Cada 11 de junio, en Argentina, se celebra el Día del Vecino Participativo, una efeméride dedicada a resaltar la importancia de la cooperación y la convivencia entre los ciudadanos. Este día invita a reflexionar sobre el valor de la solidaridad y el apoyo mutuo en la vida cotidiana de los barrios, promoviendo la construcción de comunidades más unidas y colaborativas. La jornada reconoce el papel fundamental de los vecinos en la creación de un ambiente de respeto, tolerancia y colaboración, donde la participación activa y el compromiso colectivo contribuyen al bienestar de todos.

Por qué se celebra hoy el Día del Vecino

La elección del 11 de junio como fecha para el Día del Vecino Participativo tiene raíces históricas y simbólicas que se remontan a la segunda fundación de Buenos Aires, realizada en 1580 por Juan de Garay. Esta referencia histórica sirvió de inspiración para Romeo Raffo Bontá, vecino del barrio porteño de Villa del Parque, quien a mediados del siglo XX impulsó la creación de una jornada especial para destacar el papel de los vecinos en la sociedad.

Raffo, reconocido por su labor comunitaria y su liderazgo en la Asociación Vecinal de Villa del Parque, propuso en 1946 instaurar un día que pusiera en valor la solidaridad y la cooperación entre los habitantes de los barrios. Eligió el 11 de junio para que coincidiera con la fecha en que se conmemora la segunda fundación de la ciudad, subrayando así la importancia de construir comunidad desde la base, tal como ocurrió en los orígenes de Buenos Aires.

Durante años, la celebración se mantuvo de manera no oficial, con actividades barriales y festivales organizados por vecinos y asociaciones. La jornada fue adoptada gradualmente por distintas organizaciones y, en la actualidad, se mantiene como un recordatorio del esfuerzo conjunto y del espíritu participativo que caracteriza a muchas comunidades de la ciudad. Según la el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Día del Vecino Participativo busca promover la tolerancia, el respeto y la colaboración, reconociendo a quienes con su trabajo diario fortalecen los lazos sociales en cada barrio.

Si bien comenzó de manera informal en la década del 40, no fue hasta 1959 que se oficializó por el ente ciudadano. De este modo, la Ciudad de Buenos Aires ratificó la fecha para conmemorar la jornada, en homenaje a la iniciativa de Romeo Raffo Bontá y al espíritu comunitario de los barrios. Tres décadas después, en1990, la ciudad le otorgó un nuevo impulso al incorporar la denominación “Participativo” al nombre de la efeméride, como es conocido hoy en día.

Frases para enviar por Whatsapp

1. ¡Feliz Día del Vecino! Gracias por tu amabilidad y apoyo cotidiano.
2. Hoy celebramos el valor de la buena convivencia. ¡Feliz día a quienes hacen del barrio una comunidad!
3. La solidaridad nos une y nos hace mejores vecinos. ¡Feliz día!
4. Gracias por ser parte de esta gran familia barrial. ¡Feliz Día del Vecino!
5. La comunidad se construye con pequeños gestos. ¡Feliz Día del Vecino!
6. Gracias por cuidar el barrio y estar siempre dispuesto a ayudar.
7. Juntos creamos un lugar mejor para todos. ¡Feliz Día del Vecino Participativo!
8. Hoy celebramos el respeto, la tolerancia y la cooperación entre vecinos.
9. Un barrio unido es un barrio fuerte. ¡Feliz Día del Vecino!
10. ¡Gracias por ser ese vecino que siempre suma y acompaña!

Poner la lavadora por la noche no es raro. Muchas personas lo hacen porque llegan tarde a casa, porque quieren dejar la ropa tendida antes de dormir o porque intentan aprovechar las horas en las que la luz puede salir más barata. Pero si el aparato hace demasiado ruido, especialmente durante el centrifugado, una simple tarea del hogar puede acabar en un problema real con los vecinos.

La clave es que no existe una prohibición general en España que impida usar la lavadora de noche. Lo que sí hay son ordenanzas municipales que fijan horarios de descanso, límites de decibelios y sanciones cuando el ruido supera lo permitido o altera la convivencia. Por eso, la respuesta cambia según el municipio en el que se viva.

El ruido se nota más en verano, con las ventanas abiertas y más vida dentro de las viviendas durante las horas de calor. Una lavadora mal nivelada, pegada a una pared compartida o funcionando de madrugada puede molestar más de lo que parece. En esos casos, no se sanciona el simple hecho de lavar la ropa, sino el exceso de ruido y su impacto en el descanso de otros vecinos.

Qué dice la ley sobre el ruido en casa

La Ley del Ruido establece el marco general para prevenir y reducir la contaminación acústica, pero no entra al detalle de cada situación doméstica. La propia norma deja margen a los ayuntamientos para regular los ruidos vecinales según los usos locales y las ordenanzas de cada municipio.

En la práctica, muchas ordenanzas distinguen entre periodo diurno y nocturno, con límites más bajos durante las horas de descanso. Algunas también regulan de forma expresa las actividades domésticas y el uso de aparatos que puedan generar molestias, como electrodomésticos, equipos de climatización o sistemas de sonido.

En Madrid, por ejemplo, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica señala que los usuarios de electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado y otras fuentes sonoras domésticas deben instalarlos y utilizarlos de forma que no perturben la convivencia ni superen los límites permitidos.

Cuándo puede haber sanción

Para que el ayuntamiento sancione, normalmente no basta con una simple molestia puntual. Lo habitual es que exista una queja, una intervención de la Policía Local o de los servicios municipales y una comprobación de que se han superado los niveles previstos en la ordenanza.

Ahí entran en juego los decibelios. En Madrid, por ejemplo, el ruido transmitido a una vivienda colindante no puede superar durante la noche los 30 decibelios en estancias y los 25 decibelios en dormitorios. Durante el día y la tarde, los límites son de 35 y 30 decibelios, respectivamente. La ordenanza madrileña considera periodo nocturno el tramo comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas, ampliado hasta las 8:00 en días festivos.

Estos límites ayudan a entender por qué una lavadora puede causar problemas aunque se trate de un uso doméstico normal. El aparato no suena igual durante todo el ciclo: el centrifugado suele ser la fase más ruidosa y, si el sonido llega con fuerza al dormitorio de otra vivienda de madrugada, puede superar los decibelios permitidos.

También influye la gravedad de la situación. No es lo mismo un centrifugado aislado que una conducta repetida durante la madrugada, ni un ruido leve que otro capaz de impedir el descanso. Por eso, las sanciones suelen graduarse en función de la intensidad, el horario, la reiteración y el daño causado a la convivencia.

Las cuantías dependen de cada municipio. En Madrid, las infracciones relacionadas con actividades domésticas, usuarios de la vía pública y relaciones vecinales pueden sancionarse con hasta 750 euros si son leves, hasta 1.500 euros si son graves y hasta 3.000 euros si son muy graves. Ese importe es el máximo previsto para los casos más serios, no la consecuencia habitual por poner una lavadora una noche.

Qué puede hacer la comunidad de vecinos

Además de la vía municipal, la comunidad de propietarios también puede actuar si el ruido se repite y afecta al descanso. La Ley de Propiedad Horizontal permite reclamar el cese de actividades molestas dentro de una vivienda, siempre que exista una alteración real de la convivencia.

Lo normal es empezar por la vía más sencilla: hablar con el vecino, comunicar el problema al presidente de la comunidad o trasladarlo al administrador de fincas. Si la situación continúa, puede tratarse en una junta y, en último término, acudir a la vía judicial para exigir que cese la actividad molesta.

Para evitar problemas, conviene revisar que la lavadora esté bien nivelada, no programar centrifugados de madrugada, usar programas silenciosos cuando estén disponibles y consultar la ordenanza municipal si hay dudas sobre los horarios de descanso.

Los vecinos de las colonias aledañas a los tres estadios mexicanos del Mundial 2026 deberán presentar identificación oficial y comprobante de domicilio para acceder a sus viviendas durante los días de partido, según informaron las autoridades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Quienes ingresen en vehículo necesitarán, además, un Tarjetón Digital asignado previamente por la alcaldía o municipio correspondiente.

Qué documentos piden a los residentes

El esquema aplica en las tres sedes mexicanas y exige los mismos tres documentos base:

Identificación oficial vigente: INE con domicilio dentro del polígono restringido, licencia de conducir o pasaporte.

Comprobante de domicilio reciente: obligatorio cuando la INE no refleja la dirección dentro de la zona controlada.

Tarjeta de circulación del vehículo: solo para quienes pretendan ingresar en automóvil o motocicleta.

Los residentes que accedan a pie únicamente deben mostrar su INE con domicilio en el polígono o, en su defecto, el comprobante de domicilio junto con cualquier identificación oficial en los filtros de seguridad.

Cómo se tramita el Tarjetón Digital en Ciudad de México

La Alcaldía Coyoacán implementó el Tarjetón Digital Coyoacán, un código QR único, cifrado y gratuito que habilita el acceso vehicular al perímetro restringido durante los días de partido.

El trámite es intransferible y se genera uno por cada vehículo registrado, sin límite de unidades por domicilio, siempre que cada una acredite residencia en la zona.

El personal de la alcaldía realizó un censo casa por casa en las colonias incluidas en el polígono. Los vecinos que no fueron censados pueden registrarse de forma presencial en el Centro de las Artes de Santa Úrsula (CASU), ubicado en la esquina de San Ricardo y Avenida Santa Úrsula, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Para completar el registro se deben proporcionar los datos del vehículo —marca, modelo, color y placas— junto con la identificación oficial del titular y copia de la tarjeta de circulación vigente.

Quienes rentan su vivienda deben presentar además el contrato de arrendamiento o un comprobante de domicilio como recibo de agua, luz, internet o teléfono fijo.

Qué colonias pueden tramitar el Tarjetón

El trámite vehicular aplica exclusivamente para habitantes dentro del polígono delimitado por cuatro avenidas: Calzada de Tlalpan al oriente, Periférico Sur al sur, Bulevar Gran Sur al poniente y Avenida Santa Úrsula al norte.

Las colonias con derecho pleno al registro son El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal. Los habitantes de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa fueron censados de forma parcial.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, confirmó públicamente que el operativo abarca ocho colonias en total y advirtió sobre la venta fraudulenta de códigos QR en redes sociales: “No se dejen engañar, no existe venta con respecto a este código QR. Si alguien te lo ofrece es un timo, es un fraude”.

Horarios y perímetros por sede

En Ciudad de México, el partido inaugural del 11 de junio tuvo cierres parciales desde las 23:00 horas del día previo y cierres totales desde las 5:00 am. Los partidos siguientes operarán con estos horarios específicos:

• Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio): cierre parcial a las 10:00 h / total a las 14:00 h
• Chequia vs. México (24 de junio): cierre parcial a las 9:00 h / total a las 13:00 h
• Dieciseisavos de final (30 de junio): cierre parcial a las 9:00 h / total a las 13:00 h
• Octavos de final (5 de julio): cierre parcial a las 8:00 h / total a las 12:00 h

Las vialidades cerradas en CDMX son Avenida Santa Úrsula, Circuito Aztecas, Lateral de Periférico, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida Las Torres.

Las calles con cierre total dentro del polígono incluyen San Gabriel, San Benjamín, San Cástulo, San Celso, San León —todas en Santa Úrsula— y San Guillermo y Santo Tomás en los tramos de San Alejandro, San Jorge y Santa Úrsula.

En Guadalajara, el perímetro controlado abarca un radio de 3 kilómetros alrededor del estadio, con afectaciones en colonias como El Bajío y Ciudad Judicial, y restricciones sobre avenida Vallarta. Los cierres inician 7 horas antes de cada partido, en las fechas del 11, 18, 23 y 26 de junio.

En Monterrey, las colonias bajo control especial son La Hacienda, Alameda de la Hacienda, Tolteca y La Quinta, en los alrededores del Estadio BBVA. El operativo arranca 12 horas antes de cada encuentro y concluye 4 horas después. Los residentes también deben contar con código QR para el acceso vehicular, con cierres adicionales en avenida Exposición, avenida Las Torres y la calle Durangueño.

Seguridad y advertencias oficiales

Para el conjunto de las tres sedes mexicanas, las autoridades desplegaron más de 100,000 elementos entre soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional y policías. El operativo incluye equipos antidrones, redes de cámaras de vigilancia y unidades especiales de control de multitudes en estadios, zonas de aficionados y aeropuertos.

Residentes de las colonias cercanas al Estadio Azteca han reportado que, en eventos anteriores, elementos policiacos les impidieron el paso pese a presentar identificación. Las autoridades recomiendan llevar siempre los dos documentos —INE y comprobante de domicilio— de forma simultánea.

La Alcaldía Coyoacán advirtió que quienes no cuenten con boleto, Tarjetón Digital o identificación con domicilio dentro del polígono no podrán acceder al perímetro en días de partido. Gutiérrez fue directo en su mensaje público: “Si no tienes QR, porque no vives ahí, si no tienes boleto... no vayas, no te acerques porque va a estar saturado”.

En paralelo, propietarios de palcos del Estadio Azteca con derechos adquiridos desde 1966 informaron que tampoco podrán ingresar a los cinco partidos del torneo que se disputarán en la capital. Un grupo de afectados presentó una demanda ante tribunales federales para garantizar su acceso.

El ruido de los vecinos puede convertirse en una fuente constante de estrés dentro del hogar. Para combatirlo, expertos en decoración citados por House Beautiful recomiendan soluciones sencillas que ayudan a amortiguar los sonidos y mejorar el confort sin recurrir a reformas costosas.

Estas soluciones, recomendadas por especialistas en interiorismo, se pueden poner en práctica rápidamente y logran un resultado notable en el confort del hogar.

Alfombras, textiles y materiales blandos para reducir el ruido en casa

Los materiales blandos y textiles juegan un papel clave para crear ambientes más silenciosos. Olly Cavner, director de operaciones en Essential Living, señala que existe la creencia incorrecta de que solo reformas costosas pueden marcar una diferencia en el aislamiento del ruido. En realidad, elementos como alfombras y tapicería pueden producir un efecto notable, según recogen desde el medio citado.

Superficies duras como pisos de madera o paredes desnudas tienden a amplificar el eco en una habitación. Añadir más capas de tejidos ayuda a absorber el sonido y aporta además calidez visual.

Sue Jones, cofundadora y directora creativa de OKA, destaca que las alfombras gruesas, los almohadas y los muebles tapizados contribuyen a reducir el eco y a absorber el ruido, generando espacios más relajantes.

Johanna Constantinou, especialista en tendencias de interiores de Tapi Carpets & Floors, enfatiza que la alfombra ofrece una absorción superior al suelo duro para el ruido de pasos y otras actividades cotidianas.

Habitaciones, pasillos y salones resultan sitios ideales para sumar revestimientos más blandos bajo los pies. Una alfombra grande y de buena calidad puede reducir de manera significativa la reverberación y el ruido al caminar.

Cómo usar muebles y librerías para aislar el ruido

La distribución del mobiliario influye también en el aislamiento acústico. Según el medio, Johannna Constantinou recomienda la biblioteca como una solución poco valorada ante vecinos ruidosos, especialmente cuando se sitúa contra una pared compartida.

Un mueble repleto de libros y objetos pesados ayuda a amortiguar los sonidos procedentes del otro lado, incrementando la densidad entre ambos espacios.

Pequeños ajustes para bloquear el ruido exterior

Las intervenciones simples pueden mejorar el confort acústico diariamente. House Beautiful señala que el ruido penetra con facilidad por rendijas en puertas, pisos y ventanas con sellos defectuosos.

Incorporar un burlete, colocar cortinas gruesas o sellar los marcos reduce la entrada de sonidos externos sin gasto elevado ni obras complejas. Estas medidas ofrecen beneficios inmediatos en el aislamiento.

Paneles acústicos y decoración mural para un hogar más silencioso

La tendencia de los paneles acústicos ha ganado popularidad en los proyectos de interiorismo. Charlie Farrar, gerente de producto creativo en Naturewall, afirma en el medio citado que estos permiten disfrutar de tranquilidad y añadir estilo al mismo tiempo.

Estos paneles, hechos habitualmente de madera ranurada y fieltro acústico, absorben el sonido y aportan una sensación visual cálida, resultando ideales para dormitorios u oficinas en casa.

Farrar resalta que los paneles reducen los ruidos de fondo y dan un aire moderno. Constantinou subraya que los recursos decorativos como el tapiz mural, los lienzos grandes o cualquier pieza texturada en la pared también evitan el eco y dispersan las ondas sonoras, suavizando la percepción de vacío en las habitaciones.

Un cabecero tapizado colocado junto a una pared compartida en el dormitorio también cumple una función doble: aísla el ruido y agrega una terminación acogedora.

La mañana del 3 de junio, una acción simbólica en pleno centro histórico de Málaga volvió a poner en primer plano el conflicto que atraviesa buena parte de los barrios antiguos de la ciudad y de España. Los vecinos de una calle llamada Molinillo del Aceite, próxima a Carretería, amanecieron con un cartel inesperado: la vía había sido rebautizada por iniciativa popular como “Aquí no hay quien viva”, haciendo referencia a la mítica serie y apelando directamente al problema de vivienda actual.

La escena, registrada y difundida a través de redes sociales, responde a una denuncia que se repite en los últimos años: la sustitución acelerada de viviendas habituales por apartamentos turísticos. Los impulsores de la protesta aseguran que la vida cotidiana en el casco histórico ha cambiado de forma radical, hasta el punto de que muchos consideran que el barrio ha perdido sus señas de identidad.

No es la primera vez que los residentes utilizan la creatividad para visibilizar su malestar. Hace semanas, un grupo vecinal de otro barrio malagueño llevó a cabo una iniciativa similar, colocando un nombre alternativo a una calle para denunciar la falta de limpieza y el deterioro urbano. Estas acciones buscan provocar reflexión sobre el rumbo que están tomando los barrios históricos ante el avance del turismo y la especulación inmobiliaria.

El centro de Málaga como residencia turística

Quienes aún residen en el corazón de Málaga describen un escenario que poco tiene que ver con el de hace apenas una década. Las familias tradicionales, los comerciantes de toda la vida y los encuentros entre vecinos han cedido terreno ante el trasiego constante de visitantes con maletas. La imagen habitual ya no es la de la convivencia estable, sino la de viajeros entrando y saliendo de edificios convertidos en alojamientos temporales.

El fenómeno, afirman los vecinos, va mucho más allá de una cuestión inmobiliaria. La reducción de la población estable y el encarecimiento de la vivienda dificultan el acceso de nuevos residentes y ponen en jaque la continuidad de la vida comunitaria. Además, la convivencia diaria se ve afectada por la rotación constante de inquilinos y la falta de vínculos duraderos en el entorno.

Los impulsores de la protesta advierten que la transformación del centro histórico en un espacio dominado por estancias cortas y actividad turística está vaciando de contenido social a la zona. Las relaciones vecinales y la identidad de barrio, que durante años han caracterizado la vida en el casco antiguo, encuentran cada vez más difícil sobrevivir en este nuevo contexto.

Un debate que sigue abierto

Con el gesto de rebautizar la calle como “Aquí no hay quien viva”, los residentes buscan reabrir un debate de alcance municipal y social. Reclaman medidas que permitan compatibilizar la actividad turística con el derecho a residir en el centro de la ciudad. Entre sus demandas se encuentra la necesidad de regular el mercado de alquiler, proteger la vivienda asequible y garantizar que el turismo no desplace a quienes forman parte del tejido urbano desde hace generaciones.

La protesta conecta con una preocupación creciente en otras ciudades españolas y europeas, donde los barrios históricos se ven amenazados por la presión del turismo y la especulación. Los vecinos de Málaga insisten en recordar que la ciudad no puede perder su carácter residencial en favor de una economía basada solo en estancias temporales y consumo rápido.

El debate sobre el futuro del centro histórico sigue abierto, con la pregunta de fondo sobre quién tiene derecho a vivir y construir comunidad en los espacios más emblemáticos de cada ciudad.

Un supuesto intento de robo domiciliario ocurrido el último martes por la noche en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes, terminó con la muerte de un hombre de 34 años, quien falleció horas después de ser reducido por un grupo de vecinos que respondió a los pedidos de ayuda de una familia afectada.

El hecho, que sacudió a esta comunidad, se encuentra bajo investigación judicial mientras persisten interrogantes sobre la secuencia de los acontecimientos y la responsabilidad de los involucrados.

La alarma se encendió cuando el sospechoso, según informaron fuentes judiciales, escaló un muro e ingresó sin autorización a una vivienda ubicada sobre la calle Buenos Aires. Una vez dentro, el hombre fue sorprendido por uno de los integrantes del grupo familiar, con quien mantuvo un forcejeo. De acuerdo con el fiscal Alfredo Muth, el sospechoso intentó agredir físicamente a la víctima utilizando un “objeto contundente”, lo que precipitó la reacción de los habitantes de la casa y la intervención de los vecinos.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, los gritos y los pedidos de auxilio de la familia alertaron de inmediato a los residentes de las viviendas linderas. Ante la flagrancia del episodio, varios vecinos decidieron actuar por sus propios medios, ingresando al patio de la propiedad y logrando neutralizar y desarmar al presunto delincuente. Esta intervención ciudadana, que se produjo en cuestión de minutos, fue clave para evitar mayores daños a la familia, aunque derivó en un desenlace fatal para el sospechoso.

Según medios de comunicación locales, el individuo fue maniatado y golpeado por los vecinos antes de ser entregado a las autoridades policiales. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera de Bella Vista constataron el estado del aprehendido, quien presentaba lesiones visibles. “Se dispuso de forma inmediata el examen médico de la persona aprehendida, y a partir de ahí se lo trasladó de urgencia al Hospital El Salvador, siendo atendido por el médico de guardia. Minutos más tarde se produce el deceso”, relató el fiscal Muth.

El fallecimiento del hombre, que se produjo poco después de su arribo al centro de salud, abrió un nuevo capítulo en la investigación. La Justicia busca ahora esclarecer las circunstancias que rodearon tanto el ingreso a la vivienda como la reacción vecinal, poniendo el foco en el uso de la fuerza durante la retención del sospechoso.

El fiscal informó que “todos están debidamente identificados, e incluso ya tomamos las primeras entrevistas”, en relación con las personas que participaron en el episodio. La pesquisa apunta a determinar si la respuesta de los vecinos se mantuvo dentro de los límites de la legítima defensa o si existió un exceso en el uso de la fuerza.

Por su parte, los peritos de la Policía de Corrientes inspeccionaron el lugar e identificaron el punto exacto por donde el fallecido ingresó a la propiedad. Además, se investiga la posible participación de un segundo sospechoso, quien habría actuado como campana y logró huir antes de ser identificado por la policía o los vecinos.

Las autoridades judiciales dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de Corrientes, donde se realizará la autopsia forense para determinar con precisión las causas de la muerte. El resultado de este procedimiento será clave para definir eventuales imputaciones y el rumbo de la causa.

La investigación judicial continúa su curso, con la toma de declaraciones a los testigos y el análisis de los elementos recolectados en la escena. Desde la fiscalía se indicó que se evaluará la situación procesal de todos los involucrados una vez que se reúnan los informes médicos y periciales solicitados.

La comunidad aguarda definiciones por parte de la Justicia, en tanto se mantiene la atención sobre el desarrollo del caso y el impacto que pueda tener en futuras intervenciones ciudadanas ante hechos similares.

Dos vuelos procedentes de Miami trasladaron el martes 19 y este jueves los donativos a Santiago, donde serán distribuidos a familias en situación de vulnerabilidad afectadas tras el paso del huracán por el tercio oriental de Cuba el pasado 29 de octubre, explicó Cáritas en redes sociales.

La organización recordó que las donaciones estadounidenses de este primer paquete comenzaron a recibirse a partir del 14 de enero pasado e incluyeron kits de alimentos, higiene y artículos del hogar, adquiridos y enviados por Catholic Relief Services (CRS).

Así mismo, Cáritas precisó que hasta el momento se ha ejecutado el 82 % de esta ayuda.

La organización católica añadió que este mes se estará recibiendo el 18 % restante de la asistencia que, en total, beneficiará a 8.800 familias de las provincias afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo y Guantánamo.

Igualmente, avanzó que "a la vez, se comienza con la gestión y ejecución de la nueva donación que, por un valor de seis millones de dólares, ha hecho con el mismo fin el Gobierno de EE.UU.".

Según explicó Cáritas anteriormente, los beneficiarios son las "madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula".

Los donativos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa cruzó la zona este de la isla con una categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta doscientos kilómetros por hora y precipitaciones de hasta cuatrocientos milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo con las evaluaciones del Gobierno cubano, el impacto del fenómeno meteorológico en mención no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales en más de 116.000 viviendas, al igual que en seiscientas infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abastecimiento de agua.

Ana y su hijo van a ser desahuciados este miércoles 13 de mayo en el barrio madrileño de Carabanchel, lo que ha motivado una protesta vecinal por parte del Sindicato de Vivienda de Carabanchel junto a otros colectivos del barrio. “No vamos a permitir que en medio de las fiestas principales de Madrid se silencie la ejecución de un desahucio de una familia del barrio”, señalan desde el sindicato, en referencia a la coincidencia del desalojo con la víspera de las fiestas de San Isidro.

La vivienda se encuentra en la calle Camino Alto de San Isidro, a escasos metros de la pradera donde se celebran las fiestas, un espacio que estos días acoge conciertos, actividades y una gran afluencia de público. Ante esta situación, los colectivos han convocado a los medios de comunicación a las 9:00 horas en el número 23 de dicha calle, así como a vecinos y vecinas del barrio para intentar frenar el desalojo.

En esta calle se ubican varios bloques de vivienda pública construidos en los años 90 para el realojo de población chabolista de Carabanchel. Tal y como recogía el diario El País en enero de 1991, en aquel momento 534 familias, que llevaban más de cinco años esperando abandonar sus chabolas, iban a ser realojadas en los nuevos bloques del Camino Alto de San Isidro.

Sin embargo, según denuncian desde el sindicato, en la actualidad la Agencia de Vivienda Social (AVS) estaría enviando de forma masiva cartas de desahucio a estas viviendas, activando procesos de expulsión que califican de inminentes. Los colectivos aseguran que esta situación responde a una dinámica progresiva de pérdida de vivienda pública en la zona, mediante procedimientos de desalojo y cambios de titularidad.

Este miércoles, según el comunicado, está previsto que se ejecute el desahucio de Ana y su familia en la calle Camino Alto de San Isidro, por parte de un propietario privado al que habría sido vendida la vivienda, que anteriormente formaba parte del parque público. El sindicato sostiene además que este caso “no es un hecho aislado” y recuerda que hace dos años lograron paralizar otro desahucio en la misma calle, el de una vecina identificada como Ana María.

En este sentido, la Asamblea de Vivienda de Usera, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, denuncia que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) tendría previsto ejecutar hasta 60 desahucios en los próximos tres meses en distintos barrios de la capital, entre ellos Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde. El colectivo critica que estos procedimientos se lleven a cabo mientras, aseguran, existen viviendas públicas vacías en la ciudad.

Llamamiento a la movilización en Carabanchel

Bajo el lema “Llenan la pradera, desahucian Madrid”, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel ha convocado a través de redes sociales a todas aquellas personas que quieran colaborar a concentrarse este miércoles a las 8:00 horas frente al domicilio de la calle Camino Alto de San Isidro. “Necesitamos demostrar nuestra fuerza. Luchemos para que Ana siga en su casa”, señalan en su convocatoria.

“No vamos a permitir que Ana y su familia se queden en la calle”, afirman desde el colectivo. En su denuncia, sostienen que “la intención es clara: vaciar el parque de vivienda pública para pasarlo al mercado privado”, en un contexto que, aseguran, está agravando la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

Según indican, la Agencia de Vivienda Social estaría activando procesos de desahucio en distintos bloques del barrio, además de la venta de viviendas a fondos de inversión y propietarios privados. Mientras tanto, denuncian la existencia de viviendas públicas vacías en los mismos edificios y un aumento constante de las listas de espera para acceder a una vivienda social mediante sorteo.

Esta situación recuerda al reciente desahucio de Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años que residía desde hacía décadas en una vivienda propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT). Se trataba del quinto intento de desalojo al que se enfrentaba, que finalmente se ejecutó pese al apoyo vecinal y la movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Dejar la bolsa de basura en el rellano antes de bajarla al contenedor puede parecer una costumbre inofensiva, pero puede acabar en un serio problema con la comunidad de vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal no menciona de forma expresa esta práctica, pero sí obliga a propietarios e inquilinos a respetar los elementos comunes del edificio y prohíbe las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, así como las dañosas para la finca.

Aunque esta norma no fija una multa económica concreta por dejar basura en el rellano, sí permite a la comunidad actuar contra el vecino que incumpla estas obligaciones. En los casos más graves, la ley permite incluso que un juez prive al infractor del uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.

El rellano, igual que el portal, las escaleras, los pasillos o el ascensor, forma parte de los elementos comunes del edificio. Por eso, no puede utilizarse como una extensión privada de la vivienda. Una bolsa abandonada en una zona de paso puede provocar malos olores, suciedad, manchas en el suelo, atraer insectos o dificultar el tránsito del resto de vecinos. Si además la conducta se repite o incumple las normas internas de la finca, la comunidad puede actuar.

A ello se suman las ordenanzas municipales de limpieza y residuos, que sí pueden prever sanciones económicas por el depósito incorrecto de basura. En Madrid, por ejemplo, las infracciones leves pueden sancionarse con multas de hasta 750 euros; las graves, con entre 751 y 1.500 euros; y las muy graves, con entre 1.501 y 3.000 euros.

Qué dice la ley

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que cada propietario está obligado a respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, “haciendo un uso adecuado de los mismos” y evitando que se causen daños o desperfectos. Esta obligación también puede afectar a quienes ocupen la vivienda, como los inquilinos.

La misma norma permite a las comunidades aprobar reglas internas para regular la convivencia y el uso de los servicios comunes. Por tanto, si los estatutos o las normas de régimen interior prohíben dejar bolsas de basura, cajas, enseres u objetos personales en el rellano, los vecinos deben cumplir esa obligación.

Además, el artículo 7.2 señala que al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en la vivienda o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Dejar basura en el rellano podría encajar en esta categoría si genera olores, suciedad, problemas de salubridad o molestias al resto de residentes.

Cómo puede actuar la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal prevé un procedimiento concreto para estos casos. El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario u ocupante, puede requerir al vecino que deje de realizar la actividad prohibida. Ese aviso debe advertir de que, si la conducta continúa, podrán iniciarse acciones judiciales.

Si el infractor persiste, el presidente, con autorización previa de la junta de propietarios, puede presentar una acción de cesación contra él. La demanda debe ir acompañada de la acreditación del requerimiento realizado y de la certificación del acuerdo adoptado por la comunidad.

Una vez presentada la demanda, el juez puede acordar como medida cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida. Es decir, puede ordenar al vecino que deje de utilizar el rellano o cualquier otra zona común para depositar basura u objetos que generen molestias.

Cuándo puede perderse el uso de la vivienda

En los supuestos más graves, la sentencia también puede acordar la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un tiempo no superior a tres años, según la gravedad de la infracción y los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no es el propietario, sino un inquilino u otro ocupante, la ley permite declarar extinguidos sus derechos sobre la vivienda y ordenar su lanzamiento, es decir, su desalojo.

Esta consecuencia, sin embargo, no es automática ni se aplica por dejar una bolsa de basura de forma puntual. Para llegar a ese extremo, tendría que tratarse de una conducta persistente, acreditada y suficientemente grave.

El pasado lunes, los habitantes de Rodeiro, un pequeño municipio de Pontevedra, se enfrentaron a una situación inesperada y dolorosa: Samba Coumba Ndao, uno de sus vecinos, falleció a miles de kilómetros de su familia tras una dura enfermedad. La noticia golpeó fuerte en este pueblo gallego de apenas 2.200 habitantes, donde Samba se había integrado plenamente durante los últimos años. Ante la imposibilidad de que su familia asumiera el coste de repatriar el cuerpo a Senegal, la comunidad reaccionó de forma inmediata y solidaria. En solo 24 horas, los vecinos recaudaron más de 8.000 euros para que Samba pudiera descansar en su país natal junto a los suyos.

Samba llegó a España hace más de veinte años. Durante ese tiempo, encadenó distintos trabajos en varias provincias, desde Pontevedra hasta la comarca de Valdeorras en Ourense. Su vida estuvo marcada por el esfuerzo: “Todo lo que ganaba lo enviaba a su familia, para que sus hijos pudieran tener las oportunidades que él no tuvo”, recuerdan quienes lo trataron en Rodeiro, según Cadena SER. Logró estabilizarse en una explotación ganadera, consiguió sus papeles y cotizaba regularmente, pero nunca perdió la costumbre de enviar ayuda a Senegal.

A pesar de las dificultades, Samba logró integrarse y ser parte fundamental del tejido social del pueblo. Sus días eran reconocibles para todos: lo veían pasar, saludar, detenerse a conversar y recorrer los mismos lugares de siempre. Tenía amigos en cada establecimiento, desde la farmacia hasta el supermercado. “Era uno más de casa. No había nada que discutir, había que hacerlo”, afirmó Noelia, responsable del bar Esmorga, al explicar la decisión colectiva de ayudarle en sus últimos momentos.

La vida de Samba en Rodeiro

Samba era conocido por su carácter cercano y su alegría. Los vecinos lo describen como una persona amable, siempre dispuesta a conversar y compartir un gesto de simpatía. “Decíamos que hacía sus estaciones, como un tren. Iba de arriba para abajo, parándose a hablar con todo el mundo... el bar, la librería, la joyería... y luego, si le quedaban fuerzas, venía aquí”, relató Paola, dependienta del supermercado.

Cuando la enfermedad apareció, la red de apoyo de Rodeiro se activó sin necesidad de coordinación formal. Cada uno asumió un papel: preparar comida, comprar medicamentos, acompañarlo o simplemente pasar a verlo. “Nos fuimos arreglando entre todos. Lo que hiciera falta”, resumía Noelia. En la joyería, Chelo recuerda cómo Samba, tras regresar de un tratamiento, se sentó al sol y empezó a comer yuca cruda, explicando que en su país la comían así. Cuando mencionó que sentía frío, Chelo le dio dos nórdicos. Días después, Samba le agradeció diciendo que dormía bien abrigado.

La enfermedad avanzó rápido y, a pesar de los intentos del Ayuntamiento, no se logró que uno de sus hijos viajara desde Senegal para despedirse. El adiós tuvo que hacerse por videollamada, con Mor, su amigo más cercano, acompañándolo en el hospital. “Aquí lo trataron muy bien. Le ayudaron en todo: gasolina, comida, dinero, ropa… en todo. Y a mí me siguen ayudando a día de hoy”, contó Mor, profundamente emocionado, según Cadena SER.

La respuesta del pueblo y el viaje de regreso

La reacción de Rodeiro fue inmediata tras el fallecimiento de Samba. El Ayuntamiento abrió una cuenta solidaria para reunir fondos y repatriar el cuerpo. La respuesta fue abrumadora: “En menos de 24 horas ya se había reunido todo el dinero necesario”, explicó Begoña Vázquez, concejala de Servicios Sociales. La colecta superó los 8.000 euros y permitió organizar el traslado en cuestión de días.

Desde Vigo, el cuerpo fue llevado hasta Madrid y, posteriormente, embarcado en un vuelo internacional rumbo a Senegal. Allí, en el aeropuerto internacional Blaise Diagne, lo esperaba su hijo junto al resto de la familia. La despedida en Rodeiro fue sentida y colectiva. “Era una persona más entre nosotros, un vecino más y un amigo más”, afirmó Noelia Neira, amiga cercana de Samba, citada por Cadena SER.

La historia de Samba evidencia el alcance de la solidaridad vecinal frente a las dificultades y la ausencia de recursos. En palabras de sus vecinos, nunca importó de dónde venía, sino cómo vivía y cómo se relacionaba con quienes lo rodeaban. La colecta y el acompañamiento en sus últimos días fueron el reflejo de una integración real, marcada por la empatía y el afecto mutuo.

Querer proteger tu casa puede convertirse en el vecino problemático de la comunidad. Y es que instalar una reja en la ventana o el balcón, una medida de seguridad muy habitual en la mayoría de los edificios, puede desencadenar un conflicto legal con la junta de propietarios que acabe en los tribunales. La razón es que la fachada de un edificio no es solo de una persona, sino de todos.

La clave del asunto está en cómo clasifica la ley ese elemento que, de primeras, parece muy personal. Aunque la reja vaya anclada a tu ventana, la fachada del edificio tiene la consideración de elemento común, según la Ley de Propiedad Horizontal. Eso significa que cualquier modificación visible desde el exterior no es una decisión que el propietario pueda tomar de forma unilateral.

Qué dice la ley y qué votos necesitas

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, recogido por Idealista, es la norma de referencia: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”.

En la práctica, esto obliga a pedir permiso a la junta antes de colocar cualquier reja, celosía o cierre similar en ventanas, balcones o terrazas. Y no basta con una mayoría simple. El artículo 17 de la misma ley exige el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios, que además deben representar las tres quintas partes de las cuotas de participación del edificio.

Hacer la instalación sin ese respaldo puede tener graves consecuencias. La comunidad está facultada para exigir la retirada de las rejas, y si el propietario se niega, se pueden iniciar acciones judiciales que terminen con una sentencia de reposición y, en algunos casos, una indemnización por daños.

El argumento de la seguridad no siempre es suficiente

Uno de los errores más frecuentes es creer que la necesidad de protegerse frente a posibles robos justifica actuar sin autorización. Los tribunales han dejado claro en varias ocasiones que la seguridad personal es un argumento válido, pero no absoluto.

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de 2002, estableció que cuando la alteración estética de la fachada es mínima, debe prevalecer el derecho del propietario a proteger su vivienda, sobre todo si las rejas cumplen una función disuasoria que otros sistemas de seguridad no pueden ofrecer. Ese equilibrio entre estética colectiva y seguridad individual es el criterio que los jueces aplican con más frecuencia.

Pero ese equilibrio puede inclinarse en sentido contrario. La Audiencia Provincial de Sevilla, en mayo de 2007, determinó que la instalación en elementos comunes de uso privativo no puede hacerse de forma unilateral, con independencia de los motivos de seguridad alegados. Y la Audiencia Provincial de Cádiz, en junio de 2011, fue aún más tajante: cuando los estatutos de la comunidad prohíben expresamente ese tipo de modificaciones, las razones de seguridad no bastan para saltarse esa prohibición.

Cuándo la reja puede perjudicar a otro vecino

Hay un factor que se pasa por alto con frecuencia, y es que una reja instalada en un piso bajo puede convertirse, sin que su propietario lo pretenda, en una amenaza para los vecinos de los pisos superiores. Si la estructura permite escalar por ella hasta las plantas de arriba, la comunidad tiene un argumento adicional para oponerse a su instalación, o para condicionarla a modificaciones de diseño que eliminen ese riesgo.

Así lo recogió la Audiencia Provincial de Granada en diciembre de 2006, en un caso en el que se obligó a una propietaria a retirar las rejas porque facilitaban el acceso mediante escalada al piso inmediatamente superior.

La excepción del agravio comparativo

En el caso de que en el edificio ya haya otras viviendas con rejas instaladas, la posición del propietario se refuerza. En ese caso, la comunidad no puede negarse a autorizar una nueva instalación sin incurrir en lo que la jurisprudencia denomina “agravio comparativo”, una vulneración del principio de igualdad entre propietarios.

Pero esto no elimina la obligación de pedir permiso. El trámite ante la junta sigue siendo necesario, pero la existencia de rejas previas, ya sea con autorización o sin ella, convierte la negativa de la comunidad en difícilmente sostenible ante un tribunal.

Qué hacer si la junta dice no

Cuando la junta rechaza tu solicitud y el propietario considera que esa decisión le pone en riesgo real, la vía legal disponible es la impugnación judicial del acuerdo. El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal permite recurrir ante los tribunales los acuerdos de la junta que supongan un perjuicio grave para un propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo, o que se hayan adoptado con abuso de derecho.

La recomendación práctica, antes de llegar a ese punto, es presentar a la junta una propuesta detallada con el diseño de la reja, acreditar que encaja en la estética del edificio y dejar constancia escrita de todo el proceso. Si finalmente se obtiene la autorización, el acuerdo debe quedar reflejado en el acta de la junta. Ese documento es la única garantía real frente a futuros conflictos.

Paola Díaz, recordada por darle vida a Sarita en la serie Vecinos, transformó radicalmente su vida desde que dejó la televisión colombiana, hace más de 16 años, impulsada por una decisión personal que la llevó a construir una nueva etapa familiar fuera del país y allí se encontró con una conexión espiritual que cambió su perspectiva.

Y es que ahora no solo está enfocada en su carrera como actriz, sino que es representante de talentos en México y también se reconoce abiertamente como bruja, pues dedicó su vida a una visión guiada por la energía y el respeto a la naturaleza, tal como lo reveló en entrevista con La Red.

Durante el periodo inicial tras su llegada a México, la intérprete caleña optó por alejarse del foco público durante aproximadamente dos años para dedicarse por completo a la consolidación de su entorno familiar.

“Me fui porque me casé y a esta persona la trasladaron para México. Entonces, pues nada, me fui a México a vivir. Fue una oportunidad increíble para mí. Era la primera vez que iba a construir un hogar más estable. Yo tenía niños muy pequeños, 4 y 5 años, y la mayor 13, y tenía una condición de salud. Es una enfermedad autoinmune que es una artritis reumatoide sistémica”.

Durante ese tiempo, la actriz se concentró en criar a sus hijos y en crear una nueva dinámica junto a su esposo, ambos con hijos de relaciones previas, en lo que definió como un ejercicio de integración familiar: “Vi crecer a mis hijos, afortunadamente. Logré levantarlos como yo quise o como quisimos en compañía de mi esposo”.

A los dos años de establecerse en territorio mexicano, Díaz retomó su carrera artística, sumando experiencia tanto delante de cámaras como detrás de ellas. Sin embargo, el mayor desafío profesional estuvo en asumir la representación de otros actores: “Ese sí ha sido complicado (...) Entender sus ilusiones, sus sueños, sus por qué no, por qué no me lo gano, por qué no quedé yo, porque esa es la parte más frustrante. Un poco decirle: ‘Mira, no es personal, no es contra ti, no es por ti. Hay mil factores más que influyen en que no quedes en el casting’. Entonces, cada vez me vuelvo más estratega en buscar proyectos que puedan representar lo que mis actores quieren comunicar”.

Paola Díaz asegura ser bruja

La respuesta directa a la transformación de Paola Díaz se resume en su mudanza a México hace 16 años, cuando decidió priorizar la vida familiar y, posteriormente, reactivar su carrera artística en un nuevo escenario. Esta trayectoria la ha llevado a desempeñarse como actriz, representante de talentos y practicante declarada de una vida espiritual vinculada a la naturaleza.

Y es que Paola Díaz no solo se autodefine como mamá, actriz y esposa, sino como bruja. Para la actriz, este término resume una filosofía de vida basada en la conexión con la naturaleza, el estudio de la energía, la herbolaria y la espiritualidad, sin relación necesariamente con sistemas de creencias formales.

En diálogo con La Red, aclaró: “La sola palabra hace como cortocircuito en mucha gente. Esto es un estilo de vida que yo adopté o que seguí y que mucha gente sigue, no soy la única, hombres y mujeres. No es una religión. Hay brujas católicas y brujas, eh, eh, chamanas y judías incluso, pero es un estilo de vida que convive con, con todo lo que está vivo y no vivo dentro de la naturaleza".

Además explicó la conexión que tiene con el mundo: “Tenemos una relación con la naturaleza diferente a lo que tienen el resto de personas. Un respeto por lo que siente, está vivo, palpita, etc. Y entendemos que todo vibra y tiene, y tiene energía. Entonces, tenemos algún conocimiento de manejo energético y de utilización, por ejemplo, de la herbolaria o las plantas y de las rocas con la energía”.

Cabe mencionar que pese a sus ocupaciones como representante y como bruja, la famosa declaró que la vocación actoral es inseparable de su vida: “Ser actriz o actor, por supuesto es una vocación. Y si me dan el chance, entonces hago series, cine y sigo siendo muy feliz y muy agradecida con todo lo que me pasa”, compartió en su diálogo con La Red.

Asimismo, la actriz aclaró que aunque reside en México, mantiene un vínculo estrecho con su país natal, pues visita frecuentemente Cali, mientras identifica oportunidades para nuevos actores y refuerza sus lazos con familiares y amigos.

En el ecosistema político de Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño de 89.500 vecinos, hay un chascarrillo que repiten muchos protagonistas: “Aquí, en Pozuelo, el PP presenta una cabra como candidata a la Alcaldía y gana”. Una manera algo excéntrica de ejemplificar que los populares gobiernan la localidad ininterrumpidamente desde 1983, cuando el PP era Alianza Popular. Y que la marca es tan fuerte que da igual el candidato. Pozuelo está en el cinturón oeste metropolitano, un bastión tradicional de la derecha. Pozuelo es, además, el municipio más rico de España, con unos ingresos medios por persona de 88.011 euros al año. Lidera indiscutiblemente desde hace 10 años esta clasificación que hace la Agencia Tributaria.

Pero esto no quiere decir que el Ayuntamiento, siempre dirigido por el PP, tenga una especie de ‘bula papal’ para hacer lo que quiera. A veces, los vecinos de Pozuelo salen respondones. De hecho, plataformas vecinales han conseguido paralizar, con el aval de la justicia, dos de los proyectos urbanísticos más importantes que el Gobierno local del PP había diseñado para el municipio: la construcción de 1.050 viviendas en un paraje natural, Montegancedo; y el nuevo Palacio de Congresos, que también contaría con un recinto ferial al aire libre y un hotel de lujo. Dos victorias judiciales en dos batallas que se presumen largas en el tiempo.

La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia número 31 de Madrid acordó el pasado 17 de abril la suspensión cautelar del proyecto impulsado por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la construcción del auditorio, el recinto ferial y el hotel. Así lo había solicitado la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (POZCAVIR). “La adopción de estas medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto. La decisión judicial contradice el mensaje de tranquilidad trasladado por el Ayuntamiento y pone en cuestión las garantías del proyecto”, explica Javier Cabo, portavoz de una asociación que ha recogido 7.000 firmas contra este proyecto y casi 8.500 euros en donaciones para afrontar los gastos judiciales y periciales.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amadrinó este proyecto en septiembre de 2024. ¿Qué quiere construir el Ayuntamiento? Un Palacio de Congresos, un recinto ferial y un hotel de 150 habitaciones en unas parcelas que hay enfrente del Centro Comercial Zielo, justo limitando con la carretera M-503. Los suelos son 100% titularidad municipal. Todo ha sido diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, exmarido de Lydia Bosch. El Consistorio licitó el pasado 21 de diciembre el contrato para empezar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros, y quiere explotar el Palacio en régimen de concesión durante 50 años.

Los vecinos han conseguido, de momento, paralizar los inicios de las obras de urbanización. “Procede acordar la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado, toda vez que si se ejecutase y se dictase posteriormente una sentencia estimatoria, se producirían perjuicios de muy difícil o imposible reparación que harían perder la finalidad legítima del recurso”, dice la resolución judicial que acaba de ser aprobada. El fallo, no obstante, otorga al ayuntamiento que dirige Paloma Tejero un plazo de 15 días para presentar recurso de apelación. Las medidas cautelares se mantendrán hasta que haya sentencia firme sobre el proceso o haya finalizado por otras causas.

Conflicto por una urbanización de 1.050 viviendas

A unos nueve kilómetros de donde se quieren levantar el Palacio de Congresos, el recinto ferial y el hotel, está el paraje de Montegancedo. Allí, la inmobiliaria Aedas Home quiere construir una urbanización de 1.050 viviendas. El proyecto se publicita como un barrio sostenible que dedicará más de la mitad de su superficie (35 hectáreas) a “espacios verdes, públicos e iluminados”.

El problema es que para llevar a cabo este proyecto hay que talar encinas centenarias. Los vecinos, organizados en otra plataforma, Salvemos Motegancedo, que ha recogido más de 5.000 firmas, también están plantando su particular batalla judicial.

El pasado mes de febrero, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la apelación interpuesta por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Aedas Homes y Pryconsa, S.A., que buscaba reiniciar las obras de las viviendas. Y es que en julio de 2024 un juzgado había aprobado las medidas cautelares solicitadas por los vecinos y Ecologistas en Acción que paralizaron las obras de la urbanización.

La Sala entiende que, de no suspenderse la ejecución del proyecto de urbanización, esta suspensión perdería su finalidad dado que, una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, “toda la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, y la desaparición de las aves rapaces, sin que sea posible de ningún modo revertir la situación a su estado anterior”. Una portavoz de esta plataforma señala que “la justicia ha ponderado en los intereses en conflicto que no cabe interponer al riesgo medioambiental los eventuales perjuicios económicos a los que aluden los titulares del suelo.

Críticas de Vox, PSOE y Somos

Toda la oposición critica el papel que está desempeñando el Gobierno local del PP. Para Ainhoa García, portavoz de Vox, los populares “no tienen un modelo de ciudad. Lo que ha venido haciendo el PP en los últimos años es vivir de las rentas de décadas de estar en el Gobierno y ahora mismo ha perdido la perspectiva. En política municipal hay que escuchar activamente a tus vecinos. El PP se ha relajado y están actuando a espaldas de los vecinos, y estos cada vez son más conscientes de lo que hace su Ayuntamiento. No hay que olvidar que hemos tenido un alcalde del PP en la cárcel por el caso Gürtel y ahora hay vecinos que no saben cómo se llama la alcaldesa”.

Para Patricia Cabal, portavoz de Somos Pozuelo, “que proyectos avalados por el Ayuntamiento terminen paralizados judicialmente no es una anomalía, es el resultado de una manera de gobernar que antepone la prisa y ciertos intereses urbanísticos a la legalidad, la planificación y el consenso. Las plataformas vecinales están haciendo un trabajo ejemplar defendiendo el interés general. El problema no es el desarrollo, es hacerlo sin garantías y obligar después a los vecinos a acudir a los tribunales para corregirlo.”

Helio Cobaleda, portavoz del PSOE, asegura que “el Ayuntamiento no puede seguir jugando al Monopoly con el suelo público mientras pone en riesgo la calidad de vida de nuestros vecinos. Lo dijimos desde el principio con el proyecto de recinto ferial y palacio de congresos y lo hemos reclamado de nuevo en el último pleno: hay que paralizar estos proyectos tal y como reclaman la Asociación Pozcavir y los más de 7.000 vecinos y vecinas que han firmado en contra y como ahora ha dicho un juez. Pozuelo se juega ya 20 millones de euros si se adjudica la obra de urbanización del recinto ferial, pero podrían ser 50 millones en total si se va adelante con el palacio de congresos y el hotel”.

“El Ayuntamiento argumenta que el recinto ferial es una promesa electoral, pero no ha dicho toda la verdad. El proyecto no está alejado de las viviendas y afecta a la convivencia vecinal. No nos oponemos al proyecto, pero no se ha hecho bien. Existen informes técnicos que no avalan la viabilidad de este proyecto en temas de ruido y tráfico. Y los vecinos lo dijeron”, relata García, de Vox.

“También con Montegancedo nos jugamos la preservación de un entorno verde necesario no solo para Pozuelo, sino para Madrid. Allí el PP se ha empeñado en un desarrollo lleno de dudas, tan lleno que está parado también por un juez y que podría acabar con una zona de bosque mediterráneo de cerca de 60 hectáreas de gran calidad”, se lamenta Cobaleda.

Delimitar una propiedad es una de las decisiones más habituales entre propietarios, pero también una de las que más dudas legales genera. Instalar una valla entre vecinos puede parecer un trámite sencillo, aunque en la práctica está sujeto a múltiples normas que conviene conocer antes de empezar cualquier obra. La legislación en España combina disposiciones estatales con normativas municipales, lo que obliga a prestar atención a varios factores clave para evitar conflictos o sanciones.

En términos generales, la ley permite cerrar una finca, pero no de cualquier manera. La primera cuestión que debes tener clara es si la valla se ubicará dentro de tu parcela o justo en el límite con el vecino. Si la instalación se realiza dentro de tu propiedad, puedes actuar con mayor libertad, siempre respetando la normativa local. Sin embargo, si se sitúa en el lindero, pasa a ser una valla medianera, lo que implica que ambos propietarios comparten derechos y obligaciones sobre ella.

Esto tiene consecuencias prácticas importantes. Por ejemplo, cualquier modificación, reparación o cambio en esa valla deberá contar con el consentimiento de ambas partes. Además, el mantenimiento también se convierte en una responsabilidad compartida. Este punto es uno de los que más conflictos genera, especialmente cuando no existe acuerdo previo entre vecinos o cuando uno de ellos toma decisiones unilaterales sobre el cerramiento.

En cuanto al consentimiento, no siempre es obligatorio, pero sí muy recomendable. Si la valla está completamente dentro de tu parcela, no necesitas permiso del vecino. Ahora bien, si afecta al lindero o puede influir en aspectos como la luz, las vistas o la estética, lo más prudente es alcanzar un acuerdo. De hecho, en muchos casos, especialmente cuando se trata de un muro de obra, ese consentimiento puede evitar problemas legales posteriores.

La normativa también distingue entre tipos de vivienda. En edificios o comunidades de propietarios, las reglas son más estrictas. No se pueden modificar elementos estructurales ni instalar cerramientos fijos sin autorización de la comunidad, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal. En cambio, en viviendas unifamiliares existe mayor margen de actuación, siempre que la valla se construya dentro de los límites de la propiedad y no invada terrenos ajenos ni la vía pública.

Sanciones de más de 3.500 euros

Otro aspecto clave es la altura permitida. Aunque puede variar según el municipio, existen rangos orientativos. Entre vecinos, lo habitual es que las vallas tengan entre 1,5 y 2 metros, pudiendo llegar en algunos casos hasta 2,5 metros. Si la valla da a la vía pública, el límite puede ampliarse hasta los 3 metros. Aun así, es imprescindible consultar el PGOU local, ya que cada ayuntamiento puede establecer sus propios límites.

No solo importa dónde y cuánto mide la valla, sino también cómo es. Los materiales y el diseño están regulados por normativas urbanísticas que buscan garantizar la seguridad y la integración estética. Entre los materiales más habituales se encuentran el ladrillo, las estructuras metálicas, la madera o incluso soluciones vegetales como setos. En cambio, están prohibidos aquellos elementos que puedan resultar peligrosos o generar molestias, como alambres cortantes o estructuras punzantes.

Además, antes de iniciar cualquier instalación, en la mayoría de los casos será necesario solicitar un permiso administrativo. El tipo de autorización dependerá de la obra: desde una declaración responsable para vallas ligeras hasta una licencia urbanística para cerramientos más complejos. No cumplir con este requisito puede acarrear sanciones económicas importantes, incluso cuando la obra en sí cumple con el resto de condiciones legales.

Las consecuencias de ignorar la normativa pueden ser serias. Superar la altura permitida puede suponer multas de más de 3.500 euros, mientras que invadir terreno ajeno o la vía pública puede acarrear sanciones de hasta 2.000 euros. En los casos más graves, como construir sin licencia, las multas pueden alcanzar los 60.000 euros, además de la obligación de desmontar la estructura.

El caso no quedó solo en el cobro. Según su testimonio, también se le prohibió usar áreas comunes como la piscina y el gimnasio, pese a estar al día en sus pagos, además de otras restricciones dentro del edificio. Frente a esta situación, surgen dudas sobre qué tan válidas son estas medidas y qué pueden hacer los vecinos cuando consideran que hay cobros indebidos o trato injusto.

¿Cómo funciona una junta de propietarios y cuándo puede cobrar mantenimiento?

El abogado especialista en derecho inmobiliario Carlos Chueca explicó en una entrevista televisiva que la junta de propietarios es el órgano que administra los edificios, pero para tener validez legal debe cumplir un requisito fundamental: “Sí o sí tiene que estar inscrita en Registros Públicos”. Sin esta inscripción, su capacidad para exigir pagos o iniciar acciones legales puede quedar en entredicho.

En la práctica, esta junta suele conformarse desde la etapa inicial del proyecto inmobiliario. Las constructoras crean una primera organización y luego los propietarios eligen a sus representantes —presidente, vicepresidente, tesorero— mediante votación. A partir de ahí, este grupo toma decisiones clave sobre el funcionamiento del edificio, incluyendo el cobro del mantenimiento.

Uno de los puntos más sensibles es cómo se calcula esta cuota. No existe una única regla: todo depende del reglamento interno, documento que el especialista describe como “la constitución del edificio”. Este texto define si todos los propietarios pagan lo mismo o si el monto se establece de manera proporcional al metraje del departamento (alícuotas). Por ejemplo, quien tiene un inmueble de mayor tamaño podría asumir un pago más alto.

Además, el mantenimiento puede incluir distintos conceptos, como limpieza, seguridad, servicios comunes e incluso el consumo de agua en algunos casos. Por eso, ante un incremento, es clave identificar qué rubros están siendo considerados. Si el cobro no coincide con lo establecido en el reglamento, podría tratarse de un error o una aplicación indebida de las normas internas.

Qué hacer ante cobros indebidos, conflictos o hostigamiento vecinal

Frente a situaciones como la denunciada por Deysi Araujo, el especialista recomienda seguir pasos concretos antes de escalar el conflicto. El primero es solicitar el reglamento interno del edificio, al que todo propietario tiene derecho a acceder. Si la administración se niega a entregarlo, este documento puede obtenerse directamente en Registros Públicos con el número de partida electrónica del inmueble.

El segundo paso es exigir una explicación formal del cobro. “Se puede enviar una carta notarial solicitando el sustento del incremento”, detalló el abogado. Este procedimiento permite dejar constancia de la solicitud y obliga a la junta a justificar el nuevo monto con documentación.

En el caso específico del consumo de agua, el tema puede verificarse fácilmente mediante los medidores individuales. Sin embargo, Chueca advierte que en algunos edificios este servicio está incluido dentro del mantenimiento, lo que puede generar confusión entre los vecinos si no se detalla correctamente.

Otro punto crítico es el hostigamiento vecinal. Si se demuestra que la junta o sus representantes imponen cobros indebidos o restricciones arbitrarias, podría configurarse un abuso de autoridad dentro del ámbito privado. No obstante, cada caso debe analizarse en función de las pruebas y de lo establecido en el reglamento interno.

Finalmente, el especialista recordó que el incumplimiento del pago de mantenimiento también tiene consecuencias. Si la junta está formalmente inscrita, puede iniciar acciones legales contra propietarios morosos. En casos extremos, incluso se puede llegar al remate del inmueble para cubrir la deuda acumulada.

Dos mujeres separadas y un viudo joven y canchero. Varios hijos, puntualmente ocho, de tres familias diversas jugando juntos por un country de zona sur. Andan en bicicleta, nadan en la pileta del house o trepan con pericia a los árboles.

Ese escenario pasó de bucólico a dramático en pocos meses. Y todo por amor. El correspondido y el que dejó de serlo.

Sola, triste y disponible

María Paz se separó de un día para el otro. No se la vio venir con suficiente tiempo para hacerse a la idea. Su ambicioso marido logró escalar puestos en la empresa donde trabajaba y terminó con despacho propio y el clásico, no por eso menos doloroso, romance con la secretaria. La joven apresurada por tener hijos lo apretó para irse a vivir juntos y él, a pesar de llevar más de doce años de casado y de tener tres hijos chicos, no dudó. Dejó a su mujer y se mandó a mudar para vivir lo que ahora era para él “la buena vida”. Como en las malas telenovelas, María Paz quedó desolada y sin un peso, ni siquiera para pagar las expensas. Los colegios también los pagaba su ex y el supermercado. Por todo esto, es comprensible que ni se le ocurriera contratar a un abogado para que defendiera sus intereses. ¡Y ella que había dejado su carrera como abogada en un estudio jurídico para dedicarse a los chicos! Fin del sueño dorado.

Pero todas las historias ofrecen escapatoria o presentan algún sitio de fuga para escapar hacia un mundo mejor. En su mismo country vivía un viudo con dos hijos que también era abogado. A Mario lo conoció por casualidad un día domingo. Tenía unos 40 años, había quedado viudo hacía mucho, vivía a una cuadra exacta de su casa, parecía excelente padre y buen vecino. Mario fue simpático y seductor. La vio tan desvalida que le ofreció ocuparse de mediar con el ex marido sin cobrarle. “Le cobro a tu ex”, le dijo riendo y comenzaron los reclamos.

Entre cartas documento y reuniones nació entre ellos la atracción física. La soledad había hecho mella en ambos y tener un cálido refugio a la vuelta de la esquina les resultó perfecto.

En el country todos hablaban por lo bajo del nuevo y feliz romance. María Paz había recuperado la sonrisa.

Dice: “Sentía que el mundo me daba una nueva oportunidad con Mario. Pasé de llorar todas las noches a sentirme feliz nuevamente. Además, los chicos se llevaban muy bien. Poco tiempo después blanqueamos la relación ante la familia y amigos. Nos pusimos de novios formalmente”.

Mario terminó logrando un buen acuerdo para María Paz y sus tres hijos y reinó la paz por un tiempo.

No sería mucho.

La tercera en discordia

Cada uno vivía en su casa. Cada uno tenía sus vecinos. La casa de al lado de la de Mario había quedado desocupada, pero un día cualquiera apareció la nueva inquilina. Era una mujer más joven que María Paz, también separada y con tres hijos. Se llamaba Raquel. En el barrio se rumoreaba que había sufrido violencia de género y que la casa se la había alquilado su violento ex a cambio de que ella no lo denunciara. Raquel era una rubia siliconada, un poco inflada, con tanta toxina botulínica en la frente que María Paz llegó a bromear que podría explotar y salpicar a alguien. Las dos mujeres tuvieron alguna que otra conversación cuando María Paz salía o entraba de la casa de su novio. Por eso se enteró que Raquel había vivido siempre en departamento y que lo de tener casa le parecía un trabajo pesado que no podía manejar del todo.

Fueron justamente los pormenores de mantenimiento que implica una propiedad con pileta los que empujaron los pedidos de ayuda de Raquel a su vecino. Mario. Mario para todo. Siempre dispuesto y sonriente.

La vida de Raquel se había convertido en un caos de cosas que no andaban: tenía problemas con la bomba presurizadora, con el filtro de la pileta, con las goteras de la claraboya del techo, necesitaba colgar un gran espejo en su habitación… ¿Quién fue el vecino comedido que le pasó teléfonos, le dio consejos, escuchó sus vicisitudes y empuñó el taladro para colocarle el espejo frente a su cama? Adivinen. Mario. Raquel sabía perfectamente que él salía con esa morocha, de pelo bien corto y lacio, que entraba y salía y que se llamaba María Paz. Todo el barrio lo sabía. No le importó nada. Ella también estaba sola y Mario era un tipo atractivo y bien dispuesto. ¡Tan distinto de su ex que no se comprometía nunca con nada!

María Paz cuenta: “Al principio no me di cuenta de la voracidad de Raquel. Veía que Mario la ayudaba mucho y me pareció bien. Era la casa de al lado de la suya. Era la persona más cercana y como hombre tenía fuerza para entrarle la heladera, sabía colgar cosas y tenía la data que ella precisaba. Pero pasaron los meses y la constante ayuda que ella solicitaba me empezó a incomodar. El día que me sonaron todas las alarmas fue cuando me enteré que Mario le había prestado plata para pagar el techista. Me enojé y se lo dije de mala manera.¿Esta es tan estúpida no puede ni ir al cajero del banco? ¿Por qué le pide a su ex? Se lo devolvió, pero me había quedado caliente. Semanas después noté que él se preocupaba más por los problemas de ella que por los míos. ¡Yo quedaba supeditada a que ella no necesitara nada! No me parecía bien, yo era la novia. Estaba molesta”.

Los hijos de los tres se conocían de los espacios comunes y visitaban, alternativamente, las tres casas. La de Mario, la de María Paz y la de Raquel.

“Las cosas empezaron a cambiar realmente y yo comencé a sentir desconfianza plena luego de un viaje laboral de Mario. Se había ido a Brasil por trabajo diez días y la tarde-noche que regresó, dejó las valijas en su casa y lo primero que hizo no fue venir a verme a mí sino ir a lo de Raquel. Sus hijos estaban con su exsuegra. Por mensaje de WhatsApp me dijo que iba a ayudarla a conectar el aparato anti sarro y que venía a casa a comer. Me revolvió el estómago literalmente. ¿Llevábamos casi un año saliendo y resulta que vuelve y lo primero que hace es verla a ella? En ese mismo instante me cayó la ficha, algo estaba muy mal. Esa noche, cuando vino a comer, lo encaré. Esperé que mis chicos se fueran a sus cuartos y le pregunté directamente qué pasaba. Si algo había cambiado y si le interesaba Raquel. Mario me miró como si estuviera loca. No dijo mucho pero me sentí tratada como una mujer enferma de celos. Yo levanté la voz, él más bien se calló. Fue la primera gran pelea que tuvimos y la última. No admitió nada, pero tampoco negó. Esa noche no pegué el ojo. En los días siguientes lo empecé a percibir lejano, distante, sin ganas de abrazarme.”

Después de ese enfrentamiento la relación se enfrió más, casi del todo. Estaba claro que a Mario le pasaba algo porque esquivaba verla como antes.

“¡De hecho nunca más volvimos a tener relaciones! Fue como que mi planteo lo terminó de ahuyentar. Eso me hizo sentir culpable. Dudaba si era yo quien lo había empujado a que se alejara. Me planteaba si me había comportado como una adolescente ridícula. No sé, me agarraron todas las inseguridades posibles. Incluso fue peor que lo que había sentido con mi ex marido. Para colmo algunas de mis amigas, cuando les conté, me cuestionaron el planteo que le había hecho. Me dijeron que no tenía que romper tanto los quinotos”, reconoce María Paz.

Siguieron viéndose por un par de semanas, pero esa relación ya no se sentía como un noviazgo. Algo se había detenido. No había risas, no había complicidad, no había sexo. Se veían como por obligación. Mario estaba huidizo. María Paz veía que la relación se había desmoronado y no sabía si podrían reconstruirla. Aunque todavía tenía alguna esperanza. Por las dudas, casi no pisaba lo de Mario y tampoco se acercó a Raquel. La percibía como una verdadera enemiga. Le había tomado rabia.

Fin y a otra cosa

Aterrada ante la posibilidad de volver a estar sola, María Paz se aferró a la idea de que la lejanía era algo pasajero. Pero el tiempo fue diciendo otra cosa. Pasaron de verse todos los días a dos veces por semana. No había cercanía física, solo restos de una relación apagada. María Paz no se animaba a hablar con él porque temía que, de hacerlo, la cosa terminaría por quebrarse. Optó por fingir demencia.

“Un día, simplemente, él me dijo que venía a comer y no apareció. Ni siquiera me llamó para avisar. Me quedé con la mesa puesta y la comida en el horno. No le dije nada, no le mandé mensaje. Nada de nada. Ese fue el final. Sin orquesta, sin lágrimas. No hablamos, no discutimos, no nos vimos. Ruptura sencilla y muda. Él se quedó en su casa, o en la de Raquel, y punto”, admite con gran dolor. Nunca más volvió a llamarla. Ella tampoco lo intentó. “¿Qué había que decirse?”, se pregunta.

Fue la peluquera a domicilio de María Paz quien con valentía le contó lo que se decía en el barrio: hacía tiempo que corrían chismes que hablaban de Raquel y Mario y… de la pobre María Paz. María Paz le restó importancia al asunto frente a ella, pero se quedó con el alma mojada.

La confirmación final vino dos días después de la boca de su hijo menor. Esa tarde volvió de la cancha de fútbol y le preguntó mientras comía una tostada: “¿Mamá es verdad que Mario está de novio con Raquel?”. La frase perforó la carcasa de la negación con la que se había envuelto María Paz. No supo qué decir, solo le respondió “Después hablamos”.

Tuvo que esconderse en el toilette para llorar.

Lo que siguió fue el mismísimo infierno, asegura.

“Lo peor de esta historia que te cuento no fue el desamor. Porque creo que, al fin de cuentas, era una relación basada más en la necesidad de amor que en el verdadero amor. Lo peor fue sentirme expuesta, darme cuenta de que estaba en el foco de todas las miradas de lástima de la gente que me rodeaba. En la panadería, en el house del barrio, en el colegio, en la cancha de tenis y en la de hockey. Fue horroroso estar en el centro de la pena. Quería desaparecer, volverme invisible. Bajé como diez kilos y tuve que volver a terapia para enfrentarme a todos mis miedos. ¿Por qué me salía todo mal? ¿Por qué me dejaban? Encima, a ellos dos me los cruzaba de lejos por todos lados. Los tres bajábamos la vista, nos evitábamos. Varias veces los vi de atrás, caminando de la mano, por el barrio. Era una puñalada”, relata con sinceridad brutal.

Pero María Paz no es un espíritu guerrero sino más bien una persona tranquila y reflexiva. Optó por no enfrentar nunca a ninguno de los dos y evitó cualquier tipo de reproche o reclamo ante nadie. Lo explica: “¿De qué servía insultar o decir algo? No iba a conseguir amor de esa manera. Sería peor y mucho más humillante. Si él era un cobarde y ella una comehombres, allá ellos. Yo no puedo hacerme cargo de sus conductas. Con el tiempo comprendí que Mario no era para mí, que fue mejor no seguir con él. Pero, al mismo tiempo, pude aceptar que el año y pico que estuvo conmigo me hizo bien. No fue un mal año, fui feliz mientras duró. Ofició de buen salvavidas para esa etapa de mi vida. Después, mi nuevo salvavidas fue la terapia. Ahora, tres años después, estoy conociendo a alguien. Voy con pies de plomo porque las traiciones me tallaron profundo, pero no voy a dejar de intentarlo. Todavía creo en el amor. Por lo menos en el tiempo en que se manifiesta como amor… Quizá en lo que ya no creo es en la eternidad de ese sentimiento. Me he vuelto un tanto escéptica respecto de la medida del tiempo que nos puede durar. Aunque, te reconozco, me encantaría que llegue un hombre que me pueda demostrar lo contrario”.

*Escribinos y contanos tu historia. amoresreales@infobae.com

* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas

Enclavado en el extremo occidental de la isla de Vágar, en las Islas Feroe, se encuentra Gasadalur, un pueblo que figura como destino de interés para viajeros y observadores europeos debido a su ubicación remota y paisajes de belleza austera. Con apenas 15 habitantes, representa uno de los últimos enclaves rurales donde la convivencia transcurre al margen del bullicio y la densidad demográfica que caracteriza al continente.

La historia de Gasadalur está determinada por su aislamiento geográfico, que persistió durante siglos hasta que en 2004 se inauguró un túnel de 1,4 km excavado en la roca. Según la Oficina de Turismo de las Islas Feroe, dependiente del gobierno autónomo, hasta entonces la única forma de llegar al pueblo era a pie, atravesando empinadas montañas, o mediante un esporádico servicio de helicóptero.

La inauguración de esta conexión vehicular modificó para siempre la relación del pueblo con el resto del archipiélago, paliando el descenso poblacional y facilitando la llegada de bienes, servicios y visitantes, además de mejorar la conexión por carretera al resto de Vágar.

Los registros del siglo XIX, citados por el gobierno autónomo de las Islas Feroe, muestran que la población del pueblo rara vez superó los 30 residentes, y la dificultad de acceso junto al éxodo juvenil consolidaron la tendencia de despoblación.

La aldea se sitúa en un entorno de acantilados y prados verdes donde el clima atlántico, frío y húmedo, define un paisaje de belleza austera. Gasadalur recibe su nombre del término feroés “Valle de los Gansos”, en referencia a las bandadas que durante siglos anidaron en la zona. Actualmente, el pueblo es conocido tanto por su tranquilidad como por la cascada Múlafossur, un salto de agua que cae directamente al océano y se ha transformado en una de las postales frecuentemente fotografiadas del archipiélago.

De acuerdo con la agencia de viajes Visit Faroe Islands, dependiente del gobierno autónomo, la imagen de la cascada ha figurado en publicaciones especializadas en turismo de naturaleza y fotografía.

La vida cotidiana en Gasadalur transcurre a un ritmo distinto al de la Europa continental. Las casas tradicionales, con techos cubiertos de césped, forman parte del patrimonio arquitectónico feroés y se integran al paisaje de manera casi orgánica. Los residentes, en su mayoría familias que han habitado la zona durante generaciones, mantienen un fuerte vínculo con la naturaleza circundante y con las actividades de pesca y pastoreo que históricamente han sustentado la economía local.

Según cifras de la Oficina de Estadísticas de las Islas Feroe, ente oficial, el número de residentes se sitúa actualmente en torno a 16 personas, una ligera variación respecto a los 15 habitantes, explicada por registros sujetos a cambios estacionales debidos a nacimientos, fallecimientos o traslados temporales.

Las Islas Feroe y el contexto geográfico de Gasadalur

Las Islas Feroe constituyen un archipiélago autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca, ubicado en el Atlántico Norte, entre Escocia, Noruega e Islandia. El conjunto insular, de poco más de 50 mil habitantes, se caracteriza por su clima oceánico, sus paisajes de prados abruptos y una economía basada en la pesca. En este marco, Gasadalur se distingue por su localización en la isla de Vágar, una de las 18 que conforman el archipiélago.

El acceso al pueblo fue durante décadas uno de los más difíciles de Europa. Esta dificultad condicionó la vida social y económica de la comunidad. Según el portal de estadísticas de las Islas Feroe, el aislamiento contribuyó tanto a la reducción de la población como a la preservación de tradiciones singulares.

Patrimonio arquitectónico y natural

Entre los elementos relevantes de Gasadalur figuran sus casas de césped, una tipología constructiva adaptada a las condiciones climáticas de las Islas Feroe.

Estas viviendas, además de proporcionar aislamiento térmico, se integran estéticamente al entorno. El pueblo está situado sobre una meseta con vistas panorámicas al océano Atlántico y a la cascada Múlafossur, un atractivo frecuentemente fotografiado del norte de Europa.

La zona es también un punto de interés para observadores de aves y senderistas. Los caminos rurales y los acantilados permiten avistar especies endémicas y disfrutar de paisajes prácticamente intactos. De acuerdo con la Sociedad Ornitológica de las Islas Feroe, institución científica local, la región de Vágar alberga colonias de frailecillos, gaviotas y otras aves marinas.

Un barrio de Roma se ha vuelto autosuficiente de una manera singular y admirable. En el Parco dei Romanisti, los vecinos cultivan aceitunas y producen su propio aceite, llamado Olio Bene Comune. Este aceite no solo se elabora con trabajo voluntario constante de la comunidad, sino que también se distribuye gratuitamente a las familias necesitadas, convirtiéndose en un símbolo de solidaridad, cuidado y colaboración vecinal.

El cultivo del olivo se ha consolidado gracias a los voluntarios que llevan doce años cuidando cuidadosamente los árboles. En 2025, a los 35 olivos existentes se sumaron 13 ejemplares trasplantados desde Viale Mazzini, y en febrero de 2026 llegaron otros 17, elevando el total a 65. Las últimas incorporaciones formaban parte de los proyectos de embellecimiento y renovación previstos con motivo del Jubileo, según detalla el medio Cibo Today.

Cada traslado fue cuidadosamente supervisado por la asociación de vecinos para garantizar la continuidad de la producción de aceite y el correcto desarrollo de los nuevos ejemplares. Durante años, la asociación de promoción social Gaspar8, que también funciona como grupo de compra solidaria (GAS) desde 2005 y se formalizó como asociación en 2008, ha cuidado los olivos y cosechado las aceitunas con dedicación.

La participación de la comunidad como motor del proyecto

Cada otoño, los voluntarios convocan a los vecinos a participar en la cosecha de aceitunas o en tareas de riego y mantenimiento, fortaleciendo la identidad local y la cultura de colaboración activa. El aceite resultante no se comercializa: todo se reparte de manera gratuita a las familias necesitadas del barrio de Torre Spaccata, promoviendo un modelo de autosuficiencia y apoyo mutuo que integra la agricultura con la acción social.

Durante el primer Festival del Aceite de Oliva IGP de Roma, celebrado del 10 al 21 de abril, el Parco dei Romanisti será sede de uno de los encuentros principales. Además, el 18 de abril se realizará un refrigerio en el olivar de Torre Spaccata, promoviendo la cultura gastronómica local y la participación ciudadana.

Un acuerdo que convierte el aceite en bien común

En 2025, esta actividad voluntaria se institucionalizó mediante un acuerdo con Rome Capitale, firmado en presencia de Sabrina Alfonsi, concejala de Medio Ambiente, Agricultura y Gestión de Residuos; Marina Mantella, directora del Departamento de Zonas Verdes; y Estella Marino, concejala de Medio Ambiente del Municipio VII.

El acuerdo simplificó la logística de recogida y distribución, respetando el “Reglamento para la Administración Compartida de los Bienes Comunes Tangibles e Intangibles de Rome Capitale” de 2023. No se trata solo de cuidar los olivos, sino de gestionar de manera integral el espacio verde de Via Cornelio Sisenna, consolidando plenamente el concepto de recurso compartido.

El proyecto Olio Bene Comune en Torre Spaccata (Roma) es un ejemplo claro de cómo la gestión comunitaria de los recursos naturales puede transformarse en acciones concretas de ayuda social y fortalecimiento del tejido vecinal. Agricultura, medioambiente, educación y solidaridad se combinan en el corazón de Roma, demostrando que los espacios verdes pueden convertirse en motores de cohesión, identidad y autosuficiencia para toda la comunidad.

No obstante, los vecinos de Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Pinar de Chamartín consideran que esto no tiene sentido: “Nos ha caído como una jarra de agua fría encima”, comenta a Infobae Amalia Campos, presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro. Para mostrar el “desencanto” de todos los barrios afectados, programaron una concentración que se alargó por toda la avenida principal de Pinar de Chamartín el pasado 26 de marzo. Este martes, 7 de abril, volvieron a revolucionar las calles para evidenciar la preocupación de los vecinos. Sin embargo, Jesús Viacambre, presidente de la Asociación de Vecinos de Pinar de Chamartín, indica que “no es solamente una convocatoria para los vecinos de nuestro barrio, sino de todo el noreste de Madrid”. Al final, este proyecto dejará a “entre 180.000 y 200.000 personas sin una conexión” y con una “alternativa muchísima más lenta”, explica.

Y es que, como expresa Mari Paz Orsolich, presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Cortijo, “hemos luchado muchísimo por tener lo que tenemos” porque “para nosotros fue muy importante conseguir esta línea de metro ligero, y que luego conectara con la línea 1. Antes solo teníamos dos líneas de autobuses”, recuerda la madrileña para Infobae. Este anteproyecto podría afectar de diferentes formas a los vecinos, sobre todo a los que viven en Virgen del Cortijo, pues “tenemos una zona empresarial” y muchas personas que se desplazan para trabajar allí”. Pero, sin duda, una de las cosas que más ha sorprendido a los residentes del noreste de Madrid ha sido la previsión con la que han avisado: “El problema es que nos lo han dicho con muy poquito tiempo, en el que se ha metido también la Semana Santa”, alega.

“Nos enteramos el mismo día que empezaba el periodo de alegaciones, gracias a que alguien se puso en contacto con nosotros”

Pese a que los vecinos de los barrios del noreste solo han tenido 20 días para presentar sus alegaciones al proyecto, se han decidido a “presentarlas en tiempo y forma”, asegura Amalia, ya que es “la única forma que tenemos ahora mismo para parar esto”. Así, han recogido, de momento, un total de 49 alegaciones por las que no se debería seguir adelante con la propuesta de “la nueva línea de Metro en Madrid Nuevo Norte”, que deben presentar ante la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid el próximo 9 de abril.

Asimismo, la de Sanchinarro también denuncia que el documento publicado por la Comunidad de Madrid concibe “solamente 15 días como audiencia”, que incluye “una serie de asociaciones y, entre ellas, hay una de ornitología”, pero “no estamos los afectados”. Además, las Asociaciones de Vecinos se enteraron “el mismo día que empezaba el periodo de alegaciones, gracias a que alguien se puso en contacto con nosotros”, informa Amalia. Pese a ello, “las que hemos conseguido sacar son muy complejas, son muchas horas de trabajo y son jurídicas”; y lo más importante: “Son de expertos”. También, como señala el presidente de Pinar de Chamartín, “tenemos acceso a una asesoría importante y estamos facilitando las alegaciones a los vecinos para que las firmen”, sobre todo a aquellos que no comprenden el método de presentación.

M. Paz, en este sentido, pide a los “vecinos y a todo el mundo, el que sepa hacer alegaciones, por favor, hacérselas a las personas mayores y a los que no saben”. Del mismo modo, agrega que “lo tenemos por todos sitios”: en una web donde los vecinos pueden presentarlas directamente, así como en las propias asociaciones. La colaboración ciudadana se ha convertido en algo imprescindible para el noreste de Madrid. Y es que, como nos explica Amalia, “somos organizaciones pequeñitas, que no tenemos estructura. Estamos luchando contra molinos gigantes, como los de Cervantes”. Pero M. Paz tiene fe porque “estamos muy unidos”; algo en lo que concuerda Jesús, porque los expertos “nos han dicho que es una barbaridad técnica”.

Un proyecto que tendría riesgos en la seguridad

Gracias a esta ayuda, los residentes se han dado cuenta de que este proyecto presenta algunos riesgos que podría haber en un futuro. Además de que existen otras cuatro alternativas más seguras y económicas. Así se puede leer en el Escrito de Alegaciones al que ha tenido acceso Infobae: “La Administración se decanta por la Alternativa 5 (AS1), a pesar de que los propios datos del estudio demuestran que es la opción que supone un mayor dispendio de fondos públicos”. De hecho, la argumentación número 32 del documento lo expresa precisamente: “Extraordinaria complejidad estructural por la necesidad de ejecutar pozos de ataque profundos en entornos urbanos densos”

Dentro del informe también se ve claramente que esta alternativa “no es la más sencilla ni la más segura; es la única que introduce riesgos estructurales significativos sobre infraestructuras públicas existentes, mientras que las alternativas independientes discurren por ámbitos de menor afección”. Por este motivo, Amalia confiesa que “no entendemos cómo se ha elegido la quinta, porque las cuatro primeras no afectarían de ninguna manera. Y encima son más económicas”. Como nos expresa Jesús, con esta opción los carriles que tienen que hacer para realizar los giros “no están para nada aconsejados”.

Sin mencionar que “puede ser una locura pasar en Chamartín”, con tantas conexiones, además de que supondría un mayor riesgo en caso de evacuación, como indica el argumento número 38 del informe. Al parecer, según comenta la de Sanchinarro, habría que hacer “un estudio de túneles de mucha complejidad”, pues “por debajo tenemos un inframundo y te encuentras desde el canal de Isabel II hasta Adif”. Debido a la gravedad de esto, los representantes vecinales han tenido “una reunión con diputados de la Asamblea de Madrid y les hemos transmitido el malestar”. Y “la impresión que hemos sacado es que iban a transmitirlo hacia arriba, se daban cuenta perfectamente de lo que significaba”, asegura Jesús.

“No puedes desvestir a un santo para vestir a otro”

Esto sería la consecuencia seria, pero los representantes de los vecinos nos comentan que esto también afectará a las empresas, jóvenes que salen para estudiar y otros grupos más vulnerables, al haber menos frecuencias en el norte. “Hay mucha gente mayor en nuestros barrios. Como le digamos que tiene que cambiarse en Chamartín para ir al centro y dar una vuelta como lo que pasa en Plaza de Castilla, es que a lo mejor no coge ni el metro”, indica el portavoz de Pinar de Chamartín. Bajo su opinión, considera que “en su momento no se planteó correctamente el perímetro de este anteproyecto. Se pensó que iba a ser un solo barrio, que iba a afectar a 20.000 personas, pero la realidad es que hay muchísimos barrios que necesitan la estación de Pinar de Chamartín todos los días y varias veces al día”, determina Jesús.

Así, insiste en que “no puedes desvestir a un santo para vestir a otro”. Algo en lo que concuerda M. Paz, representante de Virgen del Cortijo, que considera que “Madrid tiene que crecer, claro que sí, pero con otras posibilidades que no creen este malestar vecinal”. Por lo que “nosotros solo protestamos por lo que creemos que es justo”, añade. Hasta ahora, según nos recuerda Amalia, “jamás se ha hecho un metro para quitar a otro”.

Todavía, “estamos a tiempo de que esto lo estudien bien y lo comprueben” y así “evitar futuros problemas” que han podido suceder en otras partes de Madrid, como en la línea 7b en San Fernando. “No queremos que esto nos pase”, confiesa la de Sanchinarro. Por este motivo espera que la movilización de la ciudadanía “sirva para ver el apoyo y que la Comunidad de Madrid y Metro paren, que lo piensen bien, porque estamos hablando de perjudicar a muchas personas”, insiste. Jesús, por su parte, tiene la “completa seguridad de que van a racionar y van a quitar el anteproyecto, porque ya te digo que está fuera de toda lógica”. Aun así, M. Paz asegura que “nosotros seguiremos hasta el día 9 intentando aprovechar todo el tiempo que tengamos”.

De acuerdo con testimonios de los afectados, el problema se originó tras trabajos realizados con maquinaria pesada. “Las máquinas que han estado trabajando han sido muy fuertes, que han roto las tuberías”, indicó un vecino para el citado medio. Los residentes atribuyen la responsabilidad al Consorcio Vía Huandoy, empresa encargada de la obra, y señalan que no ha brindado soluciones tras los daños ocasionados.

Impacto en viviendas y negocios

Los vecinos señalaron que el agua servida ingresó a viviendas y locales comerciales, generando condiciones insalubres. Comerciantes indicaron que el hedor es “insoportable” y que la clientela ha dejado de acudir, lo que ha reducido sus ingresos e incluso ha obligado al cierre de algunos negocios.

Asimismo, denunciaron problemas logísticos debido a la obstrucción de la vía. Indicaron que productos no pueden ser ingresados a los locales y que el acceso se encuentra restringido por desmontes, piedras y zanjas. También afirmaron que no existe señalización ni avisos previos sobre los trabajos. “No hay señalizaciones, no avisan”, reclamó una vecina frente a las cámaras de ATV.

Responsabilidad de la obra

Los residentes cuestionaron la falta de presencia de la empresa responsable tras la rotura de tuberías. “Por arte de magia no hay ningún responsable”, manifestó un vecino. Además, denunciaron presuntas respuestas inadecuadas por parte de trabajadores. “¿Qué quieres? ¿Plata?”, señalaron que se les habría respondido al exigir soluciones.

En contraste, indicaron que Sedapal acudió al lugar tras la emergencia para atender la rotura y contener el problema. Sin embargo, precisaron que la entidad no es responsable del origen del daño, sino que intervino luego de que las viviendas comenzaran a inundarse.

Riesgos sanitarios y población vulnerable

La acumulación de aguas residuales ha generado un foco infeccioso en la zona. Vecinos reportaron la presencia de ratas, cucarachas y zancudos, e incluso señalaron que durante la cobertura se observó un roedor saliendo de una vivienda afectada.

La situación impacta de manera especial a personas vulnerables. Adultos mayores enfrentan dificultades para movilizarse por el estado de la vía, y algunos han sufrido caídas. De acuerdo con información difundida por ATV, se reportaron casos de familias con menores y personas con condiciones como autismo, quienes se ven expuestos a riesgos sanitarios.

Falta de avances, conflictos y dificultades

Los residentes denunciaron que la obra presenta retrasos de entre siete y ocho meses, con la posibilidad de extenderse hasta un año. Indicaron que no existe un cronograma claro ni comunicación por parte de la empresa. Además, señalaron que habría conflictos entre las compañías involucradas en la ejecución del proyecto. “Se tiran la pelota”, afirmaron, al referirse a la falta de coordinación.

Finalmente, advirtieron que el estado de la vía dificulta el acceso a servicios básicos y de emergencia. Ambulancias no pueden ingresar hasta las viviendas y deben permanecer en puntos alejados, mientras que vecinos exigen una solución inmediata y la culminación de los trabajos en el menor tiempo posible.

La serie de comedia Vecinos estrenará su nueva temporada el domingo 29 de marzo a las 19:00 por el canal Las estrellas, incorporando a dos exhabitantes de La casa de los famosos México en episodios especiales.

La vigésima y vigésima primera temporada se transmitirán de forma consecutiva con la participación de influencers y primeras actrices, según adelantaron Delia de la Cruz “Macaria” y Moisés Suárez durante una entrevista en el programa Hoy.

La inclusión de estos exconcursantes representa una estrategia para mantener la vigencia de la producción de Televisa, que ha permanecido durante dos décadas como una de las comedias con mayor audiencia en México.

De acuerdo con los actores, los nuevos episodios contarán con “sorpresas”, entre ellas la llegada de figuras como Abelito, Aldo de Nigris, Patricia Reyes Espíndola y Diana Golden.

A lo largo de sus 21 años en emisión, Vecinos ha contado con la presencia de reconocidos actores invitados, tales como Adrián Uribe, Omar Chaparro, Maribel Guardia, Germán Ortega, Freddy Ortega, Pierre Angelo, Luis Manuel Ávila e Ignacio López Tarso.

Dos décadas al aire por televisión abierta

Vecinos es una serie de comedia mexicana producida por Elías Solorio para Televisa, que se estrenó en 2005. Inspirada en la serie española Aquí no hay quien viva, retrata la vida cotidiana y los conflictos de los habitantes de un edificio en la Ciudad de México.

La serie destaca por su elenco coral y su humor basado en situaciones urbanas, presentando personajes reconocibles y entrañables para el público mexicano. Desde su debut, Vecinos ha mantenido una continuidad notable, con temporadas emitidas a lo largo de dos décadas.

Uno de los personajes más emblemáticos fue Benito Rivers, interpretado por Octavio Ocaña. El personaje de Benito debutó siendo un niño, hijo de Frankie Rivers y Lorena Ruiz.

Su principal conflicto consistía en la insistencia de sus padres para que se convirtiera en actor, a pesar de su negativa constante. Esta trama se convirtió en uno de los ejes cómicos de la serie, y el personaje de Benito creció junto con la producción, acompañando distintas etapas del programa.

Octavio Ocaña estuvo ligado a Vecinos desde los seis años y se mantuvo en la serie hasta su muerte en 2021. El personaje de Benito Rivers adquirió nuevas dimensiones con el paso de los años, incluyendo una relación sentimental con Liz, interpretada por Talitha Becker.

La trágica muerte de ‘Benito Rivers’

El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña falleció a los 22 años en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El caso generó diversas versiones sobre las circunstancias de su muerte.

Según las autoridades, Ocaña murió a causa de un disparo en la cabeza, recibido mientras conducía su camioneta durante una persecución policial. Las investigaciones iniciales apuntaron a un disparo accidental, pero la familia del actor y peritajes independientes señalaron inconsistencias en la versión oficial, sugiriendo manipulación en la escena y posible responsabilidad policial.

El caso atrajo atención pública y mediática, derivando en protestas y exigencias de justicia por parte de seguidores y familiares. En diciembre de 2023, un policía municipal fue condenado por homicidio doloso y abuso de autoridad. En 2025, otro implicado fue detenido por las autoridades.

En la serie, la producción despidió a Octavio Ocaña de manera simbólica: su personaje fue integrado en los guiones a través de llamadas telefónicas y cameos simbólicos, además de un capítulo especial en el que los personajes se despiden de Benito Rivers, señalando que el personaje consiguió un papel en una película en Los Ángeles.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por Europa Press, un hombre intentó escapar por el balcón tras desencadenar un incendio en una vivienda de les Franqueses del Vallès, en la provincia de Barcelona, la noche del viernes. Las autoridades lograron arrestarlo poco después de que se desatara el fuego en el inmueble, el cual se encontraba ocupado en ese momento por una mujer. Los servicios de emergencia y los Mossos d'Esquadra informaron sobre este incidente, destacando que no se registraron heridos como resultado de la situación.

Según consignó Europa Press, el aviso sobre el incendio llegó al cuerpo de bomberos a las 23:32 horas. Ante la gravedad del suceso, se desplazaron seis dotaciones de Bombers de la Generalitat hasta el edificio afectado. Al ingresar al lugar, los equipos no hallaron personas en el interior del piso ni en el resto del bloque. Los vecinos habían evacuado por iniciativa propia antes de la llegada de los equipos de emergencia, lo que evitó mayores riesgos para los habitantes.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirmaron que la mujer que se encontraba en el interior del domicilio logró salir sin sufrir lesiones, situación que permitió a los equipos de emergencia centrarse en el control del fuego y en la revisión del inmueble sin la urgencia de rescatar ocupantes. Los bomberos consiguieron extinguir el incendio por completo cerca de la medianoche, tras asegurar que no quedaban personas en peligro dentro del edificio.

Los equipos policiales presentes en les Franqueses del Vallès arrestaron al presunto responsable después de que intentara abandonar el lugar utilizando el balcón como vía de escape. Según las fuentes citadas por Europa Press, el individuo fue interceptado antes de que pudiera conseguirlo. El arresto se produjo con la coordinación de los Mossos d'Esquadra y las restantes fuerzas desplegadas en la zona.

El operativo de emergencia se amplió posteriormente con una verificación de todo el bloque para asegurarse de que no hubiera daños estructurales ni riesgos tras el fuego. Según reportó Europa Press, la colaboración vecinal facilitó la labor de los servicios de emergencia, ya que la evacuación temprana permitió intervenir rápidamente para controlar y extinguir las llamas.

Hasta el momento, los Mossos d'Esquadra continúan investigando las circunstancias que llevaron al arresto del hombre, cuya identidad no ha trascendido, y el móvil de la acción permanece bajo reserva policial, según la información difundida por Europa Press. Los residentes del edificio pudieron regresar a sus viviendas una vez finalizadas las tareas de extinción y la revisión de las condiciones de seguridad en la estructura.

El incidente en les Franqueses del Vallès puso a prueba la coordinación entre vecinos, bomberos y fuerzas de seguridad, así como la eficacia de los protocolos de emergencia activados ante este tipo de situaciones. Tanto los Mossos d'Esquadra como Bombers han iniciado los trámites correspondientes para esclarecer las motivaciones del arrestado y determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con el incendio provocado en la vivienda, de acuerdo con lo señalado por Europa Press.

La Secretaría de Energía (Sener) informó que la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, mantiene operaciones normales luego del incendio registrado la mañana de este martes en el exterior del complejo.

A través de redes sociales, la dependencia federal señaló que no se reportan afectaciones a la infraestructura y lamentó el fallecimiento de cinco personas.

Asimismo, indicó que se mantiene la coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para la atención integral de lo ocurrido.

Pemex reitera: no hubo daños estructurales en instalaciones

En un comunicado posterior, Pemex reforzó la postura oficial al asegurar que la refinería “continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura”.

La empresa precisó que, aunque el fuego alcanzó la barda perimetral, no impactó las instalaciones operativas.

“La operación de la Refinería Olmeca continúa de manera normal”, reiteró.

Además, subrayó que el incidente ocurrió al exterior del complejo, en una zona aledaña, lo que evitó daños mayores en el interior de la planta.

Cinco fallecidos tras el siniestro en zona aledaña

Pemex confirmó la muerte de cinco personas derivado del incendio.

De acuerdo con la información actualizada, cuatro de las víctimas pertenecían a una empresa de servicios externa y se encontraban a bordo de un vehículo en una vialidad federal cercana cuando ocurrió el siniestro.

La petrolera indicó que continúa colaborando con autoridades locales para esclarecer los hechos y reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones.

Cronología del incidente: explosión e incendio en área perimetral

El incendio se registró alrededor de las 6:00 horas en las inmediaciones del área de almacenamiento de hidrocarburos, en la zona perimetral de la refinería.

Reportes preliminares señalan que una explosión inicial dio paso a un incendio que se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables.

Testimonios de trabajadores indican que las llamas avanzaron en minutos, lo que dificultó las labores de evacuación.

Durante varias horas, brigadas internas y cuerpos de emergencia trabajaron para controlar el fuego en medio de condiciones adversas por lluvias e inundaciones.

Lluvias y desborde de aguas aceitosas, causa preliminar

Según la versión oficial, el incendio se originó por el desborde de aguas aceitosas provocado por intensas lluvias en la región de Paraíso, Tabasco.

Este material habría quedado estancado en zonas externas, generando condiciones para su ignición. Las precipitaciones también ocasionaron anegaciones que complicaron las labores de contención del fuego.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar con precisión la secuencia de los hechos.

Principales afectaciones tras el incendio

• Cinco personas fallecidas
• Incendio en zona exterior de la refinería
• Fuego alcanzó la barda perimetral
• Sin daños estructurales en instalaciones
• Operación de la planta se mantiene normal

Vecinos reportan afectaciones y piden reubicar escuelas

En contraste con los reportes oficiales, habitantes cercanos al complejo denunciaron malos olores y afectaciones a la salud tras el incendio.

Madres y padres de familia reiteraron la exigencia de reubicar planteles educativos ubicados en la zona, al considerar que el incidente evidencia los riesgos para la población.

Organizaciones civiles también solicitaron la intervención del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la SEP, Mario Delgado, para atender la demanda y establecer mesas de diálogo.

Una mujer de 33 años ha sido apartada de la vida cotidiana de un pueblo entero en el Reino Unido por decisión judicial. Courtney Balloch, residente de Gainsborough, no podrá poner un pie en ninguna vivienda del municipio salvo en la suya durante los próximos tres años. La medida responde a una demanda colectiva presentada por sus vecinos, que aseguran haber vivido un auténtico infierno debido a la conducta de Balloch, marcada por amenazas, robos, altercados y reiteradas infracciones de órdenes judiciales previas.

El caso es inédito en Gran Bretaña y según informa The Mirror, Balloch solo podrá acceder a la dirección donde su nombre figure en el contrato de alquiler o como propietaria. Su exclusión afecta a todas las casas y pisos de Gainsborough, y la policía local afirma que la orden es una respuesta a su “persistente comportamiento antisocial, amenazante y abusivo”. Si viola esta restricción, se enfrenta a penas que pueden incluir hasta dos años de prisión o una multa ilimitada, según las condiciones impuestas por la justicia.

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La comunidad de Gainsborough, tras años de conflictos, encontró en la vía legal la única salida posible ante la acumulación de incidentes. La policía recopiló un amplio historial de denuncias y episodios, mientras que los residentes, hartos de vivir con miedo, decidieron organizarse y solicitar la intervención de la justicia. En palabras del inspector Michael Head, jefe policial local, la prioridad es que “la gente de Gainsborough se sienta segura en sus propios hogares y comunidades”.

La justicia británica la expulsó de todas las casas del pueblo

Las quejas de los vecinos incluían desde altercados verbales y amenazas directas hasta robos, delitos relacionados con drogas y la violación sistemática de órdenes de conducta criminal. El comportamiento de Balloch fue calificado por la policía como “dañino y persistente”, y según The Mirror, su historial delictivo abarca un período significativo.

Las autoridades intentaron durante años contener la situación con medidas convencionales, pero Balloch reincidía una y otra vez. La presión vecinal creció al punto de motivar una demanda colectiva, poco frecuente en casos de convivencia local en el Reino Unido. El tribunal aceptó la solicitud y dictó una prohibición de acceso a toda vivienda donde Balloch no resida oficialmente, una sanción que no tiene precedentes en la historia judicial reciente del país.

No solo se le restringió el acceso físico: la orden también prohíbe a Balloch cualquier comportamiento que cause molestias, acoso, alarma o angustia a los vecinos. Además, le impide ponerse en contacto con determinadas personas y entrar en comercios de la localidad vecina de Retford, así como incitar a otros a conductas similares. En caso de incumplimiento, las consecuencias legales serán inmediatas y severas.

Qué implica esta demanda y cómo afecta a la comunidad

La exclusión de Balloch tiene un impacto directo en la vida social y cotidiana del pueblo. Por primera vez, una persona queda vetada de todas las residencias del municipio salvo la propia. Esto significa que no puede visitar amigos, familiares, ni acudir a eventos privados en casas ajenas. Tampoco puede entrar en zonas comunes de urbanizaciones o bloques de pisos.

La policía de Lincolnshire ha compartido la medida con otras fuerzas del país, considerándola un posible modelo para situaciones extremas de convivencia conflictiva. Los vecinos, según The Mirror, han recibido la noticia con alivio, aunque algunos expresaron cierta empatía ante la situación personal de Balloch.

Comentarios recogidos en redes sociales muestran opiniones divididas: algunos piden comprensión y ayuda para la mujer, mientras que otros consideran que la única salida posible era su exclusión total tras años de problemas. La orden judicial estará en vigor durante al menos tres años, plazo en el que Balloch solo podrá acceder a otras viviendas si cuenta con autorización escrita del propietario. Cualquier violación de estas condiciones será perseguida por la justicia de inmediato.

El cuerpo sin vida de un hombre de 28 años fue hallado este miércoles en la vía pública en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y por el hecho fueron detenidos un joven de 20 años y un adolescente de 15 como sospechosos del ataque.

A partir del hallazgo del cuerpo, las autoridades indicaron que el crimen se registró durante la madrugada sobre la calle Yamandú Rodríguez, entre 56 y 57, en el barrio Constitución.

De acuerdo con lo informado por el portal El Once, la víctima, identificada como Miguel Ángel Martínez Pacheco, habría sido agredida en el marco de un conflicto vecinal que terminó en un hecho fatal. Los datos preliminares señalaron que el hombre había recibido un piedrazo en la cabeza, lesión que le provocó heridas de extrema gravedad y, finalmente, la muerte. Tras el ataque, los residentes del barrio dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Policía, que acudieron al lugar y constataron el deceso.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Séptima, quienes coordinaron las actuaciones para reunir pruebas y avanzar con la investigación. Mientras el personal de la División Policía Científica trabajaba en la escena con el fin de detectar rastros y obtener elementos de interés para la causa, las autoridades policiales realizaban allanamientos en las viviendas de los involucrados. Esto les permitió dar con dos sospechosos que fueron demorados.

El avance de la causa quedó bajo la supervisión de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning, y hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un conflicto entre vecinos. Por su parte, los peritos buscaban determinar la causa exacta de la muerte de Martínez Pacheco.

Con algunas horas de diferencia otro incidente entre residentes de un mismo barrio se desató en la ciudad de Luján de Cuyo, Mendoza. La pelea terminó con un menor inconsciente y un hombre herido de bala tras una discusión relacionada con el volúmen de la música.

El hecho ocurrió cerca de las dos de la madrugada del martes en las inmediaciones de la calle Chile al 1300, cuando la policía recibió una llamada que alertaba sobre la presencia de una persona que estaba en la vía pública bajo los efectos de algunas sustancias.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a un joven -cuyas iniciales son A. N.- con lesiones en la cabeza y desvanecido, y a pocos metros, a un hombre de 36 años con una herida de arma de fuego en la espalda. Según el relato de C. P. sobre lo acontecido, ambos se encontraban en la calle, bebiendo alcohol y escuchando música cuando un grupo de vecinos se acercó para pedirles que disminuyeran el volumen. El reclamo derivó en una discusión que escaló rápidamente a un enfretamiento entre los grupos.

De acuerdo con el portal Los Andes, durante el altercado, el menor recibió un golpe en la cabeza con una botella, lo que le provocó la pérdida de conocimiento quedando inconciente. Mientras que el adulto fue alcanzado por un disparo que según constató el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado, la herida tenía orificio de entrada pero no de salida. Inmediatamente lo trasladaron al hospital Lagomaggiore, donde permanecía bajo atención médica.

La Policía llevó a cabo las respectivas tareas de investigación en la zona pero no logró ubicar vainas servidas vinculadas al proyectil ni identificar a los responsables del ataque. Además, las autoridades informaron que no se encontraron cámaras de seguridad en los alrededores que pudieran aportar imágenes del momento del enfrentamiento. La investigación sigue en curso para dar con los autores y esclarecer las circunstancias que terminaron con el incidente.

Un enfrentamiento entre vecinos de la ciudad de Luján de Cuyo, Mendoza, terminó con un menor de edad desmayado y otro hombre herido de bala en medio de una discusión por el volúmen de la música.

El incidente se inició cerca de las dos de la mañana del martes, cuando la Policía recibió un llamado al 911, alertando sobre la presencia de una persona aparentemente bajo los efectos de sustancias en las inmediaciones de la calle Chile 1300.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un joven identificado como A. N., con lesiones en la cabeza y desvanecido; y a los poco metros un hombre de 36 años de iniciales C. P., presentaba una herida producida por un disparo de arma de fuego. Según el testimonio de este último, ambos estaban en la calle, compartiendo bebidas alcohólicas y escuchando música cuando un grupo de vecinos se acercó a ellos para pedirles que bajaran el volúmen, lo que desató una discusión que escaló a un enfrentamiento.

De acuerdo con el portal Los Andes, fue durante la pelea que el más chico recibió un botellazo en la cabeza, que lo dejó inconsciente. El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado intervino en el lugar y confirmó que el adulto había recibido el impacto en la espalda, pero tenía orificio de entrada sin salida. Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Lagomaggiore para su atención.

La Policía realizó un relevamiento en el área pero no encontró vainas servidas del arma utilizada en el hecho ni tampoco pudieron identificar a las personas involucradas en el enfrentamiento. Las autoridades tampoco encontraron cámaras en la zona que pudieran haber registrado el momento.

El caso fue puesto en conocimiento de la oficina fiscal de Luján, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos pero no se reportaron detenidos.

Pelea entre vecinos y un adolescente herido

Un adolescente de 14 años resultó herido por un disparo en la espalda durante una pelea en la Villa Hidalgo, en el partido de San Martín. El incidente ocurrió los primeros días de febrero en la esquina de Villalba y José Madero, en José León Suárez. La investigación quedó a cargo de la fiscal Diana Mayco, de la UFI N° 7 del departamento judicial bonaerense, bajo las figuras de abuso de arma, portación ilegal de arma de guerra y lesiones graves.

El hecho llegó a conocimiento de la Policía Bonaerense tras el ingreso del menor al Hospital Castex, donde los médicos constataron que presentaba una herida de posta de goma en la espalda. Según el relato del propio adolescente, fue un vecino quien le disparó durante una disputa entre jóvenes de la zona. A raíz de la lesión, la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente.

Con los datos aportados por el menor, un patrullero se dirigió al lugar del hecho y detuvo a un hombre de 42 años, identificado como Gustavo Fabián Morales, señalado por el joven como el autor del disparo. Al momento de su aprehensión, Morales presentaba un corte en la sien y manchas de sangre en el rostro. Declaró que había sido agredido por vecinos y allegados del adolescente herido. Debido al golpe en la cabeza, fue trasladado bajo custodia al Hospital Belgrano para su atención.

En el operativo también fue arrestada una joven de 21 años, a quien le secuestraron un arma de fuego tipo pistolón de dos caños, calibre .16, sin munición. La fiscal dispuso la detención de ambos sospechosos aunque la mujer, tras ser indagada, recuperó la libertad en los días siguientes, mientras que Morales permanecía detenido a la espera de los resultados de la pericia balística que determinará si el proyectil que hirió al menor provino del arma incautada.

Catalina Vásquez Vásquez, de 55 años, fue asesinada dentro de su vivienda, donde se encontraba con su hijo menor, un adolescente de 16 años.

Un hombre del sector, de 36 años y conocido por la familia desde hace más de 15 años, irrumpió violentamente en la casa. El hijo mayor de la víctima relató que el agresor forzó la entrada cerca de la medianoche, rompiendo parte de la estructura antes de atacar a Catalina con un machete, según el informe forense preliminar.

El adolescente intentó defender a su madre y también fue agredido, sufriendo heridas de gravedad que lo mantienen hospitalizado bajo atención médica. El hermano mayor señaló que la reacción del joven fue un acto instintivo al ver a su madre en peligro, lo que agrava el impacto emocional y la desintegración de la familia.

Menos de 24 horas después del crimen, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 14 (UMEP-14) y del Departamento de Femicidio de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron al principal sospechoso en la misma zona donde ocurrió el asesinato. Durante el operativo, se decomisó el machete que habría sido empleado en el ataque. El detenido fue remitido a la Fiscalía de Turno y enfrentará cargos por femicidio agravado y asesinato en grado de tentativa inacabado, debido a las heridas infringidas al menor.

Las autoridades hondureñas informaron que continúa el proceso de investigación, con énfasis en la recolección de pruebas y declaraciones que permitan esclarecer completamente los hechos y determinar si existen antecedentes formales contra el acusado.

Familiares de la víctima indicaron que el acusado había mostrado conductas violentas en otras ocasiones y se rumoraban intentos previos de agresión en la comunidad, aunque las denuncias nunca se formalizaron ante las autoridades. La familia consideró que reportar estos incidentes podría haber prevenido el desenlace fatal.

La captura inmediata del presunto agresor buscó calmar a la comunidad y garantizar que el proceso de justicia avance. El caso sigue bajo escrutinio de organismos estatales y de la sociedad civil.

A la tragedia familiar se sumaron dificultades administrativas para reclamar el cuerpo de Catalina en la morgue. El hijo mayor explicó que, debido a inconsistencias en los documentos de identidad y a que no comparte el mismo apellido que su madre, las autoridades exigieron documentación adicional para verificar el parentesco. El joven debió gestionar la partida de nacimiento para poder avanzar con el trámite y dar sepultura a su madre, lo que prolongó la angustia durante el duelo.

El asesinato de Catalina Vásquez Vásquez se inscribe en una tendencia nacional alarmante. En 2025, 270 mujeres fueron asesinadas en Honduras, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y solo en los primeros meses de 2026 se contabilizan al menos 33 muertes violentas de mujeres. Muchas de estas muertes son clasificadas como femicidio y revelan la vulnerabilidad de las mujeres, incluso dentro de sus propios hogares y a manos de personas cercanas.

Organizaciones sociales y autoridades reconocen la urgencia de fortalecer la prevención, fomentar la denuncia de conductas violentas y mejorar la capacidad de protección y seguimiento por parte del Estado. La cercanía entre víctima y victimario, evidenciada en este caso por los vínculos de convivencia en la comunidad, añade un desafío adicional a la intervención oportuna y la justicia.

Según Núñez, el dueño de una plaza de garaje puede realizar las obras que desee en su espacio privado, siempre que estas no afecten a los elementos comunes del edificio ni a la movilidad y seguridad de los vecinos. “No existiría obstáculo legal que impida que un determinado propietario de una plaza de garaje coloque en su plaza, por ejemplo, un armario a modo de trastero”, aclara el abogado, siempre y cuando se cumplan estas condiciones.

No obstante, Núñez advierte de que la legislación española establece diferencias importantes según el tipo de intervención. Si las modificaciones afectan a la estructura del edificio o alteran su estética, será imprescindible un acuerdo previo en la junta de propietarios. En estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la convivencia y derechos de los propietarios en comunidades en España, exige que se obtenga una mayoría cualificada para aprobar cualquier uso distinto al original del inmueble. Además, el abogado subraya que, si el cambio implica una alteración del título constitutivo o afecta de algún modo los derechos de otros propietarios, entonces la decisión debe adoptarse por unanimidad.

Toda la normativa a consultar

Antes de convertir un garaje en trastero, Núñez recomienda revisar tanto los estatutos que se aplican a la convivencia entre los vecinos del portal como la normativa específica de cada localidad. “Es conveniente verificar los estatutos de la comunidad de propietarios, tener en cuenta todo lo que ya he explicado y tener en cuenta también la normativa municipal aplicable a la ubicación del edificio”, explica. La razón es que muchos ayuntamientos imponen restricciones adicionales, especialmente en lo relativo a seguridad, evacuación, accesibilidad o incluso limitaciones urbanísticas que prohíben el cambio de uso de determinados espacios en edificios residenciales.

El marco jurídico español contempla, por tanto, un equilibrio entre los derechos individuales del propietario y la protección del interés general de la comunidad. Esto significa que, aunque un espacio sea de uso privado, su transformación no puede poner en riesgo la seguridad estructural del edificio ni los derechos de otros vecinos, como el libre tránsito, la ventilación o la iluminación de plazas colindantes.

El proceso para convertir el garaje en un trastero

En definitiva, el proceso no es automático y cada caso requiere un análisis previo exhaustivo. Revisar la normativa interna del edificio, obtener los permisos necesarios y dialogar con los vecinos son pasos fundamentales para evitar conflictos y sanciones. Núñez concluye su explicación animando a que los propietarios mantengan una comunicación abierta: compartir experiencias y plantear dudas en la junta de propietarios es la mejor manera de garantizar que estas modificaciones se realicen sin problemas.

Las disputas por árboles y setos en las lindes de las propiedades se han convertido en uno de los mayores focos de desencuentro entre vecinos, con consecuencias que pueden terminar en sanciones, indemnizaciones e incluso juicios.

La normativa que rige estas situaciones viene recogida con claridad en el Código Civil español, que establece distancias mínimas para la plantación de árboles y define los derechos y obligaciones de los propietarios ante posibles invasiones de ramas o raíces.

El propio Código Civil apunta que, salvo que existan ordenanzas municipales o costumbres locales que determinen lo contrario, está prohibido situar árboles de gran porte a menos de dos metros de la línea divisoria entre fincas, mientras que en el caso de arbustos o árboles bajos la distancia mínima es de 50 centímetros.

Si un propietario decide ignorar estas limitaciones, el vecino afectado puede exigir la retirada de los ejemplares plantados fuera de margen, lo que convierte el respeto a estas distancias en una herramienta sencilla y efectiva para prevenir conflictos y proteger tanto la propiedad propia como la ajena. Así lo detalla la normativa citada por la fuente de esta información.

Cuando la vegetación supera las lindes

El crecimiento natural de árboles y setos puede dar lugar a una nueva fuente de conflicto, incluso en aquellos casos donde la plantación original ha cumplido escrupulosamente la ley. Con el paso del tiempo, ramas o raíces pueden acabar invadiendo la parcela vecina. Ante esta situación, el artículo 592 del Código Civil otorga al propietario perjudicado el derecho a reclamar el corte de todas las ramas que sobresalgan sobre su propiedad.

El texto legal es tajante: “Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad”.

Este artículo, incluido en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, también especifica que el caso de las raíces invasoras proporciona todavía mayor margen de actuación al perjudicado, al permitirle cortarlas sin necesidad de aviso previo, dada la afectación directa que pueden tener sobre elementos críticos de la infraestructura, como cimientos o tuberías.

Riesgos para la seguridad y sanciones

El tratamiento legal de los setos vivos plantados justo sobre la linde entre dos propiedades incorpora la presunción de propiedad compartida. Esto supone que cualquiera de los dos vecinos puede reclamar su retirada para definir mejor el límite entre parcelas.

Sin embargo, la ley introduce una excepción de peso en su artículo 593: cuando estos árboles o setos cumplen la función de mojones —es decir, sirven de referencia física en la delimitación de ambas fincas—, solo pueden ser retirados si ambos propietarios dan su consentimiento, ya que su valor va más allá de lo ornamental y afecta a la definición legal de los terrenos.

El Código Civil fija una responsabilidad directa sobre el propietario de cualquier árbol que suponga un riesgo de caída sobre una finca vecina o sobre la vía pública. La obligación es clara: debe proceder a su retirada inmediata. Si el dueño del árbol potencialmente peligroso se niega a actuar, la autoridad puede ordenar la retirada y obligarle a asumir el coste generado por la intervención.

Asimismo, aunque el Código Civil regula los daños y las reclamaciones entre particulares, las sanciones económicas o multas específicas dependen de cada ayuntamiento y de sus respectivas ordenanzas urbanísticas. Por tanto, incumplir estas normas puede acarrear penas judiciales, la obligación de abonar indemnizaciones por daños y perjuicios y, adicionalmente, la imposición de multas administrativas que gestionan los organismos locales, tal y como subraya la fuente original.

La Policía de Río Negro logró desbaratar una banda dedicada al robo de vehículos con inhibidores a turistas y vecinos de Bariloche. Los atraparon justo antes de que consumaran otro de sus crímenes.

Durante un patrullaje preventivo realizado el miércoles, personal de la Comisaría 28° detectó la circulación de un Toyota Corolla ocupado por dos jóvenes, uno de ellos de nacionalidad extranjera.

El desplazamiento irregular del vehículo, en zonas de alto tránsito turístico, despertó sospechas en los efectivos. Esto motivó un operativo en el que los agentes interceptaron el automóvil para realizar una identificación exhaustiva de sus ocupantes.

El procedimiento reveló la presencia de inhibidores de señal, guantes y pasamontañas dentro del vehículo. Estos elementos suelen estar asociados a robos de autos y pertenencias en sitios concurridos como playas, miradores o estacionamientos, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro.

Los inhibidores de señal permiten bloquear el cierre centralizado de los vehículos, facilitando su apertura sin forzar cerraduras ni dañar vidrios.

Con respecto a los delincuentes arrestados, la Policía de Río Negro confirmó que los dos hombres no tenían antecedentes penales ni órdenes de captura vigentes. Sin embargo, la portación injustificada de los dispositivos y la detección de irregularidades en la documentación del vehículo justificaron su secuestro y el retiro del automóvil de circulación.

La rápida actuación policial evitó que se concretara un robo y permitió sacar de las calles un rodado que podría haber sido utilizado en nuevos delitos.

Cayó una banda de roba coches

A principios del mes de octubre, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Berazategui de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a cuatro menores de edad, acusados de integrar una banda dedicada al robo de autos con armas de fuego, en distintas localidades del sur del Conurbano bonaerense.

La investigación se originó el 9 de septiembre de 2025, cuando la SDDI Berazategui inició tareas de inteligencia tras detectar una serie de robos de automóviles a mano armada cometidos por una organización delictiva conformada por menores de edad.

A partir de entonces, los investigadores desplegaron acciones de vigilancia, seguimientos y análisis de redes sociales para identificar a los integrantes del grupo.

El trabajo permitió reunir pruebas sobre cómo era la modalidad delictiva y establecer el alcance de la banda, que operaba en Berazategui y extendía su actividad hacia Avellaneda y alrededores, utilizando armas de fuego para apoderarse de vehículos y trasladándolos posteriormente a zonas como Dock Sud y la Isla Maciel.

Según indicaron fuentes policiales, los acusados fueron identificados con las iniciales de A., de 13 años; A., de 14.; M., de 15 y N., de 17. De acuerdo con la investigación, continúan prófugos R. y E., ambos de 17 años.

Las tareas de campo permitieron a los agentes identificar a los miembros del grupo y solicitar seis órdenes de allanamiento y seis de detención.

Durante los seis allanamientos simultáneos, realizados en domicilios de Avellaneda, los investigadores incautaron tres revólveres —uno calibre 32 largos y dos calibre 22, uno de ellos sin marca ni número visible—, un total de 21 municiones de distintos calibres y $73.000 en billetes de diferentes denominaciones.

También fueron recuperados dos vehículos robados, un Volkswagen T-Cross y un Volkswagen Suran, ambos con pedidos de secuestro activo.

Al material secuestrado se suman tres teléfonos celulares pertenecientes a los implicados, un juego de llaves de ignición y tuercas de seguridad correspondientes a diversos vehículos sustraídos.

Según información policial, la banda, conocida en el ambiente delictivo como “La Banda de los Menores”, habría perpetrado al menos cinco robos automotores en la región, extendiendo su accionar desde Berazategui hacia Avellaneda y zonas próximas. Utilizaban armas de fuego para interceptar a las víctimas y trasladaban los vehículos robados para ocultarlos.

De acuerdo con lo que se observa en algunos de los videos de las redes sociales, los menores se mostraban en los autos que robaban y con armas de fuego. Ese material fue clave para lograr las detenciones. En otra de las filmaciones se puede ver aparte de los integrantes de la banda mientras circulaba en una moto, a toda velocidad, por una autopista.

En su relato, la joven explicó que la convivencia en el edificio donde reside se volvió insostenible debido a los constantes conflictos y provocaciones por parte de la otra residente, que le reclamó por el ruido que hacía su ventilador.

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Con el tiempo, la situación escaló hasta convertirse en episodios de hostigamiento. Suárez afirmó haber recibido insultos y comportamientos invasivos, como grabaciones en zonas comunes y acusaciones infundadas ante la administración del edificio. Además, señaló que estos incidentes han afectado su bienestar emocional y su rutina diaria, al punto de sentir miedo por posibles represalias.

Cansada de la situación, la joven compartió fragmentos de algunas confrontaciones y aseguró que, pese a intentar dialogar y resolver la situación por vías pacíficas, no ha logrado ningún avance. También manifestó su preocupación por el impacto que el caso tiene sobre su imagen pública y advirtió sobre el riesgo de que situaciones similares se repitan con otras personas, especialmente figuras expuestas en internet.

El caso generó repercusión y comentarios divididos entre los seguidores de la caleña, que expresaron apoyo, pero también críticas respecto a la exposición de un conflicto privado en plataformas digitales. La denunciante concluyó que continuará buscando apoyo legal para proteger su integridad y su tranquilidad.

¿Cómo resolver conflictos entre vecinos en propiedad horizontal?

Teniendo como base la situación que denunció la creadora de contenido, en diálogo con Infobae Colombia, Ana María García, directora del consultorio jurídico de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, recordó que no todo ruido constituye necesariamente una infracción, y que la carga de la prueba recae sobre quien denuncia el exceso, quien debe aportar evidencia objetiva para sustentar su inconformidad.

La profesional mencionó que, de acuerdo con la Ley 675 de 2001, se establece que los primeros mecanismos para la resolución de disputas en conjuntos residenciales son los canales internos, es decir, la administración y el comité de convivencia.

Estas instancias buscan mediar entre las partes y evitar confrontaciones directas entre vecinos, además de dejar constancia escrita de los procesos y acuerdos alcanzados. Solo cuando estas vías se agotan y persiste el conflicto es posible acudir a las autoridades externas, como la policía.

En materia de ruido, mencionó la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, que fija los límites máximos permitidos: 65 decibeles en horario diurno (de 7:01 a. m. a 9:00 p. m.) y 55 decibeles en horario nocturno (de 9:01 p. m. a 7:00 a. m.).

Las mediciones deben realizarse utilizando los procedimientos técnicos oficiales, lo que descarta la posibilidad de imponer sanciones o restricciones basadas exclusivamente en la percepción subjetiva de los afectados.

William Hernández, profesor de la misma facultad, advirtió que reclamaciones reiteradas y sin respaldo técnico pueden configurar el delito de falsa denuncia si se demuestra mala fe, según el artículo 435 del Código Penal.

Respecto a la exposición de estos conflictos en redes sociales, Hernández aclaró que, aunque la publicación de experiencias personales no es ilegal, sí puede derivar en responsabilidad civil o penal si se vulneran derechos fundamentales de terceros, como el buen nombre o la intimidad.

Hernández puntualizó indicando que el cumplimiento estricto de los procedimientos legales y el respeto por los derechos de todos los involucrados resultan esenciales para evitar consecuencias jurídicas y mantener la convivencia en el marco de la normativa vigente.

A raíz de las denuncias vecinales sobre el aumento de la inseguridad en los alrededores del antiguo centro penitenciario de Cas Capiscol, un amplio despliegue policial se llevó a cabo recientemente en el recinto, resultando en la identificación de 165 personas y la detención de un individuo presuntamente implicado en delitos contra el patrimonio. Según informó Europa Press, los vecinos también han anunciado una manifestación para solicitar medidas eficaces que hagan frente a la situación en la zona y ofrezcan alternativas a quienes ocupan las instalaciones desocupadas.

El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, movilizó a cerca de cincuenta agentes provenientes de varias unidades de ambos cuerpos. El ingreso al antiguo penal se realizó la mañana del miércoles, en respuesta a la preocupación expresada por los residentes del área, quienes en días previos habían señalado el crecimiento de actividades que consideran problemáticas y que, a su juicio, inciden directamente en la sensación de inseguridad del barrio, detalló Europa Press.

Durante la acción policíaca, los efectivos verificaron la identidad y situación legal de los ocupantes, inspeccionando si entre ellos figuraban personas con órdenes de detención vigentes, antecedentes por la comisión de delitos o posesión de sustancias prohibidas. Europa Press indicó que, tras la intervención, las fuerzas de seguridad lograron detener a una persona relacionada con delitos patrimoniales, aunque la revisión principal consistió en la identificación generalizada de los ocupantes, sin reportes inmediatos sobre hallazgos de drogas.

Este despliegue en el histórico edificio penitenciario se enmarca en un contexto de tensión creciente entre los vecinos y las autoridades, derivado de la percepción de incremento en las conductas delictivas en el entorno de la antigua cárcel. Según añadió Europa Press, en días anteriores los habitantes de Cas Capiscol elevaron la presión ante las autoridades municipales y estatales por lo que consideran una falta de control y atención social, advirtiendo sobre las consecuencias para la convivencia y seguridad.

En respuesta a la falta de soluciones estructurales, los vecinos programaron una protesta para el viernes, esperando visibilizar la problemática y conseguir compromisos de intervención por parte de las administraciones competentes. Esta concentración busca poner el foco en la inseguridad del área y reclamar la atención prioritaria para las personas alojadas en la infraestructura, en situación de vulnerabilidad, concluyó Europa Press.

Antonio Santacruz, un hombre con afección pulmonar obstructiva crónica que necesitaba conexión permanente a un respirador, pasó los últimos años de su vida prácticamente encerrado en su casa, un pequeño piso ubicado en el barrio madrileño de Villaverde Bajo, al sur de la capital. Con un 68% de discapacidad, además de problemas cardíacos, cada escalón de los dos pisos que debía subir hasta su casa se convertía en una enorme barrera que le dejaba sin aliento, por eso pidió a la comunidad de vecinos que instalaran una silla salvaescaleras en el edificio, una plataforma que habría facilitado su accesibilidad a las zonas comunes y a la calle, pero “nunca atendieron su petición”, lamenta David Molina, apoderado y cuidador de Antonio durante casi 9 años, hasta que falleció el pasado mes de septiembre después de que le diagnosticaran un nódulo maligno en el pulmón. Tenía 65 años.

“Era muy frustrante verle así, desesperado y deprimido por no poder salir a la calle a pasear a su perro o ver a sus amigos como le hubiera gustado. Al no poder subir las escaleras, Antonio estaba recluido en su casa como si fuera una prisión, como un pájaro en una jaula, por lo que vio los últimos años de su vida desde el sofá y desde la cama. Murió sin que la comunidad de vecinos le hiciera caso”, relata Molina a Infobae España con la voz entrecortada. Tampoco olvida que las pocas veces que este hombre salió de su piso para acudir a una revisión médica o debido a una urgencia fue con la ayuda de personal sanitario o de los bomberos.

La lucha por lograr una silla salvaescaleras se alargó durante cinco años y Antonio incluso perdió un juicio, algo que a su cuidador aún a día de hoy le cuesta asimilar y se sigue preguntando cómo la Justicia pudo negar esa posibilidad a una persona con discapacidad y movilidad reducida.

No requería obras estructurales relevantes

Molina también sigue sin entender por qué la comunidad de vecinos se opuso a la instalación de esta plataforma que, por lo general, no requiere obras estructurales importantes y más cuando “existen subvenciones”, tanto a nivel municipal como autonómico, para ello. “Informé a la comunidad y al administrador del bloque sobre las ayudas que había, pero nadie quiso mover nada, todos echaron balones fuera, e incluso hubo veces que le insultaron”, sostiene indignado.

Los vecinos, añade, no estaban dispuestos a pagar la plataforma, que rondaba los 11.000 euros más la instalación, a pesar de que “la ley dice que se deben eliminar las barreras arquitectónicas”.

La norma a la que se refiere Molina es la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a las comunidades de vecinos a acometer obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar la accesibilidad, especialmente en el caso de personas con discapacidad o mayores de 70 años, lo incluye “la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior”, pero solo si el coste total de la reforma “no excede de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

La ley indica que también será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.

100.000 personas sin poder salir de sus casas

Lo que le ocurrió a Antonio no es, ni mucho menos, un caso aislado. Según los cálculos del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), un 80% de las viviendas no están adaptadas a las personas mayores, uno de cada tres hogares no es accesible y solo la mitad dispone de garaje y/o ascensor, una falta de accesibilidad que provoca que más de 100.000 personas “estén atrapadas en sus casas”. Vivir en esas condiciones no solo limita el movimiento, sino que se convierte en una forma silenciosa de aislamiento, erosionando la autonomía y golpeando la salud mental de las personas afectadas.

De hecho, desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), su presidente, Javier Font, asegura que el 85% de quejas que reciben en temas de accesibilidad están relacionadas con las comunidades de propietarios que, tal y como le ocurrió a Antonio, se niegan a hacer obras para resolverlo. Y aunque desde 2017 la ley exige ajustes razonables de accesibilidad, esa falta de acuerdo entre vecinos y el coste de las obras siguen frenando las intervenciones.

Esta federación no solo considera que la Ley de Propiedad Horizontal necesita actualizarse —tanto en su "lento y complejo sistema sancionador" como para alinearse con el Código Técnico de la Edificación, que fija los estándares de accesibilidad—, sino que va más allá y reclama una ley completamente nueva. “La ley actual es de 1993 y en muchos casos obstaculiza poder llegar a soluciones. Necesitamos un cambio en la normativa estatal, porque no lo ha hecho ni este Gobierno ni los anteriores”, señala Font a este periódico.

“La accesibilidad no es un lujo de unos pocos”

Desde FAMMA reconocen que gran parte del parque de vivienda en España es antigua y que adaptar los edificios puede resultar costoso, pero también insisten en que los ayuntamientos deberían ofrecer ayudas económicas que faciliten a los vecinos eliminar las barreras arquitectónicas.

Con el objetivo de facilitar información a las personas que puedan verse afectadas por la falta de accesibilidad de los edificios, el CGATE ha estrenado recientemente la web www.edificiosaccesibles.es, un espacio divulgativo sobre la normativa, ayudas económicas y soluciones técnicas que pueden aplicar las comunidades de propietarios, destacando que “la accesibilidad no es un lujo de unos pocos, sino una necesidad de todos”.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, de 51 años, había provocado daños en el parabrisas delantero, del lado del conductor, de su camioneta Toyota Hilux y la insultó frente a su domicilio. El episodio ocurrió el pasado domingo

La denunciante relató que el hombre comenzó a vociferar insultos y, acto seguido, dañó el vehículo estacionado frente a la vivienda.

Poco después, el personal de la Comisaría Jurisdiccional llegó al lugar para dialogar con el vecino señalado, quien permanecía en el interior de su domicilio. El hombre reconoció ante la autoridad haber provocado la rotura del parabrisas y argumentó que lo hizo porque la vecina tenía el volumen alto de la música.

Según consignó Diario Norte, la música que sonaba en la casa de la denunciante era de Ricardo Arjona. Tras la intervención policial, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia por escrito y continuar con los trámites legales correspondientes. La documentación policial incluye las declaraciones de los protagonistas y la descripción del daño ocasionado al vehículo.

Más peleas entre vecinos

Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Matías Damián Gorosito, de 20 años, abría pozos en el límite trasero de su casa, ubicada en la localidad de Manzanares, partido de Pilar. Su intención era colocar los troncos necesarios para instalar una medianera de alambre que separaría su terreno del predio vecino. Fue en esas circunstancias que perdió la vida tras recibir un disparo días atrás.

Por este hecho permanece detenido su vecino, Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años, quien fue arrestado en su domicilio por personal policial. Durante su aprehensión, González Samaniego aseguró a los efectivos que el disparo se produjo accidentalmente mientras cazaba palomas con un rifle de aire comprimido calibre 6,35 mm. A pesar de esa declaración inicial, la versión del acusado quedó en entredicho por el relato del hermano de la víctima, testigo directo del episodio.

El hermano de la víctima desmintió ante las autoridades la explicación de González Samaniego. Según su testimonio, el acusado disparó de manera intencional, aparentemente motivado por su molestia respecto al trabajo que Damián realizaba en la medianera para delimitar la propiedad.

Esta causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar, bajo la responsabilidad del fiscal Germán Camafreita, quien imputó a González Samaniego por el delito de homicidio simple.

Los hechos ocurrieron el viernes 2 de enero por la noche en una vivienda situada sobre la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. En ese momento, Gorosito se encontraba acomodando la estructura trasera del terreno cuando recibió el impacto del proyectil disparado desde el rifle.

Las fuentes del caso detallaron que el disparo ingresó por la axila izquierda de la víctima, habría alcanzado el corazón y perforado el pulmón, lesiones que resultaron letales.

Tras sufrir la herida, Gorosito fue trasladado con urgencia al Hospital Central de Pilar, donde los médicos no lograron salvarle la vida. Al ser indagado por el fiscal, González Samaniego, asistido por un defensor oficial, optó por no prestar declaración. Sin embargo, en el momento de su detención sostuvo ante la policía que el disparo se produjo mientras intentaba cazar palomas.

Las autoridades, no obstante, pusieron en duda la versión de González Samaniego, en particular después de escuchar el testimonio del hermano de la víctima, quien afirmó que el acusado le apuntó y disparó, presuntamente como una forma de intimidar a Damián por los arreglos en la medianera.

“Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal”, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

El actor Édgar Vivar desmintió con humor y claridad los intensos rumores sobre su supuesta muerte, que generaron una ola de alarma y mensajes de despedida en redes sociales en los últimos días.

La propagación de esta información no verificada reavivó el debate sobre la velocidad y el impacto de las noticias falsas sobre celebridades, fenómeno que, según mostró la cobertura televisiva, puede provocar desconcierto no solo en el público, sino también en el círculo cercano del propio artista.

En su intervención en el programa Hoy, Vivar fue directo y empleó la ironía para zanjar el falso reporte: “No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”.

Esta frase fue recibida con risas en el estudio y sirvió para disipar el clima de inquietud que se había instalado tras la viralización de la noticia.

Un susto para sus allegados

El propio intérprete insistió en que no debía prestarse atención a estos rumores infundados, advirtiendo que su familia y amigos recibieron llamadas preocupadas provenientes del extranjero, resultado directo de la difusión masiva de la información errónea.

En palabras del actor citadas por el programa Sale el Sol: “Espero que no se viralice mi muerte, sobre todo porque asustan a amigos míos fuera de México. Desgraciadamente, corren más rápido las malas noticias que las buenas”.

El alcance del bulo evidenció el poder que las redes digitales tienen para amplificar sin filtro contenidos ficticios, incluso en ausencia total de fuentes oficiales.

Vivar, consultado por su reacción ante estos episodios, optó por restarles importancia y los consideró un reflejo de su vigencia como figura pública.

“No, no me molestan. Por el contrario: lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, afirmó en conversación con el matutino Hoy.

El estado de salud del actor, de 77 años, también fue abordado en la emisión en vivo, pues la velocidad del rumor llevó a muchos usuarios a preguntarse si atravesaba por una situación grave.

Édgar Vivar fue explícito al respecto: “Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando mientras me permita el creador”.

Además, subrayó que no planea apartarse del medio artístico a corto plazo y que continúa recibiendo invitaciones para proyectos en telenovelas y películas mexicanas.

Una trayectoria de décadas en el humorismo

En la actualidad, sigue interpretando a ‘Hipólito Menchaca’ en la comedia Vecinos, programa que reafirma su presencia en la televisión mexicana y lo vincula tanto a audiencias históricas como a nuevas generaciones.

Más allá del episodio viral, Édgar Vivar mantiene un lugar relevante en la cultura popular latinoamericana. Nacido el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México, primero completó la carrera de medicina y ejerció como obstetra antes de pasar, de manera definitiva, al mundo del espectáculo.

Su consagración llegó tras unirse al elenco de El Chavo del 8, donde encarnó a los personajes del Señor Barriga y Ñoño, trabajos que lo transformaron en un referente para varias generaciones.

A lo largo de más de cinco décadas, Vivar ha superado el género de la comedia televisiva para diversificarse en teatro, cine y el doblaje, con actuaciones destacadas en películas como ‘Ratatouille’, ‘Mi villano favorito’ y producciones internacionales como ‘El orfanato’. Todas ellas contribuyen a un legado artístico que sigue en desarrollo.

Un hombre de 29 años murió en Monte Hermoso tras una pelea callejera, ocurrida la noche del lunes. Por el hecho, hay tres detenidos.

El crimen ocurrió alrededor de las 20.30, en la calle Río Iguazú al 1.000, barrio La Esperanza. La víctima, identificada como Jesús Rubén Villarreal, residente de Monte Hermoso, pero oriundo de Coronel Dorrego.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Nueva, la confrontación fue catalogada como una pelea entre vecinos, que se desconoce aún el porqué se originó. La poca información que se tiene hasta el momento es que Villarreal ingresó al hospital con una herida de arma blanca en pecho, con el cuchillo aún clavado en su cuerpo. Según precisaron los médicos que lo trataron, presentaba un hemitórax izquierdo y murió poco después de su ingreso.

Por el hecho, la Policía detuvo a tres vecinos: H. H. M. Á., de 42 años, señalado como el presunto autor material del homicidio; mientras que C. E. R. (21) y F. E. Q. R. (29, quedaron detenidos bajo la acusación de haber agredido a Villarreal cuando ya se encontraba en el suelo.

Tras tomar conocimiento del caso, la Policía de Monte Hermoso intervino bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (UFIJ N° 5), que instruyó la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio violento.

Mató a un vecino por un conflicto por la medianera en Pilar

Días antes, ocurrió el crimen de Matías Damián Gorosito, de 20 años, en Pilar, también por un conflicto vecinal. El joven cavaba pozos en el límite posterior de su casa de la localidad de Manzanares, para poner los troncos que sostendrían la medianera de alambre con la que intentaba delimitar su terreno del predio de su vecino. Todo parecía una situación normal, pero Gorosito fue asesinado.

Por el homicidio, está detenido justamente su vecino, Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años, que les dijo a los policías que lo arrestaron en su casa que “se le escapó el tiro cuando cazaba palomas con un rifle de aire comprimido” calibre 6.35.

El hermano de la víctima, testigo directo de lo sucedido, refutó ante las autoridades la versión del detenido e imputado por el delito de homicidio simple, en una causa que investiga la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Todo sucedió el viernes pasado por la noche en una propiedad de la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. Damián acomodaba la medianera trasera cuando recibió el disparo del rifle. “Impactó en la axila izquierda, habría tocado el corazón y le perforó el pulmón”, explicaron las fuentes del caso a Infobae las lesiones fatales que recibió la víctima.

Damián fue trasladado al Hospital Central de Pilar, pero falleció al poco tiempo. Ante el fiscal González Samaniego, con defensor oficial, se negó a declarar, aunque a los policías que lo detuvieron les había dicho que se le escapó el tiro mientras cazaba palomas.

Las autoridades no creen mucho en esa versión de los hechos, más aún luego de haber escuchado al testigo directo del crimen: el hermano de la víctima, quien alegó que el sospechoso le apuntó y le tiró, aparentemente, porque González Samaniego “estaría en disconformidad por el arreglo que hacía Damián en la medianera”.

“Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal”, ampliaron las fuentes del caso.

Su argumento es muy sencillo. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, quiere que el Palacio, el recinto ferial y el hotel se levanten en unas parcelas que hay enfrente del Centro Comercial Zielo, justo limitando con la carretera M-503. Todos los suelos son 100% titularidad municipal. El Plan Parcial se aprobó en febrero de 2024, el Proyecto de Reparcelación en mayo de 2025, y el Proyecto de Urbanización en noviembre de este año, que es el acto ahora impugnado. ¿Por qué? Porque Ecologistas en Acción asegura que falta la evaluación de impacto ambiental, algo obligatorio desde que el ‘Real Decreto 445/2023, de 13 de junio’ modificó la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’. Es decir, “dicha normativa debe ser observada y aplicada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en la aprobación del Proyecto de Urbanización, pues desde de 2023 todos los Proyectos de Urbanización se sujetan al correspondiente procedimiento de impacto ambiental”, aseguran desde Ecologistas en Acción.

La ley es clara, señalan los ecologistas. “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”. Los recursos presentados exigen al Ayuntamiento que declare nulo el acuerdo municipal que en noviembre de este año aprobó el Proyecto de Urbanización “al ser el acto cuya ejecución se trata de evitar nulo de pleno derecho por vulnerar normativa interna y el derecho europeo”.

Los vecinos han creado una asociación, bautizada como Pozcavir (Pozuelo por la Calidad de Vida y Contra el Ruido). “Formada por familias que viven y trabajan aquí, y que se han visto obligados a dar un paso al frente ante un proyecto que amenaza con cambiar nuestro municipio para siempre. El Palacio de Congresos y el recinto ferial, más el hotel, se pretenden ubicar en un entorno especialmente sensible: la zona del Arroyo de las Platas, un espacio natural protegido y uno de los pocos pulmones verdes que aún quedan entre Pozuelo y Aravaca”, explica Javier Cabo, presidente de esta asociación.

6.000 firmas

La asociación ya ha recabado más de 6.000 firmas contra el proyecto y ha contratado a los abogados que han conseguido que se dejen de hacer conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. “Este proyecto destruye un entorno ecológico protegido, eliminando para siempre un espacio natural único. Además, un recinto ferial abierto, como el proyectado, generará inevitablemente ruidos constantes, masificación y molestias continuas para los vecinos colindantes. Según el programa del PP, el recinto se usará para todo tipo de conciertos y eventos, lo que implica cortes de tráfico recurrentes, problemas graves de movilidad, y botellones, vandalismo e inseguridad. Es un drama para los vecinos de la zona. El Ayuntamiento ya ha hecho un recinto ferial provisional que supera las mediciones de ruido permitidas. Y quieren construir otro definitivo al aire libre cuando la Justicia no le va a permitir realizar eventos porque superará esos niveles de ruido permitidos”, explica Cabo.

Los vecinos ya presentaron alegaciones, que fueron rechazadas. Ahora los plazos son que tienen hasta el 2 de febrero para seguir presentando recursos de reposición contra el acuerdo del plan de urbanización o acudir directamente a los tribunales para presentar un contencioso administrativo. También han encargado peritajes para demostrar que falta el estudio de impacto ambiental y que este es obligatorio. “Al final todo acabará en el juzgado, ya que el Ayuntamiento va a toda prisa para sacar esto adelante antes de las elecciones”, señala Javier Cabo. De hecho, el Consistorio licitó el pasado 21 de diciembre el contrato para empezar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros. Ese recinto ferial se levantará en una parcela de 21.000 metros cuadrados y está diseñado como una plaza pública ajardinada de uso diario, que contará con una zona de juegos y cuatro espacios como islas climáticas con jardineras, olivos centenarios que se trasladan sobre raíles y un bosque de fuentes con 101 surtidores. Todo esto se libera para habilitar 15.000 metros cuadrados con naves modulares para ferias, fiestas y conciertos. Tendrá aparcamiento para 291 plazas.

Aunque el proyecto estrella es el Palacio de Congresos, que se construirá al lado del recinto ferial. “Es un proyecto que hacía falta en Madrid. Va a formar parte de la historia de la Comunidad de Madrid”, señaló la presidenta Ayuso cuando lo amadrinó en 2024. El Ayuntamiento quiere explotarlo en régimen de concesión durante 50 años. Tendrá una cubierta dorada que jugará con la luz solar y una terraza transitable para ver el ‘skyline’ de Madrid. Dentro, muros ocultos y movibles permitirán que el Palacio se convierta en un solo auditorio de 2.000 personas o dos de 1.500 y 500 para ser escenario de óperas, bales, conciertos, partidos de baloncesto... Todo diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, que en agosto de 2024 ganó el concurso de ideas por 1,2 millones de euros (impuestos incluidos).

La tercera fase del proyecto es la construcción de un hotel, que gestionará la misma empresa que se lleve la concesión del Palacio de Congresos. “No creemos que exista una mejor parcela en todo Madrid para hacer un hotel, que va a ser un balcón a Madrid”, ha señalado el arquitecto Martín Caballero. Tendrá 150 habitaciones, con zonas deportivas para jugar al pádel y al golf, spa, dos piscinas, gimnasio, un espacio para la celebración de bodas, un bar para encuentros empresariales y tres restaurantes, uno de ellos con una terraza perimetral.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo aseguran estar tranquilos porque según un portavoz municipal el plan parcial que incluye estos proyectos tiene informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente desde 2017, cuando este departamento evaluó la aprobación inicial y determinó que “no implica riesgo para la salud humana ni tampoco tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”. También señala que “no aprecia que el plan parcial pueda suponer efectos significativos sobre otros planes concurrentes ni sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe ambiental estratégico”. En otro informe de ese mismo año 2017, la propia Consejería de Medio Ambiente aclara que “no es terreno forestal”.

“Y así se aprueba definitivamente ese plan parcial en 2024, por lo que este mismo año el Ayuntamiento de Pozuelo, para curarse en salud, vuelve a preguntar a la Consejería si esos proyectos también exigen una evaluación medioambiental. La respuesta de la Consejería hace ya más de dos meses, a mediados de octubre, es que no porque el proyecto presentado no se encontraría en los supuestos incluidos en el real decreto de 2023 que determina los casos en los que sí se requiere ese informe. O sea, es falso que la ley obligue a una evaluación ambiental para un proyecto de este tipo y cuyo plan parcial no es forestal y cuenta con informes favorables de la administración regional desde 2017″, concluye el mismo portavoz.

Sanción por el arroyo

De momento, el Ayuntamiento se enfrenta a una sanción de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por las obras que ya ha realizado para habilitar un recinto ferial provisional en estas parcelas donde ya se han celebrado fiestas y eventos. Los vecinos denunciaron que los trabajos realizados por el Consistorio han afectado a un arroyo protegido, bautizado como Arroyo de las Platas, pero que la CHT conoce como Arroyo de los Portugueses. “Se ha incoado procedimiento sancionador por los hechos denunciados”, se limita a confirmar la CHT.

Un incendio registrado la tarde del lunes en un edificio de la calle Al-Shafra, en el municipio alicantino de Crevillent, movilizó un amplio dispositivo de emergencias y generó momentos de tensión entre los residentes y los equipos de rescate.

El balance provisional es de seis personas rescatadas, dos de ellas en estado grave por inhalación de humo, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos y las autoridades locales. La alarma se activó a las 20:00 horas, cuando el Consorcio Provincial de Bomberos fue alertado de un incendio en una vivienda situada en la segunda planta del edificio.

El foco del fuego se localizó en ese segundo piso, donde residía un hombre que acumulaba más de treinta denuncias de sus vecinos ante la Policía Local por altercados y comportamientos conflictivos. Durante el operativo, este individuo fue detenido por la Guardia Civil.

Seis afectados

El incendio provocó una densa acumulación de humo y obligó a desalojar el edificio por completo para evitar riesgos mayores, según el Consorcio Provincial de Bomberos. De los seis afectados, cuatro pudieron ser rescatados por la fachada con ayuda de los bomberos, mientras que los otros dos fueron extraídos por el interior del inmueble.

Estas dos personas resultaron especialmente afectadas por la inhalación de humo y fueron atendidas en estado grave por los equipos sanitarios del SAMU. Entre los heridos graves figura una mujer de unos treinta años, trasladada intubada al hospital, mientras que su pareja recibió asistencia médica en el lugar. Ambos residían en la planta superior de la vivienda incendiada.

El dispositivo de emergencia incluyó dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal. En el operativo participaron un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda, según detalló EFE. Más de treinta agentes de la Policía Local colaboraron en las labores de evacuación y control del perímetro.

Edificio desalojado

El incendio obligó a desalojar por completo el bloque número 4 de la plaza. Los vecinos solo pudieron regresar unos minutos para recoger pertenencias, pero no se les permitió permanecer en el edificio debido a la alta concentración de humo y hollín. La alcaldesa de Crevillent y varios concejales acudieron a la zona durante la intervención.

La rápida propagación del humo dificultó la evacuación, ya que las llamas, además de afectar la vivienda donde se originó el fuego, dañaron otras zonas comunes del edificio. Por precaución, los bomberos establecieron un control de acceso para revisar la estructura, mientras el personal sanitario mantuvo una vigilancia sobre los residentes afectados por la inhalación de humo.

La preocupación entre los vecinos aumentó al confirmarse que el inmueble permanecería cerrado hasta que se garantizara su seguridad. La presencia de las autoridades locales y la coordinación entre los diferentes cuerpos implicados permitieron mantener el orden durante la emergencia.

A las 21:00 horas, los bomberos continuaban los trabajos de extinción y aseguramiento del área, según confirmó el Consorcio Provincial de Bomberos. La intervención coordinada de los servicios de emergencia permitió evitar consecuencias más graves en el inmueble.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se originó en la vivienda de la segunda planta, donde residía el hombre detenido, que presentaba antecedentes por problemas de convivencia y adicciones. Los bomberos y la Policía Local destacaron la rapidez de la intervención y la colaboración vecinal para facilitar la evacuación.

El verano inició con un operativo municipal en Mar del Plata, que concluyó con la desarticulación de la primera fiesta clandestina de la temporada. Más de 100 personas asistieron al evento realizado en una vivienda particular del barrio Playa Serena, donde las autoridades respondieron ante reiteradas denuncias por ruidos molestos y desórdenes en la vía pública.

La intervención se llevó a cabo el domingo por la mañana, entre las 7 y las 8, cuando personal de Inspección General arribó a la propiedad situada en la intersección de calles 449 y 16.

Según explicaron fuentes municipales consultadas por el portal 0223, los vecinos de la zona alertaron sobre el persistente volumen alto de la música y la imposibilidad de descansar debido a los gritos y disturbios.

Una vez en el lugar, los inspectores interrumpieron la fiesta, desalentando la permanencia de los asistentes y labrando las actas correspondientes por infracciones a la normativa local.

Además de los disturbios sonoros, el operativo de Inspección General detectó que numerosos vehículos particulares ocupaban la vía pública de forma indebida, bloqueando el paso de otros automovilistas y aun de los propios residentes del barrio.

En simultáneo, las autoridades recordaron que la realización de fiestas no autorizadas en domicilios particulares está prohibida y puede acarrear sanciones económicas severas.

Con el operativo, el Municipio busca marcar presencia y frenar una modalidad que suele repetirse a lo largo del verano, cuando los jóvenes migran de los boliches hacia casas particulares y continúan las celebraciones durante las primeras horas de la mañana, algo comúnmente conocido como “after”.

Golpearon a un hombre hasta dejarlo inconsciente en un boliche clandestino en Mar del Plata

Una creciente preocupación invade a los habitantes del barrio Belgrano en Mar del Plata tras la reciente agresión a un hombre que quedó inconsciente por los golpes que recibió en las cercanías de un local que, según los vecinos, opera como boliche clandestino. Este episodio de violencia, ocurrido durante la madrugada del domingo, se suma a una sucesión de eventos similares reportados a lo largo de los últimos tres años.

Los residentes relataron al medio 0223 que las disputas violentas han sido una constante cada semana dentro y fuera de la vivienda ubicada en la intersección de San Salvador y Benito Quinquela Martín, convertida en un espacio donde se vende alcohol y se realizan espectáculos musicales de cumbia y música tropical. “En la madrugada de este domingo desmayaron a un hombre a los golpes”, detallaron los vecinos, quienes describieron que las imágenes capturadas por cámaras en la zona exhibieron cómo la víctima cayó al suelo tras la agresión, mientras los responsables se retiraban del lugar sin que ninguna persona interviniera.

El malestar en la comunidad se ve potenciado por lo que consideran una ausencia de respuestas ante las denuncias repetidas por parte de los vecinos. “Cansados de denunciar”, expresaron, al tiempo que advirtieron sobre la existencia de “un punto de drogas enfrente del espacio”.

Una vecina, cuya identidad se reservó, manifestó al medio local su sorpresa y frustración respecto al accionar de las autoridades: “Es una casa y les dieron el papel de habilitación. Estamos todos locos”, señaló, resumiendo el desconcierto de una comunidad que percibe que las medidas oficiales resultan insuficientes frente a la peligrosidad y el desamparo creciente que sienten desde hace años.

Estrenada en septiembre de 2008, Vecinos se transformó en una de las producciones televisivas más queridas por los colombianos. Emitida por Caracol Televisión —y actualmente en retransmisión— y protagonizada por Robison Díaz y Flora Martínez, cuenta la historia de Óscar Leal, un taxista extrovertido y buena persona con debilidad por la fiesta, lo que le vale problemas con sus vecinos por el ruido que genera. Una serie de situaciones (incluido el hecho de ganarse la lotería) lo llevan a conocer a Tatiana Gómez, que se transformará en su interés amoroso y en el hilo conductor de toda la historia.

Entre los miembros del elenco estuvo Fernando Solórzano, que interpretó a Henry Patarroyo, el mejor amigo y confidente de Óscar, caracterizado por su lealtad y por tener como rasgo físico destacado su cojera.

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En diálogo con la revista Vea, y aprovechando el regreso de la telenovela a la programación televisiva, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que cuando iniciaron las grabaciones sufría ataques de gota por ácido úrico durante las grabaciones, hecho que le impedía caminar con normalidad.

“Estábamos grabando en exteriores y yo estaba cojo. El director me preguntó por qué, le expliqué, y nos quedamos pensando qué hacer porque yo necesitaba caminar mucho. Entonces dije: ‘Volvámoslo cojo’”, relató. “El director se preocupó porque ya llevábamos ocho días grabados, pero le dije que eso no era nada frente a más de 120 capítulos. Y así quedó”, añadió.

Curiosamente, la idea no solo resolvió el cómo lidiar con el problema físico sin perjudicar las grabaciones, sino que terminó jugando a su favor a la hora de interpretar al personaje. “La cojera me ayudó mucho para el personaje, le daba cierta vulnerabilidad y sumisión que encajaba perfecto”, explicó.

Otra decisión producto de las circunstancias durante la grabación de Vecinos tuvo que ver con la decisión de que Henry muriera en un accidente dentro de la trama, siendo uno de los momentos más intensos de la producción. Según reveló el propio Solórzano, dicha decisión se tomó con el fin de que pudiera interpretar el papel de Braulio Bermúdez, capo de la droga y protagonista de Las Muñecas de la Mafia, del mismo canal.

Por otra parte, “El Flaco” reflexionó sobre lo que significa para él verse en pantalla casi dos décadas después, así como a las muestras de cariño que recibe su personaje.

“Para uno como actor es muy difícil verse después de tanto tiempo. Uno ve algo de hace tres años y ya le parece viejísimo; ahora imagínate 10, 15, 20. Yo me veo ahí y digo: ‘Era un niño’”, manifestó.

Fernando Solórzano reveló cuál es la situación que no le permite estar en ‘Masterchef Celebrity’

En diálogo con Buen día, Colombia, el actor admitió que fue invitado en varias ocasiones a participar en MasterChef Celebrity, pero hasta ahora se negó a sumarse debido a sus dudas sobre sus habilidades culinarias.

Aunque no descarta sumarse en el futuro, Solórzano manifestó que antes de aceptar el reto quiere prepararse adecuadamente, considerando que el nivel de exigencia en el programa es cada vez mayor.

“Me han invitado varias veces, pero a ese (MasterChef) sí me da miedo. En La casa de los famosos la habilidad era mi personalidad, acá la habilidad es la cocina. No es que sea un ñoño, pero no soy tan habilidoso”, indicó. “Me da vaina no tener las condiciones. Yo le he dicho a Rausch que voy, pero me entreno porque cada vez el nivel es más alto en MasterChef. Yo me puedo hacer mi carne, pero que me pongan a hacer un flan, a hacer un postre; no he hecho un postre en mi vida. Me voy a entrenar a ver…”, concluyó.

La relación entre dueños y animales de compañía ha evolucionado, hasta convertirse en un aspecto central de la vida cotidiana para millones de familias. Adoptar una mascota implica incorporar un nuevo miembro al hogar, lo cual va más allá del afecto y las rutinas compartidas.

Diversos estudios han destacado los beneficios emocionales de convivir con un perro, como el fortalecimiento de vínculos afectivos y el desarrollo de responsabilidades, pero también surgen desafíos específicos cuando se integran perros de diferentes edades. En ese contexto, la convivencia puede verse afectada por diferencias energéticas y comportamentales, aspecto que suele observarse con mayor frecuencia en viviendas donde el can original es adulto o sénior.

Para ello, el adiestrador canino Juan Manuel, ha difundido a través de su cuenta de TikTok, (@filosofia.animal), que muchas personas consideran que el cariño y el juego entre perros surgen de manera espontánea, aunque la realidad puede diferir según la edad y personalidad de los animales.

Analizar el contexto

Al sumar un nuevo cachorro a una casa con un perro de avanzada edad, el entorno familiar se transforma. Estas incorporaciones pueden alterar la rutina diaria de quienes comparten tiempo y espacio con sus mascotas. Los adultos mayores buscan descanso y familiaridad, mientras que un cachorro transmite curiosidad y desea un intercambio constante. Estas diferencias suelen pasar inadvertidas hasta que aparecen los primeros signos de tensión.

El adiestrador canino advierte sobre la importancia de analizar el contexto antes de sumar un nuevo integrante de cuatro patas al hogar. “Primero, es bueno entender si el perro que convive ahora conmigo es el escenario ideal para adoptar un cachorro”, expresó Juan Manuel, quien ha observado casos recurrentes de estrés en perros adultos sometidos al ritmo inagotable de los más jóvenes.

El especialista remarca que animales con nueve o diez años tienden a buscar calma, y la energía de un cachorro puede romper ese equilibrio. “Hay perros que ya están en otra etapa de la vida, que tienen nueve, diez, once años, que están para tirarse en el sofá a leer un libro y le traemos un cachorro de tres meses que lo único que quiere es jugar todo el día”, indicó el adiestrador.

Observar el comportamiento

La inquietud constante de los cachorros genera situaciones en las que los perros adultos reciben estímulos que no siempre desean, lo que se traduce en intentos de evasión, ladridos o muestras de agotamiento. Juan Manuel recomienda observar el comportamiento del perro adulto frente a cachorros ajenos para anticipar cualquier reacción adversa al cambio de ambiente.

“¿El perro que vive ahora con nosotros cómo se lleva con cachorros? ¿Le gusta la energía que tiene un cachorro o no? ¿Los evita? ¿Se estresa?”, cuestionó el especialista, cuyo método se centra en el bienestar integral animal. Resalta que ignorar estos indicios puede desencadenar episodios de estrés que impactan negativamente en la calidad de vida de los animales, así como en la convivencia general dentro del hogar.

El adiestrador concluyó que, dependiendo de la etapa vital del animal, puede ser más apropiado adoptar un perro adulto que comparta una energía similar con el residente original. “Esto es muy importante porque quizás, repito, para esta etapa de la vida no es lo mejor traer un cachorro a casa y es conveniente traer un perro adulto con otro nivel de energía, más tranquilo, más sosegado”, resumió Juan Manuel.

Después de estar involucrado en varias polémicas y procesos legales en Argentina, en 2025 Sebastián Villa volvió a tener una regularidad deportiva en Independiente Rivadavia.

De hecho, el impacto del colombiano en la institución de Mendoza fue tan importante que como capitán se encargó de levantar la Copa Argentina, primer título oficial de la institución en su historia.

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La relevancia de Villa en el fútbol argentino ha hecho que equipos del continente se interesen en adquirir sus derechos deportivos para la próxima temporada, siendo Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores, uno de los clubes que ha preguntado por el colombiano.

Hasta el momento, solo se ha confirmado que Villa no seguirá en Independiente Rivadavia la próxima temporada y que el club pide al menos 12 millones de dólares por la ficha del cafetero de 29 años.

Comportamiento de Villa en Medellín no sería el mejor

Mientras en Argentina se habla de las opciones que tiene Villa para el mercado de invierno, en Colombia el futbolista es noticia por su comportamiento en Medellín.

Al respecto, Alerta Antioquia habló con un vecino del extremo, que ha sido denunciado por una presunta agresión verbal e intimidación al interior de la unidad residencial en la que vive.

En el informe se menciona que los residentes de la unidad Tierragrata Palmas, en la zona de Loma del Indio, aseguran que el futbolista tiene un comportamiento agresivo en contra de los vecinos; de la misma forma, que obstruye zonas comunes con su vehículo y viola de manera constante el manual de convivencia.

El hecho por el que ha sido denunciado se registró el 11 de diciembre, luego de que la esposa del hombre que habló con el medio estaba saliendo hacia su lugar de trabajo, en su recorrido para salir de la unidad, paso cerca al vehículo de alta gama en el que estaba Villa junto a dos hombres más.

El ciudadano afirmó que su pareja fue agredida verbalmente por Villa y los demás sujetos, lo que incluyó una intimidación por parte de los hombres que estarían bajo los efectos del alcohol. “Le dicen que no le darán paso, que cómo va a ir a trabajar en diciembre, que tan pobre, que se bajara a tomarse un trago“, es parte del relato del denunciante.

Debido a este hecho, los vecinos del futbolista tomaron la decisión de exponer públicamente al nacido en Bello, del que afirman que tiene comportamientos de esa índole cada vez que regresa al país.

Los residentes indican que Sebastián Villa tiene fiestas constantes en las que infringe el nivel de ruido de la unidad residencial y otras normas estipuladas en el manual de convivencia.

El denunciante indicó que la administración ha afirmado que tiene una serie de acuerdos con Sebastián Villa, pero estos han sido incumplidos en todas las ocasiones, por lo que afirman estar cansados con el comportamiento del deportista.

Como evidencia de la molestia, expusieron un correo electrónico enviado por otro residente, que expone el tipo de comportamiento que tiene Villa en el lugar.

“El propietario del 2405 viene haciendo ruido constante. Hoy bajé a pedirle amablemente que bajara un poco el volumen… y fue muy grosero indicándome que era su casa y que si no me gustaba que comprara el apartamento de él y todo el edificio para que no me hicieran ruido. Le dije que la música era para él, no para todos y me volvió a decir que de malas y que me fuera de su apartamento“, es el correo expuesto sobre la situación mencionada.

El ruido es el segundo factor de estrés ambiental más dañino en Europa. Y, si bien el principal problema lo tiene el tráfico en las ciudades, también otras fuentes de ruido pueden generar inconvenientes como, los ruidos molestos originados por las personas con las que compartes edificio.

Entre vecinos, el ruido es una de las principales causas de conflicto en la convivencia, ya sea por una lavadora estridente, música alta o llevar tacones a deshoras. Estos sonidos pueden llegar a afectar al descanso y al bienestar del hogar. Las soluciones más recurrentes son el aislamiento de paredes y cambiar hábitos en la rutina, pero estas no son siempre lo suficiente efectivas.

Estas moletias no solo interrumpen el espacio, sino que también genera grandes tensiones en el vecindario, con las consecuencias negativas que ello implica, desde mal humor hasta dolores de cabeza. Por suerte, existe una nueva solución para terminar con los ruidos. Se trata de un invento revolucionario un tornillo desarrollado por investigadores de la Universidad de Malmö, al que han llamado Sound Screw.

El ruido vecinal en España

Los límites máximos de ruido están determinados por ayuntamiento. En general, son de 35 dB (decibelios) para el horario diurno, entre las 19:00 y las 23:00 horas, y de 30 dB para el nocturno. Saber y cumplir con esta norma es fundamental para garantizar la calidad de vida de las personas. Actualmente, la regulación se rige por el Real Decreto 1513/2005, que desarrolla la Ley 37/2003 del ruido.

De todos modos, esta normativa va cambiando según la región. En Andalucía, el límite en dormitorios es de 40 dB diurnos y 30 nocturnos, mientras que en Barcelona y Madrid no se pueden sobrepasar los 30 durante el día y 25 por la noche.

Para realizar obras en casa, el horario permitido es de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 o 22.00 horas, aunque el uso de máquinas se restinge sobre las 20.00. No obstante, hay municipios que vetan cualquier ruido durante las horas de la mañana, especialmente en la hora de la siesta, alrededor de las 15.00 o 16.00 horas.

Un invento revolucionario: ‘Sound Screw’

Según los investigadores suecos, el tornillo cuenta con un muelle en el centro que actúa a modo de amortiguador de las ondas sonoras. Está pensado para viviendas de madera, que normalmente presentan más problemas acústicos que las de hormigón. Cuando se fija en la madera, el tornillo permite a las superficies estar conectadas de forma mecánica pero sin permitir que el sonido se propague a través de ellas.

A diferencia de otras soluciones más convencionales, como paneles de corcho, el tornillo no ocupa espacio y tiene una fácil e intuitiva instalación, lo que lo convierte en una opción accesible para mejorar el ailamiento sonoro los hogares.

En laboratorio, se ha demostrado que llega a reducir hasta nueve dB . Ha sido avalado por la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, y la empresa creada por los investigadores, Akoustos, está trabajando en su comercialización, que está orientada a este próximo año 2026.

Ante la preocupación por la ocupación indebida de plazas de garaje en comunidades de vecinos, la Policía Local de Marbella ha ofrecido una serie de recomendaciones para quienes se encuentren en esta situación. El cuerpo policial ha subrayado que, antes de tomar cualquier medida, es fundamental determinar si la ocupación se ha producido de manera intencionada o si responde a un simple error.

“Lo primero que tendrás que comprobar es si esa ocupación se ha producido de forma consciente o se trata de un error”, ha explicado un portavoz de la Policía Local de Marbella a través de un vídeo publicado en sus redes sociales (@policia_local_marbella).

El agente ha precisado que la usurpación de una plaza de garaje puede constituir un delito, pero para que así sea, es necesario que la persona que ocupa la plaza sea plenamente consciente de que pertenece a otro propietario y, aun así, decida utilizarla.

Conocedor de la situación

“La usurpación de una plaza de garaje, efectivamente, puede ser un delito, pero requiere que ese usurpador sea conocedor de que esa plaza de garaje tiene un propietario y aun así decide ocuparla despreciando la propiedad”, ha detallado el portavoz de la Policía local de Marbella.

Las primeras gestiones recomendadas pasan por la vía vecinal. El portavoz ha sugerido que “es conveniente preguntar a los vecinos para informarse sobre algún nuevo propietario o algún nuevo inquilino que se haya incorporado a la comunidad”. Según ha añadido, “estas sencillas gestiones, en un buen número de casos, solucionan el problema”.

En muchas ocasiones, según asociaciones de comunidades de propietarios, estos casos suelen originar situaciones de conflicto que pueden escalar si no se abordan de forma dialogada. En la provincia de Málaga, por ejemplo, los conflictos por usos indebidos de plazas de garaje representan un motivo recurrente de quejas en las juntas vecinales.

Las claves para resolver la ocupación

En caso de que la ocupación persista, la Policía Local de Marbella ha aconsejado dejar un aviso visible en el vehículo, informando de que la plaza tiene propietario, o utilizar los canales de comunicación internos de la comunidad.

“Para descartar el error, dejar anuncios en el vehículo informando de que esa plaza de garaje tiene un propietario o utilizar medios de comunicación a disposición de la comunidad, como puedan ser la propia administración, el tablón de anuncios o grupos de WhatsApp existentes”, ha propuesto el portavoz.

La ocupación indebida de una plaza no solo implica una posible sanción administrativa, sino que, dependiendo del caso, puede acarrear responsabilidades civiles si se impide reiteradamente el acceso legítimo a un propietario.

El desconocimiento de la normativa interna de una comunidad es otro factor que con frecuencia agrava estos incidentes. Si tras estas gestiones se confirma la intencionalidad de la ocupación, el siguiente paso es acudir a la policía local con la documentación que acredite la propiedad o el derecho de uso de la plaza.

“Confirmada la intencionalidad de la usurpación, deberás acudir a la policía local provisto de un título de propiedad u otro que te otorgue el uso legítimo de la plaza, a presentar la denuncia, para que nosotros podamos intervenir y hacer las averiguaciones oportunas sobre el vehículo y su titular y, en último caso, poder retirarlo para que puedas hacer uso de tu plaza”, ha concluido el portavoz de la Policía Local de Marbella.

El 3 de diciembre de 2025 una empresa de limpieza acudió a la vivienda de una jubilada en Troyes (Francia) tras la insistencia del vecindario. Allí, encontró un caso de acumulación extrema de basura. La imagen que esperaba en el interior superó cualquier expectativa: un total de 5.000 bolsas de basura ocupaban la casa, cada una repleta de residuos acumulados durante meses. La escena evidenció el resultado de una convivencia diaria con la suciedad, el síndrome de Diógenes de la mujer y el olvido en términos de higiene doméstica.

La jornada de limpieza no se resolvió con una simple visita. El equipo contratado por las autoridades empleó tres días completos en la retirada sistemática de todos los sacos y en la descontaminación del lugar. El volumen de residuos retirados convirtió la operación en una de las más extensas registradas en la comarca, reflejando la gravedad del caso tras meses de evidente deterioro ambiental dentro del domicilio.

La vivienda, situada en una de las calles más residenciales del pueblo, mostraba un estado de abandono visible incluso desde el exterior, pero la magnitud del hallazgo sorprendió tanto al personal de limpieza como a los responsables institucionales. Este episodio marcó un punto de inflexión tanto para el barrio afectado como para las autoridades, que hasta ese momento solo habían podido actuar de manera periférica ante las reiteradas molestias denunciadas por los residentes.

Las denuncias de los vecinos

Vecinos del entorno manifestaron alivio y resignación tras conocerse la intervención en la vivienda. Durante meses, quienes residían en las proximidades soportaron un olor persistente y profundo, agravado por las altas temperaturas y la imposibilidad de ventilar las casas sin que los aromas penetraran en el interior. Uno de los residentes señaló que debió abandonar el uso de su balcón en pleno verano, ya que la presencia de orina de gato impregnaba el ambiente y resultaba imposible disfrutar de los espacios exteriores.

Estas declaraciones reflejan el alcance del malestar generado por la situación. La acumulación sistemática de residuos y la convivencia con alrededor de cincuenta gatos dentro de la vivienda profundizaron los problemas de insalubridad, extendiendo el impacto más allá de los límites de la propiedad e interfiriendo con la vida cotidiana del vecindario.

Las medidas de las autoridades

Detrás del estado crítico de la vivienda, los reportes señalaban la existencia de un problema de salud mental poco comprendido y a menudo invisibilizado: el síndrome de Diógenes. Esta condición se caracteriza por la acumulación compulsiva de objetos y residuos, el abandono de la higiene personal y doméstica, y una severa desconexión con el entorno social. En este caso, la jubilada compartía el espacio con decenas de felinos, acentuando los riesgos para la salud y el deterioro en el domicilio.

Las autoridades locales enfrentaron serias restricciones al momento de intervenir. A pesar de la presión ejercida por el vecindario y la gravedad de la situación, el alcalde de la localidad, Thierry Mercuzet, declaró abiertamente la escasa capacidad de acción ante un posible caso de reincidencia. Según sus declaraciones, se trata de “un asunto de la vida privada”, lo que ubica la responsabilidad fuera del alcance directo de la administración municipal y dificulta la repetición de medidas en situaciones similares.

La tarde de ayer jueves, el centro de La Plata se transformó en escenario de una situación de alta tensión cuando un grupo de personas persiguió y retuvo a un joven acusado por testigos de intentar robar a un hombre en silla de ruedas.

El incidente ocurrió en la transitada diagonal 80 entre 46 y 4, e involucró la intervención de transeúntes, vecinos, fuerzas municipales y policiales.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el episodio se desencadenó, cuando la víctima solicitó ayuda a los gritos. Personas que circulaban por la zona respondieron a su pedido y empezaron a perseguir al sospechoso, a plena luz del día y en un sector de habitual concentración de peatones.

Todo finalizó cuando varias personas lo redujeron en el suelo tras un forcejo. Para ese momento, parte de la ropa del supuesto implicado fue arrancada por quienes lo acusaban, y la tensión escaló cada vez más.

Algunos testigos intervinieron para detener la agresión e intentaron evitar que se produjeran golpes, argumentando que no correspondía ejercer violencia ante una situación no esclarecida.

Frente a esto, algunos de los presentes plantearon dudas sobre la culpabilidad del joven: “Podría ser inocente”, expresó una vecina, al tiempo que solicitaba mesura en la reacción colectiva. “No corresponde golpear a una persona sin tener certezas, eso le compete a la Justicia”, agregó otro de los testigos.

Poco después de la reducción del sospechoso, arribaron agentes de la Patrulla Municipal y un móvil de la Policía Bonaerense, que separaron a las partes y restablecieron el control de la situación. De esta manera, demoraron al joven para su identificación y evitar nuevos episodios de violencia, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El personal de la Comisaría Primera de La Plata inició el protocolo habitual: recopiló testimonios de los involucrados, de la persona en silla de ruedas y de otros presentes. También tomó registros fotográficos e intentó reconstruir los hechos previos a la persecución para determinar si se consumó o no el intento de robo que dio origen a la reacción colectiva.

El avance de la investigación estará a cargo de la Comisaría Primera y del Ministerio Público Fiscal, que analizarán pruebas, relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios. El proceso incluirá la identificación fehaciente tanto del presunto damnificado como del acusado, y la eventual imputación en caso de que las pruebas así lo respalden.

Violencia en La Plata

Un episodio de violencia alteró la tranquilidad en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 motivó la llegada del Comando de Patrullas LP a la intersección de las calles 117 y 601, donde se denunció la presencia de una mujer alterada que había causado daños en una verdulería local.

La situación, que ocurrió el lunes pasado, comenzó con la llegada de la agresora, identificada como M. R., una joven de 26 años, quien se encontraba en actitud hostil en inmediaciones del comercio.

Según relatos recabados en la escena, la comerciante, una mujer de nacionalidad paraguaya de 28 años, identificada como E. A. M., explicó a las autoridades: “Esa chica, le quiso pegar a la señora -señaló a una chica- y comenzó a romper todo en el comercio, porque no la dejaba entrar”.

La agresora había ingresado al local blandiendo un ladrillo y lanzando amenazas: “Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora”.

Según información oficial, tras el arribo de la policía, la señora que había sido atacada se identificó como M. G. S., otra paraguaya de 45 años. Relató que, al bajar del colectivo, fue seguida por M. R., quien le exigía dinero. Ante su negativa, la atacó físicamente y le arrojó una piedra que impactó en su cabeza.

La víctima alcanzó a ingresar a la verdulería y pidió cerrar el local para protegerse. “Cerrá porque me está siguiendo una chica loca”, dijo, de acuerdo con el medio platense 0221.

La identificación formal de la víctima y la comunicación de la noticia a sus familiares, realizada por la Policía Nacional, permitió ofrecer apoyo institucional mientras se desarrolla la investigación en la playa de Bocabarranco, en Telde, Gran Canaria. Según detalló el medio, las autoridades confirmaron que la víctima era un hombre de entre 30 y 35 años, identificado como paciente psiquiátrico, cuyo cadáver apareció desnudo y con heridas visibles en la costa este martes 2 de diciembre.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la alerta sobre la presencia del cadáver fue recibida a las 8:30, lo que movilizó a agentes de la Policía Nacional hasta la zona de Bocabarranco. Los primeros en llegar al lugar constataron que el cuerpo se encontraba con signos evidentes de sangrado y sin ropa, lo que condujo inmediatamente a la activación del protocolo de seguridad habitual para este tipo de sucesos.

La situación generó expectación entre los residentes y personas que frecuentan la playa, debido a que la aparición de un cuerpo desnudo y ensangrentado en un área pública llamó la atención tanto de vecinos como de las autoridades locales. Según consignó el medio, los agentes procedieron a acordonar la escena, recopilar pruebas materiales y tomar muestras para su análisis pericial, con el objetivo de asegurar el espacio y evitar la contaminación de la evidencia que puede resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

La investigación se centra ahora en la autopsia prevista para el miércoles, descrita por la Policía Nacional como el paso fundamental para determinar la causa exacta de la muerte y esclarecer si corresponde a un hecho accidental o violento, según recogió el medio. El procedimiento forense servirá como herramienta decisiva para confirmar o descartar la existencia de indicios que apunten a la implicación de terceros, o ratificar un posible accidente como origen del fallecimiento.

Hasta el momento, tal como señaló el medio, no se han producido detenciones ni se ha identificado a ninguna persona como posible implicada en los hechos. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por la Policía Nacional, advirtieron que todas las hipótesis permanecen abiertas y que los siguientes pasos dependen de los resultados que arroje la autopsia.

La recopilación de pruebas en la escena, la discreción sobre los detalles del caso y el ambiente de cautela marcan el actual desarrollo de la investigación, indicó el medio. El análisis del entorno donde apareció el cuerpo y el hecho de que la víctima era paciente psiquiátrico forman parte relevante de las líneas abiertas por la Policía Nacional.

Las autoridades insisten en que la información se mantiene bajo estricta reserva para evitar entorpecer el avance del caso. El proceso de esclarecimiento continuará en las próximas horas, centrado en los datos que se deriven tanto de la inspección ocular como del dictamen pericial, reveló el medio.

La Policía Nacional, responsable de la investigación, dirige todas las diligencias mientras espera conocer los resultados forenses para confirmar o descartar la hipótesis de delito. La autopsia y el análisis detallado de la escena motivan la cautela de los investigadores, que sostienen la prioridad de preservar la cadena de custodia de la evidencia para esclarecer las circunstancias que llevaron al fallecimiento del hombre encontrado en la playa de Bocabarranco.

Según los testimonios recogidos en la zona, Ramos Pinedo había estado tomando unas cervezas con un amigo en los exteriores de una tienda cuando ocurrió el altercado. A pocos metros del lugar también se encontraba Anderson Ticse Fidel Poma, señalado por la familia como el presunto agresor. Al increparle por supuestos insultos hacia su hija, el enfrentamiento subió de tono de inmediato. Vecinos que se acercaron tras los gritos lo hallaron desangrándose y con un profundo corte en la mejilla.

Adulto mayor quedó gravemente herido

De acuerdo con el propio afectado, el ataque se desató en cuestión de segundos. “Yo me acuerdo que estaba agarrando la botella y me tiró. Ya me he caído al suelo. No sé cómo me ha cortado con una botella rota… no me acuerdo mucho”, narró, aún con dificultad por la herida que recibió. Testigos aseguraron que el presunto agresor utilizó una botella de cerveza para realizar el corte, que terminó desfigurando el rostro del panadero. La lesión requirió 26 puntos y lo mantiene imposibilitado de retomar su trabajo.

La hija del afectado relató que, al regresar a casa, encontró a su padre tirado en el suelo y rodeado de personas que intentaban detener la hemorragia. “Lo vi botando bastante sangre, su cara estaba abierta. Cuando pregunté qué había pasado, los vecinos dijeron que había sido él”, comentó sobre el presunto atacante, a quien identificó como un hombre de aproximadamente 32 años. Aseguró también que este sujeto habría faltado el respeto a otras mujeres de la zona cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Días después del ataque, una abogada vinculada al acusado llegó a la vivienda de la familia para sugerir una conciliación, señalando que se trataba de una “lesión leve”. Sin embargo, los deudos rechazaron esa versión. “Le dije que se pusiera en mi lugar. Lo único que queremos es que dé la cara”, expresó la hija del panadero.

El equipo de prensa acudió a la casa del señalado agresor, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos, pero nadie abrió la puerta. Vecinos describieron al hombre como conflictivo y temido en la zona, mencionando actos recurrentes de agresividad y consumo de alcohol en la vía pública. Algunos incluso aseguraron que no ha vuelto a aparecer desde el incidente.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Pachacámac y el caso ya pasó a manos de la Fiscalía, mientras la familia pide celeridad para ubicar al responsable y esclarecer lo ocurrido.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.

Las plantas son un elemento decorativo muy habitual en los balcones y terrazas de muchos edificios para aportar vida y color. Para muchas personas, llenar el hogar de macetas les permite conectar con la naturaleza sin salir de casa. Es por ello que otra tendencia al alza es la instalación de pequeños huertos urbanos.

Sin embargo, muchos vecinos se preguntan si realmente es legal o si la comunidad puede prohibirlo. La respuesta general es sí, está permitido, pero existen ciertos límites que conviene conocer para evitar conflictos con el resto de propietarios y respetar las normas.

Existen algunos casos de comunidades de vecinos que han mostrado su rechazo a las plantas en el balcón o en las terrazas, argumentando que pueden generar suciedad, atraer insectos o incluso representar un riesgo para la seguridad si las macetas no están bien sujetas.

Ante esta situación, muchos propietarios y arrendatarios se preguntan por esta duda. Para ello, aunque no existe una norma específica que prohíba tener plantas en estos espacios, lo cierto es que la Ley de Propiedad Horizontal deja abierta la puerta a la intervención de la comunidad en ciertos casos.

Esto dice la Ley

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe colocar plantas, macetas o jardineras en balcones y terrazas de uso privativo. El artículo 7.1 establece que los propietarios pueden decorar o adaptar su espacio siempre que no afecten a la seguridad del edificio, a su estructura o a la estética general de la fachada.

En definitiva, esto significa que tener plantas o incluso un pequeño huerto doméstico es legal, siempre que no suponga un riesgo ni genere daños. El problema surge cuando la instalación altera la apariencia del edificio o provoca molestias a otros vecinos.

El artículo 7.2 de la misma ley permite a la comunidad actuar cuando la presencia de macetas o jardineras ocasiona goteos, humedades, caída de objetos, malos olores o suciedad, o si existe riesgo para peatones o residentes. En esos casos, la comunidad puede requerir al vecino que retire las plantas o que adopte medidas para evitar molestias.

Además, algunos edificios cuentan con estatutos o normas internas que regulan el uso de los balcones, como tipo de jardineras, su colocación, peso permitido, colores o incluso la prohibición de que sobresalgan hacia la calle. Si estas normas existen, son de obligado cumplimiento para los propietarios.

El caso de los alquilados

Cuando el inmueble no pertenece al vecino que tiene las plantas, sino que está alquilado, el procedimiento sigue adelante, lo que cambia es el destinatario de la demanda. En este caso, la comunidad debe dirigir su reclamación contra el inquilino, ya que es él quien está llevando a cabo la actividad que supuestamente causa molestias.

Sin embargo, el propietario no queda al margen por completo, ya que puede verse afectado si el inquilino no cumple con la sentencia. Incluso, en situaciones graves el juez puede anular el contrato de arrendamiento y ordenar el lanzamiento inmediato del inquilino, perdiendo así todos sus derechos sobre la vivienda.

Por lo tanto, tener plantas en el balcón es legal y está permitido, siempre que se coloquen de forma segura y no generen inconvenientes. Antes de crear un huerto urbano en altura o colocar macetas, es recomendable revisar los estatutos de la comunidad y asegurase de que el riego, el peso y la instalación no afecten ni al edificio ni al resto de vecinos.

Por tercer año consecutivo, habitantes del pueblo originario de Xoco, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, realizaron una clausura simbólica de la plaza comercial Mítikah, ubicada sobre Circuito Interior, en la alcaldía Benito Juárez, para denunciar múltiples afectaciones derivadas del megaproyecto inmobiliario, entre ellas desabasto de agua, aumento excesivo del predial, problemas de salud, pérdida de movilidad y desplazamiento de familias originarias.

Durante la manifestación, Álvaro Antonio Rosales, representante de la autoridad tradicional del pueblo de Xoco, acusó que los habitantes enfrentan una grave crisis de servicios básicos desde que se levantó el complejo comercial y habitacional.“Podemos hablar del agua… no tenemos; podemos hablar del aumento del predial y de los impuestos; de salud, que gracias a sus vidrios inteligentes tenemos más radiación y de falta de movilidad dentro del pueblo”, expresó el representante ante los asistentes.

Los inconformes se concentraron en una de las entradas principales de la plaza Mítikah, donde colocaron mantas, sellos simbólicos y realizaron un mitin para visibilizar lo que consideran una serie de abusos urbanísticos tolerados por las autoridades capitalinas. Aseguraron que el complejo acapara alrededor del 12% del total del agua destinada a todo el pueblo de Xoco, lo que ha agravado el problema de desabasto en viviendas y comercios tradicionales de la zona.

Además, denunciaron que con la construcción de Mítikah se privatizó la calle de Real de Mayorazgo, lo que vulneró de manera directa el derecho a la movilidad de los habitantes, obligándolos a modificar sus rutas cotidianas y afectando el libre tránsito dentro de su propio territorio.

Otro de los reclamos centrales fue el incremento desproporcionado del impuesto predial, que de acuerdo con los vecinos ha aumentado hasta en un 360 %, lo que ha puesto en riesgo la permanencia de numerosas familias que históricamente han habitado el pueblo. Para muchos, este aumento hace imposible solventar los costos de vivir en la zona y empuja al desplazamiento forzado.

Carmen, vecina del pueblo y miembro de la asamblea local de Xoco, denunció que este tipo de megaproyectos responde a un modelo urbano excluyente que beneficia a grandes desarrolladoras a costa de las comunidades originarias.“Los grandes desarrollos concentran beneficios fiscales, consumen recursos públicos y refuerzan desigualdades, mientras las familias originarias enfrentamos desplazamiento, discriminación, pérdida de nuestro territorio y de nuestra comunidad”, afirmó.

Los manifestantes señalaron que el impacto no sólo es urbano y económico, sino también social, cultural y ambiental, pues el crecimiento desmedido de este tipo de complejos transforma radicalmente la vida comunitaria, rompe con las dinámicas tradicionales del pueblo y afecta incluso la salud de los habitantes, quienes acusan mayores niveles de radiación y cambios en el microclima de la zona.

Ante este panorama, los vecinos exigieron a las autoridades capitalinas el cumplimiento inmediato de la Recomendación 11/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), así como garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad de los habitantes de Xoco.

Entre sus demandas también destacan: detener el aumento de impuestos, garantizar el suministro suficiente de agua, frenar la autorización de más proyectos inmobiliarios en la zona y respetar plenamente los derechos de los pueblos originarios de la capital.

Finalmente, advirtieron que continuarán con las movilizaciones, acciones legales y protestas públicas hasta que sus exigencias sean atendidas y se reparen las afectaciones provocadas por uno de los desarrollos inmobiliarios más polémicos del sur de la Ciudad de México.

Las comunidades de propietarios suelen convivir con un clima de desconfianza que aparecen cada cierto tiempo, especialmente cuando se discuten obras, derramas o gastos imprevistos. Esa inquietud, que forma parte de la vida comunitaria, alimenta la creencia extendida de que un vecino puede solicitar cualquier documento, factura o contrato que desee, simplemente por el hecho de contribuir con sus cuotas. Sin embargo, la normativa que regula la propiedad horizontal establece límites muy claros sobre qué información puede pedirse.

En ese contexto interviene el abogado Natalio Valenzuela, que desmonta lo que él considera una “leyenda urbana” profundamente arraigada entre los vecinos: la idea de que pagar la comunidad da derecho a tener acceso ilimitado a todos los documentos que gestiona el administrador. Valenzuela aclara que esa presunta “barra libre” documental no existe y que no se puede exigir copias de cualquier cosa “porque sí”.

De hecho, advierte que solicitar información de manera indiscriminada y sin una justificación concreta podría incluso considerarse un abuso de derecho, una figura que se aplica cuando una persona utiliza sus facultades legales de manera excesiva o con fines que desbordan su propósito legítimo.

El abogado explica que sí existe un derecho a solicitar documentación, pero solo de forma específica y vinculada a asuntos determinados. No se trata de pedir todo lo que haya en el archivo de la comunidad, sino de acotar la petición a cuestiones concretas que afecten al propietario. Valenzuela menciona ejemplos habituales: las facturas de la obra del tejado cuando se ha aprobado una reparación, los gastos de la puesta a punto del ascensor o el contrato del propio administrador cuando el vecino quiere revisar sus funciones, sus honorarios o las condiciones pactadas con la comunidad.

La importancia de proteger los datos personales

Además, el abogado señala que existe un momento especialmente adecuado para solicitar estas copias: los días previos a la junta de propietarios. Según explica, hacerlo antes de la reunión permite asistir con información precisa, votar de manera fundamentada y, si es necesario, formular preguntas con respaldo documental. Pedirlo después de la junta, una vez tomada la decisión, suele generar conflictos innecesarios, mientras que pedirlo antes contribuye a un funcionamiento más transparente y ordenado de la comunidad.

Otra cuestión que Valenzuela destaca es la protección de los datos personales. Aunque el vecino tenga derecho a revisar gastos o contratos concretos, no tiene derecho a acceder a información protegida por la normativa de privacidad. Eso significa, por ejemplo, que no puede conocer el número de cuenta bancaria del portero, ni la dirección de correo electrónico del resto de propietarios, ni otros datos que puedan considerarse sensibles.

El abogado insiste en que esta limitación no es un capricho, sino una obligación legal que afecta a todas las comunidades. Por más que un vecino pague sus cuotas puntualmente -o incluso aunque sea el que más paga por coeficiente-, esto no le otorga acceso ilimitado a cualquier documento que se genere. La participación económica no equivale a control absoluto, sino al derecho a estar informado sobre cuestiones específicas y pertinentes.

Valenzuela, que habitualmente aborda conflictos vecinales desde su contenido divulgativo, apunta que la clave está en distinguir entre transparencia y exceso. Pedir documentos concretos para comprender un gasto o preparar una votación es totalmente legítimo; exigir la totalidad de los archivos de la comunidad, no. Entre ambos extremos se encuentra el equilibrio que marca la ley y que evita que se generen tensiones innecesarias entre vecinos.

Vivir en una comunidad de vecinos siempre tiene tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Las tensiones e incomodidades pueden estar a la orden del día entre los propietarios, como resultado de algunas situaciones como ruidos o suciedad en las zonas comunes.

Tener una buena convivencia es clave, pero no siempre pasa, siempre hay alguien que suele saltarse las normas. Por ejemplo, en relación a la limpieza, aquel que tira las colillas al patio interior de la comunidad o en su defecto al patio del vecino del bajo.

Estas situaciones pueden llegar a generar gran tensión entre los propietarios y acabar derivando en la presentación de denuncias, basándose en reglamentos como la Ley de Propiedad Horizontal.

Respetar las instalaciones

Ante esta situación, el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), es claro al respecto. Determina como obligaciones de los propietarios respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios. Tienen que evitar en todo momento causar daños o desperfectos

A su vez, deben mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios.

Por lo tanto, la LPH es clara, está recogido que hay que hacer un uso adecuado de la urbanización, así como preservar su buena conservación, además de no perjudicar a otros propietarios. Por tanto, no se podrán tirar cigarrillos al patio, ya sea privado de otro vecino, o el patio común de la urbanización.

Por su parte, para saber cómo actuar ante esta situación, también es posible apoyarse en la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto en su artículo 7. Especifica qué hay que hacer en caso de que un propietario realice “actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Cesar la actividad

El presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, tendrá que requerir a quien realice las actividades prohibidas, la cesación de las mismas, es decir, el presidente debe decir al infractor que no vuelva a realizar esa acción ilegal. Por el contrario, deberá iniciar las acciones judiciales pertinentes.

Si el infractor persiste en su conducta, el presidente podrá iniciar contra él la acción de cesación, que se solucionará a través de un juicio ordinario. Una vez presentada la demanda, acompañada por un acuerdo de la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con caracter cautelar la cesación inmediata de esa actividad prohibida, en este caso arrojar las colillas.

El juez también podrá tomar cualquier otra medida rápida que sea necesaria para asegurar que la orden de cese (parada) se cumpla de forma efectiva. La demanda legal debe presentarse contra el dueño (propietario) y, si es otra persona quien está causando el problema, por ejemplo el inquilino, también contra ese ocupante de la casa o local.

Si la sentecia final da la razón a la comunidad, el juez podrá disponer la parada definitiva y permanete de la actividad y el pago de una indemnización por los daños y prejuicios causados. De igual forma, si el infactor es el propietario podrá ser castigado con la privación del derecho a usar su propia vivienda o local por un máximo de tres años. Si no es el dueño, podrá peder todos sus derechos sobre la vivienda o local, ordenando su expulsión inmediata.

Las comunidades de propietarios pueden llegar a generar ciertas situaciones de tensión e incomodidad entre diferentes propietarios que acaban resultando en un conflicto vecinal. Las zonas comunes y los garajes son algunos de estos temas que acaban en disputas.

En el caso de los segundos, en ocasiones, algunos vecinos dejan su coche o moto aparcado en la plaza que corresponde a otro vecino. Puede deberse a diferentes motivos, tales como casos de unos minutos, prácticas frecuentes, vehículos mal aparcados que sobresalen o invaden plazas ajenas, o casos en los que se utiliza la plaza como trastero.

Todas estas situaciones pueden generar gran tensión entre los propietarios y acabar derivando en la presentación de denuncias, basándose en reglamentos como la Ley de Propiedad Horizontal.

Recogido por la ley

En lo que respecta a la invasión de una plaza de garaje por parte de un vecino, no existe como tal una referencia explícita que haga referencia a esta situación en concreto. Sin embargo, se puede apelar al artículo 9.1 de esta norma, en la que su primer apartado obliga a cada uno de los propietarios a respetar las instalaciones generales y demás elementos comunes del inmueble.

Además, no deben alterar ni ocupar zonas que no le pertenecen. Por lo tanto, al alterarse las plazas de garaje de elementos privativos, están consideradas dentro de esta descripción que menciona la ley.

Más allá de la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo 394 del Código Civil se determina que, en una propiedad compartida, cada uno de los copropietarios puede utilizar los elementos comunes, siempre que no impida ni afecte a su uso por parte de los demás que tengan derecho a utilizarlos.

Identificar al propietario

Antes de interponer cualquier denuncia, es necesario identificar al propietario que ha aparcado o ha invadido con su coche una plaza que no es la suya. Si hubiera conserje en la comunidad de vecinos, se puede recurrir a este profesional para poder obtener esa información, mientras que si no existe esa figura en el edificio, se podrá acudir al presidente, que deberá informarse al respecto.

En algunas comunidades existen acuerdos con grúas privadas, ya que las municipales no pueden acceder a un garaje privado sin una orden judicial al ser considerado un recinto privado. Además, el propio presidente podrá ayudar en la gestión y mediación del problema y remitir la factura del coste de la grúa al vecino que está ocupando la plaza de garaje indebida.

Lo preferible en estas situaciones pasa por apostar directamente por el diálogo, incluso si el problema se da de manera reiterada, se puede convocar una junta de vecinos para exponer el problema, en la que se puede tener el apoyo de otros vecinos y dejar constancia de lo sucedido por si se solicitan testigos más adelante.

Si nada de lo anterior funciona y, por lo tanto, el vecino en cuestión continúa invadiendo u ocupando otra plaza de garaje, habrá que denunciar por un delito de desobediencia, en el que habrá que presentar pruebas y testigos de que se está utilizando esa plaza sin consentimiento. Se trata de un proceso que puede ser lento, pero que en ocasiones puede resultar en la única opción viable para solucionar el conflicto.

La multa variará en función del tiempo que esté ocupada la plaza de garaje, además de que los jueces valorarán si ha habido buena o mala fe durante esa ocupación. Si se considera que ha sido con malas intenciones, se puede llegar a considerar un delito de usurpación de inmuebles, tal y como determina el artículo 425.2 del Código Penal, donde se establecen sanciones de multa de 3 a 6 meses.

El cierre de la panadería Pont de Sucre, ubicada en la calle Río Ebro de Lleida, ha supuesto el desenlace inesperado para un proyecto que, en apenas un año, ha logrado el reconocimiento por la calidad de sus productos. Su especialidad son sus panellets de piñones, considerados entre los 35 mejores de Cataluña.

Los panellets son tradicionales de la cocina catalana, consumidos principalmente durante la festividad de Todos los Santos. Se elaboran con una masa base tipo mazapán hecha de harina de almendra, azúcar y huevo, que puede llevar también patata o boniato. Los propietarios del establecimiento, Lydia y Adrià, decidieron abandonar el negocio debido a una combinación de conflictos con el antiguo dueño y problemas persistentes con un vecino del edificio lo que ha causado mucho revuelo entre los clientes.

La decisión de clausurar el negocio ha llegado tras una serie de dificultades derivadas tanto de problemas contractuales con el anterior propietario como de un conflicto persistente con un vecino del bloque. Adrià y Lydia, dos jóvenes procedentes de Badalona y Vic, asumieron la gestión de la panadería en octubre de 2024, tomando el relevo de la histórica panadería Águila, que había permanecido abierta durante 43 años. Según han relatado, su llegada a Lleida estuvo motivada por la oportunidad de continuar con la tradición del establecimiento, tras un periodo de trabajo conjunto con los anteriores responsables.

El traspaso se formalizó mediante un contrato que incluía una cláusula específica: si alguna de las máquinas presentaba problemas en los tres primeros meses, Amador, el antiguo panadero, debía hacerse cargo de las reparaciones. Sin embargo, tal y como han explicado, Amador desapareció repentinamente, lo que les dejó sin posibilidad de reclamar el cumplimiento de la cláusula. “Nuestra abogada nos decía que no tenía patrimonio a su nombre, por lo que no podíamos reclamarle nada”, han detallado los jóvenes.

Conflicto vecinal y exigencias administrativas

A los problemas con el anterior propietario se sumó, pocos días después de la apertura, la queja de un vecino del bloque por los ruidos generados por la maquinaria. Según han explicado, este vecino les aseguró que había presentado denuncias en varias ocasiones contra el antiguo negocio, aunque ni él ni el Ayuntamiento disponían de constancia documental de dichas denuncias.

Con el objetivo de evitar conflictos, los responsables de Pont de Sucre acometieron diversas mejoras: sustituyeron un extractor y el compresor de la nevera, insonorizaron los motores e incluso modificaron sus horarios de trabajo, pasando a operar por la tarde en lugar de por la noche.

A pesar de estas actuaciones, el vecino continuó presentando quejas por el ruido. Según han relatado, fue denunciado el caso ante Inspección de Trabajo, que les obligó a renovar la instalación eléctrica. Posteriormente, la Guardia Urbana intervino por la misma causa y realizó mediciones acústicas en horario vespertino, detectando que la única máquina en funcionamiento superaba el límite medio de decibelios permitido, ya que su ubicación daba a una habitación.

Inversión económica y reconocimiento profesional

El esfuerzo por mantener la actividad ha supuesto para Adrià y Lydia un desembolso considerable. Han invertido más de 85.000 euros en mejoras, además de solicitar un crédito y destinar todos sus ahorros a la continuidad del negocio y al pago pendiente del traspaso. A pesar del reconocimiento recibido por la calidad de sus productos y del trabajo realizado, finalmente han decidido cesar la actividad.

El futuro es incierto pero está claro que tras lo ocurrido pone run negocio ahí será arriesgado. La historia de Pont de Sucre concluye así, marcada por el esfuerzo y la dedicación de sus responsables, pero también por las dificultades administrativas y vecinales que han impedido la continuidad de un negocio que, en poco tiempo, ha dejado huella en la ciudad de Lleida, según ha informado SCD.

Al visitar un hotel, hay que tener en cuenta que hay más personas disfrutando de ese servicio, y para las que también es importante disfrutar del lugar y descansar. Es por ello que hay que hacer todo lo necesario para evitar problemas y conflictos con los ‘vecinos’.

Sin embargo, no todo el mundo que va como huésped a estos establecimientos sabe cómo debe comportarse, y esto genera ciertas dudas. Para ello, el recepcionista de un hotel, desde un vídeo en su cuenta de TikTok —Hotel parodia (@parodyhotel)— ha aclarado ciertas recomendaciones de comportamiento para los clientes cuando visitan un hotel.

El primer tema tratado en el vídeo habla sobre el cuidado de las llaves de la habitación. “Tienes que cuidarlas como si fueran las de tu casa”, comenta el recepcionista. Destaca que, pese a que no hay que llamar a un cerrajero de emergencia, eso no justifica que se puedan pedir copias a cada momento y tampoco se pueden dejar prestadas a terceras personas para que accedan libremente a la habitación.

“Es tu responsabilidad y nosotros no estamos ahí para estar haciéndote copias”, explica el autor del vídeo. A su vez, añade una propuesta personal que ha comentado a veces en su trabajo, que consiste en cobrar el precio que cuesta cada tarjeta, unos 3 euros, cada vez que un cliente haya perdido la suya y necesite una nueva.

El siguiente punto continúa con este tema, ya que todo lo que pasa dentro de la habitación es responsabilidad del cliente. “Tus vecinos harían lo mismo”, destaca el recepcionista respecto a las quejas que desde el hotel muestran a los clientes cuando llevan a cabo comportamientos inadecuados, como discusiones o fiestas en la habitación.

El trabajador apunta también como parte importante mantener la limpieza en cualquier estancia, ya que en ocasiones se encuentran restos de comida en la cama o muestras aparentes de suciedad en lugares como el baño. Además, puntualiza que está prohibido fumar en los hoteles que así lo indican, que hoy en día son la mayoría. Si se fuma, habrá posteriormente una multa.

No robar

Una costumbre que suele ser habitual entre algunos huéspedes es llevarse material de los hoteles, desde botes de gel y champú, hasta toallas y batas. El recepcionista recuerda que esto está prohibido: “Igual que cuando vas a casa de tu hermana, de tu madre o de tus amigos no les robas los cojines, las toallas o el mando de la tele, en un hotel tampoco lo hagas”.

Otra obligación es no pasar por la recepción cuando se está bajo los efectos del alcohol. “No vengas a molestar cuando vienes de fiesta”, reconoce el trabajador. A su vez, añade que hay que respetar los horarios del check out, ya que hay algunos clientes que se marchan varias horas después de lo establecido. Además, destaca que les perjudica en la preparación de las habitaciones, lo que provoca esperas a nuevos huéspedes y a su vez el cobro de un suplemento a aquellos que dejan tarde el hotel.

Por último, el recepcionista habla de utilizar el sentido común antes de llamar a los trabajadores por cualquier mínimo problema, y sobre registrar a todos los acompañantes, ya sean animales o personas. En este aspecto reconoce su importancia por si surge cualquier imprevisto y hay necesidad de identificar, y añade que no se desvelará la identidad de los acompañantes debido a la Ley de Protección de Datos, a no ser que haya un consentimiento previo.

El olor a humedad invadió la vivienda de don José Pedro, propietario de un piso en Badajoz, cuando se dio cuenta de que una filtración de agua afectaba a su vivienda. El desconcierto inicial acabó convirtiéndose en preocupación cuando supo que los daños materiales en techos y paredes ascendían a más de 1.000 euros. Recurrió entonces al seguro, pensando que, al menos, la póliza respaldaría las pérdidas sufridas. Lo que empezó como la resolución de un siniestro común se transformó en un litigio sobre quién debía asumir realmente los costes: la aseguradora o la comunidad de vecinos.

La aseguradora creyó tener el caso claro. Tras abonar al propietario la indemnización por importe de 1.062,98 euros, exigió a la comunidad de propietarios la devolución de esa cantidad. Sostenía que los daños provenían de una deficiencia en la tubería general del inmueble, una instalación comunitaria cuya reparación, según argumentó la entidad, compete al colectivo de residentes. Inició así una reclamación, convencida de su legitimidad para recuperar el dinero abonado al vecino afectado.

La juez desestima la demanda y exime a la comunidad de propietarios de responsabilidad

Sin embargo, la juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badajoz ha desestimado la demanda por completo y absuelto a la comunidad de propietarios de cualquier obligación de pago. La sentencia, fechada el 24 de marzo de 2025, concluye que no se ha acreditado que el origen del daño se encuentre efectivamente en los elementos comunes, descartando así la responsabilidad de la comunidad.

La resolución además impone que los costes del proceso debe pagarlos la aseguradora. Para la compañía reclamante, este resultado implica no solo la renuncia a recuperar los más de 1.000 euros pagados en su día, sino también el pago de los gastos de defensa judicial de la contraparte. La comunidad de vecinos, por su parte, mantiene inalterada su posición y no verá incrementada su cuota por la incidencia reclamada. La sentencia subraya que en supuestos como este, la carga de la prueba corresponde, de forma estricta, a quien reclama la responsabilidad de las comunidades, principio esencial para dirimir conflictos similares en el futuro.

La aseguradora reclamó a la comunidad los daños pagados tras un siniestro de agua

El relato de esta disputa se remonta al 16 de septiembre de 2021. Aquel día, la aseguradora recibió una alerta de un daño por agua ocurrido en la vivienda de Badajoz. El titular de la póliza, don José Pedro, informó de un siniestro que afectaba a techos y paredes de su propiedad. El perito designado por la aseguradora constata las afecciones y el seguro procede a liquidar la cuantía de los daños, exactamente 1.062,98 euros, cubriendo así las expectativas de indemnización del asegurado.

No obstante, poco después, la aseguradora buscó resarcirse de la suma abonada. Argumentó que la causa del desperfecto se encontraba en la tubería general del edificio, elemento adscrito a la esfera de responsabilidad de la comunidad de propietarios según la Ley de Propiedad Horizontal. Ante la negativa de la comunidad a asumir el pago de los daños, la compañía interpone demanda reclamando la cantidad pagada, convencida de que las pruebas eran suficientes para imputar el daño a los elementos comunes y transferir la carga económica al resto de vecinos del inmueble.

La justicia obliga a la aseguradora a pagar las costas

El camino judicial de la causa empezó en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badajoz. La magistrada, tras examinar el informe pericial y escuchar a las partes, falla a favor de la comunidad de propietarios. No se acredita que el agua causante de los daños viniera de una infraestructura comunitaria, según valora la sentencia, que considera insuficientes los indicios aportados para imputar la responsabilidad a la colectividad. De este modo, la demanda de repetición es desestimada en su totalidad y la comunidad sale exonerada de responsabilidad civil por los daños sufridos en la vivienda asegurada.

Por disposición de la sentencia del 24 de marzo de 2025, la aseguradora afrontará no solo la imposibilidad de cobrar el importe reclamado, sino también el pago de las costas del proceso, incluyendo los honorarios de procurador y letrado de la comunidad demandada. Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz, último recurso para quienes pretenden revertir lo decidido en este procedimiento ordinario nacido de una póliza, una avería y la eterna pregunta sobre los límites de la responsabilidad en las comunidades de vecinos.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Durante una intervención en Fuenlabrada, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, criticó lo que definió como una estructura desigual en la Comunidad, subrayando que mientras una minoría toma decisiones consideradas legítimas, la mayoría sufre consecuencias negativas por las medidas de los partidos tradicionales. Según consignó el medio, Pérez Moñino enfatizó que la campaña de su partido, denominada 'Madrid Sur en Pie', busca visibilizar el abandono institucional que viven los habitantes de los municipios del sur de Madrid en sectores clave como sanidad, educación y vivienda. “Venimos a hablar de los problemas reales”, detalló la portavoz, presentando a Vox como el partido comprometido con las demandas cotidianas de los vecinos de la zona.

De acuerdo con la información publicada, la portavoz remarcó que el partido toma contacto continuo con los ciudadanos, priorizando su presencia en los barrios y municipios del sur. En palabras de Pérez Moñino, Vox mantiene “los pies en la tierra junto a los vecinos”, diferenciándose así de otras formaciones políticas que, según expresó, “tienen la cabeza en Miami y Palestina”. Esta declaración la realizó minutos antes de participar en la actividad desarrollada en Fuenlabrada, donde recalcó la intención de su formación de recorrer todas las localidades afectadas por lo que definió como abandono institucional.

El medio detalló que entre las principales reivindicaciones de Vox se encuentran el fortalecimiento de infraestructuras públicas y la denuncia de carencias persistentes en servicios sanitarios, educativos y de vivienda, ámbitos que, según la portavoz, han sido desatendidos por los “políticos de siempre”. Pérez Moñino concretó que reclamarán ante las autoridades las dotaciones y recursos que, a su juicio, necesitan los vecinos de la zona sur, e insistió en que su partido seguirá señalando estos problemas ante la opinión pública.

A las solicitudes en materia de servicios públicos, la representante de Vox sumó la preocupación por los problemas de inseguridad que, según declaró, afectan la vida diaria en el sur de Madrid. Durante su intervención hizo hincapié en que la inseguridad constituye una de las principales demandas transmitidas por los vecinos en cada encuentro.

Según reportó la misma fuente, Pérez Moñino también abordó cuestiones fiscales, acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de promover políticas que, según su punto de vista, resultan lesivas para los sectores populares. La portavoz denunció que, mientras las familias y los hijos de la clase trabajadora se ven “asfixiados” por la presión fiscal, el gobierno regional promueve rebajas impositivas destinadas a grandes fortunas extranjeras. En este contexto, utilizó la expresión “Que a 'Lady Miami' la voten en Miami”, en referencia a la presidenta Ayuso, para reforzar su crítica sobre la orientación de las políticas fiscales implementadas.

Tal como señaló el medio, la campaña lanzada por Vox busca, en palabras de su portavoz, devolver la agenda política a los asuntos que definen la vida cotidiana de quienes habitan en el sur de Madrid. Pérez Moñino insistió en que la acción de su partido se centra en reclamar para estos municipios las mismas oportunidades y condiciones que el resto de la región. Además, reiteró que Vox continuará recorriendo barrios y localidades para escuchar a los ciudadanos y articular sus demandas dentro de la Asamblea de Madrid.

Durante su comparecencia ante los medios, la portavoz recalcó la intención de su formación de presentarse como una alternativa a lo que considera inacción de los poderes públicos anteriores. Subrayó que las propuestas de Vox apuntan a revertir el “abandono” tanto en políticas sociales como en las inversiones necesarias para garantizar servicios adecuados a la población.

A lo largo de la jornada, la portavoz mantuvo el énfasis en la defensa de las prioridades señaladas por los propios vecinos, refiriéndose tanto a mejoras en infraestructuras básicas como a la necesidad de combatir la inseguridad, y solicitó mayor implicación de las autoridades regionales en la resolución de estos problemas. Desde la organización de la campaña se confirmó, según destacó el medio, que estas acciones se repetirán en otros municipios, con el objetivo de amplificar el alcance de las denuncias y planteamientos realizados.

Vivir en una comunidad de vecinos puede llegar a tener sus beneficios pero también algunos inconvenientes. Entre los más frecuentes están los problemas de convivencia con el resto de propietarios, pero sin duda uno que genera grandes preocupaciones es la posibilidad de ser elegido como presidente de la comunidad.

Este cargo puede suponer una gran responsabilidad y un quebradero de cabeza para el vecino que lo ejerza, sobre todo en aquellas comunidades en las que hay disputas entre propietarios. La mayoría de casos cuentan con un administrador externo, pero en el momento en que hay que tomar decisiones puede suponer un gran reto.

Ante un panorama de toma de decisiones, ya sean en conjunto o en solitario, surge la pregunta de si se puede obligar a un propietario a ser presidente, aunque ello vaya en contra de su voluntad. Ante esta duda hay que tener en cuenta a la Ley de Propiedad Horizontal.

Caracter obligatorio

En ocasiones basta con pasar desapercibido cuando llega el momento de elegir en la votación al nuevo presidente, aunque esto no es una posibilidad en el caso de que la presidencia tenga un caracter rotatorio y por tanto, cada año le toque a un vecino. Si llega el momento, hay que tener en cuenta que la Ley de Propiedad Horizontal deja claro en su artículo 13 la obligatoriedad de convertirse en presidente.

Sin embargo, la propia normativa deja las puertas abiertas a que el propietario que es nombrado presidente pueda evitar ese puesto, aunque para ello tendrá que acudir a la vía judicial. La legislación española explica que, dentro del mes siguiente al acceso al cargo, puede solicitar su relevo al juez, ofreciendo las razones por las cuales quiere renunciar al mismo.

Cómo evitar la presidencia

A pesar de que se puede contemplar la posibilidad de ser presidente a través de la vía judicial, la ley no aclara razones o circunstancias que puedan evitarlo, por lo que todo dependerá de la decisión del juez. Sin embargo, existen algunas circunstancias que habitualmente son aceptadas por los propios vecinos y que es posible argumentar como motivos válidos para no ser presidente en el momento de la elección.

Por norma general, la edad avanzada del propietario puede servir para no ser presidente, al igual que si padece una incapacidad o enfermedad física que pueda ser una dificultad para realizar las tareas que corresponden a su cargo. También servirá generalmente para evitar ejercer la presidencia, el tener que afrontar una circunstancia familiar grave que impida cumplir con las tareas específicas, o bien el hecho de permanecer largas temporadas fuera de la vivienda.

Todas ellas suelen ser aceptadas como razones para evitar el cargo, aunque dependerá de cada caso concreto. Antes de proceder directamente por la vía judicial, en el momento de la designación, la persona que vaya a ser nombrada tiene derecho a exponer las dificultades que le impidan desempeñar el trabajo. En ese momento, la comunidad podrá valorar la situación del elegido y, a partir de ahí, decidir si lo exime o no de sus funciones.

En caso de que los vecinos se nieguen a aceptar la renuncia, el propietario afectado tendrá que recurrir a los tribunales. Si vuelve a sufrir otra respuesta negativa, el usuario se verá obligado a hacer frente a la presidencia de la comunidad tal como indica la Ley de Propiedad Horizontal.

Durante años, el bajo comercial de una calle de Barcelona, albergó el bullicio propio de un taller de motos. No había sillas de terraza, ni música, ni clientes apurando un café. Todo cambió cuando Concepción y su hermano Onofre adquirieron el local: su sueño era transformarlo en un bar con terraza, buscando darle una nueva vida al espacio y convertirlo en un punto de encuentro para el barrio.

Sin embargo, el entusiasmo de los nuevos propietarios se topó de frente con el muro de la comunidad de vecinos, que veía en ese proyecto una amenaza para la convivencia y la tranquilidad del edificio. La Justicia catalana ha decidido dar la razón a la comunidad y frenar la apertura del bar.

El tribunal respalda a los vecinos y frena la apertura del bar en el bajo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado el veto vecinal, respaldando el argumento de la Comunidad de Propietarios: en los estatutos consta que solo se permiten ciertos usos y la actividad hostelera no figura entre ellos para ese local, aunque anteriormente funcionó como taller.

La sentencia declara que la decisión de los vecinos de rechazar el bar no vulnera ningún derecho de los nuevos dueños y que la comunidad puede defender el modelo de vida que preserva el acuerdo fundacional del inmueble. La resolución implica que Concepción y Onofre no podrán instalar el bar con terraza en el bajo, quedando restringidos los usos a lo permitido por la normativa interna y por la voluntad comunitaria expresada desde la creación del edificio.

El conflicto comenzó mucho antes de la llegada del actual litigio a los tribunales. En el pasado, el bajo de Barcelona funcionaba como taller de motos. La convivencia con la comunidad de propietarios prosperó bajo ciertas normas no escritas, marcadas por el tipo de actividad que se desarrollaba y por los límites que los estatutos imponían desde la creación del edificio. El acceso al local, los horarios y la naturaleza de la actividad nunca desbordaron el marco de tolerancia de los vecinos.

Los estatutos del edificio impedían la apertura del bar

Cuando Concepción y Onofre, adquirieron el inmueble con la intención de reconvertirlo en un bar con terraza, la comunidad reaccionó de inmediato. Basaron su negativa en los estatutos, que delimitaban los usos de los espacios comunes y privados, estableciendo excepciones solo para determinadas actividades.

La solicitud de los nuevos propietarios, que aspiraban a ofrecer hostelería, chocó directamente con normas internas que remiten a los acuerdos fundacionales del edificio. La comunidad argumentó que permitir ese giro podría transformar la vida cotidiana en los pisos superiores, introduciendo ruido, olores y tránsito de personas en un entorno pensado para la tranquilidad residencial.

La pelea se convirtió en un conflicto judicial, primero ante el Juzgado de Primera Instancia, donde se dictó sentencia a favor de la comunidad. Los hermanos recurrieron entonces al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando que el hecho de que el bajo hubiera sido un taller de motos legitimaba la implantación de otra actividad, aunque fuera de hostelería.

Alegaron que su derecho de propiedad incluía la posibilidad de cambiar el uso y explotar libremente el local. El Tribunal, sin embargo, recuerda que la propiedad en régimen de comunidad se somete a las restricciones estatutarias y que los triunfos individuales no pueden superar los acuerdos que protegen el interés común.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Las obras en zonas comunes suelen ser razón habitual de disputas y discusiones entre vecinos de un mismo portal, pero hay casos en los que las reformas no admiten debate y son de carácter obligatorio para cualquier comunidad de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal establece en su artículo 10 que, en caso de que las obras y actuaciones sean imprescindibles para conservar el inmueble, garantizar la seguridad y facilitar la accesibilidad universal, la comunidad debe admitirlas sin requerir para ello un acuerdo previo de la junta de propietarios cuando las obras son impuestas por la Administración o solicitadas por los propios vecinos.

El artículo detalla que estos trabajos incluyen el mantenimiento básico y la conservación tanto de las instalaciones como de los servicios comunes del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal exige que estas obras cubran necesidades de seguridad, habitabilidad y ornato, así como cualquier intervención establecida por parte de la Administración por motivos legales. Además, el texto prevé que las intervenciones para la mejora de la accesibilidad universal, como la instalación de rampas o ascensores, deben realizarse siempre que exista una solicitud por parte de personas con discapacidad o mayores de setenta años que residan, trabajen o reciban servicios en el inmueble.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es que las obras vinculadas a la accesibilidad siguen siendo obligatorias incluso si requieren inversiones notables. La obligación se mantiene siempre que el gasto anual resultante, descontadas las subvenciones o ayudas públicas recibidas, no supere el importe equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos generales de la comunidad. Además, si las ayudas públicas alcanzan el 75% del importe de la obra necesaria, la comunidad tiene igualmente la obligación de acometer dichas intervenciones.

Qué tipo de obras contempla la normativa

La normativa también contempla situaciones en las que las obras implican ocupar temporalmente elementos comunes del edificio, como pasillos, patios o zonas de entrada, durante el tiempo necesario para ejecutar los trabajos. Esta ocupación transitoria se autoriza de forma automática, reflejando el carácter imperativo y prioritario que la ley otorga a estas actuaciones.

Otro punto relevante del artículo reside en las modificaciones estructurales y urbanísticas del edificio. La ley permite la construcción de nuevas plantas o cualquier alteración relevante de la estructura siempre que el inmueble se incorpore a una actuación de rehabilitación, regeneración o renovación urbana. También se autoriza la división o unión de pisos y locales, el aumento o reducción de la superficie por segregación o agregación de espacios colindantes, como medida para adaptar el inmueble a los nuevos requisitos legales o urbanísticos.

Todos los vecinos deben pagar por las obras

En cuanto a la financiación, el artículo 10 especifica que la obligación de costear estos trabajos recae en todos los propietarios de la comunidad o agrupación de comunidades, limitando la capacidad de decisión de la junta al reparto de los costes y las modalidades de pago. Si algún propietario se opone o retrasa la ejecución de órdenes impuestas por la autoridad competente, responderá a título individual de las sanciones administrativas que se deriven de su conducta. Además, los pisos, locales y anejos quedan afectos legalmente al pago de los gastos derivados de estas intervenciones, de forma similar a la afección por los gastos generales recogida en el artículo 9 de la misma ley.

El artículo 10 distingue actuaciones que requieren autorización administrativa, como la constitución o modificación de complejos inmobiliarios o la alteración profunda de la estructura del edificio. Estas acciones deben contar con la aprobación de los propietarios afectados y, en su caso, de la junta por mayoría establecida legalmente. También se contempla la posibilidad de solicitar arbitraje o dictamen técnico en caso de diferencias, así como la obligación de fijar nuevas cuotas de participación y determinar, de manera acordada, la naturaleza de las obras.

En España se conoce con el término “gorrilla” a las personas que ayudan a los conductores a aparcar a cambio de una propina, y que en ocasiones también vigilan los coches estacionados. Sin embargo, en muchos municipios su actividad está prohibida y en ocasiones generan situaciones de tensión entre conductores y estos usuarios que acaban en amenazas o enfrentamientos.

Un lugar donde la situación se ha vuelto insostenible es Huelva. Según cuenta Huelva24, los vecinos de Costa de la Luz están hartos de los gorrillas y están empezando a tomar medidas para sacarlos del barrio. En vista de que las llamadas a la policía no surten efecto, varias calles de la zona y muchos coches aparcados han aparecido empapelados con carteles informativos que instan a los conductores a no pagar a estos individuos.

“Esta calle no es zona ORA. Aparcar aquí es gratuito. Que no te cobren al dejar tu vehículo”, reza uno de los carteles firmados por “un vecino cabreado”. Desde el mismo medio añaden que los vecinos están cansados de aguantar a esta gente, no solo por la extorsión que reciben, sino también por los problemas que generan de manera constante en forma de discusiones y altercados.

Sin soluciones

Desde un perfil común en redes sociales, la Asociación de Vecinos Costa de la Luz asegura que han hablado en varias ocasiones sobre el problema con el Ayuntamiento de Huelva y con la Subdelegación del Gobierno de Huelva, reclamando su actuación en esta zona, pero argumentan que son “incapaces de erradicar esta lacra”. Además, han advertido que también sufren robos en sus vehículos de manera constante.

Es un problema que viene de tiempo atrás, como se puede comprobar en informaciones de Andalucía Directo o Huelva24, comentando que llevan más de diez años viviendo este tipo de episodios, con algunos gorrillas más conflictivos que actúan de malas formas, exigen el dinero y provocan enfrentamientos si no reciben un pago.

El fenómeno de las trifulcas no solo ocurre con los vecinos, ya que también hay enfrentamientos entre los propios gorrillas por quedarse en la mejor zona o coger todos los coches que aparezcan en la zona. El objetivo de los carteles vecinales fomenta que no se pague a estos individuos para que así se vean en la obligación de marcharse. Es un intento por resolver el problema ante la falta de soluciones por parte de las administraciones.

Fenómeno generalizado

Si bien este “oficio” puede resultar extraño a cualquier visitante, es bastante habitual en España, principalmente en zonas con mucho turismo o en las que es difícil encontrar aparcamiento. La misión fundamental de estos individuos pasa por elegir una zona de aparcamiento y ofrecer sus servicios a los conductores para encontrar un lugar libre en el que estacionar y posteriormente vigilar el vehículo.

El problema viene porque nadie solicita esa ayuda y conlleva un interés implícito. En este caso el pago corre a voluntad propia de cada persona, incluso algunos conductores pueden decidir no pagar, aunque se pueden exponer a posibles situaciones de tensión. Para ello, hay que tener también en cuenta que estos servicios no están regulados de ninguna manera.

La presencia de los gorrillas se puede deber a la necesidad de recursos económicos, solo que su falta de regulación y las exigencias que a veces realizan los convierte en un enemigo para los vecinos. Además, los conductores ya están capacitados para encontrar aparcamiento sin necesidad de indicaciones y más con los nuevos sistemas de aparcamiento integrados en los vehículos.

Hacer obras en una comunidad de vecinos puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza si no se conocen bien las normas que lo regulan. Desde las instalaciones de un ascensor, hasta el cambio de una ventana o la eliminación de barreras arquitectónicas, cualquier intervención en un edificio compartido está sujeta a reglas precisas. Y la referencia legal en España es clara: la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Según explica el portal especializado CAFirma, el derecho a realizar obras es uno de los aspectos más desarrollados dentro de esta ley, precisamente porque es también una de las principales fuentes de conflictos entre vecinos. Saber cuándo se necesita permiso, quién debe aprobar las actuaciones y qué límites existen puede evitar problemas y sanciones.

Zonas comunes: un espacio compartido, una decisión colectiva

Lo primero que hay que tener claro es que las zonas comunes pertenecen a todos los propietarios. Escaleras, fachadas, patios, cubiertas o portales forman parte del patrimonio colectivo del edificio y, por tanto, cualquier obra que las afecte debe regirse por lo que dicta la LPH.

El artículo 10 de la ley distingue entre las obras obligatorias, impuestas por la Administración o necesarias para conservar el edificio, y aquellas propuestas por los propietarios. Entre las primeras figuran, por ejemplo, las reformas para garantizar la accesibilidad universal o mejorar la seguridad del inmueble. Este tipo de actuaciones no requieren unanimidad, pero sí la aprobación por mayoría de propietarios y cuotas de participación.

Un ejemplo clásico son las obras para suprimir barreras arquitectónicas: rampas, ascensores o plataformas elevadoras. Si bien suelen ser impulsadas por las autoridades o por vecinos con movilidad reducida, la comunidad debe aprobarlas y asumir su coste, ya que la ley las considera necesarias para el mantenimiento y la habitabilidad del edificio.

Reformar tu vivienda, sí, pero con límites

La LPH también regula las obras dentro de cada vivienda o local. Aunque cada propietario tiene derecho a modificar su espacio, no puede alterar la seguridad, la estructura general ni la estética del edificio, ni perjudicar los derechos de otros vecinos.

En otras palabras: puedes reformar tu cocina o baño, pero no puedes derribar un muro estructural o modificar la fachada sin autorización. Además, la norma obliga a comunicar previamente las obras al presidente o administrador de la comunidad, aunque no sea necesario su permiso formal.

Este punto genera confusión frecuente: el hecho de que el piso sea de propiedad privada no otorga libertad absoluta. Los muros perimetrales, por ejemplo, pertenecen al conjunto del edificio. Por tanto, si una reforma implica afectar a estos elementos, será necesaria la autorización de la Junta de Propietarios y, en su caso, del Ayuntamiento.

Permisos, licencias y cuál es el papel del Ayuntamiento

La comunidad de vecinos no tiene competencia para otorgar licencias de obra. Esa función corresponde a los ayuntamientos, que exigen permisos incluso para pequeñas reformas.

En general, toda obra que requiera la intervención de un técnico, como un arquitecto o un aparejador, necesita autorización municipal. Incluso en los casos de obra menor, como cambiar tabiques o renovar instalaciones, es obligatorio solicitar un permiso de obra. No hacerlo puede acarrear sanciones.

Además, desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, los administradores de fincas y comunidades deben gestionar sus comunicaciones con la Administración por vía telemática, lo que refuerza la necesidad de utilizar herramientas digitales para tramitar licencias y notificaciones.

Por otro lado, la LPH no establece un horario concreto para ejecutar obras, pero sí impone un principio básico: no perjudicar los derechos de otros propietarios. Así, los horarios de trabajo deben ajustarse a las normas del régimen interno de cada comunidad o a las ordenanzas municipales, que suelen limitar las horas de ruido durante los periodos de descanso.

Cumplir con estas reglas no solo evita conflictos, sino que puede prevenir denuncias y sanciones administrativas.

¿Puede la comunidad negarse a una obra?

Si el propietario cumple los requisitos legales, la comunidad no puede oponerse a su reforma. Eso sí, debe haber sido informada previamente.

En cambio, cuando una obra afecta a elementos compartidos o altera la apariencia del edificio, la comunidad tiene derecho a decidir. En estos casos, el acuerdo debe adoptarse en Junta de Propietarios, normalmente por mayoría de tres quintas partes, aunque algunas intervenciones, como cambiar el uso de un espacio común, requieren unanimidad.

Asimismo, la ley no prohíbe expresamente el uso de elementos comunes para realizar mejoras en una vivienda, siempre que ello no impida que el resto de propietarios disfruten de ellos. En caso de duda, el Código Civil actúa como norma subsidiaria y permite ese uso compartido “mientras no perjudique el interés de la comunidad”.

Antes de iniciar cualquier obra, conviene informar, solicitar los permisos necesarios y revisar los estatutos de la comunidad. En cuestiones de convivencia, la transparencia y la comunicación suelen ser tan importantes como los ladrillos y el cemento.

En cualquier momento es posible que haya intrusos en la red WiFi de un hogar sin que el propietario se haya dado cuenta, y esto es más peligroso de lo que se puede llegar a imaginar. No solamente se trata de una situación en la que se reduce la velocidad debido al consumo mayor de ancho de banda, sino también a que podría haber sido vulnerada por hackers.

Percibir una carga más lenta de Internet, de las páginas de Chrome o al repdroducir algún contenido multimedia online, son algunas de las señales que podrían indicar este fenómeno. Si bien podría haber otras razones, nunca se debería descartar la posibilidad de que los problemas de conexión estén presentes porque alguien está robando el WiFi.

Existen ciertas formas de bloquear equipos no bienvenidos a la red, algunos de ellos requieren el uso de aplicaciones o pasos complejos en la configuración de la IP. Sin embargo, hay un truco que permite hacerlo solo con percibir un pequeño detalle en las luces del router. Al deterctarlo, será posible saber si es momento de actuar o un simple problema de inestabilidad.

Mirar las luces del router

Las luces del router en ocasiones generan dudas a los usuarios sobre su utilidad, ya que no se sabe muy bien la función de cada una de ellas. En cambio, su objetivo es sencillo porque es informar sobre los estados de actividad del dispositivo para así saber si están funcionando o están siendo usados conexiones Ethernet, LAN o WLAN.

Estos avisos se suelen posicionar de diversas maneras en el router, pero prácticamente todos incluyen estos indicadores. Para conocer si se han conectado equipos no bienvenidos hay que fijarse en el parpadeo de las luces, ya que lo realizan cuando hay tráfico de datos en la red inalámbrica, que sería la WLAN (Wireless Local Area Network).

La idea pasa por hacer una prueba general desconectando todos los dispositivos de la casa del WiFi, incluyendo los smartphones, Smart TV, consolas, electrodomésticos y cualquier cosa que haya sido vinculada. La luz fija indica inactividad, pero si parpadea constantemente después de visualizarla durante un buen rato, entonces quiere decir que hay alguien más que está consumiendo ancho de banda, por lo que se confirmaría la presencia de intrusos en la red.

Cabe destacar que esta no es la forma más precisa de hacerlo, ya que también es posible que por interferencias con otros aparatos electrónicos o el propio modelo del router, siga enviando señales de parpadeo, creando una confusión. Se recomienda aplicar esta estrategia solo como un primer paso de detección, ya que para verificar realmente si hay intrusos hay que optar por otros métodos que son más efectivos.

Otras opciones

La táctica anterior puede funcionar como primer paso, pero hay que ir más allá para descartar por completo la posibilidad de que un vecino o un hacker esté robando el Internet. Hay opciones más sofisticadas, como el hecho de comprobar directamente qué dispositivos se encuentran conectados desde el panel de control del router, al cual se puede acceder desde la cuenta de administrador en la dirección IP que corresponda.

Lo más frecuente es que se encuentre en 192.168.1.1 o 192.168.1.0, pero se puede buscar en las especificaciones del aparato, en la parte trasera o en la página del fabricante. Esa dirección hay que ponerla en el buscador del navegador y llevará a la página correspondiente.

Una vez iniciado sesión, hay que buscar la sección Dispositivos Conectados, DHCP Server o Network Map. Ahí aparecen los registros de dispositivos conectados y debería aparecer la opción de bloquear o crear una lista para permitir que solo accedan equipos específicos a la red. Con estos pasos se podría evitar que terceros afecten a la experiencia de navegar por Internet.

La convivencia vecinal no siempre es sencilla, sobre todo cuando se trata de ruidos. Ahora, la Ley de Propiedad Horizontal establece el derecho de los vecinos a denunciar a un propietario por ruido derivado de obras en su vivienda. Esta normativa, junto con las ordenanzas municipales, delimita tanto la libertad de realizar reformas como las obligaciones para preservar la convivencia en los edificios residenciales.

El séptimo artículo de la misma ley prohíbe expresamente que los vecinos lleven a cabo actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que afecten la convivencia. Esto implica que las obras no pueden provocar daños, molestias graves o limitación de derechos a los demás propietarios como filtraciones, ruidos estructurales o aperturas de huecos que afectan la privacidad ajena. No obstante, aquí entra en juego otro factor: el horario de descanso estipulado en cada comunidad de vecinos.

El horario de descanso dentro de una comunidad de vecinos no está fijado de manera uniforme por la Ley de Propiedad Horizontal. Este intervalo de horas de una comunidad de vecinos dedicado a la quietud es algo que puede regularse internamente a través de los estatutos, así como de acuerdos adoptados en su marco. Por tanto, la existencia de un horario concreto depende de la normativa local o de los propios estatutos de la comunidad, ya que la ley estatal no define un horario específico.

En ausencia de regulaciones internas, la referencia obligada es la ordenanza municipal sobre el ruido. En ella, se establecen los límites máximos de decibelios permitidos según la franja horaria, diferenciando entre el día y la noche. En general, durante el horario diurno está prohibido superar los 35-40 decibelios y durante el nocturno los 25-30 decibelios.

La posibilidad de denunciar a un propietario por ruido queda así confirmada por la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que se vulneren los límites establecidos y se afecte la convivencia en la comunidad.

Las obras a las que tu comunidad de vecinos puede oponerse

El artículo séptimo en su primer punto de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce que cada propietario puede realizar obras en el interior de su vivienda o local, pero advierte que esta facultad no es ilimitada. La norma impone dos restricciones fundamentales: no alterar elementos comunes del edificio, como pueden ser la fachada, cubiertas, patios, forjados, vigas, pilares e instalaciones generales de agua, en cuyo caso se requiere de aprobación previa de la comunidad; y, del mismo modo, se necesita del consentimiento comunitario para intervenir la cocina, baño, fontanería, electricidad, calefacción, suelos o el retoque de tabiques no estructurales, consideradas obras comunes.

Además, “es obligación de cada propietario mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder”, recoge la ley. De hecho, los vecinos de cualquier vivienda o local que no mantenga las condiciones óptimas de salubridad y seguridad pueden exigir a su dueño la reparación de los espacios afectados. Un ejemplo serían las humedades que pueda sufrir un inmueble.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia que obliga a una vecina a desmontar un toldo gris atado con alambres y un pequeño armario metálico colocados en una terraza de uso privativo, pero perteneciente a un espacio común del edificio. La comunidad de propietarios había denunciado que la instalación alteraba la estética del inmueble y podía afectar al drenaje de aguas pluviales, al tratarse de una modificación realizada sin el consentimiento del resto de vecinos.

Según la resolución, la propietaria llevó a cabo las obras sin autorización y, pese a los requerimientos de la comunidad para que retirase los elementos añadidos, no atendió las peticiones. En consecuencia, los propietarios acordaron en junta iniciar acciones legales. La vecina, por su parte, alegó que no se trataba de una reforma significativa y que otros vecinos también disponían de toldos o tendederos visibles desde el exterior, lo que a su juicio demostraba un trato desigual.

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Aranjuez ya había dado la razón a la comunidad, considerando que la jardinera donde se instalaron los elementos era un bien común y que su alteración requería aprobación unánime. En su fallo, el juzgado ordenó retirar el toldo, la estructura metálica y el armario con puerta y candado, al entender que la actuación suponía una modificación no autorizada del edificio. Disconforme con la decisión, la propietaria recurrió ante la Audiencia Provincial.

Alteración de un elemento común

El tribunal madrileño ha rechazado todos los argumentos de la apelante, al considerar probado que hubo una alteración material de un elemento común, infringiendo lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Dicho precepto prohíbe expresamente realizar cambios en zonas comunes sin contar con el consentimiento previo de la comunidad.

En su recurso, la vecina insistió en que ella no había colocado la puerta metálica, sino que fue obra de la empresa encargada de reformar la jardinera, y que el conjunto no afectaba a la estructura ni a la seguridad del edificio. Sin embargo, la Audiencia recordó que, aunque no existan daños estructurales, la simple modificación sin acuerdo comunitario ya vulnera la ley. Asimismo, subrayó que la instalación de una puerta con cerradura suponía una apropiación parcial de un espacio común, al impedir su uso por el resto de los propietarios.

El tribunal también recordó que la comunidad había aprobado por mayoría el inicio del procedimiento judicial y que la vecina no impugnó dicho acuerdo en su momento, lo que —según el artículo 18.1.c de la LPH— le impide cuestionarlo posteriormente en el proceso.

“La igualdad en la ilegalidad no genera derechos”

Otro de los puntos analizados fue la alegación de discriminación. La demandada argumentó que otros vecinos contaban con toldos o elementos similares visibles desde la fachada, y que, por tanto, ella debía recibir el mismo trato. No obstante, la Audiencia fue tajante: la existencia de posibles irregularidades en otros pisos no legitima nuevas infracciones. “La igualdad en la ilegalidad no genera derechos”, recuerda el fallo, citando doctrina del Tribunal Supremo.

Finalmente, la Audiencia Provincial confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia y ordenó a la propietaria restituir la terraza a su estado original. Aunque la resolución no es firme, y la afectada puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la decisión reafirma la posición de los tribunales: las modificaciones en zonas comunes deben contar siempre con la aprobación previa de la comunidad de vecinos.

Según publicó la fuente, la operación que condujo al arresto del presunto responsable fue presentada ante los medios por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado, y el propio jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban Pinillos. Los portavoces oficiales ofrecieron la información sobre la detención vinculándola de manera directa a la investigación de la explosión de gas butano y calificaron los hechos como una tentativa de homicidio. El sospechoso, al momento de su arresto, no presentó resistencia ni ocultó su participación en los hechos que se le imputan, aspecto destacado por los responsables policiales ante los medios de comunicación.

El medio detalló que la explosión se registró en el sexto piso, concretamente en el apartamento 6ºC, del edificio situado en Pérez Galdos, manifestándose una clara intencionalidad de causar daño a la persona que residía en el piso superior. Las indagaciones iniciales indicaron que el principal móvil estaría relacionado con problemas de convivencia entre el detenido y su vecino, lo que habría motivado al presunto autor a recurrir a este acto extremo.

De acuerdo a la información brindada por la Policía Nacional y difundida por la fuente, las autoridades actuaron tras recopilar elementos probatorios que apuntaban a la responsabilidad del sospechoso en la manipulación y liberación de gas butano con el fin de provocar la explosión que pondría en riesgo la vida de su vecino. Los equipos de emergencia intervinieron en la escena tras reportarse el incidente, permitiéndoles identificar indicios relevantes para la investigación que más tarde sería expuesta por las autoridades en la comparecencia oficial.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, participó en la presentación de la operación, subrayando la coordinación entre las distintas brigadas policiales involucradas en el esclarecimiento del caso. Manuel Laguna Cencerrado, jefe superior de Policía, respaldó el trabajo de su equipo y destacó la celeridad en la detención del presunto autor, quien fue puesto a disposición judicial bajo la acusación de tentativa de homicidio.

El proceso de investigación, consignó el medio, se basó en testimonios de los vecinos, así como en evidencias físicas recabadas en el lugar de la explosión. Los reportes preliminares señalaron que la liberación de gas respondió a una acción premeditada, orientada específicamente a afectar la integridad del vecino del piso superior, dando relevancia al trasfondo de disputas personales como elemento central del caso.

La explosión, según la información difundida, no solo ocasionó daños materiales considerables en el edificio sino que también generó preocupación entre los residentes y motivó la intervención de los equipos de emergencia para garantizar la seguridad de todos los habitantes del inmueble. Las autoridades policiales llevaron adelante la investigación bajo la premisa de que la acción buscaba causar lesiones letales, dada la naturaleza del material empleado y las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Además, el medio informó que el arresto del presunto implicado se realizó poco después de la explosión, en el marco de una operación que se mantuvo bajo reserva hasta contar con los indicios necesarios para presentar cargos por tentativa de homicidio. Las autoridades confirmaron que el proceso judicial continuará en los tribunales competentes, mientras se aguarda la evolución legal del caso y nuevas ampliaciones de información sobre el desarrollo de la investigación.

Los hechos, según consignó la fuente, han tenido una repercusión importante en la comunidad local, dada la gravedad de la acusación y el temor generado tras el suceso. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad vecinal e insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana como una de las claves para el esclarecimiento de este tipo de delitos.

Dos propietarios realizaron obras para transformar una ventana en una puerta para acceder directamente al patio de luces de su edificio. Además, colocaron allí su lavadora, maceteros, un tendedero y varios objetos más. Todo ello sin el permiso de la comunidad de vecinos, por lo que la Audiencia Provinvial de Sevilla ha rechazado su recurso de apelación, ya que considera que invadieron una zona común sin autorización.

Ante la respuesta de la justicia de hacerse cargo de cerrar el hueco de la puerta para reponer la ventana y retirar sus pertenencias, los implicados alegaron un trato desigual. Aseguraban que durante años una vecina había podido mantener una puerta que accedía al mismo patio y que existía un abuso de derecho, incentivado por las malas relaciones personales.

Según la sentencia del 18 de junio de 2025, el patio era un espacio común que pertenecía a dos edificios. Una de las dos comunidades demandó a estos vecinos por abrir la puerta en ese muro que accedía al patio y que les permitía acceder directamente desde su vivienda y utilizar ese espacio para su uso privado, sin tener la aceptación previa de la junta de vecinos.

Obligados a cerrar la puerta

El Juzgado de Primera Instancia n.º24 de Sevilla ordenó a los dos demandados a revertir la obra, además de a retira la lavadora, los maceteros, el tendedero y cualquier otro elemento que fuera introducido sin consentimiento. Además, están obligados a reparar los desperfectos causados en la zona común y por ende asumir el coste completo de los trabajos necesarios para restaurar el estado previo de la fachada y el patio compartido.

La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la sentencia y rechazó además que existiera un agravio comparativo. Determinaron que el hecho de que otra vecina tuviera ese derecho, no suponía una autorización ni derechos para los demás propietarios.

Según el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, ningún propietario puede realizar alteraciones en los elementos comunes sin el permiso expreso de la comunidad. En este caso, tal y como indica la Ley, los vecinos realizaron una modificación en la fachada al abrir un hueco sin la aprobación expresa de la junta, algo que es obligatorio pero que ni se solicitó ni se obtuvo.

Privación del uso compartido

La Audiencia señaló que el uso del patio común está sujeto en el artículo 397 del Código Civil, en el que se determina que ningún comunero puede servirse de la cosa común de manera que excluya a los demás o impida su uso. En este caso, al colocar sus elementos personales en el patio, los demandados estaban privando al resto de propietarios de un uso compartido de esa zona.

Por otra parte, se descartó que los propietarios que realizaron la obra hubieran adquirido derechos con el paso del tiempo. Según el artículo 537 del Código Civil, la adquisición de servidumbres por prescripción requiere un uso pacífico, público y continuado durante al menos 20 años. En este caso, los vecinos no demostraron un uso antiguo ni ininterrumpido, más bien una intervención reciente sin legitimación.

También se determinó que no existió discriminación, ya que la sentencia indica que no existe trato desigual cuando la comunidad actúa dentro del marco legal, ni puede invocarse un derecho a repetir una infracción previa. Se descarta por tanto el “agravio comparativo” como justificación para la reiteración de actos contrarios a la ley, especialmente si no hay constancia de acuerdo alguno que los respalde ni de una voluntad de la comunidad de renunciar a sus derechos.

En definitiva, los dos vecinos fueron obligados a cerrar la puerta y volver a colocar la ventana original, además de retirar los elementos personales del patio común. Sin embargo, la sentencia no fue firme y cabía la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los piedrazos y disparos ocurrieron en la intersección de las calles 12 y 93 de Villa Elvira. Varios testigos indicaron que el conflicto estaba relacionado con el hartazgo de los vecinos frente a la presencia de personas supuestamente ligadas al narcomenudeo. “Estamos hartos de los que envenenan a los chicos”, manifestaron al portal 0221.

El primer incidente se dio pasadas las 22, cuando un grupo de residentes decidió incendiar la casa en cuestión. Las llamas avanzaron con rapidez y requirieron la pronta intervención de dotaciones de Bomberos y la Policía bonaerense. Sin embargo, al arribar los primeros patrulleros y móviles de emergencia, se produjo una fuerte resistencia de un grupo que los atacó con piedras y objetos contundentes. El clima de hostilidad se intensificó pese al despliegue de más de 40 agentes que trabajaron durante algunas horas en la zona.

En ese contexto, quienes presenciaron los disturbios señalaron que hubo disparos provenientes de los uniformados, quienes habrían efectuado tiros al aire para intentar dispersar a los agresores y restablecer el orden. Por su parte, las autoridades policiales confirmaron a dicho portal que al menos dos efectivos resultaron heridos por los objetos lanzados por residentes, que bloqueaban el trabajo de los bomberos.

Otro de los datos que trascendió plantea la posibilidad de que el origen habría sido una pelea que se desató esa noche entre dos vecinas, y que los disparos habrían provenido de un arma empuñada por el hermano de una de ellas. Por este motivo, dos personas resultaron gravemente lesionadas y debieron ser trasladadas al Hospital San Martín, donde uno permanece con estado delicado.

El operativo policial desplegado se extendió hasta después de la una de la madrugada del lunes. Durante ese lapso, los peritos realizaron las tareas de investigación sobre el origen del incendio y dimensionaron los daños materiales causados a la vivienda atacada. La esquina de 12 y 93 quedó bajo custodia ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Las autoridades continúan recabando testimonios, recolectando pruebas para esclarecer la secuencia de hechos, y buscando a dos personas que permanecen prófugas. En paralelo, la Justicia dispuso allanamientos en varias viviendas relacionadas con las personas investigadas. La causa quedó caratulada como “abuso de arma, lesiones, incendio, amenazas y daño calificado”, de acuerdo a lo indicado por El Día.

Otra pelea entre vecinos y un herido de bala

En septiembre, una violenta pelea entre vecinos en la ciudad de Rosario terminó con un joven herido de bala y un hombre de 75 años detenido. El incidente ocurrió por la tarde en una vivienda ubicada en Pasaje B. Suárez, en el barrio sudoeste. Según lo informado por Rosario3, el episodio se desató cerca de las 18.30, cuando residentes de la zona alertaron a la policía tras escuchar disparos provenientes de una casa.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, un joven de 29 años que reside en el barrio, con una lesión causada por arma de fuego. El personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) brindó asistencia en el domicilio antes de trasladar al herido a un centro sanitario para una atención más especializada.

En el operativo, la policía detuvo a un hombre de 75 años, también vecino del sector, y lo identificó como el autor del disparo. Además, los efectivos secuestraron el arma presuntamente utilizada durante el conflicto, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público de Acusación (MPA) y de las Fiscalías intervinientes para su peritaje. Las primeras investigaciones señalan que la pelea se originó dentro de la vivienda.

Los vecinos de la calle de Montlar, situada en el Pie del Funicular del vecindario de Sarrià, tendrán que hacerse cargo de la primera urbanización de la vía. La calle, ubicada junto al paseo de las Aigües, todavía es de grava y tierra. Tras insistentes reivindicaciones, y después de 30 años, el Ayuntamiento ha accedido a urbanizar la calle. Se trata de un tramo de 200 metros. No obstante, esto compromete a los vecinos a asumir el pago de toda la reforma. A pesar de que se trata de la vía pública, el Reglamento de la Ley de Urbanismo promulga que las primeras urbanizaciones de las calles corren a cargo de los propietarios de las viviendas ubicadas en dicha zona. Sin embargo, debido a la extensa cuantía del importe, los vecinos de la comunidad han solicitado al Ayuntamiento que pague la mitad del proyecto.

En consecuencia, lo que parecía ser una buena noticia se ha convertido en un auténtico problema para los vecinos de la calle de Montclar. Después de tres décadas solicitando la urbanización de la vía pública que pasa por sus hogares, lo que parecía ser la colaboración de los poderes públicos para mejorar su vida cotidiana se ha transformado en un contratiempo económico brutal. La ley declara que, en este caso, son las 24 familias las que deben hacerse cargo del proyecto, asumiendo sus costes.

El consistorio ha comunicado la correspondiente factura a los miembros de la comunidad. La suma asciende a una horquilla económica que oscila entre los 13.000 y 61.000 euros para cada familia. Según argumenta el Ayuntamiento, la cantidad a pagar por cada familia viene determinada por la edificabilidad potencial urbanística de la parcela y el techo construido existente, así como el porcentaje de longitud de su fachada.

Una reforma menos ambiciosa

Los vecinos de Montclar reclaman que la reforma de su calle sea mucho más sencilla y asequible de lo que plantea el Ayuntamiento. Según ellos, el proyecto municipal es demasiado ambicioso para un barrio de montaña.

“El Ayuntamiento quiere urbanizar la calle como si fuera el bulevar de una gran ciudad, y eso es un barrio de montaña, donde nosotros simplemente lo que queremos es que no se nos levante polvo, pasar por aquí y no tropezar, que si vas con la moto, no te pongas en un reguero y se te caiga la cosa”, explica una vecina, a la que le correspondería pagar casi 40.000 euros por la obra.

Miquel Fígols, otro residente de la misma calle, comparte la queja. En su caso, debería aportar más de 30.000 euros para una urbanización que considera innecesariamente lujosa.

“Pueden poner lo que quieran, porque al final el proyecto es del Ayuntamiento y harán lo que tengan que hacer, pero que no nos carguen a nosotros una obra de esta exquisitez con el material. Aquí hay gente que no podrá pagar estos importes, parece que estemos en un barrio rico”, critica.

Además, los vecinos no están de acuerdo con otros puntos del plan: quieren poder seguir aparcando en la calle y se oponen a que pase a ser de sentido único. Aseguran que, si esto ocurre, aumentaría el peligro.

Este proyecto llega décadas después de que se urbanizara el primer tramo, en 1993. Entonces se anunció que la segunda fase se haría poco después, pero no se concretó. Han pasado 32 años y la reforma, que al principio despertó ilusión, ha terminado generando preocupación por el coste. El plan municipal contempla iniciar las obras a finales de 2026. Incluirá la renovación de las redes de alcantarillado, la instalación soterrada de las líneas eléctricas y telefónicas, nuevo alumbrado y un pavimento de adoquines. Si el Ayuntamiento no modifica la propuesta, el vecindario ya ha advertido que se movilizará y llevará la queja al síndico de agravios.

Escuchar algún ladrido ocasional forma parte de la convivencia, pero cuando el perro del vecino ladra de forma constante, durante horas y sin control, la situación puede convertirse en algo más que una simple incomodidad. En España, este tipo de ruido puede considerarse una perturbación hacia el vecindario, algo reconocida por la legislación para proteger el derecho al descanso y a la tranquilidad dentro del hogar.

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 7.2, prohíbe expresamente realizar actividades molestas, insalubres o que alteren la convivencia dentro de una comunidad. A su vez, el Código Civil, en su artículo 1902, responsabiliza a quienes ocasionen daños a otros mediante ruidos o vibraciones excesivas. Además, la Ley 37/2003, del Ruido, regula la contaminación acústica y permite a los ayuntamientos fijar límites de decibelios y sancionar conductas que los superen. En función de la gravedad, las multas pueden ir desde los 100 hasta más de 12.000 euros, y en algunos casos, se pueden adoptar medidas adicionales para cesar la fuente del ruido. Asimismo, estas normas se complementan con las ordenanzas municipales, que determinan los horarios de silencio y los niveles máximos de ruido permitidos en viviendas. En la mayoría de municipios españoles, los periodos más protegidos son las noches y las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, no todos los ladridos son sancionables. Para que se consideren una molestia anormal, deben cumplirse varios criterios:

- Intensidad y frecuencia: ladridos fuertes, continuos o repetitivos.

- Duración: si ocurren durante horas o días seguidos.

- Horario: especialmente durante la noche o en horas de descanso.

- Contexto: no se valora igual en una finca rural que en un bloque de pisos urbano.

Si esos ladridos te impiden dormir, concentrarte o disfrutar de tu vivienda, es probable que constituyan una perturbación acústica sancionable.

Procedimiento legal

Los ayuntamientos tienen competencia directa en materia de ruido. Si el perro ladra en horarios prohibidos o supera los límites establecidos, puedes presentar una denuncia ante la Policía Local. Los agentes pueden acudir a tu domicilio, constatar el ruido e iniciar un expediente sancionador. En los casos más graves, se puede requerir al propietario del animal que adopte medidas de adiestramiento o control, e incluso imponer sanciones. Además, es útil registrar pruebas del ruido mediante grabaciones. Si se llega a juicio, estos elementos serán fundamentales para acreditar la existencia de la molestia.

No obstante, antes de acudir a los tribunales, la ley aconseja intentar una mediación vecinal o conciliación, un procedimiento gratuito que busca alcanzar un acuerdo entre las partes. Si no se logra, el siguiente paso es interponer una demanda civil por cesación de actividad molesta, amparada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. El juez puede ordenar al propietario del perro que adopte medidas correctoras, imponerle una multa o incluso prohibirle el uso temporal de la vivienda si persiste en su conducta.

En definitiva, antes de llegar a los tribunales, es importante agotar las vías de diálogo, recopilar pruebas y, si es necesario, acudir a la mediación. La ley protege el derecho a disfrutar de la vivienda en paz, y ofrece herramientas claras para actuar frente a quienes perturban la convivencia con ruidos excesivos.

A casi cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, recordado por dar vida a “Benito Rivers” en la serie Vecinos, su familia volvió a salir en defensa del actor tras las recientes declaraciones del reportero C4 Jiménez, quien aseguró que el joven “se disparó” durante una persecución policial.

La polémica comenzó cuando el periodista participó en una entrevista con el Escorpión Dorado y sostuvo que el actor de 22 años se había quitado la vida. “Benito se metió un balazo y se mató. Me perdonarán los papás de Benito, pero se mató. El chavo traía droga y una pistola... de hecho la sentencia es por provocar el choque que provocó su muerte”, afirmó.

La respuesta de la familia Ocaña

Las palabras desataron indignación entre los cercanos al actor. Bertha Ocaña, hermana de Octavio, publicó un video en Instagram en el que desmintió de manera categórica la versión de Jiménez.

“Hay que decir las cosas con la verdad, nunca hablar por hablar. No te preocupes, no tienen nada que perdonarte mis papás porque lo que tú dices es una mentira”, expresó con firmeza.

La joven subrayó que el comunicador asegura tener pruebas para respaldar su versión, pero en contraste mostró documentos oficiales que, dijo, forman parte de la investigación de la Fiscalía.

Los documentos que contradicen la versión

Entre los papeles presentados, Bertha destacó un examen de rodizonato de sodio, prueba química que detecta residuos de plomo o bario en las manos de una persona para confirmar si disparó un arma.

De acuerdo con el informe, los resultados en todas las muestras analizadas fueron negativos: “No se identificó la presencia de plomo ni de bario en las manos de Octavio Augusto Pérez Ocaña”, se lee en el documento.

Con esto, la familia sostiene que Octavio no accionó ningún arma el día de su muerte, lo que contradice directamente las declaraciones de C4 Jiménez.

El proceso judicial

Bertha recordó que, tras años de investigación, hay dos personas señaladas como responsables. Una de ellas ya enfrenta sentencia y la otra está en espera de resolución.

Con este antecedente, la familia pide a comunicadores y creadores de contenido abstenerse de difundir versiones sin sustento.

“Lo sucedido no es un juego. No se vale decir por decir sin tener pruebas. Hablen de ustedes, hablen de otras cosas, no toquen temas que no les corresponden”, pidió la hermana del actor, visiblemente afectada.

Hasta el momento, Carlos Jiménez, nombre real del periodista, no ha respondido a los señalamientos ni a los documentos exhibidos por la familia.

El caso de Octavio Ocaña continúa generando debate en la opinión pública. Para su familia, la prioridad es mantener limpia la memoria del actor y que la verdad prevalezca frente a la desinformación.

Momentos de tensión se vivieron desde el lunes en el barrio Juan XXIII de la ciudad de Corrientes, luego de que un hombre asesinara a su vecino de un disparo tras una discusión. La Policía debió montar un operativo especial en la zona, dado que los familiares de la víctima juraron vengarse. La vivienda del acusado se encuentra justo en frente de la casa del joven de 23 años que murió.

El episodio ocurrió este lunes por la tarde en la calle Juan Manuel de Rosas al 1500, cuando Marcelo Antonio Quintana mantuvo un entredicho con su vecino, L. M. M., de 28 años, y recibió un disparo en el abdomen. El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Vidal, donde ingresó después de las 15 horas, al área de emergencias. Los médicos determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata, pero a pesar de los esfuerzos del personal de salud, murió horas después a raíz de la gravedad de la lesión.

Tras constatarse la muerte del joven en horas de la noche, los familiares y allegados lanzaron amenazas contra el hombre que ejecutó el disparo. Un hermano de la víctima, también conocida como “Morcillita”, juró que buscaría venganza: “Lo voy a matar; los voy a matar. Se van a tener que ir del barrio”, sostuvo, según indicó el portal Diario Época. Indicaron que la relación entre Quintana y L.M.M. era tensa desde hacía tiempo, lo que fue incrementándose con el paso del tiempo. Durante la siesta del lunes, la discusión escaló y terminó con la muerte del joven de 23. Los testigos del hecho se pusieron en contacto con las autoridades policiales, mientras que otro grupo emprendió el traslado del herido en un vehículo particular.

Rápidamente, la comisaría séptima y el Destacamento San Marcos intervinieron en el lugar del conflicto. Los efectivos procedieron con la detención del agresor, el secuestro del arma involucrada, y la notificación a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 9, a cargo del fiscal Jorge Casarotto, que tomó control de la causa. Luego de confirmada la muerte de Quintana, se reconfiguró la carátula del expediente a “supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades locales.

Detuvieron a un hombre por extorsionar y amenazar a su vecino

Un hombre de 31 años fue detenido en la zona sudoeste de Rosario acusado de extorsionar a su propio vecino a través de mensajes telefónicos en los que exigía una suma de dinero bajo amenazas de ataque contra la vivienda y la integridad física. El procedimiento, realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), se concretó la semana pasada en una propiedad ubicada en Iriondo al 5000, luego de que la víctima formulara la denuncia ante las autoridades.

La investigación comenzó 26 de septiembre, cuando la víctima relató que había recibido múltiples mensajes desde un número desconocido en los cuales el remitente exigía dinero. Los mensajes, reiterados e intimidatorios, motivaron la intervención policial. Según informaron fuentes del caso, el damnificado mencionó que el extorsionador no solo amenazaba con agresiones personales, sino también con causar daños materiales si no accedía al pago solicitado.

Los detectives de la PDI, a cargo del caso, iniciaron rápidamente el rastreo y análisis de las líneas telefónicas empleadas para enviar los mensajes. Mediante tareas técnicas, lograron determinar que una de las líneas involucradas se activaba desde las cercanías del domicilio de la víctima, por lo que avanzaron con el allanamiento.

Durante el procedimiento policial, los agentes aprehendieron a G. C., quien quedó a disposición de la Justicia. En la vivienda, secuestraron tres teléfonos celulares, una pistola calibre .380, dos cargadores y varias municiones. Todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía designada en la causa.

Un incendio desatado en el barrio Sarmiento Monoblock 6 de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, durante la noche del lunes, dejó como saldo una familia hospitalizada por intoxicación con monóxido de carbono y quemaduras. Además, movilizó a bomberos, policías y vecinos. Una mujer fue demorada luego de que se atribuyera el origen de las llamas a una discusión vecinal.

La emergencia se desencadenó apenas minutos antes de las 23, cuando una llamada al sistema 911 alertó sobre la presencia de fuego en una vivienda de ese complejo.

Fuentes oficiales detallaron que en la casa alcanzada por el incendio se encontraban una mujer identificada como M. A., junto a sus dos niños: uno de 10 años y otro pequeño de 2. También estaba otra mujer, I. F., de 58 años, y un hombre, W. C. de 40, este último cuidador de los menores.

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a un grupo de vecinos colaborando e intentando retirar a los ocupantes atrapados entre el humo.

La acción policial se tornó decisiva en instantes. Uno de los efectivos irrumpió en la vivienda tras romper un vidrio y logró rescatar a una de las mujeres que había quedado en el interior, asistido por otros tres agentes de la fuerza motorizada.

Después del rescate, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó la primera asistencia a los afectados. Los médicos diagnosticaron a los menores con intoxicación provocada por la inhalación de monóxido de carbono, por lo que dispusieron su traslado urgente al Hospital Notti, de acuerdo con la información oficial.

La madre, por su parte, también inhaló monóxido y sufrió quemaduras de primer grado. Fue derivada en primer término al Hospital Central.

No solo los integrantes de la familia resultaron afectados. El policía que encabezó el rescate fue atendido en la Clínica Francesa debido a los efectos del humo, de acuerdo con información oficial.

Las primeras hipótesis acerca de las causas del incendio fueron recogidas por la Policía durante la madrugada. De acuerdo con la información del medio local Mdz, una de las víctimas relató que el inicio del fuego se habría dado en un contexto de discusión con una vecina del departamento ubicado en la planta alta, quien habría reaccionado con enojo porque los pequeños jugaban con agua.

Durante el altercado, la mujer empujó una motocicleta, que al caer derramó combustible, lo que provocó el avance de las llamas por el interior de la vivienda.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó que se demore a la mujer señalada, a fin de esclarecer los pormenores, según Mdz. No obstante, de acuerdo con las primeras pericias, hasta el momento no se hallaron evidencias de que el incendio haya sido provocado intencionalmente, por lo que se mantienen abiertas las líneas investigativas.

Otro incendio en una galería en CABA

Un gran despliegue de los Bomberos de la Ciudad se activó poco después del mediodía del martes, en respuesta a la notificación de un incendio dentro de un edificio que cuenta con una planta baja orientada a actividades comerciales y once niveles adicionales. El incidente se produjo en el barrio de Retiro, específicamente en la calle Libertad al 1100, entre avenida Santa Fe y calle Arenales. Tres personas recibieron atención médica, aunque ninguna de ellas se encontró en riesgo vital.

Al llegar, los bomberos identificaron humo al interior del complejo, lo que llevó a una rápida intervención y al despliegue de una línea de 38 mm en la sección de la planta baja, ya que el origen del humo estaba en el cielorraso de la galería. Durante el procedimiento, también realizaron exploraciones minuciosas en los pisos superiores.

El núcleo del incendio se ubicó en el interior de la Galería Libertad, cerca de 15 metros del acceso lateral derecho, en el local número 5, dedicado a la venta de ropa. El comercio estaba cerrado y había sido bloqueado con placas de durlock, motivo por el cual el ingreso al lugar requirió romper este material, una operación más extensa que simplemente forzar una puerta.

Ya dentro del local, detectaron llamas sobre distintas prendas, que afectaban una superficie aproximada de 1,5 metros cuadrados con una altura de medio metro, situadas a un metro del acceso, en el sector izquierdo del local.

El fuego fue contenido rápidamente gracias al uso de la línea de 38 mm. Una vez apagadas las llamas, se procedió a ventilar la zona empleando un forzador de aire para eliminar la acumulación de humo en la galería.

A raíz del episodio, dos hombres y una mujer resultaron asistidos por presentar síntomas de intoxicación leve, aunque se descartó gravedad en todos los casos.

En muchas ocasiones, los vecinos pueden llegar a convertirse en personas que no son santo de devoción, pero este caso supera las relaciones normativas. El pasado domingo, un hombre agredió y encerró a su vecina en su habitación de hotel tras una mera discusión.

Todo comenzó un tiempo atrás. Los dos individuos vivían en un hotel de Nogent-sur-Oise (Francia). La relación era pésima entre ambos, ya que como explica la señora, su vecino era aficionado a la bebida y cada vez que le veía le insultaba y le dejaba botellas vacías fuera de su puerta, como informa Le Parisien. En la noche del suceso, la mujer decidió devolverle sus actos y llevó a su puerta una bolsa llena de botellas vacías.

Cómo estalla el conflicto vecinal

Cuando la mujer dejaba la bolsa en el rellano, el presunto agresor, Ahmed S. de 50 años, abrió la puerta, la agarró y la obligó a entrar en su apartamento, cerrándolo con llave. La señora, de 70 años, fue insultada de manera agresiva y empujada al suelo, provocándole un fuerte golpe en la espalda. “Temía por su vida, temía ser violada por un individuo cuyo comportamiento recordaba al de alguien con un trastorno psiquiátrico” reveló su abogada, Anne-Caroline Bacot-Maesse, según La Dépêche.

Él mismo llamó a la policía, no responsabilizándose de sus actos. La policía llegó rápidamente al lugar y encontró a la señora angustiada, visiblemente afectada por el enfrentamiento con su vecino.

Resolución judicial del caso

En el banquillo de los acusados, Ahmed S. reconoció haber bebido esa noche, en concreto cuatro cervezas, pero no reconoció ninguno de los demás hechos por los que se le acusa. “Oí un ruido en el pasillo. Vi a una mujer poner una bolsa de basura que no era mía frente a mi puerta, así que la agarré para que no se escapara”, dijo Ahmed según Le Parisien. “Se pone a hacer ruido a las 4 de la mañana cuando tengo que levantarme a las 5 para ir a trabajar. No la dejé caer ni la golpeé”. Además, su abogado, Philippe Duboille, añade que “se encontraba en su casa y no molestaba a nadie esa noche, tras lo cual hubo una discusión”.

En contraposición, la preocupación del fiscal adjunto recae en su estado de negación y “justificación de su violencia”, quien aboga por una pena mixta que combina una pena de prisión con una condena condicional. Además, la presunta víctima “no quiso asistir a la audiencia porque tenía miedo a su agresor”, hecho que enfatizó en repetidas ocasiones la abogada de la mujer.

Finalmente, el caso concluyó con una pena de diez meses de libertad condicional por los delitos de secuestro y agresión a su respectiva vecina. El tribunal le ha prohibido tener contacto con la víctima, por lo que tendrá de mudarse y abandonar su actual domicilio. Además, entrará en tratamiento por su adicción al alcohol como parte de la condicional. Estas decisiones fueron tomadas por el tribunal de Senlis el pasado miércoles, tres días después del incidente.

“¡Vamos a la playa! ¿Alguien quiere ir?“, escribió Carlos Arau en su cuenta de Facebook el 17 de septiembre. Su plan era escribir un guion sobre el fotógrafo Gabriel Figueroa. Sin embargo, once días después, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) anunció su deceso mediante un comunicado en sus plataformas digitales.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!“, indicaron portavoces de la asociación.

Un día antes, familiares del histrión lo velaron en la funeraria J. García López en la colonia Juárez. Las exequias, de acuerdo con reacciones en el perfil público de Arau, fueron tan íntimas que muchos colegas se enteraron de la noticia a través de la ANDI.

Su deceso sacude Televisa

Carlos Arau tuvo una carrera tan prolífica como singular. Si bien su nombre difícilmente apareció en las portadas de telenovelas, unitarios u obras de teatro donde participó, su rostro permanecía en la memoria colectiva.

El histrión triunfó en la publicidad, donde grabó cientos de comerciales a lo largo de su carrera. Tihui Arau —su sobrina—, nieta del cineasta Alfonso Arau e hija del músico y cantante Sergio Arau, agradeció a nombre de la familia las interminables muestras de apoyo recibidas.

Por su parte, el actor Alek Vázquez, a manera de homenaje, escribió: “Amigo del alma, qué difícil es aceptar que ya no estés presente. Me cayó de golpe la noticia de tu partida, ya que decíamos que éramos amigos y rivales. Varias veces competíamos en call backs y de verdad tú eres el que realmente debe llevar el título del rey de los comerciales. Ya no tendré a ese rival talentoso ni a ese amigo entrañable".

¿De qué murió Carlos Arau?

Hasta el momento, familiares de Carlos Arau han decidido no compartir información respecto a las causas de muerte del histrión. No obstante, el impacto de su partida generó consternación y zozobra en su entorno más cercano, donde colegas y amigos han expresado que Arau no presentaba signos de algún padecimiento.

Eduardo España, su compañero en la serie Vecinos, envió palabras de aliento a la familia.

La carrera de Carlos Arau abarcó más de 35 años y se distinguió por participaciones en proyectos emblemáticos de la televisión mexicana, como Vecinos y La Rosa de Guadalupe, además de producciones como La familia P. Luche y La Madrastra.

También trabajó en largometrajes junto a figuras internacionales como Javier Bardem, compartiendo créditos en películas como Perdita Durango.

Su debut se remonta a la década de los 90, cuando inició con papeles en cintas como Extraños caminos, Mujeres insumisas y Julio y su ángel.

Existe ese vecino o vecina que no teme al qué dirán y en medio de la cuadra, a la vista de cualquier transeúnte, se pone en cuclillas frente a un cantero y se acerca a las hojas de esa frondosa planta para dedicarle unas palabras. No esperan una respuesta (al menos hablada) de la naturaleza. Ese vecino o vecina tampoco espera que otro vecino o vecina de la cuadra se altere si el árbol del patio o la ligustrina divisora se sale de control y ocupa ambas propiedades.

¿Alguien es responsable de que la vegetación adopte la forma que le place? ¿Debe tolerar una persona que las ramas o las hojas de ese árbol ancestral le hagan sombra en la pileta los días de sol? ¿Qué sucede si ese árbol crece al punto de comenzar a generar daños en una casa o departamento contiguo? ¿Hay reglas para una sana convivencia en estos casos?

El Código Civil y Comercial de la Nación establece límites al ejercicio del derecho de dominio cuando su ejercicio produce inmisiones que exceden la llamada “normal tolerancia”.

Esta figura, tratada dentro de los “límites al dominio” (arts. 1970 a 1982), contempla aquellas situaciones en las que un propietario debe soportar ciertas molestias inevitables del vecino (ruidos, olores, sombra, etc.), siempre que se mantengan dentro de lo razonable. La gran pregunta es qué tan razonable -y por ende, tolerable- resulta que en una enredadera preciosa, cuidada y propiciada por un colindante, ocupe el terreno de otra persona que no desea ni fue consultada por la instalación natural del vecino fan de las plantas.

Cuando la incomodidad supera ese umbral, el damnificado puede accionar legalmente. El artículo 1982 del CCCN es específico: “El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causen molestias que excedan de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo”.

La norma hace una distinción entre situaciones reversibles o enmendables (por ejemplo, ramas que pueden podarse) y otras más graves y drásticas (raíces que causan daño estructural). En todos los casos, lo esencial es que la molestia esté probada, sea significativa y exceda las obligaciones propias de una buena convivencia, cuestión que puede no ser del todo armónica. Y es que el concepto de “normal tolerancia” admite discusiones, ya que lo que es normal y tolerable para unos, puede no serlo para otros.

Algo similar ocurre con los ruidos, olores, luces, vibraciones y hasta temperaturas vecinas que pueden resultar molestas. El artículo 1973 del Código Civil y Comercial los llama “inmisiones” y establece que las molestias que pueden ocasionar estos factores “no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas”, habilitando a los jueces, según el caso, a “disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños”.

Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción.

Un reciente fallo de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes (Sala II), dictado el 26 de junio de 2025, confirmó la responsabilidad de los propietarios de un inmueble cuyas especies vegetales —entre ellas, un palo borracho de más de 20 metros— causaron filtraciones, humedad y fisuras en la propiedad vecina.

El tribunal consideró que las molestias superaban la normal tolerancia y aplicó los artículos 1710 -que habla del deber de prevenir un daño- y el ya citado 1982 del CCCN, que es la llave maestra de este asunto. En el caso, las pericias de un ingeniero civil y una ingeniera agrónoma fueron decisivas, ya que entre otras cosas detectaron que las raíces de los árboles habían afectado los cimientos.

En estos casos, poco importará si hubo intenciones o no de dañar a otro: a las claras y salvo algún ejemplo más propio de una serie de ciencia ficción que de la realidad, una persona no planta un árbol para molestar o dañar a un vecino. No obstante, la ley va por el hecho concreto: frente al deterioro -y la violación del deber de no dañar-, nace la responsabilidad. Vale también señalar que este tipo de conflictos también puede encuadrarse en normas de derecho local, como códigos de edificación o reglamentaciones municipales sobre árboles en zonas urbanas.

Por ello, no es raro que una persona deba recurrir a una mediación previa o intervención municipal antes de litigar judicialmente. Además, en los contrapuntos de vecindad, siempre es un buen consejo no pensar en los tribunales como la única opción de salida del conflicto: al fin y al cabo, al margen de los gastos que podría ocasionar a cada propietario (en tiempo, dinero, energía), es probable que debamos seguir conviviendo a un piso o a una pared de distancia con la otra parte. De modo que es bueno que florezcan las alternativas de solución y no los problemas.

Un hombre de 65 años de Lérida falleció el pasado miércoles 17 de septiembre tras permanecer cinco días hospitalizado debido a una agresión sufrida en una discusión con su vecino. El altercado, ocurrido el 12 de septiembre, terminó con la víctima con cinco costillas rotas, una de las cuales perforó su pulmón. El agresor, un hombre de 36 años, fue detenido y se enfrenta a un cargo de homicidio por imprudencia grave. Tras su arresto, el juez decidió dejarlo en libertad provisional a la espera del juicio.

El incidente tuvo lugar en torno a las cinco y media de la madrugada en la calle Jaume II, cuando la víctima salió a pasear a sus tres perros sin correa.

El hombre se encontró con un vecino de la zona, que se enfrentó a él por llevarlos sin atar. La discusión escaló rápidamente, y en un momento de tensión, el agresor empujó a la víctima, que cayó al suelo fracturándose cinco costillas, según apuntó ElCaso.cat.

Traslado al Hospital

A pesar de las lesiones, el hombre puedo regresar a su casa. Allí, su familia, alarmada por su estado, lo trasladó hasta el Hospital Arnau de Vilanova, donde los médicos descubrieron que una de las costillas rotas le había causado una perforación en el pulmón.

El hombre pasó ingresado cinco días, pero perdió la vida fruto de las heridas. Ese mismo día, los Mossos D’Esquadra detuvieron al agresor por delito de homicidio por imprudencia grave. El agresor, con familia y trabajo y sin antecedentes penales, el 20 de septiembre pasó por el juzgado de guardia. El juez decretó su libertad a disposición de la autoridad judicial a la espera de que se realice el juicio sobre el caso, según informa El Periódico.

Pasear con el perro sin correa

Pasear con el perro sin correa es una acción que puede acarrear multas de 500 hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones leves. Según la Ley de Bienestar Animal (LBA) de 2023, los perros deben llevar correa en sus paseos habituales por las zonas públicas. El artículo 26, señala que “adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasiones molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas”.

Aunque cada ayuntamiento podrá determinar zonas u horarios en los que los perros puedan estar sueltos por la calle, playas y otros espacios naturales, así se indica en el artículo 29.7 de la LBA: “Sin perjuicio de su acceso a estos y otros espacios, los municipios determinarán en todo caso lugares específicamente habilitados para el esparcimiento de animales de compañía, particularmente los de la especie canina”.

Por tanto, los perros podrán ir sin correa en aquellos espacios habilitados para los perros sin que implique sanción alguna. A excepción de los perros clasificados como perros potencialmente peligrosos (ppp), que deben ir siempre con correa y bozal, además de cumplir otros requisitos para su tenencia.

El incumplimiento de la normativa tendrá como consecuencia una multa pecuniaria con infracciones según gravedad o la imposición para la realización de cursos de formación en bienestar animal. Las leves van desde los 500 a 10.000 euros. Las graves de los 10.000 a los 50.000 euros. Y las muy graves una multa de los 50.000 a los 200.000 euros. Aunque según el lugar de residencia podrá haber diferencias en la multa, ya que son o las autoridades locales o las autonómicas las responsables de dicha gestión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la línea 7B del Metro de Madrid, cerrada de forma indefinida desde 2022, volverá a funcionar a finales de noviembre de 2025. La reapertura de este tramo, conocido como MetroEste, debería suponer un alivio para los miles de usuarios que llevan años recurriendo a transportes alternativos. Sin embargo, en San Fernando de Henares nadie celebra del todo la noticia: la infraestructura que prometía modernidad y conexión ha acabado por convertirse en una pesadilla urbanística y social.

Detrás de la reapertura hay una historia marcada por fallos técnicos, negligencia política y dramas vecinales. La línea, inaugurada en 2007 bajo el mandato de Esperanza Aguirre (PP), se presentó como un símbolo de progreso, pero desde sus primeros meses arrastró filtraciones, hundimientos y daños en viviendas.

Un metro que hunde casas

Los problemas comenzaron poco después de que el metro echase a andar. El subsuelo de San Fernando, formado por terrenos yesíferos atravesados por aguas de alta salinidad, no era el mejor candidato para soportar túneles. El contacto de esa agua con los yesos provocó la disolución progresiva del terreno, un fenómeno que se tradujo en grietas en las calles, deformaciones en los edificios y filtraciones constantes en los túneles.

Las primeras alertas llegaron en forma de pequeñas fisuras en viviendas cercanas. Más tarde aparecieron grietas más severas, puertas y ventanas que ya no cerraban, y suelos inclinados. La línea pasó por varias reparaciones parciales, con cierres temporales y refuerzos de emergencia, pero nunca se atacó el origen del problema.

La situación se volvió insostenible en agosto de 2022, cuando el tramo entre San Fernando y Hospital del Henares fue clausurado indefinidamente. El motivo: la seguridad ya no estaba garantizada ni para los usuarios ni para los vecinos.

Dos años más tarde, en 2024, el cierre se amplió hasta el tramo Barrio del Puerto–San Fernando, lo que dejó seis estaciones sin servicio y convirtió la línea en un fantasma dentro de la red de Metro. La Comunidad reconoció entonces que la evolución del terreno era “muy negativa” y que las medidas previas habían sido insuficientes.

Vecinos expulsados de sus domicilios

Mientras los trenes dejaban de pasar, los vecinos sufrían el peor golpe. En total, 73 viviendas han tenido que ser demolidas por los daños irreparables en su estructura. Otras 260 siguen en pie, pero presentan desperfectos reconocidos oficialmente, que van desde grietas superficiales hasta problemas graves de cimentación.

Las cifras de afectados varían según las fuentes: la Comunidad habla de 183 personas desalojadas de manera permanente, pero las asociaciones vecinales elevan la cifra a más de 600 familias impactadas, si se suman quienes han perdido sus casas, quienes viven con daños sin reparar y quienes han visto cómo el valor de su vivienda se desplomaba.

Las prisas electorales

El origen del desastre tiene mucho que ver con la política. La línea 7B fue inaugurada en mayo de 2007 por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Su gobierno del Partido Popular había impulsado la obra a contrarreloj, con el objetivo de cortar la cinta antes de las elecciones autonómicas.

Los técnicos habían advertido de que el terreno no era apto sin medidas adicionales de consolidación, pero las advertencias se dejaron de lado. Se priorizó la foto de la inauguración sobre la seguridad a largo plazo. Desde entonces, los sucesivos gobiernos regionales han gestionado el problema con soluciones parciales, retrasando una actuación integral que solo llegó cuando la situación se había vuelto insostenible.

Las asociaciones de afectados denuncian una falta de transparencia y lentitud en las indemnizaciones. El Ejecutivo regional ha admitido ya la responsabilidad del Metro en los daños, pero muchos vecinos consideran insuficientes las compensaciones ofrecidas, que no siempre alcanzan el valor real de las viviendas perdidas.

El Gobierno de Ayuso asegura que, esta vez, la reapertura será definitiva. Se ha inyectado más de 13.000 toneladas de mortero y hormigón en el subsuelo, consolidando túneles y drenando aguas subterráneas. Además, se han instalado sistemas de auscultación permanente para detectar cualquier movimiento y se han reforzado las estaciones más afectadas.

La Comunidad insiste en que el servicio se recuperará “con todas las garantías” de seguridad y que los usuarios podrán volver a utilizar la línea con normalidad. Sin embargo, el seguimiento de las obras y los planes de compensación a los vecinos continuarán en paralelo, porque la reapertura no pone fin a las reclamaciones vecinales ni al debate político sobre la gestión de este proyecto.

La tarde de ayer miércoles se vio alterada en el barrio sudoeste de la ciudad de Rosario por una violenta pelea vecinal, que tuvo como salgo a dos heridos, uno de ellos herido de arma de fuego y un jubilado detenido.

Todo ocurrió cerca de las 18.30 de ayer, cuando vecinos de la zona escucharon disparos en una vivienda de Pasaje B. Suárez al 5800. Poco después, un móvil de la Policía se hizo presente en el lugar.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Rosario3, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 75 años, identificado como residente del barrio. Poco después, lograron secuestrar el arma de fuego que se habría utilizado durante la pelea.

En la vivienda ubicada en el mismo pasaje, los uniformados hallaron a la víctima, un joven de 29 años que también es vecino del lugar. Presentaba una herida de arma de fuego.

Por esto, fue atendido en el lugar por el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y luego trasladado a un centro sanitario cercano.

En línea con la reconstrucción del hecho, que pudieron hacer las autoridades, la pelea habría comenzado dentro del domicilio, pero los motivos que originaron la discusión aún no fueron esclarecidos.

Por el momento, el jubilado se encuentra bajo arresto, a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público de Acusación (MPA). El arma incautada quedó a disposición de las Fiscalías intervinientes y que en las próximas horas se avanzará con el peritaje balístico correspondiente.

Tiros por una discusión en un bar de Rosario

Un mes atrás, una discusión entre dos hombres se transformó rápidamente en un enfrentamiento armado en un bar también de Rosario. Todo sucedió en horas de la madrugada.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de un local gastronómico ubicado en la intersección de las calles San Martín y Esteban de Luca.

La secuencia de los hechos comenzó cuando testigos presenciaron una acalorada disputa en el interior de la cervecería. Minutos después, los involucrados abandonaron el establecimiento y la discusión continuó en la esquina, desatando una serie de detonaciones que pusieron en alerta a vecinos y transeúntes.

Ante la situación, los vecinos y testigos dieron aviso a la Policía, por lo que un grupo de agentes se hizo presente en el lugar. Allí, encontraron tres vainas servidas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, uno de los involucrados descendió de un automóvil y, luego de un breve cruce verbal, sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos al aire ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

A pesar de la peligrosidad de la situación, no se reportaron heridos. Para descartar la posibilidad de víctimas, personal policial realizó una consulta en el hospital Roque Saenz Peña, centro sanitario cercano, para corroborar si se había registrado el ingreso de alguna persona con lesiones compatibles con el uso de armas de fuego. Según confirmaron fuentes del hospital, el resultado fue negativo.

Y tras el operativo, la Policía inició una investigación para identificar y localizar a los participantes del altercado. Por el momento, no hay detenidos ni personas notificadas por el hecho.

La Colonia de Los Ángeles es una zona residencial bastante tranquila. Fundada a principios de los años 40 en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, limita con uno de los pulmones verdes más importantes, la Casa de Campo. El paisaje urbanístico está formado, en su mayor parte, por urbanizaciones residenciales y por viviendas unifamiliares, muchas de ellas con piscina. Un pequeño oasis junto a los estudios de RTVE y uno de los hospitales del Grupo Quirón.

En la principal rotonda de acceso a esta colonia hay una parcela vacía de 1.129 metros cuadrados que los vecinos miran con temor y preocupación. ¿Por qué? En julio de 2024, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), dependiente del ministerio de Hacienda, dueña de estos terrenos, licitó públicamente el derecho de superficie durante 25 años por un canon mínimo de 47.000 euros al año. La adjudicación se resolvió en enero de 2025 por apenas 1.000 euros más que el precio de salida. La ganadora fue la empresa Gesmonher 62 SL, que pertenece al grupo distribuidor de gasóleo Jihupa.

El objetivo es construir una estación de servicio con dos surtidores y dos puestos de carga eléctrica. La parcela limita en dos de sus lados con viviendas y en otro con una residencia para personas con discapacidad intelectual. En uno de esos lados, la estación de servicio estará pegada a una vivienda unifamiliar. En el otro, una calzada de ocho metros la separará de otros inmuebles. En España, son los Ayuntamientos quienes fijan en su normativa urbanística la distancia mínima que debe haber entre gasolineras y zonas residenciales. “En Pozuelo es de cero metros”, se lamenta María Gómez, portavoz de la ‘Plataforma Vecinal Pozuelo Sureste’, creada este mismo año para intentar solucionar algunos problemas de esta zona del municipio. “Por lo que en este caso va estar literalmente pegada a viviendas”.

La parcela tiene una edificabilidad de 903 metros cuadrados que se pueden repartir en hasta tres alturas. Según el expediente urbanístico, esos terrenos se pueden dedicar a establecimientos de hospedaje y oficinas. También tiene el uso comercial como compatible, lo que permite levantar una estación de servicio. El pasado 18 de julio, la empresa promotora del proyecto solicitó al Consistorio el informe de evaluación ambiental pertinente para autorizar la licencia de actividades con obras “de ejecución para nueva estación de servicio sin lavados, sita en avenida de los Ángeles 73″. Los vecinos han presentado aproximadamente unas 400 alegaciones, “pero si el proyecto finalmente cumple los requisitos, el Consistorio estará obligado por ley a autorizarlo”, señala una fuente municipal.

Más tráfico, ruido y olores

Los vecinos señalan que la memoria presentada por la empresa indica que “el proyecto no implica un aumento del tráfico rodado en las inmediaciones de la zona”, un argumento que según algunas de las alegaciones “carece del soporte técnico adecuado y está alejado de la lógica de que los potenciales usuarios y proveedores de una estación de servicio llegarán a través de vehículos”. No hay que olvidar que la parcela está dentro de una zona residencial señalada como S-20 (límite de velocidad), donde prevalece la seguridad de los peatones.

La empresa también afirma que los olores “no tendrán repercusión y no serán perceptibles en las inmediaciones de las instalaciones”. María Gómez explica que no sabe en qué se basa la promotora de la gasolinera para afirmarlo con tanta rotundidad. “Actualmente no hay una tecnología disponible que elimine por completo la contaminación odorífera. Debido a la extrema proximidad de la estación de servicio a la población, no hay posibilidad de que dichos olores se diluyan antes de llegar a una cantidad elevada de receptores”.

Los vecinos han detectado muchas deficiencias en el proyecto: no se ha analizado el grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada durante todas las fases del proyecto y su actividad. Tampoco hay una estimación de los niveles de presión sonora y vibraciones emitidas, “siendo este un elemento clave en una zona residencial”. No hay un estudio que analice rigurosamente el impacto de los contaminantes atmosféricos en la población próxima, ni un estudio de afectación a las aguas subterráneas, “teniendo en cuenta el entramado de arroyos que coexisten en la zona y el elevado nivel freático”. Los vecinos no tienen información del horario de apertura y su potencial afectación en términos de contaminación lumínica. A la hora de publicar esta información, desde Jihupa no han podido atender a las preguntas planteadas por Infobae España.

La carta de la alcaldesa

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, está estudiando las alegaciones presentadas y estudiará el proyecto. La alcaldesa, Paloma Tejero, envió durante el verano una carta a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiéndole que “reconsiderara el destino de esta parcela, atendiendo al interés general y a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos de Pozuelo de Alarcón”. Para Tejero, “el emplazamiento elegido, en una zona residencial consolidada y sobre suelo de titularidad estatal, genera una gran inquietud entre los vecinos, que temen un impacto negativo en la calidad de vida y el entorno urbano; una preocupación que es plenamente compartida por este Ayuntamiento”.

Los mismos vecinos que recalcan que muy cerca de esa parcela está el Hogar Don Orione, donde residen personas adultas con discapacidad intelectual y graves problemas respiratorios que realizan numerosas actividades en los alrededores del centro; la Residencia de Mayores Prado del Rey y la Escuela Infantil Piquío (de 0 a 3 años). Además, en el entorno, en una proximidad de 1,7 kilómetros, hay ya cinco estaciones de servicio.

La Policía Nacional ha puesto en marcha una innovadora campaña en redes sociales con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra el narcotráfico. A través del vídeo en el que preguntan a los ciudadanos “¿Tu vecino trafica? ¿En tu barrio se vende droga?”, la institución invita a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas mediante el correo electrónico antidroga@policia.es. La campaña destaca la importancia de la colaboración ciudadana como herramienta fundamental en la detección y desarticulación de redes de narcotráfico.

El narcotráfico en los barrios: una realidad preocupante

El narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones en muchas zonas urbanas de España. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 22.000 denuncias por delitos relacionados con drogas, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de casos. En ciudades como Málaga, el narcotráfico ha alcanzado niveles alarmantes, con 77 toneladas de drogas incautadas y más de 2.400 detenciones en 2023.

Los barrios más afectados suelen ser aquellos con altos índices de pobreza y desempleo, donde el tráfico de drogas se convierte en una fuente de ingresos para algunos residentes. Además, la presencia de grupos organizados dedicados al narcotráfico agrava la situación, generando un clima de inseguridad y violencia que afecta a toda la comunidad.

La Policía Nacional ha habilitado el correo electrónico antidroga@policia.es como un “canal de comunicación anónimo y confidencial” para que los ciudadanos puedan informar sobre actividades sospechosas relacionadas con el narcotráfico en sus comunidades. Este canal garantiza el anonimato y la confidencialidad de las denuncias, permitiendo a los vecinos colaborar sin temor a represalias. La campaña busca empoderar a la ciudadanía, brindándoles una herramienta eficaz para contribuir a la seguridad de su entorno.

La importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el narcotráfico

La participación activa de la ciudadanía es esencial en la lucha contra el narcotráfico. Las denuncias vecinales han sido clave en el desmantelamiento de numerosas redes de tráfico de drogas en España.

Por ejemplo, en Elche, la Policía Nacional desarticuló un clan familiar dedicado al tráfico de drogas tras recibir múltiples denuncias vecinales sobre actividad sospechosa en un domicilio del barrio de la Puñalada. La investigación reveló que el grupo operaba con roles definidos: venta, vigilancia y almacenamiento de droga en otras propiedades.

En los registros, los agentes incautaron 350 gramos de cocaína escondidos en una hormigonera, 10 gramos de marihuana, una plantación ilegal con 158 plantas, un arma blanca, un vehículo de alta gama y diversos utensilios para la venta de droga. El principal responsable fue ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

La estrategia de la Policía Nacional en redes sociales

La Policía Nacional ha apostado por las redes sociales como herramienta para acercarse a la ciudadanía y fomentar la colaboración en la lucha contra la delincuencia. A través de plataformas como TikTok, la institución busca sensibilizar y educar a los jóvenes sobre la importancia de la seguridad y la convivencia en sus comunidades. Esta campaña es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas de manera efectiva para promover la participación ciudadana en la seguridad pública.

Asimismo, en otros vídeos publicados en redes sociales, la Policía explica pasos sencillos para una denuncia eficaz y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

1. Identificar actividades sospechosas: Observa comportamientos inusuales en tu entorno, como reuniones frecuentes en horarios nocturnos, cambios repentinos en el flujo de personas o vehículos, o la presencia de sustancias desconocidas.
2. Recopilar información: Anota detalles relevantes como fechas, horas, lugares y descripciones físicas de las personas involucradas.
3. Contactar a la Policía Nacional: Envía un correo electrónico a antidroga@policia.es con la información recopilada. Recuerda que este canal es anónimo y confidencial.
4. Colaborar sin miedo: Tu denuncia puede ser clave para desarticular redes de narcotráfico y mejorar la seguridad en tu comunidad.

Los vecinos de un bloque de apartamentos en Schwabach, una pequeña ciudad situada en el estado federado de Baviera (sur de Alemania), vivieron una noche tan surrealista como desesperante cuando, pasada la medianoche, comenzaron a sonar insistentemente los timbres de varias viviendas. Cansados y sin poder conciliar el sueño, los residentes llegaron a pensar que eran víctimas de una travesura de adolescentes. Sin embargo, el verdadero culpable resultó ser mucho menos previsible: una babosa.

Según informa el diario británico The Guardian, los habitantes del inmueble alertaron a la policía de Schwabach tras horas soportando el molesto zumbido de los porteros automáticos. El hallazgo final desató la incredulidad entre los afectados y hasta cierta dosis de humor, después de que el pequeño molusco fuese sorprendido reptando por la placa metálica de los timbres.

Sospechas iniciales de una broma juvenil

La primera hipótesis de los vecinos fue el denominado klingelstreich, una costumbre relativamente común entre adolescentes alemanes que consiste en tocar los timbres de las casas y echar a correr antes de ser descubiertos. En España la práctica de tocar el timbre y salir corriendo era común hace unos años, pero también en otros países europeos, donde incluso tiene un nombre: ding dong ditch o knock-a-door run.

“Nos habíamos acostado, pero nunca abrimos la puerta después de las diez. Cuando sonó el timbre, intenté ignorarlo. Pensé que podían ser los chicos de la casa abandonada de enfrente”, explicó Lisa, una vecina de 30 años y dependienta de comercio, al tabloide alemán Bild.

Pocos minutos después, la hermana política de Lisa, que vive en el piso superior del mismo bloque, llamó alarmada: “Me preguntó si nuestro timbre también estaba sonando, porque el suyo no paraba. Seguía sonando incluso mientras hablábamos por teléfono, y no había nadie en la entrada. Nos pusimos muy nerviosos. Fue entonces cuando decidimos llamar a la policía”.

Cuando llegaron dos agentes al edificio de Schwabach, el misterio aún persistía. El timbre continuaba activándose, pero no había presencia humana en las inmediaciones ni el sensor de movimiento de la entrada había detectado nada.

El insólito culpable

La sorpresa llegó cuando, tras una inspección más detallada de la placa de los timbres, los agentes y los residentes descubrieron al auténtico responsable: una babosa, conocida en alemán como Nacktschnecke (literalmente, “caracol desnudo”). El animal se deslizaba por el panel metálico, dejando a su paso el característico rastro de baba y, en el proceso, activando de forma repetida los mecanismos eléctricos.

Lisa describió la escena con asombro: “Se podía ver perfectamente el rastro viscoso que había dejado al arrastrarse sobre los sensores. No nos lo podíamos creer”.

Un portavoz policial en Schwabach confirmó posteriormente la intervención y aseguró que el incidente se resolvió sin mayores complicaciones. “El animal fue retirado con cuidado y llevada a un tramo de césped próximo, fuera del portal”, explicó el agente en un comunicado oficial.

Entre el fastidio y la anécdota

Aunque la situación generó malestar y miedo entre los vecinos de este bloque bávaro, la historia terminó convirtiéndose en un episodio cómico que rápidamente traspasó las fronteras locales.

Lo que parecía una noche de pesadilla por culpa de un presunto gamberro, se resolvió en una anécdota de barrio con final feliz. Eso sí, los vecinos de Schwabach probablemente mirarán con otros ojos a partir de ahora a estos discretos moluscos, capaces de generar un auténtico caos con solo un paseo nocturno por un panel de timbres.

Desde que había vuelto de la guerra con tres medallas en el pecho, los engranajes de la cabeza de Howard Unruh venían funcionando como el mecanismo de una bomba de tiempo que en cualquier momento podía estallar. En apariencia era un tipo normal, tímido, reservado y extremadamente educado, pero la procesión iba por dentro. Nada le salía bien: no conseguía un trabajo decente, tampoco tenía metas en la vida, tenía problemas para resolver hasta los contratiempos más simples y a los 28 años seguía viviendo en Cramer Hill, Nueva Jersey, con su madre. La buena señora lo quería, pero lo consideraba un inútil – un “bueno para nada”, según la típica expresión estadounidense - y se lo hacía sentir. Tal vez por eso estaba enojado con el mundo, al que veía personificado en una serie de vecinos a los que odiaba, y ese rencor funcionaba como lubricante en el explosivo reloj que hacía tic-tac en su mente.

Cuando caminaba por el barrio sentía – o imaginaba, es imposible saberlo – que hablaban a sus espaldas. Sospechaba que, aunque él se ocupaba muy bien de ocultarlo, sabían que era homosexual y más de una vez creyó escuchar la palabra “maricón” susurrada a su paso.

Sentía también que lo agredían de manera solapada, haciendo cosas que a él lo irritaban y soportaba sin reaccionar. Por ejemplo, creía que el dueño de la tienda en que compraba lo trampeaba siempre con el vuelto, que la mujer del tendero le pedía que bajara el volumen de la música que escuchaba solo para molestarlo y que el hijo de esos dos desafinaba con la trompeta a propósito para taladrar sus refinados oídos, educados en la escucha de las obras de Wagner y de Brahms.

No eran los únicos que lo molestaban: también estaba el matrimonio que tiraba su basura en el terreno trasero, el zapatero que también tiraba sus desperdicios ahí, el peluquero que había echado tierra en el desagüe e inundado su sótano, el farmacéutico que se metía en su patio para cortar camino hasta su casa, el sastre que parecía burlarse de él por su homosexualidad y hasta el chico que le robaba electricidad para iluminar los arbolitos de navidad que vendía en la calle.

Lo peor de todo es que no podía reaccionar y día tras día iba tragando más bronca. Para calmarse leía la Biblia y practicaba tiro en el sótano con una pistola alemana Luger que había traído de Europa como trofeo de guerra. Lo que más le dolía era que utilizaran su terreno trasero como si fuera un espacio público y por eso la mañana del 5 de septiembre de 1949 colocó una puerta para impedir el acceso. Creía que así los disuadiría de invadir su espacio.

Esa noche tenía previsto encontrarse en un cine con el hombre que estaba saliendo desde hacía unas semanas pero llegó tarde y no lo encontró. Entró igual al cine y vio una película tras otra, hasta que la sala cerró. Volvió frustrado a su casa alrededor de las tres de la mañana, solo para descubrir que la puerta que había instalado esa mañana ya no estaba. Alguien la había sacado. Entonces, la aguja del explosivo mecanismo de relojería que funcionaba en la cabeza de Howard Unruh avanzó hasta el límite y le hizo tomar una decisión: al día siguiente los mataría a todos. Acunado por esa idea, se durmió.

La caminata de la muerte

Eran las 7 de la mañana del 6 de septiembre cuando Howard Unruh se despertó, quizás por el aroma de los huevos revueltos con panceta que su madre, Rita, estaba preparando en la cocina. Mientras desayunaba, la señora se despidió para ir a visitar a una vecina, Carolina Pinner. Howard siguió comiendo sin apuro, debía esperar la hora que los negocios del barrio estuvieran abiertos.

Salió de su casa a las 9 y 20, armado con su pistola Luger 08, un cargador de ocho balas, más munición en los bolsillos, un cuchillo con una hoja de 15 centímetros y una granada de gas lacrimógeno. Atravesó el patio trasero y caminó hacia la calle River, donde se topó con un camión de reparto de pan estacionado. Sacó la pistola, la metió por la ventana y le disparó al conductor, pero le erró. Caminó entonces hasta la zapatería de John Pilarchik, entró y lo mató disparándole a un metro de distancia. De allí fue a la peluquería de Clark Hoover, al que encontró cortándole el pelo a un chico de seis años llamado Orris Smith. Los mató a los dos: al peluquero de un tiro en la cabeza, al chico con un balazo en el cuello.

En la casa de su amiga Carolina Pinner, Rita escuchó los disparos y algo le dijo que su hijo tenía algo que ver. Se levantó de la silla gritando “¡Ay Howard!” pero se desmayó antes de llegar a la puerta. Para entonces, Unruh había entrado a la farmacia de Maurice Cohen, donde encontró al agente de seguros James Hutton y lo mató. Después se metió en la parte trasera del negocio y vio a Cohen y su esposa, Rose, corriendo por las escaleras para refugiarse en el departamento del primer piso. Cerraron la puerta, pero eso no fue obstáculo para el asesino. Cohen intentó escapar por una ventana hasta el tejado del porche, mientras Rose escondía a su hijo Carlos, de 12 años, en un armario y ella se metía en otro. El asesino disparó tres veces a través de la puerta del armario donde estaba Rose y la mató. A Charles no lo encontró, pero sí a la madre de Cohen, Minnie, y también la baleó. Después siguió al farmacéutico hasta el tejado y le disparó por la espalda. Ya estaba muerto cuando su cuerpo golpeó el pavimento.

Consumada la masacre familiar, Unruh volvió a la calle y baleó a un auto que venía por River Road. El conductor, Alvin Day, murió al instante. Corrió después a la sastrería de Thomas Zegrino, donde no encontró al odiado sastre pero sí a su mujer, Helga, a la que le disparó a quemarropa y la mató. Volvió a la calle y baleó la puerta principal de un almacén y después, frustrado por no poder entrar, se acercó a un auto estacionado y baleó a sus ocupantes: Helen Wilson, su hijo John y su madre Emma Matlak. Las dos mujeres murieron dentro del coche y el chico poco después en un hospital.

A esa altura, Unruh ya no elegía a sus víctimas, el blanco podía ser cualquiera que se le cruzara en el camino. En su raid asesino disparó a la ventana de un departamento y mató a Thomas Hamilton, un nene de dos años y le erró por poco a la persona que lo cuidaba, Irene Rice. Después baleó a otro auto que venía por la calle, pero sus ocupantes, Charles Peterson y James Crawford, alcanzaron a escapar y se escondieron en un bar. El dueño del local, Frank Engel, sacó un arma que guardaba debajo del mostrador y le disparó a Unruh para impedir que entrara. Le dio en una pierna, pero cargado de adrenalina, el asesino ni siquiera lo sintió y siguió tirando a cuanta persona encontraba por la calle. En esa balacera hirió a Madeline Harris y a su hijo Armand.

Howard Unruh detuvo su caminata de la muerte cuando escuchó las sirenas de los patrulleros que se acercaban. Sin perder un segundo corrió hasta su departamento y se atrincheró allí. Había dejado un tendal de víctimas en apenas veinte minutos: 12 muertos – que con el correr de las horas serían 13 – y tres heridos. Con eso, su nombre quedaría grabado para siempre como el del primer asesino en masa solitario de la historia criminal estadounidense.

“Tengo una mente brillante”

Hasta entonces la policía nunca había lidiado con un asesino de esas características y no existía un protocolo oficial que le indicara cómo actuar. El lugar se convirtió en un caos. Mientras centenares de curiosos deambulaban por allí sin que nadie se los impidiera, más de cincuenta agentes rodearon el edificio y comenzaron a disparar contra la vivienda de Unruh con ametralladoras, escopetas y pistolas, sin preocuparse por si algún vecino quedaba en la línea de fuego.

Mientras se desarrollaba el tiroteo, el periodista Phiplip Buxton, del Camden Evening Courier, encontró el número de Unruh en la guía telefónica y lo marcó. Se sorprendió cuando alguien como “una voz fuerte y clara” respondió.

-¿Habla Howard? – preguntó el periodista.

-Sí… ¿Cuál es el apellido de la persona que buscás? – respondió la voz.

-Unruh… Soy un amigo y quiero saber qué te están haciendo – insistió Buxton.

-No me están haciendo absolutamente nada, pero yo les estoy haciendo mucho.

-¿A cuántas personas mataste?

-Todavía no lo sé, porque no los he contado... pero parece que es una buena cantidad.

-¿Por qué estás matando gente?

-No lo sé. No puedo responder a eso todavía, estoy demasiado ocupado… Hablaré con vos más tarde, ahora hay un par de amigos que vienen a buscarme – le escuchó el periodista decir a Unruh antes de cortar.

El tiroteo terminó cuando la policía lanzó dos bombas de gas lacrimógeno que obligara a salir a Unruh, que tropezó y cayó sobre el asfalto.

-¡No tiren! ¡Me rindo! – gritó.

El sargento Earl Wright le puso las esposas y le recriminó:

-¿Qué te pasa? ¿Sos psicópata?

-No soy ningún psicópata. Tengo una mente brillante – le contestó Unruh.

Nunca fue condenado

Lo subieron a un patrullero y lo llevaron al el Buró de Detectives del ayuntamiento de Camden, donde comenzaron a interrogarlo, primero un policía y después el fiscal de distrito Mitchell Cohen.

-¿Cuándo tuvo por primera vez la idea de dispararles o hacerles daño a las personas a las que les disparó esta mañana? – le preguntó el fiscal.

-A eso de las 3 de la mañana de hoy – respondió Unruh.

-¿Qué pasó para que concibiera el plan de matar a esa gente?

-El plan lo pensé durante dos años o más, pero lo decidí esta mañana cuando entré en mi casa.

Recién en ese momento, el fiscal notó que había un charco de sangre debajo de la silla de Unruh y comprobó que estaba herido en la pierna. El asesino ni siquiera lo había notado. Lo trasladaron de inmediato al hospital Cooper, pero los cirujanos no pudieron extraerle la bala. “Lo que realmente me convenció de que debe estar terriblemente demente fue que después de dos horas de interrogatorio su silla estaba empapada de sangre. ¡Había recibido un disparo y ni siquiera se había dado cuenta!”, contaría después el fiscal.

Esa misma tarde, Unruh confesó el desarrollo de su caminata de la muerte con lujo de detalles. “Fue un relato horrible, repulsivo. Fue una confesión fría, simple y clara, sin tratar de ocultar nada o de ser furtivo. No hubo arrepentimiento ni lágrimas, pero sí una falta total de emoción”, explicó el fiscal en una entrevista con el Camden Courier-Post.

Basándose en los informes de los psiquiatras que lo examinaron, el 20 de octubre de 1949, un juez del condado de Camden firmó una orden final de internamiento con base en un diagnóstico de “demencia precoz mixta, con marcados síntomas catatónicos y paranoicos”. Se consideró que Unruh tenía una enfermedad mental demasiado grave para ser juzgado, aunque la acusación de asesinato se mantuvo en pie si alguna vez se “curaba”. Lo internaron en el Hospital para Dementes de Nueva Jersey, donde fue confinado en una celda privada de máxima seguridad. No salió de allí hasta su muerte, a los 88 años, el 21 de octubre de 2009.

La crónica del Pulitzer

La caminata de la muerte de Unruh – el primer asesinato en masa cometido por un “lobo solitario” en los Estados Unidos – dio lugar a una de las crónicas más extraordinarias del periodismo estadounidense, escrita por el periodista de The New York Times Meyer “Mike” Berger, con la que ganó el premio Pulitzer de Reportaje Local en 1950.

La escribió el mismo día de los hechos, después de recorrer el lugar y entrevistar a más de cincuenta testigos y volver a la redacción para vapulear su máquina de escribir y entregarla a las 9.20 de la noche, justo antes del cierre.

En sus últimas líneas se puede leer: “Quienes conocían a Unruh repetían una y otra vez lo reservado que era y lo suave que era su voz. Cómo llevaba a su madre a la iglesia y cómo marcaba los pasajes de las Escrituras, especialmente las profecías. ‘Ese tipo era muy callado’, dijo un hombre a la multitud frente a la taberna. ‘Siempre estaba pensando en hacer algo. Hay que vigilar a esos callados’. Pero durante todo el día, River Road y las calles laterales no hablaron de otra cosa. La conmoción fue enorme. Hombres y mujeres decían: ‘No lo entendemos. Simplemente no lo entendemos’”.

De acuerdo con la información oficial compartida con Infobae, la confrontación entre ambos había comenzado horas antes, durante la tarde del viernes. Sin embargo, alrededor de las 23, el hombre, de 46 años, volvió a presentarse frente a la vivienda de la mujer y abrió fuego.

Varios proyectiles impactaron en la fachada, lo que derivó en un llamado inmediato al 911 por parte de la mujer de 40 años. Al arribar los agentes, encontraron vainas servidas en el lugar, por lo que se convocó a la Policía Científica.

Los peritos confirmaron la presencia de diez vainas servidas, lo que dio paso a la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Mandagaran. Con la evidencia reunida, se ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del agresor, ubicada en Arana y Goiri al 12.000, lindera a la de la víctima.

El operativo se concretó cerca de la 1:10 de la madrugada y estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante la inspección, se secuestraron cuatro vainas calibre 9 milímetros en el patio de la vivienda, junto a la casa baleada, aunque no se logró dar con el arma utilizada en los disparos.

Al recibir el resultado, la fiscal Mandagaran determinó que el imputado fuese notificado formalmente por el delito de “Abuso de Arma, Daño y Amenazas Agravadas por el uso de arma de fuego no secuestrada”.

A pesar de la gravedad de los cargos atribuidos, resolvió no dictar ninguna medida restrictiva de libertad en su contra, permitiendo que el acusado continúe en libertad durante el proceso.

Un antecedente de pelea entre vecinos en La Plata

Un hombre de 61 años resultó imputado en La Plata tras un operativo policial en su vivienda de la localidad de Abasto, donde los efectivos hallaron un arsenal de al menos quince armas de fuego, una ballesta y una amplia variedad de municiones.

Todo se inició con una confrontación acalorada entre dos vecinos motivada por sus mascotas; la situación se desbordó en pocos segundos. De acuerdo con la denuncia presentada, uno de los involucrados amenazó al otro mostrando un arma de fuego. El conflicto desencadenó la intervención policial después de que la víctima realizó la denuncia correspondiente.

A raíz de esta presentación, la autoridad judicial ordenó un allanamiento en el domicilio del agresor, localizado en la calle 489, entre 198 y 202. En el lugar, los agentes encontraron una colección de armas que incluía pistolas, escopetas y numerosos cartuchos.

Durante el procedimiento, sorprendió a las autoridades el descubrimiento de una ballesta, un elemento poco habitual en este tipo de investigaciones.

El operativo estuvo dirigido por la Policía Bonaerense y contó con la intervención de la jurisdicción judicial de La Plata.

Según lo informado por el medio local El Bonaerense, se investiga si el inmueble funcionaba como depósito informal para almacenar armas y proyectiles.

Actualmente, la Unidad Funcional de Instrucción analiza el origen y la legalidad de cada uno de los elementos incautados, además de verificar la existencia de los permisos correspondientes en poder del dueño.

Un video publicado en TikTok ha emocionado a millones de personas al mostrar cómo dos vecinos idearon una solución para que sus perros salchicha pudieran verse todos los días. Construyeron una pequeña puerta en la valla de madera que separa sus casas, añadiendo incluso una rampa para que los animales pasaran de un lado al otro. El clip, compartido por la cuenta @shmeve el 13 de julio, acumula más de 1,8 millones de visualizaciones y cientos de comentarios de usuarios que aplauden tanto la creatividad de los dueños como el vínculo entre los dos animales.

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Una puerta hecha a medida

El video muestra la escena en la que un perro salchicha espera con impaciencia frente a la trampilla de la valla. Mueve la cola sin parar mientras un familiar abre la pequeña puerta, lo que permite al animal subir por la rampa y cruzar hacia el jardín vecino. Enseguida aparece el otro perro salchicha, que lo recibe con entusiasmo al otro lado.

Ambos comienzan a correr y a perseguirse en una muestra evidente de alegría, disfrutando de la compañía mutua sin que la cerca suponga ya una barrera. En el clip aparece un texto superpuesto que resume el espíritu de la escena: “Cuando tu mejor amigo vive al lado y te mandan a hacer una puerta para perros salchicha”.

Una reacción entusiasta en redes

La publicación ha generado una avalancha de comentarios positivos en TikTok. “La forma en la que ambos intentan salir adelante al mismo tiempo”, escribió un espectador. Otro añadió: “Esto es increíble, viviendo sus mejores vidas”.

Las reacciones se multiplicaron con frases como “¡Guau! ¡Qué suerte tener esto con tu mejor amigo!”, “Es adorable” o “Esto me hizo muy feliz el corazón”. Un usuario llegó a afirmar: “Esto es lo mejor que he visto en esta aplicación”, mientras otro subrayó: “Esto es lo más hermoso que he visto jamás”.

La ingeniosa idea de los vecinos ha sido interpretada como un acto de amor hacia sus mascotas y, al mismo tiempo, como un gesto que simboliza la buena relación entre ambos hogares.

Un cambio en la rutina de los perros

La instalación de la trampilla no solo permite que los animales se vean a diario, sino que también ha transformado su rutina, proporcionándoles ejercicio y compañía constantes. Newsweek explicó que la adición de esta pequeña puerta en la valla ha eliminado la barrera que antes los separaba, favoreciendo momentos de juego y socialización que, en el caso de los perros salchicha, son fundamentales para su bienestar.

Esta raza, conocida por su carácter enérgico y juguetón, suele crear fuertes vínculos tanto con sus dueños como con otros perros. El video muestra precisamente esa faceta: dos canes que disfrutan de la compañía mutua con un entusiasmo contagioso.

Una historia que inspira

El gesto de estos vecinos ha sido calificado por los usuarios como un ejemplo de ingenio y afecto hacia los animales. Para muchos, la escena no solo transmite ternura, sino que también recuerda la importancia de generar espacios donde los animales puedan relacionarse y mantener una vida activa.

La publicación de @shmeve, contactado por Newsweek a través de Instagram para obtener más información, continúa circulando por la plataforma y acumulando reproducciones, demostrando que, en ocasiones, una pequeña solución casera puede convertirse en una historia capaz de emocionar a millones de personas en todo el mundo.

Un hombre de 61 años fue imputado en La Plata luego de que la Policía allanara su domicilio en la localidad de Abasto y encontrara un arsenal compuesto por al menos quince armas de fuego, una ballesta y una gran cantidad de municiones.

El caso comenzó con una tensa discusión entre dos vecinos por sus mascotas. Todo se salió de control en cuestión de segundos. Según la denuncia, uno de ellos amenazó al otro exhibiendo un arma de fuego. La situación escaló rápidamente y motivó la intervención policial después de que la víctima radicara la denuncia oficial.

A partir de la presentación, ordenaron un allanamiento en la vivienda del agresor, ubicada en la calle 489, entre 198 y 202. En el lugar, las autoridades descubrieron un arsenal que incluía pistolas, escopetas y numerosos cartuchos.

Uno de los datos que llamó la atención de los efectivos y peritos a cargo fue el hallazgo de una ballesta, un tipo de arma que rara vez aparece en allanamientos realizados en el marco de este tipo de causas.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense con intervención del área judicial competente en La Plata.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Bonaerense, se cree que la vivienda funcionaba como depósito improvisado para el almacenamiento de armas y proyectiles.

Ahora, la Unidad Funcional de Instrucción interviniente busca determinar la procedencia y eventual legalidad de cada pieza secuestrada, así como la existencia de registros habilitantes en poder del propietario.

Iban a desmantelar un búnker narco y encontraron un arsenal en San Justo

Un operativo llevado a cabo el viernes pasado por efectivos de la Policía Federal Argentina en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, cuyo objetivo central era desmantelar un búnker narco dedicado a la producción y venta de drogas sintéticas, derivó en el hallazgo de un impactante arsenal de armas de guerra.

Según comunicaron fuentes policiales a Infobae, la intervención policial se activó tras una investigación que se extendió cerca de un año y utilizó avanzados recursos tecnológicos para desarticular la estructura criminal. La causa, encabezada por el fiscal Fernando Amador López —titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática en Estupefacientes del Departamento Judicial La Matanza—, se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la Justicia.

Consumadas las diversas tareas investigativas, los detectives detectaron que la organización delictiva se dedicaba la producción y distribución de drogas de síntesis, entre las que figuraban 2-CB (TUSI), ketamina, MDMA (éxtasis), anfetaminas, hongos alucinógenos y cogollos de marihuana. La investigación logró documentar con filmaciones y fotografías las principales transacciones de las sustancias.

Durante el allanamiento en un domicilio ubicado en el centro de la localidad de San Justo, los agentes sorprendieron al principal imputado, identificado como S.M.O., de 40 años, en plena elaboración de las drogas sintéticas e incautaron diversos elementos utilizados en la producción, junto con una importante cantidad de las sustancias mencionadas.

Fuentes del caso explicaron a este medio que los estupefacientes eran comercializados en distintos boliches de música electrónica del Conurbano bonaerense.

Al registrar la propiedad, los agentes se llevaron una sorpresa: hallaron una colección de armas de alto calibrem entre ellas una ametralladora calibre .45 ACP, un fusil a cerrojo calibre .308 WIN equipado con mira telescópica y silenciador, varias carabinas, escopetas y más de siete pistolas, además de un pistolón y una importante cantidad de municiones de distinto calibre.

Al llegar por primera vez a su nuevo departamento en Barcelona, una joven argentina se encontró con una situación inesperada: un mensaje poco cordial de un vecino la recibió antes incluso de que pudiera instalarse. La reacción irónica ante este episodio, compartida en la plataforma X (antes Twitter), no tardó en captar la atención de miles de usuarios y se convirtió en un fenómeno viral.

El episodio comenzó cuando la joven, tras recibir las llaves de su piso, acudió a conocer el lugar y halló un cartel manuscrito en la puerta. En su publicación en X, relató: “Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen como me recibe el vecino nuevo”, dejando en suspenso el contenido del mensaje y generando expectativa entre sus seguidores.

La joven, lejos de dejar pasar la situación, anticipó su reacción con un toque de humor: “Y gocen con mi respuesta”.

El mensaje del vecino, escrito a mano, decía: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor tirar las cosas”. Ante la sorpresa, la joven decidió responder con otra nota manuscrita en la que expresó: “¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún”. Su respuesta buscó aclarar el malentendido y, al mismo tiempo, evidenció el tono poco amistoso del primer contacto vecinal.

La historia se viralizó en cuestión de horas. La publicación de la joven superó los 2,5 millones de visualizaciones, acumuló más de 75.000 likes y generó cientos de comentarios en la plataforma X.

Entre las reacciones más destacadas en X, varios usuarios compartieron su asombro y experiencias similares. Comentarios como “Ay por favor, hay gente muy mal. Cómo te va a dejar ese mensaje”, “Que pesado, ni se presenta y ya anda molestando” y “Que feo mudarte y que te reciban así” reflejaron el desconcierto y la empatía de la comunidad digital ante la situación vivida por la joven argentina.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado la sentencia que obliga a los propietarios de un local comercial a ceder parte de su espacio para la instalación de un ascensor en el edificio de la comunidad de propietarios en el que se encuentran. La resolución desestima así el recurso de apelación presentado por los afectados y ratifica la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pamplona.

El conflicto comenzó en enero de 2021 cuando la comunidad decidió eliminar las barreras arquitectónicas del inmueble y acogerse a las ayudas públicas disponibles. Entre las medidas previstas, se decidieron por la instalación de un ascensor y el proyecto exigía ocupar pequeños espacios de viviendas y, de forma más relevante, una parte del local comercial de la planta baja, cuyos dueños mostraron reticencias desde el principio.

En las juntas vecinales se fueron aprobando los pasos necesarios: contratación del arquitecto, derramas para financiar el proyecto y tasación de los espacios a ocupar. El informe de un agente de la propiedad inmobiliaria valoró en 7.347 euros el área del local afectada, aunque la comunidad ofreció hasta 10.000 euros para alcanzar un acuerdo amistoso.

8.740 euros por 7,70 metros cuadrados

Sin embargo, los dueños del local rechazaron la propuesta y plantearon condiciones alternativas: la venta completa del local o la exoneración de todos los gastos presentes y futuros relacionados con el ascensor. La comunidad descartó ambas opciones, considerando desproporcionadas las exigencias.

Al no prosperar la negociación, la presidenta del edificio recibió mandato para iniciar acciones legales. Así, en abril de 2022 la comunidad demandó a los propietarios del local solicitando la constitución de una servidumbre legal necesaria sobre los 7,70 metros cuadrados requeridos para instalar el ascensor, ofreciendo como compensación 8.740,82 euros. Los demandados, a su vez, presentaron una reconvención en la que pedían la nulidad de varias juntas al alegar que no habían sido convocados conforme a la ley.

El Juzgado de Primera Instancia de Pamplona dio la razón a la comunidad: declaró la servidumbre necesaria, fijó la indemnización y condenó a los demandados a ceder el espacio para la obra, rechazando la reconvención. La resolución fue recurrida por los dueños de la peluquería quienes insistieron en que las notificaciones se habían realizado de forma irregular y que la obra supondría un grave perjuicio para la funcionalidad de su local, ya que la zona afectada era la más rentable desde el punto de vista comercial.

La decisión de la Audiencia Provincial

La resolución de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado íntegramente lo dispuesto en la instancia inicial: la comunidad de propietarios queda amparada en su derecho a constituir una servidumbre legal necesaria sobre los 7,70 metros cuadrados del local afectados por el proyecto del ascensor, en aras de eliminar las barreras arquitectónicas del edificio. A cambio, los dueños del local recibirán la indemnización fijada en 8.740,82 euros, cantidad considerada ajustada a la tasación y suficiente para resarcir el perjuicio ocasionado.

El tribunal también ha rechazado la pretensión de los demandados de anular las juntas de 2021, recordando que existieron medios suficientes de notificación y que los acuerdos adoptados fueron válidos y ejecutivos. Además, ha desestimado la alegación de que el espacio ocupado mermaba de forma sustancial la funcionalidad del local, al no haberse aportado pruebas periciales que avalaran tal afirmación.

En cuanto a las costas procesales, la Sala ha impuesto a los apelantes el pago de los gastos derivados de la apelación, aunque ha decidido no hacer pronunciamiento especial respecto a las de primera instancia. Finalmente, ha advertido que la sentencia es susceptible de recurso de casación, siempre que concurran los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

"Tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando, además, todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al camp de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido", defiende el club.

La prohibición de comer pipas en las gradas da continuidad a la medida que anunció el club hace ahora dos años, por la que dejó de ofrecer este producto en los puntos de venta dentro del estadio.

Esa medida se acompañó con la prohibición de tirar las cáscaras al suelo y se argumentó con los mismos motivos que ahora y porque provocaba presencia de ratas. EFE

plm/nhp/og

Una disputa vecinal poco común ha acabado en los despachos de la policía de Spaichingen, en el suroeste de Alemania. Según informó el diario rumano Libertatea, una mujer de 51 años ha sido denunciada por sustraer 40 litros de agua de lluvia de la propiedad de un vecino, un botín cuyo valor no supera los 15 céntimos.

Los hechos ocurrieron en dos madrugadas consecutivas, el 25 y 26 de julio de 2025. A las 3:30 de la primera noche, las cámaras de seguridad grabaron a la mujer accediendo sin permiso a una parcela en obras. Armada con dos regaderas, se dirigió al barril que la empresa constructora había colocado para almacenar agua pluvial y abastecer las labores de reforma.

Apenas unas horas después, a las 4:00 de la mañana siguiente, la escena se repitió. En esta ocasión, la sospechosa se ocultó detrás de un contenedor de basura cuando un coche pasó por la calle, según detalló la policía. El total del líquido sustraído —40 litros— provenía del sistema de recogida de lluvia instalado por el constructor debido a la falta de conexión a la red de agua. “El barril es esencial para nosotros, porque aún no tenemos acometida de agua”, explicó el propietario de la vivienda, un hombre de 38 años, a Libertatea.

Antecedentes de tensión vecinal

El incidente no parece un hecho aislado. El denunciante aseguró que la misma vecina ya había utilizado en repetidas ocasiones sus contenedores de basura para depositar residuos propios. “Quise dejar claro que no aceptamos ese tipo de comportamientos”, subrayó.

La policía local investiga la denuncia bajo el amparo del artículo 248a del Código Penal alemán, que regula el hurto de bienes de escaso valor. “Lo que cae del cielo no pertenece automáticamente a todos. En cuanto la lluvia se recoge en un barril, pasa a ser propiedad del dueño”, aclaró una portavoz policial citada por Libertatea.

Pese a la reducida cuantía económica, las autoridades tratan el caso como un delito de hurto, lo que ha provocado reacciones encontradas en la comunidad.

Un debate que trasciende los céntimos

Entre los vecinos, las opiniones están divididas. Para algunos, denunciar por un bien valorado en 15 céntimos roza lo desproporcionado y podría haberse resuelto con una conversación. Otros, en cambio, defienden que la ley debe aplicarse siempre que se vulnera la propiedad privada, sin importar el valor material de lo sustraído.

La policía tiene previsto interrogar a ambas partes en los próximos días. Aunque no se descarta una resolución extrajudicial, el caso sirve como recordatorio de que, en Alemania, incluso los bienes aparentemente insignificantes gozan de protección legal si están bajo propiedad privada.

El caso ha llamado la atención no solo por lo insólito del objeto sustraído, sino también porque pone de manifiesto la rigidez con la que, en algunos países, se aplican las leyes de propiedad privada. En Alemania, el hurto está penado aunque el valor económico del bien sea ínfimo, y este tipo de incidentes se consideran, al menos inicialmente, un asunto para las autoridades.

Una grave explosión provocó un incendio que consumió la vivienda de Dennis Burnell en Glenwood, un pequeño municipio de Iowa.

Testigos y vecinos relataron a la policía que, tras el estallido, la casa quedó envuelta en llamas, esto después de una disputa con unos esposos que vivían en el vecindario.

Cuando los agentes llegaron al lugar, hallaron a dos personas heridas de bala frente a la propiedad incendiada.

Tres personas murieron, entre ellos, unos esposos de la pequeña comunidad

De acuerdo con la información publicada por los medios The Associated Pressste y ABC News, este episodio, que sacudió a una comunidad de apenas 5.000 habitantes, culminó con la muerte de tres personas y expuso un historial de conflictos vecinales.

La División de Investigación Criminal de Iowa confirmó que Dennis Burnell, de 71 años, disparó a sus vecinos Brandon Oman (38 años) y Stevie Oman (35 años) tras una disputa ocurrida la noche del miércoles.

Los Oman residían justo enfrente de Burnell, según los registros del Tasador del Condado de Mills. Ambos fueron encontrados fuera de la casa en llamas, Brandon Oman falleció en el lugar, mientras que Stevie Oman murió en un hospital de Omaha, Nebraska. La pareja fallecida deja una hija, quien su edad no fue especificada, según consta en sus obituarios.

Burnell fue trasladado en ambulancia pero falleció por las heridas ocasionadas

El propio Burnell sufrió quemaduras graves al salir de su vivienda incendiada. Fue arrestado en el sitio y trasladado a la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde falleció días después del incidente.

La policía cree que el incendio fue provocado por el propio Burnell tras el tiroteo, aunque no se han divulgado detalles sobre el motivo exacto de la disputa ni sobre la relación previa entre las víctimas y el agresor, según la información publicada por los medios The Associated Press (AP) y ABC News.

La policía ya había intervenido anteriormente en una disputa en casa de Burnell

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, informó que la policía había intervenido anteriormente en la casa de Burnell por disputas, aunque no especificó la naturaleza de esos incidentes.

Además, documentos judiciales en línea revelan que en agosto del año anterior, Burnell fue declarado culpable de acoso en tercer grado contra otro vecino y recibió una multa superior a 100 dólares. El abogado Ryan Michael Dale, de Council Bluffs, Iowa, indicó que no ha sido contactado para representar a Burnell en relación con este último caso.

La investigación continúa abierta y no se ha esclarecido si las personas fallecidas llevaban tiempo teniendo problemas

La secuencia de los hechos comenzó con una llamada a los servicios de emergencia la noche del miércoles, alertando sobre un tiroteo en Glenwood, situada a unos 241 kilómetros (150 millas) al suroeste de Des Moines, la capital estatal.

Al llegar, los agentes encontraron la vivienda de Burnell envuelta en llamas y a las dos víctimas mortales en el exterior. Según la policía, una explosión poco después del tiroteo desencadenó el incendio que terminó por consumir la casa.

La División de Investigación Criminal de Iowa no ha precisado si existía una relación personal o antecedentes de conflicto directo entre Burnell y los Oman, más allá de la vecindad. Los registros de propiedad confirman que ambas familias vivían en la misma calle. La investigación sigue abierta, mientras la comunidad de Glenwood intenta asimilar la magnitud de la tragedia.

Según ha informado este viernes el instituto armado, los hechos ocurrieron ayer por la tarde, cuando la Guardia Civil comprobó que, supuestamente, este individuo había incumplido una orden de alejamiento de un bloque de viviendas de Almuñécar en el que residía hasta hacía unos días.

Esta orden estaba motivada por los continuos enfrentamientos y amenazas que había protagonizado el hombre con algunos vecinos, llegando a amenazar a uno de ellos con un arma blanca, si bien regresó de nuevo al domicilio y fueron los propios vecinos los que alertaron a la Guardia Civil, que se personó en el lugar.

Los agentes fueron recibidos por este individuo con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.

Ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento y otro de atentado contra agentes de la autoridad, decretándose para él el ingreso en prisión de forma provisional. EFE

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Los conflictos entre vecinos no solo surgen por el uso de las zonas comunes o los desacuerdos sobre el mantenimiento del edificio. El creciente número de denuncias por mala gestión e irregularidades en comunidades de propietarios ha puesto el foco en el cargo de presidente, una figura clave que, en ocasiones, utiliza su posición de forma indebida. La historia de un presidente en Estepona que llegó a autoasignarse una remuneración anual de 86.700 euros, equivalente al sueldo de un ministro, es solo uno de los ejemplos recientes que han situado el abuso de poder en el centro de las preocupaciones vecinales.

Estas situaciones ponen en evidencia los vacíos existentes en muchos edificios que dificultan la prevención y el control de conductas abusivas. Y es que la línea entre una gestión diligente y el aprovechamiento del cargo puede estar difuminada, sobre todo cuando no existen controles claros y mecanismos de transparencia efectivos.

Señales de alerta: actitudes que pueden esconder un abuso

Según ha recopilado el portal Idealista, el abuso de poder por parte de un presidente se produce cuando este actúa fuera de las competencias legales o estatutarias, beneficiándose a sí mismo o a un grupo reducido de propietarios, en perjuicio del conjunto vecinal.

Las señales de alerta son variadas. Una de las más habituales es la toma de decisiones de forma unilateral, sin consultar a la junta de propietarios ni someter los principales asuntos a votación en asambleas extraordinarias o periódicas. También son frecuentes la falta de transparencia respecto al manejo de fondos comunitarios y la ocultación de información relevante, como el estado de las cuentas o los conceptos de los gastos.

Otras prácticas señaladas incluyen el trato desigual hacia los vecinos, por ejemplo, cuando se priorizan las peticiones de ciertos propietarios frente a otros, y la negativa injustificada a permitir la participación en las reuniones y procesos de toma de decisiones. A esto se suma el uso de recursos comunes (personal de mantenimiento, instalaciones o dinero de la comunidad) para fines privados, así como la contratación de allegados, lo cual puede derivar en conflictos de interés que comprometen la gestión.

La presión u hostigamiento a quienes plantean objeciones y la negativa a rendir cuentas ante la comunidad completan el listado de conductas que deben levantar sospechas. El incumplimiento de las normas internas y la aprobación de decisiones contrarias al interés general también son advertencias claras de que el presidente puede estar abusando de su responsabilidad.

Herramientas legales y pasos para actuar

El marco legal establece mecanismos para que los vecinos se protejan ante estas situaciones. El primer paso es revisar tanto los estatutos internos de la comunidad como la Ley de Propiedad Horizontal, donde quedan especificados los límites y obligaciones del presidente.

Si existen indicios de abuso, varios propietarios —que representen al menos el 25%— pueden convocar una junta extraordinaria para incluir en el orden del día la valoración de la gestión y, en su caso, proponer la destitución del presidente. La ley exige que la revocación debe ser acordada por mayoría simple. Cuando resulta necesario, la asesoría de un abogado con experiencia en propiedad horizontal puede resultar determinante para que la comunidad interponga acciones legales y, si procede, reclame daños civiles o active vías penales en supuestos de fraude o malversación.

La responsabilidad no siempre recae únicamente en el presidente. Si se demuestra que el abuso contó con la complicidad o la inacción de la junta directiva, toda la estructura puede tener que responder e incluso algunas pólizas de seguro comunitario contemplan coberturas específicas ante estas eventualidades.

Prevenir y vigilar: claves para una comunidad sana

Prevenir episodios de abuso comienza por la redacción de unos estatutos exigentes, claros y precisos. Establecer detalladamente las funciones, límites y procedimientos puede evitar la interpretación arbitraria de las normas y dificultar la consolidación de prácticas irregulares.

El fomento de la participación vecinal resulta igualmente relevante. Propietarios informados y comprometidos con las decisiones colectivas son menos vulnerables ante posibles arbitrariedades. La transparencia en la administración, el acceso a la documentación y la regularidad en la celebración de reuniones contribuyen a generar un ambiente de confianza y dificultan que los problemas se enquisten por falta de control o por miedo a represalias.

Garantizar la rendición de cuentas y reforzar la democracia interna son los antídotos más eficaces para impedir que los intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar y la convivencia en las comunidades de propietarios.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de unos vecinos del madrileño barrio de Aluche que instalaron una mirilla electrónica en su puerta con el objetivo, según alegaron, de saber si les llegaban paquetes cuando no estaban en casa. La decisión del alto tribunal confirma que dicha instalación vulnera el derecho a la intimidad de los vecinos que residen justo enfrente, cuya puerta se encuentra a apenas un metro y medio de distancia.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Supremo, conocida este lunes y citada por la agencia EFE, ratifica el criterio previamente establecido por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid y la Audiencia Provincial. Ambos órganos ordenaron la retirada del dispositivo por considerar que su uso excedía los límites aceptables de vigilancia dentro de una comunidad de vecinos.

Un conflicto entre comodidad e intimidad

El conflicto comenzó cuando una de las parejas que habitan en la urbanización, que cuenta con servicio de conserjería, instaló una mirilla electrónica que no solo permite ver quién está al otro lado de la puerta, sino que incorpora sensores de movimiento y opciones de grabación. El dispositivo puede, además, tomar fotografías y enviar alertas al teléfono móvil del usuario, activándose automáticamente cuando detecta presencia en el umbral de la vivienda.

El problema reside en la proximidad entre ambas puertas —apenas un metro y medio— lo que hace que, en la práctica, cualquier movimiento de los vecinos de enfrente, incluido simplemente abrir su puerta, active la cámara. Los afectados interpusieron entonces una demanda alegando que la vigilancia constante comprometía su privacidad, al registrar imágenes del acceso a su domicilio e incluso del interior si la puerta permanecía abierta.

El juzgado madrileño les dio la razón en primera instancia, argumentando que el uso del dispositivo no respondía a una necesidad de seguridad, sino a una cuestión de comodidad. “No se aprecia un riesgo especial que justifique la instalación de una medida tan intrusiva, máxime cuando existen otras opciones menos invasivas, como alarmas”, señala la resolución.

Además, el juez subrayó que cuando la observación a través de una mirilla deja de ser esporádica y pasa a convertirse en continua y automatizada, se transforma en una intromisión ilegítima en la esfera privada de los vecinos.

El Supremo avala el derecho a la intimidad

La pareja que había instalado la cámara recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la decisión del juzgado. Posteriormente, llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo, que ahora zanja el asunto respaldando las tesis de las instancias anteriores.

En su fallo, el alto tribunal afirma que el dispositivo “supone una afectación relevante de la intimidad personal y familiar” de los demandantes, al activarse cada vez que alguien entra o sale de su vivienda. La sentencia incide en que se trata de un mecanismo que permite incluso captar imágenes del interior de la vivienda cuando la puerta está abierta, lo cual “no es proporcionado con el beneficio que supone para la satisfacción de intereses” de quienes lo instalaron.

De esta forma, el Supremo establece que la colocación de dispositivos de videovigilancia en comunidades de vecinos debe evaluarse con especial cautela cuando afectan a terceros. En este caso concreto, el tribunal entiende que el interés de los demandados por controlar la entrega de sus paquetes no puede prevalecer sobre el derecho fundamental a la intimidad de sus vecinos.

La sentencia sienta un importante precedente sobre los límites de la videovigilancia doméstica en espacios compartidos, especialmente en entornos tan sensibles como los accesos a las viviendas dentro de una comunidad. Concluye que la captación automática y potencialmente permanente de imágenes no puede justificarse únicamente por razones de conveniencia, máxime cuando esas imágenes pueden revelar detalles de la vida privada de otras personas sin su consentimiento.

La pareja deberá retirar la mirilla electrónica y abstenerse de instalar sistemas similares en el futuro, según dicta la resolución. Con esta decisión, el Supremo refuerza la protección de la intimidad en los entornos residenciales, incluso frente a tecnologías cada vez más presentes en la vida cotidiana.

Todos sabemos que X (antes Twitter) es la red social por antonomasia donde surgen los debates más candentes. Política, economía, sociedad, pero también temas del día a día que afectan a las personas de una determinada comunidad. Las personas debaten y comparten diversas opiniones y, aunque a veces coincidan en puntos de vista, otras veces, sus perspectivas difieren. Esta diversidad de opiniones convierte a X en un verdadero espacio de debate, donde es posible observar lo que preocupa, interesa o indigna a distintos sectores de la población. Además, no es raro que un simple tuit desencadene una oleada de respuestas, réplicas o, en ocasiones, discusiones acaloradas. Así, lo que comienza como una reflexión personal puede transformarse rápidamente en un fenómeno viral que moviliza a decenas de usuarios.

Un debate de lo más cotidiano

Según informa el Huffpost, esto fue precisamente lo que le sucedió a un usuario de la red social. @EstifMcQueen escribió en X una crítica a un elemento de la playa que ahora estaba prohibido en la zona que frecuentaba y que, según él, siempre había sido muy cómodo para los bañistas. Se trata de las duchas de la playa. Este servicio era esencial, pues permitía a las personas lavarse después de un día de la playa, quitándose la arena y la sal marina. Además, permitía, según su comentario, ahorrar agua en casa.

“Lo de prohibir las duchas públicas en la playa para ahorrar agua parece un plan sin fisuras, porque esa misma agua que te gastas al llegar a casa la naturaleza ya no la computa”, escribía en el tuit.

No obstante, la reacción predominante entre los usuarios de X fue opuesta a lo que, quizá, el autor del tuit esperaba. Una amplia mayoría de los usuarios expresó su desacuerdo de forma clara y contundente. En lugar de sumarse al tono crítico del tuit original, muchos optaron por rebatir sus argumentos aportando razones que, a su juicio, legitiman plenamente la medida de prohibición. En conjunto, la respuesta colectiva reflejó no solo un rechazo a la opinión inicial, sino también un intento por generar un debate más informado sobre los motivos de la norma.

Decía un usuario: “He visto gente lavándose con champú la cabeza en la playa, ocupando las 2-4 duchas más tiempo del razonable. Eso luego va a la arena y a las plantas de alrededor en las playas que no están en medio de la ciudad”

A lo que añadía otro: “El agua de las duchas de playa no es para que te vayas limpio, sino esencialmente para que la arena se quede en la playa y sumar el beneficio de no atascar tuberías”.

Además, la cuestión del ahorro en casa también indignó a algunos usuarios que opinaban que era lógico que cada uno se tuviera que pagar el agua y el gas. El ayuntamiento no tenía porque cubrir estos gastos, a su parecer. Sus testimonios apuntaban a que las personas derrochaban el agua al no encontrarse bajo su responsabilidad monetaria y esto era un fiel reflejo de la falta de compromiso y respeto para con las cosas que no eran suyas.

Colectivización VS. Privatización

Este tipo de debates, donde se discute la colectivización o la privatización de un determinado bien o servicio siempre presenta puntos a favor y en contra. Alguna de las ideas en contra, ya comentadas anteriormente, suelen estar relacionadas con el costo público y el mal uso del servicio por parte de algunos usuarios. En el caso de las duchas públicas de la playa hablamos de una inversión municipal acompañada de un compromiso real de las personas de que se trata de un bien público cuyo carácter comunitario debe ser respetado.

Por ello, partiendo de esta concienciación, el carácter comunal de estos bienes puede tener muchas beneficios a favor. En primer lugar se constituye como un bien social colectivo que pone sobre la mesa la idea de que el espacio natural pertenece a todas y todos, y que los servicios asociados deben gestionarse como bienes comunes. No solo suponen algo positivo en términos de comodidad, sino que expresan una forma no segregada de relaciones sociales entre las personas y el espacio que, de forma colectiva, habitan. Apostar por la colectivización gratuita de estos servicios constituye una apuesta de convivencia ciudadana, en función de unas necesidades que nos involucran a todos. Eso sí, siempre y cuando haya un compromiso real de las personas hacia el hecho de que se trata de un bien público y no un elemento que puedan monopolizar para sus intereses.

La situación se hizo visible a partir de los comentarios viralizados en redes sociales y en medios, lo que llevó al equipo de LAM a consultar directamente a Lamothe sobre el ambiente tenso con los vecinos. El actor respondió con humor y cortesía: “Pido disculpas a la gente. Probablemente para cualquier persona, que te pongan unos cuantos motorhomes en la vereda y todo ese movimiento, si no estás acostumbrado, es invasivo”.

Más adelante, Lamothe profundizó respecto a la importancia de las grabaciones en locaciones reales. “Se necesita para que las cosas se vean reales y las locaciones sean lindas y vos veas una escena en una esquina por la que pasas caminando, como en El Eternauta o mismo Envidiosa, que mucha gente va al bar donde estaba Vicky”, explicó.

En el final de la entrevista, el actor buscó dejar un mensaje conciliador: “Hay cosas que ya no se pueden evitar y no queda mucho rodaje. Que aguanten y después les vamos a regalar unos domingos de maratón de Envidiosa, estamos trabajando para eso”.

El conflicto se intensificó a partir de los relatos de los propios vecinos, quienes detallaron las complicaciones que enfrentaron durante los días de rodaje. Una residente señaló: “El tema es que a nosotros no nos notifican y el jueves, por ejemplo, vinieron como diez personas, pusieron unos conos e impidieron el estacionamiento de autos porque al día siguiente iban a filmar. Soy psicóloga y al otro día pusieron un generador y al lado un camión con alimentos, desde las 8 hasta las 17”.

Otro vecino remarcó: “Ya de por sí es un problema estacionar en la zona, y que incluso utilicen el espacio público y dejen gente controlando para que nadie estacione, es un problema para mí que vivo en esta cuadra”.

En la misma línea, otro habitante del barrio sumó: “Cortan tres cuadras y no podíamos dejar el auto porque iba a haber una filmación en el colegio, a las 5 de la mañana comenzaron a poner música de cumbia y a descargar los camiones, sin importarles nuestro descanso. Fueron 24 horas con la cuadra sitiada”.

Cabe recordar en tanto que desde que confirmaron su relación, la cual nació justamente durante las grabaciones de Envidiosa, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se muestran más enamorados que nunca. Entre mensajes de amor y viajes, la pareja afianza su vínculo.

En ese contexto, en las últimas semanas el actor sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una foto íntima con su novia, como muestra de la pasión que mantienen.

Todo se dio cuando el artista publicó en su cuenta un carrusel a modo de resumen de sus últimas semanas. En las imágenes podía verse a Lamothe y Nishimoto en un ascensor, posando con las banderas de Argentina y Japón y disfrutando de un día soleado al aire libre.

Sin embargo, entre las románticas fotos, una imagen llamó la atención de los casi un millón y medio de seguidores del artista. En medio del ascensor, la pareja protagonizó un momento de pasión. En la foto podía verse cómo, mientras se daban un beso, el actor ponía su mano en la parte baja de la artista.

La mujer, que actuaba como intermediaria entre el propietario de la vivienda y un portal digital de alojamientos, fue detenida en la noche de ayer, viernes, por su supuesto delito de allanamiento de morada.

Según informa este sábado la Policía Local, la mujer, de 43 años, accedió a la vivienda en la que se encontraban cinco inquilinas (todas ellas de 21 años), sin su permiso, alegando que debían abandonar el domicilio y entregar las llaves por incumplimiento de contrato, al haber celebrado de madrugada una fiesta que provocó quejas de los vecinos.

Las inquilinas manifestaron que la detenida accedió al domicilio de forma violenta y agresiva, dando un empujón a una de ellas y agarrando por el cuello a otra, detalla la Policía Local, que ha instruido diligencias judiciales contra la mujer como presunta autora de un delito de allanamiento de morada. EFE

En la madrugada del pasado 18 de julio, una familia francesa compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos —uno de ellos un recién nacido, de apenas seis días— estuvo a punto de perecer atrapada en el incendio de su vivienda. El suceso, que tuvo lugar en la localidad de Bailleul, en el norte del país, tuvo un desenlace milagroso gracias a la inusitada cadena de acontecimientos que comenzó con los ladridos insistentes de un perro llamado Fievel.

Según ha informado el canal TF1, Fievel, un perro perteneciente a unos vecinos de la familia afectada, fue el primero en percatarse de que algo iba mal. El animal, al oír los gritos de auxilio procedentes de la casa envuelta en llamas, comenzó a ladrar con fuerza, logrando despertar a sus dueños. Uno de ellos, al asomarse por la ventana, descubrió con horror cómo el hogar de sus vecinos ardía sin control. “Me di cuenta de inmediato, incluso dormido, de que algo pasaba. Abrí la ventana de la habitación de mi hija y vi la casa en llamas”, relató a TF1 el vecino y propietario de Fievel.

Encerrados en el piso superior, sin vía de escape

Mientras tanto, dentro de la vivienda siniestrada, la familia luchaba contra el pánico. Despertados por el humo, los padres y sus cuatro hijos lograron subir al piso superior para protegerse, pero rápidamente comprendieron que no podían bajar. Las llamas bloqueaban todas las salidas. La madre, desesperada, comenzó a gritar con todas sus fuerzas, esperando que alguien les oyese. Jordan, el padre, explicó la angustia del momento: “Llamábamos pidiendo ayuda, sobre todo mi mujer, que gritaba muy fuerte. Yo estaba al otro lado de la casa. Fue un momento de auténtico pánico”.

El bebé, que apenas tenía seis días de vida, dormía en la misma habitación con sus padres, lo que añadía una carga emocional adicional a la desesperación de la familia.

Rescate con tractores

Afortunadamente, los vecinos, todos ellos agricultores, no dudaron en actuar al escuchar tanto los ladridos del perro como los gritos de socorro. Dos de ellos utilizaron sus tractores para acercarse a la vivienda y alcanzar el piso superior. En una maniobra que el propio Jordan comparó con una operación especial de las fuerzas de élite, los tractores irrumpieron sincronizadamente en la propiedad, derribando incluso el portal de entrada.

“Fue como una intervención del GIGN (grupo de élite de la gendarmería). Llegaron los dos tractores al mismo tiempo. Siempre lo digo: fue como si vinieran a rescatarnos, en perfecta sincronía”, expresó el padre, aún emocionado.

Blaise Moreau, uno de los agricultores que participó en el rescate, explicó que si no hubieran tenido acceso a esa maquinaria, habría sido mucho más complicado evacuar a la familia por medios tradicionales, como escaleras portátiles. “Si no tuviésemos este tipo de material, no sé si habría sido tan sencillo bajarlos con escaleras de mano”, comentó.

Veinte minutos después de que la familia fuese puesta a salvo, llegaron los servicios de emergencia. Una veintena de bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas, pero la vivienda quedó completamente destruida.

El agradecimiento eterno de una familia salvada

A pesar de haberlo perdido todo, lo más importante se salvó: la vida. Uno de los hijos de la pareja expresó el terror vivido: “Pensé que íbamos a morir, que no íbamos a lograrlo, que nos iban a alcanzar las llamas”.

Jordan, por su parte, no encuentra palabras suficientes para agradecer la valentía de sus vecinos: “Jamás podré agradecer lo suficiente a nuestros vecinos, nuestros salvadores, por su acto heroico. Ellos no quieren que lo digamos así, pero para nosotros lo son”.

Actualmente, la familia busca una vivienda de alquiler en Bailleul, mientras las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse con firmeza sobre los límites de las comunidades de propietarios a la hora de modificar acuerdos previos. En una sentencia reciente, la Sala de lo Civil ha dejado claro que los pactos adoptados con arreglo a derecho y que generan derechos adquiridos no pueden ser revocados de forma unilateral. El caso afecta a dos vecinos exentos desde 1994 de contribuir a los gastos del ascensor, y a quienes la comunidad pretendía hacer pagar más de dos décadas después, amparándose en un cambio legal. El Alto Tribunal les da la razón y anula el acuerdo adoptado en 2018 por vulnerar un derecho consolidado.

La polémica se remonta al año 1994, cuando la comunidad de propietarios aprobó por mayoría la instalación del ascensor. Fue una decisión legal, tramitada como una “innovación no exigible” bajo el marco normativo vigente entonces, que requería el apoyo de un tercio de los propietarios y más del 50 % de las cuotas para su aprobación. Se cumplió esa mayoría —seis votos a favor que sumaban el 58,81 %— pero con una condición esencial: únicamente pagarían aquellos que hubieran votado a favor de la obra. Los vecinos disidentes, entre ellos los ahora demandantes, quedaron exonerados expresamente de cualquier pago, tanto de instalación como de mantenimiento.

El giro de 2018: la comunidad quiso repartir los costes

Pasados 24 años, la situación dio un giro. En 2018, la comunidad celebró una nueva junta en la que acordó cargar el coste del ascensor a todos los vecinos, incluidos los que habían sido eximidos. Se basaron en la reforma introducida por la Ley 8/2013, que modificó la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) e impuso la accesibilidad universal como criterio prioritario. El ascensor pasó así de ser una mejora opcional a una obligación legal.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que la comunidad actuó fuera del marco legal al imponer esos pagos sin contar con la unanimidad necesaria. La sentencia explica que “las normas posteriores no pueden aplicarse con carácter retroactivo cuando afecten a situaciones jurídicas consolidadas”. En otras palabras, el acuerdo de 1994 generó derechos firmes que solo pueden modificarse si todos los propietarios —incluidos los beneficiarios de la exención— lo aceptan expresamente.

“El simple hecho de que una ley posterior otorgue nueva naturaleza jurídica a un elemento común no implica que se pueda dejar sin efecto una exención válidamente acordada”, señala el fallo. Por tanto, la decisión de 2018 es nula de pleno derecho, y los dos vecinos seguirán sin tener que asumir gasto alguno relacionado con el ascensor.

Cómo deben actuar las comunidades si quieren revisar acuerdos previos

Este pronunciamiento del Supremo introduce una advertencia clara para cualquier comunidad que desee modificar viejos acuerdos: no basta con una mayoría. Si se trata de derechos adquiridos mediante un acuerdo unánime —como en este caso—, cualquier modificación debe contar con la misma unanimidad. Y si no la hay, el acuerdo carece de validez jurídica.

Como recoge Madridinforma, varios administradores de fincas coinciden en que lo primero es verificar si la exención consta en el acta original de forma clara y si ha sido aplicada durante años sin impugnaciones. También es crucial que los vecinos beneficiarios estén al día en sus pagos ordinarios, requisito indispensable para que su voto tenga validez en cualquier nueva junta.

Convocar una junta extraordinaria con el orden del día bien detallado, recoger por escrito todas las posturas y documentar cuidadosamente las posibles disidencias en acta son pasos esenciales. Cualquier defecto en el proceso podría derivar en la impugnación del acuerdo.

El Tribunal Supremo recuerda, además, que los propietarios que hayan sido privados de su derecho de voto por error —por ejemplo, al ser considerados morosos cuando no lo eran— pueden recurrir los acuerdos adoptados si lo hacen dentro del plazo legal establecido. La transparencia, la correcta notificación de las convocatorias y el respeto escrupuloso a las reglas de votación son, por tanto, fundamentales para evitar conflictos judiciales que, como en este caso, acaban resolviéndose en la última instancia.

A Constantino Blanco, administrativo y vecino del barrio de Las Cárcavas, le ha tocado desempeñar un nuevo papel a sus 53 años. Es el portavoz de la plataforma ‘Stop Fórmula 1′. Ya el nombre lo dice todo. “No estamos en contra de la Fórmula 1. Estamos en contra de un circuito urbano”. Concretamente, del nuevo Gran Premio de Madrid que Ifema, en colaboración con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida, han negociado para que forme parte del calendario oficial de 2026. “Ya han empezado las obras y con el calor y el tiempo que hace se montan remolinos de tierra en nuestras calles”, señala Constantino.

El colectivo está formado por vecinos de barrios afectados como Canillas, Las Cárcavas, Valdebebas y San Lorenzo. También representantes de diversas asociaciones como AV Barajas, AV Villarosa, Asociación La Noria, AV San Lorenzo, Espacio Danos Tiempo, Plataforma STOP festivales IFEMA, Stop Torres Cárcavas, Plataforma por el Derecho a la Ciudad, Plataforma de Afectados M-30, Mesa del Árbol de Madrid, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion. “Decidimos que esto fuera apolítico”, señala. “Dentro de la plataforma hay asociaciones que ya estaban luchando contra los ruidos de los conciertos de Ifema. Y otra asociación que estaba en contra de unas torres que han hecho aquí, porque son todo casas bajas, y de repente han hecho un edificio, un hotel de 12 alturas. Somos vecinos castigados por las políticas especulativas. Ahora luchamos contra la idea de un circuito dentro de la ciudad”. Han plasmado todos sus temores y lo que conllevará el nuevo circuito (que se construirá entre Ifema y algunas calles del barrio) en una página web donde resumen todos los problemas que generará el circuito para los vecinos de la zona.

-Pregunta: Empecemos por el ruido. Para la celebración de la F-1 en Madrid, es necesario que el Ayuntamiento suspenda temporalmente la ordenanza sobre niveles de ruidos admisibles.

-Respuesta: 65 decibelios es el máximo posible. 75 es diez veces más; 85, 100 veces más; y 95 decibelios, unas 1.000 veces más. Creemos que el nivel de ruido llegará a 95. Estamos hablando de mil veces más de ruido de lo permitido. Es probable que la Fórmula 1 genere ese nivel, o más. Van a poner muros de pantallas para proteger las casas. Ifema dice que llegará a 75. En cualquier caso, insufrible, invivible. Y no solo el fin de semana del premio, el montaje y el desmontaje. Es que ahora mismo estamos en obras, están quitando todo el terreno y se nos están formando tormentas de arena todas las tardes, todas las tardes. Es el desierto (sonríe irónicamente).

-P: ¿Qué tipo de obra están haciendo ahora?

-R: Están allanando. Están quitando toda la tierra para hacer la zona norte del circuito, que está sin hacer. Hemos visto que están cortando árboles. Y en la parte que está enfrente de nuestras casas están quitando toda la tierra, haciéndola toda plana para luego encima hacer la pista del circuito.

-P: El proyecto habla de quitar 700 árboles.

-R: Les obligan a replantarlos, pero sabemos que no van a sobrevivir ni un 20%. Si los cortaran, la ley dice que habría que reponer un árbol por cada año de vida del ejemplar talado. Es decir, un árbol de 40 años, 40 árboles nuevos. Pero lo que van a hacer realmente es trasplantarlo y esperar a que muera al año siguiente y plantar otro. Luego está el Parque de Valdebebas, que está al lado del futuro circuito. Le llaman Reserva Forestal y tiene la peculiaridad de que no tiene farolas para preservar la fauna y ahora le ponen una pista de Fórmula 1 al lado. En fin.

-P: También habéis cuantificado en 150 los días de obras por motivo del Gran Premio. Estamos hablando de casi un tercio del año.

-R: El premio es en septiembre. Habrá trabajos relacionados con él en junio, julio y agosto, más septiembre, luego también en octubre y algo de noviembre. Obras para montar y desmontar cada año, con lo que significará para el barrio. Pero ellos dicen que los cortes de tráfico solo serían durante una semana previa y una semana después. No nos creemos nada. Hemos tenido bastantes decepciones por su parte.

-P: Ruido, molestias por obras… y contaminación

-R: Muchos vecinos han elegido este barrio para vivir porque tienen cerca el Parque de Valdebebas y el Parque del Campo de las Naciones, y de repente les traen asfalto y contaminación. Tenemos que cumplir que nuestros coches no sean contaminantes, y nos meten 22 bólidos más el tráfico que van a generar los espectadores. Pero en Ifema nos llegaron a decir que los coches de Fórmula 1 contaminan menos. ¿Nos quieren decir que todo lo que genera el premio no va a traer más contaminación?

-P: Las Administraciones venden el proyecto como una gran oportunidad para Madrid en turistas, empleo, retorno económico para la ciudad… Y luego estáis vosotros, los vecinos que tocáis las narices, los galos que resisten en una pequeña aldea… ¿Cómo os sentís por esas críticas?

-R: Nosotros no estamos en contra de la Fórmula 1, estamos en contra de que se haga en un barrio. Y estamos unidos después de montar la plataforma. No estamos locos. Dijo el piloto Carlos Sainz que era una ilusión para él tener un circuito a 20 minutos de casa. Si se lo pusieran a un minuto de su casa, yo estaría en contra. Y seguramente él también. Pero sería buena opción llevar el premio a una zona de Madrid despoblada pero con buenas comunicaciones. Luego tenemos a los vecinos que creen que van a vivir como en Mónaco. Aquí quieren hacer una cosa que es ilegal en cualquier ciudad de Europa, que es montar un circuito de Fórmula 1 en mitad de una calle generando ruido. Pues aquí lo legalizan y entonces montamos un negocio. Van a montar un circuito ilegal y luego lo van a legalizar.

-P: ¿El Gran Premio va a revalorizar el barrio?

-R: Se está devaluando. Nuestra familia vive aquí desde hace cinco años. Y estamos encantados. Y hemos sopesado irnos, pero no nos iremos. Sí nos iremos fuera, al pueblo, la semana de las carreras. Pero el barrio se devalúa. Ahora mismo están levantando una calle porque tienen que hacer como un metro de profundidad para el nuevo asfalto que requiere la FIA. Cuando acaben esas obras, tendremos un circuito enfrente de casa, kilómetro y medio de reclamo para todos los ‘fitipaldis’ de esta ciudad y alrededores que vengan a hacer carreras en nuestra casa. Kilómetro y medio con cuatro rotondas y un cambio de rasante súper chulo. Esto no hay quien lo coja.