El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se declaró este jueves “alarmado” después de que Tailandia deportara a China a 40 uigures, minoría musulmana perseguida por Beijing, tras un acuerdo con el gigante asiático.

“Condenamos en los términos más enérgicos posibles la devolución forzada de al menos 40 uigures por parte de Tailandia a China, donde carecen de derechos de debido proceso y donde enfrentan persecución, trabajos forzados y tortura”, declaró Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense denunció que la decisión de Bangkok contradice “la larga tradición del pueblo tailandés de protección de los más vulnerables”.

“Como aliados de Tailandia desde hace mucho tiempo, estamos alarmados por esta acción, que corre el riesgo de contravenir sus obligaciones internacionales”, señaló Rubio.

El secretario de Estado acusó a China de haber cometido un “genocidio y crímenes de lesa humanidad” contra los uigures, e instó a todos los gobiernos que acogen a esta comunidad a que “no los devuelvan por la fuerza” a China.

Tailandia deportó este jueves a los 40 uigures a China tras un acuerdo con Beijing y pese a las peticiones de la ONU y de organizaciones de derechos humanos de que no procediera con la deportación.

La ONU había advertido a finales de enero a Tailandia que parara “de inmediato” cualquier plan de deportar a China a 48 uigures por el riesgo a represalias contra los miembros de esta minoría. Se desconoce cuál es la situación de los ocho no deportados.

Los 48 uigures forman parte de un grupo de unas 350 personas que fueron arrestados en 2014 al entrar de manera irregular en Tailandia. Los 48 hicieron un llamamiento público el mes pasado para que se detuviera la deportación, alegando que se enfrentaban a penas de prisión y a una posible muerte en China.

En 2015, Bangkok deportó a más de 100 hombres uigures a China, lo que desató una ola de indignación internacional, y en paralelo envió a 170 mujeres y niños uigures a Turquía.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la deportación de este jueves es “una clara violación de las leyes y normas internacionales de derechos humanos”.

“Es profundamente lamentable que hayan sido devueltos por la fuerza”, declaró Türk el jueves. “Ahora es importante que las autoridades chinas revelen su paradero y garanticen que son tratados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”.

Funcionarios tailandeses de policía y seguridad, encabezados por el Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa, Phumtham Wechayachai, dijeron en una conferencia de prensa en Bangkok que China había dado garantías de que los hombres no serían sancionados ni sufrirían daños.

Afirmaron que todos ellos regresaron voluntariamente después de que se les mostrara una traducción de un acuerdo escrito chino en el que se solicitaba su repatriación y se declaraba que se les permitiría vivir con normalidad.

Tensas medidas de seguridad

Legisladores, activistas y abogados tailandeses habían dado la voz de alarma el miércoles de que los hombres estaban a punto de ser deportados y, pasada la medianoche, camiones con sábanas negras cubriendo sus ventanillas salieron del Centro de Detención de Inmigrantes de Bangkok, donde habían estado recluidos, en medio de un dispositivo de seguridad visiblemente más estricto en la calle, que incluyó la breve detención de un periodista de la agencia de noticias AP y el registro de sus pertenencias.

Al parecer, el camión los condujo al aeropuerto Don Mueang de Bangkok, donde les esperaba un avión de China Southern Airlines, para volar después al corazón de la población uigur de China, en la provincia noroccidental de Xinjiang.

En un comunicado publicado en Facebook, la embajada china reconoció el jueves que 40 ciudadanos chinos que, según dijo, entraron ilegalmente en Tailandia fueron deportados a Xinjiang en un vuelo chárter. Dijo que los hombres habían estado detenidos en Tailandia durante más de 10 años debido a “factores internacionales complicados”.

Un video mostrado por las autoridades tailandesas en una rueda de prensa el jueves por la noche mostraba a algunos de los hombres saliendo del avión, uno de ellos abrazado torpemente por una mujer poco sonriente, mientras al menos media docena de fotógrafos y cámaras revoloteaban junto a ellos.

También se publicaron fotos de algunos de ellos comiendo y sometiéndose a controles sanitarios mientras funcionarios no identificados permanecían a su lado. No se hicieron públicas fotos de la salida del grupo de Tailandia.

Duras condiciones de detención

Los uigures son una etnia turca, mayoritariamente musulmana, originaria de Xinjiang. Tras décadas de conflicto con Beijing por la discriminación y supresión de su identidad cultural, el gobierno chino lanzó una brutal represión contra los uigures que algunos gobiernos occidentales consideran un genocidio. Cientos de miles de uigures, posiblemente un millón o más, fueron recluidos en campos y prisiones, y los ex detenidos denunciaron malos tratos, enfermedades y, en algunos casos, la muerte.

Más de 300 uigures que huían de China fueron detenidos en 2014 por las autoridades tailandesas. En 2015, Tailandia deportó a China a 109 detenidos contra su voluntad, lo que provocó una protesta internacional. Otro grupo de 173 uigures, en su mayoría mujeres y niños, fueron enviados a Turquía, dejando a 53 uigures atrapados en centros de detención de inmigrantes tailandeses y solicitando asilo. Desde entonces, han muerto cinco detenidos, entre ellos dos niños.

Defensores y familiares afirman que los 48 uigures restantes fueron sometidos a duras condiciones de detención en Tailandia y se les prohibió el contacto con familiares, abogados y organizaciones internacionales.

El trato dado por el gobierno tailandés a los detenidos puede haber constituido una violación del derecho internacional, según una carta de 2024 enviada al gobierno tailandés por expertos en derechos humanos de la ONU.

Planes secretos de deportación

Durante más de una década, los detenidos uigures han planteado un dilema diplomático a Tailandia, que se encuentra atrapada entre China, su mayor socio comercial, y Estados Unidos, su tradicional aliado militar.

Beijing afirma que los uigures son terroristas, pero no ha presentado pruebas de ello en los casos de los que acaban de ser repatriados. Activistas uigures y funcionarios occidentales afirman que los hombres son inocentes y que se enfrentarían a persecución, encarcelamiento y posible muerte en China.

Ante las posibles reacciones de todas las partes, Tailandia los había retenido indefinidamente.

Las conversaciones para deportarlos se reanudaron después de que la primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra asumiera el cargo el año pasado. Su padre, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, mantiene estrechos vínculos con altos funcionarios chinos.

En diciembre, poco después de que Paetongtarn se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Beijing, funcionarios tailandeses empezaron a discutir en secreto planes para deportar a los uigures, según cuatro personas familiarizadas con el asunto. Las personas declinaron ser nombradas por temor a represalias contra ellas mismas o sus contactos.

(Con información de AP y EFE)

Estados Unidos prohibió las importaciones de más empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures en China, apuntando a 37 entidades textiles, mineras y solares, según un anuncio del gobierno federal publicado este martes.

Entre las empresas figuran Huafu Fashion Co., uno de los mayores fabricantes textiles del mundo, y 25 de sus filiales.

Las empresas fueron añadidas a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que Estados Unidos califica de abusos de los derechos humanos y genocidio continuado de China en la región autónoma uigur de Xinjiang.

Según un informe del Atlantic Council que evalúa los casi nueve años de detenciones masivas en Xinjiang, las políticas represivas de China contra la población Uigur han alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Rayhan Asat, asesora principal en política y derecho y líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council, registra múltiples violaciones contra los uigures, entre ellas desapariciones forzadas, torturas, persecución transnacional y restricciones a los derechos reproductivos.

El informe también señala la explotación económica de las familias de los detenidos y el uso de trabajo forzado, prácticas que se enmarcan dentro de lo que califican como una estrategia de limpieza étnica.

En octubre de 2024, un medio estatal chino difundió un video de propaganda donde dos prisioneros políticos uigures, Gulmira Imin y Zulpiqar Rozi, aparecían confesando delitos que, según el Atlantic Council, probablemente no cometieron. Ambos fueron detenidos tras las protestas uigures de julio de 2009 y permanecieron desaparecidos durante 15 años. Las confesiones forzadas son una táctica habitual del gobierno chino para desacreditar a los disidentes políticos, asegura Asat.

Según un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale, co-elaborado por Asat, los uigures, que constituyen menos del 1% de la población china, representan el 34% de las encarcelaciones en el país, la mayor tasa de prisión étnica en el mundo.

Más de 500.000 uigures permanecían encarcelados en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4,4 millones de años de vida colectiva. El informe advierte que las cifras reales podrían ser hasta más altas, ya que el régimen chino ha restringido el acceso a datos actualizados desde 2022.

Investigaciones publicadas en noviembre por The New York Times revelaron la cooperación entre China y Tailandia para la repatriación forzada de refugiados Uigures, una violación directa del derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras más de 60 permanecen detenidos en Tailandia en condiciones precarias.

En un informe publicado en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha negado permitir inspecciones significativas en la región, proyectando una imagen engañosa de sus acciones.

Las autoridades estadounidenses afirman que Beijing ha establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. China niega cualquier abuso.

Las últimas incorporaciones elevan a 144 el número total de empresas incluidas en la lista desde que se promulgó la ley en diciembre de 2021.

(Con información de Reuters)

El gobierno de Estados Unidos restringió este viernes la importación de productos de 29 compañías chinas a las que acusa de explotación laboral en la región de Xinjiang.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó la inclusión de dichas compañías, que incluyen distribuidoras de productos agrícolas y electrodomésticos, a una lista de entidades asociadas al trabajo forzado de personas de la minoría musulmana uigur.

“La explotación laboral es una violación de los derechos humanos básicos”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

Estados Unidos ya ha incluido a más de 100 empresas chinas a la lista de compañías a las que acusa de explotación laboral en la región del Xinjiang e instruye a las autoridades aduaneras a prohibir su entrada al país.

La norma entrará en vigor el 25 de noviembre. “Las empresas no deben asegurarse ventajas injustas explotando a los trabajadores”, declaró Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos. “Haremos cumplir nuestras leyes para hacer frente al trabajo forzoso e impedir que las empresas que violan los derechos de los trabajadores se beneficien del mercado estadounidense”, añadió en un comunicado. La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur fue promulgada en 2021.

En 2021, Estados Unidos y otros socios denunciaron ante la ONU abusos del Gobierno chino contra los uigures y otras minorías en Xinjiang, elevando la presión contra Beijing, que negó siempre todas las acusaciones y las calificó como un pretexto para tratar de hacerle daño.

Xinjiang produce aproximadamente el 20% del algodón mundial y, según los denunciantes, las labores en el cultivo y recolección se realizan en parte gracias al trabajo forzado al que son sometidos por parte de las autoridades chinas más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en una red de centros de detención.

En 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida en ese momento por la chilena Michelle Bachelet, emitió un informe sobre los derechos humanos en China, centrado en informaciones documentadas sobre graves y sistemáticas violaciones contra los uigures, que fue repudiado por Beijing.

En el pasado mes de junio, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que China cambió de forma sistemática el nombre de cientos de localidades en la región de Xinjiang con significado religioso, histórico o cultural para la minoría musulmana uigur a otros que reflejan la ideología del Partido Comunista de China.

“Estos cambios de nombre parecen formar parte de los esfuerzos del Gobierno chino por borrar las expresiones culturales y religiosas de los uigures”, denunció la directora de HRW para China, Maya Wang.

En una investigación conjunta con la organización Ayuda Uigur (Uyghur Hjelp), con sede en Noruega, HRW ha rastreado a través de la página web de la Oficina Nacional de Estadística de China los nombres de las localidades entre 2009 y 2023 y ha identificado que 630 han cambiado en este sentido, siendo los tres nombres más comunes entre las nuevas sustituciones “felicidad”, “unidad” y “armonía”.

(Con información de EuropaPress)

La Cámara Federal porteña rechazó una vez más dar curso a una causa que motorizaron dos ONG internacionales para que, en Argentina, bajo el criterio de justicia universal, se investigue a la República Popular China por genocidio y delitos de lesa humanidad de la minoría uigur. La decisión es en respuesta a la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado una decisión similar y había instado al tribunal a pronunciarse nuevamente. Pero el tribunal de segunda instancia ratificó su postura: “No es posible proceder”, sostuvieron los jueces en una resolución a la que accedió Infobae .

La decisión de la Sala II de Cámara Federal de ratificar su postura genera ahora un nuevo escenario: una nueva apelación de los denunciantes obligará ahora a la Sala III de la Cámara de Casación a volver a pronunciarse y definir cómo seguir.

Todo se centra en la denuncia radicada por Omer Kanat y Michael Polak, en nombre de las asociaciones “Uyghur Human Rights Project” y “Lawyers for Uyghur Rights”, respectivamente, y Dolkun Isa, damnificado y representante de “World Uyghur Congress”. Allí se sostuvo que los uigures, una minoría étnica musulmana originaria de la región de Turquestán Oriental, estaba siendo víctima de genocidio en China y por eso reclamaban que en los tribunales federales porteños se abriera una causa bajo el principio de justicia universal. Se trata de un principio jurídico que permite a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde estos hayan sido cometidos, y de la nacionalidad del autor o de las víctimas, si están impunes.

Por sorteo la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Delegada la investigación en la fiscal Alejandra Mangano, el Ministerio Público entendió que los hechos configurarían los crímenes de genocidio y lesa humanidad, pero antes de pronunciarse reclamó medidas dirigidas a acreditar la procedibilidad de la jurisdicción universal. Y entendió que según lo informado vía Cancillería se habían recibido denuncias en Turquía y en Francia donde se alojó una grupo de los ciudadanos de la población perseguida. Con eso, se archivó el caso y la Cámara Federal lo ratificó.

Sin embargo, los denunciantes apelaron: dijeron que en rigor no existía ninguna causa avanzada en el exterior y reclaman el rol de querellantes. Tal como lo detalló hace unas semanas Infobae, la Sala III de Casación hizo lugar al planteo: dispuso “anular” la decisión que confirmaba el archivo de las actuaciones y la negativa a Omar Kunut (quien se presentó como víctima) y de Omar Kanat (en representación de “Uyghur Huamn Rights Proyect”) de ser tenidos por querellantes. Según los jueces Carlos Mahiques y Gustavo Hornos, el fallo apelado “no aparece sustentado en una correcta interpretación de las constancias de la causa, a la vez que exhibe una deficiente fundamentación, lo que impide su calificación como acto jurisdiccional válido”. Y ordenaron dictar un nuevo fallo.

Pero la Cámara Federal dictó un nuevo fallo, ratificando su postura anterior, tras advertir que el principio de jurisdicción universal “supone lógicamente una tensión que se vincula a las relaciones entre los Estados en el orden jurídico internacional” y por ello “se trata de una facultad que debe ejercerse con suma prudencia”, ponderando “reglas básicas” como “la excepcionalidad y subsidiariedad de esta potestad”.

El fallo sostuvo que la fiscalía, “el órgano constitucionalmente llamado a ejercer la acción penal pública y a representar los intereses generales de la sociedad, ha optado por no promover la apertura de la instrucción criminal” y que “son personas y asociaciones de nacionalidades extranjeras y radicadas fuera del país las que” promueven la denuncia “sin elementos de apoyatura suficientes para justificar normativamente un ejercicio de soberanía excepcional como el promovido”.

La Cámara porteña también afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es el encargado de llevar adelante las relaciones exteriores de la Nación ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Y fue la Cancillería la que informó que 19 individuos uyghures residentes en Turquía habían inicado una causa penal en Estambul. “De allí surgió que “(a) que por análogos hechos se formuló una denuncia penal ante la Fiscalía General de Estambul, Turquía; (b) que quienes la realizaron son “individuos uyghures”: (c) que son residentes en Turquía; (d) que la denuncia se basó en una expresa previsión legal del Código Penal Turco; (e) que se anunció el aporte de pruebas documentales, imágenes y sentencias junto a la presentación”.

“Lo anterior demuestra que, por varios motivos, la aplicación de la regla de complementariedad impide a la justicia argentina proceder -dijo el fallo- . El primero y más básico es que ya se denunciaron los hechos en el sistema institucional de otro país. Pero no sólo ello: residen en aquél ‘uyghures’ (la parte de la población civil local que sería perseguida) y además acompañaron evidencias e invocaron una regulación específica de la normativa del Estado en cuestión. Nada de ello se constata aquí. Es claro, entonces, que debe prevalecer la intervención del sistema legal de aquel país. No importa, a estos fines, lo que puedan resolver sus autoridades internas con arreglo a la ley que las rige –aspecto en derredor del cual han girado gran parte de los alegatos-. Lo sustancial pasa porque ya se instó a lo mismo y porque diversos motivos revelan que tiene que priorizarse su jurisdicción por sobre la presente”, se afirmó.

Los camaristas añadieron que “aún cuando (por hipótesis) la denuncia no hubiere sido previamente efectivizada en sede de Turquía (u otra similar), la información disponible obligaría a la misma solución: no es posible proceder”.

“Aquí se reunieron datos sobre víctimas o personas con ligazones directas con la colectividad afectada que están residiendo en un país extranjero determinado, que además posee mucha más cercanía territorial con aquél donde habrían concurrido los hechos. También se aludió a que individuos que reúnen iguales condiciones estarían en otras naciones, respecto de las cuales –incluso- poseen competencia tribunales regionales de los derechos humanos. Por imperio de la explicada “regla de conexión”, es notorio que todos ellos –aun cuando no se hubiere todavía realizado la denuncia- deben prevalecer por sobre el sistema judicial Argentino, cuyos tribunales fueron escogidos (por motivos ciertamente loables) sin que concurra ninguna de esas circunstancias”, se afirmó.

También se insistió en rechazar que los denunciantes tomen el rol de acusadores. “Ninguna norma del derecho internacional o fallos de los tribunales de derechos humanos fija algún principio que contraríen la solución del juez sobre el punto. (...) Por lo expuesto, se resuelve: confirmar el archivo del caso y la negativa de tener a los apelantes por querellantes”. La discusión promete continuar. Con una nueva apelación, los jueces de Casación deberá revisar ahora el nuevo fallo de la Cámara Federal.

El Gobierno de Estados Unidos prohibió este jueves las importaciones de cinco empresas chinas, señaladas por someter a trabajos forzosos a la minoría uigur, en la región de Xinjiang. De esta manera, la cadena de suministro local de productos en el gigante norteamericano ya no incluirá estos artículos, fruto de abusos.

Las firmas alcanzadas en esta oportunidad son Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, con sede en Hong Kong, así como su matriz, Century Sunshine Group Holdings. Ambas se encargan de la fabricación de fertilizantes de magnesio y otros artículos de aleación de éste.

También se vio afectada Zijin Mining Group Co, filial de Xinjiang Habahe Ashley Copper Co, que extrae metales no ferrosos.

Así, tras el anuncio, las cinco compañías fueron incluidas en la Lista de Entidades de la Ley de Prevención de los Trabajos Forzados de los Uigures, una de las principales acciones emprendidas por el Gobierno de Joe Biden en pos de condenar este “genocidio continuado” sobre las minorías en la región occidental de China, que incluyen prácticas como reclutamiento y transporte forzoso de estas personas, y colaboración con las autoridades locales.

Hasta el momento, más de 70 empresas han sido incluidas en esta Lista por demostrar el empleo de alguna de estas maniobras en sectores varios.

Asimismo, el pasado 13 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra algunos funcionarios chinos por no cumplir con “sus compromisos de respetar y proteger los Derechos Humanos” y por llevar a cabo el “genocidio y crímenes contra la humanidad” en Xinjiang.

“Estados Unidos sigue promoviendo la rendición de cuentas en defensa de los Derechos Humanos en China”, apuntó entonces el portavoz del organismo, Matthew Miller.

En agosto de 2022, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó un informe alarmante en el que expuso que, a pesar de la negativa del Ejecutivo de Xi Jinping, se estaban cometiendo graves violaciones en la materia “en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo’”.

“La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la RAE de Xuan han dado lugar a pautas intercaladas de restricciones graves e indebidas de una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas”, agregaba el documento de 48 páginas.

A pesar de esto, poco más de un año más tarde, Naciones Unidas volvió a alertar por la persistencia de estos abusos, sobre todo en niños. Los expertos señalaron que las autoridades chinas estaban llevando a gran parte de estos menores a internados en los que se los reeducaba con conocimientos que no contemplan sus raíces.

La ONU apuntó que estos jóvenes corrían peligro de asimilación cultural forzada en cuestiones como el idioma y la cultura, además de ser separados violentamente de sus familias y “tratados como si fueran huérfanos”.

(Con información de Reuters)

La Cámara Federal de Casación Penal abrió la puerta para que se investigue en los tribunales de Comodoro Py 2002 la denuncia que motorizaron dos ONG internacionales para que, en Argentina, bajo el criterio de justicia universal, se investigue a la República Popular China por genocidio y delitos de lesa humanidad de la minoría uigur. Tanto la fiscal y el juez de primera instancia, como la Cámara Federal archivaron la causa. Pero tal como lo reveló Infobae hace unos meses, los querellantes apelaron e incluyeron una nota en donde se asegura que, a diferencia de lo informado oficialmente vía Cancillería, en Turquía no hay ninguna causa que se haya impulsado para analizar estos vejámenes.

El fallo de Casación, dictado la semana pasada, anula la resolución que había firmado la Cámara Federal y les ordena volver a pronunciarse teniendo en cuenta esos nuevos elementos. No es un dato menor: el criterio había sido que, como hay investigaciones en curso en otros países, la Argentina no podía impulsar una investigación. Pero eso quedaría en jaque si, en rigor, no hay causas en curso. Un dato de interés: el fallo afirmó que la comunicación enviada a la causa “si bien proviene de la Cancillería argentina no convierte cualquier información surgida de ese organismo estatal y, en este caso, en ‘oficial’”.

También instó a aceptar como querellantes a las ONG. “Baste remarcar que el fallo no da razones de cuáles serían las razones jurídicas y políticas por las que se estaría restringiendo la prioritaria garantía de efectiva tutela judicial de las víctimas”, se aseguró.

“El hecho de que la jurisdicción universal deba ejercerse con la mesura y prudencia que corresponde a cualquier manifestación de soberanía extraterritorial, no es per se una razón válida y excluyente para derivar de ello la exclusividad del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción penal pública y condicionar de este modo los derechos reconocidos a las víctimas. Máxime, cuando aquella interpretación se aparta de la normativa vigente, que no establece ninguna clase de restricción legal para el ejercicio del derecho a querellar en casos de jurisdicción universal, y se ubica en las antípodas de la evolución normativa y jurisprudencial, tanto local como supranacional, que apunta a un mayor protagonismo de la víctima y del querellante en el proceso penal”, se aseguró.

El caso

Los uigures son una minoría étnica musulmana originaria de la región de Turquestán Oriental. La mayor parte habita en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China, pero también están asentados en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Si bien siempre hubo tensiones entre ellos y el gobierno chino, los problemas se acrecentaron tras atentados ocurridos en 2013 y 2014, cuando las autoridades apuntaron a separatistas uigures por esos hechos y prometieron terminar con el radicalismo islámico. En ese contexto se activaron programas para “reeducar” a esa comunidad.

En Argentina, la causa empezó en agosto del 2022 cuando en Comodoro Py se denunciaron los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma, es decir, un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El fundamento de la denuncia ponía foco en el estudio que hizo la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, cuando estaba al frente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU): allí publicó un informe de 48 páginas sobre las violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang en contra de los uigures y otras etnias musulmanas. Tras dejar el cargo, Bachelet admitió que había recibido fuertes presiones políticas para no publicar el informe

Puntualmente, se denunciaban los casos de Qelbinur Sidik, quien fue esterilizada forzosamente; Dolkun Isa, cuya madre fue secuestrada y asesinada en un centro “educativo”; Gulbahar Jalilova quien fue detenida arbitrariamente e internada en un centro “educativo” y sometida a tratos crueles, torturas (incluidos episodios de violencia sexual calificables como tortura); y Gulzire Awulqanqizi, quien fue privada ilegalmente de la libertad y sometida a tormentos. A su vez, se inscribió de forma general los episodios denunciados en el marco de un hecho de genocidio y se los calificó como crímenes de lesa humanidad, que incluían detenciones masivas y arbitrarias fundadas en motivos discriminatorios; violaciones y actos de violencia sexual; desaparición forzada de personas; persecución; tortura; asesinato y esclavitud.

La denuncia fue radicada por Omer Kanat y Michael Polak, en nombre de las asociaciones “Uyghur Human Rights Project” y “Lawyers for Uyghur Rights”, respectivamente, y Dolkun Isa, damnificado y representante de “World Uyghur Congress”. Están representados por los abogados Gabriel Cavallo, Hernán Folgueiro y Joao Nieto.

Por sorteo la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Delegada la investigación en la fiscal Alejandra Mangano, el Ministerio Público entendió que los hechos configurarían los crímenes de genocidio y lesa humanidad, pero antes de pronunciarse reclamó medidas dirigidas a acreditar la procedibilidad de la jurisdicción universal.

El Ministerio Público promovió requerir información por la vía de exhorto a la República Popular China sobre procesos judiciales relacionados con los hechos denunciados. También que, a través de la Cancillería argentina, reclamó que se efectuaran análogas solicitudes a la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a otros tribunales penales internacionales ad-hoc en relación a la existencia de procesos en los que se investiguen hechos cometidos en perjuicio de la comunidad uigur y, o, en la región de Xīnjiāng, por violaciones a sus derechos humanos.

Casanello, por su parte, entendió innecesario oficiar a la CIJ, por “no tener competencia penal”, y a la CPI, porque “China no es parte del Estatuto de Roma”. Explicó el magistrado de primer grado que la CIJ es un tribunal que carece de competencia en materia penal internacional. Si ordenó que se solicitara información vía diplomática la existencia de procesos penales relativos a la presunta violación de los derechos humanos de las comunidades uigures que habitan la región de Xīnjiāng, República Popular China. No solo en ese país sino también en otros que pudieran tener o no vinculación con esos hechos, y sobre cualquier otra investigación internacional sobre dicha cuestión.

Casanello, por su parte, entendió innecesario oficiar a la CIJ, por “no tener competencia penal”, y a la CPI, porque “China no es parte del Estatuto de Roma”. Explicó el magistrado de primer grado que la CIJ es un tribunal que carece de competencia en materia penal internacional. Si ordenó que se solicitara información vía diplomática la existencia de procesos penales relativos a la presunta violación de los derechos humanos de las comunidades uigures que habitan la región de Xīnjiāng, República Popular China. No solo en ese país sino también en otros que pudieran tener o no vinculación con esos hechos, y sobre cualquier otra investigación internacional sobre dicha cuestión.

Tras ideas y vueltas, la fiscal Mangano, en base al reporte de la DAJIN (el área de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería) y a la información obtenida por esa Dirección de fuentes no individualizadas de la República de Turquía, sostuvo que había, al menos, una investigación local en curso sobre los mismos hechos denunciados en la presente. También, se detalló, se constató la promoción de otro caso judicial en Francia, donde un conjunto de organizaciones de la sociedad civil con sede en ese país presentaron una petición de información judicial por crímenes de lesa humanidad, genocidio, servidumbre agravada y trata en banda organizada contra algunas empresas multinacionales de indumentaria argumentando que se habrían beneficiado del trabajo forzado de uigures para la fabricación de sus productos.

Con esa presunción de que se trataba de un proceso penal regular en trámite en ese país con idéntico objeto e iniciado con anterioridad, la fiscalía entendió demostrado el ejercicio de la jurisdicción penal en otro estado soberano. Y por ello recomendó el archivo de la causa, algo que fue respaldado por el juez porque era el Ministerio Público es el que da o no impulso a las investigaciones. La querella apeló, pero la Cámara Federal respaldó el criterio.

Lo que las ONG plantearon en Casación fue que se trataba de un criterio arbitrario y que, en rigor, no existía ninguna causa penal en Turquía. Según se sostuvo el gobierno turco informó a las autoridades argentinas acerca de la existencia de una causa penal en trámite por hechos sustancialmente idénticos a los aquí denunciados” cuando, en realidad, afirman que este estado “jamás informó eso”. Se trató, insisten, de un informe elaborado por los encargados diplomáticos argentinos en ese país, sin documentos oficiales.

El fallo de Casación

Casación recogió el planteo. El juez Carlos Mahiques afirmó que “el pronunciamiento impugnado no aparece sustentado en una correcta interpretación de las constancias de la causa, a la vez que exhibe una deficiente fundamentación, lo que impide su calificación como acto jurisdiccional válido”. Según expuso, “el dictamen fiscal que sirvió de base al archivo impugnado no pudo ser tenido por determinante ni vinculante para el juez al momento de analizar el cierre de las actuaciones, ya que si bien se repara, aquella presentación no supera el test de logicidad y razonabilidad”.

“Tampoco obra constancia en autos del libramiento por el juzgado instructor de exhorto internacional o solicitud relativa a la pesquisa de datos que confirmen el contenido que, de un modo demasiado genérico, surge del parte de la Cancillería argentina, y cuya fuente de información se mantiene imprecisa e indeterminada -se resaltó-. En un contexto donde no se hallan constancias judicialmente relevantes o definitivas que corroboren las averiguaciones realizadas en Turquía y en Francia, la decisión del juez de grado se exhibe prematura e infundada, y por lo tanto insusceptible de homologación. Los argumentos de la alzada son una reedición y ratificación de los del juez instructor, a las que suman otras consideraciones que no condicen con los datos rendidos en las actuaciones”.

Mahiques advirtió que “la formalidad de la comunicación, si bien proviene de la Cancillería argentina no convierte cualquier información surgida de ese organismo estatal y, en este caso, en ‘oficial’”. “En las condiciones expuestas, y por fuera de la discusión acerca de la calidad y legitimidad de la información evaluada para archivar la denuncia, es razonable la argumentación de los impugnantes en cuanto a que en el informe de la DAJIN solo se hace mención a ‘una denuncia de un grupo de uigures en Turquía’, lo cual impide afirmar sin riesgo a error y a apartarse de los propios términos del informe, la existencia de un previo proceso judicial en curso en otro país”.

Según el voto, “la decisión objetada es jurídicamente arbitraria dada la ausencia de suficiente fundamento y de una base de información judicial precisa y fehaciente que justifique el archivo de las actuaciones y la negativa al ejercicio de la jurisdicción universal. La cuestión entrañada en la denuncia realizada por y en representación de víctimas de lesa humanidad y genocidio, y su voluntad de recurrir a esta jurisdicción para obtener justicia, demandan el máximo de esfuerzo en la obtención de la mayor, mejor y más pronta conjunción de evidencias que definan el destino del reclamo”.

A su turno, el juez Gustavo Hornos siguió esa línea argumental. “Tanto el archivo decidido por el instructor -con fundamento en el dictamen fiscal- como su confirmación por el tribunal a quo se valieron únicamente de las constancias arrimadas al legajo por la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional (DAJIN) de Cancillería en donde se menciona información sobre la posible existencia de una denuncia sobre hechos similares a los aquí analizados en la República de Turquía” y, según “información judicial” -fase inicial del proceso penal- una supuesta “demanda” por crímenes de lesa humanidad, genocidio, servidumbre agravada y trata en banda organizada. Sin embargo, dijo Hornos, “ninguno de estos elementos valorados al momento de analizar el cierre de las actuaciones fue confirmado por el instructor mediante el libramiento de exhortos internacionales o solicitudes de información específicas relativas a las investigaciones que estarían en curso en Turquía y Francia”.

“De esta manera, atendiendo al tenor y gravedad de los hechos denunciados por los pretensos querellantes, se debieron haber extremados los recaudos a fin de obtener información judicial precisa, fehaciente y de calidad a efectos de poder justificar adecuadamente el archivo de las actuaciones y el descarte al ejercicio de la jurisdicción universal”, se afirmó.

Y avaló la incorporación de las ONG a la causa. “Las tendencias legislativas, normativas y jurisprudenciales se inclinan hacia un nuevo rol de la víctima y del querellante como protagonista del proceso penal, y a la plena atención de sus demandas e intereses, todo lo cual se debe conjugar con los fines del derecho penal”, agregó.

El juez Javier Carbajo votó en disidencia al entender que no había que abrir el planteo. “El recurso se apoya en meras discrepancias valorativas con el análisis efectuado en la anterior instancia, a partir de la interpretación de las particulares circunstancias del caso y, en este sentido, las razones expuestas en la impugnación no configuran agravios fundados en la doctrina de la arbitrariedad”, dijo. Y añadió: “no puede soslayarse, que en el caso y sin perjuicio de la insatisfacción evidenciada por los impugnantes en su escrito, se ha respetado el principio de la doble instancia, habida cuenta de los resolutorios concordantes del juez de grado y de su alzada de apelación”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes restricciones de visado contra funcionarios de la República Popular China (RPC) por la “represión” contra comunidades religiosas y étnicas “marginadas”.

“Estados Unidos sigue promoviendo la rendición de cuentas en defensa de los Derechos Humanos en China”, señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Washington apuntó contra Beijing por no cumplir con “sus compromisos de respetar y proteger los Derechos Humanos”. En particular, justificó esta decisión por el “genocidio y crímenes contra la humanidad” en la región autónoma de Xinjiang, en alusión a la minoría musulmana uigur.

Asimismo, el escrito menciona la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong, donde el pasado marzo se aprobó una nueva legislación sobre seguridad nacional que, de acuerdo con la Administración estadounidense, “podría utilizarse para eliminar a la disidencia”. Por este motivo, el Departamento de Estado estadounidenses ya anunció restricciones de visado a funcionarios de este territorio.

También han motivado estas medidas la “represión transnacional” ejercida por las autoridades chinas y las “persistentes” violaciones de Derechos Humanos en la región del Tíbet. A este respecto, el presidente Joe Biden anunció este mismo viernes la ‘Ley para promover la resolución del conflicto entre el Tíbet y China’, destinada a fomentar los derechos de los tibetanos y la preservación de “su patrimonio lingüístico, cultural y religioso”.

“Mi Administración seguirá instando a la RPC a reanudar el diálogo directo, sin condiciones previas, con el Dalai Lama, o sus representantes, para buscar un acuerdo que resuelva las diferencias y conduzca a un acuerdo negociado sobre el Tíbet”, señaló el mandatario estadounidense en una nota de prensa.

Por último, el Departamento de Estado ha instado a las autoridades chinas a respetar los Derechos Humanos y a liberar de manera “incondicional” a sus nacionales que se encuentran detenidos “arbitaria e injustamente”, entre otras recomendaciones emitidas este año por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, informó este viernes que el Ejecutivo estadounidense aprobó la imposición de sanciones a una empresa iraní implicada en la proliferación de armas químicas en el país.

“El Departamento de Estado ha impuesto hoy sanciones a la empresa de investigación Hakiman Shargh por su participación en la investigación y el desarrollo de armas químicas en Irán”, explicó Miller en una nota de prensa en la que matizó que “estas sanciones se imponen de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382, que se dirige contra los proliferadores de armas de destrucción masiva y quienes los apoyan”.

A este respecto, agrega el comunicado, EEUU ha señalado a la mencionada compañía por “participar o intentar participar en actividades o transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de Irán”, tras “reiterados llamamientos” de Washington a Teherán para “poner remedio a su incumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas”.

Miller recordó que Estados Unidos denunció en reiteradas ocasiones desde 2018 que “Irán no cumple con la Convención sobre las armas químicas por no declarar plenamente sus actividades e instalaciones relacionadas con las armas químicas”.

En la misma línea, ya este año, la Casa Blanca ha denunciado además la violación por parte de Teherán de la Convención sobre armas químicas, “debido a su desarrollo de agentes basados en productos farmacéuticos como parte de un programa de armas químicas”.

“Estados Unidos seguirá oponiéndose a cualquier intento del régimen iraní de desarrollar armas químicas, incluidas aquellas que puedan ser utilizadas por sus representantes y socios para apoyar la agenda desestabilizadora de Irán de incitar y prolongar conflictos en todo el mundo”, ha sentenciado Miller.

Estas declaraciones llegan el mismo día en que un tribunal iraní ha condenado a Estados Unidos a pagar $6.800 millones (cerca de €6.245 millones) en concepto de daños causados por las sanciones impuestas después de que Washington abandonara de forma unilateral en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes.

(Con información de Europa Press)