo tiene como objetivo “proveer asistencia operativa para la aplicación de leyes que combaten la inmigración ilegal”, lo que otorga a los cuerpos policiales locales nuevas funciones vinculadas a procesos migratorios.

La vicealcaldesa Maureen Porras afirmó durante la reunión que el equipo jurídico del municipio había determinado que la ciudad no tenía margen para rechazar la implementación del convenio. “Nuestro abogado nos ha aconsejado que este es un contrato que debemos firmar”, dijo Porras. Además, anticipó el resultado de la votación al señalar: “Creo que este va a ser un acuerdo que se va a aprobar”.

Debate político marcado por tensiones dentro del concejo municipal

La sesión del concejo municipal, según CBS News, estuvo cargada de intercambios tensos entre los funcionarios, particularmente durante la intervención de la concejal Digna Cabral, quien cuestionó al jefe de policía, Edwin López, sobre las consecuencias del nuevo acuerdo. Cabral solicitó más detalles acerca de cómo se implementaría la colaboración con ICE y cuáles serían sus implicaciones logísticas y operativas.

“Perdón por interrumpirte, es que tengo algunas preguntas más”, dijo Cabral en medio de la exposición del jefe López. Este respondió: “Quizás lo que estoy diciendo está respondiendo parte de eso”, a lo que Cabral replicó: “Por eso quería repasarlas”.

La discusión escaló cuando la alcaldesa Christi Fraga intervino para respaldar al jefe de policía. “Cuando el jefe responde, no solo te está respondiendo a ti. Nos está respondiendo a todos”, dijo Fraga. Cabral insistió: “Pero yo soy quien está haciendo las preguntas, no usted”. Fraga contestó: “Pero yo presido la reunión”.

ICE y la autoridad policial local: formación, reuniones y responsabilidades

Durante el debate, el jefe López respondió a varias inquietudes relacionadas con los cambios operativos que implica el acuerdo. Mencionó que se llevarán a cabo reuniones con representantes de ICE, así como procesos de formación para el personal policial. Además, destacó que la cooperación con autoridades federales no alterará la misión principal del departamento.

“Respondo no solo a tus preguntas, sino a las que recibimos todos los días de los hombres y mujeres que están detrás de mí haciendo el trabajo”, expresó López. El convenio contempla asistencia en la identificación de personas sin estatus legal y su posible transferencia a custodia federal, aunque no se especificaron cifras ni proyecciones de detenciones o intervenciones.

El programa 287(g) permite que oficiales locales actúen bajo la supervisión de ICE tras recibir capacitación específica, y se ha implementado en varios municipios del estado. Aunque defensores del programa argumentan que refuerza la seguridad pública, organizaciones de derechos civiles han cuestionado su impacto en la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.

Reacciones dentro de una comunidad marcada por la inmigración venezolana

Doral alberga una de las mayores concentraciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, lo que otorga un matiz particular a la decisión adoptada por el concejo municipal. Tras la aprobación del acuerdo, tanto Fraga como el concejal Rafael Pineyro intentaron matizar el impacto de la medida, asegurando que no tiene como objetivo criminalizar a la población inmigrante respetuosa de las leyes.

“Espero que la administración, como he venido impulsando distintas resoluciones, considere ofrecer una oportunidad a estos venezolanos respetuosos de la ley”, dijo Pineyro, citado por CBS News. Fraga añadió: “Somos una comunidad de inmigrantes, pero no de inmigrantes indocumentados. Tal vez hay una parte, pero esas personas necesitan entender”.

La alcaldesa también instó a que los afectados busquen asesoría legal adecuada. “Las leyes y políticas han sido establecidas por esta administración y ellos deben informarse y tomar decisiones para ellos y sus familias”, expresó durante la sesión.

El acuerdo entra en vigor de inmediato con foco en seguridad pública

El convenio aprobado entre el Departamento de Policía de Doral y el ICE entró en vigor de forma inmediata tras la votación del concejo. Según explicó el jefe López, los esfuerzos del cuerpo policial continuarán centrados en garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad, más allá de las nuevas funciones relacionadas con el control migratorio.

El programa no contempla modificaciones estructurales inmediatas dentro del departamento, pero se prevé un proceso de adaptación a través de sesiones de formación y colaboración con agentes federales. Hasta el momento, no se han informado casos concretos ni cronogramas de implementación de operativos conjuntos con ICE.

Con esta decisión, Doral se suma a una tendencia creciente de municipios en Florida que han adoptado políticas de colaboración directa con agencias federales en temas migratorios. La aplicación de estas medidas continúa generando debates entre los sectores políticos, policiales y civiles, especialmente en contextos locales marcados por la diversidad y la migración reciente.

En un mensaje grabado, el líder de una de las pandillas del Callao lanzó una amenaza explícita contra los extranjeros que, según él, han desatado una guerra abierta en el mundo del hampa local: “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”.

Las declaraciones fueron emitidas en medio de una escalada de violencia sin precedentes entre bandas peruanas y venezolanas que se disputan el control del cobro de cupos, sicariato y extorsiones. El epicentro del conflicto está en las calles del Callao, pero los efectos ya alcanzan otros distritos de Lima Metropolitana, como San Miguel, Ventanilla y San Juan de Lurigancho.

Según el reportaje emitido por Panorama, la tensión alcanzó su punto más álgido tras el asesinato de dos transportistas chalacos, ejecutados el pasado 10 de abril en un lapso de dos horas. Uno de ellos, Luis Chinchay Zegarra, de 70 años, fue acribillado mientras conducía su combi. Más temprano ese mismo día, Daniel Guillermo Suárez, un joven de 25 años con aspiraciones de convertirse en futbolista profesional, fue asesinado a plena luz del día.

Ambos crímenes ocurrieron en el límite entre San Miguel y el Callao, y fueron registrados en video. Los registros circularon rápidamente en redes sociales y desataron una ola de indignación y llamados a la venganza por parte de las bandas chalacas, que se autodenominan “las reales familias del crimen” y agrupan a pandillas de los barrios Castilla, Salón, Barrio Cinco, Zona Sur y Los Barracones.

En el mismo reportaje, miembros encapuchados de estas bandas exhibieron armas de fuego —incluyendo una pistola semiautomática y un revólver calibre 38— mientras aseguraban estar “activados” para iniciar lo que llamaron una “limpieza” de extranjeros en su territorio. Uno de ellos afirmó: “Comenzamos con el Callao. Espero que las demás provincias comiencen a colaborar. Vamos a hacer limpieza en todo el Callao”.

“Justos por percadores”

El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.

Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.

En medio del caos, los familiares de las víctimas enfrentan el dolor y la impotencia. La viuda de Daniel Suárez recordó que el joven planeaba casarse y formar una familia. “Me prometió que a fin de mes íbamos a estar con la bebé, pero eso solo se va a poder cumplir en la otra vida”, relató.

El Estado peruano se encuentra bajo presión para contener la violencia. Aunque el gobierno ha decretado estados de emergencia en distintas regiones, los propios vecinos del Callao aseguran que las medidas no han logrado frenar la criminalidad. “Todo está mal acá. Todo es extorsión, todo es asesinato. Nadie quiere trabajar. Todos quieren plata fácil”, expresó un residente.

Consultado por el programa, el ex teniente general de la Policía Nacional, Gastón Rodríguez, explicó que una de las alternativas que se analiza es la aplicación de tecnología de rastreo. “Con un botón de pánico, la víctima podría activar un sistema que permite la geolocalización del celular desde donde se emite la amenaza”, explicó.

En paralelo, algunas organizaciones culturales y colectivos barriales intentan ofrecer una salida distinta al conflicto. El colectivo Barrio Bendito, formado por jóvenes chalacos, busca promover mensajes de paz a través de la música urbana. Uno de sus integrantes declaró: “Con la música tratamos de dar un mensaje. Nosotros hacemos música con conciencia”.

A pesar de estos esfuerzos, la retórica de guerra continúa intensificándose. En varias zonas del Callao, se han reportado murales con mensajes de advertencia contra los grupos extranjeros. En redes sociales circulan videos en los que se repite una consigna: “Prohibido pasar al Callao. Cada delivery que pase por nuestra zona va a ser tumbado”.

El conflicto ha generado un clima de tensión permanente entre la población, donde ya se habla de evitar sentarse cerca de los conductores en las combis, por miedo a convertirse en víctimas colaterales de un ataque dirigido.

El temor ha calado en la vida cotidiana. En el Callao, muchos ciudadanos se sienten atrapados entre dos fuegos: las bandas que buscan “justicia por mano propia” y un Estado que, pese a las medidas de emergencia, aún no logra retomar el control de las calles.

En las últimas horas, trascendió que dos hombres de nacionalidad venezolana, supuestamente repartidores de delivery por aplicativos, fueron atacacos a balazos, como parte de esta amenaza lanzada por las bandas chalacas. El hecho ocurrión en Ventanilla, uno de los distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao.

El 10 de abril de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el primer encuentro de Comandantes de la Policía con el fin de abordar los problemas de seguridad que tiente el país. En el evento, el primer mandatario reflexionó sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la política de seguridad y trabajar más en el cambio cultural, orientado a contrarrestar la anticultura basada en la codicia y el poder, raíces de la corrupción y la violencia.

“Yo creo, desde la seguridad humana, que indudablemente los delitos contra la vida son mucho más profundos que los delitos contra la propiedad. Tienen que ver con la estructura social y de la riqueza”.

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De igual manera, Petro pidió a los comandantes de la Policía Nacional alistar una política de inclusión juvenil en Bogotá, por la posible llegada de cientos de migrantes venezolanos desde Estados Unidos gracias a las deportaciones masivas que ha realizado el presidente Donald Trump.

“¿Por qué? Si las cosas siguen como van. Trump aprieta bien. Venezuela Más. Según la prensa, las encuestas ya dicen que hay 5 millones de venezolanos ya Listos. Listos para salir. ¿Y a dónde salen? Pues a donde estamos. ¿Y la primera ciudad? Pues. Eso tiene su cadena. Pero la ciudad es Bogotá. La que más atraería, no sé en las demás, pero son bastantes”, sostuvo.

Y agregó: “Entonces nosotros tenemos que alistar una política de inclusión juvenil en Bogotá que no trace frontera. Y eso no es un problema de la policía porque nos puede ayudar en cosas”.

Para el gobernante de los colombianos, esta medida es necesaria para que los jóvenes venezolanos que arriben al país no sean reclutados por bandas criminales como el Tren de Aragua, lo que fortalecería al grupo delincuencial.

“La juventud barrial. Y aquí, Entonces hago un paréntesis, un capítulo, la que es de origen venezolano, traída por todos los flujos de migración. Está más excluida que el joven colombiano que está en ese mismo barrio. ¿Y si la respuesta es afirmativa? Porque yo creo que la respuesta es afirmativa, entonces tenemos las bases de una delincuencia más avanzada desde el punto de vista de delincuencia común, que puede llamarse tren de Aragua”, señaló el presidente Petro.

Incluso, lanzó pullas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responsabilizando de no implementar medidas que impulsen el apoyo a los barrios marginales y más pobres de la ciudad; además de políticas que fortalezcan la seguridad en la capital del país, lo que deriva en el aumento de los homicidios.

“Bogotá está creciendo en sus niveles de homicidios, en guerras que incluso pueden llamarse yo no llamaría étnicas, sino de niveles de exclusión de juventudes en un mismo barrio y, por tanto, la ausencia de una política de inclusión juvenil en Bogotá es apenas una hipótesis, porque no tengo datos para decir que es así solo por mi conocimiento de lo que era antes. Puede estar fallando eso, tontamente, porque es donde más universidades tenemos, donde hay más dinero”.

Petro culpó a tres ciudades del país por el aumento de la inseguridad en Colombia

Sumado a las críticas a Galán, el presidente Gustavo Petro señaló que el homicidio ha crecido significativamente en tres ciudades específicas en un término de dos meses. La primera es Cali, con 50 homicidios más que los reportados en el mismo periodo de 20247; le sigue Bogotá, con 34 casos más; y Pereira, con 29 homicidios más.

“Si estas tres ciudades no hubieran subido sus homicidios, la tasa en Colombia hubiera bajado”, dijo.

Sin embargo, negó que exista un “caos” en el territorio por la inseguridad. “Tenemos un problema en tres ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia”, indicó.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció con fuerza frente a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro respecto al trato hacia los miembros del Tren de Aragua, una organización delictiva de origen venezolano.

Las palabras del jefe de Estado, en las que mencionó que estos individuos podrían requerir “amor y comprensión”, desataron críticas en varios sectores políticos y sociales.

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En respuesta a esa afirmación, Beltrán recalcó que su administración no suavizará su postura frente a esta estructura.

“El Tren de Aragua es una estructura criminal y hay que tratarlos como criminales”, afirmó.

Para el mandatario local, los hechos hablan por sí solos, ya que se ha comprobado la responsabilidad de este grupo en actividades delictivas como homicidios por encargo, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Beltrán reiteró que las autoridades deben mantener una posición firme ante estos actores armados, ya que sus acciones no evidencian intención alguna de contribuir a la paz. “Es una estructura criminal que no escatima esfuerzos para robar, extorsionar y realizar sicariatos”, advirtió.

Además, el alcalde dejó claro que no ve con buenos ojos la idea de suavizar el enfoque frente a estos grupos mientras no haya señales tangibles de arrepentimiento o intención de desmovilización. “Hoy no podemos hablar de un trato con amor, si no hay hechos reales de paz y de construcción de paz de soluciones al problema de la guerra interna de la venta de droga que maneja el Tren de Aragua, cualquier acción que como mandatarios hagamos es ineficiente”, señaló.

Para el mandatario de la capital santandereana, lo fundamental es que las autoridades locales y nacionales mantengan una postura clara y firme. Si no hay cambios demostrables por parte de la organización, dijo, la obligación institucional es seguir enfrentándolos con todo el peso de la ley. “Si realmente quisieran un proceso de paz lo manifestarían con sus acciones a la sociedad, de lo contrario se seguirán tratando como criminales”, agregó.

Durante su intervención, Beltrán también habló sobre las estrategias implementadas por distintos departamentos del país frente al avance de esta banda transnacional. Indicó que en muchas regiones se ha tenido que recurrir al despliegue de fuerzas combinadas de Ejército y Policía para intentar controlar el crecimiento y las acciones de este grupo.

Desde su perspectiva, los territorios más afectados han tenido que asumir la tarea de proteger a sus comunidades sin contar siempre con una hoja de ruta nacional clara. En ese sentido, señaló que la falta de una política efectiva para reducir el accionar de organizaciones como el Tren de Aragua representa una amenaza directa a la seguridad de las regiones.

Beltrán concluyó haciendo un llamado a mantener una respuesta coordinada desde todas las instancias del Estado, evitando enfoques que, en su criterio, desdibujan la gravedad del fenómeno delictivo que representa esta estructura.

Para él, es indispensable que el discurso esté alineado con los hechos que se viven a diario en muchas ciudades del país.

Caracas, 9 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este jueves que el periodista Julio Balza, parte del equipo de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido al finalizar una protesta antichavista en Caracas en la víspera de la toma de posesión de la Presidencia.

El SNTP indicó, en una publicación en X, que Balza fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el municipio Chacao, cuando iba a buscar su vehículo, según le confirmaron familiares del periodista.

El partido político Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, aseguró, en la misma red social, que desde las 16.00 hora local (20.00 GMT) desconocen el paradero de Balza.

Este jueves, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) pidió a las autoridades "prestar todo el apoyo" a los trabajadores de la prensa en la cobertura de las manifestaciones del chavismo y la oposición que se llevaron a cabo hoy.

Sin embargo, pese a la petición, el CNP en el estado Aragua (norte) denunció que "motorizados encapuchados le quitaron el teléfono de trabajo" a un periodista que se dirigía al punto de concentración opositor en Maracay, capital de esta región cercana a Caracas.

Además, en esa ciudad, funcionarios de seguridad "amenazaron" a una reportera con "quitarle su teléfono cuando hacía fotos", según dijo el CNP de Aragua en X.

Machado había llamado a los simpatizantes opositores a mantenerse concentrados en "toda Venezuela", con "serenidad y firmeza", y manifestarse por la "lucha" y "conquista" de la "libertad", y con "la misma energía" del 28 de julio, cuando ella y la mayor coalición opositora afirman que ganó Edmundo González Urrutia por un amplio margen.

Tras la protesta, el Comando con Vzla, de la oposición mayoritaria, denunció el "secuestro" de la exdiputada -que después fue calificado como "retención por sus colaboradoras- y posterior liberación de Machado tras participar en la protesta en Caracas.

La líder opositora afirmó en X que se encuentra en un "lugar seguro", al tiempo que dijo que este viernes dará más detalles sobre lo ocurrido durante la jornada.

La opositora reapareció hoy tras permanecer 133 días en la clandestinidad para encabezar la movilización opositora en Caracas que buscó reivindicar el triunfo de González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro. EFE

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció durante una entrevista con la cadena estadounidense NewsMax, que el régimen chavista ha transformado a Venezuela en “el país más pobre de la región y el centro criminal de las Américas”.

Machado advirtió que la crisis económica y social que atraviesa el país, antes una de las naciones más ricas del mundo gracias a sus reservas petroleras, ha llevado a millones de venezolanos a la pobreza extrema y ha provocado una migración masiva.

“Es una catástrofe. Un maestro gana un dólar al día, las pensiones son de menos de tres dólares al mes. Nuestros niños no reciben educación, nuestros hospitales no tienen medicinas ni agua”, afirmó, al tiempo que señaló el colapso de los servicios públicos y la precariedad en la que viven millones de ciudadanos.

La también coordinadora del partido Vente Venezuela responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro por la crisis humanitaria y aseguró que el régimen no solo ha devastado la economía del país, sino que también ha convertido a Venezuela en un punto de operaciones para el crimen organizado en la región.

“Es urgente que avancemos en esta transición, no solo por el beneficio del pueblo venezolano, sino también para el pueblo estadounidense y para todos aquellos que viven en este continente. Venezuela se ha convertido en la mayor amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y del hemisferio“, sentenció Machado.

Edmundo González: “Voy a volver a Venezuela cuando las garantías estén dadas”

Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, concedió una entrevista al diario español ABC, en la que aseguró sentirse “prisionero” en España, país donde permanece exiliado desde septiembre de 2024. Sin embargo, reiteró su compromiso de regresar al país cuando existan condiciones de seguridad.

“Tengo que ser consciente de cuál es mi situación, es decir, estoy prisionero en un país que me ha dado cobijo, facilidades, protección. Hay más de uno por ahí que estará pensando cómo intentar alguna cosa contra mí”, declaró González.

A pesar de las restricciones, enfatizó que su propósito es volver a Venezuela y liderar la lucha por la recuperación democrática.

“Vamos a seguir luchando por regresar a Venezuela cuando se den las condiciones, porque tengo la intención y el propósito de regresar, no de quedarme en España. Espero hacer el esfuerzo por recuperar la democracia y la libertad”, afirmó.

González destacó la resistencia democrática del pueblo venezolano a pesar de la crisis desatada por el régimen de Maduro.

“En Venezuela hay unos resortes democráticos muy profundos que están instalados en la mente de los venezolanos, producto de 40 años que vivimos en democracia. Y eso no se puede borrar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos en el ADN esa voluntad democrática. Y por eso luchamos y combatimos contra un régimen en las peores condiciones“, concluyó.

Una lamentable situación estarían atravesando algunos ciudadanos colombianos, debido a presuntos maltratos por parte de las autoridades panameñas, que han coordinado su regreso a suelo colombiano

De hecho, un deportado colombiano desde Panamá denunció haber sido víctima de violencia por parte de las autoridades migratorias de ese país.

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Según informó la Personería de Rionegro, el hombre llegó al aeropuerto José María Córdova, en el departamento de Antioquia, el pasado 14 de marzo, presentando lesiones visibles en su mano derecha y en el rostro, generando preocupación sobre las condiciones en las que se realizan las deportaciones y el trato hacia los migrantes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Personería de Rionegro, el hombre fue parte de un grupo de 24 personas deportadas desde Panamá en un vuelo que aterrizó en el mencionado aeropuerto. Aunque los deportados recibieron atención del Departamento de Prosperidad Social, este ciudadano en particular decidió trasladarse a Medellín para reunirse con su familia en el corregimiento de San Cristóbal, no sin antes denunciar los presuntos abusos sufridos durante su detención en Panamá.

El personero de Rionegro, Jorge Restrepo, explicó que la entidad activó una ruta de atención médica para el hombre tras recibir el reporte de sus lesiones. “(...) informó que presuntamente había sido afectado, toda vez que llegó con lesiones en la mano derecha y en el rostro. Se activó una ruta de atención en materia de salud”, declaró Restrepo, citado por Blu Radio. Además, la denuncia fue extendida a la Personería de Medellín para dar seguimiento al caso y garantizar que se investiguen los hechos.

Restrepo también hizo un llamado a las autoridades de ambos países para que se establezcan diálogos que permitan mejorar las condiciones en las que se realizan las deportaciones. El funcionario enfatizó la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad humana y evitar que los deportados lleguen esposados o en condiciones que puedan considerarse degradantes.

Cabe señalar que, la selva del Darién ha mostrado una notable disminución de tránsito de migrantes en lo que va del año. Según los datos más recientes, entre el 1 de enero y el 13 de marzo de 2025, un total de 2.752 personas ingresaron irregularmente a Panamá por esta peligrosa ruta, representando una reducción del 97 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El Darién, una densa y peligrosa selva que conecta a Colombia con Panamá, ha sido históricamente una de las principales rutas utilizadas por migrantes que buscan llegar a América del Norte. Sin embargo, las condiciones extremas del terreno, sumadas a los riesgos de violencia y explotación, han convertido este trayecto en uno de los más peligrosos del mundo.

Ciudadano venezolano denunció irregularidades de autoridades panameñas en traslado migrantes

En la tarde del sábado 22 de febrero de 2025, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) informó sobre el naufragio de una embarcación en aguas del archipiélago de Guna Yala, en el país centroamericano.

En la embarcación viajaban 21 personas, de los cuales 19 eran de nacionalidad colombiana y venezolana, mientras que los dos restantes eran panameños, el capitán y su ayudante.

Fue en ese trágico acontecimiento que el migrante venezolano Rene Araure perdió a su pequeña hija de ocho años, caso que, según contó a Infobae Colombia, ha presentado retrasos y demoras en medio de serias inconsistencias por parte de las autoridades panameñas en su afán de “deshacerse de ellos”.

“(...) a nosotros nos llevaron y, supuestamente, los militares y la migración nos iban a escoltar hasta llevarnos para llevarnos hasta La Miel, que eso es casi frontera con Colombia. Nunca fue así. Ellos nunca nos escoltaron. Ellos (autoridades panameñas) también sabían que el tiempo estaba mal para hacer la navegación y aun así ellos querían salir de nosotros”, dijo el migrante.

Ahora, Araure está a la espera de que se logre un acuerdo con Colombia para su escala en el país y su regreso a Venezuela; sin embargo, la falta de documentos, que perdió luego del naufragio, ha dificultado el proceso, dejándolo varado con su esposa y su otra hija en el país centroamericano.

En el cuarto trimestre de 2024, el movimiento migratorio de ciudadanos peruanos registró un saldo negativo de 20,838 movimientos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se contabilizaron 994,952 ingresos de peruanos al país, mientras que las salidas alcanzaron 1,015,790, lo que indica que más nacionales dejaron el territorio que los que retornaron.

Este fenómeno, que se ha observado con mayor frecuencia en los últimos años, plantea interrogantes sobre las razones que motivan a los peruanos a viajar al extranjero y el impacto que esto podría tener en el país. Aunque el saldo migratorio negativo no implica necesariamente un aumento en la emigración permanente, sí refleja una mayor movilidad internacional de los ciudadanos.

¿Quiénes son los peruanos que salen del país y hacia dónde van?

De acuerdo con el informe técnico “Perú: Evolución de las Entradas y Salidas Internacionales”, el 60.1% de los peruanos que viajaron al exterior tienen entre 30 y 59 años, seguidos de los jóvenes de 15 a 29 años con 19.2%. Los adultos mayores de 60 años representan el 14.7% y los menores de 15 años el 5.9%.

El principal punto de salida de peruanos al exterior fue el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con el 56.4% del total de movimientos, seguido del puesto de control migratorio de Santa Rosa en Tacna, que concentró el 31.4%. Entre ambos puntos se registró el 87.8% de las salidas internacionales de ciudadanos peruanos.

Según datos de Migraciones, los destinos más frecuentes de los peruanos que viajan al extranjero incluyen Chile, Estados Unidos, España y Argentina. Estos países han mantenido una alta demanda entre los nacionales que buscan oportunidades laborales, estudios o simplemente turismo.

Crecimiento en la salida de peruanos al extranjero

Durante el año 2024, el total de movimientos de salida de peruanos alcanzó 1,968,015 personas, un incremento del 8.4% respecto al 2023. Según el INEI ,este aumento en las salidas podría estar influenciado por la recuperación económica postpandemia, la demanda laboral en el extranjero y la creciente globalización de oportunidades académicas y profesionales.

Por otro lado, en el mismo periodo, las entradas de peruanos sumaron 994,952 movimientos, mostrando un flujo menor en comparación con las salidas, lo que explicó el saldo migratorio negativo en el trimestre analizado.

El impacto del flujo migratorio total

El flujo migratorio total de entradas y salidas de peruanos y extranjeros alcanzó 4,031,309 movimientos en el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 8.8% respecto al mismo periodo del 2023.

A nivel anual, en 2024, se registraron 15,861,402 movimientos migratorios en el país, lo que representó un crecimiento del 17.3% en comparación con el año anterior.

El saldo migratorio negativo registrado en 2024 podría convertirse en un punto de análisis para comprender las tendencias de movilidad de los ciudadanos peruanos y su impacto en el país en los próximos años.

País que envió más extranjeros al Perú

De otro lado, según información proporcionada por el INEI, Chile se destacó como el principal emisor de turistas hacia el Perú en el último trimestre de 2024. Entre octubre y diciembre, los turistas chilenos representaron el 35,5 % del total de ingresos de extranjeros al país, marcando una diferencia significativa frente a otras nacionalidades. Durante este periodo, Estados Unidos ocupó el segundo lugar con el 13,4 % de las entradas, seguido por Ecuador (10,0 %), Colombia (7,8 %), Bolivia (6,8 %), España (5,5 %), Brasil (4,8 %) y Panamá (4,2 %). En conjunto, estas nacionalidades agruparon el 87,9 % del total de llegadas internacionales en el cuarto trimestre de 2024.

En términos absolutos, el flujo de turistas extranjeros que ingresaron al país ascendió a un millón veintisiete mil noventa y tres movimientos, lo que representa un crecimiento del 10 % respecto al mismo periodo de 2023. Este incremento subraya el dinamismo del sector turístico peruano y su recuperación frente a años anteriores.

La crisis en Venezuela ha provocado que en los últimos años millones de personas dejen sus hogares para buscar un mejor futuro, siendo Colombia uno de los países que más ha recibido a migrantes de esta nacionalidad, puesto que se estima que en la nación cafetera hay al menos tres millones de venezolanos.

Conseguir trabajo y tener algunos derechos básicos ha sido un problema para gran parte de los migrantes, ya que hay más de 500.000 extranjeros que siguen de manera irregular en el país, por lo que William Gómez, analista de temas de frontera, indicó a La Nación, que aquellos que lleven más de cinco años en Colombia ya pueden solicitar una visa de residencia.

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El analista explicó que es normal que la mayoría de migrantes tramiten permisos especiales de permanencia o permisos de protección temporal, recordando que haber tenido esos avales o poder demostrar que han permanecido el tiempo señalado en Colombia, podrán solicitar la Visa R, con la cual obtendrían la cédula de residente.

Gómez también habló de los migrantes que llegaron antes del 4 de diciembre de 2024, que no recibirán una visa de residencia, pero pueden pedir una de visita, según lo establecido en la Resolución 12.509.

Al hablar de los requisitos que debe cumplir cada migrante, Gómez destacó que deben contar con el pasaporte vigente o vencido, pero no por más de 10 años, además de documentación que constate las fuentes de ingreso o estabilidad económica que tiene en Colombia.

Dentro de la estabilidad mencionada, los extranjeros deben demostrar que tienen una residencia fija (no importa que sea en alquiler), trabajo, llevar copia de los pagos de recibos públicos y otros tipos de facturas que efectúen en el territorio nacional.

“También deberán presentar un certificado apostillado de antecedentes penales de Venezuela. Para quienes optarán por la visa de residencia, deberán consignar el Permiso de Protección Temporal o el Permiso Especial de Permanencia”, indicó el analista.

Sobre ese trámite, Gómez explicó que se debe hacer a través del portal web de la Cancillería de Colombia, en el que se pagará una tasa, llenar un formulario y adicional una serie de documentos escaneados.

Después de cumplir con los puntos explicados por el analista, el migrante recibirá una notificación de aprobación al correo electrónico que, en caso de ser positivo, permitirá que el individuo pueda solicitar la cédula de ciudadanía ante la Registraduría de Colombia y con ello solicitar la ciudadanía colombiana.

Desde la Cancillería de Colombia han recordado que los venezolanos que regulen de manera oficial su permanencia en Colombia podrán acceder a varios beneficios, estos son algunos de ellos:

• La regularización migratoria, que garantiza la permanencia de migrantes de Venezuela en Colombia hasta por diez años, con la posibilidad de acceder a mecanismos más avanzados, como la visa, la ciudadanía o la cédula de extranjería.
• Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), a través de la entrada al Sisbén, que es la parte subsidiada del sistema de salud, o a una EPS, a través de un pago mensual que puede realizarse de forma independiente o a través de un empleador.
• Entrada al sistema educativo, tanto para menores de edad en centros para primaria o bachillerato como para mayores en las instituciones de educación superior. La población venezolana con el ETPV puede ingresar también a programas de formación técnica.
• Ingreso al empleo formal, los servicios bancarios o crediticios y los programas de apoyo gubernamental.
• Posibilidad de adquirir residencia permanente a partir del acceso a visa tipo R después de completar cinco años bajo el ETPV.

Cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos residen actualmente en España, una cifra que, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, se ha multiplicado aproximadamente por diez en la última década. El empeoramiento de la situación política, el progresivo aumento de la represión y del recorte del libertades, la hiperinflación y el empobrecimiento generalizado de la población ha llevado a la desaparición de la clase media en Venezuela, lo que ha desembocado en la marcha de millones de personas hacia todas partes del mundo, en un éxodo superior al de países en guerra como Ucrania o Siria.

Según cifras de la ONU, hay casi seis millones de migrantes y refugiados de Venezuela en todo el mundo. De todos los países de acogida, España es el noveno país en cuanto a venezolanos registrados y el primero en Europa.

Una venezolana residente en España explica en una publicación en TikTok algunos consejos "para evitar errores y acelerar el proceso" a la hora de traer a los familiares que se encuentran en el extranjero. “Algunos lo logran en un año, otros en tres y hay quienes nunca lo consiguen”, afirma Adrianis Lugo, que asegura que ella logró reunirse con los suyos en tan solo un año.

“Empecé por mis hermanos y después empecé con mi mamá, mi sobrino y mi hermana mayor”, detalla Lugo, que resalta que cuando se viaja solo “tenemos muchísima más ventaja y libertad de desplazarnos, y sobre todo de ahorrar un poquito más”.

La regularización facilita todo

La primera dificultad, detalla, es lograr tener estabilidad. Lugo explica que lo primero que debes saber es que sin papeles todo cuesta más, y lo recomendable es tener por lo menos un año de residencia legal teniendo un permiso de trabajo activo. Si llegaste sin papeles y estás en proceso de irregularidad, el tiempo de espera puede ser de tres a cuatro años, y eso también depende del proceso que elijas y del país que vengas", añade.

Lugo insiste en la regularización porque, aunque el proceso sea largo, te facilitará todos los trámites, en especial, a la hora de acceder a un contrato de alquiler de un piso. “Son muy escasas las experiencias en las que que puedes alquilar solo con el pasaporte”, explica. Lugo añade además que debes mostrar ingresos estables y que cada familiar extra aumenta la cantidad que debes demostrar, por lo que siempre es más fácil ahorrar viajando solo.

La venezolana insiste en que todo este proceso conlleva plazos, por lo que es muy importante la organización y la paciencia. “Es importante que te planifiques para esto y muy importante lograr tener todo lo necesario para que puedas cumplir con todo lo que has venido a hacer aquí y traer a los tuyos”, apunta. “Planea bien, infórmate y sobre todo, no te rindas. Miles de personas lo han logrado y tú también puedes”, afirma Lugo, que aclara que la distancia es temporal, “pero el abrazo que darás cuando los tengas aquí es bastante largo y será muchísimo más largo, no te desanimes”, sentencia.

La migración venezolana también trae consecuencias en la economía peruana. Según un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Lima, los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela estimaron un aporte aproximado de 530 millones de dólares (506 millones de euros) a la economía nacional en 2024. Este impacto económico equivale al 1,35 % de los ingresos fiscales totales del país.

Aunque el porcentaje a los ingresos fiscales puede parecer modesto, representa una inyección importante de recursos para el Estado peruano, especialmente en un contexto en el que los países de la región enfrentan desafíos económicos significativos, menciona el documento.

El informe detalló que del gasto proveniente de estos extranjeros un 96,1 % permanece dentro de las fronteras peruanas, mientras que solo un 3,9 % se destina al envío de remesas a sus países de origen. Este dato refuerza la idea de que la comunidad migrante no solo busca establecerse en el país, sino que también contribuye activamente al dinamismo de su economía local.

Diego Beltrand, enviado especial de la OIM para la Respuesta Regional a los flujos de Migrantes y Refugiados, destacó el papel de la migración en las economías receptoras. “La migración actúa como un poderoso catalizador del desarrollo y este estudio brinda evidencia contundente de cómo se puede estimular el progreso económico y social en las naciones de acogida”, afirmó en un comunicado oficial.

De acuerdo al estudio “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, de la OIM, las denuncias contra la población migrante venezolana han mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, a pesar del aumento general de denuncias policiales en el país. Este fenómeno contrasta con el crecimiento sostenido de la población venezolana en Perú, que en 2023 representa al menos el doble de la registrada en 2018 y cerca de 20 veces más que en 2017.

Los datos revelan que en 2023, los peruanos fueron denunciados 4 veces más que los venezolanos por delitos patrimoniales (robo, hurto y extorsión): 98 de cada 100 mil venezolanos fueron acusados en comparación a 412 de cada 100 mil peruanos. Asimismo, 18 de cada 100 mil ciudadanos venezolanos recibieron denuncias por delitos contra la libertad, incluido violación sexual, una cifra menor en relación con los 111 de cada 100 mil peruanos denunciados por este crimen.

La organización también destacó que la plena regularización de los migrantes y refugiados venezolanos, junto con su integración en el mercado laboral formal, podría generar un impacto fiscal significativo. Según el organismo, esta contribución podría ascender a cerca de 797 millones de dólares al año, lo que representaría aproximadamente el 2% de los ingresos fiscales totales del país receptor.

De acuerdo con el informe de la OIM, presentado en diciembre del 2024, el 81% de los venezolanos en edad laboral ya se encuentra empleado. Sin embargo, una gran parte de ellos trabaja en el sector informal, pese de que casi la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos, un 49,3%, cuenta con títulos de educación superior. Aun así, solo el 9,5% de ellos logra desempeñarse en su área de especialización.

¿Aumentó la criminalidad en Perú con la llegada de los venezolanos?

De acuerdo al estudio “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, de la OIM, las denuncias contra la población migrante venezolana han mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, a pesar del aumento general de denuncias policiales en el país. Este fenómeno contrasta con el crecimiento sostenido de la población venezolana en Perú, que en 2023 representa al menos el doble de la registrada en 2018 y cerca de 20 veces más que en 2017.

Los datos revelan que en 2023, los peruanos fueron denunciados 4 veces más que los venezolanos por delitos patrimoniales (robo, hurto y extorsión): 98 de cada 100 mil venezolanos fueron acusados en comparación a 412 de cada 100 mil peruanos. Asimismo, 18 de cada 100 mil ciudadanos venezolanos recibieron denuncias por delitos contra la libertad, incluido violación sexual, una cifra menor en relación con los 111 de cada 100 mil peruanos denunciados por este crimen.

“¿Quién iba a pensar que en Perú, Hildemaro su lucero encontraría?” Y no se trata de algún amor, sino que, tal como reza la canción del famoso salsero venezolano, en el hecho de que el Perú se convertiría por buen tiempo en casi la segunda su segunda casa. Eso se debe al cariño y al amor  que el público le regaló al artista venezolano desde la primera vez que llegó al país.

Sin embargo, pocos saben la verdadera historia de cómo se transformó en el cantante de salsa que hizo bailar a la juventud a finales de los años ochenta con su salsa romántica y que hasta hoy sigue provocando diversas sensaciones cada vez que pisa suelo peruano.

El canto como refugio

En el corazón de Caripito, una pequeña localidad venezolana en el estado de Monagas, nació el 10 de noviembre de 1957 José Hildemaro Hugas Amarista, conocido artísticamente como Hildemaro.

Desde temprana edad, la música se convirtió en su refugio y pasión. Participaba con entusiasmo en programas infantiles de radio locales, donde su voz comenzaba a esbozar los primeros acordes de una carrera que, sin saberlo, trascendería fronteras.

A los 12 años, Hildemaro tuvo una experiencia que marcaría su destino musical: su primera presentación en televisión. Este hito no solo consolidó su amor por la música, sino que también le mostró el camino que deseaba seguir.

Con el tiempo, su talento innato y dedicación lo llevaron a formar parte de agrupaciones reconocidas como “Los Satélites” y “Los Melódicos”, donde su voz y estilo único comenzaron a destacar en la escena musical venezolana.

El éxito en solitario

Sin embargo, fue con la “Orquesta Ideal” que Hildemaro encontró una plataforma que le permitió explorar y desarrollar plenamente su potencial artístico. Con esta agrupación, no solo interpretó canciones que resonaban en el público, sino que también comenzó a forjar su identidad como “El Sonero del Amor”, un título que refleja la pasión y sentimiento que impregna en cada una de sus interpretaciones.

La década de los ochenta fue testigo del ascenso meteórico de Hildemaro en el mundo de la salsa romántica. Temas como “Amanecí Contigo” y “Sin Tabú” se convirtieron en éxitos rotundos, no solo en Venezuela, sino en diversos países de Latinoamérica. Su capacidad para combinar letras cargadas de emoción con ritmos contagiosos le ganó el cariño y respeto de una audiencia cada vez más amplia.

Amor a primera vista

El Perú, con su rica tradición salsera y un público ávido de nuevas propuestas, recibió con los brazos abiertos la música de Hildemaro. Sus canciones comenzaron a sonar con fuerza en las radios locales, y pronto las invitaciones para presentarse en tierras peruanas no se hicieron esperar.

Cada concierto era una celebración, una comunión entre el artista y un público que coreaba cada una de sus canciones, demostrando que la música trasciende idiomas y fronteras.

La conexión entre Hildemaro y el Perú se fortaleció con el tiempo. El país andino no solo adoptó su música, sino que también le ofreció un segundo hogar.

Hildemaro, por su parte, correspondió a este cariño integrando elementos de la cultura peruana en sus presentaciones y colaborando con artistas locales, enriqueciendo así su propuesta musical y estrechando los lazos culturales entre ambas naciones. Una muestra de ello es la canción ‘Lucero’, que lanzó en la reedición de su primer LP, ‘Amanecí contigo’, en 1990.

No solo canta

A lo largo de su carrera, Hildemaro ha demostrado una versatilidad admirable. Aunque la salsa romántica ha sido su estandarte, su repertorio abarca una variedad de géneros y estilos, reflejando su capacidad para reinventarse y adaptarse a las tendencias musicales sin perder su esencia. Esta adaptabilidad le ha permitido mantenerse vigente en la industria musical, conquistando a nuevas generaciones de oyentes.

Además de su talento como intérprete, Hildemaro ha demostrado ser un compositor prolífico. Muchas de sus canciones nacen de vivencias personales, lo que les confiere una autenticidad y profundidad que resuenan en el corazón de quienes las escuchan.

Su habilidad para traducir emociones complejas en letras sencillas, pero poderosas, es una de las razones por las que su música ha perdurado en el tiempo.

La relación de Hildemaro con su público es otro aspecto destacado de su carrera. A lo largo de los años, ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores, ya sea a través de presentaciones en vivo, redes sociales o lanzamientos discográficos. Esta cercanía ha fomentado una lealtad y admiración mutua, convirtiendo cada concierto en una experiencia íntima y memorable.

Nadie lo para

En la actualidad, Hildemaro continúa activo en la escena musical, explorando nuevos sonidos y colaborando con artistas de diversas generaciones. Su legado es una fuente de inspiración para músicos emergentes, y su historia demuestra que la pasión, el trabajo arduo y la autenticidad son claves para una carrera artística duradera y significativa.

La historia de Hildemaro es un testimonio de cómo la música puede ser un puente entre culturas, uniendo corazones más allá de las fronteras geográficas. Su viaje desde Caripito hasta convertirse en un ícono de la salsa romántica en Perú y el resto de Latinoamérica es una prueba de que, cuando el arte se hace con el corazón, encuentra resonancia en cualquier rincón del mundo.

La naturalización es el proceso legal con el que un ciudadano extranjero puede regularizar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos y, en muchas ocasiones, representa la culminación de una lucha por obtener ciertos derechos, beneficios y responsabilidades dentro del país.

A pesar de esto, es un proceso que podría ser más complicado para ciertas personas. Un reciente informe del Migration Policy Institute (MPI) ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan migrantes, especialmente venezolanos, para alcanzar la ciudadanía en Estados Unidos.

Solo el 25% de los venezolanos que residen en el país han logrado naturalizarse como ciudadanos estadounidenses, una cifra que contrasta marcadamente con el 52% de naturalización entre el total de migrantes en el territorio estadounidense, según el estudio publicado a inicios de febrero.

Por qué es más difícil que los venezolanos se naturalicen en EEUU

Este fenómeno se explica por una combinación de factores, entre ellos las vías limitadas de inmigración disponibles para esta comunidad y el hecho de que la mayoría de los venezolanos han llegado a EEUU en los últimos años.

De acuerdo con el análisis del MPI, el 74% de los inmigrantes venezolanos en EEUU arribaron después de 2010, mientras que solo el 35% de todos los migrantes en el país llegaron en ese mismo período.

Este dato es crucial, ya que muchos de los recién llegados aún no cumplen con los requisitos mínimos de residencia permanente necesarios para solicitar la ciudadanía. En Estados Unidos, el proceso de naturalización exige que los inmigrantes hayan residido de manera permanente en el país durante al menos cinco años, o tres años si están casados con un ciudadano estadounidense, antes de poder presentar su solicitud.

El informe del MPI también señala que los venezolanos tienen menos acceso a las vías tradicionales de inmigración que facilitan la obtención de la residencia permanente, un paso esencial para la naturalización. A diferencia de otras comunidades migrantes que suelen obtener la residencia a través de patrocinio familiar o laboral, muchos venezolanos ingresan a Estados Unidos bajo programas de estatus temporal que no ofrecen una ruta directa hacia la ciudadanía.

Uno de los programas más relevantes en este contexto es el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a los venezolanos en 2021 y ampliado en 2023. Este programa protege a aproximadamente 607.000 venezolanos de la deportación y les permite trabajar legalmente en el país.

Extranjeros provenientes de este país, así como de Haití y Nicaragua, podían participar en un programa especial de libertad condicional humanitaria (CHNV) para entrar legalmente a EEUU, siempre y cuando pagaran su viaje aéreo a la nación.

Una complicada situación migratoria para los venezolanos

Más de 117.000 venezolanos obtuvieron libertad condicional o “parole” bajo este programa únicamente entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, este programa acabó para los recién llegados, además, a las autoridades se les otorgó discreción para “deportar rápidamente” a algunos solicitantes de libertad condicional que se encontraban en el país, según el informe del MPI.

El estudio asegura que los migrantes provenientes de Venezuela se concentran especialmente en Florida, estado al que llegaron en su mayoría a partir de 2010. Los condados donde hay una mayor población de venezolanos son Miami-Dade, Broward y Orange.

Ellos “tienen menos probabilidades de ser ciudadanos estadounidenses, menos probabilidades de dominar el inglés y suelen tener ingresos más bajos que otros inmigrantes”, se lee en el artículo del instituto especializado en temas de migración.

Otros estados con las cifras más altas de venezolanos fueron Texas, Georgia, Nueva York y California, lugares que, en conjunto, son el hogar del 74% de los migrantes provenientes de este país.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales sigue siendo motivo de preocupación en Colombia.

Organizaciones como el ELN y las disidencias de las Farc han intensificado sus estrategias para captar a niños y adolescentes, incluyendo a migrantes venezolanos que llegan al país sin registro oficial.

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Fernando Cobo, coordinador de proyectos de Coalico, advirtió para una entrevista de Blu Radio sobre esta problemática en el programa Recap, destacando cómo los niños en tránsito por el territorio nacional se convierten en objetivos de estos grupos.

“Hay una situación que también es sumamente grave y tiene que ver directamente con los niños y niñas migrantes. Hay muchos niños y niñas que aún continúan ingresando a Colombia por pasos irregulares o que están atravesando el país. Entonces, estos niños y niñas migrantes usualmente no tienen ningún tipo de registro en el país y también se están convirtiendo en un foco para los grupos armados ilegales”, señaló Cobo a Blu Radio.

El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado en Colombia reportó un aumento del 47 % en estos casos entre 2023 y 2024, mientras que la Defensoría del Pueblo registró más de 400 niños y niñas reclutados en ese mismo periodo.

Las redes sociales han sido clave en estas tácticas de reclutamiento, ya que permiten a los grupos armados atraer menores con contenido que idealiza la vida guerrillera.

Además, algunas instituciones educativas han sido infiltradas, utilizando a líderes estudiantiles como intermediarios para captar nuevos integrantes.

En paralelo, las disidencias de las Farc han comenzado a operar una emisora clandestina en el departamento del Cauca.

Un video divulgado en redes sociales evidencia cómo esta herramienta de comunicación está siendo utilizada para persuadir a la población a unirse a la guerrilla.

Esta estrategia ha generado alarma en las comunidades rurales, ya que podría aumentar la vulnerabilidad de los habitantes en estas zonas. Se cree que el frente ‘Jaime Martínez’ está detrás de la emisora, buscando fortalecer sus filas mediante esta iniciativa.

Los departamentos con mayores índices de reclutamiento de menores son Cauca, Chocó y Norte de Santander. En la región del Catatumbo, los desplazamientos forzados han afectado a más de 49.000 personas, de las cuales cerca de 46.000 son niños que quedan expuestos a riesgos adicionales tras perder acceso a la educación y otros derechos fundamentales.

Coalico ha instado a la sociedad, el Gobierno y las entidades competentes a tomar acciones concretas para frenar esta crisis y garantizar la protección de la infancia en el país.

“Sabemos que es una situación muy compleja y que se está recrudeciendo porque a pesar de que en este momento lo que más se resalta es, por ejemplo, la situación del Catatumbo, en departamentos como el Guaviare se han presentado desplazamientos no masivos, sino que son desplazamientos de familias que van llegando de una forma poco a poco a los diferentes territorios”, concluyó Cobo a ese medio de comunicación.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron la detención de una pareja de venezolanos señalados por presuntamente robar más de medio millón de pesos de un negocio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La captura de ambos criminales ocurrió después de que un elemento de seguridad privada solicitó la ayuda de los uniformados por el robo de diversos artículos que se había registrado minutos antes al interior de la plaza Parque Lindavista.

El denunciante logró identificar a ambos sujetos en el cruce de las calles Fortuna y Río Bamba, por lo que los uniformados lograron detenerlos y ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público para que sea él quien determine su situación legal.

De acuerdo con información de la SSC, después de una revisión a los dos detenidos, les fueron encontradas entre sus pertenencias dos réplicas de arma de fuego y 66 pares de lentes de diversas marcas que en total suman un valor aproximada de 520 mil pesos.

Aunque en protección del debido proceso se ocultó la identidad de los detenidos, las autoridades informaron que se trata de dos hombres de 25 y 33 años de edad, quienes dijeron ser ciudadanos venezolanos, por lo que también se investigará su procedencia legal en el país.

También se informó que el encargado del establecimiento fue atacado por los ladrones, sin embargo, sólo se le diagnóstico con una contusión en la cabeza que no ameritó su traslado a un centro médico.

Conviene recordar que en los últimos meses se confirmó el asentamiento de células criminales del Cártel Tren de Aragua operando en diferentes zonas de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan, con una presunta tregua con el Cártel de la Unión Tepito.

Esto a pesar de que el titular de la SSC, Pablo Vázquez, afirmara en una entrevista para el diario El País que no se trata de una sucursal del Cártel Tren de Aragua: “Son redes de personas vinculadas al quehacer de esta organización (...) ¿Están vinculadas?, parece que sí; ¿Son una sucursal?, difícilmente".

Lo cierto es que el Cártel Tren de Aragua sí tiene operadores en la Ciudad de México, cuyos principales delitos están enfocados a la extorsión y la trata de personas, aunque también han quedado envueltos en crímenes relacionados con homicidios.

Tal es el caso de Euclides Manuel Arias Suárez, alias El Morgan, Kilin Morran o Morant, un criminal detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero a finales de 2024 por presuntamente estar involucrado en el feminicidio de dos mujeres cometido en julio del mismo año; se le identificó como líder de una célula del Cártel Tren de Aragua.

El flujo migratorio en Sudamérica sigue en ascenso, y este país se convirtió en uno de los principales destinos de quienes buscan nuevas oportunidades. En 2024, esta región de Sudamérica registró la llegada de más de 194 mil nuevos migrantes, de los cuales casi la mitad fueron venezolanos, de acuerdo a datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El país con más refugiados venezolanos en la región

Así, el aumento de la migración venezolana hacia Brasil no es un fenómeno reciente. Desde 2018, el gobierno brasileño implementó la Operación Acogida, un programa que involucra a las Fuerzas Armadas y organizaciones internacionales para asistir a los migrantes venezolanos. La crisis política y económica en Venezuela ha impulsado a miles de personas a dejar su país, y Brasil ha sido una de las principales naciones en otorgarles refugio.

En 2024, Brasil concedió el estatus de refugiado a 12.726 venezolanos, representando el 95 % de todas las solicitudes aprobadas en el país. En comparación, los refugiados afganos y colombianos, que también figuran en la lista, suman cifras considerablemente menores: 283 y 121 respectivamente.

Desde que comenzó la Operación Acogida, Brasil ha reconocido a 141.000 venezolanos como refugiados, consolidándose como el país con más solicitudes de refugio aprobadas para ciudadanos de Venezuela en la región.

Un contexto político que impulsa la migración

El éxodo venezolano no se ha detenido, y los recientes acontecimientos políticos han generado un nuevo incremento en la salida de ciudadanos del país. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor al dictador Nicolás Maduro, fueron rechazadas por la oposición, que reivindicó el triunfo del exdiplomático Edmundo González Urrutia.

Las dudas sobre la transparencia del proceso han llevado a varios gobiernos a desconocer los resultados. Brasil, a pesar de su tradicional postura diplomática, no ha reconocido oficialmente ni a Maduro ni a González Urrutia. En un intento de mediar en la crisis, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha solicitado al CNE venezolano que publique las actas electorales para esclarecer el resultado. Hasta el momento, no ha habido respuesta por parte de las autoridades venezolanas.

La incertidumbre política ha agravado la crisis económica y social en Venezuela, impulsando a más personas a migrar. Brasil, con su política de acogida, ha sido una de las principales opciones para quienes buscan refugio en la región. La cifra de casi 95.000 venezolanos que ingresaron a Brasil en 2024 refleja la magnitud del fenómeno migratorio y la complejidad de la crisis en su país de origen.

¿Nueva ola migratoria?

El inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha suscitado preocupación en América Latina debido a las posibles repercusiones económicas y sociales en la región. Según el análisis de Daniel Velandia, Economista Jefe de Credicorp Capital, presentado en una conferencia virtual titulada “Perspectivas y proyecciones económicas para el 2025″, las políticas migratorias y económicas que planea implementar el mandatario podrían desencadenar eventos significativos que afectarían tanto a los países emisores de migrantes como a las naciones receptoras.

Una de las medidas prioritarias en la agenda de Trump es la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes judiciales. En ese sentido, Velandia advirtió que esta acción afectaría principalmente a ciudadanos de México y Venezuela, y generaría una serie de desafíos para los países latinoamericanos.

En el caso venezolano, el economista subrayó que muchos de los deportados no permanecerían en su país de origen debido a la crisis política y económica agravada por la reciente reelección de Nicolás Maduro. Como consecuencia, prevé un nuevo éxodo migratorio hacia países vecinos como Colombia, Ecuador y Perú.

Hasta diciembre de 2024 hay 7.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo, y 6,8 millones residen en América Latina y el Caribe, según datos oficiales internacionales.

El Congreso de la República entregará la medalla de honor en el grado de Gran Cruz a Edmundo González, líder de la oposición venezolana, quien llega a Perú en una visita oficial este miércoles 29 de enero. El anuncio lo hizo el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana.

Mediante su cuenta de X, Salhuana confirmo la entrega del reconocimiento a González Urrutia, a quien se refirió como “el presidente democráticamente electo de Venezuela”. Asimismo, resaltó el compromiso del Parlamento peruano con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.

La ceremonia de reconocimiento está programada para este miércoles a las 4: 30 p.m. en la sede del Palacio Legislativo. Adicionalmente, a esta visita en el Congreso, Edmundo González, participará de una reunión con la presidenta Dina Boluarte y con la comunidad venezolana en el Perú.

Posiciones en el Congreso

Cabe señalar que pese a la postura oficial de gobierno de reconocer a Edmundo González como el presidente de Venezuela, los parlamentarios de Perú Libre, bancada que tiene representación en la Mesa Directiva con Waldemar Cerrón consideran a Nicolás Maduro como el gobernante legítimo del país llanero.

Es más, mediante un comunicado, la bancada del lápiz se pronunció por la llegada del líder opositor venezolano, a quien se refirieron como el “candidato perdedor”. Asimismo, rechazan la invitación de Dina a Perú y calificaron esta acción como una intromisión a la institucionalidad democrática de Venezuela.

“Reafirmamos nuestro respeto por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, por ello, rechazamos la intromisión de Dina Boluarte al recibir a un candidato no electo, lo que agrava la controversia y debilita la institucionalidad democrática de su país”, señalan en su comunicado.

Asimismo, recuerdan a los muertos y heridos producto de la represión policial durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte al inicio de su gobierno en diciembre de 2022.

Invitación de Dina Boluarte

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, llegará al Perú este miércoles 29 de enero, en respuesta a una invitación oficial de la presidenta Dina Boluarte. La visita busca estrechar vínculos entre ambas naciones en un contexto marcado por el compromiso regional con la democracia y los derechos humanos.

Durante su estancia, González Urrutia se reunirá con la presidenta Boluarte en una cita clave para reforzar la cooperación entre ambos países. Además, el líder venezolano participará en diversas actividades, incluyendo un encuentro con la comunidad venezolana residente en Perú, donde se espera que aborde temas relacionados con la situación política en Venezuela y los desafíos de la diáspora.

El gobierno peruano reiteró su respaldo a la promoción y recuperación de la democracia en Venezuela, enfatizando la necesidad de garantizar una transición institucional pacífica que respete la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024. Este gesto subraya el compromiso del Perú con la defensa de los derechos humanos y la estabilidad en la región.

La visita de González Urrutia se perfila como un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en el respaldo de Perú a los esfuerzos por consolidar la democracia en Venezuela.

El Ministerio del Interior ha informado sobre los avances en la investigación del atentado ocurrido en la sede principal del Ministerio Público en Trujillo. En una reciente rueda de prensa, se presentó a cinco personas detenidas como sospechosas de haber participado en el ataque, entre ellas Héctor Oliveros Tablante, alias ‘chamo Héctor’. Cabe destacar que Oliveros habría recibido beneficios de Migraciones en 2023.

¿Pero, quién es el ‘chamo Héctor‘’ y cuál es su papel en la trama criminal que azota Trujillo? Según la PNP, Héctor Oliveros es una figura clave en la estructura delictiva que conecta los préstamos ilegales gota a gota con la banda ‘Los Pulpos’, liderada por Jhonsson Smith Cruz Torres. Esta organización opera en coordinación con el Tren de Aragua, una temida facción criminal de origen venezolano que migró a territorio peruano.

Según informaciones obtenidas por la Policía de Trujillo, Los Pulpos y el Tren de Aragua habrían alcanzado un acuerdo de no agresión. Mientras los trujillanos se encargan de actividades como secuestros, extorsión y cobro de cupos, los extranjeros manejan la lucrativa plaza de los préstamos gota a gota. Este acuerdo ha permitido a ambas organizaciones operar en relativa paz, intercambiando recursos como motorizados y sicarios para sus operaciones.

En este contexto, Héctor Oliveros Tablante se desempeñaba como encargado de mover dinero negro generado por los préstamos ilegales y eventos públicos organizados por Los Pulpos. Además, se le acusa de coordinar la entrega de explosivos utilizados en el atentado al Ministerio Público. Una cámara de seguridad captó a un extranjero dejando una caja de delivery con dinamita en el jardín de la sede, un hecho que refuerza las sospechas contra Oliveros.

Migraciones

En ese contexto, Perú 21 reveló que el 31 de octubre de 2023, Migraciones emitió la resolución 702-2023, que condonó la multa de Héctor Oliveros por exceso de permanencia en el país. Este beneficio se basó en un informe social que lo declaró en “situación de vulnerabilidad” debido a su pobreza. Según informó una fuente del organismo al medio, una asistenta social verificó que Oliveros no tenía antecedentes penales en Venezuela ni alertas de Interpol. Además, presentó un acta de nacimiento de su hijo peruano registrado en Reniec, lo que fue considerado bajo los principios de unidad familiar y el interés superior del niño.

Migraciones justificó la decisión al destacar que Héctor Oliveros también presentó un certificado de antecedentes penales apostillado y un informe de Interpol que confirmaban la ausencia de delitos previos. Además, se trataba de un proceso normal, ya que el ciudadano extranjero ingresó de manera regular al país.

La institución subrayó que la resolución administrativa se tomó conforme a la normativa vigente, fundamentándose en los principios de protección a la unidad familiar y el interés superior del menor, dado que el detenido tiene un hijo nacido en Perú.

Precisamente, Olivares fue detenido junto a su pareja, alias ‘Cami’, quien también habría participado en las actividades delictivas de Los Pulpos. Durante el operativo, se incautaron más de 6 mil soles, stickers extorsivos y cartuchos de dinamita.

Enfrentamientos

La explosión en Trujillo también generó más roces entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la divulgación de información reservada relacionada con el caso. Espinoza criticó que el ministro Juan José Santiváñez, revelara detalles sensibles, incluyendo los nombres de fiscales amenazados. La fiscal advirtió que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de magistrados y entorpecen las investigaciones.

Sospechosos en prisión

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Carmen Flor Castillo Rosario, investigada por presunta tenencia ilegal de municiones y su posible implicación en el atentado contra la sede del Ministerio Público en esta ciudad.

La decisión, emitida por el juez Carlos Rivero Rodríguez, busca asegurar la presencia de la acusada durante las diligencias, que incluyen la extracción de datos de sus dispositivos móviles. Castillo Rosario será trasladada al penal de mujeres de Trujillo, y la medida estará vigente hasta el 20 de octubre de este año.

En el allanamiento de su vivienda, las autoridades hallaron dos cacerinas, municiones, teléfonos celulares y un croquis detallado de la sede fiscal. Sin embargo, su pareja sentimental logró escapar durante el operativo.

La violencia que afecta a la región del Magdalena Medio tuvo un nuevo episodio trágico con el hallazgo de tres hombres venezolanos asesinados a un costado de la Troncal del Magdalena Medio, en el sector de Río Hermitaño - Lizama. Las víctimas, que se dirigían de Medellín a Cúcuta en un vehículo Renault Symbol de placas MNE-547, fueron atacadas a balazos por ocupantes de otro automóvil en hechos ocurridos entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m. del pasado sábado 18 de enero.

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La escena del crimen fue reportada por habitantes de la zona y personas que transitaban el lugar, quienes inicialmente alertaron sobre la posibilidad de heridos. Sin embargo, al llegar las autoridades confirmaron que los tres ocupantes del vehículo habían fallecido. Uno de los hombres fue identificado como Renzon Giovani Silva Quintero, de 34 años, mientras que de las otras dos víctimas solo se conoce que también eran de nacionalidad venezolana.

Según el coronel Mauricio Herrera Luengas, subcomandante de la Policía Magdalena Medio, las víctimas presentaban impactos de bala de una pistola calibre 9 milímetros. Las primeras indagaciones indican que el ataque pudo haberse originado en otro territorio, ya que las víctimas provenían del nordeste antioqueño en dirección hacia Santander, lo que sugiere que el incidente no estaría relacionado directamente con el contexto local de la región.

“En su interior había tres víctimas, logrando identificar a una de ellas. Estas personas tienen impactos de pistola 9 milímetros. Al parecer, las primeras indagaciones nos indican que venían desde el nordeste antioqueño hacia Santander”, dijo el coronel Mauricio Herrera Luengas, subcomandante de la Policía Magdalena Medio, declaraciones que permitieron establecer varios indicios para la investigación del crimen.

Esta hipótesis fue respaldada por Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, que mencionó que el vehículo mostraba evidencias de un ataque realizado desde otro automóvil. Los cuerpos presentaban múltiples disparos, lo que refuerza la teoría de un ataque planeado que se desencadenó durante el trayecto.

“En el carro se observa que fue atacado desde otro vehículo y los cuerpos presentaban múltiples disparos. Al parecer, estos hechos vienen de otros territorios, de acuerdo a la investigación judicial”, indicó Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander.

Este suceso representa la segunda masacre registrada en Barrancabermeja en lo que va del año. Apenas cuatro días antes, el 14 de enero, un sujeto armado irrumpió en un establecimiento comercial, disparando contra dos hombres que se encontraban en una mesa, y cobrándose también la vida del administrador del lugar. Estas acciones violentas evidencian un patrón de inseguridad que sigue afectando a esta región del país.

El aumento de la violencia en el Magdalena Medio refleja una compleja situación de inseguridad que afecta no solo a sus habitantes, sino también a quienes transitan por sus carreteras. Las autoridades locales y regionales han manifestado su preocupación por estos hechos y continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

Además, estos actos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la región ante actividades criminales organizadas, subrayando la necesidad de una mayor presencia estatal y medidas de seguridad que permitan proteger tanto a las comunidades locales como a quienes están de paso. En este contexto, las víctimas de estos hechos también resaltan la precaria situación que enfrentan los migrantes en el país, quienes muchas veces se ven atrapados en entornos de violencia que agravan su ya difícil condición.

Mientras las investigaciones avanzan, este caso sigue siendo un recordatorio de la urgencia de enfrentar la violencia en todas sus formas y de garantizar que la justicia alcance a los responsables de estos actos atroces.

A pesar de que múltiples naciones siguen sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que las actas electorales no han sido publicadas, el 10 de enero el régimen venezolano posesionó de manera ilegítima al dictador en la Asamblea Nacional, lo que ha generado un rechazo masivo en el mundo.

A pesar de que Colombia no reconoce el triunfo de Maduro en las elecciones, el Gobierno nacional informó que no romperá relaciones con el país vecino y envió al embajador para que hiciera presencia en el evento de posesión, lo que ha aumentado el número de críticas contra el presidente Gustavo Petro por su postura.

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De la misma forma, figuras políticas han indicado que el contexto que se registra en Venezuela podría desencadenar en una nueva llegada masiva de migrantes venezolanos a territorio colombiano, y con esto también volver a tener una crisis en el tapón del Darién, única frontera terrestre entre América del Sur y Centroamérica entre Colombia y Panamá.

Experto indicó que llegada masiva de migrantes podría no registrarse

Con corte a diciembre de 2024, la Organización Internacional de Migración (OIM por sus siglas en inglés) informó que 2.6 millones de venezolanos están radicados en Colombia; sin embargo, esta cifra se emite teniendo en cuenta los informes de entrada y salida legales de personas de esta nacionalidad, por lo que el número podría ser superior.

En diálogo con Blu Radio, el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, indicó que la posibilidad de que se vuelva a registrar una llegada masiva de venezolanos es irreal, principalmente porque “La migración nunca se ha detenido”.

Rodríguez indicó que un escenario en el que más personas de esta nacionalidad vengan a Colombia con intenciones de quedarse también es lejano debido a que “muchos venezolanos sienten que en Colombia ya no es un territorio seguro para permanecer”.

Al argumentar esta postura, el experto indicó que Colombia no cuenta con políticas claras sobre integración de migrantes, que sí existen en varios territorios europeos; lo que hace que el territorio cafetero sea tomado como un lugar de transición para después llegar a otro continente.

Rodríguez indicó que la situación del país también afecta a los migrantes y que una gran cantidad de extranjeros que estaban de manera legal en Colombia han tomado la decisión de marcharse. “Tristemente, hemos perdido dinamismo en lo que era una política de Estado en respuesta migratoria. Ahora, muchos ciudadanos regularizados han decidido abandonar el país”, remarcó.

De acuerdo con Rodríguez, la economía colombiana sigue siendo atractiva para personas que busquen trabajar de manera informal, pero que esta tendencia va en caída debido a que varios de ellos deben vivir en condiciones precarias y terminan buscando otro país para radicarse.

Para el investigador, uno de los retos que tiene el Gobierno Petro es la seguridad en las fronteras, ya que en la conexión con Venezuela y en las zonas aledañas al Darién hay presencia de grupos armados que dominan el territorio. “La recuperación de la relación bilateral no ha resultado en acciones concretas en materia de seguridad en la zona de frontera”, destacó Rodríguez.

Cabe recordar que, de los 300.000 migrantes que atravesaron el Darién en 2024, poco menos de 200.000 fueron personas de nacionalidad venezolana, que buscando mejores oportunidades tienen como objetivo llegar a Estados Unidos de manera terrestre tras pasar por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y México. De la cifra mencionada, 30.000 fueron menores de edad que viajaron por la selva junto a sus padres en una de las fronteras terrestres más peligrosas del mundo.

El 10 de enero está programada la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, un evento que ha encendido las alarmas en las autoridades migratorias colombianas. El jueves 9 de enero, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia (Uaec) anunció la posibilidad de implementar un cierre temporal y programado de la frontera colombo-venezolana con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad en las zonas fronterizas durante esta coyuntura.

La tensión se vive por el anuncio de la supuesta reelección de Nicolás Maduro con el 51,95% de los votos en las elecciones del 28 de julio de 2024, pero organismos internacionales han señalado serias dudas y denuncias de fraude debido a la falta de transparencia en los resultados. En vísperas de su toma de posesión para una tercera dictadura, la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia (que se autoproclama como presidente electo) y María Corina Machado, promueven derrocar el régimen.

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Según un comunicado oficial, la medida responde a un análisis constante de las dinámicas migratorias en la frontera. “Desde la UAEMC, se realiza un monitoreo permanente de las dinámicas migratorias en la frontera con Venezuela, lo que nos permite establecer tendencias en los flujos migratorios. Hasta la fecha, no se registran saldos migratorios significativos entre ingresos y salidas que pudieran indicar el advenimiento de un flujo masivo de migrantes (sic)”, detalló la entidad.

El monitoreo de las autoridades migratorias muestra un aumento en los movimientos fronterizos durante las festividades de fin de año, pero se mantiene un equilibrio entre los flujos de entrada y salida. A pesar de este incremento, la situación es considerada normal para esta época y no refleja señales de una crisis migratoria similar a la vivida entre 2018 y 2019, cuando miles de ciudadanos venezolanos cruzaron la frontera en condiciones críticas debido a la crisis económica en su país.

Ante la situación venezolana, Migración Colombia trabaja en coordinación con las gobernaciones departamentales y otras instancias territoriales; sin embargo, la entidad aclara que cualquier escalamiento se evaluará dependiendo de la capacidad de respuesta a nivel local y nacional.

“Hoy (9 de enero) se han convocado manifestaciones y puntos de concentración de ciudadanos venezolanos en distintas partes de Colombia, incluidas algunas zonas de frontera. Estos eventos también son objeto de monitoreo a nivel territorial”, se leyó en el comunicado.

Tensión en Venezuela y alerta en la frontera con Colombia

En vísperas de la toma de posesión de Nicolás Maduro para continuar con su dictadura, Venezuela enfrenta una situación crítica que ha generado preocupación en la región, incluyendo a Colombia. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, reapareció públicamente en Caracas tras 133 días en la clandestinidad, en medio de las manifestaciones masivas en su país, que ella misma convocó.

Durante estas protestas, Machado declaró que las elecciones del 28 de julio de 2024 marcaron un punto de inflexión, asegurando que “el régimen chavista se hundió” y solo busca sembrar miedo.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando agentes del régimen chavista detuvieron violentamente a Machado al finalizar la protesta. Según el partido opositor Comando con Venezuela, fue interceptada en motocicleta, rodeada por un despliegue policial con armas de fuego, drones y vehículos de gran cilindrada. Durante su breve retención, fue obligada a grabar vídeos, uno de los cuales, donde aparece encapuchada, fue difundido por el ministro de Comunicación de Maduro. Aunque fue liberada unos minutos después, el incidente generó alarma entre ciudadanos venezolanos, especialmente aquellos en Colombia.

Este clima de inestabilidad y represión, sumado a las movilizaciones opositoras, ha encendido la incertidumbre sobre la posibilidad de un cierre de la frontera colombo-venezolana, una decisión que podría impactar significativamente a los migrantes y la seguridad en las zonas fronterizas. Las autoridades colombianas permanecen vigilantes ante los eventos que se desarrollan en el vecino país.

Más de un millón de venezolanos que residen en Perú observan con esperanza los acontecimientos políticos en Venezuela y también imaginan la posibilidad de retornar a su tierra natal si Nicolás Maduro deja el poder que ostenta desde hace 11 años.

El futuro de su país, marcado por una prolongada crisis política, social y económica, podría cambiar con la llegada a la presidencia de Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por varios países. Este escenario despierta sentimientos de esperanza y expectativa entre aquellos que dejaron todo atrás para buscar un futuro mejor en el extranjero.

El 10 de enero de 2025 será una fecha crucial para Venezuela. Ese día, Nicolás Maduro pretende asumir un tercer mandato presidencial tras unas elecciones realizadas el 28 de julio de 2024, cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados por la oposición venezolana y por gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos, Paraguay, entre otros.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Maduro fue proclamado vencedor, y su reelección fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, líderes opositores y analistas denunciaron irregularidades en el proceso electoral, calificándolo de fraudulento.

González Urrutia, exiliado en España tras ser acusado de terrorismo y conspiración por el régimen chavista, asegura que los comicios del 28 de julio le dieron la victoria.

En un mensaje difundido en redes sociales, pidió a las Fuerzas Armadas venezolanas que no respalden la continuidad de Maduro, al que acusó de “distorsionar los principios” militares. “Es el deber de nuestra Fuerza Armada Nacional garantizar la soberanía y la voluntad popular”, afirmó.

González cuenta con el reconocimiento de varios países como presidente electo, incluido el Perú, cuyo canciller, Elmer Schialer, adelantó que considerarán a Maduro un “autócrata” si insiste en perpetuarse en el poder.

Movilización dentro y fuera de Venezuela

En vísperas del 10 de enero, la oposición venezolana convocó a una serie de protestas dentro del país y en diversas ciudades del mundo. María Corina Machado, destacada figura de la oposición, llamó a los ciudadanos a manifestarse el 9 de enero, destacando la importancia de no rendirse ante lo que considera un gobierno ilegítimo.

Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, pidió a los manifestantes vestir los colores de la bandera venezolana como símbolo de unidad.

A su convocatoria se sumó González, que escribió en sus redes sociales: “Todos a las calles de nuestro amado país”. Los líderes opositores buscan que las movilizaciones envíen un mensaje contundente al régimen chavista y a la comunidad internacional sobre el descontento popular.

Mientras tanto, en el extranjero, los venezolanos exiliados, especialmente en Perú, siguen de cerca los acontecimientos. Según Luis Villasana, director de la organización Comando Con Venezuela, alrededor del 30 % de los venezolanos que residen en territorio peruano estarían dispuestos a regresar si González asume la presidencia.

“Muchos de nosotros dejamos a nuestras familias atrás. Si logramos la estabilidad, muchos decidirán volver y reconstruir lo que se perdió”, declaró Villasana a Exitosa.

La otra cara de la moneda

A pesar del optimismo que genera la posibilidad de un cambio político, expertos en migración y analistas políticos advierten que, si Maduro continúa en el poder, el país podría enfrentar una nueva ola migratoria.

De acuerdo al excanciller peruano Miguel Rodríguez Mackay, las condiciones de vida en Venezuela seguirán impulsando la salida de ciudadanos, incluso si se han registrado pequeñas mejoras económicas.

Ramiro Escobar, especialista en política migratoria, coincidió en que el control político de Maduro genera una percepción de inestabilidad entre los venezolanos, lo que podría traducirse en un aumento de la emigración hacia países vecinos. Algunos gobiernos, como el de Perú, ya se están preparando para posibles contingencias. El exembajador Hugo de Zela ya afirmó que será necesario reforzar la seguridad en las fronteras si se produce un aumento del flujo migratorio.

La comunidad internacional

El posible impacto de la continuidad de Maduro o el ascenso de González como presidente no solo afecta a Venezuela, sino también a la región. Países como Brasil y Argentina han reiterado su interés en trabajar por una salida pacífica a la crisis venezolana. En tanto, Perú ya dejó clara su postura al desconocer los resultados de las elecciones de julio y reconocer a González como presidente legítimo.

La presidenta peruana Dina Boluarte sostuvo recientemente una reunión virtual con González y María Corina Machado, donde expresó su apoyo al liderazgo opositor y reiteró su compromiso con la democracia en Venezuela. Durante este encuentro, la mandataria invitó al líder oposición a visitar Perú para fortalecer los lazos con la comunidad venezolana residente en el país.

Mientras tanto, el canciller Schialer ha comenzado una gira internacional para coordinar estrategias con otros países de la región. En un próximo encuentro en Panamá, cancilleres de distintas naciones debatirán medidas conjuntas para respaldar la democracia en Venezuela y contener los efectos de la crisis migratoria.

El futuro político de Venezuela, así como el destino de millones de venezolanos en el extranjero, se mantiene en el centro de la atención regional e internacional. El 10 de enero marcará un nuevo capítulo en esta compleja historia.

Sídney (Australia), 15 nov (EFE).- Un ciudadano colombiano fue acusado este viernes ante un tribunal de Australia de someter supuestamente a un grupo de venezolanos a un "trato cruel, inhumano y degradante" obligándolos a realizar tareas de servidumbre para pagar deudas, según confirmaron fuentes policiales.

El hombre, de 38 años, compareció hoy ante el Tribunal de Magistrados de la sureña ciudad de Adelaida (sureste) por sendos delitos de servidumbre por deudas agravado y servidumbre, que se castigan con penas de cárcel de hasta siete y veinte años, respectivamente, de acuerdo al comunicado de la Policía Federal Australiana.

El acusado, que no fue identificado, tenía vínculos con unos jóvenes venezolanos, cuyo número no fue precisado y que había ayudado en Venezuela para que migraran a Australia en 2015, así como otras persona de esta misma nacionalidad que llegó al año siguiente al país oceánico.

Según la Policía, tras la llegada de estos venezolanos a Australia, el acusado les quitó sus pasaportes y los sometió a un control estricto de sus movimientos, les restringió sus actividades diarias y les obligó a hacer diversas tareas.

El acusado también controló los ingresos de los venezolanos, que no han sido identificados, y les impuso el pago de deudas "de forma injustificada", al tiempo que los aisló de sus familias y amigos restringiéndoles las comunicaciones.

Las investigaciones policiales del caso, que comenzaron a principios de año, revelaron que este colombiano supuestamente encerró algunos miembros del grupo dentro de la casa o en los armarios por varios días.

La detective superintendente de la Policía Federal Australiana, Melinda Adam, dijo que "los delincuentes suelen beneficiarse o aprovecharse de las personas vulnerables que no pueden o no quieren denunciar las condiciones de explotación por miedo a las represalias, al aislamiento social y a la dependencia económica".

En este sentido, "las víctimas se ven considerablemente privadas de libertad personal en todos los aspectos de su vida, y a menudo se utilizan contra ellas amenazas, coacción o engaño", puntualizó Adam en el comunicado.EFE

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París, 14 nov (EFE).- España fue en 2023 el quinto país de la OCDE que más inmigrantes legales permanentes atrajo, con 364.100, y uno de los que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años, y pasó a ocupar la tercera posición en demandantes de asilo, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania.

En su informe anual sobre las migraciones internacionales, publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que las entradas el pasado año de migrantes a España subieron un 12,3 %, un ritmo superior al 10 % del conjunto y también por encima del 9,7 % en la Unión Europea.

En cifras absolutas, por delante de España quedaron Estados Unidos (1.189.800 migrantes permanentes legales, +13,4 % en un año), Reino Unido (746.900, +52,9 %), Alemania (692.700, +3,5 %) y Canadá (471.700, +7,8 %).

La llegada de inmigrantes a España supera netamente la de otros países con mayor población como Francia (297.600, +1,1 %), Italia (208.200,-11,6 %) o Japón (154.800, 77,3 %).

El incremento en España fue del 48 % desde 2019, el último año antes de la crisis de la covid, un porcentaje que entre los grandes países soo supera el Reino Unido (109,7 %).

España destaca al haberse convertido en el tercer país que recibió más demandantes de asilo el pasado año, en concreto 160.470, un 38 % más que en 2022, y eso que en el conjunto de la OCDE se contabilizó en 2023 una cifra récord de 2,72 millones de personas, un 30 % más.

Únicamente Estados Unidos,con 1.176.050 demandantes de asilo,y Alemania, con 329.120, estuvieron por encima.

España adelantó en 2023 a Francia, Costa Rica y México, países a los que en 2022 habían llegado más solicitantes del estatuto de refugiado.

La razón es que hubo un alza muy significativa sobre todo de venezolanos (60.000, frente a 45.225 en 2022), colombianos (53.040, frente a 35.515) y peruanos (14.255, frente a 8.850) que entraron en España para pedir asilo.

Las cifras comparativas que publica la OCDE no incluyen las de entradas de los sin papeles, ya que la inmensa mayoría de los países no les permiten registrarse, algo que sí ocurre en España en los padrones municipales.

Por eso en el estudio aparece una estadística sorprendente en la que España aparece como el segundo país de la organización en 2022 por el número de entradas de migrantes extranjeros, con un total de 1.120.500, solo por detrás de Alemania (2.481.000) y por delante incluso de Estados Unidos (1.018.000).

Más allá de esa anomalía debida a las diferencias en el registro administrativo, lo cierto es que si se comparan con 2021, las entradas de extranjeros a España en 2022 dieron un salto del 49 %.

Ese incremento se debió en particular a ascensos muy fuertes en las llegadas de colombianos (172.200, frente a los 64.500 en 2021), marroquíes (113.700, frente a 99.500), ucranianos (91.600, frente a 9.900), venezolanos (82.500 frente a 37.400) y peruanos (65.200, frente a 26.100).

Una de las consecuencias de los flujos recientes es que España se ha acercado al grupo de los países de la OCDE con mayor proporción de la población nacida en el extranjero.

En 2023 eran 8,2 millones, el 17,3 % de la población total, cuando ese porcentaje suponía el 12,7 % en 2016.

Ese porcentaje el pasado año era inferior a los de Suiza (31,2 %), Australia (31,1 %), Alemania (18,2 %) o Bélgica (19,3 %), pero superior a los de Países Bajos (15,8 %), Estados Unidos (14,5 %) o Francia (13,8 %). EFE

El centro poblado de Relave, ubicado en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, en la región Ayacucho, se ha convertido en el epicentro de una decisión drástica: la expulsión de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, en un plazo de 24 horas. Este hecho ha puesto en el foco público tanto los problemas de seguridad como las particularidades de esta comunidad.

La medida adoptada ha generado debates sobre su posible carácter xenófobo, ya que atribuye de manera generalizada a un grupo de extranjeros la responsabilidad de actos delictivos. Esta decisión podría vulnerar derechos fundamentales y contribuir a tensiones sociales, planteando interrogantes sobre los límites de la autonomía de una comunidad frente a los derechos humanos.

Con una historia marcada por la minería, Relave ha atraído a trabajadores y familias de diversas partes del país y del extranjero. Sin embargo, los recientes conflictos sociales han expuesto las dificultades de equilibrio entre la actividad económica, la convivencia ciudadana y la seguridad.

Un pueblo en crecimiento y su actividad principal

Relave ha experimentado un notable aumento de población en los últimos años. Mientras que el Censo Nacional 2017 registró 4.302 habitantes, estimaciones recientes elevan esta cifra a más de 15.000 personas en 2022. Este crecimiento poblacional está directamente relacionado con la atracción que genera la minería, su principal actividad económica.

En la zona destaca la presencia de la Comunidad Aurífera Relave S.A. (AURELSA), reconocida por el Ministerio de Energía y Minas como una operación de pequeña minería. Además, existe la Asociación de Mineros Artesanales Auríferos Relave Pullo Parinacochas Ayacucho, que agrupa a mineros artesanales del lugar.

Junto a estas operaciones formales, la minería ilegal también ha proliferado en Relave, generando consecuencias sociales y ambientales significativas. Esta actividad no regulada ha contaminado fuentes de agua, degradado tierras y contribuido al incremento de la violencia y la informalidad laboral en la zona.

Los pobladores han denunciado la falta de acción por parte de las autoridades para frenar esta problemática, que también alimenta redes de extorsión y otros delitos.

Una decisión drástica: la expulsión de extranjeros

En diciembre de 2024, la comunidad de Relave adoptó la medida de expulsar a ciudadanos extranjeros, mayoritariamente venezolanos, bajo la acusación de estar vinculados a una creciente ola de extorsiones y amenazas. Esta decisión afectó a entre 300 y 400 personas, incluyendo adultos y niños, quienes debieron abandonar la zona en un plazo de 24 horas.

El consejero de Parinacochas, Johon Huachaca, comunicó al medio local Jornada que un significativo número de extranjeros dejó de forma pacífica sus viviendas y puestos de trabajo en el centro poblado de Relave. Según señaló, esta decisión se tomó con la intención de enfrentar la delincuencia que presuntamente estaba asociada a este grupo de personas.

“La seguridad ciudadana era insostenible e incontrolable; diariamente, los habitantes de Relave eran víctimas de extorsiones y amenazas, lo que generaba un clima de zozobra. Por esta razón, la población decidió expulsarlos sin hacer distinciones”, expresó.

Agregó que la mayoría de los ciudadanos extranjeros abandonaron el lugar, y que incluso los residentes de Relave colaboraron facilitando vehículos para trasladarlos hacia la localidad de Chaca.

Johon Huachaca precisó que esta medida afectó a más de 300 extranjeros, entre adultos y niños, quienes salieron del centro poblado rumbo a una localidad vecina.

“Desafortunadamente, es una decisión generalizada. No se hizo una evaluación para determinar quiénes podían quedarse o debían irse; este acuerdo fue tomado de manera global por las autoridades, quienes fijaron un ultimátum”, comentó al medio.

La comunidad estableció multas de 3.000 soles para quienes ofrecieran alojamiento o empleo a extranjeros, así como sanciones a las empresas mineras que los contrataran. Aunque esta medida fue criticada por su falta de distinción entre personas inocentes y posibles infractores, la mayoría de los afectados se retiró pacíficamente, con apoyo logístico de algunos residentes para su traslado.

El consejero de Parinacochas también indicó que las autoridades del centro poblado de Relave solicitaron a la Policía Nacional del Perú la instalación de un puesto de auxilio rápido; sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habló sobre los avances de la lucha contra la delincuencia en su gestión, en medio de los cuestionamientos que enfrenta por la eficacia de los estados de emergencia y las críticas hacia la Policía Nacional del Perú.

Santiváñez salió a defender el trabajo que realiza la PNP y pidió que no se juzgue a la institución por algunos malos elementos. El titular del Mininter no desconoció la existencia de la criminalidad organizada. “Sabemos que la delincuencia está ahí, que las bandas se están reorganizando, pero estamos dando la lucha”, aseguró. Esto a pesar de los cuestionamientos por presuntos operativos simulados durante le estado de emergencia.

Un dato alarmante es el aumento en el número de internos de nacionalidad venezolana en los penales peruanos. Según el ministro, actualmente hay más de 4,000 ciudadanos venezolanos recluidos en cárceles, en contraste con los 100 registrados antes de esta gestión. “De dónde han salido los otros 2,800, ¿del aire? No. Han salido de las detenciones que la Policía ha practicado”, afirmó, subrayando que estas cifras son verificables a través del Ministerio de Justicia.

Expulsión

Aunque la cifra de detenciones es positiva, Santiváñez fue cuestionado porque uno de los ofrecimientos para combatir la criminalidad de este gobierno fue la expulsión de los delincuentes extranjeros. Sobre esto, el ministro se excusó diciendo que no es posible porque su país de origen se niega a recibirlos.

El ministro se refirió específicamente a casos recientes en los que aviones con delincuentes deportados fueron rechazados por sus países de origen. Chile, por ejemplo, intentó realizar expulsiones similares sin éxito, mientras que Perú también enfrentó la negativa de Venezuela.

Frente a esto, Santiváñez explicó que la Policía continuará con “la persecución del delito”. También reconoció que hay delitos, como el caso de la extorsión, que no disminuyeron como se esperaba.

“Nosotros sabemos perfectamente que tenemos cifras que se han reducido. Hay tipos de delitos que han tenido una reducción importante. Hay otros que se han mantenido. La extorsión, por ejemplo, no ha disminuido lo que nosotros hubiéramos querido”, lamentó.

Cambios en leyes migratorias

Ante el incremento de la delincuencia, una de las acciones adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte fue cambiar la política migratoria y establecer nuevos requisitos para que los ciudadanos extranjeros obtengan una residencia en Perú.

Durante uno de los discursos, la presidenta se refirió a los venezolanos que residen en Perú y anunció nuevos requisitos para su permanencia.

“Ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, de alquiler, y haremos un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacer un seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde se generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, les vamos a caer”, indicó.

Ahora, cuando un extranjero quiera ingresar al país, deberá pasar por el control biométrico y no contar con antecedentes penales, policiales y judiciales.

Piden su salida

Al igual que la presidenta Dina Boluarte, los niveles de aprobación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, son muy bajos. Una reciente encuesta señala que al menos 80% de la población pide su salida del cargo por el manejo del estado de emergencia que afecta a más de una docena de distritos en Lima y Callao.

Diversos sectores políticos y sociales han criticado la gestión de Santiváñez al frente del Ministerio del Interior, argumentando que las estrategias aplicadas hasta el momento son insuficientes para frenar la ola de criminalidad. Incluso, algunas voces han señalado que la declaratoria de emergencia ha generado abusos de autoridad y un impacto negativo en la vida cotidiana de los ciudadanos, sin atacar las raíces estructurales del problema. Estas críticas han intensificado la presión para que el ministro renuncie o sea reemplazado por un funcionario más idóneo para afrontar la crisis de seguridad.

Por su parte, el titular del Mininter ha defendido su labor en reiteradas oportunidades. Ha asegurado que su gestión ha impulsado operativos significativos en los distritos más afectados y ha resaltado que el cargo que ocupa está siempre a disposición de la presidenta Dina Boluarte.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y los vecinos de Tumbes, tres sujetos fueron detenidos por intentar traficar a 23 ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular. Los detenidos, quienes usaban tres camionetas tipo combi para transportar a los migrantes, habían planeado embarcarlos hacia el interior del país, pero fueron capturados antes de lograr su objetivo.

Los implicados, identificados como Percy de Lama Atoche (50), Percy Ancajima Mogollón (45) y Jimmy Pardo Campos (40), fueron arrestados por un grupo de agentes del Frente Policial de Tumbes. Lo que sorprendió aún más a las autoridades fue que Pardo Campos había sido detenido días antes por un delito similar, lo que confirma la reincidencia en el tráfico de personas.

“Este tipo de actividades no solo violan las leyes migratorias, sino que exponen a las personas a condiciones peligrosas y riesgosas. El control de las fronteras es fundamental para evitar este tipo de tráfico ilegal”, destacó el general Javier Gonzáles Novoa, jefe del Frente Policial de Tumbes.

Operativo exitoso gracias a la colaboración vecinal

La captura de los traficantes de personas no habría sido posible sin la alerta temprana de los pobladores locales. Según las investigaciones, los detenidos aguardaron a que los migrantes cruzaran de manera irregular la frontera entre Perú y Ecuador, específicamente por el cruce de Aguas Verdes. Una vez en territorio peruano, los hombres transportaron a los migrantes hasta la ciudad de Tumbes, donde pretendían subirlos a un ómnibus que los llevaría al interior del país.

El operativo se desplegó en dos puntos estratégicos: el cruce de Puerto Pizarro y el cruce de Andrés Araujo, donde las tres camionetas fueron interceptadas. En su interior, la Policía halló a los 23 migrantes, todos provenientes de Venezuela y sin los documentos correspondientes para estar en Perú de forma legal.

Este tipo de tráfico de personas es un fenómeno que preocupa a las autoridades, especialmente en zonas fronterizas como Tumbes, donde las rutas irregulares son constantemente utilizadas por los migrantes que buscan llegar a otras regiones del país o hacia países vecinos. La intervención de la población local ha sido fundamental para frenar este delito, resaltando el trabajo en conjunto entre las autoridades y la ciudadanía.

Migrantes bajo custodia

Tras la intervención, los tres detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri de Tumbes, donde se les abrirá un expediente por el delito de tráfico ilícito de personas. Mientras tanto, los migrantes fueron llevados a Seguridad del Estado, a la espera de ser expulsados del país en cumplimiento con la normativa vigente.

Migrantes venezolanos aportarán 530 millones de dólares

Los migrantes y refugiados venezolanos que residen en Perú generarán una contribución económica de aproximadamente 530 millones de dólares en 2024, según un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este análisis subraya el importante rol que juegan los migrantes en el impulso del desarrollo económico en América Latina y el Caribe.

“La migración actúa como un poderoso catalizador del desarrollo”, comentó Diego Beltrand, Enviado Especial de la OIM para la Respuesta Regional a los Flujos de Migrantes y Refugiados, destacando cómo los migrantes pueden estimular tanto el progreso económico como el social en los países receptores.

El informe, titulado Análisis exploratorio de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana en Perú, estima que la contribución de los venezolanos representará el 1,35 % de los ingresos totales impositivos de Perú en 2024. Además, el estudio resalta que el 96,1 % del gasto de los migrantes venezolanos permanece en el país, mientras que solo el 3,9 % se destina a remesas enviadas al extranjero.

La posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, para los próximos seis años (2025-2031) sigue afectando a América Latina, en especial a Colombia, puesto que la inestabilidad política del vecino país y la poca aceptación de los habitantes de Venezuela podría provocar un nuevo éxodo masivo.

De acuerdo con estudios revelados por la fundación Konrad Adenauer (Kas), desde la posesión de Maduro, la percepción de migración venezolana hacia Colombia aumentó de manera considerable. Antes de los comicios presidenciales, el 30% de la población que vivía en Venezuela había considerado abandonar el país para encontrar mejores oportunidades en Colombia.

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Luego de cinco meses de la victoria amañada de Maduro, 4 de cada 10 venezolanos ve con buenos ojos migrar al país. El aumento de esta cifra generó preocupación entre la ciudadanía y los expertos en migración, en su opinión, de mantenerse la crisis política en Venezuela, la salida de venezolanos podría aumentar de manera exponencial en el corto plazo.

Así lo explicó Fernando Dos Reis, consultor político de la Kas, señalando que se debe esperar a la magnitud de la migración de venezolanos, puesto que en sus investigaciones esta dependerá si se realiza la investidura de Maduro como presidente de Venezuela.

“Hay que esperar qué ocurre el 10 de enero, porque si se concreta la investidura de Nicolás Maduro en frente del poder, es muy probable que esta cifra del 40 % se eleve incluso más. A las personas se les ha preguntado cuáles son sus perspectivas de tiempo en cuanto a la migración y muchos dicen que estaría entre 1 y 3 meses y entre 3 y 6 meses, la gran mayoría. Es por eso que el próximo año esa ola migratoria puede aumentar y el país que va a recibir la mayor presión migratoria va a ser Colombia por su cercanía con Venezuela”, indicó.

De igual manera, el experto sostuvo que el Gobierno nacional ya cuenta con esta información y coordinó una mesa de trabajo en la que se discutieron varias líneas de acciones para encontrar soluciones a esta posible eventualidad. Asimismo, confirmó que el Estado atenderá a los venezolanos que decidan migrar a Colombia.

Sin embargo, expresó su preocupación por la capacidad que tiene el Estado colombiano para afrontar este éxodo que podría llegar a desembocar una crisis migratoria de dimensiones aún desconocidas.

“Se acordó trabajar desde distintas instancias para atender, por un lado, el tema humanitario, por otro lado, el tema de los venezolanos que han salido perseguidos a partir de lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela y, por otro lado, también atender un poco lo que va a ocurrir el 10 de enero y por lo cual se necesita que más organizaciones se sumen a la voz de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la población migratoria y sobre todo de la gesta libertaria que encabezó la población venezolana con aquella elección del pasado 28 de julio”, mencionó.

Flujo migratorio de venezolanos

Por otro lado, desde que se conoció el robo de las elecciones por parte del régimen de Nicolás Maduro, Migración Colombia registró un aumento del 40% en los ingresos solo en agosto de 2024, en comparación al mismo mes del año anterior.

“Los ingresos de ciudadanas(os) venezolanas(os) en 2024 tenían un comportamiento descendente hasta el mes de junio, sin embargo, a partir de los últimos días de julio la curva de crecimiento empieza a subir hasta encontrar el pico más alto en agosto”, resaltó un informe de la entidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia implementó una nueva medida migratoria para la población venezolana residente en el país. A través de la resolución 12509 de 2024, el Gobierno creó la categoría de visa V-Visitante Especial, dirigida a aquellos ciudadanos venezolanos que ingresaron a Colombia de manera irregular antes del 4 de diciembre de 2024.

Esta visa tiene como objetivo regularizar la situación de los migrantes venezolanos y proporcionarles un permiso temporal para residir y trabajar en Colombia mientras gestionan su estatus migratorio definitivo.

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¿En qué consiste la Visa V-Visitante Especial?

La Visa V-Visitante Especial ofrece a los venezolanos que se encuentren en Colombia de manera irregular la posibilidad de permanecer en el país por un periodo de hasta dos años. Este permiso les otorga un estatus legal que les permite acceder a derechos laborales y educativos, además de brindarles tiempo suficiente para realizar los trámites necesarios para obtener otras categorías de visa, como la visa de migrante, residente permanente o de visitante tradicional, según sus planes de permanencia en el país.

La resolución 12509 de 2024 establece que los beneficiarios de esta visa podrán regularizar su situación migratoria ante las autoridades colombianas, un proceso considerado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como “amplio y suficiente” para que los migrantes venezolanos adultos puedan cumplir con los requisitos necesarios. La visa tiene una validez inicial de dos años desde su expedición, a partir de la fecha en que el solicitante decida tramitarla.

Requisitos para solicitar la Visa V

Para poder solicitar la Visa V-Visitante Especial, los ciudadanos venezolanos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades colombianas. Entre los documentos esenciales para la solicitud se incluyen:

• Acta de verificación y compromiso expedida por Migración Colombia: Este documento es fundamental para validar la solicitud de la visa.
• Carta de solicitud de visa: El solicitante debe presentar una carta en la que describa la ocupación o actividad que realiza en Colombia o que tiene intención de realizar. Además, debe adjuntar los documentos que respalden dicha actividad. En el caso de no contar con pasaporte venezolano vigente, el solicitante debe explicar los motivos de la falta de este documento en su carta.

• Permiso de trabajo: La Visa V-Visitante Especial incluye un permiso abierto de trabajo, lo que permite a los beneficiarios ejercer cualquier actividad lícita en Colombia, tanto por cuenta propia como a través de una vinculación laboral o de prestación de servicios. Además, tendrán acceso a la oferta educativa del país, siempre que cumplan con las normativas colombianas.
• Título profesional y convalidación: Para aquellos que deseen ejercer profesiones reguladas en Colombia, se requerirá la presentación de un permiso temporal del respectivo Consejo Profesional colombiano o un acto administrativo que convalide su título ante la autoridad competente. Asimismo, deberán apostillar el título profesional y presentar la tarjeta profesional correspondiente.

Beneficios de la Visa V-Visitante Especial

Uno de los principales beneficios de la Visa V-Visitante Especial es que le permite al titular principal solicitar visas para los beneficiarios que formen parte de su núcleo familiar, como cónyuges, compañeros permanentes o hijos. Estos beneficiarios deben encontrarse en Colombia y haber ingresado al país antes de la fecha de expedición de la resolución. En este sentido, se busca garantizar que las familias puedan permanecer unidas mientras regularizan su situación migratoria.

El costo de esta visa es similar al de una visa de estudiante. Los solicitantes deberán pagar una tarifa de 37 dólares, de los cuales 16 dólares corresponden al estudio de la solicitud y 21 dólares se abonan una vez que la visa sea aprobada. En moneda colombiana, el costo total ronda los 148.000 pesos.

Restricciones de la visa para venezolanos en Colombia

A pesar de sus beneficios, la Visa V-Visitante Especial tiene ciertas restricciones. No será otorgada a aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentren en las siguientes condiciones:

• Que se encuentren privados de la libertad.
• Que tengan una orden de deportación o expulsión vigente.
• Que presenten antecedentes judiciales, penales o de Policía, o que estén sujetos a medidas migratorias.
• Que ostenten otra nacionalidad.

Colombia es uno de los principales destinos de los migrantes venezolanos en los últimos años. Desde que comenzó la crisis política y económica en Venezuela, millones de venezolanos emigraron en busca de mejores oportunidades. La respuesta del Gobierno colombiano fue gradual e incluyó diversas medidas para regularizar la situación de los migrantes.

Entre estas medidas se destaca el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv), que establece mecanismos como el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal (PPT), para regularizar a los migrantes que se encontraban en el país de forma irregular.

Hasta el sábado 30 de noviembre de 2024 Migración Colombia entregará documentos de Permiso de Protección Temporal (PPT) a población migrante en Medellín.

Con esto, Migración Colombia avanza en el desarrollo de los mecanismos de regularización de la población migrante venezolana que reside en el país y que tiene vocación de permanencia en nuestro territorio.

Las entregas se realizarán en el coliseo Carlos Mauro Hoyos entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

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Cómo participar en la jornada de entrega de documentos

Por medio de una transmisión en vivo el lunes 25, la entidad aclaró las inquietudes que tienen los venezolanos al respecto. Para participar en la jornada, los migrantes deben haber sido citados por Migración Colombia por un mensaje de texto, por correo electrónico o por llamada.

Esta jornada de entrega de documentos se realizará junto con la Alcaldía de Medellín y cooperación española; además de recibir el documento, quienes acudan al Coliseo Carlos Mauro Hoyos también podrán acceder a información sobre servicios de salud, educación, empleabilidad, bancarización e inscripción en la encuesta del Sisbén, una vez tengan el documento PPT en sus manos.

Las personas que quieran verificar si están ya agendadas deben hacer clic en este enlace.

En el coliseo también se llevará a cabo una feria de servicios para la población migrante y estando allí no es necesario tener cita para el PPT. En el lugar, los visitantes encontrarán acompañamiento institucional en temas de empleo, salud, empleo y educación.

La entidad también informó que actualmente en Colombia viven 2.6 millones de venezolanos con el estatuto temporal de protección y se han expedido más de 2.1 millones de documentos. Medellín por su parte cuenta con una población migrante de 250.000 personas aproximadamente.

El 80% de migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia para 2025, estas son las razones

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta Pulso de la Migración, revelando datos sobre las perspectivas de la población venezolana en Colombia. De acuerdo con la encuesta, la mayoría de los migrantes venezolanos se muestran dispuestos a permanecer en el país durante el próximo año.

Un notable 80,6% expresó su intención de quedarse, mientras que apenas un 3,6% planea regresar a Venezuela. Un 14,1% aún no tomó una decisión definitiva sobre su futuro, y un pequeño porcentaje, el 1,5%, está considerando la posibilidad de trasladarse a otro país.

Entre las principales razones que impulsan a los migrantes a permanecer en Colombia, el 49% citó las condiciones socioeconómicas favorables que encontraron en su nuevo entorno. Muchos ven en el país una oportunidad para mejorar su calidad de vida, un contraste con las dificultades que enfrentaron en su lugar de origen. Además, un 17,7% mencionó que ya se siente establecido en territorio colombiano, lo cual refuerza su decisión de no regresar a Venezuela.

Por otra parte, un 17,1% de los encuestados explicó que la difícil situación económica y social en Venezuela influye en su determinación de quedarse. Las condiciones adversas en su país de origen, sumadas a la estabilidad relativa que perciben en Colombia, son factores clave que han moldeado sus expectativas a futuro.

Flujo de venezolanos en Colombia

Migración Colombia reveló que entre enero y agosto de 2024 se presentó un incremento del 2% en el ingreso de ciudadanos venezolanos al territorio colombiano, en comparación con el mismo periodo de 2023. Según los registros, en los primeros ocho meses del año entraron 613.742 venezolanos, mientras que el año anterior fueron 601.106. Aunque los flujos migratorios se mantuvieron relativamente estables, el informe señaló un aumento significativo en agosto, donde las cifras mostraron un crecimiento del 40% respecto al mismo mes de 2023. Durante agosto de 2024, se registraron 114.566 entradas, frente a las 81.621 del mismo mes del año anterior.

Este crecimiento en agosto está relacionado principalmente con la cancelación de vuelos directos desde Venezuela hacia Panamá, Estados Unidos y República Dominicana. Este fenómeno generó que muchos viajeros venezolanos utilizaran a Colombia como un punto de tránsito obligatorio.

Los registros sobre la dinámica migratoria en Colombia mostraron que las salidas del país también presentaron un comportamiento similar al de las entradas durante agosto de 2024. En comparación con julio del mismo año, las salidas de ciudadanos venezolanos aumentaron en un 58%. Este incremento está vinculado con la necesidad de los venezolanos de utilizar Colombia como punto de conexión para vuelos internacionales.

De acuerdo con el informe, “los ingresos de ciudadanas(os) venezolanas(os) en 2024 tenían un comportamiento descendente hasta el mes de junio, sin embargo, a partir de los últimos días de julio la curva de crecimiento empieza a subir hasta encontrar el pico más alto en agosto”.

Los destinos internacionales más frecuentes para los venezolanos saliendo de Colombia incluyen Estados Unidos, que lidera con un 33% de los viajes, seguido por Panamá con un 13%, Chile con el 12% y España con el 8%. Mientras tanto, en el contexto de la migración bidireccional entre Colombia y Venezuela, los estudios de Migración Colombia y la Universidad Externado estimaron que más de 37.000 personas ingresaron a Venezuela desde Colombia en lo que va de 2024, lo que sugiere un patrón de movilidad constante y estratégico entre ambos países.

Ciudad de Panamá, 31 oct (EFE).- Los migrantes irregulares venezolanos que han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y colombia, en su viaje hacia Norteamérica suman en lo que va de año 196.813, informó este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Durante su conferencia de prensa semanal, el jefe de Estado citó las estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM), según las cuales la segunda nacionalidad que más cruza la selva son los colombianos con "16.000 y pico" en lo que va de año, seguidos de los ecuatorianos con "15.000 y pico", chinos con "12.000 y pico", haitianos "11.000, y otros países 31.000".

Dado que del 1 y el 30 de octubre un total de 21.542 migrantes llegaron a las estaciones de recepción situadas en la provincia de Darién tras transitar por la jungla, Mulino anticipó que el mes cerrará quizá un poco por debajo de septiembre, cuando lo hicieron 25.111 viajeros irregulares.

Según las estadísticas oficiales, un total de 49.256 personas cruzaron la selva en octubre de 2023, un año que cerró con la cifra inédita de 520.085 migrantes irregulares atravesando el Darién, la gran mayoría venezolanos.

En lo que va de este año más 281.000 viajeros irregulares han atravesado la jungla, en base a las cifras de Migración citadas este jueves por el presidente Mulino.

El jefe de Estado recordó que su Gobierno junto al de Estados Unidos aplican desde julio pasado un programa de repatriación o deportación de migrantes irregulares, en el marco del cual se han realizado al menos 23 vuelos, principalmente hacia Colombia aunque también a Ecuador, China e India, en lo que se han devuelto a unas 800 personas.

"Esperamos seguir todas las semanas con estos vuelos de repatriación", afirmó.

Panamá, agregó Mulino, además "anunciado que toda persona que ingrese al país, extranjeros, violando los puestos de migración terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre 1.000 y 5.000 dólares según la gravedad de la infracción".

Esta disposición se estableció en el decreto 194 publicado el pasado 25 de octubre, que señala que en caso de que el infractor carezca de los recursos económicos "se procederá con su deportación".

La norma contempla además que la sanción debe ser ajustada tomando en consideración las "condiciones de vulnerabilidad" en que están las personas migrantes que forman parte del flujo irregular y que entran a Panamá por el Darién mediante pasos informales.

Se les impondrá una multa de 300 dólares la primera vez; 600 dólares la segunda; 900 dólares la tercera; y mil por cada una de las siguientes ocasiones, "por cada persona extranjera que ingrese de esta forma por la frontera colombo-panameña", según el decreto.

Asimismo, señala que esta multa deberá ser cancelada por el ciudadano extranjero irregular "antes de su salida del territorio nacional hacia Costa Rica".

Desde la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia de Panamá, en el país centroamericano se han implementado varias estrategias con las que se busca mitigar el número de personas que llegan a su nación desde Colombia por el tapón del Darién, que es la única frontera terrestre.

Además del cierre de varias zonas con alambres, la crisis migratoria se ha visto mermada principalmente luego de que comenzaron los vuelos humanitarios en los que extranjeros están siendo devueltos a su país de origen, lo que hace parte de un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, siendo la nación norteamericana la que financia todo.

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De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, se ha reducido hasta en un 92% el tránsito de migrantes ecuatorianos por el Darién; de la misma forma, ha bajado un 65% la llegada de personas indocumentadas de nacionalidad colombiana a Panamá.

“Desde que los vuelos comenzaron, hemos visto una disminución en el cruce de migrantes ecuatorianos y colombianos, comparado con los meses de agosto y septiembre del año pasado”, informó la embajada mediante un comunicado de prensa.

Acuerdo no se puede implementar con venezolanos

El principal inconveniente que tiene el Gobierno panameño con la estrategia de enviar en vuelos humanitarios a los migrantes, es que esto no ha sido posible con ciudadanos venezolanos, puesto que uno de los requisitos que se debe cumplir es que la persona debe estar de acuerdo con su traslado y la situación económica que ha provocado la dictadura de Maduro, hace que la mayoría de individuos indique que no desea volver a su país.

Sumado a esto, desde finales de julio el presidente de Panamá rompió relaciones diplomáticas con Venezuela por el presunto fraude electoral que se registró en los comicios presidenciales en esta nación, lo que hace que no exista ningún tipo de acuerdo sobre la llegada de venezolanos desde el país centroamericano.

Debido a esta problemática, en Panamá, la representante regional interna de Estados Unidos, Marlen Piñeiro, anunció a EFE que en las próximas semanas se podrían comenzar a registrar vuelos humanitarios que llevarían a las personas venezolanas a terceros países.

“Sí, nos hemos acercado con varios países y nosotros pensamos que ya en los próximos días, semanas a más tardar, vamos a tener vías para regresar venezolanos a terceros países donde van a estar seguros”, declaró Piñeiro, que es la representante de las autoridades estadounidenses en Panamá. Además, la funcionaria también se encarga de autorizar los vuelos de deportación que se han registrado desde agosto en Panamá.

Por último, Marlen Piñeiro indicó que “todavía no” hay países con lo que exista un acuerdo de recibir a los ciudadanos venezolanos hasta el momento, pero reveló que: “hemos hablado con varios” y que en los próximos días se registrará un anuncio al respecto.

El impacto de los vuelos humanitarios

Desde que se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, se han registrado 19 vuelos con 800 migrantes, lo que representa un gasto de más de un millón de dólares para el país norteamericano, que tiene como objetivo evitar que “migrantes irregulares que no cuenten con las bases legales para permanecer en el país” lo sigan haciendo.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que la cifra de dinero es porque “cubre el pasaje de los deportados, escoltas, traductores, entre otros gastos relacionados”.

A nivel de resultados, el Gobierno de Panamá informó que con corte del 13 de octubre, 274.000 migrantes han llegado a su país desde el Darién, lo que representa una reducción del 36,5% en comparación con el mismo tiempo durante 2023.

La Corte Constitucional tomó una decición crucial en materia de derechos de la población migrante en Colombia. La Sala Quinta de Revisión del alto tribunal amparó los derechos a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo de una mujer venezolana a quien se le negó la inscripción extemporánea en su registro civil de nacimiento en territorio colombiano.

Este caso pone de manifiesto la complejidad del acceso a la nacionalidad en el país y las condiciones que deben cumplirse para su adquisición.

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La accionante, cuya identidad se mantiene en reserva, se presentó en varias ocasiones ante la Registraduría Municipal de San Cristóbal, Bolívar, acompañada de su tía materna. Su solicitud de inscripción en el registro civil se basaba en el argumento de que es hija de una mujer fallecida de nacionalidad colombiana. Para respaldar su petición, la mujer presentó la partida de bautizo de su madre, la cual, debido al deterioro causado por el paso del tiempo, resultó ilegible.

A pesar de sus intentos, la Registraduría denegó su solicitud argumentando que debía aportar el registro de defunción de su madre. Sin embargo, la accionante alegó que, en cumplimiento de la normativa, se presentó con dos testigos que podían dar fe de los hechos relacionados con su nacimiento y la maternidad de su progenitora. Lamentablemente, la funcionaria de la Registraduría se negó a realizar el trámite, lo que llevó a la mujer a recurrir a la Corte Constitucional.

Los requisitos para acceder a la nacionalidad colombiana, según la Corte

Al analizar el caso, el alto tribunal reiteró que la nacionalidad colombiana puede adquirirse por nacimiento en varias circunstancias. Según el alto tribunal, esto se concreta en los siguientes aspectos:

“(i) los naturales de Colombia, es decir, los nacidos dentro de los límites del territorio nacional, cumplan una de dos condiciones: (a) que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que (b) siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en Colombia al momento de su nacimiento; y, (ii) los hijos de padre o madre colombiano que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en territorio colombiano”.

En este sentido, la Corte analizó la situación específica de la accionante y consideró que, aunque presentó una partida de nacimiento ilegible, “tanto la norma aplicable como la jurisprudencia constitucional han permitido que ante la ausencia del registro civil se presenten dos testigos hábiles que den cuenta del nacimiento, exigencia que acreditó la accionante”. Esto implica que la presencia de testigos es suficiente en ciertos casos para validar el nacimiento de una persona cuando no se cuenta con la documentación requerida.

La decisión de la Corte se enmarca en un contexto más amplio, donde se han observado múltiples barreras administrativas que dificultan el acceso a la nacionalidad colombiana para personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Al respecto, la Sala concluyó que la Registraduría había vulnerado los derechos fundamentales de la mujer al imponer exigencias adicionales que no estaban contempladas en la normativa vigente para la inscripción extemporánea como hija de madre colombiana nacida en el extranjero.

En su fallo, la Corte ordenó a la Registraduría que inicie el trámite de registro extemporáneo de nacimiento de la accionante, subrayando así la importancia de garantizar el acceso a la nacionalidad colombiana a todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Esta decisión no solo refleja un compromiso con el derecho a la nacionalidad, sino también con el respeto a la dignidad humana y el reconocimiento de la identidad de las personas.

Este caso resalta la relevancia de la jurisprudencia en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en contextos donde las condiciones administrativas pueden ser un obstáculo para la adquisición de la nacionalidad, que es un derecho fundamental que permite a las personas ejercer su ciudadanía y acceder a los beneficios que esta conlleva.

Puede consultar la sentencia completa de la Corte Constitucional en el siguiente enlace.

El lunes 7 de octubre de 2024, en el municipio de Rionegro, Antioquia, una de las viviendas del casco urbano presentó un daño estructural. Este colapso obligó a la inmediata evacuación de sus residentes y a un desplazamiento de los organismos de socorro locales.

Alejandro Arenas, subsecretario de Gestión del Riesgo de Rionegro, le narró al diario El Colombiano que “cerca de las 11:40 de la mañana del lunes se reportó ante las líneas de emergencia el colapso estructural de un muro de una vivienda ubicada en el barrio El Hoyo, cerca del centro del municipio”.

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De acuerdo con las autoridades locales, al sitio se desplazó el personal de bomberos local y otros organismos de emergencia del municipio, quienes evacuaron a los 19 habitantes de la casa, varios de ellos venezolanos. Luego, tendieron a los heridos con lesiones leves y después evaluaron los daños causados por la emergencia.

De acuerdo con la Alcaldía, la emergencia se habría producido por las características tan bajas de los materiales de la construcción. De hecho, el tipo de estructura podría tener 40 años de antigüedad aproximadamente y la falta de elementos para su estabilidad, aumentó el riesgo de colapso.

Las autoridades aún están investigando si esta emergencia también se produjo por la ausencia de un buen mantenimiento de la vivienda o el visible deterioro de la cubierta del techo.

En el medio local Mi Oriente, los afectados señalaron que en la emergencia habrían tenido que ver dos predios del municipio al lado de la vivienda afectada, ya que uno de ellos es un lote baldío y el otro está abandonado.

Ante esto, la alcaldía declaró que el inmueble debe desalojarse por el riesgo que actualmente representa. Además, indicó que se activó un equipo interdisciplinario para atender las familias afectadas por medio de la oferta institucional que tiene el municipio (siete de los 19 afectados son menores de edad).

Emergencia en el nororiente de Medellín tras colapso parcial de un edificio

En la tarde del viernes 9 de agosto de 2024, un edificio colapsó en el nororiente de Medellín. El hecho se presentó en la carrera 46 con calle 94.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd), no hubo víctimas mortales ni lesionados.

La entidad dijo que se trataba de un colapso parcial luego de que los bomberos terminaran con la atención de la emergencia inicial. Al lugar fue enviado un equipo técnico del Dagrd que inició una evaluación para determinar la seguridad de la zona

“Bomberos Medellín atendieron el caso de desplome parcial de construcción con afectación sobre la vía”, dice el reporte de la entidad

Esta no es la primera vez que pasan este tipo de emergencias en la ciudad. En junio de 2024 una estructura de cuatro pisos ubicada en el corregimiento de Altavista (Medellín) presentó un colapso parcial, por lo que las autoridades locales evalúan la posible demolición.

Tras la emergencia del 27 de junio se evacuaron cinco familias de manera definitiva en la vereda Manzanillo y se obligó a ocho viviendas del sector a mantenerse desocupadas.

Al lugar de la emergencia llegó el equipo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), que estableció que la edificación no contaba con licencia de construcción y se encontraba en una zona de alto riesgo.

A través de sus redes sociales, la entidad aseguró que “había quedado afectada toda la integridad estructural de la edificación”. Por esta razón, las autoridades del distrito trabajan en conjunto para la atención de la emergencia.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que es necesario demoler la estructura para evitar riesgos a la integridad física y la vida de las familias, pues la construcción mostró signos de hundimiento y colapso parcial.

“Es una estructura que ya viene cediendo y presenta colapso parcial. Seguramente vendrá la demolición, pero se identifica que esta es una edificación que no cuenta con licencia de construcción y que está en zona de alto riesgo”, manifestó Gutiérrez.

De igual manera, el mandatario local indicó que este tipo de construcciones no están únicamente en la capital antioqueña, sino en más ciudades del país. Todo esto se debe al fenómeno migratorio y el déficit de vivienda que obligan a muchas personas a establecer construcciones en zonas restringidas poniendo en riesgo su vida y la de otras personas en los territorios.

Mientras que Bogotá se alerta por una balacera que ocurrió en la noche del 30 de septiembre de 2024 y un ataque sicarial a mano armada en la mañana del 1 de octubre, Medellín fue escenario de un violento ataque en el que dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas.

El violento acontecimiento armado ocurrió en la avenida El Ferrocarril, en la comuna diez de la ciudad antioqueña, cuando varios presuntos sicarios en moto abrieron fuego contra un vehículo en el que se encontraban las víctimas, de acuerdo con la información confirmada por RCN Radio.

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Al llegar al lugar, las unidades de la Policía Nacional encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer dentro del vehículo. Las primeras investigaciones revelaron que ambas víctimas presentaban múltiples impactos de bala. Se estima que el hombre tenía entre 30 y 35 años, mientras que la mujer oscilaba entre los 25 y 30 años.

Testigos del hecho informaron haber escuchado varias detonaciones en la vía pública minutos antes del hallazgo de los cuerpos. Además, se conoció que otras dos mujeres resultaron heridas en la misma circunstancia, fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica. Aún así, no se determinó la incidencia de las heridas en la escena.

Las causas de este violento suceso aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes se encuentran adelantando las labores necesarias para identificar a las víctimas, establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido a la ciudad en los últimos meses, que generan preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

Información propicialda por la Alcaldía de Medellín indicó que en lo que va del año, 224 personas han perdido la vida de manera violenta en Medellín, lo que representa una disminución del 18% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron 50 casos más.

Los homicidios en la ciudad están relacionados con diversos factores, incluyendo actos de intolerancia (56 casos), operaciones de estructuras delincuenciales (60 casos), hurtos (23 casos), violencia de género (13 casos), violencia intrafamiliar (6 casos) y otros pendientes por categorizar (78 casos).

Las modalidades más comunes de homicidio en Medellín incluyen el uso de armas de fuego (124 episodios), armas cortopunzantes (75 casos), objetos contundentes (18 casos), ahorcamiento o estrangulamiento (4 casos) y lanzamiento al vacío (1 caso). Las comunas con mayor número de muertes violentas son La Candelaria (53 casos), Castilla (19 casos), San Javier (17 casos), Robledo (16 casos), San Cristóbal (13 casos), Belén (12 casos), Villa Hermosa (11 casos) y Buenos Aires (11 casos), reportó el medio nacional.

Ataque sicarial en Bogotá, cerca del parque Simón Bolívar

El caos vehicular en la carrera 50 con calle 63 de Bogotá fue el primer indicio de una particular situación. La mañana del 1 de octubre de 2024, un hombre a bordo de un automóvil Renault Logan gris, aparentemente de una aplicación de transporte, fue atacado por dos individuos en motocicletas, según informaron testigos.

El ataque, que tuvo lugar cerca del parque Simón Bolívar, dejó una víctima fatal y generó pánico entre los residentes de la localidad de Barrios Unidos.

Las autoridades confirmaron que el suceso no fue una balacera, sino un acto de sicariato. El mayor de la Policía Metropolitana de Bogotá, Michael Mamby, indicó que se activó una burbuja de seguridad para investigar el caso. Según los primeros reportes, los atacantes se acercaron al vehículo y abrieron fuego, causando la muerte del conductor.

El concejal Julián Espinosa también reportó el acontecimiento en sus redes sociales, etiquetando al alcalde Carlos Fernando Galán y solicitando un pronunciamiento oficial. Espinosa expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la ciudad, destacando que este hecho se suma a otros incidentes recientes.

Bogotá, 28 sep (EFE).- Menos de un centenar de venezolanos se congregaron este sábado en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá en una nueva convocatoria para protestar contra la proclamada victoria de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González, exiliado en España.

En el país que más migrantes venezolanos acoge, las protestas convocadas a nivel mundial por la oposición para rechazar el resultado electoral del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, no fueron multitudinarias.

Bajo la estatua de Simón Bolívar que preside la plaza y un gran cartel de "Venezuela libre" con los rostros del candidato de la oposición, Edmundo González, y el de otras figuras de la oposición con María Corina Machado y banderas venezolanas, varias decenas de personas se reunieron a protestar.

"Van 2 meses desde las votaciones del 28 de julio y el Gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, no ha publicado las actas; obviamente no lo van a hacer, es un fraude masivo el que han cometido y nosotros lo que queremos es hacer valer lo que el pueblo venezolano hizo el 28 de julio que fue proclamar a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela", dijo a EFE Mauricio Vaquero, coordinador de la organización del Comando con Venezuela en Colombia.

La convocatoria, que tenía llamados en decenas de países y también en otras 13 ciudades de Colombia, quiere instar a los gobiernos a que reconozcan a González como vencedor y también a la Corte Penal Internacional (CPI) "a interceder y tomar acciones ante la ola de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país".

Por ello, desde el Comando con Venezuela consideran que "el presidente (colombiano Gustavo) Petro tiene que pronunciarse, tiene que dejar la ambigüedad", puesto que el Gobierno colombiano aún no reconoce a ningún vencedor y está haciendo un papel de mediación para lograr que se publiquen las actas. EFE

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La aerolínea Latam confirmó que el gobierno de Venezuela estableció nuevas normas para viajar a ese país desde el viernes 27 de septiembre de 2024. La aerolínea también advirtió que las personas que no cumplan con los nuevos requisitos no serán admitidas en el territorio nacional.

Latam confirmó que estas disposiciones aplican solo para los ciudadanos venezolanos. Además, esto aplica al número de ciudadanos que están en diferentes lugares y que tienen contemplado regresar a su país sea de forma temporal o permanente.

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Estas nuevas reglas se dan a conocer justo después de que la Cancillería colombiana expidiera el Decreto 1209 de 2024. Este da vida al Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-TUTOR).

El documento va dirigido a los venezolanos que ya cuentan con un Permiso de Protección Temporal (PPT) y están en proceso de regularizar su situación migratoria. Se trata de un documento que les da la facilidad de acceder a servicios financieros, educación y salud.

La aerolínea también indicó que “los pasajeros que tengan tiquetes comprados para volar entre Bogotá y Caracas entre el 27 de septiembre y el 01 de octubre pueden revisar opciones de cambio sin costo o devolución en la sección Mis Viajes de Latam.com”.

Nuevas normas para viajar a Venezuela

• Si el viajero solo tiene su cédula de ciudadanía no se le permitirá el ingreso a Venezuela.
• Los venezolanos también deben tener su pasaporte vigente al momento de abordar el avión.
• Si el pasaporte está vencido será necesario tramitar: “Documentos de Viaje” ante el Consulado o dirigirse a la embajada venezolana en el exterior. El registro tiene que hacerse con la aerolínea mínimo 72 horas antes del trayecto.
• Los viajeros con doble nacionalidad también deben llevar su pasaporte vigente. Si tienen el de la otra nacionalidad, pero no el del país destino será motivo de inadmisión.

Llegan más venezolanos a Colombia: el flujo creció un 40% en agosto, según Migración Colombia

La autoridad migratoria de Colombia informó que la entrada de ciudadanos venezolanos en el país registró un leve incremento del 2% entre enero y agosto de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con Migración Colombia, durante los primeros ocho meses del año ingresaron 613.742 venezolanos mientras que en 2023 fueron 601.106.

La actualización llega casi dos meses después de la reelección cuestionada de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El informe de la entidad precisa que aunque hay estabilidad en los flujos migratorios se observó un aumento notable del 40% en los ingresos solo en agosto de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior.

En agosto de 2024 se contabilizaron 114.566 registros frente a 81.621 de agosto de 2023. Este fenómeno se atribuye principalmente a la suspensión de vuelos directos desde Venezuela hacia Panamá, Estados Unidos y República Dominicana, lo cual obligó a muchos ciudadanos venezolanos a hacer tránsito por Colombia.

En cuanto a la dinámica de entrada y salida del país los registros de salidas también reflejaron una tendencia similar a los de ingreso.

En el mes de agosto de 2024 las salidas aumentaron un 58% en comparación con julio. Según el reporte, este comportamiento se correlaciona con la necesidad de los venezolanos de buscar vuelos internacionales desde Colombia.

“Los ingresos de ciudadanas(os) venezolanas(os) en 2024 tenían un comportamiento descendente hasta el mes de junio, sin embargo, a partir de los últimos días de julio la curva de crecimiento empieza a subir hasta encontrar el pico más alto en agosto”, dice el informe de Migración Colombia.

Entre los destinos internacionales más frecuentados por los venezolanos se destacan Estados Unidos (33%), seguido de Panamá (13%), Chile (12%) y España (8%). Además, los monitoreos realizados por Migración Colombia y la Universidad Externado de Colombia señalan que más de 37.000 personas han ingresado a Venezuela desde Colombia a menudo implicando un movimiento cíclico y estratégico entre ambos países.

Bogotá, 27 sep (EFE).- El Gobierno colombiano expidió un decreto mediante el cual se creó el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de menores de edad, que comenzará a implementarse en los próximos meses, informó este viernes la Cancillería de Colombia.

El mecanismo permitirá que los representantes o custodios de los más de 270.000 niños y adolescentes venezolanos que están en Colombia y que ya cuentan con un Permiso de Protección Temporal (PPT) regularizar su situación migratoria.

La Cancillería colombiana explicó en un comunicado que con este permiso podrán acceder a los servicios financieros y sociales que ofrece el Estado, particularmente salud y educación.

Igualmente, tramitar licencias de conducción y tarjetas profesionales; y convalidar sus títulos profesionales, todo lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos que sean requeridos ante las entidades nacionales.

De acuerdo con el nuevo decreto, la expedición del PEP-TUTOR estará a cargo de Migración Colombia.

Los requisitos mínimos para aplicar a la obtención de este permiso son: ser representante legal o custodio de niñas, niños y/o adolescentes titulares de un PPT vigente al 31 de diciembre de 2023, no tener en su contra alguna medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente y no ser titular de un PPT o de un visado vigente en cualquier clase o categoría.

La Cancillería recordó que con el decreto no solo cumple la orden de la Corte Constitucional que mediante una sentencia instó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia a incorporar el enfoque diferencial y la prevención de violencias, entre ellas las basadas en género.

Además, da un paso más en el compromiso del Estado para la integración socioeconómica de la población migrante en la región y la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Colombia.

Colombia encabeza la lista de países receptores de venezolanos, con 2,85 millones de personas que emigraron desde el país vecino. EFE

Madrid, 25 sep (EFE).- El equipo Movistar confirmó este miércoles el fichaje para las dos próximas temporadas del venezolano Orluis Aular, corredor las dos últimas campañas del Caja Rural-Seguros RGA y seis veces campeón nacional, dos en la prueba de línea y cuatro en la contrarreloj individual que ganó también este año.

Aular (Nirgua, 1996) se incorpora al equipo que dirige Eusebio Unzué después de triunfos en citas profesionales como el último Trofeo Matteotti, Limousin, la clasificación final de la CRO Race o las generales de la Vuelta al Alentejo y Torres Vedras.

Su palmarés incluye los Juegos Centroamericanos de 2023 y dos segundos puestos en citas "worldtour", la penúltima etapa de la Itzulia 2024 y la séptima de La Vuelta 2023, donde solo el francés Geoffrey Soupe le superó en el esprint masivo.

Movistar recordó que Orluis Aular toma el relevo de José Rujano, miembro de la plantilla de Abarca Sports en 2008, como segundo talento de Venezuela que se integra ahora a sus filas.

"Nunca imaginé llegar al WorldTour. Siempre tuve como objetivo ir paso a paso. Busqué llegar a Europa, y gracias a Jesús Rodríguez Magro pude competir en España con el EC Cartucho. Pasé después a Bélgica durante dos años, un lugar en el que aprendí muchísimo; de allí salté a Japón; y desde ahí logré mi objetivo de, al menos, ser ProConti con Caja Rural, a quienes agradezco mucho la oportunidad que me dieron en su día", declaró Aular.

El ciclista señaló que "han sido años de mucho trabajo y dedicación para tener esta bonita oportunidad con Movistar Team", en el que seguirá "buscando ser un corredor polivalente y mostrando" que tiene "margen de mejora".

"Me hace muy feliz y, a la vez, me brota muchos sentimientos, porque no ha sido nada sencillo. 2024 ha sido mi mejor año. Temporada tras temporada he ido mejorando, y este año he podido mantener mucha constancia en rendimiento y resultados, con la voluntad de llegar al WorldTour. Creo que ese deseo me ha impulsado a trabajar como nunca antes", añadió.

Buenos Aires, 19 sep (EFE).- El enfrentamiento abierto entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Venezuela, Nicolás Maduro, vive un nuevo capítulo después de que la Fiscalía venezolana anunció este miércoles la solicitud de una orden de captura contra el mandatario ultraliberal.

La justificación: el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.

La medida, anunciada el miércoles por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, representa un nuevo punto de inflexión en la fuerte crisis diplomática que atraviesan ambos países, que comenzó con la llegada de Milei a la Presidencia argentina y que se agravó tras las recientes elecciones presidenciales en el país caribeño.

La orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Venezuela no se limita únicamente a Milei, sino que se extiende a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El caso por el cual el Gobierno de Maduro impulsa esta medida es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.

El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.

En su declaración de ayer, el fiscal general venezolano señaló que el Ejecutivo de su país tiene la facultad de "ejercer su jurisdicción" como forma de "defensa ante acciones tendentes a atacar, desconocer e irrespetar responsabilidades penales" y acusó al Gobierno argentino de cometer los delitos de "robo agravado, intimación de capitales, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir".

Argentina respondió poco después expresando su repudio a las órdenes de aprehensión y destacando que "el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional".

"El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro", afirmó la Cancillería argentina en comunicado.

Este incidente sigue a otros episodios similares que han tenido lugar desde las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, ganó Maduro, resultado considerado fraude por una parte de la comunidad internacional, incluida Argentina.

El más reciente tuvo lugar el 6 de septiembre, cuando la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y "otros cabecillas del régimen", ante "el agravamiento de la situación" después de los comicios presidenciales, tras reincorporarse en julio a la denuncia contra el país caribeño ante la CPI interpuesta en 2018 por varias naciones.

El episodio más resonante de los últimos meses fue, sin embargo, la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas por parte del Gobierno de Maduro, en respuesta a la denuncia de fraude del Ejecutivo de Milei, cuestión especialmente sensible dado que la sede diplomática del país suramericano brindaba asilo a seis opositores venezolanos.

Ante esto, el Gobierno de Brasil aceptó a comienzos de agosto hacerse cargo de la sede y asumir el cuidado de los opositores asilados allí; algo que, sin embargo, generó nuevas asperezas con Venezuela, que a comienzos de este mes anunció que revocaría la autorización del gigante suramericano para custodiar el edificio y abrió un nuevo capítulo de las tensiones diplomáticas regionales.

Tras décadas de sintonía entre ambas naciones -desde el vínculo entre los ya fallecidos Néstor Kirchner (2003-2007) y Hugo Chávez (1999-2013) hasta la participación de Alberto Fernández (2019-2023) en contactos pro diálogo en Venezuela-, Milei y Maduro encarnan un duelo ideológico y sin freno en lo discursivo que, ahora, además, tiene su correlato diplomático.

Pablo Duer

Madrid, 16 sep (EFE).- El español Juan Antonio Samaranch, el británico Sebastian Coe, el francés David Lappartient, el japonés Morinori Watanabe, el jordano Feisal al Hussein, el sueco Johan Eliasch y la zimbabuense Kirsty Coventry son los siete candidatos que concurrirán en marzo de 2025 a las elecciones a presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

El organismo publicó este lunes la relación de aspirantes, tras vencer el domingo el plazo de presentación de candidaturas, y concretó asimismo el año hasta el que cada uno de ellos según su edad podría ser presidente. Solo Coventry y Lappartient, los más jóvenes, podrían cumplir el máximo mandato de 12 años en la presidencia sin ninguna traba.

El resto llegarían a los 70 años, edad de jubilación en el COI, antes de concluir el primer mandato de 8 años en 2033 o el posible mandato adicional de otros cuatro en 2037, por lo que tendrían que someterse a una votación para ser exentos excepcionalmente de la jubilación a los 70.

Según el COI, Al Hussein puede ser propuesto para una ampliación de la edad de jubilación de 4 años hasta 2037; Eliasch hasta 2036; Watanabe y Samaranch hasta 2033; y Sebastian Coe solo hasta 2030. Es decir que estos cuatro últimos no podrían cumplir los doce años en el cargo. Coe, ni siquiera los ocho iniciales.

Feisel al Hussein hará 61 años en octubre, Eliasch tiene 62, Watanabe tiene 65 años, Samaranch los cumplirá en noviembre y Coe hará 68 este 29 de septiembre.

El ganador de las elecciones sucederá al alemán Thomas Bach y se convertirá en el décimo presidente del COI, entidad fundada en 1894 y responsable de la organización de la mayor cita deportiva universal, los Juegos Olímpicos.

La elección se llevará cabo en  una asamblea (Sesión) prevista del 18 al 21 de marzo de 2025 en Grecia.

Entre los candidatos, cuatro presiden una federación internacional: Coe la de atletismo, Lappartient la de ciclismo, Watanabe la de gimnasia y Eliasch la de esquí; tres pertenecen a la actual Comisión Ejecutiva del COI: Samaranch como vicepresidente, Al Husein y Coventry; y dos han sido campeones olímpicos: Coe y Coventry.

La edad de los aspirantes se perfila, pues, como factor determinante en la elección, pues los votantes pueden inclinarse por no apoyar a un candidato que no puede terminar su mandato máximo de 12 años.

Además, los candidatos que son miembros del COI por ser presidentes de federación tendrían que someterse, en caso de ser elegidos presidente del Comité, a otra votación para cambiar su condición a miembro individual y evitar así un conflicto de intereses.

Los cuatro afectados, Coe, Eliasch, Lappartient y Watanabe, pueden ser propuestos para ese cambio de estatus.

Todos los presidentes de la historia del COI han sido hombres. Kirsty Coventry es la segunda mujer candidata, después de la estadounidense Anita DeFrantz, aspirante en 2001, cuando ganó el belga Jacques Rogge.

Por ello, por su juventud -cumple 41 años este lunes-, por su pasado como brillante nadadora olímpica y por su origen africano -ocho de los anteriores presidentes han sido europeos, uno estadounidense-, Coventry, que también es ministra en su país, parte como una de las favoritas para ocupar el puesto.

Juan Antonio Samaranch es hijo del dirigente homónimo que presidió el COI entre 1980 y 2001. Si fuese elegido, sería el primer caso de padre e hijo al frente del organismo, si bien hay otros ejemplos de miembros que también tuvieron en la asamblea a su progenitor; entre ellos, Alberto de Mónaco y Nora de Liechtenstein.

Las normas que regirán la campaña electoral son muy restrictivas para los aspirantes.

A partir de este lunes podrán hacer público un documento de candidatura, promocionarse en sus redes sociales personales y conceder entrevistas. Pero no podrán pagarse publicidad, ni convocar reuniones o mítines, ni participar en debates, ni emplear agencias de comunicación salvo para la producción de documentos, ni referirse a los otros candidatos ni, por supuesto, ofrecer regalos.

Todos sus viajes deberán ser comunicados a un Responsable de Ética y Cumplimiento (CECO), aunque las normas llaman a utilizar preferentemente los contactos virtuales para no incurrir en gastos.

Los otros miembros de COI no podrán mostrar públicamente su apoyo a ninguno de los aspirantes, aunque sí darles un 'me gusta' en las redes, algo que no podrán hacer otros miembros de la 'familia olímpica' como federaciones, patrocinadores o ciudades organizadoras, etc.

El COI reunirá en enero en Lausana a candidatos y votantes en una sesión informativa para que los programas queden expuestos y explicados.

Los siete candidatos, en datos

Estos son, en datos, los siete candidatos:

 - Sebastian Coe (GBR), presidente de la federación internacional de atletismo, World Athletics. 67 años. Ganador de dos oros y dos platas olímpicas en atletismo (1980-1984). Presidente del comité organizador de los Juegos de Londres 2012. Miembro del COI desde 2020.

- Kirsty Coventry (ZIM), ministra de Deportes de Zimbabue y miembro de la Comisión Ejecutiva del COI. 41 años. Ganadora de siete medallas olímpicas (dos oros, cuatro platas, un bronce) en natación (2004-2008) y participante en cinco Juegos (2000-2016). Miembro del COI desde 2013. Expresidenta de la Comisión de Atletas, presidenta de las comisiones de coordinación de los Juegos de Dakar 2026 y Brisbane 2036.

- Johan Eliasch (SUE, pero miembro de COI por GBR), miembro del COI desde 2024. 62 años. Presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

- Feisal al Hussein (JOR), presidente del Comité Olímpico Jordano y miembro de la Comisión Ejecutiva del COI. 60 años. Miembro del COI desde 2010. Presidente del grupo de trabajo sobre protección y seguridad de los deportistas.

- David Lappartient (FRA), presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y del Comité Olímpico Francés. 51 años. Miembro del COI desde 2022. Presidente de la Comisión de los eSports.

- Juan Antonio Samaranch (ESP), vicepresidente del COI. 64 años. Miembro del COI desde 2001. Expresidente de la Comisión de Coordinación de Pekín 2022. Presidente del Consejo de Dirección de Olympic Channel Services.

- Morinori Watanabe (JAP), presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). 65 años. Miembro del COI desde 2018. Presidente del grupo de trabajo sobre el boxeo

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dirigirá este lunes la primera práctica del equipo previo al juego ante Chile por la séptima fecha de eliminatorias suramericanas del Mundial 2026, tras la llegada de varias figuras de la Albiceleste que militan en el fútbol europeo.

Los primeros en aterrizar este lunes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), fueron los porteros Emiliano 'Dibu' Martinez -que hoy celebra su cumpleaños número 32- y Gerónimo Rulli y los atacantes Valentín Carboni y Valentín Castellanos, quienes ya se encuentran a las órdenes del entrenador.

Además, este lunes está prevista la llegada de Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Valentín Barco, Nicolás González y Cristian Romero, tras el arribo este fin de semana de otras figuras del seleccionado.

La primera práctica tendrá lugar esta tarde a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Tras la llegada de los jugadores restantes, el reciente campeón de América volverá a entrenarse este martes y el miércoles en el mismo horario, y el jueves por la noche se enfrentará con Chile en el Estadio Más Monumental con el objetivo de mantenerse en la cima de la clasificación de las eliminatorias, en la que tiene 15 puntos en seis jornadas disputadas.

La AFA anunció el domingo la convocatoria de Marcos Acuña, que, pese a haber integrado el plantel que ganó la Copa América, únicamente ingresó en la lista para esta fecha de eliminatorias tras la lesión de Nicolás Tagliafico.

Acuña, reciente incorporación de River Plate, será uno de los dos jugadores del fútbol argentino que integrarán el plantel albiceleste para los duelos ante Chile y Colombia -este como visitante el martes 10-, tras la convocatoria de Germán Pezzella, que también se sumó el mes pasado al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Los ausentes serán Lionel Messi, lesionado; y Ángel di María, que se retiró del seleccionado nacional tras la última Copa América y que será homenajeado durante el partido del jueves en Buenos Aires.

- Lista de convocados por Scaloni:

. Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella-FRA), Walter Benítez (PSV Eindhoven-NED) y Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP).

. Defensas: Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Lisandro Martínez (Manchester United-GBR), Germán Pezzella (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Marcos Acuña (River Plate) y Valentín Barco (Sevilla-ESP).

. Centrocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid-ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR), Leandro Paredes (Roma-ITA), Enzo Fernández (Chelsea-GBR), Giovani Lo Celso (Betis-ESP), Guido Rodríguez (West Ham-GBR) y Ezequiel Fernández (Al-Qadisiyah-KSA).

. Delanteros: Nicolás González (Juventus-ITA), Lautaro Martínez (Inter Milán-ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United-GBR), Julián Álvarez (Atlético de Madrid-ESP), Matías Soulé (Roma-ITA), Valentín Carboni (Olympique Marsella-FRA), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Valentín Castellanos (Lazio-ITA) y Paulo Dybala (Roma-ITA).

A un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, que se celebraron el 28 de julio y fueron ampliamente criticadas por presunto fraude, la comunidad venezolana en Colombia sigue manifestando su rechazo al régimen de Nicolás Maduro. La jornada electoral, considerada por muchos como una de las más controvertidas de los últimos años, generó una oleada de protestas a nivel global, que se hicieron sentir con particular intensidad en varias ciudades colombianas.

Por eso, la líder opositora venezolana María Corina Machado convocó una nueva jornada de protestas, con motivo del primer mes desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según la oposición, su candidato Edmundo González ganó en las urnas, a pesar de los resultados oficiales que anunciaron la victoria del dictador Maduro.

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En un video publicado en sus redes sociales, Machado destacó que “Acta mata sentencia”, refiriéndose a la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que validó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamaron a Maduro como ganador. Ambas instituciones están dirigidas por funcionarios alineados con el chavismo.

En Colombia, una nación que alberga a una de las mayores comunidades de venezolanos fuera de su país, las manifestaciones se llevaron a cabo en varias ciudades importantes, al reflejar el descontento y la esperanza de cambio de esta comunidad. Entre las ciudades más destacadas se encuentran Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla.

Globos blancos y banderas en Bogotá: manifestantes venezolanos reafirman su rechazo a Maduro

Bogotá, la capital colombiana, se convirtió en uno de los principales escenarios de las protestas. El 29 de julio, después de la victoria de Maduro, cientos de venezolanos se reunieron en la plaza de Bolívar, el núcleo histórico y político de la ciudad. Sin embargo, un mes después, regresaron al mismo lugar para expresar su rechazo ante la falta de aceptación de los resultados electorales, que habían dado la victoria a Edmundo Gonzales.

Los manifestantes, portando globos blancos y banderas venezolanas, mostraron pancartas con mensajes como “Acta mata sentencia″ en un intento por conmemorar y reivindicar su versión de la jornada electoral. Este acto simbolizó el rechazo de los venezolanos al resultado electoral y su deseo de ver un cambio en su patria.

La comunidad venezolana llamó a la acción contra el régimen desde la ciudad de Medellín

En Medellín, las demostraciones se llevaron a cabo en varios puntos de la ciudad, con una notable presencia de ciudadanos venezolanos que se unieron a la protesta desde la distancia. A través de redes sociales y comunicados, los organizadores instaron a los residentes a participar en una serie de actos de apoyo, marcando un fuerte contraste con el ambiente general de la ciudad.

Así quedo registrada la comunicada venezolana en Cartagena

Cartagena también se sumó a la ola de manifestaciones. En esta ciudad portuaria, los manifestantes se reunieron con carteles que criticaban duramente a Nicolás Maduro y su régimen, expresando su descontento con lo que consideran un sistema dictatorial.

Las manifestaciones en la capital del departamento de Bolívar se caracterizaron por su carácter pacífico y su firme postura contra la administración actual en Venezuela.

Cientos de venezolanos se reunieron en Barranquilla para entonar el su himno nacional

Sin embargo, Barranquilla se destacó como el epicentro de la movilización. Antes del amanecer del 28 de agosto, cientos de ciudadanos venezolanos se reunieron en la ciudad para entonar el himno nacional de Venezuela.

Este acto simbólico, celebrado con fervor, no solo mostró el apoyo a la oposición, sino la solidaridad de los barranquilleros con la lucha del pueblo venezolano. El evento fue ampliamente aplaudido por la comunidad colombiana, que mostró empatía con la situación de sus vecinos.

Congreso a favor de los ciudadanos venezolanos

En la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes de Colombia discutieron la situación en Venezuela, enfocándose en el fraude electoral y la violación de derechos humanos.

Allí reconocieron a Alejandra Barrios Cabrera, de la MOE, por afirmar que la crisis venezolana no se resolverá con nuevas elecciones, y a Jennie Lincoln, del Centro Carter, por exigir la publicación de las actas de votación. Los congresistas colombianos destacaron el respeto a la soberanía popular según el artículo 5 de la Constitución Nacional, reafirmando el apoyo internacional a la lucha venezolana por la democracia y la libertad.

La crisis migratoria en la región del Darién, que conecta el Urabá antioqueño con Panamá, sigue causando conmoción y tensiones tanto a nivel local como internacional. Mientras Colombia, Panamá y Estados Unidos acordaron una revisión en 60 días para evaluar las medidas a tomar, la situación en el municipio de Necoclí requiere respuestas urgentes.

Sin embargo, una reciente orden de la Defensoría del Pueblo para atender a los migrantes allí represados generó tensiones entre las autoridades locales y nacionales, y reveló profundas inquietudes sobre la capacidad del municipio para manejar la situación.

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Y es que, la entidad defensora de los derechos humanos exigió a la alcaldía de Necoclí que construya un albergue o centro de atención para migrantes en un plazo de 20 días. Esta orden ha desatado una ola de controversia y preocupación, ya que la administración municipal considera que es prácticamente imposible cumplir con el mandato en el tiempo estipulado debido a la falta de recursos.

El alcalde de Necoclí, Guillermo José Cardona Moreno, expresó su profunda preocupación sobre la viabilidad de esta orden. Cardona Moreno afirmó, en conversación con Caracol Radio: “Nos dieron 20 días de plazo para ubicar a los migrantes en este albergue. Bueno, no sé cómo vamos a hacer porque ni haciendo las gestiones más pertinentes en 20 días vamos a construir este albergue”. Según el alcalde, la magnitud de la tarea supera las capacidades del municipio, que enfrenta serios problemas financieros.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Necoclí, Johann Wachter, respaldó la preocupación del alcalde al señalar que la construcción del albergue requeriría una inversión aproximada de 2.000 millones de pesos, una cifra que el municipio no tiene disponible.

En la actualidad, alrededor de 350 migrantes se encuentran varados en las playas de Necoclí, esperando reunir el dinero necesario para continuar su travesía a través de la selva del Darién hacia Panamá. Los costos del trayecto, que incluyen pagos a coyotes y grupos armados, pueden alcanzar hasta 350 dólares por persona.

Wachter también calificó como una “falta de empatía” que la Defensoría, especialmente en un contexto donde no se ha encontrado una solución efectiva para la crisis migratoria, presentara una acción popular en contra del municipio y de la Gobernación de Antioquia, “solicitando que se realice un censo para individualizar a las madres cabezas de hogar con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad”.

Por su parte, Emigdio Pertuz, representante del Consejo Comunitario Cocomanorte, denunció que las decisiones tomadas han sido injustas para el municipio. “Hay mucha reunión, muchos papeles, muchos discursos, muchos documentos, pero no se invierte un peso y pregunta dónde está el Gobierno nacional”, señaló Pertuz, según Rionoticias, cuestionando la falta de apoyo efectivo por parte de las autoridades nacionales.

Además, el alcalde Cardona Moreno destacó que, aunque diversas organizaciones internacionales están brindando asistencia a los migrantes, la falta de coordinación entre estas entidades ha generado problemas en la atención humanitaria. La situación se complica aún más por la creciente presión sobre los recursos del municipio, que también debe enfrentar las necesidades de la población local.

En lo que va del 2024, aproximadamente 230.000 migrantes han cruzado la selva del Darién, según cifras de la Secretaría de Seguridad de Panamá. De estos, más del 60% son venezolanos. También se han identificado 14.659 migrantes colombianos, lo que representa el 6,3% del total de migrantes que han cruzado la selva este año. Los ecuatorianos, con 14.569 casos, y los chinos, con 12.067, siguen en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

La crisis migratoria en Necoclí no solo refleja los desafíos humanos y logísticos que enfrentan las autoridades locales, sino también la necesidad urgente de una coordinación más efectiva y de recursos adecuados para enfrentar una de las crisis migratorias más complejas de la región. Mientras se esperan las acciones de las autoridades para enfrentar la situación, la presión sobre el municipio de Necoclí continúa aumentando, dejando a muchos migrantes en una situación de incertidumbre y desamparo.