El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se declaró este jueves “alarmado” después de que Tailandia deportara a China a 40 uigures, minoría musulmana perseguida por Beijing, tras un acuerdo con el gigante asiático.

“Condenamos en los términos más enérgicos posibles la devolución forzada de al menos 40 uigures por parte de Tailandia a China, donde carecen de derechos de debido proceso y donde enfrentan persecución, trabajos forzados y tortura”, declaró Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense denunció que la decisión de Bangkok contradice “la larga tradición del pueblo tailandés de protección de los más vulnerables”.

“Como aliados de Tailandia desde hace mucho tiempo, estamos alarmados por esta acción, que corre el riesgo de contravenir sus obligaciones internacionales”, señaló Rubio.

El secretario de Estado acusó a China de haber cometido un “genocidio y crímenes de lesa humanidad” contra los uigures, e instó a todos los gobiernos que acogen a esta comunidad a que “no los devuelvan por la fuerza” a China.

Tailandia deportó este jueves a los 40 uigures a China tras un acuerdo con Beijing y pese a las peticiones de la ONU y de organizaciones de derechos humanos de que no procediera con la deportación.

La ONU había advertido a finales de enero a Tailandia que parara “de inmediato” cualquier plan de deportar a China a 48 uigures por el riesgo a represalias contra los miembros de esta minoría. Se desconoce cuál es la situación de los ocho no deportados.

Los 48 uigures forman parte de un grupo de unas 350 personas que fueron arrestados en 2014 al entrar de manera irregular en Tailandia. Los 48 hicieron un llamamiento público el mes pasado para que se detuviera la deportación, alegando que se enfrentaban a penas de prisión y a una posible muerte en China.

En 2015, Bangkok deportó a más de 100 hombres uigures a China, lo que desató una ola de indignación internacional, y en paralelo envió a 170 mujeres y niños uigures a Turquía.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la deportación de este jueves es “una clara violación de las leyes y normas internacionales de derechos humanos”.

“Es profundamente lamentable que hayan sido devueltos por la fuerza”, declaró Türk el jueves. “Ahora es importante que las autoridades chinas revelen su paradero y garanticen que son tratados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”.

Funcionarios tailandeses de policía y seguridad, encabezados por el Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa, Phumtham Wechayachai, dijeron en una conferencia de prensa en Bangkok que China había dado garantías de que los hombres no serían sancionados ni sufrirían daños.

Afirmaron que todos ellos regresaron voluntariamente después de que se les mostrara una traducción de un acuerdo escrito chino en el que se solicitaba su repatriación y se declaraba que se les permitiría vivir con normalidad.

Tensas medidas de seguridad

Legisladores, activistas y abogados tailandeses habían dado la voz de alarma el miércoles de que los hombres estaban a punto de ser deportados y, pasada la medianoche, camiones con sábanas negras cubriendo sus ventanillas salieron del Centro de Detención de Inmigrantes de Bangkok, donde habían estado recluidos, en medio de un dispositivo de seguridad visiblemente más estricto en la calle, que incluyó la breve detención de un periodista de la agencia de noticias AP y el registro de sus pertenencias.

Al parecer, el camión los condujo al aeropuerto Don Mueang de Bangkok, donde les esperaba un avión de China Southern Airlines, para volar después al corazón de la población uigur de China, en la provincia noroccidental de Xinjiang.

En un comunicado publicado en Facebook, la embajada china reconoció el jueves que 40 ciudadanos chinos que, según dijo, entraron ilegalmente en Tailandia fueron deportados a Xinjiang en un vuelo chárter. Dijo que los hombres habían estado detenidos en Tailandia durante más de 10 años debido a “factores internacionales complicados”.

Un video mostrado por las autoridades tailandesas en una rueda de prensa el jueves por la noche mostraba a algunos de los hombres saliendo del avión, uno de ellos abrazado torpemente por una mujer poco sonriente, mientras al menos media docena de fotógrafos y cámaras revoloteaban junto a ellos.

También se publicaron fotos de algunos de ellos comiendo y sometiéndose a controles sanitarios mientras funcionarios no identificados permanecían a su lado. No se hicieron públicas fotos de la salida del grupo de Tailandia.

Duras condiciones de detención

Los uigures son una etnia turca, mayoritariamente musulmana, originaria de Xinjiang. Tras décadas de conflicto con Beijing por la discriminación y supresión de su identidad cultural, el gobierno chino lanzó una brutal represión contra los uigures que algunos gobiernos occidentales consideran un genocidio. Cientos de miles de uigures, posiblemente un millón o más, fueron recluidos en campos y prisiones, y los ex detenidos denunciaron malos tratos, enfermedades y, en algunos casos, la muerte.

Más de 300 uigures que huían de China fueron detenidos en 2014 por las autoridades tailandesas. En 2015, Tailandia deportó a China a 109 detenidos contra su voluntad, lo que provocó una protesta internacional. Otro grupo de 173 uigures, en su mayoría mujeres y niños, fueron enviados a Turquía, dejando a 53 uigures atrapados en centros de detención de inmigrantes tailandeses y solicitando asilo. Desde entonces, han muerto cinco detenidos, entre ellos dos niños.

Defensores y familiares afirman que los 48 uigures restantes fueron sometidos a duras condiciones de detención en Tailandia y se les prohibió el contacto con familiares, abogados y organizaciones internacionales.

El trato dado por el gobierno tailandés a los detenidos puede haber constituido una violación del derecho internacional, según una carta de 2024 enviada al gobierno tailandés por expertos en derechos humanos de la ONU.

Planes secretos de deportación

Durante más de una década, los detenidos uigures han planteado un dilema diplomático a Tailandia, que se encuentra atrapada entre China, su mayor socio comercial, y Estados Unidos, su tradicional aliado militar.

Beijing afirma que los uigures son terroristas, pero no ha presentado pruebas de ello en los casos de los que acaban de ser repatriados. Activistas uigures y funcionarios occidentales afirman que los hombres son inocentes y que se enfrentarían a persecución, encarcelamiento y posible muerte en China.

Ante las posibles reacciones de todas las partes, Tailandia los había retenido indefinidamente.

Las conversaciones para deportarlos se reanudaron después de que la primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra asumiera el cargo el año pasado. Su padre, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, mantiene estrechos vínculos con altos funcionarios chinos.

En diciembre, poco después de que Paetongtarn se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Beijing, funcionarios tailandeses empezaron a discutir en secreto planes para deportar a los uigures, según cuatro personas familiarizadas con el asunto. Las personas declinaron ser nombradas por temor a represalias contra ellas mismas o sus contactos.

(Con información de AP y EFE)

Estados Unidos prohibió las importaciones de más empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures en China, apuntando a 37 entidades textiles, mineras y solares, según un anuncio del gobierno federal publicado este martes.

Entre las empresas figuran Huafu Fashion Co., uno de los mayores fabricantes textiles del mundo, y 25 de sus filiales.

Las empresas fueron añadidas a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que Estados Unidos califica de abusos de los derechos humanos y genocidio continuado de China en la región autónoma uigur de Xinjiang.

Según un informe del Atlantic Council que evalúa los casi nueve años de detenciones masivas en Xinjiang, las políticas represivas de China contra la población Uigur han alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Rayhan Asat, asesora principal en política y derecho y líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council, registra múltiples violaciones contra los uigures, entre ellas desapariciones forzadas, torturas, persecución transnacional y restricciones a los derechos reproductivos.

El informe también señala la explotación económica de las familias de los detenidos y el uso de trabajo forzado, prácticas que se enmarcan dentro de lo que califican como una estrategia de limpieza étnica.

En octubre de 2024, un medio estatal chino difundió un video de propaganda donde dos prisioneros políticos uigures, Gulmira Imin y Zulpiqar Rozi, aparecían confesando delitos que, según el Atlantic Council, probablemente no cometieron. Ambos fueron detenidos tras las protestas uigures de julio de 2009 y permanecieron desaparecidos durante 15 años. Las confesiones forzadas son una táctica habitual del gobierno chino para desacreditar a los disidentes políticos, asegura Asat.

Según un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale, co-elaborado por Asat, los uigures, que constituyen menos del 1% de la población china, representan el 34% de las encarcelaciones en el país, la mayor tasa de prisión étnica en el mundo.

Más de 500.000 uigures permanecían encarcelados en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4,4 millones de años de vida colectiva. El informe advierte que las cifras reales podrían ser hasta más altas, ya que el régimen chino ha restringido el acceso a datos actualizados desde 2022.

Investigaciones publicadas en noviembre por The New York Times revelaron la cooperación entre China y Tailandia para la repatriación forzada de refugiados Uigures, una violación directa del derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras más de 60 permanecen detenidos en Tailandia en condiciones precarias.

En un informe publicado en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha negado permitir inspecciones significativas en la región, proyectando una imagen engañosa de sus acciones.

Las autoridades estadounidenses afirman que Beijing ha establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. China niega cualquier abuso.

Las últimas incorporaciones elevan a 144 el número total de empresas incluidas en la lista desde que se promulgó la ley en diciembre de 2021.

(Con información de Reuters)

El gobierno de Estados Unidos restringió este viernes la importación de productos de 29 compañías chinas a las que acusa de explotación laboral en la región de Xinjiang.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó la inclusión de dichas compañías, que incluyen distribuidoras de productos agrícolas y electrodomésticos, a una lista de entidades asociadas al trabajo forzado de personas de la minoría musulmana uigur.

“La explotación laboral es una violación de los derechos humanos básicos”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

Estados Unidos ya ha incluido a más de 100 empresas chinas a la lista de compañías a las que acusa de explotación laboral en la región del Xinjiang e instruye a las autoridades aduaneras a prohibir su entrada al país.

La norma entrará en vigor el 25 de noviembre. “Las empresas no deben asegurarse ventajas injustas explotando a los trabajadores”, declaró Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos. “Haremos cumplir nuestras leyes para hacer frente al trabajo forzoso e impedir que las empresas que violan los derechos de los trabajadores se beneficien del mercado estadounidense”, añadió en un comunicado. La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur fue promulgada en 2021.

En 2021, Estados Unidos y otros socios denunciaron ante la ONU abusos del Gobierno chino contra los uigures y otras minorías en Xinjiang, elevando la presión contra Beijing, que negó siempre todas las acusaciones y las calificó como un pretexto para tratar de hacerle daño.

Xinjiang produce aproximadamente el 20% del algodón mundial y, según los denunciantes, las labores en el cultivo y recolección se realizan en parte gracias al trabajo forzado al que son sometidos por parte de las autoridades chinas más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en una red de centros de detención.

En 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida en ese momento por la chilena Michelle Bachelet, emitió un informe sobre los derechos humanos en China, centrado en informaciones documentadas sobre graves y sistemáticas violaciones contra los uigures, que fue repudiado por Beijing.

En el pasado mes de junio, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que China cambió de forma sistemática el nombre de cientos de localidades en la región de Xinjiang con significado religioso, histórico o cultural para la minoría musulmana uigur a otros que reflejan la ideología del Partido Comunista de China.

“Estos cambios de nombre parecen formar parte de los esfuerzos del Gobierno chino por borrar las expresiones culturales y religiosas de los uigures”, denunció la directora de HRW para China, Maya Wang.

En una investigación conjunta con la organización Ayuda Uigur (Uyghur Hjelp), con sede en Noruega, HRW ha rastreado a través de la página web de la Oficina Nacional de Estadística de China los nombres de las localidades entre 2009 y 2023 y ha identificado que 630 han cambiado en este sentido, siendo los tres nombres más comunes entre las nuevas sustituciones “felicidad”, “unidad” y “armonía”.

(Con información de EuropaPress)