Hay consternación en el deporte vallecaucano tras la muerte de un joven patinador durante un entrenamiento habitual la noche del martes 21 de abril de 2026 en Cali.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Juan David Ruiz Ramírez, de 14 años, quien falleció tras sufrir un accidente grave mientras practicaba en la pista de la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Las primeras versiones en poder de los investigadores indican que el deportista, integrante del Club Relámpago y de la selección Valle, chocó de manera violenta con el policarbonato protector de la pista.

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos para reanimarlo, el joven no sobrevivió a las graves heridas sufridas en el tórax. Según el testimonio de una persona presente en el lugar, parte del cuerpo del atleta quedó fuera de la pista como consecuencia del mal estado de los acrílicos.

“Estaba en un entrenamiento normal, saliendo de la curva sur, se cae, se da contra el policarbonato, el policarbonato vuela porque estaban mal puestos y cuando uno se impacta con este material uno no rebota. Más de la mitad del cuerpo quedó por fuera de la pista”, señaló un testigo del hecho en diálogo con el diario El País de Cali.

La fuente añadió que la falta de rebote del material agravó la situación y que, durante los intentos de auxilio, no fue posible sacar rápidamente al joven ni facilitar el acceso de una ambulancia.

“El joven se golpeó el tórax, lo estuvimos reanimando, intentando sacarlo de la pista y que entrara un carro para poder llevarlo al hospital por urgencias, pero nada de esto fue posible”, continuó el testigo.

Entretanto, las autoridades municipales confirmaron el inicio de investigaciones para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la infraestructura del escenario.

La Secretaría del Deporte y Recreación solicitó formalmente toda la documentación pertinente a la Liga Vallecaucana de Patinaje y subrayó la importancia de esperar el dictamen oficial antes de emitir juicios o especulaciones sobre la causa del deceso.

“Reiteramos nuestro compromiso permanente con la promoción de prácticas deportivas seguras, velando por el bienestar de atletas, entrenadores y todos los actores vinculados al deporte en nuestra ciudad”, señalaron desde la administración.

Por su parte, familiares de otros atletas denunciaron la falta de implementos y adaptación de los escenarios deportivos en la capital del Valle, además de la ausencia de implementos y personal médico en caso de una emergencia como la ocurrida en las últimas horas.

Incluso, uno el padre de uno de los compañeros de Juan David Ruiz denunció a El País que, en el momento del incidente, el paso exclusivo para el ingreso de ambulancias estaba bloqueado, además de que el escenario no tenía el botiquín de emergencia. “No hay los implementos médicos de primeros auxilios”, indicó el familiar.

Entretanto, el deceso de Juan David Ruiz Ramírez ha generado muestras de solidaridad y dolor en la comunidad deportiva. La Alcaldía de Cali y el Comité Ejecutivo de la Liga Vallecaucana de Patinaje manifestaron sus condolencias a los familiares y allegados del joven. El secretario de Deporte y Recreación, Alexander Camacho, destacó la trayectoria y disciplina de Ruiz Ramírez, recordando que era considerado una promesa del patinaje local.

“Extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus seres queridos, en momentos tan difíciles. Asimismo, la Secretaría del Deporte y la Recreación ya solicitó la información a la Liga Vallecaucana de Patinaje que permita esclarecer los hechos que ocasionaron el deceso del joven en este lamentable suceso”, señaló el funcionario.

La noticia también ha impactado la agenda deportiva, pues se analiza la continuidad de los eventos programados, incluido un selectivo de Valle de patinaje previsto para el fin de semana. Las decisiones sobre la realización de estas actividades se esperan para el 22 de abril, a la luz de lo sucedido.

Familiares de un hombre herido en un ataque armado en Jamundí pidieron que no sea trasladado de la clínica en Cali donde permanece hospitalizado, al advertir que su estado de salud es crítico, según información publicada por Semana. La solicitud fue hecha a través de una carta en la que expresan su preocupación por posibles decisiones administrativas.

El hombre fue atacado el viernes 13 de marzo en el corregimiento de Timba, en el sur de Jamundí, por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Durante el hecho recibió múltiples impactos de bala que comprometieron gravemente su estado físico.

Sus familiares alertaron que un eventual traslado a otra institución médica podría poner en riesgo su vida, debido a la complejidad de sus heridas y la atención especializada que requiere. Actualmente permanece hospitalizado en la Clínica Valle del Lili, en Cali.

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Heridas graves comprometen su estado de salud

En la carta, la familia describió la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque armado.

“Nuestro familiar fue atacado con armas de fuego por integrantes de las disidencias de las FARC, estructura conocida como Jaime Martínez. Durante el ataque recibió múltiples disparos. Dos de ellos impactaron su cuerpo de forma crítica: uno muy cerca de la médula espinal, comprometiéndola seriamente, y otro que atravesó su cuello de atrás hacia delante”, indicaron, citado por ese medio de comunicación.

El paciente se encuentra en una sala de hospitalización bajo estricta vigilancia médica, debido a la complejidad de su estado.

Los reportes clínicos señalan que presenta una inflamación severa en la médula espinal, lo que impide realizar una cirugía inmediata hasta que la condición mejore.

Además, el impacto de los proyectiles generó un compromiso pulmonar, ya que una de las heridas continúa sangrando, lo que agrava su cuadro médico.

Temor por posible traslado del paciente

Los familiares manifestaron que han recibido advertencias sobre la posibilidad de un traslado a otra institución de salud.

Esta decisión estaría relacionada con temas administrativos vinculados a la cobertura de la EPS del paciente.

Sin embargo, la familia insiste en que el cambio de centro médico podría afectar su estabilidad clínica.

“Actualmente se encuentra en una institución de alta complejidad con el equipo médico que conoce su caso y está manejando su estado crítico”, señalaron en la carta, citado por ese medio de comunicación.

Según explicaron, los especialistas han indicado que las probabilidades de sobrevivir o recuperar la movilidad son muy bajas, lo que exige una atención médica altamente especializada y continua.

Por esa razón, consideran que cualquier traslado en estas condiciones podría empeorar su estado y reducir sus posibilidades de recuperación.

Llamado urgente a autoridades de salud

Ante la situación, los familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades y entidades del sistema de salud.

“Nuestro familiar es víctima directa de la violencia y el conflicto armado que aún golpea a nuestro país. Por esta razón, solicitamos respeto por su derecho fundamental a la vida, a la salud y a recibir atención médica adecuada”, expresaron, citado por ese medio de comunicación.

La familia pidió la intervención de las autoridades de salud, la EPS correspondiente y los entes de control para garantizar que el paciente continúe recibiendo atención en el mismo centro médico.

“Pedimos respetuosamente a las autoridades de salud, a la E.P.S. correspondiente y a los entes de control que intervengan de manera urgente para garantizar que reciba la atención médica que su estado de salud requiere y evitar un traslado que pueda agravar su condición”, concluyeron.

El caso se suma a los hechos de violencia registrados en zonas rurales de Jamundí, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando preocupación entre las comunidades.

Las autoridades informaron que sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en el parque del sector y dispararon en repetidas ocasiones contra tres personas que se encontraban allí. El hecho se presentó sobre las 10:30 p. m.

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Los tres hombres fueron asesinados en el lugar del ataque, sin posibilidad de recibir atención médica. Ninguno alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

Uniformados de la Policía y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al sitio. El área fue acordonada para realizar los procedimientos de inspección técnica y levantamiento de los cuerpos. El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, confirmó a El Espectador que personal de la Sijín recolectó pruebas y testimonios en la escena.

Las primeras pesquisas de las autoridades permitieron establecer que al menos una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por homicidio, además de otros comportamientos contrarios a la ley. Este dato abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles móviles relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, la Policía no ha logrado identificar ni capturar a los responsables materiales de la masacre. El proceso investigativo se apoya en los testimonios recogidos y en los registros de las cámaras de seguridad cercanas al parque, elementos que podrían resultar claves para esclarecer el hecho.

El mismo día de la masacre, la Policía logró la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias Cakín, señalado cabecilla de la organización criminal “Los Flacos”. Este grupo mantiene una disputa abierta con la banda “La Nueva Generación” por el control de corredores estratégicos en el norte del Valle y el Eje Cafetero.

La captura de alias Cakín se produjo durante la operación Cronos, desarrollada en un condominio de lujo en el corregimiento de Cerritos, Pereira. En el operativo participaron diversas unidades especializadas de la Policía, incluyendo el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas.

El coronel Astaiza recalcó que la masacre ocurrió pocas horas después de la detención de Cakín, lo que ha despertado hipótesis sobre una posible reacción de las bandas rivales o un intento de reorganización interna tras la caída del líder criminal. Las autoridades no descartan ninguna línea investigativa y mantienen la vigilancia sobre posibles retaliaciones.

Organizaciones delictivas como Los Flacos y La Nueva Generación se disputan el control de rutas y actividades ilícitas en la región, alimentando una ola de violencia que afecta a comunidades enteras. La presión de las autoridades ha forzado a estos grupos a buscar nuevas estrategias y a responder con acciones violentas, como la registrada en Cartago.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había ordenado días antes intensificar los operativos para debilitar la estructura de bandas criminales en el Valle del Cauca. La captura de alias Cakín representaba un golpe significativo contra Los Flacos, pero el triple homicidio evidenció que la lucha por el territorio continúa y que la respuesta de los grupos ilegales puede ser inmediata y letal.

En el transcurso de los próximos días, se espera que la Policía y la Fiscalía presenten nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones y, eventualmente, identifiquen a los autores materiales de la masacre para emitir órdenes de captura. La sociedad cartagüeña permanece alerta, mientras la Fuerza Pública promete no cesar en sus esfuerzos para devolver la tranquilidad a la zona.

Esta tendencia, característica de la época seca, plantea preocupaciones inmediatas para la salud y la seguridad ambiental, en particular por el riesgo elevado de incendios forestales y el impacto sobre la disponibilidad de agua.

A pesar de noches frescas, las condiciones cambian drásticamente a partir del mediodía, cuando se registran temperaturas cálidas a muy calurosas, especialmente en el sur del país. El contraste térmico diario, típico de jornadas despejadas, lleva la temperatura a máximos durante el día y a descensos notables tras la puesta del sol.

La exposición prolongada a temperaturas elevadas incrementa la posibilidad de deshidratación y golpes de calor, siendo especialmente vulnerable la población infantil, los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades han emitido recomendaciones específicas para minimizar los efectos adversos y evitar la saturación de los servicios médicos ante eventuales emergencias vinculadas al calor extremo.

El impacto del calor también alcanza al sector agropecuario: la sequedad ambiental pone en riesgo los cultivos y la producción ganadera, pues la persistencia de días calurosos puede provocar pérdida de humedad en el suelo y estrés térmico en animales. Los productores agrícolas refuerzan medidas de protección y sistemas de riego para mitigar los efectos climáticos.

El riesgo de incendios forestales constituye una de las principales preocupaciones en la actual fase del fenómeno. La combinación de altas temperaturas con vegetación deshidratada genera condiciones propicias para la aparición y rápida propagación de focos ígneos.

Tras la alerta climática, Copeco reiteró a la población la importancia de mantenerse hidratada y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 15:00, periodo de máxima radiación ultravioleta. Se recomendó utilizar prendas ligeras, sombreros y protector solar para disminuir el riesgo.

Entre las sugerencias adicionales figuran: revisar los sistemas de ventilación y techos en las viviendas, vigilar síntomas de sobrecalentamiento, como desorientación, mareos o debilidad, y asegurar el abastecimiento de agua potable.

La proyección de temperaturas elevadas preocupa especialmente al sector agrícola, cuyo rendimiento se ve amenazado por la pérdida de humedad y el estrés de cultivos sensibles a la sequía.

Los incendios forestales tienen un impacto directo sobre la cobertura vegetal, afectan la biodiversidad y deterioran la calidad del aire en las áreas circundantes. Además, destruyen fuentes de agua y aceleran procesos de erosión del suelo, desafío adicional para territorios vulnerables al cambio climático.

En temporadas recientes, Honduras ha enfrentado escenarios críticos durante períodos de sequía prolongada. Las autoridades intensifican la campaña contra las quemas agrícolas no controladas e invitan a la población a reportar cualquier foco de incendio de inmediato, medida clave para permitir respuestas rápidas por parte de los cuerpos de socorro.

En el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca, el comportamiento del mar se mantiene dentro de parámetros normales, con oleajes de uno a tres pies de altura aproximadamente 0,3 a 0,9 metros. El informe de Copeco afirma que esta situación no implica alteraciones para la navegación ni riesgos adicionales para pescadores y pequeñas embarcaciones.

Expertos señalan que el incremento de las temperaturas en Honduras forma parte de fenómenos extremos cada vez más frecuentes en la región centroamericana y en el ámbito global. Organismos internacionales han advertido sobre la urgencia de reforzar políticas preventivas, así como estrategias de mitigación y adaptación frente a la variabilidad del clima.

Así lo confirmó la Personería Municipal de Sevilla mediante un comunicado oficial que fue difundido a través de las redes sociales, con la vocería de Jhon Osorio, que agradeció el apoyo de la comunidad en medio de la intensa búsqueda.

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“Queremos informarle a toda la comunidad que en este momento podemos confirmar, por fuente muy confiable, de que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra, afortunadamente, en este momento con su familia“, dijo Osorio.

Del mismo modo, se dirigió a todos aquellos que colaboraron con las labores de búsqueda: “Agradecemos a Dios porque las oraciones de toda la comunidad que se unieron en este único y especial propósito surtieron el efecto que tanto esperábamos, y era que Daniela retornara a su hogar, a su familia y a toda la comunidad que con tanta fe esperábamos por ella”, puntualizó.

El día del secuestro la mujer estaba junto con sus hijos

La desaparición de la médica junto a dos menores de 4 y 8 años causó preocupación en la región y en el país en general, luego de que las autoridades confirmaran que los tres fueron obligados abordar un vehículo y trasladados a un destino desconocido, después de que los criminales obligaran a la mujer a descender de su camioneta Toyota TXL blanca y subirse al otro auto.

Afortunadamente, los niños recuperaron la libertad tan solo unas horas después tras ser entregados a un campesino, aunque no se conocían mayores el paradero de la profesional de la salud hasta el 26 de agosto, cuando se confirmó su liberación.

Las primeras indagaciones señalan que el frente 57 de las disidencias de las Farc estaría vinculado al secuestro, teniendo en cuenta que la alerta de inminencia 025 - 2024, emitida por la Defensoría del Pueblo, puso en alerta a la comunidad sobre el riesgo persistente en varios municipios, entre ellos Sevilla, Andalucía, Bugalagrande, Caicedonia y Tuluá, debido a la presencia de este grupo armado.

Sin embargo, es necesario aclarar que además del Frente 57, el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo también opera en la zona, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de los habitantes y porque un hecho de este tipo se vuelva a repetir.

Entre tanto, las autoridades confirmaron que la profesional afectada desempeña sus funciones en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla, por lo que los demás trabajadores de la institución aseguraron que se vio afectada su labor por este hecho.

La Fundación Médicos Amigos se sumó a las voces que exigen la liberación inmediata de la médica, lo que demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de proteger al personal sanitario en contextos de conflicto armado.

El caso desató tal indignación en el territorio nacional, que las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones por información que permitiera dar con el paradero de la profesional de la salud. Y es que los uniformados pidieron colaboración de la ciudadanía para esclarecer el caso ante la falta de pruebas sobre los criminales que cometieron este acto de violencia, que se suma a la cantidad de actos violentos ocurridos en el departamento en los últimos meses.

En la tarde del domingo 24 de agosto se conoció que las disidencias de las Farc con presencia en el occidente colombiano y, en especial, el Valle del Cauca, amenazaron a la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, y al alcalde de Cali, Alejandro Éder.

Frente a los indicios de posibles atentados, ambos funcionarios manifestaron tener toda su confianza en el respaldo del Ejército y la Policía para preservar su seguridad. En la actualidad, las autoridades llevan a cabo los análisis pertinentes para impedir la materialización de estos crímenes y evitar hechos como el sucedido en junio de 2025 contra el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial.

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Ante la situación, el Consejo Gremial Nacional (CGN), del que hacen parte 33 asociaciones, rechazó la situación de forma tajante. Por medio de un comunicado, expresó que “condena las amenazas contra alcaldes y gobernadores del país y reitera la obligación del Gobierno nacional de garantizar su seguridad, la de sus familias y el pleno ejercicio de su misión constitucional”.

Además, reconoció que estos mandatarios son actores esenciales para la democracia, el desarrollo social y económico de las regiones y la construcción de un país seguro y en paz.

Así las cosas, el CGN, que tiene como presidente a Camilo Sánchez, manifestó especial preocupación por las amenazas recientes contra el alcalde Alejandro Éder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, al tiempo que reiteró total rechazo frente a cualquier hecho que atente contra la integridad de los mandatarios en Colombia.

“El Consejo Gremial Nacional hace un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales para la pronta captura y judicialización de los responsables, así como para el desmantelamiento de todo riesgo que impida el normal ejercicio de sus funciones”, puntualizó el denominado “gremio de gremios”.

Enérgico rechazo a las amenazas y planes criminales

Por su parte, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) y sus ingenios afiliados expresaron su más enérgico rechazo a las amenazas y planes criminales contra líderes políticos, autoridades y ciudadanos que aspiran a cargos públicos.

De acuerdo con el gremio, que tiene una fuerte presencia en el Valle del Cauca, atentar contra ellos es atentar contra la democracia misma, contra la libre participación ciudadana y contra el derecho colectivo a elegir y ser elegidos.

“Estas amenazas no solo ponen en riesgo la vida de quienes han asumido la responsabilidad de gobernar, sino que buscan debilitar la democracia y la institucionalidad que nos sostienen como sociedad”, expresó el gremio que lidera Claudia Calero Cifuentes.

Insistió en que garantizar la seguridad de la población civil y de los dirigentes es una prioridad nacional, ya que de ello depende la estabilidad política, la confianza ciudadana y la construcción de un entorno de desarrollo para todos.

“Desde el sector agroindustrial de la caña reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el rechazo absoluto a la violencia y la consolidación de un país en el que las diferencias se tramiten siempre por vías democráticas e institucionales”, finalizó Asocaña.

Solidaridad con los mandatarios

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, mostró su solidaridad con los mandatarios.

“No podemos aceptar que en Colombia quienes defienden la justicia, la legalidad y el desarrollo institucional sean amenazados. Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Éder ante las intimidaciones en su contra”, escribió en X.

Resaltó que el llamado al Gobierno es urgente: “Proteger sus vidas y enfrentar con determinación todas las formas de criminalidad”. Además, que “la seguridad no puede quedarse en discursos; debe traducirse en acciones concretas y efectivas”.

Momentos de tensión se vivieron frente a la Secretaría de Movilidad de Cali, después de que un grupo de conductores se reunieran frente a la sede para protestar por un presunto mal procedimiento adelantado por agentes de tránsito.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 5 de agosto, cuando varios motociclistas y propietarios de vehículos de servicio público bloquearon el acceso a los agentes que regresaban para entregar sus elementos de dotación.

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El episodio dejó versiones encontradas sobre los hechos y las tensiones entre ciudadanos y autoridades, mientras las redes sociales amplificaron la protesta de trabajadores informales de aplicaciones de transporte.

Según información conocida por el diario regional El País, la alteración se originó tras la inconformidad por un procedimiento D08 (conducir sin luces o dispositivos de posición) realizado por un guarda de tránsito en la Comuna 4, donde se adelantó un fuerte operativo de control, según videos difundidos por los manifestantes.

Según las denuncias, el ciudadano que reclamaba no haber recibido el comparendo correspondiente se vio obligado a dirigirse a las instalaciones de la Secretaría, ubicadas en el barrio Salomia.

Testigos en el lugar relataron que el ambiente se tornó tenso cuando un grupo de motociclistas y conductores impidieron el paso de los agentes que salían tras concluir su jornada laboral.

La tensión escaló cuando, según denunció Juan Carlos Giraldo, líder del grupo de Reacción Zello, el vigilante de la Secretaría habría realizado disparos al aire.

“El vigilante realizó cuatro disparos y compañeros empezaron a reclamar y se le hace llamado a la Policía”, comentó el líder de conductores en declaraciones recogidas por El País.

Los altercados provocaron momentos de tensión dentro de la sede, atrapando tanto al ciudadano denunciante como a funcionarios de tránsito. Según manifestó un veedor presente, “queda encerrado (el ciudadano que reclamaba) dentro de las instalaciones y se solicitó el respeto por el debido proceso”.

En paralelo, circularon videos en redes sociales mostrando a presuntos trabajadores informales de aplicaciones de movilidad protestando frente a la dependencia.

En las imágenes, los manifestantes exclaman que “no más persecución, no más extorsión”, acusando a los agentes de operar bajo un ambiente de hostilidad en contra de quienes laboran en el sector informal de transporte.

Ante la viralización de los videos y el creciente debate público, la Secretaría de Movilidad de Cali emitió un comunicado oficial desmintiendo que hubiese habido una asonada o protestas dentro de las instalaciones.

El organismo declaró que “la información que circula es totalmente falsa”, e intentó explicar la situación indicando que “todo se trató de un vehículo que necesitaba ayuda de manera urgente a despinchar su llanta, y de manera repentina ingresó a la Secretaría y al notar la presencia de las autoridades, sintió temor y mantuvieron dentro del vehículo. Las autoridades hicieron el acompañamiento por seguridad”.

No obstante, una hora más tarde la misma dependencia anunció que continuarían investigando: “como hay varias informaciones circulando del tema, mañana (miércoles) en cuanto tengamos más información se las compartiremos”, indicó la dependencia al diario regional.

Finalmente, la Secretaría concluyó que “hubo varias situaciones que son materia de verificación en el momento. Se está reuniendo y revisando cada una de ellas para poder entregar todo”.

De momento, las causas y consecuencias exactas del hecho permanecen bajo análisis, mientras la ciudadanía espera un pronunciamiento definitivo y transparente de las autoridades municipales.

Entretanto, en redes sociales las reacciones han sido divididas. Mientras un grupo apoya los fuertes operativos que se adelantan en la capital del Valle, otros tratos han cuestionado las presuntas irregularidades que estarían cometiendo los agentes de tránsito.

“Siempre voy a estar del lado de las autoridades pero la forma de operar de algunos agentes de tránsito raya en lo delincuencial y si esa situación persiste dentro de poco van a empezar a haber muertos de cualquier lado (sic)”, “No se deben retirar, hagan en reten junto a la Policia y al Ejército. No pueden correr cada que los que no cumplen la norma se alborotan (sic)”, y “Hagan las cosas bien, señalizen, pongan los conos con luminarias, y los carteles de control de transito, pero eso así en manada y justo en quincena, pórtense serios (sic)”, fueron algunos de los comentarios

La estrategia de convivencia implementada durante 17 años en la Institución Educativa Inem Jorge Isaacs de Cali finalmente fue suspendida tras las recientes denuncias en redes sociales sobre supuestos cobros obligatorios por el uso de los baños.

De hecho, el caso se tornó polémico cuando padres de familia denunciaron que uno de los estudiantes fue expuesto a humillaciones al impedirle ingreso, lo que lo llevó al extremo de hacer sus necesidades en su uniforme.

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Tras las quejas de padres de familia y alumnos que, incluso, hicieron un plantón para exigir respuestas y garantizar el acceso a los servicios básicos de los estudiantes, la Secretaría de Educación de Cali entregó un pronunciamiento oficial con detalles de los diálogos alcanzados con las directivas del plantel.

De acuerdo con el comunicado del distrito, la medida responde a la necesidad de aclarar que “no está permitido realizar ningún tipo de cobro asociado al uso o garantía de los servicios dentro de las instituciones, tales como el acceso a los baños”.

Según el documento divulgado por la autoridad educativa, y enviado al rector y al Consejo Directivo del plantel, el contrato de aseo vigente garantiza que “todas las áreas de las instituciones educativas oficiales, incluidos los baños, se mantienen en adecuadas condiciones de limpieza, higiene y funcionamiento”.

La Secretaría de Educación añadió que las estrategias institucionales que involucran la presencia de madres comunitarias voluntarias en las afueras de los baños no persiguen fines lucrativos ni imponen aportes obligatorios.

Asimismo, aclaró que la instalación de mesas provistas de insumos de higiene femenina, tales como toallas higiénicas y tampones, se ha sostenido con “la contribución de dinero... completamente voluntaria, sin una tarifa establecida y se utiliza únicamente para reponer dichos insumos”.

Durante el viernes 1 de agosto, la comunidad escolar realizó un plantón pacífico en respaldo a las madres comunitarias señaladas en las denuncias digitales por el supuesto cobro de $100 a cambio de permitir el acceso a los baños.

En medio del debate, se han abierto espacios de diálogo entre la Secretaría de Educación, el rector y el Consejo Directivo del colegio, donde se remarcó que la acción implementada responde a “una estrategia de convivencia que se viene desarrollando desde hace 17 años” y no a una actividad lucrativa.

Mónica López Castro, subsecretaria de Calidad Educativa, se pronunció sobre el proceso: “en la IEO INEM hicimos una mesa y conversación para tener acuerdos y llegamos a un plan de trabajo que se va a tener con la IEO para revisar los factores que deben cambiar en las estrategias y que debemos fortalecer”.

Además. subrayó que el objetivo es “recuperar lo educativo y a Cali”, enfatizando la importancia de adaptar las prácticas institucionales a las necesidades manifestadas por los estudiantes.

De manera inmediata, el rector Luis Fernando López confirmó la suspensión de la estrategia: “acatamos de manera inmediata la suspensión de la estrategia de convivencia que ha venido dándose históricamente en nuestra institución y el próximo lunes tendremos una reunión con Secretaría de Educación y Personería Municipal para tratar el tema y definir algunas estrategias para una convivencia escolar sana”.

Desde la perspectiva de los padres de familia, Gloria Reina resaltó el carácter social de la estrategia, al aclarar que “lleva más de 17 años en la institución y esto no es algo que es impuesto por el rector, los padres de familia tomaron esta iniciativa para evitar conflictos, por eso es una estrategia social que apoyamos desde la institución”.

En cuanto a la percepción estudiantil, Santiago Banguero, alumno del Inem Jorge Isaacs, destacó que “esta estrategia que nace hace 17 años y que ha obtenido resultados positivos, simplemente es un acompañamiento de madres voluntarias, queremos dejar en claro que nosotros podemos tener el libre uso de las baterías sanitarias sin dar obligatoriamente un aporte, ni tenemos que intercambiar el PAE, ya que tenemos acceso libre al baño, jabón y papel higiénico”.

Finalmente, la Secretaría de Educación reiteró que ningún servicio relacionado con el aseo o el mantenimiento puede generar cobros y no existe ninguna tarifa establecida para el uso de los servicios, ni para acceder a los elementos de higiene disponibles.

Pocas horas después de que el país conociera del ataque sicarial contra el alcalde del municipio de Cartago, Juan David Piedrahíta, el mandatario local narró ante la opinión pública cómo ocurrieron los hechos.

Según indicó, todo ocurrió en horas de la mañana del domingo 15 de junio mientras se desplazaba por la zona rural del municipio en compañía de varios de sus colaboradores del equipo de seguridad.

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Asimismo, el mandatario contó detalles sobre las lesiones que sufrió uno de sus acompañados, que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio del Valle.

“En horas de la mañana, realicé un desplazamiento a la zona rural y sufrimos una afectación en el vehículo y una de las personas que me estaban acompañando se encuentra en el hospital, siendo atendido por los médicos del Hospital Universitario”, aseguró Piedrahíta.

De igual forma, el mandatario indicó que, una vez fueron informadas las autoridades del ataque, ha recibido todo el apoyo institucional para garantizar su seguridad y la de sus trabajadores, además del inicio de las labores investigativas para dar con los responsables del ataque armado en su vehículo oficial.

“Los hechos son materia de investigación por las autoridades, quienes desde el primer momento han brindado todo el apoyo para poder dar claridad a todo lo que ha acontecido”, concluyó el alcalde de Cartago.

Por su parte, según explicó la coronel Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca, la institución ha desplegado todos los recursos para avanzar en la investigación judicial del caso.

“La Policía Nacional, frente a los hechos informados por parte del señor alcalde de Cartago, ha dispuesto todas las capacidades en materia de investigación judicial con el fin de determinar el modo, tiempo y lugar de estos hechos que se han presentado en el día de hoy en el municipio de Cartago”, señaló la oficial.

Asimismo, la gobernadora Dilian Francisca Toro ordenó el desplazamiento inmediato de la comandante de la Policía al municipio para atender personalmente el caso.

“Las capacidades de investigación y judicialización han sido activadas para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia”. La funcionaria reiteró la importancia de proteger la institucionalidad y la democracia en el departamento.

El municipio de Cartago ha sido uno de los más afectados por la violencia en Valle del Cauca en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la población local.

Lo que se sabe hasta ahora del ataque contra el alcalde de Cartago

En un acto que ha conmocionado a la comunidad local y nacional, el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, sufrió un atentado mientras transitaba en un vehículo blindado durante el domingo 15 de junio.

El ataque tuvo lugar en el sector de Modin, en la zona rural de Villa de Robledo. Aunque Piedrahíta resultó ileso del incidente, uno de sus escoltas no tuvo la misma suerte y fue trasladado con urgencia a un centro médico tras recibir heridas.

Este atentado se produce en un contexto de violencia creciente en la región, con múltiples acciones terroristas recientes que han sembrado el caos en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

De hecho, las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, llevaron a cabo más de 10 atentados el pasado martes 10 de junio. Estos eventos coincidieron con la conmemoración de la muerte de alias Mayimbú, un antiguo líder disidente caído en manos de la fuerza pública.

Los ataques incluyeron explosiones de coches bomba y otros artefactos que dejaron un saldo mortífero de tres policías y cinco civiles.

Según el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, las localidades afectadas comprendieron Caloto, Toribío, Morales, Miranda, El Bordo y Patía en Cauca, además de Jamundí y Cali en Valle del Cauca. En particular, la situación en la capital del Valle fue crítica, con tres ataques simultáneos en los barrios de Meléndez, Manuela Beltrán y Marroquín, que resultaron en cuatro muertos y cinco heridos.

Durante años fue conocido como Juan Guillermo Gaviria Echeverry, un empresario caleño vinculado al sector de telecomunicaciones. Hoy, bajo el nombre de Juan de la Luz, lidera una comunidad espiritual que opera en Colombia y otros países, y que ofrece desde sesiones de “sanación cuántica” hasta retiros en fincas que prometen reconectar al ser humano con dimensiones superiores.

La metodología que promueve, sin embargo, ha despertado alertas entre psicólogos, exseguidores y expertos en sectas, que señalan patrones de control emocional, exigencias económicas desproporcionadas y una estructura de poder concentrada en su figura, según una reciente investigación publicada por la revista Cambio.

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Según el testimonio que comparte con sus seguidores, Juan de la Luz recibió sus enseñanzas en un parque de Cali, donde seres de otras dimensiones supuestamente le revelaron un conocimiento espiritual capaz de “refinar el ADN” y liberar el inconsciente colectivo. Relata que este camino comenzó cuando logró perdonar al asesino de su padre, y que a partir de ese momento fue guiado por entidades superiores que le explicaron cómo acceder a la “multidimensionalidad”.

Desde entonces, afirma que su misión es acompañar a otras personas en su “proceso de iluminación”. Lo hace a través de sesiones individuales, retiros presenciales y conexiones grupales en línea que, según quienes han participado, combinan técnicas de meditación con lenguaje pseudocientífico sobre energía, frecuencia y consciencia.

Según información conocida por el diario nacional, el acceso a estas prácticas espirituales tiene costos elevados. Retiros de varios días en zonas rurales de Colombia pueden superar los dos millones y medio de pesos, mientras que en el extranjero, como en Grecia o España, los precios pueden alcanzar los 4.700 dólares. También se comercializan sesiones individuales por más de medio millón de pesos, así como planes mensuales de conexión grupal con el maestro.

Una de las sedes principales de estas actividades es una finca en las afueras de Cali, llamada El Edén, Portal Dimensional, donde se celebran ceremonias de “iniciación cuántica” y otras prácticas que, según los testimonios recabados por Cambio, mezclan espiritualidad con control psicológico.

Sin embargo, exmiembros del grupo han señalado que, una vez dentro de la organización, se espera que los seguidores mantengan un contacto constante con el maestro. Se les solicita que compartan sus experiencias en redes sociales, participen en sesiones grupales diarias y consulten con Juan de la Luz sobre decisiones personales, incluyendo relaciones sentimentales o asociaciones laborales.

En algunos casos, según denunciantes consultados por el diario nacional, se han producido aislamientos de familiares o amigos que cuestionan la metodología.

“No fue el proceso por el cual esta amistad se quedó en el pasado y sí porque elegí tomar consciencia de quien soy para amarme más a mi misma y en esta medida construir amistades verdaderas, ya no desde la carencia y del control, y sí desde el amor, amistades que le dan al otro la posibilidad de ser y sobretodo, que no juzgan (sic)”, fue uno de los mensajes que recibió una denunciante por parte de su amiga después de ingresar al grupo de Juan de la Luz.

También se ha reportado que emprendimientos y proyectos personales de los seguidores son renombrados para reflejar su vínculo con el líder espiritual, quien se presenta como fuente de prosperidad. “Yo no caí en el cuento porque ya había ido a un retiro cristiano con estrategias similares”, señala otro de los testimonios.

Entretanto, Juan de la Luz enfrenta dos procesos judiciales en etapa de indagación: uno por constreñimiento ilegal, interpuesto en Bogotá, y otro por constreñimiento a la prostitución agravado, en Cali. En este último caso, el denunciante afirma que el líder espiritual habría inducido a su familiar, junto con otras personas, a ofrecer servicios sexuales dentro de la estructura de la organización.

“Yo vengo a denunciar por constreñimiento a la prostitución, ART 214 CP al señor Juan Guillermo Gaviria Echeverry y la víctima es mi familiar, la señora Natalia Gómez. En cuanto a los hechos este señor Juan Guillermo se aprovechó de Natalia para inducirla a la prostitución y no solo con mi familiar sino con todas las personas que ingresan a dicha corporación. Y además él se hace llamar maestro de maestros espirituales y esta denuncia se ampliará por mi familiar, ya que ella se encuentra por fuera del país como también otras de las personas afectadas que están dispuestas a denunciar ya que son víctimas del delito por parte de este señor Juan Guillermo Echeverry. Esto es todo”, se lee en el expediente de la denuncia obtenido por Cambio.

La defensa del maestro ha rechazado estas acusaciones y asegura que se trata de intentos por desacreditar su labor. Su equipo niega cualquier tipo de coerción, sostiene que todas las actividades se realizan de manera voluntaria y asegura que las contribuciones económicas responden al deseo de los participantes por apoyar la expansión del método.

Varios testimonios dan cuenta de relaciones rotas tras la entrada de familiares o amigos a la Metodología Cuántica. Algunos describen cómo sus conocidos adoptaron discursos repetitivos, alteraron su comportamiento y se alejaron de sus círculos afectivos.

En ciertos casos, los seguidores aseguran que el maestro les transmitió mensajes de seres fallecidos, lo que ha sido interpretado como una estrategia para generar vínculo emocional profundo en momentos de duelo.

Quienes han intentado cuestionar públicamente al líder también relatan haber recibido amenazas legales y presiones para retirar sus publicaciones. La comunidad, según estas fuentes, responde con una defensa cerrada de su guía y desestima cualquier crítica como una forma de “ignorancia espiritual”.

Hay temor entre los residentes del municipio de Jamundí, Valle, después de que llegara a sus hogares un ‘aviso’ de lo que sería una reunión con estructuras armadas bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Según el panfleto conocido por el diario El Tiempo, la columna Ricardo Velásquez, perteneciente al frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central, ha generado preocupación al convocar a líderes comunitarios a una reunión en el corregimiento de Villacolombia.

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Este encuentro, programado para el 30 de mayo, estaría relacionado con la construcción de una carretera ilegal que conectaría los corregimientos de San Antonio y Villacolombia.

De acuerdo con la información publicada por el diario nacional, esta carretera, cuya construcción se ha denunciado desde hace más de un año, formaría parte de las actividades ilegales que los grupos armados desarrollan en la región.

“De parte de la columna Ricardo Velásquez darlesun fraterno y caluroso saludo a todos los líderes y lideresas que conforman las diferentes juntas de acción comunal la presente invitación para el día 30 de mayo para darle pronta solución aún proyecto que se tiene entre villa Colombia san Antonio y el descanso esto con el fin de contribuir Al progreso de las comunidades. Hora 3 de la tarde (sic)”, se lee en el papel.

Frente a la comunicación ilegal, la comunidad ha denunciado que los disidentes estarían exigiendo un carné para desplazarse por los corregimientos, lo que representa una forma de control territorial. Además, los habitantes han solicitado reiteradamente la intervención del Estado para garantizar su seguridad y detener las actividades de estos grupos.

Jamundí, municipio ubicado a quince minutos de Cali, ha sido escenario de más de sesenta ataques armados en los últimos dos años, según denunció la alcaldesa Paola Castillo durante el Congreso Nacional de Municipios en mayo de 2025.

Estos ataques incluyen hostigamientos a subestaciones de policía mediante ráfagas de fusil, explosiones de granadas y otros actos violentos que han generado miedo entre los más de 40.000 habitantes de la región.

El control territorial de los disidentes del frente Jaime Martínez se extiende por varios corregimientos, incluyendo San Antonio, Villacolombia, Ampudia, Timba, Puente Vélez, Potrerito y La Liberia.

En este último, según la Policía Metropolitana de Cali, un niño de 11 años llamado Lyan Hortúa, secuestrado el 3 de mayo de 2025, fue liberado el 21 del mismo mes. El secuestro habría sido perpetrado por miembros de esta disidencia vinculados al narcotraficante extraditado Diego Pérez Henao, conocido como Diego Rastrojo.

Según información conocida por El Tiempo, en 2024 también se denunció la existencia de una carretera de catorce kilómetros construida ilegalmente por las disidencias.

Esta vía, que conecta el sector de El Despunte con La Playa, cerca del río Naya, fue edificada mediante trabajos forzados impuestos a la población local. Los habitantes que no podían pagar una multa de diez millones de pesos debían trabajar durante treinta días en la construcción de la carretera.

Según el Ejército, esta vía facilita el transporte de drogas y armas hacia el Pacífico colombiano, reemplazando las mulas que se utilizaban anteriormente para estas actividades.

La construcción de esta carretera implicó el robo de maquinaria pesada y la instalación de estaciones de gasolina en el corregimiento de La Liberia para abastecer los equipos usados en las obras.

Estas estaciones generaron controversia en años anteriores debido a presuntos permisos otorgados por administraciones locales previas. Además, la carretera ha sido utilizada para transportar materiales destinados a la minería ilegal de oro en la región, actividad que, según el Ministerio de Ambiente, se ha intensificado en áreas cercanas al parque natural de los Farallones de Cali. En esta zona, un kilogramo de oro puede alcanzar un valor de hasta 300 millones de pesos, lo que ha incentivado la explotación ilegal del mineral.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió en 2024 sobre la construcción de esta carretera y su conexión con actividades ilegales.

Según sus declaraciones, la vía no autorizada es una infraestructura estratégica para las disidencias, ya que facilita el acceso a zonas selváticas y montañosas que colindan con el Cauca y Buenaventura, áreas clave para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Una fuerte explosión registrada la noche del pasado domingo en el barrio Los Lagos, ubicado en el oriente de Cali, dejó un saldo de siete personas heridas, entre ellas, tres policías.

Según las autoridades, el atentado tuvo como objetivo una patrulla de la Policía Nacional que se dirigió al lugar tras reportes de disparos en la zona.

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Este ataque, atribuido preliminarmente a la disidencia de las Farc conocida como Jaime Martínez, dejó profundas secuelas tanto físicas como psicológicas en la comunidad afectada.

De acuerdo con los reportes iniciales, el estallido ocurrió sobre las 7:30 de la noche, en momentos en que los habitantes se encontraban en sus viviendas.

Una residente del sector, Sandra Bonilla, relató a El País, de Cali, lo sucedido: “Escuchamos dos disparos y diez minutos después sucedió la explosión”. Bonilla explicó que la onda expansiva rompió los vidrios de su ventana, causando heridas a su sobrino al caer las esquirlas.

“A él se lo tuvieron que llevar para hacerle un lavado en su oído. No sabíamos qué pensar, es la primera vez que vivimos algo así”, agregó, describiendo con angustia el impacto en su vivienda, que sufrió daños significativos como la caída de varias tejas del techo, dejando su hogar vulnerable a las condiciones climáticas.

El ataque también afectó significativamente otros espacios del barrio. Uno de los más golpeados fue una sala destinada a la atención a la primera infancia, donde regularmente se atiende a cerca de trescientos niños y niñas. Los daños estructurales incluyen ventanas y techos destruidos.

Además, el comedor comunitario ‘Tu Mano Amiga’, situado a menos de veinte metros del lugar de la explosión, también registró daños considerables. Nelly Muñoz, encargada de este espacio, describió lo sucedido al medio: “Esta fue una explosión muy fuerte que nos desfondó el cielo raso”. A pesar de esto, Muñoz destacó la solidaridad de la comunidad, ya que al amanecer preparó una olla comunitaria para alimentar a quienes participaban en la limpieza de la zona.

Los civiles heridos incluyeron a niños y adultos. Kelly Johana Asprilla relató que su sobrino menor resultó gravemente herido por los vidrios de un ventanal que estalló durante la explosión. “El niño tiene una fractura en la mano y en un pie, también tiene los oídos afectados”, detalló Asprilla a El País de Cali. Tanto ella como su familia se enfrentaron a largas horas de espera para que la entidad prestadora de salud (EPS) del menor autorizara su traslado a otro centro asistencial, lo que finalmente ocurrió en la mañana del lunes. Además, la madre del niño también sufrió lesiones debido a las esquirlas.

La posibilidad de que el atentado estuviera planeado como una “trampa para los policías” ha sido considerada por las autoridades. El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó:

“Tenemos una línea investigativa para entender por qué se están presentando estos ataques en el oriente de Cali. Sabemos de la presencia de grupos de delincuencia común y también de presencia de las redes de apoyo urbano del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc” Dijo el uniformado a El País de Cali.

Oviedo informó que la detonación incluyó el uso de 20 kilos de pentolita, un potente explosivo. “Hace menos de ocho días llegaron 100 policías para aumentar nuestras capacidades”, aseguró, destacando además el apoyo recibido del Ministerio de Defensa para combatir estos atentados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el ataque y señaló que este tipo de eventos son perpetrados por “grupos narcotraficantes para matar policías”. Eder se comprometió a reforzar las medidas de seguridad en colaboración con las autoridades nacionales. Por su parte, los vecinos han solicitado mayor atención por parte de las administraciones locales, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad en el sector. Luz Mery, habitante del barrio, expresó: “Aquí no hay cámaras. Queremos que nos puedan ayudar porque eso hace mucha falta”.

Este atentado subraya las dificultades constantes a las que se enfrentan comunidades vulnerables debido al accionar de grupos armados en Colombia. Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades y los residentes aseguran que el principal desafío actual es recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad en la zona.

A primera hora del domingo 4 de mayo se conoció sobre el secuestro de un niño de 11 años en el corregimiento de Potrerito, en el municipio de Jamundí, lo que generó una fuerte conmoción en el departamento del Valle del Cauca.

Según informaron las autoridades, el menor fue raptado la noche del sábado 3 de mayo, alrededor de las 8:00 p. m., por hombres armados que lo interceptaron en una zona rural de difícil acceso.

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Frente al hecho, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien proporcione información que permita localizar al niño y capturar a los responsables.

Las autoridades han habilitado la línea telefónica 314 358 7212 para recibir reportes, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren. Asimismo, la gobernadora del departamento, Dilian Francisco Toro, expresó su rechazo al secuestro a través de sus redes sociales.

“Como gobernadora, madre y mujer, repudio con dolor el secuestro de un menor de 11 años en Jamundí. ¡Es una violación a los derechos humanos especialmente protegidos como son los niños! Ministerio de Defensa, Icbf y Defensoría del Pueblo, unámonos por su protección. Pido a la Iglesia, a la Misión ONU y a la Cruz Roja Colombiana mediar por su liberación. ¡Los niños no se tocan!”, señaló la mandataria departamental.

Por su parte, en un comunicado oficial, la administración departamental hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de rumores o información no verificada, ya que esto podría entorpecer las investigaciones en curso. Asimismo, se confirmó que se está brindando acompañamiento institucional a la familia del niño, quienes enfrentan momentos de gran angustia.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el niño es hijo de un comerciante local y fue llevado con rumbo desconocido. Asimismo, las labores de búsqueda han enfrentado complicaciones debido a las características geográficas del lugar, lo que ha obligado a las fuerzas de seguridad a desplegar un operativo de gran alcance.

El Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y cuerpos de inteligencia, lidera las acciones para localizar al menor y dar con los responsables.

En medio de este operativo, se han establecido cercos en puntos estratégicos para evitar que los secuestradores utilicen rutas alternas para escapar.

Además, se están realizando patrullajes terrestres, entrevistas con los habitantes de la zona y análisis de grabaciones de cámaras de seguridad. Según los primeros indicios, una de las hipótesis apunta a que el grupo armado conocido como “Jaime Martínez”, una facción de las disidencias de las Farc, podría estar involucrado en el secuestro.

Esta organización tiene presencia en varias áreas rurales del Valle del Cauca y ha sido señalada previamente por delitos como secuestro y extorsión.

Hasta el momento, no se ha recibido ninguna exigencia económica por parte de los secuestradores, aunque las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con posibles actos de extorsión o retaliaciones. Las investigaciones continúan abiertas y se mantienen varias líneas de trabajo para esclarecer los motivos detrás de este crimen.

Entretanto, la disidencia de las Farc Jaime Martínez, que opera principalmente en Cali, Jamundí y el Cauca, surgió tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP.

Este grupo se formó a partir de un sector radicalizado del Frente 6 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, que rechazaron el desarme y optaron por replegarse en antiguos corredores rurales del norte del Cauca, como Toribío, Caloto, Corinto y Suárez.

La organización, bautizada en honor a un comandante fallecido en combate en el año 2000, se enfocó desde sus inicios en mantener el control de los cultivos ilícitos de coca, las rutas de movilidad hacia el Pacífico y las redes de extorsión que afectan a la población rural

Un día después de que saliera a la luz el polémico enfrentamiento entre el concejal de Cali Andrés Forero y un líder social en medio de la primera sesión descentralizada del Concejo de Cali para el periodo 2025, llevada a cabo el martes 29 de abril en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, el cabildante ya se enfrenta a las críticas de algunos sectores políticos.

De hecho, en la mañana del miércoles 30 de abril, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, usó su cuenta de X para solicitar a los organismos de control disciplinaria y judicial para que investiguen al concejal Forero por presunta agresión.

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La congresista criticó la presunta acción violenta del cabildante que, en medio del evento público, se abalanzó contra el edil Andrés López que, minutos antes, cuestionó su situación jurídica por su presunta actuación contra protestantes durante el estallido social.

“Exijo una sanción ejemplarizante contra el concejal IMPUTADO Andrés Escobar por agredir a un líder social en Cali. ¿Cuántas veces más tiene que demostrar ese señor de comportamiento paramilitar que es un peligro para la sociedad?”, cuestionó la representante.

Asimismo, María Fernanda Carrascal pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría prestar especial atención a las supuestas actitudes del concejal, recordando los cargos que enfrenta actualmente por su presunta participación en las manifestaciones del 2021.

“Le disparó con un arma a manifestantes en Cali durante el estallido, violenta constantemente a sus hoy colegas, particularmente si son mujeres, y ahora agrade físicamente a un líder social por expresarse públicamente. Si así se comporta ante los ojos de todos, cómo será en privado”, concluyó la congresista Carrascal.

Entretanto, después de ocurrido el incidente, el cabildante publicó un mensaje en su cuenta de X en que, a pesar de no hacer referencia directa, envió un mensaje a todos los que han criticado su actuar de las últimas horas y en el que también resultó vinculado su esquema de seguridad.

“Bandita, trabajen más e insulten menos. Inviertan mejor su tiempo. Por eso no salen del agujero ni conocen mujer bonita”, escribió el concejal Escobar.

Las críticas hacia Andrés escobar se desataron después de que quedara grabado en video el momento en el que sostuvo un fuerte enfrentamiento con el edil Andrés López.

El incidente ocurrió durante una intervención sobre la Comuna 20 de Cali, cuando López lanzó duras críticas hacia los concejales y la administración municipal, lo que desató una acalorada disputa que obligó a suspender la sesión y evacuar a los presentes.

López acusó a los concejales de estar desconectados de las necesidades de las comunidades. Durante su intervención, afirmó: “Les incomoda porque los concejales se acostumbraron a estar sentados y que les hagan la venia”.

Estas declaraciones generaron incomodidad en el recinto, especialmente cuando el edil dirigió críticas hacia el alcalde de Cali y lanzó una acusación directa contra Escobar, miembro del partido Centro Democrático.

“(...) Y vemos cómo personajes imputados como Andrés Escobar, hoy concejal de Cali, que le disparó en el estallido social a manifestantes, no sé qué hace ahí sentado (sic)”.

El presidente del Concejo, Edison Lucumí, intentó calmar los ánimos solicitando moderación y respeto en el discurso. Sin embargo, la situación se intensificó cuando Escobar respondió con un insulto grave, lo que provocó que López intentara enfrentarlo físicamente.

Fue necesaria la intervención del esquema de seguridad para evitar que el altercado escalara aún más, aunque esto no logró apaciguar completamente el ambiente.

El incidente también fue documentado en video por la concejal Ana Erazo, quien compartió las imágenes en sus redes sociales. La grabación muestra el momento en que la discusión se torna violenta, evidenciando la tensión que marcó la sesión.

Este enfrentamiento ha generado un debate sobre el clima político en el Concejo de Cali y la relación entre sus miembros, especialmente en un contexto donde las críticas hacia la administración y la representación de las comunidades parecen estar en el centro de las discusiones.

Tegucigalpa, 28 ene (EFE).- Un tribunal de Honduras dio inicio este martes al juicio oral contra el exfiscal Isaí Evenot Campos, acusado de ser el autor intelectual del "feminicidio agravado" de su esposa, la fiscal del Ambiente Karen Almendares, informó una fuente oficial.

El Ministerio Público (Fiscalía) señaló en un comunicado que el proceso se celebra en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento de Valle, fronterizo con El Salvador, y se espera que concluya el próximo viernes.

La Fiscalía hondureña indicó que en el juicio presentará "84 medios probatorios, que incluyen 62 medios de pruebas, entre ellos documentales, testificales y periciales, más 22 embalajes de discos compactos con revelador contenido del antes y después del hecho delictivo".

La Justicia de Honduras continúa buscando a Pablo Noel Marcia, sobrino de Campos, quien es imputado por el delito de "asesinato a título de autor material" de la fiscal Almendares, asesinada el 27 de mayo de 2022 cuando abría el portón de su casa en Nacaome, tras regresar de un gimnasio.

De acuerdo con la investigación, Marcia y otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fueron quienes "ultimaron a la fiscal" en su vivienda, como parte de "un plan de asesinato ordenado por Isaí Evenot Campos", quien pagó a su sobrino.

"El acto sicarial se perpetró tras un plan de asesinato ordenado por Isaí Evenot Campos, quien esperaba a los ejecutores de la muerte violenta en el municipio de San Lorenzo, escoltándoles hasta el trayecto de la posta policial de Pavana, para que luego Pablo Noel Marcia llegara a su casa", subrayó el Ministerio Público.

El exfiscal hondureño, capturado el 13 de octubre de 2022, también habría participado en la logística para que su sobrino y otro individuo pudieran huir de la escena del crimen, llegando incluso a reunirse con ellos después del asesinato. EFE

Un trágico incidente ocurrido en la zona rural de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, ha dejado consternada a la comunidad militar y a la población en general.

Según informó el Comando de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, el soldado Johan Sebastián Torres Bernal perdió la vida tras ser agredido con un arma de fuego, presuntamente por uno de sus compañeros.

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El hecho, que tuvo lugar este lunes 3 de marzo, sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución militar, el soldado Torres Bernal fue trasladado de inmediato a un centro asistencial tras el ataque.

A pesar de los esfuerzos médicos, el uniformado falleció debido a la gravedad de las heridas. El presunto agresor, cuya identidad no ha sido revelada, huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades para su captura y posterior presentación ante la justicia.

El Ejército Nacional informó que, tras el suceso, se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades judiciales para la realización de los actos urgentes.

Asimismo, se inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

En su comunicado, el Comando de la Tercera Brigada expresó sus condolencias a los familiares y amigos del soldado fallecido, destacando su solidaridad en este difícil momento.

Según información preliminar, el incidente habría sido provocado por una discusión entre los dos soldados, lo que derivó en el ataque con arma de fuego.

Aunque los detalles específicos sobre el motivo de la disputa no han sido revelados, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entretanto, el corregimiento de La María, donde ocurrió el ataque, es una zona rural del municipio de Buga donde el Ejército Nacional lleva a cabo operaciones militares contra grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, específicamente las estructuras Adán Izquierdo y Frente 57.

Este lamentable suceso se suma a otro incidente reciente que también involucró la pérdida de vidas dentro de las filas del Ejército Nacional. Hace apenas tres semanas, en el departamento de Arauca, dos soldados murieron y otros cuatro resultaron heridos en un caso de “fuego amigo” durante una operación militar contra el ELN.

Según detalló el Ejército, los hechos ocurrieron cuando dos batallones que participaban en una operación contra la estructura Che Guevara del ELN terminaron enfrentándose entre sí.

Un error en las maniobras tácticas provocó que un pelotón se desplazara hacia el eje de avance de otra unidad, lo que desencadenó un intercambio de disparos entre las tropas.

En este incidente, los soldados profesionales Jairo Guillermo Arévalo Atencia y Víctor Manuel González Aguilar perdieron la vida, mientras que los cuatro uniformados heridos fueron trasladados a un centro médico especializado para recibir atención.

El Ejército Nacional lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que los hechos están siendo investigados para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Además, hace exactamente un año, el 1 de marzo de 2024, un incidente similar tuvo lugar en el Cantón Militar Caldas, en Bogotá. En esa ocasión, el soldado Jhon Alexander Sosa Galindo fue asesinado por un compañero, quien le disparó en el abdomen durante un altercado.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ejército Nacional en ese momento, Sosa Galindo fue trasladado al hospital militar tras el ataque. Sin embargo, al igual que en el caso de Torres Bernal, las heridas resultaron fatales y el soldado falleció poco después de su ingreso al centro médico.

En ese caso, la principal hipótesis manejada por las autoridades fue un acto de intolerancia entre los soldados.

El agresor del caso de Bogotá fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Este antecedente subraya la gravedad de los conflictos internos que, en ocasiones, pueden derivar en tragedias como las ocurridas en Buga y Bogotá.

Momentos de tensión se vivieron en la tarde del martes 4 de febrero, luego de que trabajadores y funcionarios de la Gobernación del Valle y de la URI de Fiscalía General de la Nación evacuaran las respectivas sedes, presuntamente, sin informar la razón por la que lo hacían.

Por ello, algunas personas comenzaron a especular que se trataba de una presunta amenaza terrorista los motivos que llevaron a la salida ordenada de los trabajadores del complejo administrativo y judicial.

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Frente a la situación y la creación de pánico, la Policía Metropolitana de Cali informó que en realidad se trataba de una actividad preventiva realizada en estos sitios, sin entregar detalles del origen de los rumores.

Y es que, según versiones extraoficiales, se indicó que la evacuación se había producido luego de una llamada “falsa” que advertía la ubicación de un paquete extraño en la plazoleta de San Francisco, lugar donde se ubican estas sedes gubernamentales.

Esta no es la primera vez que sedes gubernamentales o judiciales de la ciudad son objeto de supuestos rumores de amenaza de bomba, pues el jueves 17 de octubre de 2024 comenzó a circular información sobre la evacuación de emergencia de los trabajadores del Palacio de Justicia de Cali ante la inminente amenaza de atentado terrorista; esto, luego de unas supuestas declaraciones de uno supuesto responsables de un atentado con granada en pleno centro de Jamundí, específicamente, detrás de la estación de Policía, en la noche del miércoles 16 de octubre de ese mismo año.

Esta situación, en efecto, provocó alarma en las diferentes áreas que componen el complejo judicial, incluso, la directora secional de Administración Judicial, Lorena Ivett Mendoza Marmolejo, solicitó a la Policía Metropolitana de Cali la protección al recinto ante las supuestas declaraciones del “capturado” y la sospecha del ataque con explosivos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que aclaró que dichas aseveraciones eran falsas y carecían de sustento.

Pero este temor generalizado no surgió de la nada, debido a que el complejo judicial sí fue objeto de un atentado terrorista en la madrugada del primero de septiembre de 2008, cuando un carro bomba explotó justo al frente del Palacio de Justicia, dejando como saldo cuatro personas muertas, más de 20 heridas y cuantiosos destrozos en edificios cercanos. En ese momento, el atentado fue perpetrado por el bloque oriental de las Farc.

Defensoría alertó riesgo por grupos armados ilegales en el sur del Valle del Cauca

La crisis de orden público en Colombia continúa intensificándose y extendiéndose más allá de la región de Catatumbo, afectando a otras zonas del país.

A propósito, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo inminente para el sur del Valle del Cauca, específicamente en los municipios de Pradera y Florida, que indica que existen “evidentes riesgos de vulneración y violación de derechos humanos” tanto en las zonas urbanas como rurales de estas localidades. Estos riesgos derivan de la disputa por el control del territorio entre dos facciones armadas ilegales: las disidencias al mando de Iván Mordisco y la disidencia independiente conocida como Frente 57 Yair Bermúdez.

Entre las principales afectaciones que padecen las comunidades se encuentran el reclutamiento forzado, el desplazamiento, las desapariciones, el confinamiento y la restricción a la movilidad.

Según la entidad garante de derechos humanos, la situación afecta de manera desproporcionada a mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia de género, y a menores de edad, quienes son especialmente vulnerables al reclutamiento forzado y a otras formas de explotación por el conflicto armado. Además, la población firmante de paz ha sido blanco de ataques violentos, presiones y amenazas destinadas a obligarlos a unirse a alguno de los grupos en disputa.

Un intento de robo en el centro del municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, terminó con la muerte de un presunto asaltante en el interior de una sucursal bancaria.

Según la información conocida hasta ahora, el incidente ocurrió en la mañana de este martes 21 de enero, cuando un hombre armado intentó perpetrar un hurto en una sede de Bancolombia, ubicada en pleno corazón de la ciudad.

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De acuerdo con declaraciones del secretario de Gobierno de Buga, James Gómez, el suceso se desarrolló mientras los clientes esperaban en fila dentro del banco. En ese momento, el presunto delincuente habría intentado agredir a un ciudadano que, según las autoridades, estaba armado y respondió de manera inmediata, neutralizando al atacante.

“La mañana de hoy 21 de enero se presenta un intento de robo en Bancolombia, situado en pleno centro de la ciudad, a lo cual el ciudadano que va a ser víctima de este robo neutraliza de manera inmediata al señor que lo va a agredir”, explicó Gómez.

Imágenes grabadas por los clientes de la entidad bancaria que se encontraban en el momento del atraco muestran al presunto asaltante sin vida, tendido en el suelo entre las sillas del establecimiento, con un arma de fuego visible entre sus piernas.

Este hecho generó una rápida movilización de las autoridades del municipio, quienes llegaron al lugar para controlar la situación y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

El secretario de Gobierno detalló que, tras el incidente, patrullas de la Policía arribaron al banco para garantizar la seguridad y comenzar las pesquisas necesarias. Según Gómez, los agentes están verificando los antecedentes de todas las personas presentes en el lugar al momento del suceso, como parte del proceso investigativo.

“Llega la Policía de manera casi que inmediata y en este momento se encuentran realizando las pesquisas del caso y se encuentran verificando antecedentes de todas las personas que se encuentran en el banco para poder continuar con la investigación”, afirmó el funcionario.

Este hecho se suma a una serie de acciones recientes emprendidas por las autoridades de Buga y el Valle para combatir la delincuencia en la región. Durante el pasado fin de semana, el Departamento de Policía del Valle del Cauca llevó a cabo operativos de control en diferentes puntos de Buga, con el objetivo de reducir la actividad de organizaciones criminales que afectan la tranquilidad de los habitantes.

El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Santiago Garavito, destacó que las autoridades han intensificado su trabajo en conjunto con el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en el municipio.

Según explicó, estas acciones incluyen la instalación de puestos de control, inspecciones en establecimientos comerciales y operativos en parques y zonas de alta concurrencia, así como en lugares identificados como puntos de consumo y distribución de sustancias alucinógenas.

“En acciones diferenciadas para la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Buga, la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional, viene desarrollando actividades en el casco urbano del municipio”, señaló Garavito. Además, enfatizó en la importancia de estas medidas para mantener el orden público y la sana convivencia en la región.

El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que colabore con las autoridades, proporcionando información que permita prevenir y combatir hechos delictivos. “Asimismo, estamos llegando a lugares donde se presenta el consumo y expendio de alucinógenos”, agregó, invitando a la ciudadanía a tener mayor conciencia sobre el impacto positivo de estas acciones en la seguridad del municipio.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades locales reiteran su compromiso de trabajar de manera articulada para proteger a los habitantes de Buga y mantener el orden en la región.

Tegucigalpa, 17 nov (EFE).- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) de Honduras elevó de amarilla a alerta roja los departamentos de Valle, fronterizo con El Salvador, y Choluteca, limítrofe con Nicaragua, que conforman el sur del país, por las lluvias a causa de la tormenta tropical Sara.

Aunque la tormenta ha salido este domingo de Honduras, su influencia continúa en el territorio hondureño con lluvias que ahora afectan más el noroeste, oeste, sur y este, según el último informe del organismo de protección civil.

Los caudalosos ríos que nacen en el oeste y desembocan en el Caribe están aumentando de nivel, lo que también sucede con los del sur, que desembocan en el Golfo de Fonseca, Pacífico, indicó la Copeco.

Sara, que se formó como tormenta tropical el jueves pasado frente a las costas de Centroamérica, se convirtió este domingo en depresión tropical al tocar tierra en Belice, según la misma fuente.

Hasta ahora Honduras solamente registra una persona fallecida por sumersión, en el departamento de Yoro, después de cuatro días de incesantes lluvias en casi todo el país, que se mantiene en alertas de prevención, vigilancia y evacuación obligatoria (verde, amarilla y roja).

La Copeco señaló que la cifra de personas afectadas durante cuatro días de lluvia ha aumentado a 85.218. Las familias damnificadas suman 2.792, las evacuadas 1.591 y las albergadas 1.152, según el informe oficial. EFE

(foto)(video)

Tegucigalpa, 1 nov (EFE).- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) declaró este viernes 'alerta verde' (preventiva) en los departamentos de Valle, fronterizo con El Salvador, y Choluteca, con Nicaragua, por una vaguada en superficie asociada con un sistema de baja presión.

El fenómeno se ha localizado al este de Nicaragua, "con un potencial de desarrollo ciclónico para los próximos siete días", y "estaría produciendo nubosidad con lluvias y chubascos con actividad eléctrica para los departamentos de Choluteca y Valle", en el sur del país, indicó la Copeco en un comunicado.

La alerta preventiva es por 48 horas, según el organismo de protección civil, que instruyó a las autoridades de los dos departamentos fronterizos con El Salvador y Nicaragua a mantener una "constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente en los sectores vulnerables".

Los dos departamentos son altamente vulnerables y han sido afectados en septiembre y octubre por intensas lluvias que también causaron daños en el oeste hondureño, limítrofe con El Salvador.

La Copeco también le pidió a la población que vive en las orillas de los ríos y zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, que tomen medidas preventivas y, de ser posible, evacuar a lugares seguros.

Además, le recomendó a los habitantes de Choluteca y Valle no cruzar vados, ríos, quebradas y riachuelos crecidos como resultado de las lluvias, y continuar con las labores de aseguramiento de techos y la limpieza de cunetas, tragantes y desagües para evitar inundaciones urbanas repentinas.

Hace 26 años, Honduras estaba siendo devastada por el huracán Mitch, que en escala 5 Saffir Simpson, dejó al menos 5.657 muertos y pérdidas materiales por alrededor de 4.000 millones de dólares, según fuentes oficiales. EFE

El Gobierno de Colombia ha pactado una prórroga de seis meses del alto el fuego con las facciones de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que lideran, entre otros, Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá', en vísperas del inicio a partir de este viernes del sexto ciclo de negociaciones que comenzará en Bogotá.

"La prórroga del cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil busca, en el marco del proceso de paz, fortalecer y mantener las reglas y compromisos en materia de protección a la población civil", señala el decreto firmado este miércoles por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El alto el fuego solo se aplicará a los bloques que están sentados en la mesa de negociación, no así la disidencia, por ejemplo, de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', contra quien el Ejército ha emprendido esta semana una operación para recuperar el cañón del Micay, uno de sus principales bastiones.

Así, no habrá hostilidades hasta el 15 de abril de 2025 contra los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes, comandados, entre otros por Eduardo García Téllez, alias 'Andrey', y Yeison Alexis Ojeda, también conocido como 'Danilo Alvizú'.

Las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla estarán reunidas hasta el próximo 19 de octubre y además de evaluar el alto el fuego, también abordarán cuestiones ambientales propuestas durante los encuentros realizados con diferentes comunidades por todo el país.

Mientras tanto, las operaciones contra la disidencia de 'Mordisco', que opera principalmente en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, continuarán.

El Gobierno de Colombia mantiene numerosos procesos de paz abiertos que se encuentran en diferentes fases. Al de la escisión del EMC se le suman también los acercamientos con la otra disidencia de la Segunda Marquetalia, y las congeladas negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Luego de su paso por el departamento de La Guajira para presidir un consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, entregó detalles de la nueva tecnología que adquirieron las fuerzas de seguridad del Estado para proteger la ciudad de Cali en medio de la celebración de la COP16.

Según indicó el jefe de cartera, con la cooperación de autoridades internacionales, el país adquirió un sistema antidrones que facilitará la vigilancia ante posibles ataques de grupos armados al evento que reunirá a más de 12.000 asistentes de 196 países.

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“Ya están en funcionamiento todos los dispositivos que se adoptaron. Hay presencia de más de 11.000 hombres en las zonas donde se acordaron con las Naciones Unidas. Hay capacidades especiales de la Fuerza Aérea para tener un control del espacio que impida que algunos de estos grupos pueda utilizar por ejemplo drones para afectar la propia cumbre, entonces se han adquirido los sistemas antidrones adecuados”, señaló el ministro Velásquez.

De igual forma, el funcionario de Gobierno aseguró que la capital del Valle estará monitoreada las 24 horas del día por todas las instituciones del Estado para garantizar la culminación del evento internacional, especialmente después del comunicado emitido por el Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordico’, en el que advirtió a la comunidad del mundo para abstenerse a asistir a la XVI Conferencia de las Partes.

“Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional a abstenerse de asistir a este evento”, señaló el grupo armado.

Para evitar contratiempos, Iván Velásquez aseguró que la ciudad de Cali contará con cuatro puestos de mando unificado, desde donde se controlará cada acción los uniformados para garantizar la tranquilidad de los escenarios de conferencia.

“Uno está en la zona azul, otro en la zona verde. Hay un puesto especifico en Fuerzas Militares, pero también hay un Puesto de Mando Unificado en Bogotá que nos va a permitir hacer el seguimiento diario”, señaló el ministro de Defensa.

De igual forma, la COP16 contará con un centro de inteligencia, en el que se reunirán todas las directivas de las fuerzas especiales del país para planear y ejecutar estrategias de seguridad y control.

“Lo que puedo afirmar es que se han tomado todas las previsiones desde posibilidades de ataques de estas organizaciones ilegales, hasta la movilización segura de los asistentes a la COP16, temas de salud, hasta imprevistos que puedan surgir en temas de incendios. Todo se ha definido con mucho detalle y esperamos que podamos reportar en noviembre un éxito absoluto en la COP16″, concluyó Iván Velásquez.

El presidente Petro reconoció preocupación por la seguridad de la COP16

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, reconoció que el Gobierno está en estado de alerta máxima ante la inminente XVI Conferencia de las Partes (COP16), que se llevará a cabo en Cali a partir del 21 de octubre.

El evento, que busca establecer directrices para la protección de la biodiversidad, enfrenta amenazas de grupos armados disidentes que han advertido sobre posibles riesgos durante su desarrollo.

Durante un discurso en el Cantón Militar de Puerto Jordán, en Arauca, Petro abordó tanto la seguridad en esa región como las preocupaciones relacionadas con la COP16. En su intervención, mencionó un ataque reciente a una base militar cercana, ocurrido el 17 de septiembre, y advirtió sobre las amenazas actuales vinculadas al evento ambiental. El presidente destacó que este es “quizás el primer evento internacional también bajo amenazas”, refiriéndose a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Petro hizo un llamado a la unidad para garantizar que “no pase nada malo”, enfatizando en la importancia de la conferencia como el “evento más grande que ha hecho Colombia ante el mundo”. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por asegurar la seguridad del evento, el mandatario admitió que “nerviosos estamos todos” ante la posibilidad de ataques de estructuras ilegales.

Entretanto, el presidente Petro, junto con la cúpula militar, ha estado supervisando las medidas de seguridad en diferentes regiones del país, especialmente en aquellas donde la presencia de grupos armados disidentes es más notoria. La situación en Arauca, una de las regiones más afectadas por la violencia, ha sido un foco de atención particular para las autoridades.

Entre la noche del 16 de octubre y la madrugada del 17 se registró una fuerte explosión frente a la estación de Policía del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Informaciones preliminares reveladas por las autoridades a medios de comunicación apuntan a la detonación de una granada entre los barrios El Dorado y Ciudad Sur, a pocos metros de las instalaciones policiales y de la vivienda paterna del exalcalde del municipio Andrés Felipe Ramírez.

El exalcalde subió a sus redes sociales una foto de la vivienda de sus padres en la que se evidencian daños a la infraestructura de la vivienda. Dio a conocer la angustia que vivió su núcleo familiar como consecuencia del ataque.

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“Así quedó la casa de mis papás después de la explosión que se presentó en Jamundí. Gracias a Dios toda mi familia está viva y están siendo valorados, siguen en shock. Esta angustia no se la deseo a nadie”, declaró Ramírez.

Las autoridades evacuaron a algunos habitantes del sector del municipio mientras evalúan los riesgos de la situación y establecen los requisitos de seguridad necesarios.

La explosión se produjo a cinco días de que inicie la COP16, evento que reunirá a líderes y expertos en temáticas de biodiversidad de al menos ciento cincuenta países.

Ramírez, en otro trino, expuso: “¡Dios mío! Una explosión justo en la casa donde viven mis papás en Jamundí. Esto no puede estar pasando, qué pesadilla lo que sucede en nuestro municipio. Me dirijo en este momento para saber que están bien. Les pido sus oraciones”.

Del mismo modo, la Alcaldía de Jamundí informó que la situación está siendo controlada por la Policía y se iniciarán las investigaciones correspondientes para dar con las primeras capturas de los responsables de este nuevo hecho violento en el municipio vecino a Cali.

“La Policía tiene la situación controlada y está trabajando en las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la comunidad”, expuso la administración municipal.

En efecto, esta situación provocó una profunda preocupación en los colegas y compañeros de colectividad del exalcalde Ramírez, uno de ellos fue el congresista Duvalier Sánchez, también jamundeño, que ha reiterado el grave riesgo del exmandatario local, al que le fue retirado el esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Advertí al gobierno sobre los riesgos para el Exalcalde y su familia, todo fue insuficiente. El vehículo de protección que tenía asignado fue entregado por el Exalcalde tal como los solicitó la @UNPColombia en este comunicado”, expresó.

Canciller Murillo dijo que sí hay garantías para COP16

Debido a la escalada de violencia en el sur del país, ciudadanos han manifestado su preocupación por la estabilidad y viabilidad de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se llevará a cabo en Cali. Por esa razón, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo salió a dar un parte de tranquilidad a colombianos y extranjeros. Así lo hizo desde Nueva York, acompañado del ministro Juan Fernando Cristo.

Murillo señaló que la COP16 “tiene todas las garantías. Nosotros obviamente hicimos un proceso de revisión de estándares con el equipo de seguridad de Naciones Unidas y está garantizada la seguridad. No hay riesgo”.

“Acabo de visitar varios países, entre ellos la República Popular China, y su delegación estará integrada al máximo nivel por su ministro de Ecología y Medio Ambiente, con 300 delegados, de los cuales 40 son funcionarios de alto nivel. Tenemos confirmadas más de 150 delegaciones. Tenemos confirmados más de diez jefes de Estado. Contamos con cerca de 1.000 periodistas internacionales y más de 110 ministros de Ambiente. Este evento ha generado mucha expectativa. Va a ser una gran fiesta de la paz porque estamos hablando de la paz con la naturaleza, un llamado por la vida”, señaló.

Añadió que en la COP16 se reunirán más de diez ministros de Hacienda para debatir sobre mecanismos de financiación para la protección de la biodiversidad

No para la polémica con el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón, luego de que apareciera el domingo 13 de octubre en un video, mientras activistas pintaban un mural defendiendo al presidente Gustavo Petro ante el supuesto golpe de Estado que se orquesta desde la institucionalidad.

El grafiti con la frase “Petro no se va” generó un intenso debate en la ciudad, pues la inscripción, ubicada en las antiguas bodegas del ferrocarril de Cali, fue realizada antes de una intervención artística programada para el 15 de octubre, en medio del plan de la Alcaldía para decorar las calles con motivo de la COP16.

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Este hecho llevó al diputado del Valle del Cauca Rafael Rodríguez a presentar una queja disciplinaria contra el representante a la Cámara por el supuesto uso indebido del espacio público, según informó en sus redes sociales.

El diputado Rodríguez expresó en su cuenta de X que el espacio público debe ser respetado y que no se debe permitir la “anarquía” que afecta el orden de la ciudad.

“¡El espacio público de los caleños debe ser respetado! Interpuse queja disciplinaria contra del Representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, ante la Procuraduría. No se debe permitir la anarquía que afecta el orden de nuestra ciudad”, señaló el representante regional.

Y es que el representante compartió en sus redes varias imágenes del polémico mural, asegurando que la juventud defendía el mandato de Gustavo Petro y lo hacía a través de las expresiones artísticas. Incluso, el congresista se tomó el tiempo de entrevistar a una de las líderes de la iniciativa, donde antes reposaba un mensaje contra el exfiscal general Francisco Barbosa y el general Zapateiro.

“Se activa la juventud popular en defensa del presidente Gustavo Petro, de la democracia y la constitución. Con monumental mural en Cali, rechazan el golpe de Estado sin recurrir a la violencia, su arma: pinceles y pintura. ¡Empieza la movilización popular!”, escribió Mondragón en sus redes.

Asimismo, la representante de las organizaciones sociales que hicieron presencia en el sitio y se tomaron el espacio público, señaló que su propósito es convertir las paredes de las antiguas bodegas del ferrocarril en un espacio de reivindicación.

“Nosotros como organizaciones sociales hemos decidido enfrentar esta situación, también denunciar, y esto ha sido un espacio de reivindicación, de denuncia sobre la corrupción, sobre las masacres, y todo lo que se generó en el estallido social”, comentó la mujer que no quiso identificarse.

Entretanto, la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Johana Caicedo, lamentó que Mondragón priorizara las vías de hecho desde su curul, recordando que la Alcaldía siempre ha priorizado el diálogo para llegar a acuerdos.

Caicedo destacó el trabajo conjunto con 47 artistas locales y dos internacionales para transformar la calle 25 en un espacio de arte y biodiversidad, con los debidos permisos del Comité de Arte Público y de patrimonio. “Esta Alcaldía ha sido respetuosa del derecho a la movilización ciudadana y siempre ha priorizado el diálogo para llegar a acuerdos”, señaló la secretaria.

Por su parte, desde la oficina de comunicaciones de Mondragón se aclaró que el congresista no realizó el mural, sino que visibilizó la jornada organizada por jóvenes de sectores populares. Sin embargo, su divulgación ahora será estudiada por la Procuraduría General de la Nación, que determinará si hubo lugar a faltas disciplinarias en el actuar del representante.

Asimismo, la Alcaldía de Cali desplegó un equipo hasta el polémico mural para repintar las paredes de color blanco y dejándolo listo para la intervención artística autorizada por la administración de la ciudad, justo días antes de que inicie el encuentro de la COP16.

Se cumple un año desde que la Fiscalía General de la Nación vinculó a Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del máximo líder del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela, en el caso de la incautación de 3.493 aletas de tiburón que pretendían ser enviadas a Hong Kong camufladas en una encomienda de vejigas natatorias en 2021.

Desde entonces, el hijo del capo del narcotráfico en Cali desapareció del espectro público para dedicarse a su defensa y, un año después de su captura, se conocieron nuevos detalles del proceso que el ente acusador adelantó en su contra.

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Según información revelada por El Tiempo, después de que la Fiscalía lo detuviera el 20 de octubre de 2023 por su implicación en el caso de contrabando de aletas, Rodríguez Mondragón y su equipo legal trabajaron de la mano con los investigadores para conseguir un preacuerdo con la justicia.

El hijo del capo vallecaucano, en declaraciones al diario nacional, explicó que aceptó los cargos como cómplice debido a su rol como representante legal de Fernapez SAS, empresa que participó en la recolección de las aletas que afectó, al menos, a mil tiburones.

“Yo acepto los cargos, pero no como autor ni coautor sino cómplice, por ser el representante legal de la empresa Fernapez. Acepté cargos porque, si me voy a un juicio, con el apellido que tengo, el papá que tuve y todo lo que conlleva ser el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela y los medios que están en mi contra, no quería arriesgarme a que la pena fuera mayor”, señaló Fernando Rodríguez a El Tiempo.

Asimismo, afirmó que un trabajador suyo, de nacionalidad china, fue quien compró las aletas a pescadores del área de Chocó y las manipuló para enviarlas a China. “En época de pandemia, compró esas aletas ya secas a varios pescadores del área de Chocó, de Bahía Solano, y las trajo a Roldanillo y las manipuló para enviarlas a China entreveradas en lo que yo exportaba normalmente que es el buche o vejigas natatorias de los pescados de mar. Ese ciudadano se fue de Colombia para no volver y dejarme engrampado”, comentó Rodríguez al diario nacional.

Por su colaboración, un juez le impuso una pena de 48 meses y una multa de 297 millones de pesos. Sin embargo, se conoció que el empresario quedó en libertad el 20 de septiembre de 2024 tras aceptar cargos como cómplice en el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna, pero recibió el beneficio de suspensión condicional de la pena, con un periodo de prueba de dos años.

Además, aseguró que, a pesar del peso que le conlleva ser el hijo de uno de los capos más peligrosos del departamento del Valle y de Colombia, su labor en el país no es irregular y no está vinculado a ninguna red delincuencial. También logró demostrar que no hay incrementos injustificados de su patrimonio.

“No soy el alias ‘Fernando’, jefe de cinco capturados con 5 toneladas de tiburón sin aleta y tres barcos en Malpelo. Todo eso es completamente mentira”, concluyó Fernando Rodríguez Mondragón a El Tiempo.

El caso se remonta al 24 de septiembre de 2021, cuando la Policía colombiana incautó 3.493 aletas de tiburón en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Las aletas estaban camufladas en un envío de vejigas natatorias y se dirigían a Hong Kong.

En ese momento, la Fiscalía determinó que la carga provenía de Roldanillo, en el departamento de Valle del Cauca, y que estaba vinculada a la empresa Fernapez SAS, representada legalmente por Rodríguez Mondragón.

La investigación reveló que la encomienda, compuesta por diez bultos, afectó aproximadamente a 1.000 tiburones de diversas especies y tamaños. Además, se descubrió que el permiso de aprovechamiento nacional del propietario había expirado en 2020, mientras que la exportación de aletas de tiburón estaba prohibida tanto a nivel nacional como internacional.

El envío iba a ser exportado por Cargo Logistic System SAS en Bogotá y destinado a la comercializadora Ho’import & Export Limited en Hong Kong. Sin embargo, gracias a la labor de la Policía de aduanas logró detectarse el producto ilegal en las bodegas de carga de la terminal aérea.

Días de completa zozobra lleva la familia de Sofía Delgado, una niña de 12 años que salió de la casa de su abuela, hacia la suya, en búsqueda de un champú para bañar a una de las mascotas de la familia, pero no regresó.

A pesar de la intensa búsqueda de los más de 70 efectivos de la Policía Nacional, en el corregimiento de Villa Gorgona, en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca), no se tienen pistas certeras que permitan dar con su paradero. De hecho, la gobernación y la alcaldía han dispuesto una recompensa de hasta $25 millones por información que de con la recuperación de la menor.

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En un acto de solidaridad, los habitantes del sector se han unido en la inspección de zonas puntuales del corregimiento para hallar a la joven, sin lograr éxito alguno. No obstante, la solidaridad pasó a la indignación en la mañana del viernes 4 de octubre, cuando se registraron “graves alteraciones del orden público” en los sectores de La Aldea, El Samán y La Victoria, bloqueando la vía principal que comunica a Cali con el municipio, además del enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública.

En vista de que la situación esta escalando a tal grado, la alcaldía del municipio, en sus facultades para “garantizar la tranquilidad de todos los habitantes del territorio”, decretó la prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes en el corregimiento Villa Gorgona, desde las 6:00 p. m. del viernes 4 de octubre, hasta las 6:00 a. m. del lunes 7 de octubre.

“(...) de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política en concordancia con las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, corresponde al alcalde municipal preservar el orden público y la seguridad ciudadana en todo el territorio de su jurisdicción (...) Que en desarrollo de dichas facultades el alcalde municipal puede adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la tranquilidad de todos los habitantes del territorio”, expuso el decreto No 215-10-2024.

De igual manera, el decreto establece que el no cumplimiento de la medida puede acarrear sanciones y hasta el cierre del establecimiento infractor.

Continúa la intensa búsqueda de Sofía Delgado

El domingo 29 de septiembre, en el municipio de Candelaria, Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años, salió de casa para recoger un champú que usaría para bañar a la mascota de su abuela. Nunca llegó a su destino, que se encontraba a tan solo dos cuadras de la vivienda de su abuela, en el barrio La Victoria, del corregimiento de Villa Gorgona.

“Ella salió para la casa a traer un champú. Tenía que pasar dos cuadritas y en ese trayecto se desapareció. Desde allí no tenemos rastro de ella”, contó Lady Zúñiga, mamá de la menor, a El País de Cali.

La desaparición de Sofía ha provocado consternación en todo el Valle del Cauca, pues al viernes 4 de octubre se cumplen cinco días desde su desaparición y las autoridades siguen trabajando intensamente para encontrarla. De acuerdo con el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía en Cali, existen pistas relacionadas con un vehículo sospechoso que estaba cerca del lugar en el momento en que se perdió el rastro de la menor. “Hay características de un vehículo que estuvo cerca del lugar y ya nos encontramos realizando las labores investigativas correspondientes”, señaló Oviedo, citado por El País.

Además, las cámaras de seguridad del barrio registraron un corto tramo que recorrió la menor, y no se registró llegando a su vivienda, por lo que se presume que el presunto rapto habría ocurrido segundos después de su salida de casa de su abuela.

Para dar con el paradero de Sofía, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $25 millones a quien entregue información certera que permita la ubicación de la menor.

En un esfuerzo conjunto por mejorar la respuesta a las emergencias que enfrenta el municipio de Dagua, Valle del Cauca, los bomberos locales han puesto en marcha una rifa con la esperanza de recaudar alrededor de $50 millones.

Este dinero será crucial para la compra de un camión cisterna que permitirá facilitar el transporte de agua: un elemento vital en la atención de incendios forestales y estructurales que afectan la región. La iniciativa surgió como respuesta a las serias limitaciones que enfrenta el cuerpo de bomberos debido a la falta de tecnología adecuada en su vehículo actual.

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El subteniente Gilberto Gallego, subcomandante de Bomberos de Dagua, se refirió a esta actividad. “Nosotros necesitamos un carro de estos porque ya se nos ha presentado emergencias donde nos hemos quedado cortos, no damos abasto, la capacidad se nos agota. Necesitamos un camión cisterna tipo bomberos, porque este nos va a permitir cargar más agua para darle rápida atención a todos estos incendios”, dijo en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con la publicidad que circula en redes sociales y en la página oficial de los Bomberos, cada boleta de la rifa tiene un costo de $15.000 e incluye dos números, lo que ofrece a los participantes la oportunidad de ganar un atractivo premio: una moto Honda XR190 modelo 2025, o su valor comercial en efectivo.

El sorteo está programado para el 30 de octubre y los interesados pueden adquirir sus números a través de la página web www.bomberosdagua.com, el WhatsApp 3163876709, o directamente en la estación de bomberos en Dagua.

¿Cómo será el nuevo camión del cuerpo de bomberos de Dagua?

El camión cisterna que se espera financiar con los fondos de la rifa se encuentra actualmente en proceso de adecuación en Medellín. Sin embargo, la situación económica de los bomberos de Dagua refleja una problemática más amplia, que afecta a otros municipios de la región como Yumbo, Jamundí y Tuluá, en donde también se han enfrentado a dificultades que podrían frenar sus actividades operativas.

“El panorama no es alentador”, advirtió Gallego, al agregar que, a pesar de la creciente necesidad de atención, no se han asignado recursos suficientes para que el cuerpo de bomberos opere de manera óptima.

Esta situación es aún más crítica, al considerar que en Colombia se reportan actualmente 12 incendios activos, que afectan más de 7.000 hectáreas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, hasta el 26 de septiembre, los incendios se han registrado en los departamentos de Huila, Nariño, Tolima, Cauca y Valle del Cauca.

La rifa no solo tiene como objetivo recaudar los $50 millones necesarios para el camión cisterna, sino que también busca reunir $40 millones adicionales para mejorar la dotación y equipo del cuerpo de socorro. La necesidad de recursos es una preocupación compartida por bomberos de 55 municipios del Valle del Cauca, que han señalado que requieren una solución urgente.

El panorama en Colombia es aún más crítico pues, según la Ungrd, Tolima es el departamento más afectado por incendios, con cuatro focos activos. Le sigue el Valle del Cauca con dos incendios en Yotoco, Tuluá y Riofrío, mientras que en Nariño se reportan tres incendios en los municipios de Albán, La Cruz y El Contadero. En Huila se ha registrado un incendio en Aipe, y en Cauca, otro en Rosas. Estos incendios han afectado un total de 7.239 hectáreas.

A pesar de la adversidad, hasta la fecha se han logrado controlar incendios en lugares como Bojacá (Cundinamarca), Timbío (Cauca) y Floresta (Boyacá). Para seguir combatiendo los incendios restantes, la Ungrd indicó que ha dispuesto de cuatro aeronaves para labores de extinción, mientras que en tierra se han movilizado 135 bomberos, junto a miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja y la Defensa Civil.

Desde comienzos de 2024 hasta el 17 de septiembre de 2024, Colombia ha experimentado 2.279 incendios forestales en 30 departamentos, siendo Cundinamarca el más afectado con 485 incendios y 4.426,35 hectáreas dañadas. Por su parte, Huila y Antioquia siguen en la lista, con 314 y 231 incendios, respectivamente.

Las autoridades hicieron presencia en el sector junto a los equipos de emergencia que trabajaron arduamente para atender a los afectados de este accidente, varios de ellos se encontraban atrapados en medio de los vehículos.

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En varios videos que circulan por las redes sociales se evidencia el momento exacto en el que la comunidad trabaja en conjunto para auxiliar a las personas, retirando las puertas de los automotores que impedían que salieran. De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial del municipio en donde están siendo atendidas. Los uniformados adelantan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El hecho generó pánico en el sector, varios vehículos se vieron involucrados en el accidente. Las imágenes evidencian el intento desesperado de las personas atrapadas por salir de una camioneta de color gris, mientras que varios ciudadanos se esfuerzan por arrancar las puertas que les obligaba a quedar atrapados.

Los accidentes viales en Colombia han dejado decenas de familias desconsoladas debido a la imprudencia de algunos conductores que no respetan las normas de tránsito. La Contraloría General de la Nación lanzó una alerta que expresa la preocupación de la entidad ante el elevado número de fatalidades en las vías del país, pues entre 2022 y 2023 se registraron los registros más altos, superando las 8.600 víctimas.

Las cifras indican que los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte en la población colombiana. Solo en el año 2023 fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes en siniestros viales. La Contraloría agregó que en el año 2022 las atenciones de víctimas superaron el millón de casos por temas de salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, con gastos que superan los $2.7 billones.

La entidad hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades directamente responsables de “diseñar e implementar las políticas públicas de salud y seguridad vial, para que mejoren su articulación y para que prioricen la adopción de las acciones necesarias y suficientes que garanticen la pronta disminución de la alta siniestralidad vial en el país”.

Accidente entre un carro particular y un taxi dejó tres personas fallecidas

El lunes 12 de agosto se registró un fatal accidente en el kilómetro 61+350 de la ruta 4305, que conecta a Lérida y Venadillo, en Tolima, los hechos dejaron un saldo de tres personas fallecidas luego de que un carro particular y un taxi colisionaran, provocando que uno de los vehículos se incendiara por completo.

De acuerdo con la capitana Laura Marcela Lara, de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Tolima, en el taxi viajaban tres personas, mientras que en el carro particular había otros dos ocupantes.

“La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Tolima, se permite informar acerca de un siniestro vial en el kilómetro 61 más 300 de la vía Ibagué - Mariquita, jurisdicción del municipio de Lérida, en el cual se encuentran involucrados dos vehículos, uno de ellos de servicio particular, en el cual se movilizaban tres personas de sexo masculino, las cuales resultan lesionadas y son trasladadas al Hospital Reina Sofía del municipio de Lérida”, dijo Marcela Lara.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para que no excedan los límites de velocidad en las vías, y así evitar sucesos lamentables como este.

Un hecho violento enluta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) después de que las autoridades reportaran el cuerpo de Jhoan Mauricio Hernández, un contratista de la entidad que desapareció desde el 25 de julio, cuando acudió a una supuesta cita para vender su vehículo y nunca más se supo de él.

Según comentaron las autoridades, el cuerpo de la víctima fue encontrado en una vivienda del barrio El Cofre, ubicado en el corregimiento de Puerto Caldas, de Pereira. Hasta ese lugar llegaron los oficiales con una orden de captura, luego de detectar en cámaras de seguridad el vehículo de Hernández que era conducido por Yanier Peñalosa, presunto responsable del homicidio.

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En el operativo adelantado por la Sijín y el grupo Goes de la Policía de Cartago, los investigadores allanaron la vivienda para detener al sospechoso y obtener información de la desaparición del funcionario. Sin embargo, con ayuda de equipos caninos, los oficiales encontraron una estructura en cemento sospechosa donde, finalmente, encontraron el cuerpo sepultado.

Aunque el cuerpo fue encontrado el viernes 3 de agosto, el proceso de extracción se realizó durante el fin de semana por unidades del grupo especializado en exhumaciones del CTI de la Fiscalía, y solo hasta en las últimas horas los forenses del Instituto de Medicina Legal pudieron corroborar que el cuerpo correspondía a Jhoan Mauricio Hernández.

Igualmente, los investigadores ahora realizan la respectiva necropsia para determinar las causas de la muerte, pues las grandes cantidades de cemento impidieron hacer una inspección preliminar a cadáver.

La ubicación del cuerpo se dio gracias al trabajo de los investigadores, quienes lograron dar con la ubicación del principal sospechoso después de que Yanier Peñalosa fuera encontrado con el vehículo de la víctima por algunos testigos. Aunque en un principio el señalado aseguró que Hernández había pactado con él un negocio para la venta del carro, las declaraciones del sujeto no fueron convincentes e iniciaron con las averiguaciones.

Sin embargo, existen versiones extraoficiales que pondrían sobre la mesa una nueva hipótesis. Testigos cercanos comentaron al medio local la muerte de Jhoan Hernández pudo dar por un crimen pasional, y que los hombres sostendrían una relación secreta desde hace algún tiempo. “Supuestamente tenía su novia, pero en el barrio muchos sabían que también tenía relaciones con otros hombres”, señaló la fuente al medio Noticias 360 grados.

En esa misma casa habría ocurrido un feminicidio en enero de 2024

Según testigos del levantamiento, Yanier Peñalosa sería el mismo que denunció en enero de este año la muerte de su madre Evelis Asprilla Peñaloza, una mujer afrocolombiana de 47 años que fue víctima de un trágico final en el corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira, presuntamente a manos de su compañero sentimental.

Según comentaron las autoridades en su momento, el presunto agresor fue identificado como Santos Virgilio Castillo, de 52 años, que se entregó a las autoridades mientras intentaba llegar a Cali.

La relación entre Evelis y su presunto homicida llevaba más 11 años. Castillo se desempeñaba en el sector de la construcción y regresaba de su trabajo en Armenia (Quindío) justo la medianoche del sábado anterior al crimen. La pareja inició una discusión cuyos motivos aún se desconocen, y Evelis, al parecer, expresó su deseo de poner fin a la relación.

Después de la pelea, Evelis decidió quedarse en la casa y se dispuso a dormir. Fue entonces cuando Castillo aprovechó la oportunidad para agredirla mientras dormía. Utilizando un martillo, golpeó repetidamente su cabeza. No conforme con eso, le causó múltiples heridas con un arma cortopunzante, provocándole finalmente la muerte, según revelaron las autoridades.

Luego de cometer el asesinato, Castillo se trasladó en su motocicleta al centro del barrio El Cofre. Tras un breve intervalo, regresó a la casa, empacó una maleta y se dio a la fuga. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su hijo encontrara el cuerpo sin vida de Evelis. Un joven de 23 años, que se encontraba en la vivienda al momento del crimen, descubrió a su madre completamente desnuda y cubierta de sangre en la madrugada.

Guayaquil (Ecuador), 23 may (EFE).- La penúltima fecha de la primera fase de la Liga Pro ecuatoriana será una batalla a tres bandas entre Independiente del Valle, Aucas y Barcelona, los tres candidatos que pelean por ganar esta ronda para asegurarse un puesto en la final y un cupo en la próxima Copa Libertadores.

Independiente del Valle, que es líder con 29 puntos, tendrá que visitar al modesto Macará; mientras que Aucas y Barcelona, que están con 28 puntos en la segunda y tercera plaza, respectivamente, se enfrentarán al Delfín y Técnico Universitario.

Además de ser el líder, Independiente del Valle, que dirige el técnico argentino Javier Gandolfi, se mantiene invicto en la actual temporada de la Liga Pro.

La plantilla del cuadro del Valle es numerosa y ha respondido de buena manera a Gandolfi, que tiene entre otras figuras al atacante juvenil Kendry Páez.

Sin embargo, el Macará ha levantado su nivel de juego reflejado con los recientes resultados que tienen al equipo por cerrar la fase en un buen lugar de la tabla de posiciones, pensando en la segunda fase, con figuras como los atacantes Freddy Mina y el argentino Facundo Pons.

Por su parte, el Aucas, que está dirigido por el técnico mexicano Gerardo Espinoza, visitará al Delfín, que figura en la penúltima posición, y lo hará comandado por el ariete colombiano Jeison Medina, que acumula 11 goles en el torneo.

Para el Delfín será un partido decisivo en su afán por zafarse de los dos últimos puestos de la tabla de posiciones, aunque sufrirá las bajas de su portero Brian Heras y del atacante José Angulo, suspendidos por sendas expulsiones.

Barcelona, con el técnico argentino Ariel Holan en su banquillo, recibirá al también modesto Técnico Universitario, empujado por crucial triunfo coneguido el miércoles ante Liga de Quito (2-0) que le metió de lleno en la pelea por ganar la primera fase de la Liga Pro.

Al margen de esa presión, Holan, que apenas llegó al equipo reactivó aquella frase de "hacer camino al andar", le está sacando provecho en el orden individual y colectivo a la plantilla que encontró y que estuvo comanda por su anterior técnico, el uruguayo Diego López,

Mientras, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que con el español Josep Alcácer en el banquillo se está quedando con las manos vacías en su afán por seguir defendiendo el título de campeón que ostenta desde el año anterior, recibirá a la Universidad Católica, dirigido por el argentino Jorge Célico.

Liga de Quito, que cayó a la cuarta posición con 26 puntos, necesita ganar y que los tres equipos que están en mejor forma fallen, para así recuperar opciones de terminar en primera posición.

La Liga Pro decidió unificar los horarios de cuatro partidos para el próximo sábado desde las 20.00 horas local (1.00 GMT del domingo) para los equipos que pujan por ganar la fase.

- Programación de partidos de la decimocuarta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

. Viernes: Imbabura-Emelec.

. Sábado: Macará-Independiente del Valle, Delfín-Aucas, Liga de Quito-Universidad Católica y Barcelona-Técnico Universitario.

. Domingo: El Nacional-Mushuc Runa y Orense-Cumbayá.

. Lunes: Libertad-Deportivo Cuenca.

Los ataques terroristas perpetrados por las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc el 20 de mayo en Jamundí y Dagua (Valle), así como en Suárez y Jambaló (Cauca), en los cuales se atentó contra la vida de tres menores de edad y cuatro miembros de la fuerza pública tienen consternados a Colombia. Esto, debido a que le recordó al país las épocas más oscuras de la guerra, momentos a los que no se quiere volver, por todas las vidas que cobraron cada uno de los sucesos.

Por eso, el Consejo Gremial Nacional (CGN), en nombre de los 32 gremios que lo conforman, rechazó de forma categórica lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y de apoyo a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional por la función que cumplen.

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“El sector productivo manifiesta su preocupación por el deterioro en temas de seguridad que está sufriendo el país y los constantes atentados contra la vida y la integridad de las personas. Estos hechos de violencia nos alejan del anhelo que tiene Colombia de conseguir la paz y quebrantan el bienestar de toda la comunidad”, enfatizó el CGN, que lidera el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

De igual manera, hizo un llamado al Gobierno nacional para tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los colombianos y a las autoridades judiciales para que adelanten las correspondientes investigaciones y judicialicen a los responsables de estos hechos.

Finalizó al decir que “reiteramos el respaldo a nuestra fuerza pública y nuestro compromiso de continuar trabajando con el Ministerio de Defensa en la construcción de acciones integrales y efectivas que aseguren la protección y vida de todos los ciudadanos”.

Comerciantes exigen acciones urgentes

Asimismo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, lamentó lo que sucedió en dichas poblaciones. Manifestó que la difícil situación de orden público que afecta al departamento del Cauca exige acciones en defensa de la población y en respaldo oportuno de los policías y militares que se encuentran en la zona.

“Miranda, Corinto y Morales, en el Cauca, y Jamundí, en Valle del Cauca, han sufrido el asedio de grupos armados que han sacrificado vidas de civiles y de miembros de la fuerza pública. Nuestra solidaridad y oraciones están con las familias de las víctimas del terrorismo y con los habitantes de las zonas afectadas”, escribió Cabal en X (antes Twitter).

Insistió en que el compromiso permanente de los soldados y policías debe ser reconocido, debido a que ellos representan la legitimidad democrática del Estado colombiano.

Fue enfático al decir que el Gobierno nacional debe garantizar que las Fuerzas Militares y de Policía cuenten con los medios tácticos y de apoyo necesarios para cumplir con su misión, que es la protección de todos los colombianos.

“El ejercicio de la soberanía, especialmente en zonas martirizadas por la delincuencia, requiere de la acción constante y contundente del Estado”, finalizó Jaime Cabal.

Reacción inmediata del Ministerio de Defensa

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, lamentó los problemas de seguridad en el Cauca y en el Valle. Precisó que crece el hurto, crece secuestro (70% primeros ocho meses del 2023) y crece la extorsión (20% según la Defensoría del Pueblo.

“Es urgente reaccionar Ministerio de Defensa”, resaltó. También, apuntó que “todo esto, además de que nos devuelve en nuestra propia historia, comprueba que la ‘paz total’ hace agua, demuestra incapacidad de control del territorio y afecta la economía. Insisto es urgente reaccionar”.

Cese de hostilidades

Por ahora, ante lo sucedido en el Valle y el Cauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que no habrá pacto para un nuevo cese de hostilidades con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.

Manifestó que las acciones de este grupo terrorista, dirigido por Iván Mordisco, solo muestran que no tienen intenciones reales para avanzar en un proceso de paz.

En un golpe contra las estructuras criminales del departamento del Valle, la Policía Nacional confirmó en las últimas horas la captura de dos integrantes de la banda ‘La Inmaculada’, reconocida en el municipio de Tuluá por las repetidas extorsiones a comerciantes y los asesinatos selectivos.

De hecho, entre los capturados cayó alias ‘Chinga Miguel’, un joven de 16 años que se habría convertido en el sicario de la organización y que está vinculado al asesinato del concejal de Tuluá Eliecid Ávila, a quien atacó durante la noche del 31 de diciembre de 2023, mientras el cabildantes departía con su familia.

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Incluso, una vez perpetró el acto violento que acabó con la vida del concejal dos días después, la Policía dio con su paradero casi de inmediato y fue trasladado hasta la ciudad de Bogotá para cumplir su condena en el Centro de Atención Especializada El Redentor. Sin embargo, en abril de 2024, el joven protagonizó una fuga junto a otro compañero y desde entonces no se tenía rastro de su paradero.

“Es de anotar que alias Chinga Miguel se fuga por segunda vez del centro transitorio el redentor el pasado 26 de abril del presente año, cuando había sido aprehendido en flagrancia por el delito que ya es recurrente siendo el de porte ilegal de armas de fuego el día 28 de febrero del presente año, a través de diligencia de allanamiento, a quien le hallan un arma de fuego tipo revolver”, indicó el comandante de la Policía de Valle, coronel Giovanni Cristancho Zambrano.

Pero el concejal Ávila no sería su única víctima. Chinga Miguel también estaría vinculado con el asesinato del periodista tulueño Marco Montalvo en septiembre de 2021; es decir, cuando el adolescente tenía apenas 13 años.

“Entre la Sijin y el Goes se da esta aprehensión de estos dos menores en el municipio de Tuluá, presuntamente vinculadas con la banda “La Inmaculada”, es importante estos resultados operativos porque se sigue trabajando con decisión en el departamento del Valle del Cauca contra todas las estructuras criminales que operan aquí en la región”, indicó Ana María Sanclemente, secretaria de seguridad y convivencia del Valle.

Una vez capturado, Chinga Miguel fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que legalizaron su captura y le dictaron medida de aseguramiento intramural en centro de reclusión para menores de edad y deberá responder por el delito de porte, tráfico o fabricación de armas de fuego, además de los homicidios a los que se le vincula.

En los resultados operativos de las autoridades también se pudo dar con la captura de otro menor de edad que también estaría vinculado a la banda La Inmaculada y que quedó en poder de la justicia después de protagonizar un tiroteo en el barrio Prados del Norte.

Según el informe oficial, el menor se encontraba junto a otro cómplice a bordo de una camioneta negra. En el momento que se toparon con la Policía, el conductor del vehículo perdió el control y terminaron en el suelo, lo que activó las alertas de los uniformados que fueron recibidos a disparos por parte del menor.

En medio del fuego cruzado, el menor resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para su valoración y tuvo que ser sometido a cirugía, por lo que las autoridades se encuentran a la espera para legalizar su captura. Por su parte, el conductor de la moto logró huir del lugar y en este momento está siendo ubicado por la Policía del Valle.

“Es importante indicar que a este menor se le incauta una pistola industrial, calibre 9x19, un proveedor y seis cartuchos”, mencionó la Policía a través de un comunicado.

No para la polémica por el presunto caso de maltrato laboral ocurrido en la empresa Transportes Atlas en la ciudad de Jumbo (Valle) y que causó la indignación del presidente de la República, Gustavo Petro.

Aunque el evento fue dado a conocer en redes el pasado 13 de mayo, en la mañana de este jueves la vocera de la compañía, propiedad del empresario Luis Darío Arbeláez Arango, aclaró que lo ocurrido en las instalaciones se debió a una riña personal entre dos trabajadores de Atlas SAS.

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“La verdad, eso fue una riña de dos personas, dos trabajadores de la empresa. No se trató de un tema o problema de gerencia, son dos trabajadores que tuvieron un problema personal que venía reiterativo y ese día se explotó”, comentó Ana María Zuluaga, apoderada de la compañía, en diálogo con El Tiempo.

Además, aseguró que ninguno de los involucrados era familiar de Arbeláez, contrario a lo que denunciaron varios internautas y exempleados de la empresa, que aseguran que la agresión se debió a una exigencia de pago de horas extras. “No es el señor Darío. Quien sale en el video no es ni el dueño ni accionista, es un trabajador”, aseveró.

Sin embargo, información obtenida por El Tiempo pudo comprobar que el hombre que agredió fuertemente al empleado y le causó serias heridas en su oído derecho, sí es Darío Guillermo Arbeláez Arbeláez, hijo del dueño de la empresa, Luis Darío Arbeláez Arango.

Además, el agresor también aparece como suplente del gerente de la empresa, por lo que volvieron a tomar fuerza los señalamientos sobre el cobro de horas extralaborales.

De hecho, el nombre de Darío Guillermo ya había salido a la luz en marzo de 2020, cuando violó un decreto de aislamiento social durante la pandemia y por el que fue condenado a detención domiciliaria.

Ante las nuevas pruebas, Ana María Zuluaga volvió a referirse al tema, pero esta vez aceptó que el hombre que aparece en las imágenes sí corresponder al familiar directo del empresario Arbeláez, aunque ratificó que ya no tiene poderes especiales sobre los empleados.

“Sí es Darío Guillermo. Es que el papá también se llama Darío Arbeláez; por eso ha sido la confusión. Darío Guillermo no es dueño ni accionista de la empresa, es un trabajador con contrato de trabajo desde el año 2017″, indicó al medio nacional.

Además, la vocera de Transportes Atlas SAS también indicó que Darío Guillermo fue retirado de su posición como suplente del gerente en una acción tomada a raíz de los hechos recientes. Un documento fechado el 9 de mayo indica que “el presidente de la Asamblea informa que en vista de que los integrantes de la Junta Directiva y de los representantes legales suplentes de la sociedad han presentado sus renuncias a dichos cargos, se hace necesario aceptar expresamente tales decisiones”.

Pero el cambio no ha sido oficial ante las entidades correspondientes, por lo que la empresa, intentando deslindarse de las acusaciones, expresó: “Hoy en día está para registro de la Cámara de Comercio el retiro de Darío como suplente, esa es una de las acciones que se tomaron a raíz de los lamentables hechos presentados la semana pasada”.

El video replicado por Petro muestra a Darío Guillermo diciéndole a su compañero: “Aprendé a respetar malp…”, en un momento del enfrentamiento físico. La vocera insistió en que las medidas correctivas han sido tomadas y que se espera designar nuevos integrantes para la Junta Directiva pronto.

“Jurídicamente cualquier persona indistintamente de su parentesco puede ser suplente del representante legal, porque se hace en caso de ausencias temporales o definitivas del Representante Legal”, concluyo.

Entretanto, los protagonistas del video se encuentran incapacitados y la empresa ha decidido también tomar acciones frente al trabajador agredido. Sin embargo, la decisión será tomada una vez se pueda reincorporar a sus actividades en la transportara de contenedores refrigerados.