La directora ejecutiva Lucía de la Vega anunció que el spot audiovisual lanzado constituye apenas el inicio de un despliegue más amplio. “Este spot que presentamos hoy es la primera acción. Vamos a seguir con talleres y acciones concretas en nuestras escuelas, en River y en los distintos clubes de barrio con los que trabajamos, para movilizar a las comunidades por la salud mental de chicos, chicas y adolescentes”, declaró en el evento de la Fundación River Plate realizado en el SUM ubicado a metros del Estadio Monumental.

La campaña parte de un diagnóstico alarmante: la soledad y el retraimiento, realidades cada vez más extendidas entre los adolescentes, suelen manifestarse sin advertencias explícitas. Fundación River Plate puntualizó que los pedidos de ayuda rara vez son directos; se expresan a través de silencios, cambios de conducta o desconexión. El concepto de la campaña, elaborado junto a Martín Mercado y la agencia Mercado McCann, traduce la dinámica futbolística —el llamado de “solo” y la respuesta inmediata de asistencia— a la vida cotidiana de los adolescentes. El fin es que cuando un niño o niña evidencia signos de aislamiento, quienes lo rodean respondan con acciones: hablarle, escuchar y no dejar pasar el momento.

La cita contó con el testimonio de Luciano de Cecco, referente del vóley nacional y medallista de bronce en Tokio 2020 con el seleccionado argentino, quien aportó un matiz humano al evento y relató cómo fue su lucha personal en los últimos años. “Yo no hablé. Cometí el error de no hablar antes. Seguí jugando, haciendo de cuenta que no pasaba nada. Pero hoy entendí que necesito de esa contención, de gente que me escuche y comunicar lo que me pasa. Hoy me despierto feliz, sabiendo que pude salir de un lugar horrible, un lugar al que no quiero volver nunca más”, describió el íconico deportista argentino.

Respecto a su historia personal, explicó: “Yo escribí una nota después de Tokio en la que dije que los deportistas no son robots, sino que la gente nos mira como si fuéramos. No ven lo que uno trata, lo que uno deja, lo que uno hace. Y bueno, a mí me tocó realmente fuerte. Es algo que se cultiva. Es algo que antes no se ve, pero es tangible, que nadie le presta atención, pero existe. El día que ganamos la medalla volvimos a Argentina, hice quince días de cuarentena y empecé como a sentirme solo, no tan entusiasmado porque habíamos ganado. Empecé a tener problemas para dormir, sueños y problemas relativos a suicidarme”.

A esto, sumó: “Yo seguí jugando, entrenando y compitiendo. Como que disimulaba que no tenía nada, no tenía ningún problema. Tenía miedo de dormir en la oscuridad, me dormía de día, tipo seis de la mañana, me dormía de seis a ocho y después volvía a entrenar. Entendí que hoy yo necesito de esa contención, necesito de la gente que me escuche. Hoy en día me siento una mejor persona y me siento mucho mejor. Lo que viví, digamos, quedó en el pasado, pero es algo que día a día me despierto y es un lugar donde no quiero volver”.

La iniciativa refuerza la misión institucional de la Fundación River Plate, que desde hace once años promueve la integración social a partir de programas educativos y deportivos. “Levantemos la mirada, para ver al otro y también para que nos vean. La salud mental es un tema del que debemos ocuparnos entre todos, a través del vínculo y del cuidado”, sintetizó Lucía De la Vega, al definir la impronta participativa de la campaña.

“Este spot invita a la acción. La primera versión de este video eran todos chicos vestidos de River o mucha simbología de River, y acá pensamos: ‘Hay que trascender solo nuestra camiseta, porque este no es un problema individual, este es un problema que tiene una salida colectiva’. Invitamos a todos los clubes que quieran adoptar esta campaña para trascender y mostrar desde el rol social que tenemos los clubes de fútbol en mostrarnos juntos para llegar a un mensaje con mayor impacto”, completó la directora ejecutiva.

La campaña “Una mirada cambia el partido” establece tres líneas de acción principales: un spot audiovisual con el fútbol como metáfora fundacional, contenidos digitales para redes sociales y una serie de talleres presenciales destinados a adolescentes, docentes y referentes de clubes y organizaciones barriales. Todos los materiales y recursos de acompañamiento estarán disponibles para ser implementados en distintos entornos, lo que permite su adaptación según las necesidades de cada comunidad de referencia.

La importancia de la intervención de los clubes y el rol estratégico de los líderes comunitarios fue ratificada por el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, y el vicepresidente segundo de River Plate, Ignacio Villarroel, presentes en el lanzamiento.

“Levantar la mirada, como propone esta campaña, también implica articular esfuerzos entre los gobiernos, las organizaciones sociales, el sector privado y los organismos multilaterales. La salud mental de los chicos y las chicas es una causa que nos involucra a todos, y los clubes son aliados estratégicos para llevar ese mensaje a las comunidades”, sostuvo Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, presente en el lanzamiento.

Desde el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, el acompañamiento a la iniciativa se enmarca en Banco Futuro, la alianza estratégica con UNICEF que busca movilizar 5.000 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de 50 millones de niñas, niños y jóvenes de la región.

Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate, remarcó el alcance colectivo de la propuesta: “Esta campaña apunta a un problema estructural y una respuesta colectiva. Y estamos convencidos de que los clubes tienen un rol fundamental en eso”. En el mismo sentido, el Oficial de Salud de UNICEF Argentina, Mariano Aizpurúa, definió: “La salud mental se construye en lo cotidiano, a partir de la escucha activa, el acompañamiento y el reconocimiento de las emociones. Promover el bienestar en la adolescencia implica fortalecer entornos que reconozcan señales a tiempo y garanticen condiciones para que pedir ayuda sea posible y accesible”.

El diseño de acciones concretas para escuelas, clubes y otros espacios institucionales forma parte de la hoja de ruta de la organización en materia de salud y bienestar adolescente, de acuerdo a la presentación oficial que realizó Fundación River Plate.

LAS FOTOS DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “UNA MIRADA CAMBIA EL PARTIDO” DE LA FUNDACIÓN RIVER

Si bien Argentina amplió significativamente el acceso al nivel secundario en las últimas décadas, el avance cuantitativo no fue acompañado de una actualización del modelo pedagógico.

Esto generó una nueva problemática: si bien la escuela secundaria presupone que todos sus ingresantes han completado el proceso de alfabetización, este es solo un supuesto.

Evidencia nacional

A partir de los resultados de las pruebas estandarizadas Aprender Primaria 6°, realizadas en 2023 y de los indicadores de promoción del nivel, UNICEF estima que 250.000 ingresantes al nivel secundario en Argentina no alcanzan dominios satisfactorios o avanzados en comprensión lectora.

De acuerdo al informe presentado por Steinberg, el 34% de los estudiantes de sexto grado de primaria se ubica en los niveles “por debajo del básico” y “básico” en Lengua (12% y 22%, respectivamente), frente a solo un 29% que alcanza el nivel avanzado.

Para este reporte también se analizaron “los dominios efectivos en lectura y escritura de estudiantes de primer año de secundaria, y el relevamiento de las percepciones de docentes, directivos, autoridades y equipos técnicos sobre el problema.”

Tucumán: diagnóstico con base empírica

El estudio más detallado disponible fue desarrollado en la provincia de Tucumán, en el marco de una colaboración entre el Ministerio de Educación de Tucumán, el INVELEC y UNICEF. La muestra incluyó 2.861 estudiantes de primer año de 58 escuelas secundarias.

Entre las cifras que preocupan se destaca que “Casi un 20% de los estudiantes que ingresan a la secundaria en Tucumán no puede leer de forma autónoma, y más de la mitad no logra realizar operaciones básicas de comprensión sobre textos continuos.”

En cuanto a la escritura se establece que “ El 14% de los estudiantes no realizó la consigna de escritura, no escribe por sí mismo, produjo escrituras no convencionales o textos de menos de nueve palabras.”

Durante la presentación, Steinberg compartió ejemplos reales de ejercicios de escritura de jóvenes con una caligrafía casi ilegible, o sin sentido, y comparable a la de los niveles iniciales.

Entre otros datos se destacó que “El 40% tuvo desempeño básico en ortografía (errores en cinco o más palabras), el 60% no utilizó signos de puntuación o los usó de manera inadecuada, y el 17% cometió errores de segmentación de palabras en dos o más oportunidades.”

Entender el por qué para accionar

El informe identifica un conjunto de problemas y causas que atraviesan los niveles e impacta de forma directa en el pasaje entre cada uno de ellos. En el caso del nivel primario se observa un ausentismo crónico y pedagogías interrumpidas que evitan la consolidación de aprendizajes fundamentales.

El puente entre primaria y secundaria es uno de los puntos críticos donde no se da un fluir esperado ya que la alfabetización no es completa en todos los casos. A esos se suma que “la formación disciplinar de los docentes y la fragmentación curricular dificultan consolidar lectura, escritura y comprensión de textos de manera transversal.”

Ante este diagnóstico, UNICEF Argentina desarrolló una estrategia de intervención articulada en dos componentes principales. La primera fue la constitución de una alianza técnico- política con la red UNICEF–UNESCO Argentina/Uruguay para instalar el problema en la agenda pública.

Además de trabajar con especialistas en el análisis de evidencia, el vínculo con la gestión pública es clave para el desarrollo de acciones concretas. Sus actividades incluyen la organización de webinars y seminarios regionales de formación e intercambio de buenas prácticas. El ciclo comprende ediciones en Argentina (2024), Uruguay (2025) y nuevamente Argentina (2026). En el marco de esta red, UNICEF y UNESCO publicaron tres documentos de referencia: un estudio cuantitativo sobre los casos de Argentina y Uruguay (Los desafíos en la lectura y la escritura en el ingreso a la educación secundaria), y estudios cualitativos separados para cada país.

En segundo lugar, se destaca la asistencia técnica a provincias en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento de aprendizajes en lectura y escritura, con foco en los ingresantes a la secundaria que no leen de forma autónoma o no escriben de forma convencional. Resulta clave en esta asistencia el rol de las familias durante el proceso de nueva alfabetización.

En el caso de Tucumán se implementó un programa piloto durante 2025 efectivo en 84 escuelas secundarias. El resultado más relevante fue la aplicación de pedagogías estructuradas con espacios de asistencia por fuera de las aulas lo que permitió que una proporción significativa de estudiantes sin dominio autónomo alcanzara el nivel esperado en solo cuatro meses.

El acceso a la toma de decisiones públicas por parte de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad podría tener ahora una nueva oportunidad, gracias a la creación de la Red Global para la Participación de las Niñeces – Dialogue Works 2.0.

Esta iniciativa internacional busca que las voces de las infancias sean escuchadas e incorporadas en los ámbitos donde se definen políticas y acciones que impactan de manera directa en sus vidas.

El proyecto, que reúne a organizaciones de Sudamérica, África y Asia, se propone articular esfuerzos y compartir experiencias para fortalecer la incidencia de niñas, niños y adolescentes en contextos marcados por la pobreza, la violencia, la exclusión educativa y la falta de espacios reales de participación.

En Perú, la implementación se realizará en Lima, Iquitos y Cusco, en coordinación con Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas.

Espacios para que la niñez sea escuchada

A pesar de que las políticas públicas suelen mencionar a la niñez, las opiniones de niñas, niños y adolescentes pocas veces son tomadas en cuenta de manera directa.

Dialogue Works 2.0 apunta a revertir esta tendencia, impulsando la creación de espacios donde puedan expresar sus puntos de vista, dialogar con autoridades y plantear propuestas para enfrentar desafíos como la violencia, la falta de acceso a la educación y la exclusión social.

Según Patricia Rivera, coordinadora en Perú por el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), la iniciativa busca pasar de la participación simbólica a una incidencia real en los procesos de toma de decisiones.

Las acciones incluyen la formación y el fortalecimiento de Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes (CAC), procesos educativos en derechos, liderazgo y comunicación, reuniones periódicas con autoridades y campañas lideradas por la niñez. De esta manera, se aspira a que la opinión de las infancias sea incorporada en decisiones sociales y políticas que afectan su presente y su futuro.

Datos que evidencian la urgencia

Más del 43% de niñas y niños en Perú vive en condiciones de pobreza multidimensional, con dificultades de acceso a educación, salud y servicios básicos.

El 25,8% de menores peruanos entre 5 y 17 años —más de 1,2 millones— trabaja, y en 2022 se reportaron oficialmente más de 10.000 casos de abuso infantil, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y las barreras para acceder a la justicia, según UNICEF.

En otros países participantes, los desafíos son igualmente severos. En Ecuador, el 36,5% de la niñez menor de 5 años vive en pobreza por ingresos. En Bolivia se registran las tasas más altas de feminicidio y violencia contra la niñez en Sudamérica.

En India, cerca de 1,17 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, mientras que en Zambia el abuso sexual antes de los 18 años afecta al 20% de las niñas y al 10% de los niños.

Una red que apuesta por el protagonismo infantil

La Red Global trabajará con 1.613 niñas y niños, 218 padres y tutores, y 2.630 personas de grupos institucionales en India, Perú y Zambia, además de otros países sudamericanos y asiáticos.

El objetivo es conectar experiencias y aprendizajes entre continentes, fortalecer la capacidad de incidencia pública de la niñez y construir herramientas comunes para influir en las políticas.

Lorena Alférez, coordinadora global del proyecto por Terre des Hommes Alemania, destacó que, más allá de las diferencias locales, los países involucrados comparten retos profundos vinculados a la pobreza, la desigualdad y la violencia.

“Fortalecer una red global no es solo intercambiar experiencias; es construir capacidades comunes para incidir mejor en las decisiones públicas”, señaló.

Para Adriana, adolescente peruana y delegada nacional de MANTHOC, “las personas adultas deben escucharnos de verdad, no solo cuando hablan de nuestros problemas, sino cuando toman decisiones sobre nuestra educación, seguridad, trabajo, comunidad y futuro”.

En el marco del Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y UNICEF México presentaron la segunda edición de “Infancias presentes, futuros posibles”, una iniciativa que busca fortalecer la participación de las infancias en los museos y reconocerlas como agentes activos dentro de la vida cultural.

La jornada principal se realizará el próximo 26 de abril, con la participación de 10 recintos culturales y una programación centrada en el juego, la exploración y la creación artística, beneficiando a más de 800 niñas, niños y jóvenes.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que integrar a las infancias en estos espacios es clave para reconocer sus derechos culturales, fomentar la inclusión y construir una cultura de paz desde edades tempranas.

¿Qué busca la iniciativa?

Esta colaboración entre el INBAL y UNICEF México tiene como objetivo:

• Promover la participación activa de niñas y niños en los museos
• Reconocer a las infancias como sujetos de derechos
• Impulsar espacios incluyentes, accesibles y formativos
• Fomentar el pensamiento crítico y la creatividad
• Fortalecer la ciudadanía y el diálogo colectivo

Museos participantes del INBAL

Los recintos que formarán parte de esta iniciativa son:

• Museo Nacional de Arte (MUNAL)
• Laboratorio Arte Alameda
• Museo Mural Diego Rivera
• Museo de Arte Moderno
• Museo Tamayo
• Galería José María Velasco
• Museo del Palacio de Bellas Artes
• Museo Nacional de San Carlos
• Museo de Arte Carrillo Gil
• Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Actividades destacadas para las infancias

La programación contempla 17 actividades culturales distribuidas en tres circuitos: Chapultepec, Centro y Sur. Algunas de las más relevantes incluyen:

• Recorridos guiados por niñas y niños, donde reinterpretan obras desde su perspectiva
• Talleres creativos como elaboración de fanzines, autorretratos y espacios colectivos
• Conciertos participativos con mediación artística y diálogo
• Experiencias sensoriales que conectan el cuerpo con el arte
• Lecturas y cuentacuentos, algunas con Lengua de Señas Mexicana

Estas actividades abordan temas como identidad, convivencia, género, estereotipos y cultura de paz, promoviendo la empatía y la colaboración.

Acceso libre y recomendaciones

• Todas las actividades serán de acceso gratuito
• Algunas tendrán cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación
• La programación está diseñada para distintas edades y niveles de participación

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura, el INBAL y UNICEF México consolidan a los museos como espacios donde las infancias participan, dialogan y crean, fortaleciendo su papel como protagonistas en la construcción del presente y el futuro cultural.

Honduras ha dado un paso relevante en materia educativa durante el último año. Alrededor de 70 mil niños y niñas que estaban fuera del sistema lograron regresar a clases, un resultado que rompe con la tendencia de años anteriores, marcada por la reducción constante de la matrícula escolar. Autoridades locales y organismos internacionales coinciden en que la clave está en actuar desde los municipios y garantizar condiciones dignas.

Este avance no ha sido casual y obedece a que gracias a un esfuerzo conjunto entre las municipalidades y el acompañamiento de UNICEF, han venido impulsando estrategias para identificar a los menores excluidos y facilitar su reincorporación al sistema educativo.

El representante de UNICEF en Honduras Bastiaan van ‘t Hoff, en el país destacó que el papel de los gobiernos locales ha sido determinante. Desde las alcaldías se han liderado acciones directas en las comunidades, ubicando a niños fuera de la escuela y promoviendo su regreso. Pero el objetivo no se queda en la matrícula: el verdadero reto es lograr que los estudiantes permanezcan en las aulas.

En este proceso, UNICEF ha jugado un rol clave como aliado técnico y estratégico. Su participación ha permitido fortalecer programas, orientar esfuerzos y mantener el enfoque en uno de los mayores problemas del país: la deserción escolar. A pesar de los avances, aún hay cerca de 800 mil menores que siguen fuera del sistema educativo señalan.

Uno de los principales esfuerzos en marcha es el programa “Municipios Campeones por la Educación”, que cuenta con el respaldo de UNICEF y la inversión de más de 8 millones de dólares provenientes de fondos municipales. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a la educación básica y crear condiciones que favorezcan la permanencia escolar.

La apuesta es clara: sin educación no hay desarrollo. Tanto autoridades locales como organismos internacionales coinciden en que el crecimiento económico y social de Honduras depende directamente de que sus niños y niñas estudien, continúen en la escuela y logren finalizar sus estudios.

Factores que empujan a la deserción

A pesar de los esfuerzos, muchos estudiantes abandonan las aulas por distintas razones. La pobreza sigue siendo uno de los principales obstáculos, pero también influye la falta de interés cuando los contenidos educativos no conectan con la realidad o expectativas de los jóvenes.

La problemática afecta a los 298 municipios del país, sin excepción. Aunque 170 ya participan activamente en el programa “Campeones por la Educación”.Desde UNICEF se insiste en que el trabajo debe intensificarse. No basta con recuperar a miles de estudiantes si otros continúan fuera del sistema. La meta es clara: que ningún niño o niña quede excluido de su derecho a la educación.

Para la organización no gubernamental Visión Mundial, El incremento de la crisis económica, la vulnerabilidad ambiental y social que afecta a las familias hondureñas, ha provocado un incremento en el abandono escolar, en 2023 un millón de niños y niñas de entre 4 a 17 años se encuentran fuera del sistema educativo, hoy hacen un llamado a realizar realizando acciones de incidencia para que el Estado pueda priorizar la educación en su agenda y presupuesto, con el propósito de lograr una mayor inversión en recursos pedagógicos, personal docente, herramientas didácticas, infraestructura y tecnología.

La prevalencia de métodos de disciplina violenta afecta a una franja mayoritaria de la infancia en la República Dominicana, según el más reciente informe de Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, citado por EFE.

El dato más alarmante revela que el 63 % de los niños y niñas en el país ha experimentado violencia en el hogar o en la escuela. Esta proporción supera la media regional de América Latina y el Caribe, situada en el 60 %.

Unicef enfatizó que la violencia contra la niñez no es un hecho aislado, sino una “experiencia acumulativa”. El fenómeno comienza en las primeras etapas de la vida y mantiene repercusiones en la salud, el desarrollo y las oportunidades futuras de quienes lo padecen.

El grupo de tres a cuatro años es el más vulnerable, ya que el 70 % de los menores en ese rango fue sometido a prácticas que incluyen tanto maltrato físico como humillaciones, de acuerdo con datos de Unicef y la Universidad Iberoamericana.

La disciplina violenta, normalizada en muchas familias, produce consecuencias directas en la salud mental y el bienestar de la infancia.

En República Dominicana, la violencia contra la niñez persiste principalmente en el entorno familiar, abarcando desde golpes y gritos hasta negligencia. Este fenómeno afecta tanto a niños pequeños como a adolescentes y está respaldado por informes oficiales que muestran que la mayoría de los episodios de violencia ocurren en el hogar o la escuela.

Solo entre 2018 y 2022, se contabilizaron al menos 212 homicidios intencionales de niños y adolescentes. Las autoridades documentaron 33 muertes violentas de menores en 2022. Además, más de 3,400 niños y adolescentes fueron acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023, una cifra que exhibe el vínculo entre la violencia intrafamiliar y el riesgo para los menores.

La disciplina violenta incluye golpes, bofetadas y azotes, así como formas de agresión psicológica como insultos, amenazas y humillaciones. Según Unicef, solo un 8.8 % de los adultos cuidadores defiende abiertamente este tipo de disciplina, aunque un 12 % considera necesario el castigo físico para la buena crianza.

A nivel regional, la República Dominicana se encuentra por encima del promedio latinoamericano, donde el 57 % de los niños ha sido sometido a disciplina violenta y el 46 % ha sufrido agresión física. El informe resalta que el país enfrenta desafíos urgentes en materia de protección y derechos de la infancia, lo que demanda respuestas integrales desde el Estado y la sociedad civil.

Violencia aceptada y entornos de riesgo

Unicef identificó como mayor obstáculo la aceptación social de la violencia como método de disciplina. Carlos Carrera, representante del organismo en República Dominicana, señaló una normalización de prácticas violentas en el entorno familiar, escolar y comunitario, generando temor y condicionando la vida diaria de niños y niñas.

La exposición a situaciones de violencia física, psicológica y sexual ocurre en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Esta realidad deja una infancia y adolescencia marcada por riesgos persistentes, con consecuencias que se extienden mucho más allá del crecimiento físico.

Consecuencias sobre el desarrollo infantil

La Organización Mundial de la Salud ha documentado que la violencia temprana puede provocar “estrés tóxico”. Esta condición activa de forma prolongada el sistema de respuesta al estrés, con efectos perjudiciales sobre el desarrollo cerebral, la regulación emocional y la memoria.

A nivel global, la OMS calcula que el 40 % de los niños expuestos a violencia sufre afectaciones en la salud mental, el 35 % desarrolla conductas agresivas, el 30 % muestra bajo rendimiento académico y el 25 % experimenta deterioro en sus relaciones sociales. Estos impactos trascienden lo individual y afectan el desarrollo económico de los países, al limitar el crecimiento del capital humano.

Respuestas y desafíos pendientes

Unicef afirma que la violencia hacia la niñez es prevenible. Propone fortalecer los sistemas de protección y diseñar políticas públicas basadas en pruebas como estrategia prioritaria para abordar la magnitud del problema.

El 63 % de los niños en República Dominicana ha sido víctima de violencia en su entorno más cercano, lo que coloca al país por encima de la media regional y reitera la urgencia de transformar prácticas sociales y políticas públicas para garantizar el derecho de la infancia a ambientes seguros y libres de violencia.

La pobreza infantil en Panamá sigue siendo uno de los problemas sociales más severos del país, con cifras que muestran que el crecimiento económico no ha logrado traducirse en bienestar para una parte importante de la niñez.

El más reciente informe de UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social concluye que el 34.5% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras que el 16% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a decir que uno de cada tres menores crece en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El estudio deja claro que la pobreza afecta con mayor fuerza a la infancia que al resto de la población. Mientras la pobreza monetaria en la población general ronda el 22.2%, en la niñez y adolescencia sube a 34.5%.

La diferencia también se repite en la pobreza extrema: 9.4% en la población total frente a 16% entre niños, niñas y adolescentes. El contraste confirma que la niñez panameña enfrenta una vulnerabilidad mayor, y que las políticas públicas no han logrado compensar esa desventaja con la velocidad ni con la focalización necesarias.

En términos absolutos, el informe “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, estima que alrededor de 482 mil niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres en Panamá, y que casi 224 mil sobreviven en condiciones de pobreza extrema. No se trata solo de un indicador estadístico: detrás de esas cifras hay hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada, acceso estable a bienes esenciales ni condiciones mínimas para el desarrollo de sus hijos.

El estudio advierte que esta realidad limita oportunidades desde las primeras etapas de la vida y alimenta un ciclo de desigualdad que luego se traslada a la adultez.

Uno de los hallazgos más fuertes del reporte es su dimensión territorial. La pobreza infantil no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra con mucha más fuerza en zonas rurales y comarcas indígenas, donde los indicadores alcanzan niveles alarmantes.

En las comarcas, el 83% de la niñez vive en pobreza y el 55% en pobreza extrema, cifras que retratan una exclusión mucho más profunda que la observada en el promedio nacional. En otras palabras, nacer en determinados territorios de Panamá sigue siendo casi una condena estadística a crecer en privación.

La situación más crítica se registra en la comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza infantil total alcanza el 91.2% y la pobreza extrema llega al 69.7%. En la comarca Emberá, la pobreza infantil asciende a 80.8%, y en Guna Yala a 76.8%.

El informe añade que en Ngäbe Buglé el ingreso mensual per cápita promedio de los hogares con niños apenas llega a $68.8, una cifra que exhibe con crudeza la restricción material en la que vive buena parte de la infancia indígena.

Pero las desigualdades no solo se observan entre provincias y comarcas. El estudio muestra que también existen brechas profundas dentro de una misma provincia, algo que se vuelve evidente al analizar distritos y corregimientos.

En Veraguas, por ejemplo, la pobreza infantil varía de 15.7% en Santiago a 78.7% en Santa Fe. Esa distancia de más de 60 puntos porcentuales desmonta cualquier lectura superficial del promedio provincial y revela que en Panamá conviven, dentro del mismo mapa administrativo, realidades completamente opuestas.

El informe también identifica a la primera infancia como el grupo etario más golpeado. Entre los niños de 0 a 6 años, la pobreza total alcanza el 37.2% y la pobreza extrema el 19.1%, por encima del promedio infantil nacional.

El dato tiene un peso especial, porque esa etapa es decisiva para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Las privaciones en esos primeros años no solo afectan el presente del niño, sino que condicionan su rendimiento escolar, su inserción futura en el mercado laboral y su capacidad de romper el ciclo de pobreza.

Otro factor que incrementa el riesgo es la composición del hogar. La pobreza infantil se eleva a medida que aumenta el número de niños en una familia.

El informe señala que en hogares con dos niños la pobreza afecta al 21.2%, pero en familias con cuatro niños sube a 50.3%. Además, la situación tiende a agravarse en hogares monoparentales liderados por mujeres, donde la capacidad de generación de ingresos suele ser menor y la carga de cuidados recae sobre una sola persona adulta.

Aunque Panamá logró avances en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, el estudio advierte que esos progresos han sido frágiles. La trayectoria descendente se interrumpió con la pandemia, y la recuperación posterior ha sido más lenta en la población infantil que en el conjunto de la población.

El informe resalta que, incluso después del rebote económico, los niveles de pobreza en niños y adolescentes no han regresado completamente a los mínimos previos a la crisis, lo que sugiere que la niñez sigue siendo uno de los grupos más expuestos a los choques económicos.

Más allá del ingreso, el reporte insiste en que la pobreza infantil reduce el acceso a educación, salud, nutrición y protección, y por tanto golpea directamente la formación del capital humano del país.

Esa es una de las conclusiones más importantes del documento: la pobreza en la niñez no solo es una deuda social, sino también un obstáculo para la productividad futura y para el crecimiento económico sostenible. Cuando un país no logra proteger a sus niños, lo que hace en realidad es comprometer su propia capacidad de desarrollarse con equidad.

Frente a este panorama, UNICEF, el Banco Mundial y el MIDES plantean la necesidad de fortalecer las transferencias monetarias, mejorar la focalización del gasto social, expandir los servicios de desarrollo infantil temprano y dirigir con mayor precisión la inversión pública hacia los territorios con mayores brechas.

El informe también destaca herramientas como el Registro Social de Hogares y la ampliación de servicios para la primera infancia, aunque advierte que el reto no es solo sostener programas, sino hacerlos más eficaces y sensibles a la realidad territorial.

La conclusión del estudio es directa: erradicar la pobreza infantil no es solo un imperativo moral, sino una inversión estratégica para Panamá. El país ha avanzado, sí, pero no al ritmo que exige la magnitud del problema, y mucho menos en los territorios donde la pobreza se ha vuelto casi estructural.

La evidencia presentada por el informe apunta a que, sin políticas más focalizadas, mejor financiadas y sostenidas en el tiempo, Panamá seguirá creciendo con una fractura de origen: la de miles de niños que empiezan su vida con menos oportunidades que el resto.

El Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, revela desafíos estructurales para la infancia en Perú: apenas el 65% de los niños menores de tres años cuenta con el esquema de vacunación completo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), muy por debajo del 95% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el 43,7% de los niños de 6 a 35 meses padece anemia y solo el 40,4% de la población accede a agua potable clorada, una cifra que desciende a 4,7% en zonas rurales.

En el país, la desnutrición crónica afecta al 12,1% de los niños menores de cinco años, ascendiendo al 20,9% en áreas rurales, mientras que en zonas urbanas el indicador es de 8,5%. Las cifras oficiales señalan que el acceso desigual a servicios esenciales profundiza las brechas de desarrollo infantil. El Censo 2017 identificó más de 3 millones de personas con discapacidad, el 14% de ellas niñas, niños y adolescentes.

El 8,4% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez, porcentaje que aumenta al 28,6% en la selva rural. En salud mental, los intentos suicidas pasaron de 672 casos en 2020 a 4.794 en 2025, con un 26% de los episodios registrados en menores de edad, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa).

¿Qué lugar ocupa la infancia en los planes de gobierno?

De cara a las elecciones generales de 2026, el 100% de los planes de gobierno incorpora al menos una prioridad vinculada a la niñez, según la veeduría de UNICEF. El 94% de las agrupaciones plantea propuestas para combatir la anemia y la desnutrición; el 92% aborda el acceso a agua segura; el 44% incluye estrategias de vacunación; solo el 22% contempla la salud mental y el 19% menciona el embarazo adolescente. Apenas el 11% de los planes considera políticas para la discapacidad.

UNICEF presentó en noviembre de 2025 la hoja de ruta “5 prioridades por un Perú mejor para la Infancia 2026–2031”, dirigida a orientar al próximo gobierno en el fortalecimiento de la salud integral, la educación inclusiva, la protección social, la prevención de violencias y la gestión del riesgo ambiental.

Propuestas para revertir la desigualdad y avances recientes

Las recomendaciones para el próximo gobierno incluyen garantizar la cadena de frío para vacunas en todo el territorio, reforzar la suplementación preventiva y terapéutica para gestantes y menores de tres años, ampliar el Plan de Salud Mental en al menos 5.000 escuelas y presentar un programa multisectorial para prevenir el embarazo y el VIH en adolescentes.

Entre los avances recientes, UNICEF destaca la ampliación del control de crecimiento y desarrollo infantil hasta los 11 años, la provisión de equipos médicos a establecimientos de salud de Lima Norte, Loreto, Huancavelica y Ucayali, y la implementación de programas de educación sexual y consejería que ya benefician a 39.000 adolescentes en Huancavelica. Además, 31 instituciones educativas de regiones vulnerables cuentan ahora con acceso a agua segura y saneamiento, mejorando las condiciones de salud escolar.

La persistencia de brechas en vacunación, nutrición, acceso a agua segura y salud mental exige la ejecución de políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo, con enfoque territorial y participación multisectorial.

El gobierno de Bangladesh, en coordinación con Naciones Unidas, inició una campaña nacional de vacunación contra el sarampión tras un brote que provocó más de cien muertes infantiles y más de 900 casos confirmados desde marzo. El operativo busca inmunizar a niños de seis meses a cinco años, comenzando en los distritos de mayor riesgo para luego ampliarse a todo el país. La estrategia intenta frenar la propagación de esta enfermedad, que se transmite por el aire, produce fiebre y erupciones cutáneas, con la posibilidad de complicaciones graves o mortales en menores de edad.

Según el periódico británico The Guardian, la ONU y el organismo de Naciones Unidas para la infancia UNICEF, observan que Bangladesh enfrenta el peor brote de sarampión de los últimos años debido, en parte, a una disminución en las tasas de vacunación. La cobertura actual no alcanza el 95% necesario para detener la circulación viral, lo que expone a la población infantil a infecciones y hospitalizaciones. Las autoridades sanitarias informaron que uno de cada tres afectados son bebés menores de nueve meses, un grupo que no accede a la vacunación rutinaria porque el programa nacional inicia la inmunización a partir de esa edad, situación que refleja carencias en la protección del sistema.

El representante de UNICEF en Bangladesh, Rana Flowers, declaró: “Este resurgimiento pone de manifiesto deficiencias en materia de inmunidad, especialmente entre los niños que no han recibido ninguna dosis o que están incompletamente vacunados, mientras que las infecciones entre los lactantes menores de nueve meses, que aún no cumplen los requisitos para la vacunación rutinaria, son especialmente alarmantes”. El Ministerio de Salud local indicó que el contexto se agravó por interrupciones ocurridas tras el derrocamiento político de 2024, lo cual generó escasez de vacunas y limitó las campañas habituales.

El impacto de la cobertura vacunal y la inestabilidad

En los dos últimos años, la inestabilidad institucional del país interrumpió las campañas de inmunización regulares. El actual gobierno, instaurado tras las elecciones de febrero, enfrenta el desafío de recuperar la cobertura vacunal y proteger a más de 170 millones de habitantes. Las autoridades recomiendan a los padres acudir de inmediato a hospitales ante cualquier sospecha de fiebre alta, para evitar complicaciones y facilitar la detección temprana de nuevos casos.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y puede producir neumonía, encefalitis y ceguera. La prevención a través de la vacunación es vital en situaciones de brote. Desde el inicio de la campaña masiva de inmunización en 1979, Bangladesh aumentó la cobertura vacunal de 2% a más del 81%, aunque existen regiones con bajos niveles de protección.

UNICEF sostiene que las interrupciones en la vacunación y la acumulación de niños no inmunizados contribuyen al resurgimiento de brotes. La organización advierte que la caída en las tasas de inmunización no se limita a Bangladesh, sino que refleja una tendencia regional y global, como muestran los recientes brotes en Reino Unido y Estados Unidos, países donde también se registraron fallecimientos y miles de casos en los dos años anteriores.

Estrategia de respuesta y desafíos pendientes

El operativo de emergencia prioriza atender los distritos más afectados y, posteriormente, se desplegará en todo Bangladesh. El objetivo principal es vacunar al mayor número posible de niños en el menor tiempo para contener la expansión del virus y disminuir la mortalidad. Los equipos de hospitales, escuelas y centros comunitarios trabajan en conjunto, mientras la ONU y el gobierno local garantizan la distribución de dosis y la capacitación adecuada del personal.

El plan enfrenta retos logísticos como la identificación de menores no vacunados y el traslado seguro de las vacunas a áreas remotas. La confianza de las familias en el sistema de salud también influye en la aceptación de la inmunización. Las autoridades insisten en evitar la automedicación en farmacias sin la consulta previa con un médico, para reducir los riesgos asociados a diagnósticos incorrectos o tratamientos inadecuados.

El contexto internacional refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación para prevenir la reaparición de enfermedades evitables. El brote actual en Bangladesh evidencia la importancia de sostener políticas públicas de inmunización constantes incluso ante situaciones políticas críticas.

Perspectivas para la salud infantil en el país

La respuesta articulada entre el gobierno y la ONU apunta a restablecer la confianza en la vacunación y frenar futuras muertes infantiles. El éxito de la campaña dependerá de lograr coberturas superiores al 95%, umbral recomendado para eliminar la transmisión del sarampión. Para Bangladesh, el reto siguiente será mantener una vigilancia constante y asegurar el acceso a la vacunación en todo el territorio nacional.

El brote actual muestra los riesgos asociados a la disminución de políticas de inmunización y recuerda la relevancia de sistemas sanitarios resilientes ante crisis políticas o logísticas.

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, los planes de gobierno muestran una tendencia clara: hay consenso en los temas más visibles de la infancia, pero un silencio en los más complejos y urgentes.

Un análisis del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre 36 planes de gobierno identifica coincidencias casi unánimes en cuatro frentes: mejorar los aprendizajes básicos (97%), reducir la anemia y desnutrición infantil (94%), garantizar el acceso al agua segura (92%) y fortalecer la infraestructura educativa (83%).

Pero ese consenso no se repite cuando se trata de problemas estructurales. Salud mental, embarazo adolescente, violencia infantil o la vulnerabilidad frente a emergencias aparecen en menos de uno de cada cuatro planes.

Mientras casi todos los partidos hablan de educación y nutrición, solo el 22% menciona la salud mental, el 19% el embarazo adolescente y apenas el 19% la exposición de niños y adolescentes a desastres climáticos.

Consenso en lo básico, vacío en lo crítico

El análisis deja una paradoja: los planes incluyen a la infancia, pero no de manera integral. “Si hay un compromiso con la infancia, hay temas claves que no pueden dejar de incluir y no pueden dejar de atender”, señala Laura Salamanca, representante adjunta de UNICEF Perú.

Las propuestas se concentran principalmente en salud y educación. En cambio, la protección frente a la violencia, la pobreza y la gestión del riesgo quedan en segundo plano.

Detrás hay una lógica política. Educación o anemia son temas visibles, con mayor presupuesto y más fáciles de comunicar en campaña. La protección infantil o la prevención de la violencia requieren intervenciones más complejas y menos inmediatas.

“El Perú invierte apenas el 1,4% del presupuesto en protección de la infancia. Es un tema complejo, pero es donde realmente se puede generar un cambio”, agrega Salamanca.

Veeduria - 5 Prioridades - UNICEF by Infobae Perú

Violencia infantil: el gran vacío presupuestal

Uno de los puntos más críticos es la prevención de la violencia.

Aunque el 47% de los planes menciona la violencia en el entorno familiar y el 44% la violencia sexual, solo 2 de 36 propuestas incluyen presupuesto específico para prevenirla.

En la práctica, muchas de estas propuestas quedan en declaraciones sin capacidad real de ejecución.

“Que solo dos planes incluyan presupuesto es una alerta. Significa que este problema no va a ser atendido como debería”, advierte Salamanca.

El impacto se refleja en casos como Condorcanqui, donde se registraron abusos sexuales sistemáticos contra menores. Incluso cuando existen herramientas, como cámaras Gesell, muchas no funcionan por falta de personal o recursos.

La violencia no es un problema aislado. Afecta la salud física, mental y el desarrollo de los niños, y sus consecuencias se arrastran durante años.

Emergencias: el riesgo que casi nadie mira

Otro punto crítico es la falta de propuestas frente a desastres. Solo 7 de los 36 planes incluyen medidas para reducir el impacto de emergencias en la vida de niñas, niños y adolescentes.

Esto ocurre en un contexto marcado por lluvias intensas y la amenaza recurrente del fenómeno de El Niño.

“El Perú tiene que asumir que estos riesgos van a ser cada vez más frecuentes. Si no estamos preparados, el impacto será mayor, especialmente en la infancia”, señala Salamanca.

La falta de preparación se traduce en escuelas sin protocolos, gobiernos locales con capacidad limitada de respuesta y dificultades para identificar rápidamente a niños afectados.

Durante las emergencias, además, aumentan riesgos como el abuso, el abandono o los problemas de salud mental, que rara vez son considerados en las políticas públicas.

Adolescencia y criminalidad: un enfoque que cambia

No todo el panorama es negativo. En el caso de la criminalidad adolescente, 20 planes de gobierno incluyen estrategias de prevención.

Este enfoque reconoce que muchos adolescentes involucrados en delitos son captados por redes criminales.

“Es positivo que no se les esté estigmatizando y que se entienda que el adolescente puede ser captado por estos grupos”, explica Salamanca.

El tema se da en medio del debate sobre endurecer sanciones contra menores, una discusión que ha ganado espacio en la campaña.

Una agenda sin continuidad

Más allá de las propuestas, el problema es la falta de continuidad.

Según UNICEF, el país no tiene una política de Estado sostenida en materia de infancia. Esto hace que las prioridades cambien con cada gobierno.

“No hay una mirada común sobre cómo atender a niñas, niños y adolescentes. Sin un acuerdo, las políticas cambian constantemente”, advierte Salamanca.

El resultado es un sistema fragmentado, con avances que pueden frenarse o revertirse en pocos años.

Lo que está en juego

En un país donde 4 de cada 10 niños entre 6 y 36 meses padecen anemia y menos del 33% de estudiantes alcanza niveles satisfactorios en lectura, la infancia sigue siendo un tema estructural.

El próximo gobierno tendrá que decidir si mantiene el enfoque en los problemas más visibles o si incorpora aquellos que hoy siguen fuera del radar.

En medio de la campaña, queda una señal clara: lo que no se prioriza ahora difícilmente será prioridad después.

El número de personas desplazadas en Líbano tras la reciente escalada de ataques ha alcanzado más de un millón de individuos, según informaciones recopiladas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Dentro de esta cifra, se estima que aproximadamente 370.000 son niños y niñas que han tenido que abandonar sus hogares en apenas tres semanas. Tal como reportó el medio Europa Press, la situación se viene agravando a raíz de la ofensiva militar israelí en el marco del conflicto en Oriente Próximo, con un despliegue que ha incluido nuevas incursiones terrestres y ataques a infraestructuras civiles.

De acuerdo con Europa Press, el representante de UNICEF en Líbano, Marcoluigi Corsi, afirmó en una rueda de prensa realizada en Ginebra que la velocidad e intensidad de estos desplazamientos no tienen precedentes recientes en el país. Cada cinco segundos, un niño se convierte en desplazado, lo que equivale a cerca de 19.000 menores al día desde el inicio de esta nueva crisis. "En solo tres semanas, más de 370.000 niños y niñas han sido obligados a abandonar sus hogares", detalló Corsi, quien comparó la magnitud con cientos de autobuses escolares llenos de niños huyendo para preservar su seguridad a diario.

La ofensiva, que Europa Press atribuye a una acción conjunta estadounidense-israelí contra Irán, ha agravado una situación humanitaria preexistente. El desplazamiento afecta ya a alrededor del 20% de la población libanesa y ha golpeado especialmente a comunidades que ya vivían bajo condiciones de precariedad e inestabilidad. Según consignó Europa Press, muchas de las personas obligadas a huir ya habían sufrido desplazamientos anteriores en los últimos años debido a la conflictividad en la región.

El impacto sobre la infancia resulta especialmente severo, según UNICEF citada por Europa Press. La mayoría de los niños desplazados no ha terminado de procesar el trauma provocado por el estallido del conflicto posterior a los sucesos del 7 de octubre de 2023, cuando se desencadenó una ola de violencia que afectó también a Líbano. Aunque en noviembre de 2024 se alcanzó un acuerdo de alto el fuego temporal, la violencia se ha reactivado, dejando a miles de familias en una constante situación de huida.

Muchos de los desplazados se refugian en más de 660 alojamientos colectivos distribuidos a lo largo del país, según afirmó Corsi durante la conferencia replicada por Europa Press. Estas instalaciones registran un aumento progresivo de hacinamiento e insuficiencias estructurales, observándose familias albergadas en espacios informales y poco seguros, como edificios sin terminar, dependencias públicas o incluso en vehículos. Las limitaciones económicas y el deterioro de las infraestructuras complican la atención de las necesidades más básicas, aterrizando a la niñez en un escenario de carencias que abarca desde servicios de salud hasta educación y saneamiento.

Europa Press indica que UNICEF ha documentado al menos 120 niños muertos y cerca de 400 heridos desde el comienzo de los ataques israelíes. Corsi advirtió que incluso aquellos que han sobrevivido enfrentan ahora una “realidad humanitaria desesperada”, desplazándose frecuentemente en cortos intervalos ante nuevas órdenes de evacuación, muchas veces portando solo lo indispensable.

Los ataques han tenido como blanco infraestructuras esenciales, como hospitales, puentes y sistemas de abastecimiento de agua, lo que, según información recogida por Europa Press, aumenta el coste humano de la crisis y dificulta la intervención de las organizaciones de auxilio. UNICEF denuncia que los persistentes bombardeos y el peligro constante en las carreteras impiden el acceso seguro de los equipos de emergencia y trabajadores sanitarios a zonas donde se concentran los desplazados.

En paralelo al llamado de UNICEF, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reclamó una intervención urgente para evitar una “catástrofe humanitaria inminente” en Líbano. Europa Press reproduce declaraciones de Karolina Lindholm Billing, representante de ACNUR en Líbano, quien advirtió que desde el 2 de marzo más de un millón de personas, el 35% de ellas menores, se han desplazado a lo largo del país, desde el sur y el valle de la Becá hasta la capital Beirut y el norte. Billing relató que muchas familias han tenido que escapar con solo lo que alcanzaban a portar, temerosas de no regresar nunca a sus viviendas.

La presión sobre los recursos y servicios aumenta mientras el número de desplazados sigue creciendo. Según Europa Press, parte de la población se aloja en casas de familiares o amigos, o en estructuras improvisadas. En la capital, “cientos” de personas pernoctan en tiendas de campaña o dentro de automóviles ante la saturación de los refugios y la necesidad de trabajar para subsistir. En algunos casos, familias permanecen en zonas próximas a sus comunidades originales, debatiéndose entre seguridad, medios de vida y dignidad al enfrentar decisiones límite.

Incluso en estado de desplazamiento, no existe sensación de seguridad para los afectados. Billing denunció ante Europa Press recientes ataques a barrios densamente habitados de Beirut, como Zokak Blat y Bashura, donde muchas familias desplazadas habían buscado protección. Uno de los ataques alcanzó una manzana cercana a una escuela utilizada como refugio, aumentando la alarma entre los niños y las heridas psicológicas persistentes asociadas a la violencia.

Europa Press señala que Líbano ya registraba una situación delicada antes del actual conflicto, con un millón de refugiados en su mayoría sirios, quienes ahora figuran entre los nuevos desplazados. Además, cerca de 190.000 personas, de las cuales alrededor de 165.000 son sirias y 25.000 libanesas, cruzaron la frontera hacia Siria huyendo del conflicto armado.

Las necesidades de la población desplazada superan ampliamente los recursos disponibles. Según reportó Europa Press, ACNUR ha lanzado un llamamiento para recaudar más de 60 millones de euros con el fin de asistir a 600.000 personas durante un primer periodo de tres meses; sin embargo, a finales de febrero la financiación cubría apenas el 14% de la meta propuesta. Billing observó que la presión creciente sobre familias, comunidades y servicios públicos agrava la situación en un país marcado por múltiples crisis previas.

El llamado final tanto de UNICEF como de ACNUR es un acceso humanitario sin restricciones y el cese inmediato de los ataques a infraestructuras civiles. Marcoluigi Corsi resumió la urgencia afirmando: “Por encima de todo, los 370.000 niños y niñas desplazados necesitan desesperadamente un alto el fuego inmediato. Necesitan dejar de huir y poder vivir como deberían vivir los niños y niñas”. Tanto UNICEF como ACNUR advierten que la infancia y la población desplazada afrontan heridas profundas y una alteración a largo plazo de sus posibilidades de recuperación y futuro, mientras la comunidad internacional enfrenta el reto de responder a la magnitud de la crisis, reportó Europa Press.

El director de UNICEF en el sur de Asia, Sanjay Wijesekera, expresó que el inicio del curso escolar debería representar un periodo esperanzador para toda la infancia, pero en Afganistán, las niñas continúan enfrentando restricciones para acceder a las aulas, según consignó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta situación se produce en el contexto de la imposición de medidas por parte de las autoridades talibán, que han excluido a las menores de cursos superiores al sexto grado de la educación primaria, manteniendo una prohibición que alcanza ya su quinto año consecutivo tras la vuelta al poder de los talibán en agosto de 2021.

UNICEF ha realizado un llamado explícito a los talibán para que permitan la reapertura de los centros educativos dirigidos a niñas, ofreciendo así una oportunidad de retorno a las aulas para más de 2,2 millones de menores que actualmente permanecen fuera del sistema educativo. De acuerdo con las estimaciones oficiales de este organismo, la mayoría de estas niñas se encuentra privada del derecho a la educación desde la instauración de las nuevas restricciones que afectan especialmente a mujeres y niñas afganas.

Según informó el medio, el representante de UNICEF en Afganistán, Tajudeen Oyewale, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que recalcó el derecho de todas las niñas a asistir a la escuela. Oyewale afirmó que la formación de las niñas fortalece las comunidades y contribuye a un futuro más prometedor para toda la sociedad afgana, al tiempo que insistió en la importancia de mantener la esperanza para las menores que aguardan una apertura de oportunidades educativas en el país.

Las restricciones implementadas por los talibán han suscitado reacciones y críticas tanto de Naciones Unidas como de otras organizaciones internacionales, que han alertado sobre las implicaciones de la exclusión educativa para millones de niñas. Según publicó UNICEF, la organización sostiene que el cierre de las aulas a las estudiantes representa un obstáculo significativo para el desarrollo del país y para el futuro de las niñas afectadas.

El regreso de los talibán al poder en agosto de 2021 marcó el inicio de una serie de normativas que limitan considerablemente la vida pública y la participación de mujeres y niñas en múltiples ámbitos, siendo la educación uno de los sectores más impactados. A pesar de haber anunciado que reconsiderarían su política educativa para las menores, las autoridades no han avanzado en medidas concretas para permitir que las niñas accedan a los cursos superiores de primaria y a la secundaria.

El organismo internacional hizo hincapié en que la educación constituye la base de la esperanza, la dignidad y el futuro de un país. Según declaró Wijesekera y recogió UNICEF, reabrir las puertas de las escuelas resulta esencial para ofrecer nuevas perspectivas tanto a las niñas como a la sociedad en su conjunto. La ausencia de acceso a la educación compromete las posibilidades de desarrollo personal, profesional y social de las menores afectadas, así como el progreso futuro de la nación afgana.

En reiteradas ocasiones, Naciones Unidas y UNICEF han instado a las autoridades afganas a reconsiderar sus medidas y a garantizar que el derecho a la educación no sea vulnerado por restricciones impuestas por motivos ideológicos o políticos. El organismo continúa subrayando la urgencia de garantizar entornos seguros y de calidad para el aprendizaje de todas las niñas, poniendo énfasis en que la inversión en la educación repercute en beneficios directos e indirectos para toda la sociedad.

El cierre prolongado de las escuelas ha originado además brechas adicionales en el acceso y la equidad educativa, especialmente para las niñas que residen en zonas rurales o áreas afectadas por conflictos. UNICEF remarca que la educación de las niñas no solo contribuye a mejorar condiciones de vida individuales, sino que también fortalece el tejido social y económico, así como la estabilidad a largo plazo en Afganistán.

El mensaje difundido por UNICEF, tanto desde la oficina nacional como desde la representación regional, refuerza el compromiso del organismo con el derecho universal a la educación y con la necesidad de mantener activa la vigilancia y la denuncia ante situaciones de exclusión, como la que afecta hoy en día a millones de niñas afganas que esperan una solución que les permita retomar sus estudios y proyectar su futuro.

Miles de personas, incluidas familias con niños, han debido abandonar sus hogares en Irán y Líbano por ataques continuos y órdenes de evacuación emitidas en el contexto de la guerra en Oriente Próximo. De acuerdo con UNICEF, estos desplazamientos masivos han vaciado comunidades y ciudades completas, mientras la situación humanitaria se agrava debido a la destrucción de infraestructuras vitales como escuelas y hospitales. UNICEF ha advertido que este fenómeno expone a la infancia a consecuencias de larga duración, en un conflicto que desde el 28 de febrero ha dejado un promedio de cuatro menores muertos o heridos cada hora.

Según publicó UNICEF, como resultado de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano, más de 2.100 niños han muerto o sufrido lesiones. Esta cifra incluye 206 menores afectados en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait. El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban, señaló que la región experimenta una media diaria de 87 menores muertos o lesionados desde el inicio del conflicto y advirtió: “Los niños y niñas de toda la región están pagando un precio devastador”. Chaiban añadió que una intensificación o prolongación de las hostilidades incrementaría el riesgo para millones de personas adicionales.

Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), citado por UNICEF, estima que en Irán hay aproximadamente 3,2 millones de personas desplazadas por causa de la guerra, entre las que se encuentran unos 864.000 niños. En Líbano, el número de desplazados supera el millón, incluidos cerca de 370.000 menores, lo que representa casi un tercio del total. Muchas de estas familias han buscado refugio en edificios públicos, como escuelas, que han sido transformadas en refugios improvisados frente a la falta de alternativas. Además, ACNUR recoge que desde el inicio de la escalada bélica, cerca de 90.000 sirios han regresado a Siria y varios miles de libaneses han cruzado la frontera hacia dicho país.

UNICEF también reportó que en la región de Oriente Próximo alrededor de 44,8 millones de menores ya vivían en zonas afectadas por la violencia antes de esta escalada reciente. La organización enfatizó que los nuevos episodios de violencia incrementan la gravedad de las condiciones para estos niños y niñas, ya expuestos previamente a desplazamientos y a la falta de servicios esenciales.

Según consignó UNICEF, la infraestructura que sostiene a las comunidades más vulnerables presenta graves daños. Viviendas, escuelas y hospitales han resultado destruidos o han quedado inutilizables. Muchos sistemas de salud, que ya operaban bajo fuerte presión, presentan actualmente signos de colapso ante la magnitud de la emergencia sanitaria. La interrupción de las cadenas de suministro agrava la escasez de medicamentos, insumos y servicios esenciales para la población.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se unió a las voces que reclaman el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada auténtica en la región. Guterres insistió en la responsabilidad de las partes involucradas de ejercer la máxima moderación y afirmó la obligación de proteger en todo momento a los civiles, conforme al derecho internacional humanitario. UNICEF subrayó este principio explicitando: “Las escuelas no son objetivos. Los hospitales no son objetivos. Los niños y niñas no son objetivos”.

El deterioro humanitario ha activado la respuesta de agencias internacionales que movilizan recursos para gestionar la emergencia. No obstante, UNICEF resaltó que la respuesta enfrenta serias limitaciones presupuestarias, con un déficit de financiación del 86%. Ante este panorama, el organismo urgió la necesidad de suspender las hostilidades, garantizar acceso humanitario seguro y ágil, y obtener apoyo económico internacional que permita mantener la provisión de servicios fundamentales para la población afectada.

Madina señaló que, de no existir la prohibición, ahora cursaría undécimo grado, y que ha buscado alternativas a través de programas en línea, sin encontrar un reemplazo a la experiencia educativa presencial. De acuerdo con la cadena Amu TV, sus palabras reflejan la situación de más de 2,2 millones de niñas afganas que, según UNICEF, han quedado excluidas de las aulas desde que los talibán ascendieron nuevamente al poder en Afganistán en agosto de 2021. Este lunes, el país inició su quinto año académico consecutivo sin la presencia de alumnas desde sexto grado en adelante, extendiéndose la prohibición vigente desde la reestructuración política tras la salida de Ashraf Ghani y la retirada de las fuerzas internacionales, detalló el medio Amu TV.

El relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, se manifestó sobre el comienzo de un nuevo curso escolar en estas condiciones. Bennett lamentó públicamente que “las niñas de sexto curso en adelante no podrán continuar su educación en la escuela y las mujeres no podrán ir a la universidad”, en declaraciones recogidas por la cadena. Bennett calificó la situación de “inaceptable” y solicitó a los talibán que pongan fin a las restricciones impuestas al acceso a la educación para mujeres y niñas.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuantificó en 2,2 millones las niñas afectadas directamente por la prohibición implementada desde el regreso de los talibán, quienes establecieron numerosas limitaciones a la participación femenina en la vida pública. Estas disposiciones se han dirigido especialmente hacia mujeres y niñas, impidiéndoles avanzar en su formación académica y restringiendo su acceso desde el sexto grado en adelante, reportó Naciones Unidas.

Pese a las promesas de los talibán sobre la reconsideración del acceso femenino a la educación, hasta la fecha no se ha producido ningún cambio, permaneciendo vetado el retorno a las aulas para las estudiantes de cursos superiores a sexto y la entrada de mujeres a la universidad, según reiteró UNICEF. Estas restricciones han suscitado críticas constantes por parte de la comunidad internacional, incluidas múltiples declaraciones tanto de Naciones Unidas como de organizaciones no gubernamentales, las cuales advierten del efecto negativo de estas medidas sobre las niñas afectadas y sobre el desarrollo futuro de Afganistán, consignó Amu TV.

Voceros y activistas han destacado que la imposibilidad de asistir regularmente a la escuela limita considerablemente el futuro académico y profesional de las afectadas. Arzu, otra joven privada de asistir, declaró que “nadie puede sentir lo que ha pasado durante los últimos cuatro años” y expresó su deseo de regresar a la escuela, según Amu TV. Las declaraciones de Arzu suman voz a la preocupación expresada por estudiantes y familias, quienes perciben un daño duradero en las oportunidades de la población femenina.

El contexto que rodea la prohibición se remonta al cambio de poder ocurrido en agosto de 2021, cuando el anterior presidente Ashraf Ghani abandonó el país y las tropas internacionales completaron su retirada. Desde ese momento, los talibán reinstauraron un marco de políticas que incluyen restricciones diversas en ámbitos públicos, con la educación femenina como elemento central de estas limitaciones, detalló la cadena Amu TV.

Naciones Unidas ha reiterado que el mantenimiento del veto educativo a las niñas contradice los compromisos internacionales suscritos por Afganistán, debilitando las perspectivas del desarrollo sostenible y el acceso universal a derechos fundamentales. El medio Amu TV subrayó que la situación actual incrementa la preocupación sobre el futuro social, económico y político del país, poniendo en cuestión no solo los derechos de las niñas afganas, sino también las posibilidades de que el país alcance una recuperación integral.

La escena se repite a diario en millones de hogares. Según el informe Kids Online 2025 —elaborado por UNICEF y UNESCO—, en países como Argentina el 46% de los chicos de entre 9 y 17 años reconoce haber tenido algún problema vinculado con el uso problemático de Internet, el celular o los videojuegos online durante el último año. Y eso no es todo: entre quienes se identifican con estas situaciones, casi la mitad admite que intentó pasar menos tiempo conectado, pero no lo logró. Ver videos en Instagram o TikTok puede activar el mismo efecto en el cerebro que las máquinas tragamonedas.

El fenómeno no se limita al tiempo frente a la pantalla. Las redes sociales también están asociadas a otros riesgos como el acoso en línea, bullying, exposición a contenidos nocivos y posibles efectos en la salud mental. De hecho, entre el 21% y el 61% de los niños, niñas y adolescentes que viven en países de América Latina afirmó haber experimentado al menos una vez comportamientos ofensivos en Internet.

Los datos se desprenden de un informe reciente de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que además advierte acerca del impacto de la violencia digital. “Las víctimas suelen sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social. Muchas se sienten impotentes, especialmente cuando se comparten imágenes íntimas sin su permiso”, sostienen.

Frente a este escenario, hay una pregunta que circula cada vez con más fuerza entre familias, especialistas y gobiernos de distintos países: ¿es necesario limitar o prohibir el uso de redes sociales en adolescentes?

Para Mariella Adrián García, oficial de Educación de UNICEF, la prohibición por sí sola no resuelve el problema y puede resultar contraproducente. “Los riesgos no desaparecen, solo se vuelven menos visibles para las familias y cuidadores”, le explica a Infobae. “Lo prohibido puede generarles más interés y, posiblemente, accederán a redes a escondidas, a través de dispositivos alternativos y en plataformas menos reguladas. Los adolescentes necesitan presencia de sus familiares y cuidadores, pero también necesitan espacio para explorar, equivocarse y aprender. Nuestro trabajo como adultos debe ser orientar y acompañar”, agrega.

¿De qué manera hacerlo? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué dicen los argumentos a favor y en contra de la prohibición? ¿Y qué medidas ya están implementando otros países del mundo? En esta nota, la especialista responde esas y otras preguntas. Además, comparte una guía de UNICEF con recomendaciones para que infancias y adolescencias tengan una vida digital segura.

A favor y en contra

En todo el mundo se debate sobre cuál es la edad adecuada para que niños, niñas y adolescentes inicien el uso de las redes sociales.

Sin ir más lejos, el pasado 3 de febrero, España anunció la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, a las que definió como el “salvaje Oeste digital”. La decisión no es aislada: Dinamarca, Australia y Francia ya avanzaron con restricciones similares. Pero la iniciativa española va un paso más allá y busca que las empresas propietarias de las redes sociales sean responsables ante la ley por lo que ocurre en sus entornos.

La medida forma parte de un paquete que también busca tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación del contenido ilegal a cambio de beneficios. Además propone crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una “huella de odio y polarización” para que “difundir odio tenga un costo legal y económico”.

Entre los argumentos de quienes apoyan estas limitaciones figura que, antes de los 16 años, los jóvenes no tienen la madurez para dimensionar los riesgos que traen las redes sociales, las cuales afectan su capacidad de concentración y de atención. Sobre esto último, un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association advierte que usar redes sociales antes de los 13 años se asocia con un menor rendimiento cognitivo.

Quienes se muestran en contra, en cambio, esbozan sus dudas sobre la factibilidad de que sea verificable la edad de los usuarios y marcan que el entorno digital no es un mundo paralelo sino una dimensión inseparable de la vida “real” de los jóvenes. Además sostienen que el mundo digital ofrece oportunidades para el crecimiento personal y que con la restricción se evita dotarlos de herramientas para un uso adecuado de ellas.

UNICEF no desconoce los riesgos. Mariella Adrián García enumera que los adolescentes enfrentan “acoso en línea, bullying, explotación, exposición a contenidos nocivos y posibles efectos en el bienestar y la salud mental de los jóvenes”, pero a la vez introduce un matiz que complejiza el debate. “Las redes sociales también ofrecen oportunidades para aprender, expresarse, relacionarse, conectarse con otros y desarrollar un sentido de pertenencia, especialmente para quienes viven en zonas remotas. El problema no es solo si están o no en las redes sociales, sino en qué condiciones están, qué habilidades tienen y con qué acompañamiento cuentan”, dice.

Si las prohibiciones no bastan, entonces, ¿qué hacer para proteger a niños, niñas y adolescentes en Internet? La experta propone un enfoque integral basado en la corresponsabilidad: empresas que mitiguen riesgos, Estados que regulen sin trasladar toda la carga a las familias, padres formados en alfabetización digital y adolescentes con participación activa en el debate. “Hay que escuchar sus opiniones, sus propuestas, confiar en ellos y apoyarlos para que desarrollen habilidades que les van a permitir estar de forma crítica y segura en las redes sociales. Este, quizás, sea el mayor reto”, sostiene.

Algunos consejos

Más que prohibir de manera tajante, Mariella Adrián García propone acompañar a los adolescentes en el desarrollo de habilidades para que puedan moverse con mayor seguridad en el entorno digital. “La clave está en que puedan autorregularse, para reconocer los riesgos del entorno y actuar de forma segura. Porque si nuestra reacción es solo el juicio y el castigo, probablemente no nos pedirán ayuda”, afirma.

La experta también subraya la importancia de revisar las propias conductas. “Las personas adultas somos modelos para nuestros hijos e hijas, también en el mundo digital. Mostrarles un uso responsable y equilibrado de la tecnología es fundamental: educamos no solo con palabras, sino sobre todo con el ejemplo”, dice.

Entre las recomendaciones que figuran en la guía de UNICEF para promover una vida digital más segura entre niños, niñas y adolescentes se destacan algunas pautas básicas:

• Configurar controles parentales y filtros de búsqueda segura en los dispositivos y aplicaciones que utilizan. En redes sociales y videojuegos, es recomendable activar las opciones de privacidad más estrictas.
• Fomentar la amabilidad en Internet, promoviendo conductas respetuosas con compañeros y amigos y evitando la difusión de rumores, burlas o contenidos hirientes.
• Pasar tiempo con ellos en Internet, interesándose por las plataformas que usan y conversando sobre los riesgos que pueden encontrar en línea.
• Establecer acuerdos familiares sobre el uso de dispositivos, definiendo horarios y espacios de uso y reforzando la importancia de cuidar la privacidad y pedir ayuda ante situaciones incómodas o de riesgo.
• Mantener una comunicación abierta y de confianza, para que los adolescentes se sientan seguros de hablar sobre sus experiencias en línea sin temor a ser juzgados.

¿Cuál es el panorama en América Latina?

Aunque en Europa ya comenzaron a discutirse restricciones de edad para el uso de redes sociales, en América Latina el debate todavía está en una etapa incipiente. En Brasil, por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres o tutores y a ofrecer herramientas de supervisión y filtrado de contenidos. En Perú, en tanto, el Parlamento debatió iniciativas para restringir el acceso a redes sociales o dispositivos entre menores y reforzar la prevención frente a riesgos como el ciberacoso o el grooming.

La principal dificultad es tecnológica: España pudo impulsar su propuesta luego de desarrollar una aplicación que permite verificar la mayoría de edad de los usuarios de forma anónima y sin revelar datos personales, una herramienta que aún no existe en la mayoría de los países de la región.

En Argentina, hasta el momento, las iniciativas apuntan más bien a regular el uso de dispositivos en ámbitos educativos. Un ejemplo reciente es la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el uso de celulares durante la jornada escolar en las escuelas secundarias. En la provincia de Buenos Aires, la restricción en la utilización escolar se aprobó por ley y rige para el nivel primario.

Por ahora, el debate sigue abierto. La pregunta ya no es solo si prohibir o no, sino cómo equilibrar protección, derechos y oportunidades en un entorno digital que, para los adolescentes, ya no es opcional.

* Esta nota forma parte de la alianza entre Infobae y UNICEF por los derechos de niñas, niños y adolescentes en el mundo digital

* Para acceder a la Guía Completa para una Vida Digital Segura de la Infancia y la Adolescencia de UNICEF, clic acá.

La figura de Ewan McGregor ha llevado su interés por los viajes más allá del cine, transformando su experiencia personal en una serie de recorridos en motocicleta que enfatizan el contacto humano con diferentes culturas y lugares. Para el actor escocés, este tipo de travesías representan una oportunidad para expandir horizontes y conectar con distintos modos de vida, como recoge la cadena de documentales científicos National Geographic.

Para McGregor, cada viaje implica “una oportunidad para expandir los propios horizontes”. Este enfoque ha generado cambios en la manera en la que se comprende el rol del explorador en la actualidad.

La serie documental de viajes en motocicleta de Ewan McGregor

La travesía de McGregor como aventurero televisivo comenzó en 2004, cuando, tras filmar la trilogía de Star Wars, decidió dar la vuelta al mundo en motocicleta junto a Charley Boorman. De ese viaje surgió Long Way Round, la primera de cuatro series documentales que mostraron un enfoque honesto y sin filtros sobre la exploración.

El recorrido partió de Londres y se dirigió hacia el este, cruzando países como Francia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Kazajistán, Mongolia y extensos territorios de Rusia en Siberia, para luego continuar por Alaska y atravesar Canadá hasta llegar a Nueva York. Esta travesía marcada por el paso por paisajes remotos y culturas diversas fue el inicio de su segunda carrera como narrador de aventuras reales.

La serie se amplió luego con Long Way Down (2007), donde la ruta fue por áfrica, y años después, con Long Way Up, que llevó a McGregor y Boorman desde Patagonia hasta Los ángeles.

La entrega más reciente, Long Way Home, muestra a ambos recorriendo 11.000 kilómetros por 17 países europeos, con visitas a lugares como una aldea vikinga reconstruida o un centro de parapente en los Alpes. En cada edición, el eje estuvo puesto en la diversidad de experiencias al cruzar fronteras y la variedad de desafíos propios de cada viaje.

Las producciones documentales de Ewan McGregor aportaron una mirada diferente al mostrar no solo los paisajes, sino también los desafíos ambientales y sociales de cada destino. En Long Way Home, el viaje a Svalbard expuso los efectos de la minería y el retroceso de los glaciares, junto con la necesidad de contar con guardias armados para protegerse de osos polares. Estos eventos muestran que viajar implica enfrentar realidades que exigen adaptabilidad y comprensión local.

La serie también se diferencia de otras propuestas centradas en viajes organizados para redes sociales o en la búsqueda de destinos visualmente atractivos. “Hay una emoción increíble al estar fuera de tu propio entorno o experiencia cultural”, sostiene McGregor.

El vínculo con UNICEF y el relato de la infancia vulnerable en los viajes

Uno de los elementos recurrentes en los recorridos de McGregor es su colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta cooperación permitió dar visibilidad a la labor de la organización en lugares y contextos poco difundidos.

Al principio, el actor pensaba que UNICEF solo recaudaba fondos para niños en situaciones de hambruna o desastres naturales, pero a través de las series, el público accedió a información sobre programas como la escalada en roca para jóvenes en situación de riesgo en Kazajistán o un centro de rehabilitación para niños soldados en Uganda.

Otro momento destacado sucedió durante Long Way Round, cuando McGregor visitó un centro para niños huérfanos y sin hogar en Mongolia, experiencia que lo llevó a adoptar a su hija Jamyan.

Influencias y testimonios: cómo los relatos de McGregor inspiran nuevos viajes

La motivación de McGregor se inspira en relatos como el de Ted Simon, autor de Jupiter Travels, quien defendía abrirse a lo que el camino ofrece como vía para conocer otras realidades. Esta inspiración aparece reflejada en los testimonios recogidos a lo largo de las series: en Noruega, por ejemplo, un joven le contó a McGregor que de niño veía sus viajes por televisión y que esa imagen lo llevó a comprarse una motocicleta.

Las imágenes de McGregor en Escocia, en lugares como Dunkeld House Hotel y The Hermitage, muestran cómo el actor vincula sus experiencias con sitios históricos y naturales. Así, muchas personas encuentran en sus historias el estímulo para realizar sus propios trayectos y descubrir otras geografías.

El 79 por ciento de las personas consultadas respalda un control más estricto sobre la promoción de alimentos no saludables que tiene como público objetivo a niños y niñas, según una encuesta realizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Este respaldo social forma parte de las conclusiones presentadas en el encuentro ‘Alimentación saludable en la infancia y prevención de la obesidad infantil: claves y retos’, donde especialistas destacaron la necesidad de adoptar medidas inmediatas para regir la publicidad en función de los perfiles nutricionales de los productos, especialmente de aquellos productos que consumen habitualmente los menores. Durante la jornada, se subrayó la urgencia de intervenir en un contexto donde España figura entre los países europeos con mayor prevalencia de exceso de peso infantil. De acuerdo con lo publicado por diversos medios y detallado en la mesa de debate, especialistas del sector público y privado insistieron en la influencia de la publicidad en la dieta de la infancia y reclamaron políticas de regulación como vía fundamental para frenar la obesidad infantil.

Según informó el medio, Almudena Rollán, subdirectora general de Nutrición de AESAN, y Alejandro Martínez, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski y responsable de la Fundación Eroski, coincidieron en la conveniencia de regular la publicidad de los alimentos considerados no saludables con el fin de prevenir el sobrepeso infantil. En palabras de Martínez, es fundamental que esta regulación se establezca tomando como base los perfiles nutricionales de cada alimento, incidiendo sobre todo en aquellos dirigidos específicamente a menores o con mayor nivel de consumo entre la infancia. Rollán avaló la idea de un mayor control de los mensajes comerciales y explicó que una regulación clara permitiría “garantizar un acceso real y equitativo a alimentos saludables para todos los niños”, en vista de la poderosa influencia que, según sus declaraciones recogidas por el medio, ejerce la publicidad en los hábitos alimenticios.

Durante el evento, organizado en Madrid por Eroski dentro de su iniciativa ‘5 Compromisos Contigo’, Rollán puntualizó que las técnicas de marketing se han vuelto “cada vez más sofisticadas”, al punto de que la infancia muchas veces no distingue los mensajes promocionales. A su juicio, diseñar una norma que limite el alcance de estos anuncios resulta “clave” para abordar la epidemia de exceso de peso, la cual, según manifestó citando un informe reciente de UNICEF, representa el problema de malnutrición más grave en la infancia en la actualidad. Los datos aportados por Rollán y recogidos por el medio confirman la dimensión del problema: según el Estudio Aladino 2023, cerca del 16 por ciento de los niños y niñas de seis a nueve años sufre obesidad, mientras que aproximadamente un 36 por ciento presenta exceso de peso.

El medio también reportó que, aunque se ha registrado una disminución de alrededor de cuatro puntos porcentuales en las tasas de exceso de peso infantil, la cifra sigue siendo elevada, con uno de cada tres niños en esa franja de edad afectados en España. El país aparece a la cabeza de Europa junto a otros países mediterráneos en cuanto a esta problemática, situación que Rollán relacionó con “determinantes sociales”. Entre estos determinantes, señaló que la prevalencia de obesidad y sobrepeso duplica entre menores de familias con ingresos bajos. Además, Rollán explicó que en estos hogares se detecta una diferencia de diecisiete puntos porcentuales menos a la hora de realizar un desayuno completo, acompañado de un mayor consumo de bebidas azucaradas.

Esta situación contrasta con iniciativas como el reciente Real Decreto que busca modificar la alimentación en los colegios para reducir el entorno obesogénico, explicó la representante de AESAN citada por el medio. La futura normativa incluirá también regulaciones en residencias y hospitales, tanto públicos como privados, con el objetivo de optimizar la dieta infantil en estos ámbitos. Rollán abordó otros temas como el etiquetado de los alimentos y la posibilidad de introducir medidas fiscales diferenciadas. Según sus declaraciones, “aplicar los impuestos de forma diferente” permitiría penalizar productos poco recomendables y promover el consumo de opciones más saludables, aunque aclaró que estas políticas “no necesariamente implican un aumento en el coste final de la cesta de la compra”. Rollán mencionó la necesidad de adaptar la fiscalidad en línea con la regulación europea, señalando los límites del IVA y la posibilidad de profundizar en nuevas líneas de trabajo en materia fiscal.

El medio ha destacado la importancia de la cooperación entre sectores público y privado para combatir el exceso de peso desde la niñez. Rollán insistió en que muchos actores pueden contribuir a alcanzar los objetivos propuestos, y Martínez remarcó el compromiso de Eroski y la necesidad de “trabajar en red” para facilitar la toma de decisiones saludables por parte del consumidor. El director de Salud y Sostenibilidad de Eroski explicó que la compañía ha encabezado movimientos pioneros en materia de nutrición, anticipando la eliminación de grasas trans antes de que la Unión Europea exigiera su limitación. Además, Martínez recordó que Eroski incorporó en 2006 el etiquetado en formato semáforo conforme al reglamento 169 de la UE y, en 2019, implantó el sistema Nutriscore, lanzando el primer producto bajo esta clasificación nutricional en España.

Según publicó el medio de referencia, la empresa también lleva más de una década desarrollando un plan educativo que se ofrece a los colegios interesados para la formación en hábitos alimentarios saludables. Martínez expuso el impacto de la plataforma informativa 'Consumer', con más de medio siglo de historia, y la existencia de ayudas específicas a familias. En referencia a los productos especialmente destinados a la infancia, aseguró que Eroski evita el uso de personajes llamativos en el envase de sus marcas propias. A pesar de los avances en el fomento de productos beneficiosos, Martínez reconoció que el 40 por ciento de los alimentos en la cesta de la compra aún corresponde a productos no saludables. Indicó que, según sus mediciones, las regiones del País Vasco y Navarra muestran una composición dietética más equilibrada, en comparación con Murcia y Canarias, que presentan peores resultados. Recomendó incentivar el consumo saludable con políticas fiscales como la reducción o diferenciación del IVA, con resultados positivos para la salud y la esperanza de vida. Martínez señaló que los efectos de la obesidad infantil pueden persistir a lo largo de toda la vida, y que mejorar la dieta en la infancia constituye una inversión en salud futura.

Durante el evento, Cecilia Galbete, investigadora de GOe Tech en el Basque Culinary Center, abogó por una mayor conciliación familiar que permita cocinar en casa, planteando que el modelo de dieta mediterránea tradicional se ha perdido en España. Explicó que la dieta actual sería mejorada aumentando la frecuencia de legumbres, frutas y verduras, y resaltó la correlación entre cocinar en casa y una mejor alimentación. Galbete enfatizó que todos los factores asociados al exceso de peso infantil se retroalimentan, incluyendo la disminución de la actividad física y el aumento del uso de pantallas durante las comidas.

Mario Sánchez, divulgador especializado en ciencia y tecnología de alimentos, intervino asegurando que la alimentación basada en productos ultraprocesados puede resultar más económica inicialmente, pero cuestionó la magnitud de esa diferencia. Sánchez afirmó, según recogió el medio, que una alimentación saludable no requiere un gasto excesivo. Asimismo, señaló que el sector regulador ha avanzado, exigiendo ahora a los perfiles de alto impacto, como los influencers, integrarse en registros específicos para contener la publicidad alimentaria poco adecuada. Sánchez cerró su intervención subrayando que la clave radica en consultar fuentes expertas y fiables, concluyendo sobre la importancia de una adecuada información para fomentar elecciones de consumo más saludables entre la población.

El compromiso de establecer un calendario para la neutralización de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), así como la garantía de protección para los civiles en las zonas afectadas, se incluyó entre los puntos destacados tras las recientes negociaciones entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, delegados de ambos países participaron en encuentros bilaterales y una reunión trilateral junto a representantes de Estados Unidos en Washington, donde reafirmaron su determinación de avanzar en la aplicación del acuerdo de paz firmado en junio de 2025.

Las delegaciones de la RDC y Ruanda adoptaron compromisos para implementar pasos concretos que permitan reducir la tensión y favorecer avances en el este congoleño. Según un comunicado conjunto difundido tras la última reunión, las partes acordaron coordinarse en medidas específicas orientadas a mantener la soberanía e integridad de ambos Estados, programar la retirada militar y poner fin de forma progresiva a las disposiciones defensivas impuestas por Ruanda en territorios definidos dentro del este de la RDC. El medio Europa Press detalló que el acuerdo contempla además la intensificación de acciones bajo plazos determinados por la RDC para desmantelar la estructura de las FDLR, organización fundada por extremistas hutus tras el genocidio de 1994 en Ruanda.

Estos movimientos diplomáticos se producen en un contexto de hostilidades crecientes en el este de la RDC, donde las ciudades y la población civil han quedado atrapadas en el enfrentamiento entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Europa Press informó que la semana previa a estas reuniones un ataque con dron en Goma —una ciudad bajo control rebelde— resultó en la muerte de tres personas, entre ellas una trabajadora francesa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Goma, capital de Kivu Norte, quedó bajo dominio del M23 en enero de 2025 tras una ofensiva prolongada.

El acuerdo alcanzado entre las delegaciones de la RDC y Ruanda —con la mediación estadounidense— se encuadra dentro de los compromisos asumidos en la llamada Declaración de Washington. Según consignó Europa Press, el documento firmado en la capital estadounidense reitera la voluntad de ambas naciones de buscar una paz sostenida y mayores perspectivas de estabilidad en la región africana de los Grandes Lagos. Entre las principales disposiciones sobresale la promesa mutua de levantar paulatinamente las medidas defensivas y trabajar para que las fuerzas implicadas abandonen zonas sensibles, reduciendo la posibilidad de nuevos incidentes armados.

El avance sobre terreno se torna especialmente relevante a raíz de la escalada en los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el M23. El 25 de febrero, voceros del grupo rebelde —integrado predominantemente por tutsis congoleños y respaldado por Ruanda, según autoridades congoleñas y reportes internacionales— acusaron al Gobierno de Kinshasa de lanzar una vasta operación militar en áreas densamente pobladas, a pesar de la vigencia de un alto el fuego destinado a contener el conflicto. Europa Press especificó que el control territorial del M23 en 2025 se extendió por grandes porciones de Kivu Norte y Kivu Sur, con la toma de Goma y Bukavu, lo que provocó un aumento de las tensiones bilaterales y propició la intervención diplomática internacional.

Las FDLR, señaladas como uno de los principales factores de inestabilidad, representan una prioridad para la hoja de ruta acordada. Estos remanentes del genocidio de 1994 han sido frecuentemente implicados en incidentes violentos, desplazamientos forzados y nuevos brotes de enfrentamientos en la zona fronteriza. A raíz de esto, los gobiernos de la RDC y Ruanda acordaron intensificar el trabajo conjunto para neutralizar su influencia, bajo una planificación estructurada y con plazos fijos, reportó Europa Press.

Durante las reuniones, tanto el gobierno de Kinshasa como el de Kigali reiteraron mediante declaraciones oficiales el compromiso con los términos estipulados en los Acuerdos de Washington. Según información consignada por Europa Press, los representantes estadounidenses reforzaron su apoyo al proceso de paz y subrayaron la importancia de proteger a la población civil, además de promover el respeto a la integridad de los territorios nacionales y canalizar los esfuerzos hacia una desescalada sostenida.

Entre las medidas pactadas figura además la voluntad de coordinar futuras acciones bilaterales bajo la supervisión internacional; los gobiernos se comprometieron a informar regularmente sobre los avances y a cooperar con observadores internacionales que puedan verificar el progreso en el terreno. Esta supervisión busca evitar retrocesos y fortalecer la confianza de los actores locales e internacionales implicados, según el reporte de Europa Press.

El conflicto en el este de la RDC y la intervención recurrente de actores externos han dificultado los intentos de alcanzar una solución definitiva en la zona de Kivu. Según el análisis ofrecido por Europa Press, la presencia de múltiples actores armados, las dinámicas transfronterizas y la fragilidad de los acuerdos previos han generado incertidumbre respecto a la implementación efectiva de los compromisos establecidos. La nueva ronda de negociaciones y el refuerzo de la cooperación trilateral buscan superar estos obstáculos mediante un enfoque más estructurado y supervisado para reducir la violencia y proteger a las comunidades afectadas.

Los acontecimientos recientes y las medidas anunciadas se mantienen bajo el seguimiento de organismos multilaterales, que buscan asegurar el respeto de los derechos humanos y la estabilidad en un territorio que ha experimentado desplazamientos masivos y recurrentes emergencias humanitarias. Europa Press destacó que la aplicación efectiva de estos compromisos dependerá de la capacidad de cada Estado para cumplir sus promesas, el monitoreo internacional y la disposición de los actores armados para acatar los términos negociados en Washington.

La atención médica y el apoyo psicológico se han convertido en prioridades para la respuesta humanitaria internacional en Irán durante el actual conflicto armado. Tal como reportó Europa Press, UNICEF ha anunciado el envío de suministros médicos de emergencia tras la solicitud del Ministerio de Salud del país, donde la ofensiva combinada de Estados Unidos e Israel ha provocado graves consecuencias para la población civil. Este envío está destinado a aproximadamente 226.000 personas, con especial foco en menores de edad y desplazados.

De acuerdo con información detallada por Europa Press, el apoyo de UNICEF incluye unidades móviles de atención en salud, carpas para la provisión de servicios básicos y kits de emergencia. La organización internacional afirmó que estos recursos buscan restablecer servicios esenciales y cubrir necesidades inmediatas tras los daños causados a instalaciones sanitarias y educativas. Los suministros abarcan vacunas, materiales médicos básicos y servicios relacionados con la salud mental para niños, niñas, adolescentes y sus familias.

En el mismo comunicado, UNICEF precisó que trabaja junto a organizaciones locales con el objetivo de fortalecer la asistencia psicológica. La agencia agregó que colabora de manera coordinada con la Organización Estatal de Bienestar para asistir a menores que han perdido a familiares o cuidadores, y para reforzar la protección de niñas y niños en áreas accesibles, según amplió Europa Press.

La organización señaló que evaluará continuamente la situación en coordinación con las autoridades y que contempla la entrega de suministros de agua potable y de higiene cuando las circunstancias lo requieran. Europa Press consignó que UNICEF y sus socios están centrados en revisar los efectos del conflicto sobre poblaciones vulnerables y en adaptar la respuesta humanitaria ante eventuales agravantes en el terreno.

Además, UNICEF indicó que mantiene su compromiso con los refugiados afganos asentados en Irán, incluyéndolos entre los destinatarios prioritarios de la asistencia humanitaria. Según la información divulgada, la entidad aseguró que ajustará y ampliará su respaldo humanitario conforme lo dicten las condiciones sobre el terreno.

El cierre de escuelas ha representado otro golpe para la infancia en Irán. Europa Press informó que, según cifras de UNICEF, la interrupción educativa perjudica a 17 millones de menores. El informe también detalla que al menos 120 escuelas y 152 instalaciones médicas han sufrido daños o han dejado de funcionar debido a la violencia y los ataques, lo que agrava la dificultad de acceso a servicios esenciales para la población infantil.

Respecto a los efectos directos del conflicto, UNICEF ofreció un balance que recoge que al menos 204 niños y niñas han perdido la vida desde que la ofensiva empezó el 28 de febrero, y otros 1.275 han resultado heridos, de los cuales 45 son menores de dos años. Europa Press especificó que muchas de las personas desplazadas internamente —calculadas en torno al millón— corresponden a menores, lo que resalta la magnitud de la crisis humanitaria en desarrollo.

En cuanto al impacto total, las cifras oficiales difundidas por Irán señalan más de 1.200 muertes a raíz de la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el número de fallecidos a más de 3.000, la mayoría civiles, de acuerdo con el reporte de Europa Press. Esta disparidad en los datos ilustra la complejidad de cuantificar las consecuencias reales del enfrentamiento y los desafíos que enfrentan las operaciones humanitarias para asistir a las víctimas.

Las autoridades y los organismos humanitarios internacionales han debido ajustar sus intervenciones para dar respuesta a una situación caracterizada por la destrucción de infraestructura y la multiplicación de necesidades básicas entre la población afectada. UNICEF, tras su reciente anuncio referido por Europa Press, permanece en alerta para reforzar el apoyo en función de las solicitudes oficiales y las exigencias emergentes derivadas de la evolución del conflicto en territorio iraní.

El programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que introduce el uso de hisopos linguales y agrupa muestras en el proceso de diagnóstico, tiene como objetivo abordar la brecha en la detección de la tuberculosis al facilitar un acceso más amplio y reducir las barreras económicas que aún afrontan muchos países. Según informó la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, su director general, aseguró que el costo de las pruebas de detección puede disminuir “en un 50 por ciento o más” gracias a esta nueva estrategia, cuya implementación busca hacer el diagnóstico más rápido y eficiente, utilizando menos pruebas por paciente.

La iniciativa pone el foco en el despliegue de pruebas moleculares en centros de atención cercanos a los pacientes, con el efecto de descentralizar servicios y ampliar la cobertura en regiones con recursos limitados. De acuerdo con el análisis de la OMS, el acceso mundial a estos diagnósticos avanzados se ralentizó debido principalmente a los altos precios, lo que impidió a grandes sectores de la población acceder a pruebas oportunas. El organismo internacional destacó que la nueva metodología está abriendo alternativas para que los sistemas de salud puedan reorganizar sus servicios, focalizando la expansión en comunidades tradicionalmente desatendidas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado por el medio en diversos apartados, subrayó que la tuberculosis sigue representando “un gran desafío global para la salud contra el cual el mundo ha hecho gran progreso”. Desde el año 2000, las acciones en la lucha contra esta enfermedad infecciosa han logrado salvar alrededor de 83 millones de vidas humanas. No obstante, el director general de la OMS reconoció que los costos en aumento y la aparición de resistencia a fármacos continúan siendo obstáculos fundamentales.

La OMS detalló que cada día mueren más de 3.300 personas por tuberculosis y otras 29.000 adquieren la infección, a pesar de que la enfermedad cuenta con métodos efectivos de prevención y tratamiento. Tedros Adhanom Ghebreyesus resaltó también el problema de los “millones” de personas que no reciben diagnóstico ni atención apropiada, una situación que la OMS busca revertir mediante la aplicación de nuevos sistémas diagnósticos más accesibles.

Frente a la lentitud con la que se han implementado estos avances en muchos países, la OMS enfatizó la urgencia de reducir los costos asociados al diagnóstico y, así, incrementar el acceso. Según publicó la organización, la reducción de los precios y la optimización en la utilización de los recursos son puntos centrales para que los países puedan descentralizar servicios y aumentar la cobertura.

El anuncio de este nuevo plan coincide con la inminente conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis, previsto para el martes 24 de marzo, fecha en la que la OMS busca poner en relieve los esfuerzos globales y la necesidad de ampliar las soluciones existentes para combatir la enfermedad. Los nuevos lineamientos, basados en técnicas de hisopados linguales y agrupación de muestras, han sido destacados por el director general como instrumentos cruciales para cerrar la brecha en diagnóstico y asegurar que menos personas se queden sin detección ni tratamiento.

En el mismo mensaje, Tedros Adhanom Ghebreyesus se refirió al reciente informe publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la mortalidad infantil, el cual indica que la reducción de muertes de menores de cinco años ha disminuido su ritmo en más del 60 por ciento a nivel mundial desde 2015. El reporte apunta a que 4,9 millones de niños menores de cinco años fallecieron en 2024, lo que muestra una desaceleración en el progreso logrado en décadas previas.

“El progreso en la supervivencia de los niños en las últimas dos décadas es una de las grandes historias de éxito de la salud global”, declaró el director general según consignó la OMS. Añadió que en el año 2000, la cifra de muertes infantiles antes de los cinco años era superior a diez millones. Subrayó la importancia de las inversiones hechas por países y socios internacionales, que permitieron salvar millones de vidas a través de la expansión de vacunas y el tratamiento de la malnutrición severa, y mencionó la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas.

De acuerdo con la OMS, la supervivencia infantil debe figurar entre las máximas prioridades tanto en la agenda política como en la asignación de fondos por parte de gobiernos, donantes y aliados internacionales. En esa línea, Tedros Adhanom Ghebreyesus instó a que no se relegue este objetivo en el contexto global y remarcó la urgencia de mantener el enfoque en la inversión en infraestructura preventiva y terapéutica.

El medio OMS también recogió las recomendaciones más recientes del Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización (SAGE), que ha abordado la situación en torno a la Covid-19, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. El SAGE recomienda que las personas de mayor riesgo de complicaciones graves por la Covid-19, como adultos mayores, personas con comorbilidades significativas o con obesidad extrema, residentes de centros de larga estancia y personas inmunosuprimidas a partir de los seis meses de edad, reciban al menos una dosis de la vacuna y, preferentemente, una dosis de refuerzo administrada con seis meses de intervalo.

Respecto a la fiebre tifoidea, el grupo de expertos aconseja que, en regiones con incidencia muy elevada, los niños de cinco años que han recibido la vacuna primaria entre los nueve y los 24 meses reciban una dosis de refuerzo, con el propósito de sostener la protección a largo plazo. En cuanto a la poliomielitis, estos y otros lineamientos serán clave en la gestión preventiva de enfermedades infecciosas, según informó la OMS en su más reciente balance.

Además, Tedros Adhanom Ghebreyesus abordó la situación sanitaria en Oriente Medio en el contexto de los conflictos armados registrados en la región. El director general manifestó que el acceso a los servicios de salud continúa deteriorándose y los informes de ataques a infraestructuras sanitarias persisten. “Los ataques a los sistemas de atención médica continúan siendo reportados” y señaló que tales acciones “constituyen una violación del derecho internacional”, según declaró el funcionario, de acuerdo a lo publicado por la OMS.

Frente a esta situación, la OMS ha activado una asignación especial de dos millones de dólares procedentes del Fondo Contingente de Emergencias, destinada a fortalecer la respuesta sanitaria en Líbano, Irak y Siria. Tedros Adhanom Ghebreyesus reafirmó el compromiso de la organización para salvar vidas y reducir el sufrimiento en las poblaciones afectadas por las hostilidades, recalcando el alcance global de la misión de la OMS frente a desafíos sanitarios emergentes y persistentes.

Las autoridades de UNICEF han señalado que la investigación interna sobre el caso de supuesto contrabando en sus envíos humanitarios a Gaza surgió tras la detección de botellas de tabaco y nicotina ocultas entre kits de higiene, una situación que, según el organismo, requiere la colaboración de todos los Estados involucrados para mejorar los sistemas de inspección y detección de productos ilícitos. Este incidente llevó al gobierno de Israel a suspender temporalmente la entrada de ayuda coordinada por la agencia hacia la Franja, lo que, advirtió UNICEF, puede aumentar el nivel de gravedad en la crisis humanitaria que atraviesa la población local.

Según informó Europa Press, UNICEF confirmó el miércoles la apertura de una investigación interna para esclarecer las denuncias acerca del intento de contrabando localizado en un cargamento destinado a Gaza y transportado por un operador comercial. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia detalló que el 17 de marzo de 2026 fue notificado formalmente por las autoridades israelíes del hallazgo de estos artículos no autorizados, hallazgo que motivó la acción inmediata del organismo para dar inicio a un análisis exhaustivo del hecho.

En declaraciones al mismo medio, representantes de UNICEF subrayaron la estricta política de tolerancia cero que mantiene la organización en relación con la inclusión de artículos no declarados en material humanitario. Además, recordaron que, a pesar de la existencia de medidas de precaución, existen intentos esporádicos de introducir productos prohibidos en entregas humanitarias, por lo que la colaboración con las autoridades fronterizas resulta fundamental. UNICEF recalcó la necesidad de fortalecer los controles para detectar bienes ilícitos antes de que accedan a los territorios afectados por conflictos.

Las fuentes consultadas por Europa Press resaltaron la importancia de que las remesas humanitarias enviadas a Gaza resultan esenciales para la supervivencia de los menores y sus familias. Desde el organismo, insistieron en que cualquier suspensión representa un riesgo considerable de profundización en el deterioro de las condiciones de vida de la población civil que ya enfrenta una situación que catalogan como extremadamente crítica.

El anuncio de la suspensión por parte de Israel provino del Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), entidad militar adscrita al Ministerio de Defensa encargada de la política y la seguridad en Gaza y Cisjordania. Conforme a lo publicado por este organismo, la inspección de los materiales se efectuó en el cruce de Kerem Shalom, fronterizo con Egipto, y participaron tanto la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa como la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza.

Según reportó el COGAT a través de sus redes sociales, "durante una inspección de seguridad llevada a cabo por personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, junto con representantes de la CLA de Gaza (la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza) se encontraron botellas que contenían sustancias de nicotina ocultas dentro de cajas de kits de higiene". La dependencia militar calificó el hecho como una infracción importante de los procedimientos que regulan el acceso de artículos humanitarios y remarcó la existencia de intentos reiterados por parte de actores hostiles para valerse de estos canales como método de tráfico ilícito, en particular de productos de tabaco.

El COGAT detalló que la suspensión continuará vigente hasta que UNICEF presente los resultados de la investigación integral y se emita una respuesta oficial. Las autoridades israelíes comunicaron que aumentarán los controles para impedir cualquier posible intento futuro de contrabando de artículos no autorizados a través de los pasos fronterizos habilitados para la asistencia internacional.

Europa Press expuso que las restricciones a la entrada de ayuda en Gaza forman parte de las medidas impuestas por Israel desde el recrudecimiento del conflicto ocurrido tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La ofensiva militar inició como represalia a las acciones perpetradas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que según cifras oficiales dejó cerca de 1.200 fallecidos y cerca de 250 personas secuestradas en territorio israelí.

En relación con la situación humanitaria, fuentes de Hamás citadas por Europa Press aseguraron que, desde el anuncio de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 tras un acuerdo promovido por Estados Unidos para el futuro de la región, se han contabilizado 673 muertes y 1.799 heridos en Gaza derivados de ataques israelíes. Las cifras acumuladas desde el inicio de la ofensiva militar, siempre según las autoridades gazatíes, ascienden a 72.249 fallecidos y un total de 171.898 personas heridas.

Conforme a lo publicado por Europa Press, desde el inicio del conflicto se han sucedido denuncias por parte de Hamás relativas a la no aplicación efectiva de las cláusulas humanitarias acordadas el año anterior, lo que ha mantenido la presión internacional sobre las partes y sobre los canales de ingreso de ayuda humanitaria, a la vez que se han incrementado las dificultades para la población local, dependiente en su mayoría de la asistencia proveniente del exterior.

El organismo de Naciones Unidas dedicado a la infancia informó que desde enero de 2025, aproximadamente un menor palestino ha perdido la vida cada semana en Cisjordania —incluyendo Jerusalén Este— y más de 760 han resultado heridos, cifras que en su mayoría se atribuyen al uso de munición real. La agencia detalló que las secuelas para quienes sobreviven pueden incluir discapacidades permanentes y daños psicológicos profundos, tras presenciar la muerte de familiares o amigos. De acuerdo con el comunicado citado por UNICEF, las vidas de muchos menores palestinos han quedado marcadas por la violencia y las heridas tanto físicas como emocionales.

El medio Europa Press reportó que UNICEF condenó el asesinato el pasado fin de semana de dos niños palestinos, de 5 y 7 años, y de sus padres por parte de fuerzas israelíes en la localidad de Tammun, en Cisjordania. Otros dos hijos de la misma familia resultaron heridos por metralla durante este incidente. La agencia de la ONU manifestó en un comunicado: “La violencia se ha cobrado de nuevo la vida de niños y niñas palestinos en Cisjordania. El 14 de marzo, dos hermanos, de 5 y 7 años, fueron asesinados a tiros junto a sus padres por las fuerzas israelíes en la ciudad de Tammun, en Cisjordania, dentro de su automóvil”.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó que estos hechos se insertan en un contexto de incremento sostenido de la violencia contra la población infantil palestina. Según enfatizó UNICEF, la mayoría de las muertes infantiles en Cisjordania durante 2025 han sido provocadas por disparos. El organismo añadió que las consecuencias no solo se reducen a las víctimas mortales, sino que los niños que sobreviven a incidentes violentos pueden enfrentar discapacidades permanentes y padecer graves traumas psicológicos. Muchos menores, indicó la agencia, han quedado afectados tras observar la muerte y las heridas de personas cercanas.

Según publicó Europa Press, UNICEF instó a las autoridades de Israel a implementar medidas inmediatas y decisivas para garantizar la protección de los niños palestinos. El organismo requirió “garantizar su derecho a la vida, de conformidad con el Derecho Internacional”. La agencia reclamó además rendición de cuentas efectiva y transparente cuando niños resultan muertos o sufren mutilaciones, e insistió en la necesidad de establecer mecanismos para prevenir nuevos episodios de violencia.

El comunicado de UNICEF también exigió el cumplimiento de la obligación legal de permitir el acceso humanitario y la atención médica adecuada para los menores heridos, de acuerdo con su deber en el marco del Derecho Internacional. En este contexto, la agencia de la ONU reiteró la pertinencia de acciones de prevención y justicia para evitar que se repitan ataques similares a los ocurridos en Tammun.

Europa Press detalló que el marco internacional exige a los Estados garantizar la protección específica de los derechos de la infancia en situaciones de conflicto. Durante el comunicado, el organismo remarcó la obligación de todas las partes de respetar los derechos y la dignidad de los menores, además de brindar la asistencia médica y psicosocial necesaria para quienes resulten afectados por la violencia armada en la región.

Hasta el momento, según consignó Europa Press, no se conocieron pronunciamientos de las autoridades israelíes sobre el caso específico de la familia asesinada en Tammun. UNICEF reiteró la necesidad de que las investigaciones y procedimientos de rendición de cuentas sean públicos y efectivos, a fin de impedir la impunidad y propiciar la prevención de nuevos casos donde la infancia palestina se vea afectada.

El análisis publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resalta que más de 100.000 menores de entre uno y 59 meses fallecieron en 2024 por cuadros de desnutrición aguda, aunque el informe sostiene que el impacto verdadero supera este número, ya que la desnutrición debilita el sistema inmunitario y expone a la infancia al riesgo creciente de muerte por enfermedades frecuentes. Según consignó la ONU, los cálculos de mortalidad infantil no siempre registran la desnutrición aguda grave como la causa subyacente, especialmente porque los datos excluyen a los recién nacidos de menos de un mes de vida, lo que hace posible que la magnitud real se encuentre subestimada. En este contexto, la organización internacional advierte sobre la necesidad de reforzar el acceso universal a tratamientos efectivos y expone las desigualdades en la atención sanitaria, señalando que la cifra global de menores fallecidos antes de cumplir cinco años alcanzó los 4,9 millones en 2024.

De acuerdo con UNICEF, los progresos en la reducción de la mortalidad infantil muestran una ralentización notable: el ritmo descendió más de un 60% desde 2015. Si bien desde el año 2000 la cifra total de muertes de menores de cinco años se redujo a más de la mitad, entre 2015 y 2024 los avances experimentaron una marcada desaceleración. El informe difundido por Naciones Unidas sostiene que la mayoría de los decesos en este grupo etario son prevenibles y que cerca de 2,3 millones de esas muertes corresponden a recién nacidos. UNICEF detalló que muchas de estas muertes podrían evitarse mediante intervenciones de bajo costo y eficacia comprobada, así como mediante el acceso a una atención sanitaria de calidad.

Los datos publicados por UNICEF muestran que, en 2024, África subsahariana concentró el 58% de todas las muertes globales de menores de cinco años, mientras Asia meridional alcanzó el 25%. En comparación, la proporción de muertes infantiles causadas por enfermedades infecciosas descendió al 9% en Europa y Norteamérica y al 6% en Australia y Nueva Zelanda. El informe advierte que estas diferencias se asocian a una desigualdad significativa en el acceso a servicios que constituyen intervenciones de eficacia probada.

En cuanto a las causas principales de mortalidad en menores de cinco años, UNICEF especifica que las muertes neonatales representan casi la mitad del total, revelando progresos más lentos en la prevención de fallecimientos durante el periodo perinatal. Entre los recién nacidos, las complicaciones por parto prematuro provocaron el 36% de los decesos y las complicaciones durante el parto y el nacimiento el 21%. Las infecciones, como la sepsis neonatal, y las anomalías congénitas también se identifican como causas relevantes de muerte en este grupo. Otros factores que contribuyen considerablemente son la malaria, la diarrea y la neumonía, especialmente después del primer mes de vida.

UNICEF advierte que la malaria permanece como la causa individual más frecuente de muerte en niños menores de cinco años, con el 17% de los fallecimientos atribuidos a esta enfermedad. La mayor parte de estas muertes se registraron en áreas endémicas de África subsahariana. El informe relaciona esta situación con factores como los conflictos armados, los cambios climáticos adversos, la presencia de especies de mosquitos invasores, la resistencia a medicamentos y otras amenazas biológicas, los cuales obstaculizan tanto la prevención como el tratamiento de enfermedades.

El documento elaborado por Naciones Unidas señala que un número reducido de países concentra una parte significativa de las muertes directas de menores de cinco años, mencionando entre ellos a Pakistán, Somalia y Sudán. Además, en África subsahariana, las nueve principales enfermedades infecciosas representaron el 54% de todas las muertes en menores de esa franja etaria. En Asia meridional, la mortalidad se atribuyó fundamentalmente a complicaciones presentadas durante el primer mes de vida, tales como parto prematuro, asfixia, traumatismos al nacer, malformaciones y enfermedades infecciosas neonatales.

El reporte de UNICEF resalta que casi todas estas afecciones, al ser en gran medida prevenibles, subrayan la urgencia de robustecer la inversión en atención prenatal, disponer de personal médico calificado durante el parto, garantizar cuidados especializados para neonatos con bajo peso o enfermedades, y ampliar servicios esenciales de salud neonatal. El informe también alerta que los países en situación de fragilidad y afectados por conflictos se ven especialmente impactados, aumentando el riesgo de mortalidad infantil. Los niños que nacen en esos contextos presentan cerca de tres veces más probabilidades de no alcanzar los cinco años que quienes nacen en otras regiones.

Más allá de la mortalidad infantil, UNICEF y la ONU advierten en el informe que también en 2024 fallecieron unos 2,1 millones de personas de entre cinco y 24 años. Entre los menores de edad, tanto las enfermedades infecciosas como las lesiones constituyen las causas más comunes de muerte. El documento señala que los riesgos predominantes cambian en la adolescencia: las autolesiones figuran como la principal causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años, mientras que los accidentes de tráfico encabezan la lista de causas mortales entre adolescentes varones.

Autoridades internacionales señalaron las posibles vías de acción para revertir la tendencia. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, subrayó que “ningún niño o niña debería morir por enfermedades que sabemos cómo prevenir”. Russell recalcó que el estancamiento de los avances en supervivencia infantil ocurre cuando existen recortes presupuestarios a nivel mundial. A su vez, expresó que el compromiso internacional y la inversión sostenida podrían ampliar los logros alcanzados hasta ahora.

La directora de Salud del Grupo Banco Mundial, Monique Vledder, afirmó que los datos presentados suponen un llamado colectivo para ampliar la implementación de soluciones escalables con evidencia probada. Vledder explicó que el objetivo de esta entidad es alcanzar a 1.500 millones de personas, avanzando en el acceso a servicios de atención primaria de salud de calidad para niños y sus familias.

Li Junhua, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, enfatizó que las estimaciones interinstitucionales sobre mortalidad infantil constituyen “un duro recordatorio de que los avances en supervivencia infantil se están ralentizando y de que demasiados países no están en camino de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Junhua insistió en la necesidad de renovar el compromiso político internacional, sostener la inversión en atención primaria de salud y robustecer los sistemas de datos para asegurar que toda la infancia acceda a los servicios necesarios y no se quede rezagada.

El informe de UNICEF, citado repetidamente por Naciones Unidas y los organismos internacionales involucrados, concluye que las enfermedades prevenibles siguen ocasionando muertes que podrían evitarse con estrategias de bajo costo y acceso a recursos adecuados. Las disparidades geográficas y la fragilidad institucional presentan obstáculos persistentes, evidenciando la urgencia de fortalecer los sistemas sanitarios y la atención a la infancia tanto en las regiones más afectadas como en el plano global.

La decisión de mantener la suspensión está sujeta a que la agencia presente tanto los resultados de una investigación exhaustiva como una respuesta formal, y en el transcurso se aplicarán medidas de control más estrictas para detectar cualquier intento de transferencia ilícita a través de los cruces, según informó el COGAT, autoridad militar israelí encargada de supervisar los territorios palestinos. Este anuncio llega tras la detección de botellas con sustancias de nicotina durante un chequeo de seguridad, según publicó el medio, y ha tenido un impacto inmediato en la colaboración entre Israel y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el contexto del suministro de asistencia humanitaria dirigida a la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información proporcionada por COGAT mediante un comunicado recogido por las agencias internacionales, la suspensión afecta a los envíos coordinados por UNICEF desde Egipto hacia el territorio gazatí y utiliza como principal vía el paso fronterizo de Kerem Shalom. El responsable de operaciones de COGAT, general de división Yoram Halevi, trasladó la notificación por escrito a los directivos regionales de UNICEF este martes, reiterando la gravedad de la infracción detectada al hallarse los productos prohibidos ocultos en cajas de kits de higiene.

Tal como detalló el medio, el hallazgo se produjo durante una inspección desarrollada por personal vinculado tanto al Ministerio de Defensa como a la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza (CLA de Gaza), quienes localizaron envases con nicotina en el interior de uno de los cargamentos. Tras esta verificación, las autoridades israelíes manifestaron que el incidente representa una vulneración considerable de los protocolos que rigen la gestión y entrega de provisiones humanitarias a la población gazatí.

El organismo militar subrayó, según consignó el medio, que existen esfuerzos reiterados por parte de grupos hostiles para aprovechar los envíos de ayuda como medio para el contrabando de mercancías, cita textual: “actores hostiles intentan continuamente explotar este tipo de suministros con fines ilícitos, incluyendo el uso de las operaciones de la agencia para el contrabando de productos de tabaco a la Franja de Gaza”.

Las consecuencias administrativas incluyen la inmediata suspensión de futuros cargamentos de UNICEF a través de este corredor hasta que la agencia de Naciones Unidas proporcione la documentación solicitada, con el objetivo de esclarecer lo sucedido en lo que el COGAT calificó como una “grave violación” del sistema de gestión de asistencia en la frontera. Además, la autoridad militar israelí adelantó que endurecerá los análisis y requisas sobre los productos que busquen ser introducidos por los pasos fronterizos supervisados, reforzando la vigilancia para detectar irregularidades.

La situación surge después de que Israel haya incrementado el escrutinio sobre la ayuda internacional debido a preocupaciones de seguridad y ante denuncias anteriores de que materiales sensibles pudieran llegar a manos de actores no estatales. UNICEF y otras organizaciones habitualmente colaboran en la entrega de bienes esenciales a Gaza, en el contexto de las restricciones y el monitoreo insistente del Estado israelí. Ahora, los procesos de revisión experimentarán un aumento en los niveles de control en todos los cargamentos, según indicó el comunicado citado en la cobertura.

El incidente, reportó el medio, generó peticiones inmediatas de explicaciones concretas y demandó a UNICEF una evaluación interna de los hechos. También reavivó el debate sobre el riesgo de desvío de artículos suministrados bajo el paraguas humanitario y el papel de las agencias internacionales en el cumplimiento estricto de las normativas impuestas por las autoridades de la región.

Por el momento, la continuidad del flujo de ayuda de UNICEF hacia la Franja depende de que la agencia remita una investigación detallada y entregue una respuesta oficial a la suspensión, mientras las autoridades israelíes sostienen su postura de alerta máxima a la espera de las aclaraciones solicitadas. Todo este contexto, según informaron fuentes militares citadas por el medio, mantiene la cooperación bilateral en una situación de incertidumbre, a la vez que incrementa las medidas de seguridad en los puntos de control en la región fronteriza.

El ataque con dron perpetrado esta semana en Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, resultó en la muerte de tres personas, incluida una trabajadora de UNICEF, y ha puesto en el centro de atención a las fuerzas armadas y milicias que operan en la región. En este contexto, la principal coalición armada progubernamental conocida como Wazalendo anunció la destitución inmediata de su presidente del Consejo de Administración, Willy Mishiki. Según informó el medio español Europa Press, tal decisión surgió después de que Mishiki, por iniciativa propia, declarara el inicio de una operación militar para recuperar Goma, actualmente bajo control del Movimiento 23 de Marzo (M23).

Willy Mishiki realizó declaraciones el pasado miércoles a la cadena francesa TV5 Monde Afrique, donde afirmó que los Wazalendo estaban coordinando una estrategia desde el Parque Nacional Virunga con el objetivo de retomar Goma y proclamó que las fuerzas habían avanzado hasta la localidad de Ngiragongo, ubicada cerca de la capital provincial. Además, Mishiki aseguró que se habían llevado a cabo bombardeos contra supuestas instalaciones militares controladas por el M23. Según consignó Europa Press, la dirección de los Wazalendo consideró que estas afirmaciones no solo contradecían las directrices internas, sino que podían perjudicar la reputación y legitimidad del colectivo en medio del conflicto en el este de la República Democrática del Congo.

El comunicado oficial de las milicias, recogido por medios congoleños y citado por Europa Press, señala que Mishiki realizó "declaraciones incendiarias, contrarias a las directrices de la organización", lo que llevó a la decisión de apartarlo de su cargo, tanto en la toma de decisiones internas como en la representación exterior. La organización designó de manera provisional a Jacques Katulanya como nuevo presidente del Consejo de Administración mientras resuelve la situación interna.

El enfrentamiento entre el Ejército congoleño y las milicias afines al Gobierno, por un lado, y el M23, por otro, ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud en el este del país. Según reportó Europa Press, el M23 tomó el control de Goma en enero de 2025 tras intensificar sus operaciones militares en la región. Los combates han implicado a diversas facciones y afectan directamente a la población civil.

Además de la destitución de Mishiki, el ambiente se tornó aún más tenso tras el ataque con dron en Goma, que según denunció el M23, fue responsabilidad de las fuerzas Wazalendo. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, anunció una investigación exhaustiva sobre el incidente, en el que murieron tres personas, entre ellas una trabajadora de UNICEF, aumentando la presión internacional sobre todas las partes implicadas. Europa Press informó que las circunstancias que rodean el ataque siguen bajo análisis de las autoridades congoleñas.

El 25 de febrero, el M23 acusó formalmente al Ejército de la República Democrática del Congo de llevar a cabo una "ofensiva a gran escala" en varias áreas, incluidas zonas densamente habitadas, a pesar de la vigencia de un alto el fuego destinado a frenar la violencia. Según Europa Press, el conflicto amenaza con desestabilizar aún más la región, donde la vida cotidiana se ve marcada por bombardeos, desplazamientos masivos y acceso limitado a ayuda humanitaria.

Las declaraciones de Mishiki, en las que confirmó el avance militar hacia la ciudad y ataques dirigidos contra objetivos controlados por el M23, contradicen la postura oficial de la coalición Wazalendo y han generado un debate sobre la estrategia de comunicación y la coordinación en medio de un conflicto prolongado. La dirección de los Wazalendo subrayó que tales informaciones podían ser inexactas y peligrosas para la confianza tanto interna como internacional, según detalló Europa Press.

La crisis institucional al interior de la principal coalición armada progubernamental se produce en un momento en que las fuerzas civiles y militares enfrentan acusaciones y señalamientos de partes en conflicto y organizaciones internacionales. Europa Press recogió que la sucesión provisoria de Jacques Katulanya se presenta como una medida para contener el impacto inmediato, sin ofrecer aún detalles sobre posibles cambios de línea estratégica o reposicionamiento militar alrededor de Goma y las zonas próximas al Parque Nacional Virunga.

En medio del conflicto, la situación de la población civil sigue empeorando. Muchas personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por la violencia, las operaciones militares y la inseguridad generalizada en Kivu Norte. El medio Europa Press detalló además que la tensión entre el Ejército y el M23 no ha disminuido, pese a los anuncios de altos el fuego; los incidentes recientes han puesto nuevamente en tela de juicio la efectividad de los acuerdos para reducir la violencia.

Hasta el momento, los Wazalendo no han ofrecido más comentarios públicos sobre la designación de Katulanya o los pasos concretos que planean seguir para reorganizar su estructura directiva después del apartamiento de Mishiki. La incertidumbre sobre el liderazgo y la respuesta interna sigue latente mientras se mantienen los combates y la atención internacional sobre el este de la República Democrática del Congo. Europa Press continúa monitoreando la evolución del conflicto y sus repercusiones sobre la estabilidad regional.

El grupo rebelde M23 responsabilizó al Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) por un ataque con drones en Goma que resultó mortal para varias personas, entre ellas Karine Buisset, una cooperante francesa de UNICEF, en un contexto donde la ciudad permanece bajo control rebelde desde enero de 2025. Según reportó Europa Press, el hecho desencadenó peticiones internacionales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de la población civil y del personal humanitario en la zona.

De acuerdo con Europa Press, la Unión Europea publicó un comunicado en el que expresó una condena rotunda al ataque, ocurrido el miércoles 11 de marzo en el este del país, en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el M23. La declaración conjunta fue firmada por la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. Las responsables europeas manifestaron profundo pesar por la muerte de la trabajadora de UNICEF, subrayando que el suceso también cobró la vida de otros civiles, y demandaron el inicio de una investigación que sea independiente, imparcial y creíble para determinar responsabilidades.

La UE solicitó que todas las partes implicadas acaten el alto el fuego y respeten los compromisos alcanzados en las negociaciones de Washington, Doha y bajo la mediación africana, según detalló Europa Press. Además, el bloque comunitario señaló la necesidad de lograr una desescalada de los combates y reiteró su demanda para que el Derecho Internacional Humanitario se cumpla plenamente y bajo cualquier circunstancia, haciendo hincapié en la protección tanto de los civiles como de todos los actores humanitarios que trabajan en áreas de conflicto.

El medio Europa Press indicó que el ataque impactó sobre un edificio residencial en Goma que albergaba a trabajadores humanitarios y a personal de la UE. La acción provocó la muerte de Karine Buisset y de otras dos personas. Poco después, el M23 responsabilizó directamente al gobierno nacional de orquestar lo que calificó como un “ataque terrorista”. Las tensiones se han intensificado tras la ofensiva del ejército congoleño, la cual el propio grupo rebelde denunció el 25 de febrero, alegando que se trataron de ataques contra zonas de alta concentración poblacional, en contravención al alto el fuego vigente.

El M23 está conformado principalmente por tutsis congoleños y recibe el respaldo de Ruanda, de acuerdo con la información consignada por Europa Press. Durante 2025, el grupo logró tomar el control de extensos sectores de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas las capitales de ambas provincias: Goma y Bukavu. Esta expansión armada agravó la crisis regional y motivó nuevas rondas de mediación para evitar que la escalada del conflicto alcance dimensiones mayores entre Kinshasa y Kigali.

La declaración de la Unión Europea también insistió en la relevancia de salvaguardar la vida y la seguridad de quienes trabajan en misiones humanitarias, poniendo de manifiesto que estos actores cumplen una labor fundamental para asistir a poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto, detalló Europa Press. El entorno de inseguridad que prevalece en las provincias orientales de la RDC dificulta gravemente el trabajo de las organizaciones internacionales y eleva la exposición al riesgo tanto de civiles locales como de trabajadores extranjeros.

Europa Press recordó que la ciudad de Goma permanece bajo el control del movimiento rebelde desde principios de año y que los enfrentamientos han generado reiterados llamados internacionales para la restauración del diálogo y el cese definitivo de las hostilidades, así como para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

La UE exhortó a que la investigación sobre el ataque permita identificar a los responsables, se garantice rendición de cuentas y se refuercen los mecanismos internacionales destinados a prevenir la reincidencia de hechos similares en regiones en conflicto, reportó Europa Press.

Sudan Doctors Network reportó que el reciente ataque con drones en la localidad sudanesa de Shukairi dejó al menos 17 víctimas mortales, evento que atribuyó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y que describió como parte de “una continuación de las violaciones cometidas por las RSF en el estado de Nilo Blanco”. Según consignó el medio, el ataque se dirigió específicamente contra una escuela y un centro de salud, causando la muerte de civiles, incluidos estudiantes y personal sanitario.

De acuerdo con lo publicado por UNICEF, al menos ocho estudiantes, entre los que se encuentran cuatro menores de edad, junto a un trabajador sanitario, fallecieron el 11 de marzo tras el bombardeo en la zona de Shukairi, estado de Nilo Blanco, en el contexto de la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las RSF. El impacto de los ataques también provocó lesiones a numerosos estudiantes y civiles, lo que llevó al cierre total de las escuelas en la localidad, según detalló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett, recalcó que “este ataque es una violación indignante del derecho de los niños y niñas a la seguridad y la protección”, y lo calificó como “un recordatorio del brutal impacto de este conflicto sobre los niños”. Yett subrayó que las escuelas deberían ser “espacios seguros donde los niños puedan aprender, crecer y tener esperanza”, enfatizando que “nunca deben ser atacadas”. Estas declaraciones reflejan la preocupación por el aumento de la violencia dirigida contra lugares considerados protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Tal como informó UNICEF, escuelas y hospitales han sido objeto de decenas de ataques desde el inicio del conflicto, con un recuento de al menos 200 incidentes de este tipo registrados por el organismo internacional, lo que ha privado a una gran cantidad de niños y niñas del acceso a espacios seguros para la educación y a servicios médicos esenciales en diferentes puntos de Sudán. Este tipo de ataques afectan directamente el bienestar y el futuro de la población infantil sudanesa.

El conflicto interno en Sudán se desencadenó en abril de 2023 debido a desacuerdos relacionados con la integración de las RSF en el marco de las Fuerzas Armadas, lo que interrumpió el proceso de transición democrática iniciado después del derrocamiento del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019. La coyuntura política se había visto previamente deteriorada tras la destitución por la fuerza del entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

La violencia armada en Sudán ha cobrado una dimensión internacional, ya que diversas naciones han apoyado a los bandos enfrentados, complejizando las posibilidades de resolver el conflicto. Según reportó UNICEF, esta guerra ha desencadenado una crisis humanitaria de dimensiones globales, con millones de personas desplazadas o buscando refugio en otros países y con advertencias a nivel internacional por el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas.

La destrucción de infraestructura crítica, detalló UNICEF, dificulta la prestación de servicios básicos y la atención a los cientos de miles de ciudadanos afectados por la violencia. La falta de recursos y la inseguridad han generado condiciones que comprometen gravemente el acceso a la salud y a la educación, especialmente para la población infantil.

Diversas organizaciones humanitarias han reiterado la necesidad de garantizar la protección de la infancia y el respeto de las instalaciones civiles durante los enfrentamientos. El organismo de Naciones Unidas reiteró en sus comunicaciones que la protección de escuelas y hospitales está consagrada en el Derecho Internacional Humanitario y no debe vulnerarse bajo ninguna circunstancia.

Las cifras más recientes recogidas después del recrudecimiento de la violencia en Oriente Próximo incluyen el fallecimiento o la lesión de más de 1.100 menores desde el pasado 28 de febrero. Esta información fue confirmada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que alertó sobre el agravamiento de la situación para millones de niños en la región. Según detalló el organismo, la escalada de hostilidades que siguió a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado consecuencias directas en la población infantil, que sufre desplazamientos, falta de acceso a servicios básicos y daños en infraestructuras esenciales.

De acuerdo con UNICEF, la mayoría de los informes recientes señalan que desde el inicio del conflicto han muerto o resultado heridos más de 1.100 niños y niñas. El desglose de víctimas atribuido a la violencia incluye 200 menores en Irán, 91 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait. Esta tendencia pone en evidencia la extensión del conflicto en varios puntos de la región. La organización advirtió que “es probable que estas cifras aumenten a medida que la violencia se intensifica y se extiende”, lo que plantea un escenario de creciente gravedad para la infancia.

UNICEF enfatizó que la interrupción de la educación representa otra de las consecuencias directas del conflicto, dejando a millones de menores sin acceso a la escuela. A la crisis educativa se suman los desplazamientos forzados; cientos de miles de menores se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de los bombardeos y el peligro constante derivado de los ataques armados. El impacto de estos desplazamientos repercute en la estabilidad emocional y seguridad personal de los niños y sus familias, privándolos de entornos seguros y condiciones adecuadas para su desarrollo.

A estos factores, según publicó UNICEF, se añade el atentado y la destrucción de infraestructuras civiles. Hospitales, escuelas y sistemas de agua y saneamiento han sido golpeados o destruidos, lo que compromete la supervivencia y el bienestar de la población infantil. El organismo internacional puso de manifiesto la necesidad de proteger estos servicios, que considera vitales para la vida y la salud de los menores. UNICEF recalcó: “Nada justifica la muerte y la mutilación de niños, ni la destrucción y la interrupción de los servicios esenciales de los que dependen”.

La protección de los menores en situaciones de guerra constituye un deber reconocido en el Derecho Internacional, recuerdan los comunicados del organismo. Las graves violaciones cometidas contra niños en contextos armados pueden considerarse infracciones del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este recordatorio, consignado por UNICEF, busca subrayar la responsabilidad de todas las partes implicadas en el respeto y la protección de la población más vulnerable.

En sus declaraciones, UNICEF reiteró el llamado a poner fin a los enfrentamientos e instó a la apertura de un proceso diplomático que permita alcanzar una solución negociada al conflicto. La organización pidió a las partes tomar todas las medidas posibles para salvaguardar la población civil, con énfasis en la obligación de evitar el uso de armas explosivas con efectos indiscriminados y desproporcionados, especialmente aquellas que afectan de forma intensa a los niños.

Una de las notas destacadas del comunicado enfatizó la magnitud del problema al señalar que en la región hay 200 millones de niños cuya seguridad y futuro dependen de que la comunidad internacional y los actores regionales actúen rápidamente. El mensaje final de UNICEF, reproducido y traducido por medios internacionales, fue: “Los niños de la región, unos 200 millones, cuentan con que el mundo actúe con rapidez”.

La acusación del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) señala al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) como responsable del ataque que, según sus declaraciones, alcanzó con un dron un edificio ubicado en una zona alejada de la línea del frente y poblada por civiles en Goma. Entre las víctimas mortales de este incidente figura una ciudadana francesa que trabajaba para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho confirmado por las autoridades francesas y que ha provocado reacciones internacionales respecto a la seguridad y protección de los trabajadores humanitarios en áreas de conflicto, informó el medio Europa Press.

Según detalló Europa Press, el ataque aéreo se produjo el miércoles en la ciudad de Goma, en el este del país africano, actualmente bajo control del grupo M23. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó que un dron impactó en una edificación residencial donde se alojan tanto trabajadores humanitarios como personal de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Lahbib recordó la necesidad de que todos los actores armados en el área respeten los compromisos internacionales y subrayó: "Los trabajadores humanitarios nunca han de ser un objetivo. El Derecho Internacional Humanitario debe ser respetado, siempre".

El presidente francés Emmanuel Macron confirmó el fallecimiento de la empleada de UNICEF en mensaje emitido a través de sus canales oficiales, en el que expresó sus condolencias a familiares y compañeros de la víctima. Macron exigió el respeto al Derecho Humanitario y la protección del personal que desarrolla labores de asistencia en zonas de alto riesgo.

Europa Press consignó que la autoría del ataque no ha sido reivindicada hasta el momento. La identidad de la fallecida no se ha revelado oficialmente, mientras que el M23 anunció que el número de muertes asciende a tres, incluyendo a la trabajadora de UNICEF.

El M23 afirmó que el ataque constituye "una provocación intolerable" que expone a miles de civiles y calificó los hechos de "ataque terrorista". Los rebeldes responsabilizaron directamente al gobierno de Félix Tshisekedi, mencionando que la agresión afectó tanto a la ONU como a la Unión Europea, debido a la presencia de sus trabajadores en la zona atacada.

De acuerdo con Europa Press, el territorio de Goma cayó en manos del M23 en enero de 2025, tras una ofensiva que también permitió al grupo controlar extensas áreas de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Esta campaña militar, reportó el medio, desató nuevas tensiones entre Kinshasa y Kigali, ya que el M23 recibe respaldo de Ruanda y está compuesto principalmente por tutsis congoleños, lo que ha agravado las disputas regionales y generado preocupación por una posible escalada del conflicto.

El 25 de febrero, el M23 acusó al ejército de la RDC de desatar una ofensiva de gran escala en Goma, la cual incluyó ataques a zonas densamente habitadas, pese a la existencia de un alto al fuego. Según Europa Press, estos episodios de violencia no solo amenazan a los habitantes urbanos sino que ponen en riesgo a los trabajadores que desempeñan tareas humanitarias, esenciales para la atención de la población civil atrapada en medio de hostilidades.

Tras el incidente, organizaciones internacionales y gobiernos han reiterado el llamado a proteger al personal humanitario, recordando que las leyes internacionales establecen su neutralidad y la obligación de garantizar su integridad. Mientras la investigación sobre el ataque continúa, persiste la inquietud en la comunidad internacional sobre el deterioro de la seguridad en las áreas controladas por el M23 y la vulnerabilidad de quienes ofrecen asistencia en respuesta a la crisis humanitaria en el este de la RDC.

Europa Press reportó que la ofensiva del M23 y la respuesta militar de la RDC han incrementado el desplazamiento de miles de personas y dificultado las labores de organismos como la ONU y agencias internacionales, que buscan mitigar los efectos de la violencia en las poblaciones afectadas. Las autoridades continúan en alerta ante el posible aumento de incidentes que involucren ataques a instalaciones civiles y humanitarias en la región.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para fortalecer las políticas de protección a la niñez y garantizar el acceso a un sistema de educación inicial, en el marco de la reforma constitucional que impulsa su administración y de cara a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación entre el Gobierno capitalino y el organismo internacional para proteger y salvaguardar el interés superior de niñas y niños. Como parte de esta estrategia, el gobierno capitalino plantea que durante los primeros mil días de vida, las niñas y niños cuenten con apoyo económico y acceso a un sistema de educación inicial.

Además, el convenio contempla que UNICEF participe como evaluador de las políticas públicas dirigidas a la infancia que implemente la Ciudad de México, con el fin de medir su impacto y fortalecer su alcance.

Durante la firma del acuerdo, Fernando Carrera Castro, representante de las Naciones Unidas, reconoció la reforma constitucional presentada por la jefa de Gobierno para garantizar el derecho a la educación inicial y destacó que la colaboración con la capital del país busca tener un impacto a largo plazo.

“Queremos acompañarles en la evaluación del impacto de estas políticas”, señaló.

Protección a la niñez “más allá del Mundial”

Carrera Castro subrayó que la firma del convenio no se limita al contexto del Mundial, sino que pretende consolidar políticas públicas que perduren en el tiempo y fortalezcan la protección de la infancia.

El representante de Naciones Unidas también destacó que UNICEF ha mantenido una colaboración cercana con el gobierno capitalino en materia de protección de la niñez, incluyendo el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en cuanto a la protección de la niñez.

De acuerdo con el funcionario internacional, esta coordinación busca que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea una celebración segura y positiva para las infancias, donde las niñas y niños puedan vivir el evento como una experiencia de alegría.

“Queremos que este Mundial sea una fiesta de felicidad para las niñas y niños, pero también un Mundial seguro. Sabemos que una ciudad donde los niños van a estar seguros, porque cuando la seguridad llega a la niñez, le llega a toda la población”, afirmó.

Con este convenio, el Gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer la política pública de protección a la infancia, colocando en el centro de la agenda el desarrollo y bienestar de niñas y niños desde sus primeros años de vida.

Mujeres y niños recién llegados a centros de recepción en Afganistán muestran señales de agotamiento y confusión tras viajes inesperados desde Irán, según declaraciones recogidas por UNICEF en una rueda de prensa celebrada en Ginebra. Este drama humano forma parte de un fenómeno de retorno masivo con potencial para agravar los riesgos que afrontan las familias afganas, detalló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, al advertir sobre un incremento de las necesidades humanitarias y la incertidumbre que acompaña a quienes abandonan territorio iraní.

De acuerdo con UNICEF, la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tenido repercusiones más allá de las fronteras de ese país, al generar nuevos movimientos migratorios forzados. Tajudeen Oyewale, representante de UNICEF en Afganistán, explicó que ese conflicto derivó en riesgos inmediatos para la infancia en la región, en particular para familias afganas que retornan tras viajes marcados por el miedo y la desesperación. El organismo internacional reportó que, solo en lo que va de 2025, cerca de tres millones de afganos regresaron a su país, principalmente desde Irán y Pakistán, y el 60% corresponde a familias con niños.

Muchas de estas personas llegan a la frontera sin certezas sobre su futuro y requieren apoyo humanitario urgente, según Oyewale. UNICEF ha documentado testimonios de quienes describen rutas peligrosas y una sensación de incertidumbre sobre los pasos a seguir, señalando que la mayoría precisa atención médica y orientación para reorientar sus vidas. En las palabras de Oyewale, “ya estamos viendo a demasiadas madres llegar a los centros de recepción con sus hijos e hijas, exhaustas, desbordadas y necesitando apoyo inmediato. Si las llegadas aumentan como se prevé, también crecerán los riesgos a los que se enfrenta la infancia”.

El representante de UNICEF recalcó que este patrón migratorio no es reciente y suele estar motivado por episodios de violencia y el temor. Además, detalló la especial vulnerabilidad de los menores no acompañados, para quienes “su interés superior debe ser una prioridad y se les debe proporcionar el apoyo adecuado, incluidos los esfuerzos para localizar y reunificar a las familias cuando sea necesario”. Si se omite esta atención, advirtió Oyewale, los niños quedan en alto riesgo de protección, expuestos a secuestros o violencia.

La situación se agrava una vez cruzada la frontera, ya que las familias suelen continuar hacia comunidades donde los servicios esenciales están saturados, tal como detalló el medio. UNICEF advirtió que cualquier aumento en el número de retornados puede traducirse en mayor presión sobre los sistemas de salud, nutrición, agua y protección infantil de los que depende la población afgana. Según el mismo organismo, Afganistán afronta múltiples crisis simultáneas, con 11 millones de niños en situación de necesidad humanitaria. Para quienes retornan con muy pocos recursos, este desplazamiento eleva el riesgo de desnutrición y otros problemas de salud, sobre todo para los niños más pequeños y mujeres embarazadas o lactantes.

UNICEF señaló que el escenario de crisis se ve impactado por interrupciones en las cadenas de suministro causadas por la coyuntura geopolítica. Estas demoras bloquean la llegada oportuna de materiales y medicinas, lo que impide, por ejemplo, que los menores con desnutrición accedan a tiempo a alimento terapéutico necesario para salvar vidas, según consignó el organismo internacional.

Además, la situación en la frontera de Afganistán y Pakistán complica todavía más el panorama. UNICEF informó que cerca de 164.000 personas viven desplazadas internamente en las provincias afectadas, entre las que se hallan 30.000 supervivientes de los terremotos del año anterior que se han visto obligadas a moverse por segunda vez. Las restricciones y trastornos en estas zonas fronterizas incrementan la presión sobre sistemas vulnerables y dificultan el trabajo de asistencia, en momentos en que las necesidades aumentan.

La agencia de la ONU recordó la importancia de garantizar una respuesta rápida para que las familias puedan acceder a servicios esenciales y al apoyo básico a medida que crecen los retornos. UNICEF subrayó que la protección de los menores debe asegurarse en todas las etapas del proceso y que la acción temprana es clave para evitar agravios mayores en un escenario marcado por el colapso humanitario regional y la sobrecarga de los servicios básicos.

La declaración oficial del Comando de Operaciones del Ejército Árabe Sirio ha incluido una referencia directa sobre el contacto continuo con el Ejército Libanés y el análisis de posibles medidas ante incidentes recientes en la frontera. Según informó la agencia estatal de noticias siria SANA, las autoridades militares sirias valoran escenarios de respuesta tras el aumento de tensiones por la presencia y el accionar de Hezbolá en la región fronteriza con Líbano.

El medio SANA detalló que las Fuerzas Armadas de Siria denunciaron disparos de proyectiles realizados por milicianos de Hezbolá contra posiciones del Ejército sirio en las inmediaciones de Sergaya, localidad situada en el suroeste sirio y cercana a la línea fronteriza. Las autoridades castrenses de Siria han señalado además el arribo de refuerzos pertenecientes a la organización chií libanesa y confirmaron el monitoreo y la evaluación constante de estos movimientos en la zona limítrofe. En la declaración citada por SANA, el Comando de Operaciones sostuvo que “el Ejército Árabe Sirio no tolerará ninguna agresión contra Siria”, en un mensaje dirigido tanto a Hezbolá como a potenciales actores externos.

De acuerdo con SANA, el respaldo reciente de Hezbolá a sus posiciones en la frontera surge en un contexto marcado por continuos intercambios de fuego y ataques vinculados al conflicto regional. Hezbolá, que mantiene una alianza histórica con Siria, ha extendido sus operaciones en la zona e intensificó los ataques especialmente tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El grupo atribuyó sus últimos ataques a Israel como represalia directa por el asesinato de Jamenei, ocurrido durante una ofensiva llevada a cabo el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

A su vez, el viernes se registró un ataque ejecutado por Hezbolá en un cuartel localizado en los Altos del Golán, territorio al sur de Sergaya que, si bien es reconocido internacionalmente como sirio, permanece bajo ocupación israelí desde 1967. El monte Hermón, punto más septentrional de los Altos del Golán y situado a unos 80 kilómetros por carretera de Sergaya, fue escenario de bombardeos aéreos israelíes durante el año pasado, según publicó SANA. Este entorno geográfico representa un eje estratégico en las operaciones de ambos bandos y constituye un foco habitual de hostilidades.

El medio SANA expuso que, en paralelo a estos hechos, el Ejército israelí ha efectuado numerosas incursiones aéreas en territorio libanés durante los meses recientes. Las autoridades libanesas han reportado la muerte de unas 400 personas a raíz de estos bombardeos. Este saldo ha generado condenas por parte de organismos internacionales y de la sociedad civil, entre los que se destaca UNICEF, que denunció la muerte de más de 80 niños durante estos ataques. Human Rights Watch, citado por SANA, ha acusado al Ejército de Israel de emplear fósforo blanco en zonas residenciales del sur del Líbano: se trata de una sustancia que, al entrar en contacto con el oxígeno, se inflama y cuya utilización indiscriminada en áreas densamente pobladas está prohibida por el Derecho Internacional.

Pese al alto el fuego pactado en noviembre de 2024, Israel continuó ejecutando bombardeos dentro del territorio libanés. Según argumenta el Ejército israelí, estas acciones buscan contrarrestar la actividad de milicianos de Hezbolá y, en su visión, no constituyen una violación formal del acuerdo. No obstante, tanto funcionarios libaneses como representantes de Hezbolá han manifestado su desaprobación frente a la continuidad de estas operaciones, críticas que también compartió Naciones Unidas, de acuerdo con lo reportado por SANA.

El acuerdo de alto el fuego estipulaba la retirada de las tropas de Israel y de Hezbolá del sur de Líbano. Pese a lo establecido, las fuerzas israelíes mantienen cinco posiciones en el territorio libanés, presencia militar que ha sido objetada tanto por autoridades oficiales de Beirut como por el liderazgo del grupo chií. Ambos sectores exigen que el despliegue israelí concluya de manera definitiva y han realizado reiteradas peticiones en foros internacionales al respecto.

La escalada del conflicto en la franja limítrofe entre Siria, Líbano e Israel se produce en un ambiente de desconfianza mutua, con intercambios regulares de fuego cruzado e incidentes que incrementan la volatilidad regional, según relató SANA. Las reacciones de organismos y de comunidades afectadas, reflejadas en las denuncias sobre víctimas civiles y en el uso de armamento controvertido, han incrementado el escrutinio internacional sobre la conducta de las partes involucradas, mientras las fuerzas militares de la zona continúan desplegando efectivos adicionales y elaborando posibles cursos de acción ante futuros enfrentamientos.

En los últimos seis días, el número de menores fallecidos en Líbano alcanzó un incremento del 25%, registrando 412 muertes infantiles en el contexto de intensificados ataques militares. Esta actualización, divulgada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), muestra el impacto directo del conflicto sobre la niñez local y la rapidez con que la violencia incrementa el saldo de víctimas. Según información recogida por UNICEF y reportada por medios internacionales, la situación en Líbano refleja una crisis humanitaria de gran alcance que afecta de modo particular a los niños y niñas.

De acuerdo con el monitoreo publicado por UNICEF, la cifra oficial de menores fallecidos por los ataques israelíes desde el 2 de marzo es de 83, acompañada de otros 254 niños y niñas heridos. El director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder, detalló que, en promedio, cada día mueren más de diez menores y aproximadamente 36 sufren lesiones en distintas regiones de Líbano. En un periodo más amplio de los últimos 28 meses, el país ha registrado un total de 329 muertes infantiles y 1.632 niñas y niños heridos a causa del conflicto.

El medio que reportó las cifras consigna también que los continuos enfrentamientos han obligado al desplazamiento masivo de pobladores. Cerca de 700.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, incluidos aproximadamente 200.000 niños y niñas, aumentando así el número de desplazados acumulados durante anteriores episodios de violencia. Estas familias desplazadas residen actualmente en refugios temporales que, según la denuncia de UNICEF, presentan condiciones de hacinamiento y falta de calefacción, incrementando la vulnerabilidad de los menores.

Edouard Beigbeder, en declaraciones recogidas por los medios, expresó: “La continua escalada de hostilidades en Líbano y el devastador impacto que está teniendo en los niños y niñas resultan profundamente preocupantes”. Añadió que “niños y niñas están muriendo y resultando heridos a un ritmo alarmante, las familias huyen de sus hogares por miedo y miles de menores duermen ahora en refugios fríos y hacinados”. Además, UNICEF solicitó a todas las partes involucradas en el conflicto que protejan tanto la vida de la población civil como la infraestructura básica, haciendo mención específica a escuelas y refugios, y subrayó la obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario.

Naciones Unidas también ha expresado preocupación frente a las infracciones contra las normas humanitarias y ha condenado los repetidos ataques a la población civil. Según publicó el medio informativo, las autoridades libanesas han cifrado en aproximadamente 400 el número de víctimas mortales, consecuencia de la reciente oleada de bombardeos por parte de Israel. Estas acciones fueron presentadas por Israel como una respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá, quien a su vez retaliaba por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva conjunta encabezada por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero.

Durante los meses recientes, Israel ha realizado ataques aéreos reiterados sobre Líbano, pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024. Las justificaciones ofrecidas por las autoridades israelíes apuntan a la necesidad de responder ante acciones de Hezbolá, sosteniendo que dichas operaciones no vulneran el pacto vigente. No obstante, tanto las autoridades libanesas como el propio grupo chií han manifestado críticas e hicieron llamados reiterados al término de dichos ataques, una postura avalada por la condena de organismos internacionales.

El acuerdo de alto el fuego estipulaba el retiro por parte de Israel y Hezbolá de sus respectivas fuerzas en el sur de Líbano, aunque el ejército israelí mantiene actualmente cinco posiciones militares dentro del territorio libanés. Beirut y líderes de Hezbolá demandan el desmantelamiento de estos puestos como condición esencial para una desescalada efectiva, mientras persisten las tensiones y los desplazamientos internos en la población.

Frente a este escenario, UNICEF insiste en la urgencia de acciones inmediatas destinadas tanto a la protección de la infancia como a la reducción de la violencia, alertando que el conflicto continúa dañando gravemente a la población civil, y en particular a los sectores más jóvenes, quienes ven amenazados sus derechos fundamentales y su seguridad física por el avance de los enfrentamientos.

La decisión del gobierno del presidente José María Balcázar de pasar la educación a la virtualidad ha generado la respuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que difundió un comunicado en el que expresa su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el aprendizaje de los niños y adolescentes.

“Ante la educación virtual como una respuesta a la emergencia, desde UNICEF invocamos a las autoridades a tener en cuenta las lecciones que nos dejó la pandemia en cuanto a conectividad, logros de aprendizaje y salud mental”, se indica en el pronunciamiento del organismo internacional.

Según la institución, incluso luego de lo ocurrido durante la pandemia, cuando la educación se realizó principalmente por medios virtuales, varias familias e instituciones educativas “no se encuentran preparadas logística ni pedagógicamente para adaptarse a esta medida de emergencia”. Además, se indica que recurrir a la virtualidad impacta negativamente en la educación de los estudiantes.

“Ya se comprobó que la virtualidad impacta negativamente en el logro de aprendizajes básicos y en la salud emocional de los estudiantes. La educación presencial constituye un espacio de aprendizajes, socialización, protección y cuidado que la virtualidad no logra sustituir”, se lee en el pronunciamiento.

El comunicado oficial de UNICEF planteó que la focalización de la respuesta puede evitar impactos innecesarios en estudiantes que no dependen de transporte para asistir a clases. La entidad advirtió que generalizar restricciones energéticas sin tomar en cuenta estas diferencias podría agravar desigualdades ya existentes.

Escuelas como servicios críticos ante la crisis energética

UNICEF también enfatizó que las escuelas deben ser reconocidas, al igual que los hospitales, como servicios críticos dentro de los planes de racionamiento energético. Solo así, argumentó el fondo, se protegerá el derecho a la educación y la integridad de la infancia aun en situaciones de emergencia.

El organismo expresó su expectativa de que las medidas adoptadas permitan iniciar el ciclo escolar presencial previsto para los próximos días, sin mayores interrupciones. UNICEF reiteró la urgencia de que todas las acciones y estrategias de prevención y respuesta ante la crisis energética coloquen los derechos de niñas, niños y adolescentes en el primer plano.

“Confiamos en que esta crisis se supere prontamente, y que no afecte el inicio oficial del año escolar presencial. Finalmente, hacemos un llamado a poner a la infancia en el centro de toda acción preventiva y de respuesta a toda emergencia”, indica el organismo internacional.

Clases virtuales por una semana

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que “se dispondrá de clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”. Señaló que la decisión también se aplicará a instituciones públicas y privadas y forma parte de un conjunto de acciones para enfrentar la contingencia generada por la escasez de GNV.

La premier explicó las medidas de control y fiscalización frente al abastecimiento de combustibles. “Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y se precisará en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes”.

“Durante ese tiempo en la escuela sufrí burlas de mis compañeras. Se reían de mí y eso me hacía sentir incómoda o triste.” Así comienza el relato de una estudiante que prefiere mantener el anonimato. Cada palabra apunta a una herida invisible: el acoso escolar no deja marcas en la piel, pero sí en la memoria.

El aula, lejos de ser refugio, se convirtió en un espacio de inseguridad. Las agresiones verbales y las risas compartidas por otras niñas repetían la rutina de la vergüenza. El silencio se volvía costumbre y asistir a clases, una prueba cada día más difícil.

Pero su historia no es la excepción. UNICEF advierte que el bullying afecta a más de uno de cada tres estudiantes de 13 a 15 años a nivel mundial. Detrás de cada estadística se esconden formas de discriminación: orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, estigmas sociales, embarazo y más.

El bullying se manifiesta en conductas repetidas y abusivas, con la intención de infringir daño. Puede ser verbal, físico, psicológico, sexual, material o cibernético; casi siempre hay testigos. Y el daño no queda solo en la víctima: afecta a toda la comunidad educativa, deteriora la convivencia y tiene consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Me afectó emocionalmente porque bajó mi autoestima y mi rendimiento académico.” La ansiedad y la tristeza fueron tomando espacio en su vida. Las calificaciones cayeron. Hubo días en que pensó en dejar la escuela.

El daño, reconoce, no desaparece al cambiar de aula ni al pasar los años. La herida en la confianza y la imagen propia puede seguir abierta mucho tiempo.

Pero un día, decidió romper el silencio. “Se lo conté a un docente y él tomó cartas en el asunto.” Así comenzó un nuevo capítulo, marcado por la búsqueda de ayuda y la posibilidad de acompañamiento.

Fue más allá: “Busqué ayuda profesionalmente, con una psicóloga.” El proceso de recuperación exige apoyo especializado. “Aún sigo trabajando en eso, ya sea con especialista, que es una psicóloga.” La recuperación, subraya, no es un punto de llegada, sino un trayecto en construcción.

La experiencia también transformó a su madre. “Fue una etapa muy difícil como madre, llena de miedo, tristeza al ver a mi hija sufrir.” El dolor se mezcló con la necesidad de ser más fuerte y aprender a escuchar. “Me hizo más fuerte, más consciente de la importancia de apoyar y escuchar.”

El acompañamiento familiar y la fe fueron fundamentales. “Con fe, apoyo familiar, buscando ayuda. Fue un proceso que tomó tiempo, no fue de un día para otro.” Su consejo para otras familias es claro: “No se queden en silencio, busquen ayuda. No están solos, siempre hay esperanza.”

¿Qué pueden hacer los padres y cómo identificar el acoso escolar?

La psicóloga Yanira Ostorga, directora de FUNPSISAN, señala que la clave está en la observación: “Deben observar cambios repentinos. No quieren ir a la escuela, hay aislamiento, irritabilidad, bajo rendimiento académico, problemas del sueño o quejas físicas frecuentes.”

Si el hijo no habla, Ostorga recomienda no presionar. “Crear un espacio seguro, validar sus emociones y hacerle saber que no está solo ni es culpable.” Si persiste el silencio, el apoyo profesional en salud mental es imprescindible.

El psicólogo Carlos Regalado, también de FUNPSISAN, explica cómo el bullying deja huellas en distintas etapas: “A corto plazo, genera miedo y ansiedad. A mediano plazo, afecta el autoestima y el rendimiento escolar. A largo plazo, puede causar depresión, inseguridad y dificultades en las relaciones.”

¿Por qué un niño puede convertirse en agresor? Regalado responde: “Puede repetir modelos de violencia, tener falta de límites, baja autoestima o también problemas emocionales no atendidos. La agresión suele ser una forma inadecuada de expresar algo interno, algo por lo que el niño está pasando. Normalmente, son un reflejo de lo que el niño está viviendo en casa.”

Sobre la recuperación, el especialista sostiene: “Con apoyo familiar, intervención psicológica, fortalecimiento de la autoestima y un entorno seguro. La recuperación es posible con acompañamiento adecuado.”

El mensaje a quienes sufren acoso escolar

Su voz no tiembla, ni pide permiso: “Que no se queden callados, ya que eso les puede afectar más y es mejor buscar ayuda para que ya no se sigan burlando de ellos y ser tratados mejor.”

No es solo un consejo. Es una súplica. Es el eco de alguien que conoce el peso de callar y la liberación de pedir ayuda.

El silencio alimenta el dolor. Hablar es romper el ciclo. Pedir apoyo no es rendirse: es el primer acto de dignidad.

Para muchos, el fin del bullying empieza con el coraje de una sola voz que alza la mano y dice: basta.

La cifra de víctimas infantiles ha alcanzado un nivel alarmante tras los recientes bombardeos en Irán, donde la mayor parte de las muertes ocurrieron en un ataque dirigido a una escuela primaria de niñas. De acuerdo con información publicada por UNICEF y difundida por medios internacionales, el 28 de febrero, la escuela Shajaré Tayebé en Minab fue blanco de un ataque que arrebató la vida a 168 alumnas, quienes tenían entre 7 y 12 años, mientras se encontraban en horario escolar. Este evento se incluye en una secuencia de acciones militares iniciadas por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, a través de su oficina en Oriente Próximo y Norte de África, expresó su preocupación por las consecuencias letales de la escalada militar actual para la infancia en Irán. Según reportó UNICEF, cerca de 180 menores han perdido la vida y un número considerable ha resultado herido debido a los bombardeos encabezados por Estados Unidos e Israel desde fines de febrero. Además, la organización detalló que, fuera del atentado en Minab, murieron otros doce menores en diferentes escuelas localizadas en cinco puntos de Irán.

UNICEF, en su declaración a la prensa, señaló que estos ataques representan un recordatorio claro de la violencia y el costo humano que la guerra impone sobre los niños, afectando a familias y comunidades de manera prolongada. Las cifras recopiladas por la agencia muestran que la infraestructura esencial para la niñez, como escuelas y hospitales, también ha sido golpeada por la ofensiva. Por lo menos 20 escuelas y diez hospitales sufrieron daños directos, lo que derivó en la interrupción de servicios educativos y de salud para la población infantil y sus familias.

En contexto más amplio, las autoridades iraníes confirmaron que los ataques han provocado la muerte de más de 1.200 personas en total, según consignó UNICEF. Entre las víctimas se encuentran figuras clave del liderazgo iraní, incluido el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos oficiales del Ejército del país. Tras estos eventos, el gobierno de Irán tomó represalias mediante el lanzamiento de misiles y drones, apuntando a objetivos en Israel y a instalaciones estadounidenses en distintas partes de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

La ONU, a través de UNICEF, subrayó que tanto los menores como las escuelas cuentan con la protección del Derecho Internacional Humanitario, el cual exige que los centros educativos permanezcan como espacios seguros. El organismo recordó a todas las partes involucradas en el conflicto la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones legales y de garantizar la protección de los civiles, a fin de evitar que la infancia siga sufriendo las consecuencias directas de los enfrentamientos armados.

UNICEF destacó que el impacto de los ataques sobre la infraestructura civil representa una amenaza directa para el bienestar de los menores, quienes se ven expuestos a una violencia creciente. Por tal motivo, la organización instó al respeto inmediato al Derecho Internacional y anunció su disposición para colaborar en los esfuerzos humanitarios orientados a asistir a los niños y las familias afectadas por la intensificación del conflicto en la región. Según publicó el organismo, la protección de la vida y la integridad de la infancia debe prevalecer por encima de cualquier consideración bélica, conforme a las normas internacionales establece.

La escalada militar en Irán se despliega en un contexto de tensión creciente, donde la seguridad de la población civil y, en particular, de los niños, permanece en riesgo a medida que los ataques continúan y la respuesta militar se extiende a otros territorios de la zona, tal como lo indica la información recabada y difundida por UNICEF.

El impacto de los bombardeos en Irán ha causado daños significativos a la infraestructura civil, tal como reportó UNICEF, con alrededor de veinte escuelas y diez hospitales afectados en distintas zonas del país. Esta situación ha provocado que miles de menores vean interrumpido su acceso a servicios educativos y de salud, en un contexto donde los ataques han puesto en riesgo derechos fundamentales de la infancia. Según consignó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la reciente intensificación de la ofensiva militar por parte de Estados Unidos e Israel ha resultado en consecuencias graves para la población infantil iraní, sobre todo tras los incidentes ocurridos el 28 de febrero.

De acuerdo con la información divulgada por UNICEF, alrededor de 180 menores han perdido la vida desde que comenzó la ofensiva militar encabezada por fuerzas extranjeras, cifra que incluye a cerca de 170 niñas fallecidas durante el ataque a la escuela primaria femenina Shajaré Tayebé en Minab, mientras se encontraba en funcionamiento. El medio detalló que la mayoría de las víctimas se encontraban en la franja de edad entre los siete y los doce años. Otros doce niños murieron en ataques dirigidos contra centros educativos ubicados en cinco regiones diferentes del país, lo que confirma, según el organismo internacional, que la violencia ha afectado a la infancia de manera directa y extensa.

La oficina regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África manifestó su “profunda preocupación” ante el efecto letal de esta escalada violenta sobre la niñez iraní. En una declaración recogida por el organismo, se remarcó: “Estas víctimas infantiles son un duro recordatorio de la brutalidad de la guerra y la violencia contra la infancia, que impacta en las familias y las comunidades durante generaciones enteras”. UNICEF subrayó, en correspondencia con lo fijado por el Derecho Internacional Humanitario, que tanto los niños como las escuelas deben recibir protección, e insistió en que estas instituciones escolares deben mantenerse como lugares seguros.

UNICEF también recordó que los ataques contra infraestructuras civiles esenciales no sólo amenazan la supervivencia inmediata de los menores, sino que representan un obstáculo para el desarrollo futuro de toda una generación. En referencia a la situación de los hospitales, la interrupción de los servicios sanitarios básicos complica la atención médica para los más jóvenes, lo que agrava su vulnerabilidad.

El organismo de Naciones Unidas instó a las partes en conflicto a acatar sus obligaciones legales y a garantizar la protección de la población civil. “De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la vida y el bienestar de los niños y niñas deben protegerse siempre”, reiteró UNICEF, que se mantiene atento a la evolución de la emergencia y anunció estar dispuesto a respaldar las iniciativas humanitarias que se destinen a asistir tanto a los menores como a sus familias impactados por la violencia.

Según información de las autoridades iraníes citada por el medio, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha dejado un saldo superior a los 1.200 fallecidos en Irán. Entre las víctimas figuran figuras políticas y militares de alto rango, incluido el líder supremo ayatolá Alí Jamenei y varios ministros y mandos del ejército. En respuesta, fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses, alcanzando también bases militares en la región de Oriente Próximo.

Este ciclo de ataques y respuestas incrementó los riesgos para la población civil, en particular para los niños, quienes se ven afectados por la destrucción de servicios esenciales y la inseguridad derivada de la continuación de las hostilidades. De acuerdo con la documentación de UNICEF, la escalada actual pone en peligro derechos fundamentales y expone a la infancia a traumas que pueden dejar secuelas permanentes.

La propuesta andorrana de modificar la legislación relacionada con los derechos de la infancia y la adolescencia tomó forma tras un proceso participativo que involucró a jóvenes de diversas procedencias: estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato, Formación Profesional y quienes participan en actividades extraescolares. Tal como reportó el Gobierno de Andorra en un comunicado, las aportaciones de estos grupos sirvieron para definir acciones específicas en la nueva ley, que busca reforzar la protección de los menores en el entorno digital y prevenir riesgos asociados al uso de internet y las redes sociales.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, explicó durante una rueda de prensa que entre las principales novedades aprobadas se encuentra la prohibición del acceso a redes sociales, y la obligación de usar una tarjeta SIM con control parental, para las personas menores de 16 años. Según detalló el ejecutivo andorrano, la medida pretende fortalecer la seguridad infantil ante los desafíos que plantea el entorno digital, y responde a la evolución en los usos y costumbres de los menores, lo que requiere adaptar la legislación para garantizar su bienestar.

De acuerdo con la información oficial, la reforma legal establece que los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales consideradas de riesgo para su desarrollo y su salud mental. Para asegurar el cumplimiento de esta restricción, el texto contempla el despliegue de un sistema de verificación de edad robusto, destinado a limitar el acceso tanto a contenidos como a aplicaciones que puedan suponer un peligro para los menores. El listado de servicios y redes sociales afectadas se establecerá posteriormente a través de reglamentos.

Otro de los elementos centrales de la modificación de la ley es la obligación para los operadores de telefonía de proporcionar, por defecto, tarjetas SIM con control parental específico a los menores de 16 años. Este mecanismo bloqueará de manera automática cualquier contenido que se considere inapropiado para esa franja de edad. Además, cuando las familias adquieran un dispositivo móvil, los puntos de venta estarán obligados a entregar información oficial sobre los riesgos digitales y recomendaciones ajustadas a cada grupo etario.

El proceso de desarrollo de la ley fue transversal a diversas áreas del Gobierno y su elaboración contó con la participación de actores clave, como asociaciones de padres y madres de las escuelas, el Fòrum de la Joventut y la representación de Unicef, según destacó Marc Rossell. Bajo esta perspectiva, el texto legal no solo busca la colaboración institucional, sino que procura también involucrar activamente a la comunidad educativa y a los padres en la aplicación de las nuevas normativas.

La labor de los progenitores y tutores legales adquiere un carácter central en la nueva regulación, ya que la ley les atribuye la responsabilidad de ejercer una supervisión activa sobre el uso que los menores hagan de las herramientas digitales. Para apoyar esta tarea, el Gobierno andorrano puso en marcha el Centro de Bienestar y Competencias Digitales, un espacio para el acompañamiento y la asesoría a familias. En este centro, los adultos responsables recibirán guías con recomendaciones oficiales segmentadas por edades para facilitar el seguimiento y el desarrollo de competencias digitales saludables entre los menores.

La normativa también define una nueva situación de riesgo para los menores, relacionada con el uso inadecuado o excesivo de tecnologías de la información y la comunicación, así como la ausencia de suficiente protección o supervisión por parte de los adultos responsables. El objetivo es reconocer y anticipar posibles amenazas sobre el bienestar de los niños en el espacio virtual, e intervenir desde el entorno familiar y escolar.

En el ámbito educativo, la reforma incorpora la obligatoriedad de formación continua para los menores en asuntos de privacidad, prevención del ciberacoso, gestión de la huella digital y otras habilidades relacionadas. Esta enseñanza se integrará en el currículo escolar como parte estructural del proceso educativo, de modo que toda la población escolarizada reciba formación específica para desenvolverse de manera segura y responsable en el entorno digital, según publicó el Gobierno de Andorra.

El acceso a canales de denuncia estará disponible para jóvenes, adolescentes y familias, permitiendo la notificación de situaciones de riesgo o incidentes relacionados con el uso de tecnologías e internet. El Gobierno andorrano precisó que esta medida apunta a facilitar respuestas ágiles frente a potenciales amenazas a la seguridad y protección de la infancia en línea.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Nadav Shoshani, afirmó que no existió ningún tipo de implicación ni de fuerzas israelíes ni estadounidenses en el ataque aéreo dirigido contra una escuela en la provincia iraní de Hormozgán, suceso que provocó la muerte de casi 150 personas, en su mayoría menores, según reportó Europa Press. Shoshani declaró: “No tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar hasta el momento”. Además, puntualizó que, aunque Israel tiene capacidad para alcanzar objetivos a más de 1.500 kilómetros de distancia, niega categoricamente cualquier participación en el incidente. De acuerdo con Europa Press, estas declaraciones llegan después de que el gobierno iraní responsabilizara públicamente a Israel del ataque, ocurrido el sábado en el sur del país.

Europa Press indicó también que la negativa de Israel coincidió con la reacción del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organización que expresó una “profunda preocupación” por los actos violentos registrados en Irán, en especial por los ataques a escuelas. UNICEF detalló en un comunicado que existen informes sobre ataques en instituciones educativas iraníes, incluida una escuela de niñas situada en Minab, en la provincia de Hormozgán.

Desde la oficina alemana de UNICEF, la organización resaltó que “los ataques contra civiles y bienes de carácter civil, incluidas escuelas, constituyen una violación del derecho internacional”. Según publicó Europa Press, UNICEF hizo un llamamiento a todas las partes involucradas en el conflicto para que actúen con máximo autocontrol y cumplan plenamente con las obligaciones que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos les imponen, particularmente en lo que respecta a la salvaguarda de la población civil y de los servicios esenciales de los que depende la supervivencia de los niños.

La provincia de Hormozgán, al sur de Irán, fue escenario del reciente ataque aéreo que provocó la muerte de cerca de 150 personas, la mayoría menores de edad, según informaron fuentes locales. Europa Press recogió que el impacto del bombardeo resultó especialmente devastador en una escuela primaria, donde se encontraban principalmente niñas.

Además del rechazo de cualquier responsabilidad por parte de Israel, las declaraciones del portavoz militar buscaron subrayar que el país dispone de capacidades militares para operar a gran distancia, pero que en este caso no existió acción alguna de sus fuerzas ni de Estados Unidos, apuntó Europa Press.

UNICEF reiteró enfáticamente que los ataques a instalaciones educativas y a la población civil tienen consecuencias directas para la vida y el desarrollo de los menores. En el comunicado citado por Europa Press, la organización recordó que “los ataques a civiles y bienes de carácter civil, incluidas las escuelas, constituye una violación del derecho Internacional”.

Al mismo tiempo, el pronunciamiento de UNICEF incluyó una exhortación a todas las partes a proteger a la infancia y a respetar tanto la integridad de la sociedad civil como el acceso a servicios esenciales, lo que implica escuelas, hospitales y otras infraestructuras críticas.

Mientras tanto, las autoridades iraníes continúan señalando a Israel como responsable del ataque, según informó Europa Press, en medio de una creciente tensión en la región y de las denuncias constantes por parte de organismos internacionales sobre el impacto de la violencia en la población civil.

La situación en Irán, marcada por el bombardeo en la provincia de Hormozgán, pone el foco en la protección de los derechos de la infancia y la observancia de las normas internacionales en contextos de conflicto, según la cobertura de Europa Press. Tanto las negativas israelíes como los llamados de la ONU subrayan la controversia y el escrutinio que rodean las actuaciones militares en zonas sensibles, especialmente cuando afectan a menores y centros educativos.

Gonzalo Suárez, galardonado con el Goya de Honor en la edición, llevó una chapa de 'FREE PALESTINE' y señaló que, aunque las guerras puedan sentirse distantes, la obligación de reivindicar la paz resulta indiscutible para cualquier sociedad. En el contexto de la gala de los Premios Goya, varios de sus protagonistas no solo compartieron la misma consigna desde la alfombra roja, sino que también expresaron inquietud por el incremento de los conflictos bélicos en diferentes regiones del mundo, de acuerdo con Europa Press.

Según recogió Europa Press, la edición número 40 de los Goya, realizada en Barcelona el 28 de febrero, congregó a nominados y presentadores que visibilizaron su rechazo a la violencia en Oriente Medio llevando insignias como chapas de sandía con la frase 'FREE PALESTINE', alfileres con la bandera palestina o pañuelos con los colores de Palestina. El acto de portar estos símbolos buscó denunciar la situación actual en la Franja de Gaza. Asimismo, los asistentes manifestaron sorpresa respecto al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, considerando la escalada preocupante y la falta de certezas sobre el devenir inmediato en la región.

Voces destacadas del cine se pronunciaron sobre la pertinencia de recuperar el antiguo lema 'No a la guerra', surgido con fuerza en la gala de 2003 durante la invasión de Irak. Al respecto, el actor Luis Tosar sostuvo que emitir opiniones sobre el conflicto, en ese escenario, podría resultar precipitado debido a la complejidad de los hechos y la rapidez con que estos se desarrollaron. El intérprete, portando un pin palestino, declaró que la situación requiere una cautela especial, comparando el conflicto internacional con un “juego” entre potencias.

Gonzalo Suárez, al recibir el reconocimiento honorífico, alertó sobre la magnitud del negocio armado en contraposición con el poder transformador del cine y aseguró que los gestos simbólicos, si bien necesarios, no son suficientes para frenar la maquinaria de la guerra. Ironizó sobre la influencia de ciertos dirigentes mundiales y el efecto que tienen sobre la opinión pública internacional.

Directoras como Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa hicieron referencia al papel de la industria cultural como plataforma de denuncia y concienciación. Simón calificó el contexto global como especialmente alarmante y defendió la oportunidad de exponer posturas políticas en eventos de gran visibilidad pública, mientras que Ruiz de Azúa recordó el privilegio de quienes trabajan en cine al contar con un “altavoz” para plantear sus ideas y posicionamientos ante crisis humanitarias.

Según reportó Europa Press, el director Oliver Laxe identificó la situación en Irán como sumamente compleja y, a pesar del sufrimiento generalizado, abogó por mantener el optimismo y la resistencia frente al temor social que proliferan los conflictos actuales. Otras voces, como Karla Sofía Gascón, remarcaron la gravedad del momento al advertir sobre la posibilidad de que el mundo se halle a las puertas de una nueva guerra mundial y denunciaron la constante violación de derechos humanos en numerosos escenarios internacionales.

Entre quienes destacaron la urgencia de rechazar públicamente la guerra figura el actor Alberto San Juan, impulsor original del lema 'No a la guerra' en 2003, quien recomendó retomar la consigna con renovada energía debido a la persistencia y expansión de los conflictos armados. El director Hernán Zin y Yousef Hammash, creadores del documental 'Todos somos Gaza', enfatizaron la necesidad de visibilizar tanto el sufrimiento civil en la región como el avance del sionismo, del que denunciaron actos de genocidio y el impacto prolongado sobre la población palestina. Zin denunció ataques concretos, como el bombardeo de una escuela al que atribuyó la muerte de 51 niñas, y apeló al fin de la injerencia extranjera, defendiendo el derecho de los pueblos a decidir su destino y a construir su propia libertad.

Manuel Gómez Pereira, director y también invitado a la gala, vincula la dinámica bélica global con el resurgimiento de discursos populistas y la instrumentalización de los conflictos por parte de potencias internacionales, refiriéndose a las acciones y declaraciones de Donald Trump y su repercusión en el escenario mundial. Al respecto, el cantante Víctor Manuel acudió con una chapa de UNICEF en la que se leía ‘700k’, en alusión a los niños de Gaza que han dejado de asistir a la escuela como consecuencia del conflicto, y subrayó la presencia de la guerra en la vida diaria.

Europa Press detalló que algunas voces como la de la actriz Belén Rueda ofrecieron una visión crítica sobre la eficacia actual del mensaje 'No a la guerra', aludiendo a que la constante exposición mediática a través de redes sociales habría contribuido a una cierta pérdida de impacto del eslogan, haciendo énfasis en la necesidad de una concienciación y trabajo individual más allá de lemas colectivos.

Guillermo Galoe insistió en la importancia de conservar espacios de expresión que exhorten al fin del uso de la fuerza y promuevan el diálogo, relacionando el cine con la empatía y la comprensión entre culturas. Desde una perspectiva similar, el actor Carlos Cuevas resaltó el propósito doble de la noche: reivindicar causas justas y celebrar el valor cultural. Patricia López Arnaiz y Marc Clotet reiteraron el papel del arte en la denuncia y convocatoria por la paz. Desde otra óptica, la actriz Miriam Garlo, integrante del elenco de ‘Sorda’, sostuvo que el camino hacia la paz nunca deja de ser vigente, mientras que Natalia Sánchez lamentó que la sociedad se vea obligada a alzar la voz en defensa de la paz ante situaciones que no cesan en el tiempo.

Greta Fernández recordó el carácter reivindicativo habitual de los Goya y Jedet compartió su sentimiento de impotencia, lamentando que intereses egoístas dañen la convivencia global. Aldo Comas, por su parte, puso el acento en las numerosas víctimas en Irán y llamó la atención sobre la persistencia de regímenes teocráticos que perpetúan el sufrimiento, asumiendo que, desde su posición en el mundo del espectáculo, ejercen un papel más bien limitado.

Otras intervenciones, según difundió Europa Press, confirmaron el respaldo al 'No a la guerra'. Celia Rico y Álvaro Cervantes manifestaron la urgencia de continuar con la denuncia, recordando la necesidad permanente de examinar el dolor originado por la violencia. Laia Costa abogó por dar visibilidad a quienes sufren y no restringir el uso de los actos públicos para expresar solidaridad. Daniel Guzmán, también con la chapa palestina, vinculó la situación internacional con las ambiciones de poderes imperialistas y la creciente complejidad del panorama global. Silvia Abril, con una de las placas reivindicativas, mencionó la aceleración del deterioro social y la vigencia permanente del lema pacifista.

Natalia de Molina se refirió a la tristeza intrínseca de la época. Paco León solicitó una condena franca y sin matices contra los crímenes que afectan a territorios enteros. La futbolista Alexia Putellas, que participó en la entrega de premios, expresó su deseo por el pronto restablecimiento de la paz. Leiva, cantante invitado, calificó como atroz la violencia que afecta a la población no combatiente y reiteró la validez del mensaje ‘No a la guerra’ dada la envergadura actual de los acontecimientos.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la gala de los Goya puso de manifiesto un clima de inquietud en el ámbito cultural, con participantes que alertaron sobre el auge global de la guerra, mostraron su solidaridad con Palestina y reclamaron el cese de los conflictos armados. Las intervenciones reflejaron la preocupación extendida por las consecuencias de la violencia sobre la sociedad civil y la urgencia de encontrar vías para alcanzar la paz.

La iniciativa de portar chapas y mensajes en solidaridad con la infancia de Gaza marcó la edición número 40 de la gala de los Premios Goya, que se celebró este sábado en Barcelona. Tal como indicó Europa Press, durante el desfile de la alfombra roja ocurrido a partir de las 18:00 horas, presentadores y equipos de películas nominadas exhibieron distintivos visuales, como la chapa con el símbolo de la sandía y el lema 'FREE PALESTINE', reflejo del llamado realizado por varias organizaciones a la industria audiovisual para expresar su postura frente a la situación en la Franja de Gaza.

Desde días antes de la ceremonia, asociaciones como Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina comunicaron públicamente su propósito de entregar materiales y argumentarios a los profesionales vinculados a los galardones, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Dichas entidades buscaron que los asistentes visibilizaran en cada oportunidad el mensaje en apoyo a Palestina, promoviendo la denuncia, según lo recogido en un documento dirigido a nominados y presentadores.

Según informó Europa Press, el objetivo central de estas cinco organizaciones consistía en que los participantes de la gala aprovecharan su acceso a los medios para demandar la libertad de Palestina, denunciar el embargo de armas y el corte de relaciones con Israel, utilizando como instrumento visible la mencionada chapa 'FREE PALESTINE'. En las instrucciones facilitadas por las asociaciones, se instó a incluir públicamente mensajes de apoyo y a "alzar la voz" frente a la situación. Una portavoz explicó al medio que tanto nominados como presentadores mostraron interés en continuar la visibilización del conflicto.

Europa Press detalló que el contenido remitido a los asistentes contenía ejemplos prácticos sobre cómo incorporar estas reivindicaciones en discursos ante la prensa o intervenciones públicas. Las asociaciones señalaron que cuantos más artistas expresen su postura, mayor será el impacto en la cobertura mediática y la presión sobre las instituciones gubernamentales.

Además del enfoque pro-palestino, la infancia de Gaza también centró parte de la atención durante la gala a través de una acción promovida por UNICEF. Según consignó Europa Press, la organización invitó a los equipos de las cintas ‘La cena’ y ‘Los domingos’ a portar una chapa con el mensaje '700K', en referencia a los más de 700.000 menores cuyos estudios resultaron interrumpidos desde el inicio del conflicto. El cantautor Víctor Manuel, nominado al Goya a la Mejor Canción Original por el tema “Y mientras tanto, canto”, que aparece en ‘La cena’, fue el primero en confirmar su adhesión el día previo al evento. Esta chapa tenía como finalidad visibilizar las consecuencias que afectan a la infancia palestina.

UNICEF, según el reporte de Europa Press, subrayó que el 92% de las escuelas en Gaza han sufrido daños o han resultado destruidas durante el conflicto. La organización remarcó la importancia de la escuela como un espacio que ofrece protección, rutina y apoyo emocional para los niños, aspectos fundamentales que se ven trastocados cuando se ven forzados a dejar de asistir a la escuela debido a la violencia. El mensaje trasmitido por UNICEF señalaba: “Niños y niñas que no pueden volver al cole, que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas, las matemáticas de contar a familiares o amigos muertos y heridos”.

De acuerdo con Europa Press, la gala de los Goya de este año, conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, movilizó a cerca de mil profesionales del sector audiovisual. Representantes del cine, la música y el deporte contribuyeron a la entrega de los galardones —los conocidos ‘cabezones’—, entre quienes figuró la actriz Karla Sofía Gascón, luego de su ausencia la edición pasada tras polémicas en redes sociales, y la deportista Alexia Putellas, jugadora del F.C. Barcelona y doble ganadora del Balón de Oro.

La representación institucional estuvo encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según lo reportó Europa Press. Asistieron también autoridades autonómicas y locales, como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Por tradición, los Reyes de España no estuvieron presentes, mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tampoco acudió en esta ocasión.

Medios como Europa Press recopilaron que la convocatoria pública para portar símbolos y verbalizar mensajes en favor de Palestina y la infancia de Gaza coincidió con la noticia de un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en la misma jornada, contexto que contribuyó a que la edición 40 de los Goya tuviera una significación extra más allá de lo cinematográfico, alcanzando la esfera pública internacional a través de la denuncia y la solidaridad expresada en la alfombra roja y en los actos que conformaron la ceremonia.

La preocupación sobre el impacto de la tecnología en la niñez está en el centro de los debates sobre bienestar. Diversas entidades, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Pediatría, advierten sobre los riesgos de exponer a los niños pequeños a las pantallas sin control ni supervisión.

Sus recomendaciones coinciden en que los menores de dos años no deberían utilizar dispositivos digitales, salvo ocasiones excepcionales como videollamadas en compañía de un adulto. Para la franja de dos a cinco años, las guías internacionales insisten en que el uso no supere una hora diaria, también bajo supervisión.

El contexto actual, marcado por la omnipresencia de dispositivos móviles y la digitalización de la vida cotidiana, ha incrementado la preocupación de familias y educadores. Según la Sociedad Española de Pediatría, la irrupción de la tecnología en el ámbito familiar es inevitable, pero requiere pautas claras y consensuadas para evitar consecuencias adversas en el desarrollo infantil. El acompañamiento adulto es clave, no solo para controlar el tiempo, sino también para orientar el contenido y ofrecer alternativas a las pantallas.

Los especialistas destacan que el uso temprano de la tecnología puede aportar ventajas si se emplea correctamente. Entre los beneficios mencionan el acceso a recursos educativos, la posibilidad de mantener vínculos familiares a distancia y el desarrollo de habilidades digitales que serán necesarias en el futuro.

Sin embargo, la mayoría coincide en que el uso indiscriminado desplaza actividades esenciales para el desarrollo, como el juego libre, la actividad física y la interacción cara a cara.

La Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente agrega que los niños necesitan rutinas y límites claros para construir hábitos saludables y evitar la dependencia digital. Además, subraya que el exceso de pantallas puede afectar la calidad del sueño, aumentar la irritabilidad y dificultar la concentración en actividades escolares y recreativas.

Un informe de UNICEF alerta sobre la brecha digital y sus implicancias: el acceso desigual a la tecnología puede generar desventajas en el aprendizaje y la socialización, pero el uso excesivo y no supervisado también puede profundizar las desigualdades, afectando especialmente a niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad social.

Además, la pandemia intensificó estos contrastes, mostrando la necesidad de políticas públicas que acompañen a las familias en la gestión de la tecnología.

Beneficios y riesgos: el delicado equilibrio

El desafío para padres, cuidadores y educadores está en encontrar un equilibrio entre los beneficios y los posibles efectos negativos. Mientras la tecnología puede potenciar la curiosidad y el aprendizaje interactivo, no debe desplazar la importancia del juego libre, la actividad física y las relaciones cara a cara.

Según la OMS, el sedentarismo, la disminución de la calidad del sueño y la tendencia a consumir alimentos ultraprocesados son consecuencias que pueden aparecer cuando no existen pautas claras. “El daño principal no viene del dispositivo en sí, sino de lo que no ocurre mientras el niño está frente a una pantalla”, señala el organismo.

Además, varios informes reportan un aumento en la prevalencia de obesidad infantil y dificultades en la concentración y la regulación de impulsos. Las guías internacionales insisten en la importancia de modelar conductas desde los adultos y de acompañar el uso de la tecnología con diálogo, reglas claras y alternativas como la lectura, los juegos al aire libre y las actividades creativas.

Comparando perspectivas, la psicóloga estadounidense Catherine Steiner-Adair afirma que “el desarrollo emocional y social se construye en la interacción real, no virtual”, mientras que la psiquiatra argentina Valeria Abadi insiste en que “el mayor desafío es consensuar límites familiares consistentes, priorizando el juego y la conversación cotidiana”.

Ambas coinciden en que la clave está en el acompañamiento activo, la supervisión y el fomento de vínculos fuera de las pantallas. La tecnología no debe demonizarse ni idealizarse; su integración debe ser progresiva, consciente y adaptada a la etapa evolutiva del niño.

En ese sentido, el bienestar infantil se basa en el equilibrio: las pantallas pueden ser herramientas valiosas, siempre y cuando no sustituyan el contacto humano, el tiempo de descanso y la exploración lúdica.

El objetivo, como coinciden los especialistas, es que la tecnología sea una herramienta más y no la que domine la vida cotidiana de los niños. El reto es colectivo y requiere un compromiso conjunto de familias, educadores y responsables de políticas públicas para construir entornos digitales seguros y saludables.

La insignia con el mensaje "700K" estará presente en la gala de los Premios Goya en Barcelona como símbolo de apoyo a los más de 700.000 menores palestinos cuyos estudios se encuentran suspendidos tras el estallido del conflicto armado en la Franja de Gaza. Según informó Europa Press, tanto Víctor Manuel —nominado al Goya a Mejor canción original por "Y mientras tanto, canto", parte de la banda sonora de la película "La cena"— como los elencos de "La cena" y "Los domingos" se suman a esta acción impulsada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la organización subraya la gravedad de la situación vivida por la infancia gazatí en la actualidad. El conflicto ha provocado un daño considerable en la infraestructura educativa: UNICEF precisa que el 92% de las escuelas de Gaza se encuentran destruidas o dañadas. Además, la entidad enfatiza que la función de la escuela en este contexto trasciende la enseñanza académica, al representar un espacio de protección, rutina y sostén emocional. Según manifestó UNICEF, la ausencia prolongada de esta estructura incrementa la vulnerabilidad frente al trauma y la violencia para los menores.

UNICEF detalla que los estudiantes afectados viven alejados del entorno escolar desde hace más de dos años y se enfrentan diariamente a la violencia bélica. "Niños y niñas que no pueden volver al cole, que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas, las matemáticas de contar a familiares o amigos muertos y heridos", expresa la organización en una declaración recogida por Europa Press.

La iniciativa de portar chapas en apoyo a la infancia en Gaza forma parte de una campaña mayor de sensibilización social y cultural durante los Premios Goya. A la acción promovida por UNICEF, se suma la de cinco agrupaciones solidarias con Palestina que buscan visibilizar la situación mediante distintivos y comunicados dirigidos a los nominados y presentadores de los premios. Según reportó Europa Press, estas asociaciones —Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina— han distribuido chapas con el mensaje "Free Palestine" y un argumentario con orientaciones sobre cómo intervenir públicamente en defensa de la causa palestina.

El objetivo planteado por estas asociaciones consiste en motivar a los participantes en la gala para utilizar cada oportunidad pública, incluida la presencia ante los micrófonos, para denunciar la situación en Gaza. Solicitan pronunciamientos a favor de la libertad de Palestina, el cese total del comercio de armas y la ruptura absoluta de relaciones con Israel. Además, instan a los profesionales del cine y la cultura a utilizar las chapas y a incorporar mensajes relacionados con la situación palestina en sus intervenciones durante la gala. Portavoces consultados por Europa Press señalan que tanto presentadores como nominados han mostrado interés y disposición para continuar mostrando solidaridad en favor de Palestina.

El documento elaborado por las asociaciones proporciona ejemplos concretos de cómo introducir estos mensajes dentro de los discursos y declaraciones públicas. La estrategia se orienta a lograr amplia repercusión mediática y presionar de manera directa a las autoridades políticas para que actúen frente a la situación humanitaria en la región. Europa Press recoge que los convocantes consideran que la amplia visibilidad de los Goya puede funcionar como mecanismo de apoyo a la infancia gazatí y como instrumento de presión política.

La presencia de mensajes de apoyo a Gaza dentro de la gala de los Goya se inscribe en una serie de acciones de advocacy que cuentan con el respaldo de organizaciones internacionales y voces de la industria cultural. La entrega de premios —uno de los eventos más relevantes para el cine español— tendrá en esta edición, según consigna Europa Press, un marcado componente de sensibilización social y de denuncia sobre el conflicto en Oriente Medio y sus impactos, especialmente en la población infantil.

El protagonismo de los distintivos respaldados por UNICEF y las asociaciones proderechos humanos refleja las preocupaciones y posturas adoptadas por parte de la comunidad artística española respecto a problemas globales, más allá del ámbito cinematográfico. El empleo coordinado de estos símbolos y discursos busca influir en el debate público y llamar la atención sobre la situación crítica de cientos de miles de niñas y niños separados del sistema educativo y expuestos a las consecuencias directas de los conflictos armados, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Tan pronto como el equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y sus socios desplegó su operación, impartió formación directa a los trabajadores de la entidad pública de aguas de Mozambique, dotándolos de conocimientos para manejar y mantener el sistema de potabilización instalado. Gracias a esa capacitación, los responsables locales pueden actualmente operar los tres equipos instalados, cada uno con una capacidad diaria máxima de 80.000 litros, tanto tras la partida del equipo humanitario español como frente a futuras situaciones de emergencia. Esta intervención se produjo después del ciclón Gezani, que afectó a 724.000 personas en el país y dejó completamente inutilizadas las infraestructuras hídricas básicas en la localidad de Hokwe. Según detalló la AECID mediante un comunicado oficial, la misión bautizada como 'AquaSTART' concluyó tras haber logrado potabilizar 750.000 litros de agua en un periodo de 27 días, beneficiando de forma directa a unas 375.000 personas.

La iniciativa, reportó la AECID, se puso en marcha debido al colapso del depósito principal de agua de Hokwe, en la provincia de Gaza, a causa de las intensas precipitaciones y las condiciones meteorológicas devastadoras sufridas en diciembre. La única alternativa hídrica existente presentaba niveles de salinidad incompatibles con el consumo humano, agravando la situación sanitaria y de abastecimiento para miles de habitantes. Por este motivo, la agencia española de cooperación activó de manera urgente el equipo 'AquaSTART'—Spanish Technical Aid Responsive Team—registrándolo en el European Civil Protection Pool. El módulo de potabilización dispuesto por este grupo está adaptado específicamente para realizar filtrado y cloración de aguas en escenarios de catástrofe.

La operación contó con el apoyo de UNICEF y la empresa pública de aguas regional de Mozambique. A partir del 3 de febrero, la colaboración de las tres entidades permitió restablecer el acceso estable al agua potable para la población afectada. En cuanto a la división de tareas, el equipo español asumió la coordinación institucional, tareas técnicas y formativas, así como la provisión de apoyo logístico.

La composición del grupo, según consignó la AECID, incluyó a 18 personas—15 hombres y 3 mujeres—mayoritariamente provenientes de la Comunidad de Madrid (16 miembros), además de un representante andaluz y otro de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Entre los participantes hubo personal de la AECID, técnicos de TRAGSA, voluntarios del Sistema Nacional de Salud, logistas del SUMMA 112, bomberos del Ayuntamiento de Madrid y del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad Autónoma de Madrid (ERICAM), así como representantes de la organización no gubernamental CESAL, quienes se encargaron de los servicios de cocina y del respaldo logístico necesario.

La operación se estructuró en dos turnos diferenciados. El primer grupo viajó entre el 1 y el 15 de febrero; el segundo, del 13 al 27 del mismo mes. Esta distribución permitió garantizar la continuidad de las actividades y mantener los estándares técnicos y de seguridad durante el proceso de potabilización y distribución de agua.

La logística material formó parte fundamental del despliegue. De acuerdo con la información de la AECID, se enviaron más de 20 toneladas de asistencia humanitaria con un valor aproximado de 106.000 euros. Dicho suministro incluye productos esenciales destinados a cubrir necesidades básicas de unas 56.000 personas, integrando elementos para el saneamiento, la higiene y la seguridad alimentaria.

Según publicó la AECID, la localidad de Hokwe atravesaba una situación de emergencia acentuada por desplazamientos masivos de la población, motivados por la destrucción de infraestructuras tras el paso del ciclón. La potabilización masiva de agua en apenas cuatro semanas representó una solución inmediata a la amenaza sanitaria que suponía el consumo de agua no apta en dicha comunidad.

El sistema instalado por el equipo español, con una capacidad global de hasta 80.000 litros diarios, ha quedado bajo la gestión de técnicos mozambiqueños formados durante la misión. Esta transferencia de capacidades técnicas pretende fortalecer la respuesta local ante crisis futuras relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento.

Tanto el despliegue del personal como el envío de materiales se inscriben en la vocación de la AECID de actuar de manera integral, comprendiendo desde la atención inmediata hasta el refuerzo de capacidades institucionales y técnicas en los países receptores de ayuda. El medio AECID subrayó que la actuación conjunta con organismos locales y socios internacionales resulta clave para reducir el impacto de fenómenos meteorológicos extremos y proteger a la población ante futuras emergencias.

De acuerdo con la información facilitada, la cooperación española concluyó la operación habiendo asegurado la provisión de agua limpia para cientos de miles de residentes en Hokwe y dejando establecida la infraestructura técnica y humana necesaria para mantener dicho suministro bajo gestión local.

Tres agencias de las Naciones Unidas rompieron el silencio este jueves y exigieron que se investigue a fondo la muerte de dos niñas haitianas ocurrida en el interior del Centro de Asistencia Social de tránsito “Casa Pato”, un albergue ubicado en las inmediaciones de San Raymundo Jalpan, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, que opera bajo la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicaron un comunicado conjunto en el que lamentaron profundamente el fallecimiento de las menores y ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro y garantizar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran bajo el cuidado del Estado mexicano.

“Confiamos en que la pérdida de vidas en este espacio gubernamental se investigará exhaustivamente”, señaló ACNUR México en redes sociales.

Lo que se sabe de la tragedia

Las dos niñas haitianas fallecieron tras caer en una fosa séptica ubicada dentro del albergue el día 24 de febrero del presente año. El hecho ocurrió en las instalaciones del mismo centro donde debían estar protegidas, bajo la responsabilidad directa del DIF estatal de Oaxaca — la institución gubernamental creada precisamente para garantizar el bienestar de los grupos más vulnerables, incluyendo niños, niñas y adolescentes migrantes.

La muerte de dos menores de edad dentro de un espacio de custodia oficial encendió de inmediato alarmas sobre las condiciones físicas y de supervisión del albergue, y sobre los protocolos de seguridad que deben existir en instalaciones que alojan a niños migrantes, muchos de ellos separados de sus familias o en situación de refugio.

La presión internacional llega al gobierno de Oaxaca

La intervención de tres organismos de la ONU en un caso de alcance estatal es una señal de la gravedad con la que la comunidad internacional está mirando este episodio. ACNUR, OIM y UNICEF no son organismos que emitan comunicados conjuntos de este tipo ante cualquier incidente — su pronunciamiento indica que consideran que hay riesgo de que los hechos no sean investigados con la rigurosidad que merecen.

En su declaración, las tres agencias no solo expresaron condolencias. Ofrecieron concretamente apoyo técnico para mejorar la supervisión del centro y para asegurar que las condiciones en las que viven los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados cumplan con los estándares internacionales de protección.

Las niñas haitianas que murieron en “Casa Pato” habían llegado a México como parte de los flujos migratorios que desde hace años transitan por el país en condiciones de extrema vulnerabilidad. Haití es uno de los países con mayor número de personas desplazadas en el continente americano, y sus migrantes —incluyendo niños que viajan solos o con familiares— enfrentan riesgos en cada etapa del camino.

Autoridades destituyen a responsables y abren investigación penal

El día de ayer, la secretaria Yarib Hernández García informó sobre la tragedia ocurrida en la Casa Hogar Patos del DIF Municipal en San Raimundo Jalpan, Oaxaca, informando que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación penal y dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. De forma inmediata, tres funcionarias de la Casa de Transición para Migrantes fueron destituidas de sus cargos: la directora del albergue y la coordinadora general de albergues, quienes además quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Hernández García fue contundente al asumir la responsabilidad institucional: “En materia de protección de niñas y niños no puede haber omisiones. Si las hubo, habrá consecuencias. Como institución asumimos la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, colaborar plenamente con la fiscalía y revisar de manera integral las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del Estado.”

La muerte de las dos menores haitianas — ocurrida dentro de un espacio que debía garantizar su protección — se suma a la presión que ya ejercen ACNUR, OIM y UNICEF, que en un comunicado conjunto exigieron una investigación exhaustiva y ofrecieron apoyo técnico para mejorar las condiciones y la supervisión en los albergues para niños migrantes y refugiados en México.

La reciente decisión de impulsar un nuevo Código Penal en Afganistán, que autorizaría la violencia física contra mujeres y menores, y la prohibición del acceso de las mujeres al trabajo en organizaciones no gubernamentales y a la educación secundaria y superior, configura uno de los contextos que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) busca abordar a través de intervenciones humanitarias en países con crisis severas. Según informó el Principado en un comunicado recogido por medios nacionales, Asturias, junto con otras trece comunidades autónomas, se suma a un proyecto conjunto que destinará dos millones de euros para mejorar el acceso a la alimentación, la educación, los servicios sanitarios y la protección en poblaciones consideradas vulnerables en cinco escenarios críticos: los campamentos saharauis de Tinduf, Venezuela, Haití, Mali y Afganistán.

El acuerdo, ratificado en una reunión de representantes de las comunidades autónomas celebrada en Santa Cruz de Tenerife, contempla la puesta en marcha de cinco proyectos diferenciados, cada uno de los cuales recibirá 400.000 euros, de acuerdo con la información del Gobierno de Asturias difundida tras la cita. Tal como consignó el mismo comunicado oficial, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, estuvo presente en el encuentro en el que se concretaron los detalles de la iniciativa.

En lo correspondiente a los campamentos de Tinduf, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas desplegará una acción centrada en atender las necesidades de 133.672 refugiados saharauis, quienes han experimentado un agravamiento de su situación debido a los impactos derivados de conflictos internacionales de relevancia, como las guerras de Ucrania y Gaza, además de la crisis en Sudán. El medio local precisó que la colaboración permitirá asegurar asistencia alimentaria en un contexto donde las tensiones externas han empeorado las condiciones de vida.

Para el caso de Venezuela, el canal de actuación será Unicef, que trabajará en el estado Delta Amacuro, una región con elevados niveles de desescolarización, calculados en un 29,9%, uno de los más altos del país. Según detalló el Principado, la intervención prevé ofrecer oportunidades educativas a 950 niñas, niños y adolescentes indígenas fuera del sistema escolar, enfocados en proporcionar entornos de aprendizaje que respeten la diversidad cultural y promuevan el desarrollo integral en espacios escolares entendidos como garantes de protección.

El proyecto en Mali contará con la implementación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y se enfocará en tres regiones: Gao, Tombuctú y Menaka. Según lo consignado por el Gobierno de Asturias y publicado por medios especializados, el objetivo principal consistirá en reforzar la inserción económica de personas desplazadas, un tema central en un país que, desde la crisis de 2012, mantiene cifras de desplazamiento interno superiores a 402.000 personas, motivadas, en gran parte, por conflictos armados y fenómenos naturales. El programa también incluye como ejes fortalecer la cohesión social y fomentar la paz y la sostenibilidad ambiental.

En Haití, la situación humanitaria está marcada por un colapso institucional, violencia armada, desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria reconocida, bloqueos en los servicios de salud y una vulnerabilidad agudizada por factores climáticos. En este contexto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desarrollará proyectos con impacto directo en 6,4 millones de personas, según informó el Gobierno de Asturias. El plan busca atender de manera integral diferentes necesidades derivadas del agravamiento de la crisis y facilitar el acceso a ayuda básica en armonía con las necesidades evaluadas en el terreno.

En Afganistán, el programa impulsado junto con la AECID impactará a una población estimada en 5,8 millones de personas, con especial foco en mujeres, niñas y adolescentes, quienes afrontan restricciones severas de derechos y libertades. De acuerdo a la información oficial, la Agencia de Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva coordinará la respuesta destinada a cubrir necesidades vinculadas a la salud sexual y reproductiva, así como a la protección frente a la violencia de género en un contexto normativo que recientemente ha visto restricciones adicionales a la autonomía y protección de la población femenina y menor de edad.

Tal como publicó el Principado, Asturias renovó su adhesión a este convenio con la AECID, signado originalmente en 2018, en el que participan comunidades como Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, Baleares, Extremadura, Valencia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia, Madrid, Aragón y La Rioja. A la lista se suma la Federación Española de Municipios y Provincias. Desde su incorporación al convenio, Asturias aportó 550.000 euros a los programas de cooperación, según precisó el Gobierno regional junto con los detalles del nuevo acuerdo.

El medio oficial detalló también el enfoque transversal de los proyectos, que integran acciones en materia de educación, salud, protección social y recuperación económica, siempre en estrecha colaboración con organismos del sistema de Naciones Unidas y coordinando recursos entre los distintos gobiernos autonómicos para responder de forma conjunta a retos humanitarios que afectan a millones de personas.

La situación de las familias desplazadas en Ucrania implica que los servicios esenciales, como la educación y la atención médica, enfrentan presiones y demandas crecientes, lo que afecta tanto a las comunidades de acogida como a los propios menores. Según detalló Europa Press, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que cerca de 800.000 niños ucranianos han sido desplazados internamente por el conflicto, lo que ha profundizado la crisis de acceso a servicios básicos y ha incrementado la vulnerabilidad de los menores, cuyas consecuencias psicológicas y sociales empiezan a manifestarse con mayor claridad.

De acuerdo con Europa Press, Pablo de Pascual, responsable de la oficina de UNICEF en Dnipró, advirtió que la guerra en Ucrania está provocando situaciones cada vez más graves en la infancia. De Pascual destacó la necesidad de visibilizar el impacto que la prolongada exposición a la violencia, a la inseguridad y al desarraigo está teniendo en los niños, afectando no solo su vida diaria sino también su desarrollo emocional y sus expectativas de futuro. La organización señala que estas consecuencias no se limitan a la línea de frente, sino que se extienden a distintos puntos del país, incluidas grandes ciudades como Kiev, donde numerosos menores tienen dificultades para acceder a agua potable y calefacción, según publicó Europa Press.

UNICEF ha anunciado la implementación de un proceso de adaptación que incluye la repriorización de recursos para asegurar que el apoyo llega a los más vulnerables, un ajuste que obedece en parte a la reducción de ayuda internacional, entre ellas las contribuciones de Estados Unidos. Pablo de Pascual precisó que la organización y sus socios locales han tenido que ajustar sus operaciones y enfocar los recursos para atender de modo más directo a quienes presentan una mayor necesidad, reportó Europa Press.

El Fondo subraya que la ayuda humanitaria internacional se estructura sobre cuatro pilares fundamentales: el desplazamiento y la evacuación, la atención en la línea de frente y la respuesta a los ataques. Según Europa Press, UNICEF ha enfocado sus esfuerzos en ámbitos como el acceso al agua, la educación y los servicios sociales. Además, la organización advierte que la respuesta en Ucrania debe ser flexible ante las variaciones en el nivel de afectación y en las modalidades de operación en distintos puntos del país.

Europa Press informó que las condiciones invernales agravan las dificultades, ya que persisten numerosos cortes de acceso a servicios esenciales. De Pascual subrayó que actualmente este invierno resulta especialmente duro para la población civil, con reiterados problemas para obtener bienes elementales. La situación de los desplazados continuó afectando a 2,5 millones de niños tanto en el interior del país como fuera de sus fronteras, según consigna Europa Press.

El desplazamiento frecuente obliga a muchas familias a buscar refugio en ciudades cercanas con la esperanza de mejorar sus oportunidades económicas y acceder a servicios básicos. Esto a su vez pone a prueba la capacidad de los sistemas educativos, sanitarios y sociales de las comunidades receptoras, lo que lleva a la necesidad de reforzar estos servicios ante la demanda en aumento, según detalló Europa Press.

UNICEF lanzó un llamado específico este año, priorizando el agua y el saneamiento, elementos que se consideran esenciales en medio de un sistema de infraestructuras dañado o sobrecargado. El apoyo a los sistemas de calefacción aparece vinculado al mantenimiento y reparación de servicios para proteger a la población infantil, según publicó Europa Press. La organización identifica además la educación y la protección infantil como áreas prioritarias que requieren una atención continua.

Las repercusiones de la intensificación de los ataques aéreos generan obstáculos adicionales al acceso de los menores a servicios básicos, incluidos la educación y la salud. UNICEF subraya que la violencia no se circunscribe a un área geográfica reducida, sino que se amplía a múltiples zonas del país, haciendo que el trauma acumulado en la infancia alcance a distintas regiones y comunidades, de acuerdo con lo difundido por Europa Press. La organización reafirma la importancia de mantener el flujo de ayuda y el respaldo a las instituciones que atienden a menores afectados por diferentes tipos de secuelas.

Uno de los motivos de preocupación señalados por UNICEF corresponde a los ataques de las fuerzas rusas contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Estos ataques afectan tanto a la producción como a la distribución de electricidad y, en consecuencia, tienen impacto directo en la calefacción doméstica, así como en el funcionamiento de colegios, hospitales y servicios sociales, según publicó Europa Press. Frente a este panorama, UNICEF trabaja en el establecimiento de sistemas alternativos que permitan mantener la prestación de servicios durante las interrupciones, ya sea mediante generadores temporales o reparaciones inmediatas, así como mejoras para incrementar la resiliencia de los sistemas a largo plazo.

Las consecuencias sobre la infancia, según advirtió Pablo de Pascual en declaraciones recogidas por Europa Press, se reflejan en el incremento de casos de depresión y alteraciones en la integración social de los menores, quienes experimentan una acumulación de traumas ligada a la experiencia de la guerra. UNICEF sostiene que el sostenimiento de la ayuda internacional y la atención especializada resultan imprescindibles para asegurar que los derechos y necesidades de los niños ucranianos no queden desatendidos, en tanto las cicatrices físicas y psicológicas del conflicto configuran un reto de largo plazo para el futuro de la infancia en Ucrania.

El presupuesto inicial propuesto para el Pacto de Estado destinado a la erradicación de la pobreza infantil en España asciende a 150 millones de euros, una cifra prevista para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así lo detalló la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien enfatizó la importancia de que esta iniciativa no se limite a una declaración, sino que disponga de respaldo económico suficiente. Rego remarcó que el dictamen de este pacto se encuentra en su fase final dentro del Congreso de los Diputados. En este contexto, representantes del Grupo del Partido Popular Europeo y del Sindicato de Inquilinas informarán en el Parlamento sobre los avances de esta iniciativa y los aspectos clave relacionados con la protección social y el presupuesto, según informó Europa Press.

La comparecencia, que tendrá lugar este martes en la sede del Congreso, contará con la participación de Jean du Chaffaut, consejero político del Grupo Popular Europeo sobre empleo y asuntos sociales en el Parlamento Europeo, y de Alicia del Río Alonso, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Ambos acudirán para explicar ante la subcomisión de la Comisión de Juventud e Infancia los objetivos de este pacto, así como las propuestas y medidas en estudio, según publicó Europa Press a partir del orden del día oficial.

Europa Press reportó que la ministra Rego expuso ante la Comisión de Juventud e Infancia que el pacto debe ir acompañado de una provisión presupuestaria que asegure su efectividad y permita ampliar el alcance de las acciones planteadas. La ministra también resaltó que uno de los ejes centrales de la propuesta del ministerio consiste en implementar la Prestación Universal por Crianza, incluida como objetivo en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Esta prestación contempla un ingreso mensual de 200 euros por cada menor, medida que, de acuerdo con proyecciones basadas en el último informe de Unicef titulado “El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil”, podría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país, lo que repercutiría en una reducción de la pobreza infantil en siete puntos porcentuales.

El medio Europa Press consignó que Sira Rego subrayó las graves consecuencias de la pobreza infantil no solo en la calidad de vida y el desarrollo de los niños y niñas afectados, sino también en el coste global para el Estado. Según datos oficiales y el informe de Unicef citado por la ministra, las pérdidas asociadas a la pobreza infantil en España alcanzan los 63.000 millones de euros cada año, impacto que se deriva tanto de los recortes en las oportunidades de futuro para la infancia como de los efectos económicos y sociales a largo plazo.

Según el mismo informe, la puesta en marcha del Pacto de Estado, acompañado de medidas como la prestación universal y la colaboración entre diferentes actores sociales y políticos, permitiría una mejora significativa en los indicadores vinculados a la pobreza infantil. El medio Europa Press detalló que la ministra Rego expresó su confianza en que la Comisión de Juventud e Infancia logre consensuar en breve el dictamen definitivo, un paso necesario para que el pacto entre en vigor y empiece a transformar la realidad de los menores en situación de vulnerabilidad.

La agenda legislativa sobre este tema incluye la consulta y participación de diversos agentes sociales y representantes institucionales. Jean du Chaffaut aportará la perspectiva europea en materia de empleo y políticas sociales, mientras que Alicia del Río Alonso representará el punto de vista de las organizaciones de arrendatarios, atendiendo el impacto particular de la vivienda en el acceso a derechos fundamentales para la infancia. Ambas intervenciones buscarán aportar información técnica y evaluaciones de los avances logrados hasta el momento, según consignó Europa Press.

El pacto en cuestión forma parte de una estrategia más amplia que apunta a reforzar la protección social desde la base, integrando políticas de apoyo directo a las familias con hijos menores y reforzando la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y organismos internacionales. El orden del día consultado por Europa Press confirma que el trabajo de la subcomisión se ha centrado en el análisis de propuestas concretas y su viabilidad presupuestaria, así como en la evaluación del marco de protección social frente a las condiciones de precariedad y exclusión.

Las cifras proporcionadas durante las intervenciones y los informes de organismos como Unicef, citados por la ministra en su comparecencia, buscan dimensionar el alcance del problema para formular políticas eficaces. La carencia infantil, con sus múltiples manifestaciones en salud, educación y acceso a recursos básicos, continúa situándose como uno de los retos principales de la política social, tal como lo reflejan los datos manejados por Europa Press. Los responsables políticos y sociales convocados este martes también discutirán nuevas vías para coordinar esfuerzos entre las diferentes administraciones y reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas aprobadas.

El desarrollo del Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil responde, de acuerdo con expertos y autoridades citadas por Europa Press, a la necesidad de dotar a las políticas públicas de herramientas sólidas y financiación suficiente, buscando minimizar los efectos adversos de la pobreza en la infancia y garantizar un entorno propicio para su desarrollo integral. La intervención de representantes europeos y de organizaciones sociales permitirá al Parlamento contrastar propuestas y definir los próximos pasos para hacer efectiva la ambición del acuerdo.

Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, alertó sobre los efectos documentados que la detención de menores de edad puede tener en su desarrollo personal y el impacto que eso representa para el futuro de la sociedad. A raíz de esta preocupación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) instó a la liberación inmediata de todos los niños y niñas arrestados durante las recientes protestas desarrolladas en Irán, según consignó el medio de Naciones Unidas en un comunicado oficial.

La agencia concretó su petición tras informes que muestran la permanencia en detención de menores implicados en los disturbios ocurridos contra el gobierno iraní. Aunque no se dispone de cifras precisas sobre el número actual de menores bajo custodia ni sobre las condiciones en las que están retenidos, UNICEF urgió al acceso inmediato e independiente a todos los niños detenidos, con el propósito de evaluar su situación, el trato que reciben y su bienestar, detalló la propia organización.

De acuerdo con UNICEF, la privación de libertad en edades tempranas genera consecuencias irreversibles que afectan tanto a los propios niños y niñas como al porvenir de la comunidad. "No son adultos pequeños sino que requieren cuidados especiales. La privación de libertad conlleva consecuencias permanentes para su desarrollo, pero también para el futuro de la sociedad en su conjunto", expresó Beigbeder en el comunicado recogido por la agencia.

El medio subraya, en base al comunicado, que UNICEF reiteró la obligación de que los menores privados de libertad reciban un trato digno y humano y que se les permita mantener un contacto regular con sus familias, recordando que estas son obligaciones contempladas en el Derecho Internacional, vinculantes y aplicables en todo momento. "Pedimos poner fin a la detención de niños y niñas en todas sus formas y la liberación inmediata de los menores detenidos en Irán tras los recientes disturbios públicos", exigió el organismo, citando el compromiso asumido por Irán al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las protestas en Irán, que se desencadenaron por motivos como la crisis económica y la degradación de las condiciones de vida, han generado un elevado número de víctimas. Según informó UNICEF en base a fuentes oficiales de Teherán, las manifestaciones han dejado más de 3.000 fallecidos, entre quienes se cuentan civiles y personal de seguridad. No obstante, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, han presentado cifras superiores, estimando los muertos en más de 7.000, según su informe más reciente.

La discrepancia entre los datos oficiales del gobierno iraní y los balances realizados por ONG resalta la dificultad para verificar las informaciones sobre la magnitud de la represión y la situación específica de los menores detenidos durante los disturbios. UNICEF recordó que la República Islámica de Irán está obligada internacionalmente a salvaguardar los derechos fundamentales de la infancia, insistiendo en la urgencia de que las autoridades adopten medidas que permitan la liberación de los menores y garanticen su protección frente a cualquier forma de abuso o maltrato, tal como reportó el organismo.

El pedido de UNICEF se fundamenta en la evidencia acumulada sobre los efectos perdurables de la detención en niños y niñas, reconociendo la particular vulnerabilidad de esta población en contextos de crisis política y social. La agencia enfatizó en su declaración que las normativas internacionales establecen estándares precisos en cuanto al tratamiento de menores bajo custodia y en la obligación estatal de garantizarles acceso a sus derechos, incluido el contacto familiar y la atención a sus necesidades específicas. UNICEF recalcó que estas obligaciones no son optativas o sujetas a interpretación, según detalla en su comunicado.

Según el análisis de la agencia, la coyuntura iraní vuelve especialmente urgente la revisión de la situación de los menores detenidos, no solo para responder a la emergencia generada por las protestas, sino para restablecer la confianza en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos infantiles. La organización recordó que el bienestar de los niños y niñas constituye un pilar fundamental para la estabilidad social y la cohesión futura, subrayando la necesidad de que las medidas adoptadas por las autoridades cumplan con los estándares internacionales ratificados por el Estado parte, informó UNICEF.

Las organizaciones internacionales han advertido que la intensificación de la violencia en el estado sudanés de Kordofán Occidental ha expuesto a la infancia a peligros crecientes y ha agravado de forma diaria la emergencia humanitaria en la región. Según informó la agencia Europa Press, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que el pasado 16 de febrero un ataque aéreo con drones dirigido contra un campamento de desplazados en la localidad de Al Sunut causó la muerte de 15 menores y dejó otros diez heridos, en el contexto de la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército regular de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de carácter paramilitar.

UNICEF transmitió su preocupación por el aumento de los riesgos que enfrenta la población infantil en Sudán, subrayando que el conflicto ha provocado una situación de emergencia con necesidades humanitarias que solo se agravan con el paso de los días. Según detalló el organismo a Europa Press, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, declaró que las familias desplazadas por el hambre y la violencia buscan protección en estos campamentos, destacando la obligación de garantizar su seguridad. Russell afirmó: “Las familias desesperadas en Sudán buscan refugio en campamentos de desplazados tras huir del hambre y la violencia. Su protección es una obligación”.

La responsable de UNICEF añadió que en Kordofán Occidental se observan patrones similares a los documentados previamente en la región de Darfur, donde la población infantil enfrenta amenazas directas. Según sus palabras, “en toda la región de Kordofán estamos viendo los mismos patrones alarmantes que en Darfur: niños y niñas asesinados, heridos, desplazados y privados de los servicios que necesitan para sobrevivir”. Estos hechos ocurren en medio de la intensificación de los combates, lo cual ha disminuido la capacidad de las agencias humanitarias para responder eficazmente a las necesidades básicas de la población.

UNICEF hizo un llamado a las autoridades sudanesas y a todas las partes involucradas en el conflicto para que cesen los ataques contra la población civil y las infraestructuras indispensables, y exigió que se garantice sin retrasos el acceso seguro y sostenido de la ayuda humanitaria. Los ataques recientes han sido señalados como un ejemplo de la gravedad de la situación.

Europa Press reportó también la publicación de un comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien denunció la muerte de cerca de 60 civiles en diferentes ataques con drones perpetrados en Sudán durante los días previos. Türk advirtió sobre las “consecuencias devastadoras” que el conflicto armado tiene para la población y alertó acerca de la profundidad de la crisis humanitaria, que ha escalado hasta situar al país en una de las mayores emergencias del mundo.

La guerra civil en Sudán surgió de desacuerdos profundos sobre la integración de las RSF en el Ejército nacional, lo que frustró el proceso de transición política abierto tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019 y agravado posteriormente con el derrocamiento, en 2021, del primer ministro Abdalá Hamdok. Según consignó Europa Press, la inestabilidad y el conflicto armado han abierto la puerta a la intervención de actores extranjeros que apoyan a las distintas partes en disputa.

La crisis en Sudán se traduce en millones de personas desplazadas y refugiadas tanto dentro como fuera del país. De acuerdo con reportes de la prensa internacional publicados por Europa Press, el deterioro de las infraestructuras críticas, tales como centros sanitarios y redes de abastecimiento, ha limitado la capacidad de asistir a los afectados y ha incrementado los brotes de enfermedades. Las agencias de Naciones Unidas han expresado reiteradamente su alarma por la propagación de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable, la interrupción de las campañas de vacunación y el colapso de los servicios de salud básicos.

Los efectos del conflicto han alcanzado dimensiones regionales y han provocado un llamado global a la acción humanitaria. Según describió Europa Press, la destrucción de infraestructuras esenciales y la inseguridad persistente impiden la llegada de la ayuda internacional, lo que deja a cientos de miles de personas en situación de absoluta vulnerabilidad frente a la violencia, el hambre y la falta de atención médica.

El comunicado de UNICEF ejemplifica la gravedad de la crisis al referirse al ataque en Al Sunut, en el que las víctimas eran en su totalidad menores que se hallaban desplazados junto a sus familias. Diversas organizaciones internacionales han reiterado la urgencia de que se adopten medidas para proteger a la infancia y se garantice el respeto al derecho internacional humanitario, en consonancia con los llamamientos realizados por la ONU respecto a otras zonas afectadas por el conflicto en Sudán.

Las necesidades de la infancia desplazada en Kordofán Occidental incluyen acceso a alimentación, agua, refugio y servicios de protección, además de intervenciones especializadas para niños y niñas que han sido testigos de la violencia. UNICEF subrayó ante Europa Press que la magnitud de la crisis supera las capacidades actuales de respuesta, y que es imprescindible la colaboración internacional para frenar el deterioro de las condiciones de vida y brindar asistencia adecuada a las víctimas.

La situación continúa en desarrollo y las agencias de Naciones Unidas mantienen activa la vigilancia sobre el impacto del conflicto en el país, que sigue sumido en la inseguridad y la crisis alimentaria. El espacio humanitario, según puntualizó Europa Press, depende de la voluntad de las partes enfrentadas para permitir el acceso a las poblaciones afectadas y poner freno a los ataques en zonas civiles, en particular las destinadas al alojamiento de desplazados internos.

La secuencia de violencia registrada en Sudán, con episodios mortales como el ataque con drones en Kordofán Occidental, pone en relieve el coste humano del conflicto y subraya los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en su intento de aliviar la situación de millones de civiles, en especial los menores, que sufren las consecuencias de una guerra prolongada y sin perspectiva de solución a corto plazo.

UNICEF solicitó la liberación inmediata de todos los niños y niñas detenidos en Irán tras las recientes protestas contra el régimen iraní.

Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, señaló que existen informes que indican que numerosos menores siguen privados de libertad y enfatizó que se desconoce la cifra exacta de niños detenidos y el estado en el que se hallan.

La declaración de UNICEF surge tras una ola de protestas en Irán iniciada como respuesta a la crisis económica y al deterioro de la calidad de vida.

Las manifestaciones han dejado, según cifras oficiales de Teherán, más de 3.000 muertos, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, estiman que la cantidad de fallecidos supera los 7.000.

El organismo recordó que la privación de libertad puede provocar consecuencias permanentes para el desarrollo de los niños y para el futuro de la sociedad. Beigbeder recalcó que los menores deben mantener contacto regular con sus familias y ser tratados con humanidad y dignidad, conforme al Derecho Internacional.

Además, enfatizó que la República Islámica de Irán es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño y está obligada a respetar y garantizar estos derechos.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su presunta responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos durante la represión de las protestas.

A su vez, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que el corte de comunicaciones facilitó la comisión de crímenes de lesa humanidad, al impedir que la información sobre los hechos circulara libremente.

En su declaración, UNICEF reiteró el pedido para que se ponga fin a la detención de menores en todas sus formas y solicitó la liberación inmediata de los niños y niñas arrestados tras los disturbios recientes en Irán.

El organismo insistió en que la privación de libertad de menores no solo vulnera sus derechos, sino que también afecta el tejido social del país. Beigbeder remarcó la necesidad de que las autoridades iraníes permitan el acceso de observadores independientes a los centros de detención para verificar la situación de los niños arrestados.

Por otro lado, el presidente Donald Trump instó a Irán a negociar un acuerdo significativo con Estados Unidos en este contexto de creciente tensión militar en Oriente Medio.

Durante la inauguración de la denominada Junta de Paz, Trump advirtió que, si no se alcanza un pacto en los próximos días, Washington podría tomar acciones más allá de la diplomacia.

Mientras tanto, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Mediterráneo y mantiene bombarderos estratégicos en alerta máxima, aumentando la presión sobre Teherán, cuyo programa nuclear y capacidades balísticas son motivo de preocupación internacional.

(Con información de Europa Press)

La llegada de un convoy humanitario internacional compuesto por 26 camiones ha marcado un cambio para los habitantes de las localidades sudanesas de Dilling y Kadugli, quienes llevan más de dos años aislados por enfrentamientos. Esta entrega de suministros, que había quedado en pausa durante más de 40 días a causa del recrudecimiento del conflicto armado, ofrece alivio a miles de familias que no habían accedido a ayuda humanitaria desde hace varias semanas. Según publicó Naciones Unidas, la operación permitió llevar asistencia alimentaria, medicamentos y materiales esenciales a más de 130.000 personas en el estado de Kordofán del Sur, rompiendo con un periodo de tres meses sin suministro.

De acuerdo con los datos compartidos por el organismo internacional, el convoy fue coordinado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). La distribución incluyó 15 camiones del PMA con más de 700 toneladas de alimentos, destinados a beneficiar a casi 70.000 personas. De esa población, 21.000 madres y niños recibieron productos nutritivos específicos contra la malnutrición, detalló la agencia. UNICEF envió siete camiones con componentes esenciales de apoyo a la nutrición, el agua potable, servicios de saneamiento y material educativo para cerca de 40.000 menores y sus familias.

Por otra parte, los cuatro vehículos del PNUD transportaron 70 toneladas de suministros médicos capaces de cubrir, durante cinco meses, las necesidades para tratar enfermedades como el VIH, la malaria y la tuberculosis, consignó Naciones Unidas. La entrega de estos insumos médicos se consideró un avance significativo, luego de meses de dificultades para mantener operativo el acceso a tratamientos en esas comunidades.

El representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett, expresó que esta ayuda permite a la organización y sus colaboradores continuar los tratamientos dirigidos a menores con desnutrición aguda grave, además de restablecer servicios esenciales vinculados con la salud y el acceso al agua potable. Según consignó ONU Noticias, Yett también destacó la importancia de fortalecer la continuidad de estas acciones para garantizar la atención a la infancia en contextos vulnerables.

En la misma línea, Makena Walker, directora interina del PMA en Sudán, afirmó al medio de Naciones Unidas que tras enfrentar “semanas de retrasos y un desvío complicado”, los recursos lograron arribar a destino, probando que la entrega de ayuda es posible incluso ante condiciones adversas si las rutas humanitarias permanecen accesibles. Walker enfatizó la necesidad de mantener abiertas y protegidas estas rutas para lograr que la asistencia continúe llegando de manera regular, especialmente a poblaciones que han permanecido sin contacto con el exterior durante periodos prolongados.

El representante residente del PNUD en Sudán, Luca Renda, declaró, según lo difundido por la propia agencia, que las recientes entregas humanitarias suponen un alivio para quienes dependen de ellas, aunque advirtió que la urgencia no se disipa. Renda subrayó la importancia de reforzar los sistemas logísticos y sanitarios nacionales para que los envíos puedan suceder con mayor frecuencia, independientemente del desarrollo del conflicto.

El mayor obstáculo para la entrega del convoy resultó de la escalada del conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar. Esta guerra, surgida por disputas sobre el proceso de integración del RSF al Ejército formal, interrumpió la transición política en Sudán que se había iniciado tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019 y volvió a verse afectada con la destitución de Abdalá Hamdok como primer ministro en 2021, informó ONU Noticias.

El conflicto ha provocado una crisis humanitaria de magnitud global, con millones de personas desplazadas o convertidas en refugiadas fuera de sus hogares, además de una creciente preocupación internacional por la propagación de enfermedades y el deterioro de las estructuras esenciales para la atención de la población afectada. El medio de Naciones Unidas informó también que la inestabilidad y las interrupciones en la distribución de ayuda complican la respuesta humanitaria en todo el país y dejan en situación de vulnerabilidad a cientos de miles de personas.

La intervención de actores internacionales y el apoyo externo a las diferentes facciones han alimentado el conflicto, dificultando la llegada de ayuda regular. Las agencias humanitarias solicitan protección y garantías de seguridad para los convoyes, planteando la urgencia de acelerar más envíos a fin de evitar el agravamiento de la situación sanitaria y alimentaria. El comunicado del Programa Mundial de Alimentos precisó que mientras no se mantenga la continuidad del acceso, el riesgo para la población, en particular en áreas bajo asedio o con limitaciones de movilidad, permanece alto.

De acuerdo con ONU Noticias, el flujo constante de recursos como alimentos, medicamentos esenciales y materiales para saneamiento es fundamental para prevenir brotes epidémicos y atender a quienes conviven con enfermedades crónicas o infecciosas. Ante la posibilidad de nuevos bloqueos o retrasos, las agencias han intensificado su llamado para mantener abiertas las fronteras humanitarias y coordinar recursos que permitan sostener la asistencia a largo plazo.

La prevalencia del bullying y la violencia durante la infancia y la adolescencia en República Dominicana ha encendido una alarma institucional, con cifras que exigen una intervención coordinada y urgente. Cerca de uno de cada tres adolescentes entre 13 y 17 años ha sido víctima directa de acoso escolar en el país, según el informe más reciente de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La magnitud del problema se agrava al observar que el 63,5 % de los menores ha experimentado algún tipo de disciplina violenta, como informa Diario Libre.

Estos datos sitúan a República Dominicana frente a un desafío estructural que rebasa el ámbito educativo. Un análisis regional de la OMS, que abarca a 23 países, confirma que el acoso escolar no es un fenómeno aislado: uno de cada cuatro menores en América Latina y el Caribe admite haber sufrido bullying. La comparación con otras naciones revela que Perú y Brasil encabezan la lista de mayor incidencia, con tasas cercanas al 50 %, mientras que Chile y Barbados registran los índices más bajos, alrededor del 15 %.

La investigación liderada por Unicef y la OMS advierte que el acoso escolar no solo constituye una infracción legal, sino que representa un obstáculo directo para el desarrollo integral de la niñez. Los organismos subrayan que combatir el bullying es un requisito indispensable para proteger la salud mental y emocional de los estudiantes. Se trata de una problemática que adopta múltiples formas y causas. Según el informe, factores como la apariencia física, la discapacidad y la identidad sexual suelen detonar episodios de discriminación y hostigamiento en las escuelas dominicanas.

El documento precisa que el bullying implica una secuencia sostenida de conductas agresivas, que pueden ser de carácter físico, verbal, sexual o digital, y que se despliegan tanto en entornos presenciales como virtuales. El patrón se repite: la víctima enfrenta dificultades para defenderse, mientras que el o los agresores refuerzan su conducta a través de la impunidad o la complicidad colectiva.

Las secuelas del acoso se extienden mucho más allá del aula. Unicef y la OMS advierten sobre el aumento del riesgo de depresión, ansiedad, aislamiento social, pensamientos suicidas y bajo rendimiento académico entre quienes lo sufren. Además, el análisis pone el foco en los agresores: sus trayectorias suelen estar marcadas por comportamientos antisociales y una mayor propensión al consumo de sustancias. Esta doble dimensión convierte al bullying en un fenómeno con impactos negativos para toda la comunidad escolar.

El estudio introduce una visión diferencial al analizar el bullying desde la perspectiva de género. Los datos reflejan que los niños tienden a sufrir más agresiones físicas, mientras que las niñas resultan más vulnerables a ataques psicológicos y sexuales. Entre los casos consultados, 324 niñas reportaron burlas relacionadas con su apariencia, una cifra que duplica a la de los varones afectados por este motivo. En el terreno de la violencia física, 183 niños declararon haber sufrido lesiones, frente a 69 niñas. Las agresiones de índole sexual afectan a ambos géneros, con 135 niños y 125 niñas que reconocieron haber sido víctimas de este tipo de hostigamiento.

La radiografía expuesta por Unicef y la OMS conduce a una única conclusión: la respuesta debe ser multisectorial, sostenida y respaldada por políticas públicas robustas. La capacitación del personal educativo, la participación de las familias y el diseño de programas escolares integrales emergen como prioridades inmediatas. Los especialistas insisten en que solo un entorno escolar libre de violencia permitirá que los menores ejerzan plenamente sus derechos y desarrollen su potencial.

El desafío involucra tanto a las instituciones gubernamentales como a las comunidades locales. El entorno educativo debe transformarse en un espacio protegido y propicio para el crecimiento, donde la prevención y la intervención temprana sean la norma y no la excepción.

En la provincia de Jersón permanecen apenas 5.000 niños y niñas de los 60.000 que antes residían en la zona antes de febrero de 2022, según detalló UNICEF. Munir Mammadzade, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Ucrania, describió que los menores han tenido que trasladarse a sótanos para resguardarse de las hostilidades, y que la vida diaria para ellos y sus familias se ha transformado en una cuestión de supervivencia. Según informó la organización, el miedo persistente a los ataques y el prolongado aislamiento han provocado severas consecuencias en la salud mental y física de los menores ucranianos.

El medio Europa Press reportó que UNICEF advirtió que, al aproximarse el quinto año de la invasión rusa en Ucrania, la infancia en el país continúa marcada por la violencia y la inseguridad. El organismo calcula que cerca de un tercio de los niños y niñas ucranianos —aproximadamente 2,6 millones— siguen desplazados por causa del conflicto. De ellos, 1,8 millones han buscado refugio fuera de Ucrania, mientras que más de 791.000 permanecen como desplazados internos.

Mammadzade ofreció un panorama de zonas en las que la rutina ha cambiado por completo, señalando que muchas familias viven bajo la amenaza constante de los ataques y que los espacios habitables se han movido literalmente bajo tierra, en áreas protegidas con redes antidrones. La organización también reportó que el personal de los centros de protección infantil, apoyados por UNICEF, ha detectado agotamiento generalizado entre los niños y sus familias debido a la tensión permanente.

Según detalló UNICEF a Europa Press, los efectos de la guerra no se limitan a las regiones cercanas al frente. Las hostilidades y ataques en zonas civiles se presentan en distintos puntos del territorio ucraniano, con consecuencias como la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura básica. Mammadzade subrayó que “encontrar seguridad no debería ser una esperanza lejana para ninguna familia, aunque sigue siendo una aspiración compartida”.

De acuerdo con una reciente encuesta elaborada por la agencia de la ONU, uno de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años en Ucrania se ha desplazado al menos dos veces, siendo la búsqueda de entornos seguros la razón preponderante para abandonar sus hogares. UNICEF destaca que este fenómeno impacta en el desarrollo y la estabilidad emocional de los menores.

Los datos recabados muestran un recrudecimiento de la violencia en determinadas zonas. El número de menores asesinados y mutilados en la ciudad y la provincia de Kiev cuadruplicó la cifra registrada el año anterior. La institución señaló que los ataques sostenidos sobre la infraestructura civil agravan la situación humanitaria, pues privan a la población infantil del acceso seguro a la educación, albergue adecuado y atención médica.

UNICEF precisó que, dentro del difícil contexto, la colaboración con autoridades locales ha permitido el funcionamiento de espacios de protección infantil que ofrecen cierto alivio a los menores. Según Mammadzade, estos centros se han convertido en lugares donde los niños pueden aprender, jugar y dormir al resguardo de la violencia. Al respecto, el representante destacó la resiliencia de la infancia ucraniana, afirmando: “Hoy los niños aprenden, juegan y duermen en sótanos solo para mantenerse a salvo”.

El citado funcionario expresó que pese al prolongado sufrimiento, los niños y niñas de Ucrania conservan aspiraciones de futuro y “siguen aspirando a hacer realidad sus sueños”. Mammadzade subrayó que la responsabilidad de ayudarles a recuperar una vida digna incumbe a toda la comunidad internacional, concluyendo: “La infancia de toda Ucrania ha sufrido durante demasiado tiempo”.

A lo largo de sus informes, UNICEF ha insistido en que el acceso a la seguridad y a contextos estables continúa fuera del alcance de la mayoría de los menores afectados por la guerra. El organismo reiteró que mientras persistan la violencia y la inseguridad, la reconstrucción de las rutinas y la salud de los niños desplazados no será posible. Según publicó Europa Press, una gran proporción de los menores ucranianos están privados de hogar y de escolarización en condiciones seguras, y los profesionales advierten que los impactos psicológicos y físicos pueden ser duraderos.

Diversos testimonios recogidos por UNICEF en Ucrania dan cuenta de la presión constante que implica el estado de hiperalerta en el que viven las familias. El informe citó psicólogos y otros trabajadores que prestan servicios en estos centros, quienes mencionaron el desgaste ocasionado por la inseguridad y la falta de acceso a la vida social y comunitaria. Según el organismo, los efectos pueden manifestarse en forma de ansiedad, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño y alteraciones de la salud en general.

La organización internacional resaltó el compromiso de las familias y la infancia ucraniana a pesar del prolongado conflicto. Europa Press concluyó que los desafíos para reconstruir el tejido social del país son considerables, en tanto millones de menores siguen desplazados, alejados de sus hogares y de entornos educativos seguros, mientras las instituciones humanitarias intentan responder a las crecientes necesidades que impone la situación en Ucrania.

De acuerdo con EFE, el presidente electo realizó estas declaraciones en su primera actividad pública tras regresar de sus vacaciones, donde expresó su desacuerdo con el envío de recursos económicos directos al Estado cubano. Argumentó que no comparte el otorgamiento de asistencia a “un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años” y que, en sus palabras, ha mantenido a la población en condiciones “muy desmedradas, inhumanas”.

El gobierno de Gabriel Boric oficializó la semana pasada su decisión de enviar la ayuda a Cuba a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Esta asistencia se canalizará mediante Unicef, mediante el mecanismo de cooperación internacional establecido por el Estado chileno para proporcionar ayuda humanitaria. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, recalcó, según consignó EFE, que estos fondos no van destinados de manera directa ni al gobierno cubano ni al Partido Comunista de Cuba, y definió la situación en la isla como un “drama humanitario”.

Van Klaveren recordó además, citado por EFE, que el mismo fondo especial ha facilitado colaboraciones similares a poblaciones vulnerables en otros contextos de crisis internacional, incluyendo avances previos de ayuda humanitaria a Ucrania, zonas afectadas en Gaza, y a la propia Cuba luego del huracán registrado en 2025.

En su declaración, José Antonio Kast cuestionó el enfoque del Ejecutivo respecto a la crisis cubana y subrayó que el verdadero impedimento para el desarrollo del país antillano no reside únicamente en las restricciones externas. Según EFE, Kast sostuvo que “el mayor bloqueo” que enfrenta Cuba es la falta de apertura estatal al emprendimiento ciudadano y a la llegada de tecnología. Reiteró que la participación en proyectos de ayuda debería estar condicionada a la exigencia de avances en materia democrática: “Cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia. Eso no lo he visto”, señaló.

EFE detalló que el complejo escenario en la isla ha empeorado a partir de nuevas sanciones de Washington, que desde el 29 de enero impuso medidas adicionales al establecer aranceles contra quienes provean combustible a Cuba. Esta escalada agudizó la crisis energética instalada desde mediados de 2024, recrudeciendo los apagones y alcanzando cifras récord en interrupciones del servicio eléctrico.

El desabastecimiento de combustible también provocó la suspensión temporal de vuelos a La Habana por parte de aerolíneas de Canadá y Rusia, los dos mercados emisores de turistas más relevantes para la isla. Las compañías repatriaron a sus ciudadanos que permanecían varados, conforme añadieron fuentes consultadas por EFE.

La iniciativa de apoyo chilena se sumó a las respuestas humanitarias promovidas por otros gobiernos latinoamericanos como México y Brasil. Estas medidas fueron impulsadas especialmente tras solicitudes del Partido Comunista de Chile, integrante de la coalición oficialista que respalda a Gabriel Boric y que reiteró la necesidad de que el Ejecutivo colaborara con la isla, según publicó EFE.

Desde el acceso de Boric a la presidencia, en marzo de 2022, junto a una amplia coalición integrada por el Frente Amplio, el PC y actores de la centroizquierda, la política hacia Cuba se ha mantenido como un tema de constante debate interno. EFE recordó que Gabriel Boric ha modificado su postura sobre el régimen cubano en los últimos años, pasando de ofrecer respaldo durante su etapa de dirigente universitario y diputado, a calificar al gobierno de la isla como “dictadura”, una definición que ha generado tensiones con el Partido Comunista de Chile.

El mandatario chileno concluirá su mandato el próximo 11 de marzo. Su actual posición sobre el castrismo y las políticas de ayuda a Cuba continúan generando debates en el marco de las relaciones exteriores de Chile y sus posicionamientos sobre crisis internacionales, según concluyó la información de EFE.

La vida cotidiana se ha transformado en una cuestión de supervivencia para la infancia en Ucrania, advirtió UNICEF, al cumplirse cuatro años de guerra y agravarse el impacto sobre los menores.

El representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, detalló que en localidades como Jersón, los niños se han visto obligados a vivir bajo tierra, protegidos por redes antidrones, y que apenas permanecen unos 5.000 menores de los 60.000 que residían allí antes de la invasión rusa de febrero de 2022.

“Hoy los niños aprenden, juegan y duermen en sótanos solo para mantenerse a salvo. He conversado con familias y personal, incluidos psicólogos y otros trabajadores, en un centro de protección infantil apoyado por UNICEF. Todos refieren el agotamiento que sufren las familias al vivir las 24 horas en un estado de hiperalerta”, afirmó.

El miedo a los ataques, el confinamiento en refugios y la ausencia de interacción social han dejado secuelas en la salud mental y física de los menores. UNICEF trabaja con autoridades locales para mantener espacios de respiro y brindar apoyo en la provincia de Jersón.

Un tercio de los menores ucranianos sigue desplazado, lo que equivale a casi 2,6 millones de niños y niñas: 1,8 millones viven como refugiados fuera del país y más de 791.000 permanecen desplazados internamente.

El conflicto afecta zonas civiles en todo el país, dañando hogares, hospitales, escuelas e infraestructura esencial para la vida diaria. Mammadzade informó que en 2025 la cifra de niños asesinados y heridos en Kiev y su provincia se multiplicó por cuatro respecto a 2024.

Una encuesta de UNICEF reveló que uno de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años se desplazó al menos dos veces, siendo la búsqueda de seguridad la razón principal para abandonar sus hogares.

Pese a la adversidad, Mammadzade aseguró que los niños y jóvenes de Ucrania no han renunciado a su futuro y que UNICEF continuará respaldando sus aspiraciones.

Bajo este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania a negociar “rápidamente” con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Ginebra.

Trump enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a Jared Kushner, como parte de la representación estadounidense. Por parte de Rusia, la delegación estará encabezada por el exministro de Cultura, Vladimir Medinski, mientras que Ucrania estará representada por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky advirtió hoy que cualquier cesión de territorios permitiría a Rusia regenerar su capacidad militar y lanzar nuevos ataques.

Además, recordó antecedentes como la ocupación de Crimea en 2014, el conflicto en el este ucraniano, así como los casos de Georgia en 2008 y Chechenia, episodios que, según el mandatario, ocasionaron graves consecuencias humanas. “Fue un gran error desde el principio, empezando en 2014.

E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos”, afirmó Zelenski.

Durante las negociaciones de Ginebra, Washington propuso la creación de una zona franca de comercio libre en los territorios en disputa, ante lo cual Ucrania insistió en la defensa de su soberanía y en que las decisiones sobre los territorios solo deben ser tomadas por sus líderes.

Kiev advirtió sobre los riesgos de congelar el frente, una estrategia que Rusia rechaza porque busca el control total del Donbás, incluidas zonas que aún no ocupa.

(Con información de Europa Press y AP)

"Un niño o niña con desnutrición aguda, sin tratamiento, tiene doce veces más probabilidades de morir", advirtió Obia Achieng, representante en funciones de UNICEF en Sudán del Sur, al describir la intensificación de la crisis humanitaria que afecta a cientos de miles de menores y sus familias en las regiones norte y centro del país. De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, la intensificación de los enfrentamientos, que se acentuó desde diciembre de 2025, ha desencadenado desplazamientos masivos en estados como Jonglei y ha exacerbado las amenazas para la infancia, con brotes de cólera, devastación de centros de salud y un riesgo extremo de desnutrición.

Según detalló UNICEF, al menos 280.000 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares únicamente en el estado de Jonglei, siendo la mayoría mujeres, niños y niñas. Muchas de estas familias han tenido que huir por segunda o incluso tercera vez, tras haber abandonado sus comunidades en desplazamientos anteriores durante episodios de violencia. El medio consignó que gran parte de estos desplazados pernoctan en antiguos campos de desplazados de la guerra civil reciente, espacios en los que apenas subsisten servicios básicos; otros han quedado dispersos en áreas remotas, desprovistos de cualquier ayuda. UNICEF calculó que los menores constituyen el 53% del total de desplazados en Jonglei, lo que agrava los riesgos asociados a la separación familiar, la posible captación por grupos armados, la exposición a la violencia de género y secuelas psicológicas profundas.

El avance de los combates desde finales de 2025 ha minado severamente los servicios esenciales. UNICEF informó que desde que comenzó el incremento de hostilidades, once instalaciones sanitarias han sido atacadas y saqueadas, reduciendo la atención médica disponible para una población ya vulnerable. Además, los centros de nutrición infantil, que proveían tratamiento salvavidas a niños y niñas con desnutrición, cerraron ante la inseguridad reinante. Esta situación ha sucedido en un contexto de brote de cólera que, según el organismo, afecta especialmente a Jonglei con un total de 125 de los 479 casos oficiales publicados desde enero a nivel nacional.

El medio de Naciones Unidas advirtió que los recursos en los centros médicos se han visto sobrepasados, y las condiciones en las zonas afectadas agravan la exposición de la población a enfermedades y desnutrición. UNICEF estima que aproximadamente 825.000 niños y niñas en Jonglei, Unidad y Ecuatoria Oriental podrían desarrollar desnutrición aguda por la combinación del desplazamiento forzado, el colapso de los servicios sanitarios y la limitada disponibilidad de alimentos.

Los ataques contra infraestructura humanitaria alcanzaron incluso a instalaciones gestionadas por organizaciones internacionales. UNICEF denunció que el 3 de febrero, un hospital respaldado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien fue bombardeado, destruyéndose su almacén y suministros médicos esenciales. Según la agencia, durante el conflicto se han saqueado bienes y entregas de ayuda, lo que debilita aún más la capacidad de respuesta y protección para los desplazados. Las restricciones impuestas al acceso humanitario también obstaculizan la provisión de socorro, especialmente en zonas donde las autoridades gubernamentales no mantienen el control.

El deterioro de la situación humanitaria llevó a UNICEF a urgir un alto el fuego inmediato y la apertura de corredores para que la ayuda acceda sin impedimentos a todos los territorios afectados. Según la organización, cientos de miles de niños y niñas dependen de una respuesta urgente para sobrevivir frente a la magnitud de la crisis.

En el plano militar, el Ejército sudsudanés emprendió a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO, grupo que dirige el exlíder rebelde y exvicepresidente Riek Machar. Las autoridades emitieron una orden de evacuación para civiles, “cascos azules” de la Misión de Asistencia de la ONU para Sudán del Sur (UNMISS) y trabajadores humanitarios en tres condados de la región. La situación se agravó a partir de febrero de 2025, cuando miembros del White Army iniciaron una ofensiva en Nasir, estado de Alto Nilo, localidad ubicada cerca de la frontera con Etiopía y que fue ocupada temporalmente por fuerzas rebeldes. Las autoridades reaccionaron colocando bajo arresto domiciliario a Machar, a quien acusaron de conspirar contra la seguridad del Estado. El SPLM-IO respondió denunciando el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2018.

Además del conflicto armado, los habitantes del país enfrentan violencia asociada a disputas interétnicas. El medio consignó que en el estado de Warrap al menos diez personas murieron en recientes enfrentamientos atribuidos al robo de ganado. El episodio ocurrió en Twic, después de un ataque perpetrado por individuos armados que se desplazaron desde Mayom, en el estado de Unidad. Tras el asalto y el robo de reses, milicianos autodefensa de la comunidad emboscaron a los atacantes, provocando varias bajas según el comisionado local, John Mabior, citado por Radio Tamazuj. Mabior indicó que la cifra de víctimas podría aumentar, dadas las circunstancias del ataque.

Sudán del Sur ha experimentado en los últimos años un incremento de los enfrentamientos entre comunidades, en su mayoría derivados de disputas ganaderas y conflictos entre pastores y agricultores en los territorios agrícolas más fértiles del país. Este fenómeno se ve agravado por el avance de la desertificación y el continuo desplazamiento de la población que busca seguridad y acceso a recursos.

El incremento de la violencia, unido a la destrucción y saqueo de infraestructuras, la dispersión de familias y la crisis alimentaria y sanitaria, mantiene a la infancia sudsudanesa en una situación extremadamente vulnerable, afirmó UNICEF y documentó el reporte del medio. Los organismos humanitarios reiteraron la exigencia de un acceso más amplio y sin trabas para evitar que se agrave aún más el impacto de la emergencia sobre la población civil, especialmente los menores.

En la última actualización sobre la situación de la infancia en Haití, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) compartió que la cifra de menores reclutados por grupos armados en el país aumentó en torno al 300% durante 2025, un dato que, según la evaluación del organismo, revela una tendencia hacia la explotación infantil como recurso de estas organizaciones. La entidad remarcó que, tras la firma de un protocolo de desmovilización en enero de 2024, más de 500 niños y niñas identificados como exsoldados han recibido atención y apoyo, en medio de un contexto en el que más de la mitad de los 1,4 millones de personas desplazadas internas en el país corresponde a menores de edad. De acuerdo con UNICEF, este fenómeno se enmarca en una crisis de violencia armada, desastres naturales y extrema pobreza que afecta de manera severa a la infancia haitiana.

El organismo internacional, conforme lo publicado este jueves por UNICEF y recogido en distintas plataformas de noticias, hizo un llamado urgente a fortalecer los sistemas y mecanismos de protección infantil, denunciando que en ambos países, tanto Haití como Colombia, se advierte una escalada en el empleo forzado de menores de edad por parte de grupos armados, cuyas cifras se han multiplicado por tres en los últimos periodos analizados por la organización. Según consignó UNICEF, estas prácticas violan derechos fundamentales de niños y niñas y están prohibidas por el derecho internacional. El informe se divulgó en coincidencia con el Día Internacional contra el Uso de Niñas y Niños Soldado.

Respecto a la situación en Colombia, UNICEF detalló que el número de menores reclutados o utilizados por grupos armados se incrementó en un 300% en el periodo de los últimos cinco años. Las estadísticas verificadas por el organismo señalan que, en promedio, un niño o niña es reclutado cada 20 horas en este país. UNICEF atribuye este crecimiento a una combinación de factores sociales y económicos: el aumento general de la violencia, los elevados índices de pobreza, la ausencia de acceso a la educación y la escasez de servicios e infraestructuras básicas, principalmente en áreas rurales.

Los datos aportados por UNICEF, citados por el medio, subrayan que la infancia colombiana se encuentra no solo expuesta a la violencia directa, sino también a situaciones de extrema vulnerabilidad que la empujan a integrarse a grupos armados. Muchos menores resultan forzados a sumarse por la presión que supone asistir económicamente a sus familias o por intentar huir de entornos violentos en sus propios hogares. El organismo agregó que otros niños y niñas terminan en estas organizaciones tras perder el contacto con sus cuidadores o quedar sin alternativas materiales para sobrevivir.

El empleo de redes sociales por parte de los grupos armados aparece como una herramienta emergente para captar y enrolar menores en Colombia, una estrategia que suele involucrar engaños sobre promesas laborales o de mejora en la calidad de vida. Una vez dentro de estos grupos, los niños y niñas quedan atrapados, sin posibilidades de abandonar la organización, según puntualizó UNICEF. Sobre este punto, la representante del organismo en Colombia, Tanya Chapuisat, explicó: “Los niños y niñas de Colombia no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras”. Chapuisat insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para proteger a la infancia tanto del reclutamiento como de la violencia sexual y otras vulneraciones graves de derechos, advirtiendo sobre los efectos de largo plazo que estas experiencias traumáticas pueden tener en la vida de los menores reclutados.

UNICEF remarcó que el reclutamiento infantil constituye una grave infracción del derecho internacional, lo que obliga a los Estados y la comunidad internacional a responder con estrategias firmes para la prevención y la protección de los derechos de la infancia. La organización trabaja actualmente en Colombia bajo un enfoque que prioriza el acceso de niños y familias a servicios esenciales en sus comunidades, lo cual busca reducir la exposición al reclutamiento y mejorar las alternativas para la infancia afectada.

Sobre Haití, UNICEF hizo referencia en sus informes a la “situación crítica” en la que se encuentra la infancia, indicando que el aumento del reclutamiento fundamenta una dependencia creciente de la explotación de menores en el contexto de la inseguridad y el desplazamiento. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, expresó: "Los derechos de la infancia son innegociables. Debemos proteger a todos los niños y niñas. Y todos aquellos que hayan sido reclutados o utilizados por grupos armados han de ser liberados y recibir la ayuda necesaria para poder recuperarse, retomar sus estudios y rehacer sus vidas”, en declaraciones reproducidas por la agencia.

Muchos menores haitianos experimentan presiones similares a las que atraviesan los niños colombianos. UNICEF resaltó en sus comunicados que numerosos niños se ven en la necesidad de integrarse a grupos armados para colaborar en la manutención familiar o tras haber sido objeto de amenazas directas. Algunos recurren a estos grupos en busca de protección tras separarse de sus familiares, lo que agrava su vulnerabilidad. Desde la implementación del protocolo de desmovilización, más de 500 niños en Haití han sido apartados de los grupos armados en coordinación con autoridades nacionales, recibiendo atención psicosocial, acompañamiento en salud, educación, gestión de casos y apoyo para la reunificación familiar.

Adicionalmente, UNICEF indicó que trabaja en Haití en iniciativas de prevención y reintegración, entre las que destaca el programa Prejeunes. Estas acciones buscan anticipar el reclutamiento y facilitar la reincorporación de los menores a la vida familiar y escolar. La entidad solicitó al Gobierno haitiano y otras partes relevantes la ampliación y consolidación de los sistemas de protección infantil, el acceso seguro a servicios y la intensificación de los programas de localización y reunificación de familias separadas por la violencia.

En relación al tratamiento de los menores vinculados a grupos armados, la directora ejecutiva de UNICEF insistió en que no deben ser considerados como perpetradores. “No podemos tratar como perpetradores a los niños y niñas asociados con grupos armados”, declaró Russell, quien subrayó la urgencia de ofrecer servicios de reintegración adecuados y garantizar protección frente al estigma, las represalias y otras amenazas.

El informe coincide con una conmemoración internacional creada para visibilizar el problema del reclutamiento de niños y niñas por actores armados, fenómeno que, de acuerdo con las cifras compartidas por UNICEF, experimenta en 2024 y 2025 un repunte significativo en dos de los contextos más complejos de América Latina y el Caribe. El organismo reiteró la prohibición del reclutamiento infantil en el marco del Derecho Internacional y llamó a una respuesta inmediata de los Estados y la comunidad internacional para frenar esta tendencia y restablecer el respeto de los derechos fundamentales de la infancia en Colombia, Haití y otros lugares afectados.

El reclutamiento de menores en Colombia por parte de grupos armados ha experimentado un crecimiento alarmante que no da tregua, según advirtió el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

En los últimos cinco años, los casos verificados aumentaron en un 300%, mientras los factores que alimentan la violencia, como la pobreza y la escasez de oportunidades, siguen extendiendo el riesgo a decenas de miles de niños y niñas.

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Lejos de disminuir tras la firma del histórico Acuerdo de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la amenaza se mantiene vigente y se agrava, con un promedio de un niño o niña reclutado cada 20 horas, de acuerdo con el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados correspondiente a 2024.

Uno de los ejemplos de la magnitud de este delito se demostró en noviembre con la muerte de siete menores durante un bombardeo militar contra disidencias de las Farc. De acuerdo con Unicef, tras el inicio del gobierno de Gustavo Petro se suspendieron los bombardeos cuando existía sospecha de presencia de niños en campamentos ilegales.

Sin embargo, la estrategia se modificó posteriormente y estas acciones fueron nuevamente autorizadas. Según expresó Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, a The Associated Press, los grupos armados emplean a los menores como escudos, situándolos cerca de los comandantes más influyentes para impedir operativos militares, ya que “los primeros muertos van a ser los niños”.

El deterioro queda confirmado en las cifras: mientras que en 2020 Naciones Unidas documentó 116 casos de reclutamiento, para 2024 la cifra saltó a 453, con un registro oficial que, advierte Unicef, está subestimado ya que muchas familias prefieren no denunciar por temor a represalias.

El impacto sobre las víctimas alcanza dimensiones devastadoras: “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida”, declaró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

¿Por qué incrementó el reclutamiento de menores?

El vacío territorial dejado tras la desmovilización de las Farc fue rápidamente ocupado por otros actores armados, incluidas disidencias y bandas que se disputan el control de economías ilegales. El gobierno colombiano acusa a la estructura de Iván Mordisco, principal disidencia de las Farc, de mantener filas compuestas en un 37% por menores.

La metodología de reclutamiento es aún más sofisticada e incluye el uso intensivo de redes sociales y tácticas de engaño, según corroboró la ONU y documentó el informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia”, generado por International Crisis Group.

Según explicó Dickinson a The Associated Press, una de las modalidades recurre a reclutadores independientes ajenos a los grupos armados, que venden a los menores al mejor postor: “Me describieron que una niña ‘con buen cuerpo’ puede alcanzar $1 millón y un niño $500.000”.

El reclutamiento y uso de menores, además de estar prohibido por el derecho internacional, constituye una de las violaciones más graves. La situación se agrava en zonas rurales, donde convergen la pobreza, la falta de acceso a servicios sociales y la inseguridad: “Identifican niños con necesidades y se las satisfacen: si tienen hambre, les llevan con comida; si la niña está sola, la enamoran”, relató Dickinson.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales que buscan acuerdos con los grupos armados, la Unicef advierte que aún persisten enormes desafíos. Según Dickinson, algunos de los pactos logrados con la política de “paz total” no han llegado a implementarse mientras otros se desvanecieron tras la ruptura de negociaciones.

Según detalló la OMS, la integración de la inmunización en la Atención Primaria de Salud (APS) se ha transformado en uno de los principales pilares debatidos durante la sesión, al igual que la cobertura sanitaria universal, el fortalecimiento de los presupuestos nacionales en salud y la modernización de los sistemas de información sanitaria. En este contexto, las discusiones reunieron a delegados de 36 Estados Miembros y a 11 representantes de actores no estatales, quienes examinaron el rumbo actual de la IA2030 frente a la reducción de los recursos tanto nacionales como internacionales destinados a la inmunización.

En la sesión, los Estados Miembros recalcaron la importancia de centrar los esfuerzos en los niños que aún no han recibido ninguna dosis de vacunas o que cuentan con esquemas incompletos, con el objetivo de garantizar su acceso en el marco de la Agenda de Inmunización 2030. Paralelamente, se enfatizó la necesidad de ampliar el concepto de vacunación para que abarque todas las etapas de vida, a fin de asegurar que las personas, independientemente de su edad, tengan acceso a las vacunas necesarias.

Una de las principales preocupaciones expuestas por los delegados, según consignó la OMS, se centra en la propagación de la desinformación y los temores en torno a la vacunación, fenómenos que han debilitado la confianza y disminuido la demanda de vacunas. Los participantes han instado a fortalecer las estrategias de comunicación de riesgos, profundizar la participación de las comunidades y asegurar canales efectivos de transmisión de información verificada para contrarrestar el impacto de los discursos contrarios a la vacunación.

El medio de la OMS también recogió demandas para contar con mejores datos sobre inmunización que incluyan desglose subnacional y permitan identificar brechas y necesidades específicas en poblaciones diversas. Los delegados consideraron prioritario invertir en sistemas digitales de inmunización que faciliten el seguimiento de los avances y optimicen la toma de decisiones, promoviendo la digitalización como herramienta clave para la trazabilidad y la transparencia.

En términos de estrategia y sostenibilidad, los Estados Miembros propusieron que la armonización de la Estrategia Internacional de Inmunización 2030 requiere de un refuerzo de los planes y presupuestos nacionales, así como de la implementación de mecanismos que aseguren la permanencia de los logros alcanzados a largo plazo. También subrayaron que el futuro de la inmunización depende de aplicar enfoques más específicos y contundentes por parte de la OMS y sus aliados estratégicos, como Gavi, UNICEF, el Fondo Mundial y organizaciones de la sociedad civil, para responder eficazmente a los nuevos desafíos identificados desde el inicio de la pandemia.

La sesión analizó también dos estrategias globales vinculadas a la salud pública: la Estrategia para el Fin de la Tuberculosis y la Estrategia para la Erradicación de la Poliomielitis. Sobre la poliomielitis, la OMS informó la prórroga de la estrategia de erradicación hasta 2029 y la recomendación de integrar los recursos destinados al combate de la polio en sistemas de salud más amplios, buscando una resiliencia duradera. Además, se reconoció el progreso registrado en la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje, actualmente restringido a Afganistán y Pakistán, y se resaltó la prioridad de llegar a las poblaciones móviles y a quienes no han recibido dosis de la vacuna.

En relación con la tuberculosis, los Estados Miembros solicitaron una mayor integración de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en el primer nivel de atención sanitaria, así como la garantía de un acceso equitativo a diagnósticos y terapias. Insistieron también en la necesidad de fomentar la innovación, haciendo énfasis en el desarrollo de nuevas vacunas dirigidas a adolescentes y adultos, según reportó la OMS.

La revisión intermedia de la Agenda de Inmunización 2030, producto de esta 158ª sesión del Consejo Ejecutivo, se presentará para su debate en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, agendada para mayo de 2026, donde se espera que los Estados Miembros tomen nuevas decisiones sobre el rumbo de las estrategias globales de inmunización y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en todo el mundo.

En los últimos tres años, más de 200.000 personas contrajeron sarampión en Europa y Asia Central, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este contexto coincide con la advertencia de la OMS y UNICEF sobre la persistencia de brotes de sarampión en la región, pese a una caída significativa en el número de casos notificados. Ambas organizaciones subrayaron, de acuerdo con la información recogida por la agencia Europa Press, que el descenso obedece principalmente a las campañas de inmunización y al refuerzo en las medidas de control, aunque alertan que el riesgo de nuevos contagios continúa elevado en zonas con baja cobertura vacunal y circulación de desinformación.

De acuerdo con la OMS y UNICEF, los últimos datos preliminares reportados por 53 países muestran un descenso del 75 por ciento en los casos de sarampión durante el año 2025, en comparación al año anterior. El medio Europa Press consignó que en 2025 se notificaron 33.998 casos en comparación con los 127.412 registrados en 2024. No obstante, los organismos internacionales insistieron en que, aunque los contagios disminuyeron de forma generalizada, la región todavía enfrenta focos importantes de transmisión que podrían haberse evitado si la vacunación sistemática hubiera alcanzado mayores coberturas y las respuestas a los brotes se hubieran desplegado con mayor celeridad.

Las autoridades sanitarias indicaron que muchas de las condiciones que propiciaron el resurgimiento del sarampión en años recientes se mantienen. Regina De Dominicis, directora Regional de UNICEF para Europa y Asia Central, declaró a Europa Press que mientras no se vacune a todos los niños y no se haga frente a la reticencia hacia la inmunización, frecuentemente alimentada por la desinformación, persistirá el riesgo de muertes y complicaciones entre menores por enfermedades prevenibles. La funcionaria subrayó la necesidad de combatir la desinformación sobre vacunas, identificando este fenómeno como uno de los principales obstáculos para erradicar la transmisión del virus.

Europa Press informó que la propagación del sarampión no es homogénea en toda la región: algunos países reportaron incluso más casos que el año anterior, y en 2026 se siguen detectando contagios en el área cubierta por este informe. Un aspecto destacado fue la reciente decisión del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (CRV), un organismo de expertos independientes vinculado a la OMS, que revocó a España su estatus de país libre de sarampión al haberse restablecido la transmisión endémica en su territorio. España había conservado dicha calificación desde 2016.

El director Regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, citado por Europa Press, insistió en que alcanzar una cobertura vacunal del 95 por ciento en todas las comunidades constituye una condición imprescindible para evitar nuevas oleadas. A su juicio, cerrar brechas de inmunidad, vigilar el virus e intervenir de forma ágil en los brotes son medidas esenciales para la seguridad sanitaria, tanto a nivel nacional como regional.

En su comunicado, el CRV notificó a Europa Press que en 2024 el número de países con transmisión endémica continua o restablecida pasó de 12 a 19, lo que supone, según la misma fuente, el retroceso más severo en el objetivo de eliminar el sarampión en la región en los últimos años. Ante estos retrocesos, UNICEF y la OMS mantienen una colaboración activa con los gobiernos locales, Gavi (la Alianza para las Vacunas), la Unión Europea y otras instituciones para fortalecer estrategias preventivas y responder de manera coordinada a los brotes emergentes.

Europa Press detalla que el sarampión figura entre los virus más contagiosos conocidos. Por cada persona infectada, hasta 18 personas no inmunizadas pueden contraer la enfermedad. La OMS y UNICEF han puesto en relieve que el sarampión resulta 12 veces más contagioso que la gripe y ocasiona no solo hospitalización y fallecimientos sino también secuelas de salud a largo plazo. Entre las complicaciones documentadas incluyen daño neurológico permanente, pérdida auditiva y retraso en el desarrollo infantil, hechos que elevan la preocupación sobre la persistencia de la enfermedad en comunidades con cobertura vacunal insuficiente.

Otro aspecto subrayado por ambas organizaciones, según lo reportado por Europa Press, es la necesidad de dos dosis de la vacuna para alcanzar hasta un 97 por ciento de protección de por vida contra el virus. Las autoridades recordaron que una sola dosis no ofrece la inmunidad completa y que las campañas nacionales de vacunación deben procurar alcanzar el porcentaje óptimo no solo entre la infancia sino también entre adolescentes y adultos que no recibieron la vacuna o que no completaron el calendario establecido.

De acuerdo con UNICEF y la OMS, parte de las dificultades para erradicar el sarampión radican no solo en los grupos antivacunas sino también en problemas de acceso o falta de información clara en ciertos colectivos vulnerables, como migrantes, minorías étnicas y habitantes de zonas rurales de difícil acceso. La circulación de información errónea sobre los efectos secundarios de las vacunas se identifica como una de las principales causas de rechazo, sumándose a este problema las campañas dirigidas en redes sociales que incrementan la desconfianza.

Tanto desde la OMS como desde UNICEF, citados reiteradamente por Europa Press, se reiteró la disponibilidad de recursos y cooperación técnica para los países que enfrentan dificultades para incrementar las tasas de vacunación. A través de alianzas multinacionales y estrategias de sensibilización, se busca revertir el actual estancamiento regional y recuperar los avances que los organismos internacionales consideran indispensables para la salud pública infantil y colectiva.

Las previsiones oficiales indican que, con solo 100 euros mensuales por hijo, sería posible sacar de la pobreza a 270.000 menores en España. Europa Press señaló que este cálculo se fundamenta en un estudio de UNICEF divulgado en noviembre de 2025, el cual detalla que la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales tendría un impacto aún más extenso y permitiría mejorar la situación económica de alrededor de 530.000 niños y niñas, contribuyendo de este modo a una reducción estimada de 7,1 puntos porcentuales en la tasa de pobreza infantil.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, según detalló Europa Press, una estrategia nacional compuesta por 100 metas hasta 2030, dentro de la cual la implementación de la prestación universal por crianza ocupa un lugar destacado. La propuesta surgió del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, quien sostiene que se trata de "una de las medidas más novedosas" de la hoja de ruta gubernamental y destaca su inclusión como "derecho" en una planificación estatal por primera vez. Europa Press informó que el objetivo es ofrecer la prestación a la totalidad de familias con hijos menores bajo su cargo, con la esperanza de erradicar los casos más graves de pobreza infantil antes del cierre de la década.

El estudio de UNICEF, titulado "El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil", concluye que el despliegue de esta ayuda económica puede ser determinante en la lucha contra el empobrecimiento de la infancia en el país. La ONG subraya la necesidad de priorizar una ayuda de 100 euros por hijo en aras de garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, dadas las implicaciones logísticas y fiscales, mientras que considera que una prestación de 200 euros aumentaría la eficacia en la reducción de la pobreza, aunque su aplicación sería más gradual.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha posicionado reiteradamente a favor de una política de ayuda universal por cada hijo y apuntó, durante la presentación del informe de UNICEF, que existen recursos para desplegar de forma progresiva la medida propuesta. De acuerdo con datos recogidos por Europa Press, Rego expresó que "la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 millones". El alcance del problema y el volumen de la inversión necesaria sitúan esta estrategia como una de las apuestas más importantes del actual ciclo político en España.

Entre los principales propósitos de la hoja de ruta del Ministerio figuran metas orientadas a la reducción significativa de la desigualdad social y la pobreza. Europa Press consignó que uno de los diez hitos esenciales es minimizar la tasa Arope —el índice de riesgo de pobreza y exclusión social— en un 10%, para situarla por debajo del nivel medio de la Unión Europea. Para este plan, cobran prioridad las políticas dirigidas a familias monomarentales, identificadas como las más afectadas por la precariedad económica.

La estrategia igualmente asigna relevancia a la reducción de la brecha salarial de género, fijando como meta disminuir este diferencial al 10%. Incluye una baja del porcentaje de contratos a tiempo parcial entre mujeres, con la finalidad de lograr que estos representen solo el 55% en comparación con los hombres, así como un aumento del 5% en la tasa de actividad femenina. Además, contempla un incremento del 50% en el acceso y finalización de estudios superiores o de formación técnica avanzada por parte de personas con discapacidad, poniendo especial atención en la situación de mujeres con discapacidad.

Se ha puesto en marcha, según reiteró Europa Press, una serie de medidas para incrementar la visibilidad de los delitos de odio y los discursos discriminatorios. Otro frente de acción es la digitalización total de los trámites de extranjería, que busca simplificar y unificar los procedimientos, así como reducir los tiempos de resolución, asegurando un acceso presencial para las personas que lo soliciten. La reducción del abandono escolar temprano al 9% constituye otra de las directrices prioritarias, con particular atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

La planificación gubernamental establece un refuerzo para el acceso y la inversión en vivienda. El plan es destinar 7.000 millones de euros durante los próximos cuatro años con la meta de que el 5% del stock de vivienda sea de alquiler social, lo que implica triplicar la inversión pública actual. Europa Press explicó que se contempla también incorporar al mercado de alquiler hasta un 10% de las viviendas que actualmente se utilizan como alojamientos turísticos. El acceso a la vivienda para la juventud aparece destacado como objetivo, con la intención de reducir la edad de emancipación de este grupo demográfico.

En sus líneas de acción para el área medioambiental y económica, la estrategia del Ejecutivo estipula avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética, aumentar la penetración de energías renovables y reducir los gases de efecto invernadero. El documento oficial consigna una asignación de recursos específica para hacer frente a emergencias derivadas de fenómenos climáticos extremos. Según Europa Press, el Estado también promoverá el denominado "turismo verde y de interior", así como una economía social con una estructuración social y territorial más equilibrada en todo el país.

El Ministerio de Derechos Sociales precisó a Europa Press que la elaboración de esta estrategia implicó la colaboración de todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil, organismos académicos y representantes del sector privado. Fuentes ministeriales detallaron que el propósito general es orientar la distribución de recursos y las políticas públicas a nivel nacional, autonómico y local.

Europa Press informó que, al tratarse de una estrategia de largo plazo y no de una ley aprobada en el Parlamento, las medidas incluidas aún no cuentan con una dotación presupuestaria asignada; la financiación deberá definirse al momento en que se concreten cada una de ellas a través de los mecanismos pertinentes. El contenido de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible sustituye a la anterior guía nacional, vigente de 2020 a 2025, integrando los nuevos desafíos y prioridades hasta el año 2030.

Un comentario ofensivo que se multiplica en un grupo de WhatsApp, un video generado con inteligencia artificial que circula sin control o un mensaje intimidante que llega a través de una red social. Para miles de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, la violencia también ocurre en el espacio digital y no queda limitada a la pantalla: se traduce en ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social.

En los últimos 12 meses, el 20,4% de jóvenes de entre 11 y 17 años de Argentina, Panamá y San Vicente y las Granadinas declaró haber sufrido ciberacoso. Además, entre el 21% y el 61% de chicas y chicos de 9 a 17 años afirmó haber experimentado al menos una vez comportamientos ofensivos en Internet, como insultos, burlas o humillaciones.

Las cifras se desprenden de un informe reciente de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que analiza distintas formas de violencia que atraviesan a infancias y adolescencias en Latinoamérica y el Caribe.

En ese contexto, Infobae y UNICEF anuncian una alianza estratégica para impulsar una agenda de contenidos con foco en la protección de derechos y los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La iniciativa se presenta en el marco del Día Internacional de Internet Segura, que se conmemora cada segundo martes de febrero y busca concientizar sobre un uso responsable, crítico y respetuoso de la tecnología.

El acuerdo prevé la producción de una serie de contenidos multimedia cocreados entre especialistas de UNICEF en América Latina y el Caribe y la redacción de Infobae. El objetivo es aportar información, datos y recomendaciones prácticas para acompañar debates que ya están presentes en hogares y escuelas: desde el uso de pantallas en edades tempranas hasta el impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial y sus efectos en la salud mental.

Según la Encuesta Kids Online Argentina 2025 elaborada por UNICEF y UNESCO, más de la mitad de las chicas y los chicos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, principalmente para tareas escolares. Ese escenario acelera discusiones sobre cómo acompañar el vínculo con la tecnología sin desconocer los riesgos, pero también sin perder de vista su potencial como herramienta de aprendizaje y expresión.

“La tecnología atraviesa la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, por lo que es fundamental generar espacios de diálogo informados sobre cómo acompañarlos en ese vínculo”, señala María José Ravalli, jefa regional de Abogacía y Comunicación de UNICEF. “Esto requiere el compromiso de todos los sectores para fortalecer sus habilidades digitales y proteger sus derechos”, agrega.

En esa línea, como parte del proyecto, se publicará una Guía para una vida digital segura, destinada a madres, padres y educadores, que estará disponible en el sitio de UNICEF. La propuesta también busca interpelar a grandes compañías, legisladores y emprendimientos de la región que estén desarrollando tecnologías y políticas relacionadas con la infancia y la adolescencia, con el objetivo de poner los derechos de niñas, niños y jóvenes como prioridad.

El foco no es menor. El crecimiento de la inteligencia artificial introdujo nuevas formas de violencia digital, como la creación de imágenes falsas con apariencia real —deepfakes— que pueden ser utilizadas para extorsionar o sexualizar a niñas y adolescentes. Un estudio internacional realizado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países reveló que al menos 1,2 millones de niñas y niños se vieron afectados en el último año por la manipulación de sus imágenes con contenido sexual, una situación que en algunos países alcanza a uno de cada 25 chicos. Estas prácticas, según advirtieron desde UNICEF, constituyen una forma de abuso sexual infantil, aun cuando las imágenes no hayan existido, y generan un daño real en las víctimas.

Frente a este escenario, los organismos internacionales advierten que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe aún carece de leyes integrales capaces de dar respuesta a fenómenos emergentes como el deepfake, el grooming en línea o la circulación de contenidos abusivos generados con inteligencia artificial. Algunos países, sin embargo, comenzaron a dar los primeros pasos.

México, por ejemplo, aprobó una ley sobre violencia digital contra mujeres y niñas, conocida como Ley Olimpia. Argentina y Panamá adoptaron versiones adaptadas de esta legislación, mientras que Uruguay y Colombia analizan iniciativas similares.

Así las cosas, el Día Internacional de Internet Segura vuelve a poner en agenda una discusión que ya no puede postergarse: cómo garantizar que el espacio digital sea un ámbito de cuidado, aprendizaje y desarrollo, y no un territorio donde se reproduzcan o amplifiquen las violencias contra niñas, niños y adolescentes.

En la ciudad de Kobane, después de varios meses de asedio militar, al menos cinco menores han perdido la vida como consecuencia de la carencia de atención sanitaria adecuada y de suministros esenciales para afrontar las bajas temperaturas invernales. Este hecho forma parte de una serie de graves incidentes mencionados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que destaca cómo el inicio del año 2026 ha estado marcado por un impacto crítico en la vida de los niños en distintas regiones en conflicto. Según informó la agencia internacional, las crisis humanitarias que afectan a Gaza, Siria, Sudán, Irán y otros países han provocado muertes, desplazamientos forzados, y la interrupción del acceso a servicios fundamentales como la educación y la salud.

De acuerdo con UNICEF, el noreste de Siria ha vivido un repunte de violencia debido a los enfrentamientos entre el Ejército sirio y milicias kurdas-árabes. Esta escalada ha causado el desplazamiento de cerca de 200.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad son menores de edad. La interrupción de servicios básicos en la región ha dejado a la infancia en una situación especialmente vulnerable, agravada por los prolongados asedios militares que limitan tanto la asistencia médica como la entrega de recursos para afrontar el invierno, detalló el organismo.

En Sudán, UNICEF confirmó que al menos 20 menores perdieron la vida desde el inicio del año, en su mayoría en los estados de Kordofán y Darfur. Según consignó la agencia de la ONU, la situación humanitaria continúa deteriorándose tras casi tres años de conflicto armado entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Millones de niños dependen actualmente de ayuda vital, protección y de la recuperación de servicios esenciales. La hambruna ya ha sido constatada en las áreas de Al Fasher (Darfur Norte) y Kadugli (Kordofán), y casi 20 regiones adicionales se encuentran igualmente en peligro. UNICEF subraya que el conflicto dificulta severamente la entrega de asistencia humanitaria crucial, lo que pone en riesgo la vida de quienes habitan en estos territorios.

En Irán, según publicaciones de UNICEF, la represión tras recientes protestas ha dejado un saldo serio para la infancia y la adolescencia. Más de 144 menores han fallecido y muchos otros han sufrido heridas o han sido detenidos mientras participaban en manifestaciones contra las autoridades del país. La organización exhorta a las autoridades iraníes a implementar medidas que aseguren la protección de los menores, y solicita el cese inmediato de arrestos y detenciones de niños durante los disturbios.

En la Franja de Gaza, tal como reportó UNICEF, aunque existe un alto el fuego en vigor, la situación para la infancia persiste como excepcionalmente inestable y peligrosa. Los ataques aéreos continuados atribuibles a Israel causaron la muerte de 37 menores en la zona. La agencia manifiesta que el cese de las hostilidades debe mantenerse y materializarse en el fin de los sufrimientos de la población infantil en Gaza. A estas circunstancias se suman los hechos registrados en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, donde el aumento de los choques armados complica la seguridad de los menores e impide el desarrollo de una vida cotidiana, según detalló el organismo. Dentro del primer mes del año, dos menores fallecieron y 25 resultaron heridos en esta región.

UNICEF señaló también que Yemen forma parte de los escenarios donde la infancia enfrenta múltiples adversidades humanitarias. Líbano, igualmente, permanece afectado, con familias intentando sobreponerse a los estragos derivados de la guerra reciente, mientras persiste el temor a nuevas agresiones y la inestabilidad se mantiene como parte del contexto social.

El medio internacional consignó que UNICEF dirige un llamado a todos los Estados y a los actores involucrados en conflictos a cumplir sus deberes en relación con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La agencia solicita que se adopten medidas de manera inmediata para terminar con la violencia, los homicidios, las heridas, las detenciones y el impacto negativo que estas situaciones provocan en el desarrollo psicológico y físico de la infancia.

El Ministerio Público de Panamá anunció la apertura de una investigación formal tras la presentación de una denuncia penal por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de funciones públicas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un albergue bajo la administración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

La acción legal fue interpuesta por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, quien detalló anomalías en la atención de los niños y adolescentes bajo resguardo estatal.

La denuncia, presentada el 6 de febrero, señala múltiples irregularidades: deterioro evidente de la infraestructura, falta de personal capacitado para atender a esta población vulnerable y la convivencia de menores con adultos en un mismo espacio, una práctica que contravendría estándares básicos de protección y cuidado infantil.

Brenes sostuvo que estos hallazgos están respaldados por informes y comunicaciones internas enviados dentro de la institución, aunque no recibieron atención oportuna.

Además de la directora del SENNIAF, Ana Fábrega, otros funcionarios fueron incluidos en la denuncia por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de deberes.

La diputada estuvo acompañada por César Augusto Pérez, exdirector de Prevención del SENNIAF, quien aseguró haber sido desvinculado tras alertar sobre estas situaciones. Perez declaró que remitió reportes regularmente y que otros coordinadores regionales también enfrentaron represalias luego de señalar problemas similares.

Pérez sostuvo que su intención no era desacreditar a la entidad, sino empujar correcciones para garantizar mejores condiciones a los menores bajo tutela estatal.

La SENNIAF, en tanto, ha señalado que el recorrido de la comisión legislativa por el CAI se llevó a cabo sin incidentes y bajo los protocolos aplicables a la atención y resguardo de niños, niñas y adolescentes.

La institución agregó que estas verificaciones se vienen ejecutando desde diciembre e incluyen evaluaciones en albergues privados de Santiago, Coclé y Chiriquí.

En el caso de Tocumen, indicó que la delegación de diputados estuvo acompañada por la directora general, Ana Fábrega, junto con equipos técnicos y administrativos.

Además, reiteró que los albergues operan bajo normas específicas y que las visitas deben planificarse con antelación, con un registro de asistentes (nombre, cargo e identificación), para realizar las validaciones correspondientes, proteger la confidencialidad de los casos y evitar cualquier exposición de los menores.

La respuesta institucional y el contexto de las alertas internas muestran que la denuncia no surgió de un hecho aislado sino de una serie de advertencias que, según documentos presentados al Ministerio Público, incluían correos, informes técnicos y fotografías que describen riesgos graves para los menores.

Estos riesgos incluyen relatos de presunto abuso sexual, tuberculosis sin capacidad de aislamiento apropiado y episodios de autolesiones que llevaron a hospitalizaciones, según fuentes vinculadas al expediente.

En medio de esta situación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un pronunciamiento en el que expresó su profunda preocupación por las denuncias de maltrato, abuso y negligencia hacia niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado panameño en albergues como el CAI de Tocumen.

En su comunicado, el organismo subrayó que los entornos de albergues no constituyen espacios idóneos para el desarrollo integral y la protección de la infancia, basándose en evidencia internacional sobre los efectos negativos de la institucionalización prolongada.

UNICEF urgió a las autoridades panameñas —ejecutivo, legislativo y judicial— a actuar con celeridad, equidad y justicia para garantizar el derecho al cuidado, la seguridad y el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo custodia estatal.

El organismo también abogó por el fortalecimiento de medidas alternativas basadas en la familia, como programas de acogimiento familiar, y destacó la importancia de asignar recursos suficientes a la SENNIAF para ampliar estos modelos a nivel nacional.

La respuesta de UNICEF cobra mayor relevancia en un contexto donde se han identificado vacíos en la supervisión de albergues, espacios que, según sus propias publicaciones sobre protección infantil en Panamá, no deberían ser la principal forma de cuidado para niños sin entorno familiar.

La institución señala que la mejor opción para estos menores —si deben ser separados de sus familias por razones de protección— es ubicarlos en un entorno familiar o de acogida temporal con apoyo adecuado.

Las declaraciones de la diputada Brenes han puesto nuevamente bajo escrutinio a la SENNIAF, la entidad estatal encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia en Panamá.

La responsabilidad de esta institución incluye investigar denuncias de abuso infantil y garantizar que los menores sean retirados de situaciones de riesgo cuando sea necesario. Su papel ha sido cuestionado por organizaciones civiles y legisladores, que exigen mayor transparencia y acciones concretas para prevenir negligencias.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que alertas previas sobre condiciones deficientes en albergues no recibieron respuesta efectiva de las autoridades competentes, lo que podría haber contribuido a la acumulación de situaciones críticas dentro de estos centros de protección.

Las cifras actuales revelan que el ritmo de reducción de casos de mutilación genital femenina resulta insuficiente para eliminar la práctica en el plazo fijado internacionalmente. Según publicó UNICEF España, la erradicación de esta forma de violencia hacia niñas requeriría avanzar a una velocidad “27 veces más rápido” en comparación con la tendencia actual para alcanzar el objetivo de 2030. Esta advertencia refuerza la preocupación de organismos internacionales y organizaciones sociales que, a propósito del Día Mundial de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, recalcan el desafío global que representa este fenómeno.

El medio Europa Press detalló que la mutilación genital femenina afecta actualmente a 230 millones de niñas y mujeres en el mundo. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia han remarcado la necesidad de sostener el compromiso político, social y financiero para frenar una práctica considerada una de las violaciones más graves a la integridad y dignidad de mujeres y niñas. Entreculturas, entidad que impulsa programas de acompañamiento y protección como 'La LUZ de las NIÑAS', ha desarrollado acciones en 20 países de África y América Latina con el propósito de preservar los derechos de las niñas y ofrecer alternativas a las dinámicas comunitarias que perpetúan la violencia.

El trabajo de Entreculturas y sus aliados cobra especial relevancia en contextos de crisis humanitaria y desplazamiento forzado, donde aumentan los riesgos para la infancia. Entre las regiones de intervención figura Chad, donde el 34% de las mujeres entre los 15 y 49 años ha sido sometido a mutilación genital, de acuerdo con datos de UNICEF. En ese país, la organización colabora con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), apostando por estrategias integrales basadas en educación, protección y cohesión social. Maimouna Konaté, directora de proyectos del JRS en la región del lago Chad, explicó al medio Europa Press que la prevención resulta efectiva solamente cuando existe un trabajo comunitario constante, que consolida referentes locales y promueve la implicación de toda la comunidad. Según Konaté, estas iniciativas ya producen descensos en la prevalencia de la mutilación en las zonas de intervención.

El acompañamiento directo a las víctimas y la creación de espacios seguros constituyen ejes centrales del abordaje. Marie-Grace Longaye, responsable de programas de JRS Chad, manifestó a Europa Press que estos espacios posibilitan un apoyo psicosocial estable y son vitales para ayudar a las niñas y mujeres a recuperar la confianza y la capacidad de expresarse respecto a lo sufrido. Longaye señaló que el desarrollo de estos procesos de sensibilización contribuye a fortalecer la resiliencia de las afectadas y a disminuir el riesgo de perpetuación intergeneracional de la práctica.

El impacto sanitario de la mutilación genital sobrepasa las consecuencias inmediatas. La doctora María del Carmen Gutiérrez Vélez, especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, subrayó al comunicar con Entreculturas que la mutilación constituye una grave forma de violencia tanto desde el ámbito médico como desde el de los derechos humanos. La especialista afirmó que “es un procedimiento lesivo que no tiene fines médicos, busca realizar un daño intencionado y tiene múltiples consecuencias tanto físicas como psicológicas que pueden prolongarse durante años”. Gutiérrez Vélez insistió en la necesidad de concienciar a profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales para detectar a las niñas y mujeres afectadas y sensibilizar sobre los efectos lesivos, con vistas a erradicar la práctica no solo en los países donde es más común, sino también en los contextos de migración.

La coordinación con los sistemas encargados de la protección y la necesidad de invertir en educación se presentan como propuestas imprescindibles para combatir la perpetuación de la mutilación genital. Irene Sánchez Prieto, responsable de comunicación de 'La LUZ de las NIÑAS', afirmó al medio Europa Press que “poner fin a la mutilación genital femenina requiere un compromiso sostenido con la educación, los derechos humanos y la dignidad de las niñas en todos los contextos”. Este enfoque busca garantizar un sistema educativo libre de violencias, sustentado en el bienestar emocional y la promoción de la salud tanto física como mental.

Por su parte, UNICEF España recalcó que, pese a los avances en las últimas décadas, el progreso es frágil y desigual. De acuerdo con el organismo, ocurrieron mejoras, como la reducción del riesgo de mutilación genital para las niñas en los países más afectados, de un 47% en 1993 a un 33% en 2023. Sin embargo, el ritmo actual no asegura alcanzar la erradicación para 2030. El medio Europa Press informó también que UNICEF subraya la necesidad de fortalecer leyes y políticas protectoras, ampliar el acceso a servicios de calidad para quienes están en riesgo o ya han sobrevivido, y transformar normas sociales a través del trabajo con las comunidades.

El organismo internacional alertó sobre las consecuencias de la inacción. Según consignó Europa Press, UNICEF afirmó que “sin una financiación sostenida, millones de niñas perderán tanto la protección como la esperanza”, e hizo énfasis en que cada dólar invertido en la eliminación de la mutilación genital puede generar un retorno estimado de 10 dólares, mientras que los costos derivados del tratamiento de complicaciones de salud asociadas a la práctica aumentan la presión sobre los sistemas sanitarios.

Tanto las entidades como los organismos internacionales coinciden en que la erradicación de la mutilación genital femenina requiere un abordaje integral que articule educación, inversión en protección, trabajo comunitario y consolidación de redes de apoyo a las víctimas. Según publica Europa Press, la experiencia de proyectos en terreno muestra que el cambio social sostenido depende de las alianzas locales y de la persistencia en la labor de sensibilización, de modo que la transformación de normas y tradiciones pueda consolidarse a lo largo del tiempo.

En medio de récords de temperatura y una sucesión de desastres naturales, la ecoansiedad emerge como un fenómeno psicológico vinculado al avance de la crisis climática. Este trastorno, reconocido por la American Psychological Association (APA), afecta cada vez a más personas, con especial incidencia entre niños y jóvenes que observan el futuro con incertidumbre.

Según la APA, la ecoansiedad se define como “el miedo crónico a un desastre ambiental”, y se manifiesta tanto en quienes atraviesan catástrofes como en quienes perciben la amenaza climática como una realidad irreversible.

¿Qué es la ecoansiedad y cómo afecta?

La ecoansiedad no es solo una reacción a la experiencia directa de incendios, inundaciones o sequías. También se relaciona con el temor persistente a los daños ambientales y la percepción de que la crisis climática no tiene vuelta atrás. Greenpeace advierte que el calentamiento global superó los 1,1℃ (33,98℉), una cifra que potencia episodios extremos y agrava el temor por el futuro del planeta.

Entre los síntomas más comunes se encuentran episodios de ansiedad, insomnio y dificultades para concentrarse. Organizaciones como UNICEF han alertado que estos efectos suelen afectar con mayor fuerza a los menores de edad, quienes se muestran especialmente sensibles ante la amenaza ambiental y la falta de respuestas políticas eficaces.

Una investigación de la Universidad de Bath y la organización Avaaz, citada por The Guardian, encuestó a 10.000 jóvenes entre 16 y 25 años en diez países. El estudio reveló que el 60% siente preocupación por el estado del planeta y el 45% reporta consecuencias negativas en su vida diaria. Además, el 75% de los participantes describe el futuro como “aterrador”, mientras que el 83% considera que los adultos no han cuidado el planeta adecuadamente.

Carolina Hickman, psicoterapeuta y académica en la Universidad de Bath, explica que el cambio climático representa un factor de estrés psicológico comparable a experiencias adversas en la infancia. La acumulación de eventos extremos genera tanto traumas directos como angustia indirecta, ya sea por testimonios, noticias o el simple temor a lo que pueda ocurrir.

Factores que intensifican la ecoansiedad

La falta de políticas públicas claras y acciones gubernamentales concretas incrementa el nivel de angustia. Según el informe de UNICEF, el 64% de los jóvenes considera que los gobiernos “no se toman en serio sus preocupaciones ni hacen lo suficiente para evitar una catástrofe climática”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya el impacto acumulativo del cambio climático sobre la salud mental, asociándolo a episodios de estrés postraumático, depresión y estados de duelo por la pérdida de ecosistemas y especies.

Especialistas y organismos internacionales recomiendan fortalecer la resiliencia individual y comunitaria. Adoptar acciones sostenibles contribuye a que niños y jóvenes recuperen el sentido de agencia y esperanza. Participar en iniciativas ambientales, crear redes de apoyo y practicar la atención plena son estrategias sugeridas por entidades como UNICEF y Greenpeace.

El activismo climático, impulsado por jóvenes en todo el mundo, representa una herramienta para canalizar el miedo y la frustración en acciones concretas. Organizaciones científicas, como el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), señalan que la educación ambiental y la información verificada ayudan a disminuir la sensación de impotencia.

“La ecoansiedad es una señal de salud mental: que los niños y jóvenes se preocupen por el planeta demuestra un compromiso real con el futuro”, afirmó Carolina Hickman en declaraciones recogidas por The Guardian.

El desafío de imaginar futuros posibles

El cambio climático ha transformado la manera en que se piensa el futuro. La incertidumbre sobre la magnitud de los cambios y la velocidad de las transformaciones ambientales exige nuevas herramientas psicológicas y sociales. La esperanza radical, como sugieren los especialistas, permite aceptar el dolor por las pérdidas sin renunciar a la posibilidad de actuar y generar cambios.

Greenpeace y UNICEF insisten en la importancia de crear comunidades informadas y activas, donde los jóvenes puedan compartir sus emociones y acceder a recursos para cuidar su salud mental. “La inacción no es una opción, pero para poder activar primero hay que cuidar la propia salud mental”, concluye el último reporte de UNICEF sobre infancia y cambio climático.

La creciente utilización de modelos de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, ha solicitado a los países que penalicen de manera explícita la producción de este tipo de contenidos generados por IA.

La preocupación es especialmente intensa ante los reportes sobre el aumento de imágenes digitales que sexualizan a menores, tendencia que, según UNICEF, requiere una respuesta inmediata y coordinada.

Inteligencia artificial y abuso infantil: el pedido de acción de UNICEF

UNICEF ha reclamado medidas urgentes a los gobiernos y a la industria tecnológica para frenar el uso de la IA en la creación de imágenes que explotan sexualmente a los niños. La agencia subraya la necesidad de implementar enfoques de seguridad desde ​el diseño y medidas de protección para evitar el uso indebido de los ‌modelos de IA.

Además, insta a que las empresas digitales refuercen la moderación de contenidos e inviertan en tecnologías de detección para impedir que estas imágenes circulen por internet.

El organismo de la ONU advierte sobre el daño real que provocan los abusos mediante deepfakes, imágenes, videos y audios generados por IA que imitan a personas reales. “El daño que provoca el abuso mediante deepfake es real y requiere una acción inmediata. Los niños y niñas no pueden estar esperando a que la legislación se actualice”, recalca UNICEF en su comunicado.

Deepfakes y manipulación de imágenes

Otra de las preocupaciones de UNICEF es el uso de la inteligencia artificial para quitar o alterar la ropa en fotografías, generando imágenes falsas sexualizadas de menores. Este tipo de manipulación representa una amenaza creciente, ya que la tecnología hace cada vez más sencillo crear contenido falso convincente y potencialmente dañino.

Durante el último año, al menos 1,2 millones de niños y niñas de 11 países reportaron que sus imágenes habían sido manipuladas para crear deepfakes sexualmente explícitos. Este dato, presentado por UNICEF, pone en evidencia la urgencia de avanzar en regulaciones y respuestas tecnológicas a escala global.

Iniciativas y desafíos legales frente al contenido sexual infantil generado por IA

Gran Bretaña ha dado un paso al frente al anunciar su intención de ilegalizar el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil, convirtiéndose en el primer país en adoptar una medida de este tipo. Esta decisión marca una tendencia creciente en la preocupación internacional por el uso de IA, especialmente en la generación de contenidos ilegales y dañinos.

En los últimos años, la atención pública se ha centrado también en los chatbots de IA, como Grok de xAI, propiedad de Elon Musk, que ha sido cuestionado por producir imágenes sexualizadas de mujeres y menores.

La presión sobre los desarrolladores y las plataformas tecnológicas para implementar filtros y mecanismos de seguridad se intensifica a medida que la tecnología avanza y los riesgos se multiplican.

UNICEF reitera la urgencia de actuar para proteger a la infancia, insistiendo en que la respuesta no puede esperar a que las leyes se adapten al ritmo de la innovación tecnológica. La protección de los derechos de los niños y niñas sigue siendo el eje de su llamado a la acción internacional.

Qué es UNICEF y cuál es su misión en la protección de la infancia

UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia internacional fundada en 1946 con el objetivo principal de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.

Su labor abarca una amplia variedad de áreas, como la salud, la educación, la nutrición, la protección contra la violencia y la emergencia humanitaria, asegurando que los menores tengan acceso a servicios básicos y a un entorno seguro para su desarrollo integral.

La organización trabaja en más de 190 países y territorios, colaborando con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para implementar programas y políticas que mejoren la calidad de vida de la infancia.

Además, UNICEF lidera campañas de sensibilización y abogacía para que los derechos de los niños sean respetados y se mantengan como prioridad en la agenda internacional, especialmente en contextos de crisis o vulnerabilidad.

La incidencia de mensajes de carácter sexual recibidos por adolescentes y la frecuencia con la que conversan con personas desconocidas, según estudios de UNICEF citados por la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), refuerzan el debate sobre la conveniencia de limitar el acceso de menores a redes sociales. En este contexto, la organización respalda la iniciativa anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el uso de estas plataformas a menores de dieciséis años, al considerar que puede contribuir a la protección de su salud mental.

De acuerdo con Socidrogalcohol, tal como recogió el medio que aporta la información, la aprobación de esta propuesta está programada para el próximo martes 10 de febrero en el Consejo de Ministros, cumpliendo así el propósito de enfrentar la desregulación actual. El plan contempla la puesta en marcha de sistemas de verificación de edad y la atribución de responsabilidades legales a los directivos de las plataformas frente a la difusión de contenidos inadmisibles. Sergio Fernández Artamendi, integrante de la Junta Directiva de Socidrogalcohol, expresó que aunque la información disponible es todavía escasa, la regulación de este tema resulta particularmente relevante frente al rápido desarrollo del entorno digital y la poca supervisión existente.

La organización científica asegura que la utilización de redes sociales por parte de jóvenes no implica en sí misma un riesgo para su bienestar, aunque la evidencia científica muestra que el abuso en su uso afecta el rendimiento académico y otras áreas de la vida de los menores. Según detalla Socidrogalcohol, tanto progenitores como formadores encuentran obstáculos para orientar sobre el uso responsable de estas herramientas digitales, en un medio caracterizado por su transformación constante y por la existencia de incentivos empresariales centrados en mantener la atención continua de los usuarios.

Las preocupaciones señaladas por Socidrogalcohol incluyen el acceso de los adolescentes a materiales violentos, imágenes o mensajes de naturaleza sexual, y la difusión de conductas que afectan la salud mental, la autoestima y promueven hábitos poco saludables. La entidad remite a los datos del informe de UNICEF, el cual revela que el 25,1% de los adolescentes ha sido receptor de mensajes de contenido sexual, mientras que el 58,4% ha mantenido conversaciones con personas que no conocía, entre ellas adultos. Asimismo, el documento muestra que el 92,5% de los jóvenes ya utiliza al menos una red social, proporción que alcanza el 78,3% entre los estudiantes de Primaria.

Socidrogalcohol advierte de la creciente inquietud social ante el uso masivo de estos servicios entre menores de edad, e insiste en que las medidas restrictivas sobre el acceso y, particularmente, una mayor vigilancia de los contenidos y de las responsabilidades legales de las empresas tecnológicas, pueden reforzar la protección de la infancia y adolescencia. El medio que difunde estas valoraciones sostiene que la propuesta discutida por el Ejecutivo apunta a responder a este desafío multidimensional, así como a promover unas condiciones digitales más seguras para los menores.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que en el estado de Jonglei, Sudán del Sur, más de 450.000 niños enfrentan el riesgo de desnutrición aguda como resultado del desplazamiento masivo y la interrupción de servicios esenciales, tras un repunte en el conflicto armado. Este escenario sucede después de ataques que dejaron sin atención médica a miles de personas, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este miércoles que el Ejército de Sudán del Sur bombardeó su hospital en la localidad de Lankien, en Jonglei, donde uno de los trabajadores resultó herido levemente y se destruyó el principal almacén que contenía suministros críticos. MSF informó que antes del ataque se había procedido a la evacuación del hospital por el aumento de la violencia y la amenaza de un posible ataque a la ciudad. En paralelo, la organización explicó que horas antes, su centro de salud en Pieri, también ubicado en Jonglei, fue saqueado por personas desconocidas, lo que provocó la huida de los trabajadores del lugar, cuyo paradero es incierto.

MSF remarcó en declaraciones recogidas por Europa Press que había proporcionado con antelación las coordenadas GPS de todas sus instalaciones tanto al Gobierno como a las partes implicadas en el conflicto. Gul Badshah, director de operaciones de la organización, afirmó que recibieron confirmación por parte de las autoridades de que conocían las ubicaciones de los centros. “Las Fuerzas Armadas de Sudán del Sur son la única parte armada con capacidad para realizar ataques aéreos en el país”, sostuvo Badshah, citado por Europa Press.

El mismo funcionario enfatizó que tras el saqueo en Pieri, esa clínica quedó inutilizable para la comunidad local. Recalcó que MSF era el único proveedor de servicios sanitarios para unas 250.000 personas residentes en Lankien y Pieri. Por lo tanto, estos dos ataques han dejado a la población sin acceso a atención médica básica. Ante la situación, Badshah recalcó que la ONG tomará medidas para proteger la seguridad de su personal y la integridad de sus infraestructuras. “Aunque somos conscientes de las enormes necesidades que existen en el país, consideramos inaceptable convertirnos en blanco de ataques”, expresó el director, según recogió Europa Press.

La organización recordó que está presente en la región desde hace 43 años y que ha atendido a millones de pacientes en Sudán del Sur en diferentes periodos y regiones. Durante 2025, se registraron ocho ataques contra instalaciones de MSF en el país, hechos que resultaron en el cierre de dos hospitales en la región de Gran Alto Nilo y la suspensión de servicios médicos en Jonglei, Alto Nilo y Ecuatoria Central, según reportó Europa Press.

Europa Press añadió que estos episodios de violencia ocurren en medio de restricciones impuestas por el Gobierno sursudanés al acceso humanitario en las zonas de Jonglei bajo control del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO). La organización humanitaria explicó que estas limitaciones han dificultado considerablemente la entrega de ayuda humanitaria en la región.

La representante de UNICEF en Sudán del Sur, Noala Skinner, indicó en declaraciones citadas por Europa Press: “Estamos muy preocupados por las mujeres, niños y niñas afectados por estos violentos enfrentamientos. Sabemos que estas áreas tienen algunos de los niveles más altos de desnutrición infantil y sabemos que un niño desnutrido sin tratamiento tiene doce veces más probabilidades de morir”. Skinner instó a todas las partes involucradas en el conflicto a cesar la violencia y garantizar un acceso rápido, seguro y sin obstáculos para que la ayuda humanitaria pueda llegar a la población desplazada y vulnerable.

El Ejército de Sudán del Sur anunció a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO, agrupación liderada por el exvicepresidente y antiguo líder rebelde, Riek Machar. A raíz de esto, emitió órdenes de evacuación en tres condados e instruyó la retirada de civiles, personal de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y trabajadores humanitarios, según dio cuenta Europa Press.

En febrero de 2025, el conflicto se agravó tras la ofensiva lanzada por la milicia White Army contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, ubicada en el estado de Alto Nilo cerca de la frontera con Etiopía. Como reacción, las autoridades pusieron bajo arresto domiciliario a Riek Machar, acusándolo de conspirar contra la seguridad nacional. El SPLM-IO denunció que esta medida violó el acuerdo de paz de 2018. Como recogió Europa Press, estos hechos intensificaron los combates en otras regiones del país.

La crisis se desarrolla en un contexto político complicado tras la decisión del presidente Salva Kiir de promulgar en septiembre de 2024 una reforma constitucional que prolongó dos años el periodo de transición. La comunidad internacional criticó esta decisión y reclamó a Yuba progresos en la implementación del acuerdo de paz de 2018, que incluye la celebración de elecciones, entre otros compromisos que todavía no se han concretado.

Europa Press puntualizó que estas circunstancias generan una situación humanitaria grave, ya que la combinación de violencia armada, restricciones a la labor humanitaria y destrucción de instalaciones sanitarias ha dejado sin servicios básicos de salud a comunidades enteras y ha aumentado los riesgos asociados a la desnutrición, sobre todo en la infancia afectada por el desplazamiento.

La prevalencia de métodos violentos de disciplina alcanza el 70 % entre los niños y niñas de tres a cuatro años en República Dominicana, según datos recogidos por Unicef, la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Red Nacional de Investigación sobre Violencia contra la Niñez y la Adolescencia.

Este dato sitúa a este grupo etario como el más vulnerable frente a prácticas que incluyen tanto el maltrato físico como la humillación y la negligencia, de acuerdo a información de EFE.

En el conjunto de menores de uno a 14 años, más del 63 % ha experimentado violencia como forma de disciplina dentro del hogar. Este fenómeno, normalizado en muchos entornos familiares, tiene consecuencias graves para la salud mental, el bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.

El informe, presentado en Santo Domingo, también advierte que la persistencia de la violencia doméstica multiplica el daño y perpetúa sus efectos en el tiempo. Entre 2018 y 2022, se registraron 212 homicidios intencionales de menores de edad, mientras que solo en 2022 las autoridades reportaron 33 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, cifras destacadas por Unicef, según cita la agencia EFE.

Desde el ámbito institucional, Carlos Carrera Cordón, representante de Unicef en República Dominicana, señaló que la ausencia de información confiable y comparable limita la capacidad de anticipación. Carrera Cordón advirtió que “cuando la violencia se normaliza, el daño se multiplica”, y subrayó la necesidad de contar con datos sólidos para diseñar estrategias eficaces que incluyan prevención y acción coordinada.

El sistema de protección estatal acogió a más de 3.400 niños y adolescentes entre 2018 y 2023, junto con miles de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Para Unicef, estas cifras demuestran el vínculo estrecho entre la violencia en el hogar y los riesgos directos para la infancia.

En el ámbito sanitario, los casos de maltrato físico a menores de cinco años aumentaron cerca del 45 % entre 2021 y 2022. Esta tendencia refuerza la urgencia de fortalecer la prevención y los mecanismos de intervención temprana.

El informe reveló, además, que la fragmentación y la baja comparabilidad de los datos dificultan la creación de políticas públicas efectivas. La rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, sostuvo que la academia tiene la responsabilidad de generar “evidencia rigurosa, útil y oportuna” que oriente decisiones capaces de proteger a la niñez y adolescencia dominicanas, según cita EFE.

En respuesta a estos desafíos, la campaña “Los datos cuentan”, impulsada por Unicef, busca dar visibilidad a las estadísticas sobre niñez y adolescencia en el país. El objetivo es fomentar decisiones informadas, exigir rendición de cuentas y articular respuestas institucionales frente a la violencia que afecta a los menores de 14 años en República Dominicana.

Los suministros de alimentos terapéuticos que resultan esenciales para el tratamiento de la desnutrición grave escasean en seis condados del estado de Jonglei, uno de los epicentros del conflicto armado en Sudán del Sur, según reportó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este desabastecimiento se produce mientras las organizaciones humanitarias enfrentan crecientes dificultades para distribuir ayuda debido a las restricciones en los desplazamientos por río, aire y carretera, producto del repunte de la violencia armada en la región.

De acuerdo con la información publicada por UNICEF, más de 450.000 menores están expuestos a niveles críticos de desnutrición aguda, una condición que aumenta drásticamente su riesgo de fallecimiento si no reciben un tratamiento adecuado. Uno de los indicadores más alarmantes, según la agencia de la ONU, es el cierre temporal o definitivo de 17 centros de salud en Sudán del Sur, entre ellos cinco localizados en Jonglei, tras una serie de incidentes de saqueo que han mermado la capacidad del sistema sanitario para atender a la población más vulnerable.

La representante de UNICEF en Sudán del Sur, Noala Skinner, alertó mediante declaraciones consignadas por el medio que el riesgo para la infancia afecta principalmente a niños y niñas desplazados por los enfrentamientos, quienes se encuentran en zonas con tasas históricamente altas de desnutrición infantil. Skinner remarcó: “Sabemos que un niño desnutrido sin tratamiento tiene doce veces más probabilidades de morir”. Insistió, además, en la necesidad de que las partes en conflicto detengan la violencia y permitan el acceso rápido y seguro de la ayuda humanitaria, priorizando los apoyos hacia los desplazados que enfrentan mayores carencias.

Según informó UNICEF, aproximadamente 250.000 personas han abandonado sus lugares de residencia en el estado de Jonglei a causa de los recientes combates. Este desplazamiento masivo ha sobrecargado la infraestructura disponible, en momentos en que las restricciones de movimiento afectan tanto a la población civil como a los trabajadores humanitarios, según detalló la misma agencia internacional. El suministro de recursos vitales como alimentos terapéuticos se ha visto particularmente comprometido, ya que estos productos resultan indispensables para salvar la vida de aquellos menores que presentan cuadros graves de desnutrición.

La inseguridad también se ha traducido en dificultades adicionales para el personal médico. UNICEF describió que al menos diez incidentes recientes involucraron el saqueo de suministros sanitarios y nutricionales, limitando la capacidad de respuesta ante brotes de enfermedades y otras emergencias de salud pública. De los incidentes mencionados, cinco afectaron directamente a centros de atención situados en Jonglei, agravando la situación que enfrentan los desplazados en esa región.

Pese a las dificultades logísticas y la persistencia de la violencia, la agencia de la ONU informó sobre esfuerzos para mantener ciertas operaciones de emergencia. UNICEF envió un lote de equipos de purificación de agua, cubos y jabón al condado de Duk, ante la amenaza de una eventual epidemia de cólera. Además, en Akobo, otro condado de Jonglei, la agencia distribuyó tratamientos contra la malaria, alimentos terapéuticos para la atención de la desnutrición y kits de salud de emergencia con el objetivo de asistir a poco más de 10.000 personas.

El contexto de esta crisis humanitaria está marcado por la intensificación reciente de las hostilidades armadas. El Ejército de Sudán del Sur lanzó una ofensiva militar a finales de enero en Jonglei contra el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), liderado por el ex vicepresidente Riek Machar. Tras la ofensiva, las autoridades solicitaron la evacuación de civiles en tres condados, así como de los llamados "cascos azules" de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y de trabajadores de organizaciones humanitarias.

Según relató UNICEF, la escalada de la violencia escaló en febrero de 2025, luego de que la milicia Ejército Blanco realizó un ataque contra el ejército sursudanés en la localidad de Nasir, situada en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía. Tras la toma temporal de la ciudad por parte de esta milicia, las autoridades colocaron a Riek Machar bajo arresto domiciliario por acusaciones de conspiración contra la seguridad nacional, lo que provocó que el SPLM-IO denunciara una violación al acuerdo de paz firmado en 2018.

El recrudecimiento de los enfrentamientos contribuyó además al cierre de carreteras y rutas fluviales, dificultando el desplazamiento tanto de la población civil como de los equipos de cooperación internacional. Según consignó UNICEF, estas restricciones de acceso han obstaculizado todavía más los intentos de entregar alimentos, medicamentos y material sanitario a quienes más los necesitan.

La crisis política suma elementos de inestabilidad al contexto humanitario. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgó en septiembre de 2024 una reforma constitucional que extendió en dos años adicionales el periodo de transición, una decisión que recibió críticas de la comunidad internacional. Diferentes actores internacionales han exigido al gobierno sursudanés la implementación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018 y avances concretos hacia la organización de elecciones y la consolidación de los compromisos asumidos.

De acuerdo con UNICEF, la simultaneidad de crisis políticas, violencia armada y desplazamientos masivos ha profundizado la vulnerabilidad de la población infantil en el estado de Jonglei y en otros puntos del país. La agencia reiteró en sus informes la urgencia de medidas que permitan restablecer los servicios de salud y asegurar la entrega de ayuda humanitaria, especialmente con el antecedente de epidemias como el cólera y enfermedades como la malaria, que suelen agravarse durante episodios de desplazamiento forzado y desnutrición.

La combinación de factores adversos aumenta el riesgo de mortalidad infantil y pone en jaque la capacidad de respuesta de las instituciones a cargo de la atención humanitaria. UNICEF insistió en la necesidad de cooperación entre actores nacionales, internacionales y ONG, fundamentando esta demanda en el peligro que enfrenta la infancia ante la actual crisis multidimensional. Estas declaraciones se produjeron en el marco de una petición abierta a las partes en conflicto y a la comunidad internacional para que faciliten la llegada de recursos y la protección de los desplazados, tal como recogió la agencia en sus más recientes comunicaciones.

En la primera hora de la apertura, no se vio a nadie entrar o salir de Gaza. Un funcionario egipcio indicó que 50 palestinos cruzarían en cada dirección en el primer día de actividad del cruce.

Según funcionarios de salud de Gaza, alrededor de 20.000 niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir de la devastada Gaza a través del cruce. Miles de otros palestinos fuera del territorio esperan entrar y regresar a casa.

Los medios estatales egipcios y un funcionario israelí también confirmaron la reapertura. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para comentar el asunto.

Antes de la guerra, Rafah era el principal cruce para las personas que entraban o salían de Gaza. Los demás y escasos cruces fronterizos son todos compartidos con Israel. Según los términos del alto el fuego, que entró en vigor en octubre, el ejército israelí controla el área entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

La violencia aún continuaba en todo el territorio costero, y funcionarios de hospitales de Gaza dijeron que un barco de la Marina israelí había disparado contra un campamento de tiendas, donde murió un niño palestino de 3 años.

Egipto se prepara para recibir a los heridos de guerra

El Ministerio egipcio de Salud dijo en un comunicado el lunes que 150 hospitales en todo el país han sido preparados para recibir a pacientes palestinos y heridos que serán evacuados de Gaza a través del cruce de Rafah. Además, la Media Luna Roja Egipcia dijo que ha preparado “espacios seguros” en el lado egipcio del cruce de Rafah para apoyar a los pacientes palestinos evacuados y heridos de la Franja de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, Israel ha prohibido enviar pacientes a hospitales en Cisjordania y Jerusalén Oriental, dos territorios bajo ocupación israelí, en un movimiento que cerró la que antes era la principal salida para los palestinos que necesitaban tratamiento no disponible en Gaza.

Israel ha dicho que tanto ellos como Egipto evaluarán a las personas que entran y salen a través del cruce, que será supervisado por agentes de patrulla fronteriza de la Unión Europea y una pequeña presencia palestina. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo si el sistema tiene éxito.

Temiendo que Israel pudiera usar el cruce para empujar a los palestinos fuera del enclave, Egipto ha insistido en que debe estar abierto para que puedan entrar y salir de Gaza. Históricamente, Israel y Egipto han evaluado a los palestinos que solicitan cruzar.

Ataque en Khan Younis

Un niño palestino de 3 años murió este lunes cuando la Marina israelí atacó tiendas que albergaban a personas desplazadas en la costa de la ciudad sureña de Jan Yunis en Gaza, dijeron las autoridades hospitalarias palestinas.

Según el hospital Nasser, que recibió el cuerpo, el ataque ocurrió en Muwasi, un área de campamento de tiendas en la costa de la Franja de Gaza.

El ejército israelí dijo que estaba investigando el incidente.

Más de 520 palestinos han muerto en operaciones israelíes desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de la franja. Las bajas desde el alto el fuego, que UNICEF dijo incluyen más de 100 niños, están entre los más de 71.700 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamas en Gaza, mantiene registros detallados de bajas que son vistos como generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

La reapertura de Rafah supone un progreso en el alto el fuego

Las tropas israelíes tomaron el control del cruce de Rafah en mayo de 2024, algo que describieron como parte de los esfuerzos para combatir el contrabando de armas de Hamas. El cruce se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante un alto el fuego a principios de 2025. Israel se había resistido a reabrir el cruce, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza despejó el camino para avanzar.

La reapertura es un paso clave conforme el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos el año pasado, que entró en vigor el 10 de octubre, avanza a su segunda fase.

El actual alto el fuego detuvo más de dos años de guerra entre Israel y Hamas que comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La primera fase de la tregua pedía el intercambio de todos los rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos detenidos por Israel, un aumento en la ayuda humanitaria necesitada con urgencia y una retirada parcial de las tropas israelíes.

La segunda fase es más complicada. Llama a la instauración de un nuevo comité palestino para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamas y la toma de medidas para comenzar la reconstrucción.

(AP)

Priorizar el crecimiento de los ingresos en áreas como la audiovisual, digital, merchandising, Espai Barça o el nuevo Palau Blaugrana constituiría un método alternativo para evitar la aceptación de acuerdos publicitarios cuestionables, según lo manifestó Víctor Font durante un encuentro con socios en el barrio barcelonés de la Sagrera. Esta propuesta forma parte de la estrategia delineada por la plataforma 'Nosaltres', liderada por el propio Font, ante lo que describe como una crisis de valores en el FC Barcelona vinculada a recientes decisiones de la directiva. De acuerdo con el medio citado, Font propuso que, en casos donde surjan dudas respecto al alineamiento de potenciales patrocinadores con los valores institucionales, la ratificación de estos acuerdos se someta no solo a la tradicional Asamblea de Compromisarios, sino también a una votación vinculante y universal entre toda la masa social del club.

En el marco del encuentro, detalló que la urgencia actual por conseguir recursos económicos ha empujado a la entidad a concertar acuerdos que, a su juicio, no respetan la naturaleza histórica de la institución. Según consignó el medio, Víctor Font advirtió que el “dinero fácil” procedente de patrocinadores desacoplados de la filosofía del club responde a una gestión económica ineficiente. “Este acuerdo demuestra las urgencias económicas provocadas por la mala gestión”, afirmó Font durante su intervención, según riportó el medio.

Font comparó el accionar actual de la presidencia de Joan Laporta con la postura que sostenía el propio Laporta en el pasado. Formuló una crítica directa a la evolución del dirigente, sintetizada en la frase: “El Joan Laporta del 2003 querría echar del club al Joan Laporta del 2026. Ahora hace muchas de las cosas que antes criticaba”. De este modo, expuso lo que interpreta como un notorio cambio de rumbo en cuanto a los principios rectores de la administración azulgrana.

Tal como publicó el medio, Joana Barbany, otra integrante de la plataforma 'Nosaltres', analizó como un cambio de valores la decisión de retirar a ACNUR —la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, en colaboración con Unicef— como imagen en la camiseta. "No es sólo un cambio de patrocinador, sino un cambio de valores". Barbany planteó que la transición desde acuerdos de patrocinio con entidades como Unicef y ACNUR hacia nuevos socios comerciales, como Congo o New Era, evidencia una aceleración en lo que consideró una deriva de los valores institucionales del club.

En las declaraciones recogidas por la fuente, Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB y miembro de 'Nosaltres', enfatizó una pérdida de la guía ética del FC Barcelona en la actualidad. “El club ha pasado de ser un referente moral a actuar como una plataforma al servicio de intereses comerciales y geopolíticos”, lamentó Ordiales, aludiendo a que la flexibilidad en los valores ha llevado a que estos pasen a ser negociables, lo que, según su visión, implica dejar de ser un club con una identidad única. Ordiales concluyó: “Cuando los valores pasan a ser negociables, dejas de ser más que un club, y nosotros queremos recuperar esa esencia que se está perdiendo”.

El medio añadió que durante el encuentro se evidenció la preocupación por el incremento de la orientación comercial, observada, a criterio de los ponentes, tanto en la diversificación de patrocinadores como en la priorización de la venta de entradas a turistas. Estas prácticas se consideran parte de una desviación respecto a la histórica identidad social y cultural del FC Barcelona.

La propuesta de la plataforma 'Nosaltres' apunta a examinar alternativas que impulsen el desarrollo económico sin comprometer la esencia histórica del club ni la coherencia institucional de sus acuerdos comerciales. Font sostuvo que una expansión ordenada de las áreas internas de negocio permitiría rechazar patrocinios que susciten dudas, y que la legitimidad en la toma de estas decisiones debe corresponder a la totalidad de los socios por medio de mecanismos electrónicos de votación universal. El debate expuesto forma parte del clima preelectoral y de la discusión interna sobre el rumbo futuro de la entidad.

La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades continúan marcando la vida de millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, una región donde amplios sectores de la población infantil enfrentan carencias en educación, nutrición, salud y protección social.

En ese contexto, la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó en Panamá un programa de bonos sociales orientado a movilizar recursos hacia proyectos enfocados en la infancia y la juventud.

El anuncio se realizó durante el Foro Económico Internacional de CAF, celebrado esta semana en la capital panameña, y marca el inicio de un esquema financiero que busca canalizar hasta $1,000 millones en una primera etapa para iniciativas con impacto social.

El programa forma parte de la iniciativa Banco Futuro, desarrollada por CAF en alianza técnica con UNICEF, cuyo objetivo es situar a la niñez en el centro de la financiación para el desarrollo.

La emisión corresponde exclusivamente a CAF, mientras que el organismo de Naciones Unidas participa en la selección y evaluación de los proyectos. Así lo explicó a Infobae, Francesco Saverio, asesor regional de UNICEF para alianzas, en entrevista con este medio.

Según detalló, UNICEF colabora con CAF en la identificación de iniciativas que realmente generen impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes, utilizando criterios técnicos diseñados para medir resultados concretos.

Entre los proyectos que pueden recibir financiamiento figuran programas de reducción de la malnutrición infantil, fortalecimiento de la educación secundaria, transición de la escuela al empleo y sistemas de protección social.

El programa contempla una meta más amplia de movilizar hasta $5,000 millones en un periodo de tres años, con el propósito de beneficiar a aproximadamente 50 millones de niños y adolescentes en la región. La emisión inicial de cerca de $1,000 millones representa el primer paso para alcanzar ese objetivo.

CAF ya concretó las primeras operaciones del programa en los mercados financieros internacionales, mediante una colocación privada y una emisión pública en Europa, lo que permitió captar recursos de inversionistas institucionales interesados en instrumentos con impacto social.

Uno de los elementos centrales del esquema es el uso de incentivos financieros. Los países que accedan a estos fondos podrán obtener mejores condiciones crediticias si demuestran avances medibles en áreas vinculadas a la niñez, como la reducción de la desnutrición, el aumento de la permanencia escolar o la mejora en los sistemas de protección.

“Si se alcanzan resultados, la tasa de interés baja. Eso reduce el costo del financiamiento y hace más atractiva la inversión social”, explicó Saverio.

Este mecanismo busca estimular a los gobiernos a priorizar políticas públicas orientadas a la infancia, sin aumentar de forma significativa la presión sobre sus finanzas públicas, en un contexto regional marcado por restricciones fiscales y altos niveles de endeudamiento.

Actualmente, países como Ecuador, El Salvador y Barbados figuran entre los más avanzados en la preparación de proyectos, aunque la iniciativa está abierta a todos los miembros de CAF, que agrupan a la mayoría de las economías latinoamericanas.

Durante la entrevista, el representante de UNICEF advirtió que uno de los principales problemas en la región es la desigual distribución de la inversión pública. Según indicó, los recursos suelen concentrarse en sectores y territorios con mayor desarrollo, mientras que las poblaciones más vulnerables, especialmente los niños, reciben menos atención.

“Se habla mucho de inversión en infraestructura, que es necesaria, pero muy poco de cuánto de eso llega realmente a la niñez”, señaló.

Esta falta de enfoque, agregó, se refleja en problemas estructurales como el abandono escolar, el desempleo juvenil y la violencia. En varios países, explicó, los adolescentes quedan fuera del sistema educativo y laboral, lo que facilita su vinculación con economías informales o grupos delictivos.

Los proyectos financiados deberán cumplir con una metodología conocida como “lente de infancia”, que evalúa si las iniciativas generan beneficios reales para personas de entre 0 y 24 años. No basta con ejecutar obras o programas generales: deben demostrar impacto directo en el desarrollo infantil y juvenil.

En el ámbito educativo, por ejemplo, no se prioriza únicamente la construcción de escuelas, sino la calidad del aprendizaje, la permanencia estudiantil y la conexión con el mercado laboral. En salud, se priorizan programas de nutrición, atención temprana y prevención.

Los recursos del bono se destinarán principalmente a infraestructura educativa y sanitaria, capacitación docente, becas, atención primaria, programas de primera infancia y apoyo a poblaciones en riesgo.

Diversos estudios respaldan este enfoque al demostrar que cada dólar invertido en los primeros años de vida puede generar retornos económicos de entre cuatro y seis dólares a largo plazo, gracias a mejoras en productividad, salud y capital humano.

Para UNICEF, invertir en la infancia no solo es una política social, sino una estrategia económica. “Cuando falla la transición de la escuela al trabajo, aparecen problemas de desempleo, violencia y exclusión que afectan a toda la sociedad”, sostuvo Saverio.

El programa también está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos vinculados a educación, salud, reducción de desigualdades y protección infantil. Cada proyecto deberá demostrar su contribución a estas metas globales.

Saverio explicó que muchos de los indicadores relacionados con educación, salud, nutrición y protección infantil están lejos de las metas previstas, lo que refleja una brecha persistente entre los compromisos asumidos por los países y los resultados alcanzados.

Advirtió que, sin un cambio en las prioridades de inversión, será difícil revertir esta tendencia antes de los plazos establecidos en la Agenda 2030.

Indicó que cada proyecto financiado bajo la iniciativa Banco Futuro está diseñado para alinearse directamente con los ODS relacionados con la niñez, con el objetivo de generar impactos medibles y sostenibles, y evitar que la inversión social continúe quedando relegada frente a otros sectores tradicionalmente prioritarios.

Tal como detalló el medio, Australia fue el primer país en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años tras la entrada en vigor de una ley en diciembre último, impulsada por el primer ministro Anthony Albanese. Esta normativa afecta a diez plataformas digitales y exige que empresas como Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick impidan que menores de esa edad posean una cuenta activa. Las compañías que no cumplan se enfrentan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (equivalentes a más de 29 millones de euros). Según informa la misma fuente, Meta eliminó cerca de 550.000 cuentas en Instagram, Facebook y Threads en respuesta a esta regulación, que centra la responsabilidad sobre las propias empresas para verificar la edad de sus usuarios.

Qustodio indicó que el tiempo de exposición y la estructura de plataformas como TikTok aumentan el riesgo de efectos en la salud de los menores, incluyendo sobreestimulación, alteración del sueño, dependencia de dopamina y dificultad para mantener la atención. Además, el 78,3% de los niños de 10 y 11 años en los últimos cursos de Primaria ya participa activamente en alguna red social, según Unicef, que subraya que el acceso temprano se traduce en patrones problemáticos para una parte significativa de usuarios. Unicef alertó que un 6% de los adolescentes podría mostrar un uso compulsivo tras una conexión prolongada y poco controlada, experimentando síntomas emocionales negativos cuando no logran acceder a estas plataformas.

Entre los riesgos señalados por Unicef se enumeran el contacto con desconocidos, la práctica del sexting y la recepción de proposiciones sexuales por parte de adultos. El informe recogido por el medio menciona que el 5,7% de los menores de 16 años reconoce haber recibido alguna propuesta sexual por internet. Dichos datos han intensificado la exigencia de restricciones, hasta el punto de que el 46% de los padres defiende que la edad mínima para acceder a redes sociales debería fijarse en los 16 años, como ya sucede en Australia.

La política australiana ha hallado eco en Europa. Francia dio un primer paso cuando la Asamblea Nacional aprobó la prohibición del acceso para menores de 15 años y la limitación de promoción de productos nocivos en espacios dirigidos a adolescentes. No obstante, esta medida debe superar un trámite en el Senado francés antes de su posible entrada en vigor, prevista para septiembre si el proceso avanza. De acuerdo con la información consignada, Francia podría constituirse así en el primer país europeo en adoptar una legislación semejante a la australiana.

En el Reino Unido, la Cámara de los Lores votó el 21 de enero a favor de una enmienda que prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años en el marco del Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas. A la fecha, falta debatirse en la Cámara de los Comunes; de aprobarse, posteriormente se tramitaría su aplicación. Además, el Reino Unido ya exige mecanismos de verificación de edad para el acceso a contenidos online restringidos desde la Ley de Seguridad en Línea vigente desde julio, lo que ya ha supuesto restricciones adicionales en el consumo digital de menores.

En el caso español, el Congreso aprobó en septiembre una ley orgánica dirigida a fortalecer la protección digital de los menores, que propone aumentar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales y establece la obligatoriedad de sistemas gratuitos de control parental en los terminales de acceso a internet. Según reportó el medio, este enfoque busca que tanto fabricantes como plataformas asuman un mayor compromiso para blindar a la infancia ante los riesgos digitales.

En Dinamarca, el gobierno anunció a finales de noviembre la entrada en vigor de un acuerdo nacional que establece 15 años como edad mínima para usar redes sociales, aunque permite el acceso desde los 13 si lo autorizan los padres. El Ministerio de Digitalización danés recalcó efectos detectados sobre el sueño, la concentración y la presión social vinculada a las relaciones digitales, argumentando que la regulación pretende conceder más tiempo a la infancia para actividades fuera de la esfera virtual.

El Parlamento Europeo solicitó restringir el acceso a redes sociales a mayores de 16 años, con permiso parental para los adolescentes a partir de los 13, llamando la atención sobre la insuficiente implicación de las tecnológicas para implementar medidas de protección. La Eurocámara, según lo reflejado por el medio, propone exigir responsabilidades personales a los altos directivos de empresas tecnológicas en caso de incumplimiento, además de reclamar una aplicación eficaz de la Ley de Servicios Digitales.

A escala institucional, la Comisión Europea coordina con varios países, incluido España, un proyecto piloto para desarrollar un sistema de verificación que permita comprobar la edad real de los usuarios al acceder a redes sociales, de acuerdo con los datos recogidos por el medio. Esta iniciativa busca sumar herramientas tecnológicas que impidan el acceso irregular de menores y reforzar el cumplimiento de las normativas propuestas o en trámite.

En el ámbito de las plataformas sociales, Instagram fija los 14 años como edad mínima para crear una cuenta y, desde noviembre de 2024, ofrece cuentas específicas para adolescentes con configuraciones de privacidad y seguridad más estrictas. Facebook mantiene la edad mínima globalmente en 13 años, excepto en España, Corea del Sur y Quebec, donde asciende a 14. TikTok admite el registro desde los 13 años, pero limita funciones relevantes como la aparición en recomendaciones y la mensajería para quienes aún no cumplen 16. X, anteriormente Twitter, estipula 13 años como umbral y advierte que eliminará cuentas que incumplan este criterio. Las cuentas de menores, según el medio, son privadas por omisión y requieren autorización del usuario para aceptar seguidores o mensajes privados.

La creciente preocupación por el acceso precoz y los riesgos asociados al uso de redes sociales por parte de menores ha motivado la intervención de actores diversos, desde padres hasta organismos internacionales como Unicef, pasando por parlamentos nacionales y organizaciones tecnológicas. Los debates y las medidas legislativas en Australia, Francia, Reino Unido, España, Dinamarca y la Unión Europea reflejan un fenómeno global en el que se enfrentan los desafíos de la digitalización con el objetivo de mantener a salvo la integridad psíquica y emocional de la infancia.

La estimación de UNICEF de que cerca de 147.000 menores vivían en España en situación irregular en 2019 refleja la dimensión social del anuncio del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, entidades sociales recibieron de manera positiva la noticia sobre el inicio de los trámites para esta regularización, aprobada mediante Real Decreto tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos. Se prevé que esta medida beneficie a más de quinientas mil personas en todo el territorio nacional.

Según reportó Europa Press, organizaciones como Accem destacaron que la regularización representa un avance en la garantía del acceso y la igualdad de derechos, además de reforzar la protección de todas las personas residentes en España sin distinción de su estatus previo. Para Accem, la iniciativa está destinada a personas que ya forman parte de la sociedad española y cuyas contribuciones sociales y económicas no siempre encuentran reflejo en derechos reconocidos. El organismo subrayó que facilitar la salida de la irregularidad permitirá superar situaciones de vulnerabilidad o violaciones de derechos, a la vez que favorecerá la inclusión social y la visibilidad de quienes hasta ahora permanecían en la sombra.

Accem hizo especial énfasis en las implicancias laborales y económicas, remarcando que la regularización ayudará a transformar empleos informales en ocupaciones con derechos y obligaciones formales, lo que a su vez incrementará la cotización a la Seguridad Social y reforzará la economía nacional. Además, se mostró esperanzado en que el proceso administrativo se caracterice por su agilidad, fiabilidad y capacidad de responder de manera efectiva a las necesidades de los beneficiarios, aunque aguarda más información sobre los detalles del procedimiento.

Por otro lado, la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, instó a desarrollar también mecanismos estructurales y regulares, y no solo excepcionales como el actual. A juicio de López, estos procedimientos ordinarios facilitarían que las personas migrantes pudieran trabajar y desarrollar su vida en igualdad de condiciones desde el primer día en el país, evitando periodos prolongados de irregularidad administrativa.

De acuerdo con Europa Press, López remarcó que estos cambios no solo benefician a la población migrante, sino también al conjunto de la sociedad, favoreciendo la integración de quienes residen y contribuyen económicamente. El director general de CEAR, Mauricio Valiente, expresó una valoración positiva sobre el anuncio del Ejecutivo, aunque recalcó que la entidad permanece atenta a las condiciones específicas y la tramitación que se establezca, con el objetivo de garantizar que la respuesta llegue de forma inmediata y adecuada a quienes cumplan los requisitos. Valiente resaltó que el reconocimiento rápido de la contribución de los migrantes a la riqueza y al desarrollo de España supone un acto de justicia, aunque insistió en la necesidad de que la normativa ordinaria contemple procedimientos de regularización permanente adaptados a la realidad migratoria del país. También sostuvo que la puesta en marcha de la regularización responde a una demanda sostenida de los movimientos sociales y representa una oportunidad acorde a las aspiraciones de la sociedad civil.

La perspectiva de infancia ha ocupado un lugar destacado en las declaraciones de organizaciones como Save the Children, que consideró la medida como un avance en la protección de niños, niñas y sus familias, enfatizando que la regularización permite salvar barreras de acceso a derechos y ofrecer mayor estabilidad. Unicef España prevé que la medida contribuirá a la integración social de menores y adultos en riesgo de exclusión o marginación. Según indicó la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes, la irregularidad administrativa restringe el acceso a empleos formales, protección social y vivienda, además de limitar el acceso a la sanidad y exponer a las familias al riesgo de ser descubiertas y expulsadas pese a su arraigo en el país, situaciones que afectan directamente a la infancia.

Europa Press consignó que UNICEF recuerda las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, orientadas a que los Estados promuevan vías de regularización para las familias en situación irregular, con un impacto estimado de 147.000 niños y niñas afectados en España en 2019.

La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a cerca de 28.000 entidades, celebró el avance como un logro significativo en cuanto al reconocimiento de derechos de quienes han sufrido especial vulnerabilidad jurídica y social. Luciano Poyato, titular de la plataforma, valoró el papel del tejido social organizado y la labor conjunta que contribuyó a la consecución de la medida.

Redes de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) compartieron una posición similar, al calificar la regularización como un acto de reconocimiento hacia personas migrantes que, pese a sus aportes sostenidos al desarrollo nacional, han permanecido en situación administrativa irregular. Estas organizaciones vincularon la medida con la responsabilidad política, ética y social, y reclamaron una España más inclusiva, en la que no existan personas relegadas a la invisibilidad o la marginación.

Respecto al marco jurídico, el grupo eclesial describió la regulación extraordinaria como un complemento necesario al Reglamento de Extranjería, que, pese a los avances, sigue presentando limitaciones y requiere modificaciones para responder a diversas situaciones. Este colectivo argumentó que la experiencia revela lagunas, especialmente sobre la acreditación de residencia o la empleabilidad de personas mayores, con discapacidad, en situación de sinhogarismo o con enfermedades crónicas. El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, excluye a quienes no logran aportar la documentación requerida o tener contrato previo, así como a solicitantes de protección internacional cuya petición fue denegada y que después se ven atrapados en largos periodos de irregularidad. También se ven afectadas familias con menores, que aunque cumplen otros requisitos, pueden enlazar situaciones de irregularidad por obstáculos administrativos.

Organizaciones de Iglesia subrayaron que el anterior reglamento ha experimentado ajustes continuos y recordaron sus peticiones para que incluya una disposición transitoria que permita abordar regularizaciones extraordinarias, tal como se ha hecho en otras ocasiones. Desde su perspectiva, la modificación resulta esencial para no dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad, cuyas dificultades para reunir documentación o acceder a trámites limitan su incorporación al sistema regular.

Según Europa Press, la medida del Gobierno ha sumado consensos entre amplios sectores del tejido asociativo y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que la consideran parte de un proceso hacia una sociedad donde la inclusión y el pleno acceso a derechos no dependa del estatus administrativo o de los obstáculos derivados de la burocracia o la rigidez de ciertas normativas.

El impacto del hambre y la obesidad en El Salvador representa un costo superior a los 2,500 millones de dólares, cantidad que equivale a casi una décima parte del producto interno bruto.

Este dato resume no solo la magnitud del fenómeno sanitario y social en el país, sino también la urgencia de transformaciones estructurales, según el estudio publicado por el Programa Mundial de Alimentos en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y otras organizaciones, citado por Noticias ONU.

Entre las consecuencias más graves, la pérdida de productividad debido al absentismo laboral y la muerte prematura por malnutrición han sumado cerca de 49.8 millones de dólares, y las enfermedades relacionadas con la obesidad representan el mayor peso sobre el gasto social en salud.

La coexistencia de desnutrición y obesidad, llamada doble carga de la malnutrición, se ha afianzado durante más de una década en la sociedad salvadoreña.

Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las poblaciones más pobres, contribuyendo a la desigualdad y generando condiciones de vulnerabilidad persistente, explicó Herve Verhossel, portavoz del PMA, a Noticias ONU.

Actualmente, uno de cada seis niños sufre desnutrición crónica, mientras que seis de cada diez adultos presentan sobrepeso u obesidad, situaciones que limitan las posibilidades de desarrollo del país.

La prevalencia y el aumento del sobrepeso y la obesidad no son exclusivos de El Salvador.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 más de 2,500 millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos, lo que representa el 43% de la población adulta global con exceso de peso y el 16% con obesidad. Comparado con 1990, la obesidad en adultos se ha duplicado, y entre adolescentes ha llegado a cuadruplicarse.

En ese mismo año, más de 390 millones de niños y adolescentes de cinco a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos. Solo en 2024, el sobrepeso afectaba a 35 millones de niños menores de cinco años.

La obesidad como enfermedad crónica

La OMS define la obesidad como una enfermedad crónica que implica un alto riesgo de recaídas y que obedece a la interacción de factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales.

El aumento de este problema global se atribuye al crecimiento de la seguridad alimentaria y los cambios en los patrones de alimentación y estilo de vida propiciados por los sistemas alimentarios industrializados.

En los países de ingresos bajos y medios, que antes enfrentaban principalmente desnutrición y enfermedades infecciosas, la doble carga de la malnutrición se ha extendido rápidamente.

Niños y adolescentes están expuestos a alimentos ultraprocesados de bajo costo, ricos en energía pero pobres en nutrientes, lo que agrava el sobrepeso y la obesidad, al tiempo que las carencias nutricionales persisten.

El informe del Programa Mundial de Alimentos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud coinciden en la necesidad de combinar estrategias de salud pública, educación y regulación de los alimentos industrializados. Proponen la creación de entornos alimentarios saludables, la promoción de estilos de vida activos y la implementación de intervenciones específicas desde la infancia.

Escuelas saludables

La estrategia Crecer y Aprender Saludables en El Salvador, por ejemplo, integra acciones conjuntas de los Ministerios de Salud y Educación orientadas a la formación de docentes y cuidadores, la vigilancia de ambientes escolares seguros, el fomento de la actividad física y la atención médica preventiva integral.

Las escuelas saludables de El Salvador aplican una restricción estricta sobre la venta de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y comida con alto contenido de grasa, sodio y azúcar, de acuerdo con la normativa de los Ministerios de Educación y Salud.

El objetivo central de esta medida es combatir la obesidad infantil y promover hábitos alimenticios adecuados desde temprana edad. Como medida inmediata, se prioriza la oferta de frutas frescas, verduras, cereales integrales, sándwiches saludables, agua, agua de coco y jugos naturales sin azúcar.

Estas opciones buscan reemplazar los alimentos habitualmente disponibles en las tiendas escolares, fomentando el consumo saludable.

Productos prohibidos para vender

Entre los productos prohibidos se incluyen las gaseosas, bebidas energéticas, refrescos envasados, jugos con azúcar añadida y bebidas tipo “light”.

Además, está vetada la venta de papas fritas comerciales, galletas rellenas, golosinas, chocolates y botanas ultraprocesadas. La restricción abarca también la comida rápida alta en grasa, embutidos, sopas instantáneas, piezas como nuggets y preparaciones a base de manteca o margarina.

La normativa establece, además, la reducción significativa o eliminación de ciertos alimentos típicos como pupusas aceitosas, empanadas y pastelitos, reconociendo su aporte calórico y de grasas. También limita la presencia de pasteles, donas y pan dulce con altos niveles de azúcar en los establecimientos escolares.

En El Salvador, los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2021 revelan que, en áreas urbanas, el 8.3% de los menores de cinco años presentan sobrepeso y el 3% obesidad. El segmento más vulnerable corresponde a niños de dos a casi tres años, y los valores más altos de obesidad se concentran entre los cuatro y cinco años, cuando alcanza el 4.5% en este grupo etario.

El acceso limitado y las condiciones inestables han llevado a que la población de Al Hol, conformada principalmente por mujeres y niños que constituyen hasta el 95% de los residentes, dependa casi por completo de la ayuda exterior para cubrir sus necesidades básicas, según detalló la agencia de noticias Europa Press. Tras una suspensión de tres días en la entrega de suministros cruciales debido a problemas de seguridad derivados del cambio de control entre fuerzas militares en el noreste de Siria, la reanudación parcial de la asistencia y el restablecimiento del suministro de agua alivian la situación para más de 24.000 personas, incluidos casi 15.000 menores, que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó el viernes que, acompañada por funcionarios del Gobierno sirio, logró ingresar nuevamente al campamento de Al Hol, ubicado en la región nororiental del país, donde residen miles de personas relacionadas con el extinto grupo yihadista Estado Islámico. De acuerdo con Europa Press, la reanudación de la entrega de ayuda incluye el suministro de bienes esenciales, entre ellos alimentos básicos como el pan, siendo este acceso el primero desde la reciente suspensión. La distribución de estos elementos resulta vital tras días de interrupción en la provisión ocasionada por el ambiente inseguro generado tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la transferencia del control a las autoridades nacionales sirias.

Antes de este nuevo acceso, la situación en Al Hol se mantuvo delicada. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con apoyo logístico de ACNUR, implementó un servicio de transporte de agua mediante camiones cisterna, lo que permitió restaurar de manera parcial algunos servicios esenciales para los desplazados, según informó Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de la ONU. Esta iniciativa de emergencia fue una respuesta directa a la falta de suministros básicos causada por la inseguridad predominante y buscó limitar los riesgos para la salud y la integridad de los residentes.

Otras agencias de la ONU y organizaciones humanitarias lograron acercarse al perímetro del campamento y accedieron a instalaciones clave ubicadas en la periferia para colaborar en la recuperación del servicio de agua, reportó Europa Press. Sin embargo, la situación dentro del campamento impidió una entrada total al área, dado que las condiciones seguían siendo peligrosas para las misiones humanitarias. En este marco, las agencias de Naciones Unidas y sus socios reiteraron su apoyo al Gobierno sirio en el esfuerzo por restablecer la ayuda, al tiempo que subrayaron la urgencia de implementar medidas sólidas para garantizar la seguridad interna del campamento, condición necesaria para evitar nuevas interrupciones.

La directora de operaciones y promoción de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Edem Wosornu, comunicó ante el Consejo de Seguridad que ACNUR asumió formalmente la administración del campamento de Al Hol y mantiene una coordinación activa con el Gobierno sirio. Según Europa Press, la funcionaria destacó el trabajo en conjunto orientado a reiniciar de forma inmediata la entrega de suministros vitales y a fortalecer el acceso de las familias desplazadas a la asistencia humanitaria.

Organizaciones no gubernamentales como el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego de Refugiados habían puesto en evidencia el impacto negativo que la suspensión de la ayuda provocó entre los habitantes de Al Hol. Ambas ONGs, citadas por Europa Press, advirtieron que la persistente inseguridad en el entorno del campamento derivó en la afectación directa de más de 24.000 personas, incluido un elevado número de niños. Los representantes de estas entidades indicaron que la interrupción de servicios esenciales no solo expone a los residentes a mayores riesgos de salud y supervivencia, sino que agudiza su dependencia de la asistencia, lo que incrementa la fragilidad del colectivo.

En sus declaraciones, las organizaciones destacaron que la mayoría de la población de Al Hol es vulnerable y su vida depende del acceso ininterrumpido a servicios básicos como el agua y los alimentos. Aun una corta interrupción puede traducirse en amenazas inmediatas a la seguridad y el bienestar. La suspensión también incrementa la exposición a riesgos, especialmente para los menores, en periodos de inestabilidad, debido a la reducción de servicios de protección y presencia humanitaria dentro del campamento. Estos organismos solicitaron acciones rápidas y coordinadas para garantizar la seguridad del acceso humanitario, insistiendo además en la necesidad de impulsar soluciones duraderas como la repatriación y la integración expedita de ciudadanos de terceros países, así como el establecimiento de mecanismos seguros y respetuosos de los derechos para niños sirios e iraquíes junto a sus familias.

El contexto de inseguridad que ha caracterizado la zona está directamente relacionado con los recientes acuerdos políticos y militares entre las principales fuerzas de la región. Según Europa Press, el gobierno de transición encabezado por Ahmed al Shara acordó recientemente con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) el cese inmediato de las acciones ofensivas del Ejército sirio en el noreste del país. A cambio, la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) y las FDS accedieron a transferir de manera administrativa y militar el control total y directo de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Estado sirio, además de la integración de todas las estructuras civiles de la gobernación de Hasaka bajo la autoridad nacional.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, este nuevo equilibrio político y operacional tiene repercusiones inmediatas en la dinámica humanitaria del campamento de Al Hol, donde la coordinación entre actores internacionales y autoridades nacionales se vuelve fundamental para garantizar que la asistencia humanitaria pueda llegar de forma segura y estable a los desplazados. La acción de las agencias internacionales dependerá, según el medio, de la evolución de las condiciones de seguridad internas en el campamento y de los compromisos asumidos por los diferentes actores implicados.

La restauración de los servicios, aunque parcial, representa un paso necesario para evitar una crisis sanitaria y humanitaria mayor. El seguimiento permanente de la situación, sumado al apoyo de las agencias y la cooperación entre organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y autoridades sirias, continuará condicionando la calidad y el alcance de la respuesta humanitaria en una zona afectada por el conflicto y la inestabilidad permanente, reportó Europa Press.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) renovaron su alianza con la firma de un Convenio Marco de Colaboración destinado a garantizar una justicia accesible e incluyente para niñas, niños y adolescentes en México.

En el acto protocolario, realizado este 20 de enero, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, consideró que este convenio marca un hito en la construcción de alianzas estratégicas y afirmó:

“Este es un momento histórico en la construcción de alianzas estratégicas, ya que el Convenio no solo abre nuevas oportunidades para la niñez en México, sino que también establece un precedente que puede inspirar a otros países de la región. Marca una nueva etapa de colaboración para fortalecer el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, colocando su interés superior en el centro de la transformación del sistema judicial,...”, afirmó el director de la UNICEF, de acuerdo con la tarjeta informativa de la SCJN.

¿Quiénes firmaron el convenio entre la SCJN y Unicef?

El convenio fue firmado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro. Del acto participaron también las ministras Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González, en compañía de los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

La base del acuerdo establece la coordinación entre ambas entidades para diseñar, desarrollar e implementar acciones conjuntas centradas en la promoción, protección y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El trabajo entre ambas instituciones incluye el impulso a una justicia especializada y no revictimizante, la formación permanente del personal jurisdiccional y administrativo, la promoción de información adecuada, la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes, y la anticipación y atención de desafíos emergentes en materia de derechos.

Declaraciones de la SCJN y de la UNICEF

Hugo Aguilar Ortiz, el Ministro Presidente de la SCJN destacó el sentido de responsabilidad que guía a la actual integración del máximo tribunal e hizo hincapié en la vigencia de su compromiso:

“Desde mi perspectiva, cuando se asume un compromiso, se hace de tiempo completo, con pasión y con una visión de largo alcance, acorde con la responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos. Y una de ellas, sin lugar a duda, es con las niñas, los niños y las y los jóvenes del país”.

Aguilar Ortiz también subrayó la prioridad institucional de transformar las condiciones de quienes han sido históricamente excluidos, al afirmar que la colaboración con UNICEF “adquiere una relevancia y una trascendencia fundamental” para avanzar en esta agenda.

El convenio reconoce expresamente la necesidad de situar el interés superior de la niñez como elemento central en todo procedimiento y resolución judicial, con una atención particular a la perspectiva de género y a los derechos de integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Según expresó Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF México, “no firmamos documentos: asumimos responsabilidades. Cada acuerdo que hoy se establece se traducirá en acciones reales para garantizar que la justicia llegue efectivamente a todas las niñas, niños y adolescentes en México”.

La decisión de muchas escuelas en Kiev y otras regiones de Ucrania de recurrir exclusivamente a la enseñanza a distancia, debido al frío extremo, ha encontrado dificultades considerables por los cortes recurrentes de electricidad que afectan la continuidad de las clases online. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), esta problemática surge en medio de temperaturas invernales bajo cero y repetidos ataques a la infraestructura energética por parte del ejército ruso, lo que somete a niños y adolescentes a vivir en condiciones de alta vulnerabilidad.

Según consignó UNICEF, millones de familias ucranianas deben enfrentar largas jornadas sin calefacción, suministro eléctrico ni acceso al agua potable. Munir Mammadzade, representante del organismo en Ucrania, describió ante la prensa en Ginebra que “niños, niñas y sus familias viven en un estado constante de supervivencia”. Mammadzade detalló durante la rueda de prensa que las bajas temperaturas, que han llegado a los -18 grados Celsius, convierten la vida cotidiana en edificios de varios pisos en una lucha continua para protegerse de los ataques y de las condiciones extremas del entorno.

El medio que cubrió el evento añadió que, según Mammadzade, los efectos de la situación tienen un alcance tanto físico como emocional: no solo las enfermedades respiratorias aumentan por la exposición al frío extremo y la falta de calefacción, sino que la exposición prolongada a la oscuridad y el ambiente gélido incrementa el nivel de miedo y estrés en la población infantil y sus familias. Mammadzade enfatizó que los más pequeños se encuentran en un riesgo especial, destacando que recién nacidos y lactantes pueden perder calor corporal con mucha rapidez, lo que eleva la amenaza de hipotermia y enfermedades respiratorias que incluso podrían resultar fatales si no cuentan con abrigo ni atención médica adecuada.

UNICEF subrayó que, además de las consecuencias sanitarias visibles, la persistente interrupción de la educación agrava la situación social de los menores. El hecho de que las escuelas hayan debido suspender las clases presenciales y pasen a la enseñanza remota refleja la magnitud de la crisis, mientras los apagones hacen que hasta esta alternativa sea limitada y poco fiable.

Frente al deterioro de las condiciones materiales, Mammadzade precisó que equipos técnicos especializados en energía y agua han sido desplegados sistemáticamente para llevar a cabo labores inmediatas de reparación en las infraestructuras críticas. La organización describió esta actividad como una auténtica “carrera contrarreloj”, cuyo objetivo es limitar el impacto negativo sobre la vida diaria de niños y familias, y reducir en lo posible las interrupciones de los servicios básicos.

De acuerdo con el reporte de UNICEF, gran parte del apoyo del organismo se canaliza a través de una respuesta invernal de gran magnitud, que prioriza el restablecimiento de infraestructuras esenciales. En ese contexto, cerca de 80 generadores de alta capacidad están siendo enviados por UNICEF a empresas de agua y calefacción en distintas regiones de Ucrania, con la búsqueda de soluciones más duraderas para asegurar la continuidad de los servicios y disminuir los cortes recurrentes.

La agencia de Naciones Unidas concluyó que la prioridad es sostener la asistencia a la población infantil y fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, en un contexto donde cada día de retraso en las reparaciones o cada nuevo ataque a la infraestructura amplía los riesgos físicos y emocionales para la infancia ucraniana. Según publicó UNICEF, la coordinación entre los equipos técnicos, el suministro internacional de productos clave y la resiliencia de la población resultan factores determinantes para mitigar los efectos de una crisis humanitaria que no encuentra un alivio cercano.

La Academia del Premio Nobel y el Comité Noruego del Nobel han reiterado que el Premio Nobel de la Paz no es transferible bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de forma simbólica, y han subrayado que tanto la medalla como el diploma y el dinero del premio están asociados de manera permanente al galardonado original. Según la institución, independientemente del destino de estos símbolos materiales, el registro oficial siempre reconoce únicamente al premiado como ganador histórico del galardón. Esta posición se mantiene incluso si la medalla o el diploma cambian de manos, lo que no afecta la identidad del laureado.

La aclaratoria del Comité llegó después de que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, entregó su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro celebrado la semana pasada. El gesto, enmarcado como un acto de acercamiento político, fue presentado como un reconocimiento “por el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad” tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

La Academia del Premio Nobel destacó que una vez anunciado el ganador, este no puede compartir ni transferir el premio y que la decisión es definitiva e irrevocable. Además, aclaró que no es función del Comité Noruego del Nobel pronunciarse sobre la actividad diaria de los laureados ni sobre su participación en procesos políticos posteriores, ya que el reconocimiento se otorga en función de las contribuciones realizadas hasta el momento de la decisión. Las acciones o declaraciones posteriores de los premiados son consideradas responsabilidad exclusiva de cada uno.

Los estatutos de la Fundación Nobel no imponen restricciones sobre el uso de la medalla, diploma o dinero, permitiendo a los laureados conservar, regalar, vender o donar estos objetos. Como ejemplos, la Fundación cita el caso de Kofi Annan, cuyo reconocimiento fue donado por su viuda a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; Christian Lous Lange, cuya familia cedió la medalla al Centro Nobel de la Paz en Oslo; y Dmitry Muratov, quien vendió su medalla por USD103,5 millones para beneficiar a niños refugiados ucranianos a través de UNICEF. Otros casos incluyen la venta o donación de medallas por parte de David Thouless, James Watson, Leon Lederman y el regalo de la medalla de Knut Hamsun al ministro nazi Joseph Goebbels.

La medalla del Premio Nobel de la Paz, diseñada por el escultor Gustav Vigeland en 1901, está hecha de oro de 18 quilates, pesa 196 gramos y mide 6,6 centímetros de diámetro. En el anverso lleva el retrato de Alfred Nobel y en el reverso figura la inscripción en latín “pro pace et fraternitate gentium” junto a la imagen de tres hombres abrazados, símbolo de la fraternidad.

Después de recibir la placa, Donald Trump, a través de su red social Truth Social, calificó el encuentro como un “gran honor” y resaltó la trayectoria personal y política de Machado. En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó: “María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso, de respeto mutuo”. El mensaje concluyó con un agradecimiento directo a la dirigente venezolana, sin ofrecer más detalles sobre el momento de la entrega.

La entrega de la medalla formó parte de un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano a Trump por sus acciones para lograr, según Machado, “su libertad”.

La defensa de los derechos y el bienestar de los menores con discapacidad ha figurado entre las prioridades discutidas en el I Foro Global del Cuidado, conforme detalló UNICEF. En el marco de una mesa redonda agendada para el viernes en CaixaForum Madrid, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, se enfocará en la exposición de la infancia con discapacidad ante situaciones de abuso y negligencia. Este análisis forma parte de una agenda más amplia dedicada a examinar los desafíos específicos que enfrentan los niños en entornos vulnerables, según consignó el medio.

Más de 30 naciones se han dado cita en el evento para intercambiar perspectivas y estrategias orientadas a reforzar las medidas de protección social para la infancia y sus familias. Según informó UNICEF, el encuentro se desarrolla hasta el viernes 16 de enero en la sede del CaixaForum Madrid bajo la coorganización de la agencia de la ONU para la infancia y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La apertura del Foro fue encabezada por la Reina Letizia de España, acompañada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quienes destacaron la importancia de afianzar políticas que protejan a los menores desde sus primeros años de vida.

Durante la jornada inaugural, la psicóloga clínica y escritora Lisa Damour, junto con la pediatra y ex cirujana general de California, Nadine Burke Harris, expusieron sobre los efectos de las experiencias adversas en la infancia, con énfasis en recursos para promover la salud mental infantil y fortalecer la resiliencia en entornos familiares afectados por diversas formas de vulnerabilidad. Según subrayó el foro y tal como publicó UNICEF, la formación y el acompañamiento a progenitores resultan factores determinantes para mitigar el impacto del maltrato y la exclusión en los niños.

El programa del Foro, según reportó la organización, abarca sesiones sobre desarrollo infantil, salud mental, prevención de la violencia, iniciativas de inclusión y políticas para llegar eficazmente a familias en situaciones excepcionales. Las conferencias y talleres reúnen a especialistas de universidades, representantes de organizaciones sociales, directivos de empresas y autoridades públicas, lo que ha facilitado un intercambio multidisciplinario en torno a la protección social y la crianza.

Uno de los puntos centrales, según detalló UNICEF, es el análisis de la inversión pública en políticas de cuidado y acompañamiento a las familias. De acuerdo a datos presentados en el Foro, destinar recursos a programas de apoyo a la crianza durante la primera infancia puede generar un retorno aproximado del 13% anual por cada dólar invertido. Este retorno está asociado a mejoras comprobadas en la educación, la salud, las oportunidades sociales y la estabilidad económica a largo plazo, según los estudios citados por la agencia. A partir de esa perspectiva, el evento busca destacar la rentabilidad y la eficacia de políticas públicas orientadas a la infancia.

La proyección de la inversión se amplía a estudios regionales. Según datos de UNICEF divulgados en el encuentro, una disminución del 10% en las experiencias adversas infantiles en Europa y Norteamérica podría significar un ahorro anual de aproximadamente 105.000 millones de dólares. Este cálculo considera costes asociados a la atención médica, el soporte en salud mental, la educación especial y la reducción de la productividad en la vida adulta derivada de la exposición a situaciones perjudiciales durante la niñez.

Además de las intervenciones de expertos en salud y desarrollo infantil, el Foro contempla el aporte de organizaciones sociales y empresas que exploran proyectos para mejorar la inclusión y el acceso a servicios básicos para las familias más susceptibles a entornos de exclusión. De acuerdo con la OMS, estas sesiones también examinan metodologías para implementar políticas adaptadas a contextos culturales y socioeconómicos diversos.

El foro se inscribe en un contexto internacional en el que múltiples actores reclaman un compromiso institucional renovado frente a los cambios sociales, sanitarios y demográficos que afectan a la crianza. Según remarcó la OMS, el enfoque en los primeros años de vida y la implicación de los sistemas públicos de salud, educación y protección social son determinantes para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños.

A lo largo de la programación, los temas de inclusión, equidad y prevención de la violencia estructuran los debates entre los más de 30 países participantes. Especialistas en políticas públicas, desarrollo humano y salud pública revisan datos recientes sobre la eficacia de intervenciones en apoyo a progenitores, la relevancia del acompañamiento profesional y la articulación entre organismos internacionales y gobiernos locales para alcanzar mayores niveles de impacto, según documentó UNICEF.

Las sesiones concluyen este viernes con una revisión de propuestas y alianzas para mantener la cooperación internacional y el seguimiento de los compromisos asumidos en el Foro. De acuerdo a lo expuesto por los organizadores en la información publicada, el principal objetivo reside en fortalecer redes globales de cuidado para la infancia y garantizar que la inversión pública y privada en programas de apoyo a la crianza se consolide como prioridad en la agenda internacional de derechos humanos.

La presencia de la Reina Letizia en el Global Caregivers Forum, celebrado los días 15 y 16 de enero en el CaixaForum Madrid, estuvo marcada por una elección de vestuario que incluyó la chaqueta de cuero rojo de Mango, una prenda ya conocida en sus apariciones públicas. Según informó la revista ¡Hola!, la Reina encabezó este foro internacional dedicado a los programas de cuidado, organizado por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se congregaron líderes y especialistas para diseñar estrategias globales de apoyo a la crianza.

De acuerdo con lo publicado por ¡Hola!, Letizia había acompañado previamente al Rey Felipe VI en una visita a Valencia, donde asistieron a la exposición "La transformación de Valencia 1866-2026", impulsada por el diario Las Provincias en conmemoración a su 160º aniversario. Esta apretada agenda coincidió con la preocupación por el delicado estado de salud de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, quien según el mismo medio atraviesa una situación crítica debido a una enfermedad cognitiva diagnosticada hace tiempo.

Luego de su paso por Valencia, donde optó por un conjunto de traje sastre en tono berenjena, la Reina Letizia mantuvo su presencia en la esfera pública a pesar de la situación familiar y presidió el Global Caregivers Forum. Este evento internacional, detalló ¡Hola!, se propone como espacio clave para la elaboración de una hoja de ruta internacional destinada a la ampliación de programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores, abordando desafíos sociales relevantes a escala mundial.

El medio ¡Hola! señaló que en esta nueva cita oficial, la Reina eligió un estilo definido por su chaqueta corta de cuero rojo, de corte recto, cuello tipo camisa y cuatro botones frontales, un diseño que estrenó durante la inauguración de la Feria ARCO en 2025 y que ha reutilizado en varias ocasiones. La prenda, en rojo carmín, se ha consolidado como uno de los elementos distintivos de su vestuario y frecuentemente asociada a sus actos oficiales.

La elección del atuendo incluyó además pantalones de talle alto con bajo acampanado y estampado Príncipe de Gales en tonos grises, acompañados por un top de seda blanco de cuello redondo y mocasines negros con tacón cuadrado. Según el relato de ¡Hola!, el estilismo proyectó una imagen identificada con la tendencia 'working girl', diferenciándose del conjunto anterior y fusionando comodidad con una apariencia adecuada al entorno formal del evento social.

Durante el foro, la Reina Letizia se sumó a una agenda centrada en la promoción de iniciativas orientadas al cuidado y la crianza, comprometiéndose con la causa de fortalecer el apoyo para familias y cuidadores a nivel internacional. Tal como consignó la revista ¡Hola!, la reunión sirvió como plataforma para que expertos y actores del sector debatieran y propusieran acciones concretas.

El evento de CaixaForum Madrid reunió a representantes de organizaciones y autoridades, convirtiéndose en uno de los puntos focales de la semana en la capital española. El papel de la Reina al presidir el foro reforzó su participación activa en causas de impacto social y su apoyo a la proyección internacional de estas iniciativas.

La reciente presencia de la Reina Letizia en actos de ámbito social destaca dentro de la agenda de la familia real, marcada en estos días tanto por compromisos oficiales como por la atención a la salud de miembros cercanos de la familia, según lo recabado por ¡Hola!. La combinación de su elección de vestimenta y su rol institucional ofreció una imagen coherente con sus anteriores intervenciones públicas, manteniendo el foco en las actividades relacionadas con el bienestar y los programas de ayuda a la infancia y las familias cuidadoras.

La presencia de cientos de cadáveres en las zonas recientemente desocupadas por las fuerzas israelíes se suma a la cifra de víctimas reportadas tras la entrada en vigor del alto el fuego. Según publicó Save the Children este jueves, las condiciones de vida en la Franja de Gaza han empeorado como resultado de las bajas temperaturas, los fuertes vientos y el colapso de edificios previamente dañados por la ofensiva militar de Israel. El medio informó que, a pesar de un acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y Hamás para facilitar el acceso de ayuda, se mantienen las restricciones israelíes sobre la entrega de suministros esenciales.

La organización detalló que las recientes tormentas y la falta de refugios adecuados han originado el fallecimiento de varios niños y adultos. La portavoz local de Save the Children, Shuruq, indicó que este invierno al menos siete menores de edad y 24 adultos han perdido la vida debido a la ausencia de resguardo, y varias personas, entre ellas niños y niñas, murieron o sufrieron heridas al desprenderse escombros de estructuras colapsadas. Save the Children consignó que las tiendas improvisadas donde viven decenas de miles de personas desplazadas por los bombardeos israelíes no han soportado el impacto de las lluvias, dejando a muchas familias expuestas al clima.

Shuruq explicó que para la mayoría de la población no hay posibilidades de volver a sus hogares, y que las viviendas de emergencia no brindan protección suficiente ante las condiciones climáticas adversas. Subrayó que la distribución de ayuda sigue siendo insuficiente, y que las entregas efectuadas únicamente representan un alivio momentáneo mientras persisten las carencias estructurales. Sobre las necesidades más apremiantes, comentó que la ropa de abrigo es escasa y debe adquirirse a un precio elevado; muchos niños y niñas usan prenda inadecuada para la estación, con lluvias y temperaturas invernales, según consignó Save the Children.

En cuanto al acceso a bienes básicos, propios de la temporada fría, la ONG informó que el secado de colchones mojados dentro de las tiendas suele requerir al menos tres días de sol, un fenómeno poco frecuente durante este periodo del año en la región. Save the Children afirmó que continúa movilizando recursos y acciones para proteger vidas y restablecer servicios esenciales, e instó a los gobiernos y actores privados que respaldan la reconstrucción en Gaza a mantener una actitud igualmente comprometida.

El portavoz de UNICEF, James Elder, aportó datos adicionales al señalar que más de un centenar de menores han fallecido en la Franja de Gaza tras la declaración del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Elder aclaró en declaraciones recogidas por Save the Children que esto supone el deceso de un menor diariamente, pese a la tregua acordada por Israel y Hamás tras el acuerdo de octubre.

En relación con el balance oficial de víctimas, las autoridades sanitarias en Gaza, bajo administración de Hamás, elevaron a 449 las personas fallecidas y a 1.246 los heridos desde que se implementó el alto el fuego. Según el mismo reporte, se han recuperado 710 cuerpos en áreas que fueron reocupadas temporalmente por fuerzas israelíes. En términos globales, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó de un total de 71.439 víctimas mortales y 171.324 heridos desde el inicio de la operación militar israelí, iniciada en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, que según el recuento de las autoridades israelíes dejaron aproximadamente 1.200 muertos y cerca de 250 personas secuestradas.

Las cifras reflejan el impacto continuado sobre la población civil, con especial afectación sobre menores y familias desplazadas, que se enfrentan a la ausencia de refugios seguros y a dificultades para cubrir necesidades básicas en un contexto de acceso restringido a la ayuda internacional, reportó Save the Children. La persistencia de obstáculos para la entrega de suministros agrava la situación de vulnerabilidad de decenas de miles de palestinos, cuyas alternativas se ven también limitadas por la escasez de recursos y por las consecuencias directas de los ataques previos y el actual escenario de emergencia, según detalló la ONG.

Abid Al Rahman, un niño de nueve años de Jan Yunis, recogía leña con sus amigos cuando un ataque aéreo impactó cerca de su ubicación y la metralla le causó graves heridas en el ojo, según testimonió el portavoz de UNICEF, James Elder. A través de su comunicado, Elder informó sobre la continuidad de víctimas infantiles a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, alertando sobre la persistencia de muertes y la magnitud de la crisis que permanece fuera del foco global. Según publicó UNICEF, la violencia y las restricciones graves sobre bienes esenciales afectan de forma directa a los menores y a la población en general, lo que se agrava por el clima adverso y las recientes lluvias torrenciales.

El medio detalló que la cifra de menores fallecidos ronda el centenar desde el acuerdo de alto el fuego en octubre. Esta cantidad refiere a los casos en los que existió suficiente información para su registro, por lo que UNICEF advirtió que el número real de víctimas infantiles podría ser mayor. Del total computado, cerca de 60 corresponden a niños y unos 40 a niñas. Elder remarcó que “representa una muerte cada día”, y que estos fallecimientos están produciéndose en “el contexto del alto el fuego”, dado que la vida en Gaza continuó bajo condiciones asfixiantes y la supervivencia quedó sujeta a limitaciones severas, detalló UNICEF.

Según informó la organización internacional, aunque los enfrentamientos militares han disminuido en comparación con el periodo previo, los ataques no se han interrumpido por completo. A juicio del portavoz, “lo que el mundo llama ahora ‘calma’ se consideraría una crisis en cualquier otro lugar”, destacando la situación extrema que afrontan los habitantes de Gaza. Elder alertó que, tras el inicio del alto el fuego, la infancia palestina ha desaparecido del primer plano mediático internacional, situación que atribuye en parte a la percepción de reducción de la violencia.

Además de los fallecidos, cientos de menores han resultado heridos, según publicó UNICEF. El relato de Abid Al Rahman ejemplifica los riesgos cotidianos, con la metralla de armamentos explosivos alojada en el cuerpo de víctimas infantiles. A estas agresiones directas se suman las consecuencias indirectas de las hostilidades, como la falta de suministros médicos, escasez de combustible y gas para cocinar, así como la carencia de piezas esenciales para reparar sistemas de agua y saneamiento. El medio recoge que estas restricciones profundizan el impacto humanitario sobre la niñez y dificultan la operación de los servicios básicos.

James Elder destacó que la pausa en los bombardeos introdujo algunos avances, especialmente en el ámbito sanitario. De acuerdo con el portavoz, la distribución de mantas térmicas y de miles de kits de ropa de invierno para los menores ayudó a enfrentar las dificultades derivadas del clima invernal y las lluvias intensas. Estas precipitaciones, según reportó UNICEF, también ocasionaron muertes adicionales entre la población, agravando el saldo humanitario de la crisis.

Las labores de saneamiento han continuado mediante el uso de excavadoras para remover toneladas de residuos, con la intención de mejorar las condiciones higiénicas en una zona duramente castigada por el conflicto. Elder consideró estos avances positivos, pero insistió en que “un alto el fuego que reduce las bombas es un avance, pero no es suficiente si siguen muriendo niños y niñas”. La organización enfatizó que la reducción de la violencia constituye una advertencia respecto a la necesidad de cumplimiento estricto del alto el fuego, apertura de acceso humanitario, ampliación masiva de evacuaciones médicas y rendición de cuentas efectiva por las muertes registradas, según consignó UNICEF.

El portavoz de la agencia afirmó que transformar la actualidad de Gaza y garantizar la seguridad real para la infancia requiere que la disminución de los enfrentamientos militares se refleje en una mejora efectiva de las condiciones de vida y la protección de menores. Elder instó a la comunidad internacional a favorecer el acceso irrestricto para la entrega de ayuda, la evacuación de heridos graves y un compromiso sostenido con el fin de las muertes infantiles en la región, reportó el medio internacional.

Durante la tercera fase de las protestas en Irán, que comenzó el 10 de enero, la situación quedó bajo control, informó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien remarcó que en los días previos se registraron hechos de violencia y la infiltración de grupos armados. Según detalló el medio Student News Agency y recogió la agencia Europa Press, Araqchi afirmó que la presencia de agentes y organizaciones terroristas alteró el carácter inicial de las manifestaciones, transformándolas en escenarios de enfrentamientos y hechos violentos.

De acuerdo con Europa Press, Araqchi señaló la aparición de violencia como resultado de una estrategia deliberada destinada a crear una excusa que permitiera la intervención de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia iraní expuso que, durante un encuentro con diplomáticos, describió cómo las primeras jornadas de protesta, entre el 28 y el 30 de diciembre, transcurrieron de forma pacífica y tuvieron como motor el descontento social provocado por la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno iraní abordó ese primer momento con iniciativas de diálogo, según sostuvo el propio Araqchi, quien remarcó que las protestas parecían haberse extinguido después de tres días. Posteriormente, afirmó, la naturaleza de los hechos se modificó cuando grupos armados y “elementos terroristas” accedieron a los lugares de concentración popular.

Según consignó la agencia de noticias Student News Agency, Araqchi aseguró que existen evidencias de que armas ingresaron a las protestas y de que agentes armados abrieron fuego, tanto contra las fuerzas de seguridad como contra civiles, con la aparente intención de aumentar el número de víctimas. El ministro iraní indicó que “su objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos”. Dentro de ese contexto, subrayó que muchos de los decesos en los últimos días ocurrieron por disparos realizados por la espalda y atribuyó estas acciones a grupos terroristas, quienes perpetraron además “actos de violencia al estilo de Estado Islámico”, como decapitaciones y que algunos agentes fueron quemados vivos. Letales incendios se propagaron por instalaciones públicas, sedes gubernamentales, comercios, comisarías y viviendas en distintas partes del país.

El funcionario informó que las autoridades poseen pruebas de “interferencia extranjera” en los disturbios y anticipó que parte de esa evidencia será presentada ante la sociedad y la comunidad internacional. También confirmó la detención de “muchos elementos terroristas” que portaban armas y agregó que las “confesiones” de estas personas serán divulgadas próximamente. De acuerdo con Europa Press, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha calculado en más de 500 las víctimas mortales por los disturbios recientes, cifra que enfatiza la magnitud de la crisis.

Mientras tanto, organizaciones internacionales expresaron alarma por el impacto de la violencia en la población infantil y adolescente. Según reportó Europa Press, el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder, manifestó su profunda preocupación frente a los informes que señalan muertes y lesiones de menores de edad durante los disturbios en Irán. Beigbeder exhortó a que “todos los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos de cualquier forma de violencia y daño. Deben estar protegidos de cualquier acción que ponga en peligro su vida, su libertad o su bienestar físico y mental”. Extendió sus condolencias a las familias y reiteró la necesidad de que las autoridades, los manifestantes, las comunidades y las familias adopten medidas para resguardar la integridad de menores de edad durante momentos de crisis.

Beigbeder agregó que corresponde a las fuerzas de seguridad abstenerse de hacer uso de fuerza desproporcionada y remarcó que el derecho a la vida de la infancia debe estar garantizado, de acuerdo a lo que prescribe la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta petición llegó en un contexto en el que la organización internacional NetBlocks observó que, en medio de los disturbios, las autoridades nacionales aplicaron un corte de la conectividad a Internet que se mantiene más de 84 horas, lo cual afecta la comunicación y el acceso a la información para la población.

La génesis de las protestas, tal como describió Europa Press, se encuentra en la deteriorada situación económica iraní. La devaluación de la moneda nacional, el rial, repercutió en millones de ciudadanos, que vieron su poder adquisitivo disminuido de manera drástica. Simultáneamente, el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos y el creciente señalamiento, tanto de Washington como de Israel, sobre el programa nuclear iraní, han intensificado la presión internacional sobre Teherán. Según el medio, los bombardeos lanzados en junio por fuerzas estadounidenses e israelíes dejaron más de 1.100 muertes, lo que sumó tensión al clima interno.

En sus declaraciones, Abbas Araqchi insistió en que, una vez superadas las fases iniciales y tras el accionar violento de agentes infiltrados, la situación actual bajo control se debe a la respuesta de las autoridades para restablecer el orden público. El ministro subrayó que el gobierno continuará presentando pruebas de interferencia extranjera ante la opinión pública y organismos internacionales.

En este escenario, la atención internacional se mantiene sobre el respeto a los derechos humanos y la protección de la población vulnerable durante el periodo de inestabilidad. Reportó Europa Press que tanto el impacto económico de las sanciones como las consecuencias de los episodios violentos configuraron el telón de fondo de una crisis que involucra a distintos actores, tanto internos como externos, en un contexto de alta tensión geopolítica y social dentro de Irán.

El debate sobre el uso del celular en niños y adolescentes suele quedar atrapado entre dos posiciones extremas: la prohibición o la entrega temprana sin control. Mientras tanto, la evidencia científica avanza más rápido que nuestras decisiones. Hoy, sabemos que el celular impacta fuertemente en las infancias, la cuestión es preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer como adultos para proteger a los más chicos.

Según datos de UNICEF y estudios regionales, el acceso a teléfonos inteligentes con conexión a Internet se produce cada vez a edades más tempranas en nuestro país; en general, antes de los 11 o 12 años, incluso en contextos de alta vulnerabilidad. El celular aparece como objeto de inclusión, de control parental o de pertenencia social. Sin embargo, también se convierte en una puerta de entrada a un ecosistema digital que no fue diseñado para que los niños accedan en soledad.

En cuanto a la adolescencia, los jóvenes transitan aulas atravesadas por notificaciones, recreos en silencio y noches de insomnio iluminadas por pantallas. Los efectos comienzan a ser visibles: aumento de la ansiedad, dificultades de atención, trastornos del sueño, conflictos vinculares y una exposición creciente al ciberacoso y a contenidos inapropiados. Las investigaciones internacionales advierten que el impacto es diferencial y más profundo en las mujeres, donde se intensifican los mandatos estéticos, la comparación permanente y la violencia simbólica en redes. Sin embargo, también hay estudios nacionales que señalan que los varones acceden a juegos en línea donde no solo arriesgan dinero, sino su salud física y mental.

Controlar el uso de pantallas no significa demonizar la tecnología ni desconocer su potencial educativo; implica reconocer que la infancia necesita mediación adulta, tiempos protegidos y límites claros. Es común que las familias entreguen un celular por miedo: miedo a que el hijo “quede afuera”, miedo a no poder localizarlo, miedo a no saber cómo acompañar. El problema no es la decisión individual, sino la ausencia de un acuerdo social que alivie esa presión.

Experiencias como las impulsadas por el movimiento Adolescencia Libre de Móviles en España muestran que cuando las familias acuerdan retrasar la entrega del smartphone, el cambio es posible. No se trata de copiar modelos, sino de pensar una respuesta situada: pactos escolares, acuerdos comunitarios, regulación del uso en las escuelas y alternativas tecnológicas más seguras para el contacto cotidiano.

La escuela ocupa un lugar estratégico en este debate porque es el espacio donde el uso del celular genera más tensiones. Por un lado, se puede enseñar el buen uso de las pantallas y a pensar críticamente el mundo digital. Pero, también, por otro lado, se puede prohibir tenerlo en mano durante toda la jornada como una decisión de cuidado y de derecho a aprender sin interrupciones. Y, sobre todo, como posibilidad de socialización con los pares, mandato fundamental de la institución escolar.

Las plataformas digitales operan sin fronteras, pero los daños son locales, concretos y cotidianos. Regular el acceso a redes sociales, exigir verificación real de edad y reconocer el uso problemático como una cuestión de salud pública son debates que no se pueden seguir postergando.

Mientras discutimos entre prohibir o soltar, los más chicos siguen expuestos a un mercado digital que no espera ni protege. Por lo tanto, controlar el uso del celular es asumir que cuidar también es decir “todavía no”; no se trata solo de vigilar que hacen en las pantallas, sino de proteger el tiempo, el cuerpo y el deseo de crecer sin apuro.

Educar en tiempos digitales evita moldear usuarios precoces y permite formar sujetos críticos capaces de esperar, de elegir y de aceptar límites. La infancia no necesita más pantallas, necesita más adultos dispuestos a asumir el costo de educarlos con el ejemplo cotidiano porque ningún algoritmo puede reemplazar la presencia, la palabra y los momentos compartidos.

El director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder, ha declarado que se prevé que para 2026 cerca de 33,7 millones de personas en Sudán requerirán asistencia humanitaria urgente, lo que representa casi dos tercios de su población total. La mitad de estas personas serán niños y niñas, y el acceso a la ayuda sigue siendo muy restringido en diversas partes del país, escenario de una emergencia que ha impactado gravemente en la niñez debido al conflicto armado entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Según informó el medio Europa Press, la cifra de personas desplazadas y la intensidad de la violencia han situado a la niñez sudanesa “al límite de la supervivencia”.

UNICEF considera la situación de Sudán como “una de las crisis más grandes y devastadoras del mundo”, tras mil días desde que comenzó la guerra en el país africano. El medio Europa Press detalló que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario han sido generalizadas y que ambas partes enfrentadas han dificultado severamente el acceso de organizaciones humanitarias, lo que ha agravado las condiciones de vida de la población afectada. Beigbeder afirmó que millones de niños y niñas han sido privados de seguridad, salud y perspectivas de futuro producto de la violencia prolongada y de estos obstáculos al socorro internacional.

La agencia de Naciones Unidas reportó que más de cinco millones de menores han debido abandonar sus hogares, lo que equivale a aproximadamente 5.000 niños cada día. Muchos de ellos han tenido que desplazarse en más de una ocasión debido a la expansión de los combates. Además, según recogió Europa Press, la infancia enfrenta un alto riesgo de violencia sexual utilizada como táctica de guerra, con relatos de supervivientes que incluyen incluso a bebés de apenas un año.

En cuanto a la seguridad alimentaria, UNICEF calcula que 21 millones de personas en Sudán estarán expuestas a inseguridad alimentaria aguda en el transcurso de 2025, después de la confirmación de hambruna en ciudades como El Fasher y Kadugli. Unas 20 zonas adicionales en áreas del Gran Darfur y Gran Kordofán también se encuentran en riesgo de atravesar circunstancias similares. Europa Press señaló que, en Darfur Norte —región considerada epicentro de la emergencia por desnutrición—, cerca de 85.000 menores con desnutrición aguda grave recibieron atención nutricional en el periodo de enero a noviembre de 2025, lo que equivale a uno cada seis minutos.

Este colapso de los sistemas de salud y la crisis de agua potable han incrementado la vulnerabilidad de la infancia, ya que aproximadamente 3,4 millones de niños menores de cinco años se encuentran en riesgo por enfermedades y ausencia de servicios básicos, según datos recabados por el medio. El deterioro de las infraestructuras, especialmente las relacionadas con la salud y el abastecimiento de agua, impide brindar atención adecuada a un gran número de damnificados.

Europa Press informó que UNICEF y sus aliados se mantienen activos en Sudán proporcionando tratamiento contra la desnutrición, realizando campañas de vacunación para prevenir enfermedades mortales, distribuyendo agua potable y servicios de protección y apoyo psicosocial para los menores afectados por el conflicto. Sin embargo, la organización advierte que la respuesta humanitaria resultó insuficiente debido a la falta de acceso sostenido, la financiación limitada y la persistencia de las hostilidades, expresó Beigbeder, quien enfatizó que la ayuda internacional solo puede paliar parcialmente el sufrimiento y que la paz verdadera es necesaria para una solución duradera.

El responsable regional hizo un llamamiento urgente para la finalización inmediata del conflicto, instando a todas las partes enfrentadas a cumplir sus responsabilidades bajo el Derecho Internacional Humanitario. Según reportó Europa Press, Beigbeder reclamó la protección de la población civil, el cese de los ataques contra infraestructuras esenciales y el libre acceso de la asistencia humanitaria en todo el territorio sudanés. “La acción humanitaria puede salvar vidas, pero no puede reemplazar la protección que solo la paz puede brindar”, puntualizó el director regional de UNICEF.

Durante su declaración, Beigbeder recalcó que “los niños de Sudán no son solo una estadística. Están asustados, desplazados y hambrientos, pero también son decididos, ingeniosos y resilientes. Cada día se esfuerzan por aprender, jugar y tener esperanza, incluso mientras esperan a que el mundo actúe”. El representante de la agencia de la ONU sostuvo que “poner fin a este conflicto es una necesidad moral. No puede esperar”.

El conflicto en Sudán tiene raíces en profundas disputas relacionadas con la integración de las RSF en el Ejército tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019, lo cual interrumpió la transición política ya debilitada desde el derrocamiento en 2021 del entonces primer ministro Abdalá Hamdok. Europa Press señaló que la participación de distintos estados en respaldo de los bandos enfrentados ha intensificado la crisis política y social, generando el desplazamiento de millones de personas y un flujo constante de refugiados hacia países limítrofes.

Tras casi tres años de guerra, la alarma internacional se ha centrado en la proliferación de enfermedades, la destrucción de infraestructura crítica y la incapacidad de los sistemas locales para responder a la magnitud de la emergencia. Las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y los ataques a los servicios esenciales han imposibilitado la atención a cientos de miles de personas afectadas directamente por los enfrentamientos, según remarcó Europa Press.

Los equipos de rescate trabajan para extraer cuerpos de entre los escombros de edificios colapsados en Gaza, un escenario cada vez más frecuente debido al daño acumulado de los bombardeos y a la búsqueda de refugio por parte de la población en estructuras semidestruidas, según indicó el Ministerio de Salud de Gaza en su más reciente informe. Conforme reportó el medio Europa Press, los hospitales del enclave han recibido en las últimas 24 horas los cuerpos sin vida de al menos dos palestinos, víctimas de las operaciones militares israelíes desarrolladas desde la reanudación de hostilidades tras el alto el fuego del 10 de octubre.

De acuerdo con ese balance, el Ministerio de Salud, que opera bajo la administración de Hamás, denunció que los ataques israelíes han elevado la cifra de fallecidos a 420 desde la suspensión de la tregua, y que los hospitales también atienden a una decena de heridos por el mismo episodio de violencia. Según Europa Press, la acumulación de víctimas y las condiciones materiales de las edificaciones están forzando a los habitantes a buscar resguardo en inmuebles que presentan graves riesgos de derrumbe, pues las temperaturas se mantienen bajas y las alternativas de refugio resultan limitadas.

El Ministerio de Salud especificó, según publicó Europa Press, que la situación hospitalaria se encuentra al límite por la gran cantidad de heridos y muertos. Desde el 10 de octubre, la estadística oficial señala al menos 1.184 personas lesionadas a causa de los ataques reportados. Además, los equipos de emergencia han logrado recuperar 684 cuerpos desde la reanudación de la ofensiva. La acumulación de víctimas en las morgues y la sobresaturación en los centros médicos han dificultado el tratamiento oportuno de heridos, agravando la situación en la Franja.

Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, la cifra total de fallecidos recogida por el Ministerio de Salud asciende a 71.386 y la de heridos supera los 171.264, informó Europa Press. La cifra global da cuenta de la magnitud de la crisis en Gaza, que se agrava a medida que persisten los ataques y colapsan más infraestructuras.

Paralelamente, la emergencia sanitaria y humanitaria se ve amplificada por las condiciones meteorológicas adversas. UNICEF advirtió, según Europa Press, sobre el impacto de las lluvias intensas, que han incrementado la demanda de combustible necesario tanto para el bombeo de aguas residuales como para drenar las crecientes acumulaciones de agua pluvial. Se ilustró la magnitud del problema al señalar que, en la laguna de Sheij Radwan, el nivel del agua subió de 1,8 metros a 2,2 metros, requiriendo un abastecimiento de 7.000 litros de combustible diarios para prevenir desbordamientos adicionales.

Las limitaciones en el suministro de combustible complican las labores de gestión de aguas residuales y el control de inundaciones, lo que representa un riesgo sanitario adicional para la población. Europa Press detalló que este escenario pone presión sobre las infraestructuras esenciales y agrava el riesgo de enfermedades trasmitidas por agua y por falta de saneamiento adecuado.

La presión sostenida sobre los hospitales se combina con la escasez de medicamentos y suministros médicos, contexto ante el cual las autoridades del enclave advierten de una situación sanitaria insostenible si no se produce una mejora en el acceso a insumos críticos. Según consignó Europa Press, la falta de refugios seguros y el incremento de desplazados internos intensifican la precariedad en la que viven miles de personas.

A las dificultades derivadas del conflicto armado se suman las causas naturales, como las lluvias intensas, que dificultan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la disposición de lugares temporalmente seguros para la población afectada. Europa Press resaltó la advertencia de UNICEF acerca de la necesidad urgente de recursos energéticos para mantener operativas las instalaciones de saneamiento y contención de aguas, en tanto aumentan los riesgos de desbordamiento y contaminación.

Los reportes del Ministerio de Salud y de organizaciones internacionales recopilados por Europa Press ponen en evidencia que la crisis en Gaza combina los efectos de la guerra, las limitaciones en infraestructura hospitalaria, la escasez de combustible y las consecuencias de eventos climáticos adversos. Las perspectivas humanitarias se complican ante la falta de una solución inmediata que permita aliviar la presión sobre los servicios básicos y el sistema de salud.

Unicef, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) alertaron sobre el riesgo de aumento en el turismo sexual infantil en México durante el Mundial FIFA 2026, que se realizará este año en la capital del país, Jalisco y Nuevo León, así como en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los colectivos y organismos indicaron que de acuerdo con un análisis de Unicef y estudios académicos internacionales, los eventos deportivos de gran escala suelen estar relacionados con mayores reportes de violencia familiar y un incremento de riesgos de explotación sexual infantil y violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Por ello, anunciaron una alianza nacional para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil en entornos turísticos, comunitarios y digitales en todo el país.

Así buscarán evitar casos de abuso sexual

Jorge Paoli Díaz, presidente de la ANCH, afirmó que el compromiso de la industria hotelera contra dicho delito no es solo institucional, sino ético, por lo que “cuando una niña o un niño entra a un hotel, entra a un lugar donde su integridad debe ser protegida sin excepciones”.

La estrategia conjunta contempla acciones para fortalecer entornos seguros en hoteles, comunidades, plataformas digitales y espacios públicos, con especial prioridad en la prevención, la detección temprana y la canalización de casos de riesgo.

La Línea y Chat Nacional Contra la Trata (800 55 33 000) se identifica como un canal de reporte y atención inmediata.

Según la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, el organismo pone a disposición un equipo de especialistas que intervienen y ayudan las 24 horas, los 365 días del año, a más de 9 mil menores que cada año solicitan apoyo.

En un comunicado, se precisó que la alianza incluye campañas nacionales, difusión de información preventiva, capacitación del personal hotelero y promoción de materiales clave.

Además, Unicef y el Consejo Ciudadano implementarán herramientas de reporte accesibles para huéspedes y personal de los hoteles.

María Elena Esparza Guevara, consejera en Género del Consejo Ciudadano, remarcó que en cuatro de cada 10 reportes de explotación sexual recibidos, las principales víctimas son niñas y adolescentes.

La alianza también contempla el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios gratuitos de atención y acompañamiento, así como la promoción de la participación activa de este grupo en la identificación y reporte de riesgos.

“Se puede y se debe evitar que la Copa Mundial se convierta el año próximo en una pesadilla para niñas y niños mexicanos”, afirmó Luis Fernando Carrera Castro, representante de Unicef en México.

El Ministerio de Salud de Gaza ha reportado que equipos médicos y de rescate siguen localizando cuerpos entre los escombros de inmuebles afectados por ataques aéreos, incluyendo el hallazgo reciente de dos palestinos fallecidos en incidentes previos. Según informó Europa Press, estos descubrimientos continúan ampliando el saldo mortal en la Franja desde la declaración del alto el fuego anunciada el 10 de octubre, con la cifra oficial de víctimas fatales situándose ahora en 415 personas. La suma integra tanto los decesos provocados por ataques israelíes recientes como los ocasionados por el colapso de edificios debilitados, así como fallecidos en incidentes vinculados a las condiciones climáticas.

El balance actualizado por el Ministerio de Salud, bajo la administración del movimiento islamista Hamás, señala que, solo en las últimas 24 horas, se ha registrado un nuevo deceso producto de acciones militares israelíes. Europa Press detalló que este fallecido se suma a una lista creciente de víctimas, alimentada también por el ingreso de diez heridos a centros hospitalarios debido a los episodios de violencia recientes. La presión sobre hospitales y equipos médicos se mantiene elevada, ya que estas instituciones continúan recibiendo casos graves y cuerpos recuperados en tareas de escombramiento y rescate.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, los registros oficiales consignan un total de 415 muertes y 1.152 personas heridas por ataques israelíes, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Durante ese mismo periodo, los equipos humanitarios han recuperado los cuerpos sin vida de 682 individuos, lo que refleja la magnitud de las operaciones de recuperación y rescate que aún se desarrollan en áreas impactadas por los bombardeos.

El Ministerio de Salud también aporta datos sobre el acumulado de víctimas desde que inició la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023. Según consignó Europa Press, desde esa fecha hasta el último reporte, las autoridades han contabilizado 71.269 personas muertas y 171.232 heridas. Esta estadística abarca tanto las muertes directas atribuidas a enfrentamientos como a las consecuencias derivadas de la destrucción de infraestructuras y el colapso de servicios de emergencia.

Los efectos de la tormenta 'Byron' han sumado nuevos desafíos a la población y servicios humanitarios de Gaza. Las lluvias intensas y los fuertes vientos han agravado el deterioro de edificios previamente dañados, provocando la caída total de estructuras que resistían de manera precaria. Según el Ministerio de Salud, el desplome de una vivienda en estas circunstancias dejó dos víctimas adicionales, un hombre y una niña de cuatro años, que forman parte del total de 19 personas fallecidas por derrumbes en el contexto reciente. Europa Press precisó que estos decesos se suman a las muertes originadas por causas bélicas y reflejan la vulnerabilidad de la población frente a la combinación de conflicto y desastres naturales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) intervino para documentar un caso grave en el bloque de desplazados internos de Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza. Según publicó Europa Press citando a UNICEF, un niño de siete años murió ahogado el 27 de diciembre, como consecuencia de las inundaciones en un campamento improvisado. Las precipitaciones fuertes han incrementado el nivel de la laguna de Sheij Radwan, donde las autoridades han detectado un aumento de 1,8 a 2,2 metros en la profundidad del agua. La gestión de este riesgo hídrico requiere la dotación diaria de 7.000 litros de combustible para operar sistemas de bombeo y evitar desbordamientos.

UNICEF ha alertado que las condiciones meteorológicas han intensificado la crisis humanitaria en Gaza, pues la necesidad de combustible para drenar aguas residuales y pluviales se ha disparado, afectando de manera directa a la población desplazada. Europa Press apuntó que la falta de insumos energéticos y las deficiencias en las infraestructuras han dificultado los esfuerzos para contener las inundaciones, lo que plantea un riesgo adicional para quienes residen en refugios temporales y asentamientos precarios.

La información recogida por Europa Press a partir de los informes oficiales y de organismos internacionales permite trazar un panorama del impacto combinado del conflicto militar, el colapso de edificaciones debilitadas y las consecuencias de eventos meteorológicos extremos sobre la población de Gaza. Los hospitales y servicios de emergencia permanecen operativos ante eventos simultáneos que han elevado las cifras de muertos y heridos, mientras organizaciones como UNICEF enfocan sus advertencias en la urgencia de suministros básicos para la gestión de aguas y apoyo a los menores afectados por la crisis.

La alerta lanzada este martes por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) respecto a la situación nutricional en Um Baru, en Darfur Norte, señala que más de la mitad de los menores de cinco años analizados padecen desnutrición aguda. Esta proporción supera en más de tres veces el umbral de emergencia establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y representa una de las incidencias más elevadas registradas en estudios de este tipo. En este contexto, la decisión tomada por las autoridades sudanesas cobra una relevancia considerable: el país ha prorrogado durante otros tres meses la apertura del paso fronterizo de Adre, una vía fundamental para la entrada de suministros humanitarios desde Chad. El paso permanecerá habilitado hasta el 31 de marzo, lo que ofrece una oportunidad para que la ayuda internacional continúe llegando a las poblaciones afectadas por el conflicto.

Según informó la ONU y mencionó Tom Fletcher, jefe de Asuntos Humanitarios, la continuidad en el acceso a través de Adre es indispensable para el salvamento de vidas en la región. Fletcher calificó la extensión del permiso como "un salvavidas para millones de personas en Darfur" y expresó agradecimientos públicos tanto a Sudán como a Chad por mantener operativa esta vía de apoyo logístico, según reportó la organización.

De acuerdo con las informaciones publicadas, la ruta de Adre constituye la principal entrada de asistencia humanitaria a Sudán desde territorio chadiano. Desde el estallido de la guerra civil en abril de 2023, este corredor se ha consolidado como un punto neurálgico para las operaciones de ayuda, especialmente porque los desplazamientos masivos y las condiciones de inseguridad dificultan la distribución de suministros por otras rutas dentro del territorio sudanés.

El conflicto civil en Sudán tiene su origen en disputas relacionadas con la integración de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, en el ejército nacional. Estas tensiones desembocaron en la ruptura del proceso de transición iniciado tras la caída del presidente Omar Hasan al Bashir en 2019 —después de años de gobierno autoritario— y se agravaron a raíz del golpe militar que desplazó al primer ministro Abdalá Hamdok en 2021. Tal como detalló el medio, la implicación de actores externos que respaldan a las diversas facciones ha complicado y extendido la duración y el alcance del conflicto.

La guerra en Sudán ha desencadenado una crisis humanitaria caracterizada por el desplazamiento forzado de millones de personas, la fuga de refugiados a países limítrofes y la declaración de emergencia por el número y la gravedad de los daños sufridos por infraestructuras esenciales. La imposibilidad de operar hospitales, sistemas de saneamiento y transporte, junto con la propagación de enfermedades, ha restringido la capacidad de atención a centenares de miles de ciudadanos afectados. Diversas agencias internacionales, incluida la OMS, mantienen la alerta por el riesgo que implica la falta de acceso a servicios sanitarios y a alimentos, alertó el medio.

Según publicó la ONU, la prórroga de la apertura del paso fronterizo de Adre se interpreta como una medida que apoya los esfuerzos de organizaciones internacionales para distribuir ayuda médica, alimentos y suministros básicos a la población atrapada en zonas de difícil acceso. El mantenimiento del flujo logístico depende del consenso entre las autoridades sudanesas y chadianas, cuyas gestiones han sido reconocidas por responsables de la asistencia internacional.

El informe también destacó que la emergencia nutricional en regiones como Um Baru, en Darfur Norte, adquiere dimensiones críticas: las tasas de desnutrición aguda encontradas en los menores duplican y superan ampliamente los parámetros internacionales considerados como límite para activar respuestas de emergencia. UNICEF advirtió de la urgencia de reforzar el apoyo humanitario, subrayando que la falta de intervención podría tener consecuencias irreparables sobre la supervivencia y el desarrollo físico de los menores.

Además, el medio indicó que la situación generalizada de inseguridad y la precariedad de los servicios continúan agravando las condiciones de vida en el país. Los desafíos para distribuir ayuda se ven incrementados por el deterioro de carreteras y medios de transporte, las amenazas a la integridad del personal humanitario y la incertidumbre sobre la continuidad de las rutas seguras. La extensión del acceso por Adre posibilita la programación de acciones sostenidas por parte de agencias como la ONU y organizaciones colaboradoras.

Diferentes organismos presentes en la zona han insistido en la necesidad de mantener abiertas todas las rutas posibles para la entrega de suministros, al tiempo que recalcan la urgencia de una solución política al conflicto. Según consignó la ONU, millones de personas permanecen en situación de vulnerabilidad extrema, sin acceso regular a alimentos, agua y servicios sanitarios. La consolidación del corredor humanitario de Adre hasta finales de marzo representa un elemento clave en la estrategia de contención de los peores efectos de la crisis.

La decisión reciente de las autoridades sudanesas, sumada al apoyo de Chad, ha sido recibida con respaldo por parte de la comunidad internacional, que considera el paso de Adre como un eslabón vital para sostener las operaciones de ayuda humanitaria y mitigar el impacto de una de las crisis humanitarias más severas de la actualidad, según afirmó la ONU.

"Cuando la desnutrición aguda grave alcanza este nivel, el tiempo se convierte en el factor más crítico", señaló Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, durante su evaluación de la situación nutricional de la infancia en Um Baru. Russell explicó que los niños y niñas de ese enclave sudanés se encuentran en circunstancias extremadamente delicadas y requieren ayuda inmediata para sobrevivir. Según informó UNICEF este martes, la emergencia supera notablemente parámetros internacionales y plantea la urgencia de una intervención humanitaria.

De acuerdo con UNICEF, más de la mitad de los niños menores de cinco años en Um Baru, localidad situada en la región sudanesa de Darfur Norte, sufren desnutrición aguda, cifra que triplica el umbral de emergencia establecido por la Organización Mundial de la Salud. El medio detalló que el reciente estudio, realizado entre el 19 y el 23 de diciembre sobre casi 500 niños y niñas sudaneses, identificó que el 53 por ciento afronta desnutrición aguda, mientras que uno de cada seis niños se encuentra en una situación de desnutrición aguda grave. Este último grupo corre un riesgo vital, ya que podría fallecer en pocas semanas si no recibe tratamiento especializado.

La presencia masiva de desplazados internos en Um Baru, consecuencia directa del control militar impuesto por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) tras la toma de El Fasher —capital regional— a finales de octubre, ha exacerbado el estrés humanitario existente. Según publicó UNICEF, numerosas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares después de que las RSF perpetraran ataques que incluyeron ejecuciones, secuestros y violaciones, generando una población infantil sin protección adecuada y expuesta a constantes riesgos.

La gravedad de la crisis se refleja también en la tasa bruta de mortalidad, que según consignó UNICEF, ya alcanza niveles de emergencia en Um Baru. La organización aclaró que muchos de los niños desplazados no recibieron vacunas básicas, como la del sarampión, ni tienen acceso a tratamientos preventivos esenciales, situación que agrava su vulnerabilidad ante enfermedades infecciosas y empeora sus posibilidades de recuperación.

UNICEF indicó que en Darfur Norte, cerca de 85.000 niños padecen desnutrición aguda grave y han sido admitidos en centros de tratamiento respaldados por Naciones Unidas hasta noviembre de este año. Esta cifra convierte a la región en el principal foco de la crisis nutricional en Sudán. La institución solicitó a todas las partes en conflicto y a los países que ejerzan influencia sobre ellas, que faciliten sin demoras un acceso humanitario seguro y sin restricciones. El objetivo es garantizar la llegada de insumos y personal de socorro a las áreas afectadas y brindar asistencia alimentaria, médica y de protección a mujeres, niños y familias atrapadas por el enfrentamiento armado.

UNICEF también reclamó un alto el fuego que haga posible la entrega segura de ayuda, subrayando que cada día que pasa sin acceso seguro incrementa la posibilidad de que se produzcan más muertes y sufrimiento por causas evitables. Russell enfatizó la importancia de que quienes tienen capacidad de decisión prioricen la vida y el bienestar de los menores sudaneses en Um Baru y otras zonas afectadas.

El conflicto sudanés, detalló UNICEF, se originó a raíz de desacuerdos en el proceso de integración del grupo paramilitar RSF en las Fuerzas Armadas de Sudán. Estas tensiones frustraron la transición que había arrancado tras la destitución de Omar Hasán al Bashir en 2019. El proceso de transición sufrió otro golpe en 2021, cuando un golpe de Estado derrocó al entonces primer ministro Abdala Hamdok. La situación degeneró en una guerra abierta apoyada por varios actores internacionales, que ha traído consigo desplazamientos masivos, una crisis sanitaria y el colapso de infraestructuras críticas, dificultando la atención a cientos de miles de personas afectadas.

La comunidad internacional ha expresado su alarma ante la dimensión del desastre, según publicó UNICEF, quien subrayó que la combinación de violencia, desplazamiento y debilidad institucional aumenta el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, empeorando la situación de una población ya sumida en una emergencia humanitaria de grandes proporciones.

La situación actual de los derechos de la infancia en España se caracteriza, según la Plataforma de Infancia, por la falta de cambios significativos a lo largo de 2025, especialmente en cuanto a la implementación de una prestación universal por crianza para familias con menores a cargo. El medio Europa Press reportó que este retraso afecta directamente a más de 2,7 millones de menores en el país, quienes permanecen expuestos a pobreza o riesgos de exclusión social, según el informe más reciente de UNICEF.

De acuerdo con los datos difundidos por UNICEF, uno de cada tres niños y niñas en España vive en condiciones de pobreza o enfrenta riesgo de exclusión social, una tendencia que ha mostrado un incremento persistente, a diferencia de otros grupos etarios cuya situación ha tendido a mejorar. La Plataforma de Infancia, a través de su director Ricardo Ibarra, explicó a Europa Press que el gobierno no ha materializado medidas concretas como la prestación universal por crianza, comprometida por miembros del Ejecutivo sin que hasta la fecha se haya implementado efectivamente.

El gobierno, por medio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció en noviembre la intención de incluir en los próximos presupuestos generales una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo. No obstante, la ausencia de dicha prestación en el presupuesto de 2025 ha generado frustración y preocupación entre las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los niños. Paralelamente, se ha iniciado un proceso para alcanzar un pacto de Estado contra la pobreza infantil, aunque los trabajos en la subcomisión aún no han concluido y no se han observado avances concretos.

En materia de conciliación familiar, este año se ampliaron permisos relacionados con nacimiento y familias monoparentales, extendiéndose hasta 32 semanas en estos últimos casos. Además, el permiso retribuido por paternidad y cuidado se elevó en tres semanas, situándose en 19 semanas, más tres adicionales por lactancia, sumando un total de 22. Sin embargo, Ricardo Ibarra subrayó que estos cambios no cumplen con la directiva europea que estipula un permiso parental remunerado para todos los niños hasta los ocho años; por lo tanto, el alcance de esta reforma permanece limitado desde la perspectiva de la Plataforma de Infancia.

El director también enfatizó avances en la justicia especializada en violencia contra la infancia, donde el nuevo Real Decreto establece medidas en solo tres ciudades, lo que limita su impacto a escala nacional. Parte de la legislación clave, como la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), tiene aún una implementación parcial o deficiente en varias comunidades autónomas, principalmente en lo referente a figuras de protección específicas.

Respecto a la violencia vicaria, Ibarra solicitó que la nueva ley anunciada contemple un mayor enfoque en la infancia, debido a que en la actualidad la normativa tiende a invisibilizar a los niños y niñas que resultan víctimas. La falta de presupuestos y la inactividad parlamentaria han complicado la aprobación de leyes como la de familias y la de entornos digitales, ambas pendientes de tramitación o en fases de enmienda en el Congreso, según publicó Europa Press.

Otro punto señalado como preocupante por Ricardo Ibarra durante sus declaraciones a Europa Press radica en la situación de los niños migrantes, en particular aquellos presentes en Canarias. Pese al acuerdo marco para facilitar traslados y la colaboración interautonómica, los movimientos realizados han resultado escasos y las infraestructuras permanecen saturadas, brindando una atención inadecuada a los menores migrantes.

Entre las medidas positivas, Ibarra identificó el nuevo Real Decreto que regula los comedores escolares, orientado a garantizar una alimentación saludable en centros escolares, aunque su aplicación total no está prevista hasta abril de 2026. La Plataforma de Infancia destacó la importancia de asegurar que la totalidad de los niños y niñas tengan acceso a estos servicios.

Por su parte, Lara Contreras, responsable de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, explicó a Europa Press que el principal desafío pendiente sigue siendo la pobreza infantil. Señala que España se mantiene entre los países con mayores tasas de pobreza infantil en Europa y reclama la pronta aplicación de una prestación universal progresiva para todos los niños, niñas y adolescentes.

Sobre los derechos digitales de la infancia, UNICEF España valoró de manera positiva la reducción de ciertas formas de violencia y una mejora en el uso de dispositivos por parte de los menores. Aun así, los datos de su último informe ‘Infancia, adolescencia y bienestar digital’ revelan que uno de cada diez menores percibe haber sido víctima de ciberacoso en redes sociales y uno de cada tres adolescentes que tiene pareja reporta haber sufrido violencia digital.

UNICEF también destacó avances para la infancia migrante, detallando que un decreto facilitará el traslado de menores no acompañados evitando su permanencia exclusiva en Canarias, Ceuta y Melilla, donde las condiciones resultaban insuficientes para garantizar sus derechos. No obstante, la organización alerta sobre la necesidad de concretar tales traslados de manera efectiva.

Otro aspecto subrayado por UNICEF España es el aumento de preocupación por la salud mental en la infancia. Según datos recogidos por la organización, cuatro de cada diez niños y niñas reportan haber vivido o creen haber experimentado problemas de salud mental. Contreras matizó ante Europa Press que resulta necesario distinguir entre experiencias emocionales negativas, inherentes a la vida, y auténticas patologías mentales, subrayando la importancia de la prevención y el correcto tratamiento de los traumas infantiles.

La responsable de UNICEF España instó a mantener el compromiso institucional con la ayuda oficial al desarrollo, señalando la relevancia de este esfuerzo en un contexto global marcado por incrementos en la mortalidad infantil. Apuntó que en regiones como Sudán y en la franja de Gaza existen millones de niños desplazados y decenas de miles de menores fallecidos, remarcando la urgencia de evitar que estas situaciones prosigan.

Las organizaciones reclaman nuevos esfuerzos legislativos y presupuestarios del gobierno, mientras insisten en la necesidad de programas universales de ayuda, mejoras en la protección de la infancia ante la violencia, atención adecuada a la salud mental, avances en digitalización segura y apoyo efectivo a menores migrantes, todo dentro de un contexto donde el compromiso y la implementación continúan resultando insuficientes, de acuerdo con las conclusiones de UNICEF España y la Plataforma de Infancia publicadas por Europa Press.

Las cifras asociadas a la violencia sexual en República Democrática del Congo han intensificado las preocupaciones sobre la infancia en el país. De acuerdo con el más reciente informe de UNICEF, solo entre enero y septiembre de este año se han registrado hasta 35.000 casos de violencia sexual contra menores, mientras que los datos de todo 2024 alcanzan cerca de 45.000 episodios de este tipo. El documento advierte que la dimensión real del problema podría ser mucho mayor, pues numerosos casos no llegan a denunciarse debido al miedo, el estigma social y la falta de acceso a servicios adecuados, una situación especialmente grave en las regiones en conflicto.

Según informó UNICEF este lunes, la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en la República Democrática del Congo no solo presenta una alta incidencia, sino que responde también a factores estructurales profundamente arraigados en la sociedad congoleña. El informe difundido precisa que la situación se agrava de manera alarmante a partir de 2022, experimentando un incremento sostenido de casos, muchos de ellos localizados en comunidades de todas las provincias del país.

El reporte del organismo internacional, citado por UNICEF, señala a las zonas de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri como las más afectadas, donde la combinación de violencia armada, desplazamientos forzados y servicios sanitarios insuficientes propician una coyuntura de extrema vulnerabilidad. Detalla que cientos de familias se ven obligadas a desplazarse constantemente para eludir los ataques, lo que expone aún más a los menores a situaciones de explotación y abuso. Los trabajadores sociales que operan en la región han expuesto casos en los que madres recorren largas distancias llevando a sus hijas para que puedan recibir atención médica tras sufrir agresiones, mientras que el miedo a consecuencias sociales y represalias frena a muchas víctimas y familiares a la hora de denunciar.

UNICEF resalta que la violencia sexual afecta de manera especial a las adolescentes, quienes conforman el mayor porcentaje de sobrevivientes dentro de las diferentes franjas de edad evaluadas. La organización también advirtió que los niños y niñas con discapacidad enfrentan riesgos adicionales. Las barreras sociales, comunicativas y físicas dificultan tanto la protección frente a la violencia como el acceso a servicios de justicia y salud. El informe subraya que estas limitaciones acentúan su exposición y los colocan en una posición de mayor vulnerabilidad.

El medio UNICEF consignó que el fenómeno no se limita a las provincias directamente involucradas en el conflicto armado. En regiones del país como Kinshasa y Kasai, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar contribuyen al aumento del riesgo de explotación y de matrimonio infantil, expandiendo el alcance del problema a distintas realidades. Datos recogidos por la organización reflejan que cerca del 40% de todos los casos de violencia sexual reportados en la nación africana corresponden a menores, una proporción que se ha cuadruplicado desde 2022.

Dentro del informe, UNICEF también apunta que la crisis de violencia sexual presenta una dimensión regional. Las cifras de 2024 muestran un crecimiento del 30% sobre el total de incidentes comparados con años anteriores. A esto se suma que los datos preliminares de 2025, aún parciales, ya anticipan un volumen de denuncias que podría superar el 80% de los casos documentados durante todo el año anterior.

La atención a las víctimas se ve claramente afectada por la falta de recursos y la inseguridad persistente en el territorio. UNICEF informó que, durante 2024, más de 24.200 menores en las zonas más golpeadas han recibido algún tipo de asistencia, incluyendo apoyo psicosocial y atención médica. No obstante, los recortes en el financiamiento y el aumento de los riesgos derivados del conflicto han obligado a la organización a reducir o suspender múltiples proyectos humanitarios. En la primera mitad de 2025, apenas se logró cubrir el 23% de las necesidades de financiamiento para intervenciones relacionadas con la violencia de género, una caída considerable respecto al 48% alcanzado en el mismo tramo de 2022. Como resultado, la provisión de ayuda para cientos de miles de niños y niñas —incluidos cerca de 300.000 en regiones del este dominadas por el conflicto— se encuentra seriamente amenazada, reportó UNICEF.

Las consecuencias para las víctimas infantiles de violencia sexual van mucho más allá de los daños físicos inmediatos. UNICEF subraya que estos menores enfrentan lesiones de larga duración, traumas psicológicos, embarazos no deseados e incrementos en el riesgo de contraer VIH o infecciones de transmisión sexual, elementos que perpetúan los efectos de la violencia mucho tiempo después de ocurridas las agresiones.

Ante este panorama, UNICEF ha exhortado al Gobierno de la República Democrática del Congo, así como a todas las partes involucradas en el conflicto armado y a los socios internacionales, a reforzar las acciones dirigidas a la rendición de cuentas, proporcionando apoyo a las investigaciones, enjuiciando a los responsables y velando por la protección de las víctimas y los testigos. Instó además a fortalecer los sistemas de recopilación de datos y mejorar los mecanismos de denuncia para garantizar una respuesta más efectiva frente a la magnitud del fenómeno.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó: “Para abordar esta crisis de violencia sexual es necesario responder inmediatamente y cumplir con el Derecho Internacional en situaciones de conflicto. Los perpetradores deben rendir cuentas, y las mujeres y los niños y niñas deben recibir protección y apoyo”. Russell sostuvo que el temor al estigma social y las amenazas a la integridad física de las víctimas y sus familiares dificultan la denuncia y la búsqueda de ayuda, elementos centrales para comprender la dimensión oculta de la violencia en el país africano.

De acuerdo con el informe, mientras la inestabilidad y la precarización de los servicios de atención continúen, la exposición de los menores a la violencia sexual mantendrá niveles elevados. UNICEF insistió en la urgencia de priorizar la protección de la infancia, asegurando el acceso a servicios integrales y la coordinación entre las entidades estatales, internacionales y comunitarias para contener el avance del fenómeno descrito en la República Democrática del Congo.

Más de tres millones de personas han enfermado en Cuba por una epidemia de arbovirosis que incluye dengue, chikungunya y oropouche, según datos oficiales citados en un informe reciente del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC). El documento, publicado en diciembre de 2025, describe un colapso del sistema sanitario que, de acuerdo con el análisis, no responde a causas externas o imprevistas, sino a políticas nacionales sostenidas que han reducido de forma progresiva la capacidad estatal para proteger la salud de la población.

El OCAC sostiene que la crisis sanitaria cubana actual ocurre en un contexto marcado por la degradación sostenida de la infraestructura hospitalaria, la escasez de medicamentos y de material médico, la salida masiva de personal sanitario y la falta de transparencia en los reportes oficiales.

Según el informe, de los 395 medicamentos que BioCubaFarma debía suministrar al Sistema Nacional de Salud hasta enero de 2025, 255 (64,56%) estaban en falta. La compañía no ofreció reportes actualizados después de esa fecha, por lo que no es posible conocer la magnitud actual del desabastecimiento.

El porcentaje dedicado a salud pública y asistencia social en la inversión nacional promedió el 2% en la última década, mientras que el sector turístico, controlado por GAESA, absorbió 31,36% de las inversiones, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

En materia de personal, la cantidad de médicos se redujo en 5.399 entre 2023 y 2024, con una caída acumulada de 30.767 desde 2021. El programa de médicos de familia pasó de 27.535 en 2023 a 12.912 en 2024. El personal de enfermería también disminuyó: en 2024 había 71.948 profesionales, lo que representa 15.035 menos que en 2021. El sistema perdió 7.144 camas hospitalarias entre 2019 y 2024. La reducción más significativa ocurrió en hospitales generales (2.812), clínico-quirúrgicos (1.938) y pediátricos (857), así como en policlínicos (1.004).

La crisis se profundiza por factores ambientales y de saneamiento: solo 68% de los residuos sólidos se recogen diariamente en La Habana, según OCAC, mientras el resto permanece en la vía pública y genera focos infecciosos. El control de vectores es insuficiente por falta de brigadas y recursos, lo que facilita la propagación de mosquitos transmisores de virus.

El acceso a medicamentos depende en gran medida del mercado informal o de remesas provenientes del exterior, dado que en farmacias no ingresan jarabes pediátricos desde hace años y escasean productos básicos como guantes, jeringas o sales de rehidratación oral. Los profesionales entrevistados informan que, ante la falta de materiales y equipos, recurren a diagnósticos clínicos generales bajo la categoría de “síndrome febril inespecífico”, sin posibilidad de diferenciar entre las distintas arbovirosis.

La seguridad alimentaria presenta otro panorama crítico. Según el informe, más del 80% de los alimentos consumidos son importados y el país no cumple ningún estándar internacional definido por la FAO en materia de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos. En 2024, UNICEF incluyó por primera vez a Cuba en su informe sobre pobreza alimentaria infantil, con 9% de niños en situación grave. Para fines de 2024, una familia de dos personas necesitaba más de 24.000 CUP mensuales solo para alimentación, entre 12 y 15 veces el salario mínimo.

La combinación de inseguridad alimentaria, estrés por crisis energética y sanitaria ha dejado a la mayoría de la población en situación de inmunodepresión. Solo el 15% logra garantizar tres comidas diarias.

En el plano epidemiológico, la respuesta oficial reconoce casos de dengue y chikungunya en toda la isla, con un foco inicial en Matanzas. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó oficialmente 33 fallecidos por arbovirosis hasta diciembre de 2025 —12 por dengue y 21 por chikungunya— aunque el cálculo realizado por OCAC, aplicando tasas de letalidad moderadas (0,3%), estima al menos 8.700 muertes, lo que representaría una cifra 185 veces superior a la reportada por el gobierno.

La práctica de subregistro en las causas de muerte fue señalada por personal sanitario entrevistado para el informe, quienes describieron directivas para no consignar arbovirosis recientes como causas antecedentes en los certificados de defunción. Según OCAC, esto dificulta la obtención de cifras precisas sobre el impacto real del brote.

La enfermedad chikungunya, además, deja secuelas crónicas en una parte importante de los afectados: entre 30% y 60% de los pacientes presentan síntomas articulares prolongados, especialmente adultos mayores, mujeres y personas con comorbilidades. El sistema de salud cubano, de acuerdo con la investigación, carece de recursos para ofrecer tratamiento o rehabilitación, lo que deriva en incapacidad laboral, pérdida de ingresos y aumento de la vulnerabilidad social.

El OCAC es un proyecto de la sociedad civil cubana independiente, auspiciado por Cuba Siglo 21. José Manuel González Rubines coordinó la investigación y procesamiento de datos.

El testimonio de Ferdos Salí, madre de Banan, una bebé de once meses que padece sarampión, ilustra la situación sanitaria en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. Salí relató que su hija nació de forma prematura tras verse obligada a huir de Omdurmán debido a le guerra, lo que la privó de acceso a la vacunación. En este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado sobre un aumento significativo de casos de sarampión en distintas localidades de Darfur, fenómeno que vincula tanto al conflicto armado como a las dificultades logísticas y administrativas para distribuir vacunas y material sanitario. Según detalló MSF, más de 1.300 casos han sido identificados desde septiembre en centros de salud apoyados por la ONG, y la tendencia mantiene una trayectoria ascendente.

De acuerdo con MSF, las restricciones generadas por la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han obstaculizado la entrega de vacunas y la aplicación de programas de inmunización de rutina. Estas circunstancias han favorecido que la enfermedad, que normalmente puede evitarse con procedimientos de vacunación sistemática y campañas reactivas, se propague entre la población infantil, según reportó la organización.

El coordinador de emergencias de MSF en Darfur, Ahmed Fadel, llamó la atención sobre cómo los retrasos tanto administrativos como logísticos exponen a los menores a riesgos evitables. Fadel destacó que, pese a la naturaleza prevenible del sarampión, la interrupción de rutas de importación y los obstáculos burocráticos han afectado tanto la entrada transfronteriza de vacunas como la respuesta de los actores humanitarios. El medio MSF señaló que las demoras en las autorizaciones y en los procesos estipulados por las autoridades sudanesas han limitado la capacidad de organizar campañas de inmunización masiva, y han impedido una reacción eficaz ante brotes de enfermedades.

Datos recabados por MSF muestran que el número de contagios se ha incrementado de manera preocupante en hospitales de distintas zonas. En el hospital de Zalingei, en Darfur Central, cerca de 1.100 pacientes con diagnóstico de sarampión recibieron atención durante 2025, cifra que supone un alza considerable, ya que el 78 por ciento de esos contagios se reportaron desde el mes de septiembre. Por su parte, el Hospital Universitario de Nyala, en Darfur Sur, registró 242 casos en el año, con el 95 por ciento desde septiembre. En el Hospital Universitario de Geneina, situado en Darfur Oeste, se contabilizaron 429 pacientes con sarampión en lo que va de 2025, y el 59 por ciento de los casos corresponden al periodo comprendido entre septiembre y noviembre.

Otra tendencia que subraya MSF es el aumento de casos entre niños mayores de cinco años. En Zalingei, este grupo representó más del 29 por ciento de los pacientes, mientras que en Nyala alcanzó el 34 por ciento, resultado que, según la organización, revela fallos en los esquemas de inmunización previos al deterioro de la seguridad y la expansión del conflicto. Al mismo tiempo, MSF informó al medio que existe una elevada proporción de pacientes que presentan, además del sarampión, desnutrición aguda. En Zalingei y Nyala, este factor afectó a más del 34 por ciento de quienes recibieron tratamiento, lo que incrementa las posibilidades de complicaciones como neumonía y encefalitis, enfermedades que podrían derivar en desenlaces graves e incluso fatales.

Médicos Sin Fronteras hizo especial énfasis en la necesidad de remover las trabas administrativas y burocráticas al transporte de insumos esenciales para la vacunación. Asimismo, la organización solicitó al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) redoblar la coordinación en la entrega de vacunas, jeringuillas y demás recursos indispensables. Según recogió MSF, la falta de cooperación efectiva en la cadena de suministro dificulta el acceso a los insumos en las zonas donde más se requieren.

Fadel insistió en la urgencia de que el Ministerio de Sanidad, con el respaldo de UNICEF y otras entidades, reactive de inmediato los programas de inmunización sistemática y garantice el flujo regular de vacunas. "Se podrían salvar innumerables vidas, pero tras más de dos años y medio de guerra, el mundo sigue fallando al pueblo de Sudán", afirmó Fadel, según consignó MSF. La falta de inmunización masiva facilita no solo la propagación del sarampión, sino también la aparición de otros brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Además de los casos de sarampión, MSF reportó que en sus centros de Darfur también atienden a pacientes afectados por otras enfermedades transmisibles, como la difteria y la tos ferina. Todas ellas están relacionadas con la interrupción de las campañas de vacunación, que ha dejado una amplia franja de la población infantil y juvenil en situación de vulnerabilidad frente a estas patologías.

El medio MSF precisó que el envío de vacunas se enfrenta a un escenario "extremadamente complejo", en el que las dificultades para importar material y la insuficiencia de coordinación entre los distintos actores humanitarios limitan la eficacia de las respuestas en el terreno. En ese sentido, la organización reiteró el llamado a mejorar la logística y la cooperación institucional con el fin de atajar el avance de las enfermedades y proteger a los menores, quienes constituyen el grupo más expuesto ante la actual crisis de salud.

El uso de la tecnología y las redes sociales se ha extendido por todo el mundo, transformando la comunicación, el acceso a la información y la vida social. Plataformas como TikTok e Instagram facilitan la interacción y el entretenimiento, pero su uso excesivo preocupa a especialistas por los riesgos de adicción y los impactos negativos en la salud mental.

Un análisis publicado por GQ advierte que la clave para evitar estos efectos perjudiciales reside en la adopción de hábitos responsables y conscientes.

Diversos estudios, entre ellos un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que el uso prolongado de redes sociales —más de tres horas diarias— está vinculado a un aumento de síntomas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y dificultades en las relaciones personales.

El diseño de los algoritmos en estas plataformas juega un papel fundamental. Estos sistemas están ideados para atraer la atención y estimular la permanencia en línea, lo que refuerza la dependencia y dificulta la desconexión. Los mecanismos de recompensa instantánea fomentan la necesidad de revisar el móvil de forma continua, incrementando la sensación de urgencia y el hábito compulsivo.

Beneficios y desafíos de la tecnología en la vida cotidiana

A pesar de los riesgos, tanto la tecnología como las redes sociales ofrecen ventajas significativas cuando se usan de manera equilibrada. Permiten mantener el contacto con otras personas, facilitan el acceso a información relevante, brindan oportunidades educativas y profesionales e impulsan la creación de comunidades de intereses afines.

No obstante, el desafío principal es alcanzar un equilibrio real. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que el uso excesivo de redes sociales puede generar aislamiento, pérdida de productividad y deterioro del bienestar emocional, especialmente si desplazan actividades presenciales o afectan rutinas de descanso.

Estrategias para un uso saludable de redes sociales

La OMS y reconocidos especialistas en salud digital coinciden en que comprender el funcionamiento de los algoritmos es básico para gestionar el consumo de tecnología. Reconocer que estas plataformas buscan captar la atención del usuario y fomentar el consumo continuado permite asumir un rol activo frente a los estímulos digitales.

Entre las recomendaciones para un uso responsable destacan:

• Establecer horarios definidos para el acceso a redes sociales, evitando su uso por la mañana y antes de dormir.
• Desactivar notificaciones innecesarias para reducir la tentación de consultar el móvil constantemente.
• Destinar tiempos diarios a actividades alternativas, como lectura, ejercicio físico o encuentros presenciales.
• Utilizar herramientas de control digital, como temporizadores o aplicaciones que limiten el tiempo de uso.

La implementación de pausas regulares y rutinas de desconexión digital ayuda a preservar la salud mental y fomenta un uso más consciente de la tecnología.

El valor del aburrimiento y la reflexión personal

La tendencia a evitar el aburrimiento mediante el uso del móvil contribuye a la sobreexposición digital y limita la capacidad de introspección.

Según la Asociación Internacional de Psicología Positiva, permitir momentos de calma favorece el bienestar emocional y la creatividad. Reflexionar sobre los valores personales y priorizar actividades significativas fortalece la autonomía frente a los estímulos inmediatos.

No solo el tiempo de uso importa: el impacto emocional del contenido también es clave. Identificar si lo que se consume inspira, genera malestar o resulta indiferente permite ajustar la experiencia para hacerla más enriquecedora y positiva.

Tanto GQ como expertos de la Universidad de Stanford recomiendan filtrar el contenido, bloquear cuentas que generan ansiedad y seguir perfiles que promuevan intereses y valores saludables. Una gestión responsable y la autoconciencia son fundamentales para reducir la dependencia y proteger la salud mental.

Educación, pensamiento crítico y bienestar en la era digital

Desarrollar el pensamiento crítico y la educación digital es esencial, especialmente para niños y adolescentes. Organismos como UNICEF insisten en la importancia de enseñar a identificar información falsa, analizar la autenticidad de las interacciones y fortalecer la autoestima frente a los desafíos del ámbito digital.

El diálogo familiar sobre el uso de la tecnología y la construcción compartida de reglas y límites saludables resultan efectivos para prevenir situaciones de abuso y dependencia.

La tecnología y las redes sociales pueden ser aliadas del bienestar si se utilizan con responsabilidad, criterio y autoconciencia. Establecer límites, equilibrar el tiempo de pantalla con otras actividades y fortalecer la educación digital son estrategias clave para aprovechar los beneficios de la era digital sin perder de vista lo realmente importante en la vida cotidiana.

Australia está hoy en el foco del debate global, a partir de la entrada en vigor de la ley que impide a los menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. Si bien el objetivo es preservar su salud mental, la estrategia elegida es la prohibición. Como si bajar una persiana normativa bastara para ordenar un ecosistema que evoluciona más rápido que las reglamentaciones.

Algunos gobiernos ensayan respuestas análogas, pero sobrevuela la impresión de que atacamos tarde el problema: pretendemos atenuar el posible impacto negativo de las redes en chicas y chicos que han migrado hacia otras plataformas. Quedamos caducos, obsoletos, interviniendo espacios que dejaron de usar, en lugar de girar la mirada hacia otra capa de la vida digital que hoy concentra protagonismo: la inteligencia artificial generativa.

Lo cierto es que mientras los adultos intentamos descifrar qué es exactamente un modelo de lenguaje, las generaciones Z y Alpha ya están conversando con ellos. A veces como un entretenimiento o un atajo para completar trabajos, otras veces buscando compañía. La interacción fluye entre inputs y outputs que no distinguen soledad de aburrimiento, angustia de curiosidad, pedido de ayuda de interés académico.

Lo evidencia el informe Guidance on AI and Children, recientemente actualizado por UNICEF, que advierte que la adopción de sistemas de IA por parte de niños, niñas y adolescentes está aumentando a mayor velocidad que la capacidad de los Estados para regularlos y de las instituciones para acompañar sus usos. Un vasto y cambiante campo, al que estamos llegando con franca demora.

Al mismo tiempo, como adultos referentes nos preguntamos por qué nos toca mediar tecnologías que aún no comprendemos del todo y hacerlo, además, desde un paradigma de derechos de la niñez. Sentimos que no damos la talla, que las expectativas están puestas por encima de las posibilidades. Porque parecería que existe una tensión irresuelta entre garantizar derechos —a participar, ser escuchados, acceder a información relevante, intervenir en las decisiones que los afectan— y hacer valer el principio de protección, que con frecuencia nos lleva a restringir, supeditar, encorsetar.

No se trata, entonces, de ser prescriptivos, sino de cuestionarnos qué nuevos vínculos se están instalando con máquinas que no penetran contextos y que, en la mayoría de los casos, desconocen las edades de sus interlocutores. Aquí es donde las grandilocuentes prohibiciones muestran sus costuras. De hecho, una política que se agota en vetar puede dar una ilusión de control, pero es claramente insuficiente. Hacen falta más propuestas y menos reacciones, y. escuelas y familias que cuenten con las redes de apoyos necesarias.

Niños y niñas crecen en un mundo donde los algoritmos son parte del paisaje. De ahí que no alcancen los discursos de miedo ni los postulados ingenuos. Porque el dilema ya no es si vamos a convivir con la IA, sino cómo integrarla positivamente en la diversidad de experiencias que atraviesan hoy los jóvenes.

Tal vez el verdadero desafío consista en animarnos a habitar ese territorio junto a ellos: sin pautar unilateralmente, sino dialogando y favoreciendo reflexiones sobre lo que la IA hace con nuestras formas de aprender y vincularnos. A la hora de acompañar, como siempre, no valen los artefactos tecnológicos: lo que sigue en juego es la calidad de nuestra presencia, nuestra disponibilidad y la facultad de asumir, sin tercerizaciones mágicas, la indelegable tarea de cuidar.