Esta semana los resultados de la prueba Aprender de secundaria volvieron a alertar sobre los bajos niveles de aprendizaje que está logrando el sistema educativo, especialmente en Matemática pero también en Lengua. Claudia Romero, doctora en Educación y profesora de la Universidad Di Tella, acaba de publicar un libro que aporta una pista clave para la mejora escolar: profesionalizar a los equipos directivos –sostiene ella a partir de la evidencia internacional y de las investigaciones de su equipo– es una medida que tiene incidencia directa en la calidad educativa.

En Liderazgo educativo para mejorar las escuelas (Aique), Romero destaca la capacidad transformadora de un liderazgo colaborativo y enfocado en los aprendizajes. El impacto de una buena conducción es aún mayor en las escuelas de sectores vulnerables, afirma la autora. Pero además, las prácticas de liderazgo que los chicos observan en la escuela construyen sus primeras nociones –no explícitas, pero vívidas– sobre el gobierno democrático de las instituciones: el buen liderazgo construye ciudadanía, sostiene Romero. Y advierte que, para potenciar este rol, es necesario jerarquizar la carrera profesional, la formación y los salarios de los equipos directivos.

–En estos días se discutió mucho sobre los bajos niveles de aprendizaje a raíz de los resultados de Aprender. Aunque no esté en el aula, ¿un buen director incide sobre los aprendizajes de los estudiantes?

–Diría que hay tres razones fundamentales por las que importa el liderazgo escolar. La primera es que las investigaciones muestran con claridad que el liderazgo escolar –en particular, el de los equipos directivos– incide de manera significativa en la mejora de los aprendizajes. Es decir, existe una fuerte asociación entre los buenos liderazgos y los logros educativos de los estudiantes. Por eso, el liderazgo directivo se considera un factor clave en la mejora de la calidad educativa.

Entre los factores intraescolares –aquellos propios del sistema educativo, y no del contexto socioeconómico–, el liderazgo directivo aparece como el segundo en importancia, solo por detrás de la calidad docente. Muchas veces se piensa que los principales factores de mejora educativa son los libros, las computadoras o la infraestructura. Sin embargo, el que estadísticamente se correlaciona más con los aprendizajes, después de la docencia, es el que yo llamo el “factor director”.

Aunque el directivo no enseña directamente, su influencia se ejerce de forma indirecta. Un buen liderazgo genera motivación en el equipo docente, garantiza ciertas condiciones institucionales –como la disponibilidad de materiales, el cumplimiento de horarios, el buen uso del tiempo– y permite que la enseñanza se desarrolle sin interrupciones. Además, observa, evalúa y acompaña la práctica pedagógica, y ofrece devoluciones pertinentes y herramientas concretas para que los docentes puedan mejorar. También promueve el trabajo colaborativo, la continuidad entre ciclos y una visión institucional de largo plazo sobre los aprendizajes.

En segundo lugar, el “factor director” cobra una relevancia aún mayor en contextos de mayor vulnerabilidad social. En estos casos, un buen directivo se convierte en un agente de equidad, porque logra identificar las características del contexto, entender sus necesidades, y adaptar el funcionamiento de la escuela para que todos puedan aprender. Esa capacidad de “leer” el entorno, de construir vínculos con las familias y con la comunidad, es clave para abordar cuestiones como el ausentismo estudiantil, que muchas veces es un problema subestimado.

–¿En qué sentido el estilo de conducción del equipo directivo en una escuela podría aportar a la formación de sociedades más democráticas?

–Esta es una dimensión menos explorada, pero muy importante. El liderazgo escolar constituye el primer nivel de gobierno dentro del sistema educativo. Si pensamos en la gobernanza del sistema, sabemos que es multinivel: está la secretaría nacional, los ministerios provinciales, los gobiernos municipales, las supervisiones. Pero el nivel más cercano, el que está en contacto directo con la vida escolar, es el de los directores.

El modo en que se gobierna una escuela –de forma más autoritaria o más colegiada, con decisiones centralizadas o distribuidas entre el equipo– transmite valores. Las escuelas son las primeras instituciones sociales a las que acceden los niños, y el modo en que allí se toman decisiones es una forma de enseñar, desde la práctica, cómo se organiza una sociedad.

Una escuela que gobierna con participación, que decide en base a evidencia, que discute problemas de manera argumentada, está enseñando de forma implícita qué significa vivir en democracia. Por eso, cuando una escuela enseña sobre democracia pero no refleja esos valores en su organización cotidiana, está enviando un mensaje contradictorio. Desde esta perspectiva, formar liderazgos virtuosos también es una forma de construir ciudadanía. Yo creo que buena parte de la reconstrucción de los liderazgos virtuosos a nivel social comienza en la escuela.

–En el libro marcás la diferencia entre mejora escolar e innovación, que muchas veces se asumen como sinónimos. ¿La mejora no requiere siempre “innovar”?

–Efectivamente, después de varias décadas, hay una tendencia a dejar de hablar solo de “cambio educativo” para pasar a hablar de “mejora escolar”. ¿Por qué? Porque cambiar no garantiza necesariamente una mejora. Muchas veces se producen cambios superficiales, que son un “como si”. O se cambia para que todo siga igual.

En el ámbito educativo, es habitual que se adopten nuevas terminologías que, en la práctica, no suponen transformaciones reales. Por ejemplo, cambiar la forma de calificar –pasar de notas numéricas a conceptuales– sin modificar el tipo de evaluación, ni el criterio de valoración, genera solo una ilusión de innovación.

La mejora escolar es un proceso más complejo que la mera innovación. Implica un proceso, no es de un día para el otro. Supone que los cambios realizados sean sostenibles, evaluables y generen impacto positivo en los aprendizajes. Por ejemplo, un cambio en el currículum o en el enfoque didáctico necesita tiempo para que los docentes se apropien de él, lo lleven a la práctica, lo evalúen y lo ajusten.

–¿Qué mecanismos pueden favorecer que las políticas definidas en los ministerios impacten en mejoras en las escuelas?

–Tradicionalmente las políticas educativas se diseñaron con una lógica lineal: se identifica un problema, se formula una política y se espera que las escuelas la implementen tal como fue diseñada. Sin embargo, hace décadas que sabemos que este enfoque no funciona. Muchas reformas fracasan no por falta de voluntad política, sino porque no contemplan las condiciones reales del sistema educativo: las limitaciones de autonomía, la falta de formación de los directivos o los docentes, las condiciones materiales, la escasa participación de los actores involucrados.

Hoy sabemos que para que una reforma tenga éxito, debe ser sostenible y debe estar acompañada por el desarrollo de liderazgos educativos a distintos niveles. Ya no basta con administrar recursos: se espera que los líderes escolares –directivos, supervisores, equipos técnicos– lideren los procesos pedagógicos, analicen datos, movilicen a sus comunidades, evalúen resultados. Y esto requiere formación específica.

Por eso, hoy comprendemos que las políticas no se aplican de forma automática ni directa. Requieren de liderazgos que estén alineados y articulados entre sí para transformar los lineamientos generales en acciones concretas.

Por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización: se formula a nivel nacional, se adapta en cada provincia, pero lo que importa es lo que ocurre entre el papel y la práctica. Que algo esté escrito no quiere decir que vaya a suceder. Ahí es donde entra en juego el contexto. Lograr que todos los estudiantes aprendan a leer y escribir en los primeros grados no puede planificarse únicamente desde un escritorio. La diversidad del territorio exige reconocer que los directores escolares no se limitan a “aplicar” políticas, sino que las producen. La política educativa se concreta en el aquí y ahora de cada escuela.

–Ese rol “político” de los directivos requiere que tengan cierto nivel de autonomía. ¿Cuál es la situación hoy en el país? ¿Hay alguna jurisdicción que haya avanzado en “empoderar” más a los directores?

–En educación, existe una autonomía de facto. Es decir, cuando uno observa lo que ocurre en las escuelas, encuentra que no hay dos iguales. Cada una se configura de manera diferente según su historia institucional, las características de los alumnos, del equipo docente y de la cultura escolar que se ha construido.

En cada país, el margen formal de toma de decisiones que tiene una escuela depende directamente del modelo de Estado y de las políticas educativas. Por ejemplo, toda la investigación sobre liderazgo educativo en escuelas comenzó con fuerza en los países anglosajones como Estados Unidos, donde las instituciones tienen un mayor grado de autonomía. En ese contexto, tenía sentido pensar en el liderazgo como una herramienta clave de gestión y transformación escolar.

En cambio, en sistemas más centralizados como el nuestro, hasta hace pocos años hablar de liderazgo educativo no tenía mucho sentido. Se entendía que las escuelas debían simplemente administrar el sistema, cumplir normativas y operar de forma más bien burocrática. Pero esto empezó a cambiar cuando se observaron diferencias significativas en los resultados de aprendizaje entre escuelas con poblaciones del mismo nivel socioeconómico. ¿Por qué unas logran mejores resultados que otras? Ahí comenzó a investigarse y a reconocerse el papel del “factor director”.

Se suele creer que las escuelas de gestión privada tienen mayor autonomía que las públicas. Pero cuando se analiza en detalle, esa diferencia no siempre es tan grande. En las escuelas públicas los directores no eligen a los docentes con quienes van a trabajar, ni tampoco al equipo directivo. Pero sí eligen, mediante concurso, la escuela en la que quieren desempeñarse: eso ya es una forma de autonomía. En cambio, en el sector privado, los directores no eligen la escuela: es la institución la que los selecciona si considera que encajan con su proyecto institucional.

Por supuesto, en la gestión pública el director debe trabajar con el equipo que le toca y con las condiciones disponibles. Aun así, se observan diferencias notables entre las formas de gestión y las culturas institucionales. Es decir, aunque formalmente no haya un marco normativo que habilite una gran autonomía, en la práctica hay directivos que logran construir estilos de gestión muy diversos.

–¿Qué políticas podrían contribuir a fortalecer el liderazgo educativo de los equipos directivos?

–Lo primero que quiero destacar es que el tema del liderazgo está ganando cada vez más peso. No solo está creciendo el interés desde el campo de la investigación, sino también desde las políticas educativas. En nuestro caso, desde el equipo venimos trabajando en esta línea desde hace más de diez años, investigando y formando directivos. Diría que el primer paso fundamental es poner el tema en agenda y reconocer la importancia del liderazgo educativo: por su impacto en la calidad, en la equidad y en la construcción de ciudadanía en sociedades democráticas.

Una vez reconocida esta prioridad, el desafío siguiente es lograr la profesionalización del liderazgo. Para que tenga impacto en los aprendizajes, debe tener un fuerte componente pedagógico, debe tener el foco puesto en los aprendizajes.

Ahora bien, cuando uno observa la normativa, los estatutos, o incluso analiza en qué usan su tiempo los directivos, encuentra que menos de una cuarta parte del tiempo se dedica a tareas pedagógicas. Lo administrativo predomina sobre lo pedagógico; lo urgente desplaza a lo importante. Y lo urgente son muchas veces cuestiones ajenas a lo educativo: responder un censo, resolver problemas edilicios, afrontar situaciones sociales complejas. Todo eso forma parte de la tarea directiva, pero si el tiempo destinado a mejorar la enseñanza es tan limitado, algo falla. Necesitamos directores más enfocados en la enseñanza.

Otro aspecto importante es que en Argentina los directivos acceden al cargo muy tarde en su carrera profesional. Requieren muchos años de antigüedad docente, y una vez que acceden, en promedio permanecen tres años en el puesto antes de jubilarse. Esto significa que gran parte de la inversión en formación directiva se pierde rápidamente. Los estudios muestran que la antigüedad del director en una misma escuela es un factor vinculado a la mejora de aprendizajes. Por eso, es necesario que la carrera permita que los docentes accedan antes al rol directivo. Ser director no es simplemente un paso más dentro de la docencia, es otra función y requiere otra formación. El cargo directivo debería ser parte de una carrera atractiva, con desafíos y con incentivos reales.

–Hoy un director recibe múltiples demandas, incluso está expuesto judicialmente, por una diferencia salarial que no suele justificar ese nivel de responsabilidad.

–Exacto. No hay gran diferencia salarial entre un cargo docente y uno directivo. La responsabilidad directiva es enorme, y tal como está formulado el estatuto, el director es responsable unipersonal de todo lo que sucede en la escuela. Esa exposición no se compensa con incentivos acordes. Además, sería importante permitir que el director pudiera formar su equipo de gestión, o al menos tener cierto margen para seleccionar a quienes lo acompañan más directamente. Eso se resolvería con algo tan básico como poder concursar por equipos. Eso ocurre en muchas organizaciones: si sos responsable de los resultados, al menos deberías poder elegir con quién trabajás.

–¿El Estado está garantizando la formación necesaria para que los directores puedan desplegar un liderazgo transformador?

–La formación es un punto clave. También es fundamental repensar los procesos de selección. Hoy lo que más pesa en un concurso es la antigüedad docente, pero se puede ser un excelente docente y no necesariamente un buen director, porque se requieren otras habilidades y competencias.

En general, no hay políticas de desarrollo profesional específico para directivos. Existen algunos cursos para acceder al concurso, pero una vez que una persona accede al cargo, obtiene un nombramiento permanente. Profesionalizar el rol significa también ofrecer incentivos para que el director quiera seguir creciendo. En esa línea, es fundamental construir redes de directivos, especialmente entre escuelas que enfrentan desafíos similares, para que no tengan que trabajar en soledad. Aprender de otros, compartir estrategias, es algo muy valioso.

También es crucial implementar políticas de acompañamiento a directores noveles. En cualquier profesión, los primeros tres años son críticos: es cuando uno termina de formarse en la práctica real del trabajo. Pero hoy, un directivo accede al cargo y muchas veces no tiene garantizado ningún tipo de acompañamiento. Ese seguimiento, por parte de supervisores o colegas con más experiencia, debería formar parte de un trayecto de formación que continúe incluso después de asumir el cargo.

En síntesis, a ser director se aprende. El liderazgo educativo requiere de competencias específicas, pero esas competencias se pueden formar, desarrollar y fortalecer. Necesitamos directores cada vez más profesionales, porque se ha demostrado que la mejora de los aprendizajes depende de buenos liderazgos.

Darío Judzik, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Yacovino, Director de Educación y Sector Público en Microsoft Argentina, y Martín Sanado, líder de estrategia en Inteligencia artificial generativa de Amazon Web Services (AWS) ofrecieron sus miradas sobre los temas que urgen para repensarnos en un presente de preguntas vertiginosas.

Tres miradas complementarias: la del diseño de políticas públicas, la del desarrollo tecnológico y la de las estrategias educativas y gubernamentales para abrir nuevas perspectivas.

Tirar una piedra en el estanque: habilidades y competencias

Así como parece ineludible hablar en una charla de educación sobre inteligencia artificial, lo mismo ocurre con pensar en cuáles son las habilidades y competencias necesarias en un mercado educativo y laboral de este presente y futuro cercano.

“Me parece que es importante mantener ventaja competitiva. Mi respuesta va a ser economicista por formación, pero es importante mantener la ventaja”, tomó la palabra Darío Judzik. Y agregó: “Buscar hacer las cosas que a los algoritmos, a los avances tecnológicos les va a costar mucho más aprender; no digo que no los vayan a aprender, digo que les va a costar más aprenderlo, pero lo van a aprender o más lento de otra manera. Ahí apuntaría mucho a creatividad. Creo que las STEM famosas clásicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están virando hacia STEAM”.

“Cuando yo iba a la escuela en los 80, plástica o dibujo parecían prácticamente recreo. Creo que hay que revitalizar y recategorizar todas esas disciplinas como algo curricular central, como la lengua y la matemática. Me parece que la creatividad, el diseño, el pensar diferente, van a ser unas competencias muy importantes”, aseguró. Y a esto se suma la importancia del pensamiento crítico, la capacidad de manejar proyectos y equipos y el juicio moral.

Por su parte, Mariano Yacovino de Microsoft Argentina, quien es siempre un referente en los seminarios de Ticmas, planteó la importancia de considerar tres aspectos: “Hay una parte que sigue siendo el conocimiento o entender las ciencias duras, la parte de lo que es obviamente la alfabetización digital, entender una planilla de texto o un Excel como conocemos habitualmente y también cómo funciona un algoritmo, no digo saber crearlo, pero sí por lo menos entenderlo. Ese es un aspecto”.

“El otro es el aspecto humano, el espíritu crítico, saber discernir entre una respuesta correcta o una errónea que nos pueda dar la inteligencia artificial, por ejemplo. También la capacidad de saber preguntar. Hoy no es tan necesario saber las respuestas, sino saber cómo preguntar y qué preguntar. Entonces, espíritu crítico, empatía es otra capacidad que por ahí no estamos acostumbrados a estudiarla en el colegio, el trabajo en equipo y muchas veces en una organización, el ambiente laboral. Saber trabajar en equipo es tan importante como el trabajo como individuo”, enumeró.

Y destacó: “Otro aspecto también importante es la capacidad que tenemos nosotros como humanos de crear. Si bien hay ciertas cosas que las máquinas van a automatizar y lo van a hacer bien, pero hay ciertas cosas que no; y ahí es donde está el el factor humano como preponderante. Otra habilidad es el hablar en público. ¿Cuántas veces vemos a chicos que en el colegio o en una charla no saben cómo hablar al público? Son esas capacidades que me parece que desde el entorno educativo tenemos que empezar a reforzar”.

Por último, Yacovino aseguró que es el momento de tomar conciencia de que “vamos a tener que aprender de por vida. Antiguamente uno estudiaba, iba al colegio, después a la universidad, hacía la vida de educación formal y con eso era suficiente. Hay algo que es constante, es el cambio y la evolución tecnológica, con lo cual me parece que eso está para quedarse”

Entender el contexto

“Voy a comparar las últimas dos grandes revoluciones que pasaron con la tecnología en los últimos 100 años”, señaló Martin Sanado y explicó: “Desde que salió la primera aplicación práctica de electricidad que fue el telégrafo, hasta que efectivamente se usó de manera masiva pasaron 50 años. Con Internet desde que sale la primera página web en 1991 hasta que se hace la primera compra online, que es más o menos en el 94 y hasta que se usa de manera masiva en los 2000 pasan entre diez y 15 años para que tengamos noción. En 2022 sale por primera vez una aplicación de inteligencia artificial generativa que se usa de manera masiva a gran escala. Hoy estamos en 2025”.

Una historia vertiginosa que marca el impacto en la vida cotidiana y laboral. “Me cuesta mucho encontrar una empresa en la cual sus empleados o la empresa no use a gran escala la inteligencia artificial. Entonces estamos en un tipo de cambio que no solamente cambia tecnológicamente muy rápido, sino que el nivel de aplicación y adaptación que requiere para las compañías es muy alto”, planteó Sanado y destacó que lo que hoy se busca es “la curiosidad, es decir las ganas de aprender” “y la adaptación al cambio”.

Sanado reflexionó: “Es muy probable que la amplia mayoría de nuestros trabajos cambie muchísimo en los próximos años. Entonces tenemos que estar muy preparados para poder adaptarnos”.

Generación silver

Se habla de la importancia de que los niños y jóvenes estén preparados para usar la tecnología de forma crítica, pero qué ocurre con esa gran masa laboral y de profesionales de más de 50 años que deben atravesar esta revolución.

“Creo que en primer lugar, generalmente son personas que están súper abiertas a implementar y hacer cosas nuevas. Creo que no es una cuestión solamente generacional, de que las generaciones más jóvenes están y ya vienen con el celular y ya vienen con inteligencia artificial y ya quieren hacer cambios, sino que muchas veces son impulsados de arriba para abajo estos cambios”, destacó Sanado.

Y agregó: “La experiencia es súper relevante acá, porque hay un montón de consideraciones éticas de responsable de seguridad, de uso de la inteligencia artificial que inevitablemente requieren de experiencia. No es tan importante entender cómo funciona todo, sino que es importante saber qué voy a preguntar”.

Por su parte, Mariano Yacovino destacó que de acuerdo al último informe publicado por UNICEF y UNESCO sobre la situación de Argentina los más jóvenes ya se encuentran utilizando inteligencia artificial en su aprendizaje.

Y destacó: “El año pasado hicimos una encuesta en conjunto con LinkedIn, donde hablaba de que el 67%, casi 70% de los líderes no contrataría a personas que no tengan conocimientos en inteligencia artificial. Con lo cual digo, desafortunadamente para los que tenemos una determinada edad ya no es una opción aprender o no aprender algo”.

Darío Judzik reflexionó: “Todo esto va a requerir un montón de flexibilidad cognitiva; una capacidad de adaptación y versatilidad, en cuanto a lo que uno sabe hacer y este es un punto no menor. Ya es un momento en que son mucho más importantes las competencias que los conocimientos”. Y destacó la importancia no solo de hablar del uso sino de para qué y cómo se utiliza la IA.

IA en el ámbito de gobierno y público

“En primer lugar, detecto curiosidad. Detecto ganas de hacer algunas cosas. Algunos gobiernos, sobre todo a nivel provincial. En Argentina han avanzado con algunas aplicaciones, algunas cuestiones. El gran problema acá es que para entrenar un buen algoritmo de inteligencia artificial necesitas datos y en muchos aspectos, el sector público todavía no ha organizado correctamente su estructura de datos. Basta ver que para hacer un trámite te piden una fotocopia del DNI, que es un documento que el propio sector público te dio a vos”, planteó Judzik.

Y agregó: “Recordemos que las alucinaciones en parte tienen que ver con la mala calidad de datos. Entonces, la calidad del output tiene que ver con la calidad del input y los sectores públicos no van a avanzar con cosas piolas si no tiene una buena calidad y una buena estructura organizada de datos”.

Por su parte, Mariano Yacovino destacó que en el sector público y el gobierno se utiliza la IA de forma interna y externa. “Interna para mejorar la productividad de los empleados de gobierno y externa es de cara al ciudadano”, señaló y puso como ejemplo el bot que utiliza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto donde agregaron inteligencia artificial generativa para la Secretaría de Turismo.

“Lo que más tiempo llevó es la categorización; esto evitar que tenga alucinaciones o que tenga respuestas inadecuadas políticamente”, planteó Yacovino y remarcó la importancia de la seguridad y los leaks que pueda haber de información sensible al hacer un mal uso de la IA.

Abrazar la IA desde la ética

En el mundo educativo sigue siendo un revuelo, pero ¿cómo toman las empresas la llegada de la inteligencia artificial? “Yo creo que hoy en día hay tanto entusiasmo por la inteligencia artificial generativa, que es casi una obligación empezar a usarla. Y de hecho muchas veces surge que en las empresas son los empleados los que primero la empiezan a usar. Entonces el empleado le empieza a exigir a la empresa que eventualmente incorpore herramientas de inteligencia artificial”, planteó Sanado.

E incluso mencionó que hay muchas empresas que ofrecen las herramientas de IA como beneficio.

“Uno de los grandes problemas de los mercados de trabajo es el matching entre oferta y demanda de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos en una economía tenés gente desocupada que quiere trabajar y tenés en las empresas puestos vacantes que no se rellenan”, analizó Judzik y señaló: “Esto sucede porque hay muchísima asimetría de información entre las personas” y planteó la importancia de poder tomar “la huella digital” que solemos dejar a lo largo de nuestra vida para ir más allá de un CV o una entrevista laboral.

Los tres especialistas coincidieron que la inteligencia artificial es una herramienta con sesgos, oportunidades y riesgos que hay que saber identificar. Se trata de salir de lo binario del uso o no uso, para repensar seriamente cómo nos ayuda y crea nuevos desafíos.

“Una charla fascinante”, cerró Patricio Zunini y los presentes aplaudieron con un clima de reflexión, interés y ganas de seguir aprendiendo.

Es probablemente el cambio más drástico que está atravesando la sociedad argentina: en los últimos diez años, la natalidad cayó 41% a nivel nacional. En 2023 hubo 460.902 nacimientos, en comparación con los 777.012 de 2014. Es una tendencia que se replica en América Latina –y que ya se dio en Europa–, pero que en Argentina se registra de manera más acelerada que en países vecinos.

El fenómeno tiene múltiples implicancias de cara al futuro –en el mediano plazo, plantea un desafío crítico para el sostén económico de una población cada vez más envejecida–. Por lo pronto, la caída de los nacimientos ya se siente en el sistema educativo, con una reducción de la matrícula, primero en el jardín de infantes y ahora también en la primaria. Desde 2014, la cantidad de alumnos de sala de 5 cayó 8% sin que bajara la tasa de cobertura.

En los próximos años se espera un fuerte descenso en la matrícula escolar, según el informe Natalidad y demanda educativa del Observatorio de Argentinos por la Educación. Los expertos señalan que este fenómeno puede ser una “oportunidad” para mejorar la calidad educativa sin necesidad de invertir más recursos. Sin embargo, que esa oportunidad se haga efectiva depende de cómo se reorganicen los sistemas educativos. Esta semana, la Universidad Di Tella y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un seminario para poner el foco sobre este desafío.

“La reducción casi a la mitad de la matrícula educativa potencial abre interrogantes sobre el sistema educativo y cómo asignar los recursos para lograr acceso, equidad e inclusión en un país donde la información más reciente alerta que 1 de cada 2 chicos de 3er grado no logra los niveles mínimos de comprensión lectora”, dijo Víctor Volman, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, a Infobae.

Según un estudio de Unicef, la caída de los nacimientos implica que en 2026 el sistema educativo podría ofrecer vacantes para todos los niños de 3, 4 y 5 años, sin necesidad de aumentar la inversión, sino apenas manteniendo la misma cantidad de vacantes que en 2023.

Para lograr esa meta, es necesario un trabajo fino de planificación para “reestructurar” y “relocalizar” la oferta educativa, y así asignar los recursos y los cargos docentes a las salas y jardines donde sean necesarios, según explica el informe de Unicef, elaborado por Leandro Bottinelli, profesor de UNTREF y UNIPE. Esas estrategias incluyen alternativas como extender la jornada escolar, abrir nuevas salas, fusionar salas existentes, reducir la cantidad de alumnos por docente o reasignar funciones a algunos docentes (por ejemplo, como tutores), entre otras opciones.

“El problema con el que nos enfrentamos implica un desafío de planificación en el mediano plazo”, señaló Bottinelli en el seminario de UTDT y BID, titulado “Gestión de la educación y de los servicios sociales en un contexto de cambio demográfico”. El especialista planteó que ese trabajo debe comenzar por el jardín de infantes –dado que es el nivel donde primero impacta este fenómeno–, y que debe hacerse con una mirada “muy atenta a lo territorial” porque “si bien la caída de la natalidad es transversal, no se da por igual en todos los lugares”.

El impacto en las aulas

El descenso en la cantidad de nacimientos se registra en todo el país y se aceleró a partir de 2016, por lo que el impacto en la sala de 3 comenzó a registrarse en 2019. El primer año de la pandemia, 2020, marcó una caída récord (-14,7% interanual), que se sostuvo en los años siguientes, con particular fuerza en 2022 (-6,5% con respecto a 2021) y 2023 (-6,9%). En la última década, jurisdicciones como CABA, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego tuvieron caídas mayores al promedio nacional.

¿Cómo se están reorganizando los sistemas educativos para poder convertir este escenario en una oportunidad para mejorar la inclusión y la calidad educativa? Las experiencias de distintas provincias coinciden en resaltar el rol crucial del planeamiento estatal –en el presente y con perspectiva de futuro– para optimizar los recursos, así como la necesidad de una mirada atenta a la diversidad de realidades territoriales: la tendencia no es igual en todas las provincias, ni al interior de sus respectivos distritos.

En ese sentido, Bottinelli advirtió que la inacción implica dos riesgos: por un lado, la “ineficiencia o mal uso de los recursos públicos” en un escenario en el que la demanda educativa –es decir, la cantidad de estudiantes– está cambiando de manera vertiginosa. El otro riesgo crítico, para Bottinelli, es que “los recursos públicos actuales se perciban como ociosos y el sistema educativo los pierda en manos de otros sectores”.

En la provincia de Buenos Aires, que nuclea al 40% de los estudiantes del país, los nacimientos se redujeron casi a la mitad: pasaron de 290.000 en 2015 a 150.000 en 2024, según datos provinciales. El impacto en la matrícula empezó a sentirse con fuerza a partir de 2021, este año llegó a tercer grado y en 2028 repercutirá en las aulas de secundaria. Una de las medidas prioritarias del gobierno provincial es la ampliación de la cobertura de sala de 3, que actualmente tiene un 84% de tasa de matrícula.

En septiembre de 2024, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció un proyecto de ley para que la sala de 3 años sea obligatoria –a nivel nacional, la obligatoriedad comienza a los 4 años–. En noviembre el proyecto fue presentado en la Legislatura provincial, pero desde entonces la discusión no avanzó.

Entre las prioridades, desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) de PBA, encabezada por Alberto Sileoni, explicaron a Infobae que están trabajando en expandir la cobertura del nivel inicial con especial foco en los chicos de 2 y 3 años, conformando por ejemplo “salas multiedad” y reasignando algunos cargos docentes. Además, el gobierno provincial está avanzando en la construcción de nuevos jardines, la extensión de la jornada escolar en nivel inicial y la ampliación de salas maternales, sobre todo en contextos vulnerables.

Mejorar las “condiciones de escolaridad” –por ejemplo, con grupos de menos alumnos por docente– y “reducir las desigualdades” son dos cuestiones clave que mencionó Diego Born, subsecretario de Planeamiento de la DGCE, en el seminario en la Universidad Di Tella. Born destacó la necesidad de optimizar la asignación y gestión de recursos para poder intervenir sobre las profundas asimetrías que existen entre el conurbano y el interior de la provincia, pero también dentro del propio conurbano, donde algunos distritos del segundo cordón tienen escuelas en condiciones de hacinamiento, mientras otros ya sienten la reducción de la matrícula.

“El análisis territorial es clave”, consideró Born, en una definición que fue compartida por los funcionarios de otras jurisdicciones. Y agregó que, ante el nuevo escenario que genera la caída de la natalidad, “la transformación del sistema educativo requiere de la planificación estatal con la participación de la comunidad educativa”.

Aunque el mayor foco está puesto en el nivel inicial –donde el fenómeno ya impacta de lleno–, Born también señaló que el envejecimiento de la población requerirá mejorar la productividad de las personas económicamente activas y, en ese sentido, resaltó la necesidad de garantizar que los adultos jóvenes terminen la escuela secundaria. A nivel nacional, 12 millones de adultos no tienen título secundario, según los datos oficiales.

Una oportunidad para ampliar el jardín

En la Ciudad de Buenos Aires la caída de la natalidad fue del 45% en diez años, también por encima del promedio nacional: se pasó de 45.280 nacimientos en 2013 a 23.988 en 2023. La reducción fue mayor en la zona sur (-55,5%) que en el centro y en el norte de la ciudad. El impacto en la matrícula de 4 y 5 años empezó a acelerarse a partir de 2019, y para 2028 las autoridades proyectan una caída del 34% con respecto a 2023 en la cantidad de niños en primer grado.

En CABA la cobertura de las salas de 3, 4 y 5 años está universalizada, según la información oficial, pero este año tampoco hubo lista de espera para la inscripción en sala de 2. Por eso, según explicaron las autoridades, el foco está puesto en las salas de 1 año y lactarios: en 2024 se “refuncionalizaron” más de 70 salas 4 y 5 años para convertirlas en salas de 1.

En el Ministerio de Educación a cargo de Mercedes Miguel también están avanzando en la extensión de la jornada en el nivel inicial, reconvirtiendo los jardines de jornada simple en jornada completa. Actualmente el 50% de la matrícula de los jardines estatales porteños asiste a doble jornada, según informó Inés Cruzalegui, subsecretaria de Gestión del Aprendizaje de CABA, en el seminario en la UTDT.

Entre las prioridades que se definieron en CABA, Cruzalegui también mencionó la “mejora de las condiciones pedagógicas para potenciar los aprendizajes”. En ese sentido, afirmó que están trabajando en concentrar las salas anexas (los llamados “JINes”) en las sedes centrales de cada jardín, así como en ampliar y fortalecer las “figuras de apoyo a la inclusión y acompañamiento a las trayectorias”, por ejemplo reasignando roles a algunos docentes.

Además, la funcionaria recordó que actualizaron los diseños curriculares de sala de 4 y 5 años en el marco del plan Buenos Aires Aprende para poner más énfasis en los “aprendizajes fundacionales” de Lengua y Matemática y en el “bienestar socioemocional” de los chicos. También explicó que desde el ministerio están dando apoyo técnico y acompañamiento a las escuelas privadas para que reconfiguren su oferta, dado que la caída de la matrícula puede poner el riesgo la viabilidad económica de algunas instituciones.

En Córdoba una de las prioridades centrales es avanzar con la universalización de la sala de 3, abriendo salas nuevas y reconvirtiendo otras para ajustarlas a la demanda, según explicó Gabriela Brandan, directora General de Planeamiento del Ministerio de Educación cordobés, en el seminario de la UTDT y el BID. La planificación se apoya fuertemente en el sistema provincial de información nominal, que cubre a todos los estudiantes, indicó la funcionaria. Actualmente, la provincia tiene tasas de cobertura del 99% en las salas de 4 y 5, mientras que 7 de cada 10 chicos de 3 años asisten a jardines de infantes o maternales.

Según explicó Brandan, desde el ministerio encabezado por Horacio Ferreyra están trabajando con tres escenarios alternativos: primero, la “apertura de nuevas salas de 3 en municipios densamente poblados”; segundo, la reorganización de la oferta actual en ciertos jardines (por ejemplo, la reconversión de algunas salas de 5 en salas de 3) “para aprovechar la infraestructura y los recursos existentes”; tercero, la “apertura de secciones múltiples para garantizar el acceso” en algunos distritos con baja densidad de población, como los rurales.

Brandan enfatizó “la centralidad del nivel inicial como primer eslabón de los procesos de alfabetización” y, en ese sentido, subrayó que el foco provincial está puesto “no solo en cuántos chicos acceden, sino también en cuánto aprenden, es decir, en la calidad de las propuestas pedagógicas”. También mencionó que están evaluando la extensión de la jornada en el jardín de infantes (hoy es de 4 horas) y en el primer ciclo de primaria (5 horas), para equipararla con el horario del segundo ciclo de primaria (6 horas).

En Mendoza están trabajando en “fortalecer, articular y regular todas las acciones orientadas a la primera infancia”, según dijeron a Infobae desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a cargo de Tadeo García Zalazar. En esa línea, una de las acciones centrales fue la incorporación de todas las salas de 3 a la órbita del sistema educativo provincial.

El gobierno mendocino se puso como objetivo universalizar la sala de 3 para 2027. Según informaron desde el ministerio, en 2024 abrieron 63 salas de 3 años y 59 plurisalas (o salas “multiedad”) en toda la provincia, y para 2025 sumaron 107 salas de 3 y 89 plurisalas. Además de los jardines, en Mendoza hay 458 Centros Educativos de Primera infancia (CEPI), que dependen de los municipios. Junto con la expansión del acceso, desde el gobierno provincial destacaron que, con apoyo del Banco Mundial, están trabajando con un programa de Nutrición del Lenguaje destinado a la primera infancia; este año abarcarán todas las salas de 2 años.

Los especialistas advierten que la caída de la natalidad plantea el desafío de aprovechar la información para un mejor planeamiento y asignación de los recursos públicos. “Muchas veces hay un abismo entre tener acceso a la información y la posibilidad real de usarla para fortalecer la planificación de políticas educativas”, planteó Tamara Vinacur, especialista en Educación del BID. Y destacó que, ante un fenómeno como este, resulta clave “el uso de la evidencia para tomar decisiones de política educativa”.

Por su parte, Mariano Narodowski, director del área de Educación de la UTDT, subrayó la necesidad de contar con “teoría” que permita interpretar los datos disponibles y resaltó que “la caída de la natalidad no fue una decisión de la política o de los Estados sino que tiene que ver con cambios culturales, sociales y económicos que se replican en todo Occidente”. En ese sentido, Narodowski señaló que “la política pública ahora tiene que resolver desafíos que no fueron generados por la política, sino por la demografía”.

En el mes de marzo, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei que elabora la Universidad Torcuato Di Tella sufrió una baja del 5,4% respecto del mes anterior. “El ICG de marzo resultó de 2,42 puntos. En términos interanuales, el índice tuvo una variación negativa del -5,5%. El nivel de confianza actual es 4,5% mayor al de la medición de marzo 2017, durante el segundo año de gobierno de Mauricio Macri, y 35,7% mayor al de la medición de marzo 2021, durante la gestión de Alberto Fernández”, según se informó desde la casa de altos estudios.

La variación del Indice respecto de febrero fue positiva en solamente uno de sus cinco componentes: la Preocupación por el interés general (2,16 puntos, 11,1%). Por otra parte, la variación del ICG respecto de febrero fue negativa en: la Capacidad para resolver los problemas del país (2,85 puntos, -5,5%); en la Honestidad de los funcionarios (2,62 puntos, -5,4%); la Eficiencia en la administración del gasto público (2,36 puntos, -11,1%); y, por último, en la Evaluación general del gobierno (2,13 puntos, -12,2%).

El sondeo se efectúa desde noviembre de 2001 a través de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella.

En marzo, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, en el segmento compuesto por jóvenes de entre 18 a 29 años, entre quienes viven en el interior -en comparación con quienes residen en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires-, entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria, entre quienes dicen no haber sido -ellos o sus familias- víctimas de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual.

El ICG de la gestión Milei se encuentra con su cuarta caída mensual consecutiva en el mes de marzo de 2025. Asimismo, la caída de -5,4% en el nivel de confianza es la tercera en orden de magnitud de toda su gestión, superada por los ajustes de confianza mensuales de enero 2024 (-8,7%) y septiembre 2024 (-14,8%) respecto de sus meses anteriores.

El Gobierno libertario no enfrentaba un nivel de confianza inferior a su promedio del período desde la medición de octubre de 2024. Si se analizan los promedios de nivel de confianza, la media de confianza para Milei en estos 16 meses de gobierno se encuentra en 2,53 puntos, por debajo de la media de la gestión Macri para el mismo período (2,63) y por encima del promedio de Alberto Fernández (2,29).

Si se tiene en cuenta la edad de los encuestados, el mayor apoyo al Presidente se sigue registrando en la franja de jóvenes que tienen entre 18 y 29 años. En ese segmento el ICG de marzo fue de 2,56 puntos, con una caída del 7,9%. Le siguen el que está conformado por personas de entre 30 a 49 (2,40 puntos, con una disminución del 5,1%) y el segmento conformado por personas mayores de 50 años (2,39 puntos, con una variación negativa de 5,5%).

El análisis por zonas geográficas arroja que quienes residen en el Interior son los que mejor valoración tienen del oficialismo (2,60 puntos, con una disminución del 3,3%), mientras que después se ubican quienes residen en CABA (2,36 puntos, con una caída del 8,9%) y, por último, los residentes del GBA (2,07 puntos, con una variación negativa del 9,6%).

Quienes mejor evaluaron la gestión mileísta, al igual que había ocurrido en los meses anteriores que se llevó a cabo la medición, son aquellos que consideran que la situación económica mejorará dentro de un año (4,19 puntos, con un crecimiento del 2,4%). Entre quienes creen que esa situación se mantendrá igual o que empeorará, se mantuvo sin variación (2,28 puntos y 0,48 puntos, respectivamente).

La encuesta, de manera telefónica, se realizó entre el 5 y el 14 de marzo y abarcó a 1.000 casos en 42 ciudades del país, de una población general mayor de 18 años, residente en ciudades de más de 10.000 habitantes.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei disminuyó en febrero un 1,8% respecto del mes anterior según el informe que elabora periódicamente la Universidad Di Tella. En términos interanuales, el indicador tuvo una variación negativa del -0,6% de acuerdo al sondeo que desde noviembre de 2001 realiza la casa de altos estudios a través de su Escuela de Gobierno.

“El ICG de febrero fue de 2,56 puntos, con una disminución de 1,8% respecto al mes de enero de 2025. El nivel de confianza actual es 8,9% mayor al de la medición de febrero 2017, al principio del segundo año de gobierno de Mauricio Macri, y un 40,8% mayor al de la medición de febrero 2021, durante la gestión de Alberto Fernández”, informaron desde la Universidad.

La variación del ICG respecto de enero fue positiva en uno de sus cinco componentes: la Eficiencia en la administración del gasto público (2,65 puntos, 1,9%). Por otra parte, la variación del ICG respecto de enero fue negativa en los otros cuatro que se evaluaron: la Capacidad para resolver los problemas del país (3,02 puntos, -1,0%); la Honestidad de los funcionarios (2,77 puntos, -1,1%); la Evaluación general del gobierno (2,42 puntos, -3,0%); y, por último, en la Preocupación por el interés general (1,94 puntos, -7,2%).

La gestión de Milei se mantiene por encima de su nivel de confianza promedio de 2,53 durante su mandato, aunque apenas por un 0,3%. La medición de febrero 2025 casi replica el nivel de confianza de febrero 2024. La diferencia entre el valor máximo y mínimo del ICG en el período diciembre de 2023 a febrero de 2025 es de 0,7 puntos.

La mayor disminución en la confianza, al igual que lo registrado en meses anteriores, fue mayor entre los hombres (2,70 puntos, con una variación negativa del 1,8%) que entre las mujeres (2,44 puntos, con una disminución de 0,8%).

El ICG tuvo disminución entre los jóvenes y también en el rango etario de mayor edad. Fue mayor la baja en el segmento integrado por jóvenes de entre 18 a 29 años (2,78 puntos, con una caída del 4,5%) y también en que conforman las personas mayores de 50 años (2,53 puntos, con una variación negativa de 4,5%). En cambio, entre las personas de entre 30 a 49, el índice alcanzó los 2,53 puntos, con un aumento del 2,4% respecto de enero.

Si se analiza por zonas geográficas, la confianza en el líder libertario subió entre quienes viven en el interior (en comparación con quienes residen en CABA y en GBA). Y también del análisis surge que mejoró entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria, entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual.

Entre quienes residen en el interior, la imagen de Milei alcanzó los 2,69 puntos, con una disminución del 5,3%, respecto del primer mes de este año. Luego se ubican quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,59 puntos, con un crecimiento significativo del 15,6%) y, por último, quienes residen en el Gran Buenos Aires (2,29 puntos, con un aumento del 1,8%).

Si se mide el nivel de instrucción, el ICG febrero registró su mayor valor entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria (2,72 puntos, con un aumento del 3,8%). “Le sigue quienes alcanzaron hasta la educación secundaria (2,43 puntos, con una disminución del 8,0%)”. Por último, se ubican quienes alcanzaron hasta la educación primaria (2,09 puntos, con una caída del 14,3%).

“La encuesta se realizó entre el 3 y el 13 de febrero y abarca a 1.000 casos en 40 ciudades del país”, de una población general mayor de 18 años, residente en ciudades de más de 10.000 habitantes.

Como parte de las actividades de cierre del año académico, la Universidad Torcuato Di Tella llevó a cabo la entrega de premios correspondientes a la Maestría en Derecho Tributario, en la que se distinguió tanto el mérito docente como el desempeño de los estudiantes que obtuvieron las máximas calificaciones durante el desarrollo del curso.

El evento se realizó en la sede de la universidad, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta 7350, en la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de celebrar la finalización del ciclo lectivo 2024. En esta instancia, se resaltó la calidad de los docentes y el compromiso académico de los alumnos de esta carrera de posgrado de cinco trimestres de duración, que fue aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) mediante una resolución emitida en agosto de 2016.

Los Premios al Mérito Docente 2024 se otorgaron a partir de una encuesta realizada entre los estudiantes al finalizar la cursada. En este ejercicio, los alumnos evaluaron a los profesores en función de su desempeño pedagógico y eligieron a quienes consideraron que ofrecieron la mejor calidad educativa. En esta edición, los galardonados fueron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el secretario de la Procuración General de la Nación, Pablo Revilla; y el secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, Mariano Braccia.

Durante el ciclo lectivo, el camarista Mariano Borinsky dictó junto con Diego Barroetaveña, también magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, una materia titulada “Fraude Fiscal”. Este curso aborda la problemática del derecho penal tributario y los delitos contra la seguridad social desde una perspectiva histórica, local e internacional. El enfoque combina teoría y práctica, incorporando el análisis de casos concretos y sentencias relevantes dictadas por la justicia federal y penal económica.

“La criminalidad económica presenta una complejidad que excede ampliamente a los casos tradicionales del Derecho penal. Esto se debe a que las operaciones financieras, mercantiles y económicas de cada país interactúan con este tipo de delitos. Para abordar estos casos, se requiere un conocimiento especializado en áreas como economía, finanzas y legislación”, señala el programa de estudios de la Maestría sobre la materia dictada por ambos magistrados del máximo tribunal penal del país.

La jornada en la sede universitaria incluyó también una clase magistral dictada por Eduardo Baistrocchi, Hernán Gullco y Agustina O’Donnell, quienes analizaron los planteos que propone la obra de la jueza O’Donnell titulada “Acceso a la información pública y secreto fiscal: ¿Es posible un secreto fiscal más democrático?”. Durante la presentación, los expositores reflexionaron sobre los desafíos actuales relacionados con el diálogo entre el acceso a la información pública, la confidencialidad fiscal y el principio de transparencia.

Finalmente, se realizó un reconocimiento especial a los alumnos Felipe Coronel de la Torre, Juan Manuel Francia, Jalhil Damus Pastorio y Agustín Estevez por haber obtenido las máximas calificaciones en la Maestría. Este posgrado está a cargo de Eduardo Baistrocchi como director académico, Celina Valls como directora ejecutiva y Elisa Lapolla como coordinadora general.

Las expectativas de inflación en la Argentina continúan mostrando señales de alivio, según el relevamiento mensual que realiza el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Di Tella. Los resultados indican una disminución generalizada en las percepciones inflacionarias tanto a nivel mensual como anual, un dato alentador que refuerza la idea de que las medidas económicas implementadas comienzan a tener efecto en la percepción de los ciudadanos.

De acuerdo con la encuesta, la inflación esperada para los próximos 30 días mostró una caída, con un promedio del 5,21%, en comparación con el 5,43% registrado en octubre. A nivel anual, las expectativas también retrocedieron. La inflación esperada para los próximos doce meses se ubicó en un promedio de 50,2%, una baja de más de tres puntos porcentuales respecto al 53,8% del mes anterior.

El análisis destaca que, en un entorno de incertidumbre económica, los encuestados encuentran más fácil proyectar la inflación mensual en lugar de hacer estimaciones a más largo plazo. Esto podría explicar la mayor precisión y tasa de respuesta en las preguntas relacionadas con el corto plazo.

Por otra parte, el informe destaca que la caída en las expectativas de inflación fue uniforme en todas las regiones analizadas, aunque con diferencias en los niveles de descenso.

• Ciudad de Buenos Aires (CABA): las expectativas anuales se redujeron de 61% en octubre a 53,8% en noviembre, lo que representa una caída significativa de 7,2 puntos porcentuales.
• Conurbano Bonaerense (GBA): en esta región, las expectativas bajaron de 57,7% a 55,4%, una reducción más moderada de 2,3 puntos porcentuales.
• Interior del país: se registraron las expectativas más bajas, con una inflación proyectada de 46,8%, cinco puntos porcentuales por debajo del 51,8% observado en octubre.

A pesar de esta mejora, el informe también señala la persistencia de desviaciones estándar elevadas en las tres regiones, un indicativo de que las percepciones inflacionarias entre los ciudadanos siguen siendo heterogéneas.

Expectativas, según nivel socioeconómico

Un aspecto destacado del relevamiento es la reducción de las diferencias en las expectativas de inflación entre los hogares de distintos niveles socioeconómicos, medidos según su nivel educativo.

En noviembre, la brecha entre las percepciones inflacionarias de los hogares con mayores y menores ingresos se redujo a 1,3 puntos porcentuales, una caída notable frente a los 6,7 puntos registrados en septiembre y los 3 puntos de octubre.

• Hogares de menores ingresos: la expectativa anual de inflación bajó de 52,6% en octubre a 49,3% en noviembre.
• Hogares de mayores ingresos: rn este grupo, la proyección pasó de 55,6% a 50,6%.

Aunque los hogares de mayores ingresos continúan proyectando una inflación levemente superior, el acercamiento en las percepciones sugiere una mayor uniformidad en las expectativas económicas.

Aunque el informe es estrictamente cuantitativo, el descenso en las expectativas inflacionarias que refleja la encuesta puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, las políticas monetarias y fiscales adoptadas por el Gobierno en los últimos meses parecen estar surtiendo efecto, especialmente en la percepción de los ciudadanos. Medidas como el control del gasto público, la reducción del déficit fiscal y la estabilidad del tipo de cambio oficial contribuyeron a generar un panorama más previsible. Y las expectativas hacia adelante también tienen que ver con lo que estuvo pasando en los últimos meses, donde se reflejó una sustancial baja de la inflación. El dato de octubre fue de 2,7%, el número más bajo de los últimos tres años.

Por otro lado, el mercado también mostró señales positivas. La estabilidad en los precios de los bonos argentinos y la baja del riesgo país dieron mayor confianza a los inversores, lo que podría estar influyendo indirectamente en las percepciones de la población.

Perspectivas futuras

Aunque los resultados son alentadores, aún queda un largo camino por recorrer. Las altas desviaciones estándar y la heterogeneidad en las respuestas reflejan que muchos ciudadanos siguen siendo escépticos respecto a la evolución de los precios. Además, muchos analistas advierten los riesgos de la actual política cambiaria sin reservas y la posibilidad de que la inflación pueda volver a subir si el Gobierno tiene que devaluar en algún momento. Por otra parte, aún resta actualizar los precios de los servicios públicos, lo que le podría volver a poner presión al Indice de Precios al Consumidor (IPC).

La confianza en la gestión del presidente Javier Milei creció por segundo mes consecutivo, de acuerdo al índice que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. En efecto, según el estudio, la valoración positiva respecto del rumbo de la administración del libertario creció un 9,86% respecto de octubre de 2024.

El trabajo consulta a un grupo de ciudadanos encuestados sobre la evaluación general del Gobierno, la eficiencia en la administración del gasto público, la honestidad de los funcionarios y su capacidad para resolver los problemas del país. Luego clasifica las respuestas en un rango de 0 a 5 puntos y elabora un promedio.

Del tradicional estudio resultó que en noviembre de 2024 el ICG para la gestión Milei fue de 2,66%, lo que representa - como se dijo - un crecimiento del 9,86% respecto del mes anterior. En términos interanuales, consigna el trabajo, registró una variación positiva de 88,7%.

En comparación con la proyección que obtuvieron Mauricio Macri en noviembre de 2016 y Alberto Fernández en noviembre de 2020, es decir, en el mismo mes del primer año de gestión, los resultados también son favorables a Milei, que obtuvo un índice de confianza 8,7% superior a Macri y 31,7% superior a Fernández, en la comparación.

El análisis que realiza el estudio de UTD detalla que el incremento mensual del ICG fue palpable en sus cinco componentes fundamentales, a saber:

• Preocupación por el interés general: 2,24 puntos (+9,3%).
• Evaluación general del gobierno: 2,46 puntos (+20%).
• Eficiencia en la administración del gasto público: 2,64 puntos (+12,1%).
• Honestidad de los funcionarios: 2,93 puntos (+7,9%).
• Capacidad para resolver problemas: 3,07 puntos (+3,2%).

Cada componente aportó a la percepción positiva general de la población hacia la administración actual.

“De igual modo que en meses anteriores, en noviembre el ICG fue considerablemente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,26 puntos, con un crecimiento del 5,7%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,29 puntos con una caída del 11,2%) o que empeorará (0,46 puntos, con una variación negativa del 11,5%)”, indica un fragmento del informe.

Así, cuando se desglosan resultados demográficos, se observa que el ICG fue mayor entre hombres, personas mayores de 50 años, ciudadanos del interior, individuos con educación superior, y aquellos que no fueron víctimas de delitos recientemente. A nivel de perspectivas económicas, quienes anticipan mejoras en la situación del país dentro de un año también reflejaron una mayor confianza.

De esta forma, el relevamiento de noviembre recuperación de la confianza en el gobierno de Javier Milei, en comparación con administraciones anteriores. Este aumento se distribuye de manera desigual entre diferentes segmentos de la población, reflejando una diversidad de tendencias y percepciones.

En términos de distribución geográfica, el informe muestra que en el interior del país se registró el valor más alto del índice (2,93 puntos, +11%), seguido por CABA (2,57 puntos, +13,2%) y GBA (2,16 puntos, +6,4%).

La recuperación, en tanto, contrasta con la misma evaluación realizada en el mes de septiembre, cuando había tocado su nivel mínimo desde el inicio del Gobierno. En esa oportunidad, la variación del ICG, en relación con agosto, fue negativa en sus cinco componentes.

Factores como la educación, la experiencia con delitos recientes, y las perspectivas económicas individuales juegan un papel crucial en la evaluación del gobierno, lo que sugiere áreas clave para futuras políticas públicas y estrategias gubernamentales.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores y abarcó a 1000 personas de distintas ciudades del país con más de 10.000 habitantes. Fue realizada mediante entrevistas telefónicas entre el 4 y el 14 de noviembre de 2024.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora todos los meses la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella -y que es consultada con especial interés por el círculo rojo- registró en julio una nueva caída, que profundiza la observada en el último período relevado. El ICG que ahora observa a la administración de Javier Milei se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional.

“El ICG de julio fue de 2,37 puntos, con un decrecimiento de 3,7% respecto al mes de junio de 2024. El nivel de confianza actual es 12,3% menor al de la medición de julio 2016, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri; y 6,2% menor al de la medición de julio 2020, al comienzo de la gestión de Alberto Fernández”, se explicó en una comunicación oficial.

Además, la Escuela de Gobierno de la universidad destacó que la variación del Índice de Confianza en el Gobierno respecto de junio fue positiva en sólo uno de sus cinco componentes: Capacidad para resolver los problemas del país (2,87 puntos, 2,2%). Mientras tanto, fue negativa en el resto de las variables relevadas: “En la Evaluación general del gobierno (2,05 puntos, -3,1%); en Preocupación por el interés general (2,05 puntos, -3,5%); en la Eficiencia en la administración del gasto público (2,16 puntos, -4,7%); y, por último, en la Honestidad de los funcionarios (2,72 puntos, -8,9%)”.

El informe que difundió la UTDT coincide con la observación de un período donde se combinaron en simultáneo aspectos económicos y políticos que complicaron al gobierno de Javier Milei. Desde un recrudecimiento de la inestabilidad financiera -con saltos en el dólar y aumento del riesgo país, y una caída de los bonos y acciones- a tensiones internas dentro del oficialismo. Más allá de la victoria de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal y la firma del Pacto de Mayo, los números del ICG están mostrando adversos al oficialismo.

Son resultados que contrastan con otros sondeos de opinión pública que se publican con regularidad. La diferencia de este informe que elabora para la Escuela de Gobierno la encuestadora Poliarquía es que se viene realizando con un muestreo estable desde el año 2001. En esta oportunidad, de acuerdo con la ficha técnica, el relevamiento se hizo sobre una muestra de 1.004 casos en 45 localidades de todo el país, entre el 1 de julio y el 11 de julio de 2024.

En el resumen del ICG se agregó que “en julio, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, entre los jóvenes que tienen entre 18 a 29 años, entre quienes viven en el interior (en comparación con quienes residen en GBA y en CABA), entre quienes alcanzaron hasta educación secundaria, entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual”.

“Comparando períodos de inicio de mandatos, el ICG actual presenta mayores niveles de estabilidad en el intervalo desde los inicios de gobierno hasta julio. La diferencia entre el valor máximo y mínimo de ICG en el período diciembre de 2023 a julio de 2024 es 0.49 puntos”.

Y comparó: “El rango del ICG, medido como la diferencia entre los valores máximos y mínimos en los primeros meses de la gestión Macri, comenzando en enero hasta julio, fue de 0,53 puntos. Este mismo rango de la gestión de Alberto Fernández fue de 1,07 puntos. Esto indica que el ICG mantiene una menor sensibilidad de cambio mensual respecto de los 2 períodos de inicio de gobierno que lo preceden, con una diferencia más pequeña con respecto al rango de Macri”.

El último estudio sobre el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) registró un incremento de 1.7 puntos respecto del último semestre del 2023 y es el mejor resultado desde el primer semestre del año pasado. De acuerdo a este informe, los más jóvenes son quienes tienen mayor confianza en la Justicia. Los datos reflejan que cuanto mayor es el nivel educativo, más confianza se tiene, según se informó

El ICJ es elaborado por la Escuela de Derecho Universidad Di Tella y la asociación civil Fores (Foro de estudios sobre la Administración de Justicia). Fue pensado como una herramienta para sondear en forma sistemática la confianza de la sociedad argentina en la Justicia. Se mide y publica en forma semestral.

A mayo 2024 arrojó un resultado de 49,2 puntos: el subíndice conductual 69,9 puntos y el subíndice perceptual 28,4 puntos. El subíndice conductual permite conocer el comportamiento que los encuestados manifiestan que tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral. Y el subíndice perceptual mide la opinión de los encuestados respecto de atributos que se esperan de la Justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad.

Según el género, el Índice Conductual muestra que las mujeres tienen más confianza en la Justicia que los varones. En cambio, en el Índice Perceptual, se puede observar una leve mayoría de varones con percepción positiva sobre honestidad de la Justicia.

Para establecer un índice de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices (conductual y perceptual) y tiene, al igual que ellos, una amplitud que varía entre 0 y 100. Para mayo 2024, el ICJ arrojó un resultado de 49,2 puntos: el subíndice conductual 69,9 puntos y el subíndice perceptual 28,4 puntos.

La presente medición es una continuación del ICJ que se llevó a cabo entre 2004 y 2011 y permite evaluar, en perspectiva, la confianza ciudadana en la Justicia. A tal fin, se compara el promedio del ICJ 2004-2011 (48,87 puntos) con el valor de noviembre 2023 (47,5 puntos).

Los analistas hicieron una evolución del subíndice conductual. Allí se refleja las respuestas de las personas encuestadas frente a situaciones hipotéticas que requerirían la intervención de la Justicia. Dichas situaciones son las siguientes: recibir un cheque sin fondos, un despido laboral y un divorcio. En noviembre de 2023 el 70,1% de los encuestados respondió que llevaría su caso a la Justicia o consultaría a un abogado. El promedio histórico 2004-2011 había sido 68,48%. En mayo de 2024, el subíndice conductual fue de 69,9%.

Por su parte, ante la consulta realizada a las personas encuestadas sobre los atributos de imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia, las respuestas fueron bastante más negativas en el mes de noviembre de 2023, cuando se arrojó a un resultado final de 24,8 puntos. El promedio histórico 2004-2011 había sido de 29,25 puntos. En mayo de 2024, en cambio, el subíndice perceptual fue de 28,4% lo que denota una leve mejora respecto de noviembre 2023 y una mayor cercanía con el promedio histórico.

Lo que las personas están dispuestas a hacer en situaciones concretas en las que tendrían la opción de requerir la intervención judicial (subíndice conductual), se encuentra lejos de la imagen que ellas mismas manifiestan tener de la Justicia como institución (subíndice perceptual). Allí reside el valor del subíndice conductual, ya que, aun cuando las personas puedan tener una percepción general negativa de la Justicia, alrededor del 81% de los encuestados afirman que, ante un conflicto jurídico, acudirían a un/a profesional del derecho para que su caso sea llevado a la Justicia.

La foto de mayo 2024 indica que el 88% de las personas entrevistadas considera que la Justicia es poco o nada confiable respecto del principio de igualdad ante la ley. Se hace notar que las respuestas “nada confiable” se han reducido comprado con noviembre 2023 (del 32 bajaron a 24) pasando al segmento “poco confiable” (de 56 en 2023 a 64 para 2024). Por su parte, en términos de honestidad y honradez de la Justicia, el gráfico muestra que el 90% de los consultados considera que la Justicia es poco o nada confiable, frente al 8% que considera que sí lo es.

Separadamente, dice el informe, resulta relevante destacar la opinión de la ciudadanía sobre la eficiencia y la capacidad de gestión de la Justicia. Ello, debido a que, en gran medida, esta pregunta permite conocer la percepción ciudadana respecto del acceso a la Justicia y la prestación efectiva del servicio de justica a nivel país. Al segmentar el análisis de los datos, se observa que el 91% de las personas entrevistadas percibe a la Justicia “nada” o “poco confiable” en términos de capacidad y eficiencia. Sin embargo, si se discriminan las respuestas por nivel de educación, se observa que la respuesta “nada confiable” es más baja cuanto más es el nivel educativo de las personas entrevistadas.

Asimismo, al observar las zonas geográficas que habitan quienes fueron entrevistados, dentro de un conjunto de resultados bajos, CABA muestra los niveles de confianza más altos en lo que respecta a la capacidad y la eficiencia de la Justicia (“bastante confiable” 9% y “muy confiable” 5%).

Finalizadas las preguntas concretas que componen el ICJ, se indagó si la persona entrevistada efectivamente había participado en algún procedimiento judicial en los últimos tres años. En esta oportunidad, el porcentaje de participación en la muestra resultó bajo (14%). Sin embargo, los valores totales que componen el ICJ han sido bastante similares. Un dato que llama la atención: hay una consideración un poco más positiva de la Justicia de quienes sí participaron en un procedimiento judicial en ambos subíndices.

¿A quién le importa la educación en Argentina? Esa fue la pregunta que reunió al director ejecutivo senior de Accenture, Sergio Kaufman, y a la periodista especializada Luciana Vázquez en la segunda conferencia del Ciclo Somos Directores 2024, organizado por el área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) con apoyo de Infobae, Revista Colegio y Fundación Varkey.

Mariano Narodowski, director del área de Educación de la UTDT, inició la conferencia señalando que, como planteó en su libro El colapso de la educación, ante la pregunta del “círculo rojo” –periodistas, políticos, empresarios y sindicalistas– sobre cómo resolver “el problema de la educación”, antes de tener una respuesta técnica es necesario tener una respuesta política y lograr un consenso en la dirigencia. La conversación entre un dirigente empresario y una periodista, ambos de larga trayectoria y compromiso con la educación, fue planteada precisamente para ayudar a pensar este tema.

Luciana Vázquez, profesora de Letras (UNLP) y Executive MBA (IAE) y columnista de La Nación, destacó que, actualmente, no hay tantas oportunidades para hablar de educación en Argentina, excepto en momentos de especial interés, como cuando se realizan paros docentes o las pruebas PISA. Planteó, además, que el título de la conferencia –”¿A quién le importa la educación en Argentina?”– presentaba una pregunta inquietante porque tenía implícita la idea de que hay quienes no se interesan por la educación. Si la educación realmente importa, dijo, cabe preguntarse a quiénes y a cuántos les importa. Y si es a muchos, entonces hay que pensar por qué necesitamos plantearnos esta pregunta.

A continuación, brindó una serie de datos sobre varios problemas que desde hace años afectan al sistema educativo en todos sus niveles, cuya persistencia podría desmentir la idea de que a la sociedad y a la dirigencia les preocupa la educación, aunque las familias valoran la educación obligatoria de sus hijos y muchos chicos desean seguir estudiando al terminar el secundario. El crecimiento de la matrícula privada (que representa el 34% de la matrícula total a nivel nacional) y la reciente movilización por el presupuesto universitario pueden verse como indicios de esta valoración. Por otro lado, los problemas de terminalidad en el secundario, las bajas tasas de graduación universitaria y los bajos resultados de aprendizaje evidenciados por las pruebas PISA en comparación con otros países de la región evidencian problemas importantes.

Sergio Kaufman, ingeniero industrial (UBA) y director ejecutivo senior de Accenture, contó que se formó en escuelas y universidades públicas con las que se mantiene en relación. A su vez, por su trabajo está en contacto con jóvenes graduados de países con sistemas educativos y culturas sumamente diversas. Esto se refleja en cómo las familias preparan a sus hijos para el ingreso a la educación obligatoria y en la conciencia que tienen acerca de cómo el desempeño escolar puede limitar la libre elección de carreras y universidades a las que podrán acceder al finalizar la escuela secundaria. Kaufman compartió algunas anécdotas para mostrar hasta qué punto lo que sucede en algunos países asiáticos o anglosajones difiere de lo que sucede en Argentina, donde si se realizara una encuesta, la mayoría contestaría que sí le importa la educación, aunque las prioridades efectivas no siempre acompañen este discurso.

Al respecto, Kaufman opinó que el tema de la búsqueda de excelencia (muy presente, por ejemplo, en Asia) tiene que ver con el peso entre el presente y el futuro, y lo individual y lo colectivo que se juega en cada sociedad. Mientras en Asia el peso está puesto en el futuro y cómo este depende de la educación, en países como Argentina, donde las urgencias son apremiantes, muchos graduados de universidades públicas y privadas que invirtieron tiempo y recursos estudiando en el país deciden que su futuro está en otro lado.

“Que tu talento, que es tu futuro como sociedad, se vaya” es muestra de una crisis muy grande, señaló Kaufman. Y expresó que Argentina está enfocada en lo individual y en el presente, lo que no permite invertir de la manera correcta en la educación y hace que un porcentaje de los que sí pueden invertir en ella, que son los que están mejor, se vayan al finalizar sus estudios. No obstante, señaló que la formación de los graduados argentinos sigue siendo de buena calidad en comparación con gente formada en otros países de la región. Entre otros temas, el director ejecutivo senior de Accenture también planteó la necesidad de contar con más graduados en disciplinas como matemática y tecnología.