La medida permitirá que la dirigente encargada del país realice transacciones con empresas estadounidenses e incluso se reúna con el presidente Trump.

El gobierno de Donald Trump retiró el miércoles a Delcy Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, de su lista de sanciones, un paso más hacia la normalización de las relaciones con el país tras el asalto estadounidense a Caracas de enero, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro anunció en su sitio web que Rodríguez había sido eliminada de la lista de "nacionales especialmente designados", una base de datos de personas a las que Estados Unidos ha sancionado congelando los activos que puedan tener en Estados Unidos, prohibiéndoles la entrada y prohibiendo a los ciudadanos y residentes estadounidenses tratar con ellos.

Se trata de la primera medida para revertir las sanciones que Trump había impuesto a miembros del gobierno venezolano y del círculo íntimo de Maduro tras unas elecciones celebradas en 2018 que se consideraron ilegítimas porque Maduro había manipulado los resultados.

Rodríguez, otrora integrante del gobierno de Maduro, fue nombrada vicepresidenta poco después de que éste declaró la victoria en esas elecciones, y tanto ella como su hermano, Jorge, fueron incluidos en el aluvión de sanciones cuando autoridades estadounidenses los acusaron a ellos y a otras personas de socavar la democracia venezolana.

En la actualidad, Rodríguez está liberalizando rápidamente la economía y abriendo el país a la inversión estadounidense, pero ha dejado prácticamente intacto el gobierno represivo de Maduro y ha cedido poco control político en la nación autocrática. Trump la ha elogiado en repetidas ocasiones y no ha enviado ninguna señal de que apoyaría a la principal líder de la oposición, María Corina Machado, para un puesto de liderazgo ni respaldaría unas elecciones.

El secretario de Estado Marco Rubio se reunió con Machado el martes y dijo en Fox News que "tendrá que haber elecciones libres y justas en Venezuela, y ese momento tiene que llegar".

Trump y su gobierno no han tardado en negociar acuerdos para obtener un mayor acceso a las vastas reservas de petróleo, gas natural, minerales esenciales y oro de Venezuela, aunque bajo la amenaza de los buques de guerra estadounidenses que seguían flotando en las inmediaciones.

La eliminación de las sanciones le permitiría a Rodríguez realizar negocios con empresas estadounidenses sin la amenaza de represalias civiles o penales y viajar a Estados Unidos con fines diplomáticos y, en teoría, reunirse con Trump.

Rodríguez es, hasta ahora, el único miembro del gobierno venezolano a quien se le ha concedido una exención de sanciones tras el ataque estadounidense que capturó a Maduro. Otros miembros del gobierno venezolano, incluido su hermano Jorge, que ahora es presidente del poder legislativo de Venezuela, siguen en la lista de sanciones.

El Departamento de Estado anunció a principios de marzo que restablecía las relaciones diplomáticas con Venezuela y esta semana dijo que se reanudaban formalmente las operaciones en la embajada estadounidense en Caracas.

Edward Wong colaboró con la reportería.

Chris Cameron es un reportero del Times que cubre Washington y se centra en las noticias de último momento y el gobierno de Donald Trump.

Edward Wong colaboró con la reportería.

El presidente Donald Trump está moderando las ambiciones políticas de María Corina Machado, nobel de la paz, mientras estrecha los lazos con los enemigos de la dirigente en Venezuela.

La dirigente exiliada del movimiento por la democracia de Venezuela, María Corina Machado, recibió un cordial recibimiento en la Casa Blanca días después de que anunciara su decisión de regresar a su país.

Machado fue invitada a desayunar el viernes pasado con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio después de que solicitara una reunión para hablar de sus planes, según un funcionario estadounidense y otra persona informada sobre el encuentro. Los tres hablaron durante casi dos horas en un comedor privado situado junto al Despacho Oval, dijeron las dos personas.

Pero la afable bienvenida contrastó con un mensaje negativo que se transmitió durante el desayuno. Trump aconsejó a Machado, quien en enero le entregó su Premio Nobel de la Paz por capturar al líder autócrata de Venezuela, que no regresara a casa por el momento, dijeron las personas.

La recomendación se hizo eco de mensajes similares transmitidos por otros funcionarios del gobierno de Trump a la líder opositora venezolana en las últimas semanas, según varias personas familiarizadas con el asunto.

Trump dijo a Machado, de 58 años, que las condiciones de seguridad en Venezuela eran inestables y que estaba preocupado por su seguridad, dijeron estas personas, quienes, al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, solicitaron el anonimato para hablar de conversaciones privadas.

Machado declinó hacer comentarios para este artículo. El Departamento de Estado remitió las preguntas a la Casa Blanca, que confirmó la reunión pero se negó a hacer comentarios públicos.

La cortés recomendación de Trump distaba mucho de ser una orden, pero cristalizó los objetivos divergentes que persiguen la Casa Blanca y la principal alianza opositora de Venezuela, en un país trastocado por el repentino fin del gobierno de 13 años del presidente Nicolás Maduro.

En enero, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en la capital de Venezuela y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia, quienes están a la espera de juicio en Nueva York.

Tras la captura de Maduro, Trump ha dado prioridad a la estabilidad y a los acuerdos energéticos en Venezuela, y ha encontrado una aliada inesperada para defender sus intereses en Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y sustituta interina de Maduro.

El interés por la continuidad en Venezuela ha creado un desacuerdo cada vez más grande entre la Casa Blanca y Machado, la política más popular de Venezuela, quien, desde el exilio, ha visto cómo se erosionaba su capital político en un momento decisivo para el futuro de su país.

Personas próximas a la Casa Blanca afirman que el interés de Trump por mantener la estabilidad de Venezuela y el flujo de petróleo del país ha ido en aumento desde el ataque estadounidense a Irán, que sumió a los mercados energéticos mundiales en la confusión.

"Tenemos una gran situación allí, con una maravillosa presidenta, una maravillosa presidenta electa, Delcy. Y ella está haciendo un gran trabajo, y todos ellos están haciendo un buen trabajo", dijo Trump en un evento en la Casa Blanca la semana pasada. "Ya sacamos cientos de millones de barriles de petróleo", añadió Trump, exagerando la magnitud del comercio de petróleo de Venezuela con Estados Unidos.

Días después, el Departamento de Estado presentó un documento ante un tribunal estadounidense en el que reconocía a Rodríguez, quien nunca ha ocupado un cargo electo, como gobernante del país.

El estrechamiento de los lazos de Trump con Rodríguez, arquitecta económica de Maduro durante muchos años, no le ha impedido elogiar a Machado para recabar apoyo entre la diáspora venezolana en el sur de Florida, donde la líder opositora es sumamente popular. El sábado, por ejemplo, Trump llamó a Machado y la puso en altavoz durante una cena con funcionarios republicanos locales en su club de golf del suburbio miamense de Doral, el corazón de la comunidad venezolanoestadounidense de Florida.

Machado, opositora desde hace mucho tiempo del Partido Socialista que gobierna Venezuela, dirigió una campaña electoral de base en 2024 que derrotó a Maduro en las urnas y le valió el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, la junta electoral del país anunció resultados fraudulentos y declaró vencedor a Maduro. Una oleada de represión siguió a la votación y obligó a Machado a esconderse dentro de Venezuela. Continuó haciendo campaña por la democracia mientras estaba escondida.

En diciembre, cuando el gobierno de Trump ultimaba los planes para capturar a Maduro, Machado decidió abandonar Venezuela para ir por el Premio Nobel. Su viaje arriesgado y clandestino de Venezuela a Noruega fascinó a sus partidarios, aumentó su fama mundial y cimentó su reputación de valentía.

Pero la decisión de exiliarse conllevó costos políticos que se han hecho patentes después de que Trump se decidiera a trabajar con los restos del gobierno de Maduro en lugar de dar prioridad a las elecciones, que según las encuestas actuales Machado ganaría con un margen amplio.

Machado dijo el mes pasado que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse el año que viene. Pero Rubio y el gobierno de Rodríguez están discutiendo un plazo más largo, con la posibilidad de que la votación tenga lugar en la segunda mitad de 2027, según personas cercanas al gobierno venezolano. Estas personas dijeron que Rubio ha dejado claro que Washington necesita ver a un presidente elegido democráticamente en Venezuela antes de que Trump deje el cargo a principios de 2029.

Machado ha tratado de desempeñar un papel más importante en los planes de Washington congraciándose con Trump, y eso incluyó el extraordinario gesto de entregarle su Premio Nobel en la Casa Blanca en enero, una medida que desconcertó a los organizadores del premio. Sin embargo, hasta ahora los halagos han reportado beneficios limitados.

En los meses anteriores a la captura de Maduro, varios funcionarios de la Casa Blanca se sintieron cada vez más frustrados por las evaluaciones inexactas del equipo de Machado de las fracturas dentro del gobierno venezolano. A algunos funcionarios, y a personas cercanas a Trump, tampoco les gustaba su agenda política que no hacía concesiones y que descartaba cualquier negociación con el movimiento político de Maduro, conocido como chavismo, según personas familiarizadas con el asunto.

Cuando Trump decidió resaltar el impacto de la operación militar en Venezuela durante su discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado, optó por invitar a Enrique Márquez, un político centrista venezolano que había sido liberado de una prisión de Caracas tras la caída de Maduro. No invitó a Machado, dijeron las personas familiarizadas con el asunto.

Machado recibió varias invitaciones para el discurso de miembros del Congreso, pero decidió no aceptar porque la oferta no procedía directamente del presidente, dijeron las personas.

La decisión de Trump de destacar a Márquez forma parte de un esfuerzo más amplio de algunos miembros de su gobierno por extender su compromiso con la oposición venezolana más allá de Machado, dijeron las personas informadas.

Machado obtuvo el 93 por ciento de los votos en las últimas elecciones primarias celebradas por la oposición venezolana en 2023. Pero su inflexible agenda también ha alienado a la mayoría de las élites políticas, económicas y militares de Venezuela, un factor que resultó decisivo para que el gobierno de Trump decidiera elegir a Rodríguez en lugar de a ella para dirigir la transición.

"A la gente le gusta decir 'la oposición'; la oposición es muy diversa", dijo Rubio refiriéndose a Venezuela en una comparecencia ante el Senado en enero, semanas después de la caída de Maduro. "Hay miembros de la oposición que una vez formaron parte del chavismo y se volvieron contra él. Hay miembros de la oposición que nunca han sido chavistas, como María Corina Machado, y han sido muy contundentes contra él".

"Ese amplio sector tiene que estar representado", añadió Rubio.

Algunos miembros del equipo de Machado han utilizado durante mucho tiempo su abrumadora victoria en las primarias para desacreditar a los políticos de la oposición ajenos a su movimiento, y los acusan de vendidos.

La aparición de Márquez en Washington el mes pasado provocó una respuesta similar.

Días después del discurso sobre el Estado de la Unión, una de las asesoras más cercanas a Machado, Magalli Meda, publicó una viñeta política en la que aparecía una Machado desamparada en segundo plano, mientras Trump invocaba una imagen de Márquez con una varita sacada del sombrero de un mago.

La publicación desconcertó a algunos funcionarios del gobierno de Trump.

El 1 de marzo, Machado anunció su intención de regresar a Venezuela para liderar una "nueva y gigantesca victoria electoral".

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela", dijo Machado en un mensaje de video publicado en las redes sociales. "Quiero hacerlo como también lo desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero".

No está claro cuándo piensa viajar ni si la reunión con Trump ha afectado a sus planes.

El martes, Machado llegó a Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de derecha del país, José Antonio Kast, quien hizo campaña con la promesa de expulsar a los migrantes venezolanos del país.

Patricia Mazzei colaboró con reportería desde Miami y Robert Jimison desde Washington.

Anatoly Kurmanaev cubre Venezuela y su gobierno interino.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Patricia Mazzei colaboró con reportería desde Miami y Robert Jimison desde Washington.

El magnate está detenido en Venezuela a petición de Estados Unidos. Su caso pone a prueba la influencia del presidente Trump sobre los nuevos gobernantes del país.

Estados Unidos está negociando la extradición de un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

Fiscales estadounidenses en Miami presentaron una acusación sellada contra el empresario y exfuncionario de gobierno, Alex Saab, por cargos de corrupción en enero, poco después de que las Fuerzas Especiales estadounidenses capturaran a Maduro en una dramática redada en la capital de Venezuela, Caracas, dijeron algunas de estas personas. Al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El gobierno de Venezuela, a petición de Washington, detuvo a Saab a principios de febrero. La medida demostró el nivel de influencia del gobierno de Donald Trump sobre la nueva dirigente del país, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. También puso de relieve el rápido cambio de poder en Venezuela tras la caída de su líder de muchos años.

Saab, de 54 años, es un amigo de Maduro al que los fiscales estadounidenses llevan años acusando de enriquecerse mediante lucrativos contratos gubernamentales. También dicen que controla parte de los fondos de Maduro.

Las personas familiarizadas con el caso de Saab dijeron que las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos sobre su extradición estaban en una fase avanzada, pero añadieron que no se había tomado ninguna decisión definitiva sobre su envío a Estados Unidos.

Los abogados de Saab en Venezuela declinaron hacer comentarios. Los diplomáticos estadounidenses en Venezuela dirigieron sus preguntas al Departamento de Estado en Washington, que no hizo comentarios de inmediato. El Departamento de Justicia estadounidense y el Ministerio para la Comunicación de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Si procede la extradición, Saab podría acabar en una prisión estadounidense por segunda vez.

En 2021, Saab fue detenido a petición del gobierno estadounidense en Cabo Verde, en África Occidental, mientras viajaba por negocios a Irán, un estrecho aliado del gobierno de Maduro. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó casi dos años tras las rejas acusado de lavado de dinero antes de ser indultado por el gobierno de Joe Biden. Saab negó haber cometido delito alguno.

Fue devuelto a Venezuela en 2023 en un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses, y fue recibido como un héroe por Maduro.

Un medio venezolano de noticias de investigación, Armando.info, informó que entre 2013 y 2020 Saab obtuvo contratos por valor de más de 10.000 millones de dólares a través de una red de empresas registradas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Dos personas cercanas a la familia de Maduro dijeron que creían que Estados Unidos había reanudado su persecución de Saab en los últimos meses para reforzar la causa penal contra el expresidente venezolano, quien será juzgado en un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Pero otras personas familiarizadas con el caso de Saab han restado importancia a la conexión entre ambas causas judiciales. Dijeron que la persecución de Saab por parte del gobierno de Trump obedece en parte al deseo de infligir un daño político a los demócratas, ya que el empresario fue indultado por Biden, un presidente demócrata.

Saab nació en Colombia, se trasladó a Venezuela durante el mandato de Maduro y es ciudadano de ambos países, un hecho que podría complicar su extradición, dijeron algunas de esas personas. La Constitución de Venezuela prohíbe explícitamente la extradición de ciudadanos, aunque algunos expertos jurídicos han argumentado que una disposición de un tratado de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría permitir excepciones.

Saab utilizó su pasaporte diplomático venezolano como defensa legal durante su anterior causa penal en Estados Unidos, con el argumento de que le otorgaba inmunidad. Los fiscales estadounidenses alegaron entonces que Saab había obtenido su pasaporte venezolano de forma ilegal.

Rodríguez, la nueva dirigente de Venezuela, trabajó con Saab en el pasado, e incluso ayudó a dirigir los esfuerzos del país para resistir las sanciones estadounidenses en medio de los esfuerzos de Trump por derrocar a Maduro durante su primer mandato. Según personas próximas al gobierno de Venezuela, Rodríguez ayudó a Saab a conseguir barcos para importar alimentos.

Sin embargo, el ascenso político de Rodríguez en los años siguientes acabó provocando enfrentamientos con Saab, quien siguió obteniendo contratos para exportar petróleo venezolano por orden de Maduro tras regresar a Venezuela en 2023, según personas cercanas al gobierno y datos internos de la compañía petrolera estatal venezolana.

Estas tensiones se intensificaron hasta llegar a una ruptura tras la caída de Maduro. A petición de Rodríguez, la Marina estadounidense interceptó varios petroleros vinculados a Saab que salieron de puerto sin permiso del gobierno horas después de la captura de Maduro.

En ese momento, Saab denunció como falso el informe de The New York Times sobre sus vínculos con los petroleros.

Dos semanas después de la captura de Maduro, Rodríguez destituyó a Saab de su cargo de ministro de Industrias y empezó a marginar a sus aliados. Más recientemente, despidió a la esposa de Saab, Camilla Fabri, una exmodelo italiana, de su puesto en el gobierno.

Jonah E. Bromwich y Patricia Mazzei colaboraron con reportería.

Anatoly Kurmanaev cubre Venezuela y su gobierno interino.

Annie Correal es corresponsal en América Latina para el Times.

Jonah E. Bromwich y Patricia Mazzei colaboraron con reportería.

El gobierno de Trump busca controlar las reservas de tierras raras, oro y minerales valiosos de Venezuela. Pero los yacimientos se encuentran en regiones selváticas y controlados por violentas redes criminales.

Acompañado por un par de decenas de representantes de empresas mineras y otras compañías estadounidenses, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, abogó por un mayor acceso de Estados Unidos a las reservas venezolanas de minerales esenciales y oro durante una visita a la capital del país el miércoles y el jueves.

La visita de Burgum fue la última reunión entre un alto funcionario estadounidense y el nuevo gobierno interino de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, con el objetivo de abrir la economía del país sudamericano a los inversionistas estadounidenses. Entre los visitantes previos se encontraban el secretario de Energía Chris Wright; el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el director de la CIA, William Burns.

El miércoles, Rodríguez se comprometió a trabajar a la "velocidad de Trump" para acelerar el acceso de Estados Unidos a los minerales venezolanos. Prometió presentar en los próximos días a los legisladores nacionales una nueva medida minera que permitiría a las empresas extranjeras extraer oro, diamantes y tierras raras. No ofreció más detalles sobre la posible propuesta.

La visita de Burgum coincidió con el anuncio del Departamento de Estado de que Estados Unidos y Venezuela estaban restableciendo "relaciones diplomáticas y consulares". Un funcionario de la Casa Blanca también reveló un acuerdo mediado por Estados Unidos, que no se anunció públicamente, entre la empresa minera estatal de Venezuela y Trafigura, un gigante de las materias primas con sede en Singapur, para la venta de hasta 1000 kilogramos de oro, cuyo valor supera con creces los 100 millones de dólares.

El funcionario, que habló con la condición de mantener su anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente el acuerdo, dijo que el acuerdo formaba parte de un esfuerzo del gobierno por restaurar el sector minero de Venezuela y aumentar la inversión en él. Funcionarios de Trafigura no respondieron a una solicitud de comentarios.

"En los dos últimos meses ha habido más cosas positivas que en los últimos 20 años", dijo Burgum sobre la economía de Venezuela al hablar con los periodistas el jueves.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump ha esencialmente tomado el control de la moribunda industria petrolera venezolana con la esperanza de revertir años de declive de la producción.

Un esfuerzo similar centrado en el debilitado sector minero de Venezuela, que también fue nacionalizado en gran medida por el partido socialista gobernante, podría resultar más difícil. Gran parte de los inmensos yacimientos de oro, bauxita, wolframio y otros minerales de Venezuela permanece sin explotar y se encuentra en regiones selváticas del sur, que incluyen tierras protegidas.

Los legisladores venezolanos tendrían que introducir cambios normativos para atraer la inversión extranjera, lo que también podría provocar reacciones violentas en un país al que durante décadas se le ha dicho que Estados Unidos era el enemigo.

Pero quizá el mayor obstáculo para la reactivación del sector minero venezolano sea el dominio que ejercen las operaciones mineras ilegales en su territorio. Incrustadas en lo más profundo de la selva venezolana, violentas redes criminales han construido asentamientos sin ley que extraen metales preciosos de la tierra, dejando lugares de trabajo contaminados.

En medio de la prolongada caída de la industria petrolera venezolana, el gobierno de Maduro impulsó la extracción de oro como medio para generar más ingresos, a menudo ignorando los efectos medioambientales, según grupos de vigilancia. Las operaciones mineras ilegales en Venezuela también han contribuido a la deforestación desenfrenada, así como al envenenamiento de ríos y al desplazamiento de indígenas, según han dicho esos grupos.

Según un informe del Departamento de Estado al Congreso, las fuentes calculan que el valor del oro extraído en Venezuela alcanzó un promedio anual de 2200 millones de dólares en los últimos cinco años. Ese dinero ayudó a mantener el gobierno de Maduro, pero se obtuvo a costa de la destrucción de más de 2500 kilómetros cuadrados de tierras forestales.

"Esto es mucho más complejo que el petróleo, con diferencia", dijo Luisa Palacios, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y expresidenta del consejo de administración de Citgo, propiedad de la petrolera estatal venezolana.

Dijo que Venezuela era un productor regional relativamente grande de minerales como aluminio, oro, bauxita y hierro, pero que la industria minera sufrió un "colapso total" a lo largo de los años después de que el gobierno venezolano expropiara empresas.

La bauxita, que Estados Unidos incluye en su lista de minerales críticos, se transforma en aluminio. Los expertos también creen que Venezuela tiene yacimientos de coltán, que se utiliza para fabricar condensadores para aparatos electrónicos como computadoras portátiles y celulares.

Palacios dijo que era optimista respecto al resurgimiento del sector minero de Venezuela, pero advirtió que, para revitalizar la producción, se requerirían importantes inversiones y, muy probablemente, nuevas leyes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, así como las prácticas medioambientales.

"Toda mejora de la gobernanza en torno a la producción minera es bienvenida", dijo. Pero "no sé cómo va a hacerlo el gobierno de Trump", aseveró.

Trump ha hecho de la caza mundial de minerales críticos una prioridad, cerrando acuerdos con Ucrania y Australia para acceder a sus recursos y persiguiendo a Groenlandia, rica en recursos naturales. Estados Unidos también ha estado tomando participaciones en empresas estadounidenses de tierras raras como forma de competir más eficazmente con China, que extrae el 70 por ciento de las tierras raras del mundo.

Elisabeth Braw, miembro del Atlantic Council, una organización de investigación con sede en Washington, dijo que el acuerdo sobre el oro en el que estaba implicada Venezuela planteaba una serie de preguntas, como qué tipo de seguridad se proporcionaría a las empresas involucradas.

"Sí, Estados Unidos ha detenido a Maduro, pero Venezuela aún no es una economía de mercado que funcione perfectamente", dijo Braw, y añadió: "Las empresas occidentales que hagan negocios allí querrán algún tipo de seguridad".

El impulso a la minería también acerca a Washington a un gobierno que, aparte de la destitución de Maduro, en gran medida no ha cambiado respecto al que está ampliamente acusado de abusos contra los derechos humanos, vastas tramas de corrupción, narcotráfico y fraude electoral. Maduro, a la espera de juicio en Nueva York, ha negado las acusaciones contra su gobierno.

En uno de los pocos indicios de la incómoda asociación entre Estados Unidos y Venezuela, Rodríguez estuvo acompañada el miércoles por su ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien tiene una recompensa de 25 millones de dólares estadounidenses por su cabeza tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico (que él niega).

El hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Legislativa del país, impulsó una amplia reforma de la industria petrolera menos de un mes después de la destitución de Maduro. La nueva ley revierte de hecho la nacionalización de la industria petrolera venezolana de 2007, que llevó a gigantes petroleros estadounidenses como Exxon Mobil y ConocoPhillips a abandonar su búsqueda de las reservas del país, que figuran entre las mayores del mundo.

Burgum dijo que había cenado con los hermanos Rodríguez el miércoles por la noche, y se refirió repetidamente a ellos como los que dirigen el país. Desvió una pregunta sobre Cabello, a quien se ha descrito como el ejecutor del gobierno.

El gobierno de Trump afirma que ha recaudado más de 1000 millones de dólares en ventas de petróleo a medida que Venezuela ha aumentado su producción en los últimos dos meses, y que varios cientos de millones de dólares han vuelto a acabar en las arcas venezolanas. Estados Unidos también ha presionado a Venezuela para que ponga fin a los envíos de petróleo a Cuba.

Max Bearak es reportero del Times en Bogotá, Colombia.

Lisa Friedman es una reportera del Times que escribe sobre el modo en que los gobiernos abordan el cambio climático y los efectos de esas políticas en las comunidades.

El secretario del Interior, Doug Burgum, visita esta semana el país sudamericano donde mostrará el interés del gobierno de Donald Trump por aumentar la producción.

El secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, viajó el miércoles a Venezuela como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para impulsar la producción de petróleo y ampliar las inversiones estadounidenses en ese país.

Burgum, quien dirige el Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, se reunirá con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, según confirmó la Casa Blanca.

También se reunirá con empresas petroleras, gaseras y mineras estadounidenses y venezolanas, "y trabajará por un sector minero legítimo" en el país, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Se espera que Burgum anuncie el jueves un acuerdo relacionado con los minerales de tierras raras, confirmó Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca. Se negó a dar más detalles.

En enero, las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente Trump prometió abrir la industria petrolera de Venezuela a las empresas estadounidenses.

Venezuela posee alrededor del 17 por ciento de las reservas de petróleo conocidas del mundo, más de 300.000 millones de barriles, un total mayor que el de cualquier otro país. Pero su producción es solo de alrededor del 1 por ciento del total mundial.

Esto se debe en parte a décadas de inversiones insuficientes, mala gestión y sanciones estadounidenses, y en parte a que el petróleo venezolano, similar al alquitrán, es difícil y caro de refinar.

El gobierno ha instado a las petroleras estadounidenses a gastar unos 100.000 millones de dólares para reconstruir la capacidad de producción y refinación de Venezuela.

Lisa Friedman es una reportera del Times que escribe sobre el modo en que los gobiernos abordan el cambio climático y los efectos de esas políticas en las comunidades.

Los legisladores venezolanos aprobaron el jueves una amplia ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos, en una medida que quizá sea el indicio más claro hasta ahora de que el gobierno interino, bajo la presión de Estados Unidos, está actuando para aliviar algunas de las tácticas más represivas del régimen.

Pero algunos expertos y activistas en favor de los presos políticos afirman que el proyecto de amnistía, aunque necesario desde hace tiempo, deja fuera a muchas personas detenidas por el Estado y depende de un sistema judicial cuestionado para su implementación. Incluso algunos partidarios de la ley la han calificado de imperfecta.

La ley se aplica a los años en el poder del gobierno a cargo, a partir de 1999, el primer año en el cargo del expresidente Hugo Chávez, un líder carismático y autoritario que se autodenominaba socialista y que instauró el régimen actual antes de su muerte en 2013.

Sin embargo, la ley de amnistía se extiende solo a los presos que fueron detenidos en un número determinado de protestas. Los críticos de la propuesta también señalan que los presos que se enfrentan a algunos de los cargos más graves, como los acusados de acciones violentas y armadas, no estarían amparados bajo ella. Según los grupos de derechos, este tipo de acusaciones por lo general se aplicaban de forma arbitraria y a menudo se basaban en pruebas inventadas.

La aprobación de la ley se produce mientras Estados Unidos presiona a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, para que oriente la economía del país hacia los intereses estadounidenses y lleve a cabo cambios democráticos tras un cuarto de siglo de gobierno cada vez más autoritario.

Durante ese periodo, miles de venezolanos y extranjeros han sido detenidos, muchos de ellos por cargos inventados, según grupos de derechos humanos, y normalmente por oponerse al gobierno. La medida pasó a Rodríguez, quien se esperaba que la promulgara.

"Lo digo como presidenta encargada chavista", dijo Rodríguez el jueves en una ceremonia en el palacio presidencial, donde promulgó la ley que la legislatura nacional aprobó más temprano ese mismo día. "Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía".

También pidió públicamente al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que revisara los casos excluidos de la ley de amnistía, una medida digna de mención en medio de las tensiones entre su ala pragmática del gobierno gobernante y la facción de línea dura de él.

Los grupos de derechos estiman que entre 600 y 900 presos políticos siguen encarcelados en el país esta semana, entre ellos políticos de la oposición, periodistas y otras personas. Los grupos han documentado torturas y abusos en las prisiones de Venezuela, y decenas de presos políticos han muerto en confinamiento o han desaparecido.

Además de la preocupación por las exclusiones insertadas en la legislación sobre la amnistía, también existe el temor generalizado de que el gobierno no cumpla plenamente la nueva ley. El gobierno se mantiene prácticamente sin cambios después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el 3 de enero y encarcelado en Nueva York.

Rodríguez debe afrontar ahora un creciente escrutinio en su país y desde Washington. En una publicación en las redes sociales la semana pasada, el presidente Trump calificó de "extraordinarias" las relaciones con Venezuela, y Rodríguez dijo en la NBC que había sido invitada a la Casa Blanca.

La semana pasada, estudiantes organizaron modestas marchas y concentraciones en toda Venezuela, exigiendo una amnistía general para todos los presos políticos y denunciando que la medida se quedaba corta. Y el jueves, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron en un comunicado la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Funcionarios estadounidenses y venezolanos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

¿Quién podría quedar en libertad con la nueva ley?

La nueva ley liberaría a los presos y borraría sus antecedentes penales. Se aplicaría a muchos de los cientos de personas encarceladas por motivos relacionados con su oposición al gobierno.

Pero la amnistía ofrecida tiene un alcance limitado.

La medida se aplica solo a quienes fueron detenidos en relación con una decena de "sucesos de violencia por motivos políticos" que se remontan a 1999. Estos sucesos fueron en su mayoría grandes protestas que en algunos casos duraron meses e incluyeron un golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002.

Lo más probable es que estas restricciones se traduzcan en que no todos los presos políticos queden en libertad, dijo Nicmer Evans, politólogo y crítico con el gobierno, quien estuvo recluido recientemente en El Helicoide.

Evans, quien calificó la ley de "injusta", dijo que podría excluir a los encarcelados por criticar al gobierno fuera de los periodos especificados en la ley. "Quedamos excluidos prácticamente todos los periodistas que hemos sido detenidos por nuestra opinión fuera de estos lapsos que están establecidos", dijo.

Los activistas también desconfían puesto que, según la ley, los liberados deben comparecer ante las autoridades judiciales, quienes "verificará los supuestos de la amnistía en cada caso" antes de conceder el indulto, lo que suscita la preocupación de que los tribunales, muy politizados, puedan tener demasiada discrecionalidad sobre el proceso.

Los activistas han pedido que una comisión independiente que incluya a organizaciones internacionales de derechos humanos supervise la aplicación de la ley.

¿Por qué ocurre esto ahora?

Rodríguez tiene que equilibrar las exigencias del gobierno de Trump y el arraigado sistema político del chavismo.

Ese sistema se ha mantenido a base de la represión y de unas elecciones empañadas por el fraude, según los expertos venezolanos. Se cree que Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, son algunos de los principales arquitectos y beneficiarios de ese sistema.

Aún así, desde la captura de Maduro, Rodríguez ha acogido la ley de amnistía y se ha comprometido a cerrar El Helicoide, la prisión a la que Trump parecía referirse cuando dijo que Venezuela se había comprometido a cerrar una "cámara de tortura". Más de 400 presos políticos han sido liberados desde la destitución de Maduro.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió recientemente perdón a los venezolanos por los crímenes cometidos por el Estado desde la llegada de Chávez al poder. "Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también", dijo, mostrando una fotografía de Chávez agarrado a un crucifijo.

¿Venezuela se está volviendo menos represiva?

Desde la captura de Maduro, han surgido indicios de que la represión en el país podría estar amainando. Y algunos venezolanos dicen que la ley de amnistía es una parte clave de ese proceso.

"La amnistía es un primer paso en la dirección correcta para Venezuela", dijo en las redes sociales el 7 de febrero Michael Penfold, profesor en Caracas de economía política y gobernanza.

Penfold, que ha sido crítico con el gobierno, se unió recientemente al nuevo Programa de Paz y Convivencia Democrática del gobierno interino, un plan nacional que pretende restablecer el diálogo político.

Pero muchos en Venezuela afirman que la ley de amnistía no va lo suficientemente lejos.

Delsa Solórzano, abogada y exlegisladora que pasó a la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024, marcadas por el fraude, dijo en una entrevista la semana pasada que el proyecto de ley no incluía la derogación de ciertas leyes que han "servido como instrumento real de persecución política", refiriéndose, entre otras, a una medida "contra el odio", que se ha utilizado para silenciar a los críticos.

La ley permite a quienes se encuentran fuera del país, muchos de ellos exiliados políticos, solicitar la amnistía a través de sus abogados. Pero excluye a quien haya promovido una acción armada desde el extranjero, una salvedad que se considera está dirigida a María Corina Machado, líder opositora exiliada que ha respaldado la intervención militar estadounidense.

Renzo Huamanchumo Castillo, estadounidense de origen peruano que estuvo recluido como preso político en otra prisión venezolana, Rodeo I, dijo esta semana que le preocupaba que el gobierno encontrara "excusas" para mantener a personas detenidas y continuar con sus prácticas anteriores.

Sin embargo, dijo, encontraba motivos para la esperanza, señalando las recientes protestas frente a las prisiones.

"Es el momento perfecto para que la gente salga y luche por su libertad", dijo. "Ya no están solos".

Sheyla Urdaneta y María Victoria Fermín colaboraron con reportería.

Max Bearak es reportero del Times en Bogotá, Colombia.

Annie Correal es una reportera del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Genevieve Glatsky es reportera del Times radicada en Bogotá.

Sheyla Urdaneta y María Victoria Fermín colaboraron con reportería.

Estados Unidos está intensificando su campaña de presión sobre el líder de Venezuela tras incautar un petrolero frente a la costa del país.

Estados Unidos emitió el jueves nuevas sanciones contra el sector petrolero de Venezuela y contra miembros de la familia del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que tomaba medidas para retener decenas de millones de dólares en petróleo de un gran buque que las fuerzas estadounidenses incautaron frente a la costa del país.

La economía de Venezuela depende del petróleo y ha resultado perjudicada por las sanciones estadounidenses, lo que ha llevado al gobierno de Maduro a contrabandear y vender crudo a través de una red de barcos petroleros e intermediarios. Las nuevas sanciones se dirigen contra tres sobrinos de la esposa de Maduro y seis compañías navieras.

Por otra parte, el gobierno de Donald Trump busca la autoridad legal para confiscar el petróleo del Skipper, un buque petrolero que las fuerzas estadounidenses abordaron y del que tomaron posesión el miércoles en aguas internacionales cerca de Venezuela, según Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. El petróleo procedía de una empresa estatal venezolana. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han obtenido una orden de incautación para el petrolero --al decir que en el pasado se había utilizado para el contrabando de petróleo iraní--, pero no para la carga que se encuentra actualmente a bordo.

"Existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo y se seguirá ese proceso legal", declaró Leavitt a los periodistas en la Casa Blanca el jueves.

Juntas, las sanciones y la incautación del Skipper representan un nuevo frente en la campaña del presidente Trump para desestabilizar el régimen de Maduro. Trump ha acusado a Maduro de dirigir un cártel "narcoterrorista" y ha autorizado una serie de ataques militares letales contra embarcaciones que, según ha afirmado sin presentar evidencias al público, transportan drogas. Muchos funcionarios y exfuncionarios de Washington afirman que la escalada militar en la región tiene como objetivo final el cambio de régimen.

Más tarde ese mismo día, Trump sugirió que la migración era uno de los factores que provocaron la incautación del petrolero, al decir que Venezuela había "permitido que millones de personas entraran en nuestro país".

Y reiteró advertencias anteriores sobre una escalada mayor.

"Va a empezar en tierra muy pronto", dijo sobre ataques en Venezuela.

Lo más probable es que las acciones del gobierno estadounidense de esta semana reduzcan el número de petroleros dispuestos a cargar petróleo en Venezuela, lo que aislará aún más a un país que depende en gran medida de los ingresos que recibe por la exportación del combustible fósil. Sin embargo, apenas hubo efectos inmediatos sobre los precios del petróleo, que se mantuvieron en torno a los 58 dólares por barril en Estados Unidos. El mercado se mantiene impasible porque Venezuela produce poco petróleo, menos del 1 por ciento del que utiliza el mundo.

El jueves aparecieron nuevos detalles sobre el petrolero incautado, incluida su tripulación, la cual procede principalmente de Rusia, según un funcionario estadounidense, quien no estaba autorizado a hablar públicamente. Las autoridades estadounidenses han pedido a la tripulación que navegue con el Skipper hasta Estados Unidos, pero tienen otra tripulación preparada por si fuera necesario, dijo el funcionario.

El petrolero tiene una capacidad de 2 millones de barriles. Se cargó casi a su máxima capacidad en un puerto venezolano hace aproximadamente un mes, según los datos recogidos por Kpler, una empresa que vigila el transporte marítimo mundial de petróleo. El valor del petróleo transportado por el Skipper ascendía a unos 78 millones de dólares, dijo Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Denver.

Es posible que el buque haya intentado recientemente ocultar su ubicación y disimular sus actividades, según un análisis de imágenes de satélite y fotografías realizado por el New York Times, lo que refleja el sombrío mundo del contrabando en el que se dice que opera.

El 6 de diciembre, el Skipper realizó una transferencia de barco a barco en mar abierto cerca de Curaçao, y descargó unos 50.000 barriles de petróleo en otro petrolero llamado Neptune 6, según Kpler, así como TankerTrackers.com, una empresa que presta servicios similares.

El Neptune 6 se dirige actualmente a Cuba, dijo Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de petróleo de Kpler.

El uso de fuerzas militares y policiales estadounidenses para incautar un petrolero extranjero en alta mar es inusual. Pero el Skipper había estado en el radar del gobierno estadounidense durante varios años, como parte de la denominada flota fantasma que se dedica al contrabando de petróleo en el mercado negro en todo el mundo. Tanto Venezuela como Irán han hecho un amplio uso de estos barcos para contrabandear petróleo y eludir las sanciones internacionales.

En los últimos años, el Skipper ha navegado por todo el mundo transportando petróleo tanto para Irán como para Venezuela, según los datos de seguimiento de buques de TankerTrackers.com y Kpler y el análisis del Times.

En 2022, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al Skipper, que entonces navegaba con otro nombre, por contrabando de petróleo iraní ilícito. Los fiscales estadounidenses han dicho que Irán utiliza las ganancias de la venta de petróleo para financiar el terrorismo. Esa designación le permitió a Estados Unidos embargar el buque el miércoles.

"El Departamento de Justicia solicitó y obtuvo la aprobación de una orden para incautar un buque porque se trata de un buque fantasma sancionado conocido por transportar petróleo sancionado en el mercado negro" para Irán, dijo Leavitt el jueves en la Casa Blanca.

A pesar de la base jurídica de la incautación en relación con Irán, los funcionarios estadounidenses han dejado claro que sus acciones estaban destinadas a presionar a Venezuela y que podrían incautar más petroleros que transporten petróleo venezolano en el futuro.

Entre las medidas del gobierno de Trump para presionar a Venezuela se encuentran las sanciones anunciadas el jueves.

Dos de los sobrinos de Maduro a quienes se impusieron sanciones fueron detenidos en Haití en 2015 cuando ultimaban un acuerdo para transportar un cargamento de cocaína a Estados Unidos. Los hombres, a los que el Departamento del Tesoro se refirió como "narcosobrinos", fueron condenados en 2016 por cargos de narcotráfico, pero el expresidente Joe Biden les concedió clemencia en 2022 y regresaron a Venezuela, donde, según el Departamento del Tesoro, continuaron traficando con drogas.

Las sanciones también afectaron a la economía de Venezuela al incluir en la lista negra a seis empresas navieras --Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited-- que tienen buques que transportan petróleo venezolano.

Los buques en cuestión fueron "bloqueados" por el Departamento del Tesoro, lo que les impide hacer negocios internacionales, aunque no estaba claro si Estados Unidos planeaba incautarlos.

Colaboraron con la reportería Simón Romero en Bogotá, Colombia; Christiaan Triebert y Rebecca F. Elliott en Nueva York, y Eric Schmitt y Chris Cameron en Washington.

Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.

Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre Irán y ha escrito sobre el conflicto en Medio Oriente durante 15 años.

Alan Rappeport es reportero en materia de política económica radicado en Washington. Cubre el Departamento del Tesoro estadounidense y escribe sobre impuestos, comercio y asuntos fiscales.

Colaboraron con la reportería Simon Romero desde Bogotá, Colombia; Christiaan Triebert y Rebecca F. Elliott desde Nueva York, y Eric Schmitt y Chris Cameron desde Washington.

Colaboraron con la reportería Simon Romero desde Bogotá, Colombia; Christiaan Triebert y Rebecca F. Elliott desde Nueva York, y Eric Schmitt y Chris Cameron desde Washington.

El barco ha transportado con frecuencia petróleo procedente de países sometidos a sanciones estadounidenses, y sus datos de seguimiento muestran viajes recientes a Irán y Venezuela.

El petrolero incautado el miércoles por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela podría haber intentado ocultar su ubicación al emitir datos de localización falsos, según un análisis de imágenes y fotografías por satélite realizado por el New York Times.

Las autoridades estadounidenses no dieron públicamente el nombre del buque, pero un funcionario dijo al Times que se trataba de un barco llamado Skipper. Aunque el transpondedor de localización de la embarcación indicaba que estaba anclado en el océano Atlántico, cerca de Guyana y Surinam, el Times descubrió que, desde finales de octubre hasta al menos el 4 de diciembre, en realidad se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, frente a Venezuela.

Una imagen de satélite captada el 18 de noviembre muestra al buque atracado en la terminal petrolera José del país, mientras que su transpondedor indicaba que se encontraba en otro lugar.

La ubicación del barco fue corroborada por una fotografía tomada desde tierra mientras cargaba petróleo. La imagen fue facilitada por TankerTrackers.com, una empresa que vigila el transporte mundial de petróleo.

En la imagen, el barco se encuentra más hundido en el agua, lo que sugiere que estaba lastrado tras haber tomado una importante cantidad de carga: unos 1,8 o 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankerTrackers.com.

El miércoles por la tarde, la fiscala general Pam Bondi publicó en las redes sociales un video de la supuesta operación de incautación. La grabación, que el Times no pudo verificar de forma independiente, muestra helicópteros sobrevolando el petrolero mientras personas armadas y camufladas bajan en rápel hasta la cubierta del barco.

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado con frecuencia petróleo procedente de países sometidos a sanciones estadounidenses. Los datos de seguimiento de la embarcación muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años.

"El Skipper ha transportado casi 13 millones de barriles de petróleo iraní y venezolano desde que se unió a la flota negra mundial de petroleros en 2021", dijo Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, en referencia a los buques que ocultan su verdadera ubicación. El barco entregó petróleo iraní a Siria en 2024, cuando estaba bajo el control de Bashar al Asad, lo que ayudó a su gobierno a prolongar una guerra civil, dijo Madani.

De febrero a julio de este año, el barco transportó casi dos millones de barriles de crudo de Irán a China.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusosanciones al barco en 2022, que en aquel entonces tenía otro nombre, y dijo que formaba parte de "una red internacional de contrabando de petróleo que facilitaba el comercio de crudo y generaba ingresos" para apoyar a las fuerzas de Hizbulá en Líbano, respaldadas por Irán, y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Christoph Koettl proporcionó un análisis adicional de imágenes satelitales.

Christiaan Triebert es periodista en el equipo de Investigaciones Visuales del Times, un grupo que combina reportería tradicional con análisis de evidencia visual para verificar y obtener datos de todo el mundo.

Riley Mellen es reportero del equipo de investigaciones visuales del Times, el cual combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado.

Christoph Koettl proporcionó un análisis adicional de imágenes satelitales.

La líder de la oposición venezolana dijo que tuvo el apoyo de Estados Unidos para llegar a Oslo, pero no podía dar más detalles por motivos de seguridad.

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, dijo que pudo salir del país con la ayuda de Estados Unidos después de pasar más de un año escondida.

"Tuvimos el apoyo del gobierno de Estados Unidos", declaró a la prensa en Oslo el jueves, horas después de llegar a Noruega para unirse a las celebraciones de su recibimiento del Premio Nobel de la Paz.

Machado se negó a revelar los detalles de su salida, y explicó que quería proteger a sus colaboradores. El gobierno de Donald Trump no ha comentado públicamente sobre la salida de Machado de Venezuela.

Aunque Noruega tiene una población venezolana mínima, la aparición de Machado en Oslo atrajo a un pequeño pero entusiasmado grupo de simpatizantes. Cuando salió alrededor de las 2:30 a. m. del jueves por el balcón del histórico Grand Hotel, la gente que estaba abajo prorrumpió en vítores, coreó "libertad" y "paz", y cantó el himno nacional venezolano.

Machado pasó a la clandestinidad poco después de las elecciones presidenciales del año pasado, en las que el candidato al que ella apoyaba obtuvo una victoria aplastante, según los observadores internacionales, a pesar de los esfuerzos concertados del gobierno para intimidar e inhabilitar a la oposición. El presidente Nicolás Maduro se proclamó vencedor y se aferró al poder reprimiendo a quien se le opusiera.

El jueves, Machado dijo que el gobierno venezolano no tuvo conocimiento de dónde se encontraba y habría intentado impedirle viajar a Noruega, donde el miércoles su hija aceptó el Premio de la Paz en su nombre.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó el miércoles, sin aportar pruebas, que el gobierno estaba al corriente de sus movimientos. Funcionarios venezolanos también habían dicho previamente que Machado sería considerada prófuga si abandonaba el país.

Machado reconoció que podría ser detenida si regresaba a Venezuela bajo el gobierno actual. Añadió que no estaba segura de cuándo podría regresar.

"Creo que el riesgo, aunque muy alto, valió la pena", dijo en referencia a su viaje. "Y, por supuesto, el riesgo de volver es quizá aún mayor".

Machado ha vuelto a entrar en la escena mundial en un momento en el que el presidente Trump ha intensificado drásticamente su presión sobre el gobierno venezolano, al que su gobierno ha acusado de inundar Estados Unidos de drogas y delincuentes, afirmaciones que los expertos han refutado. El miércoles, Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas del país sudamericano.

Machado no ha comentado directamente sobre la incautación, pero el jueves expresó repetidamente su apoyo a los esfuerzos de Washington por cortar las fuentes de financiación de Maduro.

"Creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar al punto en el que nos encontramos ahora, en el que el régimen está más débil que nunca", declaró a los periodistas.

Y añadió: "Es necesario aumentar el costo de permanecer en el poder y reducir el costo de abandonarlo. Solo cuando se haga eso, se derrumbará este régimen. Y hacia eso nos dirigimos ahora mismo".

Machado esquivó repetidamente las preguntas sobre las amenazas de Trump de iniciar una acción militar en Venezuela. Pero ha emulado el retrato que el gobierno de Trump hace del gobierno de Maduro, al calificarlo de cerebro criminal implicado en una amplia gama de actividades ilegales en asociación con los adversarios de Estados Unidos.

"Venezuela ya ha sido invadida", dijo en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, el jueves. "Tenemos a los agentes rusos, tenemos a los agentes iraníes, tenemos a grupos terroristas como Hizbulá, Hamás, que operan libremente de acuerdo con el régimen. Tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga".

Venezuela mantiene vínculos económicos y de seguridad con empresas iraníes, chinas y rusas, y vende la mayor parte de su petróleo a China, pero no ha habido pruebas concluyentes de que Hizbulá y Hamás estén presentes en Venezuela.

El mayor socio empresarial de Maduro es Chevron, el gigante energético estadounidense, que ha seguido exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a pesar de la escalada militar de Trump.

Los analistas dijeron que la decisión de Machado de salir de Venezuela la ha vuelto a situar como una figura clave en la escalada de tensiones entre Trump y Maduro. Sin embargo, señalan que Machado se enfrenta a una carrera contrarreloj, pues tiene el reto de convertir su prominencia internacional en un cambio político antes de que pierda apoyo dentro de Venezuela.

Otros líderes de la oposición venezolana que se han exiliado se han desvanecido rápidamente en un relativo olvido.

El gobierno de Trump ha presentado su campaña militar en el Caribe como una guerra contra los cárteles, que, según afirma, aterrorizan a Estados Unidos al causar una epidemia de muertes relacionadas con el narcotráfico. Ha calificado a Maduro de "narcoterrorista" y de jefe de dos organizaciones criminales.

"Creo que todo país tiene derecho a defenderse", dijo Machado, en referencia a la escalada militar estadounidense.

Venezuela no desempeña prácticamente ningún papel en la producción y el contrabando de fentanilo, sustancia responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos, y el país sudamericano es un actor relativamente menor en el comercio de cocaína.

Machado no habló de sus próximos movimientos políticos, y dijo que en un principio dedicaría tiempo a reencontrarse con sus tres hijos y su equipo, y a someterse a revisiones médicas.

"Anoche no pude dormir, pensando una y otra vez en el primer instante en que vi a mis hijos", dijo. "Durante muchas semanas he estado pensando en esa posibilidad, y a cuál de ellos abrazaría primero".

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia.

La medida se produce cuando Estados Unidos aumenta sus fuerzas en el Caribe como parte de una campaña de presión contra Nicolás Maduro, líder de Venezuela.

Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una dramática escalada en la campaña de presión del gobierno del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro, el líder de Venezuela.

Estados Unidos incautó el miércoles un petrolero frente a la costa de Venezuela, una dramática escalada en la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro, el líder de Venezuela.

Trump anunció la operación en la Casa Blanca, antes de un acto sobre un nuevo programa de visados de lujo, y dijo que se trataba de "un gran petrolero, muy grande", añadiendo que "están ocurriendo otras cosas."

Cuando le preguntaron por el petróleo del barco, Trump dijo: "Bueno, nos lo quedamos, supongo". Se negó a decir a quién pertenecía el buque petrolero. "Fue incautado por una muy buena razón", añadió.

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para describir la operación, dijeron que el barco transportaba petróleo venezolano. Dijeron que no hubo resistencia por parte de la tripulación ni bajas.

La operación fue la más reciente táctica de un esfuerzo militar en expansión para exprimir a Venezuela y presionar a Maduro, a quien Trump ha etiquetado como jefe de una organización terrorista. Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado más de 22 ataques conocidos contra barcos en la región, en los que han muerto más de 80 personas. El gobierno de Trump insiste, sin aportar pruebas, en que los barcos trafican con drogas. Los expertos jurídicos afirman que los ataques pueden violar el derecho internacional.

El miércoles por la noche, la fiscala general Pam Bondi publicó en las redes sociales un video en el que se veía a fuerzas armadas estadounidenses descendiendo en rápel desde un helicóptero a la cubierta del petrolero. El video no pudo verificarse de forma independiente.

Bondi dijo que en la operación participaron el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con el apoyo del Pentágono. Dijo que el petrolero se había utilizado para transportar "petróleo sancionado" procedente de Venezuela e Irán.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban incautaciones adicionales en las próximas semanas como parte de los esfuerzos para debilitar al gobierno de Maduro socavando su mercado petrolero.

Uno de los funcionarios identificó el petrolero como una embarcación llamada Skipper, y dijo que transportaba petróleo venezolano de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal conocida como PDVSA. El funcionario dijo que el barco había estado vinculado anteriormente al contrabando de petróleo iraní, un mercado negro mundial que el Departamento de Justicia lleva años investigando. El buque navegaba con la bandera de otra nación latinoamericana en la que no estaba registrado, dijo el funcionario, y su destino final era Asia.

Un juez federal emitió una orden de incautación hace aproximadamente dos semanas debido a las actividades previas del barco en el contrabando de petróleo iraní, no por sus vínculos con el gobierno de Maduro, dijo el funcionario. Los fiscales han dicho que Irán utiliza el dinero generado por las ventas de petróleo para financiar a su ejército y al Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, que Estados Unidos ha designado entidad terrorista.

No estaba claro si la orden judicial se refería al barco, al petróleo o a ambos, ni a quién pertenecería todo lo incautado que no estuviera cubierto por la orden. La orden y sus detalles están sellados. La Casa Blanca no respondió inmediatamente cuando se le preguntó si Estados Unidos tenía autoridad legal para quedarse con el petróleo.

El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. La Armada, la Guardia Costera, el Mando Sur y el Pentágono declinaron hablar del episodio, remitiendo las preguntas a la Casa Blanca.

Venezuela depende del petróleo de manera excepcional, lo que hace que este tipo de incautaciones sean potencialmente perjudiciales para la frágil economía del país. El petróleo representa la mayor parte de los ingresos por exportaciones de la nación. A su vez, el gobierno de Venezuela gasta gran parte de los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo en importar artículos de primera necesidad, como alimentos y medicinas.

Aunque se cree que Venezuela tiene colosales reservas de petróleo sin explotar, el país produce mucho menos petróleo que a principios de siglo, después de que la mala gestión, las sanciones estadounidenses y la corrupción en PDVSA mermaran la producción.

Estados Unidos fue durante mucho tiempo el mayor comprador de petróleo de Venezuela, pero las tensiones políticas han erosionado esos lazos. China compra ahora aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela.

Pequeñas cantidades de petróleo venezolano se exportan a Estados Unidos, a menudo a refinerías de la costa del Golfo, y a Cuba, donde los dirigentes comunistas de la isla dependen desde hace tiempo de estos cargamentos para dar una apariencia de estabilidad económica.

En los meses recientes, Trump ha ordenado un enorme aumento de las fuerzas estadounidenses en la región, con más de 15.000 soldados y una decena de barcos en el Caribe, incluido el portaaviones Gerald R. Ford. Trump ha autorizado acciones encubiertas contra Venezuela y ha advertido que Estados Unidos podría "muy pronto" ampliar sus ataques desde barcos frente a la costa venezolana a objetivos dentro del país. Pero Trump también ha hablado recientemente por teléfono con Maduro sobre una posible reunión. El presidente dijo el miércoles que no había hablado con Maduro desde su última conversación.

El gobierno estadounidense ha desarrollado una serie de opciones para emprender acciones militares en el país, entre ellas atacar a Maduro y hacerse con el control de los campos petrolíferos del país. El presidente ha expresado repetidamente sus reservas sobre una operación para desalojar a Maduro del poder, según sus asistentes, en parte por el temor a que la operación pudiera fracasar. Trump no se ha apresurado a tomar una decisión, aunque ha mostrado especial interés en extraer parte del valor del petróleo de Venezuela para Estados Unidos.

La operación del petrolero se produjo el mismo día en que se concedió formalmente el Premio Nobel de la Paz a una disidente venezolana, María Corina Machado. No estuvo en la ceremonia del miércoles en Oslo, donde su hija recibió el premio en su nombre, pero el comité del Premio Nobel de la Paz dijo que había salido de Venezuela y viajaba a Oslo.

Colaboraron con la reportería Simon Romero y Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia; Charlie Savage desde Washington; Anushka Patil y Christiaan Triebert desde Nueva York; y Carol Rosenberg desde Miami.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.

Colaboraron con la reportería Simon Romero y Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia; Charlie Savage desde Washington; Anushka Patil y Christiaan Triebert desde Nueva York; y Carol Rosenberg desde Miami.

La intención de la líder de la oposición venezolana de ir a Noruega suscitó interrogantes sobre su futuro, ya que regresar a Venezuela la expondría al riesgo de ser detenida.

María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz de este año, dijo el miércoles que iba camino a Oslo luego de no presentarse en la ceremonia para recibirlo. Su viaje, según dijo a un miembro del comité del Nobel, requería que algunas personas arriesgaran sus vidas para garantizarle un trayecto seguro.

La salida de Machado de su escondite en Venezuela y el peligro que entraña su partida clandestina del país ante las amenazas del gobierno de detenerla representan una nueva y peligrosa fase de la crisis que asola al país. La selección de Machado para el premio de la paz ya estuvo rodeada de polémica porque ha sido una partidaria entusiasta del uso de la fuerza militar estadounidense para destituir a Nicolás Maduro, el presidente autoritario de Venezuela.

"En cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a los que no veo desde hace dos años", dijo Machado a Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité del Nobel, según un fragmento de audio de una llamada telefónica difundido por los organizadores del premio.

La intención de Machado de ir a Noruega suscitó inmediatamente interrogantes sobre su futuro, ya que regresar a Venezuela la expondría al riesgo de ser detenida.

La hija de Machado, Ana Corina Sosa, aceptó el premio en nombre de su madre en Oslo, la capital noruega. El Instituto Nobel Noruego había concedido el premio a Machado en octubre por su contribución al avance de la democracia en Venezuela.

La confusión en torno al paradero de Machado hizo que la ceremonia del Nobel de este año en Oslo fuera la más impredecible de los años recientes.

Se cree que Machado vive oculta en Venezuela desde que el gobierno venezolano emprendió una campaña de represión contra líderes de la oposición y manifestantes indignados por la medida de Maduro de declararse, fraudulentamente, vencedor de las elecciones presidenciales del año pasado.

Maduro afirmó haber ganado la contienda a pesar de que el conteo de los votos, confirmado por organizaciones de observación independientes, mostraba que había perdido por un amplio margen frente a Edmundo González, quien se postuló en lugar de Machado después de que a esta se le prohibiera participar en las elecciones.

El gobierno de Venezuela ha dicho que Machado sería considerada prófuga si saliera del país, lo que pone al descubierto los riesgos que entraña viajar a Noruega para recibir el premio. No está claro si las autoridades venezolanas permitirían a Machado regresar sin ser detenida.

Un aire de suspenso teatral en torno al paradero de Machado surgió después de que Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, que ayuda a seleccionar a la persona galardonada, dijera durante el fin de semana que Machado había confirmado que estaría en la capital para el acto.

Machado, de 58 años, es una exlegisladora que saltó a la fama internacional por unir a gran parte de la oposición venezolana contra Maduro. Es parte de una acaudalada familia venezolana propietaria de una de las siderúrgicas más grandes del país, que ha sido parcialmente expropiada por el gobierno de Venezuela.

A principios de la década de 2000 se convirtió en activista política y fundó Súmate, un grupo de defensa de los derechos de los votantes que lideró un intento fallido de revocar a Hugo Chávez, expresidente y fundador del movimiento socialista moderno de Venezuela.

En 2010, Machado fue elegida diputada de la Asamblea Nacional. Aunque contaba con un importante apoyo público, no pudo desbancar a los dirigentes políticos de izquierda de Venezuela mediante elecciones. En 2014, fue despojada de su escaño.

En 2023, Machado ganó unas elecciones primarias de la oposición, pero las autoridades venezolanas le impidieron postularse a las elecciones presidenciales de 2024. Fue entonces cuando optó por la estrategia de hacer que González, un exdiplomático, se postulara a la presidencia en su lugar.

Aunque Machado ha sido reconocida por su activismo, también fue una elección controvertida para el premio de la paz por ser una partidaria entusiasta del uso de la fuerza militar estadounidense para derrocar a Maduro. El gobierno de Donald Trump ha desplegado miles de efectivos militares en el Caribe como parte de una campaña de presión dirigida contra Venezuela.

El Consejo Noruego de la Paz, organización que promueve la resolución de conflictos, declinó celebrar su tradicional procesión de antorchas para honrar a Machado, con el argumento de que no "coincide con los valores fundamentales" del grupo.

Se trató apenas de la segunda vez que la organización decidía no celebrar la procesión. En 2012 tomó una decisión similar, cuando se concedió el premio de la paz a la Unión Europea.

Machado se ha alineado estrechamente con el presidente Trump, y se ha negado a criticar los mortíferos ataques de su gobierno contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportan drogas ilícitas.

Los ataques, que forman parte de la campaña de presión de Estados Unidos contra Maduro, comenzaron a principios de septiembre. Hasta ahora, han matado a casi 90 personas, según las autoridades estadounidenses.

Una amplia gama de expertos en las leyes que rigen el uso de la fuerza letal afirman que los ataques son ilegales, y argumentan que el gobierno de Trump no ha demostrado que exista un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela.

Machado también ha sido objeto de escrutinio por exagerar los vínculos de Maduro con el narcotráfico, mientras el gobierno de Trump intenta demostrar que Venezuela, un actor menor en el tráfico de drogas en comparación con Colombia, México o Ecuador, está inundando Estados Unidos con drogas mortales.

Machado también se ha involucrado en controversiales disputas políticas en Estados Unidos relacionadas con las afirmaciones falsas de Trump de que ganó las elecciones presidenciales de 2020. En las últimas semanas, Machado ha amplificado las afirmaciones desacreditadas de que el gobierno de Venezuela amañó las elecciones en Estados Unidos.

La última aparición pública de Machado fue en una protesta en enero, tras haber estado escondida durante meses; el gobierno de Maduro ha amenazado con detenerla en múltiples ocasiones.

Después de que Machado pasara a la clandestinidad, su hija aceptó varios premios en su nombre, entre ellos el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo y el Premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Jin Yu Young y Ravi Mattu colaboraron con reportería.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Jin Yu Young y Ravi Mattu colaboraron con reportería.

Los múltiples guiños al presidente Trump hacen que muchos duden sobre si la política venezolana merece esa distinción.

Cuando el Comité Noruego del Nobel anunció que le otorgaría el premio de la paz a María Corina Machado, líder de facto de la oposición venezolana, la elogió por buscar una transición pacífica hacia la democracia.

Sin embargo, mientras Machado se prepara para recibir formalmente el premio el miércoles, el comité ha sido criticado por las declaraciones de ella conforme los buques de guerra estadounidenses se despliegan en el Caribe y el gobierno del presidente Donald Trump se prepara para tomar una posible medida contra el líder autocrático de Venezuela.

Machado ha apoyado firmemente la escalada militar del presidente Trump y ha expresado públicamente su apoyo al uso de la fuerza para derrocar a Nicolás Maduro, el presidente venezolano.

También ha repetido afirmaciones ―que han sido desmentidas― de que Maduro manipuló las elecciones estadounidenses, alentando acusaciones de que está amplificando la desinformación para ganarse el favor del gobierno de Trump.

"Será una ceremonia distinta del Premio Nobel", dijo Benedicte Bull, profesora de la Universidad de Oslo y destacada experta en América Latina en Noruega. "Mucho más politizada que lo que hemos visto antes".

Aunque la ceremonia suele atraer a jefes de Estado de todo el espectro político, Bull dijo que todos los líderes latinoamericanos que asisten este año serán de derecha.

La asistencia de la propia Machado no está clara. No llegó a una conferencia de prensa prevista para el martes por el comité del Nobel y no se le ha visto en público en Oslo, sede de la ceremonia. Una persona que representa a Machado no respondió a las solicitudes de comentarios.

Esta próxima ceremonia ha generado las protestas más ruidosas sobre un ganador del Premio Nobel de la Paz en los últimos años. "Lo que tiene de especial Machado es que ha dedicado su Premio de la Paz a un presidente muy controvertido, por decirlo suavemente", dijo Asle Sveen, historiadora del Premio Nobel. "En Noruega se acepta casi universalmente que Donald Trump ataca la democracia liberal".

Cuando se anunció el premio en octubre, dijo que quienes se reunieron en el Instituto Nobel se quedaron sorprendidos. "Todo el mundo esperaba un premio relacionado con Gaza o Sudán", dijo.

Las reacciones habían sido al inicio "cautelosamente positivas", añadió Sveen, pero empeoraron luego de que ella dedicara su premio al presidente estadounidense y respaldara los ataques contra embarcaciones que, según el gobierno de Trump, traficaban con drogas. Los 22 ataques han causado la muerte de al menos 87 personas.

Un amplio abanico de expertos jurídicos han calificado los ataques de ilegales porque el ejército estadounidense no está autorizado a atacar a civiles que no supongan una amenaza inmediata de violencia, aunque hayan cometido un delito.

Los anteriores Premios Nobel también han sido polémicos y han dado lugar a protestas y dimisiones del Comité Nobel, pero la reacción de este año es inusualmente enérgica.

Una coalición de grupos activistas noruegos celebró el martes una modesta manifestación ante el Instituto Nobel con el lema "Ningún Premio de la Paz para los belicistas", argumentando en un comunicado que el galardón se estaba utilizando "para legitimar la intervención militar estadounidense en violación del derecho internacional en América Latina".

El Consejo Noruego de la Paz -un grupo de 19 organizaciones que promueven el desarme y la resolución de conflictos- suele organizar una procesión de antorchas cada 10 de diciembre para honrar al galardonado. Este año ha renunciado a celebrar el acto, afirmando en un comunicado que Machado no "coincide con los valores fundamentales" del consejo.

"Ella ha abogado en reiteradas oportunidades por tácticas de máxima presión y por una enérgica acción exterior contra el gobierno de Maduro", dijo en un correo electrónico Eline Lorentzen, presidenta de la junta directiva del consejo. Estas posturas "plantean dudas sobre si su enfoque refleja el tipo de transformación de conflictos no violenta y basada en el diálogo por la que ha trabajado históricamente el Consejo de Paz".

En su lugar, la procesión de las antorchas será organizada por el Museo del Premio Nobel de la Paz y la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana el miércoles, después de la ceremonia.

Ana María Silva-Harper, miembro de un partido centrista en su parlamento local y quien se mudó desde Venezuela a Noruega hace 35 años, dijo que tenía previsto asistir a la procesión.

"Es desafortunado que, cuando por fin tenemos un momento histórico, la atención se centre en Trump", dijo. "No tiene nada que ver con Trump".

"Machado también recibe votos de partidos de izquierda", añadió Silva-Harper. "No solo es una mujer de clase alta de la derecha política. A mí tampoco me gusta Trump, pero si es quien hace que ocurra algo y que caiga el régimen, entonces tengo que estarle agradecida".

Funcionarios noruegos dijeron el sábado que Machado viajaría a Oslo para recibir el premio, una medida que conlleva grandes riesgos. El gobierno venezolano ha advertido que sería tratada como una fugitiva si abandona el país, y no está claro si se le permitiría regresar sin ser detenida.

Durante mucho tiempo, Machado ha arriesgado su seguridad personal para desafiar a un gobierno autoritario que encarcela a opositores, tortura a críticos y censura a la prensa. Pasó más de un año escondida después de que Maduro declarara la victoria en una votación presidencial el año pasado que se consideró ampliamente amañada.

Pero a medida que la oposición venezolana se queda sin vías para una transición política, su coalición se ha acercado cada vez más a Trump.

Después de que Estados Unidos comenzara a atacar embarcaciones en el Caribe en septiembre, declaró a Fox News que la operación pretendía salvar vidas en ambos países porque "Maduro es el jefe de una estructura narcoterrorista".

El gobierno de Trump ha dicho que las operaciones pretenden impedir el tráfico de drogas. Pero la magnitud del despliegue y las amenazas cada vez más explícitas de Trump contra Maduro han impulsado las especulaciones en ambos países de que el verdadero objetivo de Washington es el cambio de régimen.

Machado también ha afirmado que Maduro dirige dos grupos de narcotraficantes que el gobierno de Trump considera amenazas terroristas y ha utilizado como justificación de sus ataques.

"El jefe del Tren de Aragua es Maduro", dijo al hijo del presidente, Donald Trump Jr, en su pódcast, refiriéndose al grupo criminal venezolano. "El régimen creó, promovió y financia el Tren de Aragua". Dijo a CNN que "el régimen ha convertido al Cartel de los Soles en una de las estructuras criminales más poderosas", refiriéndose a otra organización criminal.

Pero las agencias de inteligencia estadounidenses, expertos regionales y otras figuras de la oposición venezolana afirman que no hay pruebas de que Maduro controle a ninguno de los dos grupos. Aunque algunos militares venezolanos están implicados en el tráfico de drogas, los analistas dudan de que esas actividades constituyan verdaderos cárteles transnacionales.

Machado, de 58 años, procede de una élite y se forjó una reputación como activista política y firme opositora al partido socialista gobernante en Venezuela antes de convertirse en una legisladora popular. Fue excluida de la campaña presidencial de 2024 por lo que el gobierno calificó de irregularidades financieras, acusación que ella rechazó como maniobra política para marginarla. En su lugar, apoyó a un sustituto poco conocido, el diplomático Edmundo González, quien también estuvo en Oslo esta semana.

González compitió contra Maduro, quien se proclamó vencedor. La oposición dijo que su recuento mostraba que González había ganado por un amplio margen y acusó a Maduro de robar las elecciones. El Centro Carter ha dicho que el recuento de la oposición era exacto, y González fue reconocido por muchos países, incluido Estados Unidos, como legítimo vencedor.

Genevieve Glatsky es reportera del Times, radicada en Bogotá, Colombia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado su seguridad personal, incluido un cambio de camas, y se ha apoyado en Cuba, un aliado clave, en medio de la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país, según múltiples personas cercanas al gobierno venezolano.

Describieron una atmósfera de tensión y preocupación cernida sobre el círculo íntimo del presidente, y añadieron que Maduro creía que mantenía el control y podía superar la más reciente y grave amenaza a su gobierno de 12 años.

Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y el teléfono celular, según las fuentes. Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, dijeron algunas de estas personas, cuando Estados Unidos empezó a concentrar buques de guerra y a atacar embarcaciones que, según el gobierno de Donald Trump, traficaban con drogas desde Venezuela.

Para reducir el riesgo de traición, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más agentes de contraespionaje cubanos al ejército venezolano, dijo una de las personas.

Sin embargo, en público Maduro ha tratado de restar importancia a las amenazas de Washington y transmite una apariencia despreocupada y relajada, presentándose en eventos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok.

Las siete personas cercanas al gobierno venezolano entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, que gestiona las consultas de prensa para el gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios para el artículo.

El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de dirigir un cártel "narcoterrorista" que inunda Estados Unidos de drogas, y muchos funcionarios y exfuncionarios de Washington afirman que el objetivo de la concentración militar estadounidense es un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado las amenazas contra Venezuela con sugerencias de una solución diplomática, y él y Maduro hablaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.

The New York Times informó que, a principios de este año, Maduro y los enviados de Trump discutieron las circunstancias bajo las cuales el líder venezolano, quien perdió las elecciones presidenciales el año pasado, pero ignoró los resultados, podría dejar el cargo. Esas conversaciones no dieron lugar a un acuerdo, lo que llevó al gobierno de Trump a intensificar la presión militar.

A medida que han aumentado las tensiones con Estados Unidos, Maduro se ha dirigido al público venezolano casi a diario, con lo cual mantiene el bombardeo de relaciones públicas que ha caracterizado su gobierno en los últimos años. Sin embargo, ha reducido su participación en actos programados y transmisiones en directo, y los ha sustituido por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados.

"Lunes, rumba; martes, rumba; miércoles, jueves, viernes, doble rumba; sábado, triple rumba; domingo, rumba suave", dijo Maduro el lunes durante una aparición sorpresa en un mitin gubernamental en Caracas, el cual cambió su recorrido programado poco antes de su aparición.

"Y más rumba. ¡Hasta que el cuerpo aguante!", dijo Maduro, y luego se puso a bailar al ritmo de una rápida melodía electrónica. "No a la guerra, sí a la paz", resonó su voz en bucle sobre el pesado ritmo del bajo. Un francotirador custodiaba el escenario.

Para Maduro, de 63 años, el enfrentamiento contra la armada naval estadounidense en el Caribe solo representa el desafío más reciente a su gobierno. Antiguo activista comunista, conductor de autobús, organizador sindical y ministro de Relaciones Exteriores, ha ido dando tumbos de una crisis a otra --la mayoría de su propia cosecha-- desde que asumió el poder en 2013, tras la muerte de su mentor y predecesor inmediato, Hugo Chávez.

Líderes y comentaristas de la oposición afirmaron en aquel momento que el brusco e intenso Maduro abandonaría el Palacio de Miraflores en cuestión de semanas. Su estilo de comunicación rígido y su origen civil, afirmaron, lo convertían en un mal sucesor de Chávez, un populista carismático y antiguo comandante de tanques que inspiraba devoción a sus partidarios, incluso entre los soldados y oficiales que durante mucho tiempo han sido los máximos árbitros del poder en Venezuela.

Los críticos de Maduro lo llamaban "Maburro". Sus traspiés virales han incluido sacar discretamente una empanada de su escritorio y morderla en televisión en directo en el momento álgido de una crisis alimentaria nacional, recibir un golpe en la cabeza con un mango lanzado por una mujer en un acto público (inmortalizado en el folclor venezolano como "Mangocidio") y leer en voz alta en televisión en directo un comentario de un espectador que decía "Nicolás Maduro, chúpalo".

Esos primeros errores de relaciones públicas ocultaban un despiadado instinto político. Desde que asumió el cargo, Maduro ha sobrevivido a un desplome del 70 por ciento del producto interno bruto per cápita de Venezuela, a varias oleadas de protestas nacionales masivas y a diversos complots, intentos de golpe de Estado y derrotas electorales.

También ha capeado el intento previo de Trump de derrocarlo. En 2019, el primer gobierno de Trump puso en marcha una campaña de "máxima presión" contra el presidente venezolano en un intento de ganarse el favor de los votantes latinos de Florida, un estado de tendencia incierta crucial en aquel momento.

Trump reconoció a un político de la oposición como presidente de Venezuela y desplegó amplias sanciones contra la economía del país.

Para mantenerse en el poder, Maduro ha recurrido a una represión letal, a la política clientelista, al desprecio de las leyes y a una comprensión innata de la cruda esencia del poder, una cualidad que incluso sus adversarios han llegado a reconocer a regañadientes.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro utilizó tácticas estalinistas para afianzar su control sobre el conflictivo movimiento socialista de Chávez, conocido como chavismo.

Primero se alió con los chavistas de línea dura para derrocar a un grupo de funcionarios más moderados que apoyaban una relajación de los controles de precios y divisas al estilo cubano para estabilizar la economía.

Varios años después, en medio de un previsible colapso económico, utilizó el pretexto de las sanciones de Trump para poner en marcha esos mismos cambios, al tiempo que suprimía a la vieja guardia chavista leal a la visión socialista de Chávez.

La supervivencia política de Maduro se ha producido a costa de la democracia de Venezuela.

A medida que su popularidad disminuía, ha acelerado el desmantelamiento iniciado por Chávez de las normas democráticas, eliminando los medios de comunicación independientes, criminalizando a la sociedad civil y prohibiendo que sus competidores ocupen cargos públicos. Sus fuerzas de seguridad han aumentado la represión, aterrorizando a los barrios pobres con escuadrones de la muerte y deteniendo sistemáticamente a los manifestantes.

El año pasado cruzó la última línea roja democrática del país, al ignorar los resultados de unas elecciones presidenciales que perdió por casi 40 puntos porcentuales.

Los días de Maduro como organizador en el sindicato de transporte público de Caracas le han ayudado a desarrollar un instinto para intercambiar favores y desarrollar coaliciones basadas en intereses compartidos y amenazas, dijeron quienes lo conocen.

"Es un operador político compulsivo", dijo Andrés Izarra, exfuncionario de alto rango de Chávez y ministro de Maduro, quien rompió con el gobierno y se exilió. "Se rige por las duras reglas de la política callejera, de la política sindicalista corrupta, reglas similares a las de una mafia".

Maduro ha compensado sus débiles conexiones militares al entregar, a lo largo de los años, una parte importante de la economía del país a sus generales, a quienes ha permitido dirigir minas de oro, empresas de servicios petrolíferos y empresas de importación y exportación.

La decisión de Maduro de cambiar enriquecimiento por lealtad lo ha llevado a tolerar el narcotráfico entre algunos oficiales militares, afirman los expertos en el tráfico de drogas de Venezuela, aunque no hay pruebas de que se trate de una organización criminal unificada controlada por el presidente venezolano, como afirma el gobierno de Trump.

En las últimas semanas, Trump ha combinado una retórica beligerante contra Venezuela con sugerencias de negociar un acuerdo con Maduro.

Durante las conversaciones mantenidas la primavera pasada, funcionarios de Maduro y Trump hablaron de la posibilidad de que Maduro cediera el poder a uno de sus lugartenientes antes del final del mandato de Trump en 2029, según otras cuatro personas familiarizadas con las conversaciones que solicitaron el anonimato por temor a represalias y porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Una de las opciones era celebrar un referendo en Venezuela para revocar al presidente a partir de 2027, un proceso permitido por la Constitución del país, dijeron. En el caso probable de que perdiera, Maduro traspasaría el poder a su vicepresidente, quien más adelante convocaría nuevas elecciones.

Esas conversaciones, que incluían la reorientación de la economía venezolana hacia la inversión y el comercio estadounidenses, no dieron lugar a un acuerdo, dijeron las personas familiarizadas con ellas. Cualquier trato de este tipo también podría deshacerse fácilmente. Maduro ha utilizado su control de los tribunales y de la junta electoral para sofocar el intento de la oposición de destituirlo mediante un referendo revocatorio en 2016.

Un acuerdo con Trump reduciría la presión inmediata sobre Maduro, dijeron algunas personas cercanas a su gobierno. Pero no resolvería su debilidad política subyacente, derivada del robo de las elecciones del año pasado, añadieron.

La magnitud de esa derrota ha destruido las últimas pretensiones de apoyo popular de Maduro, dijeron.

"Su crisis más grande es la crisis de legitimidad", dijo Izarra, el exministro, en referencia al gobierno de Maduro. "Niegan por completo que el país entero los odia".

Esta crisis seguirá aunque se marchen los buques de guerra estadounidenses, añadió.

Adriana Loureiro Fernandez colaboró con reportería desde Caracas.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

Adriana Loureiro Fernandez colaboró con reportería desde Caracas.

El presidente Trump dijo días antes que la campaña de Estados Unidos de ataques letales en el mar a personas sospechosas de narcotráfico podría ampliarse "muy pronto" a atacar territorio venezolano.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado a aerolíneas y pilotos que el espacio aéreo cercano a Venezuela estaba cerrado, con lo que se intensifica lo que su gobierno ha caracterizado como una guerra contra los cárteles de la droga.

En un mensaje en las redes sociales "a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas", el presidente escribió que el espacio aéreo "sobre y alrededor de Venezuela" debía considerarse "cerrado en su totalidad".

Trump no entró en más detalles en su mensaje, pero este se produjo después de que el jueves por la noche Trump advirtiera que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que se cree que transportan drogas en aguas de Venezuela podrían ampliarse "muy pronto" a objetivos dentro del propio país. Los ataques estadounidenses a embarcaciones han causado la muerte de más de 80 personas desde principios de septiembre.

Como presidente de Estados Unidos, Trump no tiene autoridad sobre el espacio aéreo venezolano. Pero los gobiernos extranjeros y las compañías aéreas suelen seguir el ejemplo de Estados Unidos. A principios de este mes, un puñado de compañías aéreas extranjeras cancelaron sus vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación emitiera una advertencia de seguridad sobre el país. Por ahora, varios centenares de vuelos de otros países a Venezuela siguen programados para diciembre, la mayoría de ellos operados por compañías aéreas más pequeñas de la región, según Cirium, una empresa de datos de aviación.

El cierre del espacio aéreo tendrá probablemente un efecto limitado en los viajes aéreos entre Estados Unidos y Venezuela. No hay vuelos directos programados operados por ninguna compañía aérea entre ambos países, según Cirium. Los vuelos directos desde Estados Unidos a otros destinos sudamericanos suelen evitar el espacio aéreo venezolano.

Estados Unidos ha desarrollado una importante presencia militar en el Caribe para presionar a Venezuela. Funcionarios del gobierno estadounidense han dicho que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren que Maduro deje el poder, posiblemente por la fuerza.

Algunas personas informadas de las deliberaciones del gobierno de Trump sobre el ataque a Venezuela han dicho que los objetivos iniciales podrían ser instalaciones relacionadas con el narcotráfico, incluidas instalaciones de producción o almacenamiento utilizadas por los cárteles colombianos que envían cocaína a través de Venezuela. Las agencias de espionaje estadounidenses han facilitado al ejército información sobre la ubicación de dichas instalaciones tanto en Venezuela como en Colombia.

No está claro si Trump planea llevar a cabo ataques de forma inminente, pero las acciones y amenazas tienen el efecto de aumentar la presión sobre Maduro y su gobierno.

El viernes, The New York Times informó de que Trump había hablado por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, y discutido una posible reunión entre ambos, incluso mientras Estados Unidos seguía amenazando con una acción militar contra Venezuela.

La conversación tuvo lugar a finales de semana, dijeron dos personas con conocimiento de la conversación. En ella se habló de un posible encuentro en Estados Unidos entre ambos hombres, según las personas conocedoras del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a tratar el asunto públicamente. Por el momento no hay planes para tal reunión, dijo una de las personas.

La llamada telefónica entre Trump y Maduro de la semana pasada, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio, se produjo días antes de que el Departamento de Estado designara oficialmente a Maduro como líder de lo que el gobierno considera que es un cártel de la droga y una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles.

Los funcionarios militares estadounidenses han desarrollado una serie de objetivos para Trump, entre ellos unidades militares venezolanas que apoyan a Maduro o que se cree que obtienen ganancias del tráfico de drogas.

Otras opciones han incluido instalaciones relacionadas con el petróleo. Esos ataques podrían justificarse como parte de una iniciativa antidroga, aunque probablemente serían un intento de debilitar el poder de Maduro cortando el acceso a su financiación y aumentando drásticamente la presión sobre él.

Trump ha hablado constantemente de Venezuela como una fuente de drogas y migración ilegal en Estados Unidos.

La historia de la migración es complicada. Un gran número de venezolanos ha llegado a Estados Unidos, pero muchos lo han hecho huyendo del gobierno autoritario de Maduro. Aunque el gobierno de Trump ha acusado a una banda de presos venezolanos de alimentar la violencia, ha hecho caso omiso de las evaluaciones que afirman que Maduro no controla el grupo, Tren de Aragua, y en su lugar ha intentado manipular la inteligencia.

En realidad, Venezuela solo desempeña un pequeño papel en el tráfico de drogas en América, según los expertos en drogas y las evaluaciones del gobierno estadounidense. La cocaína producida en Colombia sí pasa por Venezuela, pero la mayor parte va a Europa. La cocaína colombiana que se dirige a Estados Unidos se exporta a través del océano Pacífico. Y las agencias estadounidenses han determinado que el fentanilo se produce casi en su totalidad en México, no en Venezuela, con productos químicos importados de China.

Desde el principio, los ataques a las embarcaciones han sido criticados por los demócratas, quienes han dicho que no están autorizados, que son ilegales y que equivalen a asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Y el sábado, los críticos de la campaña dijeron que el cierre del espacio aéreo equivalía a una amenaza de uso de la fuerza.

"Las amenazas de uso de la fuerza, y no digamos un ataque real contra Venezuela, violarían la Carta de la ONU", dijo Brian Finucane, abogado que trabajó para el Departamento de Estado, quien es especialista en las leyes de los conflictos armados. "Cualquier ataque de este tipo carecería también de autorización del Congreso".

Las críticas republicanas han sido mucho más moderadas. Sin embargo, el viernes por la noche, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker, por Mississippi, dijo que investigaría los ataques a las embarcaciones.

El jueves, The Washington Post informó que para el primer ataque, el 2 de septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth dio la orden verbal de matar a todos los que estuvieran en el barco. Y CNN informó que, después de que los militares detectaran supervivientes, se llevó a cabo un segundo ataque para matarlos.

En septiembre, The New York Times informó que hubo múltiples ataques durante la primera operación. El Times también informó que la embarcación que fue atacada había alterado su rumbo y parecía haber dado la vuelta antes de que comenzara el ataque porque, al parecer, las personas que iban a bordo habían divisado un avión militar que la acechaba.

En una declaración, el Pentágono denunció el informe del Post, pero dijo que los oficiales habían dejado claro en todas las operaciones que estaban diseñadas para ser "ataques letales y cinéticos".

Aunque Hegseth ha dejado claro que ordenó "ataques letales", las órdenes en torno a los ataques posteriores no están claras, como tampoco lo está si Hegseth o un oficial militar ordenó directamente un ataque para matar a los supervivientes en el agua. En una operación posterior, el 16 de octubre, dos supervivientes fueron rescatados y trasladados a sus países de origen.

En una declaración conjunta, Wicker y el principal demócrata de la comisión, el senador Jack Reed por Rhode Island, dijeron que examinarían los ataques posteriores que el ejército había llevado a cabo.

"El comité ha dirigido preguntas al departamento y llevaremos a cabo una supervisión enérgica para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias", decía la declaración.

John Ismay y Niraj Chokshi colaboraron con la reportería.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

John Ismay y Niraj Chokshi colaboraron con la reportería.

Los mandatarios conversaron sobre una posible reunión, incluso mientras EE. UU. sigue con la amenaza de una acción militar contra Venezuela.

El presidente Donald Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, y conversaron sobre una posible reunión, dijeron diversas personas con conocimiento del asunto, incluso mientras Estados Unidos sigue con la amenaza de una acción militar contra Venezuela.

La conversación sucedió a finales de la semana, dijeron dos de las personas. En ella se habló de un posible encuentro entre los dos en Estados Unidos, según las personas que conocían del tema, a quienes se concedió el anonimato por no estar autorizadas a abordar el asunto públicamente. Por el momento no hay planes para tal reunión, dijo una de las personas.

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se hizo días antes de que entrara en vigor una designación del Departamento de Estado de Estados Unidos de Maduro como líder de lo que el gobierno considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

Estados Unidos ha desplegado una importante presencia militar en el Caribe enfocada en Venezuela. Funcionarios del gobierno han dicho que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren ver a Maduro fuera del poder, posiblemente por la fuerza.

The New York Times informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas estadounidenses, en un esfuerzo por disminuir la tensión. Pero Maduro trató de mantenerse en el poder, y los funcionarios estadounidenses interrumpieron esas conversaciones a principios del mes pasado.

Una portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. Dos personas cercanas al gobierno de Venezuela confirmaron que se había hecho una llamada directa entre los dos dirigentes. No quisieron ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

Queda por ver lo que significa, en última instancia, la llamada para el acercamiento del gobierno estadounidense a Maduro. Trump tiene un largo historial de emprender estrategias encontradas contra sus adversarios, conversaciones por un lado y amenazas de fuerza por otro. El gobierno de Trump ha estado utilizando ataques con misiles para bombardear embarcaciones venezolanas que, según funcionarios estadounidenses, han estado traficando con drogas.

Esos ataques forman parte de una postura agresiva más amplia contra Venezuela, en la que Maduro ha permanecido en el poder tras unas elecciones en 2024 que Estados Unidos calificó de fraudulentas. Estados Unidos ha enviado un grupo de portaaviones a las aguas cercanas a Venezuela, envió bombarderos de la Fuerza Aérea sobre la región, ha preparado planes de acción encubierta y periódicamente ha amenazado con utilizar la fuerza.

El Día de Acción de Gracias, Trump, flanqueado por jefes militares, dijo que los esfuerzos para detener a los narcotraficantes se trasladarían a operaciones terrestres. "Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", dijo Trump a los periodistas en Mar-a-Lago.

El gobierno ha examinado una serie de opciones para Venezuela, incluida la incautación de los campos petrolíferos del país. Rubio, líder de los esfuerzos contra Maduro dentro de la gestión de Trump, ha descrito a Maduro como un presidente ilegítimo.

Pero las conversaciones directas entre Trump y Maduro podrían ser el comienzo de un esfuerzo por crear una alternativa a una escalada del uso de la fuerza, aunque el gobierno parece decidido a lograr un resultado que exija que Maduro salga del poder.

Maggie Haberman es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre las noticias de actualidad sobre el presidente Donald Trump.

Anatoly Kurmanaev cubre la actualidad de Rusia y su transformación tras la invasión a Ucrania.

El presidente de EE. UU. dio el visto bueno a posibles operaciones dentro de Venezuela, pero también ha reabierto los canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro.

Con el mayor portaaviones de Estados Unidos posicionado en el mar Caribe, el presidente Donald Trump aprobó medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia, según diversas personas informadas sobre el asunto.

Trump dio el visto bueno a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de Venezuela, operaciones que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones, dijeron estas personas. Al mismo tiempo, aseguraron, autorizó una nueva ronda de negociaciones a través de canales indirectos que, en un momento dado, derivaron en la oferta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dimitir tras una prórroga de un par de años, propuesta que la Casa Blanca rechazó.

No está claro cuáles podrían ser las acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. Trump aún no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela, por lo que la siguiente fase de la campaña de presión cada vez mayor del gobierno de Trump sobre el gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operación cibernética, psicológica o informativa.

El presidente no ha tomado una decisión sobre el curso de acción más general a seguir en Venezuela, ni ha articulado de manera pública su objetivo final más allá de detener el flujo de drogas desde la región. Y los planificadores militares y de la CIA han preparado diversas opciones para distintas contingencias.

Los planificadores militares han preparado listas de posibles instalaciones vinculadas con las drogas que podrían ser atacadas. El Pentágono también está planeando ataques contra unidades militares cercanas a Maduro. Trump tuvo dos reuniones en la Sala de Situación de la Casa Blanca la semana pasada para hablar de Venezuela y revisar las opciones con sus principales asesores. Room last week to discuss Venezuela and review options with his senior advisers.

Es probable que cualquier acción encubierta de la CIA se produciría antes de tales ataques militares.

Tanto la Casa Blanca como la CIA declinaron hacer comentarios sobre la orden de Trump.

Aunque Trump ha ordenado a la CIA que prepare varias operaciones secretas posibles en Venezuela, también ha abierto negociaciones con Maduro por una vía informal, después de interrumpirlas el mes pasado durante un breve periodo, dijeron personas informadas sobre el asunto.

En esas conversaciones informales, Maduro ha señalado su disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de su país a las empresas energéticas estadounidenses.

Trump reconoció esas conversaciones, en cierto modo, el domingo.

"Es posible que mantengamos conversaciones con Maduro, y ya veremos cómo resultan", dijo Trump.

Aunque Trump hace hincapié en el papel de Venezuela en el tráfico de drogas o en la migración ilegal cuando trata el tema en público, en privado ha hablado de las enormes reservas de petróleo del país y de que las empresas estadounidenses puedan acceder a ellas.

Funcionarios venezolanos han dicho a los estadounidenses que Maduro podría estar dispuesto a dimitir, tras una transición de dos a tres años, según las personas informadas sobre el asunto. Cualquier demora en la salida de Maduro del poder es inaceptable para la Casa Blanca.

Pero, a pesar del aparente estancamiento en las relaciones, las negociaciones a puerta cerrada muestran que aún es posible una solución diplomática.

Personas informadas sobre las conversaciones afirman que no está claro qué resultado prefiere el presidente. Trump podría aceptar un acuerdo diplomático para que las empresas estadounidenses tengan mayor acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela, podría impulsar una resolución que permita a Maduro abandonar el poder voluntariamente o podría exigir que Estados Unidos destituya por la fuerza al dictador venezolano.

Incluso con el panorama incierto, la Casa Blanca se ha decantado por una estrategia de aumentar la presión sobre Maduro, al tiempo que ofrece a Trump opciones sobre cómo podría ejecutar la campaña contra Venezuela.

Denominada operación "Lanza del Sur", la concentración masiva de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe es la mayor desde la crisis de los misiles en Cuba y el embargo estadounidense a Cuba de 1962. El portaaviones Gerald R. Ford llegó al Caribe el fin de semana, y ahora hay 15.000 soldados en la región, incluidos infantes de marina en buques anfibios y personal en bases militares en Puerto Rico.

Pero el aumento de efectivos militares es solo la parte más evidente de una campaña de presión polifacética.

El Departamento de Estado estadounidense ha anunciado que, a partir del 24 de noviembre, designará como organización terrorista al Cartel de los Soles. Aunque el Cartel de los Soles no es un grupo criminal en el sentido tradicional, es una manera en la que el gobierno de Trump puede etiquetar a una parte del gobierno de Maduro como organización terrorista, allanando potencialmente el camino para una acción militar, pero también presionando al gobierno.

Los comentarios públicos de Trump en los últimos días han reflejado la incertidumbre sobre la decisión final, aunque aumente la presión. Trump dijo el lunes que no había descartado la entrada de fuerzas terrestres a Venezuela, y sostuvo la posibilidad de entablar negociaciones directas con Maduro.

"No descarto nada", dijo Trump. "Solo tenemos que ocuparnos de Venezuela".

Estados Unidos ha lanzado 21 ataques conocidos contra embarcaciones que, según el gobierno, traficaban con drogas, en los que han muerto al menos 83 personas. Trump ha dicho que información sustancial de inteligencia justifica los ataques, pero los funcionarios del gobierno no han proporcionado pruebas detalladas de la carga que transportaban las embarcaciones.

Esos ataques se han llevado a cabo sin autorización del Congreso estadounidense, lo que ha suscitado críticas de expertos jurídicos y demócratas en las Cámaras de que el gobierno está atacando intencionadamente a civiles que pueden ser sospechosos de delitos, pero que no son combatientes.

Trump, al menos después de los primeros ataques en octubre, dijo que Estados Unidos había atacado el fentanilo, un opioide sintético mortal que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis. Pero funcionarios militares, en reuniones a puerta cerrada con el Congreso, han reconocido que los barcos transportan cocaína, no fentanilo.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre las noticias relacionadas con el presidente Trump y su gobierno.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas reportando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

El presidente Trump dijo que estaba abierto a hablar con el presidente Nicolás Maduro, pero que Estados Unidos tiene que "ocuparse de Venezuela" mientras construye una fuerza militar en el Caribe.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que no descartaba desplegar soldados estadounidenses en el terreno en Venezuela, pero también dejó abierta la posibilidad de hablar con Nicolás Maduro, el líder autoritario del país y objetivo de la campaña de presión cada vez más intensa de su gobierno.

"No descarto nada", dijo el presidente a los periodistas en el Despacho Oval. "Solo tenemos que ocuparnos de Venezuela".

Pero sus declaraciones, en las que se daba un margen considerable sobre cómo proceder, subrayaron lo vago que ha sido el presidente en público respecto de sus intenciones de emprender una acción militar y de cuáles son sus objetivos inmediatos.

Durante meses, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, y el gobierno ha dicho que la campaña militar tiene como objetivo principal detener el flujo de drogas en la región.

Estados Unidos ha lanzado --hasta donde se sabe-- 21 ataques contra barcos a los que acusa de contrabando de drogas, en los que han muerto al menos 83 personas, pero el gobierno aún no ha detallado pruebas de que los barcos traficaran con drogas.

En privado, Trump ha hablado con sus ayudantes sobre las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo, y algunos de sus principales ayudantes se han enfocado en destituir a Maduro. Estados Unidos y sus aliados no reconocen a Maduro como líder legítimo de Venezuela tras las elecciones del año pasado.

"No me encanta la gente que dirige Venezuela", dijo Trump.

El mes pasado, Trump suspendió los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela. Sin embargo, durante dos días consecutivos ha planteado la posibilidad de que aún pueda hablar con Maduro, aunque no estaba claro qué contacto podría haber habido entre ambos gobiernos ni hasta qué punto Trump se toma en serio la negociación de un acuerdo que evite la decisión de emprender nuevas acciones militares.

"Es posible que mantengamos algunas conversaciones con Maduro, y ya veremos cómo resulta", dijo el domingo por la noche al partir de West Palm Beach, Florida. Añadió que a Venezuela le "gustaría hablar", pero no quiso dar más detalles sobre lo que quería decir.

"¿Qué significa eso? Dímelo tú, yo no lo sé", dijo Trump. Cuando un periodista le preguntó si estaba interesado en negociar, se encogió de hombros. "Hablo con cualquiera", dijo. "Hablo contigo".

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del país, llegó el domingo al mar Caribe, ampliando la capacidad del ejército estadounidense para llevar a cabo posibles ataques y otras agresiones en suelo venezolano. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el mismo día que el Departamento de Estado designaría a un grupo venezolano, el Cartel de los soles, como organización terrorista extranjera y dijo que el grupo está "dirigido por" Maduro. La designación restringiría las transacciones financieras del grupo o de cualquier persona asociada a él.

Esta serie de acciones se produce tras dos reuniones que celebró Trump en la Sala de Situación la semana pasada, en las que habló con altos asesores militares para revisar las opciones, incluidas el uso de fuerzas de Operaciones Especiales y la acción directa dentro de Venezuela. Poco después de la reunión del jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en las redes sociales que la misión en el Caribe ahora tenía un nombre: "Lanza del Sur". Describió su objetivo de forma amplia, afirmando que la operación "elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio".

Con la llegada del Ford y de los tres destructores de la Armada que lo acompañan, hay ahora 15.000 soldados en la región, más que en ningún otro momento en décadas.

Los ataques de las fuerzas estadounidenses a los barcos en el Caribe y el Pacífico oriental han suscitado las críticas de diversos expertos en las leyes que rigen el uso de las fuerzas armadas. Afirman que el ejército estadounidense no puede atacar intencionalmente a civiles que no representan una amenaza de violencia inminente, aunque sean sospechosos de cometer delitos.

El gobierno afirma que los ataques son legales porque Trump ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con los cárteles de la droga y que, por tanto, cualquier persona a bordo de los barcos es un combatiente.

El lunes, en la Casa Blanca, Trump sugirió que estaba dispuesto a emprender ataques militares en México, una de las principales fuentes de las drogas que llegan a Estados Unidos.

"¿Lanzaría ataques en México para detener las drogas? Me parece bien", dijo. "Lo que tengamos que hacer para detener las drogas".

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Donald Trump y su gobierno.

La campaña de presión de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está extinguiendo la efímera recuperación económica del país, lo que ha llevado a muchos dentro de Venezuela a prepararse para otra crisis económica.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses este año ha hecho que la inflación vuelva a alcanzar los tres dígitos, ha provocado la caída libre de la moneda nacional, agravado los cortes de electricidad y ha llevado al gobierno, a las empresas y a los residentes a acumular dólares y recortar gastos.

Para los venezolanos de todo el espectro político, los crecientes signos de recesión económica reviven recuerdos de penurias que muchos esperaban haber dejado atrás.

En la última década, Venezuela atravesó la recesión más profunda de cualquier nación moderna fuera de una zona de guerra. Una combinación de políticas económicas desastrosas, corrupción y sanciones estadounidenses creó una hiperinflación prolongada, colapsó los servicios básicos, aumentó la desnutrición y llevó a millones de personas a emigrar para escapar de la pobreza extrema.

Maduro respondió con una combinación de represión política y una reforma económica de libre mercado. Esas medidas han estabilizado los precios, impulsado el crecimiento y hecho la vida más llevadera para la mayoría de los venezolanos, a costa de eliminar los últimos derechos democráticos que quedaban.

La decisión que tomó en julio el gobierno de Donald Trump de designar al gobierno de Maduro como cártel de la droga e iniciar una serie de medidas militares y económicas aparentemente destinadas a detener el flujo de drogas desde Venezuela está revirtiendo estos logros económicos.

Los economistas calculan que la tasa de inflación anual de Venezuela aumentará del 50 al 600 por ciento este año, y los precios podrían empezar a subir de manera exponencial, un escenario conocido como hiperinflación, en 2026. El país entrará en recesión el próximo año y se prevé que su economía se contraiga un tres por ciento, según el Fondo Monetario Internacional.

El principal movimiento de oposición de Venezuela y sus aliados en el gobierno de Trump están apostando a que una crisis económica, combinada con la agresiva campaña militar estadounidense en el Caribe, fracturará al gobierno venezolano y pondrá fin a 25 años de un régimen dirigido actualmente por Maduro.

Consideran que el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela es un costo inevitable y a corto plazo del restablecimiento de la democracia.

Pero la mayoría de los economistas y empresarios venezolanos entrevistados para este artículo en Caracas sostienen que Maduro está mucho mejor preparado para esta ronda de presiones externas. Hablaron y compartieron datos bajo condición de anonimato para protegerse del gobierno de Venezuela y de posibles sanciones estadounidenses.

Poco después de que el presidente Trump ganara la reelección, el gobierno de Venezuela autorizó los primeros intercambios de criptomonedas del país, lo cual allanó el camino para un cambio más amplio hacia activos financieros que están fuera del alcance de la aplicación de sanciones tradicionales.

En la actualidad, Venezuela vende la mayor parte de su petróleo a China, recibe el pago en criptomonedas y canaliza parte de esos ingresos de vuelta a la economía nacional a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas designadas. En cuestión de meses, estas medidas han convertido a Venezuela en posiblemente el primer país en administrar una gran parte de sus finanzas públicas en criptomonedas.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta y zarina económica de Maduro, Delcy Rodríguez, privatiza los recursos naturales de Venezuela para aumentar los ingresos por exportaciones, incluida la entrega de decenas de pequeños yacimientos petrolíferos en desuso a inversores privados.

Esto ha contribuido a que la producción de petróleo crezca un 12 por ciento este año, lo que ha impulsado los ingresos en divisas extranjeras de Venezuela.

Estos signos de resistencia han llevado a algunos economistas y empresarios a afirmar que Maduro podría evitar que la inminente recesión se convierta en colapso. Otros expertos señalan que tiene un historial de capear crisis financieras.

"Si existe un país que demuestra que si colapsas su economía, no cambia de gobierno, ese es Venezuela", dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano que estudia las sanciones en la Universidad de Denver. "Cuando el país se empobrece, el gobierno no se debilita".

Los actuales problemas económicos de Venezuela comenzaron con la decisión del gobierno de Trump de cambiar las normas que rigen las operaciones de las empresas petroleras occidentales en Venezuela.

Hasta marzo, el mayor productor privado de petróleo de Venezuela, Chevron, con sede en Estados Unidos, vendía el crudo de sus proyectos venezolanos a Estados Unidos y entregaba a los bancos privados locales la parte de los ingresos que correspondía a Venezuela en dólares. Estos bancos luego distribuían esos dólares a clientes corporativos, lo que les permitía pagar las importaciones e impulsar el crecimiento económico.

El año pasado, Chevron canalizó casi 2400 millones de dólares hacia la economía venezolana, aproximadamente un tercio de todo el suministro de divisas fuertes del país ese año.

La revisión del permiso de Chevron por parte del gobierno de Trump puso fin a esas inyecciones de divisas.

A partir de agosto, Chevron tuvo que entregar la mitad de su producción venezolana a la empresa petrolera estatal, conocida como PDVSA, en petróleo físico. Este petróleo se sumó al grueso de las exportaciones de crudo venezolano que PDVSA ya vendía a China bajo planes de pago similares.

Las nuevas normas de explotación de Chevron han reducido la rentabilidad de las exportaciones de petróleo venezolano, ya que PDVSA debe ofrecer descuentos y pagar a intermediarios para eludir las sanciones. Pero estas nuevas normas también otorgan a Maduro un mayor control sobre la economía, al reforzar su control sobre la reducida cantidad de divisas que siguen entrando en el país.

Ante la amenaza militar de Estados Unidos, el equipo económico de Rodríguez decidió sacrificar el crecimiento y crear amortiguadores financieros. Recortaron el gasto público y redujeron drásticamente la parte de las reservas que dedicaban a defender el tipo de cambio oficial del bolívar, la moneda nacional.

En lugar de ello, el gobierno intentó proteger la moneda mediante la represión. El gobierno ha encarcelado al menos a ocho economistas por publicar datos negativos, ha detenido a otras decenas de personas por hacer público el tipo de cambio del mercado negro y ha hecho redadas en tiendas y restaurantes para asegurarse de que venden productos al tipo oficial. Aun así, el bolívar ha seguido cayendo.

Sin embargo, incluso mientras el gobierno tomaba medidas enérgicas contra el mercado negro de divisas, este se convertía silenciosamente en su actor dominante. A principios de este año, el gobierno empezó a canalizar parte de sus ingresos petroleros hacia la economía a través de las dos plataformas de intercambio de criptomonedas autorizadas, que pueden comerciar con bolívares a una tasa de cambio más baja.

Este vacío legal ha permitido al gobierno mantener la actividad económica, a costa de aumentar la tasa de inflación.

Los dólares denominados en criptomonedas representan ahora hasta la mitad de las divisas que entran de forma legal en la economía venezolana. Cada uno de estos tókenes equivale al valor de un dólar estadounidense, un tipo de criptodivisa conocida como criptomonedas estables, o stablecoins.

Las inyecciones de criptomonedas del gobierno han tenido un efecto derrame dinámico. PDVSA paga ahora a algunos contratistas en criptomonedas estables, las empresas privadas pagan bonificaciones en criptomonedas estables y los ciudadanos, desde los conductores de mototaxis hasta los ejecutivos, cambian bolívares por stablecoins en Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Estos acontecimientos han hecho que la economía venezolana sea aún más opaca, y los diferentes tipos de cambio, según los expertos, crean oportunidades para la corrupción.

Un representante de Tether, la criptomoneda estable más popular utilizada en Venezuela, declinó hacer comentarios. Tether ha exaltado anteriormente su cooperación con las fuerzas de seguridad para contrarrestar las acusaciones de permitir el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.

Los expertos en criptomonedas afirman que Tether tiene la capacidad técnica para rastrear y congelar sus tókenes, lo que pone de relieve los riesgos de la conversión del gobierno venezolano a las criptomonedas.

Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más popular de Venezuela, ya había estado en el punto de mira de los fiscales estadounidenses. El fundador de la empresa, Changpeng Zhao, se había declarado culpable de infracciones de lavado de dinero en 2023 y cumplió cuatro meses de prisión. Trump lo indultó el jueves.

Un portavoz de Binance dijo que la empresa está "comprometida a cumplir todas las sanciones estadounidenses aplicables".

El cambio a las criptomonedas ha permitido hasta ahora al gobierno venezolano gestionar la recesión, pero los expertos afirman que es probable que las condiciones económicas se deterioren significativamente el próximo año.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial del bolívar y el del mercado negro se sitúa ahora en torno al 50 por ciento, lo que presiona al gobierno para que cierre la brecha o se arriesgue a una hiperinflación.

Debilitar la tasa oficial, una política conocida como devaluación, conlleva riesgos políticos. Destruiría el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, en particular de los empleados públicos y militares, cruciales para el poder de Maduro.

Maduro se enfrenta ahora a la disyuntiva de asumir ese riesgo o volver a los controles de precios y de divisas que han profundizado la anterior depresión del país, dijo Rodríguez, el economista.

David Yaffe-Bellany colaboró con reportería desde Nueva York.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

David Yaffe-Bellany colaboró con reportería desde Nueva York.

El presidente Trump, cuando se le preguntó en la Casa Blanca por los vuelos, negó que se hubieran producido.

Dos bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos provenientes de Texas volaron el jueves cerca de Venezuela en el espacio aéreo internacional, lo que constituye el más reciente esfuerzo del gobierno de Donald Trump para presionar al autoritario presidente del país, Nicolás Maduro, para que abandone su nación, dijeron dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos operativos.

Los bombarderos de largo alcance B-1, de la base aérea de Dyess, en Abilene, Texas, pueden transportar hasta 34.000 kilogramos de municiones guiadas y no guiadas, la mayor carga útil no nuclear de cualquier avión del arsenal de la Fuerza Aérea, según la hoja informativa del servicio.

El presidente Trump, cuando se le preguntó en la Casa Blanca por los vuelos, negó que estos se hubieran producido.

"No, no es correcto", dijo. "No, es falso".

La semana pasada, al menos dos bombarderos B-52 procedentes de Luisiana volaron durante varias horas frente a la costa venezolana, en espacio aéreo internacional, lo que un funcionario estadounidense de alto rango calificó el jueves de "demostración de fuerza". Los B-52 pueden transportar decenas de bombas de precisión.

A principios de este mes, una unidad de élite de aviación de Operaciones Especiales del Ejército realizó vuelos en el sur del mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. Los helicópteros, pertenecientes al 160.o Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, realizaban misiones de entrenamiento, no ensayos para una posible acción militar dentro de Venezuela, dijeron oficiales militares.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Algunos asesores políticos y comentaristas conservadores, como Laura Loomer y Stephen K. Bannon, están planteando dudas sobre la política del gobierno de Estados Unidos en la región.

Cambio de régimen. Ampliación de objetivos. Intervención militar estadounidense en el extranjero.

Durante años, muchos de los fervientes partidarios del presidente Donald Trump se unieron en torno a su promesa de evitar otra "guerra eterna" tras los largos conflictos estadounidenses en Medio Oriente y Asia Central.

Ahora, destacados asesores políticos y comentaristas conservadores expresan su inquietud por la expansión de las acciones militares del gobierno estadounidense contra Venezuela y en el Caribe.

Dicen que los enfoques militaristas que llevaron a gobiernos demócratas y republicanos a perpetuar guerras despilfarradoras están volviendo a salir a la palestra, a medida que los principales asesores de Trump tratan de derrocar a Nicolás Maduro, el autócrata que dirige Venezuela.

Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques letales contra embarcaciones civiles que, según funcionarios estadounidenses, están implicadas en el narcotráfico, y ha acumulado una fuerza de más de 10.000 soldados, buques de guerra y aviones estadounidenses en la región.

"Se supone que hay incentivos para acabar con las guerras y los conflictos en todo el mundo", dijo en una entrevista Laura Loomer, activista de extrema derecha e influyente asesora externa de Trump. "Sin embargo, aquí tenemos este conflicto con Venezuela que solo va a escalar".

En un reciente episodio de su pódcast, Steve Bannon, otrora estratega jefe de Trump, planteó la pregunta: "¿Esto es un caldo de cultivo para el neoconservadurismo 3.0?"

Su invitado en el programa, Curt Mills, analista político conservador, dijo que Estados Unidos debía evitar que se derrame sangre y más tarde escribió en internet que "se sigue avecinando una catástrofe evitable". En otra publicación, dijo: "Estamos llegando al Verdadero Negocio de asesinar gente al azar sin ningún plan".

Mills, director ejecutivo de The American Conservative, Bannon y algunos otros analistas de orientación moderada ven con escepticismo a Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.

Durante años, analistas conservadores y liberales calificaron a Rubio de "neoconservador". Los neoconservadores son legisladores y asesores que promueven la intervención agresiva de Estados Unidos en el extranjero para hacer que otras sociedades sean más favorables a Estados Unidos y prodemocráticas, incluso derrocando gobiernos. Impulsaron la guerra de Irak, y las desastrosas consecuencias hicieron impopular al movimiento.

Como senador republicano representante de Florida e hijo de inmigrantes cubanos anticomunistas, Rubio defendió el uso del poder militar estadounidense en todo el mundo. Desde entonces ha ido moderando parte de su retórica pública del estilo de la Guerra Fría.

Pero en lo que se refiere a América Latina, Rubio se ha ceñido a sus puntos de vista de política tradicionales, enfocados en debilitar y posiblemente derrocar a los gobiernos políticos de izquierda de Cuba y Venezuela.

Rubio está creando ahora una estrategia que utiliza la presión militar y otros medios para intentar sacar a Maduro del poder, según dicen funcionarios estadounidenses. Lo está presentando como un esfuerzo de "Estados Unidos primero" que podría ayudar a detener el flujo de drogas y personas migrantes hacia Estados Unidos, aunque los conflictos armados a menudo conducen a crisis de refugiados.

John Ratcliffe, director de la CIA, y Stephen Miller, principal asesor de política interior de Trump, han apoyado la agresiva estrategia de Rubio.

Trump ha autorizado a la CIA a emprender acciones encubiertas dentro de Venezuela. Y el ejército estadounidense ha estado elaborando planes de operaciones en el país, aunque estos no han sido aprobados por la Casa Blanca.

"El asunto del cambio de régimen es de lo que soy más escéptico", dijo Mills. "Creo que es políticamente muy hipócrita. Trump se presentó contra el Estado profundo, ¿y ahora vamos a cooperar con la CIA para derrocar a un gobierno? Es inevitable reírse".

"Trump ha sido muy claro: tiene fobia a las guerras de cambio de régimen", añadió. Mills trabaja en The American Conservative, que fue fundado en 2002 por el aislacionista conservador Pat Buchanan, y ha estado en contra de la invasión estadounidense de Irak.

Mills dijo que la matanza de civiles por parte del ejército estadounidense en el Caribe sin el debido proceso "tiene implicaciones sobre el modo en que el gobierno trataría a sus propios ciudadanos".

Trump, Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han supervisado la campaña de ataques aéreos contra embarcaciones civiles, en la que han muerto casi 40 personas. La mayoría de los ataques se han producido en el mar Caribe, pero el gobierno amplió su campaña esta semana, atacando embarcaciones en el Pacífico.

Trump y sus ayudantes insisten en que los barcos atacados traficaban con drogas, pero no han presentado pruebas ni han establecido una base jurídica clara para los operativos.

Sin embargo, expertos jurídicos y analistas de política exterior dicen que hay fuertes indicios de que el gobierno no está matando a importantes narcotraficantes y señalan las entrevistas en los medios de comunicación con algunas de las familias de las víctimas. Y afirman que es revelador que el gobierno haya enviado de vuelta a sus países de origen, Colombia y Ecuador, a dos sobrevivientes de un mortífero ataque a una embarcación la semana pasada, en lugar de detenerlos y procesarlos.

Funcionarios de la región también han dicho que algunos de los civiles muertos eran pescadores.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador colombiano, Alejandro Carranza, en un ataque que se llevó a cabo el 15 de septiembre. También murieron civiles colombianos en un ataque a una embarcación el 3 de octubre, dijo Petro. Trump ha respondido calificando a Petro de "narcotraficante ilegal" que gobierna una nación productora de cocaína.

Trump también dijo que Estados Unidos suspendería los pagos de ayuda a Colombia y aumentaría los aranceles sobre las importaciones procedentes del país, un impuesto que pagan las empresas estadounidenses.

Trump y Rubio sostienen que Estados Unidos tiene derecho a tomar medidas letales contra los cárteles de la droga. El presidente señala a Venezuela como principal fuente de entrada de fentanilo en Estados Unidos, aunque eso es falso.

Rubio apoyó el intento del primer gobierno de Trump de deponer a Maduro, y ha subrayado que el dirigente venezolano es un fugitivo acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia en 2020. El Departamento de Estado aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención y condena de Maduro.

Cuando se le pidió un comentario para este artículo, Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, dijo: "El presidente Trump prometió asegurar nuestra frontera, combatir a los narcoterroristas y detener el flujo de drogas mortales hacia nuestro país. Y eso es precisamente lo que está haciendo. Maduro no es el líder legítimo de Venezuela; es un prófugo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses".

Para aplacar a Trump, Maduro ha ofrecido a Estados Unidos participaciones dominantes de las riquezas petroleras y minerales de Venezuela y ha seguido aceptando los vuelos de deportación de migrantes venezolanos. Pero el 2 de octubre, Trump suspendió los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses.

Loomer ha cuestionado el motivo por el cual la Casa Blanca de Trump está dando marcha atrás en la diplomacia con Maduro. Dijo que apoyaba las políticas declaradas de Trump de lograr el dominio energético y limitar la influencia de China en el hemisferio occidental. El camino más fácil para alcanzar esos objetivos, dijo, es dialogar con Maduro y conseguir que otorgue a Estados Unidos más acceso al petróleo venezolano que a China.

"No sé si el presidente Trump ha sido plenamente informado del nivel de control que China tiene actualmente allí", dijo.

Loomer también ha criticado públicamente a María Corina Machado, principal dirigente de la oposición en Venezuela, afirmando que está "avivando y promoviendo activamente un cambio de régimen violento".

Los académicos de Defense Priorities, un centro de investigación bipartidista que aboga por la moderación en cuestiones militares, también son cada vez más críticos con las acciones del gobierno de Trump en América Latina. Varios miembros del grupo ocupan cargos políticos del gobierno, sobre todo en el Departamento de Defensa.

"Parece una repetición, especialmente de la guerra global contra el terrorismo", dijo Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar del centro. "Ves a gente como el secretario Hegseth diciendo que esto es el nuevo Al Qaeda. En primer lugar, el uso de Al Qaeda, en general, como el cuco para justificar todo tipo de aventuras en Medio Oriente es algo que los moderados rechazarían. Pero además, los cárteles no se parecen en nada a Al Qaeda".

Daniel DePetris, integrante del centro que investiga a América Latina, dijo que Trump es un "primacista" en lo que se refiere al hemisferio occidental, lo que significa que el presidente tiene la intención de mantener el dominio estadounidense en toda la región, principalmente mediante la fuerza militar.

"Este es otro ejemplo de Trump utilizando el martillo militar y planteando soluciones militares a problemas que no tienen soluciones militares", dijo.

Aunque Trump parece reacio a hablar públicamente del cambio de régimen, añadió DePetris, Rubio está impulsando claramente la política en esa dirección: "Marco Rubio está utilizando las drogas como un paso para convencer a Trump de que entre a Caracas y saque a Maduro de allí".

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.

El presidente Nicolás Maduro le pidió esta semana a la población civil que ayuden a defender el país, mientras que su ministro de Defensa advirtió a los ciudadanos que se preparen "para lo peor".

El gobierno de Venezuela dijo esta semana que había puesto en marcha una amplia movilización militar y había comenzado a entrenar a civiles para el combate, decisión que presentó como medidas defensivas frente a lo que calificó de amenaza creciente por parte de Estados Unidos.

Las disposiciones se producen en un momento en que Washington ha intensificado las operaciones militares en el Caribe, en las que ha matado a docenas de personas en una campaña que, según las autoridades estadounidenses, está dirigida contra las redes de narcotraficantes. Pero los funcionarios estadounidenses, en privado, han dicho que el objetivo final es destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro y algunos mandos militares de alto rango dijeron esta semana que habían activado nuevas zonas de defensa en todo el país y les pidieron a los civiles que se unieran a lo que describieron como un esfuerzo patriótico para proteger a la nación.

Durante días, las autoridades venezolanas han estado advirtiendo a la población. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les dijo esta semana a los venezolanos que se prepararan "para lo peor", y aludió a lo que calificó de "amenaza seria" planteada por el presidente Trump, quien ha declarado ante el Congreso que Estados Unidos mantiene un "conflicto armado" formal con ciertos cárteles de la droga.

La televisión estatal venezolana emite desde hace tiempo imágenes de hombres y mujeres que se arrastran por el barro con fusiles, que cruzan ríos con cuerdas y apuntan con sus armas bajo la instrucción de soldados. Pero recientemente también ha mostrado simulacros de evacuación, así como secuencias de militares que trasladan armas y documentos fuera de las bases.

"Ahora están haciendo cosas que realmente serían relevantes en caso de que Estados Unidos interviniera", dijo Andrei Serbin Pont, presidente del grupo de investigación latinoamericano CRIES, quien lleva 10 años estudiando los asuntos militares venezolanos.

Las autoridades venezolanas, citando las luchas del ejército estadounidense en Vietnam y Afganistán, han intentado presentar un frente fuerte afirmando que varios millones de combatientes están preparados para defender el país.

Pero los expertos afirman que esa cifra es inverosímil y que el discurso del gobierno sobre la protección de la patria puede tener más que ver con la obtención de apoyo entre los ciudadanos que con otra cosa, ya que el ejército de Venezuela no está a la altura del de Estados Unidos.

El gobierno ha reclutado milicianos principalmente de grupos leales o alineados con el gobierno. Muchos de los alistados están vinculados al partido socialista gobernante, a juntas vecinales y a redes de distribución de alimentos, dijeron los expertos.

"No estamos aquí en son de juegos", dijo Padrino López en declaraciones televisadas. "Nos estamos preparando".

Aunque Venezuela cuenta con importantes fuerzas militares y sistemas de armamento, dijo Serbin Pont, gran parte de su equipamiento se diseñó para gestionar la inestabilidad interna o los conflictos regionales, más que para defenderse de un ataque a gran escala del mayor ejército del hemisferio.

"Se trata de sistemas de armamento que nunca estuvieron realmente destinados a detener la intervención estadounidense", añadió. "No se pueden resistir al poder militar convencional estadounidense".

En la ciudad de La Guaira, al norte de Venezuela, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, presidió el jueves la juramentación de lo que los funcionarios llamaron una "milicia campesina" para "defender la patria".

"Quien crea que esta es una situación que se resuelve lanzando dos bombas y ya se rindieron, no nos conoce", dijo. "No tiene ni la menor idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela".

Pero los expertos afirman que solo es probable que una pequeña fracción de la población se movilice en caso de intervención estadounidense.

"Hay gente que podría recibirla con los brazos abiertos", dijo Serbin Pont. "Y luego mucha gente que simplemente dice: '¿Sabes qué? Mientras pueda ir a trabajar mañana o pueda poner pan en la mesa, no me importa'".

Genevieve Glatsky es una reportera del Times radicada en Bogotá.

La medida tiene pocas posibilidades, dada la falta de voluntad de la mayoría de los legisladores republicanos para desafiar al presidente Donald Trump, quien con toda seguridad la vetaría.

Un grupo bipartidista del Senado planea forzar la votación de una ley que prohibiría a Estados Unidos participar en hostilidades dentro de Venezuela sin autorización explícita del Congreso.

La medida tiene pocas posibilidades, dada la falta de voluntad de la mayoría de los legisladores republicanos para desafiar al presidente Donald Trump, quien con toda seguridad la vetaría. Pero una votación requerida sobre la legislación crearía antecedentes en el Congreso sobre si este debe frenar la campaña militar de Trump contra Venezuela, cada vez más intensa y legalmente cuestionable.

Los senadores Tim Kaine por Virginia y Adam Schiff por California, ambos demócratas, se han unido al senador Rand Paul por Kentucky, republicano, en la resolución, preocupados por que la orden del gobierno de Trump de una acción encubierta de la CIA en Venezuela pueda ser el primer paso hacia una guerra total.

La medida impediría al presidente llevar a cabo cualquier acción militar "dentro o contra" Venezuela a menos que estuviera "explícitamente autorizada por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar" por parte del Congreso. En virtud de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, destinada a limitar el poder de un presidente para entrar en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso, una resolución de este tipo debe considerarse y votarse mediante procedimientos acelerados.

El gobierno de Trump ha ordenado a las fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses que ataquen al menos seis embarcaciones frente a las costas de Venezuela desde el mes pasado, alegando que transportaban drogas, y ha intensificado la presión sobre el autoritario presidente del país, Nicolás Maduro, con un despliegue de soldados y amenazas aéreas. Esta semana, Trump sugirió que podría considerar una guerra terrestre.

"Ciertamente estamos considerando la tierra ahora", dijo a los periodistas el miércoles, "porque tenemos el mar muy bien controlado".

Hasta ahora, el gobierno ha insistido en que sus ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe se llevaron a cabo en aguas internacionales. Una acción militar directa contra Venezuela supondría una grave escalada.

"El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin debate público ni votación", dijo Paul, un libertario que se opone habitualmente a la participación de Estados Unidos en conflictos en el extranjero. "Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberación antes de la guerra".

Sin embargo, aunque muchos republicanos han abrazado la filosofía de política exterior de Trump de "Estados Unidos primero" y su impulso para sacar a Estados Unidos de conflictos en el extranjero, pocos en el Congreso se han pronunciado contra los ataques en el mar o la perspectiva de una escalada con Venezuela.

La semana pasada, el Senado bloqueó una medida de Kaine y Schiff que habría detenido los ataques a las embarcaciones sin autorización expresa del Congreso, con el voto a favor de solo dos republicanos.

La ley obliga al presidente a notificar lo antes posible a figuras clave del Congreso las acciones encubiertas o el uso de fuerza letal. Pero la Casa Blanca no ha informado hasta ahora a ese grupo de legisladores sobre las operaciones de la CIA en Venezuela, según dos personas familiarizadas con el proceso confidencial, que hablaron bajo condición de anonimato.

Trump tiene autoridad para utilizar la fuerza letal y llevar a cabo operaciones encubiertas sin la aprobación del Congreso, pero solo para contrarrestar una amenaza inminente. En el caso de Venezuela, su gobierno ha argumentado que el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos constituye tal amenaza. Trump les dijo a los periodistas el miércoles que autorizó la acción de la CIA contra Venezuela en parte porque el país había "vaciado sus prisiones en Estados Unidos de América".

La interpretación del Senado sobre los ataques a las embarcaciones equivale a "un completo agujero negro", dijo Kaine a los periodistas el jueves, y añadió que el gobierno no había proporcionado ninguna justificación legal al Congreso para los ataques, que han matado a decenas de personas.

La Constitución le otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para declarar la guerra, aunque comandantes en jefe de ambos partidos se han atribuido amplios poderes en las últimas décadas para llevar a cabo operaciones militares sin el consentimiento del poder legislativo.

Kaine forma parte de un pequeño grupo de legisladores de ambos partidos que llevan años trabajando sin éxito para recuperar el papel del Congreso en la autorización de operaciones militares.

"Deberíamos ser más celosos de los poderes que tenemos", dijo Kaine.

Schiff dijo que la autorización de operaciones encubiertas sugería que los objetivos del gobierno de Trump en Venezuela iban más allá de la lucha contra el contrabando de drogas.

"Debemos hacer valer nuestra autoridad para impedir que Estados Unidos se vea arrastrado --intencionada o accidentalmente-- a una guerra total en Sudamérica", dijo Schiff.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente había actuado "dentro de las leyes del conflicto armado" y que estaba "dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia".

La medida bipartidista pretende atraer más apoyo republicano para frenar la escalada de acciones militares del gobierno de Trump contra Venezuela. La semana pasada, Paul y la senadora Lisa Murkowski, por Alaska, fueron los únicos republicanos que apoyaron la resolución para detener los ataques a los barcos.

Otro republicano que ha expresado su preocupación por los recientes ataques, el senador Todd Young, por Indiana, dijo que la medida era demasiado amplia y podría aplicarse a acciones militares en otras regiones del mundo.

"A pesar de mi oposición a esta resolución, estoy muy preocupado por la legalidad de los recientes ataques en el Caribe y por la trayectoria de las operaciones militares sin la aprobación o el debate del Congreso y sin el apoyo del pueblo estadounidense", dijo en una declaración tras la votación.

Kaine dijo que esperaba que una redacción más detallada de su nueva resolución persuadiera a republicanos como Young a votar con los demócratas para frenar el uso de la fuerza por parte del presidente.

Julian E. Barnes y Robert Jimison colaboraron con la reportería.

Megan Mineiro reporta sobre el Congreso para el Times y forma parte de la generación 2025-26 del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

Julian E. Barnes y Robert Jimison colaboraron con la reportería.

Chevron goza de una influencia inusual en la Venezuela socialista, lo que le permite al coloso energético beneficiarse de lo que pueda surgir de la crisis entre Washington y Caracas.

El gobierno de Donald Trump ha duplicado la recompensa ofrecida por el líder autocrático de Venezuela, lo califica de "narcoterrorista" y ahora amenaza con realizar ataques militares en suelo venezolano.

Sin embargo, aunque la presión sobre el presidente Nicolás Maduro ha aumentado, este ha encontrado un pilar de apoyo en una de las mayores empresas petroleras estadounidenses.

Las exportaciones venezolanas de petróleo subieron en septiembre a su nivel más alto en cinco años, impulsadas en parte por la reanudación de las actividades de Chevron en Venezuela luego de una breve prohibición del gobierno de Trump.

"Chevron tiene 102 años en Venezuela, y yo quiero que tenga 100 años más", dijo Maduro después de que Chevron obtuviera un permiso estadounidense para reanudar el bombeo de petróleo. La empresa está en Venezuela desde 1923.

Las exportaciones de petróleo de Chevron están volviendo a canalizar divisas hacia la frágil economía venezolana, resaltando la inusual posición de la que goza un icono capitalista estadounidense en un país dirigido por socialistas autoproclamados que han expropiado los activos de cientos de otras empresas.

Las operaciones de Chevron constituyen casi una cuarta parte de la producción de petróleo de Venezuela. En los dos últimos años, Chevron ha representado hasta el 80 por ciento del crecimiento de la producción de petróleo de Venezuela, dijo Francisco J. Monaldi, experto venezolano en petróleo de la Universidad Rice.

Debido a la abrumadora dependencia de Venezuela de las exportaciones de petróleo, los economistas afirman que las operaciones de Chevron están permitiendo a los funcionarios venezolanos gastar al menos algunos ingresos en necesidades básicas como alimentos y medicinas.

Francisco Rodríguez, economista venezolano, afirmó que los ingresos del petróleo son lo que alimenta a Venezuela. Explicó que Chevron está ayudando a evitar que Venezuela vuelva a caer en el tipo de crisis humanitaria que en los últimos años llevó a millones de personas a huir del país.

La consolidación de Chevron como pilar de la economía venezolana pone al descubierto cómo ha sorteado periodos de intensa turbulencia política y económica para mantener el acceso a las colosales reservas de petróleo de Venezuela. Pero también ha expuesto a Chevron a las críticas de los opositores a Maduro, que la acusan de apoyar un gobierno autocrático.

Chevron defendió su trayectoria en Venezuela.

Bill Turenne, portavoz de Chevron, dijo que la empresa cree que su presencia sigue siendo una fuerza estabilizadora para la economía local, la región y la seguridad energética de Estados Unidos.

El protagonismo de Chevron en la economía venezolana podría ayudarle a beneficiarse de los resultados del enfrentamiento entre Washington y Caracas. La empresa parece haber descubierto la clave para trabajar con Maduro, y también para mantener buenas relaciones con el gobierno de Trump. Pero si la gestión de Maduro cae, el punto de apoyo venezolano de Chevron podría darle una ventaja competitiva en lo que probablemente sería un auge de la inversión petrolera.

En Washington, presidentes de ambos partidos han permitido que Chevron siga enviando distintas cantidades de petróleo de Venezuela a las refinerías estadounidenses, manteniendo vivo el comercio de petróleo entre Estados Unidos y Venezuela. Conocida por su capacidad de presión, Chevron contrató este año a la empresa de Brian Ballard, uno de los principales recaudadores de fondos de Trump.

El inmenso potencial de los yacimientos petrolíferos de Venezuela ha hecho que Chevron esté dispuesta a aceptar reveses periódicos y riesgos para su reputación.

Chevron se ha enfrentado a interrupciones de la producción, y en un momento dado la deuda de Venezuela con la empresa alcanzó los 3000 millones de dólares. Venezuela también ha encarcelado a empleados de Chevron por disputas contractuales.

La capacidad del gigante petrolero para seguir operando en Venezuela también refleja el argumento esgrimido por algunos en Washington de que si se prohíbe a la empresa bombear petróleo, sus activos venezolanos podrían caer en manos de China. Esa idea ha sido amplificada por Laura Loomer, partidaria clave de Trump e influente en las redes sociales.

El actual auge de Chevron en Venezuela se produce después de que el gobierno de Trump --presionado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien apoya la adopción de una línea dura contra Maduro-- cancelara en marzo una licencia previa que permitía que la empresa exportara petróleo venezolano.

Como consecuencia, las exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos se desplomaron un 90 por ciento en julio respecto al mes anterior, según cifras del gobierno estadounidense.

Los funcionarios estadounidenses elaboraron entonces una nueva licencia, que no se ha hecho pública pero de la que se ha informado ampliamente, para hacerla más restrictiva al prohibir a Chevron canalizar las divisas de las exportaciones directamente al sistema bancario de Venezuela, según una persona familiarizada con el acuerdo que no estaba autorizada a revelar los términos.

No obstante, analistas petroleros y economistas afirman que tanto Chevron como Venezuela siguen beneficiándose del nuevo acuerdo.

La prominencia de Chevron la ha ubicado en la inusual posición de ser una empresa estadounidense elogiada por Maduro y sus aliados socialistas, quienes ven en ella un importante aliado.

Willian Rodríguez, un legislador que apoya a Maduro, afirmó que la importancia de Chevron es fundamental porque aporta financiación y tecnología, destacando la experiencia de la empresa en la reactivación de pozos cuya explotación es compleja.

Por otra parte, la disposición de Chevron a trabajar con el gobierno de Venezuela la ha expuesto a los ataques de figuras de la oposición, que consideran que la empresa refuerza el liderazgo autocrático del país.

"Chevron ha hecho todo lo posible para socavar la lucha por la democracia en Venezuela", dijo Pedro Mario Burelli, exmiembro del consejo de administración de Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal.

El papel de Chevron en el apuntalamiento de la economía venezolana se remonta a una apuesta que hizo hace casi dos décadas, cuando Hugo Chávez, quien en ese entonces era el presidente, emprendió una campaña para nacionalizar los activos petrolíferos de propiedad extranjera.

Rivales como ExxonMobil y ConocoPhillips optaron por abandonar Venezuela. Pero Chevron no lo hizo, aprovechando la cálida relación que Ali Moshiri, ejecutivo de Chevron de origen iraní, mantenía entonces con Chávez.

Un factor clave en la decisión de Chevron fue la opinión a largo plazo de que la empresa debía capear cualquier turbulencia para permanecer en un país que cuenta con una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Como Chevron se encuentra en la inusual posición de conectar dos países en conflicto, Moshiri, quien ahora dirige una empresa petrolera independiente en Houston, dijo que esperaba que las operaciones venezolanas de Chevron pudieran ser una fuente de intereses compartidos y aliviar potencialmente las tensiones bilaterales.

"Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho Chevron, y estoy muy orgulloso de que Chevron sea un instrumento entre los dos gobiernos para alcanzar una solución", dijo Moshiri en una entrevista telefónica.

Chevron no es ajena a los acuerdos complicados. Los veteranos del sector establecen un paralelismo con las operaciones de Chevron en la Angola marxista de la década de 1980, cuando los soldados cubanos protegían sus activos contra los rebeldes anticomunistas apoyados por Estados Unidos.

Para el éxito de Chevron en Venezuela es crucial su experiencia técnica en una región llamada la Faja del Orinoco, donde el petróleo es espeso y cargado de azufre, lo que requiere un refinado especializado.

Edward Chow, un antiguo ejecutivo de Chevron que exploró oportunidades en Venezuela en la década de 1990, dijo que si el petróleo fuera fácil de producir, los venezolanos lo harían solos.

Aunque Chevron permaneció en Venezuela, la mala gestión, las purgas ideológicas, las sanciones y la corrupción en la industria petrolera hicieron que la producción global disminuyera. Las empresas petroleras chinas y rusas no pudieron elevar la producción a los niveles de Chevron.

Las sanciones a Venezuela durante el primer gobierno de Trump limitaron a Chevron. Sin embargo, después de que Rusia invadió Ucrania, el gobierno de Joe Biden permitió a Chevron reanudar las exportaciones de petróleo desde Venezuela para aliviar los temores sobre el suministro mundial de petróleo.

La española Repsol y la italiana ENI obtuvieron licencias similares bajo la presidencia de Biden, pero el gobierno de Trump no les ha concedido nuevas, reforzando así la posición de Chevron.

Chevron aún enfrenta riesgos. El gobierno de Trump podría cambiar de rumbo y utilizar las amenazas de detener las operaciones de Chevron para obtener concesiones de Maduro.

Monaldi, el experto en petróleo de Rice, también mencionó un creciente "costo reputacional", ya que Chevron se enfrenta a críticas por su disposición a trabajar con el gobierno de Venezuela.

Sin embargo, añadió, parece poco probable que Chevron pague un precio muy alto, destacando el papel de la empresa en la reactivación de la economía de Venezuela si se produce una transición política.

Los líderes de la oposición, dijo Monaldi, tendrán que dejar de lado cualquier animadversión hacia Chevron y negociar con ellos para que inviertan rápidamente.

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Anatoly Kurmanaev cubre la transformación de Rusia tras la invasión a Ucrania.

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia.

La presencia de una unidad de élite pretende ofrecer opciones al gobierno de Trump a medida que aumenta la presión sobre los narcotraficantes y el presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump está aumentando drásticamente la presión militar estadounidense sobre el gobierno de Nicolás Maduro, el autoritario presidente de Venezuela, con una dramática exhibición de amenazas aéreas en los últimos días, mientras el Pentágono organiza una importante concentración de soldados en la región.

El miércoles, al menos dos bombarderos B-52 procedentes de Luisiana volaron durante varias horas frente a la costa venezolana, en el espacio aéreo internacional, en lo que un alto funcionario estadounidense calificó el jueves de "demostración de fuerza". Los B-52 pueden transportar decenas de bombas de precisión.

También en los últimos días, una unidad de élite de aviación de Operaciones Especiales del Ejército ha estado realizando vuelos en el sur del mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

Los helicópteros, pertenecientes al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, han estado volando en misiones de entrenamiento, no en ensayos para una posible acción militar dentro de Venezuela, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir cuestiones operativas.

Sin embargo, el funcionario reconoció que la presencia del regimiento, de la que ya había informado The Washington Post, tenía por objeto proporcionar opciones al presidente Trump mientras él y su gobierno aumentan la presión sobre los presuntos narcotraficantes de la región y sobre Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela.

El miércoles, The New York Times informó que el gobierno de Trump había autorizado en secreto a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

La autorización es el paso más reciente en la intensificación de la campaña de presión del gobierno de Trump contra Venezuela. Desde principios de septiembre, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses han atacado al menos cinco embarcaciones frente a la costa venezolana que, según la Casa Blanca, transportaban drogas, matando a 27 personas. Funcionarios estadounidenses han dejado claro en privado que el objetivo principal es expulsar a Maduro del poder.

Trump reconoció el miércoles que había autorizado la acción encubierta y dijo que Estados Unidos estaba considerando realizar ataques en territorio venezolano.

La situación se produce mientras el ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que las considere el presidente Trump, incluidos ataques dentro de Venezuela que podrían incluir soldados del 160º Regimiento, una unidad histórica llamada "The Night Stalkers" que llevó a cabo operaciones antiterroristas extensas en Afganistán, Irak y Siria.

El tamaño y el alcance de la concentración militar estadounidense en la región del Caribe son significativos. Actualmente, hay unos 10.000 soldados estadounidenses, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, pero también unos 2200 marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe.

Las imágenes que han circulado por las redes sociales en los últimos días y que han sido verificadas por el Times muestran al menos seis helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y tres MH-60 Black Hawk sobrevolando aguas abiertas cerca de una plataforma petrolífera y de gas frente a la costa de Trinidad y Tobago. Esas aeronaves son parte del equipamiento principal del 160º Regimiento.

En una breve entrevista realizada en una conferencia del Ejército en Washington esta semana, el coronel Stephen Smith, comandante del 160º Regimiento, declinó hacer comentarios sobre las operaciones de la unidad.

The War Zone informó anteriormente algunos detalles sobre los vuelos de B-52 del miércoles.

Cuando se le preguntó por los vuelos el jueves, el Pentágono declinó en un comunicado hacer comentarios sobre "asuntos operativos".

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

John Kelley, consejero político de la misión estadounidense ante las Naciones Unidas, dijo al Consejo que Washington no reconoce a Maduro y a "sus compinches" como gobierno de Venezuela.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó el viernes una reunión poco habitual centrada en Estados Unidos para debatir los recientes ataques militares del gobierno de Donald Trump contra embarcaciones venezolanas en el Caribe y los riesgos que estas acciones suponían para la estabilidad regional.

Aunque la reunión en sí fue digna de mención --el consejo rara vez celebra reuniones sobre la conducta de Estados Unidos, miembro permanente--, los 15 miembros del consejo no fueron para nada unánimes en un apoyo al gobierno de Venezuela o en la condena abierta de Estados Unidos.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han intensificado en los últimos meses. El gobierno de Trump ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra embarcaciones cerca de las aguas de Venezuela, en los que han muerto al menos 21 personas, alegando que traficaban con drogas.

Recientemente, el presidente Trump declaró ante el Congreso que su gobierno había determinado que Estados Unidos está en guerra con los cárteles de la droga y que, por tanto, las personas que tripulan embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas son "combatientes ilegales". Esta idea ha sido duramente disputada por diversos especialistas jurídicos en leyes que rigen el uso de la fuerza militar.

Rusia y China criticaron duramente a Estados Unidos el viernes, afirmando que sus acciones violaban el derecho internacional y atentaban contra la soberanía de Venezuela.

Vasily Nebenzya, embajador de Rusia ante la ONU, dijo que las acciones militares y el asesinato de civiles sin juicio reflejaban el "principio vaquero" estadounidense de "disparar primero". Dijo que los ataques eran un ejemplo del "excepcionalismo estadounidense" en el que, según él, Washington hace lo que quiere y espera que los demás países acaten.

Rusia, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo este mes, ha utilizado su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad para evitar la condena de la ONU por su invasión ilegal de Ucrania y la guerra que se está librando en ese país.

Pero otros diplomáticos --de países europeos y africanos, así como de Guyana, miembro sudamericano del Consejo-- eligieron sus palabras con cuidado, evitando la denuncia directa del gobierno de Trump. En su lugar, hablaron en términos generales de la necesidad de actuar diplomáticamente y de llevar a cabo todas las acciones contra los cárteles de la droga dentro de los límites de las leyes internacionales y de la Carta de la ONU.

"Reiteramos el llamado a la desescalada y seguimos instando a las partes a que eviten cualquier acción que pueda amenazar la paz y la seguridad internacionales en la región", dijo Miroslav Jenca, máximo responsable político y de consolidación de la paz de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas. "Pedimos un diálogo constructivo y una resolución pacífica de las diferencias".

La reunión fue solicitada por Venezuela, que dijo en una carta a la presidencia del Consejo que los recientes ataques de Washington a las embarcaciones formaban parte de una amenaza mayor "contra la integridad territorial y la independencia política de nuestra nación". Venezuela también acusó a Trump de intentar derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La reunión coincidió con el anuncio de que María Corina Machado, destacada figura de la oposición venezolana, había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por trabajar para llevar el cambio democrático a su país mediante el activismo pacífico. Varios miembros del Consejo felicitaron a Machado en sus discursos. Estados Unidos no lo hizo.

John Kelley, consejero político de la misión estadounidense ante las Naciones Unidas, dijo al Consejo que Washington no reconoce a Maduro y a "sus compinches" como gobierno de Venezuela, y que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para llevar a cabo más operaciones militares de ser necesario, para combatir a los cárteles de la droga.

"Para reiterar, Estados Unidos no vacilará en nuestra acción para proteger a los estadounidenses de los narcoterroristas", dijo Kelley.

Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre Irán y ha escrito sobre el conflicto en Medio Oriente durante 15 años.

Con la esperanza de poner fin al enfrentamiento de su país con Estados Unidos, varios funcionarios venezolanos le ofrecieron al gobierno de Donald Trump una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela a través de conversaciones que duraron meses, según varias personas cercanas a las discusiones.

Esa oferta de gran alcance permaneció sobre la mesa mientras el gobierno de Trump calificaba al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "cártel narcoterrorista"; reunía buques de guerra en el Caribe, y empezaba a hacer estallar embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, transportaban drogas desde Venezuela.

En virtud de un acuerdo discutido entre un funcionario estadounidense de alto rango y los principales ayudantes de Maduro, el líder autocrático de Venezuela ofreció abrir todos los proyectos petrolíferos y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, conceder contratos preferenciales a empresas estadounidenses, invertir el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a Estados Unidos y reducir drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas.

El gobierno de Trump acabó rechazando las concesiones económicas de Maduro y suspendió la diplomacia con Venezuela la semana pasada. Esta medida acabó con el acuerdo, al menos por ahora, dijeron personas cercanas a las conversaciones.

Aunque Estados Unidos ha estado atacando lo que denomina embarcaciones que transportan drogas, el corte de la diplomacia, la concentración militar cerca de Venezuela y las amenazas cada vez más estridentes contra Maduro por parte de funcionarios del gobierno de Trump han llevado a muchos en ambos países a pensar que el verdadero objetivo del gobierno de Trump es la destitución de Maduro.

Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, ha sido la voz principal en la presión del gobierno para derrocar a Maduro. Ha calificado a Maduro de líder ilegítimo quien es un "fugitivo de la justicia estadounidense" y se ha mostrado escéptico ante el enfoque diplomático llevado a cabo por un enviado especial estadounidense, Richard Grenell.

Los partidarios de la diplomacia reconocen que el enfoque de línea dura de Rubio ha prevalecido por ahora. Pero creen que los esfuerzos diplomáticos podrían acabar dando frutos, y señalaron los repentinos reveses de Trump en otras cuestiones importantes de política exterior, como la guerra de Ucrania, el comercio con China o el programa nuclear iraní.

Este artículo se basa en entrevistas con más de una decena de representantes estadounidenses y venezolanos de facciones dispares que abogan por la diplomacia con Maduro. Describieron sus conversaciones bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Públicamente, el gobierno venezolano ha respondido a la escalada militar de Trump con una actitud desafiante y promesas de defender lo que denomina una revolución socialista iniciada en la década de 1990 por el difunto predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez. Al mismo tiempo, Maduro ha dicho que sigue abierto a las negociaciones y su gobierno continúa aceptando vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos.

Sin embargo, tras bastidores, algunos funcionarios venezolanos de alto rango, con la bendición de Maduro, le ofrecieron a Washington concesiones de gran alcance que, en esencia, eliminarían los vestigios del nacionalismo de recursos que constituye el núcleo del movimiento de Chávez.

Aunque Grenell y los funcionarios venezolanos avanzaron en cuestiones económicas, no lograron ponerse de acuerdo sobre el futuro político de Maduro, según personas próximas a las negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo en una entrevista el mes pasado que Maduro no negociaría su salida.

Maduro ha reprimido repetidamente los desafíos democráticos a su gobierno tras asumir la presidencia en 2013. El año pasado se aferró al poder después de perder unas elecciones presidenciales amañando los resultados y reprimiendo brutalmente las protestas.

Grenell declinó hacer comentarios para este artículo. El Departamento de Estado, la Casa Blanca y el gobierno de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En Washington, los funcionarios estadounidenses ofrecen distintas valoraciones de las conversaciones. Un funcionario estadounidense dijo que los informes sobre las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones y el acceso al mercado venezolano "no eran una evaluación exacta de lo que ocurrió".

Sin embargo, otros funcionarios estadounidenses dijeron que funcionarios estadounidenses y venezolanos mantuvieron repetidas conversaciones sobre cómo sería la normalización económica, incluido el acceso de empresas estadounidenses a los mercados energéticos venezolanos y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Mientras Grenell y los enviados de Maduro negociaban un acuerdo, la líder del principal movimiento de oposición de Venezuela, María Corina Machado, presentó su propia propuesta económica en Washington.

Machado argumentó que a las empresas estadounidenses en Venezuela les esperaba una riqueza económica aún mayor --1,7 billones de dólares en 15 años-- si su movimiento lideraba una transición política.

Su asesora económica, Sary Levy, dijo que la bonanza inversora ofrecida por Maduro nunca se materializaría sin democracia, Estado de derecho y libertades individuales.

"Lo que Maduro ofrece a los inversores no es estabilidad, es control, un control mantenido mediante el terror", dijo Levy. "El gobierno de Trump ha mostrado una clara intención de no caer en estas ofertas de soluciones fáciles".

Venezuela produce actualmente alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, frente a los cerca de tres millones que producía cuando Chávez asumió el poder. La mayor parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela se destinan a China, excepto unos 100.000 barriles diarios que el gigante energético estadounidense Chevron le vende a Estados Unidos. La mayoría de los expertos coinciden en que Venezuela podría aumentar rápidamente la producción de petróleo con una importante inyección de capital extranjero, aunque difieren sobre si esto es factible bajo el gobierno actual.

"Nuestro mensaje a las compañías petroleras es: las queremos aquí, desde luego", les dijo Machado a los representantes de las empresas estadounidenses en junio. "Las queremos aquí no produciendo migajas de un par de cientos de miles de barriles diarios. Las queremos aquí produciendo millones de barriles diarios".

Machado declinó hacer comentarios para este artículo.

En el pasado, Estados Unidos enmarcó su apoyo a un nuevo gobierno en Venezuela como un imperativo de los derechos humanos. En cambio, los puntos económicos discutidos por los enviados de Maduro con Grenell se hacían eco de una visión mercantilista del mundo que Trump ha promovido en otros lugares.

Trump ha exigido acceso a los minerales ucranianos como pago por el apoyo estadounidense al esfuerzo bélico de Kiev. Con frecuencia se ha lamentado de que Estados Unidos no obtuviera petróleo iraquí tras la invasión de 2003. Aceptó mantener soldados estadounidenses en Siria en 2019 a condición de que Estados Unidos "se quedara con el petróleo".

El acuerdo discutido entre Grenell y los funcionarios venezolanos fue particularmente amplio, y representaba posiblemente el intento más ambicioso de diplomacia de recursos durante el segundo mandato del presidente.

Normalizar el comercio y permitir que las empresas estadounidenses vuelvan a entrar en Venezuela podría resultar tentador para algunos funcionarios estadounidenses debido a las reservas de petróleo del país, las mayores del mundo, así como a los importantes yacimientos de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán, una mezcla mineral utilizada en baterías eléctricas.

El acercamiento económico de Maduro a Estados Unidos también se ha extendido al sector privado, en un intento de fortalecer su influencia en Washington.

La petrolera estatal venezolana le ha dado a Chevron, la mayor empresa estadounidense que opera en Venezuela, el control total de sus proyectos petrolíferos conjuntos, y ambas entidades han discutido la posibilidad de darle a Chevron una participación en otro importante yacimiento petrolífero.

Las autoridades venezolanas han hecho esfuerzos para reparar las relaciones con otro gigante petrolero estadounidense, ConocoPhillips, que abandonó Venezuela en 2007 después de que el gobierno confiscara sus operaciones. El gobierno de Maduro y Conoco han estado negociando un acuerdo de comercio de petróleo este mismo año, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Chevron dijo que sus negocios en Venezuela cumplen todas las leyes venezolanas y estadounidenses aplicables. Conoco no respondió a una solicitud de comentarios.

El acercamiento por parte de los funcionarios y empresarios venezolanos estuvo lo más próximo a lograr un avance diplomático en mayo, según las personas informadas de las conversaciones.

Como muestra de buena voluntad, ese mes Grenell orquestó el regreso de una niña venezolana varada en Estados Unidos tras la deportación de sus padres, lo que supuso una victoria política interna para Maduro. El gobierno de Venezuela correspondió poco después liberando a un veterano de las Fuerza Aérea estadounidense encarcelado en el país y entregándoselo a Grenell.

Maduro llegó a apoyar la mayoría de los términos económicos de la propuesta discutida con Grenell.

Una persona familiarizada con las negociaciones dijo que Maduro vaciló inicialmente ante la exigencia estadounidense de limitar los vínculos económicos de Venezuela con China, Rusia e Irán.

Pero finalmente vio que aflojar esas alianzas era un precio inevitable para evitar la intervención militar estadounidense, dijo la persona. Para maximizar los ingresos ante la presión estadounidense, Venezuela también ha dejado de enviar petróleo a Cuba, lo que ha agravado la grave escasez de electricidad en la nación aliada.

Las negociaciones económicas de Grenell con los enviados de Maduro se enfrentaron a la fuerte oposición de Rubio, un cubano-estadounidense y exsenador que desde hace tiempo considera la caída de Maduro como un paso crucial para acabar con la dictadura comunista en la isla.

Los partidarios de las relaciones económicas con Maduro han conseguido pequeñas victorias.

Chevron consiguió que se le restituyera en julio la licencia del Tesoro estadounidense para operar en Venezuela, según el gobierno venezolano. La empresa consiguió anular la prohibición impuesta por Trump meses antes después de un esfuerzo concertado de presión en Washington, según personas familiarizadas con el acuerdo.

El Departamento del Tesoro emitió el miércoles otra licencia que, en efecto, le permite a Shell, la mayor empresa energética de Europa, reanudar sus trabajos en Venezuela. Con el nuevo permiso, Shell podría empezar a producir gas de un enorme yacimiento venezolano en alta mar tan pronto como el año próximo, según una persona familiarizada con el acuerdo.

El gas del yacimiento, conocido como Dragón, se procesará y venderá desde la vecina Trinidad.

Shell dirigió las preguntas al titular de la licencia, el gobierno de Trinidad y Tobago, cuyos funcionarios no respondieron a una solicitud de comentarios.

Rubio dijo el mes pasado que Estados Unidos se aseguraría de que el proyecto Dragón "no proporcionara beneficios significativos al régimen de Maduro".

Maduro ha firmado una estipulación para que Shell invierta en proyectos sociales en Venezuela en lugar de pagar a su gobierno. Para el gobierno de Maduro, el principal beneficio es demostrar que Venezuela sigue abierta a los negocios.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Anatoly Kurmanaev es un corresponsal extranjero que cubre la transformación de Rusia tras la invasión a Ucrania.

El Pentágono ha desplegado 10.000 soldados estadounidenses en la región, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, dijo un alto cargo militar.

La nación árabe del golfo, Catar, intenta actuar como mediadora en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, incluso mientras el presidente Donald Trump sigue aumentando las fuerzas militares en el Caribe y atacando embarcaciones civiles, según tres personas con conocimiento de la diplomacia catarí.

Los esfuerzos de Catar han sido alentados por el gobierno venezolano, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, pero no han sido bien acogidos por el gobierno de Trump, que parece más enfocado en las opciones militares que en la diplomacia.

El Pentágono ha desplegado 10.000 soldados estadounidenses en la región, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, dijo un alto cargo militar estadounidense. También hay soldados en ocho buques de guerra de superficie y un submarino en la región.

Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, afirma que Maduro es un dirigente ilegítimo y un fugitivo acusado en 2020 por el Departamento de Justicia por cargos de narcotráfico. Rubio ha estado intentando elaborar una estrategia para derrocar a Maduro mediante la presión militar, una misión apoyada por John Ratcliffe, el director de la CIA, y Stephen Miller, el principal asesor de política interior de Trump.

"Sé que Catar pasa mensajes de un lado a otro", dijo Juan Gonzalez, quien fue director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden. "Intentan encontrar la manera de fomentar un diálogo más estructurado o un canal alternativo entre ambas partes, pero no han tenido mucho éxito en el gobierno de Trump".

Un funcionario actual describió los esfuerzos de Catar como un intento de mantener abiertos los canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela, como parte del objetivo de la pequeña nación de desempeñar un papel importante en la diplomacia mundial.

Se trata de uno de los 12 conjuntos de diplomacia multinacional en los que participa Catar, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones delicadas.

Funcionarios cataríes hablaron sobre Venezuela con el presidente Biden y con Antony Blinken, su secretario de Estado, dijo Gonzalez. Catar también organizó reuniones entre Gonzalez y un alto funcionario venezolano, Jorge Rodríguez, en 2023.

Y entre las 12 series de negociaciones, Catar actúa como mediador en varias conversaciones de alto nivel en las que participan el gobierno de Trump y otras partes, incluida la guerra en Gaza.

Pero sobre Venezuela, Rubio y sus aliados están consiguiendo impulsar un enfoque militarista, por lo que el gobierno de Trump se ha abstenido de pedir a Catar que desempeñe un papel diplomático significativo.

Trump no ha dicho públicamente que pretenda derrocar a Maduro. Pero la semana pasada dijo a Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo interino del Centro Kennedy, que detuviera los esfuerzos diplomáticos con Maduro y su gobierno, según han dicho funcionarios estadounidenses.

Grenell ha sido el principal negociador del gobierno de Trump con Maduro en asuntos que incluían la liberación de algunos presos estadounidenses, la aceptación por parte de Venezuela de los vuelos de deportación que transportan a sus ciudadanos y posibles acuerdos sobre energía y minerales.

Maduro ha seguido aceptando los vuelos de deportación de Estados Unidos a pesar de la creciente hostilidad del gobierno de Trump, y ha expresado su interés en que ambos gobiernos encuentren un terreno en común, según afirman funcionarios venezolanos.

Maduro envió una carta a Trump el mes pasado en la que afirmaba que ni él ni su país eran responsables de la entrada de drogas en Estados Unidos.

"Sé que Maduro está deseoso de restablecer las líneas de comunicación", dijo Gonzalez. Añadió que, dado que Trump no parece estar dispuesto a aceptar la diplomacia, Maduro "recibe muchas presiones de personas en su gobierno para que corte la cooperación en materia de migración".

Gonzalez se reunió con funcionarios venezolanos en Catar, Italia y México en 2023 para discutir la celebración de elecciones competitivas por parte de Maduro a cambio del levantamiento de ciertas sanciones estadounidenses.

Por otro lado, Gonzalez también negoció que Venezuela liberara a prisioneros estadounidenses y aceptara vuelos de deportación de Estados Unidos a partir del otoño de 2023. Grenell consiguió una renovación de ese acuerdo después de que Maduro interrumpiera temporalmente los vuelos este año.

Catar "hizo de anfitrión, mantuvo minutas y nos ayudó a intercambiar documentos e información sobre asuntos delicados", dijo Gonzalez. "A veces, cuando estábamos atascados en algún asunto, entablaban conversaciones con nuestro gobierno y también enviaban a alguien a Venezuela para que presionara algunos temas".

"Nos fueron increíblemente útiles", dijo.

Catar es uno de los mayores productores y exportadores de gas natural del mundo y ha intentado llegar a acuerdos comerciales en el gran sector del petróleo y el gas de Venezuela.

El Ministerio de Asuntos Exteriores catarí declinó hacer comentarios sobre su papel actual en la diplomacia entre Venezuela y Estados Unidos. El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las peticiones de comentarios, como tampoco lo hizo Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y principal negociador del gobierno con Estados Unidos.

Rubio ha elogiado a los líderes de la oposición venezolana que tratan de deponer a Maduro y se reunió con cinco figuras de la oposición en mayo, después de que huyeran de Caracas, la capital. Un asesor de la principal líder opositora del país, María Corina Machado, declaró a The New York Times el mes pasado que estaban hablando con el gobierno de Trump sobre cómo contrarrestar a Maduro y a las organizaciones criminales.

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe, en los que han muerto al menos 21 personas. Trump ha dicho que se trataba de narcotraficantes, pero no ha aportado pruebas de ello ni ha dado una base jurídica clara a la opinión pública para los ataques. El miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su gobierno creía que el último barco que alcanzó Estados Unidos era colombiano y transportaba a ciudadanos de su país.

La concentración militar en el Caribe sugiere que el Pentágono pretende llevar a cabo operaciones mucho más expansivas, incluso quizá en la propia Venezuela.

Unos 4500 marineros e infantes de la Marina están a bordo de los ocho buques de guerra de superficie y el submarino. El principal aumento se ha producido en Puerto Rico, donde la fuerza cuenta ahora con unos 5500 soldados, dijo el militar estadounidense. Incluyen tripulaciones de aviones de combate F-35, aviones no tripulados MQ-9 Reaper y otros aviones de transporte y recolección de información. Entre los nuevos soldados también hay personal de mantenimiento, logístico y de apoyo.

El gobierno de Trump envió una notificación confidencial al Congreso a finales de septiembre en la que afirmaba que el gobierno estadounidense se encontraba ahora en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga.

El martes, cinco líderes demócratas de la Cámara de Representantes exigieron más información sobre las acciones militares, y afirmaron en una carta a Trump que no había logrado definir la autoridad legal que le permitía ordenar los recientes ataques contra civiles. También dijeron que no había identificado a qué grupos denomina "organizaciones terroristas".

Al parecer, se trata de una nueva categoría sin base jurídica ni factual creada por Trump con el propósito de intensificar este conflicto, dijeron los funcionarios del Congreso. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, utilizó el término cuando publicó un video en internet el 3 de octubre en el que se jactaba del ataque letal más reciente contra un barco.

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Julie Turkewitz es la jefa de la corresponsalía de los Andes del Times, y desde Bogotá cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

La medida allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump ha suspendido los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses, lo que allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro.

Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, había estado dirigiendo las negociaciones con Maduro y otros altos cargos venezolanos. Pero el jueves, durante una reunión con mandos militares de alto rango, Trump llamó a Grenell y le dio instrucciones de que cesara todo contacto diplomático, incluidas sus conversaciones con Maduro, dijeron el lunes los funcionarios.

Trump ha sentido una creciente frustración ante el hecho de que Maduro no haya accedido a las exigencias estadounidenses de abandonar el poder voluntariamente y por la continua insistencia de los funcionarios venezolanos en que no tienen nada que ver con el narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses han dicho que el gobierno de Trump ha elaborado diversos planes militares para una escalada. Esas operaciones también podrían incluir planes diseñados para obligar a Maduro a dejar el poder. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense y asesor de Seguridad Nacional, ha calificado a Maduro de líder "ilegítimo" y ha citado reiteradamente una acusación de Estados Unidos contra él por cargos de narcotráfico.

Rubio había descrito a Maduro como un "fugitivo de la justicia estadounidense", y Estados Unidos aumentó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump estaba dispuesto a utilizar "todos los elementos del poder estadounidense" para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos y que había sido claro en sus mensajes a Maduro para que pusiera fin al narcotráfico venezolano.

Grenell declinó hacer comentarios, al igual que un alto funcionario venezolano.

Rubio y sus aliados en el gobierno de Trump han estado impulsando una estrategia para expulsar a Maduro del poder. Funcionarios estadounidenses afirman que Maduro dirige a los cárteles de la droga que operan en Venezuela, acusación que el gobierno venezolano niega.

El viernes, el ejército estadounidense atacó otra embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela, un ataque en el que cuatro hombres murieron, según anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Fue el cuarto ataque del que se tenga conocimiento por parte de las fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones que, según el gobierno, traficaban con narcóticos.

Grenell lleva meses negociando con Maduro, aunque esas conversaciones se intensificaron en las últimas semanas cuando el ejército estadounidense empezó a atacar las embarcaciones.

El mes pasado, Maduro escribió una carta a Trump en la que negaba que su país traficara con drogas y se ofrecía a seguir negociando con Estados Unidos a través de Grenell.

Grenell ha intentado llegar a un acuerdo que evite un conflicto mayor y permita a las empresas estadounidenses acceder al petróleo venezolano.

Pero Rubio y sus aliados han llegado a considerar que los esfuerzos de Grenell eran inútiles y creaban confusión, según una persona informada sobre el asunto.

En una notificación al Congreso la semana pasada, el gobierno de Trump dijo que Estados Unidos estaba implicado en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga. Los cárteles del narcotráfico, decía la notificación, eran organizaciones terroristas, y los miembros de los cárteles que traficaban con drogas eran considerados "combatientes ilegales".

Junto con la decisión de suspender la diplomacia, el aviso parecía una señal de que Estados Unidos planeaba intensificar las operaciones militares. Algunos funcionarios actuales y anteriores dijeron que Trump podría autorizar ataques contra objetivos de los cárteles de la droga dentro de México, aunque no está claro si el presidente lo ha hecho o qué plan militar podría aprobar.

El ejército estadounidense ha afirmado que sus ataques contra embarcaciones que transportan narcóticos se han producido en aguas internacionales. A los defensores de la diplomacia dentro del gobierno de Trump les preocupa que cualquier nueva expansión de la campaña antidroga hacia la propia Venezuela, o cualquier esfuerzo directo para obligar a Maduro a abandonar el poder, supondría el riesgo de involucrar a Estados Unidos en una guerra más grande.

Los partidarios de la diplomacia han dicho que ampliar la campaña contra Venezuela hasta convertirla en una operación de cambio de régimen entraña el riesgo de incluir a Estados Unidos en el tipo de guerra prolongada que Trump prometió evitar.

Pero Grenell ha estado en desacuerdo con Rubio sobre varias cuestiones de este gobierno, entre ellas cómo conseguir que Maduro libere a los estadounidenses retenidos en Venezuela.

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación y cubre América Latina desde Ciudad de México.

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá.

Durante meses, el gobierno de Trump ha intentado poner fin a las garantías de 300.000 migrantes venezolanos.

La Corte Suprema despejó el viernes el camino para que el gobierno de Donald Trump retire la protección a más de 300.000 migrantes venezolanos que vivían en Estados Unidos sin riesgo de ser deportados.

Fue la segunda vez en cuatro meses que los jueces accedían a permitir la deportación de migrantes.

En una versión anterior del caso, en mayo, los jueces acordaron bloquear temporalmente la orden de un juez de mantener las protecciones. Dicha orden no estaba firmada ni brindaba los motivos. En ese momento, la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en expresar su desacuerdo.

El caso volvió entonces al juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, quien falló por segunda vez el mes pasado a favor de las personas migrantes tras examinar una nueva demanda y recibir pruebas adicionales. Chen dijo que no estaba sujeto a la orden de la Corte Suprema de mayo y señaló que la orden "no proporcionaba ningún análisis específico".

En su breve auto, no firmado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema dijo que "aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos jurídicos y los daños relativos en general no lo han hecho". Por ese motivo, dijo la corte, "el mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí".

Los tres jueces liberales expresaron su desacuerdo en esta oportunidad. La jueza Ketanji Brown Jackson criticó duramente a sus colegas por el "grave abuso" del procedimiento de urgencia.

La mayoría, escribió, ha utilizado su poder "para permitir a este gobierno trastornar tantas vidas como sea posible, tan rápidamente como sea posible".

Jackson acusó a la mayoría de "privilegiar erróneamente la descarada afirmación de un poder ejecutivo ilimitado por encima de las súplicas de innumerables familias por la estabilidad que nuestro gobierno les ha prometido".

Aunque la sentencia del viernes vuelve a ser temporal, significa que cientos de miles de migrantes venezolanos corren el riesgo de ser deportados inmediatamente mientras continúa el litigio. Tras la orden inicial de la Corte Suprema, dijeron los abogados de los migrantes, "muchos miles de familias quedaron destrozadas" y que personas venezolanas que habían sido protegidas perdieron sus empleos, fueron encarceladas y "deportadas a un país que sigue siendo extremadamente inseguro".

El presidente Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés) como parte de sus agresivos esfuerzos de deportación masiva.

Al pedir a la Corte Suprema que detuviera la última orden de Chen, el procurador general D. John Sauer dijo que las acciones del juez eran otro ejemplo del "fenómeno cada vez más familiar e insostenible de tribunales inferiores que desoyen las órdenes de este tribunal en el procedimiento de urgencia".

Mientras esté en vigor la orden de Chen, dijeron al tribunal los abogados del Departamento de Justicia, el gobierno de Trump "debe permitir que más de 300.000 ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su razonada determinación de que hacerlo, aunque sea temporalmente, es 'contrario al interés nacional'".

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush como parte de la Ley de Inmigración de 1990, permite a los inmigrantes de países que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El caso comenzó en febrero, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó poner fin a una prórroga de 18 meses de las protecciones para determinados migrantes venezolanos, una prórroga que había concedido el gobierno de Joe Biden.

Los migrantes afectados por el cambio impugnaron la medida, alegando que Noem se había extralimitado en sus funciones y había infringido los procedimientos administrativos a fin de acabar con el programa. Según los abogados de los migrantes, dirigidos por Ahilan T. Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, el Departamento de Seguridad Nacional no examinó, por ejemplo, las condiciones existentes en Venezuela antes de decidir poner fin al programa.

Calificaron la demanda del gobierno contra el juez del tribunal inferior de "acusación infundada y peligrosa" que no ignoraba la orden anterior de la Corte Suprema. En términos más generales, dijeron, los jueces habían ordenado repetidamente a los jueces de primera instancia en otros casos recientes que se aseguraran de que los organismos gubernamentales cumplían las leyes pertinentes.

Los abogados del gobierno de Trump defendieron las acciones de Noem y dijeron que el estatuto en cuestión no permitía tales desafíos legales. Instaron a los jueces a rechazar lo que caracterizaron como una repetición, afirmando que los defensores de los migrantes "reciclan en gran medida argumentos jurídicos que anteriormente no lograron persuadir al tribunal".

En respuesta a la más reciente orden de la Corte Suprema, Arulanantham criticó a la mayoría por apartarse de prácticas anteriores, como cuando permitió a jueces de tribunales inferiores bloquear políticas favorables a los migrantes durante el gobierno de Biden.

"Esta es quizá la señal más extrema de que la Corte Suprema ha abandonado la ley por la política", dijo en un comunicado. "No hay forma jurídica de dar sentido al nuevo y vasto poder que se ha adjudicado el Tribunal".

Ann Marimow cubre la Corte Suprema para el Times desde Washington.

Los sismos y otras réplicas menores sacudieron ciudades de Venezuela y Colombia durante la noche. No hubo informes inmediatos de bajas.

Varios sismos fuertes sacudieron el noroeste de Venezuela en una agitada noche de temblores que continuó hasta el jueves por la mañana, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés).

Los movimientos se propagaron a través de la frontera y también se sintieron en Colombia.

Comenzaron el miércoles a las 6:21 p. m. con un terremoto de magnitud 6,2 en el estado venezolano de Zulia, que sacudió unos 24 kilómetros al este de Mene Grande, ciudad cercana a Maracaibo, centro de la industria petrolera de Venezuela, dijo el USGS. No hubo informes iniciales de bajas.

Luego siguieron un sismo de magnitud 4,9 a las 10:42 p. m. en Zulia, otro de magnitud 6,3 a las 11:51 p. m. en el estado de Trujillo y otro de magnitud 5,8 el jueves a las 2:55 a. m., también en Trujillo. Todos los sismos se produjeron a una profundidad inferior a 14 kilómetros, lo que significa que era probable que causaran daños, dijo el USGS.

[Imágenes a continuación. Una cámara de seguridad captó los temblores de dos sismos en el estado venezolano de Zulia. La marca de tiempo de las imágenes indica que ocurrieron con cinco horas y media de diferencia]

Venezuela fue sacudida por otras dos decenas de sismos menores y réplicas durante la madrugada, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en una entrevista en la televisión estatal a primera hora del jueves. Añadió que el país estaba en alerta máxima, pero que no había noticias de muertes.

Luis Gerardo Caldera, gobernador de Zulia, dijo en las redes sociales que las autoridades estaban evaluando los daños, también en la iglesia de Santa Bárbara de Maracaibo.

Imágenes y videos difundidos en las redes sociales parecían mostrar que los sismos habían dañado edificios y carreteras, y habían obligado a la población a evacuar sus hogares en Zulia.

En parte de Colombia se sintieron fuertes sacudidas, según el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ciudad del noroeste de Colombia situada a unos 640 kilómetros de los epicentros de los sismos. Dijo que no había informes inmediatos de daños.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ciudad del centro-norte de Colombia, dijo en las redes sociales que había puesto a las autoridades en alerta máxima por si era necesario realizar rescates.

John Yoon es reportero del Times en Seúl, quien cubre las noticias de último momento y de tendencia.

El dirigente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que el ataque del 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas, violó las leyes estadounidenses e internacionales.

El ataque mortal que el presidente Donald Trump ordenó a principios de mes contra lo que dijo que era un barco venezolano de contrabando de drogas fue un "crimen alevoso", dijo el lunes el presidente de Venezuela, justo antes de que Trump se jactara de haber destruido una segunda embarcación.

En declaraciones a la prensa en Caracas, el dirigente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que el ataque del 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas, violó las leyes estadounidenses e internacionales. Si Estados Unidos creía que los pasajeros de la embarcación eran narcotraficantes --como han afirmado funcionarios estadounidenses--, deberían haberlos capturado, dijo.

Maduro calificó la acción de "un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país" y afirmó que Estados Unidos intentaba inducir a Venezuela a una "gran guerra". El objetivo estadounidense, según Maduro, era "un cambio de régimen por el petróleo", y no la interdicción de drogas, que el gobierno de Trump ha dicho que es un objetivo principal en la región.

Poco después de hablar, Trump anunció en las redes sociales que el ejército estadounidense había ejecutado otro ataque el lunes por la mañana "contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados positivamente y extraordinariamente violentos" en aguas internacionales, en dirección a Venezuela. El ataque mató a tres personas, dijo. Justificó el segundo ataque, como el primero, diciendo que los cárteles que transportan drogas representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

No hubo una respuesta inmediata del gobierno de Maduro sobre el ataque más reciente.

Los acontecimientos del día marcaron una continua escalada de las tensiones entre ambos países. Estados Unidos comenzó a trasladar buques de guerra y soldados al Caribe, cerca de Venezuela, a finales de agosto, una medida que Trump ha dicho que tiene por objeto contrarrestar el narcotráfico y proteger las vidas estadounidenses de los narcóticos ilícitos, lo que incluye a la cocaína y el fentanilo.

"ATENCIÓN: SI TRANSPORTAS DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, TE ESTAMOS CAZANDO", escribió en su plataforma Truth Social.

En un comunicado, Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, dijo que Trump, al ordenar el primer ataque, había "actuado de acuerdo con las leyes de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno a nuestras costas".

"Los malvados narcoterroristas intentan envenenar nuestra patria mientras más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis", dijo, y añadió que Trump estaba "cumpliendo su promesa de enfrentarse a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para que no asesinen a más estadounidenses".

Después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan una embarcación el 2 de septiembre, Trump dijo que quienes iban en ella eran miembros del Tren de Aragua, una banda venezolana, y que transportaban drogas en aguas internacionales.

The New York Times informó posteriormente que la embarcación había alterado su rumbo y parecía haber dado la vuelta antes de que comenzara el ataque porque las personas que iban a bordo habían visto que les seguía un avión militar.

El gobierno venezolano no ha revelado casi ninguna información sobre los 11 hombres, y ha afirmado que un video del atentado era falso.

La gran mayoría de la cocaína de América Latina procede de Colombia, Perú y Bolivia, y casi ninguna se produce en Venezuela. Aunque parte de la cocaína que se dirige a Estados Unidos sale de América del Sur por el Caribe, que limita con Venezuela, la mayor parte sale por el Pacífico, que limita con Colombia, Ecuador y otras naciones, según datos de Colombia, Estados Unidos y Naciones Unidas.

Según los datos públicos más recientes de la Administración para el Control de Drogas, alrededor del 74 por ciento de los envíos de cocaína en 2019 se transportaron a través del Pacífico, principalmente desde Colombia y Ecuador, en comparación con el 24 por ciento a través del Caribe.

La cocaína es una droga peligrosa que puede generar graves consecuencias, según los expertos en salud pública. Pero el fentanilo tiene una tasa de sobredosis mucho mayor. Venezuela no desempeña casi ningún papel en la producción y el comercio de fentanilo, que se produce casi en su totalidad en México con sustancias químicas importadas de China, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso.

Muchos especialistas jurídicos, entre ellos juristas militares de alto rango retirados, han calificado de delito que Estados Unidos mate sumariamente a presuntos contrabandistas como si fueran combatientes en tiempos de guerra, en lugar de detenerlos y juzgarlos en un tribunal penal. El narcotráfico no es un delito punible con la muerte en Estados Unidos, y el Congreso estadounidense no ha autorizado una guerra contra los cárteles.

Al ordenar los ataques contra las personas a las que acusa de narcotráfico, Trump ha utilizado al ejército de una forma que no tenía precedentes ni fundamentos jurídicos claros, afirman.

La Casa Blanca no ha proporcionado una justificación jurídica detallada de los ataques, pero ha sugerido que el uso de la fuerza militar letal estaba permitido en virtud de las leyes de los conflictos armados para defender al país de las drogas porque, según el gobierno, 100.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis.

Charlie Savage y Helene Cooper colaboraron con reportería.

Julie Turkewitz es la jefa de la corresponsalía del Times en los Andes y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú desde Bogotá.

Charlie Savage y Helene Cooper colaboraron con reportería.

Muchos especialistas jurídicos dicen que de ser así se socavaría aún más el argumento del gobierno de haber actuado en defensa propia.

Un barco venezolano que el ejército estadounidense destruyó en el Caribe la semana pasada había alterado su rumbo y parecía haber dado la vuelta antes de que comenzara el ataque porque, al parecer, las personas que iban a bordo habían divisado un avión militar que lo acechaba, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado, añadieron que los militares atacaron repetidamente el barco antes de que se hundiera.

Las revelaciones añaden nuevos detalles a una operación que supuso una sorprendente desviación de los esfuerzos tradicionales de interceptación de drogas, intensificando el uso del ejército por parte del presidente Donald Trump para asuntos de los que normalmente se encargan las fuerzas del orden. Especialistas jurídicos han cuestionado que fuera legal que el ejército, por orden del presidente Trump, atacara y matara a sospechosos de narcotráfico como si fueran combatientes en una guerra.

Trump anunció el ataque la semana pasada, diciendo que tuvo lugar en aguas internacionales y que había matado a 11 personas que, según dijo, transportaban drogas "con destino a Estados Unidos" y formaban parte de una banda venezolana, el Tren de Aragua. No ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones, pero ha dicho que "tenemos grabaciones de ellos hablando".

Aunque la Casa Blanca no ha proporcionado una justificación jurídica detallada, ha presentado los esbozos de un novedoso argumento según el cual el uso de la fuerza militar letal estaba permitido en virtud de las leyes de los conflictos armados para defender al país de las drogas porque 100.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que las personas sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos representan "una amenaza inmediata". Trump, en una carta al Congreso, justificó el ataque como una cuestión de defensa propia.

Muchos especialistas jurídicos, entre ellos altos juristas militares retirados, han rechazado la idea de que Trump tenga autoridad legítima para tratar el presunto contrabando de drogas como legalmente equivalente a un ataque armado inminente contra Estados Unidos. Incluso si se aceptara esa premisa en aras del argumento, añadieron, si el barco ya se había dado la vuelta, eso socavaría aún más lo que consideraban una alegación de defensa propia ya de por sí débil.

"Si alguien se está retirando, ¿dónde está entonces la 'amenaza inminente'?", dijo el contralmirante Donald Guter, quien fue el principal juez abogado general de la Marina de 2000 a 2002. "¿Dónde está la 'defensa propia'? Han desaparecido, si es que alguna vez existieron, que no creo que existieran".

El contralmirante James McPherson, principal juez abogado general de la Marina de 2004 a 2006, quien posteriormente ocupó varios cargos civiles destacados en el primer gobierno de Trump, como el de abogado general del Ejército, se mostró de acuerdo.

"Me interesaría saber si podrían presentar alguna base legal para lo que hicieron", dijo, y añadió: "Si, de hecho, se puede elaborar un argumento legal que diga que estas personas se estaban preparando para atacar a EE. UU. mediante el ingreso de cocaína o lo que sea, si se dieron la vuelta, entonces esa amenaza ha desaparecido".

La Casa Blanca no abordó directamente las preguntas sobre las maniobras del barco o la naturaleza del ataque, sino que repitió la postura del gobierno. Trump "actuó de acuerdo con las leyes de los conflictos armados para proteger a nuestro país" de los "malvados narcoterroristas que intentan envenenar nuestra patria", dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca.

Sean Parnell, el principal vocero del Pentágono, dijo: "Este ataque envió un mensaje claro: si traficas con drogas hacia nuestras costas, el ejército de Estados Unidos utilizará todas las herramientas a nuestro alcance para detenerte en seco".

La Guardia Costera estadounidense, a veces con ayuda de la Marina, con frecuencia ha interceptado barcos sospechosos de contrabando de drogas en el mar Caribe, ha buscado cargamentos ilícitos y, si sus sospechas eran ciertas, ha detenido a las personas que iban a bordo para procesarlas.

Trump lleva mucho tiempo queriendo tomar medidas mucho más duras contra el narcotráfico, como decir que los narcotraficantes deberían ser condenados a muerte. En su primer mandato, elogió al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por hacer un "trabajo increíble con el problema de la droga" en la nación, donde el gobierno de Duterte había aprobado el asesinato sumario de presuntos narcotraficantes. Duterte se enfrenta ahora a cargos de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por su guerra contra las drogas.

Tras su toma de posesión, Trump ordenó a su gobierno que empezara a calificar de organizaciones terroristas a varias bandas y cárteles de la droga latinoamericanos, rompiendo con la tradición de limitar esa calificación a los grupos violentos motivados por ideologías y no por ganancias ilícitas. Legalmente, esta designación permite imponer sanciones, como la congelación de los activos de un grupo, pero no autoriza legalmente el uso de la fuerza militar.

En julio, Trump firmó una directiva aún secreta en la que daba instrucciones al Pentágono para utilizar la fuerza militar contra algunos de los grupos criminales que su equipo había designado como organizaciones terroristas. El ataque contra el barco la semana pasada parece señalar una fase inicial de las operaciones derivadas de esa directiva.

Al anunciar el ataque, Trump publicó en las redes sociales un video de 29 segundos en el que se editaban varios fragmentos de vigilancia aérea. En él se veía una embarcación rápida atravesando el agua, con varias personas a bordo, antes de una explosión.

Pero funcionarios informados sobre el ataque dijeron que el video no cuenta toda la historia. No muestra que el barco dio la vuelta después de que las personas a bordo aparentemente se asustaran por un avión que volaba sobre ellos, ni muestra a los militares atacando repetidamente la embarcación incluso después de deshabilitarla, dijeron los funcionarios.

Los ayudantes de Trump se han jactado de que la operación es solo el principio de una guerra contra presuntos narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas la semana pasada: "Destruimos un barco de narcotraficantes y hay 11 narcoterroristas en el fondo del océano, y cuando otras personas intenten hacer lo mismo, correrán la misma suerte".

A la controversia legal se añade la incertidumbre sobre qué normas, si las hay, ha establecido el equipo de Trump en cuanto a la solidez de los datos de inteligencia sobre quién y qué hay en un barco para que el ejército estadounidense mate sumariamente a todos los que van a bordo. Trump bromeó la semana pasada diciendo que no solo los contrabandistas de drogas, sino también los pescadores, podrían pensárselo dos veces antes de lanzarse a la mar en la región.

"Creo que cualquiera que haya visto eso va a decir: 'paso'", dijo Trump. "Ni siquiera sé qué pasará con los pescadores. Puede que digan: 'No voy a subir al barco. No voy a arriesgarme'".

Una pregunta abierta es adónde se dirigía el barco. Rubio dijo inicialmente a los periodistas la semana pasada que probablemente se dirigía a Trinidad y Tobago o a algún otro país del Caribe, pero funcionarios del gobierno lo han caracterizado desde entonces como destinado a Estados Unidos.

Otra cuestión es qué transportaba. Algunos han expresado sus dudas de que una embarcación de su tamaño necesitara una tripulación de 11 miembros. El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, quien ha calificado de "despreciable e irreflexivo" glorificar el asesinato de personas acusadas de delitos sin juicio previo, ha argumentado que, si había drogas, era más probable que se tratara de cocaína que de fentanilo, la droga más responsable de las sobredosis.

El martes, el senador Jack Reed de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, declaró a la CNN que el gobierno no había aportado ninguna prueba de que el barco estuviera llevando drogas a Estados Unidos.

"Si hay una embarcación civil sospechosa de algo, especialmente en aguas internacionales, hay que intentar detenerla", dijo, describiendo lo que, según él, se supone que son las normas habituales de enfrentamiento. "En realidad solo disparas si te disparan".

La cuestión jurídica es si Trump puede optar simplemente por rechazar ese planteamiento y trasladar el problema del narcotráfico de las normas de aplicación de la ley al marco más severo de las normas de guerra, especialmente cuando el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado con bandas y cárteles como el Tren de Aragua.

Geoffrey Corn, abogado militar retirado que fue asesor principal del Ejército para cuestiones de derecho de guerra, dijo que creía que la orden de Trump y Hegseth no estaba justificada como acto de defensa propia. Expresó su preocupación por el hecho de que lo que consideraba una orden aparentemente ilegal se transmitiera a través de la cadena de mando militar y se llevara a cabo.

El aparente giro del barco antes de que comenzara el ataque, dijo, reforzaba ese juicio.

"Creo que es un precedente terrible", dijo. "Hemos cruzado un límite".

Julian E. Barnes colaboró con reportería.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política jurídica estadounidense.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono para el Times. Antes fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.

Julian E. Barnes colaboró con reportería.

La maniobra ocurrió después de que Estados Unidos llevó a cabo un mortífero ataque militar contra un barco venezolano en el Caribe que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas.

Dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron el destructor lanzamisiles Jason Dunham, un buque de la Armada de Estados Unidos, en el sur del mar Caribe en una demostración de fuerza el jueves, según informó un funcionario del Departamento de Defensa, en la más reciente escalada de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

El buque de guerra estadounidense no respondió, según el funcionario.

El sobrevuelo, del que informó anteriormente CBS News, tuvo lugar dos días después de que Estados Unidos llevó a cabo un mortífero ataque militar contra un barco venezolano en el Caribe que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas.

Trump ha dicho que 11 miembros del grupo delictivo Tren de Aragua murieron en el ataque. No está claro si se les dio la oportunidad de rendirse.

El Dunham forma parte de una pequeña armada de buques de guerra y aviones de vigilancia que el Pentágono ha estado reuniendo en la región en las últimas semanas como parte de una importante operación antinarcóticos.

Trump firmó el mes pasado una directiva aún secreta en la que ordenaba al Pentágono utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha calificado de organizaciones "terroristas".

El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no había disuadido a los cárteles y traficantes. Lo que los detendrá, afirmó, es "hacerlos estallar".

Maduro ha acusado a Rubio de intentar orillar a Trump a una guerra sangrienta.

Pete Hegseth y el presidente Trump dijeron que la pequeña embarcación transportaba drogas, pero ofrecieron escasas pruebas y pocos detalles.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió el miércoles en el programa Fox & Friends que el ataque militar estadounidense letal contra una embarcación que, según las autoridades, transportaba drogas en el Caribe, era el inicio de una campaña contra los cárteles venezolanos a los que el presidente Donald Trump ha culpado de introducir fentanilo en Estados Unidos.

Hegseth dijo que las autoridades "sabían exactamente quién estaba en ese barco" y "exactamente lo que hacían", aunque no dio pruebas. "El presidente Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de un modo que otros no han visto", añadió.

Trump compartió más detalles sobre el ataque en una publicación de Truth Social el martes por la tarde.

"Esta mañana temprano, siguiendo mis Órdenes, las Fuerzas Militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados definitivamente", escribió Trump. Dijo que el ataque "se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, en dirección a Estados Unidos".

El ataque, en el que según el presidente murieron 11 personas, significó una notoria desviación de los esfuerzos tradicionales de interceptación de drogas y se produjo en medio de una importante acumulación de fuerzas navales estadounidenses fuera de las aguas de Venezuela, que Hegseth describió como "una clara demostración de poderío militar."

El gobierno también ha etiquetado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder de un cártel terrorista. Maduro, dijo Hegseth, "en realidad funciona como un capo de un narco-Estado".

En julio, Trump firmó una directiva aún secreta por la que daba instrucciones al Pentágono para que utilizara la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha calificado de organizaciones "terroristas". Casi al mismo tiempo, el gobierno declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificaba su gobierno de ilegítimo.

Helene Cooper, Edward Wong y Alan Feuer colaboraron con reportería.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Helene Cooper, Edward Wong y Alan Feuer colaboraron con reportería.

La embarcación transportaba narcóticos ilegales a través de aguas internacionales hacia Estados Unidos, según dijo el presidente.

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos había ejecutado un ataque contra un barco que transportaba drogas y había matado a 11 "terroristas", la última escalada militar en su guerra contra los cárteles de la droga venezolanos a los que ha culpado de introducir fentanilo en el país.

Trump ofreció pocos detalles sobre el ataque durante su conferencia de prensa del martes, pero funcionarios del Departamento de Defensa y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijeron que el objetivo era una embarcación operada por una "organización narcoterrorista designada".

A última hora de la tarde del martes, Trump publicó más detalles en la red social Truth Social. "A primera hora de esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente", escribió Trump. Dijo que el ataque "se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, en dirección a Estados Unidos".

Ningún soldado estadounidense resultó herido en la operación, dijo.

La publicación de Trump iba acompañada de un video de lo que parecía ser una lancha rápida que atravesaba el agua, con varias personas a bordo. A continuación, una explosión parece hacerla estallar.

Un alto funcionario estadounidense dijo que un avión de Operaciones Especiales --un helicóptero de ataque o un avión no tripulado MQ-9 Reaper-- llevó a cabo el ataque el martes por la mañana contra una lancha rápida cuatrimotor cargada de drogas. Aviones de vigilancia estadounidenses y otros sensores habían estado vigilando el tráfico marítimo de los cárteles durante semanas antes del ataque, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles operativos.

El ataque supone una sorprendente desviación de los esfuerzos tradicionales de interceptación de drogas. Un segundo alto funcionario estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que habría más ataques de este tipo contra embarcaciones de cárteles.

La acción se produce en medio de un importante aumento de las fuerzas navales estadounidenses fuera de las aguas de Venezuela. El gobierno también ha intensificado la retórica beligerante sobre la lucha contra los cárteles de la droga y ha calificado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de líder terrorista de un cártel.

En julio, Trump firmó una directiva aún secreta en la que daba instrucciones al Pentágono para que utilizara la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha calificado de organizaciones "terroristas". Casi al mismo tiempo, su gestión declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificaba a su gobierno de ilegítimo.

Desde entonces, el Pentágono ha trasladado activos de la Armada estadounidense, incluidos buques de guerra, al sur del mar Caribe. En respuesta, Maduro dijo que estaba desplegando 4,5 millones de milicianos por todo el país y prometió que "Venezuela defenderá sus cielos, sus mares y su tierra" de cualquier incursión.

Los fiscales federales de Manhattan acusaron al gobierno de Maduro de haber convertido a Venezuela en un "narco-Estado", en una acusación que se hizo pública en marzo de 2020 en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan. La acusación imputaba a Maduro y a algunos de sus principales colaboradores --incluido Hugo Carvajal, entonces su jefe de inteligencia militar-- de ser los líderes de una extensa organización de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles.

Según los fiscales, el cártel se llama así por la insignia del sol en las charreteras de los generales venezolanos y fue dirigido por primera vez por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez. En el transcurso de más de 20 años, de acuerdo con los fiscales, el cártel trabajó con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, para enviar toneladas de cocaína desde pistas de aterrizaje clandestinas, aeropuertos y puertos marítimos de Venezuela a suelo estadounidense. Al hacerlo, el cártel no solo ganó millones de dólares, sino que convirtió la cocaína en un arma "al introducirla en Estados Unidos para infligir sus efectos nocivos y adictivos en comunidades de todo el país", afirmaron los fiscales.

Carvajal se declaró culpable de cargos de conspiración narcoterrorista en junio. Pero aún están pendientes los cargos contra Maduro y Diosdado Cabello Rondón, líder del poder legislativo venezolano y exvicepresidente del país.

Maduro ha acusado al gobierno de Trump de construir una imagen falsa de él para intentar obligarlo a abandonar su cargo. El lunes, dijo a los periodistas que "declararía constitucionalmente a la república en armas" si su país fuera atacado por fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe, según The Associated Press.

Funcionarios estadounidenses indicaron anteriormente que los destructores estadounidenses de misiles guiados que se habían desplegado recientemente en la región podrían atacar barcos operados por cárteles de la droga que transportan fentanilo a Estados Unidos.

Durante unas declaraciones en la Casa Blanca el martes, Trump dijo a los periodistas que "cuando salgan de la sala, verán que acabamos, en los últimos minutos, literalmente, de disparar contra un bote, un bote que transportaba drogas". Añadió que había "mucha droga" en la embarcación.

"Y hay más de donde vino eso", continuó el mandatario. Dijo que la droga atacada el martes "procedía de Venezuela" y añadió que "tenemos mucha droga entrando en nuestro país".

En su publicación en las redes sociales, añadió: "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en introducir drogas en Estados Unidos de América".

El Grupo Anfibio Preparado Iwo Jima --que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con 4500 marineros-- y la Unidad 22 Expedicionaria de Marines, con 2200 infantes de marina, llegaron recientemente a la región, dijeron funcionarios del Departamento de Defensa.

También se han desplegado en la región varios aviones de vigilancia P-8 y al menos un submarino, dijeron los funcionarios.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono para el Times. Antes fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas cubriendo asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Mientras buques de guerra y soldados estadounidenses se reúnen en el Caribe cerca de Venezuela, Maduro amenazó con una "lucha armada" en respuesta a cualquier acción militar. También hizo un llamamiento a la paz.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que responderá a cualquier acción militar estadounidense con una "lucha armada" y dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está tratando de forzar al presidente Donald Trump a entrar en una guerra en el Caribe que dañaría su reputación.

"President Donald Trump", dijo el lunes el líder venezolano, "usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre".

Las declaraciones, realizadas desde Caracas en la primera conferencia de prensa de Maduro en más de un año, se producen en medio de las tensiones cada vez mayores entre Venezuela y Estados Unidos. A finales de agosto, Estados Unidos comenzó a trasladar buques de guerra y soldados al Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el gobierno de Trump ha dicho que era para combatir el narcotráfico.

Pero la magnitud del despliegue militar ha generado especulaciones sobre si el objetivo real es derrocar a Maduro con una acción militar u otro tipo de presión.

Rubio dijo recientemente que "por primera vez en la era moderna", el gobierno estadounidense estaba "verdaderamente en la ofensiva" contra los cárteles organizados que envían drogas a Estados Unidos. Él y otros funcionarios del gobierno de Trump han calificado a Maduro de líder ilegítimo y a su gobierno de "cártel narcoterrorista".

Jimmy Story, exembajador estadounidense en Venezuela durante el primer mandato de Trump, dijo en una entrevista que utilizar tanto poderío militar para acabar con las embarcaciones usadas para el narcotráfico era como "utilizar un soplete para cocinar un huevo".

Maduro, en su conferencia de prensa, dijo que el pueblo venezolano era uno de "guerreros" que respondería a cualquier incursión con la "máxima rebeldía". Pero, al tiempo que parecía intentar proyectar fuerza, Maduro también hizo un llamamiento a la paz, en un aparente intento de apelar a la promesa electoral de Trump de terminar guerras, no de iniciarlas.

Mencionó al Premio Nobel de la Paz --en aparente alusión al interés declarado de Trump por recibirlo-- y dijo que Rubio, partidario desde hace tiempo de una acción agresiva que podría conducir a un cambio de gobierno en Venezuela, quiere que el "apellido Trump se manche de sangre por los siglos".

El dirigente venezolano también reconoció que, en los últimos meses, su gobierno ha mantenido dos canales distintos de diálogo con el gobierno de Trump: uno con Richard Grenell, enviado especial, y otro con John McNamara, el principal diplomático estadounidense en Venezuela, quien responde a Rubio.

Aunque actualmente los canales entre ambos países "están maltrechos", admitió Maduro, dijo que creía que podían mejorarse.

Trump, dijo Maduro, es un "hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hacer. Ojalá que esos canales que tenemos se recuperarán".

Maduro dijo que la concentración naval significaba "la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", en forma de "ocho barcos militares con 1200 misiles" dirigidos contra Venezuela.

El despliegue incluye varios destructores de misiles guiados y buques que transportan a 4500 marineros y 2200 infantes de marina, según funcionarios del Departamento de Defensa.

El viernes, Rubio viajó a Florida para reunirse con dirigentes militares del Comando Sur estadounidense para tratar cuestiones de seguridad en la región, según el Departamento de Estado.

Esta semana tiene previsto viajar a México y Ecuador, visitas que, según el gobierno de Trump, pretenden impulsar el "compromiso inquebrantable del gobierno estadounidense de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestro territorio nacional y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses".

En represalia por el aumento de la presencia naval estadounidense, Maduro podría decidir dejar de recibir vuelos de personas venezolanas deportadas desde Estados Unidos, lo que podría obstaculizar los esfuerzos de Trump por cumplir su objetivo de deportar a millones de migrantes.

Sin embargo, cuando se le preguntó si consideraría detener los vuelos, el líder venezolano respondió que estos formaban parte de la relación bilateral "que ha marchado bien", lo que sugiere que no tiene planes de dejar de recibirlos.

Julie Turkewitz es la jefa de la corresponsalía del Times en los Andes y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú desde Bogotá.

Las experiencias previas han hecho que algunas personas se muestren escépticas ante la posibilidad de que el cambio político en Venezuela venga del exterior.

Durante al menos una década, en Venezuela han circulado rumores de que Estados Unidos iba a intervenir con tropas para derrocar a Nicolás Maduro, el autócrata del país. Los soldados nunca han llegado, y los esfuerzos respaldados por Washington para sustituirlo han fracasado.

Por eso, cuando el gobierno de Donald Trump inició un importante despliegue de fuerzas navales estadounidenses cerca de la nación sudamericana esta semana --lo que suscitó preguntas sobre si el presidente Trump está planeando una vez más un cambio de régimen--, los venezolanos respondieron con un poco de miedo y ansiedad, pero sobre todo con un merecido escepticismo.

"Sinceramente, no creo que el gobierno americano vaya a hacer nada en esta oportunidad", dijo Pedro Martínez, de 52 años, conductor en la ciudad de Carabobo, cerca de la costa norte del país. "Ellos hacen sus anuncios, pero no pasa nada de nada. Llevamos muchos años en esto y ya no creemos los venezolanos en nadie, ni de aquí ni de allá".

Recientemente, el Pentágono comenzó a desplazar activos de la Armada estadounidense, incluidos buques de guerra, al sur del mar Caribe, después de que Trump emitiera una directiva aún secreta en la que le pedía al ejército que utilizara la fuerza contra los cárteles de la droga latinoamericanos, incluido un grupo venezolano llamado el Cártel de los Soles.

Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que la acumulación de fuerzas formaba parte de un esfuerzo por detener la entrada de drogas en Estados Unidos, al tiempo que calificaban a Maduro de líder ilegítimo.

En respuesta, Maduro dijo el lunes que estaba desplegando 4,5 millones de milicianos por todo el país. "Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica", dijo.

La fuerza miliciana a la que se refería Maduro está formada por voluntarios y es la menos preparada para la batalla de las ramas militares del país, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un centro de investigación.

Es difícil encontrar datos creíbles sobre cualquier cosa en Venezuela. Sin embargo, Jiménez Sandoval dijo que no era plausible pensar que la milicia tuviera tantos miembros. La población de Venezuela es de unos 28 millones de personas. Calificó las cifras de Maduro como "una forma ostentosa de demostrar poder".

"No creo que espere que la gente de verdad se lo crea", añadió.

Pronto llegarán a la región hasta tres destructores de misiles guiados, según funcionarios estadounidenses, quienes han dicho que los buques de guerra atacarán barcos operados por cárteles de la droga que transportan fentanilo a Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, Venezuela ha desempeñado el papel de centro de tránsito del tráfico de cocaína. Pero no hay pruebas de que se esté produciendo fentanilo en la región, afirmó Diego Garcia-Devis, experto en política mundial de drogas de Open Society Foundations.

Las motivaciones de la movilización militar estadounidense no están del todo claras.

Luz Mely Reyes, destacada periodista venezolana, dijo que Trump podría estar intentando presionar a Maduro para que negocie su salida.

Jiménez Sandoval dijo que es posible que Trump esté tratando de mostrar su dominio en la región, no solo a Venezuela, sino a actores regionales clave como México y Colombia.

"Trump sigue teniendo una fuerte mentalidad de gran superpotencia, aunque él se considera un aislacionista", dijo.

Los rumores de una posible implicación militar estadounidense en Venezuela fueron más fuertes en 2019 y 2020, cuando el primer gobierno de Trump respaldó públicamente a un joven legislador venezolano, Juan Guaidó, calificándolo como el líder legítimo del país.

En abril de 2019, Guaidó apareció junto a soldados en una base militar y llamó a la población a alzarse contra Maduro. Pero el levantamiento nunca se materializó y Guaidó terminó huyendo del país, a Estados Unidos.

Este y otros intentos fallidos de derrocar a Maduro (incluido un intento de golpe de Estado en 2020 por parte de un exboina verde estadounidense) han hecho dudar a muchos venezolanos de que el cambio pueda venir del exterior.

Entre los escépticos se encuentra Elsa Pérez, de 43 años, que vende cosméticos y ropa en Carabobo.

"Yo dejé de creer en los gringos desde el tiempo del engaño de Juan Guaidó, que nos hicieron pensar en que de verdad habría un cambio de gobierno", dijo el viernes. "¿Y qué pasó? Nada de nada".

Los canales de televisión estatales emitieron esta semana imágenes de Maduro dando un discurso ante militares con uniformes de combate, y destacaron los mensajes de apoyo de China y Rusia, mientras Venezuela se enfrentaba a lo que el presidente llamó el "imperio gringo".

Un locutor del canal Telesur acusó a Estados Unidos de participar en un "psicoterror".

En el pasado, las amenazas al poder de Maduro se han traducido en medidas represivas contra la población civil. El año pasado, después de que una figura de la oposición, Edmundo González, pareciera haberlo derrotado en unas elecciones presidenciales, Maduro envió a las calles al ejército y a bandas paramilitares denominadas colectivos. Murieron unas dos decenas de personas y fueron detenidas unas 2000, muchas de las cuales siguen bajo custodia.

A menudo, las autoridades venezolanas han acusado a los manifestantes de estar dirigidos por fuerzas externas, incluido Estados Unidos.

Esta semana, mientras la gente observaba con nerviosismo los signos de represión interna, El Chigüire Bipolar, el sitio web de sátira política más conocido del país, encontró la manera de introducir cierta jocosidad en la situación.

Un titular decía: "Respetado periodista que aseguró que los marines venían en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 confirma que vienen en 2025".

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia.

Julie Turkewitz es la jefa de la corresponsalía del Times en los Andes y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú desde Bogotá.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia.

El presidente Trump prometió expulsar del país a los delincuentes. Pero la foto de un asesino convicto trasladado a Estados Unidos en un intercambio de prisioneros envía otro mensaje.

"Nadie me va a perdonar jamás".

Esas fueron las palabras que Dahud Hanid Ortiz escribió en un correo electrónico a una pariente política después de haber irrumpido en el despacho de un abogado que creyó que tenía una aventura con su esposa y asesinar brutalmente a tres personas, según las autoridades. Por este crimen fue condenado a 30 años de prisión.

Pero, haya sido perdonado o no, Hanid Ortiz aparece radiante en una foto publicada por el Departamento de Estado que muestra a 10 estadounidenses y residentes permanentes de Estados Unidos recién liberados de una prisión venezolana como parte de un intercambio de prisioneros.

En el momento del intercambio, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que los presos habían estado "detenidos injustamente" en Venezuela. Pero Hanid Ortiz ha sido menos generoso en su autoevaluación; al menos en lo que se refiere a sus acciones en Madrid, hace casi una década.

"Soy responsable de todo", escribió en el correo electrónico a la hermana de su esposa, según dijeron las autoridades españolas cuando solicitaron su extradición desde Venezuela, adonde Hanid Ortiz, que cuenta con doble nacionalidad, estadounidense y venezolana, había huido.

Los asesinatos tuvieron lugar en 2016.

Según las autoridades españolas, Hanid Ortiz llegó al despacho del abogado en busca de un hombre que creía que tenía una aventura con su esposa, pero mató al hombre equivocado, golpeándolo hasta la muerte junto con una mujer que también se encontraba en el lugar. Ahí mató a otra mujer a puñaladas.

"Hice cosas terribles", escribió Hanid Ortiz, veterano del ejército estadounidense condecorado con el Corazón Púrpura por las heridas sufridas en Irak. Dijo: "Perdí la cabeza".

No se sabe cómo Hanid Ortiz llegó a abordar el avión con los demás estadounidenses liberados, algunos de los cuales habían sido capturados por el gobierno venezolano como fichas de negociación. El presidente Donald Trump es más conocido por sus promesas de expulsar a supuestos criminales de Estados Unidos, no por repatriarlos.

La imagen de un asesino convicto en un avión procedente de Venezuela, rodeado de personas alegres que sostienen banderas estadounidenses, es problemática, en el mejor de los casos, para la Casa Blanca.

"Eso va en contra del mensaje de Trump de que está intentando purgar este país de inmigrantes que son delincuentes violentos", dijo Jennifer Stromer-Galley, profesora de la Escuela de Estudios de la Información de la Universidad de Syracuse.

El Departamento de Estado no respondió a las preguntas sobre por qué el gobierno había decidido incluir a Hanid Ortiz en el canje de prisioneros.

Tampoco ha dicho si ahora es un hombre libre.

Parin Behrooz y Julie Turkewitz colaboraron con reportería.

Parin Behrooz y Julie Turkewitz colaboraron con reportería.

El gobierno de Estados Unidos dijo que estaba protegiendo a ciudadanos detenidos injustamente en el extranjero. Uno de ellos, Dahud Hanid Ortiz, mató a tres personas, según documentos judiciales.

Cuando el Departamento de Estado logró la liberación de 10 estadounidenses y residentes legales permanentes de una prisión de Venezuela la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la medida como parte de un esfuerzo por salvaguardar el bienestar de los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

Pero uno de los hombres excarcelados, un estadounidense con doble nacionalidad venezolana llamado Dahud Hanid Ortiz, había sido condenado en Venezuela por el asesinato de tres personas en España en 2016, según un funcionario de la fiscalía de Madrid y registros judiciales venezolanos que The New York Times consultó.

El funcionario pidió no ser identificado para poder hablar públicamente sobre el caso.

Hanid Ortiz, de 54 años, había servido 19 años en el ejército de Estados Unidos, según documentos militares, y había sido condecorado con el Corazón Púrpura por las heridas recibidas en Irak. Participó en varios destacamentos y sufrió lesiones físicas y mentales como consecuencia de su servicio, según las autoridades militares. Posteriormente fue expulsado del ejército tras declararse culpable de fraude y hurto.

Luego, en 2023, fue condenado a 30 años de prisión por un triple homicidio cometido en Madrid en 2016, según los documentos judiciales venezolanos y la cobertura de los medios de comunicación españoles.

Los documentos judiciales dicen que Hanid Ortiz es un exintegrante del ejército estadounidense que había planeado asesinar a un abogado que mantenía una relación con su esposa. Pero en junio de 2016, el día que llegó al despacho del abogado en Madrid y no encontró a su objetivo, mató allí a dos mujeres, así como a un hombre que creyó erróneamente que era el abogado.

Las muertes fueron violentas, según una solicitud de extradición del gobierno español incluida en los registros venezolanos. Una de las mujeres, Elisa Consuegra, fue asesinada con un cuchillo o machete de grandes dimensiones. La segunda mujer, Maritza Osorio, y el hombre fueron asesinados probablemente con una barra metálica. Después, Hanid Ortiz prendió fuego a la oficina en un intento de encubrir su crimen, y luego huyó a Alemania y, finalmente, a Venezuela.

El miércoles, el abogado a quien iba dirigido el ataque de Hanid Ortiz, Victor Salas, dijo en una entrevista que estaba alarmado de saber que Estados Unidos había facilitado la excarcelación de Hanid Ortiz de una prisión venezolana.

Hanid Ortiz llegó el viernes a Estados Unidos, pero no está claro si está libre o bajo custodia estadounidense, lo que hace temer a Salas que el condenado vaya a por él.

"Yo ahora mismo estoy en total indefensión", dijo. "Creo que Dahud se ha aprovechado de la corrupción venezolana y de la negligencia americana".

Juan Carlos Consuegra, de 69 años, padre de Consuegra, dijo estar conmocionado por las acciones del gobierno de Trump.

"No entiendo cómo es posible que ocurra esto", dijo. "Este tipo es un delincuente. Es un asesino".

El gobierno de España había intentado extraditar a Hanid Ortiz desde Venezuela, pero la Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, y Hanid Ortiz debe ser juzgado dentro de Venezuela, que permite juzgar a sus ciudadanos por delitos cometidos fuera del país.

Una promesa fundamental del mandato del presidente Donald Trump ha sido la deportación de delincuentes de Estados Unidos. En los últimos meses, su gobierno había enviado a más de 250 venezolanos a una prisión de El Salvador, acusándolos de ser integrantes peligrosos de bandas o pandillas y una amenaza para el país. El gobierno de Trump ha aportado pocas pruebas que respalden esta afirmación.

El viernes, Trump accedió a aprobar la liberación de los hombres en El Salvador a cambio de 10 estadounidenses y residentes legales permanentes en Estados Unidos que habían sido retenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente autocrático de Venezuela.

Los familiares de algunos de los hombres devueltos a Estados Unidos han dicho que sus seres queridos habían viajado a Sudamérica como turistas y que luego fueron detenidos por las autoridades venezolanas.

"Todos los estadounidenses detenidos erróneamente en Venezuela están ahora en libertad y de vuelta en nuestra patria", dijo Rubio tras el canje.

El Departamento de Estado no respondió el miércoles a preguntas sobre por qué había decidido incluir a Hanid Ortiz entre las personas que fueron liberadas de la detención venezolana, si el gobierno estadounidense conocía sus delitos y si se permitió que Hanid Ortiz quedara libre una vez en suelo estadounidense.

En un comunicado, una portavoz del Departamento de Estado dijo: "Estados Unidos tuvo la oportunidad de conseguir la liberación de todos los estadounidenses detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras condiciones duras".

Por "motivos de privacidad", dijo la portavoz, no se ha revelado más información.

Las actas judiciales venezolanas que documentan los delitos y la condena de Hanid Ortiz están a disposición del público en el sitio web del más alto tribunal del país.

Giselle Caso, quien se describió a sí misma como la mejor amiga de Consuegra, dijo que la familia y los amigos quedaron horrorizados al ver a Hanid Ortiz en las fotos publicadas por el Departamento de Estado el viernes, sonriente y vestido de civil, con apariencia de estar preparado para una vida en libertad.

"Queremos saber en qué condiciones fue liberado este hombre", dijo. "¿Estados Unidos va a hacerle cumplir su pena de prisión?".

"No se trata de un preso político", añadió.

"Estas personas fueron torturadas", dijo Caso. "No les dispararon con una pistola, les mataron con un cuchillo, y luego prendieron fuego al lugar. Fue una forma horrible de morir".

En la solicitud de extradición, las autoridades españolas afirman que Hanid Ortiz envió un correo electrónico a la hermana de su esposa después de los asesinatos, en el que confesaba: "Hice cosas terribles".

"Soy responsable de todo y ahora soy malo", escribió. "Nadie me va a perdonar jamás lo que ocurrió".

Hanid Ortiz sirvió 17 años en el ejército estadounidense como soldado alistado, seguidos de dos años como oficial comisionado. Además de las lesiones físicas y mentales que sufrió en el trabajo, también tuvo problemas disciplinarios, según el ejército.

Hacia el final de su carrera, el ejército lo acusó de hurto, fraude por simulación de enfermedad y de brindar declaraciones oficiales falsas, acusándolo en consejo de guerra de presentar información física y médica falsa y de falsificar las recomendaciones de sus superiores en su solicitud para convertirse en oficial comisionado.

También le acusaron de mentir sobre su lugar de residencia para poder recibir ayudas a la vivienda, afirmando que recibió más de 87.000 dólares en indemnizaciones a las que no tenía derecho.

Un juez militar ordenó su encarcelamiento durante seis meses, le impuso una multa de 25.000 dólares y le obligó a abandonar el ejército. Hanid Ortiz apeló, pero dos jueces militares confirmaron la decisión en 2015.

Salas, el abogado, dijo que inicialmente se había enterado de la liberación de Hanid Ortiz a través la policía alemana, que supo de la noticia y se inquietó por la seguridad de la exesposa del condenado, que es ciudadana alemana.

"Ellos consideran que Dahud es una persona altamente peligrosa", dijo Salas.

Dave Philipps colaboró con reportería desde Colorado Springs, Colorado y David C. Adams colaboró desde Florida.

Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

Dave Philipps colaboró con reportería desde Colorado Springs, Colorado y David C. Adams colaboró desde Florida.

El gobierno de Trump dijo que estaba protegiendo a estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero. Uno de los hombres liberados, Dahud Hanid Ortiz, mató a tres personas, según documentos judiciales.

Cuando el Departamento de Estado logró la liberación de 10 estadounidenses y residentes legales permanentes de una prisión de Venezuela la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la medida como parte de un esfuerzo por salvaguardar el bienestar de los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

Pero uno de los hombres excarcelados, un estadounidense con doble nacionalidad venezolana llamado Dahud Hanid Ortiz, había sido condenado en Venezuela por el asesinato de tres personas en España en 2016, según un funcionario de la fiscalía de Madrid. El funcionario pidió no ser identificado para poder hablar públicamente sobre el caso.

Hanid Ortiz fue condenado en 2023 a 30 años de prisión por un triple homicidio cometido en Madrid en 2016, según documentos judiciales venezolanos y la cobertura de los medios de comunicación españoles, que también indican que España trató de extraditarlo.

La Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, por lo que Hanid Ortiz debe ser juzgado dentro de Venezuela, que permite juzgar a venezolanos por delitos cometidos fuera del país.

Otras dos personas con conocimiento del caso, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, también confirmaron la condena de Hanid Ortiz y su extracción de Venezuela por las autoridades estadounidenses.

Los representantes del Departamento de Estado no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre por qué se puso en libertad a Hanid Ortiz y si se le permitió seguir en libertad cuando llegó a Estados Unidos.

Los asesinatos de las tres personas se cometieron en Usera, un barrio de Madrid, según los documentos judiciales.

José Bautista colaboró con reportería desde Madrid.

José Bautista colaboró con reportería desde Madrid.

El presidente autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aplastado a la oposición, encarcelado a jueces y políticos, e incluso arrestado a ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como moneda de cambio en las negociaciones internacionales.

Ahora va tras una profesión que no se ha considerado tradicionalmente arriesgada en Venezuela: los economistas.

Los expertos dicen que el gobierno busca controlar la narrativa en torno a la profundización de la crisis financiera venezolana al atacar a los expertos independientes que comparten datos sobre la economía del país, que se encuentra en picada.

Según grupos de derechos humanos y el gobierno venezolano, en los últimos dos meses han sido detenidos aproximadamente dos docenas de economistas y otras personas involucradas en la publicación de datos financieros.

"Se trata esencialmente de una política de disparar al mensajero", dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que ha vivido en Venezuela durante más de dos décadas.

El Banco Central de Venezuela lleva años sin publicar datos fiables sobre indicadores clave como la inflación, lo que obliga a los economistas a llenar los vacíos con estimaciones independientes.

"Es como la teoría económica de Campanita", añadió, en referencia al esfuerzo de Maduro por acallar cualquier mala noticia económica. "Si crees en ella, su luz sigue brillando".

La campaña del gobierno ha inquietado a los economistas y a otras personas que trabajan en sitios web de información financiera. Incluso los que viven en el extranjero tienen miedo de hablar en público, por temor a represalias contra sus familias o empleados.

Entre los economistas detenidos se encuentra un exministro de Finanzas y profesor de economía, Rodrigo Cabezas, de 69 años, que en su día formó parte del partido gobernante, pero que más tarde se distanció y criticó las políticas económicas de Maduro.

La hija de Cabezas, Rodna Cabezas, dijo en una entrevista que el 3 de junio, funcionarios de la empresa estatal de energía llegaron a su casa en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, con el argumento de que había un problema con la electricidad. Le pidieron a su padre que los acompañara para resolverlo.

Pero luego dijo que su padre la llamó para decirle que había sido una trampa y que agentes de inteligencia lo habían detenido. Su familia no ha sabido nada de él desde entonces, ni ha recibido ninguna información del gobierno.

"No sabemos a dónde lo llevaron", dijo Cabezas.

La familia ha contratado a un abogado que tampoco ha podido contactarlo. Su padre necesita medicación diaria para la hipertensión, según ha explicado.

"Es muy duro", dijo. "Ya no tengo lágrimas de tanto llorar. Es como una cuchilla permanente en el corazón".

La economía de Venezuela implotó hace una década, impulsada por la mala gestión del gobierno y agravada por las sanciones de Estados Unidos.

A medida que la hiperinflación se disparó al 300.000 por ciento y la moneda local, el bolívar, perdió rápidamente su valor, los venezolanos comenzaron a guardar sus ahorros en dólares estadounidenses.

El Banco Central de Venezuela fija un tipo de cambio oficial para el bolívar, pero la mayoría de la gente se basa en un tipo de cambio no oficial, llamado dólar paralelo, publicado por sitios web como Monitor Dólar, que refleja el precio real del dólar en la calle.

El tipo de cambio oficial a menudo ha hecho que el bolívar parezca ligeramente más fuerte de lo que realmente es, lo que genera una imagen más favorable de la economía. Pero la inflación va en aumento, según los analistas, lo que provoca que el bolívar pierda valor y que los venezolanos que cobran en la moneda local tengan dificultades para cambiarla por dólares.

"La tasa de cambio entre el dólar y el bolívar es una de las variables clave que el gobierno trata de controlar", dijo Gunson.

Afirmó que el gobierno cree que puede detener la pérdida de valor del bolívar al silenciar a personas como los economistas que informan sobre el tipo de cambio no oficial. (Y ya no se dispone de cifras precisas sobre la inflación porque el gobierno no publica esos datos y ha perseguido a los economistas independientes que lo hacen).

Otros países de la región como Argentina han sido acusados de manipular los datos económicos en tiempos de crisis.

Los expertos afirman que la represión en Venezuela contra economistas y grupos financieros independientes refleja una estrategia más amplia del gobierno de Maduro para suprimir datos y silenciar la disidencia con el fin de controlar la percepción pública.

El gobierno venezolano no ha publicado estadísticas oficiales sobre epidemiología desde 2016 y ha mantenido en secreto los datos sobre el aumento de la mortalidad infantil por hambre.

Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos flexibilizó las sanciones petroleras que contribuyeron a devastar las finanzas del país con la esperanza de impulsar al gobierno a celebrar elecciones libres y justas.

A medida que la inflación se moderó, los productos de primera necesidad se hicieron más accesibles y asequibles, y la pobreza comenzó a disminuir.

Pero el año pasado, Maduro se declaró vencedor en unas elecciones que muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, consideraron fraudulentas.

Desde entonces, el presidente Trump ha impuesto nuevas sanciones y ha revocado una licencia clave para que Chevron opere en Venezuela, cuya economía depende en gran medida del petróleo. La caída en picado de la economía del país ha dejado a muchos venezolanos cansados y con poca fe en que el gobierno pueda encontrar una solución, según los analistas.

Según el grupo de derechos humanos Provea, al menos cinco economistas fueron detenidos entre el 29 de mayo y el 5 de junio. Algunos fueron puestos en libertad, pero dos, entre ellos Cabezas, siguen desaparecidos, sin que se haya facilitado información sobre su paradero ni sobre los cargos que se les imputan.

Al menos 20 personas vinculadas a Monitor Dólar fueron detenidas por informar sobre el dólar paralelo, según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Cabello, en su programa semanal de televisión, denunció a los economistas "que andan diciendo que el bolívar no vale nada. ¡Esa gente está jugando con fuego!".

Las autoridades, añadió, perseguían a "consultores disfrazados" que alimentaban la inestabilidad financiera.

Sin embargo, el Observatorio Financiero Venezolano, un grupo independiente que publica datos sobre la economía del país, afirmó que "no constituye un delito elaborar y divulgar cifras de precios".

Sitios web financieros como Monitor Dólar y la plataforma de criptomonedas El Dorado, donde se compran criptomonedas con bolívares para cambiarlos por dólares, han cerrado en respuesta a la presión del gobierno.

"Me hago responsable por cualquier impacto negativo generado por la app", dijo en un video Guillermo Goncalvez, fundador de El Dorado.

La difícil situación de Cabezas y del otro economista desaparecido es una historia familiar para los activistas de derechos humanos.

En los últimos años, se ha convertido en algo habitual que las autoridades venezolanas detengan a personas y las mantengan recluidas indefinidamente en lugares desconocidos, sin permitirles contactar con sus familiares ni con abogados.

"Hoy en día, nada nos sorprende", dijo Gunson. "Parece que ya no hay reglas. La ley, la Constitución, nada importa ya".

Genevieve Glatsky es una reportera del Times radicada en Bogotá.

Más de 260 personas fueron liberadas de prisiones de El Salvador y Venezuela. Ahora se enfrentan al reto de volver a casa.

Un kitesurfista en una aventura sudamericana. Un SEAL de la Marina cuya familia dijo que había viajado al sur por un romance. Un maquillista gay que huyó al norte en busca de una vida mejor. Un hombre que vendía piezas de bicicleta por un salario escaso en Venezuela, antes de marcharse a Estados Unidos.

Todos estos hombres formaban parte de un intercambio de prisioneros a gran escala realizado el viernes entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.

En el acuerdo se intercambiaron 10 estadounidenses y residentes permanentes de Estados Unidos que fueron aprehendidos por el gobierno venezolano por 252 migrantes venezolanos que Estados Unidos había deportado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Los hombres procedían de entornos muy diferentes. El kitesurfista estadounidense, Lucas Hunter, de 37 años, trabajaba en finanzas en Londres y había ido de vacaciones a Colombia, donde, según su familia, fue detenido por las autoridades venezolanas cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. El SEAL de Marina estadounidense, Wilbert Castañeda, de 37 años, pasó su vida adulta en el ejército estadounidense y había ido a Venezuela a ver a una pareja sentimental, según su hermano.

Los venezolanos, según muchas de sus familias, habían viajado a Estados Unidos por motivos muy distintos. Muchos habían caminado desde Sudamérica a través de una peligrosa selva llamada el Tapón del Darién, con el fin de escapar de una crisis económica y de un gobierno represivo.

El maquillista, Andry Hernández Romero, huía de la persecución por sus opiniones políticas y su orientación sexual, según sus abogados. El vendedor de piezas de bicicleta, Alirio Belloso, de 30 años, se marchó porque no podía comprar los útiles escolares de su hija de 8 años ni las medicinas de su madre diabética, según su esposa.

Pero los hombres venezolanos y estadounidenses acabaron en lo que algunos analistas y familiares han descrito como circunstancias inesperadamente similares. Durante el año pasado fueron detenidos y acusados de intentar desestabilizar el país al que habían ingresado. Luego fueron encarcelados sin el debido proceso ni contacto con sus familias.

En ambos casos, los presidentes que los detuvieron --Donald Trump de Estados Unidos y Nicolás Maduro de Venezuela-- dijeron que intentaban proteger a sus países de invasores extranjeros. Trump, quien hizo campaña con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, ha invocado una ley de tiempos de guerra, la Ley de Extranjeros Enemigos, para detener y deportar a muchos de los hombres venezolanos. Maduro, por su parte, quiere que Estados Unidos levante las sanciones petroleras, y los analistas de seguridad dicen que creía que la captura de estadounidenses podría ayudarle a persuadir a Washington para que lo haga.

Grupos de derechos humanos han acusado a ambos gobiernos de desaparición forzada, en parte porque ambos se han negado a revelar los nombres de todos los detenidos. Las Naciones Unidas definen esta práctica, que tiene una larga y oscura historia en América Latina, como una detención por agentes del Estado seguida de la negativa "a dar información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida".

Ahora que los venezolanos han sido devueltos a Venezuela y los estadounidenses han aterrizado en Estados Unidos, todos se enfrentarán al reto de la reintegración y de intentar dar sentido a lo que les ha ocurrido a ellos y a sus familias.

Mirelis Casique, madre de Francisco García Casique, un barbero de 24 años, dijo que cuando se enteró de que su hijo había sido detenido por Estados Unidos, "sentí que se me desmoronó el mundo".

Casique solo se dio cuenta de que lo habían enviado a El Salvador cuando lo vio encadenado e inclinado en un video publicado en internet por el presidente salvadoreño. Luego pasó meses preguntándose si volvería a saber de él. "Jamás me imaginé que el famoso Estados Unidos le iba a violentar sus derechos humanos", dijo.

El viernes, ambos se reunieron brevemente en Caracas. Se abrazaron y lloraron. "La pesadilla terminó", le dijo ella.

Liz Cathcart, directora de Hostage US, una organización sin fines de lucro que apoya a los rehenes estadounidenses y a sus familias, dijo que las personas que han estado presas suelen padecer problemas médicos, como desnutrición, atrofia muscular, deficiencias vitamínicas y problemas dentales, además de importantes traumas psicológicos.

Los hombres venezolanos están retenidos en un hotel cercano al aeropuerto de Caracas, donde se les están haciendo revisiones médicas y funcionarios los están entrevistando, según tres de sus familiares. Los estadounidenses hicieron una breve escala en El Salvador el viernes, donde estrecharon la mano del presidente Nayib Bukele, antes de ser trasladados en avión a Estados Unidos.

En entrevistas realizadas en los últimos meses, familiares de ambas partes dijeron que habían dejado sus empleos para trabajar por la libertad de sus seres queridos y hacer frente a la logística que supone encontrar a una persona desaparecida. Algunos en Venezuela dijeron que habían tenido que esforzarse por conseguir dinero para mantener a sus familias, porque sus familiares en Estados Unidos habían dejado de enviarles pagos.

"Es muy difícil el día a día", dijo Sophie Hunter, hermana del kitesurfista, quien dijo que había dejado su trabajo en las Naciones Unidas para intentar ayudar a su hermano.

En Venezuela, Noemí Briceño, esposa de Belloso, dijo que vivía en un estado de miedo constante desde que lo enviaron a El Salvador en marzo.

Lo único que quiere hacer ahora, dijo, es "dar gracias a Dios porque mi esposo está de vuelta, porque me quitó la preocupación y la zozobra en la que vivía todo el tiempo. No sabía cómo estaba él, si comía o no comía, cómo lo estaban tratando".

En Estados Unidos, a las personas que regresan a casa tras una detención injusta se les suele ofrecer la posibilidad de participar en un programa de reinserción residencial, normalmente en una base militar.

Otros seis estadounidenses regresaron del encarcelamiento en Venezuela tras ser liberados a finales de enero, después de la visita de un funcionario del gobierno de Trump, el primer encuentro público entre ambas naciones en años.

Tres de los estadounidenses liberados hablaron largo y tendido con The New York Times sobre su detención y afirmaron que habían sido confinados en celdas de cemento, golpeados, rociados con aerosol de pimienta y sometidos a tortura psicológica.

No está claro qué tipo de ayuda recibirán las personas devueltas a Venezuela. La economía del país solo ha empeorado en el último año y el gobierno ha detenido a quienes considera opositores y los ha encerrado en el mismo sistema penitenciario que retuvo a los estadounidenses.

Algunos de los hombres se han manifestado contra el gobierno en el pasado, según sus familias, y podrían enfrentarse a penas de prisión.

Varios de los venezolanos tenían casos activos de asilo político pendientes en Estados Unidos, entre ellos Neri Alvarado, de 25 años, antiguo estudiante de psicología.

Aproximadamente la mitad de los hombres liberados por Venezuela el viernes eran ciudadanos estadounidenses, mientras que la otra mitad eran residentes legales permanentes, según el grupo de vigilancia venezolano Foro Penal.

Entre los residentes legales permanentes se encontraba Renzo Huamanchumo, de 48 años, padre de siete hijos y originario de Perú, quien había ido a Venezuela a visitar a la familia de su novia, dijo su tía, Patricia Castillo.

Huamanchumo fue detenido el pasado septiembre cuando intentaba cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, dijo.

Durante meses, dijo, su familia no supo dónde estaba, ni si estaba vivo. Su madre --hermana de Castillo-- viajará a Houston para ver a su hijo, quien está siendo examinado en un hospital militar de esa ciudad.

La madre de Huamanchumo sufrió una grave depresión tras su detención, dijo su tía. A menudo no podía comer y se le había empezado a caer el pelo.

Castillo dijo que el dolor de su hermana nunca podría resarcirse, y agregó: "Esta noticia ha venido en el momento preciso, cuando pensábamos que se nos derrumbaba".

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Nueva York.

Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Nueva York.

Un acuerdo liberó a 10 estadounidenses y residentes permanentes en Estados Unidos detenidos en Venezuela, por más de 200 migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador tras ser expulsados de EE. UU.

Diez estadounidenses y residentes permanentes en Estados Unidos que fueron detenidos por las autoridades venezolanas y retenidos como moneda de cambio quedaron en libertad el viernes a cambio de la liberación de más de 250 migrantes venezolanos que el gobierno de Donald Trump envió a una prisión de El Salvador.

La liberación de los estadounidenses y residentes permanentes fue descrita por el Departamento de Estado, mientras que la de los venezolanos fue anunciada por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en la red social X.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que los 10 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes fueron detenidos y encarcelados en Venezuela "sin el debido proceso" y pidió la "restauración de la democracia en Venezuela".

La captura y encarcelamiento de los estadounidenses forma parte de los esfuerzos del gobierno venezolano por ganar ventaja en las negociaciones con el gobierno de Trump, mientras que la detención de los venezolanos en El Salvador desempeñó un papel destacado en la promesa del mandatario estadounidense de deportar a millones de inmigrantes.

El gobierno de Trump ha acusado a los hombres que envió a El Salvador --252 personas en total-- de ser delincuentes peligrosos y miembros de una banda venezolana, el Tren de Aragua, aunque ha aportado pocas pruebas que lo respalden. Sus abogados afirman que fueron expulsados sumariamente de Estados Unidos sin el debido proceso.

El gobierno de Trump los envió a una prisión de máxima seguridad de El Salvador en marzo, junto con unas dos decenas de salvadoreños, entre ellos Kilmar Abrego García, un hombre que el gobierno estadounidense admitió posteriormente que había deportado por error.

El gobierno de Venezuela comenzó a detener y encarcelar extranjeros a finales del año pasado. Entre ellos estaba Lucas Hunter, ahora de 37 años, ciudadano estadounidense y francés, quien viajó a Colombia para practicar kitesurf, según su familia.

En una entrevista, su hermana, Sophie Hunter, dijo que aún se encontraba en Colombia --cerca de la frontera con Venezuela-- cuando fue capturado por las autoridades venezolanas a principios de enero. Desde entonces ha estado trabajando por su liberación.

"Llevamos casi un año rezando para que llegue este día", dijo el viernes.

Otros seis presos estadounidenses regresaron de Venezuela a finales de enero, y su libertad quedó asegurada tras una inusual y muy pública visita de un funcionario del gobierno de Trump a Venezuela.

Tras su liberación, algunos de ellos dieron detalles a The New York Times sobre su detención y describieron cómo fueron apresados, encapuchados y esposados por las autoridades venezolanas. Algunos de los estadounidenses recluidos en la prisión venezolana fueron confinados en celdas de cemento, golpeados, rociados con aerosol de pimienta y sometidos a lo que un preso calificó de "tortura psicológica".

Las negociaciones en torno al intercambio del viernes se iniciaron al menos desde mayo, según cuatro personas con conocimiento de las conversaciones. Pero las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos se estancaron en parte porque dos funcionarios estadounidenses hicieron ofertas distintas a los venezolanos, lo que les hizo dudar de en quién confiar, según dijeron las personas.

Las familias de los migrantes venezolanos enviados a El Salvador presionaron durante meses para lograr la liberación de sus parientes, organizando marchas frente a la embajada salvadoreña en Caracas y viajando a Ginebra para hablar con representantes ante las Naciones Unidas.

El viernes, la tía de uno de los hombres, Widmer Josneyder Agelviz, dijo que quería estar agradecida a Estados Unidos por su liberación, pero que sobre todo estaba enfadada con los funcionarios estadounidenses.

"Ellos, desde un principio, sabían que no se estaban llevando delincuentes", dijo la tía, Jhoanna Sanguino, de 35 años, quien vive en Colombia.

El gobierno de Trump ha dicho que los hombres son miembros de bandas criminales y que su deportación y encarcelamiento en El Salvador forman parte de un esfuerzo por hacer que Estados Unidos sea más seguro.

Pero una investigación del Times encontró acusaciones penales graves solo para 32 de los hombres. La mayoría de los 252 hombres no tenían antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro lugar de la región, más allá de la transgresión migratoria, según la investigación.

Muchos de sus familiares han dicho que los hombres estaban siendo utilizados como herramientas políticas por Trump, quien quiere demostrar una línea dura en materia de inmigración.

Agelviz no tiene antecedentes penales en Venezuela ni en Ecuador, donde vivió anteriormente, según los documentos del gobierno revisados por el Times. Su tía dijo que llegó a Estados Unidos en septiembre de 2024, y estuvo viviendo en Carolina del Norte cuando las autoridades de inmigración estadounidenses lo detuvieron a principios de este año.

El intercambio del viernes también incluyó la liberación de 80 venezolanos retenidos por el gobierno venezolano, según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por si sigla en inglés) ha demandado al gobierno de Trump por utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para detener y expulsar a venezolanos, y el litigio está en curso.

El viernes, Lee Gelernt, abogado de la ACLU, dijo que la organización pediría a un juez que ordenara al gobierno que explicara si tiene intención de devolver a los venezolanos a Estados Unidos. Muchos de ellos tenían casos de migración activos cuando fueron encarcelados, incluidas solicitudes de asilo.

"Si el gobierno se sale con la suya tras enviar a personas a lo que es esencialmente un gulag en un país con el que no tienen ninguna conexión, entonces ya no estamos hablando del sistema migratorio que hemos conocido durante más de un siglo", dijo. "Se trata de una fase completamente nueva, ilegal y gratuitamente cruel".

Muchos de los hombres fueron detenidos en sus casas o en la calle en las semanas posteriores a la toma de posesión de Trump, según decenas de entrevistas realizadas por The New York Times.

No estaba claro cuánto tiempo iban a permanecer en la prisión salvadoreña, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, había dicho que creía que debían quedarse allí "el resto de sus vidas".

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se enfrenta a graves problemas económicos y a la falta de legitimidad, y ha estado tratando de que Estados Unidos disminuya las sanciones petroleras, una medida que necesita para ayudar a la economía y a su popularidad.

Su gobierno también ha hecho de la defensa de los venezolanos detenidos en El Salvador una causa célebre, afirmando que sus detenciones apuntan a violaciones democráticas cometidas por Estados Unidos.

El viernes, la cancillería venezolana confirmó el intercambio, diciendo que los venezolanos habían sido "secuestrados y sometidos a desaparición forzada en un campo de concentración, conocido como el CECOT" y dijo que Maduro se había centrado en "rescatar" a sus connacionales.

Cabello dijo en un encuentro con periodistas que siete de ellos tenían antecedentes por delitos graves.

El gobierno de Maduro comenzó a encarcelar a un gran número de extranjeros el año pasado, una táctica que, según los analistas de seguridad, fue diseñada para ayudar a Maduro a ganar influencia sobre funcionarios estadounidenses y de otros gobiernos extranjeros. Las autoridades acusaron públicamente a muchos de los extranjeros de conspirar para derrocar a Maduro.

El grupo de vigilancia venezolano Foro Penal afirma que hay 88 personas con ciudadanía extranjera detenidas en Venezuela, entre un total de 948 presos políticos.

Entre los estadounidenses encarcelados por Venezuela figura Wilbert Castañeda, de 37 años, cuyo hermano Christian dijo que la última vez que supo de él fue a finales de agosto de 2024.

Castañeda había servido en la Marina estadounidense durante 18 años, gran parte de los cuales como breacher de los Navy Seals, según dijo su hermano. El trabajo implicaba que Wilbert utilizaba ocasionalmente explosivos para ayudar a su unidad a romper barreras.

La familia cree que Castañeda sufrió lesiones cerebrales traumáticas durante su estancia en el ejército, y que esto podría haber influido en su decisión de viajar a Venezuela para conocer a su pareja, a pesar del historial de detenciones de estadounidenses en ese país.

Cuando Castañeda llamó a su hermano en plena noche del 28 de agosto, le dijo que estaba detenido. "Si no puedo volver a comunicarme contigo o no estoy en casa el lunes, eso significa que las cosas están muy, muy mal", recuerda que le dijo su hermano.

Zolan Kanno-Youngs y Michael Crowley colaboraron con reportería desde Washington.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, está radicada en Bogotá, Colombia, y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.

Zolan Kanno-Youngs y Michael Crowley colaboraron con reportería desde Washington.

International Relations Federal Bureau of Investigation Justice Department Kent, Joe (1980- ) Maduro, Nicolas Trump, Donald J National Security Agency Tren de Aragua (Gang) El Salvador Venezuela

El resto de las agencias de inteligencia no están de acuerdo con el análisis del FBI que vincula a la banda, el Tren de Aragua, con el gobierno de Venezuela.

Un memorando de inteligencia del FBI desvelado el miércoles ofrece nuevos detalles sobre por qué la agencia concluyó que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente tuvieron alguna responsabilidad por las acciones de una pandilla criminal en Estados Unidos, lo cual la enfrentó a otras agencias de inteligencia en una acalorada disputa sobre el uso de una ley de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El memorando, cuyas conclusiones han sido rechazadas por las demás agencias de inteligencia, fue presentado por el gobierno a un juez federal de Texas antes de una audiencia celebrada el jueves. Forma parte de una serie de demandas cada vez más numerosas sobre el uso que hace Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas acusadas de ser miembros de esa banda, el Tren de Aragua, a una conocida prisión salvadoreña sin el debido proceso.

"El FBI considera que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente faciliten la migración de miembros del TdA de Venezuela a Estados Unidos para promover el objetivo del régimen de Maduro de socavar la seguridad pública en Estados Unidos", decía el memorando, utilizando una abreviatura de la banda.

Añadía que el buró también cree que algunos funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "probablemente utilizan a miembros del TdA como apoderados".

La presentación del memorando abre la puerta a un mayor escrutinio judicial de un fundamento clave para la afirmación de Trump de que puede invocar la ley, rara vez utilizada, para deportar sumariamente a personas acusadas de ser miembros de la banda. También ofrece un atisbo de las afirmaciones de varios migrantes detenidos que sirvieron de base para la evaluación del FBI.

En marzo, Trump proclamó que el gobierno de Venezuela controla la banda --una premisa clave para su uso de la ley de deportación de tiempos de guerra-- mientras enviaba aviones cargados de hombres a El Salvador. Desde entonces, los tribunales han paralizado tales traslados en virtud de dicha ley, dictaminando que es probable que no aplique para la cuestión de migrantes indocumentados en lugar de una situación de tiempo de guerra.

A pesar de la valoración del FBI, la mayoría de las agencias de inteligencia del país, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, creen que la afirmación de Trump es inexacta. El Consejo Nacional de Inteligencia, un grupo de análisis interno de élite al que las personas responsables de políticas pueden encargar proyectos especiales, ha redactado dos evaluaciones en ese sentido, aunque también ha señalado que el FBI discrepaba en parte.

Las opiniones minoritarias del FBI eran conocidas, en parte porque uno de los memorandos del consejo fue desclasificado y publicado este mes en respuesta a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Entre otras cosas, aclaraba que el FBI había basado su opinión en las declaraciones de varios migrantes detenidos en Estados Unidos.

Pero no estaba claro en cuántos migrantes se había basado el FBI para su análisis; el memorando decía que la opinión de la agencia se basaba en las declaraciones de siete fuentes.

Sin embargo, el memorando detallaba lo que había dicho solo una de ellas. "Según una fuente humana con acceso indirecto", afirmaba el memorando, la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de la banda por parte del gobierno venezolano pasaba por el presidente Nicolás Maduro, "quien utilizaba a confidentes como intermediarios para aislarse de la afiliación pública" con la banda.

Al mismo tiempo, el memorando decía que el FBI había considerado que funcionarios venezolanos de alto rango no estaban implicados en las "actividades diarias" de la banda.

También decía que había considerado "más o menos igualmente plausible" una hipótesis alternativa según la cual los miembros de la banda emigraban y cometían delitos por su cuenta, pero decía que el FBI consideraba "más probable" su opinión.

El FBI situó su evaluación en un nivel de confianza "medio" y dijo que estaba considerando pasarla a un nivel de confianza más bajo "debido a las fuentes primarias, que eran contactos únicos con acceso indirecto y que podrían haber estado motivados por haber percibido la posibilidad de una decisión favorable en materia de inmigración".

El Consejo Nacional de Inteligencia, que realizó un análisis a partir de las evidencias disponibles de todas las agencias de inteligencia, dio más peso a ese escepticismo. La "mayoría" de la comunidad de inteligencia "juzga que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen están dirigiendo o posibilitando la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble", escribió.

Los problemas legales de los detenidos, dijo el consejo, podrían "motivarlos a hacer acusaciones falsas sobre sus vínculos con el régimen venezolano en un esfuerzo por desviar la responsabilidad de sus crímenes y reducir cualquier castigo proporcionando información exculpatoria o por lo demás 'valiosa' a los fiscales estadounidenses".

Pero el consejo y las otras agencias también tenían otros problemas con los alegatos. Examinaron si los detenidos "podían tener acceso de forma creíble a la información reportada" y si habían ofrecido detalles que pudieran corroborarse. La coordinación del tipo que los migrantes habían relatado requería casi con toda seguridad comunicaciones y transferencias financieras que el gobierno estadounidense esperaría recopilar, pero no había visto.

Al final, la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que "el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo los movimientos y operaciones del TDA en Estados Unidos", dijo el consejo en su memorando.

El Departamento de Justicia no parece haber presentado el memorando del consejo que resume el análisis más amplio de todas las demás agencias de inteligencia.

La Casa Blanca encargó un análisis sistemático de las pruebas sobre el gobierno de Venezuela y la banda en febrero, cuando Trump consideraba utilizar la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a venezolanos.

El Consejo Nacional de Inteligencia elaboró un memorando el 26 de febrero que concluía que el gobierno de Venezuela no controla la banda. El memorando señalaba que el FBI sí creía que existían algunos vínculos basados en información que el resto de la comunidad de inteligencia no consideraba creíble.

Aun así, el 15 de marzo, Trump firmó una proclamación en la que decía lo contrario.

Días después, The New York Times informó sobre el memorando del 26 de febrero, lo que llevó al Departamento de Justicia a anunciar una investigación penal por filtración. Joe Kent, uno de los principales colaboradores de la directora de la inteligencia nacional, también pidió al entonces jefe en funciones del consejo, un analista de carrera llamado Michael Collins, que elaborara una nueva evaluación.

En correos electrónicos, Kent exigió más tarde que se "reescribiera" un borrador de la nueva evaluación para que no pudiera "utilizarse contra" Trump. Pero la versión final seguía concluyendo que el gobierno de Venezuela no controla la banda y que la opinión del FBI de que algunos funcionarios la estaban utilizando como subsidiaria no era creíble.

Desde entonces, Collins ha sido despedido.

Julian E. Barnes y Maggie Haberman colaboraron con reportería.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Julian E. Barnes y Maggie Haberman colaboraron con reportería.

Venezuela Maduro, Nicolas Elections Machado, Maria Corina Politics and Government Gonzalez, Edmundo (1949- ) Carter Center

Los centros de votación de Caracas, la capital, y de otras ciudades estuvieron poco concurridos, pero las autoridades afirmaron que la participación fue superior al 40 por ciento.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, conformado por funcionarios leales al autócrata Nicolás Maduro, afirmó a última hora de la noche del domingo que su partido había obtenido una victoria aplastante en las elecciones regionales y legislativas.

No hubo observadores independientes, y los críticos calificaron las elecciones de espectáculo diseñado para certificar un gobierno aprobado por Maduro.

Los resultados, anunciados en la televisión estatal y presentados sin pruebas, despojaron a la oposición de algunos de los últimos cargos que ostentaba, incluido el de gobernador de Zulia, el estado más poblado del país y el corazón de su riqueza petrolera.

A pesar de que las calles y los centros de votación estaban casi vacíos, el consejo electoral afirmó que la participación había superado el 40 por ciento. El consejo electoral no publicó los resultados en internet, como había hecho en las elecciones anteriores a 2024.

Benigno Alarcón, politólogo de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, dijo que la votación carecía de los requisitos mínimos para considerarse democrática.

El anuncio se produce menos de un año después de unas elecciones presidenciales en las que Maduro también se proclamó vencedor, a pesar de que el recuento de votos indicaba que había perdido decisivamente frente a su oponente, Edmundo González. Ese recuento fue considerado correcto por el Centro Carter, un grupo de observación independiente, que dijo que la afirmación de Maduro era una "falsificación".

En declaraciones a la televisión estatal el domingo por la noche, el vicepresidente del organismo electoral, Carlos Quintero, dijo que una alianza de partidos que apoyan a Maduro había obtenido más del 80 por ciento de los votos emitidos para los escaños legislativos. La misma coalición había ganado las gobernaciones de 22 de los 23 estados del país, dijo Quintero.

Anteriormente, cuatro estados estaban en manos de gobernadores no alineados con el gobierno. Ahora, solo uno, Cojedes, en el centro de Venezuela, estará controlado por una voz disidente.

La votación tuvo lugar en medio de una amarga lucha entre los líderes de la oposición sobre si participar o no en la votación.

La líder opositora más destacada del país, María Corina Machado, exlegisladora que había apoyado a González en la carrera presidencial del año pasado, había pedido a la gente que se abstuviera, afirmando que el gobierno debía reconocer el resultado de las elecciones de julio de 2024.

"¡Vacía las calles!", dijo a sus partidarios en un mensaje antes de la votación.

Pero un grupo de personas, entre ellas el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, pidieron que se presentaran candidatos y que la gente votara, afirmando que las elecciones --incluso si finalmente eran robadas-- podían utilizarse para movilizar y dar energía a la oposición para la próxima lucha.

"No concibo cómo desde la casa, quedándonos en la casa en silencio, vamos a derrotar al gobierno de Maduro", dijo en una entrevista antes de las elecciones.

Al final, la abstención --o al menos la desilusión-- pareció ganar. Las calles de Caracas y de ciudades importantes como Maracaibo, capital del estado de Zulia, estaban inmersas en una calma inquietante el domingo, y los centros de votación estaban escasamente concurridos.

En el Liceo Andrés Bello, el centro de votación más grande de Caracas, solo 793 de los 11.542 votantes registrados habían depositado su voto al mediodía, dijo un trabajador.

La situación era similar en los barrios obreros de La Vega y Petare --bastiones tradicionales del partido de Maduro-- y en el centro de votación de Capriles, en el acomodado barrio caraqueño de Las Mercedes, bastión de la oposición. A mediodía, en su centro de votación de Las Mercedes, solo habían votado 115 de los 4788 electores, según un trabajador electoral.

En todo el país, Zulia había sido uno de los pocos lugares todavía gobernados por alguien no alineado con el gobierno, en este caso Manuel Rosales, tres veces gobernador, quien anteriormente había sido considerado más amistoso con el gobierno que otros políticos de la oposición.

Alberto Méndez, de 35 años, dijo que había acudido a votar expresamente para intentar mantener a Rosales en el cargo.

"No puedo entender por qué no está votando la gente", dijo. En los supermercados, farmacias e incluso en los puestos de comida rápida, solo había empleados, explicó, no clientes.

"Esto no es normal. Esto es como si ya aquí nadie quiere luchar por nada, como si todos nos hubiésemos rendido".

Antes de que se anunciaran los resultados, Machado, señalando el índice de abstención, calificó la jornada de éxito.

"Hoy, los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal", dijo en un mensaje de video. "Como nadie quiere hundirse en ese barco que naufraga", dijo refiriéndose al gobierno de Maduro, "los pocos que hoy les quedan los están abandonando".

Quintero, del consejo electoral, dijo que Capriles, el excandidato presidencial, había ganado el puesto por el que había hecho campaña: un escaño en la Asamblea Nacional.

El domingo, también se había pedido a los venezolanos que votaran por un gobernador y legisladores para representar al Esequibo, una región rica en petróleo reconocida internacionalmente como parte de la vecina Guyana.

Maduro ha reclamado la región para Venezuela, utilizando una antigua disputa fronteriza para intentar avivar el orgullo nacional. Se eligió a un gobernador, dijo Quintero: Neil Villamizar, almirante de la Armada quien es miembro del partido de Maduro.

Durante años, el gobierno de Maduro ha moldeado las elecciones a su favor, convirtiéndolas en herramientas para recabar apoyo y excluyendo a los candidatos populares de la oposición, a menudo enfrentándolos entre sí al declarar a unos aptos para participar y a otros no.

Pero al falsificar tan audazmente los resultados el año pasado, Maduro fue más allá. Les siguieron protestas, pero fueron rápidamente aplastadas por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, cientos de personas han sido encarceladas, incluidos manifestantes, trabajadores electorales, periodistas y activistas.

Machado ha acusado a Maduro y a su cohorte de arremeter contra la población porque temen perder el poder, y ha dicho que la única herramienta que les queda para mantener el control es la violencia.

Hay más de 900 presos políticos bajo custodia del gobierno, según un grupo de vigilancia, Foro Penal, entre ellos decenas que fueron detenidos el viernes.

La decisión de votar o no ha dividido incluso a las familias.

En Zulia, Juan Bautista Casanova, profesor universitario de 60 años, llegó a su centro de votación sin su esposa, quien había declarado que se abstendría. (También estaba sin sus tres hijas, explicó: habían emigrado).

"Mi esposa dice que igual harán trampa, que Maduro lo que quiere es declarar ya la dictadura", dijo Bautista. "Por eso le dije que votara, porque si es así como ella dice, capaz es la última vez que tengamos derecho al voto en Venezuela".

El domingo, en Caracas, los tanques se alineaban en las entradas de los barrios más pobres que habían sido escenario de protestas el año anterior. Algunos de los vehículos llevaban un mensaje: "Dudar es traición".

En la televisión estatal, durante todo el día, locutores y funcionarios hablaron de una alta participación y de un proceso pacífico y eficiente. En las pantallas parpadeaba la etiqueta #elpueblodecide2025.

El movimiento de Maduro, llamado chavismo, lleva un cuarto de siglo en el poder; estas fueron sus 32.ª elecciones.

"Venezuela es el país con más elecciones libres, soberanas y democráticas de la historia de los últimos 100 años de la humanidad", afirmó Maduro ante los periodistas el domingo, antes de que se anunciaran los resultados. Dijo que la votación había transcurrido sin incidentes y "ni una cachetada".

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

United States International Relations Offshore Drilling and Exploration Oil (Petroleum) and Gasoline Territorial Disputes Elections Exxon Mobil Corp International Court of Justice (UN) International Crisis Group Maduro, Nicolas Guyana Venezuela

La mayoría de los países y los habitantes de esta región están de acuerdo: pertenece a Guyana. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro convocó elecciones para este territorio rico en petróleo.

El domingo, Venezuela tiene previsto celebrar elecciones a gobernador y legisladores para representar al Esequibo, un territorio escasamente poblado y rico en petróleo.

Pero hay un problema. El Esequibo está reconocido internacionalmente como parte de Guyana, el país vecino, no de Venezuela.

La mayoría de los países y las 125.000 personas que viven en el Esequibo están de acuerdo: pertenece a Guyana, nación de unos 800.000 habitantes, y no a Venezuela, de unos 28 millones.

Al convocar elecciones legislativas y regionales el domingo, incluidas las del Esequibo, el presidente autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, según los analistas, pretende legitimar su gobierno en el extranjero y también dentro de su nación, profundamente insatisfecha, donde, al parecer, la lealtad de los militares se está resquebrajando.

El año pasado, Maduro declaró la victoria en las elecciones presidenciales, pero no aportó ninguna prueba que respaldara su afirmación. En su lugar, los escrutinios recogidos por los observadores electorales mostraron que su oponente había ganado de forma aplastante. Muchos países, incluido Estados Unidos, no reconocieron a Maduro como vencedor.

Según los analistas, al gobierno de Venezuela le preocupan especialmente los recuentos de votos que la oposición recogió en los cuarteles militares y que mostraban que gran parte de las fuerzas armadas votaron en contra de Maduro.

Maduro está utilizando la votación en el Esequibo para avivar el sentimiento nacionalista y conseguir apoyo para su gobierno, dijo Benigno Alarcón, director de un centro de investigación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que realiza encuestas entre los votantes.

Las reivindicaciones sobre la región del Esequibo están profundamente arraigadas entre muchos venezolanos, quienes creen que la tierra les perteneció históricamente bajo el dominio colonial español y no consideran legítimo un acuerdo del siglo XIX que cedió la zona a Guyana.

Las elecciones del Esequibo son "una manera de tratar de unificar a la gente, en especial a la Fuerza Armada en contra de un enemigo común", dijo Alarcón.

Pero la mayoría de las personas que viven en el Esequibo hablan inglés, se identifican culturalmente como guyaneses y dicen que quieren seguir formando parte de Guyana, el único país que la mayoría ha conocido. Incluso bajo el dominio español se consideraba un puesto remoto. En toda Guyana, las tiendas y los coches están llenos de pegatinas que proclaman la propiedad del Esequibo por parte del país.

En los últimos años, Maduro ha intensificado sus reivindicaciones sobre la región, que comprende aproximadamente dos tercios de Guyana e incluye enormes bloques petrolíferos en alta mar donde Exxon Mobil está ampliando la producción.

En 2023, Maduro reavivó la larga disputa celebrando un referendo en el que se preguntaba a los votantes si su gobierno debía seguir reclamando el Esequibo. La votación se consideró un esfuerzo por desviar la atención de las crisis política y económica de Venezuela.

La autoridad electoral del país dijo que el 95 por ciento de los votantes había aprobado que se hiciera la reivindicación, pero los observadores dijeron que la participación fue realmente baja.

Ahora Maduro está avivando de nuevo una crisis geopolítica como forma de desviar la conversación interna, dijeron los analistas.

Aunque la mayoría de los venezolanos está a favor de recuperar el Esequibo, Alarcón dijo que su confianza en las intenciones y la capacidad del gobierno para hacerlo era baja.

"Es un tema que ha ido perdiendo conexión con la gente porque ha pasado mucho tiempo", dijo. "Estamos hace 100 años discutiendo esto. ​​Ya mucha gente siente que ese es un tema muy difícil de revertir en este momento".

El día de las elecciones, los venezolanos de la región fronteriza con Guyana elegirán entre cuatro candidatos a gobernador, incluido el candidato del partido gobernante, Neil Villamizar, almirante de la armada. Los votantes también elegirán a ocho representantes legislativos de la región.

No está claro exactamente cómo piensa Venezuela administrar las elecciones en un territorio gobernado por un país diferente, y la autoridad electoral venezolana no ha proporcionado información clara.

"No tiene ni pies ni cabeza", dijo Alarcón.

El ministro de seguridad nacional de Guyana, Robeson Benn, ha dicho que se reforzó la seguridad fronteriza y que las autoridades detendrían a cualquier guyanés que apoyara las elecciones.

La disputa actual sobre el Esequibo se remonta a 1899, cuando un tribunal de París determinó la frontera reconocida internacionalmente. Pero muchos venezolanos afirman que la decisión fue nula porque implicaba un acuerdo secreto en el que Venezuela no participó.

Las antiguas tensiones se suavizaron bajo el mandato del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien abandonó en gran medida la cuestión.

Pero eso fue antes de que un auge del petróleo convirtiera a Guyana, durante mucho tiempo uno de los países más pobres de Sudamérica, en una potencia energética mundial y transformara su economía en una de las de más rápido crecimiento del mundo.

En cambio, Venezuela, que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, se vio impulsada en su día por un próspero sector petrolero. Pero años de sanciones estadounidenses, una mala gestión y el deterioro de las infraestructuras la han dejado en la ruina. A diferencia de Chávez, Maduro debe enfrentarse a una economía colapsada y al descontento generalizado de la población.

En 2020, la disputa entre los dos países sobre el Esequibo fue llevada al máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, donde sigue pendiente. Este mes, el tribunal ordenó a Venezuela que se abstuviera de elegir funcionarios para supervisar la zona. Pero Maduro ha rechazado la jurisdicción del tribunal sobre la cuestión.

En los últimos meses, Guyana ha informado de varios ataques armados contra sus soldados a lo largo de la frontera venezolana y ha denunciado lo que calificó de incursión ilegal de un buque de la armada venezolana en aguas disputadas donde Exxon Mobil está explotando un vasto yacimiento de petróleo mar adentro.

El gobierno de Venezuela ha negado esos reportes y ha acusado a la oposición de conspirar con Estados Unidos y Guyana para derrocar al gobierno de Maduro.

A medida que aumentan las tensiones, Guyana ha intensificado los lazos militares con Estados Unidos, que tiene un gran interés en proteger las inversiones multimillonarias de Exxon Mobil en las reservas de petróleo de Guyana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este mes en una conferencia de prensa en Georgetown, la capital de Guyana, donde estuvo junto al presidente guyanés, Irfaan Ali, que habría "consecuencias" si Venezuela emprende acciones militares contra su vecino.

"Sería un día muy malo para el régimen venezolano si alguna vez atacara a Guyana o a Exxon Mobil", dijo Rubio.

Sin embargo, incluso la oposición venezolana se ha apoderado de las reclamaciones territoriales. María Corina Machado, la líder opositora más destacada, visitó la zona en canoa en 2013 para promover la reivindicación de Venezuela.

Es posible que Maduro intente negociar algún tipo de acuerdo con Guyana, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group, quien lleva más de dos décadas en Venezuela.

"Puede que lo que Maduro esté intentando realmente sea acosar tanto a los guyaneses que estos decidan finalmente comprarlo con alguna parte de los ingresos del petróleo o una porción de territorio", dijo. "Y quizá entonces Venezuela pueda declarar la victoria y todo se calme".

En Guyana, el domingo, todos los barcos, vehículos, casas, edificios y vallas estarán cubiertos de banderas guyanesas, dijo Vilma De Silva, funcionaria electa en el Esequibo. Venezuela celebra sus elecciones un día antes del Día de la Independencia de Guyana.

"Nuestra región está en alerta máxima", dijo "Estamos aquí y no vamos a renunciar a ninguna montaña. No vamos a renunciar a ningún árbol. No vamos a renunciar a ningún río que pertenezca al Esequibo. Es nuestro".

Genevieve Glatsky es reportera del Times, radicada en Bogotá.

United States International Relations Elections Voter Fraud (Election Fraud) Democracy (Theory and Philosophy) Capriles Radonski, Henrique Machado, Maria Corina Maduro, Nicolas Venezuela United States

Algunos en la oposición afirman que la única forma de protestar es abstenerse. Otros dicen que hacerlo permitirá al gobierno asegurar que "ganaron sin resistencia".

El mandatario venezolano Nicolás Maduro está exhortando a los votantes a acudir de nuevo a las urnas el domingo. Esto, un año después de que, según observadores independientes, manipulara los resultados de las elecciones presidenciales.

En la votación anterior, Maduro se atribuyó la victoria a pesar de que el recuento mostraba que había perdido por un margen decisivo. Acto seguido, desató un reino de terror contra los manifestantes, cientos de los cuales siguen encerrados. Esta vez, las elecciones se celebran para elegir a los miembros del poder legislativo, conocido como Asamblea Nacional, y a los gobernadores de los 23 estados del país.

No habrá observadores independientes y, dentro de Venezuela, muchos han dicho que creen que, una vez más, se manipularán los resultados. Según los analistas, Maduro está celebrando las elecciones para proyectar una imagen, por frágil que sea, de democracia.

"Sirve solo para refrescar el statu quo", afirmó Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas

Y, sin embargo, hay candidatos de la oposición participando.

La votación ha reabierto una brecha entre los activistas de la oposición, que el año pasado se habían unido en su mayoría en torno a la candidatura de Edmundo González, exembajador que obtuvo más del 60 por ciento de los votos presidenciales, según un recuento de papeletas realizado por el Centro Carter, un grupo de observación independiente.

El apoyo más importante de González fue el de María Corina Machado, una figura carismática que se había convertido en la líder indiscutible del movimiento, pero a quien el gobierno había impedido postularse a la presidencia.

Ahora, figuras y votantes de la oposición están divididos sobre la participación.

Por un lado, Machado le está pidiendo a los venezolanos que se abstengan como forma de protesta, alegando que la votación es una "trampa" diseñada para legitimar el gobierno de un autócrata. Por otro lado, un grupo de activistas no solo se están postulando a las elecciones, sino que están exhortando a los venezolanos a acudir a las urnas, también como forma de protesta.

Puede que Maduro no permita a los venezolanos elegir quién los gobierna, alegan. Pero el voto puede utilizarse igualmente como arma política de todas formas, indicando a los dirigentes que el pueblo los quiere fuera.

El objetivo es que la población vea que los líderes de la oposición están activos, que están haciendo campaña, que una alternativa es posible, que están sentando las bases para una futura acción democrática.

"Nosotros no podemos regalarles el camino y dejar que ellos digan que ganaron sin resistencia", afirmó Juan Requesens, de 36 años, quien surgió como líder de las protestas contra Maduro en 2014, pasó luego dos años en prisión y más tiempo bajo arresto domiciliario antes de quedar en libertad en 2023.

En vísperas de las elecciones, el gobierno levantó las prohibiciones de participación política de algunos activistas de la oposición, entre ellos Henrique Capriles, exgobernador y dos veces candidato presidencial. Se trata de una táctica que el gobierno de Maduro ya ha utilizado anteriormente --permite que algunos activistas contiendan, mientras se los prohíbe a otros-- como una manera de dividir a la oposición.

El viernes, agentes del gobierno detuvieron a Juan Pablo Guanipa, destacado político y aliado de Machado.

Tarek William Saab, fiscal general del país, alegó que Guanipa formaba parte de un grupo delictivo que pretendía desatar la violencia para impedir la votación del domingo, y dijo que había sido detenido junto con otras 70 personas, incluidos extranjeros.

El gobierno suele hacer afirmaciones de este tipo sobre sus oponentes.

Ya hay unos 900 presos políticos detenidos en el país, según un grupo de vigilancia, Foro Penal.

El debate sobre la participación en la votación del domingo se hace eco de una lucha similar que tuvo lugar en 2018 entre las figuras de la oposición, la mayoría de las cuales finalmente se abstuvieron en la votación presidencial de ese año, lo que permitió a Maduro declarar fácilmente la victoria.

​​Machado ha estado compartiendo en internet imágenes de pancartas colgadas por comunidades de todo el país, en cada una de las cuales se declara que dicha localidad "ya votó", el 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales que ganó González. ​​Machado se negó a hablar para este artículo.

"Vacía las calles", dijo esta semana, en un mensaje reciente a los simpatizantes. "Que quede claro quién tiene el poder: tú".

Requesens, exdiputado, se presenta ahora como candidato a gobernador de Miranda, estado que se encuentra junto a la capital, Caracas, y el segundo más poblado del país. Pocos esperan que se le permita ganar.

Requesens ha sido expulsado de su partido, Primero Justicia, por participar en la votación.

En días recientes, salió con un pequeño equipo a hacer campaña a pie por las desgastadas calles de Miranda.

Saludó a los comerciantes y charló con los transeúntes, distribuyendo volantes con su imagen. Algunos lo reconocieron inmediatamente por las noticias; otros, confundidos, dijeron que no tenían conocimiento de ninguna votación próxima.

Varias personas pidieron que no se las fotografiara cerca del candidato, afirmando que temían que el gobierno utilizara las imágenes para castigarlos.

"La gente me pregunta, '¿tienes miedo?'" le dijo Requesens a un grupo de activistas. "Yo le digo: 'pana, yo estoy muerto de miedo, yo no quiero que me vuelvan a joder, pero salgo de mi casa igual a echarle bola, porque eso es lo que me toca, eso es lo que me queda, porque esto es lo mío'".

También hay divisiones constantes en la oposición sobre la estrategia del gobierno de Trump respecto a Venezuela.

El presidente Donald Trump, volviendo en muchos aspectos a una estrategia que utilizó en su primer mandato, ha intentado presionar económicamente a Maduro, revocando una licencia para que la petrolera estadounidense Chevron trabaje en Venezuela, entre otras políticas.

También ha adoptado una línea dura con los migrantes venezolanos, acusando a muchos sin pruebas de formar parte de una banda, el Tren de Aragua, y deportando a cientos a una prisión de El Salvador.

Machado ha apoyado la estrategia económica del gobierno de Trump. Además, ha repetido la afirmación del gobierno de Trump de que el Tren de Aragua está controlado por Maduro, afirmación que las agencias de inteligencia estadounidenses han rechazado, según documentos internos.

Entre los candidatos de la oposición que participan en la votación del domingo se encuentra Capriles, de 52 años, excandidato presidencial, quien reaparece en la escena política tras años al margen.

Se está postulando para un escaño en la Asamblea Nacional.

"Lo que no quiere Maduro es que nos expresemos", dijo en una entrevista. "Yo creo que la manera de mantener vivo el 28 de julio del 2024 es participando".

Capriles calificó el apoyo de Trump a las sanciones en curso en Venezuela de "gran error" que empobrecería a más venezolanos y provocaría más migración.

González, quien según el recuento de votos ganó las elecciones del año pasado, vive exiliado en España.

Machado sigue siendo popular pero, aparte de algunas breves apariciones públicas, vive en clandestinidad, bajo amenaza de detención, desde las elecciones de julio.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno reveló que la mitad de los encuestados aún la consideran la líder de la oposición, dijo Alarcón, director del centro.

El mismo estudio mostró que la abstención podría ser la ganadora de las elecciones del domingo: solo el 20 por ciento de los encuestados mostró un interés significativo en participar. Alarcón dijo que este sería uno de los índices de participación más bajos en unas elecciones en las últimas décadas.

Mientras Capriles hacía campaña este mes en el estado de Miranda, una maestra jubilada llamada Morela Aponte, de 65 años, observaba desde la acera.

"Mucha gente quisiera gritarle 'traidor'", dijo, expresando su decepción por su decisión de postularse y su apoyo a Machado, "pero se contienen por educación".

Añadió que no va ir a votar.

"El gobierno quiere mostrar normalidad internacionalmente, pero eso es mentira. La democracia en Venezuela se perdió hace 25 años", cuando el movimiento de Maduro llegó al poder.

Otros no estaban de acuerdo con esa decisión.

Recientemente, Alexander Azuaje vendía pan dulce mientras Requesens hacía campaña.

Sin dudarlo, tomó un volante.

Azuaje, de 27 años, explicó que en 2018 fue encarcelado durante dos meses por participar en protestas. Tras su liberación, se mudó a Colombia para intentar escapar de la crisis económica de Venezuela. Pero apenas pudo ganar dinero y regresó en 2023.

Votó por González, pero sentía que Machado había desaparecido tras la votación, dijo, y estaba preparado para un nuevo liderazgo.

Añadió que no quería más violencia ni enfrentamientos políticos, solo estabilidad.

"Yo lo que quiero es ganarme aunque sea 130 o 150 dólares a la semana'', dijo. "Poder mantener a mis hijos y a mi esposa. Pero mientras tanto, yo voto. Porque si no votamos, no nos queda nada".

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

United States Politics and Government United States International Relations Classified Information and State Secrets Office of the Director of National Intelligence Gabbard, Tulsi (1981- ) Kent, Joe (1980- ) Trump, Donald J Deportation Tren de Aragua (Gang) Venezuela

Una evaluación de inteligencia contradecía una afirmación del presidente. Un funcionario exigió rehacerla y también presionó para cambiar su nueva versión.

Nuevos correos electrónicos documentan cómo un alto asesor de Tulsi Gabbard, directora de la inteligencia nacional, ordenó a los analistas que editaran una evaluación con la esperanza de proteger al presidente Donald Trump y a Gabbard de ser atacados por la afirmación del gobierno estadounidense de que el gobierno de Venezuela controla una banda criminal.

"Tenemos que reescribir un poco" y hacer más trabajo analítico "para que este documento no sea utilizado contra la DNI o contra el POTUS", escribió Joe Kent, jefe de personal de Gabbard, en un correo electrónico a un grupo de funcionarios de inteligencia el 3 de abril, utilizando las siglas en inglés del puesto de Gabbard y del presidente de Estados Unidos.

The New York Times reportó la semana pasada de que Kent había presionado a los analistas para que rehicieran su evaluación, fechada el 26 de febrero, sobre la relación entre el gobierno de Venezuela y la banda Tren de Aragua (TDA), después de que saliera a la luz que la evaluación contradecía una afirmación posterior de Trump. La revelación del lenguaje preciso de los correos electrónicos de Kent se ha sumado a la imagen emergente de una intervención politizada.

El memorando final, fechado el 7 de abril y que se ha hecho público desde entonces, sigue contradiciendo una afirmación clave que Trump hizo para justificar el envío de personas acusadas de pertenecer a la banda a una tristemente célebre prisión salvadoreña sin el debido proceso.

Los correos electrónicos sobre el tema enviados por Kent, quien también es el candidato pendiente de Trump para dirigir el Centro Nacional de Contraterrorismo, han circulado dentro de la comunidad de inteligencia y fueron descritos por personas informadas al respecto. Las intervenciones de Kent han hecho saltar las alarmas internas sobre la politización de los análisis de inteligencia.

Los defensores de Kent han rebatido que su intento de intervención formase parte de una campaña de presión, y argumentan que él trataba de mostrar más de lo que la comunidad de inteligencia sabía sobre la banda criminal.

Pero la revelación de sus correos electrónicos respalda las versiones de los críticos que dijeron que estaba ejerciendo presión política para generar una narrativa torcida que apoyara la agenda política del gobierno, en lugar de socavarla.

La cuestión se centra en la invocación que Trump hizo en marzo de una ley de tiempos de guerra rara vez utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar sumariamente a personas acusadas de ser miembros de la banda criminal. Tras varios traslados en avión de este tipo, los tribunales han bloqueado por ahora cualquier nuevo uso de la ley.

La ley, promulgada en 1798, permite al gobierno expulsar a los ciudadanos de un país que esté en guerra declarada con Estados Unidos o que invada el territorio estadounidense. A primera vista, parece requerir un vínculo con las acciones de un Estado extranjero, y Trump invocó tal vínculo en una proclamación el 15 de marzo.

"El TDA está emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela", declaró Trump, refiriéndose a la banda. "Llego a estas conclusiones haciendo uso de toda la autoridad que me confiere la Constitución para dirigir los asuntos exteriores de la nación".

Pero la comunidad de inteligencia estadounidense cree lo contrario: la banda no está controlada por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni comete delitos en Estados Unidos bajo su dirección, según las dos evaluaciones del Consejo Nacional de Inteligencia.

El consejo es un grupo de estrategia interno de élite que depende de la oficina del director de inteligencia nacional. Lleva a cabo proyectos analíticos a petición de las personas responsables de diseñar políticas, basándose en información recopilada por agencias como la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional.

La Casa Blanca solicitó la evaluación original en febrero, mientras preparaba la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump. Incluso después de que el consejo presentara su primera evaluación, Trump procedió a firmar la proclamación que planteaba la afirmación contraria para activar los poderes de deportación en tiempo de guerra.

La desconexión salió a la luz por primera vez en un artículo del Times del 20 de marzo que informaba de la existencia del memorando del 26 de febrero y detallaba por qué la comunidad de inteligencia había llegado a esa conclusión. El Times también informó de que el FBI disentía en parte y pensaba que había algunos vínculos entre la banda y el gobierno de Venezuela basándose en información que el resto de las agencias de espionaje del país consideraban poco creíble.

El gobierno de Trump reaccionó con alarma ante la revelación de la evaluación de los servicios de inteligencia. El 21 de marzo, un viernes, Todd Blanche, el fiscal general adjunto --quien también fue un abogado penalista de Trump-- emitió un comunicado en el que afirmaba que el Departamento de Justicia estaba abriendo una investigación penal por filtración, al tiempo que tachaba de inexacto el artículo del Times.

El lunes siguiente, 24 de marzo, Kent envió un correo electrónico a varias personas, entre ellas Michael Collins, entonces jefe en funciones del Consejo Nacional de Inteligencia. En su mensaje adjuntó una copia del artículo del Times y pidió al equipo que lo examinara, Kent dijo que era necesario "replantearse" la evaluación, según múltiples personas que lo describieron.

"Inundar nuestra nación de 'migrantes', y especialmente de 'migrantes' que forman parte de una banda criminal violenta, es la acción de una nación hostil, aunque el gobierno de Venezuela no esté específicamente encargando o permitiendo las operaciones del TDA", escribió Kent, según las personas informadas sobre el correo electrónico.

El comentario de Kent de que el gobierno de Maduro no estaba "encargando o permitiendo" las operaciones de la banda parece conceder que la afirmación de Trump podría ser dudosa. Pero Kent redobla la idea de que Venezuela se había aprovechado de las políticas de inmigración de la era Biden para permitir que migrantes, incluidos miembros de la banda, entraran en Estados Unidos.

Kent escribió que el consejo debía elaborar una nueva evaluación sobre el tema que reflejara el "sentido común básico" antes del final de la semana, afirmando que quería entender cómo cualquier agencia había llegado a la conclusión de que el gobierno de Venezuela no estaba orquestando las acciones del Tren de Aragua en Estados Unidos.

Reuters reportó anteriormente el lenguaje preciso del correo electrónico de Kent del 24 de marzo.

Collins aceptó empezar a trabajar en una nueva evaluación del consejo, según las personas familiarizadas con el intercambio.

Collins y Kent intercambiaron varios correos electrónicos el 3 y el 4 de abril. Pero en un largo correo electrónico del 3 de abril, Kent pidió cambios, argumentando que hacía parecer erróneamente, en su opinión, que el gobierno venezolano no tenía conexiones con la banda.

"Digamos abiertamente que los líderes del TDA reciben refugio en Venezuela mientras los miembros de su banda cometen crímenes horrendos en Estados Unidos, y entonces podremos proporcionar el contexto sobre nuestro conocimiento exacto de la relación entre el TDA y el gobierno venezolano", escribió Kent.

También argumentó que la evaluación no hacía lo suficiente para describir la situación en la frontera y las políticas del gobierno de Joe Biden que, en su opinión, habían facilitado demasiado la entrada de migrantes en Estados Unidos. Calificó al expresidente Joe Biden de haber anunciado que la frontera estaba abierta y de haber convertido la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un "servicio de viajes para ilegales".

"El TDA no necesitó apoyo logístico del gobierno venezolano porque Biden se lo proporcionó", escribió Kent. "Comprendo que algunos lo consideren político, pero no lo es".

Kent terminó el correo electrónico escribiendo que quería una versión para el final de la semana que pudiera ser desclasificada y proporcionada al equipo de la Casa Blanca dirigido por Stephen Miller, el arquitecto de la política antiinmigración del gobierno de Trump.

Los días 3 y 4 de abril, en una serie de correos electrónicos, los dos hombres colaboraron en varias propuestas de edición del documento, Kent presionando para que se tratara más el impacto de la política fronteriza en la migración, y Collins aceptando algunas ediciones.

Funcionarios de la oficina del director de inteligencia nacional declinaron hacer comentarios el martes.

La comunidad de inteligencia piensa en general, según la evaluación hecha pública, que el gobierno de Venezuela "probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo los movimientos y operaciones del TDA hacia Estados Unidos". Los analistas del FBI están de acuerdo con esa valoración, decía el memorando, pero también creen que "algunos funcionarios del gobierno venezolano facilitan la migración de los miembros del TDA" y los utilizan como apoderados para desestabilizar Estados Unidos y socavar la seguridad pública.

Sin embargo, la base de la discrepancia parcial del FBI procede de las declaraciones realizadas bajo custodia por migrantes que fueron detenidos en Estados Unidos, y "la mayoría" de la comunidad de inteligencia "considera que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen dirigen o facilitan la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble", decía el memorando.

Entre otras razones, citaba la falta de corroboración de las comunicaciones y los flujos de financiación que las agencias de espionaje esperarían recopilar si se estuviera produciendo tal coordinación, decía.

El memorando también contradecía la premisa de Kent, en el correo electrónico del 24 de marzo, de que el gobierno de Venezuela estaba enviando deliberadamente migrantes a Estados Unidos, fueran malos actores o no. Más bien, decía, los venezolanos migraban "voluntariamente, a menudo con un gran riesgo personal, para huir de la inestabilidad política y del casi colapso de la economía de Venezuela".

Se dice que Kent reaccionó con satisfacción a la versión final del segundo memorando y ordenó que se desclasificara para que pudiera debatirse públicamente, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que condujo a su publicación el 5 de mayo en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

A pesar de la alegría de Kent por el trabajo final de Collins, el segundo memorando sigue contradiciendo lo que dijo Trump y su divulgación oficial ha supuesto un problema jurídico y político para el gobierno de Trump. Desde entonces, Gabbard ha despedido a Collins y a su adjunto en el Consejo Nacional de Inteligencia, tachándolos de burócratas tendenciosos del Estado profundo.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.

International RelationsUnited States International RelationsPolitics and GovernmentPolitical PrisonersDiplomatic Service, Embassies and ConsulatesGonzalez, Edmundo (1949- )Machado, Maria CorinaMaduro, NicolasRubio, MarcoTrump, Donald JCaracas (Venezuela)Venezuela

Los cinco dirigieron una de las campañas presidenciales más trascendentales de la historia de Venezuela mientras se refugiaban en la residencia diplomática argentina.

Cinco destacados miembros de la oposición venezolana que llevaban 412 días refugiados en la residencia diplomática argentina en la capital, Caracas, han abandonado el país y se encuentran ahora en Estados Unidos, según el secretario de Estado Marco Rubio.

"EE. UU. celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro", escribió Rubio en X el martes. Añadió que los "héroes venezolanos" estaban ahora en EE. UU., "tras una operación precisa".

El anuncio se produce mientras Venezuela intenta apaciguar al gobierno de Donald Trump, el cual ha amenazado con volver a imponer severas sanciones petroleras. La licencia que permitía a Chevron operar en el país expira a finales de mayo y una prórroga por parte del gobierno estadounidense podría ayudar a la economía venezolana.

Bajo su autocrático presidente, Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha pasado por periodos de intensa represión seguidos de concesiones limitadas a la oposición, a menudo realizadas cuando las autoridades esperan ganar algo al aparentar que aflojan la presión sobre la población. La principal dirigente de la oposición, María Corina Machado, a quien se impidió presentarse a las elecciones del año pasado, permanece oculta.

La salida de los activistas de la oposición se produjo pocas semanas antes de las elecciones regionales, en las que el gobierno de Maduro intenta proyectar un aire de normalidad democrática.

Sin embargo, unos 900 presos políticos siguen detenidos en el país, según el grupo de vigilancia Foro Penal, y Maduro está acusado de haber cometido fraude en las elecciones presidenciales celebradas el año pasado.

Es probable que el esfuerzo del gobierno de Trump por sacar a los activistas de Venezuela frustre a las familias de los estadounidenses detenidos dentro del país. En el último año, el gobierno de Maduro ha detenido a múltiples extranjeros para utilizarlos como moneda de cambio en las negociaciones.

En enero, el gobierno de Trump consiguió la libertad de seis estadounidenses que habían sido encarcelados en el país sudamericano, pero al menos 10 estadounidenses siguen detenidos en Venezuela, según los defensores de estos hombres.

Los activistas que huyeron de Venezuela, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los cinco, junto con un asesor de una coalición de partidos de la oposición, Fernando Martínez Mottola, solicitaron asilo a Argentina en marzo de 2024, después de que el fiscal general de Venezuela anunciara órdenes de detención contra ellos.

Martínez abandonó la residencia para entregarse a las autoridades venezolanas en diciembre de 2024. Murió dos meses después.

Fue desde el complejo de 3800 metros cuadrados, situado entre las residencias diplomáticas de Rusia y Corea del Norte, desde donde los cinco activistas, altos asesores del partido de Machado, dirigieron una de las campañas presidenciales más trascendentales de la historia del país.

A pesar de las restricciones a su libertad, los cinco funcionarios no solo consiguieron organizar una campaña electoral que llevó a millones de personas a las urnas el pasado julio, sino que también movilizaron a miles de observadores para recoger las actas que demostraran que su candidato había ganado.

Sus esfuerzos contribuyeron a que Estados Unidos reconociera al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador de las elecciones presidenciales. Muchos otros países también se han negado a reconocer la victoria de Maduro.

Luego, la noche de las elecciones, observaron cómo Maduro declaraba la victoria, pero no aportaba ninguna prueba que respaldara su triunfo. Los recuentos recogidos por los observadores electorales demostraron que, de hecho, González había ganado, y con una victoria aplastante.

Días después de la votación, Maduro ordenó a los diplomáticos argentinos que abandonaran el país, y Brasil asumió la responsabilidad de la embajada.

Los manifestantes acudieron en gran número tras las elecciones, pero la brutal reacción del gobierno ha hecho que la mayoría de los venezolanos tengan miedo de hablar. González, el candidato de la oposición, huyó a España en septiembre.

Machado, quien ha permanecido oculta desde las elecciones, celebró la libertad de sus principales ayudantes en un mensaje en X.

"Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos lo que la hicieron posible", escribió.

En entrevistas realizadas el año pasado, los líderes de la oposición describieron cómo vivían en un estado de ansiedad constante.

Desde las elecciones de julio, las autoridades venezolanas han aparecido periódicamente ante la residencia diplomática con chalecos antibalas y mascarillas, cortando a veces el acceso a la electricidad, el agua y los alimentos, pero restableciéndolo después.

González, de 75 años, uno de los cinco activistas, describió el miedo que sintió durante uno de esos incidentes en agosto.

"Yo no me iba a dejar atrapar. Yo iba a hacer lo posible por no caer en manos de ellos. Iba a tratar de huir a como diera lugar", dijo entonces. "Estoy preparado para salir en cualquier momento".

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La difusión de un memorándum clasificado pone aún más en entredicho el sustento del gobierno de Trump al emplear la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos a El Salvador.

Un memorando recientemente desclasificado y difundido el lunes, confirma que las agencias de inteligencia estadounidenses han descartado una afirmación clave que el presidente Donald Trump presentó para justificar la invocación de un estatuto de tiempo de guerra para deportar de manera sumaria a venezolanos a una prisión de El Salvador.

El memorándum, que encaja con los hallazgos de inteligencia de los que informó por primera vez The New York Times en marzo, afirma que las agencias de espionaje no consideran que la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, controla una banda criminal, el Tren de Aragua. Esa determinación contradice lo que Trump afirmó al invocar la ley de deportación, la Ley de Enemigos Extranjeros.

"Aunque el entorno permisivo de Venezuela permite operar al TDA, es probable que el régimen de Maduro no tenga una política de cooperación con TDA y no esté dirigiendo el movimiento y las operaciones de TDA en Estados Unidos", decía el memorando, que se refiere al Tren de Aragua por sus iniciales.

La publicación del memorándum socava aún más la justificación del gobierno de Trump para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros y pone en tela de juicio sus enérgicas críticas a la cobertura periodística posterior. Después de que el Times publicó su artículo, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal y calificó el reportaje de engañoso y perjudicial. Un mes más tarde, tras una cobertura similar en The Washington Post, el gobierno redobló la apuesta, citando las revelaciones de ambos artículos como motivo para remover las restricciones del gobierno para investigar a quienes filtran información.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional hizo público el documento, un memorando conocido como de "sentido de la comunidad", en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa. La fundación facilitó una copia al Times.

Lauren Harper, presidenta de la cátedra Daniel Ellsberg sobre secreto gubernamental de la fundación, dijo que el memorándum no concordaba con la descripción que hacía el gobierno de su contenido como una grave amenaza para la seguridad pública.

El gobierno "desclasificó casi inmediatamente la misma información en respuesta a una solicitud de FOIA", dijo refiriéndose al mecanismo de solicitud de información estadounidense.

Harper prosiguió: "La desclasificación demuestra que el material debería haber sido público desde el principio, y no utilizado como excusa para suprimir el intercambio de información con la prensa".

La Casa Blanca, el Departamento de Justicia y directora de Inteligencia Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Hasta mediados de marzo, cuando Trump la invocó, la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras declaradas. Establece que el gobierno puede expulsar sumariamente a los ciudadanos de un país que esté en guerra con Estados Unidos o que participen en una invasión o incursión depredadora en territorio estadounidense.

Inmediatamente después, el gobierno envió aviones que trasladaban venezolanos a una tristemente célebre prisión de alta seguridad en El Salvador sin el debido proceso. Desde entonces, los tribunales han bloqueado que se realicen nuevos traslados en virtud de la proclamación. Mencionando pruebas de que algunos de los hombres enviados allí probablemente no eran miembros de pandillas, la Unión Americana de Libertades Civiles ha pedido a un juez que ordene al gobierno de Trump que traiga de vuelta a los venezolanos para que participen en audiencias normales de migración.

A primera vista, la Ley de Enemigos Extranjeros parece exigir que exista un vínculo de los individuos expulsados con un gobierno extranjero. Trump declaró que el Tren de Aragua había cometido delitos para desestabilizar Estados Unidos "bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela".

Pero el Times informó días después de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había difundido el 26 de febrero unas conclusiones que apuntaban a lo contrario. La valoración compartida era que el gobierno de Venezuela y la pandilla eran adversarios, aunque algunos funcionarios venezolanos corruptos tuvieran vínculos con algunos miembros de la pandilla. También se decía que la organización criminal carecía de mando y control centralizados y estaba demasiado desorganizada para cumplir algún tipo de instrucción.

El Times también informó que solo el FBI disentía en parte y pensaba que existía algún tipo de vínculo, pero se basaba en información que las demás agencias --como la CIA y la NSA-- consideraban poco creíble.

El gobierno de Trump pidió al Consejo Nacional de Inteligencia, formado por expertos de alto nivel en análisis y política de seguridad nacional que dependen de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, que volviera a examinar las pruebas disponibles.

El 7 de abril, dicho consejo elaboró el memorando publicado el lunes. El Washington Post informó sobre el memorando, que seguía siendo clasificado, a mediados de ese mes, lo que enfureció aún más al gobierno.

El memorando, ahora disponible al público, decía que la comunidad de inteligencia sustentó su conclusión en una serie de factores. Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a miembros del Tren de Aragua y han "participado periódicamente en enfrentamientos armados con el TDA, resultando en la muerte de algunos miembros del TDA", decía el memorando, lo que demuestra que el gobierno trata a la pandilla como una amenaza.

Aunque hay indicios de que algunos "funcionarios venezolanos de nivel medio o bajo probablemente se benefician de las actividades ilícitas de TDA", decía el memorando, la estructura descentralizada de la pandilla haría "logísticamente difícil" que la organización en su conjunto actuara a instancias del gobierno.

El memorando también arrojaba luz adicional sobre la disidencia parcial del FBI.

Decía que, aunque los analistas del FBI estaban de acuerdo con la evaluación general de las otras agencias, también pensaban que "algunos funcionarios del gobierno venezolano facilitan la migración de los miembros de la TDA de Venezuela a Estados Unidos y utilizan a sus miembros como apoderados en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos para avanzar en lo que consideran el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar a los gobiernos y socavar la seguridad pública en estos países".

El FBI basaba su observación en "personas detenidas por participar en actividades delictivas en Estados Unidos o por entrar ilegalmente en el país". Pero "la mayoría" de la comunidad de inteligencia "juzga que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen están dirigiendo o permitiendo la migración de TDA a Estados Unidos no es creíble", decía el memorando.

Al examinar las pruebas disponibles, el Consejo Nacional de Inteligencia consideró si los detenidos "podían tener acceso de forma creíble a la información comunicada" y si habían ofrecido detalles que pudieran corroborarse sobre el apoyo que el gobierno de Maduro supuestamente había proporcionado a la pandilla a cambio de seguir sus indicaciones.

Aunque se censuraron partes de esta sección, el memorando mostraba escepticismo. Los problemas legales de los detenidos, decía, podrían "motivarles a hacer declaraciones falsas sobre sus vínculos con el régimen venezolano en un esfuerzo por eludir la responsabilidad de sus crímenes y reducir cualquier castigo proporcionando información exculpatoria o 'valiosa' a los fiscales estadounidenses".

A finales de marzo, señalaba el memorándum, funcionarios chilenos dijeron a la Corte Penal Internacional que sospechaban que el asesinato de un venezolano en Chile el año pasado había sido llevado a cabo por "una célula o grupo vinculado al Tren de Aragua que tenía motivaciones políticas" y se originó a partir de una orden del gobierno de Venezuela. El gobierno de Maduro negó esa acusación.

Pero el memorando también decía que otras áreas de la comunidad de inteligencia no habían observado ni recopilado pruebas de comunicaciones o flujos de financiación que demostraran que funcionarios del gobierno daban instrucciones a los líderes de la pandilla, a pesar de que tal relación probablemente requeriría interacciones "extensas" de este tipo.

Hasta ahora, los jueces se han mantenido al margen de cuestionar la veracidad de las afirmaciones fácticas de Trump al aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros.

Al día siguiente del artículo inicial del Times, Todd Blanche, ex abogado defensor de Trump que ahora es fiscal general adjunto, anunció que el Departamento de Justicia había abierto una investigación penal por filtración.

En un comunicado, criticó el artículo, diciendo que la información que contenía era clasificada, pero también "inexacta". Pero el memorándum desclasificado respalda la información del Times.

En una entrevista en el pódcast de Megyn Kelly la semana pasada, Gabbard dijo que la información sobre las conclusiones de la comunidad de inteligencia estaba "siendo investigada". Quienes filtraron información habían "omitido selectiva e intencionadamente lo más importante", añadió, señalando la creencia del FBI de que el gobierno de Maduro apoyaba las actividades de la pandilla en Estados Unidos.

Pero los artículos tanto de The New York Times como de The Washington Post mencionaban la opinión contraria del FBI.

El mes pasado, la fiscal general Pam Bondi escribió en un memorándum que iba a hacer retroceder las protecciones a las libertades de prensa en lo referente a investigaciones basadas en filtraciones, mencionando los artículos del Times y del Post como ejemplos perjudiciales de filtraciones de información clasificada.

En un caso de la Ley de Espionaje, los fiscales deben demostrar que alguien divulgó a sabiendas y sin autorización información relacionada con la defensa que podría perjudicar a Estados Unidos o ayudar a un adversario extranjero. La desclasificación del memorándum por parte del gobierno plantea dudas sobre cualquier caso que pudiera plantearse en relación con los artículos del Times y del Post.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

International RelationsDeportationPolitical PrisonersBukele, NayibMara Salvatrucha (MS-13)Tren de Aragua (Gang)Maduro, NicolasTrump, Donald J

El presidente de El Salvador dijo que liberaría a los venezolanos que el gobierno de Trump deportó a su país si Venezuela liberaba al mismo número de presos, incluidos miembros de la oposición.

El presidente de El Salvador propuso el domingo repatriar a los detenidos venezolanos enviados a su país desde Estados Unidos a cambio de la liberación de presos por parte de Venezuela, entre ellos figuras clave de la oposición venezolana.

"Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene", escribió el presidente Nayib Bukele en una publicación de X dirigida al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde marzo, el gobierno estadounidense ha enviado a venezolanos y salvadoreños acusados de estar afiliados a las pandillas Tren de Aragua y MS-13 a El Salvador, donde Bukele acordó retener para Estados Unidos a los delincuentes condenados, a cambio de una comisión.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió la liberación inmediata de los venezolanos detenidos en El Salvador a última hora del domingo en una declaración en respuesta a Bukele. Saab no dijo si el gobierno venezolano consideraría la propuesta.

Los primeros vuelos que llegaron a El Salvador transportaban a 238 venezolanos, muchos de los cuales no tenían antecedentes penales. Maduro respondió explosivamente a la detención de venezolanos por el gobierno de El Salvador, diciendo a Bukele que no fuera "cómplice de este secuestro".

Entre los presos políticos de Venezuela nombrados en la publicación de Bukele había varias personas detenidas por el gobierno de Maduro en una represión el año pasado.

También dijo que, como parte del canje, exigiría a Maduro que pusiera en libertad a "casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades", incluidos estadounidenses.

Hasta el mes pasado, al menos 68 titulares de pasaportes extranjeros estaban encarcelados injustamente en Venezuela, según Foro Penal, un grupo de vigilancia venezolano. Están detenidos junto a unos 900 presos políticos venezolanos. Las Naciones Unidas y grupos de vigilancia independientes han documentado un patrón de abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno venezolano.

La detención de críticos y otras figuras políticamente útiles se produce cuando Maduro ha perdido apoyo en el país y en el extranjero y ha buscado nuevas formas de presión. Sus objetivos incluyen presionar a Estados Unidos para que renegocie las sanciones impuestas a su gobierno.

"A diferencia de usted, que tiene presos políticos", escribió Bukele, "nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos".

A pesar de la afirmación de Bukele, su gobierno ha detenido y encarcelado a políticos actuales y retirados, tanto de la oposición como del partido gobernante, según un informe del Departamento de Estado de 2023. Los medios de comunicación han cuestionado la legitimidad de estas detenciones, pero el gobierno de Bukele insiste en que los cargos son válidos.

Bukele dijo que su gobierno enviaría "la correspondencia formal" y terminó su mensaje diciendo: "Dios bendiga al pueblo de Venezuela.

Saab dijo que el gobierno venezolano presionaría al fiscal general y a la Corte Suprema de El Salvador para obtener una lista de los nombres de quienes fueron detenidos, junto con "la Fe de vida y el informe médico de cada uno de los secuestrados".

Annie Correal informa desde Estados Unidos y América Latina para el Times.

Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Isayen Herrera colaboró con reportería desde Caracas.

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Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Isayen Herrera colaboró con reportería desde Caracas.

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La mayoría de los jueces concluyó que los migrantes venezolanos habían presentado sus apelaciones ante el tribunal equivocado, pero que tenían derecho a una oportunidad de impugnar su expulsión.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes por la noche que por ahora el gobierno de Donald Trump podía seguir deportando a migrantes venezolanos utilizando una ley de poderes de guerra, anulando así un tribunal inferior que había pausado temporalmente las deportaciones.

La decisión supone una victoria para el gobierno de Trump, aunque el fallo no abordó la constitucionalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a los migrantes a una prisión de El Salvador. En su lugar, los jueces emitieron un fallo procesal limitado, afirmando que los abogados de los migrantes habían presentado la demanda ante el tribunal equivocado.

Los jueces dijeron que la demanda debió presentarse en Texas, donde se retiene a los venezolanos, y no en un tribunal de Washington.

Los nueve jueces coincidieron en que los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos debían recibir una notificación previa y la oportunidad de impugnar su deportación antes de que pudieran ser expulsados, según escribió el juez Brett Kavanaugh en una opinión concurrente.

La división entre los jueces del tribunal versaba sobre el lugar --y la forma-- en que debería ocurrir eso.

"A los detenidos se les confina en Texas, por lo que la jurisdicción del Distrito de Columbia es improcedente", según la orden del tribunal, que era breve y no estaba firmada, como es habitual en este tipo de solicitudes de emergencia.

Los jueces ordenaron que se informe a los migrantes venezolanos de que están sujetos a expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros "en un plazo razonable" para que puedan impugnar su expulsión antes de ser deportados. Esta decisión podría imponer nuevas e importantes restricciones a la forma en que el gobierno de Trump intente utilizar dicha ley en el futuro.

El presidente Trump escribió en las redes sociales que consideraba la decisión como una victoria.

"La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestro País al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras Fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio País", publicó Trump en su cuenta Truth Social. "¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN AMÉRICA!".

La jueza Sonia Sotomayor escribió en disidencia que la conclusión jurídica de la mayoría era "sospechosa", y añadió que la corte había intervenido para conceder al gobierno un "alivio extraordinario" sin mencionar "el grave daño" al que se enfrentarían los migrantes si fueran "erróneamente expulsados a El Salvador".

"La corte no debe recompensar los esfuerzos del gobierno por erosionar el Estado de derecho", escribió Sotomayor.

Las otras dos jueces liberales de la Corte, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se unieron a ella en su disidencia. La juez Amy Coney Barrett coincidió parcialmente con ellas.

En un voto de disidencia aparte, Jackson criticó duramente la decisión de la corte de actuar con el expediente de urgencia, un procedimiento mediante el cual los casos suelen juzgarse rápidamente y sin alegatos orales ni informes completos.

"Al menos, cuando la corte se equivocó en el pasado, dejó constancia de ello para que la posteridad pudiera ver cómo se equivocó", escribió Jackson, mencionando el caso Korematsu contra Estados Unidos, una famosa decisión de la Corte Suprema de 1944 que confirmaba el internamiento forzoso de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

"Con cada vez más de nuestras sentencias más significativas teniendo lugar en las sombras de nuestro expediente de urgencia, la corte actual deja cada vez menos huella", escribió Jackson. "Pero no nos equivoquemos: estamos tan errados ahora como lo hemos estado en el pasado, con consecuencias igualmente devastadoras".

Los abogados de los migrantes que impugnaban sus deportaciones expresaron estar "decepcionados" por tener que "volver a empezar el proceso judicial" en un tribunal distinto, pero consideraron la sentencia como una victoria, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Gelernt dijo que "el punto crítico es que la Corte Suprema rechazó la postura del gobierno de que ni siquiera tiene que dar a los individuos un preaviso significativo para que puedan impugnar su expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros".

Y añadió: "Es una gran victoria".

El caso es quizá el más destacado de los nueve recursos de urgencia que el gobierno de Trump ha presentado hasta ahora ante la Corte Suprema, y presenta un choque frontal entre los poderes judicial y ejecutivo.

El actual gobierno había pedido a los jueces que se pronunciaran sobre su intento de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798, para deportar a más de 100 venezolanos que, según afirma, son miembros del Tren de Aragua, una violenta pandilla callejera arraigada en Venezuela. El gobierno argumenta que sus expulsiones están permitidas en virtud de la ley, que otorga al presidente autoridad para detener o deportar a ciudadanos de naciones enemigas. El presidente puede invocar la ley en tiempos de "guerra declarada" o cuando un gobierno extranjero invade Estados Unidos.

El 14 de marzo, Trump firmó una proclamación contra los miembros del Tren de Aragua, afirmando que se estaba produciendo una "invasión" y una "incursión depredadora". En la proclamación, Trump afirmó que la pandilla estaba "emprendiendo acciones hostiles" contra Estados Unidos "bajo la dirección, clandestina o no", del gobierno venezolano.

Los abogados que representan a algunos de los afectados impugnaron la orden ante un tribunal federal de Washington.

Ese mismo día, se trasladaron vía aérea a migrantes venezolanos a El Salvador, país que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Trump para acogerlos y detenerlos.

Un juez federal, James Boasberg, ordenó al gobierno que detuviera los vuelos. Posteriormente, emitió una orden escrita por la que suspendía temporalmente el plan de la gestión Trump mientras proseguía el proceso judicial.

El gobierno impugnó la orden de suspensión temporal de Boasberg, y un panel dividido de tres jueces del tribunal de apelaciones de Washington dio la razón a los migrantes, manteniendo la pausa. Un juez escribió que el plan de deportación del gobierno había negado a los venezolanos "siquiera una fina hebra de debido proceso".

En ese momento, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que interviniera, argumentando en su solicitud que el caso planteaba "cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones delicadas relacionadas con la seguridad nacional en este país".

Los abogados de los migrantes respondieron con dureza, argumentando que la pausa temporal del juez Boasberg era "lo único" que impedía que el gobierno enviara a los migrantes "a una prisión de El Salvador, quizá para no volver a verlos nunca más, sin ningún tipo de protección procesal, y mucho menos de revisión judicial".

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward, los grupos que representan a los migrantes venezolanos, dijeron que el presidente había torcido la ley en un "esfuerzo por meter con calzador a una pandilla delictiva" en la ley de tiempos de guerra de una manera que era "completamente contraria a la limitada delegación de autoridad que el Congreso decidió otorgarle mediante la ley en tiempos de guerra".

Los abogados de los migrantes dijeron que los deportados enviados a El Salvador "han sido confinados, incomunicados, en una de las prisiones más brutales del mundo, donde la tortura y otros abusos contra los derechos humanos son rampantes".

El gobierno de Trump replicó el miércoles en un escrito en el que afirmaba que el gobierno no negaba que los migrantes venezolanos debieran recibir una "revisión judicial".

"Obviamente la tienen", escribió la procuradora general interina de Estados Unidos, Sarah Harris.

El gobierno argumentó más bien que "las cuestiones apremiantes en este momento son 'cuestiones de procedimiento' sobre dónde y cómo deben impugnar los detenidos sus designaciones como extranjeros enemigos". Harris argumentó que los migrantes deberían haber presentado su impugnación legal en Texas, donde habían sido detenidos antes de los vuelos de deportación, y no en Washington.

Pidió a los jueces que levantaran el bloqueo temporal de la orden de Trump, calificando la pausa de "tiempo intolerablemente largo para que un tribunal bloquee la realización de operaciones de política exterior y de seguridad nacional por parte del ejecutivo".

Harris afirmó que los abogados de los migrantes habían ofrecido una narrativa "sensacionalista".

Añadió que el gobierno negaba que los migrantes pudieran sufrir torturas en El Salvador, y escribió que la postura del gobierno es "aborrecer la tortura, no invitar a la brutalización."

Alan Feuer colaboró con reportería.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene experiencia amplia como reportera de investigación. Más de Abbie VanSickle

Alan Feuer colaboró con reportería.

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Los venezolanos con Estatus de Protección Temporal están desafiando los esfuerzos del gobierno de Trump por poner fin al programa para muchos migrantes.

Cientos de miles de migrantes venezolanos podrán quedarse en Estados Unidos sin riesgo de deportación, después de que un juez federal de San Francisco retrasara el lunes las medidas del gobierno de Donald Trump que derogaban un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés).

El juez Edward M. Chen consideró que las decisiones tomadas en febrero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de finalizar la iniciativa para casi 350.000 personas a principios de abril infligirían un daño irreparable a las familias, costarían miles de millones a las empresas e industrias estadounidenses en actividad económica y perjudicarían la salud y la seguridad de las comunidades de todo el país. El juez impidió que las medidas entraran en vigor esta misma semana, mientras se tramita en su tribunal una demanda que impugna las medidas.

El programa de Estatus de Protección Temporal, aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes procedentes de países que han sufrido catástrofes nacionales, conflictos armados u otro tipo de inestabilidad extraordinaria vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Ha sido un objetivo del presidente Trump durante sus dos mandatos. Más recientemente, funcionarios del gobierno actual han intentado poner fin a las protecciones del TPS para muchos migrantes venezolanos y haitianos, mientras Trump intenta cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes de Estados Unidos.

En febrero, el gobierno revocó una prórroga de 18 meses de la protección del TPS para los venezolanos, concedida bajo el gobierno de Biden, y puso fin al TPS para los venezolanos que se registraron inicialmente para obtener el estatus en 2023. Posteriormente, anuló parcialmente otra prórroga de 18 meses que el gobierno de Biden había concedido a migrantes haitianos.

Las acciones habrían puesto fin a la iniciativa para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En una audiencia celebrada este mes, los demandantes --una organización de defensa de los migrantes y un grupo de titulares de TPS venezolanos-- afirmaron que Noem había violado los procedimientos administrativos y actuado con prejuicios raciales al revocar las prórrogas de las protecciones concedidas bajo el gobierno de Joe Biden. Los funcionarios federales rebatieron las acusaciones de discriminación y dijeron que Noem había actuado dentro de sus competencias para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.

En su sentencia del lunes, el juez Chen dijo que el gobierno no había "identificado ningún daño compensatorio real" en la continuación del programa para los titulares venezolanos del TPS. Dijo que los demandantes también habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las medidas adoptadas por Noem "no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y caprichosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional".

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times, estuvo cubriendo la campaña presidencial de 2024. Está radicada en Washington. Más de Jazmine Ulloa

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El gobierno de Trump pidió a los jueces que le permitieran utilizar una ley en tiempo de guerra para continuar con las deportaciones de venezolanos sin apenas garantías procesales.

El gobierno de Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema que le permitiera utilizar una ley rara vez invocada en tiempos de guerra para seguir deportando a venezolanos sin cumplir con las garantías procesales.

La solicitud de emergencia llegó al tribunal después de que una corte federal de apelaciones mantuviera en vigor un bloqueo temporal de las deportaciones. En su solicitud a la Corte Suprema, los abogados del gobierno argumentaron que el asunto era demasiado urgente como para esperar a que el caso recorriera el camino de los tribunales inferiores.

En la solicitud del gobierno, la procuradora general en funciones, Sarah M. Harris, dijo que el caso planteaba "cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo realizar operaciones delicadas relacionadas con la seguridad nacional en este país".

"La Constitución proporciona una respuesta clara: el presidente", escribió Harris. "La República no puede permitirse una opción diferente".

Los jueces establecieron un calendario rápido para el caso, pidiendo que los abogados de los inmigrantes presentaran una respuesta a la solicitud del gobierno antes de las 10:00 a. m. del 1 de abril.

El caso ofrecerá una importante prueba inicial de cómo el más alto tribunal del país se enfrentará a los agresivos esfuerzos del presidente Trump por deportar a millones de inmigrantes y a su postura hostil hacia los tribunales. El mandatario ha pedido la destitución de un juez de primera instancia que detuvo las expulsiones.

El caso gira en torno a la legalidad de una orden ejecutiva firmada por Trump que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La orden utiliza la ley para perseguir a personas que se cree que son miembros de bandas venezolanas en Estados Unidos.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación sumaria de quienes proceden de países en guerra con Estados Unidos. La ley, que es más conocida por haberse utilizado en el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, concede al gobierno una amplia libertad en tiempos de guerra declarada o invasión para expulsar a cualquier súbdito de una "nación hostil" que tenga 14 años o más como "enemigos extranjeros".

La disputa se puso en marcha a principios de febrero, cuando el secretario de Estado Marco Rubio designó al Tren de Aragua, una violenta banda callejera venezolana, como organización terrorista extranjera.

El 14 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva invocando la ley para detener y deportar rápidamente a las personas identificadas por el gobierno como miembros de la banda.

En la solicitud del gobierno, Harris escribió que el presidente había "determinado que miles de miembros de esta organización terrorista extranjera designada se han 'infiltrado' ilegalmente en el país" como parte de un plan del gobierno venezolano para desestabilizar las democracias.

El juez James E. Boasberg, de la Corte Federal de Distrito de Washington, dictó una orden de restricción temporal que impedía al gobierno deportar a ningún inmigrante venezolano en virtud de la ley. El juez ordenó que cualquier vuelo que hubiera salido del país con los inmigrantes en virtud de la orden ejecutiva regresara a Estados Unidos "comoquiera que se logre, haciendo que el avión regresara o no".

Sin embargo, decenas de personas fueron embarcadas en aviones y enviadas a una prisión de El Salvador sin muchas de las protecciones legales vigentes en virtud de la ley federal de inmigración.

El gobierno de Trump ha revelado poco sobre cómo determinó quién pertenecía a la banda, y en la solicitud solo se afirmaba que "el gobierno detuvo a miembros designados" de la banda "identificados mediante un proceso riguroso".

Los funcionarios gubernamentales no han dado un calendario claro de cuándo aterrizaron los vuelos en El Salvador, pero funcionarios de la Casa Blanca han dicho que los migrantes "ya habían sido expulsados del territorio estadounidense" en el momento de la orden del juez.

La solicitud de emergencia no añadía claridad a esa cronología, afirmando que la expulsión de los inmigrantes "marcaba la culminación de semanas de trabajo del presidente Trump y su gabinete".

"Como ocurre con muchas operaciones diplomáticas y de seguridad nacional delicadas, la rapidez era esencial", decía el escrito del gobierno.

Por 2 votos a 1, un grupo de jueces federales de la Corte de Apelación del Distrito de Columbia mantuvo la suspensión de las expulsiones decretada por el juez Boasberg en una decisión emitida el 26 de marzo. Una de las juezas que votó a favor de mantener la pausa temporal, Patricia A. Millett, escribió que las deportaciones del gobierno negaban a los inmigrantes "siquiera un hilo de las debidas garantías procesales".

En su demanda, el gobierno de Trump argumentó que la decisión del tribunal de apelaciones "pide a gritos la intervención de esta corte", afirmando que los abogados de los inmigrantes detenidos "presentaron las demandas equivocadas en el tribunal equivocado".

Los abogados del gobierno argumentaron que, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, las detenciones y expulsiones están "tan ligadas a juicios críticos de seguridad nacional que apenas son susceptibles de revisión judicial en absoluto". También alegaron que los inmigrantes debían presentar sus impugnaciones en Texas, donde habían estado detenidos anteriormente, y no en Washington.

El gobierno de Trump alegó que la pausa temporal del tribunal sobre dichas deportaciones "desairó los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra las organizaciones terroristas extranjeras y fomenta el riesgo de efectos debilitantes para las delicadas negociaciones exteriores".

El gobierno argumentó que las personas implicadas en el Tren de Aragua debían ser objeto de deportación como súbditos de una nación hostil porque estaban estrechamente alineados con el gobierno venezolano y el liderazgo del presidente del país, Nicolás Maduro. El gobierno de Trump también ha argumentado que su llegada a Estados Unidos constituye una invasión en virtud de la ley.

Sigue sin estar claro en qué pruebas se ha basado el gobierno para determinar que las personas enviadas a El Salvador son miembros de bandas venezolanas. Hasta ahora, el gobierno se ha negado a proporcionar nombres o detalles sobre los expulsados.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que el gobierno de Trump no "revelaría detalles operativos sobre una operación antiterrorista". Los abogados del gobierno le dijeron a un juez federal que no revelarían más información sobre los vuelos a Venezuela. Hacerlo, según los abogados, pondría en peligro secretos de Estado.

En sus escritos ante el tribunal, los abogados de al menos cinco de las personas trasladadas a una prisión salvadoreña se opusieron a las afirmaciones de que estaban vinculadas a la banda. Acusaron al gobierno de basarse, al menos en parte, en tatuajes que los agentes federales creían que indicaban vínculos con la banda, y negaron que sus clientes fueran miembros de ese grupo delictivo.

Los abogados dijeron que un hombre se hizo el tatuaje porque se parecía al logotipo de su equipo de fútbol favorito. Otro se lo hizo en honor a su abuela. La hermana de un tercer inmigrante declaró bajo juramento que el tatuaje de su hermano --una rosa con pétalos de papel moneda-- no estaba relacionado con ninguna banda.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene experiencia amplia como reportera de investigación. Más de Abbie VanSickle

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El tribunal dijo que, aunque se necesitaban más argumentos, los abogados de los migrantes probablemente tendrían éxito en sus alegaciones de que a los venezolanos se les había denegado el debido proceso.

Un tribunal federal de apelaciones de Washington mantuvo el miércoles, por el momento, el bloqueo del uso por parte del gobierno de Donald Trump de una ley invocada de manera inusual para tiempos de guerra para deportar sumariamente a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a una violenta banda.

En una votación de 2 a 1, un panel del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dijo que era probable que los migrantes venezolanos tuvieran éxito en sus alegaciones de que el gobierno no puede utilizar la ley de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, para trasladarlos sumariamente a una prisión en El Salvador sin una audiencia.

"El plan de expulsión del gobierno niega a los demandantes siquiera un hilo del debido proceso, aunque el gobierno reconozca su derecho a la revisión judicial de su expulsión", escribió la jueza Patricia A. Millett.

La decisión asestó un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump por impulsar su programa de migración mediante la ley de guerra, pero la orden subyacente expirará de todos modos dentro de unos días. Es probable que el juez James E. Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, vuelva a pronunciarse sobre la conveniencia de dictar una orden judicial de mayor duración.

A mediados de marzo, Boasberg dictó una orden de restricción que prohibía al gobierno de Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar sumariamente a los venezolanos que, según él, pertenecen a la banda Tren de Aragua. Su orden no prohíbe al gobierno detener a esos hombres ni deportarlos tras las audiencias previstas en la ley de migración usual.

En una disputa relacionada, Boasberg también está intentando determinar si el Departamento de Justicia violó su orden judicial al completar el traslado de dos aviones que transportaban venezolanos que estaban de camino a El Salvador en el momento en que la emitió. El gobierno ha alegado que no violó su orden porque los aviones ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense cuando la dictó.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles, quien representa a los migrantes venezolanos, elogió al tribunal de apelaciones por mantener la orden de restricción, que por ahora impedirá nuevos traslados de este tipo.

"El tribunal ha reconocido adecuadamente la gravedad de los problemas y la necesidad de continuar los procedimientos antes de que más personas sean enviadas a una tristemente célebre prisión salvadoreña, quizá para el resto de sus vidas", dijo.

El caso ha surgido en los últimos días como un punto álgido sobre el uso por parte del gobierno de Trump de una ley de 227 años de antigüedad que solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante periodos de guerra declarada, para llevar a cabo su programa de deportaciones masivas en tiempos de paz.

Los funcionarios del gobierno han puesto trabas repetidamente a los intentos de Boasberg de obtener más información sobre los dos aviones que continuaron hacia El Salvador. El presidente Trump y sus aliados también han expresado su indignación ante la orden de Boasberg, calificándola de intromisión ilegítima en las competencias del poder ejecutivo en materia de seguridad nacional. Trump ha pedido su destitución.

Sin embargo, el fallo del panel de apelación ignoró en gran medida tales aspectos del enfrentamiento, centrándose en la cuestión más estrecha de si la orden de restricción era legítima.

La jueza Karen L. Henderson, nombrada por el presidente George H. W. Bush, dijo que en esta fase inicial parecía improbable que la Ley de Enemigos Extranjeros pudiera aplicarse del modo en que el gobierno de Trump estaba intentando utilizarla. También rechazó el alegato del gobierno de que el asunto excede de las competencias del poder judicial porque afecta a las relaciones exteriores.

"La materia sensible por sí misma no oculta una ley a la observación judicial", escribió, y añadió: "De hecho, anteriormente ya hemos considerado el tipo de cuestión preciso que el gobierno sostiene que no podemos".

La jueza Millett, nombrada por el presidente Barack Obama, coincidió con Henderson, pero escribió por separado. Su opinión se centró más en los derechos procesales de las personas acusadas por funcionarios del gobierno de Trump de pertenecer al Tren de Aragua, que la Casa Blanca designó recientemente organización terrorista.

La opinión de Millett también decía que el gobierno no se vería perjudicado por una breve pausa en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros mientras Boasberg evaluaba más a fondo los hechos y la ley.

"El tribunal de distrito ha tratado este asunto con gran celeridad y circunspección, y sus órdenes no hacen más que congelar el statu quo hasta que puedan abordarse cuestiones jurídicas de peso y sin precedentes", escribió.

El tercer juez del panel, Justin Walker, nombrado por Trump, disintió. En su opinión, el caso no debería haberse presentado en Washington, sino en Texas, donde están recluidos los cinco migrantes venezolanos que presentaron la demanda inicial. Walker también dio mayor credibilidad a la afirmación del gobierno de Trump de que la orden original de Boasberg podría perjudicar las negociaciones diplomáticas sobre un asunto de seguridad nacional.

"El tribunal de distrito aquí en Washington, D. C. --a más de 2300 kilómetros del centro de detención de El Valle en Raymondville, Texas-- no es el tribunal adecuado para conocer de las reclamaciones de los demandantes", escribió. "Es probable que el gobierno se enfrente a un daño irreparable para la diplomacia internacional en curso, altamente sensible, y las operaciones de seguridad nacional".

La Ley de Enemigos Extranjeros, que se aprobó en 1798 cuando el recién fundado Estados Unidos temía una guerra con Francia, permite al poder ejecutivo expulsar a los ciudadanos de un país extranjero cuyo gobierno esté en guerra declarada con Estados Unidos, o esté invadiendo o realizando una "incursión predatoria" en territorio estadounidense. En su proclamación invocando el estatuto, Trump dijo que la banda Tren de Aragua cumplía los dos últimos criterios.

Pero Henderson puso en duda esa afirmación. Escribió que, por el momento, parecía que "invasión" o "incursión predatoria" significaba una forma de ataque u hostilidades, señalando que "la migración por sí sola no bastaba". Aun así, advirtió que el gobierno tendría la oportunidad de argumentar que la banda se ajusta a los criterios de la ley.

Al dictar su orden, Trump también afirmó que los miembros del Tren de Aragua no habían abandonado Venezuela por voluntad propia, sino que actuaban bajo la dirección clandestina del gobierno venezolano porque su líder autocrático, Nicolás Maduro, quiere desestabilizar Estados Unidos.

El mes pasado, sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses difundieron una evaluación que llegaba a la conclusión contraria. En ella se concluía que la banda no estaba bajo el control del gobierno venezolano ni actuaba bajo su dirección, y que carecía de una organización centralizada de mando y control que le permitiera cumplir las órdenes que recibiera, en caso de que existieran, según dijeron las autoridades.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica. Más de Charlie Savage

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El Departamento de Justicia dijo que no revelaría más información a un juez federal sobre dos vuelos a El Salvador este mes, a pesar de la orden judicial de hacer regresar los aviones.

El gobierno del presidente Donald Trump comunicó el lunes por la noche a un juez federal que no revelaría más información sobre dos vuelos con migrantes venezolanos que envió a El Salvador este mes, a pesar de la orden judicial de hacer regresar los aviones, declarando que hacerlo pondría en peligro secretos de Estado.

La medida agudizó el creciente conflicto entre el gobierno y el juez --y, por extensión, el poder judicial federal-- en un caso que los expertos jurídicos temen que esté precipitando una crisis constitucional.

Durante casi 10 días, el juez, James E. Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, ha estado intentando que el gobierno de Trump le facilite información sobre los dos vuelos para determinar si los funcionarios les permitieron continuar hacia El Salvador violando su orden de que regresaran a Estados Unidos.

Pero, en un claro acto de desafío, el Departamento de Justicia dijo a Boasberg que darle más información sobre los vuelos --que, según el gobierno de Trump, transportaban a miembros de una banda callejera venezolana llamada Tren de Aragua-- "socavaría o impediría futuras operaciones antiterroristas".

"El tribunal tiene todos los datos que necesita para abordar las cuestiones de cumplimiento ante sí", escribió el departamento en un escrito. "Más intromisiones en el poder ejecutivo supondrían daños peligrosos y totalmente injustificados en la separación de poderes con respecto a cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional que el tribunal carece de competencia para abordar".

El privilegio de secreto de Estado es una doctrina jurídica que puede permitir al poder ejecutivo bloquear el uso de evidencia en los tribunales --y a veces suspender juicios enteros-- cuando afirma que litigar esos asuntos en audiencia pública podría revelar información perjudicial para la seguridad nacional.

Sin embargo, lo usual es que el poder ejecutivo proporcione confidencialmente al juez una descripción detallada de las pruebas sensibles para demostrar por qué son demasiado sensibles para debatirlas en audiencia pública. La medida del gobierno de Trump es extraordinaria, en parte porque se niega a facilitar información a Boasberg --quien solía presidir el tribunal de vigilancia de la seguridad nacional del país-- incluso en privado y en una instalación segura para el manejo de información clasificada.

De hecho, el gobierno ni siquiera ha afirmado que la información en cuestión sea clasificada.

En lugar de ello, ha presentado declaraciones de Marco Rubio y Kristi Noem, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, en las que afirman que compartir la información con un tribunal pondría en peligro la seguridad nacional y la política exterior, entre otras cosas haciendo que sea menos probable que los socios extranjeros confíen en que el gobierno de Trump mantendrá en secreto las negociaciones confidenciales y los detalles operativos, y alimentando la especulación pública sobre el asunto.

La obstinada respuesta del Departamento de Justicia a Boasberg se produjo el mismo día en que este reafirmó su orden inicial que prohibía al gobierno de Trump utilizar una ley de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar expeditamente a decenas de migrantes venezolanos que consideraba miembros del Tren de Aragua.

La orden del juez decía que el bloqueo debía mantenerse para que los migrantes tuvieran la oportunidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda antes de ser expulsados del país en avión a una prisión de El Salvador.

También el lunes, un tribunal federal de apelaciones de Washington celebró una audiencia de casi dos horas sobre la petición del gobierno de Trump de anular la orden subyacente de Boasberg, citando muchas de las mismas cuestiones.

El panel de tres jueces no emitió un fallo inmediato. Pero durante el interrogatorio, un abogado del Departamento de Justicia reconoció que si el tribunal daba vuelta atrás a la orden de Boasberg, el gobierno podría reanudar inmediatamente el traslado de personas a la prisión salvadoreña.

Desde el momento en que Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, dictó su orden original de suspender los vuelos de deportación el 15 de marzo, Trump y sus aliados lo han acusado de extralimitarse en su autoridad al inmiscuirse en la prerrogativa del presidente de dirigir los asuntos exteriores.

La cuestión central del caso gira igualmente en torno a si el propio Trump se extralimitó al ignorar los límites establecidos en el texto de la Ley de Enemigos Extranjeros y en la Constitución sobre cuándo y cómo pueden llevarse a cabo las deportaciones en tiempo de guerra.

La ley, aprobada en 1798, otorga al gobierno amplias libertades durante una invasión o en tiempos de guerra para reunir sumariamente a sujetos de una "nación hostil" mayores de 14 años y expulsarlos del país con pocas o nulas garantías procesales.

El gobierno ha afirmado repetidamente que los migrantes venezolanos en cuestión son miembros del Tren de Aragua y deben ser consideradas sujetos de una nación hostil porque Trump ha dicho que actuaban bajo la dirección del gobierno venezolano.

La Casa Blanca también ha insistido en que la llegada de decenas de miembros de la banda a Estados Unidos constituye una invasión o una "incursión depredadora" bajo los términos de la ley, lo que puede activar los poderes de un presidente para deportar en tiempos de guerra incluso sin una guerra declarada.

Los abogados de los migrantes venezolanos han sostenido que la ley no puede utilizarse contra los miembros del Tren de Aragua porque la banda no es un gobierno y sus actividades no equivalen a una invasión. En particular, la comunidad de inteligencia estadounidense difundió el mes pasado una evaluación en la que concluía que la banda no está bajo el control del gobierno venezolano, contrariamente a lo que Trump ha sostenido desde entonces.

Los abogados también han cuestionado que muchos de los migrantes a los que el gobierno de Trump ha acusado de pertenecer al Tren de Aragua sean realmente miembros de la banda. Han argumentado que los venezolanos deberían poder impugnar esas determinaciones antes de ser expulsados del país.

Cuando Boasberg suspendió inicialmente los vuelos, dijo que su decisión se basaba tanto en la falta de garantías procesales que habían recibido los migrantes como en la cuestión más general de si el uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros se ajustaba realmente a esta situación.

Pero al mantener el interdicto en pie, el juez escribió que se había basado únicamente en la cuestión del debido proceso. Añadió que no necesitaba "resolver la espinosa cuestión de si el poder judicial tiene autoridad para evaluar" la afirmación de Trump de que la Ley de Enemigos Extranjeros puede utilizarse legítimamente contra el Tren de Aragua como grupo.

Durante la audiencia celebrada el lunes ante el panel del tribunal de apelaciones, dos de los jueces parecieron estar de acuerdo en que los migrantes que el gobierno quiere expulsar en virtud de la ley podrían acudir a los tribunales para impugnar si eran realmente miembros del Tren de Aragua.

Pero no estaba claro cómo podrían ser esas impugnaciones.

Una de los jueces, Patricia Millett, nombrada por los demócratas, se mostró escéptica ante la postura del gobierno de que el tribunal debía suspender el interdicto de Boasberg.

Interrogó a un abogado del Departamento de Justicia, sugiriendo que si los venezolanos podían ser deportados sin el debido proceso, entonces cualquiera --incluida ella misma-- podía ser declarado simplemente una amenaza para la seguridad nacional y ser expulsado del país. Y Millett señaló que incluso los ciudadanos alemanes detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron la oportunidad de alegar en audiencias que la ley no se aplicaba a ellos.

"Los nazis recibieron un trato mejor en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros", dijo.

Un segundo juez, Justin Walker, designado por los republicanos, estuvo de acuerdo en que los migrantes podían impugnar si estaban bajo la invocación de Trump de la ley de tiempos de guerra, pero se mostró escéptico a permitir que la orden de Boasberg se mantuviera en vigor por razones técnicas.

Sugirió repetidamente que, si los migrantes querían impugnar su expulsión, no debían hacerlo en Washington, sino en los lugares donde estuvieran detenidos, como Texas.

La tercera jueza del tribunal, Karen Henderson, nombrada por los republicanos, no dijo casi nada en la audiencia.

La invocación por parte del Departamento de Justicia del privilegio de secreto de Estado fue solo su último esfuerzo por bloquear los intentos de Boasberg de comprender si el gobierno había violado su orden.

La semana pasada, apenas unas horas antes de una audiencia en la que iban a tener que hablar del vuelo, los abogados del Departamento pidieron que se cancelara el procedimiento. El mismo día, dieron el paso aún más audaz de intentar que Boasberg fuera apartado del caso.

Pero la invocación del privilegio de secreto de Estado en este contexto supuso un nuevo nivel de agresión.

La Corte Suprema reconoció por primera vez el privilegio de secreto de Estado en una decisión de 1953 que aprobaba la retención de información siempre que exista un "peligro razonable" de exponer información que no debe divulgarse por razones de seguridad nacional.

Después de que el gobierno de Bush invocara con frecuencia el privilegio de secreto de Estado para bloquear demandas sobre temas como la tortura y las escuchas telefónicas sin orden judicial, el Departamento de Justicia en la era de Obama impuso nuevos límites a este poder.

La política exigía que el departamento rechazara una solicitud de uso del privilegio si los funcionarios decidían que la motivación para hacerlo era "ocultar infracciones de la ley, ineficacia o error administrativo", "evitar situaciones vergonzosas" o bloquear información "cuya divulgación no se esperaría razonablemente que causara un daño significativo a la seguridad nacional".

La fiscal general Pam Bondi dijo a Boasberg en un escrito que estaba satisfecha de que la nueva invocación del privilegio por parte del gobierno de Trump estuviera "adecuadamente respaldada y justificada".

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica. Más de Charlie Savage

Bessent, ScottTrump, Donald JInternational RelationsUnited States Politics and GovernmentInternational Trade and World MarketUnited States International RelationsCustoms (Tariff)Embargoes and SanctionsUnited StatesVenezuela

El presidente amagó con usar aranceles como si fueran sanciones financieras, al afirmar que EE. UU. gravará las importaciones de los países que compren petróleo venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tomaría medidas enérgicas contra los países que compren petróleo a Venezuela mediante la imposición de aranceles a los bienes que esas naciones envíen al país, y afirmó que Venezuela ha enviado criminales y asesinos "a propósito y con engaños" a Estados Unidos.

En una publicación en Truth Social, el presidente dijo que los países que compraran petróleo o gas a Venezuela se verían obligados a pagar un arancel del 25 por ciento sobre cualquier exportación que enviara a Estados Unidos, a partir del 2 de abril.

Este uso poco convencional de los aranceles podría alterar aún más el comercio mundial de petróleo a medida que los compradores de petróleo y gas venezolanos busquen alternativas. Estados Unidos y China han sido los principales compradores de petróleo venezolano en los últimos meses, según Rystad Energy, una empresa de investigación y consultoría. India y España también compran una pequeña cantidad de crudo del país sudamericano.

Pero en el caso de China, el petróleo venezolano representa una parte tan pequeña de las importaciones del país que la amenaza de aranceles más altos probablemente hará que China busque petróleo en otra parte, dijo Jorge León, analista de Rystad Energy.

Las compras estadounidenses de petróleo venezolano están preparadas para reducirse después de que el gobierno de Trump dijera que revocaría una licencia que permitía a Chevron producir petróleo allí.

Sin embargo, mientras Trump amenazaba con imponer aranceles más elevados a otros países, su gobierno concedió el lunes a Chevron, la segunda petrolera estadounidense más grande, otros dos meses para producir petróleo en Venezuela y venderlo a Estados Unidos. El gobierno había ordenado anteriormente a Chevron que cerrara sus operaciones antes del 3 de abril.

Los gobiernos estadounidense y venezolano han tenido confrontaciones por los planes de Trump de deportar a migrantes de Estados Unidos. Venezuela anunció el sábado que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Trump para volver a aceptar vuelos de deportación de migrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

"Venezuela ha sido muy hostil con Estados Unidos y con las Libertades a las que nos adherimos", escribió el presidente. "Por lo tanto, cualquier País que compre Petróleo y/o Gas a Venezuela se verá obligado a pagar un Arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier Comercio que realicen con nuestro País".

Trump planea imponer nuevos aranceles a escala mundial el 2 de abril, cuando introducirá lo que denomina "aranceles recíprocos". Ha dicho que Estados Unidos aumentará los aranceles que cobra a otros países para igualarlos a los gravámenes de estos, teniendo en cuenta también otros comportamientos que afectan al comercio, como los impuestos y la manipulación de divisas. El presidente ha adoptado para esta acción el calificativo de "día de la liberación", frase que repitió el lunes.

Trump llamó "aranceles secundarios" a los nuevos gravámenes con los que amenazó el lunes a los compradores de petróleo venezolano. Significarían un uso inusual de los aranceles, y no está del todo claro cómo funcionarían. Algunos expertos en comercio y sanciones dijeron que las sanciones secundarias existentes asociadas a países como Rusia e Irán ya no se han aplicado bien, y pusieron en duda que Estados Unidos tuviera capacidad para poner en marcha nuevas penalizaciones basadas en aranceles.

"Dada la limitada aplicación de las sanciones secundarias existentes, en las que tenemos un precedente, no estoy seguro de hasta qué punto es realista el despliegue efectivo de esta estrategia", dijo Daniel Tannebaum, socio de Oliver Wyman que asesora a empresas multinacionales en temas de sanciones.

Pero la estrategia podría ayudar a Estados Unidos a evitar imponer sanciones financieras a bancos extranjeros que podrían amenazar la estabilidad financiera. El uso de aranceles podría ayudar a que se considerara que Estados Unidos adopta medidas duras sin incurrir en esos riesgos.

Con las sanciones secundarias típicas, los particulares o las empresas no pueden comprar petróleo u otros productos sometidos a sanciones de un país incluido en la lista negra. De lo contrario, las empresas podrían ser objeto ellas mismas de sanciones estadounidenses, enfrentándose a multas o quedando aisladas del sistema financiero estadounidense.

Pero Trump y sus asesores han dicho que creen que tales sanciones pueden amenazar la preeminencia del dólar si se utilizan en exceso, pues animarían a otros países a buscar monedas alternativas. Han hablado de utilizar aranceles en su lugar.

En su audiencia de confirmación en enero, Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo que los aranceles, además de aumentar los ingresos y marcar nuevas rutas en las cadenas de suministro, podrían constituir una alternativa a las sanciones financieras tradicionales.

Trump "cree que probablemente nos hemos pasado un poco con las sanciones y que estas pueden estar haciendo que los países dejen de utilizar el dólar estadounidense". En su lugar podrían utilizarse aranceles, dijo Bessent.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década. Más de Ana Swanson

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DeportationUnited States Politics and GovernmentPresidential Power (US)United States International RelationsGangsAlien Enemies Act (1798)Immigration and Customs Enforcement (US)Tren de Aragua (Gang)Trump, Donald JUnited StatesEl SalvadorVenezuela

Familiares y los abogados de inmigración sostienen que no todos los deportados enviados a una prisión de El Salvador el fin de semana tenían vínculos con el crimen.

En los días transcurridos desde que el gobierno federal envió a cientos de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador, Washington ha estado debatiendo si la Casa Blanca realmente desafió a un juez federal que ordenó que los vuelos de deportación dieran media vuelta y regresaran a Estados Unidos.

Pero más allá de la evidente animadversión del gobierno del presidente Donald Trump hacia el juez y el tribunal, hay cuestiones más básicas que siguen sin resolverse y, en gran medida, sin respuesta: ¿Eran en realidad todos los hombres expulsados a El Salvador miembros de bandas, como afirma Estados Unidos? y ¿cómo llegaron las autoridades a esa determinación sobre cada una de las aproximadamente 200 personas que fueron expulsadas del país incluso cuando un juez federal estaba sopesando su destino?

La Casa Blanca de Trump ha dicho que la mayoría de los migrantes deportados eran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que, como muchas organizaciones delictivas transnacionales, tiene presencia en Estados Unidos. En medio del número récord de migrantes que llegaban a la frontera sur en los últimos años, la presencia de la banda en algunas ciudades estadounidenses se convirtió en un grito de guerra para Donald Trump mientras hacía campaña para volver a la Casa Blanca, alegando que los migrantes estaban invadiendo el país.

Después de que Trump volvió al poder en enero, el Tren de Aragua siguió siendo un tema de conversación habitual para él y sus asesores de inmigración, y los vuelos de deportación de la semana pasada fueron la medida más significativa del gobierno para cumplir su promesa de perseguir a la banda. Pero los funcionarios han revelado muy poco sobre cómo identificaron a los hombres como miembros de la banda y qué debida diligencia, si la hubo, se les concedió antes de embarcarlos en vuelos con destino a El Salvador, donde el gobierno autoritario, aliado de Trump, ha acordado retener a los presos a cambio de un pago multimillonario.

El lunes, el Departamento de Justicia se negó a responder a las preguntas básicas sobre las deportaciones planteadas por el juez federal de Washington, DC, quien había ordenado que el vuelo de deportación regresara a Estados Unidos. El martes por la tarde, este ordenó al Departamento de Justicia que presentara antes del mediodía del miércoles un expediente sellado en el que se detallaran las horas a las que los aviones habían despegado, abandonado el espacio aéreo estadounidense y finalmente aterrizado en El Salvador.

Más de la mitad de los migrantes deportados durante el fin de semana fueron expulsados utilizando una oscura autoridad conocida como Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que el gobierno de Trump afirma haber invocado para deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas mayores de 14 años sin apenas garantías procesales. Esta ley, rara vez invocada, concede al presidente amplia autoridad para expulsar de Estados Unidos a ciudadanos de países extranjeros a los que defina como "enemigos extranjeros", en casos de guerra o invasión.

En un documento judicial que presentó el lunes por la noche tras la audiencia, Robert Cerna II, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, afirmó que se había investigado y aprobado a cada una de las personas y que esos esfuerzos habían incluido datos de vigilancia, una revisión de las transacciones financieras y entrevistas con víctimas.

Pero la presentación de Cerna planteó una serie de interrogantes, ya que dijo que una base de datos del ICE mostraba que algunos de los enviados a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros habían sido detenidos y condenados en Estados Unidos "por delitos peligrosos" y que otros tenían condenas fuera del país.

Sin embargo, Cerna también reconoció que "muchos" no tenían antecedentes penales en tribunales estadounidenses, aunque dijo que eso no significaba que "supusieran una amenaza limitada". Se dijo que otros habían estado cerca de miembros del Tren de Aragua durante redadas de las fuerzas de seguridad en vehículos y residencias cuando fueron detenidos en la operación de captura.

Un coro cada vez mayor de familias, funcionarios electos y abogados especializados en migración han empezado a aparecer en los medios de comunicación para rechazar o poner en duda las acusaciones. Algunos abogados --encargados de buscar frenéticamente a sus clientes en centros de detención de todo el país-- creen que sus defendidos han sido señalados simplemente por sus tatuajes. Los abogados de migración de Nueva York consiguieron detener la deportación de al menos un venezolano que, según dijeron, no tenía vínculos con la banda.

Lindsay Toczylowski, abogada del Centro Jurídico de Defensores de los Inmigrantes, dijo que su cliente era un joven profesional de unos 30 años que trabajaba en el sector artístico y que había estado detenido desde que intentó entrar en Estados Unidos el año pasado, cuando solicitó asilo utilizando una aplicación gubernamental en línea, CBP One. Dijo que su cliente había sido objeto de sospechas por sus tatuajes, pero que sus abogados no habían tenido la oportunidad de rebatir los alegatos en una audiencia judicial.

A principios de mes fue trasladado de California a Texas, dijo, y el sábado había desaparecido del localizador de detenidos en línea.

"Nuestro cliente es la prueba de que no actuaron con la debida diligencia para saber a quién enviaban a El Salvador", dijo, negándose a dar el nombre del joven por temor a su seguridad.

Algunos demócratas no solo han acusado al gobierno de Trump de violar una orden judicial, sino que también han cuestionado a quién envió el gobierno a El Salvador para ser encarcelado.

"El gobierno de Trump está deportando a inmigrantes sin el debido proceso con base únicamente en su nacionalidad", dijo el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, en un comunicado el lunes. "Los tribunales determinan si las personas han infringido la ley. No un presidente que actúa en solitario".

Entre las más de 260 personas deportadas a El Salvador durante el fin de semana había 137 expulsadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Otros 101 eran venezolanos y fueron expulsados en virtud de los procedimientos normales de inmigración, según funcionarios del gobierno de Trump.

Abogados y expertos jurídicos dijeron que, incluso en condiciones de guerra, los detenidos tienen derecho al debido proceso.

"La Ley de Enemigos Extranjeros prevé expresamente 'un examen y una audiencia completos' antes de que los no ciudadanos puedan ser expulsados en virtud de la ley", dijo en un correo electrónico Stephen Vladeck, profesor de derecho del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown. "Incluso en plena Segunda Guerra Mundial, los tribunales federales realizaban audiencias para determinar si los supuestos enemigos extranjeros eran, de hecho, ciudadanos de países con los que estábamos en guerra".

El gobierno de Venezuela ha condenado enérgicamente el traslado de venezolanos a El Salvador y el uso de la autoridad en tiempo de guerra por parte del gobierno de Trump. En un comunicado emitido el domingo, el gobierno de Nicolás Maduro denunció lo que calificó de "amenaza de secuestro" de menores de tan solo 14 años al calificarlos de terroristas, afirmando que son "considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos".

Mariyin Araujo, de 32 años, dijo que el padre de sus dos hijas, de 2 y 6 años, había huido de Venezuela tras participar en dos manifestaciones contra el gobierno autoritario de Maduro. En la segunda ocasión, él y otros manifestantes fueron capturados y torturados, con descargas eléctricas y asfixia. Se registró a través de la aplicación CBP One en México y fue detenido en San Diego cuando se presentó a su cita, dijo Araujo.

Era jugador y entrenador de fútbol profesional, y tenía un tatuaje en el brazo de una corona encima de un balón de fútbol. Araujo dijo que los funcionarios de inmigración asociaron la corona con la banda venezolana y que ellos habían presentado documentos que demostraban que su exmarido no tenía antecedentes penales, junto con fotografías y cartas de su empleador para demostrar que era un ciudadano respetuoso con la ley. Pero antes de que se decidiera su caso, él la llamó para decirle que lo trasladaban a un centro de detención de Texas.

Ella no sabía dónde estaba hasta que lo reconoció en una foto de las redes sociales, dijo. Estaba sentado en el suelo con la cabeza inclinada hacia abajo, con un uniforme blanco de presidiario, junto con otros detenidos en El Salvador. Intentó ponerse en contacto con los funcionarios de prisiones, pero se enteró de que el centro donde está recluido es conocido por no permitir las llamadas telefónicas ni las visitas familiares.

"Había algo dentro de mí que tenía esperanza de que no fuera él, pero sí era él", dijo "No es un delincuente".

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní colaboraron con reportería.

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. Más de Jazmine Ulloa

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca, cubre al presidente Donald Trump y su gobierno. Más de Zolan Kanno-Youngs

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní colaboraron con reportería.

Trump, Donald JUnited States Politics and GovernmentDeportationIllegal ImmigrationAlien Enemies Act (1798)Justice DepartmentTren de Aragua (Gang)Boasberg, James EMaduro, NicolasPresidential Power (US)Federal Courts (US)

El Departamento de Justicia también redobló sus esfuerzos para evitar dar al juez, James Boasberg, la información detallada que había solicitado sobre las deportaciones.

El gobierno de Donald Trump ha pedido a un juez federal que disuelva las órdenes que puso en marcha este fin de semana y que le prohíben deportar del país a personas que presuntamente pertenecen a una pandilla venezolana en virtud de un estatuto de guerra poco utilizado conocido como Ley de Enemigos Extranjeros.

El Departamento de Justicia también redobló sus esfuerzos para evitar dar al juez, James Boasberg, la información detallada que había solicitado sobre las deportaciones, pidiendo al tribunal federal de apelaciones que está por encima de él que intervenga y suspenda el caso.

En conjunto, estas dos maniobras --presentadas en distintos documentos judiciales enviados a última hora del lunes-- constituyen una continuación de los agresivos intentos del gobierno de Trump de hacer retroceder al juez Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, quien detuvo temporalmente una de las políticas de deportación más emblemáticas del presidente Trump.

El Departamento de Justicia ha abierto ahora dos frentes en la batalla: uno impugnando las órdenes subyacentes que detuvieron, por ahora, los vuelos de deportación, y otro tratando de evitar revelar cualquier información sobre los vuelos que pudiera indicar que ocurrieron después de que se impusieran las órdenes del juez que los detuvieron.

Trump atacó al juez Boasberg en una publicación de redes sociales el martes por la mañana, aunque sin nombrarlo, calificándolo de "alborotador y agitador", y pidió su destitución. Las declaraciones de Trump se produjeron días después de que declarara durante un discurso en el Departamento de Justicia que criticar a los jueces debería ser ilegal.

Las declaraciones de última hora y el ataque verbal de Trump se produjeron tras un día de extraordinaria tensión entre el gobierno de Trump y el juez Boasberg, tanto dentro como fuera del juzgado.

El lunes, en una audiencia celebrada en Washington, un abogado del Departamento de Justicia puso a prueba la autoridad y la paciencia del juez al negarse rotundamente a proporcionar detalles sobre el horario de los vuelos que trasladaron a decenas de presuntos miembros de la banda Tren de Aragua de Estados Unidos a El Salvador.

Alegando motivos de "seguridad nacional", el abogado, Abhishek Kambli, dijo que lo único que podía dar al juez Boasberg era su certeza de que los vuelos se habían producido antes de que se introdujera formalmente en el expediente una versión escrita de su directiva que los detenía.

El lunes por la tarde, en un movimiento aún más audaz, el Departamento de Justicia pidió al Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia que apartara al juez Boasberg del caso, citando los "procedimientos altamente inusuales e inadecuados" que ha utilizado. Ese esfuerzo fue precedido por otro acto de desafío, ya que el gobierno intentó que se cancelara por completo la audiencia del tribunal menos de dos horas antes de que se suponía que iba a comenzar.

En su presentación ante el tribunal de apelación a última hora del lunes, los abogados del Departamento de Justicia mantuvieron la presión sobre el juez Boasberg, acusándolo de "microgestión judicial". Los abogados pidieron a los jueces de apelación que paralizaran el caso antes de que el gobierno tuviera que revelar cualquier "información de seguridad nacional" sobre los vuelos de deportación.

"De este modo, el tribunal de distrito sigue presionando para obtener detalles que son delicados y, en muchos casos, no relevantes para ninguna cuestión presentada", escribieron los abogados. "La orden y las indagaciones siguen subrayando la necesidad de una suspensión pendiente de apelación en este caso".

El martes, temprano por la mañana, los abogados de cinco de los presuntos miembros de la banda contraatacaron, diciendo al tribunal de apelación que el juez Boasberg había hecho todo lo posible para satisfacer las preocupaciones del gobierno, ofreciéndose a considerar cualquier información sensible o secreta en una instalación clasificada.

Los abogados también sugirieron que el gobierno simplemente intentaba evitar que se le responsabilizara de haber infringido potencialmente las resoluciones del juez.

"Si la postura del gobierno es que bajo ninguna circunstancia revelará al tribunal información muy relevante sobre si violó deliberadamente una orden judicial federal, no hay ninguna buena razón para que no explique por qué cree que su postura es lícita", escribieron los abogados.

El juez Boasberg ha ordenado al Departamento de Justicia que le envíe una declaración escrita con detalles sobre los vuelos antes del mediodía del martes.

Paralelamente, el Departamento de Justicia pidió al juez Boasberg que disolviera las medidas cautelares que iniciaron toda la disputa.

La primera de esas órdenes, ambas emitidas en una audiencia por Zoom convocada apresuradamente el sábado por la noche, prohibía al gobierno de Trump expulsar del país a cualquiera de los cinco presuntos miembros de bandas que presentaron la demanda subyacente. A continuación, el juez Boasberg dictó una segunda orden más amplia, según la cual ningún presunto miembro del Tren de Aragua podía ser expulsado en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Al solicitar la disolución de las órdenes, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el juez Boasberg no tenía autoridad para dictarlas en primer lugar porque "las acciones presidenciales que impugnan no están sujetas a revisión judicial".

Los abogados también alegaron que la decisión de Trump de deportar a los presuntos miembros de la banda --que recientemente fue designada organización terrorista extranjera-- era legal en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley permite al gobierno, durante una invasión o en tiempo de guerra, reunir y expulsar expeditamente de Estados Unidos a cualquier "sujeto de la nación o gobierno hostil" mayor de 14 años como "enemigo extranjero".

El gobierno ha afirmado repetidamente que los presuntos miembros de la banda deben ser considerados sujetos de una nación hostil porque están estrechamente alineados con el gobierno venezolano y con el liderazgo del presidente del país, Nicolás Maduro. La Casa Blanca también ha insistido en que la llegada a Estados Unidos de decenas de miembros del Tren de Aragua constituye una invasión.

Pero es probable que todas esas afirmaciones se enfrenten a un duro escrutinio a medida que avance el caso.

Está previsto que los abogados de los venezolanos deportados presenten un escrito ante el tribunal de apelaciones el martes por la tarde, impugnando la petición del gobierno de suspender el caso. Los abogados también tendrán pronto la oportunidad de exponer su caso directamente al juez Boasberg, reafirmando por qué creen que los planes de deportación de Trump no cumplían la Ley de Enemigos Extranjeros.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca, cubre al presidente Donald Trump y su gobierno. Más de Zolan Kanno-Youngs

DeportationExecutive Orders and MemorandumsAmerican Civil Liberties UnionHomeland Security DepartmentTren de Aragua (Gang)Trump, Donald JBoasberg, James EVenezuelaUnited States

La medida se produjo luego de que el gobierno de Trump publicó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir a los miembros de bandas venezolanas en EE. UU.

Un juez federal ordenó el sábado al gobierno de Donald Trump que dejara de utilizar una desconocida ley de tiempos de guerra para deportar a venezolanos sin una audiencia, y dijo que todos los aviones que hubieran salido de Estados Unidos con migrantes bajo esa ley debían regresar.

El sábado, el gobierno publicó una orden ejecutiva invocando dicha ley, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para perseguir a los miembros de bandas venezolanas en Estados Unidos.

Pero poco después del anuncio, James E. Boasberg, juez federal de Washington D. C., dijo que emitiría una orden temporal que impedía al gobierno deportar a cualquier migrante en virtud de esa ley.

En una audiencia programada apresuradamente, dijo que no creía que la ley ofreciera motivos para la acción del presidente, y ordenó que todos los vuelos que hubieran partido con inmigrantes venezolanos en virtud de la orden ejecutiva regresaran a Estados Unidos "comoquiera que se logre, ya sea dando la vuelta al avión o no".

"Esto es algo que tienen que asegurarse de que se cumpla inmediatamente", ordenó al gobierno.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual presentó una demanda por la orden ejecutiva, dijo en una entrevista posterior a la audiencia que creía que había dos vuelos "en el aire" el sábado por la noche.

Durante la audiencia, Boasberg dijo que ordenaba al gobierno regresar los vuelos dada la "información, no refutada por el gobierno, de que los vuelos están saliendo activamente".

Un abogado que representaba al gobierno, Drew Ensign, dijo al juez que no tenía muchos detalles que compartir y que describir detalles operativos plantearía "cuestiones de seguridad nacional".

Tras la audiencia, el gobierno interpuso una apelación. En una declaración a última hora del sábado, la fiscal general Pam Bondi dijo que el juez había puesto "a los terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses" y había puesto "en peligro al público y a las fuerzas de seguridad".

"El Departamento de Justicia no cesa en su empeño de trabajar con la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y todos nuestros socios para detener esta invasión y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez", añadió.

La orden del presidente, fechada el viernes, declara que los venezolanos que tengan al menos 14 años, se encuentren en Estados Unidos sin autorización y formen parte de la banda Tren de Aragua son "susceptibles de ser aprehendidos, retenidos, sujetos y expulsados".

La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación sumaria de personas procedentes de países en guerra con Estados Unidos. La ley, más conocida por su papel en el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos --durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial--, según el Centro Brennan para la Justicia, una organización de derecho y política.

Horas antes de que la Casa Blanca publicara su proclamación, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda en nombre de cinco venezolanos para impedir que el presidente invocara la ley. Los cinco hombres fueron acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua, pero niegan pertenecer a la banda, dijo Gelernt. Uno de los hombres fue detenido, según la demanda, porque un funcionario de migración creyó "erróneamente" que era miembro del Tren de Aragua por sus tatuajes.

Boasberg emitió inicialmente el sábado una orden limitada que impedía al gobierno deportar a los cinco hombres.

El gobierno de Trump no tardó en interponer una apelación contra la orden, y la ACLU pidió al juez que ampliara su orden para que se aplicara a todos los inmigrantes en riesgo de deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. En la audiencia del sábado por la tarde, Boasberg dijo que emitiría una orden más amplia aplicable a todos los "no ciudadanos bajo custodia estadounidense".

En la demanda, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles escribieron que los venezolanos creían que se enfrentaban a un riesgo inmediato de deportación. "La proclamación del gobierno permitiría a los agentes embarcar inmediatamente en aviones a los no ciudadanos", decía la demanda, y añadía que la ley "claramente solo se aplica a acciones bélicas" y "no puede utilizarse aquí contra nacionales de un país --Venezuela-- con el que Estados Unidos no está en guerra".

El juez se mostró de acuerdo, diciendo que creía que los términos "invasión" e "incursión predatoria" de la ley "se refieren realmente a actos hostiles perpetrados por naciones enemigas".

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona el sistema de inmigración del país y fue nombrado en la demanda, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Noah Feldman, profesor de derecho constitucional en Harvard, dijo que el destino del caso, que podría acabar en la Corte Suprema, dependería de "cuánta deferencia presten los tribunales a la determinación del presidente de que existe una amenaza de incursión". Los jueces tendrían que tomar esa determinación "sin muchos precedentes", añadió Feldman.

El presidente Trump, quien hizo campaña el año pasado con la promesa de iniciar la mayor operación de deportación de la historia de EE. UU., a menudo se ha referido a la llegada de migrantes no autorizados como una "invasión". Una de las primeras órdenes ejecutivas que emitió tras regresar a la Casa Blanca se titulaba "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión".

Su proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros parecía centrarse estrictamente en el Tren de Aragua, una banda que surgió de una prisión venezolana y creció hasta convertirse en una organización criminal centrada en el tráfico sexual, el tráfico de drogas y el contrabando de personas.

Pero si la interpretación de la ley por parte del gobierno de Trump se mantiene en última instancia, podría facultar al gobierno para expulsar a otros migrantes de 14 años o más sin necesidad de una audiencia judicial. Eso permitiría la extraordinaria medida de detener, encarcelar y expulsar a menores migrantes sin el debido proceso que se ha concedido a los migrantes durante décadas.

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, grupo jurídico que se unió a la ACLU para presentar la impugnación de la orden ejecutiva, dijo en un comunicado que el sábado fue un "día horrible en la historia de la nación, cuando el presidente hizo público que pretendía invocar poderes extraordinarios de guerra en ausencia de guerra o invasión".

Zolan Kanno-Youngs y Glenn Thrush colaboraron con la reportería.

Zolan Kanno-Youngs y Glenn Thrush colaboraron con la reportería.

United States Politics and GovernmentUnited States International RelationsOil (Petroleum) and GasolineChevron CorporationTreasury DepartmentTrump, Donald JBiden, Joseph R JrVenezuela

El presidente de Estados Unidos parece estar revocando una licencia que el gobierno de Biden concedió a Chevron en 2022, lo que podría perjudicar a la empresa y a Venezuela.

El presidente Trump afirmó el miércoles que revocaría una política de la era Biden que permitía producir más petróleo en Venezuela y exportarlo, asestando un duro golpe al gobierno de ese país y a Chevron, que produce petróleo allí.

Trump no mencionó a Chevron en su publicación en Truth Social. Solo afirmó que revocaría las concesiones otorgadas el 26 de noviembre de 2022. En esa fecha fue que el Departamento del Tesoro concedió a Chevron permiso para ampliar sus operaciones en Venezuela. La licencia debe renovarse el 1 de marzo.

"El régimen no ha estado transportando de vuelta a Venezuela a los criminales violentos que enviaron a nuestro país (los Good Ole' USA) al ritmo rápido que habían acordado", dijo Trump.

Un portavoz de Chevron dijo que la empresa estaba estudiando las implicaciones de la declaración de Trump. Chevron, la segunda mayor empresa petrolera estadounidense, opera desde hace tiempo en Venezuela.

El mes pasado, cuando le preguntaron por Venezuela, Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, dijo que la empresa se centraba en mantener la seguridad de su personal y en cumplir la ley. "No establecemos la política", dijo en el reporte de ganancias de fin de año de la compañía. "Colaboramos con el gobierno para ayudar a informarles de las posibles repercusiones de las decisiones políticas, y seguiremos haciéndolo".

El petróleo es la columna vertebral de la atribulada economía venezolana. Se cree que el país posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tenido dificultades para aprovechar esos recursos debido a la mala gestión y a la escasa inversión en su empresa petrolera estatal.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la medida de Trump de "decisión lesiva e inexplicable" en una publicación en las redes sociales. Añadió que al pretender "hacerle un daño al pueblo venezolano, en realidad se está infligiendo un daño a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas". Añadió que era probable que la decisión hiciera aumentar la migración de venezolanos, con "consecuencias ampliamente conocidas".

La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los precios del petróleo estadounidense apenas variaron el miércoles por la tarde, rondando los 69 dólares por barril.

Estados Unidos dejó de importar petróleo de Venezuela durante varios años después de que Trump impusiera sanciones a la petrolera estatal del país en 2019, durante su primer mandato. Las importaciones se reanudaron después de que el gobierno de Biden diera permiso a Chevron, a finales de 2022, para exportar el petróleo que producía en Venezuela.

Pero Estados Unidos depende mucho menos del petróleo venezolano que antes. Importa unos 226.000 barriles diarios del país, equivalentes a alrededor del 1 por ciento de la demanda estadounidense, según la Administración de Información Energética. Venezuela produce un tipo de petróleo más denso y viscoso que no es común en Estados Unidos. Las refinerías estadounidenses están diseñadas para funcionar con una mezcla de ese petróleo más pesado y variedades más ligeras de producción nacional.

Rebecca F. Elliott cubre el sector de la energía, centrándose en cómo está cambiando la industria para frenar las emisiones que calientan el clima. Más de Rebecca F. Elliott

International RelationsUnited States Politics and GovernmentIllegal ImmigrationUnited States International RelationsDeportationAirlines and AirplanesMilitary Bases and InstallationsTrump, Donald JMaduro, NicolasGrenell, RichardInternational Criminal CourtTren de Aragua (Gang)ConviasaCaracas (Venezuela)Fort Bliss (Tex)

Los vuelos, que salieron de Fort Bliss, en Texas, representan una importante victoria para el presidente Trump, quien ha prometido llevar a cabo deportaciones generalizadas.

Dos vuelos que transportan a migrantes venezolanos de Estados Unidos a Venezuela llegarán a su destino a última hora del lunes, informó el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información del país.

Los vuelos representan una importante victoria para el gobierno de Donald Trump, que durante su campaña prometió deportar a millones de migrantes indocumentados. Para lograr este objetivo, el presidente Trump necesita que Nicolás Maduro, el autocrático mandatario de Venezuela, acceda a recibir a algunas de esas personas.

Dos aviones de la aerolínea venezolana Conviasa salieron de Fort Bliss, en Texas, donde se encuentran recluidos los migrantes sujetos a deportación, aproximadamente a las 10:45 a. m. Tenían previsto llegar a Caracas a las 7:15 p. m., según el sitio de monitoreo de vuelos Flight Aware.

Tras la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en 2019, el gobierno de Maduro se ha negado a aceptar ciudadanos deportados, excepto durante un breve periodo durante el gobierno de Biden.

El anuncio sobre los vuelos se produce tras la reciente visita a Venezuela de un asesor de Trump, Richard Grenell, que regresó a Estados Unidos con seis estadounidenses que habían sido detenidos por el gobierno de Maduro.

No está claro quiénes van en los vuelos del lunes, y algunos repatriados podrían enfrentar persecución al regresar.

En una declaración a los medios de comunicación, el gobierno venezolano dijo que había sido "notificado por el gobierno de los Estados Unidos de América" de que algunas de las personas que viajaban en los vuelos formaban parte del grupo criminal denominado Tren de Aragua.

El comunicado dijo que "las personas antes señaladas serán sometidas a una rigurosa investigación en cuanto toquen tierra venezolana y serán sujetos de las acciones previstas en nuestro sistema de justicia".

Maduro está imputado en Estados Unidos, acusado por fiscales federales de participar en una conspiración de narcotráfico, y está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes para el Times, está radicada en Bogotá y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

Si el acuerdo anunciado por Tom Homan, zar de fronteras de Trump, se lleva a cabo, podría suponer un cambio significativo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, dejó bien claro cómo una nación latinoamericana --considerada adversaria de Estados Unidos-- ayudará al mandatario a cumplir una promesa que lo llevó a la Casa Blanca.

Homan esperaba que los vuelos que trasladarán a los migrantes venezolanos en Estados Unidos de vuelta a su país comenzaran "en los próximos 30 días", dijo en una entrevista con The New York Times.

Fue el primer indicio de que hay un calendario para el plan de enviar a las personas de vuelta a Venezuela después del anuncio de Trump de que su gobierno había llegado a un acuerdo con el líder autocrático de ese país, Nicolás Maduro.

La semana pasada, el gobierno de Trump dijo que había asegurado la libertad de seis estadounidenses bajo custodia venezolana y convencido a Maduro para recibir vuelos de deportación que se llevarían a "todos los extranjeros ilegales de Venezuela" que viven en los Estados Unidos.

A cambio, Maduro, acusado de robar unas elecciones recientes y de cometer graves violaciones de los derechos humanos, recibió una visita muy pública de un alto asesor de Trump, Richard Grenell.

Ambos se estrecharon la mano, sonrientes, mientras el máximo legislador venezolano, Jorge Rodríguez, sonreía al fondo. Más tarde, el gobierno de Maduro emitió un comunicado afirmando su compromiso con el "diálogo entre iguales".

Apenas unos días después de la reunión con Grenell, Maduro propuso poner en marcha un programa de préstamos para los migrantes retornados que contaría con un presupuesto inicial de 10 millones de dólares.

Para Maduro, que está cada vez más aislado en la escena mundial, la reunión de Grenell fue una gran victoria. Los diplomáticos estadounidenses abandonaron Venezuela en 2019. Desde entonces, solo ha habido unas pocas reuniones muy privadas entre funcionarios estadounidenses y venezolanos.

El gobierno venezolano aún no ha confirmado que aceptará a los deportados. Pero si el acuerdo se lleva a cabo, podría suponer un cambio significativo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su primer mandato, Trump hizo todo lo posible para tratar de derrocar a Maduro, emitiendo sanciones económicas aplastantes, usando su influencia para apoyar al líder de la oposición, Juan Guaidó, e incluso ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro, acusándolo de narcoterrorismo.

A medida que un número creciente de venezolanos huía a Estados Unidos, el gobierno venezolano se negaba a su vez a aceptar vuelos de deportación.

Ahora, la dinámica ha cambiado. Trump necesita que Maduro le permita cumplir una de sus principales promesas electorales: deportar a cientos de miles de venezolanos que han llegado a suelo estadounidense en los últimos años.

Y parece que Maduro lo sabe, y no es la única ventaja que tiene.

Al menos otros cinco estadounidenses y dos extranjeros con estatus de residencia en Estados Unidos permanecen detenidos en Venezuela, según el grupo de derechos humanos Foro Penal, lo que da al gobierno venezolano una importante influencia sobre el gobierno de Trump.

Otros cambios en la política estadounidense podrían implicar el levantamiento de las sanciones impuestas al vital sector petrolero de Venezuela y el regreso de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Caracas.

Es probable que estas medidas enfurezcan a la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González, el hombre que se cree ampliamente que ganó la votación presidencial de julio. Machado ha argumentado que Maduro está debilitado y que los líderes mundiales deberían continuar con una política de aislamiento para expulsarlo.

Cualquier acción de Estados Unidos que se considere beneficiosa para Venezuela también podría poner a Trump y a Grenell, que es el enviado de Trump para misiones especiales, en desacuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha defendido durante mucho tiempo un enfoque de línea más dura contra Maduro, y en 2022, llegó a decir que deportar a los venezolanos de vuelta a casa sería una "sentencia de muerte muy real".

En su entrevista con El Times, Homan, el zar fronterizo, dijo que era probable que los vuelos de deportación a Venezuela despegaran pronto.

"Va a ocurrir en los próximos 30 días, y no puedo decirte cuántos. Todavía estamos trabajando en todos esos detalles", dijo.

"Es enorme. Es algo grandioso que consiguió el presidente Trump", agregó Homan. Su esperanza es que haya un ritmo regular de vuelos de deportación.

"No creo que el presidente Trump vaya a aceptar menos", dijo.

Cientos de miles de venezolanos viven en Estados Unidos, muchos con protecciones a corto plazo que Trump ha revocado recientemente, haciéndolos vulnerables a la deportación en los próximos meses.

Bajo el liderazgo de Maduro, el país ha experimentado una de las peores crisis económicas y humanitarias de la historia reciente, que ha provocado la huida de unos ocho millones de personas en la última década. Al principio, la mayoría se dirigió a otros países de América Latina. Pero desde la pandemia, muchos han ido a Estados Unidos, a menudo recorriendo miles de kilómetros a pie y en autobús para llegar a la frontera sur.

Al final de su primer mandato, Trump protegió a los venezolanos vulnerables de la deportación, diciendo que era demasiado peligroso para muchos de ellos regresar.

Desde entonces, la situación económica en Venezuela no ha mejorado de forma significativa, mientras que la situación política en el país no ha hecho más que empeorar, con Maduro acorralando a quienes considera opositores políticos --y a veces a simples espectadores-- tras las controvertidas elecciones.

Su gobierno, sin embargo, ha argumentado que las condiciones han mejorado, allanando el camino para que la gente sea enviada a casa.

"No hay una base real para decir que Venezuela está en una mejor situación", dijo Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela de Diálogo Interamericano en Washington. "Se trata de una decisión política".

En una entrevista, Juan González, que fue el principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina, dijo que durante años, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha visto obstaculizada por los partidarios de la línea dura en Florida, quienes critican cualquier tipo de diálogo con Maduro, afirmando que el aislamiento era el camino para restaurar la democracia venezolana.

González dijo que pensaba que Grenell, en su papel de enlace con Venezuela, podría estar optando por un enfoque más realista, centrado en alcanzar los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos; en un principio, eso podría incluir que Maduro acepte a personas deportadas, pero también podría incluir otras prioridades estadounidenses, como alejar a Venezuela de China.

Y si así fuera, González, un político demócrata, apoyó los esfuerzos de Grenell.

"No estoy de acuerdo con Ric Grenell en muchas cosas", dijo. "Pero lo apoyo. En la competencia Rubio-Grenell, creo que él es realmente la mejor opción".

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes para el Times, está afincada en Bogotá y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias. Más de Hamed Aleaziz

Biden, Joseph R JrMaduro, NicolasVenezuelaUnited StatesUnited States International RelationsEmbargoes and SanctionsCabello, DiosdadoGonzalez, Edmundo (1949- )

El gobierno estadounidense también extenderá las protecciones temporales para aproximadamente 600.000 migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden dijo el viernes que ofrecía 25 millones de dólares por información que condujera a la detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro , después de que asumiera un tercer mandato en la presidencia a pesar de las pruebas que sugieren que perdió las recientes elecciones celebradas en Venezuela.

El anuncio fue una medida de represalia de Washington, que no reconoce a Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. Maduro no ha presentado ninguna prueba de que haya ganado las elecciones de julio, mientras que su oponente, Edmundo González, ha presentado miles de actas de recuentos de votos disponibles públicamente que, según él, indican que ganó fácilmente la mayoría de los votos.

Estados Unidos ha reconocido a González como presidente electo de Venezuela y ha instado a Maduro para que abandone el poder.

El gobierno de Biden también anunció que ampliaba la protección de unos 600.000 migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos con estatus de protección temporal. La medida permite, a quienes la soliciten, que permanezcan durante 18 meses más en el país.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que la decisión de aumentar la recompensa en el caso de Maduro formaba parte de "un mensaje concertado de solidaridad con el pueblo venezolano", destinado a "elevar aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes".

En general, este tipo de recompensas se consideran más simbólicas que un esfuerzo serio para ejecutar una detención. La recompensa de 25 millones dólares implica un aumento de una recompensa previa de 15 millones que fue establecida por el gobierno de Trump en 2020.

Pero esa medida no disuadió a Maduro de juramentarse para un tercer mandato de seis años. Y algunos críticos incluso han argumentado que esa estrategia de recompensa ha atrincherado aún más al mandatario venezolano haciendo que sea más difícil que abandone el poder.

Si Maduro deja la presidencia, sería extremadamente vulnerable a ser arrestado.

La ampliación del estatus de protección temporal para los inmigrantes venezolanos fue descrita por un representante del gobierno de Biden como un esfuerzo para apoyar al pueblo venezolano.

Ese programa fue promulgado por George H. W. Bush para ayudar a las personas que no podían regresar a sus países debido a desastres naturales o conflictos armados. El presidente electo Donald Trump, que tomará posesión el 20 de enero, ha prometido finalizar el programa.

El representante de Biden, que dio una rueda de prensa a los periodistas con la condición de mantener su anonimato, dijo que los altos niveles de delincuencia y violencia --así como las dificultades para acceder a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible-- impiden que muchas personas puedan regresar con seguridad.

En 2020, Maduro fue imputado en Estados Unidos, acusado de una conspiración narcoterrorista y de tráfico internacional de cocaína que llevaba décadas.

La acusación formal del Departamento de Justicia de un jefe de Estado extranjero es una medida inusual que indica que Estados Unidos probablemente adoptará una línea cada vez más dura contra Maduro.

Fue entonces cuando el Departamento de Estado anunció la recompensa inicial de 15 millones de dólares. Maduro sigue bajo acusación.

Funcionarios del gobierno de Biden dijeron el viernes que Estados Unidos también ofrecerá 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura del ministro de Relaciones Interiores del país, Diosdado Cabello, una cantidad superior a los 10 millones de dólares anteriores.

Y el Departamento de Estado añadió otra recompensa: 15 millones de dólares por ayuda en la detención del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Apenas unos minutos después de que Maduro jurara el viernes su cargo para otro mandato, el Departamento del Tesoro estadounidense también dijo que imponía nuevas sanciones a ocho funcionarios venezolanos, que se sumaban a unos 180 aliados de Maduro y otros ciudadanos venezolanos ya sancionados.

Las medidas congelan los activos que los funcionarios tienen en Estados Unidos.

"Estados Unidos y sus aliados en la región han presionado a Maduro para que se comprometa con una transición democrática", dijo en un comunicado Bradley Smith, funcionario del Tesoro. "En cambio, Maduro y sus representantes han continuado con su violenta represión en un intento de mantener el poder, y han ignorado los pedidos del pueblo venezolano para que se rindan cuentas democráticamente".

David E. Sanger colaboró con la reportería.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

David E. Sanger colaboró con la reportería.

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Maduro busca la eliminación de las sanciones estadounidenses, que han golpeado la economía venezolana, y el reconocimiento internacional, entre otros cambios políticos

Es un autócrata condenado dentro y fuera de su país por haber robado las últimas elecciones. Sin embargo, el viernes, Nicolás Maduro, el presidente venezolano que ha liderado el dramático declive de su país --que ha incluido una inflación galopante, apagones, hambre, migración masiva y el desmoronamiento de la democracia de la nación-- será juramentado para un tercer mandato.

Si cumple los seis años del mandato, habrá extendido el reinado de su partido hasta su tercera década.

Maduro seguirá en Miraflores, el palacio presidencial de Caracas, incluso después de que millones de venezolanos expresaran en las urnas su deseo de cambio. Y lo hará en medio de su más duro despliegue represivo hasta la fecha, con la policía y los militares en equipos antidisturbios cubriendo las calles de la capital; periodistas, activistas y líderes comunitarios en prisión; y una amplia expansión de su aparato de vigilancia.

El hombre que, según Estados Unidos y otros países, ganó las elecciones, Edmundo González, permanece en el exilio, obligado a huir a España o a ser detenido, mientras que la líder más importante de la oposición del país, María Corina Machado, se ha escondido dentro de Venezuela.

El jueves, Machado apareció por primera vez desde agosto, uniéndose a las protestas callejeras contra Maduro en Caracas, la capital. Se subió a un camión mientras miles de simpatizantes, que corrían el riesgo de ser detenidos, gritaban "¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!".

Posteriormente,fue detenida brevemente por adversarios no identificados y luego fue puesta en libertad.

Ha habido pocas protestas recientes contra el gobierno, y es probable que la amenaza constante de que las fuerzas de seguridad encarcelen a civiles dificulte a Machado mantener el impulso en las calles.

González ha dicho que regresará a Venezuela el viernes para su propia toma de posesión, pero el gobierno ha puesto una recompensa de 100.000 dólares por su captura y no está claro cómo planea evitar ser arrestado, de hacerlo.

Por su parte, Maduro se enfrenta a la posibilidad de que el presidente electo Donald Trump, que ha llenado su equipo de política exterior con enemigos de Maduro, adopte una línea dura contra él, posiblemente imponiendo más sanciones económicas.

En respuesta, el líder venezolano ha pasado los últimos seis meses acumulando prisioneros extranjeros que, según analistas y exdiplomáticos estadounidenses, espera utilizar como herramienta de negociación con Estados Unidos y otros países.

Desde julio, las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a unos 50 visitantes y titulares de dos pasaportes de más de una decena de países, según el grupo de vigilancia Foro Penal.

"Son fichas de intercambio", dijo Gonzalo Himiob, fundador de Foro Penal.

Maduro quiere la eliminación de las sanciones estadounidenses, que han golpeado la economía venezolana, y el reconocimiento internacional, entre otros cambios políticos.

Funcionarios venezolanos afirman que han detenido al menos a nueve personas con ciudadanía o residencia estadounidense, y las autoridades acusan a algunas de ellas de conspirar para asesinar a Maduro.

Estados Unidos no tiene presencia diplomática en Venezuela, y un representante del Departamento de Estado dijo que el gobierno estadounidense ni siquiera estaba seguro de dónde estaban retenidos sus ciudadanos.

Los familiares de tres ciudadanos estadounidenses detenidos dijeron que no habían tenido noticias de sus seres queridos desde que desaparecieron hace meses y que solo han recibido una comunicación limitada de su propio gobierno.

David Estrella, de 64 años y padre de cinco hijos, había ingresado a Venezuela por tierra desde Colombia el 9 de septiembre, según su exesposa, Elvia Macías, de 44 años.

Elvia Macías, quien mantiene una relación estrecha con su exesposo, lo describió como un "aventurero" que --lleno de optimismo porque la situación en Venezuela "no estaba tan mala"-- había ido a visitar a unos amigos.

Macías trabajaba en control de calidad para empresas farmacéuticas en Nueva Jersey, se estaba preparando para jubilarse y ya había visitado Venezuela en una ocasión, según ella.

Elvia Macías lloró al recordar haber celebrado la Navidad sin él.

"Esta situación ha tenido un tremendo impacto en nuestras vidas", afirmó.

El movimiento de inspiración socialista de Maduro ha gobernado el país desde 1999, cuando su predecesor, Hugo Chávez, asumió el cargo. En julio, Maduro se enfrentó a su reto electoral más difícil hasta la fecha, contra González, un exdiplomático que se convirtió en el sustituto de Machado cuando el gobierno le prohibió postularse.

Incluso en medio de una campaña de represión intensificada, muchos venezolanos salieron en masa a apoyar a González. Y en los días posteriores a las elecciones, la oposición recopiló miles de actas de escrutinio y las publicó en internet, las cuales mostraban que González había ganado por una amplia mayoría.

No obstante, Maduro declaró la victoria, una afirmación cuestionada por observadores independientes, entre ellos el Centro Carter, las Naciones Unidas y un miembro del consejo electoral del país.

Estados Unidos ha reconocido a González como ganador, e incluso aliados de Maduro como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, ambos vecinos de Venezuela con tendencias de izquierda, se han distanciado.

Ninguno de los dos asistirá a la toma de posesión.

Maduro ya había detenido a extranjeros con fines políticos. Pero nunca su gobierno había retenido a tantos a la vez, según Foro Penal, el grupo de vigilancia.

Algunos analistas afirmaron que Maduro había decidido detener a extranjeros porque ha visto que así consigue lo que quiere.

En 2022 y luego de nuevo en 2023, Estados Unidos llegó a acuerdos con el gobierno venezolano, en los que Washington liberó a aliados venezolanos de alto perfil a cambio de ciudadanos estadounidenses retenidos por Maduro.

Esto formaba parte de un cambio en los tratos de Estados Unidos con los gobiernos y otras personas que capturan estadounidenses en el extranjero.

En el pasado, la política estadounidense consistía en no negociar con los captores, por temor a que los tratos fomentasen la toma de rehenes.

Pero esto dejó a los estadounidenses detenidos con pocas esperanzas de ser rescatados, y los críticos dijeron que incluso contribuyó a la muerte de personas como James Foley, periodista asesinado por ISIS en Siria en 2014.

Desde entonces, Estados Unidos se ha mostrado más dispuesto a negociar. Pero algunos críticos sostienen que eso provoca la misma práctica a la que se dedica Maduro.

Tom Shannon, que desempeñó un papel de alto rango en el Departamento de Estado en los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump, dijo que creía que Maduro había sido alentado por los recientes acuerdos de rehenes con Rusia e Irán.

Aun así, no piensa que llegar a acuerdos sea un error.

"Creo que uno de nuestros trabajos es cuidar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero", dijo Shannon. "Y es muy difícil simplemente dar por perdida a la gente y decir, 'oh mala suerte, lo siento mucho'".

En su lugar, dijo que el gobierno estadounidense debía "infligir niveles de dolor a los secuestradores que dejen claro que esto no va a volver a ocurrir".

Otros ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela son Wilbert Castañeda, de 37 años, un Navy SEAL que viajó a Venezuela para visitar a su novia, según su madre, Petra Castañeda, de 60 años.

Castañeda, padre de cuatro hijos, fue detenido por las autoridades a finales de agosto. Ya para septiembre, su rostro había aparecido ampliamente en la televisión estatal y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, lo acusó a él y a otras personas de participar en un complot para asesinar al presidente.

Petra Castañeda, que vive en California, dijo que su hijo era inocente.

"Todos en la familia estamos muy preocupados, estamos desesperados", dijo. "Nos aferramos a una esperanza de que los Estados Unidos logren tener algún arreglo con el señor Maduro".

Stephen William Logan, de 84 años, profesor jubilado de Virginia Occidental, dijo que ni siquiera se había dado cuenta de que su hijo Aaron Barrett Logan, de 34 años, había ido a Venezuela. Entonces, en septiembre, su familia recibió una llamada de funcionarios del Departamento de Estado, notificándoles que había sido detenido.

Logan dijo que su hijo trabajaba en Estados Unidos para un banco importante como "probador de penetración", probando la seguridad del banco intentando piratear sus sistemas.

Cabello acusó su hijo de estar implicado en el mismo plan de asesinato.

"Ni siquiera sé cómo imaginarlo", dijo Logan padre sobre las condiciones en las que vivía su hijo, preguntándose si era como "un campo de concentración".

Representantes del equipo de transición de Trump declinaron hacer comentarios. Ninguno de los detenidos estadounidenses ha sido declarado injustamente detenido por el Departamento de Estado, una designación que podría conseguirles más ayuda desde dentro del gobierno estadounidense.

En Caracas, muchos asistieron a la protesta del jueves contra Maduro a pesar de que concentraciones similares se han enfrentado a la violencia de las fuerzas de seguridad y han acabado con la muerte de participantes.

Entre los que estuvieron en las calles estaba Laura Matos, de 21 años, que dijo que "todo el mundo" le había dicho "no salgas".

Pero "anoche no pude dormir", dijo. "Yo decía: 'Quiero que ocurra algo, quiero que el presidente electo Edmundo González se juramente, quiero que Venezuela tenga un cambio'".

"No merecemos estar así", continuó, mientras otros manifestantes hacían sonar trompetas de plástico a su alrededor. "Merecemos más, tener un mejor futuro. Merecemos los jóvenes como yo poder estudiar y ejercer y quedarnos en nuestro país".

Alain Delaquérière colaboró con investigación.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

Alain Delaquérière colaboró con investigación.

Politics and GovernmentPolitical PrisonersDemonstrations, Protests and RiotsMachado, Maria CorinaMaduro, NicolasVente Venezuela (Political Party)Caracas (Venezuela)Venezuela

Machado ha logrado reunir un enorme apoyo por su oposición al presidente autoritario del país, Nicolás Maduro.

La popular líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue detenida el jueves durante una protesta contra el gobierno en Caracas, según un comunicado en X de su partido, Vente Venezuela.

Machado había permanecido oculta, frente a amenazas de detención por parte de funcionarios estatales, y esta era su primera aparición pública desde agosto.

"Fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao", un área de Caracas, decía el comunicado. "Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban".

Inicialmente no estaba claro quién la detuvo, aunque el acto estaba lleno de fuerzas de seguridad gubernamentales.

El líder autoritario del país, el presidente Nicolás Maduro, tomará posesión el viernes para un tercer mandato presidencial. Machado había convocado concentraciones en todo el país, y en ciudades de todo el mundo, para protestar contra la toma de posesión de Maduro.

La oposición política del país, así como Estados Unidos y otros países, afirman que Maduro se robó las elecciones más recientes y que el verdadero ganador fue Edmundo González, un exdiplomático que cuenta con el respaldo de Machado.

González vive en el exilio desde septiembre.

Miles de personas salieron a apoyar a Machado el jueves, arriesgándose a ser detenidas por el gobierno. La líder de la oposición se subió a un camión mientras la gente gritaba: "¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!".

En un momento, una monja se subió al vehículo con Machado y le puso un rosario en el cuello.

Machado dijo a sus seguidores: "Toda esta fuerza que hemos construido y que crece cada día nos prepara para terminar esta fase final".

"Hagan lo que hagan mañana", dijo sobre la toma de posesión de Maduro, "se terminan de enterrar".

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

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La denuncia de secuestro se produce un día después de que González se reuniera en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, cuyo gobierno lo reconoce como el presidente electo de Venezuela.

El hombre ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, sospechosas de fraude por parte del actual gobierno, dijo el martes que su yerno fue secuestrado por hombres encapuchados en Caracas, la capital.

Edmundo González Urrutia dijo que su yerno, Rafael Tudares, estaba llevando a los nietos de González al colegio cuando fue "interceptado" por encapuchados vestidos de negro y se lo llevaron en una furgoneta dorada.

"A esta hora se encuentra desaparecido", escribió en la red social X.

La denuncia de secuestro se produce un día después de que González Urrutia se reuniera en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, cuyo gobierno reconoce al líder opositor como presidente electo, en un esfuerzo por ejercer presión internacional sobre el mandatario Nicolás Maduro, el líder autoritario que lleva mucho tiempo en el poder y que afirma haber ganado las elecciones de julio en Venezuela.

El lunes, el gobierno de Maduro, en un comunicado, calificó la reunión de "flagrante violación del derecho internacional y un intento burdo por perpetuar la injerencia imperialista en América Latina".

González Urrutia, de 75 años, se vio obligado a huir del país poco después de que millones de venezolanos votaran por él, y ahora vive exiliado en España. En repetidas ocasiones ha prometido regresar a su país para juramentarse en su cargo el próximo viernes, cuando está previsto que Maduro, quien está en el poder desde 2013, sea investido para otro mandato de seis años.

El gobierno de Maduro ha impuesto una recompensa de 100.000 dólares por González Urrutia y es probable que sea detenido si regresa.

El gobierno venezolano ha desatado una oleada de represión contra quien desafíe su victoria, deteniendo a unas 2000 personas y acusando a la mayoría de terrorismo. Grupos de derechos humanos la han descrito como la campaña de represión más brutal realizada en Venezuela en las últimas décadas.

El gobierno ha liberado a cientos de esos presos en los últimos meses, en lo que muchos analistas consideraron como una señal para el presidente electo Donald Trump de que está dispuesto a suavizar la situación de los derechos humanos a cambio de un trato favorable.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado calificó la desaparición como un intento de "intimidar a la oposición democrática de Venezuela".

Un portavoz del gobierno de Maduro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Diosdado Cabello, alto cargo del gobierno de Maduro y uno de sus aliados más poderosos, no se refirió directamente al episodio en una declaración públicas del martes, pero dijo: "hoy acabamos de desmantelar a un grupo muy peligroso" de "mercenarios extranjeros de los Estados Unidos y de Colombia".

Mariana González, esposa de Tudares, dijo en un comunicado que su marido fue víctima de "persecución".

"¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia?", dijo.

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La reunión formaba parte de la gira internacional de González para recabar apoyo para la oposición venezolana.

Se cree ampliamente que ganó las elecciones presidenciales de Venezuela, y por amplio margen. Sin embargo, el lunes, en lugar de prepararse para su toma de posesión en el palacio rodeado de palmeras en Caracas, Edmundo González se encontraba en la Casa Blanca reunido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El encuentro, el primero entre los dos, indica el deseo de Biden de presentar una amplia coalición de apoyo a González, quien se reunió con el presidente de derecha de Argentina, Javier Milei, durante el fin de semana, y se reunirá con otros presidentes regionales en los próximos días.

La reunión es parte de un esfuerzo de Biden, quien está en los últimos días de su gobierno, por aislar aún más a Nicolás Maduro, el líder autocrático de Venezuela, quien afirma que ganó las elecciones celebradas en julio en el país.

"Tuvimos una larga, fructífera y cordial conversación con el presidente Biden y su equipo", dijo González en una conferencia de prensa fuera de la Casa Blanca, pero no dio detalles sobre los temas que trataron.

El gobierno de Biden no hizo comentarios en un primer momento.

Pedro Mario Burelli, operador político venezolano veterano y opositor al movimiento de Maduro, calificó la visita de parte de un esfuerzo para intimidar a Maduro con la idea que la marea política mundial se está volviendo cada vez más en su contra.

Sin embargo, es poco probable que la reunión cambie la narrativa dentro de Venezuela: González, de 75 años, se vio obligado a huir del país poco después de que millones de venezolanos votaron por él, y ahora vive exiliado en España. Durante el fin de semana, volvió a prometer que regresaría a su país para tomar posesión el viernes.

"Por cualquier medio que sea, voy a estar allá", dijo González a periodistas durante su visita a Argentina, donde él y el presidente Milei aparecieron juntos en el balcón del palacio presidencial, estrechándose las manos. Milei ofreció todo su apoyo a González.

Pero muchos venezolanos se muestran escépticos ante la posibilidad de que González regrese pronto a su país: el gobierno ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por su cabeza y es probable que lo detengan si regresa.

La principal defensora política de González, María Corina Machado, exlegisladora conservadora que lo apoyó después de que ella fue inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales de julio, lleva meses escondida en Venezuela. En un reciente mensaje de video, siguió alentando a las fuerzas armadas a desertar y apoyar a su bando. Esto tampoco ha ocurrido.

Se espera más bien que Maduro tome posesión para otro mandato de seis años el viernes, y la verdadera cuestión que se cierne sobre la nación es cómo abordará un segundo gobierno de Trump, quien tomará posesión el 20 de enero, a Maduro.

Las personas elegidas por Trump para ocupar cargos en política exterior --entre ellos el senador por Florida Marco Rubio, su candidato para secretario de Estado; el congresista por Florida Mike Waltz, y Mauricio Claver-Carone-- tienen un historial de adoptar una línea dura contra Maduro. Están a favor de imponer sanciones económicas severas para exprimir económicamente al líder venezolano en lugar de negociar con él.

Sin embargo, otros se preguntan si Trump, a quien le gusta hacer tratos, va a dialogar con Maduro. El presidente electo de Estados Unidos está ansioso por reducir la migración y expulsar de la región a China, uno de los principales aliados de Venezuela.

En un esfuerzo por ganar influencia sobre Trump, Maduro ha pasado los últimos meses deteniendo a extranjeros dentro de Venezuela, entre ellos varios ciudadanos estadounidenses que ahora están bajo custodia de su gobierno.

Un diálogo de este tipo podría implicar un acuerdo en el que Maduro acepte a los emigrantes retornados --y libere a los ciudadanos estadounidenses-- a cambio de que Estados Unidos flexibilice las sanciones que han lastrado su poder económico.

Algunos ejecutivos petroleros estadounidenses, deseosos de hacer negocios en Venezuela, han estado presionando para que se adopte ese enfoque.

Pero Machado, en una entrevista reciente con The New York Times, argumentó que Trump debería tomar la vía de las sanciones, revocando las licencias de la era Biden que han permitido a algunas empresas petroleras trabajar en Venezuela. González ha sido menos explícito sobre el enfoque que le gustaría que adopte el gobierno de Trump.

Luz Mely Reyes, destacada periodista venezolana, dijo que aunque la reunión de Biden con González marcó un momento importante, "Biden está saliendo ya y toca ver cómo va a actuar el gobierno de Donald Trump".

Hasta ahora, solo un funcionario republicano, el senador por Florida Rick Scott, ha anunciado planes para reunirse con González durante su visita a Estados Unidos.

Los representantes del equipo de transición de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios.

Laura Dib, analista sobre Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, grupo de defensa de derechos humanos, dijo que González necesitaba una mayor muestra de apoyo por parte de los republicanos.

"Espero que Rubio se reúna con él", dijo.

González también iba a comparecer ante la Organización de los Estados Americanos en Washington el lunes.

Machado ha pedido a los venezolanos que salgan a la calle el jueves para mostrar su apoyo a González.

Y, a pesar de la amenaza del gobierno de Maduro de detenerla, ha prometido aparecer en público ese día. "Llegó la hora de actuar", escribió en X el sábado. "Nos vemos en las calles".

Genevieve Glatsky colaboró con la reportería.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

Genevieve Glatsky colaboró con la reportería.

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Desde el interior de la sofocante prisión de Tocorón, los detenidos se asomaban el domingo para saludar a sus angustiados familiares, mientras lanzaban besos desde pequeñas ventanas y gritaban: "¡Falta poco!".

Casi tres meses después de que el gobierno autoritario de Venezuela detuviera a unas 2000 personas en una campaña represiva tras unas disputadas elecciones presidenciales, las autoridades han anunciado planes para liberar a más de 200 presos.

Hasta el domingo, al menos 131 personas habían sido liberadas, según Foro Penal, una organización no gubernamental de derechos humanos. Algunos analistas consideraron la excarcelación masiva, en parte, como un gesto del gobierno para obtener algo del nuevo gobierno de Donald Trump.

Pero el anuncio dejó a aproximadamente otras 1800 familias en un angustioso limbo, con la esperanza de que sus hijos, hijas, hermanos, maridos y esposas también estuvieran entre los liberados. Durante el fin de semana, cientos de personas se congregaron frente a Tocorón, una prisión situada a dos horas de Caracas, con la esperanza de ver salir a sus seres queridos.

Hace solo unas semanas, el presidente del país, Nicolás Maduro, se había jactado de haber llenado a Tocorón con sus opositores políticos, a quienes llamó "criminales fascistas".

El gobierno ha acusado a la mayoría de ellos de terrorismo, un cargo que se ha convertido en una manera habitual de atacar a los enemigos políticos. Muchos de los encarcelados han negado los cargos, y sus familias han declarado a The New York Times que sus familiares no habían cometido ningún delito.

Belkys Altuve, de 59 años, estaba entre quienes esperaban bajo un sol intenso. Dijo que dos de sus hijos y dos de sus nietos, todos veinteañeros, estaban encerrados desde el 28 de julio y fueron acusados de terrorismo tras salir de casa en busca de comida y bebida para una fiesta de cumpleaños.

Ese día era la jornada electoral y Altuve había votado por Maduro, cuyo movimiento ha dirigido el país durante una generación. Había creído en su llamado a una revolución socialista, dijo.

Ahora, "siento que me traicionaron quitándome a mis hijos", dijo.

A última hora del domingo, sus hijos y nietos seguían detenidos.

Durante años, las medidas enérgicas en Venezuela han ido acompañadas de pequeños indultos, como la liberación de presos, un ciclo que ha desgastado los corazones y las mentes de las personas.

Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela del Diálogo Interamericano, una organización de investigación de Washington, dijo que las excarcelaciones de presos casi siempre estaban relacionadas con un objetivo político.

En este caso, afirmó que Maduro podría estar intentando comunicar al presidente electo Donald Trump que está dispuesto a suavizar las violaciones de los derechos humanos a cambio de un trato favorable.

En su primer mandato, Trump impuso duras medidas, incluidas severas sanciones económicas, para intentar derrocar al líder venezolano.

El gobierno de Maduro tiene "claramente más miedo" a las medidas punitivas del gobierno de Trump que a las del presidente Joe Biden, dijo Taraciuk Broner. "Quieren demostrar que estarían dispuestos a negociar".

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo al Times que quienes seguían detenidos lo estaban porque se les acusaba de delitos graves "y se teme su evasión del proceso".

Añadió, en un mensaje de texto, que su oficina "no ha recibido denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las protestas, ni durante las detenciones".

La excarcelación se produce pocos días después de la muerte de Jesús Manuel Martínez, un colaborador de la oposición con diabetes tipo 2 y problemas cardíacos, quien falleció mientras estaba detenido por el gobierno. Dirigentes de la oposición han acusado al gobierno de negarle atención médica adecuada, aunque Saab dijo que estaba hospitalizado desde octubre.

Los cargos de terrorismo conllevan una pena de hasta 30 años, dijo Martha Tineo, abogada de derechos humanos de Venezuela. Los presos excarcelados no han sido absueltos de sus cargos, y aún tendrán que defender sus casos ante los tribunales.

Afuera de Tocorón, muchas personas dijeron que habían venido desde horas de distancia, y varias llevaban camisetas con los rostros de sus seres queridos encarcelados enmarcados por una bandera venezolana.

Yajaira Gutiérrez, de 44 años, dijo que ella también había votado por Maduro el 28 de julio. Su hijo, de 21 años, no había votado, dijo. Pero el 7 de agosto se lo llevaron de su casa poco después de medianoche. También ha sido acusado de terrorismo.

"No me parece que yo haya dado todo por él", dijo Gutiérrez sobre Maduro, "y me hayan castigado de esta manera".

La votación de julio enfrentó a Maduro con Edmundo González, diplomático que contaba con el respaldo de la popular líder de la oposición del país, María Corina Machado.

Maduro, quien tiene un largo historial de amañar las elecciones a su favor, declaró la victoria casi en cuanto se cerraron las urnas, pero no ha publicado las actas de escrutinio para respaldar esa afirmación.

En respuesta, el movimiento de González y Machado recogió las actas de más del 80 por ciento de los centros de votación, las publicó en internet y afirmó que las actas mostraban que González había ganado casi el 70 por ciento de los votos.

Estados Unidos y otros países han reconocido a González como legítimo vencedor de las elecciones, y observadores independientes han dicho que la declaración de Maduro no es creíble.

La represión gubernamental comenzó justo al terminar la votación, el 28 de julio, cuando Maduro animó a la gente a denunciar a sus vecinos que manifestaran deslealtad y la policía estableció controles en algunos barrios y revisó los teléfonos en busca de señales de apoyo a la oposición.

Aunque el gobierno de Maduro siempre ha perseguido a los organizadores de la oposición, sobre todo a dirigentes destacados, nunca había detenido durante tanto tiempo a tantas personas cuya relación con la política era tan limitada.

Luis Mata, de 25 años, originario de la isla venezolana de Margarita, fue uno de los liberados de Tocorón durante el fin de semana. Dijo que es activista de derechos humanos y que ya estuvo detenido una vez, durante nueve días en 2017, en medio de las protestas contra Maduro.

Esta vez, dijo, lo obligaron a desnudarse, lo llamaron terrorista y lo golpearon en el cuello tras entrar en la prisión. Durante su estancia, compartió celda con media decena de personas y le dieron de comer carne podrida y bebió agua contaminada.

Estuvo detenido con otras 47 personas de la isla de Margarita y fue uno de los ocho que quedaron en libertad, dijo. Por eso, al día siguiente de su liberación, regresó a la prisión para ver si liberaban a otros de Margarita.

Muchos de los que esperaban afuera de Tocorón tenían miedo de hablar, temerosos de que eso provocara represalias. Mata dijo que él no temía.

"Ya me encarcelaste", dijo dirigiéndose al gobierno. "Ya me torturaste. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere de mí? ¿Qué más vas a querer de nosotros? ¿Callarnos? No vas a poder callarnos porque nuestras voces de libertad siempre serán alzadas"

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

LettersGonzalez, Edmundo (1949- )ElectionsMaduro, NicolasVenezuelaSpainPolitics and Government

Edmundo González dijo que el gobierno venezolano le hizo firmar un documento reconociendo al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones antes de que pudiera irse a refugiar a España.

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El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, dijo el miércoles en un video desde el exilio que el gobierno autocrático del país lo había obligado a firmar una carta reconociendo al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones controversiales de julio.

González dijo que firmó el documento justo antes de partir a España este mes y que altos funcionarios venezolanos le dijeron que su firma era necesaria si quería salir del país.

Aunque la carta no tiene peso legal fuera de Venezuela, se considera parte de un esfuerzo del gobierno de Maduro por presentar a González como un líder débil dispuesto a abandonar su país y sus principios para salvarse. El gobierno ha utilizado relatos similares para agraviar a otros líderes de la oposición, entre ellos Leopoldo López, ahora en España, y Juan Guaidó, ahora en Estados Unidos, llamándolos cobardes por marcharse.

Analistas y activistas de la oposición indican que la táctica forma parte de una tendencia más generalizada en Venezuela, en la que el gobierno obliga a los integrantes de la oposición a hacer declaraciones que los incriminan o debilitan su movimiento. En los últimos meses, las autoridades han detenido a activistas menos conocidos que luego han aparecido realizando confesiones en videos que el gobierno circula, en las que a menudo dicen haber conspirado contra Maduro.

El miércoles por la mañana, un medio de comunicación venezolano informó que, durante su estancia en Venezuela, González había firmado un documento en el que reconocía una sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado que confirmaba la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio.

Horas después, en un video desde España, González dijo que el documento "está viciado de nulidad absoluta" y que lo había firmado bajo coacción. Describió "horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones" que lo llevaron a firmar el documento.

Describió que se escondió en la residencia diplomática de España en Caracas, la capital venezolana, a principios de este mes cuando dos figuras clave del gobierno de Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez, entraron y le exigieron que firmara el documento. "O firmaba o me atenía a las consecuencias", dijo González. Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional y Delcy Rodríguez, su hermana, es la vicepresidenta del país.

Al mismo tiempo, Rodríguez ofreció una rueda de prensa en la que presentó el documento firmado por González y dijo que publicaría el audio de su reunión en Caracas, cosa que no ha hecho.

Maduro y González se enfrentaron en las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Maduro, pero no publicó el recuento de votos, lo que provocó denuncias generalizadas de fraude. Los escrutinios publicados por la oposición indicaban que González había obtenido casi el 70 por ciento de los votos.

A principios de este mes, el fiscal general de Maduro emitió una orden de captura contra González, acusándolo de conspiración y otros delitos. González ha estado escondido, primero en la residencia diplomática neerlandesa en Caracas y después en la española.

En el video, González describió su decisión de salir del país, diciendo que había llegado a la conclusión de que sería "más útil" a Venezuela siendo libre, en el exilio, que escondido en Venezuela.

Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe en el que acusaba al gobierno de graves violaciones de los derechos humanos antes y después de las elecciones, incluidas detenciones ilegales y torturas en centros de detención. La Corte Penal Internacional también está investigando a Maduro por crímenes contra la humanidad.

Estados Unidos mantuvo el año pasado un diálogo con el gobierno de Maduro para que celebrara elecciones competitivas y reconociera el resultado.

La semana pasada, un alto funcionario del gobierno de EE. UU. dijo en una entrevista que los contactos entre Washington y Caracas habían sido mínimos desde el 28 de julio y que no había planes para reanudar las conversaciones.

Estados Unidos ha reconocido a González como vencedor. El jueves, el Parlamento Europeo también lo reconoció como vencedor. Pero la decisión tiene poco peso y no refleja necesariamente la postura de los distintos países de la Unión Europea.

El movimiento de inspiración socialista de Maduro lleva en el poder desde 1999. En enero comenzará otro mandato de seis años.

Geoff Ramsey, experto en Venezuela del Atlantic Council, dijo que estaba claro que la carta firmada por González tenía la intención de desacreditar a su movimiento y hacer que pareciera que otro esfuerzo para derrocar a Maduro había fracasado.

Pero Ramsey no sabía si funcionaría, dado que la aliada más importante de González, la exdiputada María Corina Machado, seguía en Venezuela.

Machado ganó las primarias de la oposición el año pasado y ha conseguido unir a gran parte del país en torno a la petición de un cambio de gobierno. Después de que el gobierno la descalificara como candidata, González se convirtió en su sustituto.

"Machado sigue en el país", dijo Ramsey, "y sigue siendo increíblemente popular".

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, ubicado en Bogotá. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

International RelationsEmbargoes and SanctionsUnited States International RelationsPolitics and GovernmentElectionsTreasury DepartmentBiden, Joseph R JrGonzalez, Edmundo (1949- )Maduro, NicolasVenezuela

Observadores y analistas consideran poco probable que las sanciones contra 16 funcionarios nombrados por el autoritario presidente de Venezuela sean efectivas.

Estados Unidos anunció el jueves que impondrá sanciones a 16 funcionarios del gobierno venezolano nombrados por el presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, en respuesta a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

En lo que va de este año se vivieron meses de represión antes de las elecciones, a las que siguieron medidas aún más enérgicas en respuesta a las críticas internacionales y nacionales a los resultados.

El día de las elecciones, Maduro se proclamó vencedor sin hacer público el desglose de los resultados. Aún no lo ha hecho. La oposición ha publicado miles de actas de los colegios electorales, que representan más del 80 por ciento de los votos, que muestran que su candidato Edmundo González ganó por un amplio margen.

Un alto funcionario de la administración de EE. UU., en una llamada con periodistas el jueves, dijo que estaba claro que González había obtenido más votos y que el gobierno de Maduro estaba negando ese hecho y tratando de aferrarse al poder a toda costa.

En acuerdo con las condiciones de la llamada, el funcionario que discutió las acciones del gobierno de Biden no pudo ser nombrado con el fin de discutir asuntos diplomáticos sensibles.

¿A quién se sanciona?

La lista incluye a funcionarios de la autoridad electoral y del Tribunal Supremo, el sistema judicial, el poder legislativo y las fuerzas de seguridad del país. Se suman así a una lista de cientos de funcionarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro en los últimos años, incluido Maduro.

Entre ellos se encuentran el juez y el fiscal que autorizaron una orden de arresto contra González, que el alto funcionario del gobierno dijo que estaba políticamente motivada e injustificada.

González huyó a España el pasado fin de semana porque funcionarios de la oposición dijeron que temía por su vida.

¿Cómo funcionan las sanciones?

En virtud de estas sanciones, se congelarán las cuentas bancarias y cualquier otro activo propiedad de los individuos en EE. UU., y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense o persona en EE. UU. cualquier transacción financiera con los individuos sancionados. También se les prohíbe viajar a EE. UU.

Mariano de Alba, asesor sénior del International Crisis Group, dijo que, en lo que respecta a las sanciones contra individuos en Venezuela, "su eficacia ha sido, en el mejor de los casos, limitada".

¿Qué otras sanciones ha impuesto EE. UU.?

Estados Unidos ha sancionado a algunos funcionarios venezolanos durante años, pero el gobierno de Trump fortaleció significativamente el régimen de sanciones después de acusar a Maduro de cometer fraude en una elección presidencial en 2018.

Esas sanciones han perjudicado a la industria petrolera del país, una fuente crucial de ingresos para el gobierno de Maduro, y el líder autocrático ha buscado durante mucho tiempo levantarlas.

En octubre pasado, después de que el gobierno venezolano se comprometiera a celebrar elecciones libres y justas, Estados Unidos levantó temporalmente algunas de las sanciones petroleras como señal de buena voluntad.

EE. UU. restableció parcialmente esas sanciones en abril, después de que el gobierno de Maduro tomara medidas para obstaculizar unas elecciones libres, pero dijo que permitiría que algunas compañías petroleras siguieran operando en Venezuela.

¿Qué han conseguido las sanciones?

Algunos economistas dicen que las sanciones son parcialmente responsables de la contracción económica de Venezuela desde 2012 y son un factor importante que impulsa el éxodo de cientos de miles de venezolanos que han llegado a la frontera de Estados Unidos en los últimos tres años.

Pero aunque han causado sufrimiento económico a muchos venezolanos, han fracasado en su objetivo declarado de obligar a Maduro a abandonar su cargo.

Algunas empresas, entre ellas Reliance Industries, una multinacional india, ya han aprovechado el alivio de las sanciones que el gobierno de Biden proporcionó a principios de este año y han comenzado a importar petróleo de Venezuela.

El alto funcionario del gobierno rechazó la idea de que sancionar a individuos sea ineficaz y dijo que la medida podría llevar a los 16 funcionarios del gobierno a reflexionar sobre su apoyo a Maduro.

También refutó la afirmación de que los esfuerzos de la diplomacia han fracasado, y dijo que los resultados que el gobierno de Maduro publicó la noche de las elecciones no fueron ampliamente aceptados a nivel mundial gracias a la labor de EE. UU. y sus socios regionales.

VenezuelaGonzalez, Edmundo (1949- )Maduro, NicolasPolitics and GovernmentDiplomatic Service, Embassies and ConsulatesElections

El líder, considerado ganador de las disputadas elecciones presidenciales de julio, se enfrentaba a una orden de detención emitida por un tribunal venezolano que se ocupa de "delitos asociados al terrorismo".

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El candidato de la oposición en las disputadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela abandonó el país el sábado, dijeron las autoridades, al profundizarse un enfrentamiento en la residencia diplomática argentina en Caracas donde seis líderes de la oposición venezolana se han refugiado desde marzo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha enfrentado a una generalizada condena nacional e internacional por proclamar que había ganado los comicios, así como por una violenta represión de los manifestantes que protestaban contra dicha proclamación. Estados Unidos ha declarado ganador al candidato de la oposición, Edmundo González.

El sábado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , dijo en las redes sociales que González se había marchado a España tras refugiarse voluntariamente en la embajada española en Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que González viajaba en un avión de la Fuerza Aérea Española a petición propia.

"El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos", escribió en X.

González era un diplomático jubilado sin ambiciones políticas cuando fue sacado de la oscuridad en marzo para ser suplente de la popular líder de la oposición María Corina Machado. Unas semanas antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había inhabilitado a Machado de participar en las elecciones, una táctica habitual para mantener a competidores fuertes fuera de las urnas. Quienes conocen a González dijeron que no aspiraba a ese cargo, pero que lo aceptó por sentido del deber.

El pasado lunes, un tribunal venezolano que se ocupa de "delitos asociados al terrorismo" dictó una orden de detención contra González. Se le acusa de conspiración, usurpación de poder y sabotaje, entre otros cargos.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad rodean desde el viernes por la noche la residencia diplomática de Argentina en Caracas. Los seis venezolanos se refugiaron allí en marzo, poco después de que el fiscal general del país anunciara órdenes de detención contra ellos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina indicó en un comunicado el sábado que las fuerzas de seguridad de inteligencia venezolanas estaban rodeando la residencia. Les advirtió que evitaran cualquier intento de "secuestro" a los solicitantes de asilo que se encontraban allí.

Brasil ha estado representando los intereses argentinos en Venezuela desde el mes pasado, cuando Maduro ordenó a los diplomáticos de Argentina y otros países que disputaban su afirmación de haber ganado las elecciones que abandonaran el país.

En un comunicado el sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que se había visto obligado a revocar la custodia de Brasil de la misión diplomática argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tenía pruebas de que sus instalaciones estaban siendo utilizadas para planificar "actividades terroristas" y para planear asesinatos contra Maduro y su gobierno.

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo a The New York Times que, en virtud de la ley internacional, Venezuela no tenía derecho a hacer tal cosa.

En un comunicado distinto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que se había sorprendido al enterarse de que el gobierno de Maduro "tiene la intención de revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela".

"Brasil permanecerá a cargo de la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro estado aceptable para el gobierno venezolano para ejercer las mencionadas funciones", señalaba el comunicado.

Algunos de los venezolanos refugiados en la residencia diplomática argentina publicaron imágenes en X el sábado por la mañana que parecían mostrar a hombres armados uniformados cerca, algunos con pasamontañas. También confirmaron reportes previos de que se había cortado la electricidad en la residencia.

En un mensaje publicado en X, Machado pidió ayuda a la comunidad internacional.

"El asilo diplomático, como principio e institución de profundo espíritu latinoamericano, ha servido para proteger a quienes son perseguidos políticos", escribió Machado, y añadió, refiriéndose a esa convención: "Hoy, pretende ser violada".

En entrevistas con el Times este verano, algunos de los líderes de la oposición relataron que vivían en un estado de ansiedad e incertidumbre desde que buscaron refugio allí en marzo.

Tras las elecciones de julio, la policía estuvo apostada fuera de la residencia durante tres días, a veces con esposas, dijeron los responsables de la campaña.

Una de las principales ayudantes de Machado, Magalli Meda, dijo que esas tres noches la habían hecho perder "años de vida".

Orlando Mayorquín es un reportero que cubre noticias de última hora, radicado en Nueva York, y es miembro de la clase 2023-24 de la Times Fellowship, un programa de becas para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Orlando Mayorquín

Human Rights and Human Rights ViolationsInternational RelationsDemonstrations, Protests and RiotsPolitics and GovernmentElectionsCivilian CasualtiesMaduro, NicolasVenezuelaHuman Rights Watch

Un informe de Human Rights Watch es el primer esfuerzo de una importante organización internacional por verificar algunas de las dos decenas de muertes registradas en las protestas desde las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.

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Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados afines al Gobierno cometieron actos de violencia generalizados contra manifestantes y mataron a algunos de ellos tras las disputadas elecciones presidenciales del país, según un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch.

Organizaciones y medios de comunicación venezolanos denunciaron 24 asesinatos durante las manifestaciones, pero el reporte es el primer esfuerzo de una organización internacional por verificar algunos de ellos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enfrentado una amplia condena nacional e internacional por su afirmación de que ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, y la consiguiente represión violenta de las manifestaciones de protesta contra esa afirmación.

El gobierno aún no ha publicado ningún recuento de votos que demuestre la victoria de Maduro. Los recuentos de los observadores electorales publicados por la oposición muestran que perdió de manera contundente.

El informe de Human Rights Watch, una organización de investigación y defensa sin fines de lucro con sede en Nueva York, detalla los casos de seis personas que murieron durante las protestas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de lo que parecían ser grupos de milicias armadas llamados colectivos.

Los investigadores de la organización dijeron en el reporte que también verificaron de manera independiente 11 de las 24 muertes denunciadas mediante la revisión de fotos, videos y certificados de defunción. La organización también entrevistó a 20 fuentes, entre familiares, testigos, periodistas y otros grupos de derechos humanos.

El grupo dijo que había recibido "reportes creíbles" de los 24 homicidios, pero que muchos familiares y testigos se negaron a ser entrevistados por temor a represalias del gobierno.

La organización verificó 39 videos y dos fotografías analizando los datos de subida del material para determinar la hora del día y cotejándolas con las sombras y las condiciones meteorológicas. También consultaron a expertos en armamento y patólogos forenses para evaluar las heridas y las armas denunciadas.

Las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidas la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, estaban implicadas en algunos de los asesinatos, según las "pruebas creíbles" recabadas por Human Rights Watch.

Parece que las fuerzas estatales y los colectivos se coordinaban para reprimir a los manifestantes, según el informe.

Las fuerzas de seguridad levantaron barricadas, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a manifestantes para contener o dispersar las protestas. Si la manifestación continuaba, en algunos casos llegaban miembros de los colectivos y utilizaban armas de fuego contra los manifestantes.

Un video verificado por Human Rights Watch fue subido a TikTok el 29 de julio y mostraba al menos a tres hombres vestidos de civil disparando pistolas al aire durante más de un minuto. Los hombres estaban ubicados detrás de una fila de agentes de seguridad del Estado uniformados, mientras los manifestantes huían.

Los agentes no trataron de detener o arrestar a los hombres armados.

Uno de los manifestantes fallecidos fue Aníbal Romero, de 24 años, un trabajador de la construcción que se unió a una protesta el 29 de julio en un barrio pobre de Caracas, la capital. Human Rights Watch analizó un video en el que los agentes de policía parecen disparar armas contra los manifestantes.

Romero recibió un impacto de bala en la frente alrededor de las 7:00 p. m., según dos videos, una fotografía y un mensaje de audio enviado por un testigo, que fueron verificados por la organización.

El testigo dijo que, en un primer momento, los agentes de policía no permitieron que los manifestantes se llevaran a Romero a un hospital. Un video grabado al anochecer lo mostraba tendido y herido en la parte trasera de una camioneta inmóvil. Los manifestantes pudieron finalmente llevarlo al hospital, donde murió, según el mensaje de audio.

Dos días después, Maduro calificó la muerte de Romero de "noticia falsa". Como prueba, mostró un video de un hombre confesando haber simulado su propia muerte.

Human Rights Watch calificó esta afirmación de "manifiestamente falsa" y dijo que el hombre que aparece en el video utilizó un nombre y una ubicación que no coincidían con los datos de Romero, y afirmó que una organización local que ayudó a la familia de Romero también confirmó que la persona del video no era la víctima.

Otra muerte verificada por Human Rights Watch fue la de Olinger Montaño, de 23 años, un barbero que murió de una herida causada por un arma de fuego, según su certificado de defunción. En tres videos filmados cerca del lugar donde protestaba, y que fueron verificados por Human Rights Watch, se ve a miembros de la Guardia Nacional lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra una multitud de manifestantes.

La madre de Montaño lloró sobre su ataúd en el funeral, al que asistió The New York Times.

El gobierno venezolano ha dicho que más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Un grupo local de derechos humanos ha declarado que el gobierno ha detenido a casi 1600 personas durante ese mismo periodo (funcionarios de Estados Unidos dijeron el miércoles que un miembro de la Marina estadounidense había sido detenido en Venezuela, pero no proporcionaron más detalles).

Funcionarios gubernamentales han afirmado que quienes fueron detenidos eran responsables de terrorismo u otros delitos violentos. Pero Human Rights Watch dijo que encontró un patrón de arrestos solo por criticar al gobierno o participar en manifestaciones pacíficas.

También identificó un patrón de personas que han sido detenidas y se les ha negado el contacto con sus familias o abogados durante semanas y la representación por un abogado de su elección, incluso cuando ellos o sus familias solicitaron explícitamente uno.

El informe también decía que a menudo se ha presentado a los detenidos en grupos en juicios virtuales, lo que dificulta la administración adecuada de justicia para cada persona.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.

International RelationsPolitics and GovernmentChristmasProject DemocracyElectionsGonzalez, Edmundo (1949- )Maduro, NicolasVenezuela

El líder autoritario del país ha decidido brindar alegría a un pueblo cuya democracia está en ruinas.

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Un apagón en todo el país. Una economía en ruinas. Unas elecciones presidenciales muy disputadas. Una población aterrorizada por su líder autocrático y sus fuerzas de seguridad cada vez más violentas.

¿Qué puede hacer un presidente?

Decretar la llegada anticipada de la Navidad, por supuesto.

Frente a las críticas nacionales e internacionales sobre su afirmación de que ganó las elecciones presidenciales de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está tratando de dirigir la atención del país hacia algo que casi todos los venezolanos aman: la Navidad.

La temporada de festividades comenzará el 1 de octubre de este año, anunció el lunes en su programa de televisión, Con Maduro más, y le dijo a un público amistoso que estaba adelantando el inicio de la temporada por medio de un decreto nacional.

"¡Ya huele a Navidad!", dijo a la multitud, que incluía a su esposa y varios altos funcionarios. El público respondió con vítores y aplausos. La temporada comenzaría, dijo, "con paz, felicidad y seguridad".

Esta no es la primera vez que Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013, ha adelantado tanto la temporada navideña.

Pero el anuncio, que llega en medio de mucha agitación nacional, solo enfatizó el creciente abismo entre la afirmación del gobierno de que Venezuela está prosperando y la realidad sobre el terreno.

La decisión fue objeto de numerosas burlas en internet. Un periodista de Univisión, Félix de Bedout, la calificó de "delirio de dictador".

Las condiciones económicas, políticas y de derechos humanos de Venezuela llevan años deteriorándose.

Pero la democracia del país experimentó lo que parecía ser su estocada final el 28 de julio, cuando millones de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales. Al final de ese día, Maduro se había proclamado vencedor, a pesar de que el consejo electoral del país se negó a publicar un desglose de los resultados.

Desde entonces, el principal candidato de la oposición, Edmundo González, ha presentado al público miles de actas de las máquinas de votación que demuestran que ganó de forma decisiva.

Instituciones no partidistas como el Centro Carter y las Naciones Unidas, que enviaron observadores electorales, han dicho que la votación carecía de las condiciones básicas para ser considerada democrática. Incluso analistas políticos que suelen ser cautelosos han calificado la maniobra de Maduro de robo descarado.

Pero el líder venezolano no se ha inmutado. En su lugar, sus fuerzas de seguridad han detenido a unas 2000 personas, acusando a algunas de terrorismo; dos decenas de venezolanos han muerto en protestas desde las elecciones.

El fiscal general del país ha emitido una orden de detención contra González, acusándolo de sabotaje. El viernes, un apagón nacional --la red eléctrica del país ha estado descuidada durante años-- supuso otro golpe. (El gobierno culpó a la oposición del fallo del sistema y la acusó de sabotaje, sin aportar ninguna prueba).

Mientras familias angustiadas hacían fila a las afueras de los centros de detención, en busca noticias de sus seres queridos, Maduro anunció el inicio de la Navidad.

Algunas personas, por supuesto, lo han defendido. "¿Quién puede negarse a extender la época más linda del año?", escribió Barry Cartaya, periodista de un canal de televisión progubernamental, en la plataforma de medios sociales X. Calificó a los críticos de "amargados" y llenos de odio.

En Venezuela, la Navidad es una fiesta muy querida cuya celebración es prácticamente un deber patriótico.

Las festividades suelen comenzar días o semanas antes de Nochebuena, con grandes grupos de familias y amigos que se reúnen para preparar hallacas --tamales rellenos de carne, aceitunas y pasas-- y cantar canciones populares llamadas gaitas.

En los últimos años, la época navideña se ha vuelto agridulce: tantos venezolanos han emigrado en medio de la crisis económica y política que las fiestas dentro de la nación son mucho más reducidas. Este año, seguramente participarán muchas personas conectadas por videollamada, y se rendirán homenajes a amigos y familiares desaparecidos en el sistema penitenciario o a manifestantes asesinados por sus creencias.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, ubicado en Bogotá. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

United States International RelationsAirlines and AirplanesCommerce DepartmentHomeland Security DepartmentJustice DepartmentEmbargoes and SanctionsDominican RepublicVenezuelaMaduro, NicolasGarland, Merrick B

El gobierno de Joe Biden dijo que la aeronave había sido exportada de manera ilegal para el líder de Venezuela. Funcionarios estadounidenses lo acusan de socavar los resultados de las elecciones presidenciales.

El gobierno de Estados Unidos incautó un avión vinculado a Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, y el lunes lo trasladó a Florida porque fue adquirido en violación de las sanciones estadounidenses, según un comunicado del Departamento de Justicia.

El gobierno de Joe Biden está tratando de ejercer más presión sobre Maduro debido a sus intentos de socavar los resultados de las recientes elecciones presidenciales en su país, afirmaron funcionarios de la Casa Blanca.

En su declaración, el Departamento de Justicia señaló que había incautado un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y sus socios, y que es operado por ellos, después de haber sido trasladado a República Dominicana para ser sometido a trabajos de mantenimiento. Después, el Departamento envió el avión a Florida. El avión fue comprado a través de una empresa fantasma en Estados Unidos por 13 millones de dólares y luego fue "sacado de contrabando" del país "para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus aliados", dijo Merrick B. Garland, fiscal general de Estados Unidos, en el comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional ayudó al Departamento de Justicia a dirigir la operación, según dijo un funcionario estadounidense. También participó el Departamento de Comercio.

"Que esta incautación mande un mensaje claro: las aeronaves adquiridas de manera ilegal en Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar en el atardecer", dijo en una declaración escrita Matthew S. Axelrod, secretario adjunto para la aplicación de las normas de exportación del Departamento de Comercio.

Un video difundido el lunes por CNN mostraba el avión, un reluciente jet blanco con franjas rojas, en una pista de Florida.

El gobierno de Biden ha acusado a Maduro de tratar de mantenerse en el poder de manera ilegal al rechazar las pruebas de que su oponente lo derrotó el 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela. El 1 de agosto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos reconocía al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador.

"Felicitamos a Edmundo González Urrutia por el éxito de su campaña", escribió Blinken en un comunicado. "Ahora es el momento para que los partidos venezolanos comiencen las discusiones sobre una transición respetuosa y pacífica según la ley electoral venezolana".

Durante mucho tiempo, Maduro ha acusado a Estados Unidos de ejercer injustamente el poder imperialista en todo el mundo, y en particular en el hemisferio occidental, y ha criticado la respuesta del gobierno de Biden al resultado electoral como otro ejemplo de eso.

Cuando se le preguntó sobre la incautación del avión, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca emitió un comunicado que abordaba la cuestionable declaración de victoria de Maduro en las elecciones.

"La semana pasada, uno de los propios rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela constató aún más que Maduro no ha dado ninguna prueba de que haya ganado esta elección", señalaba el comunicado de la Casa Blanca. "Estados Unidos, en coordinación con nuestros socios, está trabajando para asegurar que la voluntad del pueblo venezolano, expresada a través de las elecciones del 28 de julio, sea respetada".

El Departamento de Justicia aseguró que, a fines de 2022 y principios de 2023, los investigadores de Estados Unidos habían descubierto que personas vinculadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para comprarle el avión a una empresa en Florida. Luego, la aeronave fue exportada de manera ilegal a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023, según el departamento, y agregó que desde mayo de 2023, el avión, que tiene el número T7-ESPRT, había volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela.

Se ha utilizado, entre otras cosas, para transportar a Maduro hacia y desde otras naciones, dijo el departamento.

En su declaración, la agencia agradeció a la República Dominicana por ayudar con la operación.

Un funcionario de la República Dominicana dijo que ambos gobiernos habían cooperado para incautar el avión en mayo en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, también conocido como Aeropuerto Internacional La Isabela. Funcionarios venezolanos llevaron el avión a la República Dominicana para realizar tareas de mantenimiento, dijo el funcionario. Estados Unidos solicitó su incautación por vía judicial y las autoridades dominicanas cumplieron, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para poder discutir una operación delicada.

El Departamento de Justicia declaró que la venta y exportación del avión violaba una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2019 que restringía el comercio entre Estados Unidos y Venezuela, y que violaba los controles de exportación establecidos por el Departamento de Comercio.

Hogla Enecia Pérez colaboró con reportería desde Santo Domingo, República Dominicana.

Edward Wong cubre asuntos internacionales, política exterior de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Es autor del libro At the Edge of Empire: A Family's Reckoning with China. Más de Edward Wong

Hogla Enecia Pérez colaboró con reportería desde Santo Domingo, República Dominicana.

ElectionsMaduro, NicolasGonzalez, Edmundo (1949- )Machado, Maria CorinaVenezuelaLatin America

La autoridad, leal al presidente, no compartió los datos de la votación para respaldar su fallo aunque los venezolanos y observadores internacionales exigían pruebas de la victoria del gobierno.

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El máximo tribunal de Venezuela dictaminó el jueves que el líder autoritario del país, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de la abrumadora evidencia de que el oponente de Maduro obtuvo más votos.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia afirmó que la victoria de Maduro se basaba en un informe de un grupo de "expertos nacionales e internacionales" y estaba indi

Sin embargo, el tribunal --compuesto por aliados de Maduro-- no compartió ningún recuento para respaldar esta afirmación, a pesar de las exigencias de miles de venezolanos que han protestado en las calles, así como de muchos en la comunidad internacional, que piden que el gobierno presente pruebas de su victoria.

La decisión sorprendió a pocos venezolanos puesto que durante mucho tiempo, el tribunal ha sido utilizado para avalar las políticas de Maduro, quien probablemente utilizará este fallo para reforzar sus pretensiones a la presidencia. Está previsto que su nuevo mandato comience en enero y se prolongue hasta 2031.

También es probable que Maduro utilice la decisión para argumentar que no debe entablar negociaciones con Estados Unidos, Colombia y Brasil, países que han intentado convencer a su gobierno de que publique pruebas de su victoria, reconozca el verdadero resultado de la votación y acepte una transición de poder si el recuento muestra una derrota.

En la noche de las elecciones del mes pasado, el Consejo Nacional Electoral del país, afín a Maduro, dijo que este había obtenido más del 50 por ciento de los votos, pero no aportó ninguna prueba que lo respaldara.

Días después, el movimiento opositor dijo que había obtenido el 67 por ciento de los votos y publicó en su página web un desglose de los resultados por estado e incluso por máquina electoral, utilizando actas recogidas por observadores electorales certificados por el Estado.

Estados Unidos reconoció como vencedor al candidato presidencial de la oposición venezolana, intensificando la condena internacional a unos comicios plagados de irregularidades. Incluso algunos líderes políticos de izquierda de América Latina expresaron serias dudas sobre su supuesta victoria.

Pero en respuesta a las críticas de los gobiernos extranjeros, el líder venezolano simplemente ordenó a algunas de sus misiones diplomáticas que abandonaran el país.

Aun así, la votación planteó el desafío electoral más importante para Maduro desde que llegó al poder en 2013. A lo largo de la temporada de campaña, su gobierno hizo grandes esfuerzos para debilitar a la oposición, incluida la inhabilitación de su líder más popular, María Corina Machado, para evitar que se presentara a las elecciones.

Sin embargo, surgió un movimiento opositor con un enorme apoyo, con Edmundo González, un antiguo diplomático, como hombre en la papeleta de la oposición, respaldado por Machado.

Tras las elecciones, varias revisiones de los conteos realizadas por investigadores y medios de comunicación independientes apoyaron la afirmación de la oposición de que González había ganado. Tanto las Naciones Unidas como el Centro Carter, que enviaron delegaciones a Venezuela para supervisar la votación, dijeron que las elecciones no cumplieron las normas internacionales de transparencia.

En medio de la disputa, Maduro dijo que el Tribunal Supremo del país tomaría una decisión definitiva sobre el resultado de las elecciones.

También envió fuerzas de seguridad y milicias armadas, denominadas colectivos, para reprimir a los miles de venezolanos que protestaron por su victoria después de las elecciones; intensificó la vigilancia digital; anuló pasaportes de activistas y otras personas; e impulsó la aprobación de la llamada ley antifascismo, que facilita la detención de opositores.

Todo ello supone una escalada de la represión en un país que lleva años sufriendo un creciente autoritarismo.

El movimiento socialista de Maduro, el chavismo, lleva 25 años en el poder, durante el cual ha presidido un extraordinario colapso económico y una grave erosión de las normas democráticas.

Estados Unidos ha intentado durante años derrocar al líder autócrata, calificando su reelección en 2018 como una farsa, imponiendo duras sanciones a la industria petrolera del país y, junto con decenas de otros países, respaldando al jefe de la legislatura del país, Juan Guaidó, en 2019, cuando Guaidó se declaró líder interino de la nación.

Nada de eso logró destituir a Maduro.

Muchos expertos señalan que esta decisión judicial confirma lo que ya es evidente: que Maduro no tiene intención de abandonar el poder.

"Maduro y su régimen quieren dejar atrás esta discusión y eso es lo que están indicando", dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver. "No hay instituciones que puedan frenarlos porque controlan todas las instituciones".

Es posible, añadió, que un gobierno autoritario se derrumbe, y mencionó ejemplos en Medio Oriente y Europa del Este. Pero esas son las excepciones, dijo.

"Muchas veces estos regímenes hacen este tipo de cosas y permanecen en el poder", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo en declaraciones televisadas que la decisión del tribunal "cierra un capítulo del proceso electoral venezolano".

"Ha triunfado el Estado de derecho", añadió.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, ubicado en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

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El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que existían "abrumadoras pruebas" de que el candidato de la oposición había ganado los comicios, a pesar de que Nicolás Maduro se adjudicó la victoria.

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Estados Unidos reconoció el jueves por la noche al candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, como ganador de las polémicas elecciones presidenciales del país.

El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Antony Blinken, se produce a pesar de que el presidente autoritario del país, Nicolás Maduro, y el organismo electoral controlado por el gobierno afirman que Maduro ganó la votación.

Maduro aún no ha presentado pruebas claras de su victoria, y las autoridades electorales no han difundido un recuento de votos. La campaña de González afirma que tiene actas de más del 80 por ciento de las máquinas de votación que indican que ganó las elecciones por un margen insalvable.

En un comunicado, Blinken indicó que "dadas las abrumadoras pruebas, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales" de Venezuela del domingo.

"Felicitamos a Edmundo González Urrutia por el éxito de su campaña", continuó Blinken. "Ahora es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana".

Con certeza, el anuncio causará molestia a Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013, afianzando su control mediante la detención de disidentes, la represión a las protestas y la manipulación de las elecciones a su favor.

La candidatura de González, quien cuenta con el apoyo de una popular líder de la oposición, María Corina Machado, representaba la amenaza electoral más importante para el poder de Maduro desde que asumió el cargo.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, ubicado en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

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Después de que tanto el presidente Nicolás Maduro como la oposición se adjudicaran la victoria en las elecciones presidenciales, ambos bandos convocaron a marchas masivas.

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Los líderes de ambos bandos políticos de Venezuela están llamando a sus seguidores a tomar las calles el martes, en una señal de que la crisis desatada por la disputada elección presidencial de este fin de semana se está intensificando.

La líder opositora María Corina Machado publicó datos que, afirmó, mostraban una victoria aplastante del candidato de la oposición Edmundo González, y convocó a sus seguidores a concentrarse frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la campaña del presidente Nicolás Maduro, también convocó a que se realizaran marchas masivas el martes desde los bastiones tradicionales del gobierno hasta Miraflores, el palacio presidencial, luego de que el gobierno declaró ganador a Maduro.

"Seremos por miles desde todos los cuatro puntos cardinales que salieron el día el cierre de campaña para plegar todas las avenidas de esta capital", dijo el lunes por la noche. "Nos vamos para Miraflores a defender nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad y, sobre todo, nuestro derecho a elegir y a defender el resultado de esa elección".

El martes, un político de la oposición fue detenido en Sebucán, al oriente de Caracas, según dieron a conocer sus partidarios. Videos compartidos en redes sociales mostraban que hombres armados y enmascarados se llevaban a Freddy Superlando, excandidato presidencial.

Las marchas programadas suceden tras un día de protestas tensas y espontáneas que tuvieron lugar en la capital el lunes. Grandes grupos de jóvenes salieron de los barrios donde el gobierno había gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo para exigir la salida de Maduro después de 11 años en el poder. Mientras marchaban por las calles, arrancaron sus carteles de campaña y les prendieron fuego.

Varias estatuas del mentor de Maduro, el expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, fueron derribadas. Maduro rápidamente ordenó que se hicieran nuevas.

Las autoridades electorales anunciaron que Maduro había ganado las elecciones presidenciales del domingo por un margen de siete puntos porcentuales. Sin embargo, el gobierno aún no ha publicado los resultados de los recuentos de votos distrito por distrito, y actualmente enfrenta una creciente presión internacional para que lo haga.

Venezuela suspendió los vuelos a Panamá y la República Dominicana luego de que estos países cuestionaron los resultados oficiales de las elecciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela anunció la expulsión de las misiones diplomáticas de siete países latinoamericanos que habían expresado desaprobación de los resultados electorales oficiales.

Maduro dijo que estaba tranquilo por las consecuencias de las elecciones y las denuncias de fraude, y que el domingo por la noche había dormido "como un bebé".

"El régimen durmió muy preocupado y nosotros estábamos muy ocupados", dijo Machado, explicando que la oposición estaba atareada escaneando cientos de páginas de resultados electorales y trabajando en un sitio web para mostrar quién había ganado realmente las elecciones.

Utilizando los recuentos en papel que los observadores de los partidos políticos reciben tras el conteo de cada centro de votación, Machado dio a conocer sus propios resultados. La oposición tiene alrededor del 73 por ciento de los recuentos de la votación del domingo, dijo, lo que demuestra que González recibió más de 3,5 millones de votos más que Maduro.

Si bien algunas personas informaron de que habían utilizado el sitio web que la oposición había creado para comprobar los resultados de las elecciones, el sitio se caía constantemente debido a la cantidad de votantes que intentaban comprobar los resultados de su distrito electoral.

Por parte del gobierno, Ivanova Rodríguez, vocera del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, respondía a la pregunta de cuándo se harían públicos los resultados diciendo: "En proceso".

Las manifestaciones masivas podrían llevar a enfrentamientos como los que Venezuela ha visto varias veces antes bajo Maduro, cuando las protestas antigubernamentales fueron reprimidas por la fuerza por las fuerzas de seguridad.

Frances Robles es periodista de investigación que cubre Estados Unidos y América Latina. Ha sido periodista durante más de 30 años. Más de Frances Robles

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Las graves irregularidades y los esfuerzos de supresión del voto podrían sumir de nuevo al país en la inestabilidad y el declive económico.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado ganador en una votación empañada por irregularidades el domingo. Los funcionarios de algunos centros de votación se negaron a publicar el registro físico de los resultados del recuento electrónico de votos, y hubo denuncias generalizadas de fraude e intimidación de los votantes. Estas son las primeras conclusiones de las elecciones en Venezuela.

Muchos temen un regreso a la inestabilidad

El anuncio del gobierno de que Maduro había vencido a su oponente, Edmundo González, por siete puntos porcentuales creó de inmediato un escenario sombrío para un país que solo recientemente ha empezado a salir de uno de los mayores colapsos económicos de la historia moderna.

Los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno de Maduro, variaban enormemente --hasta en 30 puntos porcentuales-- de la mayoría de las encuestas públicas y de la muestra de resultados que la oposición obtuvo directamente de los centros de votación. Además, se denunciaron numerosas irregularidades y problemas en los centros de votación.

María Corina Machado, líder de la oposición, quien encabezó la campaña de González, calificó el lunes por la mañana los resultados de "imposibles".

Algunos partidarios de la oposición podrían tomar las calles para protestar por el resultado. Eso podría sumir a Venezuela en un nuevo periodo de agitación política, como los de 2014, 2017 y 2019, cuando las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro utilizaron la fuerza letal para acabar con las manifestaciones.

Funcionarios de varios países de América, entre ellos Estados Unidos, expresaron dudas sobre los resultados anunciados, lo que aumenta la probabilidad de que un nuevo mandato para Maduro tampoco sea ampliamente reconocido en el extranjero.

El esfuerzo de monitoreo de la oposición fue bloqueado

Después de una campaña marcada por la intensificación de los esfuerzos de los aliados de Maduro para detener a sus oponentes --entre ellos arrestos de trabajadores de la campaña de la oposición, intimidación y supresión de votos-- la oposición apostó fuertemente por tener partidarios en los lugares a fin de obtener una impresión física del recuento de votos de cada máquina de votación después del cierre de las urnas.

Ese acceso está permitido por la ley electoral venezolana. Pero a primera hora de la mañana del lunes, la campaña de González dijo que solo había obtenido el 40 por ciento de los recuentos. En algunos lugares, a los observadores se les prohibió entrar en los centros de votación o nunca aparecieron. A menudo, los funcionarios electorales simplemente se negaron a entregar los recuentos.

Esto complicará los esfuerzos de la oposición por demostrar de forma innegable que el voto ha sido manipulado.

Los resultados podrían ser desastrosos para la economía de Venezuela

Los empresarios venezolanos e inversores extranjeros, tras años de enfrentamientos con Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, habían hecho las paces con el gobierno en los últimos años. Las sanciones impuestas por Estados Unidos obligaron a Maduro a abandonar algunas políticas extremas, como el control de precios y de divisas. El sector privado adquirió un papel cada vez más destacado, cesaron los ataques públicos contra los empresarios y la hiperinflación y la delincuencia desenfrenada remitieron en cierta medida.

El mayor apoyo del sector privado hizo esperar que un resultado creíble mantendría las mejoras y conduciría a algún tipo de acuerdo político. Esto parece poco probable ahora, y los resultados cuestionables de las elecciones podrían poner a prueba el acercamiento entre Maduro y los líderes empresariales, y posiblemente desencadenar una nueva ola de sanciones internacionales.

Y lo que es más importante, es poco probable que el resultado permita al gobierno de Joe Biden retirar sus amplias sanciones económicas contra Venezuela. Eso frenaría la recuperación económica y probablemente provocaría otra oleada migratoria de una nación que ha visto el éxodo de uno de cada cinco ciudadanos en la última década.

Unas elecciones venezolanas sin contratiempos y que llevaran a una mayor apertura económica también convenían a los vecinos latinoamericanos del país, incluidos los viejos aliados de Maduro, los gobiernos políticos de izquierda de Brasil y Colombia.

La región ha recibido la mayor parte de la migración venezolana, lo que ha llevado a una reacción política antinmigración en muchos de ellos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tomó una posición sorprendentemente fuerte contra Maduro a principios de esta semana. "Cuando pierdes, te vas", dijo a los periodistas. Envió a su principal asesor de política exterior, Celso Amorim, a Caracas para las elecciones, y la posición del Amorim sobre la votación podría convertirse en un indicador para la región.

Frances Robles y Isayen Herrera colaboraron con reportería desde Caracas, Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia, y Edward Wong desde Tokio.

Anatoly Kurmanaev es corresponsal internacional y cubre la transformación de Rusia tras la invasión a Ucrania. Más de Anatoly Kurmanaev

Frances Robles y Isayen Herrera colaboraron con reportería desde Caracas, Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia, y Edward Wong desde Tokio.

Trabajadores de un centro de votación en Petare, Venezuela, se desplazaron al exterior al enfrentarse a problemas en la transmisión de los votos durante la votación del domingo. (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times)

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La oposición disputa el resultado, que le otorgaría a Maduro seis años más como presidente; Estados Unidos expresó "serias preocupaciones".

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El líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado ganador de unas tumultuosas elecciones presidenciales por la autoridad electoral del país en la madrugada del lunes, a pesar del enorme impulso de un movimiento opositor que se había convencido de que este era el año en que desbancaría al partido de inspiración socialista de Maduro.

La votación estuvo plagada de irregularidades, y los ciudadanos protestaban airadamente contra las acciones del gobierno en los centros de votación incluso mientras se anunciaban los resultados.

Con el 80 por ciento de los centros de votación escrutados, la autoridad electoral declaró que Maduro había recibido el 51,2 por ciento de los votos, mientras que su competidor más cercano, Edmundo González, había recibido el 44,2 por ciento.

El gobierno de Maduro ya ha inventado resultados electorales en otras ocasiones, y este recuento fue inmediatamente cuestionado por la oposición y por varios funcionarios de la región.

"Ganamos y todo el mundo lo sabe", declaró a primera hora del lunes en Caracas la líder opositora más popular del país, María Corina Machado. Calificó de "imposible" el resultado declarado, dada la información que su equipo había recogido sobre la participación.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en declaraciones a la prensa en Tokio, dijo que el gobierno de su país tenía "serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano".

En un discurso televisado, Maduro calificó su victoria de "triunfo de la paz y estabilidad" y "de la idea de la igualdad". Negó las acusaciones de fraude electoral.

Incluso antes de que se diera a conocer el resultado había preocupaciones de que una declaración de triunfo por parte de Maduro sumiera al país, rico en petróleo y en crisis, en un periodo de profunda incertidumbre, y de que se produzcan manifestaciones callejeras.

En el pasado, las fuerzas de seguridad afines a Maduro han reprimido las protestas violentamente.

Durante los 25 años que ha tenido el partido de Maduro en el poder, ha presidido un extraordinario desplome económico, como en ningún otro territorio sin guerra, y se ha convertido en la fuente de una de las mayores crisis migratorias del mundo.

Millones de venezolanos habían apoyado al candidato de la oposición, Edmundo González, un antiguo diplomático poco conocido que se convirtió en contendiente luego de que Machado fue inhabilitada por el gobierno de Maduro para participar en la votación.

Machado, ex diputada conservadora, había impulsado a grandes franjas del país con la promesa de restaurar la democracia y traer a casa a millones de venezolanos que habían huido de su país.

Pero al final, las ya probadas tácticas de coacción, supresión del voto y confusión del gobierno de Maduro, combinadas con la limitada capacidad de la oposición para monitorear la votación, parecen haber inclinado la balanza a su favor.

En Venezuela hay dos tipos de recuento de votos: un conteo digital que recibe el organismo electoral del país --que dirige un aliado de Madur, y un recuento en papel que imprime cada máquina de votación en los centros de votación.

El recuento en papel suele ser la forma en que los ciudadanos pueden verificar que el conteo digital es correcto.

Pero este año, en algunos centros de votación clave, los funcionarios electorales se negaron a entregar los recuentos en papel a los observadores electorales. Así ocurrió en uno de los centros de votación más grandes de la capital, Caracas, la escuela Rafael Napoleón Baute de Petare, donde votan unas 15.000 personas.

En Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, los dirigentes locales dijeron que no habían podido obtener los recuentos en papel de todos los centros de votación de su región. Un grupo de personas protestó afuera del Colegio Gonzaga, pidiendo al organismo electoral que entregara los recibos de voto.

Con los escasos recuentos en papel, el país no tiene manera de verificar el resultado anunciado por el partido gobernante.

Durante meses, los venezolanos se habían estado preparando para votar, y un espíritu de deber cívico y un fuerte deseo de cambio impregnaron la nación durante las elecciones del domingo. Muchas encuestas mostraban a González con una ventaja significativa sobre Maduro.

En algunos lugares, los votantes empezaron a hacer fila desde las 10 p. m. del sábado, ocho horas antes de la apertura prevista de los centros, y durmieron en las calles previo a la votación. Una fotografía, tomada en el estado occidental de Táchira, mostraba a los ciudadanos agolpados en un estrecho callejón antes del amanecer, ansiosos por depositar su voto, y rápidamente se convirtió en una imagen emblemática del momento.

"Llueva, relampaguee, caiga un terremoto, arena, lo que venga del cielo, así se abra la tierra, vamos estar aquí pegados", dijo Henry Mayora, de 74 años, quien llegó a su centro de votación en Caracas, la capital, a las 2:30 a. m. y se convirtió en el primero en la fila.

Mayora, que camina con un bastón y dijo apoyar a la oposición, fue el primero en la fila para votar.

La elección está siendo observada de cerca en Washington, que ha pasado años tratando de empujar a Maduro para que abandone el cargo, imponiendo sanciones brutales en 2019 que han estrangulado la ya de por sí estancada economía del país.

En los últimos años, un cambio de gobierno se ha vuelto aún más importante para Estados Unidos, ya que un gran número de venezolanos han comenzado a emigrar hacia el norte, y el petróleo del país se vuelve cada vez más valioso en un panorama geopolítico cambiante.

Las buenas relaciones de Maduro con adversarios de EE.UU., como Rusia, Irán y China, solo han preocupado más a Washington.

En las semanas previas a las elecciones, el gobierno de Maduro hizo enormes esfuerzos para inclinar los resultados a su favor, incluyendo la detención de miembros de la campaña de Machado y González y evitando que la mayoría de las personas que viven en el extranjero pudieran emitir su voto.

El domingo por la mañana, cuando se abrieron las urnas, hubo indicios de problemas en varias partes del país.

En el Liceo Andrés Bello, un centro de votación de Caracas, la capital, un colaborador de The New York Times observó cómo unos 15 hombres con chaquetas negras sin distintivos ni identificación bloqueaban el acceso al centro. En una riña, una mujer fue golpeada.

En la ciudad de Maturín, en el este, una mujer fue alcanzada por una bala cuando unos hombres en motocicleta pasaron junto a una fila de personas que esperaban para votar, según una exlegisladora, María Gabriela Hernández, que se encontraba en el lugar de los hechos.

Por todo el país, muchos centros de votación abrieron tarde. En ocasiones, las máquinas dejaron de funcionar. A algunos testigos oficiales se les impidió el acceso. Otros centros permanecieron abiertos hasta tarde mientras miembros del partido de Maduro reunían a los votantes que aún no habían depositado su voto.

En un centro de votación de la ciudad de Carúpano, en el departamento de Sucre, al norte, ciudadanos y periodistas locales dijeron que las fuerzas de seguridad del gobierno habían intentado expulsar a un observador electoral aliado con la oposición y sustituirlo por un observador sin credenciales del organismo electoral del país.

En la ciudad cercana de Cumaná, cinco personas dijeron que se había instalado un nuevo lugar de votación no oficial en un centro comunitario. Un periodista que estaba reportando para The New York Times e intentó acceder al sitio fue bloqueado por partidarios del gobierno.

En otro centro de votación de Cumaná, unos 50 policías y guardias nacionales armados habían formado una larga fila en el exterior a media mañana, con cascos y chalecos antibalas, proyectando claramente la fuerza del Estado a cualquiera que se planteara votar contra los que están en el poder.

En la ciudad de Maracaibo, en el oeste del país, los votantes denunciaron que sus centros de votación habían sido trasladados sin su conocimiento. Sonia Gómez, de 65 años, dijo que había consultado el sitio web del consejo electoral el sábado para verificar su centro de votación. Pero cuando llegó el domingo, los trabajadores electorales le dijeron que estaba inscrita en otro lugar.

Gómez dijo que a las personas mayores las habían cambiado de lugar "porque saben que no tenemos tanta energía". Y añadió que buscaría a alguien que la llevase a votar.

En otros lugares, la votación fue más tranquila. En uno de los centros de votación más grandes de Caracas, en el barrio de Petare, Rony Velázquez, un entrenador personal, dijo que había decidido votar por el gobierno.

Dijo que simpatizaba con la oposición, pero que buscaba mejoras dentro del sistema político actual, por temor a que la oposición tardara años en lograr un cambio.

Si la decisión electoral se mantiene y Maduro permanece en el poder, llevará al chavismo, el movimiento de inspiración socialista del país, a su tercera década en Venezuela. Fundado por el expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro, el movimiento prometió inicialmente sacar a millones de personas de la pobreza.

Durante un tiempo, lo hizo. Pero en los últimos años, el modelo socialista ha dado paso a un capitalismo brutal, dicen los economistas, con una pequeña minoría conectada al Estado que controla gran parte de la riqueza del país.

En 1999, Chávez llegó al poder después de unas elecciones democráticas, prometiendo sacar a millones de la pobreza y comprometiéndose a reestructurar un sistema dirigido por una élite corrupta. Hoy, su movimiento gobierna un Estado ampliamente considerado corrupto, los líderes de su partido son la élite, y Machado y González habían prometido removerlos.

En entrevistas recientes a lo largo del país, algunos partidarios de Machado prometieron tomar las calles si Maduro se declaraba ganador.

Luis Bravo, que vendía agua en un reciente acto de campaña de Machado, dijo que si Maduro se proclamaba una victoria y comenzaban las protestas, él se uniría a ellas.

"Yo estoy rogando que no, que no lleguemos a eso. Porque obviamente se va morir mucha gente. Pero si toca, toca".

Isayen Herrera y Alejandro Cegarra colaboraron con la reportería desde Caracas, Venezuela, Nayrobis Rodríguez desde Sucre, Venezuela, Sheyla Urdaneta desde Maracaibo, Venezuela, Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia y Edward Wong from Tokyo.

Isayen Herrera y Alejandro Cegarra colaboraron con la reportería desde Caracas, Venezuela, Nayrobis Rodríguez desde Sucre, Venezuela, Sheyla Urdaneta desde Maracaibo, Venezuela, Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia y Edward Wong from Tokyo.

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Llegaron a los centros de votación mucho antes del amanecer, durmieron en la calle para poder ser los primeros en fila, y lloraron mientras emitían sus votos.

El domingo, millones de venezolanos se dirigieron a las urnas en unas elecciones que determinarán el destino del movimiento socialista que ha gobernado a Venezuela, un país rico en petróleo y colmado de crisis, por 25 años.

A las 8 p. m., la mayoría de los centros de votación habían cerrado, y el país esperaba con recelo que el organismo electoral nacional, dirigido por un discípulo del partido gobernante, anunciara el resultado.Por primera vez en más de una década, el presidente autoritario del país, Nicolás Maduro, se ha enfrentado a un fuerte contrincante, Edmundo González, un antiguo diplomático poco conocido que ha contado con el apoyo de la popular líder, María Corina Machado.

La votación representa un momento existencial para el chavismo, el movimiento socialista que tomó el poder en Venezuela en 1999. Fundado por el presidente Hugo Chávez, el mentor de Maduro, el partido prometió sacar a millones de personas de la pobreza.

Durante un tiempo, lo hizo. Pero, en el transcurso de una generación, el chavismo ha destrozado la democracia del país, ha presidido un extraordinario desplome económico, como en ningún otro territorio sin guerra, y se ha convertido en la fuente de una de las mayores crisis migratorias del mundo.

Los problemas del país han atraído votantes hacia Machado, una conservadora ex diputada, que ha prometido restaurar la democracia y traer a millones de venezolanos de vuelta a casa. Cuando el gobierno le impidió que Machado presentarse a las elecciones, su coalición consiguió que González se uniera a la contienda en su lugar.

El domingo la afluencia a las urnas parecía alta."Llueva, relampaguee, caiga un terremoto, arena, lo que venga del cielo, así se abra la tierra, vamos estar aquí pegados", dijo Henry Mayora, de 74 años, quien llegó a su centro de votación en Caracas, la capital, a las 2:30 a. m., horas antes de la apertura fijada a las 6.

Mayora, que camina con un bastón y dijo apoyar a la oposición, fue el primero en la fila para votar.

Durante años, el gobierno de Maduro ha utilizado la coerción, la supresión y la confusión para ganar las elecciones. Y a lo largo de la jornada del domingo, hubo muchas quejas de problemas con la votación, incluyendo centros electorales que abrieron con horas de retraso y máquinas de votación que no funcionaban.

Phil Gunson, analista en Venezuela durante muchos años para International Crisis Group, dijo que las irregularidades estaban "dentro de lo 'normal'" para unas elecciones en Venezuela en los últimos años.

Maduro rara vez ha mencionado un resultado en el que su partido pierda. En un reciente discurso de campaña, amenazó con un "baño de sangre" si su partido perdía.

Pero el domingo, hablando con los periodistas, pareció adoptar un tono más conciliador.

"Reconozco y reconoceré al árbitro electoral", dijo, en referencia al organismo electoral del país, "y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral".

La autoridad electoral está presidida por un antiguo miembro del partido de Maduro, Elvis Amoroso.

En el Liceo Andrés Bello, un centro de votación de Caracas, la capital, un periodista de The New York Times observó cómo unos 15 hombres con chaquetas negras sin distintivos ni identificación bloqueaban el acceso al centro. Un observador voluntario de la votación fue golpeado.

Finalmente, la multitud estalló en un coro -- "¡Queremos votar!"-- y la fila de gente empezó a avanzar hacia el interior, más de hora y media después de las 6 a. m. , el horario oficial de inicio de las elecciones.

En la ciudad de Maturín, en el este, una mujer fue alcanzada por una bala cuando unos hombres en motocicleta pasaron junto a una fila de personas que esperaban para votar, según una exlegisladora, María Gabriela Hernández, que se encontraba en el lugar de los hechos.

En un centro de votación de la ciudad de Carúpano, en Sucre, ciudadanos y periodistas locales dijeron que las fuerzas de seguridad del gobierno habían intentado expulsar a un observador electoral aliado con la oposición y sustituirlo por un observador sin credenciales del organismo electoral del país.

En la ciudad cercana de Cumaná, cinco personas dijeron que se había instalado un nuevo lugar de votación no oficial en un centro comunitario. Un periodista de The New York Times que intentó acceder al sitio fue bloqueado por partidarios del gobierno.

En otro centro de votación de Cumaná, unos 50 policías y guardias nacionales armados habían formado una larga fila en el exterior a media mañana, con cascos y chalecos antibalas, proyectando claramente la fuerza del Estado a cualquiera que se planteara votar contra los que están en el poder.

En la ciudad de Maracaibo, en el oeste del país, los votantes denunciaron que sus centros de votación habían sido trasladados sin su conocimiento. Sonia Gómez, de 65 años, dijo que había consultado el sitio web del consejo electoral el sábado para verificar su centro de votación. Pero cuando llegó el domingo, los trabajadores electorales le dijeron que estaba inscrita en otro lugar.

En otros lugares, la votación fue más tranquila. En uno de los centros de votación más grandes de Caracas, en el barrio de Petare, Rony Velázquez, un entrenador personal, dijo que había decidido votar por el gobierno.

Dijo que simpatizaba con la oposición, pero que buscaba mejoras dentro del sistema político actual, por temor a que un gobierno diferente sumiera al país en un nuevo periodo de incertidumbre.

En una entrevista un día antes de la votación, Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del presidente, dijo que estaba seguro de que su padre ganaría la reelección. Afirmó que confiaban en la victoria, no por triunfalismo, sino por haber hecho la tarea de ensamblar la maquinaria, refiriéndose al aparato electoral de base que ambas partes consideran crucial para conseguir la victoria el domingo.

Si el principal candidato de la oposición, González, gana y se le permite asumir el cargo, es probable que enfrente inmensos desafíos, incluido el hecho de que casi todas las instituciones --incluyendo la Asamblea Nacional-- siguen en manos del partido de Maduro o son leales al presidente.

En 1999, Chávez llegó al poder después de unas elecciones democráticas, prometiendo sacar a millones de la pobreza y comprometiéndose a reestructurar un sistema dirigido por una élite corrupta. Hoy, su movimiento gobierna un Estado ampliamente considerado corrupto, los líderes de su partido son la élite, y Machado promete removerlos.

Maduro ha mantenido su poder castigando a los disidentes, aplastando las protestas y cooptando las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, el modelo socialista que alguna vez aclamó ha dado paso a un capitalismo brutal, dicen los economistas, con una pequeña minoría conectada al Estado que controla gran parte de la riqueza del país.

En parte, Maduro está celebrando elecciones debido a la presión internacional: Estados Unidos ha prometido levantar las sanciones económicas que castigan a la industria petrolera de Venezuela solo si el país celebra una votación presidencial competitiva.

Muchos analistas creen que Maduro nunca pensó que Machado y González ganarían tanto impulso.

Muchas personas en Venezuela creen que Maduro tiene pocos incentivos para permitir un resultado que demuestre que ha perdido. Estados Unidos lo ha acusado de narcotráfico y ha ofrecido 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. La Corte Penal Internacional lo está investigando por crímenes de lesa humanidad. Ambas cosas lo hacen vulnerable a procesos judiciales si deja el cargo.

Francisco Rodríguez, un economista venezolano y profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Denver, dijo que ve tres posibles escenarios.

Primero, el voto podría marcar el inicio de una transición democrática. Segundo, podría sellar la consolidación absoluta del poder de Maduro.

O, dijo, "podría ser, y es lo que yo más temo, el momento de una escalada y una profundización en el conflicto, en el conflicto destructivo que le continúa haciendo más daño a la sociedad y a la economía venezolana".

Cualquiera que sea el resultado anunciado, es muy probable que sea impugnado por la otra parte, lo que posiblemente desencadene protestas y una respuesta violenta de las fuerzas armadas.

El próximo presidente podría no asumir el cargo hasta enero, lo que dejaría un extenso período de incertidumbre.

En entrevistas recientes a lo largo del país, algunos partidarios de Machado prometieron tomar las calles si Maduro se declaraba ganador.

Luis Bravo, que asistió a un reciente acto de campaña de Machado, dijo que si Maduro se proclamaba una victoria y comenzaban las protestas, él se uniría a ellas.

"Yo estoy rogando que no, que no lleguemos a eso. Porque obviamente se va morir mucha gente. Pero si toca, toca".

Isayen Herrera y Alejandro Cegarra colaboraron con la reportería desde Caracas, Venezuela, Nayrobis Rodríguez desde Sucre, Venezuela y Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia.

Anatoly Kurmanaev es corresponsal internacional y cubre la transformación de Rusia tras la invasión a Ucrania. Más de Anatoly Kurmanaev

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Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, ubicado en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz

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Las elecciones del domingo podrían marcar el final de una generación de gobierno del partido socialista en Venezuela. También podría dar paso a un periodo de profunda incertidumbre.

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Millones de venezolanos se dirigen el domingo a las urnas para una votación presidencial que representa un momento crucial para el movimiento socialista que ha gobernado la nación petrolera por 25 años.

En el transcurso de una generación, el chavismo, como se denomina a este movimiento, ha destrozado la democracia del país, ha presidido un extraordinario desplome económico, como en ningún otro territorio sin guerra, y se ha convertido en la fuente de una de las mayores crisis migratorias del mundo.

Las elecciones, que se llevan a cabo en la fecha de nacimiento del fundador del chavismo, Hugo Chávez, enfrentan a su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, con una figura previamente poco conocida, Edmundo González, un antiguo diplomático.

Pero González es en esencia el candidato sustituto de María Corina Machado, una impetuosa exdiputada que ha surgido como la nueva líder de la oposición del país, reuniendo a las personas con la promesa de restaurar la democracia y traer a los venezolanos de vuelta a casa. Cuando el gobierno de Maduró impidió que Machado se presentara a las elecciones, su coalición consiguió que González se uniera a la contienda en su lugar.

(Algunos analistas y comentaristas políticos han empezado a llamar a Machado la "dama de hierro", ya que la exdiputada es simpatizante de Margaret Thatcher, ícono conservador).

El resultado de las elecciones es una incógnita, y todo el país está en expectativa. Maduro tiene un largo historial de inclinar los comicios a su favor --ha sido casi imposible para millones de venezolanos en el exterior registrarse para votar-- e incluso de inventar resultados.

Pero las encuestas y decenas de entrevistas por todo el país muestran un gran entusiasmo por González. Los actos de campaña de Machado tienen la apariencia de peregrinaciones masivas, con seguidores que llenan una avenida tras otra y lloran en sus brazos a su paso, rogándole por un cambio radical.

Si González gana y se le permite asumir el cargo, es probable que enfrente inmensos desafíos, incluido el hecho de que casi todas las instituciones --incluyendo la Asamblea Nacional-- siguen en manos del partido de Maduro o son leales al presidente.

Ambos bandos parecen creer que cuentan con las cifras necesarias para ganar.

La oposición se apoya en encuestas que dan a Gonzáles alrededor de 20 puntos de ventaja. Pero personas cercanas al gobierno dicen que sus encuestas privadas muestran una contienda mucho más reñida.

Si la oposición no consigue ganar de manera aplastante, las tácticas usuales del gobierno de supresión de votantes, coerción y confusión podrían ser suficiente para asegurarle una victoria a Maduro, dicen los analistas.

Los candidatos celebraron mítines de cierre de campaña

Maduro aún puede atraer multitudes, y en su cierre de campaña en la capital de Caracas, estalló en el micrófono, describiendo el voto como una elección entre la "extrema derecha" y un socialismo compasivo que ofrecía paz y seguridad.

"¡Fascistas!", gritó. "¡No volverán!".

Algunas personas dijeron que habían acudido por lealtad a Chávez, o por temor a que la agenda de la oposición, favorable al mercado, les cueste sus empleos.

La mayoría de los participantes llegó al centro de la ciudad en autobuses organizados por el gobierno y llevaban las insignias de los organismos estatales donde trabajaban. Los empleados del sector público del país han sido uno de los pilares del chavismo.

Pero la apatía también era evidente. Mientras Maduro hablaba, pidiendo lealtad y demonizando a la oposición, muchos participantes en el mitín descansaban en la sombra, recorrían las calles del centro o se dirigían a los cientos de buses que los esperaban para llevarlos a casa.

José Gregorio Urbina, funcionario retirado del gobierno local de Caracas, dijo que iba a votar por Maduro porque representaba a "los humildes, desposeídos, las comunidades indígenas, los obreros y todo el pueblo que ha resistido el imperio".

En el mitín de Machado y González, que se llevó a cabo en una parte más acomodada de la ciudad, miles soplaron silbatos y aceleraron motores de motocicletas en un estruendo que duró horas.

Entre la multitud, Mairene Reimi, dueña de un laboratorio de análisis de sangre, calificó la movilización de Machado como el renacimiento del país.

La mayoría de los venezolanos vive en una búsqueda constante para satisfacer sus necesidades básicas, dijo, esperando tener suficiente electricidad o gas para cocinar, o suficiente dinero para llegar a fin de mes.

El evento terminó en medio de la oscuridad, con los teléfonos en alto, y las personas cantando el himno nacional.

Parada sobre un camión convertido en escenario, Machado llamó a la votación "una lucha mucho más que electoral".

"Es una lucha espiritual", dijo, "y vamos de la mano de Dios".

Un movimiento socialista que solía entusiasmar a muchos en Venezuela

En 1999, Chávez llegó al poder después de unas elecciones democráticas, prometiendo sacar a millones de la pobreza y comprometiéndose a restructurar un sistema dirigido por una élite corrupta. Hoy, su movimiento gobierna un Estado ampliamente considerado corrupto, los líderes de su partido son la élite, y Machado promete removerlos.

Maduro ha mantenido su poder castigando a los disidentes, aplastando las protestas y cooptando las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, el modelo socialista que alguna vez aclamó ha dado paso a un capitalismo brutal, dicen los economistas, con una pequeña minoría conectada al Estado que controla gran parte de la riqueza del país.

En parte, Maduro está celebrando elecciones debido a la presión internacional: Estados Unidos ha prometido levantar las sanciones económicas que castigan a la industria petrolera de Venezuela solo si el país celebra una votación presidencial competitiva.

Estas sanciones, las más estrictas de ellas impuestas por Washington en 2019, han estrangulado una economía ya de por sí estancada.

Muchos analistas creen que Maduro nunca pensó que Machado y González ganarían tanto impulso.

Los resultados electorales podrían llegar la noche del domingo, pero probablemente sea más tarde

La autoridad electoral del país está controlada por un discípulo del partido gobernante, Elvis Amoroso, quien está a cargo de hacer público el recuento de votos.

Muchas personas en Venezuela creen que Maduro tiene pocos incentivos para permitir un resultado que demuestre que ha perdido. Estados Unidos lo ha acusado de narcotráfico y ha ofrecido 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. La Corte Penal Internacional lo está investigando por crímenes de lesa humanidad. Ambas cosas lo hacen vulnerable a procesos judiciales si deja el cargo.

Francisco Rodríguez, un economista venezolano y profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Denver, dijo que ve tres posibles escenarios.

Primero, el voto podría marcar el inicio de una transición democrática. Segundo, podría sellar la consolidación absoluta del poder de Maduro.

O, dijo, "podría ser, y es lo que yo más temo, el momento de una escalada y una profundización en el conflicto, en el conflicto destructivo que le continúa haciendo más daño a la sociedad y a la economía venezolana".

Cualquiera que sea el resultado anunciado, es muy probable que sea impugnado por la otra parte, lo que posiblemente desencadene protestas y una respuesta violenta de las fuerzas armadas.

El próximo presidente podría no asumir el cargo hasta enero, lo que dejaría un extenso período de incertidumbre.

En entrevistas recientes en Caracas y Maracaibo, una importante ciudad en el extremo occidente del país, algunos partidarios de Machado prometieron tomar las calles si Maduro se declaraba ganador.

Luis Bravo, que vendía agua en el evento de campaña de Machado el jueves, llevaba un casco que también había utilizado en 2017 durante una serie de multitudinarias protestas contra el gobierno, donde dijo que vio a un estudiante ser asesinado y que casi había perdido un ojo por el proyectil de una bomba lacrimógena.

Si Maduro declara la victoria y hay manifestaciones, "seguro que salgo", dijo Bravo. "Yo estoy rogando que no, que no lleguemos a eso. Porque obviamente se va morir mucha gente. Pero si toca, toca".

Muchos otros podrían elegir quedarse en casa, temiendo que se repitan los anteriores actos de represión. O simplemente podrían marcharse, migrando a la vecina Colombia o al norte, hacia Estados Unidos.

El gobierno ha intentado distintas maneras de detener el impulso de Machado

Las autoridades han encarcelado a los trabajadores de su campaña y han bloqueado las carreteras que dirigen a los eventos de la exdiputada.

El gobierno ha suprimido el voto al dificultar el registro de los venezolanos que viven en el exterior --cerca de 4 millones-- e intentó confundir a los votantes cambiando los nombres de los centros de votación. Algunos se han quejado de que sus centros de votación fueron cambiados sin su conocimiento.

Según Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo independiente, la votación de este año es ya una de las más viciadas desde que Chávez llegó al poder.

En Caracas, la semana pasada, se le preguntó a González qué posición tendría Machado en su gobierno. "La posición que ella desee, será la que ocupe en mi gobierno", respondió.

Por otro lado, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, dijo en una entrevista que si bien algunas personas han sido "intoxicadas" con el mensaje de la oposición, "no son la mayoría".

William Saab prometió que habrá "una elección pacífica, masiva, multitudinaria, sin actos de violencia que impliquen el sabotaje a la cita electoral".

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia, e Isayen Herrera desde Caracas, Venezuela.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia, e Isayen Herrera desde Caracas, Venezuela.

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"No hemos visto nada similar a esto", dijo Staffan Darnolf de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, un grupo a las afueras de Washington que asesora a más de 30 países en operaciones electorales.

El diseño de la boleta, añadió, parece darle a Maduro una clara ventaja.

"Es una ventaja estar en la parte superior de una boleta electoral, porque normalmente eso es lo que la gente está mirando", dijo.

El gobierno de Maduro ha puesto numerosas limitaciones a una votación libre y justa. Ha descalificado a candidatos, arrestado a activistas de la oposición y dificultado que millones de venezolanos que viven en el extranjero se registren para votar.

Para muchos críticos del gobierno, la disposición de la boleta electoral es otra medida del gobierno autoritario para sesgar el voto a su favor, incluso cuando las encuestas sugieren un apoyo abrumador a la oposición.

"A medida que la elección ha sido cada vez menos competitiva, los instrumentos de votación se vuelven más confusos", dijo Eugenio Martínez, director de Votoscopio, una organización de monitoreo electoral.

La autoridad electoral venezolana no respondió a la solicitud de comentarios.

No es inusual en algunos países que varios partidos designen al mismo candidato, dijeron varios expertos electorales.

Eso es lo que ocurre desde hace mucho tiempo en Venezuela, y el hecho de que un candidato aparezca más de una vez en la papeleta no es por sí mismo señal de unas elecciones viciadas, dijo Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo independiente.

Lo que es preocupante, añadió, es que muchos de los partidos en la papeleta han sido cooptados por el gobierno de Maduro ya sea para nominar a Maduro o a candidatos aprobados por el gobierno.

"En el caso de Venezuela, es tradición que las opciones de votación se vean de esa manera", dijo. "El problema está en el origen de los partidos políticos que están apoyando 13 veces, en este caso a Nicolás Maduro".

Hace unos seis años, el gobierno comenzó a atacar a algunos de los partidos políticos más antiguos y consolidados del país y a sustituir a sus líderes por leales al gobierno.

Al mismo tiempo, aprobó la creación de una serie de nuevos partidos para preservar una fachada de democracia mediante la designación de candidatos que los expertos políticos y muchos votantes venezolanos no consideran contrincantes legítimos.

Catorce de los 38 partidos en la papeleta fueron creados en los últimos seis años.

Según la legislación venezolana, el partido más votado en las elecciones anteriores es el primero en elegir su lugar en la papeleta electoral, y los partidos aliados que apoyen al mismo candidato se colocan juntos.

Pero los tres partidos que apoyan a González no aparecen juntos porque cuando se determinó la configuración de la papeleta esos partidos no apoyaban al mismo candidato. Así que sus tres imágenes no aparecen seguidas.

"Están tratando de mantener la fachada de unas elecciones, pero limitando gradualmente la capacidad de la gente para votar por lo que quieren", dijo Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela para el Diálogo Interamericano, una organización de investigación en Washington. "Y la papeleta es un claro ejemplo de ello".

El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro aparecerá una y otra vez en la boleta presidencial de Venezuela. (Venezuelan National Electoral Council via The New York Times)

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Las autoridades rescindieron la invitación a los observadores de la Unión Europea para la votación presidencial de julio, en otra señal de que es poco probable que Nicolás Maduro ceda el poder.

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Funcionarios venezolanos rescindieron una invitación a la Unión Europea para observar las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, otra clara señal de que es poco probable que el presidente Nicolás Maduro ceda el poder a pesar de permitir que un candidato de la oposición se presente contra él.

Tras meses de intensificación de la represión por parte del gobierno de Maduro --que prohibió a aspirantes legítimos presentarse a las urnas, encarceló a opositores políticos y reprimió a la sociedad civil--, la autoridad electoral del país sorprendió a muchos en abril cuando permitió al exdiplomático Edmundo González inscribirse como candidato de la oposición.

El gobierno venezolano se ha visto asfixiado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a la vital industria petrolera del país, y algunos expertos afirman que Maduro permitió que González se presentara solo porque podría ayudarle a convencer a Washington y a sus aliados para que suavizaran las sanciones.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, dijo en una emisión televisada que estaba rescindiendo la invitación hasta que la UE levantara "las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas impuestas a nuestro pueblo".

"Sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela", agregó.

La UE dijo en un comunicado que "lamenta profundamente la decisión unilateral" del consejo electoral y pidió al gobierno que reconsidere su decisión.

La economía de Venezuela implosionó hace casi una década, provocando uno de los mayores desplazamientos del mundo en la historia de América Latina: más de siete millones de venezolanos han abandonado el país, contribuyendo a una oleada migratoria hacia el norte que se ha convertido en un tema dominante en la campaña presidencial de EE. UU.

Tres encuestas realizadas en el interior del país mostraron que la mayoría de los encuestados pensaba votar por González. Pero hay dudas generalizadas de que Maduro permita que se hagan públicos esos resultados, o que los acepte si se hacen públicos.

Este año, el gobierno de Maduro ya ha detenido y encarcelado a 10 miembros de la oposición. Otros cinco tienen órdenes de arresto y están escondidos en la Embajada de Argentina en Caracas, la capital de Venezuela.

Una propuesta en la legislatura también permitiría al gobierno suspender la campaña de la oposición en cualquier momento. Muchos venezolanos que viven en el extranjero no han podido registrarse para votar debido a los costosos y engorrosos requisitos.

Maduro, de 61 años, es el heredero político del movimiento socialista de Hugo Chávez en Venezuela, y ha consolidado el poder desde que ganó el cargo por primera vez en 2013. Controla funcionalmente el poder legislativo, el ejército, la policía, el sistema judicial, el consejo electoral, el presupuesto del país y gran parte de los medios de comunicación, así como las violentas bandas paramilitares llamadas colectivos.

Él y su círculo íntimo también han sido acusados de abusos sistemáticos contra los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos homicidios, tortura y violencia sexual.

Maduro, NicolasVenezuelaElections

El programa de telerrealidad ha servido para que el presidente de Venezuela se presente como un personaje alegre, interesante y decidido a salvar al país de cara a las elecciones.

Luces de neón parpadeantes. Un público entusiasta. El animado presentador con el pelo relamido hacia atrás y un traje verde espuma de mar. Los jurados con gafas de sol oscuras. Los concursantes que comparten emotivas historias personales antes de entonar sus canciones al micrófono.

Tiene todos los elementos de un típico concurso musical. Pero el ganador de este certamen no obtendrá dinero en efectivo ni un contrato discográfico.

Más bien, los concursantes del programa, Factor M, componen e interpretan canciones en una competición para hacer el jingle oficial de la campaña del partido del presidente Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela.

Un tribunal internacional está investigando al gobierno represivo de Maduro --en el poder desde hace más de una década-- por crímenes contra la humanidad.

Pero en el país, Maduro ha intentado, en ocasiones, promover un lado más amable, utilizando los medios de comunicación controlados por el Estado para retratar a los integrantes de su gobierno como personalidades afables y divertidas que trabajan duro para salvar a la nación de lo que caracterizan como enemigos imperialistas, a saber, Estados Unidos.

En su propio programa de televisión semanal, Maduro aparece junto a cantantes y bailarines folklóricos vestidos con trajes vistosos que promueven sus políticas con canciones. Otra serie de la televisión estatal presenta a un superhéroe de dibujos animados llamado "Super Bigote", quien se parece mucho a Maduro y rescata al pueblo venezolano de los desastres.

Muchos consideran estos programas una distracción de años de penurias económicas que han llevado a más de siete millones de venezolanos, una cuarta parte de la población del país, a migrar desde 2015.

Pero el presentador de Factor M, Winston Vallenilla, un actor de televisión de larga trayectoria, partidario de Maduro y quien también es legislador nacional, dijo que esto no era cierto.

"Factor M nace de un movimiento de artistas", dijo en una entrevista. "Nace de la necesidad del pueblo de expresarse a través de la música. No nace por un llamado del presidente Nicolás Maduro Moros".

"Aquí no hay ningún tipo de interés económico", añadió. "El único interés es el interés de la patria".

La productora de Factor M, Camilla Fabri, dijo en un comunicado de prensa que el programa fue concebido después de que la campaña de Maduro recibiera varias propuestas de jingles "de manera espontánea".

El programa, que se emitió por primera vez el 28 de abril en la cadena de televisión pública TVES, contará con 35 concursantes a lo largo de ocho episodios. El último episodio se emitirá el 10 de junio, siete semanas antes de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

"En Venezuela hay tantos cantantes, tantas promesas", dijo Maduro cuando anunció el concurso hace tres semanas. "Hay que expresar este momento histórico, expresarlo con sus anhelos, sus esperanzas".

Los jueces, todos ellos conocidos partidarios de Maduro con vínculos comerciales con el gobierno, critican poco las actuaciones y elogian mucho al presidente, cuyo índice de aprobación ronda, a la sazón, el 35 por ciento.

Las denuncias a Estados Unidos, que ha impuesto severas sanciones económicas a Venezuela, son frecuentes, ya sea expresadas por el anfitrión, por los mensajes de campaña de Maduro que se emiten durante el programa o por un concursante, cuya canción incluye la frase: "Quieren dominarnos, esos del imperio gringo".

"Estados Unidos nos ha hecho mucho daño", dijo Vallenilla durante un episodio. "Tratando siempre de menoscabar la libertad y la independencia, la soberanía de los pueblos". A lo largo del programa, Vallenilla se refiere a Maduro como el "presidente de la paz" y "el defensor más grande que tiene la cultura en Venezuela".

Un concursante, con un sombrero vaquero y rodeado de bailarines de flamenco cantó: "Escúchame, Nicolás, lo voy a gritar bien duro: con 10 millones de votos tendrás tu triunfo seguro". Después, Vallenilla charló en el escenario con el concursante, conocido como Neo Blanco.

"Él no está aquí, pero te está viendo por televisión", dijo Vallenilla, refiriéndose al mandatario. "Así que, ¿qué le dirías al presidente Nicolás Maduro en este momento tan especial?".

"No te rindas, compadre. Tú tienes pueblo allá afuera", dijo Neo Blanco. "Y nosotros los llaneros, si tenemos que colgar el sombrero algún día e irnos a la batalla más fuerte, cuenta con nosotros, hermano".

Sheyla Urdaneta colaboró con reportería desde Maracaibo.

Sheyla Urdaneta colaboró con reportería desde Maracaibo.