Hace más de 30 años Dolkun Isa no puede volver a la tierra que lo vio nacer. Hace años que tampoco sabe nada de parte de su familia. Su nombre está en una lista negra y en notificaciones rojas de Interpol a nivel internacional. ¿Su “delito”? Pertenecer a la comunidad uigur de Xinjiang, en China.

Desde muy joven, en su Aksu natal, empezó a percibir la discriminación a la que estaba sometida su población por parte del Partido Comunista Chino, simplemente por su religión. Durante sus años universitarios entre 1984 y 1988 organizó a estudiantes uigures para reforzar la precaria educación que recibía la gente en zonas rurales, y lideró movilizaciones para exigir mejores condiciones, igualdad y elecciones democráticas. Esta iniciativa fue tomada como una actitud desafiante por el gobierno chino: Dolkun terminó en arresto domiciliario, expulsado de la universidad y posteriormente exiliado, primero a Turquía y luego a Alemania, donde solicitó asilo político y reside actualmente.

Desde entonces llevó adelante un inagotable activismo para exponer ante el mundo la brutal persecución que sufre la comunidad uigur en China; persecución que aumentó exponencialmente desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013. Isa fue el tercer presidente del Congreso Mundial Uigur (CMU) y actualmente preside el Centro Uigur para la Democracia y los Derechos Humanos (UZDM, por sus siglas en inglés), lo que le costó estar en la lista negra del régimen, enfrentando detenciones en terceros países y constantes amenazas provenientes del gigante asiático. De hecho, durante su reciente visita a Buenos Aires, fue víctima, una vez más, del brazo represivo del régimen: por pedido de la embajada china, la Cancillería Argentina y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires suspendieron un acto organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) en el que se debatiría acerca de los totalitarismos del Siglo XXI, con la participación de Dolkun.

En el marco de ese viaje a la capital argentina, el activista uigur dialogó con Infobae sobre el “genocidio” al que está sometido su población desde hace décadas. Brindó, además, detalles del calvario que sufren los uigures recluidos en los campos de concentración en Xinjiang, y se refirió a la ambición expansionista de Xi Jinping: “El Partido Comunista no solo es una amenaza para los uigures y los tibetanos, sino también para el propio pueblo chino (...) El objetivo primordial de Xi Jinping es hacer desaparecer por completo la identidad uigur”, resumió.

-Me gustaría empezar hablando de usted, de cómo fue crecer bajo la opresión del régimen chino, y cómo nació el activismo que hoy día promueve para exigir el respeto de los derechos de su pueblo.

-Soy uigur. Nací en Aksu, una de las ciudades de lo que llamamos Turquestán Oriental; China lo llama Xinjiang. Estudié Física en la Universidad de Xinjiang, desde 1984 hasta 1988. Durante mi época de estudiante, fundé una asociación cultural estudiantil, cuyo objetivo principal era que, durante las vacaciones de verano e invierno, movilizáramos a miles de estudiantes uigures para ir a las zonas rurales, a los pueblos, a enseñar a nuestra gente el alfabeto y a mejorar el sistema educativo. Porque en algunos lugares —en bastantes, de hecho—, no había escuelas en las zonas rurales ni en los pueblos. Más del setenta por ciento de los uigures eran analfabetos, y en la vida cotidiana hemos sido testigos de mucha discriminación. Hay mucha desigualdad entre los chinos y el pueblo uigur. Así que cuando llegué a la universidad, pensé: “¿Por qué se produce esta discriminación?”. Si miras la Constitución china, esta región autónoma es la Región Uigur de Xinjiang. Según la ley de autonomía tenemos muchos derechos. Constitucionalmente tenemos los mismos derechos, pero en la vida cotidiana la realidad es diferente. Es porque toda la gente de aquí, mi gente, no tiene ni idea de qué derechos tiene. Primero hay que entenderlo, luego hay que luchar y reclamar tus derechos, de forma pacífica. Por eso pienso que primero tenemos que educar a nuestra gente, elevando el nivel educativo. Este es el objetivo principal, el objetivo primordial; después, movilizar a los estudiantes para que participen voluntariamente. Pero cuando empezamos con esto, al Gobierno chino no le hizo mucha gracia. En 1988, el 15 de junio, organizamos una gran manifestación en contra de la política de discriminación. Ese día, un colega mío y yo mantuvimos un debate de seis horas con el Gobierno chino, con altos cargos del Partido Comunista, para negociar las condiciones. Pero no pudimos llegar a un acuerdo. Volvimos a las universidades y yo lideré a más de ocho mil estudiantes en las calles, exigiendo igualdad y a favor de unas elecciones democráticas. Pero me pusieron bajo arresto domiciliario. Además, era mi último semestre en la universidad, y me expulsaron, por lo que no pude graduarme. Esa es mi historia. Por eso sigo luchando contra la discriminación. Después me fui de mi país en 1994 a Turquía para estudiar un máster. Cambié de especialidad a ciencias políticas. Luego, en 1996, me trasladé a Alemania, donde solicité asilo político. Fundamos el Congreso Mundial de la Juventud Uigur. Más tarde, creamos el Congreso Mundial Uigur.

-¿Pudo volver en algún momento a China?

-No. Han pasado casi treinta y tres años, y nunca he vuelto. No puedo porque mi nombre está en una lista negra. Mi nombre figura en las notificaciones rojas de la Interpol. Por eso me han detenido en tantas fronteras. Me pasó en Estados Unidos, India, Corea del Sur, Suiza, Italia, incluso en Alemania. Hace veinte años nadie conocía muy bien la cuestión uigur. China es un país enorme. Si eres terrorista, la policía comprueba inmediatamente tus antecedentes y te registra. A veces son un par de horas, otras veces días. En una ocasión, por ejemplo, cuando me invitaron a una conferencia internacional en Seúl, me pararon en el control de pasaportes y me retuvieron. Estuve a punto de ser deportado a China. Vinieron casi cuatro policías chinos desde Beijing; querían llevarme a China. Pero yo era ciudadano alemán. Gracias a la presión ejercida por Alemania y Estados Unidos, en el último momento me deportaron a Alemania. China es un país poderoso, que utiliza su poder económico, su poder diplomático y se aprovecha indebidamente del orden internacional.

-En su cuenta de X tiene un mensaje fijado en el que cuenta que no sabe nada de su hermano desde hace años. Menciona, además, que su familia ha sido castigada por su activismo, e incluso relata la situación de su madre, que murió en un campo del régimen. ¿Qué nos puedes contar sobre la persecución a su familia?

-Me fui en 1994, y desde entonces nunca he vuelto a ver a mi familia. Hasta el año 2017 podía hablar por teléfono. A un nivel muy básico. Solo llamaba a mi madre. “Hola, ¿cómo estás?”; “Bien, bien”. Solo dos minutos, y así una y otra vez cada mes. Pero, de todos modos, pude hablar hasta abril de 2017. Desde entonces, no he podido contactar con ellos. A muchos activistas uigures les pasa lo mismo: hemos perdido el contacto con nuestros familiares. Pero, de vez en cuando, si pasaba algo con la familia, las noticias nos llegaban. En 2018, a mediados de junio, recibí un mensaje de un amigo mío de Australia. Me dijo: “Oye, ¿has hablado con tu madre en los últimos catorce meses?”. La última vez que había hablado con ella había sido en abril del año anterior. Y él me dijo: “Tu madre ha fallecido”. Me quedé en shock. Intenté llamar, pero no pude. No conseguí obtener ninguna noticia; quería confirmar de verdad si mi madre había fallecido o no. Más tarde, el servicio uigur con sede en Washington, el Servicio Uigur de Radio Free Asia, estaban llamando a la policía, a funcionarios… Entonces me confirmaron que mi madre había fallecido en uno de los campos de concentración, el 17 de mayo de 2018. Pero me enteré de esta noticia el 12 de junio, casi tres semanas después. Luego, en 2020, me enteré de que mi padre había fallecido. Esto también lo supe por los medios de comunicación chinos. En 2021, recibí otra noticia desgarradora: mi hermano menor había sido condenado a cadena perpetua. A mi hermano mayor lo condenaron a veinte años. Toda mi familia era gente que no se dedicaba a la política, ni eran activistas como yo. Mi madre era una mujer muy sencilla, una ama de casa corriente de 70 años; mi padre tenía más de 80. Mi hermano mayor es profesor de matemáticas, no tiene nada que ver con la política. El “delito” es por mi origen étnico. Solo por esa razón, no hay delito, nada. Tengo hermanas mayores también. En 2021 o 2020, vi en las redes sociales chinas, en la televisión china, que se había producido un documental sobre mis hermanas y otros familiares míos. Ahí vi a mi hermana mayor denunciarme. Si ves el vídeo, puedes entender muy claramente que está leyendo un texto escrito en un papel, hablando en chino, diciendo: “Dolkun, eres un mentiroso. No eres mi hermano (...) Mi madre y mi padre murieron por su edad, por problemas de salud. Nunca fueron a un campo de concentración. Y el Gobierno chino nos trata muy bien”, bla, bla… En el vídeo se ve cómo llevan a mi sobrina a que le den un masaje, a un restaurante, a com er; eso es lo que muestra. Me enteré por este vídeo que mi padre había fallecido. Pero no tengo ni idea de en qué año, en qué mes, en qué circunstancias. ¿En un campo de concentración?; ¿En casa?; ¿En qué cementerio está? No lo sé. Esta es toda la terrible situación de mi familia.

-¿Ella también está en un campo del régimen, y allí fue obligada a leer ese texto?

-No, ella no está en ningún campo. Algunos de mis hermanos mayores también hablan en mi contra. Pero en el vídeo no sale mi hermano mayor, sino su hijo y su mujer hablando en mi contra. Es normal; esto es parte de la propaganda del gobierno.

-Hay muchos informes y denuncias internacionales sobre las torturas que sufren las personas recluidas en esos campos de concentración. Imagino que usted como activista ha podido tener contacto con gente que estuvo allí. ¿Cómo es la dinámica represiva en esos campos del régimen?

-Desde 2017 resulta muy difícil obtener información no solo de los campos, sino de toda la patria del Turquestán Oriental. Pero a partir de finales de 2018, algunos supervivientes de los campos lograron salir al exterior porque son ciudadanos extranjeros o, en algunos casos, esposas de ciudadanos extranjeros. Esa es la razón por la que, debido a la presión de otros países, el Gobierno chino los liberó. Entonces van a Kazajistán, Kirguistán, Egipto, sitios así. Pero antes de que salieran de China, el Gobierno los amenazó: “Tienen que guardar silencio. Si dicen algo, sus familias seguirán aquí”. Entonces es peligroso. Por eso muchos siguen callados. Pero algunos están dando testimonio, y todos cuentan una historia muy similar. Algunos hablan de la pena de muerte, y cuentan que por la mañana, a las seis en punto, tienes que levantarte y hacer autocrítica, sentados todos en la cama. No tienen derecho a mirar a los demás ni a hablar con la gente. “Soy un criminal. Estoy infectado por el radicalismo, por el terrorismo. Soy culpable”, les hacen repetir. Se tienen que criticar a sí mismos, y hay cámaras de vigilancia por todas partes, y policías. Tienen que demostrar lealtad al Partido Comunista Chino, y a Xi Jinping. Antes de beber agua, por ejemplo, deben decir: “Oh, gracias Partido Comunista Chino. Gracias Xi Jinping. Sin Xi Jinping, sin el Partido Comunista Chino, no habría vida, ni agua, ni comida”. Hay que decirlo en voz alta, pero que las palabras salgan del corazón porque hay cámaras por todas partes. Estas cámaras también reconocen las emociones; si hay alguna sospecha de que no lo dices de verdad, te torturan. Están ocurriendo muchos casos de muerte. Cada mañana tienes que practicar el chino; está prohibido hablar en uigur durante las cenas. Si alguien habla su lengua materna, lo torturan. Y hay varios casos de violación, porque muchas de las supervivientes de los campos eran mujeres. Todas dicen que se producían muchos casos de violación y que, además, les administraban medicamentos para la esterilización. Desde la creación de los campos en 2016 hasta 2019, durante casi tres años, solo se les adoctrinaba, se les lavaba el cerebro. Pero luego, a principios de 2019, a algunos de ellos —a quienes el Gobierno chino consideró que el lavado de cerebro no había surtido efecto— los condenaron a diez, quince o veinte años. Antes, si tenías algún problema con el Gobierno o alguna cuestión política, o eras familiar de algún activista, te enviaban a la cárcel. En los campos también son sometidos a trabajos forzados.

-Comenzamos hablando sobre sus años de adolescencia en Xinjiang, en la década del 80. Por lo que describe la situación empeoró mucho desde la llegada de Xi Jinping.

-Sí, exacto. Él marca una diferencia entre el pasado y el presente. En los ochenta, cuando yo era estudiante, también había discriminación, pero al menos salíamos a la calle, nos manifestábamos, dialogábamos con el Gobierno; ahora es imposible. Ni siquiera se puede pensar en ello. Poco a poco, la política del Gobierno chino hacia los uigures se ha ido radicalizando cada vez más, y ahora que Xi Jinping está en el poder, esta política de asimilación y discriminación se ha convertido en una política genocida. El traslado forzoso de la población y la discriminación cotidiana, tanto política como económica, y la explotación económica, existen. Pero desde que Xi Jinping introdujo un cambio drástico, ha erradicado por completo la identidad uigur, y ese es el propósito de los campos, aplicar esta política genocida.

-En línea con esto que me dice, el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a una activista uigur, quien también me dijo que el principal objetivo del régimen es hacer desaparecer a la población uigur.

-Estoy completamente de acuerdo. El 1 de julio de este año China ha empezado a aplicar la ley de unidad étnica. Se aprobó en marzo y entró en vigor el 1 de julio. En realidad, esta ley ya se aplica desde hace varios años para los uigures, pero ahora solo se legaliza porque, si te fijas en la Constitución china y en la ley de autonomía, el uigur es lengua oficial. Y, según la ley, todo el mundo tiene derecho a tener o no creencias religiosas. Pero la lengua uigur en las escuelas y en el ámbito laboral se ha ido erradicando. Cuando yo era estudiante, a los alumnos uigures se les enseñaba en uigur. A los alumnos chinos, en chino. Pero a partir del 2004, en la universidad solo se impartía en chino. Luego, poco a poco, en el 2010, o antes, desde el jardín de infancia hasta la universidad, solo se impartía en chino. La educación debía ser bilingüe, aunque no lo era. Ahora en China se imparte educación en mandarín. El Instituto Estratégico Australiano publicó un informe en 2021 en el que se indica que más de ocho mil mezquitas fueron demolidas por completo. Es posible que otras ocho mil hayan sido parcialmente destruidas. Y está prohibido leer el Corán y ayunar; todas las actividades y prácticas religiosas están prohibidas. Esto se empezó a aplicar hace quince años aproximadamente, poco a poco. Pero recientemente, en los últimos dos años, con la aparición de este problema informático y mucha presión internacional, el Gobierno chino se ha visto obligado a decir: “Ok, tengo que legalizar esto”. Porque el Gobierno recibe constantemente advertencias de la comunidad internacional, de respetar su propia ley. Por eso ahora China ha adoptado esta ley de unidad étnica. Pero, en realidad, esta propuesta del Gobierno chino de hacer desaparecer por completo la identidad uigur es un objetivo primordial de Xi Jinping.

-¿Y con esta legalización se puede esperar un incremento de la persecución?

-La presión está aumentando, y sí, la situación es muy mala. La intención del Gobierno chino es, como decimos, que los uigures dejen de existir por completo. Ese es el objetivo principal. Es muy peligroso. Por eso creamos conciencia y, por supuesto, no se trata solo de una ley contra los uigures, sino también contra los tibetanos. En China hay 56 minorías étnicas. Pero, salvo los uigures y los tibetanos, las otras ya han sido asimiladas, han perdido su identidad, su cultura y su lengua, la mayoría de ellas. Pero los uigures y los tibetanos intentamos sobrevivir. Esto es un dolor de cabeza para el Gobierno, porque el Partido Comunista Chino nunca acepta la diversidad. Así que esta ley de unidad étnica se basa en el principio de “una China”: un pueblo, una nación, una lengua. Significa que otras lenguas, otras culturas y otras etnias deben desaparecer. Por eso los tibetanos también saben por qué estamos haciendo esto en la ONU. Así que, si el mundo entero se limita a mirar sin tomar medidas concretas, no sabemos qué pasará dentro de diez o quince años con la próxima generación de uigures. El Gobierno dice que somos doce millones de uigures, pero nosotros creemos que somos al menos veinte millones. En la diáspora viven más de un millón de uigures. No es fácil hacer desaparecer a los veinte millones, o a los doce millones de uigures. Por supuesto, una parte pudo haber desaparecido. El Partido Comunista no solo es una amenaza para los uigures y los tibetanos, sino también para el propio pueblo chino. Hay cien mil chinos detenidos en los campos. Por ejemplo, Liu Xiaobo, que fue galardonado con el Premio Nobel, murió en el campo, o en la cárcel. Así que creo que el pueblo chino también se merece la democracia. Xi Jinping, quizá siga en el poder cinco o diez años más. Es un ser humano, acabará muriendo. Ahora está tomando medidas contra muchos militares. Hay bastantes militares que no están contentos con la política de Xi Jinping. Es una lucha de poder interna porque él es un dictador. Algún día este sistema se derrumbará. Entonces espero que esta política de persecución cambie y que, en el futuro, sea diferente a la actual.

-Hace unos días, la revista Foreign Policy informó que en los últimos años China ha estado permitiendo -en secreto- algunos viajes a Xinjiang para permitir reuniones familiares a cambio de propaganda, silencio y colaboraciones. Sin embargo, esto no fue anunciado públicamente ni traducido en una medida del Gobierno. ¿Sabes algo al respecto?

-Conozco a bastantes uigures a los que les han permitido visitar a sus familias. Hasta 2018, el Gobierno cortó todo: Internet, las comunicaciones. En 2014 y 2015 confiscaron el Corán y prohibieron el ayuno, porque la religión es un tema muy delicado para el pueblo uigur. Pero fíjate, ningún país musulmán, ninguna organización musulmana se ha opuesto a ello, nadie ha dicho nada. Luego, en 2016, también introdujo restricciones en los pasaportes. Se restringió la libertad de viajar, de expresarse y de hablar. Solo Amnistía Internacional y algunas organizaciones internacionales hicieron declaraciones, pero la mayoría de los países se limitaban a observar. Nadie prestaba atención. Planteamos esta cuestión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; viajamos por Estados Unidos, visitamos el Congreso, el Senado, la Comisión Europea… Y en 2018, la Tercera Comisión de la ONU revisó el informe chino. Entonces se produjo un punto de inflexión: llegó la delegación china, junto con los expertos de la ONU, y recopilaron todas las pruebas y hablaron. Entonces China se vio sometida a presión. Los ciudadanos y los países miembros de la ONU hablaban del tema, y los medios de comunicación también. Desde entonces China cambió de postura y, al principio, lo negó: “No, no tenemos ningún campo. No tenemos nada de eso”. Luego se mostraron las pruebas. Entonces el Gobierno chino dijo: “Sí, tenemos un centro de formación profesional. Educamos a la gente”. Luego China dijo: “Estoy luchando contra el radicalismo y el terrorismo”. Fue cambiando discurso. Se publicó el informe de la ONU; diez parlamentos nacionales han reconocido la moción sobre el genocidio uigur. El Gobierno de EEUU lo ha reconocido. Luego se volvieron a eliminar todos los puestos de control visibles, y China organizó una gira de propaganda en 2023 y 2024, desde países de todo el mundo, especialmente musulmanes. Antes de que lo hayan organizado todo, hay un periodista que dice: “Fuimos a Xinjiang. Todo está normalizado”. Luego, a partir del 2025, cualquier uigur puede ir, pero con una condición: deben publicarlo en las redes sociales y difundirlo. Al volver, el Gobierno chino utiliza a estos mismos uigures como herramienta de propaganda. Yo personalmente me he encontrado con al menos dos o tres personas el año pasado o recientemente que han visitado el Turquestán Oriental. Al principio me decían: “¿Has visitado recientemente el Turquestán Oriental? Todo va bien”, o algo así. “Hace tres años fallecieron mis padres”, me dijo una de las mujeres. “¿Y pudiste visitar el cementerio?”, le pregunté, y ella se puso a llorar. No, no pudo, es que somos musulmanes. “¿Pudiste celebrar el funeral de tu padre?”, le volví a preguntar, y siguió llorando. La gente te sugiere que te calles. Ella me dijo: “Se suponía que me iba a quedar dos meses, pero volví al cabo de dos semanas. Pero, por favor, no digas mi nombre”. Es todo confidencial. Si hablan, si dicen la verdad, entonces sus familiares que no están detenidos vuelven al campo de concentración. A pesar de todo, muy pocos testigos se atreven a hablar. Algunos cambian de nombre, otros no dicen su nombre, pero siguen hablando. Y algunos sí hablan de forma confidencial. La mayoría de ellos, debido a que tienen familiares como rehenes, siguen en silencio. Esta es la situación. El Gobierno sí permite que algunos se vayan y regresen. Incluso algunos familiares, los padres, también los visitan en países europeos o en Estados Unidos. Pero la condición es que algún familiar siga secuestrado, y la condición es que digan que todo va bien, que no hay problemas. Tratan de ayudar a encubrir el genocidio.

-¿La presión de las embajadas a nivel internacional también colaboró para mantener esto en estricto silencio?

-Sí, las embajadas chinas son muy activas en todos los países. Y llaman. Si en algún país hay una comunidad uigur, nos llaman y nos dicen: “Puedes visitar a tu familiar. Sabemos lo que estás haciendo”. Por eso, en 2021 y 2022, un gran número de activistas uigures, jóvenes activistas, utilizaron las redes sociales, dieron testimonios, hablaron y crearon conciencia. Pero más del 80-90 por ciento guarda silencio. Ahora han desaparecido porque a algunos de ellos los han liberado a familiares. Les llaman y les dicen: “Estoy libre. No hagas nada”. Y luego desaparecen.

-¿Las autoridades les dicen qué pueden hacer y qué no durante sus viajes?

-Sí, tienes que aceptar lo que te digan, incluso firmar algo. Aún así, algunos uigures ahora no pueden ir. Porque los chinos tienen una lista de quienes están involucrados políticamente o que han asistido a una manifestación o a una concentración; incluso el Gobierno presiona a la comunidad uigur para que tampoco asistan a ningún evento político o cultural. Hace un par de años, cuando organizábamos una manifestación frente a la embajada china, asistían 100 personas. Ahora solo acuden un par. Esto nos plantea una dificultad.

-Hablando de esas presiones diplomáticas, usted fue víctima esta última semana de ese mecanismo de represión luego de que se cancelara un foro en Buenos Aires por pedido de la embajada china. ¿Qué puede contar al respecto, y le sorprendió la decisión de las autoridades argentinas?

-Sí, me sorprendió mucho. Argentina es un país democrático, es un Estado de derecho. Se trataba de una conferencia muy normal sobre derechos humanos, y a mí me invitaron como ponente. Pero, debido a la presión de la embajada china, el consejo cambió la sede a otro lugar. Esto es inaceptable. Esto es destruir la soberanía nacional argentina, es destruir el Estado de derecho y los valores democráticos de Argentina. No es solo que me hayan detenido en tantos países. Estoy acostumbrado. No es un problema para nosotros. Lo que digo es que, en este caso, tal vez el Gobierno chino ya haya presionado al Gobierno argentino para que me detuviera en la frontera. Quizá haya sido así. Pero tengo suerte de no haber tenido ningún problema, ni una sola pregunta. Así que estoy un poco decepcionado. En algunos países autoritarios ocurre esto, no me sorprende. Argentina sufrió hace solo 30 años un régimen dictatorial, donde hubo desapariciones y se cometieron tantas injusticias. El pueblo argentino aprendió la lección de estos regímenes. Entonces, que venga un país autoritario como China a ejercer presión sobre Argentina y las autoridades digan “de acuerdo”, es inaceptable.

-¿Cuál cree que es el motivo de fondo, la cuestión económica tal vez?

-Sí. Yo creo que es un asunto de negocios, una cuestión comercial por el vínculo económico. Por supuesto, todos los países tienen relaciones económicas con China. Pero este no es el momento adecuado para seguir con los negocios como de costumbre, porque hay trabajo forzoso y la gente está muriendo; algunas marcas internacionales se enriquecen a costa de la sangre de algunos uigures, por eso estamos lanzando esta campaña. Hay que dejar de hacer negocios con China porque la gente está muriendo. Todos los países tienen la obligación legal de detener el genocidio en curso. Todo ser humano tiene la obligación moral de detenerlo. Algunos países y algunas empresas han dejado de hacer negocios con China; EEUU ya ha aprobado la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures. Se prohíbe la entrada en Estados Unidos de cualquier otro producto procedente de Xinjiang y Uzbekistán. Pero algunos países europeos, por ejemplo, mi país, Alemania, también hacen negocios con China. De acuerdo, se pueden mantener las relaciones económicas, no podemos impedirlo. Pero, a pesar de las relaciones económicas, si se destruyen los valores democráticos, eso supone una amenaza para la sociedad. China no tiene ningún límite; si le das un dedo, después te pedirá toda la mano. Por eso esto que pasó en Argentina es peligroso. Si de verdad crees en los valores democráticos, si de verdad estás en contra del régimen autoritario, si realmente has aprendido la lección del régimen dictatorial, tienes que resistirte a esto. Tienes que proteger tu sistema.

-Las dos últimas preguntas. En julio, la ONU publicó un nuevo informe en el que pedía el cierre de los campos de Xinjiang. Ha habido muchos informes y denuncias en los últimos años, pero la situación no cambia. ¿Qué opinión tiene de la respuesta de la comunidad internacional ante la represión contra la población uigur?

-La respuesta de la comunidad internacional también es muy decepcionante. Se ha hablado del tema de los uigures en estos campos, del genocidio, se ha debatido en la ONU y se ha publicado un informe de la ONU. Pero no hemos visto ninguna acción concreta por parte de los Estados miembros. La mayoría de ellos debido a sus relaciones económicas con China. China es hoy la segunda economía más grande del mundo. China utiliza su poder económico para intentar imponer su régimen autoritario a otros países. Hoy en día, la tecnología de vigilancia que se utiliza para vigilar a los uigures se exporta a más de treinta países de todo el mundo. Son los países autoritarios los que se están uniendo, liderados por China y Rusia, pero la sociedad democrática también está dividida. Es una pena que la reacción de la comunidad internacional ante el genocidio uigur sea muy lenta. Y aunque se publicó el informe de la ONU, el actual Alto Comisionado, Volker Türk, no solo no lo mencionó, sino que ni siquiera presentó su informe. Y los miembros no hicieron nada. China está intentando monopolizar el sistema de derechos humanos de la ONU. Lo he presenciado personalmente. Asistimos a todas, o casi todas, las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Casi ha perdido su sentido. Es el máximo órgano para debatir sobre derechos humanos, pero ahora es como si China, Arabia Saudí, Irán y otros países autoritarios fueran los miembros del Consejo. Está ocupado en su mayoría por países autoritarios.

-Para finalizar. En los últimos años el foco geopolítico ha estado puesto en lo ocurrido en Ucrania con la invasión rusa, y más recientemente en la guerra de Medio Oriente. En ambos casos encontramos un rol importante de China con diversas cooperaciones hacia Rusia e Irán. Al mismo tiempo, el régimen de Xi Jinping aumenta su amenaza sobre Taiwán, y se encuentra en plena guerra comercial con EEUU y en disputa con Washington también por el liderazgo de la IA. Frente a este contexto complejo, ¿cuál cree que es el gran objetivo geopolítico de Xi Jinping? ¿Su principal ambición es una futura invasión de Taiwán?

-Xi Jinping tiene un gran “sueño chino”. Quiere ser el gran líder de la historia china después de Mao, quien fundó la República de China pero ni siquiera él pudo reunificar Taiwán. Esa es una de sus grandes ambiciones: ocupar Taiwán e ignorar la presión internacional para poder decir “soy el héroe de la historia china”. Segundo, también tiene el sueño de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Más de ochenta países están involucrados en este proyecto de expansión territorial. Xi Jinping gastó billones de dólares en infraestructura, dando préstamos a países vecinos. Hoy en día es muy difícil usar el ejército y ocupar algún país. Pero ya lograron una ocupación económica. Para Asia Central, desde Kazajistán, Kirguistán, todos los países están relacionados. El gobierno chino les da préstamos, créditos. Todos estos países son muy corruptos, y el gobierno de China lo sabe muy bien. Por ejemplo, el Corredor Económico China-Pakistán, un proyecto de sesenta y cinco mil millones de dólares. Este gobierno de Pakistán también es muy corrupto. El gobierno chino sabe muy bien que el gobierno de Pakistán nunca devolverá este dinero. Pero no importa. Hay ejemplos de esto también en Kazajistán, en Tayikistán. Quizás un 20-30 por ciento se usa realmente para el objetivo. Otro 50-60 por ciento va simplemente al bolsillo de un par de ministros. Luego no pueden pagar. Entonces el gobierno chino, después de cinco años, pide su dinero de vuelta. El gobierno en cuestión responde que no tiene ese dinero, y a cambio ofrece tierras. Así que Xi Jinping por un lado usa el poder económico para su proyecto de expansión territorial, y por otro lado, también utilizan la llamada intervención militar para reunificar Taiwán.

En los últimos días la Argentina fue testigo de cómo el largo brazo represivo de China actuaba con absoluta libertad en su territorio. La embajada de Beijing en Buenos Aires había solicitado a la Cancillería local que evitara un foro en la Legislatura de la capital del país donde se hablaría sobre totalitarismos. Un tópico urticante para el Partido Comunista Chino (PCC).

Solícitos, funcionarios nacionales atendieron la llamada diplomática y activaron sus teléfonos: se comunicaron al Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires para cancelar el evento que molestaba al embajador Wang Wei. La recepción del pedido fue atendida y el guiño, automático: la conferencia “El Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o colapso?“ organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) no se desarrollaría allí.

El caso no es aislado y forma parte de una estructura represiva de China que trasciende sus fronteras. La Ley de Unidad Étnica recientemente sancionada es parte de los movimientos que el régimen conducido por Xi Jinping realiza en todas partes del globo. Los uigures -una etnia radicada en el norte de aquel país perseguida brutalmente desde hace años por Beijing- son uno de los principales depositarios de estos abusos por parte del PCC.

En la conferencia instrumentada por CADAL -que finalmente se realizó en otra sede-, se presentaría Dolkun Isa, uno de los activistas uigures más importantes del mundo, exiliado en Alemania y ex presidente del Congreso Mundial Uigur. Esa fue la excusa que permitió instrumentar la censura, el silenciamiento.

Isa está acostumbrado a este tipo de presiones. El 20 de julio pasado, en Marruecos, fue expulsado del país por pedido de China. Se esperaba un discurso suyo en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa (IRF, por sus siglas en inglés), pero en el aeropuerto de Casablanca fue demorado más de 15 horas y puesto en un avión de vuelta a Alemania. Las autoridades del Ministerio del Interior que lo echaron no dieron mayores explicaciones. Beijing agradeció el gesto de buena voluntad.

El Congreso Uigur Mundial condenó el hecho y pidió explicaciones al gobierno marroquí: “El caso refleja un patrón más amplio de represión transnacional y pedimos a Marruecos que explique la decisión y aclare si estuvo implicada presión china. También se insta a Alemania, la UE, la ONU y a las organizaciones de derechos humanos a pronunciarse sobre el caso”.

Omer Kanat, director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos Uigur, escribió en una columna en The Diplomat que la Ley de Unidad Étnica ya estaba dañando a la minoría que representa en foros mundiales. “Beijing afirma que la ley fomentará la cohesión y protegerá los derechos de las minorías. En realidad, ya está logrando lo contrario”, advierte el autor de esa columna. Y ruega: “Los gobiernos deben tomar medidas decisivas para desafiar la ley y proteger a las comunidades de la diáspora antes de que sea demasiado tarde”.

El autor, un reconocido activista por la causa uigur, señaló que el régimen del PCC “desmanteló la vida social, cultural y religiosa de los uigures”. Numerosos países y parlamentos alrededor del mundo calificaron lo sucedido en la región de Sinkiang como un genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Eso fue lo que el embajador Wang no quiso que se debatiera en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Varios funcionarios contribuyeron en ese pedido.

“La nueva ley hace que las escuelas, las instituciones religiosas, todos los niveles de gobierno e incluso las familias sean responsables de inculcar y hacer cumplir la definición del Partido Comunista Chino de ‘unidad étnica’. Exige que los padres ‘eduquen y guíen a los menores para que amen al Partido Comunista Chino’, reemplaza la educación bilingüe por el mandarín desde preescolar y exige que las instituciones religiosas persistan en la ‘sinización’ de la religión. En otras palabras, todos los niños deben ser educados para amar al Partido Comunista Chino, todos los idiomas deben dar paso al mandarín y cualquier fe solo está permitida cuando se adapta para servir al Estado”, resume Kanat.

El régimen de Xi Jinping busca barrer con el legado y la cultura uigures. Carteles en su idioma, señalizaciones urbanas, libros... todo debe ser reemplazado por el chino mandarín. “No podemos ni expresar tristeza”, dice Kanat en The Diplomat.

Al menos 500.000 uigures permanecen en instalaciones de máxima seguridad en China, mientras millones más son obligados a participar en programas de trabajo forzado organizados por el Estado.

Desde 2017, China gestionó una extensa red de campos de concentración y prisiones donde se detuvo entre 1 y 1,8 millones de uigures y otros musulmanes túrquicos, sometiéndolos a torturas, adoctrinamiento y explotación laboral.

Investigaciones y hallazgos de las Naciones Unidas confirman que estos abusos- tortura, violencia sexual, esterilización forzada y separación familiar- persisten en la actualidad y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Francia y Suecia calificaron estos hechos como genocidio, de acuerdo a un informe del Congreso Mundial Uigur.

Un informe de las primeras semanas escrito por Adrian Zenz, investigador principal en estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo en Washington, y Muetter Tohti, investigadora y activista uigur para Foreign Policy explicó la realidad que viven familias uigures exiliadas.

“Las democracias occidentales finalmente están tomando en serio la amenaza. Los gobiernos están adoptando definiciones formales, han creado grupos de trabajo interinstitucionales y están abriendo canales de denuncia y apoyo para las víctimas. En 2025, los líderes del G-7 emitieron una declaración conjunta sobre el tema, y el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la represión transnacional dirigida contra defensores de los derechos humanos”, subrayan los autores.

Y remarcan otro tipo de represión que está adoptando la autocracia de Xi Jinping: “Los regímenes que perpetran represión transnacional también practican la cooptación transnacional, asegurando la aquiescencia mediante la oferta de beneficios condicionados, así como la legitimación transnacional, fabricando el consentimiento a través de propaganda y el control narrativo relacionado”.

“La represión transnacional se ha convertido en un punto de unión para activistas de derechos humanos y políticos porque los actos de coerción son fácilmente observados y condenados. Sin embargo, por la misma razón, este concepto se ha vuelto demasiado estrecho para captar el repertorio en evolución mediante el cual los Estados intimidan y silencian a sus diásporas”, dicen Zenz y Tohti.

Kanat va más allá: “La afirmación de que individuos en el extranjero podrían afrontar responsabilidad legal por ‘socavar la unidad étnica’ debería alarmar a todos los gobiernos (...). Deben emitir condenas públicas claras, exigir la derogación de la ley y dejar claro que China no tiene jurisdicción sobre la libertad de expresión legal en otros países”.

X: @TotiPI

Estados Unidos prohibió el viernes las importaciones procedentes de otras 43 empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures y otros grupos minoritarios, entre ellas Hunan Aihua Group, una de las mayores fabricantes de condensadores de China.

Las empresas se han añadido a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que restringe la importación de productos vinculados a lo que Estados Unidos ha determinado que son abusos contra los derechos humanos y un genocidio en curso por parte de China en la región de Xinjiang.

Las últimas incorporaciones incluyen también empresas de los sectores farmacéutico, metalúrgico, algodonero, alimentario y de producción de litio.

Esta publicación supone la primera vez que se añaden empresas a la lista bajo la administración Trump, y eleva el número de entidades incluidas de 144 a 187. Se trata, además, del mayor número de entidades añadidas de una sola vez desde que la ley entró en vigor en diciembre de 2021.

Las empresas incluidas en la lista se abastecen de materias primas procedentes de la región de Xinjiang o colaboran con el Gobierno de dicha región para reclutar y trasladar a uigures y otros grupos perseguidos fuera de la región.

Estados Unidos ha afirmado que las autoridades chinas han establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. Beijing niega cualquier tipo de abuso.

“La acusación de que existe ‘trabajo forzoso’ en Xinjiang no es más que una mentira”, afirmó el viernes en un comunicado un portavoz de la embajada china en Washington.

“La legislación china prohíbe explícitamente el trabajo forzoso. Los trabajadores de todos los grupos étnicos de Xinjiang disfrutan, de conformidad con la ley, del derecho a elegir su ocupación por voluntad propia, a recibir un trato igualitario en el empleo y a obtener una remuneración por su trabajo”.

El Grupo Hunan Aihua fue incluido en la lista porque Estados Unidos considera que la empresa se abastece de láminas químicas y otros materiales procedentes de Xinjiang, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en la publicación del Registro Federal de Estados Unidos.

La empresa, que abastece a los mercados de electrónica de consumo, industrial, automovilístico y de energías renovables, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chacha Food Co, cuyos productos se exportan a casi 50 países y regiones, también fue incluida en la lista, según la publicación. Otras empresas añadidas son Xinjiang Tianhongji Technology Co, Tefeng Pharmaceutical Co, Tianshan Aluminum Group y Henan Guorong Electronic Technology Co

Reuters

Atrapado en el polvo, Guan Heng lo arriesgó todo para filmar sitios en la región noroccidental china de Xinjiang. Una vez subidos en línea, sus videos mostraron al mundo dónde las autoridades chinas detenían a uigures y otras minorías étnicas. En 2021, la primera administración de Trump declaró la campaña de China en Xinjiang como una forma de genocidio. Unos meses después, el Sr. Guan huyó de China y cruzó la frontera estadounidense para solicitar asilo. Pero eso lo convirtió en un objetivo de la segunda administración de Trump, que detuvo al Sr. Guan en agosto por haber cruzado la frontera ilegalmente

El 15 de diciembre, un abogado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que el Sr. Guan podría ser trasladado a Uganda para solicitar asilo. Sin embargo, su abogado, Chen Chuangchuang, considera que Uganda probablemente lo devolvería a China. Esto ocurriría a pesar del principio de no devolución, que prohíbe a los Estados devolver a personas a un país donde puedan sufrir abusos, añade.

Se estima que un millón de uigures y otras minorías étnicas fueron detenidos en campos de “reeducación” durante la represión de seguridad en China entre 2017 y 2019. Algunos de los campos fueron clausurados; otros se convirtieron en fábricas o prisiones, y quienes vivían en ellos fueron liberados, enviados a realizar trabajos forzados o encarcelados. Los uigures que se marcharon al extranjero fueron separados de sus familias; muchos buscaron asilo en países como Canadá, donde los gobiernos agilizaron los procesos de asentamiento.

Ahora, los uigures que huyeron están perdiendo protección a medida que China presiona a otros países para que los entreguen, y a medida que Estados Unidos y Europa se vuelven más hostiles hacia los refugiados. China promueve Xinjiang como un paraíso turístico y un lugar seguro al que los uigures deberían regresar. Sus autoridades niegan que se hayan producido abusos contra los derechos humanos en la provincia. Estas acusaciones son la “mentira del siglo”, afirma Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Xinjiang disfruta de crecimiento económico, estabilidad social y armonía entre todos los grupos étnicos, y sus habitantes viven mejor”.

En febrero, Tailandia deportó a China a 40 uigures que habían estado detenidos en Bangkok durante una década, a pesar de las protestas de la ONU. Turquía, un antiguo centro para los uigures exiliados debido a sus raíces turcas compartidas, ha estado cancelando los permisos de residencia de algunos uigures, deteniéndolos en centros de deportación y presionándolos para que firmen formularios de “retorno voluntario”, según Human Rights Watch (HRW), un monitor de tales cosas. Desde 2024, los tribunales de Turquía han estado dictaminando que la no devolución no se aplica a los uigures porque, después de todo, es posible que no corran riesgo de malos tratos o tortura en China. Y el mes pasado, Alemania deportó a una mujer uigur a China después de denegar su solicitud de asilo. Las autoridades alemanas dijeron que fue un error y que la mujer logró salir de China rápidamente hacia Turquía, pero el incidente generó temores más amplios, dice Louisa Greve del Uyghur Human Rights Project, una organización benéfica en Washington, DC.

Mientras tanto, China permite que algunos uigures viajen dentro y fuera de Xinjiang para reafirmar su pretensión de normalidad. En los últimos meses, los medios oficiales han presentado a uigures retornados en viajes patrocinados por el Estado a Jotán, Kashgar, Úrumqi y Turfán, a menudo ondeando banderas chinas, tomándose fotos con pancartas que dicen “Agradezcan al partido” y manifestando su orgullo por el desarrollo de Xinjiang bajo el liderazgo chino. Los uigures que participan en estos viajes “saben que todo es falso”, pero cooperan para poder ver a sus familias, alega Yalkun Uluyol, investigador de HRW que ha entrevistado a 23 uigures que viajan dentro y fuera de China.

Las autoridades chinas presentan a los objetivos de la repatriación como delincuentes que han infringido la ley al cruzar las fronteras del país y como posibles terroristas que podrían atacar a China. Les preocupan especialmente los uigures en Siria, quienes tienen experiencia en combate y hablan amenazadoramente de venganza contra China. El gobierno sirio ha prometido no permitir que el territorio sirio se utilice para “actividades que socaven la seguridad nacional, la soberanía y los intereses de China”. En noviembre surgieron rumores de que Siria planeaba deportar a 400 uigures a China tras la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores del país a Pekín, aunque las autoridades sirias lo negaron.

Siria se encuentra en una situación delicada. Miles de combatientes uigures se han incorporado al nuevo ejército del país. Según informes, un comandante uigur llamado Abdulaziz Dawood Khudaberdi, también conocido como Zahid, también fue nombrado general de brigada. El mayor grupo militante uigur, anteriormente conocido como el Partido Islámico de Turkestán, también ha cambiado de nombre. Ahora se presenta como una organización comunitaria que apoya a las escuelas de lengua uigur, explica Abduweli Ayup, investigador que visitó el noroeste de Siria en octubre. Pero también se encontró con uigures más radicales que aún desean “luchar contra China lo antes posible”. Mientras exista esa amenaza, la caza global de uigures por parte de China continuará.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció este martes una intensificación de la vigilancia sobre importaciones chinas, con especial foco en productos como acero, cobre y litio, para aplicar restricciones vinculadas a los abusos de derechos humanos de los uigures en China, según declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicadas en la red social X.

También se añadieron productos como la soda cáustica y los dátiles rojos a la lista de materiales sometidos a mayor escrutinio en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur.

“El uso de mano de obra esclava es repulsivo y haremos que las empresas chinas rindan cuentas por los abusos y eliminaremos las amenazas que sus prácticas de trabajo forzoso suponen para nuestra prosperidad”, señaló la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, en su canal oficial. Las restricciones se fundamentan en la ley estadounidense que prohíbe la entrada de productos relacionados con el trabajo forzoso, calificando la situación en Xinjiang como violaciones de derechos humanos y genocidio.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el régimen de Beijing ha instalado sistemas de detención y campos de internamiento donde miles de uigures y otras minorías musulmanas estarían siendo obligados a trabajar en condiciones de alta vigilancia y escasa transparencia. Beijing ha rechazado de manera reiterada las acusaciones, alegando que los programas laborales en la región autónoma de Xinjiang buscan combatir la pobreza estructural y proporcionar desarrollo económico a su población.

Distintos grupos de derechos humanos, así como nuevas investigaciones de organizaciones internacionales y medios como The New York Times, The Bureau of Investigative Journalism y Der Spiegel, han reforzado las denuncias con documentación sobre el traslado forzoso de trabajadores uigures a fábricas distribuidas por todo el país. Según estos reportes, el régimen chino implementó un sistema que desplaza a miles de personas fuera de Xinjiang, en un esfuerzo por dificultar el control internacional de las cadenas de suministro, permitiendo eludir restricciones impuestas por EEUU y otros socios occidentales.

La Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, instaurada en 2021, prohíbe la importación de productos desde Xinjiang salvo demostración fehaciente de ausencia de trabajo forzoso. Sin embargo, la extensión de los desplazamientos de trabajadores uigures a otras provincias complica la labor de detección por parte de auditores y agentes de aduanas. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio -impulsor de la normativa- advirtió que es necesario “cerrar las brechas legales que permiten que prácticas laborales deshonestas pasen desapercibidas”.

La Unión Europea ha adoptado medidas similares, con normativas que se espera entren en vigor en 2027. La nueva investigación expone que más de 100 compañías internacionales estarían adquiriendo productos fabricados al menos en parte por uigures sometidos a estos programas de transferencia laboral.

La situación ha puesto en alerta a multinacionales debido al riesgo de incautación de mercancía en puertos estadounidenses si se confirma su origen vinculado al trabajo forzoso. Documentos, publicaciones oficiales y testimonios de personal de seguridad en fábricas permiten rastrear el movimiento de trabajadores desde Xinjiang, frecuentemente bajo estricta vigilancia y con opciones limitadas para rechazar las asignaciones. Activistas insisten en que, pese a que las autoridades chinas presentan los desplazamientos como voluntarios, la mayoría de los afectados carecen de posibilidades reales de decisión y se exponen a represalias si muestran desacuerdo.

Más de 10 millones de uigures siguen afectados por políticas específicas en Xinjiang y todo el territorio chino.

En el plano comercial, la administración Trump renovó la semana pasada una orden ejecutiva para prorrogar 90 días el plazo de entrada en vigor de aranceles a productos procedentes de China, en medio de negociaciones diplomáticas que buscan aliviar la guerra comercial entre ambos países. El Ministerio de Comercio chino acogió la extensión y expresó su deseo de lograr “un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”. Como parte del enfrentamiento arancelario, EEUU llegó a imponer tributos del 145% a productos chinos, mientras Beijing elevó los suyos al 125% sobre bienes estadounidenses.

Reuniones recientes entre delegaciones en Ginebra, Londres y Estocolmo han derivado en ajustes arancelarios y compromisos de revisión de exportaciones estratégicas, como tierras raras y componentes tecnológicos. Sin embargo, las perspectivas de acuerdo se ven tensadas por posibles sanciones a China por continuar importando petróleo ruso en un contexto de conflicto en Ucrania, y por exigencias de Washington para aumentar las compras de soja estadounidense.

El endurecimiento de restricciones estadounidenses y la posible adopción de medidas similares en Europa anticipan más controles aduaneros y exigencias de transparencia para los principales actores del comercio global, en un escenario de vigilancia internacional sobre el cumplimiento de estándares laborales y de derechos humanos en la economía china.

(Con información de EFE y Reuters)

Desde hace años, la región de Xinjiang en China ha sido un foco de atención internacional debido al tratamiento al que se somete a la población de los uigures, una minoría étnica musulmana. Según un informe de The New York Times, las políticas implementadas por el régimen chino incluyen la detención masiva y la intensa vigilancia de los uigures, convirtiendo esta región en un símbolo global de abusos a los derechos humanos y trabajo forzoso. En respuesta, en 2021, el Congreso de los Estados Unidos decidió prohibir las importaciones provenientes de Xinjiang, en un intento de poner fin a estas prácticas deshumanizantes.

No obstante, Beijing ha encontrado mecanismos para esquivar estas restricciones impuestas por Estados Unidos. Se ha implementado un sistema que desplaza a los uigures hacia fábricas ubicadas fuera de Xinjiang. Este esquema busca no solo eludir las prohibiciones de importación, sino también servir como un método de control integral sobre una población históricamente resistente al dominio chino.

Una investigación conjunta llevada a cabo por The New York Times, el Bureau of Investigative Journalism y Der Spiegel revela la dimensión desconocida de estos programas de trabajo estatal previamente. Los esfuerzos por trasladar a los uigures no se limitan a simples cambios de ubicación geográfica; se trata de un fenómeno en el que los trabajadores son redistribuidos en fábricas de todo el país, produciendo para algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Este movimiento ocurre con escasa, e incluso nula, transparencia para los auditores de las cadenas de suministro o los funcionarios aduaneros, lo que provoca un vacío en la detección de abusos laborales y la importación de bienes contaminados por estas prácticas.

En respuesta a estos hallazgos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado leyes con el objetivo de impedir que los consumidores y las empresas financien, indirectamente, la persecución de las minorías en China. No obstante, el seguimiento de estos programas de trabajo fuera de Xinjiang resulta ser una tarea ardua, lo que plantea un desafío significativo para evitar que el trabajo forzado sea parte de la cadena de producción global.

La investigación sobre los programas de transferencia de trabajadores por parte del gobierno chino destaca la magnitud de esta operación. Se estima que decenas de miles de uigures están implicados en este esquema, donde las condiciones de trabajo no siempre son del todo claras. Pese a que el gobierno chino declara que estos programas son voluntarios y que buscan proporcionar oportunidades económicas, activistas y expertos insisten en que en realidad, los uigures se ven obligados a aceptar estas asignaciones laborales. Este movimiento es percibido como parte de un esfuerzo sistemático por parte del gobierno de Beijing para ejercer un control más estricto sobre una minoría que ha mostrado resistencia histórica al dominio chino.

El régimen de China argumenta que la diseminación de los uigures en puestos de trabajo a lo largo del país responde a una iniciativa para combatir la pobreza crónica en Xinjiang. Sin embargo, la narrativa del estado chino choca con las declaraciones de activistas y defensores de derechos humanos que sostienen que los trabajadores frecuentemente carecen de verdadera libertad para rechazar las ofertas laborales, una característica distintiva de los patrones de trabajos forzados ya documentados.

En el ámbito internacional, la situación de los trabajadores uigures tiene un fuerte impacto legal y comercial, especialmente a raíz de la Ley de Prevención de Trabajo Forzado Uigur que Estados Unidos puso en marcha para prohibir las importaciones desde Xinjiang, salvo que se pueda demostrar que los productos no se fabricaron mediante trabajo forzoso. Sin embargo, la implementación de esta ley presenta desafíos significativos, debido a que el seguimiento de los trabajadores que se reubican fuera de Xinjiang representa un gran reto logístico y administrativo.

Simultáneamente, estas medidas no solamente marcan un punto de tensión en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ya había acusado a China de beneficiarse injustamente del comercio exterior gracias a las condiciones laborales explotativas. La situación se agrava con la participación de empresas multinacionales que, consciente o inconscientemente, podrían estar integrando en su cadena de suministro productos fabricados bajo estas condiciones.

Marco Rubio, quien fuera senador por Florida y uno de los principales autores de esta ley en 2021, enfatizó la necesidad de cerrar las brechas legales que permiten que prácticas laborales deshonestas pasen desapercibidas. A nivel europeo, se han promovido normativas similares, aunque su aplicación de manera efectiva aún se encuentra en etapa de preparación, con la intención de comenzar a ser operativas recién en el año 2027.

La compleja relación comercial y diplomática que induce la situación de los uigures en China se destaca como un nuevo campo de batalla en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, reflejando no sólo tensiones económicas, sino también profundas diferencias en cuestiones de derechos humanos y prácticas laborales.

La investigación arroja luz sobre las prácticas poco visibles de transferencia de trabajadores uigures. Utilizando declaraciones públicamente accesibles, anuncios corporativos, informes mediáticos estatales, y redes sociales, los investigadores destaparon el alcance de estas políticas laborales. Documentos oficiales y publicaciones en redes sociales mostraron a uigures partiendo de Xinjiang e integrándose a líneas de ensamblaje en otras provincias, a menudo bajo estricta supervisión y condiciones laborales de alta intensidad.

Dichas publicaciones expusieron cómo las autoridades buscan ejercer control sobre estos trabajadores, mostrándolos en filas ordenadas en estaciones de tren y detallando condiciones que podrían interpretarse como restrictivas. Asimismo, el personal de seguridad en ciertas fábricas ha confirmado que los uigures fueron enviados a trabajar allí por intermediación gubernamental.

La investigación reveló que una amplia variedad de empresas multinacionales podrían estar involucradas directa o indirectamente en el uso de trabajadores uigures. Según el informe, más de 100 compañías parecen recibir trabajadores o productos realizados por ellos.

Toda esta situación pone a muchas marcas globales en una encrucijada, donde podrían ver un riesgo real de tener bienes incautados por las aduanas estadounidenses si se demuestra el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Además, la inminente aplicación de legislaciones europeas similares añade otra capa de complejidad a la operación global de estas empresas.

Expertos y activistas aseguran que estos trabajadores tienen escasa capacidad de elección en la aceptación de empleos fuera de Xinjiang y que cualquier desacato podría acarrear serias repercusiones, como ser etiquetados como “alborotadores”. En una región donde actos menores, como poseer un Corán, pueden derivar en detenciones prolongadas, el peso de estas acusaciones es especialmente oneroso.

Los beneficios económicos de los trabajos ofrecidos, en contraste, son un fuerte aliciente ante las limitadas oportunidades disponibles y la estricta vigilancia que enfrentan dentro de Xinjiang. Sin embargo, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los uigures empleados bajo estos programas continúan generando dudas y crítica internacional.

En el escenario comercial global, la transferencia de trabajadores uigures presenta complicaciones legales considerables para las empresas, especialmente en aquellos países con regulaciones estrictas sobre el trabajo forzoso. Las leyes internacionales como la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur en Estados Unidos crean un marco difícil para las empresas que dependen de cadenas de suministro que puedan estar, consciente o inconscientemente, contaminadas por estas prácticas.

Se ha documentado que componentes manufacturados en fábricas chinas, potencialmente operadas con trabajadores uigures, son exportados globalmente a mercados como India, Indonesia, México, y también Europa y América del Norte, incluyendo negocios estadounidenses que podrían enfrentar restricciones bajo el marco legal actual.

Las empresas tienen la difícil tarea de garantizar prácticas laborales éticas en sus extensas cadenas de suministro. Por un lado, grandes marcas corren el riesgo de que sus bienes sean requisados por las aduanas en Estados Unidos si se encuentra evidencia de trabajo forzoso. Por otro, tanto la reputación como la viabilidad económica de estas empresas están en juego, en una época en que los consumidores exigen transparencia y responsabilidad ética.

El conflicto de intereses entre el expansionismo económico chino y los estándares internacionales de derechos humanos se erige como un desafío crítico para el comercio global. Las marcas enfrentan una decisión crucial: asegurar que sus suministros estén libres de prácticas laborales explotativas o buscar alternativas fuera de China para preservar la confianza del mercado y evitar posibles sanciones legales.

Bangkok, 22 ene (EFE).- Expertos de Naciones Unidas reclaman a Tailandia que pare de inmediato cualquier plan para deportar a China a 48 uigures, que llevan más de una década detenidos en un centro de inmigración en Bangkok, por el riesgo a represalias contra los miembros de esta minoría étnica.

"El trato que se da a la minoría uigur en China está bien documentado", citan los expertos de la ONU en un comunicado y remarcan los principios internacionales que prohíben "la devolución o el traslado a un país donde exista un riesgo real de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Grupos garantes de los derechos humanos, como Human Right Watch y Save Uyghur, han alertado en las últimas semanas de que el gobierno tailandés planeaba el traslado de los uigures a China, algo que fue negado este miércoles por el director de la Policía, Kittharath Punpetch, en declaraciones a los medios locales.

El Ministerio de Exteriores tailandés ha declinado hasta la fecha contestar a las preguntas de los medios al respecto.

Los 48 uigures formaban parte de un grupo de unas 350 personas de esta minoría musulmana reprimida en China que fueron apresados en 2014 al entrar de manera irregular en Tailandia.

En 2015, Bangkok deportó a más de 100 hombres uigures a China, lo que desató una ola de indignación internacional. Mientras que, en paralelo, envió a 170 mujeres y niños uigures a Turquía.

A raíz de esta medida, cientos de manifestantes atacaron el consulado de Tailandia en Estambul para expresar su descontento. Además, en agosto de ese año, Bangkok sufrió el peor ataque terrorista de la historia del país, que fue atribuido a dos uigures, supuestos cabecillas de una mafia de tráfico de personas.

El resto del grupo que no fue deportado ha permanecido desde entonces "en régimen de incomunicación durante más de una década, sin acceso a abogados, familiares" ni representantes de organismos de la ONU.

"No se debería devolver a estas personas a China, sino que se les debería proporcionar acceso a los procedimientos de asilo y a otra asistencia humanitaria, incluido el apoyo médico y psicológico en Tailandia", subrayan los expertos al remarcar que 23 de ellos padecen "graves problemas de salud".

Además, durante este tiempo, cinco uigures detenidos murieron en Tailandia, dos de ellos menores, según los informes recogidos por la ONU.

Los expertos reclaman que los detenidos deben ser "liberados sin demora", en el caso de que una evaluación determine que "están siendo privados de libertad arbitrariamente o de una manera incompatible con las normas internacionales de derechos humanos".

La minoría uigur, una comunidad emparentada con pueblos de Asia Central que profesa la religión musulmana, vive en la provincia de Xinjiang. En los últimos años, varias oenegés han acusado a Pekín de reprimir a este pueblo y arrestar a miles de personas para enviarlas a supuestos centros de reeducación. EFE

Ginebra, 21 ene (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron este martes al Gobierno de Tailandia que detenga la posible expulsión de 48 personas de la minoría musulmana uigur a China, alegando que podrían sufrir tortura o maltrato.

Los 48 uigures forman parte de un grupo de unas 350 personas detenido en Tailandia en 2014 tras cruzar irregularmente la frontera, y que han estado detenidos de facto en régimen de incomunicación durante más de una década "sin acceso a abogados, contacto con familiares" o representantes de la ONU, señalaron en un comunicado.

"Estas personas no deben ser devueltas a China, y en lugar de ello se les debe brindar acceso a trámites de asilo y otra asistencia humanitaria, médica y apoyo psicosocial", agregaron, recordando que 23 de los 48 uigures sufren problemas graves de salud.

También recordaron que cinco detenidos uigures en Tailandia han fallecido en los últimos once años, entre ellos dos menores, bajo "inadecuadas condiciones de detención, incluyendo falta de acceso a atención médica".

Firman el comunicado entre otros la relatora de la ONU para la tortura, Alice Jill Edwards, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.

Grupos de derechos humanos y diversos gobiernos occidentales han acusado repetidamente a China de detener a centenares de miles de uigures, etnia musulmana de lengua túrquica en la región noroccidental de Xinjiang, con la excusa de combatir el terrorismo yihadista y el extremismo en esa zona de Asia Central. EFE

Pekín, 16 ene (EFE).- China acusó este jueves al grupo estadounidense PVH, matriz de reconocidas marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, de incurrir en "conductas inapropiadas relacionadas con Xinjiang".

El Ministerio de Comercio de China indicó hoy en un comunicado que la investigación contra PVH, iniciada el pasado 24 de septiembre de 2024, está en fase avanzada y que se han revisado los documentos presentados por la empresa.

Señaló que se identificaron irregularidades preliminares en las actividades de PVH vinculadas a la región occidental china de Xinjiang, y destacó que los resultados finales serán publicados conforme a la ley.

Además, afirmó que "los resultados finales serán publicados conforme a la ley" y enfatizó que las empresas extranjeras que actúan dentro del marco legal no deben preocuparse, reafirmando su compromiso de garantizar un entorno empresarial justo y estable.

Como parte de los próximos pasos, el organismo chino aseguró que se planea realizar una reunión regulatoria con la compañía para abordar los hallazgos preliminares.

Desde 2020, el algodón de Xinjiang ha estado en el centro de la atención global, cuando varias marcas de ropa estadounidenses y europeas, incluidas Adidas, Nike y H&M, expresaron preocupaciones sobre el abastecimiento de la región debido a las denuncias de trabajo forzado.

En 2021, las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, llevaron a la ONU los supuestos abusos del Gobierno chino contra los uigures y otras minorías en la provincia de Xinjiang, elevando la presión contra Pekín, que negó siempre todas las acusaciones y las calificó como un pretexto para tratar de hacerle daño.

EE.UU., de la mano del Reino Unido y Alemania, convocó un acto virtual dedicado en exclusiva a analizar la situación en Xinjiang, que contó con los testimonios de activistas de derechos humanos, expertos y representantes de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.

Todos denunciaron la ocurrencia de graves abusos en la provincia noroccidental -con minorías musulmanas como la uigur sufriendo detenciones masivas, torturas y trabajos forzados- y con algunos Gobiernos, incluido el estadounidense, hablando de la existencia de un "genocidio".

Esa zona produce aproximadamente el 20 % del algodón mundial y, según los denunciantes, las labores en el cultivo y recolección se realizan en parte gracias al trabajo forzado al que son sometidos los uigures por parte de las autoridades chinas. EFE

La represión sufrida por los uigures en Xinjiang bajo el régimen de Xi Jinping ha sido objeto de denuncias constantes en los últimos años. Es tan brutal y evidente la represión que vive esa minoría musulmana en China, que el mismo Partido Comunista se vio obligado a diseñar una compleja maquinaria para hacer frente a la ola de denuncias por las violaciones a los derechos humanos.

Rayhan Asat y su familia conocen de primera mano cómo el régimen de Beijing oprime a esa población. Rayhan nació en Xinjiang, pero siguió sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde se graduó como abogada en Harvard. En esa misma época en que obtuvo su tan ansiado diploma, en 2016, su hermano Ekpar Asat fue secuestrado y recluido en los campos de concentración del régimen, donde los internos -que ya suman millones- enfrentan condiciones inhumanas entre hacinamiento, vigilancia constante y adoctrinamiento político.

En un principio la joven abogada, por temor a represalias, apeló a canales privados para lograr la liberación de su hermano. Como no tuvo éxito, y a medida que aumentaba la represión en Xinjiang, decidió exponer el caso ante la opinión pública internacional. Así, desde 2020 encabeza la defensa de su hermano y de otros tantos uigures.

En el marco de su visita a Argentina y Chile, países en los que mantuvo encuentros con políticos y actores de la sociedad civil para abordar las violaciones a los derechos humanos en su país, Rayhan dialogó con Infobae. Durante la extensa charla contó cómo fue crece en esa región del sur de China y cómo cambió la situación desde la llegada de Xi Jinping al poder. También recordó cómo fue su último encuentro con su hermano en Estados Unidos, antes de su detención, y el calvario que vive su familia -y la de millones de uigures- en medio de constantes hostigamientos y amenazas.

Además, reveló las atrocidades que lleva a cabo el régimen de Xi Jinping “para hacer desaparecer” a la población uigur. “La única manera de explicar esto es a través del genocidio. Es como un intento deliberado de hacer una limpieza étnica”.

-¿Cómo fue crecer en Xinjiang, siendo parte de la población uigur?

-Nací a mediados de los años ochenta. Las atrocidades ocurrieron hace relativamente poco. En ese entonces, la gran mayoría de la gente todavía era uigur, así que no sentías que eras una minoría. Es tu tierra, tu cultura, tu gente... Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Hubo un cambio demográfico cuando comenzaron a traer a los Han para venir a la tierra de los uigures. Y luego fue en forma de asentamiento; es un gran proyecto colonial. Traen a estas personas Han y les dan mejores empleos y oportunidades. Mi generación empezó a experimentar algo llamado asimilación forzosa, lo que significa que todo se te enseña en chino, en lugar de en tu propio idioma y tu propia cultura. Aprendemos la cultura china en lugar de la cultura uigur. Para mí es un aspecto muy violento del colonialismo. El gobierno chino fue realmente bueno en hacerte creer que tu cultura es inferior a la suya. Pero en ese momento piensas “estoy aprendiendo chino, qué maravilloso”, sin entender que hay algo violento e invisible que está arrancándote tu dignidad e identidad. Por eso, como no sabes eso, las cosas se sienten normales. Teníamos teatros, artistas, que intentaban expresarse plenamente a través del arte dramático, había mucha historia profunda, que a menudo se expresa a través de la música y el arte. Históricamente siempre hemos sido oprimidos por el estado chino. Les ocurrió a nuestros antepasados, a nuestros padres, siempre ha estado ese trasfondo, pero no como ocurre ahora.

Nosotros hemos desarrollado algo muy único, que es expresar nuestra opresión de manera implícita a través de la literatura. Pero no dices que es opresión. Usas un lenguaje oculto para expresarlo. Hoy en día escuchas sobre personas que son encarceladas simplemente por haber escrito un poema, es algo escalofriante. Y la sociedad empieza a conformarse y simplemente acepta las cosas como son; es lo que el gobierno chino quiere que hagas.

Yo crecí en una familia secular, así que la religión no era una gran parte y de todas formas no se te permitía practicar la religión. Pero aún así amábamos cualquier tipo de festivales, celebraciones... Eso se ha perdido porque la gente ni siquiera puede practicar su cultura.

-¿Y cómo decidiste irte a Estados Unidos? ¿Fue porque te empezaste a dar cuenta de esa creciente opresión?

-Primero fui a Wuhan. Hay pocos lugares a los que los uigures podemos ir, como Pekín, Shanghái y Wuhan. Quería estudiar derecho y ciencias políticas. En la escuela secundaria te dividen en ciencias naturales o ciencias sociales. Cuando solicité ingreso a la universidad, solo pude elegir ciertas especialidades. Esa universidad aceptaba personas de ciencias naturales, así que terminé yendo a Wuhan. Allí conocí a una profesora que venía de Canadá, la profesora Janet Walker. Traté de explicarle quiénes son los uigures. Ella sabía sobre los tibetanos, pero no sabía mucho sobre los uigures. Cuando le conté de nosotros, me dijo: “Creo que ustedes son como los pueblos aborígenes de Canadá, donde ocurrió mucho asentamiento”. Me fascinó que nos llamaran población indígena porque sienten que somos los dueños de la tierra. Los indígenas de todo el mundo nunca tuvieron éxito, simplemente se convirtieron en poblaciones marginadas. Los uigures son ahora una población marginada. Así que traté de entender esta comparación que hizo. Después de conocerla, terminé yendo a una escuela de derecho en Canadá; esa experiencia me introdujo al pensamiento crítico, a cómo reflexionar sobre las cosas, cómo pensar sobre la libertad. Después de un tiempo extrañaba mi cultura, porque la cultura de América del Norte es un poco más fría en comparación con la nuestra. Pero tampoco quería volver a China porque sé que una vez que pruebas la libertad, es muy difícil regresar a un lugar donde no la hay. Es imposible. Así que me sentía nostálgica. Entonces pensé cuál era el lugar que podía acercarme más a casa, y ese lugar era Estambul. Entonces, terminé viviendo en Estambul durante algunos años. Luego me di cuenta de que estaba como occidentalizada hasta cierto punto, y Turquía realmente no era para mí. Así que me fui a Estados Unidos y estudié en la Escuela de Derecho de Harvard. También conseguí un trabajo en un bufete de abogados.

-Y cuando te estabas por graduar en Harvard ocurre lo de tu hermano… ¿Cómo fue ese momento?

-Él estudió ciencias de la computación, es un genio. Creó una plataforma y tuvo mucho éxito; pero lo más importante, ayudó a mucha gente. Le daba voz a personas que querían tener éxito: artistas, escritores… Podías difundir ideas cumpliendo completamente con la censura de China. Tuvo tanto éxito que conoció al embajador de Estados Unidos durante la gira por Asia del presidente Obama; también lo invitaron a asistir al programa IVLP, y lo pude ver mientras yo estaba en Harvard. Fue un tiempo hermoso. Estaba tan orgullosa de él; no sabía qué tan famoso era este programa y él era tan humilde. Vino como parte del grupo de China junto con ocho mujeres más; todos lo amaban. Tuvimos un breve encuentro en Nueva York y Washington DC, y ni siquiera tomamos fotos porque simplemente estábamos disfrutando el tiempo juntos. En un momento, mi hermano dijo: “Debemos tomar fotos”. Estaban en su teléfono. Luego volvió a China. La idea era que traería a mis padres para mi graduación. Pero de un momento a otro mis padres cancelaron su viaje; estaban tan asustados de decirme la verdad que inventaron una excusa sobre que mi tía estaba enferma. Yo pensaba: “Esto no tiene sentido”. Yo fui la primera uigur en estudiar en la Escuela de Derecho de Harvard, era un evento histórico. Seguí llamando a mi madre porque estaba muy decepcionada. En un momento ella comenzó a llorar y me dijo que por favor dejara de preguntar; luego llamé a mi hermano, pero nunca pude contactarlo. Entonces le pedí a mi madre que me dijera dónde estaba mi hermano y no me decía nada, solo seguía llorando. Le dije que pusiera a mi hermano en el teléfono o en una videollamada, sino significaba que algo estaba mal. A él se lo llevaron y el día de mi graduación fui la única persona que no tuvo a su familia presente.

-Inmediatamente decidiste usar tu formación para defender no sólo a tu hermano, sino a muchos uigures. Incluso llegaste a hablar ante el congreso de EEUU, en el Parlamento Europeo… ¿Cómo fue esa experiencia, teniendo en cuenta además que tenías poca experiencia y estabas asumiendo un desafío muy grande?

-No sabes qué hacer cuando simplemente se llevan a alguien. Estaba tan asustada. Cuando pregunté a las personas, había muchos riesgos. Si vas a los medios, podría ayudar o podría perjudicar. Nunca lo sabes. Y creo que debido a este dilema, esperé un poco tratando de entender, tratando de llegar al gobierno chino por diferentes medios, como a través de mis profesores o del Departamento de Estado. Nada de eso funcionó. La única manera en que puedo lograr un cambio es hablando sobre los crímenes atroces. Pero cuando estuve lista para contar mi historia, el mundo no estaba listo para escucharla porque ocurrió la covid. La covid era el titular diario en todos los medios. Nadie iba a escuchar sobre el hermano de alguien que había desaparecido. Además, sabía que si hablaba en contra de China, el gobierno podía hacer muchas cosas a mi familia, cosas inimaginables. Pero me vi forzada a hablar y tomé coraje; coraje que vino por el amor que tengo hacia mi hermano y mi pueblo. Porque no es solo mi hermano, hay millones de personas inocentes en los campamentos.

-¿Finalmente tu familia sufrió algún tipo de consecuencia por tus denuncias?

-Hay un dilema. Es lo que el gobierno chino quiere que sientas: ¿vas a abogar por tu hermano o vas a abogar por todos? Porque si solo haces eso, tal vez exista la posibilidad de que lo liberen. Pero si haces aquello, las posibilidades son más difíciles. El gobierno chino no entiende el dilema moral que puede sentir una persona, un abogado... No puedes simplemente hablar de tu hermano, eso sería egoísta. Los chinos, la sociedad, está muy centrada en uno mismo. Entonces no entienden tu lucha por las otras personas: son tus vecinos, tu comunidad, hay un amor profundo. Todo lo que ven es como una forma de pensar muy autoritaria y lineal; eliges esto o aquello. Con relación a mi familia, como alcancé un perfil público bastante rápido, de cierta forma eso los protegió de ser encarcelados. Pero, a lo largo de los años, sufrieron mucho acoso e intimidación por parte de las autoridades chinas. Creo que no me cuentan porque quieren protegerme, y no quieren que sufra o me sienta culpable por lo que estoy haciendo. Esa es mi percepción. Ellos simplemente se lo guardan todo. Y creo que eso es exactamente lo que hace mi hermano. Nunca permitieron que mi familia lo visitara, hasta el año pasado. La mentalidad del gobierno chino es que cuando estás reuniéndote con tu familia, después de muchos años, vas a estar emocionalmente afectado. Mis padres se prepararon mucho mentalmente para esta reunión, pero nunca estás listo. Mi hermano estaba de rodillas y lo esposaron. Aparentemente, si te pones sentimental al ver a tu familia, te descuentan puntos. ¿Qué tan cruel puede ser? ¿Cómo no vas a emocionarte después de ocho años sin verlos? Tienes que hacer creer que estás muy feliz en el cautiverio, y mis padres tienen que decir que están bien. Y él tiene que decir que está bien. Es un juego de guerra psicológica que ellos están jugando, es enfermizo. Creo que mi hermano sabe que no puede verse terrible porque eso haría que mis padres se sintieran incluso peor. Mi papá sufrió mucho. Como resultado, tiene cáncer, pero mi hermano no lo sabe. Intentan protegerlo, y él intenta protegerlos a ellos. Yo, en tanto, dejé mi vida personal en pausa. Cuando un ser querido va a prisión, no puedes simplemente disfrutar la vida ni seguir adelante con tu vida. No creo que mis padres hayan reído genuinamente en los últimos años. El gobierno chino nos arrebató tanto. No hay un día en el que dejes de pensar en esa persona y por eso te abruma y te consume, y es imposible seguir adelante con tu vida. Es imposible.

-¿Este encuentro al que haces referencia fue el pasado mes de mayo?

-Así es.

-¿Y después de ese encuentro, pudieron volver a verlo?

-Sí, pero él no está detenido en Urumchi; nosotros somos de Urumchi, la capital. Para realmente quebrar a los uigures, incluso a los prisioneros, los trasladan a lugares más remotos, a una ciudad donde nadie lo conoce. Porque en Urumchi, incluso tal vez un oficial de policía podría conocerlo. Mis padres tienen que viajar varios kilómetros, así que pasan todo un día en eso, porque tienen que tomar el tren nocturno para llegar y luego el tren nocturno para regresar. Es como una lucha de 48 horas.

-¿Vos tuviste la oportunidad de hablar con él en todos estos años?

-No.

-Mencionaste que está en una prisión. ¿Se trata de una prisión normal de máxima seguridad o en una que forma parte de la red de campos de concentración construida por el régimen?

-Si, forma parte de este sistema de campos. Él está en uno de los más nuevos, yo lo pude ver a través de una imagen satelital de Google.

-Hay muchos reportes y denuncias de las atrocidades que ocurren en esos campos. ¿Cómo es el trato que reciben allí los uigures?

-Averiguamos esto a través de las historias de los sobrevivientes, porque mi hermano no puede contar nada. Los sobrevivientes dijeron que mi hermano estuvo en confinamiento durante algunos años, y eso realmente me destrozó el corazón; ojalá hubiera alzado la voz antes. Pero al parecer hay como 20 personas apiñadas en una celda. No hay higiene, están uno sobre otro y obviamente hay cámaras por todas partes. Les hacen adoctrinamiento político; y algunos de estos campos de prisión tienen fábricas de trabajo forzado integradas. Así que los obligan a trabajar y luego venden sus productos hechos con mano de obra esclava. No tienen juicio ni nada; simplemente lees que vas a cumplir 15 años, te informan tu sentencia sin tribunal ni nada. Presenté una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria y Desapariciones Forzadas, y emitieron una decisión que afirmó que lo que le ocurrió a mi hermano fue una desaparición forzada porque no sabíamos nada de él. Le pidieron al gobierno chino que proporcionara pruebas de si había cometido un crimen, si tenía un abogado, si había un registro judicial, si había una sentencia judicial, nada de eso… Entonces, la ONU emitió una decisión pidiéndole al gobierno chino que compensara los años que le quitaron a mi hermano, que lo liberara inmediatamente, castigara a los funcionarios que lo pusieron en esta situación y publicara esta decisión. Obviamente, el gobierno chino ni siquiera publicó eso; intenté publicarlo yo, pero recibí un bloqueo en la red. Es muy difícil que las personas entiendan cuán sofisticado es el gobierno chino en términos de vigilancia y control.

-Al comienzo de la entrevista hablaste de tu infancia en Xinjiang y marcaste la diferencia con respecto a la era Xi Jinping. ¿Cómo vive hoy la gente bajo este nivel de opresión?

-Hay un par de cosas ocurriendo. Todo el mundo tiene miedo porque siempre hay noticias. Cuando Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex alta comisionada para los DDHH de la ONU, visitó China, la gente intuyó que algo estaba ocurriendo. Eso les da esperanza de que tal vez haya conciencia, pero el problema es que también oyen que acaban de arrestar a una nueva persona o que han detenido a unas cuantas más. Y eso genera mucho miedo. Y la gente simplemente guarda silencio; no dice nada. Por ejemplo, en este momento debería haber ayuno por Ramadán. Nadie ayuna. De hecho, acabo de ver la noticia de que tienes que comer durante el almuerzo, tomar una foto y enviarla al gobierno chino para demostrar que no estás ayunando. Pero hacia el exterior, el gobierno dice: “Tienen libertad de religión aquí, pueden practicar su cultura”. Pero esa no es la realidad. Así que la gente vive con mucho miedo. Lo que realmente se ha perdido es la aspiración; creces con sueños de futuro, aspiraciones. Ya no tienen sueños y es como una mentalidad muy uniforme, conforme con la ideología del gobierno, simplemente pasando el día.

-¿También hay diferencias respecto a los derechos de las mujeres y de los hombres?

-Muchos hombres son llevados a los campos; y muchas mujeres ahora son forzadas a casarse con hombres Han, hombres chinos. El gobierno está incentivando los matrimonios. Y si no te casas con un hombre Han, el gobierno te asigna uno, o tu familia podría ser llevada a los campos, y muchas mujeres hacen eso solo para salvar a sus familiares. Es el aspecto más despreciable porque un matrimonio debería ser una elección individual. El estado no tiene nada que ver con eso. Pero el gobierno chino quiere incentivar eso, una forma de matrimonio forzado. Además de eso, lo que están haciendo con las mujeres uigures es la esterilización forzada. Muchas mujeres fueron esterilizadas para que no tengan hijos. Y lo llaman algo así como optimizar la población, optimizar el nacimiento uigur. ¿Puedes imaginarte eso? Es como lenguaje de Holocausto. Y los hombres son sometidos a torturas. Las mujeres, en cambio, están sujetas a vivir una vida sin hombres o a ser forzadas a casarse. También está el tema del trabajo forzado, que afecta a los hombres que no fueron llevados; los ponen en fábricas de trabajo forzado. Por supuesto no todos son llevados. Así es como crean esta ilusión de normalidad. Pero en realidad no hay una sola familia en la que al menos una persona no haya sido llevada.

-¿Si alguien se quiere ir hoy de Xinjiang puede hacerlo?

-No. El gobierno está haciendo algo muy oscuro. Se dieron cuenta de que perdieron la narrativa internacional sobre Xinjiang. Porque al principio, si recuerdas, dijeron que los campos no existían, y luego los llamaron campos de reeducación. Cambiaron el lenguaje y dijeron: “Estamos haciendo una capacitación vacacional para los uigures”. Así que hubo un cambio en el tono porque de inmediato los judíos empezaron a compararlo con el Holocausto, y eso no les gusta. Ahora el gobierno chino se dio cuenta, después de la investigación de la ONU, de que no pueden salirse con la suya. Así que lo que hacen es invitar a algunos turistas, influencers, blogueros para que vayan. Los llevan a ciertos lugares, toman fotos, solo para decir: “Mira qué felices están los uigures”. Y luego también seleccionan a ciertos uigures, definitivamente no mis padres, a quienes se les han dado ciertas instrucciones; estarán en París y comenzarán a bailar en la plaza y dirán: “Mira, los uigures pueden viajar, vivir con normalidad”. No. Los uigures ni siquiera tienen un pasaporte. Esto es orquestado por el gobierno para mostrar una imagen muy diferente de Xinjiang. La gente aún no puede vivir libremente en Xinjiang.

-¿Y cómo es la represión hacia la diáspora? ¿Vos, por ejemplo, tuviste algún caso de amenaza o intimidación viviendo afuera?

-Cuando un Estado extiende su largo brazo hacia otro país y oprime a su gente, aunque se hayan convertido en ciudadanos de otro país, se llama represión transnacional porque es un crimen que cruza fronteras. Muchos uigures enfrentan acoso e intimidación por parte de los chinos y en América del Norte hay muchas estaciones de policía chinas que han sido descubiertas. También están utilizando algo llamado demandas por difamación. Algunos actores uigures enfrentan demandas en Francia solo por hablar contra los crímenes atroces del gobierno chino, para silenciarlos. Porque el Estado tiene mucho dinero. Es el tipo de tácticas que los Estados autoritarios usan para intimidarte, para silenciarte, para acosarte, para que nunca puedas alzar la voz contra los crímenes atroces que cometen. Muchas personas en la diáspora están agotadas, porque el cambio no llega. Creo que ahora menos personas que antes están alzando la voz sobre lo que está ocurriendo, y eso sumado a la intimidación, el silencio y todas estas cosas. O a veces te dicen: “puedes recibir una llamada”, y estás desesperado por esa llamada.

-Muchos activistas, sobrevivientes, aseguran que el objetivo de Xi Jinping es hacer desaparecer a los uigures. ¿Coincidís con esto?

-Cien por ciento. Y por eso fui parte de un grupo de abogados independientes, profesores, académicos, que se reunieron y analizaron los crímenes atroces a través del lente de la convención sobre genocidio de 1948. Y la única manera de explicar esto es a través del genocidio. Es como un intento deliberado de hacer una limpieza étnica. Quieren provocar una lenta desaparición de esta población. El 9 de abril será el noveno aniversario de su desaparición forzada. Espero que mi hermano no se dé por vencido y que nadie en esos campos se dé por vencido. Pero muchas personas están muriendo en los campos.

-¿Cómo lo calificarías a Xi Jinping?

-Es un líder autoritario. Lo llaman dictadura democrática. El hecho de que uses el término “dictadura” dice mucho sobre qué tipo de sistema es. Pero no es sólo Xi Jinping, todo el Partido Comunista es parte del sistema. Muchos académicos argumentan que el sistema de China era una autocracia de partido único y ahora se ha trasladado a una autocracia personalista donde un hombre gobierna todo. Creo que todavía hay una combinación de ambas: autocracia de partido único y quizá de autocracia personal. Son ambas. Porque aún cuenta con el apoyo del propio partido.

-¿Qué opinión tienes respecto a la posición de la comunidad internacional frente a la represión en Xinjiang? Días atrás, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra los responsables de retornos forzados a China…

-Con la nueva administración de Estados Unidos veremos qué sucederá. Hemos visto algunas políticas fuertes, como las anunciadas por el secretario Rubio, pero todavía tenemos que ver porque también ha habido mensajes contradictorios. Y Europa aprobó una resolución condenando la repatriación forzada de uigures a China, porque si estas personas son deportadas, serán llevadas a prisión, punto. No hay otra posibilidad. Es lo mínimo que los países pueden hacer. Otra cosa que pueden hacer es abrir sus puertas, abrir sus tribunales y permitir investigaciones estructurales para que podamos proporcionar evidencias y, si los funcionarios chinos llegan a estos países, arrestarlos e imponer prohibiciones de visa y restricciones de visa. Eso es algo que Estados Unidos hizo al imponer restricciones de visa a funcionarios tailandeses que enviaron a estos uigures de regreso a China. Así que hay muchas medidas que la comunidad internacional puede tomar. Las Naciones Unidas también pueden hacer muchas cosas. Creo que la situación de los uigures está realmente poniendo a prueba no solo los límites del derecho internacional, sino también la práctica de los países respecto a estos estándares internacionales y lo que predican en estos foros multilaterales.

-Para terminar. ¿Cómo ves el futuro de la China de Xi Jinping, en medio de un contexto geopolítico cada vez más complejo, y ante las constantes amenazas de Beijing contra Taiwán y Hong Kong? ¿Y también cómo ves el futuro de la población uigur?

-Creo que estamos viendo una configuración de normas que el mundo no había visto antes. Lo que el gobierno chino está tratando de hacer es realmente rediseñar el derecho internacional para lograr su trayectoria autoritaria. El sistema de China está muy integrado en el sistema capitalista global. Al mismo tiempo, China es un participante muy activo en el sistema de las Naciones Unidas. Patrocinan resoluciones, no como Corea del Norte. e escudan en ello y simplemente presionan a las personas en su tierra natal. Esto realmente afecta a los uigures, tibetanos, hongkoneses y, especialmente, afecta el futuro de Taiwán. ¿Mantendrá Taiwán su status quo actual? Si China tiene éxito, no solo serán los uigures, los taiwaneses o hongkoneses; también serían argentinos en el futuro, como personas que pueden ser detenidas por pandillas chinas. Lo han hecho antes, como lo han hecho contra canadienses, contra británicos. Esto no solo les está sucediendo a los uigures; está ocurriendo en los rincones más remotos del mundo. Podría sucederle a cualquier persona, y ese es el tipo de mensaje que quiero transmitir al mundo. Que estamos lidiando con un emprendedor de normas sin precedentes que el mundo no había visto. Estoy aterrorizada por ese futuro y por eso estoy aquí para asegurarme de que podamos evitar que suceda.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció este viernes la prohibición de visados a funcionarios de su aliada Tailandia después de que el reino deportara a decenas de uigures de vuelta a China.

“A la luz de los prolongados actos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos por China contra los uigures, hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que no devuelvan por la fuerza a los uigures y otros grupos a China”, afirmó Rubio en un comunicado mientras asistía a las conversaciones del G7 en Canadá.

Rubio afirmó que, como cuestión de política, Estados Unidos tomaría medidas contra los funcionarios de gobiernos extranjeros implicados en deportaciones de uigures.

Afirmó que iba a restringir inmediatamente los visados a un número indeterminado de antiguos o actuales funcionarios de Tailandia implicados en la deportación de decenas de uigures a finales de febrero.

“Beijing está presionando a otros gobiernos para que envíen a los uigures y a otros grupos de vuelta a China, donde serán sometidos a torturas y desapariciones forzadas", declaró Marco Rubio en una publicación en la red social X. “En respuesta, el Departamento de Estado de EEUU tomará inmediatamente medidas para imponer restricciones de visado a los funcionarios del gobierno implicados en estas devoluciones forzosas, incluido el caso reciente de 40 uigures de Tailandia. Las personas cómplices de las atrocidades cometidas por China tendrán que rendir cuentas", advirtió.

Tailandia es el aliado más antiguo de Estados Unidos en Asia, pero mantiene relaciones amistosas con Beijing. En respuesta a las críticas internacionales sobre las deportaciones, el gobierno tailandés afirmó que China le aseguró que los uigures recibirían un buen trato.

Estados Unidos acusa a China de genocidio por sus campos masivos para uigures, una minoría mayoritariamente musulmana de la región noroccidental de Xinjiang. China rechaza las acusaciones y afirma que imparte formación profesional para mejorar el futuro de los uigures.

Más de 300 uigures que huían de China fueron detenidos en 2014 por las autoridades tailandesas. En febrero, 40 uigures seguían detenidos en Tailandia cuando las autoridades se dispusieron a devolverlos a China a pesar de los llamamientos de legisladores tailandeses y funcionarios internacionales para que no lo hicieran.

En publicaciones de Facebook, la embajada china en Bangkok dijo que 40 ciudadanos chinos que habían sido “contrabandeados” fueron repatriados a Xinjiang en un vuelo fletado y que “todos habían regresado a casa y se habían reunido con sus familias después de más de 10 años”.

Rubio condenó la devolución “en los términos más enérgicos posibles”, afirmando que “los uigures han sufrido persecución, trabajos forzados y tortura” en China.

Desde su época de senador, Rubio ha sido un abierto defensor de los uigures y crítico con China. Fue sancionado dos veces por el gobierno chino en 2020 por su apoyo a los derechos de esta minoría y de la población de Hong Kong.

Por otra parte, en declaraciones a los periodistas en el G7, Rubio dijo que esperaba que Trump se reuniera pronto con el presidente chino Xi Jinping. “El presidente se comprometió con él en su primer mandato, y espero que lo haga de nuevo, y debería”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, al tiempo que advirtió que no se había fijado una fecha.

“Estos son los líderes de dos países grandes, importantes y poderosos, y los líderes de países poderosos, estén de acuerdo o no en las cosas, deben comunicarse por la seguridad y el bienestar del mundo”, afirmó.

(Con información de AFP, AP y EFE)

Estados Unidos y Canadá se ofrecieron a reasentar a 48 personas de etnia uigur detenidas en Tailandia durante la última década, según informaron fuentes a Reuters, pero Bangkok no tomó ninguna medida por temor a molestar a China, donde fueron deportados de forma encubierta la semana pasada.

Tailandia ha defendido la deportación, que se produjo a pesar de los llamamientos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, afirmando que actuó de acuerdo con las leyes y las obligaciones en materia de derechos humanos.

Grupos de derechos humanos acusan a China de abusos generalizados contra los uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana que cuenta con unos 10 millones de personas en la región noroccidental de Sinkiang. Beijing niega cualquier abuso.

El vice primer ministro tailandés, Phumtham Wechayachai, dijo el lunes que ningún país había hecho ninguna oferta concreta para reasentar a los 48 uigures.“Hemos esperado más de 10 años y he hablado con muchos países importantes, pero nadie me lo ha dicho con seguridad”, dijo a la prensa.

Phumtham estuvo fuera del Gobierno desde 2006 hasta mediados de 2023.

Estados Unidos se ofreció a reasentar a los 48 uigures, dijo un alto cargo del Departamento de Estado estadounidense.“Estados Unidos ha trabajado con Tailandia durante años para evitar esta situación, ofreciéndose de forma constante y reiterada a reasentar a los uigures en otros países, incluido, en un momento dado, Estados Unidos”, dijo el responsable estadounidense, que pidió que no se revelara su nombre.

Canadá también ofreció asilo a los uigures detenidos, según cuatro fuentes, entre ellas diplomáticos y personas con conocimiento directo.

Dos de estas fuentes afirmaron que otra oferta procedía de Australia.

Estas propuestas, que según las fuentes no fueron aceptadas por Tailandia por temor a un enfrentamiento con China, no se habían dado a conocer anteriormente.

Todas las fuentes declinaron dar su nombre debido a lo delicado del asunto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En respuesta a una pregunta de Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que la repatriación se había llevado a cabo de acuerdo con la legislación china, tailandesa e internacional.

“Los repatriados eran ciudadanos chinos que habían emigrado ilegalmente”, afirmó. “Los derechos legítimos de las personas en cuestión están plenamente protegidos”.

Un portavoz del Ministerio de Inmigración de Canadá dijo que no harían comentarios sobre casos individuales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia se remitió a una declaración de la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, quien afirmó el viernes que el país “está en total desacuerdo con la decisión de Tailandia”.

Además de los 40 uigures deportados la semana pasada, cinco se encuentran actualmente en una prisión tailandesa debido a un caso penal en curso, según fuentes locales. Reuters no pudo confirmar de inmediato el paradero de las otras tres personas.

(Reuters)

China podría estar incitando a los tibetanos y uigures en Suiza a espiar a sus propias comunidades y ejercer presión sobre ellas, concluyó el miércoles un informe del gobierno suizo.

Los miembros de los dos grupos minoritarios chinos están sujetos a una “represión transnacional”, afirma el informe.

Además de incitar a los tibetanos y uigures a espiar a sus compañeros en Suiza, “también hay indicios de que personas políticamente activas son observadas, fotografiadas y filmadas sistemáticamente”, afirma un comunicado del gobierno suizo.

“Hay indicios de ciberataques y vigilancia de las comunicaciones, que podrían apuntar también a ciudadanos suizos políticamente activos en apoyo de las comunidades tibetana y uigur”.

Las conclusiones del gobierno suizo se basan en un estudio de la Universidad de Basilea encargado por los Ministerios de Justicia y Migración.

El informe señala que, si bien las consecuencias de la represión transnacional no son tan fácilmente identificables como las del terrorismo, por ejemplo, “representan una amenaza considerable a la soberanía de Suiza a largo plazo”.

Agregó que el fenómeno también “está destinado a aumentar” bajo los efectos combinados del avance de la tecnología digital y la cooperación cada vez más estrecha entre estados autoritarios.

Según el informe, China no es el único país que persigue a las comunidades diásporicas. “Según los hallazgos actuales, además de China, otros países como Rusia, Irán y Turquía también son perpetradores”, afirma.

El informe señala que un “objetivo principal” de Beijing era disuadir a los tibetanos y uigures en Suiza de participar en actividades políticas, en particular mediante ciberataques.

El informe afirma que los servicios de inteligencia chinos monitorearon las manifestaciones organizadas por la diáspora tibetana.

“Sus agentes operan bajo cobertura diplomática o se hacen pasar por periodistas, turistas o estudiantes”, añadió.

“El hecho de que las personas se sientan constantemente vigiladas y sujetas a diversas formas de acoso mantiene un clima de temor y restringe el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Las autoridades deben ser sensibilizadas

En su informe, el Consejo Federal suizo describe las medidas que las autoridades suizas ya están implementando a nivel nacional e internacional para protegerse contra la represión transnacional.

Recomienda examinar una serie de medidas adicionales en materia de prevención, coordinación y sensibilización. El objetivo es aclarar responsabilidades, mejorar la comunicación entre los actores y revisar la eficacia de los instrumentos y medios existentes para abordar la represión transnacional.

Además, se debe sensibilizar a todos los organismos a nivel federal, cantonal y municipal que puedan estar involucrados en la represión transnacional para que puedan identificar dichas actividades y responder a ellas adecuadamente.

Para preparar el informe, se creó un grupo de trabajo interdepartamental: se encargó al Instituto Europeo de la Universidad de Basilea que preparara un informe de investigación sobre las formas reales y percibidas de presión sobre los pueblos tibetano y uigur en Suiza. Además, el Instituto Suizo de Derecho Comparado realizó un estudio sobre cómo otros estados con influencia occidental afrontan la represión transnacional en su territorio.

Señala además que otros estados de orientación occidental también están abordando la cuestión de la represión transnacional y muestra qué medidas están implementando en este ámbito y qué estrategias están siguiendo.

(Con información de AFP)

China ha suavizado ligeramente las restricciones de viaje para la minoría musulmana uigur, aunque sigue imponiendo “severos controles” sobre quienes buscan viajar al extranjero o visitar familiares en la región de Xinjiang, según un informe publicado el lunes por Human Rights Watch (HRW). La organización denuncia que las autoridades chinas siguen vulnerando los derechos de los uigures con trabas burocráticas y medidas de vigilancia.

El informe señala que, si bien el gobierno ha levantado parcialmente la prohibición de que los uigures viajen fuera del país, impone estrictas condiciones a quienes buscan hacerlo. Quienes solicitan visitar a familiares en el extranjero deben proporcionar detalles personales como dirección, situación laboral y documentos adicionales, además de una invitación formal del familiar que los recibirá.

Las restricciones incluyen la exigencia de viajar solos, sin familiares acompañantes, y la necesidad de un “garante”, que suele ser un funcionario chino. De acuerdo con testimonios recogidos por HRW, las autoridades utilizan a los familiares que permanecen en China como una forma de presión para garantizar el retorno del viajero.

“El modesto deshielo ha permitido a algunos uigures reunirse brevemente con sus seres queridos después de años sin contacto, pero las restricciones siguen siendo una herramienta de opresión tanto en Xinjiang como en la diáspora”, afirmó Yalkun Uluyol, investigador de HRW para China.

HRW advierte que los uigures que logran salir del país enfrentan una estricta supervisión. Durante su estancia en el extranjero, tienen prohibido relacionarse con activistas o criticar al gobierno chino. Además, deben regresar dentro de un período específico que puede variar entre unos días y varios meses.

Para viajes de negocios, el gobierno chino limita los destinos permitidos, autorizando visitas a países como Kazajistán, pero prohibiendo los desplazamientos a naciones con grandes poblaciones musulmanas como Turquía, consideradas “sensibles” por Beijing.

Al regresar a China, muchos viajeros son interrogados sobre sus contactos en el extranjero y, en algunos casos, sus pasaportes son confiscados.

Desde la primavera de 2024, las autoridades han comenzado a permitir visitas de uigures con pasaportes extranjeros, aunque solo después de un riguroso proceso de selección. Para ingresar a Xinjiang, estos visitantes necesitan la aprobación de la policía local y un comité vecinal. Una vez allí, pueden ser obligados a alojarse en hoteles en lugar de con sus familias.

‘Tours’ oficiales y control del relato

El informe también documenta que algunos uigures que buscan regresar a China son dirigidos por las misiones diplomáticas chinas a unirse a visitas organizadas por el gobierno. Para participar en estos tours, deben proporcionar información personal y obtener la aprobación de múltiples organismos de seguridad, incluyendo la policía local, la oficina de seguridad pública y la unidad antiterrorista.

Los uigures con pasaporte extranjero que desean unirse a estas visitas deben renunciar a su ciudadanía china. Según HRW, muchos aceptan estas condiciones debido a que el proceso de visa es más rápido y seguro que intentar ingresar de manera independiente, lo que podría conllevar interrogatorios o detención.

Durante estos viajes, los participantes están bajo estricta vigilancia, deben hablar en mandarín y participar en actividades propagandísticas con guiones que elogian las políticas del Partido Comunista Chino en Xinjiang.

“El gobierno chino sigue negando a los uigures su derecho a salir del país, restringe su libertad de expresión y asociación en el extranjero y los castiga por tener vínculos con el exterior”, afirmó Uluyol.

Desde hace casi una década, las autoridades chinas han llevado a cabo una dura campaña de represión en Xinjiang, deteniendo a aproximadamente 1,8 millones de uigures y miembros de otros grupos túrquicos en centros de detención. Según el gobierno, estas medidas son parte de su estrategia contra el extremismo religioso y el terrorismo.

En 2016, durante la campaña “strike hard”, las autoridades comenzaron a confiscar pasaportes y encarcelaron a personas por mantener contacto con el extranjero.

Estados Unidos ha calificado el trato de China hacia los uigures como “genocidio”. En agosto de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) advirtió que, dos años después de su informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, siguen existiendo “políticas problemáticas” en la región.

Estados Unidos prohibió las importaciones de más empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures en China, apuntando a 37 entidades textiles, mineras y solares, según un anuncio del gobierno federal publicado este martes.

Entre las empresas figuran Huafu Fashion Co., uno de los mayores fabricantes textiles del mundo, y 25 de sus filiales.

Las empresas fueron añadidas a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que Estados Unidos califica de abusos de los derechos humanos y genocidio continuado de China en la región autónoma uigur de Xinjiang.

Según un informe del Atlantic Council que evalúa los casi nueve años de detenciones masivas en Xinjiang, las políticas represivas de China contra la población Uigur han alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Rayhan Asat, asesora principal en política y derecho y líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council, registra múltiples violaciones contra los uigures, entre ellas desapariciones forzadas, torturas, persecución transnacional y restricciones a los derechos reproductivos.

El informe también señala la explotación económica de las familias de los detenidos y el uso de trabajo forzado, prácticas que se enmarcan dentro de lo que califican como una estrategia de limpieza étnica.

En octubre de 2024, un medio estatal chino difundió un video de propaganda donde dos prisioneros políticos uigures, Gulmira Imin y Zulpiqar Rozi, aparecían confesando delitos que, según el Atlantic Council, probablemente no cometieron. Ambos fueron detenidos tras las protestas uigures de julio de 2009 y permanecieron desaparecidos durante 15 años. Las confesiones forzadas son una táctica habitual del gobierno chino para desacreditar a los disidentes políticos, asegura Asat.

Según un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale, co-elaborado por Asat, los uigures, que constituyen menos del 1% de la población china, representan el 34% de las encarcelaciones en el país, la mayor tasa de prisión étnica en el mundo.

Más de 500.000 uigures permanecían encarcelados en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4,4 millones de años de vida colectiva. El informe advierte que las cifras reales podrían ser hasta más altas, ya que el régimen chino ha restringido el acceso a datos actualizados desde 2022.

Investigaciones publicadas en noviembre por The New York Times revelaron la cooperación entre China y Tailandia para la repatriación forzada de refugiados Uigures, una violación directa del derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras más de 60 permanecen detenidos en Tailandia en condiciones precarias.

En un informe publicado en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha negado permitir inspecciones significativas en la región, proyectando una imagen engañosa de sus acciones.

Las autoridades estadounidenses afirman que Beijing ha establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. China niega cualquier abuso.

Las últimas incorporaciones elevan a 144 el número total de empresas incluidas en la lista desde que se promulgó la ley en diciembre de 2021.

(Con información de Reuters)

Las políticas represivas de China contra la población Uigur han alcanzado un nuevo nivel de gravedad, según un informe del Atlantic Council que evalúa los casi nueve años de detenciones masivas en Xinjiang. Rayhan Asat, asesora principal en política y derecho y líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council, registra múltiples violaciones contra los uigures, entre ellas desapariciones forzadas, torturas, persecución transnacional y restricciones a los derechos reproductivos.

El informe también señala la explotación económica de las familias de los detenidos y el uso de trabajo forzado, prácticas que se enmarcan dentro de lo que califican como una estrategia de limpieza étnica.

En octubre, un medio estatal chino difundió un video de propaganda donde dos prisioneros políticos uigures, Gulmira Imin y Zulpiqar Rozi, aparecían confesando delitos que, según el Atlantic Council, probablemente no cometieron. Ambos fueron detenidos tras las protestas uigures de julio de 2009 y permanecieron desaparecidos durante 15 años. Las confesiones forzadas son una táctica habitual del gobierno chino para desacreditar a los disidentes políticos, asegura Asat.

Cifras alarmantes de detenciones

Según un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale, coelaborado por Asat, los uigures, que constituyen menos del 1% de la población china, representan el 34% de las encarcelaciones en el país, la mayor tasa de prisón étnica en el mundo.

Más de 500.000 uigures permanecían encarcelados en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4,4 millones de años de vida colectiva. El informe advierte que las cifras reales podrían ser hasta más altas, ya que el régimen chino ha restringido el acceso a datos actualizados desde 2022.

Investigaciones publicadas en noviembre por The New York Times revelaron la cooperación entre China y Tailandia para la repatriación forzada de refugiados Uigures, una violación directa del derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras más de 60 permanecen detenidos en Tailandia en condiciones precarias.

La cuestión de las Naciones Unidos

En un informe publicado en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha negado permitir inspecciones significativas en la región, proyectando una imagen engañosa de sus acciones.

Esta falta de acceso efectivo ha llevado a renovados llamados para que las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo aborden las violaciones a los derechos humanos y el genocidio contra el pueblo Uigur.

Después de dos años de intentos de diálogo bajo los términos impuestos por China, el 27 de agosto de este año, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, presentó una actualización sobre la crisis en Xinjiang.

El Atlantic Council asegura que la evaluación sin embargo confirmó lo que ya era conocido: las autoridades chinas siguen negando a los organismos internacionales un acceso significativo a la región, desafiando las solicitudes formales de la ONU.

La falta de medidas concretas por parte de la comunidad internacional ha generado frustración entre defensores de los derechos humanos como Rayhan Asat, quien enfatizó que “el mundo no puede permanecer pasivo” y que “la ONU tiene la responsabilidad de actuar conforme a las recomendaciones que ha formulado y exigir rendición de cuentas”.

“De niño, cuando venían los soldados, sabía lo que tenía que hacer,” recuerda Hasan Imam en diálogo con The New York Times. Vivía en Kargilik, una pequeña aldea del remoto Xinjiang, entre el desierto de Taklamakan y las montañas de Kunlun. A los niños uigures no registrados como él les bastaba con escuchar una puerta golpear o el zumbido de las motos del Partido Comunista acercándose para saber que debían correr. Imam y su hermano menor, el otro “oculto” de la familia, corrían hacia el granero de heno detrás de la casa. Se deslizaban dentro de una pila que el padre había dispuesto como refugio, casi una cama en las profundidades del heno. Los hermanos se quedaban allí, sin respirar, mientras escuchaban a los hombres hablar y registrar la casa. Solo salían cuando se iban, a veces después de horas en que los pequeños se adormecían en su escondite.

Eran años de prohibiciones y números. Una nueva regla en 1988 limitaba los hijos que las familias uigures podían tener: tres en el campo, dos en las ciudades. Imam era el quinto hijo de la familia y, como no estaba registrado, para el gobierno chino simplemente no existía. Nadie debía saber que estaba allí; de haberlo sabido, los padres habrían recibido duras multas o el riesgo de prisión, además de sanciones de trabajo forzado y represión. Era parte de la política que ya etiquetaba a la población uigur de Xinjiang como “problemática y separatista”. Para entonces, el gobierno enviaba cada año a más colonos chinos de etnia Han a la región, buscando diluir la influencia uigur, reducir su cultura, sus familias, sus vidas, a estadísticas que el gobierno pudiera manipular.

Entonces, después de que Xi Jinping llegó al poder, el peso de esas reglas se sintió más feroz. Pronto hablarían de una “gran muralla de hierro” en Xinjiang, la intensificación de la vigilancia y las detenciones sin juicio. Sin una tarjeta de identificación, sin certificado de nacimiento, Imam no era libre ni en su propia aldea, y entendió que si quería vivir en paz, tenía que huir de su hogar.

El éxodo: atravesar Asia hacia Turquía

El viaje comenzó una fría noche de 2014, cuando Imam abordó un tren en Urumqi usando un documento prestado, dirigiéndose hacia el sur, a Guangzhou, donde un contrabandista conocido como el “intermediario” lo recibió. En el hotel de mala muerte donde se hospedó durante días, compartía el silencio y la paranoia con otros 20 uigures. Finalmente, el intermediario apareció y les indicó que debían entregar sus documentos de identidad y cualquier objeto con escritura china: sería la primera de muchas formas de disolver su identidad en el camino hacia una supuesta libertad.

Eran varios vehículos, intercambiando pasajeros de un automóvil a otro, hasta la frontera vietnamita, donde el grupo fue obligado a subir una montaña a pie, con una madre cargando a su niño pequeño en los brazos. El terreno estaba cubierto de lodo. Imam vio cómo la mujer caía y su hijo gritaba, hasta que un traficante le indicó que le tapara la boca para que no los detectaran. Finalmente, se detuvieron en una pequeña aldea vietnamita, donde recibieron transporte hasta un hotel en Camboya. Imam recuerda aquel lugar abarrotado de uigures como él, muchos de ellos enfermos y desesperados por avanzar hacia Malasia.

La huida, sin embargo, terminó en las montañas de Tailandia, cerca de la frontera con Malasia. Una noche, mientras Imam y otros uigures esperaban instrucciones de sus traficantes, la policía tailandesa irrumpió en el lugar, armas y perros en mano. Los llevaron a la estación de policía, donde más cámaras los esperaban para registrar sus rostros. Imam bajó la cabeza, cubriéndose el rostro de las cámaras, temiendo que el gobierno chino viera esas imágenes y diera la orden de su captura.

Los hombres fueron trasladados a un centro de detención en Padang Besar, un lugar donde las normas tailandesas de inmigración aplicaban con crudeza: sin derecho a abogado, sin límite de tiempo de detención, sin visitas. Los días en Padang Besar eran una rutina de hacinamiento y espera. Meses después, un niño de tres años murió de tuberculosis. Otros cayeron enfermos y las infecciones se multiplicaban entre los detenidos. Hasan llegó a aceptar que tal vez pasaría el resto de sus días allí.

Evadir el cautiverio en Sadao y la fuga en la selva

Una noche de 2015, un pequeño grupo de uigures orquestó su huida. Cavaron durante días a través de las paredes del centro de detención en Sadao, utilizando lo que tenían a mano: una cuchara, un cinturón, un clavo que Imam escondía bajo su almohada. Finalmente lograron abrir un hueco y, entre gritos de esperanza y nerviosismo, 20 hombres lograron atravesar el boquete y escapar al bosque. Caminaron por la selva durante noches enteras, sin rumbo claro, perseguidos por los ladridos de los perros y el eco de las linternas. Después de días sin comida ni agua, lograron cruzar la frontera con Malasia.

Sin embargo, fue en Kuala Lumpur donde la suerte se acabó. Agentes de la policía de Malasia, junto a diplomáticos chinos, arrestaron al grupo. La amenaza de ser enviados de vuelta a China era palpable, pero la intervención de abogados de derechos humanos finalmente los salvó. Después de meses de incertidumbre, lograron obtener documentos para viajar a Estambul, donde al fin podrían rehacer sus vidas.

Para Hasan Imam, llegar a Turquía fue una victoria sin celebración. Su cuerpo aún llevaba las cicatrices del calvario en prisión y las huellas del hambre en la selva. En Estambul, Imam intentó construir un nuevo comienzo, aunque cada noche las pesadillas lo perseguían. “Por las noches, cerraba los ojos y me despertaba cubierto de sudor. Me preguntaba si realmente estaba en libertad o si todo había sido un sueño”.

En Turquía se casó con Aynur, la hija de Muhter, un uigur que compartió celda con él en Tailandia. Aunque Imam vive lejos de las cámaras de vigilancia y de los controles de seguridad, la libertad en el exilio es una ilusión frágil. Su familia en Xinjiang, sus recuerdos, sus raíces, son parte de una vida imposible de recuperar.

La diáspora uigur y el silencio mundial

El exilio no ha terminado para los uigures, pues la persecución no conoce fronteras. En los últimos años, China ha extendido sus esfuerzos para repatriar a los uigures en el extranjero, logrando que países como Egipto, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos detengan y devuelvan a sus ciudadanos. Para los 50 uigures que aún permanecen detenidos en Tailandia, algunos abogados advierten que el proceso de extradición podría acelerarse en cualquier momento.

Mientras tanto, en lugares como Turquía y Canadá, organizaciones humanitarias intentan brindar apoyo a la diáspora uigur, pero el peso de la influencia económica de China mantiene la cuestión silenciada en muchas esferas de la política internacional.

“Los uigures no están seguros en ninguna parte”, afirmó a The New York Times un investigador del Proyecto de Derechos Humanos Uigur (UHRP). Cada vez más, gobiernos de países asiáticos y árabes han firmado acuerdos de extradición con China, sometiendo a esta población a una vigilancia que parece no tener final. Cada historia de detención y represión es un recordatorio de que, aunque Hasan Imam llegó a Estambul, aún sigue siendo un fugitivo, uno de miles que siguen siendo perseguidos, incluso en sus sueños.

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, ha abogado por profundizar en la vía diplomática con China y ha ofrecido una postura de "coherencia" británica tras lamentar el "suficiente contacto" entre Londres y Pekín bajo sus predecesores, en particular en cuestiones de Derechos Humanos.

Durante su primera visita oficial al gigante asiático, Lammy se ha reunido con el viceprimer ministro chino Ding Xuexiang y el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, para tratar espacios de cooperación, las preocupaciones de Reino Unido sobre el tratamiento de los uigures en Xinjiang, la detención del ciudadano británico Jimmy Lai en Hong Kong y los ejercicios militares chinos cerca de Taiwán.

En declaraciones a los periodistas en Shanghái este sábado, Lammy ha explicado que las reuniones eran "el comienzo de un proceso", añadiendo que había sido importante "reiniciar el diálogo". "Sólo en el diálogo podemos lograr un mejor entendimiento y cambio, y creo que lo que hace falta es más diplomacia, no menos", ha aseverado.

Lammy es el segundo ministro de Asuntos Exteriores británico que visita China en los últimos dos años.

El conservador James Cleverly hizo el viaje en 2023, pero antes de eso, las relaciones entre los dos países se habían tensado, y ningún ministro de Asuntos Exteriores había viajado a Pekín desde Jeremy Hunt en 2018.

Lammy criticó el enfoque del gobierno anterior hacia China como "inconsistente". "Lo que la gente también quiere es coherencia. Lo que quieren las empresas es estabilidad y claridad, y eso es lo que el gobierno del Reino Unido, dirigido por Keir Starmer, promete para este próximo período", ha indicado.

La resolución coincide con el décimo aniversario de la cadena perpetua dictada contra Tohti por haber puesto en tela de juicio las políticas del Gobierno chino con respecto a las minorías étnicas.

La Eurocámara exige el cierre de todos los campos de internamiento y denuncia las políticas abusivas conta la minoría uigur como la vigilancia, trabajos forzados, esterilización y medidas de prevención de nacimientos para "destruir la identidad uigur".

Así, subraya que estas acciones "equivalen a crímenes contra la humanidad y constituyen un grave riesgo de genocidio".

En este sentido, los eurodiputados piden a la UE y a los Estados miembros que "adopten sanciones adicionales contra altos funcionarios y entidades implicadas en violaciones de los derechos humanos en China" y aborden la represión de Pekín fuera de China contra disidentes y uigures.

Este llamamiento se suma a la petición de la UE para la "inmediata e incondicional" liberación del activista uigur, al que ve como un "trabajador incansablemente" para favorecer el diálogo y el entendimiento entre los uigures y los han.