Europa se divide por el futuro de su presupuesto. Mientras España y otros países defienden los fondos agrícolas y de cohesión, Alemania, Países Bajos, Austria y los países nórdicos, conocidos como el grupo de los ‘frugales’, exigen una reducción de “varios cientos de miles de millones de euros” en el próximo presupuesto de la Unión Europea. Además, rechazan la posibilidad de recurrir a nuevas emisiones conjuntas de deuda como solicitan España y Francia. El enfrentamiento entre ambos bloques entra así en una fase decisiva que dificulta el objetivo de cerrar un acuerdo presupuestario antes de que termine el año.

Los responsables de Asuntos Europeos de los países ‘frugales’ coordinaron este martes sus posiciones en una reunión destinada a reactivar unas negociaciones que avanzan con grandes diferencias entre las capitales. La discusión gira en torno al tamaño del presupuesto comunitario, pero también sobre qué políticas deben recibir los recursos europeos y cómo financiar las nuevas prioridades de la Unión.

La cita volvió a poner de manifiesto la distancia entre los países más ricos del bloque y los denominados ‘amigos de la cohesión’, una veintena de Estados, entre ellos España, que defienden mantener una dotación sólida para los fondos regionales y agrícolas. Para estos países, la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión siguen siendo instrumentos esenciales para reducir las diferencias económicas entre territorios.

Los ‘frugales’ piden meter la tijera

“El presupuesto planteado debe reducirse sustancialmente, ahora no estamos ni cerca de una zona de aterrizaje. Serán necesarios recortes de varios cientos de miles de millones de euros en todos los capítulos”, afirmó la ministra sueca para Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, durante el encuentro, según recoge Efe.

Esta propuesta fue respaldada por los ministros de Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Alemania. El representante alemán, Gunter Krichbaum, planteó la necesidad de “liberar inversiones de políticas tradicionales”, en referencia a la PAC y a la política de cohesión, para orientar una mayor parte de los recursos hacia prioridades como la competitividad, la seguridad y la defensa o la descarbonización.

Los países ‘frugales’ también se oponen a que las próximas cuentas comunitarias incorporen nuevas emisiones de deuda conjunta para afrontar los gastos de la Unión. A ello suman su rechazo a elevar sus contribuciones nacionales al presupuesto europeo. Su posición parte de la premisa de que las nuevas prioridades comunitarias deben financiarse mediante una redistribución de los recursos existentes y no necesariamente mediante un aumento del tamaño de las cuentas.

España planta cara y reclama más fondos y herramientas de deuda

Esta posición choca directamente con la defendida por los ‘amigos de la cohesión’. España, Países como Polonia, Portugal o Grecia rechazan que cualquier reducción del presupuesto se produzca a costa de las partidas agrícolas y regionales. España sostiene que ambos capítulos también tienen un impacto directo sobre la capacidad de crecimiento y competitividad de la Unión.

“Son también una inversión en competitividad”, defendió durante el debate público el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, en referencia a los fondos de cohesión y agrícolas. El representante español consideró además que la propuesta inicial de la Comisión Europea para estos programas ya era “el mínimo”. Madrid reclama también la creación de un “fondo europeo de adaptación al cambio climático”, financiado mediante un “gravamen europeo permanente sobre los beneficios al sector del petróleo y el gas”.

Sampedro defendió asimismo que la Unión Europea incorpore nuevos mecanismos de deuda conjunta y establezca un pago “gradual” de los pasivos derivados del fondo de recuperación. La posición española coincide con la propuesta planteada recientemente por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para suavizar el calendario de pago de los intereses asociados a esa deuda.

“No tiene sentido que estemos de acuerdo en endeudarnos para cuestiones muy importantes como el apoyo a Ucrania o en materia de seguridad y defensa y endeudarnos para otras prioridades europeas sea un tabú”, afirmó Sampedro. En esta línea, planteó un “nuevo” programa Next Generation EU “para poder responder a situaciones de emergencia de forma ágil y solidaria” y que los Estados puedan “solicitar préstamos al menos hasta 2032 sin limitar los ámbitos de aplicación”.

Los nuevos ingresos, otra fuente de conflicto

La financiación del futuro presupuesto constituye el segundo gran frente de las negociaciones. Los Estados miembros han comenzado a fijar posiciones sobre la posibilidad de introducir nuevas fuentes de ingresos o “recursos propios” de la Unión Europea, una cuestión que también divide a las capitales.

Sobre la mesa existen cinco propuestas de la Comisión Europea y otras tres planteadas por el Parlamento Europeo. Sin embargo, ninguna cuenta por ahora con el apoyo unánime que sería necesario para aprobar nuevos impuestos a escala comunitaria. La discusión sobre los recursos propios está estrechamente vinculada al tamaño final del presupuesto y al reparto de los sacrificios entre los Estados.

El ministro francés, Benjamin Haddad, puso precisamente el foco en esta cuestión y calificó de “indispensable” alcanzar un acuerdo sobre nuevas fuentes de financiación. De lo contrario, advirtió, los “recortes masivos” reclamados por los países ‘frugales’ podrían terminar afectando al nuevo Fondo de Competitividad en lugar de concentrarse en la PAC o la política de cohesión.

El acuerdo, pendiente de las próximas cumbres

Los Estados miembros aspiran a alcanzar un acuerdo definitivo en la cumbre de líderes de diciembre, aunque las posiciones siguen alejadas y todavía quedan varias etapas de negociación. El futuro presupuesto comunitario será abordado de nuevo por los jefes de Estado y de Gobierno antes de que termine el año.

La próxima cita está prevista para los días 15 y 16 de octubre. Para entonces, Irlanda, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, presentará un nuevo borrador presupuestario con el objetivo de acercar las posiciones de los Estados.

Además, los Veintisiete contemplan la posibilidad de celebrar una cumbre extraordinaria a finales de noviembre si las diferencias continúan siendo demasiado amplias. El calendario deja así poco margen para cerrar una negociación que enfrenta dos visiones sobre el futuro de las cuentas europeas: reducir el presupuesto y concentrar el gasto en nuevas prioridades o mantener el peso de las políticas tradicionales y recurrir a nuevas fuentes de financiación y deuda común.

La campaña de sabotaje de Estados Unidos contra Europa se ha intensificado drásticamente en los últimos meses, hasta el punto de que el 18 de septiembre, Emmanuel Macron, presidente de Francia, convocó a los líderes de los partidos franceses y a los candidatos presidenciales al Palacio del Elíseo para informarles sobre la amenaza de bajas civiles. “Nadie está a salvo”, les dijo Macron, según el diario Le Monde. Los rusos, afirmó, pretenden “intimidarnos y quebrar nuestro apoyo a los ucranianos”.

Un día antes, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, había declarado que contaba con información de inteligencia que indicaba que Rusia pretendía atacar con drones o misiles a países europeos que apoyaban a Ucrania, para luego alegar que los ataques habían sido accidentales. Rusia quería “paralizar” la OTAN , afirmó, poniendo a prueba el Artículo 5 de su tratado, que estipula que un ataque contra uno será considerado un ataque contra todos. Una respuesta tibia por parte de los aliados pondría en duda dicho compromiso.

Rusia lleva años realizando operaciones encubiertas y provocaciones negables contra países europeos. Desde que comenzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, estas se han intensificado. Entre ellas se incluyen incursiones con drones de reconocimiento, ciberataques, incendios provocados, paquetes bomba dirigidos a vuelos de carga y complots para asesinar a ejecutivos de importantes empresas armamentísticas europeas. En los últimos meses, el ritmo de estos ataques clandestinos parece haberse acelerado de nuevo. Según analistas y funcionarios de seguridad, las operaciones rusas tienen tres objetivos principales: coaccionar a los países europeos para que cesen su apoyo a Ucrania; aumentar el coste de dicho apoyo; e intentar que la OTAN parezca impotente.

«Parece que estamos pasando de una serie de incidentes aislados a una campaña continua», afirma Andrew Thomson, exdiplomático británico que ahora trabaja en Monarch, una empresa de seguridad alemana. Justo la semana anterior a las declaraciones de Tusk y Macron, aviones italianos en una misión de la OTAN derribaron un dron cargado de explosivos que había entrado en Lituania procedente de Bielorrusia, y otros despegaron para interceptar dos cazas rusos que violaron el espacio aéreo de la OTAN . Esa misma semana, drones rusos atacaron un tren en Ucrania a menos de dos kilómetros de un paso fronterizo polaco, poco después de que Boris Johnson, ex primer ministro británico, y varios funcionarios de seguridad europeos hubieran transitado por allí. En los Países Bajos, la red ferroviaria se vio recientemente afectada por la colocación coordinada de tuberías y cables en las vías de todo el país.

Más significativo aún, en agosto, un dron cargado de explosivos impactó contra un avión de carga utilizado para transportar armas a Ucrania en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania, aunque no llegó a detonar. Las autoridades alemanas culparon a Rusia del ataque y, en represalia, clausuraron un centro cultural ruso en Berlín.

No todos estos incidentes son fáciles de atribuir. Muchas operaciones rusas están diseñadas para ser negadas, por lo que se las denomina «guerra híbrida» o «guerra en la zona gris». Según el Sr. Thomson, existen muchos más incidentes de este tipo de los que se informan oficialmente. Suelen tener como objetivo infraestructuras críticas o empresas de defensa, e incluyen «accidentes» que dañan equipos clave, intrusiones en instalaciones sensibles e intentos de infiltración o reclutamiento de agentes. Si bien los incidentes individuales pueden parecer aleatorios, en conjunto muestran un patrón de interrupción y recopilación de inteligencia.

En muchos casos, los actos de sabotaje son perpetrados por agentes locales o bandas criminales. Muchos desconocen que su patrocinador es Rusia. La ventaja de utilizar saboteadores independientes radica en que resulta más difícil culpar a los servicios de inteligencia rusos. La desventaja es que, al no ser agentes entrenados, tienen mayor probabilidad de fracasar en sus misiones.

«La ambigüedad forma parte del arma misma», afirma David Cattler, exfuncionario de inteligencia de la OTAN y actualmente miembro del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un centro de estudios en Washington. La incertidumbre de las víctimas sobre lo sucedido dificulta que los países europeos alcancen un consenso sobre la respuesta. Los incidentes están diseñados para ser lo suficientemente graves como para tener un impacto, pero sin llegar al umbral que desencadenaría una respuesta militar de la OTAN .

El caos en los ferrocarriles holandeses fue un buen ejemplo. Las autoridades holandesas no han aclarado si el sabotaje estuvo vinculado a Rusia o si fue perpetrado por agricultores enfadados que bloquearon carreteras durante las protestas del mismo día. Sin embargo, dado que Rusia ha sido vinculada a otros incidentes ambiguos, se beneficia del temor y la incertidumbre, incluso sin ser culpada directamente.

El principal desafío para Europa reside en cómo responder. Muchos países están adoptando medidas defensivas, como la instalación de sistemas de protección contra drones en aeropuertos y otras infraestructuras críticas. Algunos argumentan que Europa también necesita adoptar medidas colectivas más contundentes para aumentar el coste de los ataques híbridos para Rusia. Puede tomar represalias restringiendo el número de visados ​​expedidos a ciudadanos rusos, expulsando diplomáticos, cerrando consulados, imponiendo sanciones más severas y, posiblemente, lanzando acciones encubiertas contra intereses rusos.

«Lo que Moscú más respeta es la fuerza», afirma el Sr. Cattler. A menos que Europa demuestre ser lo suficientemente firme como para disuadir las provocaciones, Rusia seguirá escalando. Hasta ahora, sus provocaciones no han tenido consecuencias catastróficas, pero podrían haberlas tenido. Obstrucciones en las vías podrían descarrilar un tren. Ataques con drones en aeropuertos podrían derribar un avión. La estrategia más arriesgada sería dejar que Rusia siga presionando hasta que algo se quiebre.

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El partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, obtuvo 355 de las 450 bancas de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, según los resultados preliminares difundidos este lunes por la jefa de la comisión electoral, Ela Pamfílova. Es la mayor supermayoría en la historia del partido, por encima del récord anterior de 343 escaños logrado en 2016.

Esa cifra le permite a Rusia Unida sostener, por sí sola, una mayoría constitucional: con más de 300 de los 450 escaños, el partido puede aprobar reformas a la Constitución rusa, leyes orgánicas y el presupuesto de guerra sin necesidad de negociar con ninguna otra fuerza política.

Fue la primera elección legislativa que celebra Rusia desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, y se realizó sin la participación de ningún partido crítico de la guerra: la Justicia rusa excluyó en agosto a Yábloko, la única fuerza registrada que se oponía abiertamente al conflicto. El Kremlin, que ejerce un control estricto sobre el proceso electoral, prohíbe además cualquier crítica pública a la campaña militar.

Pamfílova informó una participación superior al 59% y agradeció a los rusos por votar pese a lo que calificó de “presión psicológica” sobre el país.

Con más del 95% de los votos escrutados, el Partido Comunista quedó en segundo lugar con 40 bancas, seguido por el nacionalista LDPR con 25 y Nueva Gente con 20.

Los resultados definitivos se conocerán esta semana. Rusia Unida domina la política rusa desde comienzos de los 2000, y Putin gobierna el país desde la Nochevieja de 1999.

“La más alta consolidación”, según el Kremlin

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró el resultado y lo presentó como una muestra de respaldo popular al presidente: “Estos indicadores, por supuesto, apuntan al más alto nivel de consolidación de la sociedad rusa en torno al jefe de Estado”, dijo este lunes en una conferencia de prensa.

La reacción en Europa fue muy distinta. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció un “retroceso de la democracia” en Rusia y anunció que propondrá sanciones contra quienes ayudaron a organizar la votación en los territorios ucranianos ocupados.

“Las denominadas elecciones a la Duma marcaron otro importante retroceso para la democracia rusa. Su resultado nunca estuvo en duda”, escribió Kallas en la red social X. “El Kremlin acalló la disidencia, excluyó al único partido registrado que se oponía a su guerra en Ucrania y dejó fuera a los observadores electorales internacionales. En Rusia solo queda la apariencia de democracia”, agregó.

La UE ya sancionó a unas 3.000 personas y entidades por la guerra, entre ellas al propio Putin.

Una brecha que reaviva las dudas sobre el fraude

Por primera vez, Rusia había habilitado mesas de votación en zonas ocupadas de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson, un paso que ni siquiera había dado con Crimea, anexada en 2014. Kiev y buena parte de la comunidad internacional consideran esos comicios nulos bajo el derecho internacional.

El resultado llega en un contexto de desgaste que el propio aparato oficial admitía antes de la votación: las encuestadoras independientes le atribuían a Rusia Unida apenas 20% de intención de voto real, muy por debajo del 33-37% que reconocían los sondeos oficiales.

La brecha entre esas cifras y el resultado final —cercano al 79% de las bancas— reaviva las dudas sobre la limpieza del proceso. Buena parte de los votos se emitieron a través del voto electrónico remoto (DEG), un sistema que este año se utilizó en Moscú y en decenas de regiones y que, según medios independientes rusos, las autoridades ya habían usado en elecciones anteriores para inflar resultados: a diferencia de una boleta en papel, no permite un recuento físico que un observador pueda auditar de forma independiente.

A eso se suma que el principal organismo independiente de monitoreo electoral del país, Golos, se disolvió en julio de 2025 tras la condena a prisión de su copresidente.

La inteligencia artificial podría aumentar la productividad europea en torno a un 1 % en cinco años, pero corre el riesgo de agravar las desigualdades, sobrecargar las redes eléctricas y aumentar la dependencia de la tecnología extranjera, a menos que los Gobiernos profundicen en la integración económica, según un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nota informativa, elaborada para una reunión informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea en Dublín los días 18 y 19 de septiembre, señala que es probable que los beneficios y los costos de la IA se distribuyan de forma desigual entre países, regiones y trabajadores.

Completar el mercado único de la UE contribuiría a difundir la adopción de la IA y sus beneficios de forma más equitativa en todo el bloque de 27 países, agrega.

El documento se hace eco de las preocupaciones planteadas por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y por la Comisión Europea, según las cuales la fragmentación de los mercados europeos de capitales, trabajo y energía está frenando la inversión y la innovación.

El FMI estimó que alrededor del 60 % de los trabajadores de las economías europeas avanzadas desempeñan profesiones muy expuestas a la IA.

Si bien algunos podrían aumentar su productividad gracias a las herramientas, otros se enfrentarían a la pérdida de su puesto de trabajo a medida que las tareas rutinarias se automaticen, según el informe, especialmente en aquellos puestos en los que es más probable que la IA sustituya a la mano de obra en lugar de complementarla.

El informe señala que los centros de datos europeos ya consumen aproximadamente el 3 % de la electricidad del continente y que la demanda aumentará considerablemente a medida que se expanda el uso de la IA. Los principales centros tecnológicos, como Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín, se encuentran entre las zonas más expuestas, ya que las concentraciones de centros de datos ya están ejerciendo presión sobre las redes eléctricas locales.

Para hacer frente a esta situación, la UE debería invertir en infraestructuras de red transfronterizas y profundizar en la integración del mercado energético europeo, señaló el FMI.

El informe también advierte de que Europa corre el riesgo de desarrollar otra dependencia estratégica, ya que Estados Unidos y China dominan el desarrollo de modelos de IA. El fondo señala que el continente necesitaría una inversión significativa en su propia industria de la IA para evitar depender de la tecnología extranjera.

Además, según el documento, es probable que los beneficios de la IA se distribuyan de forma desigual tanto entre los distintos países de la UE como dentro de cada uno de ellos. Se prevé que las economías más avanzadas se beneficien de manera desproporcionada, ya que están mejor preparadas para esta tecnología y más expuestas a ella.

(Con información de Reuters)

Bielorrusia llevó a cabo maniobras militares cerca de su frontera occidental con la Unión Europea a principios de esta semana, según informó en redes sociales el Ministerio de Defensa de este país aliado de Rusia.

Los ejercicios se producen en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Europa a raíz de la guerra en Ucrania.

Bielorrusia realiza habitualmente maniobras militares, en ocasiones junto a Rusia.

El ministerio señaló que los ejercicios —parte de los cuales se desarrollaron en regiones limítrofes con Polonia y Lituania, países miembros de la OTAN— tenían un carácter “estrictamente defensivo”.

“Tienen como objetivo, entre otras cosas, mejorar la capacidad de los soldados para defender la soberanía y la integridad territorial del Estado”, afirmó.

Las maniobras se llevaron a cabo entre el martes y el viernes, indicó el ministerio.

Por otra parte, el régimen de Bielorrusia liberó a 25 presos políticos a cambio de que Estados Unidos levantara sanciones contra dos empresas estatales, en un acuerdo provisional anunciado tras una reunión en Minsk entre el dictador Alexander Lukashenko y el enviado estadounidense John Coale.

Los excarcelados incluyeron a defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, abogados y trabajadores de medios. Entre ellos figuraron los periodistas Andrei Aliaksandrau, Dzmitry Navazhylau, Kiryl Pazniak y Liudmila Chekina.

La liberación se produjo el miércoles y formó parte de las negociaciones que Washington y Minsk sostuvieron durante más de un año. Coale informó que Estados Unidos retirará las restricciones impuestas a la empresa Lakokraska, fabricante de pinturas y revestimientos industriales, y a Bellesbumprom, una entidad estatal vinculada con los sectores forestal, de celulosa y papel.

El enviado especial estadounidense calificó la medida como un gesto de buena voluntad dentro de un entendimiento que buscó abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

Cole, que se reunió el lunes con el líder de la antigua república soviética, Alexandr Lukashenko, señaló que “Bielorrusia y Estados Unidos alcanzaron un gran progreso en las negociaciones”, en las que las partes debatieron “temas internacionales, de la agenda bilateral y otros de interés mutuo”.

Durante ese encuentro, el representante estadounidense transmitió que la Administración Trump pidió al sistema bancario de Estados Unidos desbloquear entre 43 y 44 millones de dólares pertenecientes a Bielorrusia.

Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso y Cole han sostenido varias rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.

Esos fondos quedaron retenidos en Citibank por las sanciones internacionales y se convirtieron en uno de los asuntos centrales de la negociación bilateral. Minsk reclamó la devolución del dinero y presionó para que Washington redujera otras restricciones económicas que todavía afectan a instituciones y empresas del país.

Semanas atrás, Lukashenko anunció el envío del primer cargamento de potasio a Estados Unidos, ocasión en la que aprovechó para exigir el retorno de los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

En su momento, la oposición bielorrusa en el exilio comentó a EFE que Washington estaba muy interesado en el potasio bielorruso en el marco de su actual guerra comercial con Canadá, su mayor suministrador de fertilizantes.

Bielorrusia, país acusado por Ucrania de complicidad en la invasión rusa, exportaba un 20% del cloruro de potasio mundial antes de ser sancionado en 2021 por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

(Con información de AFP y EFE)

Una serie de publicaciones en la red social X plantea que México y Canadá se integren a un bloque euroatlántico ampliado —al que su autor llama “EU50”— que incluiría la adopción del euro, el espacio Schengen y el libre comercio con la Unión Europea (UE). La propuesta, que ha circulado con los hashtags #EU50 y #FeelTheFehlinger, surge días después de que Bruselas ofreciera a Canadá convertirse en su primer “miembro asociado”, una figura inédita y distinta a la membresía plena.

¿Quién está detrás de la propuesta?

El autor de los mensajes es Günther Fehlinger-Jahn, un economista y activista político austriaco que se presenta en redes como presidente del “Comité Austriaco para la Ampliación de la OTAN”. Se trata, sin embargo, de una iniciativa personal y no de una institución reconocida: la propia OTAN emitió un comunicado en el que precisó que Fehlinger no tiene vínculos oficiales con la organización y que sus opiniones son suyas, no de la Alianza.

En sus publicaciones, Fehlinger vincula directamente su propuesta con el nuevo estatus de Canadá en la UE, y suma un guiño histórico poco común: recuerda que en 1864 el archiduque austriaco Maximiliano se convirtió en emperador de México, un episodio que usa como base para su comparación satírica entre Viena y la Ciudad de México.

Vale la pena precisar el contexto de esa historia: Maximiliano llegó a México invitado por un grupo de conservadores mexicanos con respaldo militar francés, y su llegada al trono estuvo respaldada por un plebiscito ampliamente considerado manipulado por historiadores, no por un proceso democrático genuino. Su gobierno terminó en 1867 con su fusilamiento, ordenado por las fuerzas republicanas de Benito Juárez.

Con ese antecedente como chiste, Fehlinger asegura: “Gracias por todo, Trump —estás haciendo que México parezca más europeo cada día”, en referencia a los aranceles impulsados por el presidente estadounidense. En sus mismos mensajes reconoce que México ya es miembro de la OCDE y socio comercial de la UE, y que su propuesta del “EU50” —México y Canadá con euro, Schengen y libre comercio— es “una visión política más que algo posible bajo las actuales normas de adhesión a la UE”, ya que el artículo 49 del TUE limita la membresía a un “Estado europeo”.

Lo que sí está pasando: Canadá y su nuevo estatus

La propuesta no surgió en el vacío. Este 17 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a Canadá durante su discurso sobre el Estado de la Unión a convertirse en el primer “miembro asociado” del bloque, una figura completamente nueva cuyos detalles —incluido si Canadá tendría derecho de voto en instituciones europeas— aún están por definirse.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró la invitación ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, pero fue enfático: “Canadá no está en posición, ni pretende, convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea”, afirmó. Es decir, ni siquiera Canadá busca la membresía completa que el “EU50” de Fehlinger imagina.

El anuncio no pasó inadvertido para Washington. El presidente Donald Trump insinuó que permitir que Canadá se convierta en miembro asociado de la UE podría ser considerado “un acto hostil”, y amenazó con responder con más aranceles contra el bloque europeo.

Lo que dicen los tratados europeos

El punto que el propio activista admite es clave: según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE), solo puede solicitar el ingreso a la UE “cualquier Estado europeo” que respete los valores democráticos del bloque. Esto excluye, por definición geográfica, a países como México y Canadá, salvo que se modificara el tratado mismo, algo que exigiría el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.

Mientras que dentro del artículo 10 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dicta que países miembros pueden invitar por acuerdo unánime a cualquier otro Estado europeo que pueda contribuir a los principios del Tratado y a la seguridad de la zona del Atlántico Norte, pero la propuesta requiere el consenso de todos los aliados.

Relevancia del acuerdo comercial entre la UE-México

La Unión Europea y México formalizaron durante el mes de mayo la renovación de su acuerdo comercial, que dejará libre de aranceles al 99% de los productos intercambiados y exigirá ajustes en las cadenas de transporte, refrigeración, certificación y despacho de mercancías agroalimentarias durante los próximos siete a 10 años.

El pacto, firmado en la Ciudad de México por las autoridades de ambas naciones, actualiza el convenio vigente desde 2000. Su calendario de disminución de impuestos comenzará cuando entre en vigor y reducirá gradualmente las tarifas que aún limitan el comercio en sectores específicos.

México es el segundo mayor importador de productos agroalimentarios europeos en América Latina, con compras anuales superiores a 2,700 millones de euros, de acuerdo con datos de la Comisión Europea de 2024; el mercado mexicano reúne a 131 millones de consumidores.

Los exportadores europeos enfrentaban gravámenes de entre 20% y 100% en ciertos segmentos, por lo que su eliminación ampliará el acceso a productos que hasta ahora llegaban al país con mayores costos.

Siguiendo con este tema, el país busca eliminar este impuesto hasta 20% aplicado a la pasta, chocolate y la confitería, y de hasta 45% a los huevos.

Las mercancías avícolas, con tasas que actualmente pueden alcanzar 100%, también quedarán incluidos en la apertura gradual, los plazos para retirar estas barreras se extenderán entre siete y 10 años desde el inicio de vigencia del pacto.

Asimismo, la parte europea eliminará los aranceles para 13,000 toneladas de carne porcina, 20,000 toneladas de distintos tipos de quesos y 13,000 toneladas de preparados lácteos. Los tres rubros enfrentan actualmente una tasa de 45%.

El acuerdo incorpora mecanismos sanitarios para acelerar el acceso de exportadores, donde más compañías de carne porcina y avícola podrán operar mediante un sistema de preinscripción y aceptación de productos procedentes de zonas libres de plagas ya reconocidas.

El resumen

Ni México ni Canadá están, hasta el momento, en un proceso de adhesión a la Unión Europea. Lo que existe es, por un lado, una oferta a Canadá de un estatus asociado sin precedentes y aún sin definir, y por otro, una modernización comercial y política ya firmada entre México y el bloque europeo. La propuesta de integrar a ambos países a la UE, el euro y la OTAN —bajo el nombre “EU50”— proviene de un activista sin cargo oficial en ninguna de esas instituciones, y él mismo reconoce que se trata de una visión que chocaría con los tratados vigentes.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablará este jueves ante el Parlamento Europeo, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que una eventual incorporación de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea podría constituir un “acto hostil” y amenazara con imponer nuevos aranceles al bloque.

La intervención de Carney será seguida con especial atención después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera el miércoles convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE, una categoría que no existe en los tratados actuales del bloque y que debería ser creada. La propuesta surgió en medio del deterioro de las relaciones entre Ottawa y Washington y de los esfuerzos de Canadá por reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

Trump elevó el tono de sus advertencias durante una intervención en Charlotte, Carolina del Norte, donde cuestionó la posibilidad de una asociación entre Canadá y la UE y anticipó una respuesta comercial contra Europa. El presidente estadounidense condicionó su reacción a la intención de los líderes europeos.

“Si es una buena intención, está bien. Si es una mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa”, afirmó Trump. También planteó la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa el comercio con Europa en determinados sectores.

El mandatario calificó de “ridícula” la posibilidad de que Canadá se incorpore a la UE y describió a su vecino del norte como un “terrible socio comercial”.

La propuesta europea representa un nuevo paso en el acercamiento entre Ottawa y Bruselas. Von der Leyen sostuvo que Canadá y la Unión Europea deben llevar su relación a “el nivel más alto posible” y planteó superar el actual acuerdo de libre comercio para establecer una “Alianza para el Futuro” que incluya un espacio común de prosperidad y seguridad económica.

Carney, quien se encontraba en la primera fila del hemiciclo del Parlamento Europeo, asintió ante la propuesta de Von der Leyen y luego la abrazó mientras los legisladores recibían la iniciativa con una ovación de pie.

El primer ministro canadiense recibirá a los líderes de la UE en una cumbre Canadá-UE que tendrá lugar en Montreal el 29 y 30 de octubre. En ese encuentro, ambas partes prevén analizar con mayor detalle la nueva relación propuesta.

Canadá mantiene una fuerte dependencia comercial de Estados Unidos: alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. Las medidas arancelarias adoptadas por Trump, sus demandas de concesiones económicas y sus reiteradas referencias a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos llevaron a Ottawa a buscar una mayor diversificación de sus vínculos económicos, políticos y de seguridad.

Canadá respondió con medidas comerciales contra Estados Unidos y rechazó demandas que, según Carney, amenazan la soberanía canadiense. Europa, en cambio, adoptó otra estrategia frente a Washington y dejó de lado las represalias para aceptar aranceles de hasta 15% sobre la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos.

Carney ya defendió ante otros foros la necesidad de que las potencias intermedias reduzcan su dependencia de las grandes potencias. En el Foro Económico Mundial de Davos, en enero, advirtió que cuando los países negocian por separado con una potencia dominante, “negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece”.

Trump respondió a esas declaraciones al día siguiente. La intervención de Carney ante el Parlamento Europeo podría volver a generar tensión con Washington, mientras las autoridades canadienses avanzan en una relación más estrecha con Europa.

El embajador designado de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson, afirmó el miércoles que Ottawa no busca convertirse en miembro pleno del bloque porque esa alternativa implicaría ceder parte de su soberanía. En cambio, señaló que Canadá quiere “acercarse tanto como podamos” a Europa al mismo tiempo que incrementa su independencia.

El alcance concreto de una eventual condición de miembro asociado todavía debe ser definido y negociado entre Canadá y la Unión Europea.

Ottawa ya dio un paso hacia una mayor integración con Europa este año, cuando se convirtió en el primer país no europeo en incorporarse al programa SAFE de adquisiciones de defensa de la UE, dotado con 150.000 millones de euros (173.000 millones de dólares). La participación permite a empresas canadienses acceder a procesos conjuntos de adquisición mientras los países europeos aumentan su gasto en defensa.

Canadá y la UE también analizaron una cooperación más estrecha en áreas como energía, minerales críticos, inteligencia artificial y comercio digital.

(Con información de Associated Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con imponer aranceles muy elevados o suspender el comercio con la Unión Europea (UE) si el bloque avanza con su propuesta de incorporar a Canadá como primer miembro asociado, una iniciativa anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Estrasburgo.

“Creo que es ridículo”, declaró Trump al ser consultado sobre el planteo de Von der Leyen. “Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa”, advirtió el mandatario estadounidense.

Trump agregó que la respuesta de Washington dependerá de la intención que atribuya a la propuesta europea. “Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad”, afirmó.

La iniciativa de Von der Leyen surgió durante un encuentro con Carney, quien este jueves prevé dirigirse al Parlamento Europeo como invitado de honor del discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. El primer ministro canadiense se convirtió en el primer jefe de gobierno no europeo en asistir a esa presentación.

La presidenta de la Comisión Europea planteó una cooperación más estrecha con Canadá en tecnología, defensa y energía, en un contexto de tensiones comerciales entre Ottawa y Washington, y de relaciones también tensas entre Bruselas y la Casa Blanca.

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, dijo Von der Leyen a Carney. La propuesta provocó una ovación en pie en el hemiciclo del Parlamento Europeo.

La dirigente europea sostuvo que las democracias enfrentan una “fractura en el sistema internacional basado en normas” y que la UE y Canadá necesitan profundizar sus vínculos. “Es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una alianza por el futuro”, declaró, antes de señalar que ambas partes deben “llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”.

Von der Leyen enumeró varios sectores para esa cooperación. “Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, afirmó.

La propuesta también contempla áreas como la energía, los minerales críticos, las baterías, la inteligencia artificial y la seguridad cibernética y económica. “Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, agregó la presidenta de la Comisión Europea.

Por su parte, la oficina de Carney señaló en un comunicado que “en un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza”. En otra declaración, la oficina del primer ministro sostuvo que Ottawa está “forjando relaciones más sólidas con socios de confianza”.

La visita de Carney busca servir de catalizador para una cumbre entre la UE y Canadá prevista para el mes próximo en Montreal. El gobierno canadiense, que enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos, busca nuevos socios, mientras que el bloque europeo procura profundizar sus relaciones con otros países ante sus tensiones con Washington y su estrategia de reequilibrio entre Estados Unidos y China.

Von der Leyen destacó que Canadá y la UE ya mantienen una relación económica estrecha gracias a un acuerdo comercial que permitió un aumento de más del 75% en su intercambio “en menos de una década”.

El alcance de la membresía asociada

Los tratados de la Unión Europea no contemplan la figura de un “miembro asociado”, aunque la idea fue planteada por primera vez este año por el canciller alemán, Friedrich Merz, para Ucrania.

Según ese plan, Ucrania podría asistir a las cumbres del bloque y contar con un representante en la Comisión Europea. También podría beneficiarse de partes del presupuesto de la UE, aunque sin plenos derechos de voto. La propuesta recibió una fría acogida por parte de un país que aspira a la adhesión plena al bloque.

“Aún no sabemos muy bien qué significa”, declaró el eurodiputado alemán de centroizquierda Tobias Cremer, principal promotor de una resolución que insta a reforzar la cooperación entre la UE y Canadá, después del anuncio de Von der Leyen.

Las normas europeas establecen que los Estados miembros deben aprobar cualquier forma de asociación con un tercer país. Por ese motivo, todavía no estaba claro con cuánta aceptación contaría la propuesta entre las capitales europeas.

Bruselas y Ottawa ya mantienen un alto nivel de cooperación. Este año, Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en incorporarse a un programa emblemático de préstamos para defensa.

Además, Ottawa busca alcanzar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones financiar proyectos canadienses vinculados con minerales críticos, según declaró a la AFP el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.

La propuesta de membresía asociada y las advertencias de Trump se producen antes de la cumbre UE-Canadá prevista para octubre en Montreal, en la que ambas partes prevén profundizar sus vínculos comerciales y estratégicos.

(Con información de AFP)

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planteó el miércoles la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque de 27 países, al proponerle al líder canadiense Mark Carney una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía.

Von der Leyen dijo ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que, ante democracias que enfrentan una “fractura en el sistema internacional basado en reglas”, Bruselas y Ottawa necesitan acercarse más. “Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, le dijo al primer ministro canadiense, quien asistía a su discurso anual y recibió una ovación de pie en el recinto.

Carney viene impulsando vínculos más estrechos con la Unión Europea, en momentos en que ambas partes buscan alejarse de una relación hostil con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Fue el primer jefe de gobierno extranjero en asistir al discurso anual sobre el “Estado de la Unión Europea” —antes de dirigirse él mismo al Parlamento al día siguiente—, y su visita busca actuar como catalizador antes de una cumbre entre la UE y Canadá prevista para el mes próximo en Montreal.

“Una alianza para el futuro”

Von der Leyen dijo que era momento de pasar de una cooperación basada en el comercio a una “alianza para el futuro” más amplia, y de “llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”. “Vamos a trabajar en manufactura inteligente. Vamos a crear una alianza tecnológica. Vamos a integrar nuestras bases industriales de defensa. Vamos a hacer del Ártico un proyecto conjunto insignia”, afirmó. También mencionó la energía, los minerales críticos, las baterías, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la seguridad económica como otros campos de cooperación. “Esta es una asociación que no está en contra de nadie más, sino a favor de nuestra fortaleza común”, agregó.

Los tratados de la UE no contemplan la posibilidad de una “membresía asociada”. La idea fue planteada por primera vez este año por el canciller alemán Friedrich Merz, en relación con Ucrania. Bajo ese plan, que tuvo una recepción fría en Kiev —que impulsa una membresía plena—, Ucrania podría haber asistido a las cumbres del bloque y contar con un representante en la Comisión Europea, además de beneficiarse de parte del presupuesto comunitario, aunque sin derecho a voto pleno.

“Todavía no sabemos bien qué significa”, dijo Tobias Cremer, legislador europeo de centroizquierda alemán y principal impulsor de una resolución de marzo que pedía una mayor cooperación entre la UE y Canadá, tras la propuesta de “membresía asociada” de Von der Leyen. Sin embargo, agregó que una alianza más estrecha tiene sentido “de manera inherente”. “No solo porque compartimos valores e historia, sino porque compartimos intereses comunes, compartimos una visión estratégica”, dijo a la AFP.

Valerie Hayer, líder del grupo centrista Renew, planteó una asociación aún más amplia al tomar la palabra después de Von der Leyen, y dijo a los legisladores que Ottawa y Bruselas deben responder juntos a los aranceles y a la “coerción comercial”, además de fomentar los intercambios universitarios, entre otras iniciativas.

Otros se mostraron menos entusiasmados. “¿Quién le dio un mandato democrático y popular para hacer eso?”, preguntó Manon Aubry, legisladora francesa del grupo de La Izquierda, a Von der Leyen. Según las reglas de la UE, los Estados miembros deben aprobar cualquier forma de asociación con un país tercero, y no estaba claro cuánto respaldo recibiría la propuesta de Von der Leyen por parte de las capitales europeas.

Un “futuro compartido”

Golpeadas por los aranceles de Estados Unidos y la competencia de China, Bruselas y Ottawa ya mantienen un considerable nivel de cooperación. Un acuerdo de libre comercio (CETA), que eliminó casi todos los aranceles, es reconocido por haber impulsado el comercio de bienes y servicios en más de un 80% desde 2016. Este año, además, Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en sumarse a un programa insignia de préstamos para defensa.

El martes, el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson, citó un acuerdo para enviar gas natural licuado (GNL) canadiense a Alemania, y las inversiones de la firma canadiense de inteligencia artificial Cohere en ese mismo país europeo, como ejemplos que podrían inspirar una colaboración más amplia. Ottawa también espera cerrar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiar proyectos canadienses de minerales críticos, dijo a la AFP.

Carney mantuvo conversaciones con Von der Leyen el miércoles antes de viajar a Gran Bretaña para su primer encuentro con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. También asistiría a un partido de la Premier League entre Everton y Wolverhampton, antes de regresar a Estrasburgo para su discurso del jueves ante el Parlamento.

“Creemos que el poder no le pertenece al más fuerte, al más rico o al más ruidoso, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién trabajar”, dijo Von der Leyen. “Compartimos un océano, un conjunto de valores, una forma de ver el mundo. Y ahora también construiremos juntos nuestro futuro compartido”, concluyó.

(Con información de AFP)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará este miércoles ante el Parlamento Europeo su discurso sobre el estado de la Unión, en el que hará un análisis sobre el último año transcurrido y definirá prioridades legislativas para el nuevo curso político, con foco en la protección de menores en redes sociales, la migración, la inteligencia artificial, el clima y la seguridad.

La intervención tendrá lugar en el hemiciclo de Estrasburgo, en Francia, y será la segunda de Von der Leyen en esta legislatura. La presidenta del Ejecutivo comunitario también prevé abordar la competitividad de la industria europea y los vínculos de la Unión Europea con China.

Uno de los anuncios esperados es el enfoque general de la futura Ley de Infancia de la Unión Europea, conocida como EU Kids Act. La iniciativa busca regular el acceso de los menores a redes sociales, videojuegos y chatbots de inteligencia artificial. La Comisión analiza un sistema escalonado que establecería distintos niveles de acceso y supervisión parental de acuerdo con la edad. También contempla obligaciones de diseño seguro, con posibles límites al desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática y los algoritmos de recomendación. España, Francia, Países Bajos e Irlanda, país que preside el Consejo de la Unión Europea durante este semestre, impulsan una normativa común. Al menos otros seis Estados miembros avanzan en leyes nacionales sobre la protección de menores en entornos digitales.

Von der Leyen también podría referirse a los riesgos de los modelos más recientes de inteligencia artificial. La Comisión sostiene una agenda que combina inversión en infraestructura tecnológica y búsqueda de autonomía frente a Estados Unidos y China, bajo el objetivo de convertir a la Unión Europea en el “continente de la IA”.

“No tenemos que aceptar infancias moldeadas por algoritmos. No tenemos que aceptar un sistema que decepciona a nuestros niños. Europa tiene el poder de actuar.Para darles a los niños el tiempo que necesitan en el mundo real. Detallaré nuestra propuesta en mi próximo discurso sobre el Estado de la Unión”, escribió la titular de la Comisión Europea en su cuenta de la red social X.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, consideró poco viable un acuerdo entre las principales potencias para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial. “No creo que sea muy realista pensar que, cuando hablamos de un desarrollo tan rápido, podamos llegar a algún tipo de acuerdo para decir que ahora vamos a ralentizarlo, porque siempre habrá alguien que quiera impulsar y acelerar realmente el desarrollo”, afirmó Virkkunen durante un encuentro con medios en Estrasburgo.

La migración irregular ocupará otro tramo del discurso de Von der Leyen. El debate comunitario mantiene la atención sobre la llegada masiva de decenas de miles de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, un episodio que reabrió las discusiones sobre el control de las fronteras externas y la cooperación con Marruecos.

En materia climática, la presidenta de la Comisión abordará las olas de calor y los incendios forestales que afectaron a Europa durante el verano de 2026. La exposición incluirá medidas de mitigación y adaptación ante esos fenómenos. “La solidaridad europea tiene un rostro. El rostro de cada bombero que combatió las llamas por Europa este verano. Son verdaderos héroes. Su valentía, y para algunos, su sacrificio, siempre serán recordados. Mi discurso sobre el Estado de la Unión les rendirá homenaje”, adelantó Von der Leyen.

La guerra en Ucrania, el apoyo al país ante el próximo invierno, las sanciones contra Rusia y la respuesta a las amenazas híbridas completarán la agenda de Von der Leyen, quien podría mencionar el ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig (Alemania) del 4 de agosto, que la Unión Europea atribuye a acciones rusas.

“Cuando necesitemos coraje y fuerza, creo que debemos mirar a nuestros hijos. En ellos encontraremos la pasión más pura por la vida. Los niños ucranianos son un poderoso ejemplo de esto. En el Estado de la Unión hablaré sobre una historia que me conmovió profundamente”, sostuvo en su cuenta de X.

(Con información de EFE)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega este miércoles a Estrasburgo para participar en el discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo. Será el primer jefe de gobierno extranjero en asistir a la exposición, en un momento en que Canadá busca profundizar sus vínculos con la Unión Europea (UE) ante las tensiones comerciales y las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía canadiense.

Carney hablará el jueves ante el Parlamento Europeo y expondrá su visión de “una alianza única” entre Canadá y Europa, según Reuters. El primer ministro canadiense también se comprometió a duplicar durante la próxima década el comercio de su país con naciones distintas de Estados Unidos, mientras Ottawa busca ampliar sus relaciones económicas en medio de una guerra comercial con Washington.

Siete diplomáticos de la UE en Canadá y Europa señalaron a Reuters que existen esfuerzos para ampliar la cooperación entre Canadá y el bloque en áreas como comercio, defensa y seguridad digital. Sin embargo, afirmaron que hasta ahora no se discutió a alto nivel un plan específico para establecer una relación más amplia entre Ottawa y Bruselas.

Carney afirmó el martes que las conversaciones más detalladas sobre el futuro de la relación comenzarán en la cumbre Canadá-UE, prevista para finales de octubre en Montreal.

“Nuestra relación con la UE se ha estrechado cada vez más, especialmente durante el último año y medio”, declaró a Reuters la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand. “La UE destaca como una jurisdicción donde no solo compartimos valores, sino también intereses económicos comunes”.

La posibilidad de profundizar el vínculo tomó fuerza después de que The Wall Street Journal informara la semana pasada que Carney había sugerido a líderes europeos que Canadá se convirtiera en un “miembro asociado” de la UE.

Sin embargo, cuatro diplomáticos europeos citados por Reuters señalaron que cualquier forma de adhesión de Canadá a la Unión Europea resulta imposible debido a las limitaciones geográficas y a las implicaciones legales de la pertenencia al bloque. “Queremos mejorar la relación entre Canadá y la UE, pero aunque ambos creemos en un orden mundial basado en normas, hay un océano que nos separa”, afirmó uno de los diplomáticos.

Obstáculos comerciales

El fortalecimiento de la relación también enfrenta obstáculos en materia comercial. Mark Manger, profesor de economía política y asuntos globales de la Universidad de Toronto, afirmó que funcionarios europeos expresaron frustración por la negativa de Canadá a abrir dos sectores protegidos: las telecomunicaciones y los productos lácteos.

“Tendríamos que presentar algo que la UE desee, pero por el momento, ambos mercados están cerrados”, dijo Manger.

Canadá ya cuenta con un acuerdo comercial con la UE, integrada por 27 países, aunque diez de sus miembros todavía no lo ratificaron.

En paralelo, Anand Sundar, asesor especial del director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que funcionarios europeos trabajan en propuestas para establecer una relación particular entre Canadá y la UE, similar a los acuerdos que el bloque mantiene con otros países que no forman parte de la Unión.

“La defensa es el ámbito donde la dependencia de Europa y Canadá respecto a Estados Unidos es más profunda, donde ambas partes se enfrentan a amenazas similares y en el que resulta más fácil obtener el apoyo público”, declaró Sundar.

En diciembre, Canadá acordó incorporarse a una iniciativa europea para aumentar el gasto en defensa, con lo que se convirtió en el primer país no europeo en participar en la estrategia continental de adquisición de material militar.

La cooperación en defensa forma parte de las áreas en las que Ottawa y Bruselas buscan ampliar sus vínculos, junto con el comercio y la seguridad digital.

Diplomáticos europeos afirmaron que varios líderes de la UE expresaron en privado su preocupación por los ataques verbales de Trump contra Canadá. Sin embargo, señalaron que la mayoría evita respaldar públicamente la postura más firme de Carney en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, debido al temor de que Trump también adopte una posición más confrontativa hacia Europa.

El embajador designado de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson, afirmó que funcionarios europeos mantienen un contacto estrecho con el gobierno de Carney y que existe un respaldo tácito a una relación más estrecha, especialmente por el tamaño del mercado europeo y por áreas que pueden contribuir a la soberanía canadiense, como la inteligencia artificial y los servicios digitales.

“No les hemos pedido a los líderes europeos que se manifiesten y declaren su apoyo a Canadá, y no creo que sea necesario”, dijo Wilkinson. “Podemos defendernos por nuestra cuenta y encontrar nuevas formas de trabajar”, mencionó.

(Con información de REUTERS)

La Unión Europea busca restringir a los menores de 15 años el acceso independiente a redes sociales, videojuegos en línea y herramientas de inteligencia artificial generativa.

Según Euractiv, el medio que ha tenido acceso a un borrador del texto, el objetivo es que sean los padres o tutores legales quienes controlen el uso de estas plataformas hasta que los adolescentes alcancen dicha edad, momento en el que podrán decidir si mantienen la supervisión parental o pasan a gestionar cuentas propias sin restricciones.

La propuesta, enmarcada en la futura Ley de la UE para la infancia, se suma a decisiones parecidas adoptadas ya en zonas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde la verificación de edad en internet se ha convertido en un requisito legal para las compañías tecnológicas.

Por qué la UE busca limitar el acceso de los menores a las redes y a la IA

La medida responde a los datos recabados en el borrador, los cuales reflejan que los niños que empiezan a usar redes sociales antes de los 10 años pasan más tiempo frente a las pantallas que quienes lo hacen a partir de los 14.

Sobre la base de esta evidencia, la Comisión Europea pretende reducir riesgos de aislamiento, problemas de concentración y aprendizaje, así como la exposición a contenidos no aptos para su edad.

La inteligencia artificial generativa ocupa un lugar prioritario en el texto. El documento advierte de su uso para la creación de deepfakes y la generación de consejos inadecuados dirigidos a menores, dos de los riesgos que la futura norma busca frenar de forma directa.

En síntesis, la ley europea contra el acceso independiente de menores a redes sociales busca que ningún niño o adolescente menor de 15 años pueda crear o gestionar una cuenta sin control parental, obligando a las plataformas de vídeo, videojuegos e inteligencia artificial a verificar la edad real de sus usuarios antes de permitirles la entrada.

El texto también se enfoca en proteger los datos personales de los menores frente a plataformas como Facebook, Instagram, X o TikTok, al igual que ante las empresas de IA que puedan recabar dicha información. Para conseguirlo, la responsabilidad de restringir el acceso recaerá directamente sobre las tecnológicas y no sobre los propios menores.

Cómo funcionarán los tramos de edad para el uso de redes sociales

El borrador de la norma establece cuatro franjas de edad que determinarán el nivel de autonomía de cada usuario menor de edad. Esta segmentación constituye la base sobre la que se articula todo el sistema de verificación y control parental previsto en la legislación.

Entre los 0 y los 3 años, el uso de redes sociales queda directamente prohibido, sin excepciones. De los 3 a los 13 años, los menores solo podrán acceder mediante cuentas gestionadas íntegramente por sus padres o tutores.

La franja de los 13 a los 15 años contempla una figura intermedia: los padres podrán habilitar cuentas de prueba para sus hijos, con límites en el número máximo de contactos permitidos y en el tiempo de uso diario de la plataforma.

Solo a partir de los 15 años y hasta los 18, los adolescentes podrán convertir esas cuentas de prueba en cuentas personales sin restricciones, o bien crear directamente cuentas nuevas por su cuenta, sin necesidad de supervisión parental.

Los videojuegos en línea también deberán verificar la edad de los usuarios

La futura normativa no se limita a las redes sociales. Los videojuegos en línea también quedarán sometidos al mismo sistema de verificación de edad, que se aplicará en el momento de la descarga desde la tienda de aplicaciones correspondiente.

Además de dicho control de acceso, el borrador exige a los desarrolladores de estas aplicaciones incorporar un diseño seguro que contemple varios requisitos obligatorios. Entre ellos destaca la eliminación de patrones adictivos en el diseño de la app o del juego.

Asimismo, se requerirán algoritmos de recomendación ajustables, enfocados a evitar dinámicas como el denominado «agujero de conejo» (rabbit hole), junto con configuraciones de cuenta seguras que reduzcan el riesgo de exposición de datos privados de los menores.

El abanico de exigencias incluye de igual modo la eliminación del contacto no deseado con otros usuarios, la posibilidad de denunciar de forma sencilla contenidos inadecuados o nocivos, y un sistema de control parental adaptado a cada edad que resulte intuitivo para madres y padres.

Verificación de edad y financiación de la supervisión en la UE

Para garantizar que ningún menor acceda a estas plataformas sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, la norma prevé la puesta en marcha de un sistema de verificación de edad propio de la UE, o bien mecanismos alternativos que cuenten con la homologación de las autoridades regulatorias competentes.

El borrador contempla además una tasa que las tecnológicas deberán abonar a la Unión Europea. Estos fondos se destinarán a financiar y sostener las labores de supervisión y cumplimiento de la directiva en todos los Estados miembros.

De momento, la ley no ha sido aprobada y el propio borrador filtrado a Euractiv podría sufrir modificaciones antes de convertirse en el texto definitivo. Los siguientes pasos dependerán de la Comisión Europea, que tendrá que concretar los detalles finales de la norma.

Uno de los pocos momentos de luz en la turbulenta legislatura del presidente del Gobierno ocurrió justo hace un año, cuando el presidente encontró en la guerra en Oriente Medio el filón para reflotar su papel en el exterior. Sánchez supo moverse muy bien por esas aguas mientras afrontaba en la política doméstica un incendio político de difícil escapatoria, asfixiado en los tribunales por los casos de corrupción en su partido y por la falta de apoyos parlamentarios en el Congreso.

El clamor del ‘no a la guerra’, su oposición a los planes anexionistas israelíes, al proteccionismo comercial estadounidense y al doble rasero de Europa y Occidente catapultó su popularidad en las principales portadas de los diarios españoles, alemanes, británicos y estadounidenses. Y el efecto en las encuestas tuvo sus frutos: llegó a recuperar hasta 10 escaños respecto a su peor proyección.

Pero la luna de miel tuvo un efecto pasajero. De nuevo, las novedades en los tribunales volverían a eclipsar su discurso sobre Oriente Medio. Y por si fuera poco, durante el verano estallaría una de las peores crisis que le ha tocado gestionar directamente: la entrada masiva de 72.000 migrantes en Ceuta.

El líder del Ejecutivo ha sido fuertemente señalado por su tardía e insuficiente respuesta, así como su tibieza a la hora de señalar al país vecino, señalado por la oposición como el artífice de una “invasión”. Las críticas han llegado a izquierdas y derechas y, en el plano europeo, sus ‘colegas’ conservadores, entre ellos la italiana Giorgia Meloni, aprovecharon para darle la espalda y arremeter contra su modelo de fronteras abiertas.

Sánchez multiplica su agenda en los márgenes de la ONU

En este contexto se presenta el mes de septiembre, que estaba apuntado en el calendario de Moncloa como una ventana para tratar de relanzar la iniciativa política del presidente. Sánchez viajará la semana que viene a Nueva York para asistir al periodo de sesiones de la ONU, programado del 22 al 26 de septiembre de 2026. Allí se espera que pronuncie un discurso en la Asamblea, a diferencia del año pasado, que fue el rey quien intervino.

Las miradas están puestas en el cara a cara con el presidente estadounidense, con quien ha protagonizado numerosos choques diplomáticos, desde la contribución española a la OTAN hasta los pronunciamientos estadounidenses durante la crisis en el enclave español en África. Precisamente se espera que Sánchez aborde esta situación en la cumbre, si no hace lo mismo, por ejemplo, con Marruecos.

En los márgenes de ese evento, Sánchez participará el 23 de septiembre en un coloquio sobre economía con el alcalde de la ciudad, Zohran Mandami, posicionado como la antítesis del presidente estadounidense y principal altavoz mediático del progresismo al otro lado del charco. El esperado encuentro no llegó a producirse en la Global Progressive Mobilisation celebrada en Barcelona el pasado mes de abril, que sí contó con otros dirigentes progresistas como el dirigente brasileño Lula da Silva. En esta ocasión, Mandami y Sánchez abordarán en la charla el encarecimiento del nivel de vida en las grandes ciudades y promulgarán una “economía para todos”.

La cruzada contra una IA sin reglas

También se espera que hagan frente común en la cruzada contra la inteligencia artificial sin reglas promovida por Trump, con el telón de fondo de los principales desarrolladores de esta tecnología alertando sobre el riesgo de perder el control si no se establecen límites. El neoyorquino impulsó recientemente la prohibición de la inteligencia artificial generativa entre el alumnado de las escuelas públicas de la ciudad. Una restricción que afectará a casi 600.000 alumnos, desde la educación preescolar para niños de dos y tres años hasta octavo grado (estudiantes de 13 y 14 años). El veto tendrá una vigencia de un año y forma parte de una iniciativa más amplia para limitar el uso de tecnología en las aulas de Nueva York. En España, Sánchez aspira a liderar la regulación de esta tecnología para dotarla de un enfoque “responsable y humanista” a nivel europeo.

Al día siguiente se desplazará a Boston para realizar una intervención en la Universidad de Harvard, similar a la que el año pasado protagonizó en la Universidad de Columbia. Harvard tiene un gran valor simbólico no solo por su prestigio educativo, sino por haber ganado la batalla legal contra la administración Trump, que demandó a la institución por no alinearse con su agenda política.

Una semana después, cita con Macron

Con la resaca de la ONU, el presidente del Gobierno se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en un momento en el que las relaciones en ambos países se encuentran en fase de bloqueo. Los dirigentes tratarán de reactivar el tratado de amistad y cooperación entre España y Francia después de que el PP la vetase en el Senado.

Sánchez también podría aprovechar para reactivar su iniciativa para prohibir las redes sociales para los menores, una medida que el presidente francés ha perseguido insistentemente en su país y que, junto con Sánchez, trata de colocar a nivel europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el lunes el ataque atribuido a los rebeldes hutíes contra una base militar de Arabia Saudita y expresó el respaldo de la Unión Europea a sus socios del Golfo. La declaración se produjo tras una nueva escalada de los combates en Yemen, que también ha provocado desplazamientos de civiles.

“Condeno el ataque hutí contra Arabia Saudita”, escribió Von der Leyen en X. La funcionaria sostuvo que los países de la región enfrentan ataques de aliados de Irán y que la situación afecta a la seguridad internacional.

La presidenta de la Comisión Europea afirmó que el bloque continuará coordinando acciones con sus socios para preservar la libre y segura navegación por el estrecho de Ormuz y promover la estabilidad en Oriente Medio. “Todos tenemos un interés en esto”, añadió.

Los hutíes dijeron haber usado drones y misiles en Sharurah

Los hutíes, un grupo de yemeníes rebeldes armados respaldados por el régimen de Irán, aseguraron el domingo que emplearon drones y misiles contra una instalación militar en Sharurah, en el sur saudí. El grupo sostuvo que la operación apuntó a depósitos de armas y centros de mando y control vinculados con las operaciones militares contra Yemen.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, difundió el anuncio en X, sin precisar cuándo se llevó a cabo el ataque ni informar sobre posibles víctimas o daños. Teherán mantiene desde hace años vínculos con el movimiento, aunque niega intervenir en la reanudación de la guerra civil yemení.

Horas antes, las autoridades saudíes habían comunicado que un proyectil lanzado desde territorio yemení dejó dos personas heridas en la provincia de Al-Tuwal, dentro de la región de Jazan, junto a la frontera. La Dirección de Protección Civil indicó que el impacto causó daños en una mezquita, edificios y vehículos.

Arabia Saudí promete defensa de su soberanía

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, afirmó este domingo ante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi que la seguridad nacional y la integridad territorial saudíes son “intocables”, en medio de la escalada de tensiones con los rebeldes hutíes de Yemen y de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El jefe de la diplomacia saudí sostuvo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no permitirán ataques contra sus territorios, infraestructuras ni intereses estratégicos, sin importar los argumentos con los que se justifiquen.

“El reino afirma que su seguridad nacional, su integridad territorial y sus activos son intocables, y que los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no aceptarán que se atente contra sus territorios, instalaciones o intereses vitales, independientemente de los pretextos o etiquetas que se utilicen”, indicó Bin Farhan.

Arabia Saudí asistió al encuentro como país invitado. La posición de Riad dentro del bloque continúa sin definirse, ya que participa en sus reuniones, pero no ha formalizado su incorporación desde que recibió la invitación en 2024.

Doce países europeos instaron este lunes a la Unión Europea (UE) a reforzar su presencia en el Ártico, una región que consideran cada vez más expuesta a la competencia geopolítica y a las amenazas atribuidas a Rusia y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La petición quedó plasmada en una declaración conjunta difundida al término de la Cumbre Europea del Ártico, celebrada en Rovaniemi, en el norte de Finlandia. El encuentro reunió a representantes de países como Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia y Grecia, entre otros.

“Pedimos a la Unión Europea que asuma un papel más estratégico y proactivo en el Ártico europeo”, señalaron los doce países en el documento conjunto.

La declaración convierte en una demanda concreta el debate que motivó la cumbre: la necesidad de que la UE coordine su respuesta ante el aumento de la importancia económica y de seguridad de la región.

Entre los participantes estuvieron el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. La reunión fue promovida por el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

Los gobiernos firmantes pusieron el foco en la presencia de Rusia y en las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Trump ha sostenido que Washington necesita controlar la isla, territorio autónomo de Dinamarca, por motivos de seguridad nacional, aunque descartó una anexión por la fuerza.

El deshielo amplía la competencia por rutas y recursos

El Ártico concentra intereses de seguridad, recursos naturales y rutas marítimas. El retroceso del hielo marino permite el acceso durante períodos más extensos a zonas antes inaccesibles y favorece la navegación por rutas como la Ruta Marítima del Norte, situada en aguas territoriales rusas.

En agosto, China y Corea del Sur enviaron buques portacontenedores por esa vía para evaluar su viabilidad comercial. Rusia, China y Estados Unidos han incrementado su actividad en la zona mientras buscan ampliar su acceso a recursos y corredores de navegación.

La región, además, se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial, según expertos. Ese proceso tiene consecuencias ambientales y afecta los medios de vida de las comunidades locales.

La declaración de Rovaniemi llega antes de que la Comisión Europea presente una nueva estrategia para el Ártico, que definirá las líneas de actuación del bloque para los próximos años. Los líderes europeos no anunciaron decisiones formales adicionales durante la cumbre.

Groenlandia, cuya política exterior y defensa dependen de Dinamarca, ocupa un lugar central en ese debate. Su posición entre América del Norte y Europa, además de sus recursos minerales, la ha convertido en un punto de interés para las principales potencias. Las referencias de Trump a un eventual control estadounidense de la isla añadieron tensión a la relación entre Washington y Copenhague.

El avance de la navegación por el norte también plantea desafíos de seguridad y regulación. El tránsito por la ruta rusa puede acortar algunas conexiones entre Asia y Europa, pero depende de las condiciones del hielo, de infraestructura portuaria y de normas fijadas por Moscú. La apertura estacional de nuevos corredores marítimos modifica la importancia estratégica de la región.

Los países reunidos en Rovaniemi buscan que la futura estrategia comunitaria combine cooperación con los territorios árticos europeos, vigilancia de la seguridad y protección ambiental. El documento no precisó plazos ni recursos para esas medidas, que quedarán sujetos a la propuesta que presente la Comisión Europea.

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte declararon este lunes en Cardiff que sus naciones tienen derecho a la autodeterminación, en una declaración conjunta firmada durante una reunión poco habitual en la capital galesa, en la que además subrayaron que el futuro de sus naciones está “en la Unión Europea”.

El acuerdo fue suscrito por el jefe del Gobierno escocés, John Swinney; el dirigente de Plaid Cymru y ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth; y la líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O’Neill. Los tres participaron como responsables de sus formaciones políticas, sin actuar en representación de los Ejecutivos regionales.

“El derecho a la autodeterminación corresponde a nuestras naciones”, señalaron los partidos en la declaración conjunta. El texto afirma que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.

Los firmantes comparten el objetivo de modificar su vínculo con el Reino Unido, aunque mantienen posiciones distintas sobre los mecanismos y los plazos. El SNP busca un nuevo referéndum de independencia para Escocia; Plaid Cymru defiende ampliar las competencias de Gales como parte de una estrategia soberanista; y Sinn Féin promueve la reunificación de Irlanda.

Los partidos prevén cooperación política y defienden el regreso a la Unión Europea

El memorando compromete a las tres organizaciones a identificar áreas concretas de trabajo conjunto. Según el documento, sus dirigentes consideran que existe un impulso favorable a los cambios constitucionales en las tres naciones.

La declaración también plantea que el futuro de esos territorios debe estar vinculado a la Unión Europea, de la que el Reino Unido se retiró tras el Brexit. “El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, indica el texto.

Antes de la cita, Swinney afirmó que era la primera vez que Escocia, Gales e Irlanda del Norte contaban de forma simultánea con ministros principales favorables a la independencia o a la reunificación irlandesa.

El dirigente escocés sostuvo que el cambio constitucional “está en camino” y que la cooperación entre las tres fuerzas puede fortalecer sus respectivas demandas. El Gobierno británico, por su parte, ha descartado hasta ahora autorizar una nueva consulta sobre la independencia de Escocia.

El primer ministro canadiense Mark Carney impulsa un acercamiento sin precedentes entre Canadá y la Unión Europea (UE) para reducir la dependencia económica de Estados Unidos, en medio de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump y de la búsqueda de nuevos socios por parte de Ottawa.

Carney viajará esta semana a Estrasburgo, Francia, donde se convertirá el miércoles en el primer jefe de Gobierno en asistir al discurso sobre el “Estado de la Unión Europea”. Al día siguiente, pronunciará su propio discurso ante el Parlamento Europeo. El primer ministro también viajará a Liverpool, donde mantendrá su primer encuentro con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.

La visita de Carney a las instituciones europeas representa un “tremendo símbolo” del acercamiento entre Ottawa y Bruselas, según Tobias Cremer, eurodiputado alemán y principal impulsor de una resolución aprobada en marzo que pidió reforzar la cooperación entre la UE y Canadá.

“Canadá tiene muchos de los recursos de los que Europa carece, ya sea en términos de energía, tierras raras y minerales en bruto”, declaró Cremer a AFP.

La relación económica entre Canadá y Estados Unidos fue afectada por la guerra comercial impulsada por Trump, debido al elevado nivel de integración entre ambas economías. Ante este escenario, Ottawa busca nuevos socios comerciales, mientras que la UE también intenta diversificar sus relaciones exteriores y reducir los riesgos derivados de su dependencia de determinados mercados.

“Diversificar y reducir los riesgos” de las relaciones exteriores constituye una prioridad compartida entre Canadá y la Unión Europea, según Cremer.

Un acercamiento que ya comenzó

Carney ya impulsó varias iniciativas destinadas a estrechar la relación entre Canadá y la UE. El país norteamericano se convirtió en el primer Estado no miembro de la Unión Europea en incorporarse a su programa de adquisiciones de defensa.

El primer ministro canadiense también participó en el proceso para que Canadá se incorporara a Eurovisión, uno de los principales eventos de la cultura popular europea.

El próximo mes, Carney será anfitrión de una cumbre entre Canadá y la Unión Europea en Montreal, donde, según anticipó, comenzarán las conversaciones para construir “una asociación económica y de seguridad mucho más fuerte y profunda”.

El eurodiputado español Javier Moreno Sánchez, quien encabeza una delegación parlamentaria para las relaciones con Canadá, señaló que Ottawa y Bruselas mantienen posiciones similares en cuestiones como el cambio climático y la inteligencia artificial. Ambas partes también trabajan en un acuerdo de comercio digital que ampliaría los mecanismos de cooperación económica existentes.

Ese futuro pacto se apoyaría en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. Sánchez sostuvo que el acuerdo todavía tiene un potencial que no fue aprovechado de forma completa, en particular porque las pequeñas y medianas empresas no utilizan todavía todos sus beneficios.

La posibilidad de ingresar a la UE

El acercamiento entre Ottawa y Bruselas también alimentó las especulaciones sobre una eventual adhesión de Canadá a la Unión Europea, especialmente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Consultado el jueves sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en miembro del bloque, Carney ofreció lo que definió como una “no respuesta”, al evitar tanto descartar como respaldar la posibilidad.

Una encuesta realizada en abril mostró que el 57% de los canadienses apoyaba el ingreso del país a la Unión Europea. Sin embargo, la propia normativa comunitaria plantea dudas sobre la posibilidad de una eventual adhesión.

El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea establece que un “Estado europeo” comprometido con “la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho, (y) el respeto de los derechos humanos” puede solicitar su incorporación al bloque.

El tratado no establece criterios geográficos específicos para definir qué constituye un Estado europeo. Sin embargo, la distancia geográfica de Canadá plantea un obstáculo para una eventual membresía.

“La idea de que Canadá se convierta en miembro de la Unión Europea, ya sea en términos económicos o políticos, no me parece una perspectiva realista”, afirmó Ignacio García Bercero, analista del centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas.

En 1987, Marruecos recibió el rechazo a su solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea, ante el argumento de que no era un Estado europeo. Sánchez bromeó al señalar que Canadá “no está tan lejos” geográficamente de Europa debido a su proximidad con Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. El eurodiputado también señaló que Canadá puede profundizar sus relaciones con la UE sin convertirse en miembro pleno, como ocurre con Islandia y Suiza.

Estados Unidos sigue siendo el principal mercado

El fortalecimiento de los vínculos entre Canadá y la Unión Europea enfrenta, sin embargo, una limitación económica. El transporte de mercancías entre Canadá y Europa implica costos importantes, mientras que el mercado europeo no puede sustituir al estadounidense para la economía canadiense.

En julio, el 70% de las exportaciones canadienses tuvo como destino Estados Unidos, mientras que apenas el 5% se dirigió a la Unión Europea.

Pese a la diferencia, Cremer defendió una mayor cooperación entre Ottawa y Bruselas. “Cuanto más estrechamente podamos cooperar, mejor”, afirmó.

(Con información de AFP)

Desde que asumió el ministerio en octubre de 2022, de la mano de Giorgia Meloni, Valditara —jurista y profesor de Derecho Romano con una larga trayectoria en temas educativos— se convirtió en una de las figuras más combativas del Ejecutivo italiano. Prohibió los teléfonos móviles en las aulas, reescribió los programas de historia para poner en el centro a “la civilización occidental”, devolvió el latín a las escuelas secundarias como materia optativa y lanzó una reforma de fondo de la educación técnico-profesional, exigida por los plazos del plan de recuperación pospandemia de Bruselas. Cada una de esas medidas generó aplausos en la derecha italiana, a la vez que críticas de sindicatos docentes y colectivos estudiantiles.

La educación como motor de la inversión

En Buenos Aires, sin embargo, el registro fue otro: el de la diplomacia comercial. Italia exportó 1.200 millones de euros a la Argentina en 2025, dentro de exportaciones hacia todo el Mercosur que alcanzaron los 7.500 millones, y la misión que integró Valditara busca multiplicar esas cifras aprovechando el nuevo marco arancelario europeo. El ministro sostiene que la formación de capital humano es “estratégica” para esa expansión. “El capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas”, explicó, y detalló que su reforma técnico-profesional despertó el interés de los empresarios argentinos con los que se reunió esta semana. Como gesto concreto, anunció que Italia buscará instalar Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en el país, un modelo de formación terciaria vinculado directamente a las necesidades de las empresas.

Ese entusiasmo empresarial vino acompañado de un capítulo puramente educativo: la firma de un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Capital Humano argentino, que profundiza el vínculo que Valditara ya había iniciado en mayo, cuando recibió en Roma a la ministra Sandra Pettovello. “Hubo una gran sintonía en los valores de referencia, en la visión de la escuela y de la sociedad”, afirmó el ministro italiano, quien enumeró los ejes del acuerdo: la lucha contra la deserción escolar, el intercambio de estudiantes y docentes y la difusión del idioma italiano en un país que aloja a una de las comunidades de descendientes más numerosas del mundo.

Valditara aprovechó para reivindicar el desempeño educativo de su país: “El mundo se derrumba, pero Italia se mantiene estable, y por lo tanto, desde este punto de vista, creo que podemos ser un punto de referencia importante”, dijo, en referencia a los resultados de la prueba PISA de la OCDE difundidos esa misma mañana, que mostraron que Italia superó por primera vez la media del organismo en lectura, matemática y ciencias en un contexto de caída generalizada en la mayoría de los países evaluados.

“Primero la inteligencia humana”

El momento de mayor reflexión de la entrevista llegó con la inteligencia artificial, un tema que atraviesa a los sistemas escolares de todo el mundo: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial.” El ministro defiende el uso de esa tecnología en las aulas italianas, pero solo, dijo, si va acompañado de un regreso a los métodos tradicionales de enseñanza: “Para potenciar la inteligencia humana hay que volver al libro, al papel y a la lapicera”.

Citó en su apoyo los resultados de la prueba PISA, que muestran una caída en la comprensión de textos y en matemática incluso en países como Alemania, Suecia y Finlandia, tradicionalmente bien posicionados. La causa, sostuvo, es “un uso excesivo de lo digital, del celular.” En octubre, su ministerio organizará un congreso internacional sobre inteligencia artificial y educación a orillas del lago de Como, al que invitó a participar a Pettovello. “Tenemos que saber interactuar de manera responsable para evitar que ese potencial se transforme en riesgo”, aseveró.

La misma lógica anima su defensa de la letra cursiva, que reintrodujo en las escuelas primarias italianas junto con la caligrafía, los resúmenes y la memorización de poesía. Valditara enmarca esa política como una ruptura generacional con la pedagogía progresista: “Se terminó la época, tan querida por cierta izquierda, del espontaneísmo expresivo, donde la regla gramatical se dejaba para el final”, dijo.

“Una revolución cultural”

A un año de que termine la legislatura de Meloni —ya la más longeva en la historia de la República italiana—, Valditara reivindicó lo que llama “una verdadera revolución cultural” en la escuela, que incluye desde la centralidad del idioma italiano hasta un enfoque de la historia orientado a las raíces de “la civilización occidental”, que —afirmó— “le dio al mundo entero la centralidad de la persona, la libertad, la democracia.”

El ministro también reivindicó la revalorización del personal docente: “Creo mucho en devolverles autoridad a los docentes”, afirmó, y agregó que, partiendo de esas bases, hay que seguir mejorando las competencias e invertir en infraestructura.

Respaldó todo ese balance con cifras: 520.000 jóvenes recuperados del abandono escolar desde 2022, y una caída del porcentaje de estudiantes que no alcanza las competencias mínimas en italiano, matemática e inglés, del 8,5% en 2023 al 6,3% en 2026. “Los resultados”, concluyó, “nos están dando la razón”.

La entrevista completa

—Ministro, ante todo bienvenido a Argentina.

—Gracias, buenos días a todos.

—Vino en una misión empresarial con más de 100 empresas italianas. Y la primera pregunta es: ¿qué rol juega la educación, la escuela y la formación técnica en este relanzamiento de las inversiones entre Italia y Argentina?

—Ante todo la formación es estratégica porque el capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas. Nosotros iniciamos una reforma importante de la educación técnica y profesional. Muchos países miran con gran interés esta reforma. Hablé de esto ayer con los empresarios argentinos. Las asociaciones empresariales italianas la valoran mucho porque esta reforma conecta la escuela con el mundo del trabajo, le da protagonismo a las empresas dentro del proceso de formación, y por lo tanto es una reforma destinada a dar oportunidades importantes a nuestros jóvenes. Hablé de esto con la ministra Pettovello, que está muy interesada en desarrollar un diálogo y un intercambio sobre este camino. Nuestra idea es también traer ITS, es decir, Institutos Tecnológicos Superiores, a Argentina, para contribuir a este gran desarrollo que se está iniciando en este país extraordinario.

—Se reunió con Pettovello en mayo, en Italia. Ayer se firmó un memorándum entre ambos ministerios. ¿Nos puede contar sobre este memorándum y también sobre proyectos más concretos de cooperación? Por ejemplo, en la movilidad de estudiantes o de docentes.

—Ante todo quiero decir que hubo una gran sintonía sobre los valores de referencia, sobre la visión de la escuela y de la sociedad. Ya en mayo, en Roma, habíamos sentado las bases de este importante protocolo, que prevé una colaboración estrecha en el campo de la educación técnico-profesional, que ambos consideramos estratégica para el futuro de nuestros países. Está el tema de la deserción escolar, es decir, de los abandonos tempranos, y de las competencias que deben alcanzarse, sobre lo cual vamos a colaborar. Italia está logrando resultados importantes. De hecho, se acaban de dar a conocer los resultados de la OCDE: el mundo se derrumba, Italia se mantiene estable, y por lo tanto, desde este punto de vista, creo que podemos ser un punto de referencia importante. Después está el tema de los intercambios, de la difusión del conocimiento del idioma italiano en Argentina, del intercambio entre docentes y estudiantes que pretendemos reforzar. Hay un gran interés por parte de la ministra en el fortalecimiento del sistema escolar argentino, y nosotros, obviamente, somos muy sensibles a ese gran interés argentino.

—Hablemos de inteligencia artificial. Usted promovió experiencias piloto en la enseñanza con IA, al mismo tiempo prohibió el uso de celulares en el aula. ¿Cuál es la visión de Italia sobre el rol de la IA en la educación?

—Que primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial. Tenemos que potenciar la inteligencia humana y, a partir de ahí, usar la inteligencia artificial. Para potenciar la inteligencia humana hay que volver al libro, al papel y a la lapicera, que son pilares fundamentales. Justamente los resultados de la OCDE muestran este preocupante retroceso que afecta a países como Alemania, como Suecia, como Finlandia, que siempre fueron puntos de referencia internacionales, y que están cayendo en su capacidad de comprensión de un texto, también en matemática. Este retroceso proviene, según los análisis de la OCDE, justamente de un uso excesivo de lo digital, del celular, que tiene efectos negativos sobre el aprendizaje. Y por eso hay que usar la inteligencia artificial, pero con cuidado. De hecho, nosotros en octubre vamos a hacer un gran congreso internacional —invité también a la ministra Pettovello a participar— lo vamos a hacer en el lago de Como, sobre escuela e inteligencia artificial. Tenemos que saber interactuar de manera responsable para evitar que ese potencial se transforme en riesgo.

—También promovió el uso de la letra cursiva en las escuelas.

—Cursiva, caligrafía, resúmenes, poesía, memoria, gramática y sintaxis. Yo dije: se terminó la época, tan querida por cierta izquierda, del espontaneísmo expresivo, por el cual la regla gramatical se dejaba para el final. En cambio, es importante un buen conocimiento del idioma, de sus fundamentos, de sus reglas, para que nuestros chicos puedan expresarse correctamente y, sobre todo, saber comprender lo que leen.

—Falta cerca de un año para el final de la legislatura. La noticia de estos días fue que el gobierno Meloni se convirtió en el más longevo de la historia de la República, una notable estabilidad. ¿Qué balance hace de esta experiencia de gobierno en lo que respecta a su ministerio? ¿Y qué proyectos tiene para este año final?

—Cambiamos profundamente la escuela italiana, iniciamos una verdadera revolución cultural, también desde el punto de vista de los programas. Pienso no solo en la centralidad del idioma, del italiano, de la gramática, sino también en la revolución de la matemática: partir de la observación de la realidad para llegar a concebir, a entender la teoría. Y después la historia, la centralidad de la historia de Occidente —hablaba de esto ayer [el lunes n.d.E] también con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra Pettovello, que comparten este enfoque—. Tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestras raíces comunes, de nuestros orígenes. La civilización occidental le dio al mundo entero la centralidad de la persona, la libertad, la democracia, son grandes valores, y por lo tanto conocer nuestra historia es absolutamente fundamental. Todavía tenemos que hacer cosas importantes. Ante todo, tenemos que continuar ese camino de revalorización del personal docente. Creo mucho en devolverles autoridad a los docentes. Partiendo de estas bases sólidas de la escuela italiana, tenemos que mejorar cada vez más las competencias, tenemos que invertir cada vez más en infraestructura. Creo que, de todos modos, estamos bien encaminados, también porque los resultados nos están dando la razón. Sobre el abandono escolar, desde 2022 hasta hoy recuperamos a 520.000 chicos que antes no iban a la escuela. En cuanto a las competencias no alcanzadas, la llamada deserción implícita —es decir, el hecho de que al término del ciclo escolar, en nuestro idioma, en italiano, en matemática, en inglés, los chicos no alcancen las competencias mínimas— pasamos de un 8,5% en 2023 a un 6,3% en 2026, con una reducción drástica de esa carencia de aprendizajes.

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional y abordaron la aplicación plena del acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur.

La reunión tuvo lugar el miércoles en Bruselas, durante la visita oficial de Ramírez. La Cancillería paraguaya informó que Kallas expresó su “preocupación por el crimen organizado transnacional y solicitó trabajar de forma conjunta en ese campo”.

Los funcionarios también analizaron el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que comenzó a regir de forma provisional el 1 de mayo pasado. Ambas partes señalaron la necesidad de avanzar hacia su plena vigencia “a fin de superar los desafíos que puedan presentarse”.

Ramírez viajó a Bruselas con el objetivo de tratar, entre otros asuntos, la distribución de las cuotas de exportación del Mercosur hacia Europa. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mantienen diferencias sobre ese mecanismo.

La agenda del ministro incluyó la firma de un acuerdo de consultas políticas con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. El convenio busca ampliar el diálogo bilateral y la cooperación en áreas de interés común, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo.

El martes, Ramírez se reunió con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, y con representantes de la Industrial Federation Business Europe. El canciller inició sus actividades el lunes con un encuentro con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, quien visitó Asunción en enero para la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones.

El Mercosur aún no logra un acuerdo para definir las cuotas de exportación a la UE

Los cancilleres del Mercosur terminaron una reunión de más de tres horas en Montevideo una semana atrás sin acordar el reparto de las cuotas de exportación con beneficios arancelarios hacia la Unión Europea, pese a los avances en la negociación. El encuentro reunió a los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para tratar asuntos internos del bloque. La cita se celebró en medio de las diferencias diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó el “extraordinario, franco y fraterno clima de la reunión” con el argentino Pablo Quirno, el brasileño Mauro Vieira, el paraguayo Rubén Ramírez y el boliviano Héctor Francisco Huanca.

“Ningún aspecto del Mercosur se ha detenido (...) a pesar de los desencuentros”, afirmó Lubetkin al término de la reunión, en una rueda de prensa que ofreció sin sus pares.

El ministro señaló que los cancilleres no abordaron de forma específica la crisis entre Argentina y Brasil. El conflicto llevó al gobierno de Lula da Silva a solicitar el retorno a Buenos Aires del embajador argentino acreditado en Brasilia.

La UE ofrece determinados volúmenes de importación con beneficios en aranceles, y los miembros del Mercosur deben resolver la distribución de esas cuotas. “No hay unanimidad” para cerrar ese punto, afirmó Lubetkin.

El canciller uruguayo indicó que Argentina, Brasil y Uruguay acercaron posiciones, mientras que Paraguay conserva una postura más distante del consenso. Mientras las cuotas no estén definidas, los cupos de exportación se asignan por orden de llegada.

El acuerdo comercial, negociado durante más de 25 años, comenzó a aplicarse de forma provisional en enero. Su vigencia definitiva depende de una resolución judicial en Europa sobre la legalidad del pacto. Los cancilleres acordaron volver a reunirse de forma presencial en Montevideo, sede de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, dentro de 45 a 60 días. El objetivo será cerrar el acuerdo sobre el reparto de las cuotas.

(Con información de EFE)

La Comisión Europea desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, donde permanecen varios miles de migrantes que entraron de forma irregular desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo comunitario también reforzará el apoyo operativo de Frontex.

El Gobierno solicitó formalmente el 28 de agosto 10 agentes fronterizos para agilizar el triaje de las personas que seguían en la ciudad autónoma de forma irregular y también 32 millones de euros en fondos de emergencia. La petición abrió semanas de contactos entre Madrid y Bruselas para concretar las necesidades, después de que la Comisión pidiera “aclaraciones” sobre el apoyo reclamado.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se desplazó este martes a Bruselas para añadir presión y mantuvo varios encuentros con los responsables comunitarios, entre ellos el comisario del Interior y Migraciones, Magnus Brunner, a quien solicitó refuerzos y exigió al bloque una mayor contundencia política hacia Marruecos.

“Ceuta vive una situación insostenible [...] Estamos al borde del colapso”, insistió el dirigente regional en una rueda de prensa desde la capital comunitaria. Vivas reclamó también la declaración de Ceuta como frontera europea y la adecuación del Pacto de Migración y Asilo al territorio. En ese mismo día, el responsable de migraciones europeo recibió al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha recordado este miércoles que “la situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores” y ha insistido en que la prioridad es el retorno de “quienes no tienen derecho a permanecer en la zona”.

Una delegación de eurodiputados viaja a Ceuta

Vivas también se reunió con miembros del Parlamento Europeo, incluida la presidenta de la institución, la conservadora Roberta Metsola, y con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber. Fuentes del PP en la Eurocámara han avanzado que mañana se desplazará a Ceuta una delegación de eurodiputados “con el objetivo de examinar la situación en el terreno”.

Esta misión, subrayan las fuentes, “busca conocer las circunstancias concretas en las que se produjo la invasión y la permisividad o coordinación por parte de fuerzas marroquíes en los hechos”. El viaje tendrá lugar un día después de la desclasificación de documentos policiales que expondrán los avisos emitidos por los agentes fronterizos españoles los días previos a la crisis migratoria. No entrarán en este dossier, sin embargo, los documentos previos, entre ellos el documento que apuntaría a que los gendarmes marroquíes “guiaron” a los migrantes hacia la frontera desde distintos puntos del país. Por otra parte, el presidente del Gobierno recibirá esa misma tarde al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en La Moncloa.

La Unión Europea está a punto de revelar sus planes para mantener a los menores seguros en línea, pero las propuestas para restringir su acceso a las redes sociales y exigir controles de edad han provocado críticas tanto de grupos de defensa de los derechos de la infancia como de defensores de la privacidad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto exponer cómo el bloque de 27 naciones planea limitar el uso de las redes sociales por parte de los niños durante un discurso muy esperado ante el Parlamento Europeo la próxima semana.

Von der Leyen está sopesando la posibilidad de imponer restricciones a las redes sociales a los menores de 13 años, tal como lo ha recomendado un panel de expertos, o a los menores de 15 años, como desea Francia.

Su anuncio se produce tras más de un año de presión por parte de muchos estados de la UE, incluidos Dinamarca y Grecia, y llega después de la prohibición pionera a nivel mundial impuesta por Australia en diciembre de 2025. Países como Gran Bretaña siguieron el ejemplo de Canberra.

Los críticos de las redes sociales han señalado un creciente número de pruebas que demuestran los efectos negativos de estas plataformas en la salud mental y física de los niños.

Independientemente de lo que decida hacer la UE, estas medidas irán acompañadas de la puesta en marcha de un sistema de control de edad a finales de este año para garantizar que las restricciones funcionen realmente.

Sin embargo, Bruselas se enfrenta a críticas de todos los sectores por estos planes: los grupos de defensa de los derechos de la infancia temen que las limitaciones en las redes sociales infrinjan las libertades de los menores, mientras que los grupos de defensa de los derechos digitales expresan su preocupación por la verificación de edad.

“Para proteger los derechos fundamentales de los niños , las plataformas deben ser el foco de la regulación, no el acceso de los niños a la participación en línea”, afirmó Christian Cirhigiri, del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) Europa.

“Las plataformas deberían cambiar”

Grupos de la sociedad civil, incluidos activistas por los derechos de la infancia, están preocupados por las consecuencias de limitar el acceso, argumentando que podría privar a los jóvenes de conexiones sociales y recursos que benefician su desarrollo.

Según declaró Cirhigiri a la AFP, las restricciones “violarían sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, que son derechos fundamentales contemplados incluso en la Carta de las Naciones Unidas”.

Unas 132 organizaciones y expertos en derechos humanos y salud mental también se oponen a una prohibición generalizada y, en una carta dirigida a von der Leyen y compartida con la AFP, instaron a la UE a obligar a las grandes empresas tecnológicas a hacer que sus plataformas sean más seguras.

Una posible prohibición cuenta con un amplio apoyo entre los 27 Estados miembros, pero no es unánime.

“Es muy difícil comprender moralmente por qué debería prohibirse el acceso a la información”, declaró a la AFP la ministra digital de Estonia, Liisa-Ly Pakosta, argumentando que, en cambio, “las plataformas deberían cambiar”.

La UE ya ha desplegado su arma legal más potente, una ley de contenido en línea denominada Ley de Servicios Digitales, para ordenar a Facebook, Instagram y TikTok este año que cambien su diseño “adictivo”.

Simeon de Brouwer, del grupo de defensa de los derechos digitales EDRi, cree que el problema fundamental no es el uso que hacen los jóvenes de internet en sí, sino la falta de garantías para que el entorno sea seguro.

“El problema es que los espacios en línea hacen que los jóvenes sean fácilmente accesibles a depredadores, estafadores y otros, y pueden volverse adictos con facilidad”, dijo.

Preocupación por los controles de edad

La prohibición en Australia demostró cómo los adolescentes podían eludirla mediante el uso de VPN o ocultando su edad.

La UE espera que su aplicación de verificación de edad ponga fin a esto, permitiendo a los usuarios comprobar su edad con su pasaporte, documento nacional de identidad, a través de proveedores fiables como un banco o en persona, por ejemplo, en una oficina de correos.

Los críticos afirman que una aplicación de este tipo pondría en peligro la privacidad de los europeos y también restringiría la libertad de las personas en línea, ya que todos los usuarios tendrían que demostrar su edad.

“Nos preocupa el efecto disuasorio que la verificación de edad tendrá en la libertad de expresión de los usuarios en línea”, declaró Cirhigiri a la AFP, ya que algunas personas podrían carecer de la documentación adecuada, mientras que otras podrían mostrarse reacias a proporcionar su documento de identidad.

Bruselas insiste en que la aplicación, “fácil de usar”, preserva la privacidad de las personas, ya que solo guarda información sobre la edad y ningún detalle como nombres o fechas de nacimiento.

La UE afirma que la aplicación no compartiría ningún dato con las plataformas digitales y que las herramientas solo se comunicarían para comprobar que un usuario es mayor de cierta edad. La aplicación se basa en la “prueba de conocimiento cero”, mediante la cual se proporciona una respuesta de “sí” o “no” de forma criptográfica sin aportar ningún dato personal.

Sin embargo, los problemas empezaron a hacerse evidentes tan pronto como la UE presentó el prototipo de la aplicación en abril, y los expertos detectaron fallos tanto en materia de privacidad como de seguridad.

Paul Moore, quien se autodenomina consultor de seguridad, demostró cómo podía “hackear” la aplicación en “dos minutos”. En julio, afirmó en X que había logrado burlar la aplicación nuevamente.

Las plataformas no están obligadas a utilizar la aplicación de verificación de edad de la UE, pero se considera el referente y, de no ser así, tendrán que utilizar una alternativa que satisfaga a Bruselas.

(AFP)

La Comisión Europea va a presentar este miércoles, 9 de septiembre, la nueva Ley de Vivienda Asequible. Una normativa que fijará por primera vez los criterios comunes para que los países del bloque puedan limitar los alquileres turísticos de corta duración y la compra de segundas residencias en las zonas donde el acceso a un techo se ha convertido en un problema estructural.

El texto, al que ha tenido acceso Reuters, llega después de que ciudades como París, Barcelona o Venecia hayan endurecido por su cuenta las condiciones para que puedan operar plataformas como Airbnb, y de que los precios de compra hayan subido un 64,9% en la última década frente a un 21,8% de los alquileres, según cifras de la propia Unión Europea.

Dicha propuesta, cuya responsable es Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, deberá superar ahora el examen de los Estados miembros y del Parlamento Europeo antes de convertirse en ley, un trámite que se extenderá durante los próximos meses.

Cuándo una ciudad se considera zona tensionada

Sin embargo, el borrador no da total libertad a cualquier municipio a imponer restricciones, sino que obliga a las autoridades a demostrar primero que existe una gran presión sobre la vivienda antes de actuar contra los alquileres vacacionales o la compra de inmuebles. Para ello, el texto propone que se analice la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de la población, así como su evolución en el tiempo.

“La relación entre el precio y los ingresos mide la asequibilidad de la vivienda al comparar el coste de adquirir una vivienda con los ingresos del hogar o de la población que se espera que la compre”, señala el documento. Además, desde Bruselas añaden que las autoridades “deberían evaluar la tensión del mercado de la vivienda en la zona en cuestión sobre la base de la relación entre el precio y los ingresos y su evolución a lo largo del tiempo, junto con otros indicadores que permitan demostrar que es improbable que la tensión sobre la vivienda se alivie en el futuro”.

Entre esos indicadores adicionales están el crecimiento demográfico y el desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda. El borrador también señala que cualquier medida que se adopte no puede ser discriminatoria, sino proporcionada y estar justificada por el interés público, un requisito pensado para evitar que las restricciones se conviertan en barreras arbitrarias.

De hecho, la Comisión pretende aplicar una referencia numérica concreta, lo que podría animar a los gobiernos de los Estados miembros a intervenir cuando los precios de la vivienda en una zona determinada tripliquen (hasta ocho veces) los ingresos locales, cuando esa brecha se haya mantenido durante la década anterior o cuando no se prevea una mejora en los siguientes tres años.

Multas o límites, pero no prohibiciones totales

Uno de los aspectos centrales del borrador es que descarta ir por la vía más drástica. En lugar de prohibir de forma directa la compra o el uso de propiedades para alquiler turístico, la Comisión plantea fórmulas más graduales, como topes cuantitativos al número de licencias en las zonas con escasez de vivienda o cláusulas de derechos adquiridos, que permitirían a quienes ya operan como anfitriones seguir haciéndolo bajo las reglas vigentes mientras se cierra el paso a nuevos operadores.

Según el documento, el objetivo es enfocarse, sobre todo, en los operadores comerciales que gestionan varias propiedades como negocio turístico, y no tanto hacia quienes alquilan de forma ocasional su propia vivienda. Bajo esta premisa, los municipios podrían restringir a las empresas con múltiples anuncios, mientras se preserva el derecho de un particular a poner en alquiler su residencia principal.

Las presiones del sector y de los vecinos afectados

Y, antes incluso de presentar la propuesta, ya ha llegado la respuesta del sector. La CCIA, un grupo de presión del que forma parte Airbnb, ha pedido que sea la propia Comisión la que vigile de cerca las restricciones nacionales y locales para evitar excesos. “Sin controles de proporcionalidad exigibles, la Ley de Vivienda Asequible no beneficiaría a nadie, ni a los propietarios que alquilan una habitación para llegar a fin de mes, ni a las regiones e industrias que viven del turismo”, ha advertido la organización en un comunicado.

En el otro extremo del debate están los residentes de las ciudades más turísticas, que en los últimos años han salido a la calle para denunciar que el auge de los alquileres de corta duración expulsa a la población local del mercado de la vivienda, en particular a los más jóvenes. La eurodiputada Leïla Chaibi, del grupo La Izquierda, trasladó esa misma preocupación al comisario de Vivienda, Dan Jørgensen, el pasado 2 de septiembre: “Ha llegado la hora de que la UE actúe y sabemos que los alquileres de corta duración tienen un impacto en la crisis de la vivienda, en nuestros centros urbanos, en nuestros barrios y también en el campo en toda Europa”.

La Unión Europea invertirá 200 millones de euros adicionales, equivalentes a USD 232 millones, en proyectos de energía, materias primas y conectividad en Groenlandia, anunció el lunes 7 de septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al cierre de una visita de dos días a Nuuk.

La financiación se destinará a iniciativas de conectividad, energías limpias y materias primas críticas. El paquete se sumará a la duplicación de la ayuda directa de la UE al territorio autónomo danés.

La Unión Europea asignará 200 millones de euros adicionales a Groenlandia durante este año y el próximo para ampliar proyectos de internet, comunicaciones satelitales, energías limpias y recursos minerales. Von der Leyen presentó la medida en Nuuk como parte de una nueva asociación con el territorio, mientras reiteró que su futuro corresponde decidirlo a Groenlandia y Dinamarca.

Von der Leyen anunció durante una rueda de prensa: “Ponemos en marcha juntos la asociación UE-Groenlandia (...), 200 millones de euros de nuevas inversiones para Groenlandia para este año y el próximo”.

Según se informó, los recursos contribuirán a mejorar las capacidades satelitales y facilitar el acceso a internet en el norte y el este de la isla.

El plan también contempla proyectos vinculados con las energías renovables y los minerales críticos. Durante su primera jornada en Nuuk, la presidenta de la Comisión Europea había anticipado que el paquete sería “sustancial”, sin precisar entonces el monto.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, manifestó la intención de profundizar los vínculos con el bloque. El jefe del Gobierno groenlandés afirmó que el territorio busca consolidar su “estrecha amistad y buena colaboración” con la Unión Europea.

El mensaje sobre la soberanía de Groenlandia

La visita de Von der Leyen incluyó reuniones con los jefes de los Gobiernos danés y groenlandés. La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que la decisión sobre el estatus político de la isla no corresponde a terceros países.

“Queremos dejar muy claro y repetir una vez más aquí que el futuro de Groenlandia corresponde decidirlo a los groenlandeses y a Dinamarca, y a nadie más”, dijo Von der Leyen.

La declaración se produjo ante las reiteradas exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Groenlandia pase a control estadounidense. Dinamarca y las autoridades groenlandesas rechazaron de forma reiterada cualquier transferencia de soberanía.

La presión de Washington abrió tensiones con gobiernos europeos y dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Funcionarios europeos señalaron que Groenlandia está cubierta por el marco de seguridad de la alianza y que Estados Unidos ya dispone de mecanismos para ampliar su presencia militar en la isla mediante un tratado vigente.

El Ártico y las negociaciones pendientes

Trump sostuvo que Dinamarca no puede garantizar por sí sola la defensa de Groenlandia, pese a que integra la OTAN. Las tensiones disminuyeron después de que el mandatario estadounidense y el secretario general de la alianza, Mark Rutte, acordaran en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, iniciar conversaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

Las conversaciones todavía no derivaron en un acuerdo. Durante una cumbre de la OTAN celebrada en Turquía en julio, Trump volvió a afirmar que Estados Unidos debería controlar la isla.

El Ártico concentra el interés de Estados Unidos, Rusia, China y los países europeos por el acceso a rutas marítimas y recursos minerales que facilita el deshielo. Von der Leyen se refirió a esa situación tras un paseo en barco por un fiordo cercano a Nuuk.

“Los impresionantes paisajes y la belleza natural de Groenlandia permanecerán conmigo durante mucho tiempo. Pero también lo harán las cicatrices visibles del cambio climático en la capa de hielo”, escribió en la red social X. Luego agregó: “A medida que el hielo se derrite, una nueva realidad está tomando forma”.

Aunque Dinamarca integra la Unión Europea, Groenlandia abandonó el bloque en 1985. Sus habitantes mantienen la ciudadanía danesa y, por esa condición, también poseen ciudadanía de la Unión Europea.

La ultraderecha alemana busca una victoria histórica este domingo en la región de Sajonia-Anhalt, un estado federado del este del país donde Alternativa por Alemania (AfD) aparece al frente de los sondeos.

Los colegios electorales han abierto a las 8:00 de este domingo, en una jornada que seguirán con mucha atención todos los partidos alemanes. El resultado puede determinar si la fuerza liderada en la región por Ulrich Siegmund consigue su primer gobierno estatal y accede por primera vez al poder. La votación pone bajo presión a la coalición federal del canciller Friedrich Merz y al gobierno regional encabezado por el conservador Sven Schulze. También la Unión Europea vigila la situación en medio de una gran expectativa, ante el temor del ascenso de otro partido antieuropeísta en un país que es uno de los principales pilares de la UE.

Cerca de 1,7 millones de personas están llamadas a votar hasta las 18.00 hora local para elegir a los diputados regionales. La AfD lidera las encuestas, aunque su posibilidad de formar gobierno dependerá de la distribución final de escaños y de que otros partidos superen el umbral electoral. Los comicios se desarrollan en un ambiente de polarización y de inquietud entre los residentes extranjeros, pues AfD ha prometido políticas muy duras contra los migrantes. La región cuenta con unos 2,14 millones de habitantes y Magdeburgo, la capital, es su ciudad más poblada.

La AfD llega con una ventaja de 18 puntos sobre la CDU

El último sondeo para la cadena pública ZDF da a la AfD un 41% de intención de voto, frente al 23% de la Unión Cristianodemócrata (CDU). La formación de izquierdas Die Linke obtendría el 11,5%, el Partido Socialdemócrata (SPD) el 8,5% y Los Verdes el 6%. La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y el Partido Liberal (FDP) quedarían fuera del Parlamento regional, con 4% y 3%.

Ese escenario no garantizaría por sí solo una mayoría absoluta a la AfD. El partido podría alcanzarla si el SPD y Los Verdes no superaran el 5% requerido para ingresar en el Parlamento, una hipótesis que las encuestas no anticipan.

Siegmund, de 35 años, prorruso y con una fuerte presencia en redes sociales, plantea endurecer la política migratoria, eliminar la escolarización obligatoria y revisar los contenidos de historia, reduciendo la enseñanza de la época del nazismo: “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, ha declarado.

Si gobernara sin socios, AfD propone una “ofensiva de deportaciones y remigración”. Su programa incluye además una ayuda económica por nacimiento para niños con al menos un progenitor con pasaporte alemán y la prohibición de banderas arcoíris en escuelas públicas.

Actualmente, la CDU, el SPD y el FDP integran la actual coalición regional, que llegó al poder con Schulze como primer ministro. El dirigente conservador asumió el cargo en enero. La CDU descarta acuerdos tanto con AfD como con Die Linke. Una eventual alianza entre conservadores, socialdemócratas y verdes tampoco reuniría mayoría absoluta de escaños: esa fórmula necesitaría apoyos puntuales de Die Linke para sostener un gobierno en minoría.

La presencia de BSW en el Parlamento añadiría otra dificultad a las negociaciones. Su fundadora, Sahra Wagenknecht, se ha manifestado contra una reelección de Schulze. Ese bloqueo podría abrir la puerta a que Siegmund acceda al poder.

Las primeras estimaciones se conocerán tras la finalización de la votación. El desenlace mostrará si el aislamiento político de AfD puede impedir que su triunfo en las urnas se traduzca en el control del gobierno regional.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido a la Unión Europea de que no aceptará la incorporación de nuevas lenguas oficiales vinculadas a futuras ampliaciones mientras el catalán, el euskera y el gallego no obtengan ese mismo estatus, un pulso político con el que Madrid eleva la presión sobre sus socios ante un expediente bloqueado desde 2023.

La posición española se expondrá el 22 de septiembre en el próximo Consejo de Asuntos Generales, después de que el Ejecutivo haya pedido incluir la cuestión de las “lenguas oficiales y ampliación”. Será la primera vez que la oficialidad de catalán, euskera y gallego regrese a la mesa desde julio de 2025. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han trasladado a la agencia Europa Press que “no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego”. El departamento enmarca esa condición en el debate sobre futuras adhesiones, ya que la entrada de nuevos países implicaría sumar más idiomas a las 24 lenguas oficiales actuales.

España pidió formalmente en agosto de 2023 que el catalán, el euskera y el gallego pasaran a ser lenguas oficiales de la UE. La iniciativa fue consecuencia del acuerdo con Junts para recabar su apoyo a la nueva legislatura.

Para sacar adelante la medida hace falta la unanimidad de los Veintisiete, un requisito que hasta ahora no se ha alcanzado. El Gobierno ha evitado forzar una votación al constatar que no disponía de los apoyos necesarios para impedir un rechazo formal. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido en distintas ocasiones que la oficialidad acabará llegando y que es cuestión de tiempo.

“España apoya el proceso de ampliación”

Este jueves, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, había dejado entrever esa nueva condicionalidad respecto a la ampliación. Exteriores insiste, al mismo tiempo, en que “España apoya firmemente el proceso de ampliación” y en que reconocer nuevas lenguas oficiales tiene una relación estrecha con el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea.

En julio de 2025, la propuesta española chocó con el rechazo de una decena de socios, con Alemania al frente. Desde entonces no han trascendido cambios de posición entre los países que mantenían reservas y, de hecho, el Ministerio de Exteriores alemán reiteró el pasado mayo, tras un encuentro entre Albares y su homólogo germano, que seguía teniendo dudas.

El principal obstáculo ha sido desde el inicio la exigencia de unanimidad, agravada por las reticencias jurídicas y por el temor de varios socios a que el caso español abra la puerta a reclamaciones similares de otras lenguas minoritarias en la UE. Esa prevención ha marcado las negociaciones desde que Madrid activó el expediente.

Para responder a esas objeciones, el Ejecutivo se ha comprometido a asumir el coste adicional de la medida, que la Comisión Europea sitúa en torno a 132 millones de euros al año tomando como referencia el precedente del gaélico. También ha ofrecido una aplicación parcial una vez reconocida la oficialidad, con la intención de reducir la carga administrativa. La propuesta trasladada por el Gobierno en la primavera de 2025 prevé que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales de forma parcial a partir de 2027. En esa primera fase solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, equivalentes al 3% del total de actos jurídicos de la anterior legislatura.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró el jueves por la noche el respaldo de la Unión Europea (UE) a la presión financiera impulsada por la Administración de Donald Trump contra Irán y destacó la coordinación del bloque europeo con Washington y otros socios internacionales.

“La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Paria Económica y agradecemos su firme y temprana postura”, declaró Bessent en una publicación en redes sociales, en referencia a la ofensiva financiera de Estados Unidos contra Teherán.

El secretario del Tesoro estadounidense sostuvo que Estados Unidos y sus aliados buscan impedir que Irán utilice el sistema financiero internacional para financiar sus programas nucleares y de armamento, así como a grupos terroristas afines.

“Estados Unidos se mantiene firme junto a sus aliados para garantizar que el régimen asesino iraní no pueda aprovechar el sistema financiero mundial para financiar sus ambiciones nucleares, sus programas de armamento y sus grupos terroristas afines”, afirmó.

Bessent agregó que la presión internacional continuará hasta eliminar las fuentes de financiación de Teherán. “El mundo está enviando un mensaje claro al régimen iraní: no nos detendremos hasta que se haya cortado toda fuente de financiación que le quede”, remarcó.

El funcionario estadounidense acompañó su mensaje con un enlace a una declaración de la Comisión Europea emitida el lunes, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

En ese documento, la UE señaló que continuará trabajando “estrechamente” con Estados Unidos, otros países del G7 y socios internacionales para “mantener la presión sobre” Irán, con el objetivo de favorecer una desescalada.

La postura europea recibió críticas del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien cuestionó durante esta semana el respaldo del bloque a la presión sobre Teherán. El funcionario afirmó que la UE “se desvía de todos los valores que dice defender” con ese pronunciamiento y sostuvo que está “cediendo a la coerción estadounidense”.

Horas antes del anuncio del Secretario del Tesoro, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz se recuperó hasta acercarse a los niveles registrados antes del inicio de la guerra con Irán, pese a los ataques contra embarcaciones comerciales.

Según Vance, las operaciones estadounidenses permitieron restablecer el flujo energético por una de las principales rutas marítimas del mundo y redujeron de forma significativa la capacidad del régimen iraní para impedir el paso de los petroleros.

“Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto”, declaró el funcionario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente vinculó la recuperación del tráfico energético con las operaciones estadounidenses destinadas a proteger la navegación. Según explicó, Washington actuó para impedir ataques de las fuerzas iraníes contra buques comerciales y garantizar el traslado de petróleo hacia los mercados internacionales.

“Lo que hicimos hace apenas un par de días es que hicimos más difícil para los iraníes disparar contra el transporte marítimo comercial, nuevamente, para garantizar el flujo de petróleo y gas hacia los mercados energéticos mundiales”, señaló Vance.

El vicepresidente sostuvo que el objetivo de Estados Unidos es impedir que Teherán utilice el estrecho como mecanismo de presión sobre la economía mundial. “Los iraníes querrían que salieran cero millones de barriles del estrecho de Ormuz. Anoche salieron 15 millones de barriles”, afirmó.

Vance también descartó conversaciones con Irán mientras continúen los ataques contra embarcaciones comerciales. “Nuestro mensaje a los iraníes es simple. Ha sido el mismo desde el principio: tienen que dejar de disparar contra el transporte marítimo comercial”, dijo.

Y agregó: “No estamos hablando con ellos, y no vamos a hablar con ellos a menos que dejen de disparar contra el transporte marítimo comercial”.

La magnitud del tráfico recuperado también fue destacada el miércoles por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron Ormuz el lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Antes del conflicto, por el estrecho circulaban aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos. Ese volumen representa una parte sustancial del suministro energético mundial y convierte a Ormuz en un punto estratégico para los mercados internacionales.

(Con información de Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, envió el miércoles a la Rada Suprema dos proyectos de ley para reforzar la lucha contra los fraudes financieros en línea y adaptar la normativa del país a exigencias de la Unión Europea. La iniciativa llega después de que el Parlamento rechazara dos proyectos impositivos vinculados al desbloqueo de fondos europeos.

Una de las propuestas prevé endurecer la respuesta contra los centros de llamadas fraudulentos, sus mecanismos de captación de trabajadores y las estafas que afectan a pagos y cuentas bancarias. “La responsabilidad por los centros de llamadas fraudulentos debe ser clara y estricta: no solo para aquellos que llevan a cabo el trabajo de estos centros de llamadas, sino también para aquellos que los organizan, se benefician de ellos y son sus propietarios”, afirmó el mandatario ucraniano.

El segundo proyecto propone una responsabilidad “más estricta” para quienes organicen esquemas de fraude mediante instrumentos bancarios, entre ellos el uso de las denominadas “mulas de dinero”, personas que reciben o transfieren fondos ilícitos a través de sus cuentas. “A nivel de regulación bancaria interna, deben tomarse las medidas apropiadas y ajustarse los algoritmos para otorgar a los bancos una mayor capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y las empresas, y de prevenir que las cuentas se utilicen para la evasión fiscal o el lavado de los ingresos procedentes de actividades ilegales”, añadió Zelensky.

El inquilino del Palacio Mariyinski sostuvo que las dos iniciativas buscan aplicar disposiciones de la legislación de la Unión Europea contempladas en los acuerdos con los socios del país. “Pido a los diputados que examinen estos proyectos de ley sin demora”, indicó.

En paralelo, respecto a la guerra, Zelensky anunció el miércoles que el país actualizará su sistema de alerta antiaérea y adoptará dos niveles de advertencia según el tipo de amenaza, ante el aumento de los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades.

El nuevo esquema distinguirá entre alertas amarillas, que en general señalarán ataques con drones, y alertas rojas, destinadas a advertir sobre misiles, incluidos los balísticos o los lanzamientos a gran escala. “Se revisarán los sistemas para alertar al público sobre las amenazas existentes”, afirmó el mandatario vía redes sociales.

“Por regla general, un nivel amarillo indicará un ataque con drones, mientras que un nivel rojo indicará una amenaza de misiles, incluida la amenaza de ataques balísticos o a gran escala”, explicó el mandatario.

Las normas modificadas reducirán el toque de queda en Kiev. Además, durante las alertas amarillas funcionará con normalidad una línea de metro que cruza el río Dniéper, que divide a la capital en dos partes.

Hasta ahora, el metro suspendía el cruce del río durante cualquier alerta aérea, una situación que afectó la circulación en la ciudad. Desde la semana pasada, drones de propulsión a reacción atacaron Kiev y sus alrededores y provocaron hasta una docena de alertas diarias, con impacto en comercios y actividades económicas.

Zelensky atribuyó el cambio a “las tácticas cambiantes de Rusia” y al “uso de drones para desgastar la vida civil en nuestras ciudades y perturbar la actividad económica normal en todo el país”.

Desde la mañana del miércoles, las sirenas antiaéreas sonaron ocho veces en la capital, que tiene cerca de tres millones de habitantes. Zelensky informó antes que los ataques rusos dejaron al menos 10 heridos. Los drones alcanzaron varios puntos de Kiev, entre ellos un edificio universitario durante el horario de clases. “Afortunadamente, los estudiantes estaban en el refugio: 160 estudiantes”, indicó el presidente ucraniano.

(Con información de Europa Press y AFP)

España lidera entre los grandes productores de cerveza de la Unión Europea. Fabricó en 2025 un total de 5.300 millones de litros, el 15,5% de toda la cerveza producida y comercializada en los Veintisiete, según los datos publicados este lunes por Eurostat. Solo Alemania supera a España, con 7.400 millones de litros y una cuota del 21,6%.

La distancia entre los dos principales productores es considerable, pero España ocupa la segunda posición del ranking europeo. Polonia, con 3.500 millones de litros, representa el 10,2% de la producción comunitaria, mientras que Países Bajos y Francia completan los primeros puestos, con 2.400 y 2.100 millones de litros, respectivamente.

En total, las fábricas de cerveza de la Unión Europea produjeron 34.400 millones de litros durante el pasado año. La cifra supone un ligero descenso del 0,7% respecto a 2024, aunque el balance a más largo plazo sigue siendo positivo: la producción comunitaria ha aumentado un 2,2% desde 2020.

Alemania lidera y España mantiene el pulso

El liderazgo alemán se mantiene sin grandes cambios. Con 7.400 millones de litros, el país concentra más de una quinta parte de toda la cerveza producida en la Unión Europea. España, con sus 5.300 millones de litros, aporta casi uno de cada seis litros fabricados en el mercado comunitario.

El dato español adquiere mayor dimensión al compararlo con el resto de grandes economías europeas. Polonia queda a 1.800 millones de litros de distancia, mientras que la producción neerlandesa es menos de la mitad de la española. Francia, otro de los grandes mercados europeos, produjo 2.100 millones de litros, alrededor de 3.200 millones menos que España.

La mayor parte de la cerveza fabricada en Europa mantiene una graduación alcohólica superior al 0,5%. De los 34.400 millones de litros producidos en 2025, 32.300 millones correspondieron a cerveza con más de ese porcentaje de alcohol.

Los 2.100 millones de litros restantes fueron cervezas de baja graduación —por debajo del 0,5%— y cervezas sin alcohol. Esta categoría representa, por tanto, algo más del 6% de toda la producción cervecera comunitaria, aunque los datos de Eurostat agrupan ambos tipos de producto.

La diferencia refleja todavía el claro predominio de la cerveza tradicional dentro de la fabricación europea. Aun así, el peso de las variedades sin alcohol y de baja graduación permite observar una transformación progresiva de los hábitos de consumo y de la oferta de la industria.

El volumen fabricado en los Veintisiete equivale a unos 94 millones de litros de cerveza producidos cada día durante 2025. Aunque el sector registró una pequeña contracción anual, el comportamiento desde 2020 muestra que la producción ha logrado crecer pese a los cambios económicos y de consumo registrados durante el periodo.

Un “leve ajuste” en ventas

En cuanto a las ventas de la cerveza española, según recoge el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2025, una publicación conjunta de Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señala que el año pasado se produjo una “normalización del mercado cervecero español”.

Las ventas de los cerveceros en el mercado doméstico se redujeron un en 2025 un 1% respecto al año anterior, situándose en 38,2 millones de hectolitros. Estas cifras reflejan, según el informe, que “el ejercicio muestra un mercado nacional que mantiene su base de consumo en niveles elevados y que sigue adaptándose a un contexto de mayor prudencia del consumidor y de menor intensidad en algunas ocasiones de consumo fuera del hogar”.

Fuentes de Cerveceros de España reconocen que, aunque el ejercicio presenta un “leve ajuste” respecto a 2024, las ventas de cerveza continúan situándose por encima de los niveles previos a la pandemia.

“En comparación con 2019, el mercado mantiene su volumen en cotas superiores, lo que refuerza la idea de una categoría sólida y estructural”. Inciden en que este comportamiento se explica, principalmente, por la moderación de las ventas en el canal hostelero, donde el volumen de actividad descendió un 0,3% en 2025 y, en consecuencia, las ventas cayeron un 2,4% respecto al año anterior.

En cambio, el canal de alimentación registró un crecimiento del 0,4%, lo que apunta a un mayor peso relativo del consumo de cerveza en el hogar y a un reequilibrio entre canales en un ejercicio marcado por una menor frecuencia de salida y hábitos de consumo más selectivos.

El Ministerio de Defensa de Israel anunció este lunes que firmó un acuerdo con Atenas por unos 3.000 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) para instalar el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” en Grecia.

“Bajo este acuerdo, Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea integral y multicapa, basado enteramente en sistemas de fabricación israelí y en la extensa experiencia operativa que el establishment de defensa de Israel adquirió durante la guerra”, indicó el ministerio en un comunicado. “Este es el mayor acuerdo de exportación de defensa en la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los más grandes en la historia del Estado de Israel”, agregó.

El acuerdo fue firmado por el director general del Ministerio de Defensa israelí, el general de división (retirado) Amir Baram, y su par griego, Ioannis Bouras, en Tel Aviv. A fines de julio, una fuente del Ministerio de Defensa griego ya había adelantado a la AFP la próxima compra de sistemas antimisiles, antiaéreos y antidrones de fabricación israelí, como parte de una inversión en defensa más amplia para el Escudo de Aquiles, valuada entonces en 4.200 millones de euros (4.800 millones de dólares).

“La mayor reforma de sus fuerzas armadas en la historia”

En un comunicado, el Ministerio de Defensa griego señaló que la compra multimillonaria forma parte de “la mayor reforma de sus fuerzas armadas en su historia”. El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, fue citado en el comunicado diciendo que los recientes avances tecnológicos “han vuelto por completo obsoletas las doctrinas de defensa existentes desde hace tiempo”. “Grecia es el primer país de la Unión Europea en adoptar” un sistema de defensa aérea multicapa como el israelí, agregó.

Según el Ministerio de Defensa de Israel, el acuerdo de exportación incluye los sistemas de intercepción David’s Sling, Barak MX y SPYDER, radares de vigilancia aérea y “un nuevo sistema nacional de mando y control”.

Todo el equipamiento es fabricado por las empresas de defensa israelíes Rafael e Israel Aerospace Industries, junto con su subsidiaria ELTA Systems. Además, se firmó un acuerdo complementario por 26 millones de euros para proveer a Grecia de los sistemas de defensa antidrones de Rafael, según precisó el ministerio.

“Actores con ambiciones hegemónicas”: una referencia velada a Turquía

“Israel y Grecia comparten intereses estratégicos comunes y enfrentan desafíos regionales compartidos”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, citado en el comunicado. “En un momento en que actores con ambiciones hegemónicas buscan expandir su influencia y socavar la estabilidad en la región, Israel y Grecia continuarán profundizando su cooperación en materia de defensa y estrategia”, señaló, en lo que constituye una probable referencia a Turquía.

Grecia es actualmente uno de solo cuatro países miembros europeos de la OTAN que destina al menos el 3% de su PBI a gasto militar, en medio de décadas de tensiones con la vecina Turquía. Israel también viene enfrentándose cada vez más con Ankara, después de haber atacado una base militar en desuso en el noroeste de Siria, alegando que buscaba evitar el despliegue de tropas turcas en esa instalación.

En 2023, Israel había firmado un acuerdo con Alemania para proveer el sistema de defensa antimisiles balísticos Arrow 3, ampliado en diciembre por un valor total de 6.500 millones de dólares, el mayor contrato de exportación militar en la historia del país.

(Con información de AFP)

Durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó un balance detallado de la estrategia comercial de México, con énfasis en la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea y en los resultados de las medidas arancelarias aplicadas contra importaciones desleales. El funcionario acompañó su exposición con cifras macroeconómicas que, dijo, respaldan la solidez de la economía nacional pese al entorno de proteccionismo global.

El Acuerdo Global con la UE, cerca de su ratificación

Ebrard explicó que el acuerdo comercial modernizado con el bloque europeo será enviado próximamente al Senado para su ratificación, tras haber recibido ya el aval del Parlamento Europeo. Según el funcionario, el instrumento permitirá que más del 95% de las exportaciones mexicanas ingresen sin aranceles a un mercado de 450 millones de personas distribuido en 27 países.

Entre los principales beneficios señalados destacan:

• Industria automotriz y de autopartes: eliminación de un arancel que actualmente ronda el 10%.
• Sector agropecuario: acceso preferencial para productos como el aguacate michoacano, las moras de Jalisco, el tequila y el mezcal.
• Reducción del déficit comercial que México mantiene actualmente con la Unión Europea.

El acuerdo, firmado en mayo pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sustituirá el marco comercial vigente desde el año 2000 y podría entrar en operación antes de que concluya 2026, una vez que el Senado mexicano complete su proceso de ratificación.

Aranceles a China: resultados en la protección del empleo

El secretario también informó sobre el impacto de la modificación arancelaria aprobada por el Senado en diciembre de 2025 y que entró en vigor este año. La medida, aplicada a 1,463 fracciones arancelarias de importaciones provenientes principalmente de China, tuvo como objetivo proteger 350 mil empleos en sectores estratégicos.

De acuerdo con los datos presentados, las importaciones han registrado las siguientes caídas:

• Calzado: -59%
• Vehículos ligeros: -35%
• Textiles: -13.9%
• Electrodomésticos: -27%
• Juguetes: reducción significativa, con expectativa de reactivación de la industria nacional

Ebrard sostuvo que estas medidas buscan evitar que productos importados por debajo de su precio de inventario dominen el mercado interno, lo que —advirtió— eventualmente derivaría en alzas de precios para el consumidor mexicano.

Indicadores económicos: el “cuadro real” según Ebrard

El funcionario complementó su intervención con datos del INEGI para ilustrar el estado actual de la economía:

• Crecimiento del PIB: +3.4% anual, con un producto interno bruto total de 35.5 billones de pesos corrientes.
• Consumo: +4.1% anual en el primer trimestre.
• Desocupación: 2.8%, la tercera más baja de toda la OCDE.
• Remuneraciones de los asalariados: incremento de 9.4%.

Ebrard reconoció que el tipo de cambio se mantiene “demasiado sólido”, lo que encarece las exportaciones mexicanas, aunque insistió en que las cifras generales muestran una economía estable.

El telón de fondo: la relación comercial con Estados Unidos

La presentación se dio en un contexto en el que Ebrard también ha calificado los aranceles como “el mayor reto que ha tenido México en lo que va del siglo”. Según cifras difundidas por la Secretaría de Economía, más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no están sujetas a aranceles, y el país mantiene un arancel efectivo promedio de 3.4%, el más bajo entre los principales socios comerciales de ese país, frente al 10.3% que —según el funcionario— enfrenta China.

Ebrard atribuyó parte de estos resultados a la gestión directa de la presidenta Sheinbaum con el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de la revisión del T-MEC que continúa en proceso de negociación bilateral.

*Información en desarrollo

La Comisión Europea ha afirmado este domingo que “respeta la decisión del pueblo islandés” tras el referéndum en el que los islandeses rechazaron reanudar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea. Bruselas ha añadido que “Islandia sigue siendo un socio cercano de la Unión Europea”, pese al resultado, y que la colaboración continuará a través de mecanismos como el Espacio Económico Europeo.

El resultado definitivo de la votación, celebrado el sábado, pero revelado este domingo, ha mostrado que el “no” se impuso con un 52,8% de los votos frente al 47,2% del “sí”, alejando cualquier posibilidad de reiniciar las conversaciones de adhesión en el corto plazo. Esta consulta contó con la participación de más del 80% del electorado, según ha confirmado este domingo por la tarde la primera ministra Kristrún Frostadóttir, quien describió la jornada como “un triunfo de la democracia”.

La decisión islandesa implica que el país no reanudará las negociaciones de acceso a la UE durante la actual legislatura, que se extiende hasta 2028. Pese a ello, la primera ministra no prevé que el tema se recupere en un futuro próximo, pues los islandeses no pueden estar votando lo mismo “cada dos o tres años”. El referéndum fue impulsado por el gobierno de centroizquierda como parte de su programa, tras años de debate en los que nunca antes se había dado voz directa a la ciudadanía. A pesar de que la consulta no tiene carácter vinculante, el Ejecutivo reiteró su compromiso de acatar el veredicto popular. “Quiero ser absolutamente clara: este gobierno no retomará las negociaciones de adhesión durante esta legislatura”, ha declarado.

Desde el Consejo Europeo, António Costa hizo hincapié en que “la UE respeta plenamente la decisión democrática del pueblo islandés” y subrayó la confianza y cercanía en la relación bilateral, especialmente a través del Espacio Económico Europeo.

“Es vital que la gente se haya pronunciado”

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, por su parte, destacó la elevada participación: “Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80% del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado”.

El referéndum se celebró en un ambiente marcado por el debate sobre la soberanía nacional, el control de los recursos naturales —con especial atención a la pesca— y el coste de la vida, que ha subido considerablemente en el país en los últimos años. Durante la campaña, la pesca fue uno de los temas centrales, ya que representa cerca del 40% de las exportaciones de Islandia y es considerada un pilar de la economía local. “No somos Europa continental, somos una isla y hemos sobrevivido gracias a la pesca muchos años. Es una cuestión emocional para nosotros”, ha explicado Frostadóttir.

La mandataria también valoró la relación actual con la Unión: “La gente está contenta con el Espacio Económico Europeo, con la actual relación con la UE. Ésa es la lección que extraemos, vamos a continuar reforzando esa relación”.

El rechazo de Islandia a seguir adelante con el proceso de adhesión supone un golpe para Bruselas, que se había mostrado dispuesta a encontrar “soluciones creativas” en temas sensibles como la pesca. Para la UE, la posible incorporación de Islandia —un país próspero y estratégicamente ubicado en el Atlántico Norte— habría significado reforzar su presencia en el Ártico.

Con información de agencias

“Y, para ser honesto, tampoco voy a decir eso. Recibimos algunos misiles Patriot más. ¿Cuántos? No puedo decirlo, pero algunos. Necesitamos más. Necesitamos más”, sostuvo Zelensky durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev.

El mandatario ucraniano no precisó cuántos misiles llegaron ni qué país los suministró.

Kiev también recibió la confirmación de futuros envíos del sistema de defensa aérea francés Crotale, según indicó el propio Zelensky. “Recibimos, aunque no voy a decir de qué país, la confirmación de varios sistemas de defensa aérea Crotale y misiles para ellos. También recibimos AIM (misiles de intercepción aérea). Estos son misiles muy importantes para nosotros. Los usamos para interceptar misiles enemigos”, afirmó.

Una escasez que Zelensky ya había hecho pública

La confirmación llega apenas un día después de que el propio Zelensky revelara, durante la reunión de la Coalición de Voluntarios en Kiev, cifras que normalmente permanecen reservadas sobre el déficit de interceptores Patriot que enfrenta Ucrania. Según el mandatario, los envíos de esos misiles se redujeron a la mitad desde 2023: ese año, Ucrania recibió 675 unidades, frente a 364 en todo 2025, pese a que los ataques rusos con misiles se intensificaron en ese período. Para 2026, la proyección actual es de apenas 264 unidades, por lo que Kiev reclama a sus aliados un paquete de al menos 300 interceptores de cara al próximo invierno, cuando Rusia suele bombardear con más intensidad la red eléctrica ucraniana.

Los misiles balísticos que dispara Rusia en decenas son extremadamente veloces y siguen una trayectoria parabólica de gran altitud que dificulta su interceptación. Las armas de fabricación ucraniana no pueden derribarlos, por lo que Kiev depende de sistemas avanzados del exterior, principalmente los Patriot estadounidenses. Sin embargo, Ucrania reportó una escasez de esos interceptores desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán, en febrero, lo que derivó buena parte de la producción y los suministros disponibles hacia ese frente y dejó a Kiev más expuesta.

Refuerzo europeo en medio de la escalada

El anuncio de Zelensky se da un día después de que la Unión Europea liberara otros 6.100 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares) en ayuda militar para reforzar la defensa antiaérea ucraniana, como parte de un préstamo de 90.000 millones de euros comprometido por el bloque. Ese mismo lunes, cerca de 30 líderes se habían reunido en Kiev en el marco de la Coalición de Voluntarios, copresidida por Francia, Alemania y el Reino Unido, para coordinar más apoyo militar a Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, había prometido además la entrega de nuevos misiles interceptores para reforzar las defensas ucranianas.

El refuerzo llega en un momento de fuerte escalada de los ataques rusos: en las últimas semanas, Moscú lanzó oleadas de misiles balísticos contra Kiev que dejaron decenas de muertos y elevaron las bajas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la invasión, en 2022, según cifras de la ONU. Frente a ese escenario, Zelenski había pedido a sus aliados “aumentar la producción” de drones y misiles para poder responder con “más ataques” contra Rusia, además de asegurar el financiamiento necesario para sostener esa capacidad ofensiva y defensiva de cara a los meses de invierno.

La economía española vuelve a desmarcarse del comportamiento de sus principales socios desarrollados. El producto interior bruto (PIB) español creció un 0,7% entre abril y junio, una décima más que en los tres primeros meses del año, según los datos publicados este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El avance sitúa a España por encima tanto de la media de la organización como de la zona euro, en un contexto en el que varias de las grandes economías mundiales han perdido velocidad.

El crecimiento del conjunto de la OCDE fue del 0,5% en el segundo trimestre, frente al 0,4% registrado en el primero. La diferencia con España, aunque pueda parecer reducida en términos trimestrales, se amplía cuando se observa la evolución acumulada durante el último año. En la zona euro, el PIB aumentó apenas un 0,4% entre abril y junio, después de haberse estancado en el primer trimestre.

El contraste resulta especialmente significativo al comparar España con las economías que integran el G7, el grupo formado por las siete mayores economías avanzadas. El conjunto del bloque creció un 0,3% en el segundo trimestre, una décima menos que entre enero y marzo. Estados Unidos avanzó un 0,4%, frente al 0,5% anterior, mientras que Alemania redujo su ritmo del 0,4% al 0,2% y Japón pasó del 0,5% al 0,3%.

España se desmarca de las grandes economías y crece un 2,7% en un año

Frente a esa pérdida de impulso, España consiguió acelerar. El crecimiento trimestral pasó del 0,6% al 0,7%, reforzando una tendencia que en los últimos años ha situado a la economía española entre las que más crecen dentro de Europa. El dato adquiere mayor relevancia al observar que el avance se produce mientras varias de las principales economías desarrolladas afrontan una evolución más débil.

La comparación interanual ofrece una fotografía todavía más favorable. El PIB de la OCDE creció un 2,3% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, seis décimas más que en el primer trimestre. España, en cambio, registró un incremento del 2,7%, cuatro décimas por encima de la media de la organización.

La distancia es mucho mayor respecto a la zona euro. Los países que comparten la moneda única apenas aumentaron su PIB un 1% en términos interanuales, frente al 2,7% de España. Es decir, la economía española creció durante el último año a un ritmo casi tres veces superior al de la media de sus socios del euro.

Ningún país del G7 iguala el crecimiento español

La comparación con Estados Unidos, Alemania y Japón vuelve a situar a España en una posición destacada. Ningún país del G7 alcanzó en el segundo trimestre un crecimiento interanual como el español. Estados Unidos fue el que más se acercó, con un avance del 2,1%, seis décimas por debajo de España.

La diferencia es todavía mayor frente a las otras grandes economías europeas. Alemania, una de las principales potencias industriales del continente, ha registrado un comportamiento mucho más contenido, mientras que el conjunto de la zona euro apenas alcanza el 1%. España consigue así mantener un ritmo de expansión que contrasta con la debilidad que continúa afectando a buena parte de Europa.

Los datos de la OCDE también muestran que el comportamiento español no es el más elevado entre todos sus miembros. En América Latina, México creció un 1,5% en el segundo trimestre, aunque venía de una caída del 0,6%, mientras que Colombia avanzó un 1,3% y Costa Rica un 1,2%. Chile, por el contrario, se estancó.

Colombia supera a España

En términos interanuales, Colombia fue el único país latinoamericano de la OCDE que superó el crecimiento medio de la organización y también el español, con un avance del 3,4%. Costa Rica creció un 2,2%, México un 1,5% y Chile registró una caída del 0,3%. El dato español destaca, por tanto, sobre todo dentro de su entorno económico más próximo.

La evolución del segundo trimestre refuerza así una de las principales características recientes de la economía española: un crecimiento relativamente más resistente que el de sus socios europeos. Mientras Estados Unidos, Alemania y Japón moderan su avance y la zona euro mantiene un ritmo reducido, España acelera hasta el 0,7% trimestral y acumula un crecimiento del 2,7% en un año.

La Unión Europea informó este lunes que liberó otros 6.100 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares) en ayuda militar para Ucrania, destinados a reforzar sus sistemas de defensa aérea frente a los ataques con misiles rusos, en momentos en que el país celebra el 35° aniversario de su independencia junto a una decena de líderes europeos reunidos en Kiev.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la medida en el marco de esa jornada. “En el Día de la Independencia de Ucrania, mostramos nuestro apoyo inquebrantable. Hoy aprobamos 6.100 millones de euros para los sistemas de defensa aérea y antimisiles, misiles, municiones y radares que Ucrania necesita con urgencia”, escribió en la red social X.

La Comisión remarcó, en un comunicado aparte, la urgencia de la medida: “Con 376 ataques con misiles registrados solo en julio, reforzar las defensas de Ucrania se ha vuelto cada vez más urgente”, señaló el organismo.

El nuevo desembolso forma parte de un préstamo de 90.000 millones de euros —que incluye 60.000 millones de euros en ayuda militar— que la UE comprometió para Ucrania. Hasta el momento, se asignaron unos 16.000 millones de euros de ese paquete, de los cuales 8.500 millones ya fueron enviados a Kiev.

Ucrania busca desesperadamente asegurar más interceptores de misiles, en particular sistemas de defensa aérea Patriot, para hacer frente a los ataques rusos, en momentos en que sus reservas de esos sistemas estadounidenses cayeron a niveles críticos justo antes del invierno, temporada en la que Rusia suele bombardear la red eléctrica del país.

Líderes europeos respaldan a Zelensky en Kiev

El anuncio se dio en el marco de la celebración del 35° aniversario de la independencia ucraniana, a la que se sumaron el primer ministro británico, Andy Burnham, en su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo, y otros funcionarios, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Burnham iba a copresidir una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios, con la participación remota de los líderes de Francia y Alemania, en la que se esperaban nuevas promesas de apoyo militar, entre ellas un plan para avanzar en la producción local en Ucrania del misil de largo alcance SCALP, con tecnología compartida entre Francia y el Reino Unido.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sostuvo en un discurso pronunciado en la plaza de Santa Sofía que la presencia de los líderes europeos refleja el temor del continente ante las ambiciones más amplias de Rusia. “Todos entendemos que en esta guerra rusa contra nosotros —contra Ucrania— se está decidiendo mucho más que el futuro de Ucrania y de Europa del Este”, afirmó, y remarcó: “Ninguna nación en una guerra como esta podría depender solo de sus propias armas. Ninguna nación podría resistir ataques de esta intensidad sin la ayuda del mundo”.

Una guerra sin avances en el frente ni en la mesa de negociación

El refuerzo económico llega en momentos en que ambos países permanecen atrapados en una escalada de ataques aéreos, sin cambios significativos en el frente desde hace meses y sin avances aparentes tras más de un año de esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

Rusia y Ucrania intentan, a través de ataques de largo alcance, infligirse daño económico y erosionar la moral de la población: los drones ucranianos golpearon reiteradamente instalaciones de la industria petrolera rusa y sostienen una campaña contra Wildberries y Ozon, los principales minoristas en línea de Rusia, mientras que Moscú intensificó sus ataques contra centros comerciales, supermercados y estaciones de servicio ucranianas.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de “extremadamente negativo” el plan de producción del misil SCALP y acusó al Reino Unido de “participar en esta guerra” del lado de Kiev, en momentos en que Ucrania depende cada vez más de sus aliados europeos ante el enfriamiento de su relación con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

El ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha vuelto a censurar la “histérica, desproporcionada” y “un tanto absurda” respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria en Ceuta. El exjefe de la diplomacia europea afirmó este lunes, en unas declaraciones a los medios en Santander, que solo cuatro países de la Unión Europea —Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo— respaldaron a España, lo que puso de manifiesto la falta de solidaridad europea ante un problema que impacta en una frontera exterior común.

Así, Borrell ha sostenido que la mayor inquietud que le ha dejado lo ocurrido en Ceuta no ha sido el episodio en sí, sino la contestación política dentro de la UE. Según ha explicado, la mayoría de los socios comunitarios “han entrado en pánico” cuando, a su juicio, tocaba mostrar apoyo a España ante lo que ha calificado de nuevo como “ataque híbrido” -no “militar”-. Borrell se ha referido a la ofensiva diplomática iniciada por Italia y su presidenta, Giorgia Meloni, a la que han “seguido” en esa reacción el canciller alemán, Friedrich Merz, y “otros 22” mandatarios comunitarios con una carta que “demostraba el abandono de la solidaridad europea”.

En aquella carta, los mandatarios reclamaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y al primer ministro irlandés —Irlanda asumió la presidencia rotatoria del Consejo— una mayor protección de las fronteras europeas. Roma fue más allá y reclamó la suspensión de España del espacio Schengen, una restricción que acabó aplicando unilateralmente contra España y que fue replicada por Madrid como represalia.

Por otra parte, el diplomático y exministro ha defendido la actuación del Gobierno español con una valoración sin matices: “Ha hecho muy bien y está haciendo muy bien” su labor, ha expresado. “Se salvan Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo”, ha precisado el exjefe de la diplomacia europea del conjunto de los 27, para quien “son pocos” estos países que ‘se salvan’ en su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta y entre los que se encuentran los dos que comparte frontera con España y que “han entendido el problema”. “Y también muy mal la Comisión Europea”, ha abundado Borrell.

“No podemos proceder a una expulsión masiva porque ustedes lo piden. Nuestras leyes son nuestras leyes y habrá que aplicarlas”, ha argumentado Borrell. “Pero no podemos aceptar las críticas que nos han hecho nuestros colegas europeos”, ha zanjado.

Borrell ha reconocido que hacer cumplir la ley “será difícil, costará tiempo y esfuerzo, y requerirá la solidaridad de todas las fuerzas políticas españolas”. Ha insistido en cualquier caso en la necesidad de “hacer una llamada de atención a Bruselas”, pues “no ha levantado la voz” para pedir solidaridad en España y corregir a los que vinculan la emergencia en Ceuta con las políticas migratorias del Gobierno español, como así hizo Meloni en una carta firmada también por la socialista danesa Mette Friedrichsen. “No. No es verdad. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, ha diferenciado.

Devolver los migrantes a Marruecos respetando la ley

En cuanto a la solución a la crisis migratoria en Ceuta, Borrell es partidario de seguir los procedimientos legales para actuar ante quienes han llegado de forma “irregular”, como ha admitido, y ha apuntado que el objetivo es “devolverlos a Marruecos, pero en forma, no violando” la ley.

Al hilo, ha añadido que el Gobierno español considera que el país alauita “ha sido un colaborador eficiente”, punto en el que ha defendido esa colaboración y para gestionar la frontera porque, sin esa cooperación, la gestión migratoria es “imposible” y se llevaría a cabo de manera “difícil e injusta”, ha concluido.

Noticia con información de Europa Press

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora respalda por Estados Unidos en el diálogo con el Gobierno chavista, agradeció el viernes a la Unión Europea (UE) por su respaldo al proceso de negociación y destacó que este apoyo contribuye a fortalecer la “esperanza y la confianza” con la que cada vez más venezolanos acompañan la búsqueda de acuerdos en el camino hacia una democracia plena en el país caribeño.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015 señaló que la comunidad internacional vuelve a enfocar su atención en Venezuela como “una nación con potencial para avanzar hacia una democracia sólida, estable y con visión de futuro”.

Figuera afirmó en la red X: “Cada día se suman nuevas voces a la convicción de que es a través del diálogo, de las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos democráticos, como deben dirimirse nuestras diferencias, colocando siempre por encima de cualquier interés particular el interés superior de la república”.

Medios locales reportaron que la UE expresó su respaldo a “todos los esfuerzos” dirigidos a un proceso de democratización a través del diálogo entre la delegación opositora, liderada por Figuera, y el Gobierno chavista, encabezado en las negociaciones por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La semana pasada, el chavismo y este sector opositor cerraron el primer ciclo de negociaciones con dos acuerdos principales: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de 20 a 32 el número de magistrados tras una reforma legal, y la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. Ambas partes acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para asegurar el uso eficiente de esos recursos.

El proceso de diálogo, respaldado también por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Washington ha manifestado su “satisfacción” por el inicio de las conversaciones, señalando que “contribuye significativamente al plan de tres fases” planteado por Estados Unidos para una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela.

En paralelo, catorce ONG solicitaron la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo, antes de diciembre, en el marco del diálogo entre el Gobierno y la oposición promovido por Estados Unidos.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la conformación de una nueva directiva del organismo electoral y de un nuevo TSJ serían “resultados concretos” de la negociación y podrían concretarse “en los próximos meses”. Las ONG afirmaron: “No existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre”.

Las entidades recordaron que los procedimientos legales vigentes permiten renovar el CNE en un plazo cercano a los dos meses y propusieron octubre como una fecha factible, siempre que exista voluntad política.

Entre las ONG que firmaron el comunicado se destacan Provea, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.

El grupo destacó que la mesa de negociación debe producir resultados tempranos, creíbles y genuinos, ya que el tema electoral “ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas”. Advirtieron que postergar la renovación del CNE podría profundizar la percepción de incertidumbre y reforzar la excepcionalidad institucional, mientras que activar la agenda electoral y judicial puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza para la población.

(Con información de EFE)

Europa necesita defenderse. El aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, la de Irán y la urgencia por reducir su dependencia militar de Estados Unidos están empujando a los países de la Unión Europea a incrementar sus presupuestos en defensa y a reconstruir capacidades industriales que durante años habían quedado relegadas. El gasto total en defensa podría alcanzar los 381.000 millones de euros en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB comunitario, según un análisis realizado por Banor.

La cifra supone superar en una décima el objetivo de gasto establecido por la OTAN y consolida una tendencia ascendente que ya se hizo visible en 2024. Ese año, el desembolso de los países de la UE creció un 19% interanual, hasta los 343.000 millones de euros, frente a los 288.000 millones del ejercicio anterior.

A juicio de los analistas de Banor, el cambio no consiste únicamente en gastar más, sino en transformar la estructura industrial que sostiene la seguridad europea. “Europa está desarrollando un nuevo ciclo industrial en defensa que se basa en el cambio de modelo, desde la protección de Estados Unidos y escasas inversiones a la seguridad, la autonomía industrial y la preparación operativa como prioridades”, señala el informe.

Ese proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. Europa debe “afrontar su fragmentación, las restricciones fiscales, los procesos de contratación lentos y la posibilidad de una desescalada geopolítica, que podrían producir picos de volatilidad. Y, sobre todo, mucho tiempo con escasas inversiones”, incide el equipo de análisis de Banor en su estudio.

Europa vs Estados Unidos

La apuesta europea por la defensa se enfrenta, no obstante, a una comparación inevitable: Estados Unidos. El presupuesto estadounidense de defensa para 2026 se sitúa cerca del billón de dólares, unos 860.000 millones de euros.

La diferencia no se limita al volumen de dinero. También existe una brecha en la estandarización de sistemas, los programas plurianuales, la contratación centralizada, las cadenas de suministro y la profundidad tecnológica. “Europa se ha dado cuenta de que tiene que reducir la brecha con Estados Unidos, porque no es sostenible tanta dependencia en un mundo más inestable”, sostienen los expertos de Banor. Inciden en que el rearme europeo se ha convertido en una estrategia industrial de mayor recorrido.

Inicio de un nuevo ciclo industrial

“En 2026 el rearme europeo continúa, no solo como respuesta a la invasión de Ucrania, sino como el inicio de un nuevo ciclo industrial”, apunta el informe. Subraya que el año actual será “clave” para las compañías del sector y que defensa “podría convertirse en una oportunidad de inversión muy atractiva para el medio y largo plazo”.

La industria ya está recibiendo señales de esa transformación. Europa está impulsando proyectos destinados a aumentar la producción de munición, mejorar las capacidades de defensa aérea, acelerar la transformación tecnológica y reforzar la capacidad de fabricación propia. El objetivo es que una parte creciente del dinero destinado a defensa permanezca dentro del tejido industrial europeo.

La fragmentación del mercado es, sin embargo, uno de los principales desafíos. Frente a la industria estadounidense, mucho más integrada, Europa mantiene numerosos fabricantes nacionales con intereses y cadenas de suministro propias. Banor cita entre ellos a la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo, las francesas Thales y KNDS France —antigua Nexter— y la sueca Saab. El análisis no menciona a la española Indra.

La existencia de estos ‘campeones nacionales’ constituye, según la firma, “otro obstáculo para crear una industria homogénea y coordinada a nivel europeo”. La cuestión no es menor, asegura, ya que aumentar el gasto sin conseguir una mayor coordinación entre los países podría limitar la capacidad de la UE para convertir los nuevos presupuestos en una verdadera autonomía estratégica.

Por ello, Banor considera que la coordinación entre Estados y la creación de una industria europea más integrada serán “necesarias” para aprovechar el nuevo ciclo. En ese proceso cobran importancia iniciativas como Readiness 2030, SAFE, el Fondo Europeo de Defensa y la Estrategia Industrial Europea de Defensa, diseñadas para aumentar las capacidades militares y favorecer que una parte significativa de las inversiones se dirija a empresas europeas.

Convertir los presupuestos en pedidos y los pedidos en beneficios

El aumento del gasto no garantiza por sí solo el éxito de las compañías. Según el informe, el siguiente paso será comprobar si los grandes anuncios presupuestarios se traducen realmente en contratos, producción e ingresos. La capacidad industrial será determinante en un sector en el que no basta con disponer de tecnología: también hacen falta fábricas, certificaciones, proveedores y cadenas de suministro capaces de producir a gran escala.

Los analistas de Banor identifican varios elementos que marcarán la evolución del sector durante 2026. Entre ellos figuran la conversión de los presupuestos públicos en pedidos reales, la evolución económica de Alemania, el futuro de la guerra en Ucrania, los posibles cuellos de botella industriales y las valoraciones alcanzadas por las empresas de defensa.

“Las compañías deberán demostrar que crecen los pedidos, que se convierten en ingresos, disciplina en costes y capacidad de generar un flujo de caja sostenible”, concluye el informe.

Un buen momento para invertir

También los analistas de Bankinter ven en el sector de defensa una oportunidad de inversión: “Continuará beneficiándose del aumento estructural del gasto en defensa por parte de los gobiernos. Las tensiones en el frente geoestratégico ponen de manifiesto que Europa tiene que estar preparada ante futuras amenazas”.

Inciden en que en julio el sector defensa recuperó las caídas de junio en un mes en el que los resultados corporativos mostraron “el buen momento” que atraviesa el sector en Europa. También reconocen que la demanda se mantiene “fuerte” y la visibilidad a medio plazo con respecto a los fundamentales “aumenta”.

“En nuestra opinión, 2026 se trata de un año en el que el mercado comienza a exigir evidencias de cumplimiento por parte de las compañías, con el fin de comprobar si las promesas de los gobiernos se traducen efectivamente en nuevos pedidos. De momento, los resultados del segundo trimestre están confirmando esta tendencia, así como el compromiso europeo con la ejecución del plan de rearme”, argumentan desde Bankinter.

En este contexto, consideran que los fundamentales permanecen “intactos” y que los niveles actuales ofrecen “oportunidades de entrada” por parte de los inversores a valoraciones de las acciones “atractivas”.

El Servicio de Seguridad sueco (Säpo) aseguró este lunes haber frustrado una operación de inteligencia rusa dirigida a desacreditar a Suecia, la OTAN y la Unión Europea, que involucraba a un “agente” que trabajaba en una misión diplomática extranjera en el país.

La agencia de contraespionaje informó en un comunicado que había “reunido información y tomado medidas contra una operación de inteligencia rusa orientada a influir en la toma de decisiones sueca y a desacreditar a Suecia, la OTAN y la UE”. Según el Säpo, la operación “fue planeada y dirigida durante algún tiempo” por el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR.

El jefe adjunto de operaciones del Säpo, Christoffer Wedelin, dijo a la agencia AFP que la operación fue llevada adelante por agentes de inteligencia rusos que actuaban bajo inmunidad diplomática, quienes a su vez habían reclutado a otro “agente” que trabajaba en la misión diplomática de otro país. El Säpo no identificó de qué misión diplomática se trataba.

“En reuniones con el agente, los oficiales de inteligencia rusos... le encargaron obtener información de diversas maneras”, relató Wedelin. Según explicó, los objetivos de la operación fueron “crear división” dentro de Suecia, así como entre los aliados de la UE y la OTAN. El funcionario precisó que la información buscada estaba relacionada con la toma de decisiones sueca, aunque evitó dar más detalles sobre qué información se había obtenido o cuánto tiempo llevaba en marcha la operación.

Sin detenidos, pero con la operación “interrumpida”

“Nuestra evaluación es que hemos interrumpido y evitado la actividad”, afirmó Wedelin, y agregó que tanto los agentes de inteligencia rusos como el agente reclutado ya no se encuentran en Suecia. En la operación, en la que no hubo detenidos, participaron dos oficiales rusos con inmunidad diplomática y un agente reclutado, según precisó el funcionario en declaraciones a la televisión pública sueca SVT, donde calificó el caso como “muy serio”.

Según el Säpo, la inteligencia rusa concentra sus esfuerzos sobre todo en obtener información acerca de las posturas políticas de Suecia y de su rol de apoyo a la OTAN, la UE y a Ucrania. La agencia remarcó que el caso confirma que los servicios de inteligencia rusos continúan priorizando métodos tradicionales, como el reclutamiento de fuentes humanas —agentes— para ejercer influencia sobre terceros.

Un patrón de “acciones ofensivas” de Moscú, según el gobierno sueco

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, dijo que el gobierno toma estos reportes “en serio”. “Esto es parte de un patrón en el que Rusia, y otros actores estatales, actúan de manera ofensiva para promover sus intereses en Suecia”, declaró Strommer ante la prensa.

El caso se conoce dos años después de que Suecia pusiera fin a dos siglos de no alineamiento militar y se sumara a la OTAN, un giro impulsado por la invasión rusa a Ucrania en 2022. El Säpo señaló en reiteradas ocasiones a Rusia, junto con China e Irán, como las principales amenazas de inteligencia para el país.

La Unión Europea impuso este lunes aranceles antidumping definitivos al ácido tereftálico procedente de México y Corea del Sur, una materia prima clave para la fabricación de PET, el plástico utilizado en botellas y empaques a nivel mundial.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Europea, los nuevos derechos buscan proteger a los productores de Bélgica, Polonia y España frente a lo que Bruselas considera prácticas de comercio desleal.

¿Qué es un arancel antidumping?

Un arancel antidumping es un impuesto adicional que un bloque comercial —en este caso la UE— aplica a un producto importado cuando determina que se vendió por debajo de su valor normal, afectando a los productores locales. La medida busca compensar esa diferencia de precio y es reconocida como una herramienta válida dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los números que golpean a México

Según la resolución, los aranceles quedaron fijados de la siguiente manera:

• Corea del Sur: entre 6.1% y 13.3%, dependiendo de la empresa exportadora.
• México: un arancel único de 24.1%, casi el doble del tope aplicado al producto surcoreano.

La Comisión calificó al ácido tereftálico como “una materia prima estratégica para la UE”, señalando que el mercado europeo del producto tiene un valor aproximado de 1,400 millones de euros (unos 1,620 millones de dólares) y que los productores en los tres países mencionados emplean directamente a cerca de 600 personas.

Un proceso de más de un año

Esta decisión no es sorpresiva: se trata del desenlace de una investigación que la Comisión Europea abrió en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada por la empresa Ineos Aromatics, uno de los principales productores de PTA en Europa, en representación de fabricantes que concentran más del 25% de la producción total del bloque.

Entre los pasos previos destacan:

• Octubre de 2025: la UE ordenó el registro obligatorio de las importaciones procedentes de Corea del Sur y México, un mecanismo que permite aplicar aranceles de forma retroactiva.
• Abril de 2026: se establecieron aranceles provisionales, con tasas de hasta 13.7% para Corea del Sur y 25.7% para México.
• Agosto de 2026: la Comisión confirmó los aranceles definitivos, ligeramente ajustados respecto a la etapa provisional.

¿Por qué le apunta la UE a México?

El caso se enmarca en una tendencia más amplia de medidas proteccionistas del bloque europeo hacia su sector químico, que en los últimos años ha enfrentado el cierre de varias plantas por altos costos energéticos y de producción, agravados tras la reducción del acceso a gas ruso barato.

Analistas del sector, según reportes de medios especializados en la industria química, han cuestionado la efectividad real de este tipo de medidas. De acuerdo con esas mismas fuentes, existe la posibilidad de que la demanda europea simplemente se desplace hacia otros orígenes, como China o Turquía, en lugar de beneficiar directamente a los productores del bloque.

El arancel llega pese al nuevo acuerdo comercial México-UE

El arancel antidumping se aplica en un momento particular de la relación comercial bilateral. México y la Unión Europea concluyeron en 2025 las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado, que actualiza el tratado comercial vigente desde el año 2000 (conocido como TLCUEM), y cuya firma se ha ido concretando durante 2026.

Entre los objetivos del nuevo acuerdo destaca la eliminación de aranceles en más del 90% del comercio bilateral, con miras a aumentar las exportaciones mexicanas hacia el bloque europeo. Sin embargo, este tipo de tratados de libre comercio no impide que se apliquen medidas antidumping, ya que estas se rigen por reglas específicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y buscan corregir prácticas de competencia desleal en productos puntuales, no eliminar aranceles de forma generalizada.

Es decir: el ácido tereftálico mexicano seguirá pagando este arancel adicional del 24.1% independientemente de los beneficios que traiga la modernización del acuerdo comercial en otros sectores.

Lo que sigue

Hasta el momento, la Comisión Europea no ha detallado si habrá un mecanismo de revisión a corto plazo ni se ha pronunciado oficialmente el gobierno mexicano sobre la medida. La resolución entra en vigor de manera inmediata para las exportaciones mexicanas del compuesto hacia el bloque europeo.

El Servicio Europeo de Acción Exterior advirtió que Rusia incorporó a más de 28.000 extranjeros de 135 países desde el inicio de su invasión contra Ucrania. Esta cifra se enmarca en el contexto de las graves pérdidas sufridas por Moscú desde el comienzo de la guerra a gran escala, con más de 1,4 millones de bajas rusas según estimaciones europeas.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, colocó el foco en el modo en que estos ciudadanos extranjeros llegan al frente. “Muchos han sido coaccionados o engañados para servir como tropas de asalto”, denunció la jefa de la diplomacia a través de sus redes sociales, tras señalar la presión y los métodos fraudulentos empleados en el reclutamiento.

En su comunicado, el organismo europeo subrayó: “Los reclutas extranjeros pueden ganar tiempo, pero no la victoria”. Esta advertencia se produjo tras difundir una publicación de la Delegación de la UE en Sudáfrica, que añadió datos sobre el impacto humano de esta estrategia. “Se ha confirmado que más de 3.500 extranjeros han fallecido luchando por Rusia contra Ucrania”, expuso la delegación en un mensaje que también citaba un reportaje del periódico sudafricano Daily Maverick.

En ese mismo mensaje, la representación europea en Pretoria insistió en que “muchos de ellos eran jóvenes africanos arrastrados al campo de batalla”. La Delegación reclamó a Moscú: “Rusia debe poner fin a su guerra de agresión”.

Durante el último año, se reportaron numerosos casos de ciudadanos africanos —principalmente de Kenia, Uganda y Zimbabue— reclutados para combatir en Ucrania del lado ruso. El fenómeno se extendió también a Latinoamérica, con la presencia documentada de colombianos y, más recientemente, bolivianos en las filas rusas.

Las informaciones recopiladas por la Unión Europea y medios africanos muestran una tendencia preocupante: el uso sistemático de engaños, fraudes y coerción para captar combatientes foráneos. La mayoría de estos extranjeros no tenía experiencia militar previa ni conocimiento real del conflicto antes de ser enviados al frente.

El reclutamiento de extranjeros para la invasión en Ucrania por parte de Rusia responde a la necesidad de compensar las bajas acumuladas en el conflicto. Las autoridades europeas sostienen que estos métodos, que incluyen la coacción y el fraude, provocaron la muerte de miles de ciudadanos de países en desarrollo, especialmente jóvenes africanos y latinoamericanos, que fueron llevados al frente bajo promesas falsas o presiones económicas.

El fenómeno del reclutamiento extranjero, con métodos cuestionables y consecuencias fatales, se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos y dolorosos de la invasión en Ucrania. Las cifras oficiales y los testimonios difundidos por organismos europeos y medios africanos evidencian la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta internacional. Desde Bruselas, la diplomacia europea cerró su último comunicado con una advertencia: “El uso de reclutas extranjeros solo puede prolongar el conflicto, pero no cambiar su desenlace”.

Una red internacional de reclutamiento, operada por agencias privadas y facilitadores locales, dirige su actividad hacia América Latina bajo la apariencia de ofertas laborales legítimas y salarios atractivos. Decenas de ciudadanos de países como El Salvador, Colombia y Cuba están siendo trasladados a Rusia, donde la situación cambia radicalmente al arribar al país.

Según una investigación de Infobae, los contratos civiles ofrecidos se convierten en obligaciones militares y las supuestas zonas de trabajo resultan ser frentes de combate. El reclutamiento no se realiza en oficinas formales, sino a través de plataformas digitales como TikTok, Facebook y Telegram, donde los reclutadores difunden anuncios prometiendo empleos en seguridad privada, logística, construcción o cocina, junto con incentivos financieros y beneficios excepcionales.

Entre las promesas, destacan bonos de alistamiento de entre 25.000 y 50.000 dólares, salarios mensuales de hasta 2.600 dólares y el acceso rápido a la ciudadanía rusa para el trabajador y su familia tras finalizar el servicio. Sin embargo, la barrera idiomática es utilizada como parte del engaño: los contratos solo se presentan en ruso, lo que dificulta la comprensión de cláusulas fundamentales como la obligación de servir “hasta el final de la guerra”, impuesta por decretos presidenciales en vigor en Rusia.

Documentos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y del Servicio Federal de Seguridad, obtenidos en el Aeropuerto Internacional de Vnukovo, demuestran que ciudadanos latinoamericanos fueron víctimas de esta modalidad de reclutamiento engañoso.

(Con información de Europa Press)

Que nadie fuese capaz de prever que 60.000 (u 80.000, o 50.000, o alguna de las muchas cifras que se han escuchado desde aquella de 49.000 que motivó el cese de la responsable de prensa de Seguridad Nacional) se disponían a cruzar la frontera que separa Marruecos de Ceuta es, cuanto menos, difícil de creer.

Más allá de los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Gobierno ceutí en los días previos a la llegada masiva, que anunciaban una “presión extraordinaria” sobre los recursos migratorios por un flujo constante y creciente de personas que llegaban a la ciudad autónoma por vía marítima - la primera quincena de julio fueron 244 en total y en la última quincena de julio el ritmo era aproximadamente de 200 al día antes de que el jueves se multiplicase todo aquello por diez -, difícilmente puede un movimiento de personas de tales dimensiones pasar desapercibido a las autoridades de ningún estado.

En ese sentido, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Jorge Dezcallar decía esta semana en Cadena Ser que le “extrañaría muchísimo” que el CNI no estuviese enterado, siendo el que “mejor conoce al Magreb”; y que “si hay un país” al que el organismo de inteligencia “conoce bien, es Marruecos”.

Acusaciones cruzadas todavía este martes en España. Para el Partido Popular la responsabilidad es de Pedro Sánchez. Vox —que, a través de su secretario general, José M. Figaredo, llamaba a “cazar” a los jóvenes que han entrado en Ceuta— habla de guerra híbrida y de “ataque brutal” contra la soberanía española; y sostiene que el presidente del Gobierno está “sometido a Marruecos” por unas presuntas “pruebas” que tendría de sus “corrupciones”.

El Ejecutivo, que el viernes también hablaba de “ataque” a la integridad territorial española, sostiene que detrás de ello estarían “mafias de tráfico de personas”; y que nada tiene que ver el acercamiento diplomático con Argelia. Y lo que queda a la izquierda del PSOE ve en esto influencia estadounidense e israelí, si bien no como atribución directa de responsabilidad sino como acto en el contexto de la guerra híbrida.

La guerra híbrida, luchar en las zonas grises

El concepto de “guerra híbrida” está estrechamente ligado al ciberespacio. No porque no existiese de alguna manera antes —la propaganda masiva, por ejemplo, podría considerarse tal— ni porque sea exclusivamente digital, sino porque el Internet es un medio de una profundidad y extensión sin precedentes, un nuevo lugar de interacción en el que la información es abundante e inmediata y que, por tanto, tiene un potencial inigualable como herramienta de influencia.

Hasta el siglo XXI, la guerra y la defensa se proyectaban en cuatro dominios: tierra, mar, aire y espacio. El objetivo de una fuerza militar en conflicto es asegurar la superioridad en todos ellos; y el de una fuerza militar en tiempos de paz es asegurar que podría asegurarse en conflicto. Durante la primera década de este siglo, el internet se hizo global y, adquirido ese peso, no pasó mucho más hasta que fue reconocido como arma.

En general, un ataque híbrido es un acto, enmarcado en una estrategia coordinada mayor que combina métodos —militares y no militares— para desestabilizar, debilitar o coaccionar a un adversario, que puede no reconocerse como tal ni atribuirse a un responsable estatal: opera en una zona gris, recurriendo a tácticas encubiertas, manipulación informativa, presión económica, ciberataques, sabotaje, el uso de actores no estatales o cualquier combinación de medios que dificulte su atribución directa y la respuesta tradicional del adversario.

El Sáhara Occidental, bulos de internet, flujos migratorios

Para explicar la sospecha de guerra híbrida que trasladan algunos representantes políticos de ambos lados del hemiciclo, hay que retroceder al 2021. Ese año, entre 8.000 y 12.000 personas entraron a la ciudad autónoma en apenas 48 horas y solo días después de que el entonces del Frente Polisario -enfrentado a Marruecos por la soberanía del Sáhara Occidental- fuese ingresado en un hospital de La Rioja.

Esta vez, Pedro Sánchez venía de reunirse con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, para dar pie a una “nueva etapa” en las relaciones con el país, deterioradas desde de que el Ejecutivo expresó apoyo al reclamo marroquí sobre el Sáhara Occidental.

No ayuda al caso el hecho de que, a través del silencio que caracterizó la reacción institucional marroquí durante los primeros días de llegadas masivas a Ceuta, el periódico Le360, muy afín, cuasioficialista del rey Mohamed VI, publicase un artículo en el que achacaba la crisis a que las ciudades autónomas españolas del norte de África pertenecen a Marruecos.

De ahí que se señale, desde distintas esferas del poder político español, que Marruecos pudiese estar detrás de que se haya permitido la llegada de oleadas de personas —inocentes y engañadas— a Ceuta como herramienta de presión política por el Sáhara Occidental, si bien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores vieron necesario apuntar este fin de semana que “las buenas relaciones con Argelia” no afectan “en nada” a la “excelente” relación con Marruecos.

En este caso, las autoridades españolas y marroquíes apuntan oficialmente a mafias de tráfico de personas como responsables de difundir un bulo en el internet marroquí que aseguraba que España había abierto sus fronteras a todo el mundo, haciendo una lectura sensacionalizada de la sentencia del Tribunal Supremo que el 8 de julio ilegalizaba la expulsión inmediata de las personas migrantes que lleguen a España por vía marítima.

Marruecos, el nuevo gran aliado africano de EEUU

Estados Unidos quiere hacer de Marruecos su aliado más poderoso en el continente africano. Quizás tenga que ver con que el estrecho de Gibraltar es, cerrados Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, la única alternativa al canal de Suez para que los adversarios de los hutíes y de Irán mantengan un paso estratégico al Mediterráneo, fundamental para la obtención de petróleo de la península arábiga y de los países del Golfo.

El acercamiento entre ambos países lleva produciéndose desde, al menos, 2020, con la firma de los Acuerdos de Abraham. Este pacto tenía como fin normalizar las relaciones entre Marruecos, Baréin, Emiratos Árabes e Israel, con Washington como mediador, en el caso marroquí a cambio del reconocimiento estadounidense de su reclamo sobre el Sáhara Occidental. Supuso, además, que entre los pactantes se fortaleciese la cooperación en defensa, inteligencia y seguridad, consolidando a Marruecos como socio estratégico de EE. UU. en el norte de África.

Más recientemente, la estrategia de seguridad nacional estadounidense -que también promete “cultivar resistencia” interna en países europeos- y la hoja de ruta de cooperación en defensa publicadas por las autoridades del país norteamericano este año recogen el objetivo de consolidar a Marruecos como socio prioritario en los ámbitos económico, militar y de seguridad para la región. Esta orientación se traduce en acuerdos bilaterales que incluyen la modernización de capacidades tecnológicas, la ampliación de la cooperación en defensa, ejercicios conjuntos y el refuerzo del intercambio de inteligencia.

Washington ha trasladado repetidamente un respaldo explícito a la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. En un mensaje oficial, enviado a Mohamed VI el mismo jueves 30 de julio por motivo del 27º aniversario de su coronación, Donald Trump decía: “Estados Unidos es claro: reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta de autonomía marroquí, seria, creíble y realista, como única base para una solución justa y duradera”.

Al mismo tiempo, la narrativa marroquí mantiene la reivindicación de Ceuta y Melilla como territorios “ineludiblemente” llamados a integrarse en Marruecos. Medios afines al régimen insisten en que la soberanía española es insostenible y que el “entorno natural” de ambas ciudades es marroquí, pese a que la ONU respalda el estatus actual de las ciudades autónomas y la legalidad internacional no las considera colonias.

Aun así, la postura marroquí ha encontrado eco en informes y declaraciones estadounidenses oficiales. Un reciente documento, no vinculante, de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. describe Ceuta y Melilla como “administradas por España, situadas en territorio marroquí”, y sugiere la apertura de conversaciones sobre su estatus de cara al futuro.

Aunque la posición oficial de Washington no ha cambiado y sigue reconociendo la soberanía española, el tono diplomático sí ha dado un giro significativo. Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, también ha cuestionado públicamente la presencia española en los enclaves y los ha calificado de “coloniales”.

La UE acusa a España de provocar un efecto llamada

Los ministros de Interior de la Unión Europea celebran este martes una reunión urgente para tratar la entrada de decenas de miles de migrantes a Ceuta, un episodio que generó alarma entre los socios europeos y desencadenó un cruce de reproches diplomáticos, además de la suspensión unilateral de la libre circulación Schengen de Italia a viajeros procedentes de España. Además, veintidós países han remitido una carta a las autoridades comunitarias calificando el episodio como un “ataque” y un “abuso” del sistema migratorio, y advirtiendo del “efecto llamada” que, consideran, puede provocar la regularización masiva promovida por España.

Los socios europeos critican que las políticas adoptadas por el Gobierno español, especialmente la regularización de migrantes y la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, están incentivando nuevas llegadas irregulares y amenazan la seguridad y estabilidad del espacio Schengen. Reclaman a España mayor rigor en el control de fronteras y una mejor coordinación con los socios comunitarios, al considerar que la percepción de laxitud y la ausencia de respuesta firme pueden poner en riesgo la cohesión interna de la UE. Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal no firmaron la carta de los 22.

Además, la Comisión Europea ha reiterado su apoyo a España y a la protección de las fronteras exteriores, mientras el Parlamento Europeo, a través del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (G&D), ha instado a aclarar el cumplimiento de las normas de Schengen tras las medidas adoptadas por Italia. Está por ver qué sacarán los 27 en claro de la reunión de este martes.

Desde la gran inundación de 1966, Florencia no había sufrido semejante trastorno. La ampliación del tranvía ha convertido la carretera que bordea el centro de la ciudad en una zona de obras. Con un coste de 500 millones de euros (576 millones de dólares), es el mayor proyecto de la ciudad financiado por NextGeneration EU, el programa de recuperación pospandemia de la Unión Europea. Este programa también financia otros 55 proyectos en la capital toscana, desde guarderías hasta carriles bici. Sara Funaro, la alcaldesa, lo califica como «un momento trascendental en la historia de Florencia».

Al otro lado del Mediterráneo, el mercado mayorista de Madrid bulle de actividad a las 5 de la mañana. Allí se encuentra uno de los mercados de pescado más grandes del mundo. Gracias a una subvención de 400.000 euros del programa NextGeneration de la UE , la asociación de pescaderos ha implementado un sistema digital de pagos y pedidos, sustituyendo los pedidos escritos a mano y las largas colas en el banco. «Nos ha ahorrado muchísimo tiempo», afirma Christian Cobo mientras se prepara para vender atún de enormes ejemplares.

En el corazón de NextGeneration EU se encuentra su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ( RRF ), creado durante la pandemia en 2020, que ha aprobado 577.000 millones de euros en subvenciones y préstamos. La UE nunca había gastado tanto, tan rápido. Lo más importante es que se financió con deuda común; los defensores de una UE más fuerte lo denominaron un «momento hamiltoniano», citando la decisión del primer secretario del Tesoro de Estados Unidos de fortalecer al gobierno federal mediante la emisión de bonos. Su objetivo era acelerar la recuperación de la recesión provocada por la pandemia, especialmente en el sur más pobre, y hacer del continente un lugar más verde y digital. Se suponía que los desembolsos estarían vinculados a reformas para hacer las economías más eficientes. Los últimos pagos vencen a finales de 2026. ¿Ha funcionado?

La respuesta parece ser: más o menos. Los principales receptores fueron Italia (194.000 millones de euros) y España (120.000 millones de euros), que en conjunto representan más del 40 % de los fondos. A primera vista, a España le ha ido mucho mejor que a Italia. Cuando se puso en marcha el RRF , el gobierno italiano estimó que su tasa de crecimiento económico se dispararía desde su promedio anual anterior de alrededor del 1 % hasta el 3,6 % este año. Sin embargo, el crecimiento anual del PIB ha sido inferior al 1 % desde 2023. Por el contrario, España ha logrado un sólido crecimiento de al menos el 2,5 % cada año desde 2021.

Parte de esta disparidad en el desempeño se explica por la forma en que cada país utilizó el RRF . Italia corre el riesgo de salir del programa “más endeudada que antes, sin haber resuelto sus debilidades estructurales”, según un estudio de Tito Boeri y Roberto Perotti, de la Universidad Bocconi de Milán. Muchos de los planes de Italia fueron “triviales o inviables”, concluyen los economistas. A diferencia del plan estratégico de Grecia para los fondos, el de Italia carecía de coherencia.

Gran parte del desempeño económico de España tiene poco que ver con el RRF . «La recuperación de la recesión pandémica fue mucho más rápida de lo que todos esperaban», afirma Ignacio de la Torre, de Arcano Partners, una firma financiera. España ha aprobado algunas reformas útiles. Ha prohibido a los empleadores abusar de los trabajadores manteniéndolos con contratos temporales indefinidos y ha reducido los obstáculos regulatorios que dificultan el desarrollo de las pequeñas empresas y las startups. Aun así, el crecimiento de la productividad sigue siendo modesto, situándose en un 0,7 % el año pasado, según Eurostat.

La inmigración masiva, que ha generado mano de obra, representa aproximadamente la mitad del crecimiento general y dos tercios de los nuevos empleos, según el Banco de España. (Italia, por su parte, ha frenado la inmigración). El aumento del turismo y la exportación de otros servicios también han contribuido. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, cree que el Fondo de Reforma Agraria (FRA) ha aportado tres puntos porcentuales al PIB . Sin embargo, Funcas, un centro de estudios con sede en Madrid, estima que, como máximo, solo el 14% del crecimiento total de la economía entre 2021 y 2025 se debió a los fondos del FRA .

Aun así, los fondos podrían impulsar el crecimiento a largo plazo. «Se están produciendo avances, pero solo podremos conocer el impacto dentro de varios años», afirma Manuel Hidalgo, de la Universidad de Sevilla. España ha utilizado parte de estos fondos para invertir en grandes proyectos de capital, como iniciativas para vehículos eléctricos y baterías. En Andalucía, Moeve, una empresa energética española, está construyendo una planta de hidrógeno verde de 1.000 millones de euros —que será la mayor del sur de Europa— con 300 millones de euros procedentes del RRF . El director de Moeve, Maarten Wetselaar, prevé que los electrolizadores utilizados para producir hidrógeno sean un 30 % más baratos en cinco años. «Los fondos estatales compensan la desventaja de ser pionero», explica.

¿Mañana, tal vez?

Italia también podría obtener mayores beneficios con el tiempo. Una de las reformas que la Comisión Europea buscaba era agilizar el sistema judicial. La lentitud en la tramitación de casos de recuperación de deudas y resolución de disputas desalienta a las empresas extranjeras a invertir en Italia. Gian Luigi Gatta, de la Universidad de Milán, señaló en un artículo que la duración promedio de los procedimientos judiciales se ha reducido en un 28 % en comparación con 2019.

Italia también está en camino de aumentar las plazas en guarderías —necesarias para incrementar la participación femenina en el mercado laboral— en unas 150.000 (frente a las 378.500 de 2024), aunque financiarlas una vez que expire el RRF será un reto. El fondo ha contribuido a la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Nápoles y Bari que, para 2030, debería conectar las dos ciudades más grandes del sur, la región más pobre del país.

Los fallos del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) están parcialmente integrados en su estructura. Durante la pandemia, la UE quiso agilizar el flujo de fondos para evitar una recesión prolongada. Una consecuencia es que parte de ese dinero se destinó a inversiones que se habrían realizado de todos modos. Otra es que el programa asignó fondos a gobiernos nacionales en lugar de a proyectos paneuropeos o infraestructuras transfronterizas. «En Europa aún no hemos comprendido que necesitamos hacer las cosas a una escala más continental», afirma Hidalgo. La próxima generación de la UE podría lamentar esto.

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A partir de 2027, la Unión Europea prohibirá por completo la importación de gas natural licuado (GNL) ruso, un mercado del que hoy depende en gran medida: los países del bloque compraron casi toda la producción de la planta siberiana de Yamal durante el primer semestre de este año. Ante esa fecha límite, Rusia viene ampliando de forma discreta su flota de buques gaseros para sostener sus exportaciones pese a las restricciones, según reveló el diario Financial Times.

Una flota que ya suma 25 buques

Según la firma de datos marítimos Windward, citada por el diario británico, al menos ocho tanqueros de GNL usados fueron vendidos y utilizados en los últimos seis meses para transportar cargamentos rusos, lo que eleva a 25 buques el tamaño de esta flota. Incluye dos naves nuevas construidas en el astillero ruso de Zvezdá: el Alekséi Kosygin, que transporta cargamentos del sancionado proyecto Ártico LNG 2 desde diciembre, y el Konstantín Posiet, bautizado este mes.

Cuatro de los buques recientemente adquiridos por Rusia transportaron volúmenes desde terminales que manejan GNL sujeto a sanciones occidentales, de acuerdo con datos de Kpler analizados por el Financial Times. Todos navegan hoy bajo bandera rusa, rebautizados con nombres como Kosmos, Orión, Merkuri y Luch.

El mismo manual que la flota petrolera

El esquema replica el que Rusia ya utiliza con su “flota oscura” de petroleros —que supera los 1.000 barcos— para eludir las sanciones occidentales sobre el crudo.

“La flota petrolera en la sombra tuvo precedentes en Irán y Venezuela. Pero ningún otro país había alcanzado ese nivel de avance tecnológico en producción de gas para el momento en que fue sancionado”, dijo al Financial Times Irina Mirónova, investigadora sénior del New Energy Advancement Hub, quien calificó el fenómeno de “único”.

Los tanqueros de esta flota gasera pertenecen mayormente a empresas fantasma radicadas en Dubái, Hong Kong y Singapur, y navegan bajo banderas de conveniencia, recurriendo a interferencia de señales y transferencias buque a buque para disimular el origen de la carga.

Por qué construir un buque gasero es más difícil

Sin embargo, replicar el modelo petrolero con gas es considerablemente más complejo, advirtió Septimus Knox, director de la firma de inteligencia S-RM, en declaraciones al Financial Times. “La ejecución es mucho más difícil por la naturaleza del transporte de GNL. Hay menos buques y se requiere infraestructura más específica y escasa”, explicó.

Los buques gaseros cuestan unos 300 millones de dólares y necesitan sistemas de contención complejos para mantener el gas líquido a -162°C. Como las principales plantas rusas están en el Ártico, además se requieren buques de clase hielo durante gran parte del año.

China es hoy el único comprador de la producción sancionada de Ártico LNG 2: once buques, con diez años de antigüedad promedio, transportan esos volúmenes hacia terminales flotantes desde donde se transfieren a tanqueros convencionales. Todos están bajo sanciones de Estados Unidos, y la empresa privada Novatek se convirtió en propietaria o fletadora de casi todos en los últimos dos años.

Novatek domina el sector: su planta de Yamal, junto con la sancionada Ártico LNG 2, produce más del 65% del total nacional, según el organismo estadístico ruso, mientras que el proyecto Sajalín-2, de la estatal Gazprom, aporta otro 30%. Buena parte de los volúmenes no sancionados todavía viaja en buques fletados a navieras internacionales, como la griega Dynagas o la japonesa Mitsui OSK, pero la ola de restricciones obligó a Moscú a diversificar.

Un cuello de botella tecnológico

El ritmo de expansión podría chocar pronto con una barrera técnica. Navin Kumar, de la consultora Drewry, dijo al Financial Times que Rusia podría tener dificultades para seguir construyendo sus propios buques, ya que la empresa francesa GTT mantiene un cuasi monopolio sobre los sistemas de contención especializados y suspendió sus contratos con Rusia en 2023 por las sanciones europeas. Aun si Moscú desarrollara tecnología propia, necesitaría aprobaciones de organismos internacionales, en un proceso que Kumar calificó de “largo y complejo”. Otros cuatro buques se construyen actualmente en Zvezdá, mientras seis embarcaciones de clase hielo permanecen bloqueadas para su entrega en el astillero surcoreano Hanwha.

Esa limitación empuja a Rusia hacia el mercado de segunda mano, donde ya compite con otros actores. “Hay muchos buques antiguos saliendo al mercado, y sí creo que una parte de ellos terminará en la flota rusa”, dijo al Financial Times Carl-Antoine Saverys, director ejecutivo de la naviera gasera Exmar, que reconvierte tanqueros usados en unidades de almacenamiento flotante.

La semana pasada, la Unión Europea dispuso que la venta de tanqueros de GNL a ciudadanos rusos deberá notificarse a Bruselas, aunque —tras presión de Grecia— evitó prohibir el transporte de gas ruso en buques comunitarios hacia terceros países.

El estuco barroco del Palacio Mariinsky de Kiev es de color azul aguamarina, y las carpetas azules entregadas a Volodimir Zelensky y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, eran solo unos tonos más oscuros. La ceremonia de firma del 15 de julio marcó el inicio de un nuevo acuerdo que proporcionará 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares) para la producción conjunta de drones y misiles de largo alcance. Esta financiación forma parte del préstamo de apoyo a Ucrania de la Unión Europea, por valor de 90.000 millones de euros.

Pero las sonrisas de los líderes ocultaban una realidad incómoda: aunque la máxima aspiración de Ucrania es la adhesión a la UE, está demorando las reformas necesarias. Las negociaciones sobre un conjunto inicial de “elementos fundamentales”, que incluye disposiciones sobre el estado de derecho, la democracia, la lucha contra la corrupción y la administración pública, se inauguraron formalmente en junio. Sin embargo, Ucrania debería haber comenzado a aprobar la legislación necesaria seis meses antes, según un plan de diez puntos muy publicitado, firmado en diciembre pasado por el comisario de ampliación de la UE y el ministro de Integración Europea de Ucrania. En cambio, hasta el momento el gobierno solo ha presentado cuatro proyectos de ley, y el parlamento solo ha aprobado dos. Uno de ellos, según denuncian las organizaciones de control, está plagado de lagunas legales. Un informe publicado por una coalición de ONG ucranianas califica el progreso con un 15 sobre 100.

La falta de avances en el sistema judicial es especialmente preocupante. Los escándalos son habituales. A principios de julio, un tribunal de distrito intentó prohibir la publicación de un informe de medios de comunicación anticorrupción que mencionaba al director de la Oficina Estatal de Investigación, encargada de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos. (Se alega que el hermano del director adquirió propiedades a precios muy inferiores a su valor de mercado; ambos niegan haber cometido irregularidad alguna).

El 9 de junio, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que los reformistas consideran un retroceso, ya que facilita a los jueces ocultar sus bienes. Se han producido pocos avances en las leyes para reformar el Tribunal Supremo, cuyo expresidente fue condenado recientemente a cinco años de prisión por soborno, y la Fiscalía General, que participó el verano pasado en un intento de debilitar a los organismos anticorrupción. Las encuestas muestran que los inversores extranjeros afirman que el Estado de derecho es su mayor preocupación, incluso por encima de la defensa y la seguridad. Otra encuesta reciente reveló que tres de cada cuatro ucranianos no confían en los tribunales.

La UE está centrada en los esfuerzos de Ucrania por defenderse a sí misma y a Europa, y hace la vista gorda ante estos problemas. Se supone que la reforma judicial es una condición fundamental para la continuidad del apoyo financiero; sin embargo, el 8 de junio se desembolsó un séptimo tramo de préstamo, por valor de 2.800 millones de euros, a pesar de la falta de avances. Ucrania está aprendiendo que puede salirse con la suya, afirma Jakub Parusinski, consultor político en Kiev: «El enfoque es: ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? ¿Qué es suficiente?».

Mykhailo Zhernakov, exjuez y director de la Fundación Dejure, uno de los grupos de expertos que elaboraron el informe sobre las reformas, afirma que, paradójicamente, las largas listas de exigencias facilitan eludir lo importante. «Se puede decir: “¡Hemos digitalizado las sentencias judiciales, bravo!”. Pero no importa que no hayamos hecho nada con respecto al Tribunal Supremo». Los argumentos para ser indulgentes con Ucrania son hábilmente utilizados por la facción que defiende el statu quo dentro del gobierno: que las reformas son inconstitucionales, violan la soberanía, son imposibles en tiempos de guerra, cuestan demasiado o son imposibles de aprobar en el parlamento. «Lo llamamos bingo de tonterías antirreformas».

Zelensky ha perdido la mayoría parlamentaria y actualmente debe negociar con los conservadores proyecto de ley tras proyecto de ley. Sin embargo, puede lograr una mayoría cuando lo desea, como lo hizo durante la remodelación ministerial del mes pasado. Gran parte de la oposición a una reforma más rápida proviene de su propio gobierno. Con la esperanza de presionar al gobierno para que actúe, un grupo de diputados reformistas ha presentado cuatro proyectos de ley de reforma. Aun así, Taras Kachka, el ministro saliente de Integración Europea, se burla diciendo que redactar un nuevo código legal no es como pedir comida a domicilio. Llama a Zhernakov “un Quijote”.

Para la UE, denunciar a Ucrania es difícil. Se está ejerciendo presión entre bastidores, según una portavoz de la Comisión. Pero esta contención diplomática podría impedir cualquier progreso real. Dentro del gobierno ucraniano, afirma un diputado, «existe la percepción de que los criterios de referencia se renegociarán y se retirarán de la agenda». Al aceptar la ley defectuosa sobre las declaraciones patrimoniales de los jueces, la UE ha «abierto la caja de Pandora. Esto sucederá ahora con cualquier proyecto de ley delicado». El Parlamento podría pensar que puede salirse con la suya con una ley igualmente diluida sobre la reforma de la Oficina Estatal de Investigación, notoriamente politizada.

Las encuestas siguen mostrando que una gran mayoría de ucranianos desea la adhesión a la UE y que los aliados extranjeros mantengan la presión para lograr cambios. Sin embargo, no hay perspectivas de elecciones mientras la guerra continúe, por lo que la ciudadanía tiene poca influencia sobre el gobierno. Ciertamente, la destitución de Mykhailo Fedorov, un reformista popular, como ministro de Defensa por parte del Sr. Zelensky a mediados de julio provocó grandes protestas, incluyendo una marcha de miles de personas por el centro de Kiev el 31 de julio. El revuelo convenció al presidente de reemplazar a Oleksandr Syrsky, el principal rival de Fedorov, como comandante en jefe. Pero es poco probable que los detalles de los procedimientos de nombramiento judicial consigan movilizar a la gente de la misma manera.

Los ucranianos de a pie están más preocupados por el próximo ataque con misiles rusos, afirma Ihor Lachenkov, un comentarista político de 27 años cuyo canal de Telegram cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. “Están cansados, gastan el 80% de sus ingresos en comida. No les interesa mucho cómo van las reformas”. Por eso, añade el Sr. Zhernakov, Europa debe ejercer su influencia. “La única manera de que las cosas avancen es decir ‘Esto es lo que se necesita’ y luego mantener la postura”.

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Hay acontecimientos cuya verdadera dimensión solo se comprende cuando dejan de ser observados como episodios aislados. La crisis desatada en Ceuta -con el ingreso masivo de decenas de miles de personas en apenas unas horas- pertenece a esa categoría. Reducirla a un problema migratorio sería tan limitado como analizar la caída del Muro de Berlín únicamente como un cambio urbanístico en una ciudad alemana. En ambos casos, el hecho visible remite a una transformación mucho más profunda.

Durante buena parte de las últimas tres décadas, Europa construyó su política exterior sobre una premisa que parecía indiscutible: la globalización reduciría progresivamente el peso de la geografía, la interdependencia económica desalentaría los conflictos y las fronteras perderían centralidad como factor de poder. La ampliación de la Unión, la libre circulación de personas y mercancías y la consolidación del mercado único reforzaron esa percepción. Sin embargo, la realidad internacional siguió un camino muy diferente.

La invasión rusa de Ucrania, la competencia por el Ártico, la militarización creciente del Indo-Pacífico, la disputa por los minerales estratégicos y la crisis de Ceuta parecieran acontecimientos inconexos, aunque no lo sean. Todos forman parte de un mismo proceso, que no es otro que el regreso de la geografía como elemento central de la política internacional.

No porque el territorio haya recuperado la importancia que tenía en los conflictos clásicos, sino porque el concepto mismo de frontera ha cambiado.

Durante siglos, una frontera se concebía como una línea destinada a impedir el avance de un ejército. Hoy continúa cumpliendo esa función, aunque cada vez resulta más evidente que también debe responder a formas de presión mucho más sofisticadas. Los Estados ya no proyectan influencia únicamente mediante capacidades militares, sino que lo hacen, además, utilizando la energía, la tecnología, las cadenas logísticas, los minerales críticos, los datos, la información y -en determinadas circunstancias- incluso los movimientos migratorios.

No resulta casual que muchos de los principales episodios de tensión internacional de los últimos años compartan esa lógica. Bielorrusia facilitó el desplazamiento de miles de migrantes hacia las fronteras de Polonia y Lituania para ejercer presión sobre la Unión Europea. Turquía convirtió en más de una oportunidad la gestión de los refugiados sirios en un elemento de negociación con Bruselas. Rusia comprendió que el suministro energético podía condicionar decisiones políticas con una eficacia comparable a la de un despliegue militar. China hizo algo similar mediante el control de minerales estratégicos indispensables para la transición tecnológica. Así, la naturaleza del poder no ha cambiado, sino que han cambiado los instrumentos mediante los cuales ese poder es ejercido.

Es en el marco de tal contexto donde debe interpretarse lo ocurrido en Ceuta. Sería un error transformar este episodio en un juicio simplista sobre Marruecos. Rabat constituye uno de los socios estratégicos más relevantes de la Unión Europea en el Mediterráneo. La cooperación en materia migratoria, comercial, antiterrorista y de estabilidad regional convierte esa relación en una necesidad compartida y no en una opción política circunstancial. Precisamente por ello, cualquier alteración significativa del equilibrio fronterizo adquiere inevitablemente una dimensión estratégica. Entre actores profundamente interdependientes, los gestos suelen tener un impacto mayor que las declaraciones diplomáticas.

La cuestión, por lo tanto, trasciende la discusión sobre responsabilidades inmediatas. Lo verdaderamente relevante es advertir que una frontera exterior de la Unión Europea puede transformarse, en muy poco tiempo, en un espacio donde confluyen intereses políticos, vulnerabilidades institucionales y mensajes dirigidos tanto al vecino como al conjunto de la comunidad internacional.

Aquí aparece, quizá, la principal enseñanza para Europa. Durante años, la Unión consolidó una enorme capacidad para proyectar normas, estándares regulatorios y principios jurídicos más allá de sus fronteras. Esa condición de “potencia normativa” le permitió ejercer una influencia considerable sin necesidad de recurrir a instrumentos tradicionales de poder. Sin embargo, el escenario internacional actual exige complementar esa fortaleza con una capacidad igualmente sólida para proteger sus intereses estratégicos. El respeto al Derecho Internacional, la defensa de la integridad territorial y la estabilidad regional solo conservan credibilidad cuando van acompañados de la capacidad efectiva de preservar las propias fronteras exteriores.

No se trata pues, de militarizar la política migratoria ni de renunciar a los valores que caracterizan al proyecto comunitario, sino de comprender que la defensa de una frontera ya no depende exclusivamente de patrullas, vallas o sistemas de vigilancia. Depende también de la calidad de las alianzas, de la confianza política entre los Estados y de la capacidad para reducir aquellas vulnerabilidades que otros actores pueden convertir en mecanismos de influencia.

Existe, además, un aspecto que suele pasar inadvertido. Durante siglos, el objetivo de las potencias consistió en conquistar territorio. Hoy, en muchas ocasiones, resulta suficiente con proyectar la imagen de que otro actor ha perdido la capacidad de ejercer un control efectivo sobre el suyo. La disputa deja entonces de medirse en kilómetros cuadrados y comienza a medirse en percepción, credibilidad y capacidad de disuasión. Es una forma distinta de ejercer poder, aunque no por ello menos eficaz.

Tal vez esa sea la razón por la cual la crisis de Ceuta merece ser observada con una perspectiva más amplia. No anticipa únicamente los desafíos migratorios que Europa deberá afrontar en los próximos años, sino que muestra un escenario internacional en donde las fronteras volverán a ocupar un lugar central, aunque ya no como simples límites territoriales, sino como espacios en los que converjan seguridad, cibertecnología, economía, diplomacia e influencia política.

Así, paradójicamente, la globalización no eliminó la importancia de las fronteras, sino que las hizo mucho más complejas. Y comprender esa paradoja será una de las condiciones indispensables para que la Unión Europea pueda desenvolverse con eficacia en un orden internacional que, lejos de estabilizarse, parece dirigirse hacia una competencia cada vez más intensa por el control de las nuevas formas del poder.

El autor es Director de la Cátedra Unión Europea-UCES y Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital

Erik Høeg, diplomático danés de 58 años, está por cumplir un año como embajador de la Unión Europea en Argentina, adonde llegó tras haber sido embajador de Dinamarca en Colombia. En ese primer año se selló uno de los hitos que la UE esperaba desde hacía 25 años: la entrada en vigor provisional, el 1 de mayo, del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. “No fue mérito mío —aunque me gustaría pensarlo—”, bromeó Høeg, y atribuyó el logro a “un trabajo de equipo”, con el impulso que también le dio el gobierno de Javier Milei a la ratificación.

Pero el eje de la entrevista, realizada en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Buenos Aires, fue la guerra en Ucrania, que ya lleva más de cuatro años. Sobre el estado del conflicto no dejó lugar a dudas: “Rusia no está ganando esta guerra. Está estancada, con pérdidas cada vez mayores”. Según Høeg, Rusia pierde unas 30.000 bajas por mes, y la supervivencia media de un soldado ruso en el frente no supera la media hora.

Desde que empezó la invasión, la Unión Europea comprometió 210.000 millones de euros en ayuda a Kiev, entre asistencia militar, humanitaria y económica: “por lejos, el donante más importante”, según el embajador. Es, dice, “un conflicto existencial” para el bloque.

La conversación con Infobae abarcó también otros ejes de la agenda europea en la región: el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, el vínculo trasatlántico y la mirada del bloque sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Ucrania: “Un conflicto existencial para nosotros”

—Cuatro años después de la invasión, con el frente estancado, ¿hay margen para un cese de hostilidades en el corto plazo?

—Eso es lo que esperamos. Apoyamos todas las iniciativas para llegar a un cese el fuego como precondición para negociar la paz, incluidas las de Estados Unidos. Es una catástrofe humanitaria que golpea a la población civil, con bombardeos rusos sobre infraestructura energética y viviendas. Nuestro apoyo sigue firme en lo político, lo humanitario, lo militar y lo económico: hace poco se aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros, 60.000 millones para la capacidad bélica ucraniana y 30.000 millones para que el Estado siga funcionando, con sus escuelas, sus pensiones, el salario de los empleados públicos. Rusia está estancada, con pérdidas cada vez mayores. Se habla de treinta mil bajas por mes, y la sobrevivencia media de un soldado ruso en el frente es de menos de treinta minutos. Es una masacre. Lo que hace Putin no es solo una invasión totalmente injustificada: también está destruyendo su propio país, una nación que ya tenía un fuerte declive demográfico.

—¿En la Unión Europea ven a Putin debilitado puertas adentro, con más represión interna? ¿Eso abre alguna posibilidad de negociar con él?

—No voy a subestimar su capacidad de represión; ya instaló un régimen totalmente autoritario —cada vez más totalitario—. Pero la crítica interna en Rusia está aumentando, aunque hasta ahora la respuesta no ha sido cambiar el rumbo de la guerra. No creemos en esferas de influencia como en el siglo XIX, ni en la reemergencia de imperios. Sería precipitado decir hoy si negociaríamos con Putin. Primero necesitaríamos un cese el fuego, y después construir las condiciones para una paz duradera. La Unión Europea lanzó además la idea de un tribunal para los crímenes cometidos en Ucrania y para las reparaciones: el país que empezó la agresión debería reparar los daños al país invadido. Costa Rica ya se sumó, y me gustaría que más países de América Latina lo hagan.

—¿Cómo evalúa el apoyo de los países latinoamericanos, incluido el de Argentina?

—Para nosotros este es un conflicto existencial. Tenemos un buen diálogo con el gobierno argentino: vemos que sigue firme en su rechazo a la invasión rusa. Me alegra estar en un país donde la posición me parece clara sobre quién es el responsable de la invasión y quién es el país agredido.

—Hay críticos que le achacan a la Unión Europea cierta pasividad frente al protagonismo de Estados Unidos en las negociaciones. ¿Debería el bloque asumir un rol más activo?

—Me parece que ya lo hemos tomado. Europa es, por lejos, el donante más importante: se han dado o comprometido 210.000 millones de euros. Se formó además la Coalición de los Voluntarios, que analiza cómo desplegar fuerzas de paz ante un eventual cese el fuego. Recibimos a millones de refugiados: hoy hay 4,3 millones de ucranianos en la Unión Europea. Si la intención de Rusia era fragmentar Europa, pasó todo lo contrario: conseguimos mantener a veintisiete países unidos, por unanimidad.

—¿Cómo impacta que Estados Unidos haya reducido este año su ayuda militar directa a Ucrania? ¿Es algo pasajero o hay un replanteo de fondo?

—La Unión Europea va a tener un papel distinto de cara al futuro. Casi todos los países de la OTAN se comprometieron a gastar el 5% de su PBI en defensa, un salto grande respecto de antes. Hay algo puntual que tiene que ver con la administración estadounidense actual, con otra visión ideológica, pero también un movimiento de más largo plazo, que ya vimos con Obama, con Estados Unidos cada vez más enfocado en Asia y el Pacífico. Ese giro estratégico ya venía desde entonces, y de cierta manera la guerra de Ucrania obligó a Estados Unidos a replantear los tiempos, pero me parece que responde a una dinámica de largo plazo. Con la administración actual seguimos con diálogo y coordinación en distintos grupos, y para nosotros sigue importando que no haya una discusión sobre Ucrania sin Ucrania: que el país agredido esté en la mesa donde se negocian los acuerdos. Notamos un cambio de tonalidad de parte de Washington, que se vio con claridad en la última cumbre de la OTAN, y eso demuestra que las posiciones europeas se escucharon, y que el diálogo, al final, es útil y eficaz.

—¿La salida de Viktor Orbán de Hungría refuerza la unidad europea y, por otro lado, no le preocupa que las próximas elecciones en Europa traigan gobiernos más afines a Rusia?

—La configuración actual es más propicia que hace un año. Siempre hay matices de algún gobierno más escéptico, pero no voy a expresar preocupación sobre una u otra elección: pienso que, al final, el principio de la unidad europea prevalece sobre las diferencias ideológicas. Lo vimos en el pasado y creo que lo vamos a ver en el futuro.

Mercosur, la economía argentina y la mirada sobre Milei

Fuera de Ucrania, Høeg también habló de cómo viene la implementación del acuerdo con el Mercosur y su mirada sobre la gestión económica de Javier Milei.

¿Cómo viene la implementación del acuerdo hasta ahora? ¿Qué obstáculos quedan y qué sectores cree que pueden beneficiarse más rápido?

—Ha ido bien, aunque siguen los temas de aproximación de normas y cuestiones sanitarias. Algunas pymes todavía quieren entender cómo exportar a la Unión Europea, y ahí estamos facilitando información junto con Cancillería. Hay un paquete de apoyo de la UE al Mercosur de 1.800 millones de euros, del cual una parte será para Argentina. El agroindustrial es el sector que puede beneficiarse más rápido, con aranceles más bajos o eliminados.

—¿Qué le diría a un empresario PYME argentino que teme la competencia de la industria europea?

—En el acuerdo se tomaron en cuenta los equilibrios de intereses, con períodos de transición largos en las industrias donde el Mercosur podía enfrentar más presión competitiva. Tampoco del lado europeo faltan sectores agrícolas preocupados por la llegada de productos del Mercosur. Cuando el acuerdo lleve uno o dos años implementado, se van a ver los beneficios para ambos lados.

—En diciembre de 2025 usted había elogiado el rumbo económico del gobierno. ¿Sigue pensando lo mismo hoy, y qué reformas o señales la UE espera todavía?

—El elogio sigue en pie. Argentina venía de momentos difíciles, con hiperinflación e incertidumbre para las inversiones europeas; ahora el riesgo país bajó y la inflación está en niveles mucho más manejables. Valoramos el acuerdo con el Mercosur, el camino hacia la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la previsibilidad que aporta el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). El 40% de las inversiones extranjeras en el país vienen de empresas europeas, y esperamos que la estabilidad perdure más allá de las próximas elecciones, con la misma idea de estabilidad macroeconómica y un marco regulatorio previsible. Muchas de nuestras empresas vienen para diez, veinte, treinta años y quieren saber que no va a cambiar el marco —la cancha de juego, por decirlo así— cada cuatro años. Eso es un factor importante.

—Algunos organismos y sectores sociales cuestionan el costo que están teniendo los recortes del ajuste. ¿Cómo lo ve la Unión Europea?

—Sin dudas hay costos sociales. Son reformas muy drásticas, y nadie ocultó que iban a tener consecuencias. Argentina venía de un momento en que se necesitaban medidas drásticas; si hay otros caminos, eso lo van a decidir los argentinos en las urnas. Estaba claro que Argentina era un paciente con enfermedades crónicas que había que atender. Habrá que ver si el medicamento está dosificado en la medida justa, y eso lo dirá el votante en 2027.

La tensión diplomática entre la comunidad internacional y el régimen de Daniel Ortega ha alcanzado un nuevo punto de máxima fricción tras un duro cruce de declaraciones oficiales.

La Unión Europea (UE), a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, emitió un vehemente pronunciamiento en el que instó a las autoridades de Nicaragua a convocar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, tal como lo establece el marco normativo institucional.

Esta exigencia comunitaria surgió de forma directa tras las polémicas declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó públicamente que en la nación centroamericana “no volverá” a celebrarse ningún tipo de proceso comicial.

La respuesta de Managua no tardó en llegar: mediante una nota diplomática emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen de Ortega rechazó tajantemente los emplazamientos del bloque europeo, calificándolos de colonialistas e injerencistas.

En su comunicado oficial, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la persistente represión y el grave deterioro de las libertades fundamentales en territorio nicaragüense.

Ante las firmes demandas planteadas por el bloque europeo, la Cancillería del régimen de Daniel Ortega hizo pública una contundente respuesta oficial fechada el 24 de julio de 2026 en Managua. Encabezado con el eslogan en mayúsculas “NO SOMOS SÚBDITOS”, el comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional acusó recibo del pronunciamiento de la Unión Europea y arremetió severamente contra la postura de la diplomacia europea.

El documento oficial califica la postura europea como una manifestación “injerencista, imperialista, y propia de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”. A través de una retórica marcadamente ideológica y confrontativa, el régimen Ortega denunció lo que considera “intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo”.

El escrito diplomático subraya que la nación es una patria victoriosa y luchadora que no aceptará “afirmaciones anquilosadas” sobre sus territorios, su pueblo o sus procesos políticos.

Soberanía institucional y el aislamiento diplomático de Managua

El pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores evidencia la consolidación de la postura de resistencia del régimen de Daniel Ortega frente a las presiones internacionales. Ante este escenario, varios países de la comunidad internacional se han pronunciado para condenar la deriva autoritaria de Managua y exigir garantías democráticas.

Sin embargo, la tensión ha escalado a un punto crítico luego de que el gobierno de Nicaragua confirmara que está dispuesto a abolir definitivamente las elecciones en el país, cerrando cualquier posibilidad de alternancia en el poder.

En el texto oficial, la cancillería de Nicaragua asegura de forma tajante que la nación es libre y soberana para tomar sus propias decisiones en materia de ordenamiento institucional, escogiendo autónomamente sus propios modelos políticos que, según señala el documento, “tanta sangre ha costado” a la sociedad nicaragüense.

Con esta postura, el régimen de Daniel Ortega rechaza de plano el escrutinio externo y reafirma su determinación de desmantelar el sistema comicial tradicional, consolidando un modelo sin competencia electoral y profundizando de manera dramática su aislamiento diplomático e internacional frente a los reclamos de organismos multilaterales y gobiernos de la región.

La negativa a dialogar aleja al país de los bloques multilaterales y bloquea las vías diplomáticas destinadas a resolver la severa crisis política.

La Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

Asimismo, el bloque europeo reiteró su “condena de la represión sistémica” por parte de las autoridades del país, así como “sus reiterados llamamientos a la liberación de todos los presos políticos; al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos; y al diálogo entre el régimen y la oposición”.

En particular, pidió que se acuerden reformas electorales “con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual”.

La UE aseguró que “seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho” y que “sigue abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos adecuados, llevado a cabo de manera respetuosa y en cooperación con los actores regionales”.

Por su parte, el régimen de Nicaragua informó este viernes que presentará su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país, empresarios e inversionistas, luego del rechazo internacional que han provocado las declaraciones del dictador.

Durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo, Ortega propuso eliminar las elecciones en el país -que gobierna desde 2007- en medio de acusaciones de fraude electoral por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

En el acto, Ortega, un ex guerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

La esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que la próxima semana se realizarán las consultas con embajadores, empresarios e inversionistas.

En el caso de los embajadores y el cuerpo diplomático, dijo Murillo, informarán “como corresponde: escuchamos, les escuchamos”.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador-, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a las recientes declaraciones de Ortega en las que afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.

“Son encuentros que hemos denominado de amistad, de hermandad entre los pueblos, encuentros que nos fortalecen como patria”, continuó Murillo.

La dignataria dijo que la Asamblea Legislativa, coordinada por la Presidencia están avanzando en la elaboración de esa propuesta de reforma “para garantizar los procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos”.

“¿Qué queremos?, continuidad de los avances, de los logros contra la pobreza, seguridad, estabilidad y para eso son nuestros procesos electorales, para garantizar la continuidad de todos esos triunfos (...). Eso es lo que vamos a garantizar con nuestros procesos electorales soberanos y dignos”, adelantó Murillo.

(Con información de EFE)

Las jefas de la diplomacia de la Unión Europea (UE) y Filipinas, Kaja Kallas y Theresa Lazaro, firmaron este viernes en Manila un acuerdo para fortalecer los lazos políticos y económicos bilaterales, en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la actual incertidumbre global agudizada por la guerra en Medio Oriente y Ucrania.

“La relación entre la Unión Europea y Filipinas se encuentra en una trayectoria positiva. Hoy, acordamos fortalecer nuestros lazos mediante el lanzamiento de la Asociación Reforzada”, declaró Kallas durante un acto ante la prensa junto a su homóloga filipina. La diplomática europea precisó que la nueva asociación implicará diálogos de alto nivel más frecuentes, mayor coordinación en política exterior y de seguridad, y una cooperación ampliada en áreas como el comercio y el clima.

Lazaro destacó el momento favorable de las relaciones bilaterales, considerándolo “un testimonio del compromiso compartido de construir una asociación más sólida, mejorada y con visión de futuro”.

En materia económica, Kallas señaló que “la UE es el cuarto socio comercial más importante de Filipinas, con un comercio anual de bienes que ronda los 17.000 millones de euros“. Además, subrayó: “Se han logrado avances significativos en las negociaciones de nuestro tratado de libre comercio. Nos encontramos en la recta final”.

Durante su visita, la alta diplomática del bloque europeo participó en la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y mantuvo un encuentro con el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro.

En esa reunión, abordaron la asistencia valorada en 15 millones de euros a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), destinada a fortalecer las capacidades marítimas filipinas con equipos de vigilancia y monitoreo no letales. “Una clara demostración de que Europa está asumiendo un papel más importante como socio en materia de seguridad en la región”, afirmó Kallas, quien destacó que se trata de la primera ayuda de este tipo en el Indo-Pacífico.

Este fortalecimiento de relaciones con Filipinas se produce mientras Bruselas busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia del bloque respecto de Estados Unidos, en respuesta a la política arancelaria del presidente norteamericano Donald Trump.

Entre finales del año pasado y principios de este, la UE firmó acuerdos de libre comercio con Indonesia, India y Australia, desbloqueados tras años de negociación. Estos se suman a los ya firmados con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y al que actualmente negocia con Tailandia.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que la UE fue durante mucho tiempo un socio fiable para la ASEAN, y destacó que el bloque está asumiendo un papel cada vez más activo en la región. “Ahora se está convirtiendo en un socio cada vez más activo, y esto no hará más que aumentar a medida que nuestra asociación crezca”, señaló Kallas.

En otoño, Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, asumirá la presidencia de la ASEAN. “La relación de la UE con la ASEAN se está profundizando, no solo de palabra, sino también cada vez más en la práctica”, subrayó la diplomática.

Según datos de Eurostat, el comercio bilateral de bienes entre la UE y la ASEAN alcanzó los 274.900 millones de euros en 2025, consolidando al Sudeste Asiático como el tercer socio comercial de Bruselas fuera de Europa, detrás de Estados Unidos y China.

En el plano político, Kallas advirtió sobre las consecuencias de los conflictos en Medio Oriente, que “desestabilizaron los mercados energéticos mundiales, y las consecuencias perdurarán”. La diplomática subrayó el impacto en el Sudeste Asiático, región altamente dependiente de la importación de combustibles procedentes del Golfo Pérsico.

(Con información de EFE)

La Unión Europea impuso este lunes una multa de 550 millones de euros (629 millones de dólares) a la plataforma de comercio en línea china AliExpress, filial del gigante Alibaba, por permitir la venta de productos ilegales en el bloque, como juguetes prohibidos y ropa falsificada.

AliExpress fue sancionada por incumplir el reglamento europeo sobre los servicios digitales “que le impone evaluar y mitigar con diligencia los riesgos vinculados a la venta en su plataforma de productos ilegales, peligrosos o falsificados”, anunció la Comisión Europea, tras una investigación de más de dos años.

Se trata de la multa más alta impuesta por Bruselas desde la adopción de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en 2022.

“No estamos de acuerdo con la decisión emitida hoy ni con esta multa desproporcionada, que no reflejan ni nuestros principios establecidos ni las medidas significativas y proactivas que pusimos en marcha", indicó la empresa en una declaración a la AFP, sin precisar de momento si apelará esta sanción.

El Ejecutivo europeo considera que el sistema de detección de productos prohibidos implementado por AliExpress no funcionaba en absoluto cuando inició su investigación en marzo de 2024.

“Detectamos una gran cantidad de productos falsificados, pero también juguetes y cosméticos peligrosos, que permanecieron mucho tiempo en venta”, explicó a los periodistas Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Además explicó que las sanciones que la plataforma aplicaba a los vendedores que infringían las normas “no eran efectivas”, ya que sus tiendas seguían activas mucho tiempo después. Los vendedores con malas intenciones podían también eludir fácilmente los sistemas de verificación de los productos porque los equipos carecían de personal suficiente.

La sanción obliga al sitio a presentar en un plazo de tres meses medidas destinadas a cumplir con la DSA, bajo pena de multas periódicas.

El año pasado, la Comisión Europea aceptó las iniciativas propuestas por AliExpress para resolver de manera amistosa infracciones detectadas durante sus investigaciones, pero le había advertido que se exponía a una sanción por esos otros motivos.

“Desde la entrada en vigor de la DSA, AliExpress se ha comprometido firmemente a cumplir con sus obligaciones y sigue haciéndolo”, aseguró la plataforma china.

“Respetar las mismas reglas”

En el marco de una investigación paralela, Bruselas impuso en mayo una multa de 200 millones de euros a Temu, otra plataforma china muy popular en Europa, por los mismos motivos, una sanción que la empresa ha impugnado.

También la red social X, del multimillonario Elon Musk, recibió una multa de 120 millones de euros a finales de 2025, pero por incumplir las obligaciones de transparencia previstas por la DSA.

La UE intensifica desde hace meses las normas para proteger su mercado frente a una competencia china que a menudo se considera desleal. Principalmente, mediante un impuesto mínimo de tres euros sobre los paquetes pequeños importados al bloque.

Sin embargo, la Comisión negó haber apuntado a AliExpress por su origen. “Estamos realizando investigaciones sobre varias plataformas en línea, muchas de las cuales tienen su sede en Estados Unidos, y muchas otras en China, pero también en Europa” y “no tomamos en cuenta su origen porque todos los que quieran operar en Europa deben cumplir con las mismas reglas”, subrayó Virkkunen.

Otra plataforma de ventas de origen asiático, Shein, también está en la mira de Bruselas.

(Con información de AFP)

Las reformas al mercado de carbono que presenta la Unión Europea este viernes llegan en un contexto de alta tensión entre gobiernos, industrias y activistas del clima. Las modificaciones al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) buscan ajustar el equilibrio entre el impulso industrial y los compromisos ambientales, justo cuando los precios de la energía se dispararon tras la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente y las olas de calor excepcionales que golpean a Europa.

El debate sobre el ETS se convirtió en un punto crítico dentro del bloque, enfrentando a economías con altas emisiones, como Italia, Polonia y la República Checa, con defensores del sistema como España y los países escandinavos. Bruselas intenta ahora suavizar la transición: la Comisión Europea se inclina por ofrecer a las empresas mayor flexibilidad si se comprometen de forma tangible con la descarbonización a largo plazo.

En la práctica, esto podría suponer una extensión de las ayudas gratuitas a la industria más allá de 2034, siempre que las compañías mantengan una hoja de ruta clara hacia menores emisiones. La Comisión también presionará para que los países destinen los ingresos generados por el ETS a la reconversión industrial, un aspecto donde el desempeño de los Estados varía mucho.

En paralelo, la UE planea establecer un objetivo para 2040: aumentar el peso de la electricidad renovable frente a los combustibles fósiles, en un entorno donde la electricidad solo constituye el 23% del consumo energético final del bloque. Esta meta busca acelerar la transición energética en línea con los compromisos climáticos comunitarios.

El Sistema de Comercio de Emisiones, en funcionamiento desde 2005, obliga a los grandes contaminadores, como la siderurgia, el cemento y la industria química, a pagar por cada tonelada de gases de efecto invernadero que emiten. Actualmente, el precio de una tonelada de dióxido de carbono ronda los 80 euros (91 USD), con un límite de permisos que disminuye año tras año para fomentar la reducción de emisiones.

El núcleo del debate es si la UE debe suavizar las obligaciones ambientales para proteger a su industria frente a la competencia global y la volatilidad energética, o mantener el ritmo de sus metas climáticas pese a la presión de sectores industriales. Las nuevas propuestas buscan una salida intermedia: mayor margen para las empresas a cambio de compromisos firmes de descarbonización, y posibles extensiones de las ayudas más allá del calendario original.

La reforma también plantea si el ETS debe ampliarse para incluir el sector de residuos y los vuelos internacionales que parten del bloque, una medida que enfrenta la férrea oposición de las aerolíneas. Además, persisten dudas sobre el papel de la tecnología de captura de carbono y la posibilidad de que las empresas compren créditos de programas ajenos a la UE para contabilizar reducciones en sus emisiones.

Sectores industriales, especialmente el químico alemán, criticaron con dureza el ETS, al que acusan de encarecer la electricidad y de ser un símbolo de la burocracia europea. El reclamo es claro: el sistema necesita una reforma profunda para no lastrar la competitividad.

No todos comparten esa visión. Neil Makaroff, del centro de estudios Strategic Perspectives, sostuvo en diálogo con AFP que “a menudo son los sectores que han invertido muy poco” en la transición ecológica quienes más critican el ETS. Según Makaroff, “otras empresas optaron por invertir fuertemente en Europa en la descarbonización y la electrificación, en sectores como el acero, el cemento y el vidrio”.

Para estas compañías pioneras, “dar marcha atrás significaría perder su ventaja de ser pioneros”, advierte Makaroff. La tensión entre intereses industriales y climáticos marca así el pulso de la reforma.

Una de las consecuencias más visibles de las negociaciones es el retraso de “ETS 2”, la extensión del sistema al transporte por carretera y la calefacción de edificios. Originalmente prevista para 2027, su implementación se ha pospuesto a 2028 por presión de países como Polonia y Hungría.

(Con información de AFP)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles un acuerdo con Ucrania para la adquisición de drones, con el fin de impulsar la producción conjunta de esta tecnología clave en el campo de batalla.

“Este acuerdo aúnará el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”, declaró von der Leyen en Kiev, tras recibir un galardón del presidente Volodímir Zelensky.

Ucrania ya ha firmado acuerdos similares con algunos países de la UE y del Golfo Pérsico, buscando aprovechar la experiencia que Kiev ha desarrollado durante más de cuatro años de guerra con Rusia.

Los acuerdos se adaptan a cada país, pero generalmente implican que Kiev proporcione los planos de la tecnología de drones a cambio de regalías, inversiones y otro material militar.

“En Europa, ya contamos con una enorme capacidad tecnológica e industrial que podemos desplegar, y disponemos de centros de producción seguros que pueden ayudar a aumentar la producción”, afirmó von der Leyen.

“Pero carecemos del conocimiento y la experiencia probados en combate que Ucrania ha forjado”, añadió.

Podemos colaborar en la producción conjunta, en lograr que todos los componentes del sistema funcionen correctamente, y podemos proporcionar a ambas bases industriales de defensa el impulso necesario para aumentar decisivamente la inversión y la producción.

La UE está impulsando el fortalecimiento de sus capacidades con drones tras una serie de incursiones en países a lo largo de su frontera oriental, vecinos de Ucrania y Rusia.

“El conocimiento que han adquirido sobre el funcionamiento de los sistemas de drones y antidrones es verdaderamente único”, le dijo von der Leyen a Zelensky en su discurso.

“Debemos aprovecharlo juntos, porque conocemos las amenazas que enfrenta Europa en este ámbito”.

Von der Leyen no dio detalles sobre la cantidad de financiación adicional —si la hubo— que se incluyó en el acuerdo.

Europa es el principal apoyo de Ucrania en su guerra contra Rusia y recientemente comenzó a desembolsar un préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) para ayudar a Kiev a armar a sus tropas y cubrir sus déficits presupuestarios.

Una primera partida de seis mil millones de euros del préstamo se destinará a impulsar la producción de drones en Ucrania.

Los drones dominan el frente en Ucrania, infligiendo numerosas bajas a las fuerzas rusas atacantes.

Kiev también ha perfeccionado su capacidad para derribar drones de ataque rusos dirigidos a ciudades de todo el país.

En un discurso, Zelensky afirmó que Ucrania produce actualmente 10 millones de drones al año y que su objetivo es duplicar esa producción.

“Lo lograremos junto con nuestros socios, demostrando una vez más el éxito de la industria de defensa de Ucrania, de nuestros socios y de Europa”, añadió.

(Con información de AFP)

La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.

“Creo que debemos hacer balance y decir: hemos avanzado, avanzamos el mes pasado y vamos a seguir avanzando hoy, y quiero seguir construyendo sobre ese impulso”, señaló el ministro de Estado de Asuntos Exteriores irlandés, Thomas Byrne, a su entrada al evento.

Se espera que el mismo bloque se abra también en otra reunión con Moldavia esta tarde, así como el cierre de varios capítulos de negociación con Montenegro y Albania.

“Hace más de dos décadas que no teníamos cuatro conferencias de adhesión en un solo día, y esto va a ocurrir hoy. Es un día muy apropiado para la presidencia irlandesa, y es como un trébol de cuatro hojas de la suerte para la ampliación, con Moldavia, Ucrania, Montenegro y Albania dando el próximo paso importante”, dijo a su vez la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

En total, son seis los clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos que conforman el proceso de adaptación del país candidato a la legislación europea, aunque su apertura no sigue un orden fijo.

El bloque en cuestión incluye los capítulos 30 y 31, que cubren la adecuación en materia de relaciones exteriores -política comercial común, acuerdos con terceros países, ayuda humanitaria y al desarrollo- y de política exterior, seguridad y defensa.

“Estamos siguiendo de cerca todos los puntos que forman parte de los fundamentos -el primer bloque, abierto formalmente el 15 de junio-, y espero que con el nuevo gobierno en Ucrania obtengamos un nuevo impulso para lograr aún más resultados desde Kiev”, valoró Kos.

Por su parte, Francia celebra este martes su última Fiesta Nacional del 14 de julio bajo la presidencia de Emmanuel Macron con un desfile militar dedicado al apoyo a Ucrania y al “despertar estratégico” de Europa.

Medio millar de militares de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania, entre ellos soldados ucranianos, abren este martes el desfile en los Campos Elíseos en un gesto simbólico de respaldo a Kiev.

De hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez, así como los dirigentes de las instituciones europeas y de la OTAN, siguen el desfile desde la tribuna situada en la plaza de la Concordia.

A su llegada a ese lugar de honor, Zelensky fue recibido con aplausos por el resto de líderes.

En su último discurso a las Fuerzas Armadas, Macron defendió la víspera que “Europa se está convirtiendo en una potencia” y afirmó que Francia y sus aliados están dispuestos a defender “la libertad y el derecho”, “al precio de la sangre si fuera necesario”.

El mandatario sostuvo que el conflicto en Ucrania pone de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades militares europeas y aseguró que “debemos ganar las guerras de hoy”, al considerar que la credibilidad del continente dependerá de su preparación para hacer frente a futuras amenazas.

Sus palabras se produjeron el mismo día que la reunión en París de la Coalición de Voluntarios, integrada por 37 países, que reiteró su compromiso de mantener el apoyo militar, financiero y civil a Kiev el tiempo que sea necesario.

Los miembros de la coalición también anunciaron un refuerzo de la defensa antiaérea ucraniana y respaldaron la creación de una Coalición Antibalística impulsada por 10 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido, España e Italia, para acelerar la producción de sistemas de defensa e interceptores.

Anunciaron, además, ejercicios militares en los próximos meses en países vecinos a Ucrania para poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición internacional de apoyo a Kiev.

En declaraciones hoy a la cadena BFM TV desde los Campos Elíseos, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, definió este 14 de julio como “el desfile del despertar estratégico europeo”, que simboliza la unidad de Europa.

Según explicó, la presencia de 37 altos representantes de la Coalición de Voluntarios demuestra que los países europeos están “aún más unidos” y decididos a trabajar conjuntamente por la paz y la seguridad del continente.

(Con información de EFE)

Nueve países europeos y Ucrania anunciaron este lunes la formación de una coalición para desarrollar capacidades antibalísticas “puramente defensivas” en el continente, citando la creciente amenaza de los misiles balísticos.

“Creemos que la protección de Europa requiere una solución global de arquitectura integrada de defensa antimisiles para disuadir y derrotar futuras amenazas de misiles”, señala la declaración conjunta firmada por Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y el Reino Unido.

El texto agrega que, al reunir la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de los firmantes, el objetivo es “construir una capacidad antibalística compartida para Europa”. Los países remarcaron que la iniciativa “no se hace contra ningún pueblo, sino en defensa del propio”, y citaron la “experiencia única de Ucrania”, cuyas defensas aéreas enfrentaron reiterados ataques con misiles balísticos rusos en las últimas semanas.

El anuncio se produjo en el marco de una cumbre en París, donde el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió este lunes con los aliados de Kiev para reafirmar el apoyo a su país y presionar a Rusia en busca de un alto el fuego y negociaciones de paz, actualmente estancadas. Al encuentro de la “Coalición de los Voluntarios” —lanzada por Francia y el Reino Unido tras la invasión rusa de 2022— asistieron al menos 25 jefes de Estado, algunos de los cuales permanecerán en la capital francesa para participar del desfile militar por el Día Nacional del 14 de julio, que este año pondrá el foco en el respaldo a Ucrania.

Estados Unidos, que este mes autorizó a Ucrania a construir sistemas de defensa aérea Patriot capaces de derribar misiles balísticos, no integra la coalición. La presidencia francesa insistió en que la cumbre se celebra en un momento de “unidad transatlántica” y de “dinámicas más favorables para Ucrania en el terreno”. El canciller francés Jean-Noël Barrot destacó tres objetivos del encuentro: reforzar el apoyo a Ucrania “especialmente en materia de defensa antiaérea”, aumentar la presión sobre Moscú con un 21° paquete de sanciones europeas, y preparar “la paz y la definición de las garantías de seguridad” necesarias para prevenir una nueva agresión rusa.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Europa está “en vías de convertirse en una potencia” preparada para “defenderse”, y aseguró: “Sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, valoramos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos. Siempre, y con sangre si hace falta”. La coalición también avanzará en la creación de una Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegaría una vez concluida la guerra y que ya cuenta con un “estado mayor operativo”, según las autoridades francesas, que además programarán ejercicios militares conjuntos.

El Kremlin, por su parte, calificó a la coalición de “belicista”. El portavoz Dmitri Peskov acusó al grupo de querer “continuar la guerra” y advirtió: “Estos son los países que llevan a cabo acciones hostiles contra Rusia, así que lo vigilaremos muy de cerca”. La cumbre se da en medio de una nueva jornada de hostilidades sobre el terreno: ataques con drones y artillería ucranianos mataron a cuatro personas en Rusia desde el domingo por la noche, mientras que en Ucrania murieron tres marineros en un ataque contra un buque con pabellón de Togo que descargaba fertilizantes minerales.

La Unión Europea da un nuevo paso para aliviar la presión que soporta el sector agrario por el incremento de los costes de producción. El Consejo de la Unión Europea adoptó este lunes un reglamento que incorpora un paquete de medidas específicas para apoyar a los agricultores afectados por el encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos agrícolas, una situación agravada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo.

La nueva normativa busca dotar a los Estados miembros de herramientas para responder con mayor rapidez a las dificultades económicas que atraviesa el sector. Entre las principales novedades figura la creación de un mecanismo extraordinario de liquidez dentro de la política de desarrollo rural, diseñado para facilitar apoyo financiero en situaciones de crisis y reforzar la capacidad de respuesta de las explotaciones agrarias.

El reglamento también introduce una mayor flexibilidad en la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Los países podrán adelantar el pago de las ayudas directas a los agricultores y adaptar las asignaciones previstas para 2027 en función de sus prioridades nacionales, con el objetivo de responder mejor a las necesidades específicas de cada territorio.

Más liquidez para afrontar el aumento de los costes

La aprobación de estas medidas coincidió con la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que el incremento del precio de los fertilizantes ocupó un lugar destacado. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó de “importante” el plan impulsado por la Comisión Europea para reforzar el apoyo al sector, recoge Efe.

Durante su intervención, Planas recordó que España ya ha activado un paquete de ayudas propio para compensar el impacto del encarecimiento de los fertilizantes. En concreto, señaló que el Gobierno destinará 665 millones de euros a los beneficiarios, unos pagos que se realizarán entre los meses de julio y agosto.

El ministro destacó además el esfuerzo presupuestario realizado por España al asegurar que se trata de “la mayor suma” movilizada por un Estado miembro para este fin, incluso por encima del volumen total de recursos que la Comisión Europea ha destinado al conjunto de los países de la Unión.

España reivindica su peso agroalimentario

Para el titular de Agricultura, el respaldo económico al sector responde a la importancia estratégica que tiene la producción de alimentos. En este sentido, defendió que “este es un elemento estratégico para la producción de alimentos y España es una potencia agroalimentaria”, subrayando el papel del sector primario en el abastecimiento alimentario europeo.

El nuevo mecanismo de liquidez aprobado por el Consejo permitirá financiar hasta el 65% de las ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Además, los Estados miembros podrán incorporar recursos nacionales adicionales que podrán alcanzar hasta el 200% de la financiación comunitaria, ampliando así la capacidad de respuesta frente a futuras tensiones de mercado.

La normativa contempla también la posibilidad de utilizar fondos europeos que no hubieran sido ejecutados y que, de no destinarse a este mecanismo, podrían perderse. Con ello, Bruselas pretende acelerar la llegada de los recursos al sector sin necesidad de abrir nuevas líneas presupuestarias.

Menos burocracia y ayudas más rápidas

Otro de los objetivos del reglamento consiste en simplificar la gestión administrativa para que las ayudas lleguen antes a los agricultores. El Consejo señala que los Estados miembros podrán conceder estas compensaciones mediante una cantidad fija por hectárea, un sistema que reduce los trámites administrativos y facilita una aplicación más rápida de las medidas.

La ejecución de las ayudas se realizará a través de los planes estratégicos nacionales de la PAC, lo que permitirá adaptar los apoyos a las características de cada sistema agrario y agilizar la tramitación por parte de las administraciones nacionales.

Con esta decisión, la Unión Europea intenta amortiguar el impacto que la volatilidad internacional sigue teniendo sobre los costes de producción agrícola. La escalada del precio de los fertilizantes, junto con el incremento del coste de la energía y de otras materias primas, continúa siendo uno de los principales desafíos para la rentabilidad de las explotaciones europeas, que reclaman instrumentos más ágiles para mantener su competitividad y garantizar el suministro de alimentos.

La Unión Europea adoptó esta semana la imposición permanente de aranceles de hasta el 45,3 % sobre los neumáticos para turismos y camiones ligeros importados desde China, a fin de compensar la ventaja anticompetitiva derivada de los subsidios estatales de Beijing. Según un comunicado difundido el jueves por la Comisión Europea, la medida, que entró en vigor el 7 de julio, consolida de forma definitiva los gravámenes que oscilan entre el 4,3% y el 45,3% para estas importaciones.

La decisión se basa en los resultados de una investigación de Bruselas, que concluyó que los neumáticos para turismos, buses y camiones ligeros procedentes de China llegaban al mercado europeo a precios considerados de competencia desleal. El Ejecutivo comunitario advirtió que “esto está perjudicando a la industria del neumático de la Unión, que emplea a más de 80.000 personas en 14 países miembro”.

La medida afecta a una amplia gama de neumáticos de caucho con un índice de carga inferior a 121. Según datos de la Comisión Europea, el consumo de neumáticos en la UE alcanzó en 2024 unos 330 millones de unidades, en un mercado valorizado en más de 18.000 millones de euros. En el mismo periodo, las importaciones desde el gigante asiático sumaron cerca de 93 millones de unidades, con un valor superior a 2.500 millones de euros, lo que representa una cuota de mercado del 28%.

Hace una semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que está “preparada” para tomar “cualquier” decisión contra China en el ámbito comercial a partir de otoño, cuando concluya el plazo fijado entre Bruselas y Beijng para resolver sus diferencias. “El diálogo es esencial, pero debe dar resultados. En función de cómo sea la respuesta de China, en otoño, como ha descrito Maros Sefcovic, será el momento de nuestra actuación. Estamos preparados para cualquier cosa”, declaró Von der Leyen en una rueda de prensa.

La responsable alemana subrayó que “todos los instrumentos están sobre la mesa” y advirtió que, si resulta necesario, el Ejecutivo comunitario propondrá nuevas herramientas comerciales para proteger a la industria europea frente a la competencia china.

Bruselas y Beijing acordaron un plazo hasta octubre para intentar reducir la tensión comercial, después de la reunión mantenida por el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en la capital comunitaria. El encuentro concluyó con la primera declaración conjunta pactada por la Comisión Europea y China desde 2019.

Ambas partes establecieron un mecanismo para el intercambio de datos sobre flujos comerciales y Sefcovic aceptó la invitación para visitar Beijing en octubre. Durante los próximos meses, “debemos ser muy claros sobre todos los aspectos que criticamos, desde los subsidios, a la sobrecapacidad de bienes que llegan a nuestro mercado o la falta de acceso de nuestras empresas al mercado chino”, indicó Von der Leyen, que compareció junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, durante la presentación de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE asumida por Dublín.

El déficit comercial entre la UE y China, estimado en unos USD 410 mil millones anuales, fue uno de los temas principales de la última cumbre europea. Los líderes exigieron a la Comisión acelerar la aplicación de herramientas comerciales contra China y, de ser necesario, crear nuevos instrumentos. Martin insistió en que el diálogo con China “debe dar resultados”, señalando que “no siempre es el caso”.

(Con información de EFE y Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene a España en su punto de mira y ha amenazado con cortar “completamente” el comercio bilateral. El mandatario republicano calificó al país de “causa perdida” y de “socio terrible” dentro de la OTAN por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Durante la cumbre que celebra la OTAN en Ankara (Turquía), Trump ha señalado que “ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, recoge Europa Press.

El inquilino de la Casa Blanca también ha dicho que España “son mala gente” porque “tienen a todos los demás pagando y trabajando”, y ha avisado de que “a ver qué tan hostiles siguen siendo” cuando llamen a la puerta de Washington y digan “por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor. Queremos comerciar con usted, señor”.

Trump ha reiterado en que “no tenemos que comerciar con ellos. No quiero hacer más comercio con ellos. ¿De acuerdo? Corten de inmediato. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio (...) Ganan mucho dinero con nosotros, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos”.

Por su parte, el Gobierno español no ha tardado en responder a la amenaza comercial de Trump e insiste en que las relaciones comerciales entre ambos países no dependen de decisiones unilaterales entre gobiernos, sino del marco común de la Unión Europea, que es la que ostenta las competencias exclusivas en política comercial y por tanto no puede singularizarse con ningún estado miembro.

EE UU, el beneficiado del comercio con España

Fuentes del Ejecutivo sostienen que las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca se reciben “con tranquilidad y normalidad” y recuerdan que las relaciones económicas se establecen entre empresas, no entre gobiernos. Además, subrayan que la balanza comercial favorece a Estados Unidos, que vende más productos y servicios a España de los que importa, por lo que consideran que Washington “se beneficia más” de esa relación.

Las palabras de Trump suponen una nueva escalada en un enfrentamiento político que se ha intensificado en los últimos meses a raíz de las diferencias entre ambos gobiernos sobre el compromiso de gasto militar dentro de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el Ejecutivo español evita alimentar la confrontación y mantiene que las relaciones bilaterales siguen siendo “magníficas” tanto en el plano económico como en el social, cultural y de defensa: “La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”, sostiene.

“Calma y diálogo”

Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores ha hecho un llamamiento a la calma y al diálogo institucional ante las últimas declaraciones de Trump, sobre posibles represalias comerciales contra España. Ha recordado que España no actúa en solitario en materia comercial, sino como parte del mercado único de la Unión Europea. “Cualquier medida contra España tendría un efecto que trasciende lo bilateral y afectaría al conjunto del bloque comunitario”, ha advertido este martes el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, a través de un comunicado.

En términos comerciales, Estados Unidos es uno de los grandes socios de España. En 2025, las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos rozaron los 16.700 millones de euros, en torno al 4,3% del total exportado por España.

“Un deterioro de esta relación golpearía de lleno al sector agroalimentario -aceite de oliva, vino, jamón ibérico, aceitunas negras- y a la industria de maquinaria y bienes de equipo, además de poner en riesgo el suministro de gas natural licuado estadounidense, del que España depende estratégicamente”, ha añadido Bonet.

No obstante, la balanza no es solo de riesgos: España mantiene un superávit superior a los 10.500 millones de euros en servicios no turísticos (consultoría, ingeniería, servicios digitales y financieros), y la inversión mutua entre ambos países supera conjuntamente los 200.000 millones de euros, lo que multiplica el coste de cualquier ruptura para las dos partes.

Un nuevo reglamento europeo ha causado cierta confusión entre la ciudadanía por sus repercusiones en los viajes con animales. Se trata del Reglamento de la Unión Europea 2016/429, relativo a las enfermedades animales transmisibles.

La norma mejora la identificación de los animales y establece normas sanitarias más detalladas para reducir el riesgo de propagación de enfermedades. El reglamento, que ha entrado en vigor este año, incluye cambios en la documentación que debe acompañar a los animales, punto que ha levantado preocupación entre aquellas personas que viajan con sus mascotas. Desde la Unión Europea aclaran que no hay nuevas obligaciones para los propietarios de animales de compañía.

La confusión se centra en la necesidad de registrar a las mascotas antes de un vuelo. Esto ha dado la impresión de que había que sumar un nuevo trámite a la preparación para los vuelos, una alerta que difundió Flightright, plataforma en defensa de los derechos de los pasarejos aéreos, y que este miércoles ha corregido. Y es que, aunque el reglamento europeo habla de un prerregistro en bases de datos europeas, los animales de compañía ya identificados (con su pasaporte o su microchip, por ejemplo) ya se consideran conformes a los nuevos requisitos, por lo que no será necesario volver a identificarlos.

Diferencias regulatorias que vuelven locos a los usuarios

La plataforma de derechos de los pasajeros aéreos recuerda, no obstante, que la falta de planificación y el desconocimiento de las normas específicas de cada operador están multiplicando los problemas en plena campaña de verano. “Viajar en avión con un perro requiere una planificación cuidadosa que muchos viajeros subestiman. Desde asegurarse de que el animal cumple los requisitos sanitarios hasta reservar con antelación suficiente, hay aspectos clave que pueden marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos y una experiencia frustrante tanto para el dueño como para la mascota”, explica Lucía Cegarra, experta legal de Flightright.

La plataforma especifica que cada aerolínea tiene su propia normativa a aplicar para viajar con animales. Los límites de peso en cabina alcanzan un máximo de 10 kilogramos en operadoras como Vueling o Air Europa, por ejemplo, pero otras compañías imponen límites distintos, tanto de peso como de dimensiones del transportín.

El precio también varía. Viajar con un animal en cabina en el mercado español puede costar entre 35 y 175 euros por trayecto, mientras que el traslado en bodega supera los 300 euros en rutas transoceánicas, según ha explicado la plataforma de derechos de los pasajeros. Estas diferencias son uno de los principales frenos económicos y operativos para los viajeros.

Desde Flightright recuerdan, además, la necesidad de cumplir con los requisitos identificativos vigentes para viajar con animales. El primero es el pasaporte europeo para mascotas, un documento oficial que debe informar sobre el propietario, descripción del animal y su estado de vacunación, entre otros datos. El perro debe también llevar identificación mediante microchip. Por último, se exige que el animal porte una vacuna vigente frente a la rabia. Deben haber pasado al menos 21 días desde la inoculación para que se le permita pasar al avión.

Los líderes de la OTAN buscarán este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renueve su compromiso con la alianza atlántica durante el segundo día de la cumbre de Ankara. El encuentro se desarrolla en un contexto marcado por las diferencias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, el aumento del gasto militar europeo, Ucrania y las declaraciones del mandatario estadounidense sobre Groenlandia.

Antes del inicio de la sesión principal, los aliados aprobaron el borrador de una declaración que reafirma un “compromiso inquebrantable” con la defensa colectiva. El texto solo entrará en vigor después del respaldo formal de los jefes de Estado y de Gobierno.

Trump llegó el martes a la capital turca y dejó en claro su malestar con varios socios europeos. Incluso sostuvo que evaluó no asistir al encuentro y explicó que finalmente viajó por su relación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Durante una aparición conjunta con Erdogan, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar el papel de los aliados europeos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. “Estoy muy decepcionado con la OTAN”, afirmó Trump.

También criticó el nivel de apoyo que, según su visión, recibió Washington durante ese conflicto. “¿Por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares y ellos no están ahí para nosotros? Siempre hemos estado ahí para ellos”, expresó.

Trump acusó además a varios países europeos de impedir que las fuerzas estadounidenses utilizaran su espacio aéreo y sus bases militares durante la ofensiva contra Irán. Funcionarios europeos rechazaron esos cuestionamientos y sostuvieron que cumplieron en gran medida con los compromisos asumidos con Estados Unidos, pese a que no participaron en la decisión de iniciar el conflicto.

Con el objetivo de evitar un nuevo choque con Washington, la OTAN presentó el martes una serie de acuerdos para la venta de armamento por al menos 50.000 millones de dólares, una señal destinada a demostrar que Europa incrementa su inversión en defensa y reduce su dependencia militar de Estados Unidos.

La organización también difundió cifras que muestran un incremento del 11% en el gasto militar básico de los países europeos durante 2026. El total alcanzará los 634.000 millones de dólares, frente a los 571.000 millones registrados el año anterior.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que los aliados europeos “están cumpliendo” al reforzar sus presupuestos militares y asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.

La administración Trump mantiene la presión para que Europa asuma el peso principal de la defensa convencional del continente mientras Estados Unidos concentra parte de sus capacidades militares en la región del Indo-Pacífico.

Washington ya anunció una reducción de su presencia militar en Europa, que incluye la retirada de tropas y una revisión de seis meses sobre el despliegue de sus fuerzas. Esa evaluación abarca portaaviones, aviones cisterna, cazas, drones y otros recursos asignados a los planes de defensa de la OTAN.

Los gobiernos europeos aseguran que trabajan para aumentar su capacidad militar, aunque insisten en que cualquier transición debe producirse de manera ordenada para evitar debilidades que puedan favorecer a Rusia.

Otra fuente de tensión surgió en las últimas semanas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una dirigente con la que mantenía una relación cercana.

El presidente estadounidense sostuvo que el vínculo “se deterioró un poco porque se negó a ayudarnos” con Irán, aunque agregó que Meloni es “una buena persona”. Las autoridades italianas intentaron reducir el impacto de esa disputa durante los últimos días.

Trump también volvió a defender la idea de que Groenlandia debería quedar bajo control estadounidense. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió desde Ankara que espera que todos los aliados respeten la soberanía del reino danés y acepten que Groenlandia no está en venta.

La guerra en Ucrania también ocupará un lugar central durante la cumbre. Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al margen del encuentro y expresó optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo entre Kiev y Moscú.

“Creo que ambos quieren llegar a un acuerdo”, señaló el mandatario estadounidense.

Antes de viajar a Turquía, Trump mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, y un funcionario estadounidense indicó que volverá a comunicarse con él después de la reunión con Zelensky.

Europa y Canadá preparan un compromiso para sostener la asistencia militar a Ucrania con 70.000 millones de euros anuales durante 2026 y 2027. Mientras tanto, Zelensky pidió un refuerzo de los sistemas de defensa aérea y reiteró su aspiración de que Ucrania se incorpore a la OTAN.

En paralelo, Trump anunció medidas para recomponer la relación con Turquía. El mandatario afirmó que evaluará la venta de cazas F-35 a Ankara y adelantó que su administración levantará las sanciones impuestas tras la compra del sistema ruso de defensa aérea que provocó la expulsión de Turquía del programa de ese avión.

“Vamos a levantar las sanciones. No queremos sancionar a los amigos”, declaró Trump. Sentado junto al presidente estadounidense, Erdogan expresó su confianza en que Washington pondrá fin a esa disputa y abrirá una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de defensa.

(Con información de AFP y REUTERS)

El 85% de las zonas aptas para el baño en Europa obtuvo en 2025 la máxima calificación de calidad, revela el informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). El control sistemático aplicado por la Unión Europea (UE) permitió que países como Austria, Bulgaria, Chipre y Grecia encabecen la lista de destinos con aguas más limpias, superando el 95% de áreas clasificadas como excelentes.

Según datos recogidos por el portal de noticias internacional Euronews, este avance es resultado de décadas de inversiones en saneamiento y de la aplicación rigurosa de la legislación comunitaria. La revisión publicada en 2026 indica que solo el 1,5% de las zonas evaluadas presentó una calidad deficiente, mientras que la gran mayoría muestra niveles que cumplen o superan los requisitos sanitarios establecidos.

Los criterios y controles europeos para las aguas de baño

La Directiva sobre aguas de baño de la UE, vigente desde 2006, determina la clasificación de la calidad del agua como excelente, buena, suficiente o deficiente. El sistema se basa en el análisis de bacterias fecales, como Escherichia coli y enterococos intestinales, además de otros contaminantes. Cada Estado miembro debe tomar al menos cuatro muestras por temporada en cada zona, con la obligación de informar a la ciudadanía sobre los resultados.

Según el portal de noticias, la AEMA reportó que el 88% de las aguas costeras europeas fueron calificadas como excelentes, mientras que en lagos y ríos se alcanzó un 78%. Este esquema de monitoreo y divulgación busca no solo proteger la salud pública, sino también promover la transparencia y la confianza en las áreas recreativas.

Las autoridades nacionales, señala la agencia, deben advertir de manera visible cualquier amenaza, cierre temporal o restricción de uso, priorizando la prevención de incidentes sanitarios relacionados con el baño en aguas naturales.

Avances y desafíos en la seguridad del agua

La Directiva sobre aguas de baño forma parte de un marco legislativo más amplio, que incluye la Directiva Marco del Agua, la Directiva sobre aguas subterráneas y la Directiva sobre normas de calidad ambiental. Este conjunto normativo persigue la protección integral de los recursos hídricos europeos y la mejora continua de su calidad.

La AEMA subraya que, aunque la mayoría de las zonas mantiene estándares elevados, persisten retos en áreas puntuales. Un pequeño porcentaje sigue presentando episodios de contaminación, lo que motiva la adopción de estrategias de saneamiento reforzadas y el seguimiento constante de los datos.

La publicación anual de la agencia europea permite a residentes y turistas consultar información actualizada sobre el estado de playas, ríos y lagos, facilitando la toma de decisiones informadas antes de acudir a estos lugares.

Ejemplos de recuperación: el Sena, el Spree y el Mosa

El río Sena en París es uno de los casos más emblemáticos de recuperación hídrica en el continente. Según Euronews, un ambicioso plan de limpieza permitió que, tras décadas de prohibición, el Sena volviera a ser apto para el baño. La intervención exigió la reducción de contaminantes y la inversión en infraestructuras de saneamiento.

Situaciones similares se observan en el río Spree en Berlín y el río Mosa en los Países Bajos. La aplicación sistemática de la normativa europea y los proyectos de restauración transformaron antiguos focos de polución en entornos seguros para el uso recreativo.

“El esfuerzo conjunto de los Estados miembros ha sido fundamental para alcanzar estos resultados”, destaca el informe oficial.

La vigilancia y el compromiso europeo

La vigilancia permanente sobre la calidad de las aguas de baño se mantiene como prioridad para la Unión Europea. Las instituciones recomiendan consultar los paneles informativos y las actualizaciones oficiales antes de utilizar ríos, lagos o playas, especialmente en las zonas donde se detectaron incidencias recientes.

El compromiso de los países europeos con la mejora de sus recursos hídricos se refleja en la tendencia descendente de zonas clasificadas como deficientes. La Agencia Europea de Medio Ambiente insiste en la necesidad de invertir y mantener controles rigurosos para garantizar que los espacios naturales sigan siendo seguros tanto para residentes como para visitantes.

Las decisiones deportivas “corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos”, declaró este lunes el comisario europeo de Deportes, Glen Micallef, tras el levantamiento de la suspensión al estadounidense Folarin Balogun por la FIFA que sacudió el Mundial 2026.

“Ejercer una influencia sobre las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”, advirtió Micallef en una publicación en la red social X.

La declaración del funcionario de la Unión Europea (UE) responde a la medida adoptada el domingo por el comité disciplinario de la FIFA, que suspendió por un año la aplicación de la sanción automática de un partido derivada de la tarjeta roja recibida por Balogun. La decisión permite al delantero de Estados Unidos enfrentar este lunes a Bélgica en los octavos de final en Seattle.

Dos fuentes familiarizadas con el caso confirmaron a la AFP que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle revisar la sanción automática de un partido que Balogun recibió tras ser expulsado ante Bosnia-Herzegovina. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también solicitó públicamente la revocación del castigo.

La UEFA: “Se cruzó una línea roja”

La UEFA calificó la decisión de la FIFA como un acto que “cruzó una línea roja”.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente”, señaló la confederación europea en un comunicado, expresando su incredulidad ante una medida que consideró “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, también cuestionó la resolución de la FIFA antes del partido de octavos de final.

“Si una llamada telefónica es realmente la razón de esta decisión incomprensible, sería una violación flagrante de las reglas más básicas del fútbol y del deporte”, declaró Prevot en un comunicado. “¿Cómo podría la FIFA todavía defender de manera creíble el juego limpio?”, añadió.

Por su parte, el primer ministro belga, Bart De Wever, no hizo comentarios directos, pero su equipo de comunicación remitió a una publicación satírica en la cuenta de Instagram de su gato Maximus, que mostraba al felino junto a una tarjeta roja con la leyenda: “¿Tarjeta roja? ¡Yo voy a jugar igual!”.

El director técnico de la selección de Bélgica, Rudi Garcia, también manifestó su rechazo durante una rueda de prensa en Seattle: “No sabía que en la Copa del Mundo de la FIFA el 5 de julio se había convertido en el 1 de abril, y que era el Día de los Inocentes”.

Mientras persisten las dudas sobre el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la defensa colectiva de la OTAN, los aliados llegan a la cumbre que la alianza celebrará esta semana en Ankara con un objetivo compartido: avanzar hacia una mayor autonomía europea en materia de defensa sin romper el vínculo transatlántico. El debate se desarrolla en un contexto marcado por el giro estratégico de Washington, que exige a los países europeos asumir un papel más relevante en la seguridad del continente.

El encuentro de los líderes de los 32 países miembros tendrá como uno de sus ejes centrales la redistribución de responsabilidades dentro de la alianza. Aunque Estados Unidos continúa como la principal potencia militar de la OTAN, tanto Washington como las capitales europeas coinciden en que Europa deberá aumentar su capacidad para responder a las amenazas de seguridad.

Desde el regreso de Trump a la presidencia, la administración estadounidense reforzó su mensaje de que Europa debe liderar la defensa del continente mientras Estados Unidos concentra más recursos en otras regiones del mundo. Ese planteo se suma a las críticas que el mandatario expresó en reiteradas oportunidades hacia la alianza y hacia los socios europeos.

Las declaraciones del presidente estadounidense también incluyeron cuestionamientos a los aliados por su respuesta durante la guerra con Irán, además de nuevas dudas sobre el alcance del compromiso de Washington con el Artículo Cinco del tratado de la OTAN, que establece la defensa colectiva en caso de un ataque contra uno de sus miembros.

Los mensajes políticos fueron acompañados por decisiones dentro del ámbito militar. En mayo, Washington anunció el retiro de 5.000 soldados desplegados en Alemania y la cancelación de un despliegue previsto en Polonia, aunque posteriormente modificó esa decisión. Más tarde, el Pentágono informó a sus aliados que reduciría parte de los recursos militares asignados a la OTAN e inició una revisión de seis meses sobre la presencia de sus fuerzas en Europa.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, resumió la posición del Gobierno al afirmar: “Estamos redoblando nuestros esfuerzos para que la OTAN sea lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada con Europa a la cabeza en su propia defensa”.

La presión de Washington coincidió con un proceso de incremento del gasto militar europeo que comenzó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ese escenario impulsó a los gobiernos del continente a acelerar los planes de inversión en defensa después de décadas de presupuestos reducidos.

En la última cumbre de la alianza, los países miembros acordaron elevar el gasto relacionado con la defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035. La medida busca reforzar las capacidades militares europeas y reducir la dependencia de los recursos estadounidenses.

Un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, definió el momento como un cambio histórico dentro de la organización. “Se está produciendo una auténtica revolución en la alianza”, sostuvo. Además, agregó: “Este cambio de responsabilidades que hemos decidido transformará radicalmente esta alianza”.

Aunque Estados Unidos continúa como el mayor inversor militar de la OTAN, los países europeos y Canadá proyectan aumentar sus presupuestos hasta acercarse al nivel de gasto estadounidense durante los próximos años.

Entre los principales impulsores de esa estrategia figura Alemania, que elevó significativamente sus inversiones en defensa, mientras que varios países ubicados en el flanco oriental de la alianza, próximos a Rusia, ya destinan recursos cercanos al objetivo fijado por la OTAN.

Especialistas consideran que el cambio responde a una transformación estructural más amplia que trasciende la actual administración estadounidense. Claudia Major, investigadora del German Marshall Fund, afirmó: “No se trata de Trump. Es un cambio estructural a largo plazo”. También señaló: “Se puede moldear, pero no evitar”.

La analista indicó además que Europa ya puede cubrir algunas capacidades que antes dependían exclusivamente de Estados Unidos, aunque reconoció que reemplazar activos estratégicos, como los sistemas de misiles de largo alcance, demandará más tiempo. En ese sentido, explicó: “Está muy claro que el papel de Estados Unidos está cambiando de todos modos, y la principal esperanza es controlar los daños y lograr previsibilidad”.

Pese al cambio de orientación política y a las discusiones dentro de la alianza, la presencia militar estadounidense en Europa continúa siendo significativa. Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 80.000 soldados desplegados en el continente, mientras el paraguas nuclear estadounidense sigue como el principal elemento de disuasión para la seguridad europea.

Dentro de la estructura militar de la OTAN también comenzaron algunos cambios. Los europeos pasaron a dirigir todos los cuarteles generales regionales de la organización, aunque Estados Unidos conserva el control de las principales fuerzas aéreas, terrestres y marítimas de la alianza.

Un segundo diplomático europeo resumió esa evolución con una proyección sobre el futuro de la organización. “La alianza se está transformando poco a poco. En un par de años, Europa será mucho más relevante”, afirmó.

Por el momento, los gobiernos aliados descartan sustituir la OTAN por un sistema exclusivamente europeo. Según fuentes diplomáticas, la declaración prevista para la cumbre de Ankara buscará reforzar el concepto de una “Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”, con el propósito de mantener el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente.

En paralelo, varios países europeos estudian una integración más estrecha de Ucrania dentro de la arquitectura de seguridad regional, aprovechando la experiencia adquirida por sus Fuerzas Armadas durante la guerra. Sin embargo, ante el bloqueo del ingreso de Kiev en la OTAN, esos esfuerzos permanecen enfocados principalmente en el proceso de adhesión ucraniana a la Unión Europea.

(Con información de AFP)

Ambos crecimos a la sombra de la Guerra Fría, cuando Europa se sentía protegida, vigilante y comprometida con la paz. “Nunca más” era la consigna de nuestra generación. Tras siglos de conflicto, Europa se forjó bajo la convicción de que la cooperación económica era esencial para una paz duradera.

Cuando los monumentos a un continente dividido se derrumbaron con el colapso del comunismo, el temor a la guerra se desvaneció. Los presupuestos de defensa se redujeron y nuestras fuerzas armadas disminuyeron. Muchas de las industrias de defensa que las habían abastecido cerraron sus puertas. Europa pasó a depender más de Estados Unidos, a través de la OTAN, para obtener las capacidades que necesitaría si su seguridad se viera amenazada.

Con el tiempo, muchos en Europa se acostumbraron a este sistema y a la externalización de gran parte de las capacidades de defensa y seguridad del continente. La cruda realidad y los peligros del mundo actual han puesto fin a esta forma de pensar.

La era de la externalización de gran parte de la defensa europea ha llegado a su fin . Los aliados europeos de la OTAN y los Estados miembros de la UE están reaprendiendo que, si queremos prevenir la guerra, debemos estar preparados. Están rearmando y revitalizando la base industrial de defensa para proteger a nuestros ciudadanos, nuestra libertad y nuestra seguridad. Tanto el gasto como la producción en defensa están aumentando: se están inaugurando nuevas fábricas y las existentes están ampliando sus turnos y líneas de producción.

No solo las empresas de defensa tradicionales están aumentando su producción. Cada vez se observa una mayor innovación en el sector. Nuevas compañías están desarrollando las herramientas y tecnologías que exige la guerra moderna. Drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas de guerra electrónica: todo esto es esencial para que nuestras fuerzas armadas disuadan, protejan y defiendan. La mentalidad ha cambiado. Incluso los fabricantes de automóviles civiles están reconvirtiendo sus fábricas para producir componentes para el sector de la defensa, incluidos sistemas de defensa aérea y drones de largo alcance.

Estamos viendo el impacto que este cambio de mentalidad tiene en el ecosistema de defensa con el aumento de la producción. Los nuevos métodos innovadores nos permiten producir más, más rápido y a menor costo.

Este pragmatismo y sentido de urgencia son prioritarios, pero aún nos queda mucho por hacer. Nuestras capacidades de defensa siguen presentando deficiencias. Los aliados de la OTAN y los Estados miembros de la UE necesitan más aviones de combate, aviones cisterna, buques y submarinos, sistemas de defensa aérea y antimisiles, drones y sistemas antidrones. El apoyo que brindamos a Ucrania y al conflicto en Oriente Medio ha ejercido una presión adicional sobre las reservas militares, incluidos los interceptores y los sistemas antidrones. Nuestra capacidad de producción actual no da abasto para satisfacer la demanda.

Mientras Europa asume una responsabilidad cada vez mayor en su propia defensa, Rusia, China, Corea del Norte e Irán siguen fortaleciendo su cooperación y expandiendo sus capacidades industriales de defensa. La economía rusa está claramente orientada a la guerra. Moscú invierte más del 40% de su presupuesto estatal en defensa. Produce equipo militar sin cesar para librar su brutal guerra contra Ucrania, y sería ingenuo pensar que esta maquinaria bélica se detendrá al día siguiente de la paz. Desde 2022, Irán ha suministrado drones y tecnología a Rusia. La amenaza que representan las capacidades de misiles y el potencial nuclear de Irán ha sido durante mucho tiempo una preocupación para la UE y la OTAN . Mirando más al este, la industria de defensa china está en pleno auge. Siete de las 15 mayores empresas relacionadas con la defensa en el mundo son empresas estatales chinas. El arsenal nuclear de Pekín también continúa creciendo.

En este mundo más peligroso, una industria de defensa europea más fuerte, capaz de producir a gran escala y con rapidez, es crucial para una disuasión creíble. La única manera de lograrlo es mediante la cooperación: aunando los esfuerzos de países e industrias, aliados y socios.

Este es un esfuerzo conjunto a ambos lados del Atlántico. Nuestras defensas son inigualables cuando aprovechamos los recursos, la experiencia y las capacidades innovadoras desde California hasta Kiev, de Copenhague a Varsovia, de Oslo a Ankara. Nuestra red de socios, incluidos los del Indo-Pacífico, también puede y debe contribuir. Juntas, nuestras industrias pueden potenciar la innovación y acelerar la producción de capacidades y tecnologías esenciales.

Lo que proponemos es ambicioso, pero también factible. Juntos, la OTAN y la UE contamos con todo lo necesario para tener éxito: poder económico, las mentes más creativas e innovadoras, un sector financiero sofisticado e industrias de defensa y tecnología de vanguardia . Nuestra prioridad común es garantizar que la base industrial de Europa y Norteamérica produzca más, mejor y más rápido, porque así es como garantizamos nuestra seguridad.

Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN.

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Representantes de las aerolíneas y aeropuertos han pedido a la Comisión Europea la suspensión temporal del nuevo modelo de control fronterizo durante los picos de tráfico de verano, al considerar que su despliegue está provocando colas de hasta cinco horas y una presión operativa que ya afecta a pasajeros, vuelos y personal de frontera.

El Sistema de Entrada/Salida (en sus siglas EES) consiste en cabinas automatizadas que recogen los datos biométricos de los pasajeros, como huellas dactilares y una fotografía, así como la validación del pasaporte y la fecha y el lugar de entrada o salida, en sustitución del tradicional sellado de pasaportes. El Ejecutivo comunitario defendió entonces que el uso de este modelo haría que los desplazamientos sean “más fluidos y seguros para todos, evitando así las largas colas que se forman día a día en los controles de los aeropuertos.

La petición se ha formalizado en una carta abierta enviada este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que el sector ha solicitado que los países de la Unión puedan interrumpir por completo los procedimientos del EES en julio y agosto cuando el volumen de viajeros supere la capacidad operativa.

La iniciativa parte de ACI Europe, la rama europea del Consejo Internacional de Aeropuertos, que representa a 600 aeropuertos en 55 países. Sus miembros canalizan más del 95% del tráfico comercial del continente.

Cinco horas de espera en los picos de mayor afluencia

La organización ha reconocido el “papel vital” del EES para reforzar la seguridad de las fronteras comunitarias. Aun así, sostiene que el despliegue del sistema ha incrementado de forma notable los tiempos de espera, que en los momentos de mayor afluencia ya alcanzan cinco horas. Por su parte, las compañías también han notificado un efecto directo sobre la operativa comercial. En algunos casos, los aviones cierran puertas con plazas vacías porque parte de los pasajeros siguen atrapados en las colas del control fronterizo cuando llega la hora de embarque.

El sector ha pedido a la Comisión Europea que permita de inmediato a los Estados miembros contar con “toda la flexibilidad necesaria” para suspender completamente el EES cuando el número de pasajeros rebase la capacidad operativa en julio y agosto. A partir de septiembre, la demanda es que esa misma flexibilidad siga disponible en circunstancias excepcionales.

La patronal ha calculado que los aeropuertos europeos gestionarán unos 40 millones de pasajeros más que en los dos meses anteriores y sin margen adicional, han advertido, los problemas actuales se intensificarán de forma inevitable.

Bruselas defiende fluidez del control digitalizado

La UE ya ha confirmado que permitirá suspender la recogida de datos biométricos hasta comienzos de septiembre. La patronal considera que esa medida ha aliviado parte de la presión, pero no ha evitado las colas excesivas ni ha protegido la operativa de aeropuertos y aerolíneas.

El portavoz del ejecutivo comunitario Markus Lammert sostuvo que el EES estaba “plenamente operativo y funcionando bien” y que “la mayoría de las veces, los largos tiempos de espera no están relacionados con el funcionamiento del EES, sino con factores preexistentes, como la concentración de vuelos en franjas horarias específicas”. Lammert recordó que tanto la industria como las autoridades han tenido margen para su adaptación gradual a un sistema que debió entrar en vigor el otoño pasado.

Este miércoles entró en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles a cambio de la aplicación de un gravamen del 15% a la mayoría de productos europeos. El acuerdo, negociado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó la imposición de un arancel del 25% que la administración republicana había advertido al inicio de la guerra comercial.

La implementación del pacto se retrasó casi un año por la intervención del Parlamento Europeo (PE), que frenó dos veces el proceso. La primera suspensión, en enero, ocurrió tras los avisos arancelarias de Trump contra países europeos por su limitada presencia militar en Groenlandia en medio de una disputa territorial. En febrero, la Eurocámara volvió a congelar el acuerdo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles globales que el mandatario impuso unilateralmente a más de un centenar de países.

El Parlamento Europeo finalmente dio su aprobación tras negociar salvaguardias con los países miembros para suspender el pacto si Washington incumple los compromisos. El acuerdo se activó pocos días antes del ultimátum del 4 de julio fijado por Trump, coincidiendo con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, afirmó que “continuaremos trabajando ahora con Estados Unidos para asegurarnos de que todos los compromisos del acuerdo del pasado mes de agosto se implementen fielmente y en su totalidad”. “Promesa hecha, promesa cumplida”, declaró el martes.

Bruselas tendrá la potestad de suspender la aplicación si detecta incumplimientos, si las preferencias arancelarias a Estados Unidos generan un incremento en las importaciones que amenace a la industria europea o si el Gobierno estadounidense no reduce el arancel al acero y aluminio al 15%. “La Unión Europea siempre cumple con los compromisos que adquiere en los acuerdos comerciales”, añadió Gill.

El pacto expirará el 31 de diciembre de 2029, coincidiendo con el final del segundo mandato presidencial de Trump, aunque la Comisión Europea podría proponer una prórroga si lo considera necesario.

Las medidas de la UE para proteger su industria del acero

A su vez, también entraron en vigor las nuevas medidas del bloque europeo para proteger la industria del acero frente a la competencia internacional, con especial atención a las importaciones procedentes de China. El mecanismo aprobado reduce en un 47 por ciento la cuota de acero que puede ingresar al bloque sin aranceles desde terceros países.

La UE fijó un cupo de 18,3 millones de toneladas libres de aranceles. Para las cantidades que excedan ese límite, el gravamen sube al 50 por ciento, frente al 25 por ciento anterior. Al distribuir el cupo entre los socios comerciales, Bruselas consideró los volúmenes de intercambio registrados entre 2022 y 2024, pero reservó la mitad de la cuota —9,15 millones de toneladas— a los países con acuerdos de libre comercio, garantizando así un acceso preferencial al mercado único.

El resto de la cuota fue asignado a todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), permitiendo la competencia también de países con acuerdos comerciales con la UE.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, declaró que la UE alcanzó “un cuidadoso equilibrio entre sus obligaciones de libre comercio, la necesidad de diversificar proveedores y las normas de la OMC”.

(Con información de EFE)

Los países del Mercosur inician este lunes la etapa política de su cumbre en Paraguay con el objetivo de cerrar las diferencias internas sobre el reparto de las cuotas de exportación libres de aranceles previstas en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). El bloque también prevé anunciar el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón, además de avanzar en otros frentes comerciales con India y Vietnam.

La 68.ª reunión del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado se desarrollarán entre este lunes y martes en Paraguay, que concluirá su presidencia pro tempore del bloque y la transferirá a Uruguay. Las actividades comenzaron el sábado en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, con reuniones técnicas y reservadas sobre asuntos vinculados con el comercio, la migración y otros temas de integración entre los cinco miembros plenos: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Uno de los principales asuntos de la agenda será la distribución de los cupos de exportación sin aranceles hacia la Unión Europea, un mecanismo previsto dentro del acuerdo comercial firmado entre ambos bloques en enero pasado y cuyo pilar comercial entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo.

Paraguay pretende obtener el 25% de las cuotas de exportación en todos los rubros posibles, incluso en sectores donde su producción todavía resulta limitada, como la carne de pollo. El Gobierno paraguayo considera que un reparto previo entre los socios evitará que algunos países concentren rápidamente los beneficios comerciales.

El viceministro de Comercio y Servicios de Paraguay, Alberto Sborovsky, sostuvo que este punto “es una cuestión de prioridad” porque impediría que dentro del Mercosur prevalezca “la ley de la selva”, donde “el primero llegado es el primero servido”.

Las preocupaciones paraguayas cobraron fuerza tras la entrada en vigor provisional del acuerdo con la UE. Argentina envió al mercado europeo un primer cargamento de miel natural apenas una semana después de ratificar el tratado. Posteriormente, los exportadores argentinos solicitaron permisos que agotaron en pocas semanas las cuotas preferenciales asignadas al Mercosur para la miel, además de las correspondientes a los huevos y el arroz.

Ese escenario reforzó la discusión sobre la necesidad de establecer un mecanismo de distribución entre los socios antes de que cada país acceda individualmente a los cupos disponibles.

La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, explicó que el debate dejó de responder únicamente a criterios técnicos y adquirió un carácter político. Según afirmó, los cuatro países mantienen posiciones diferentes con el objetivo de maximizar sus beneficios y evitar un “fracaso absoluto” en la implementación del sistema de cuotas.

Además del tratamiento del acuerdo con la Unión Europea, la cumbre servirá para ampliar la agenda de apertura comercial del bloque. Al término del encuentro, el Mercosur prevé informar el inicio de negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, un mercado de más de 120 millones de consumidores.

El anuncio llega pocos días después del encuentro que mantuvieron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, donde ambas partes abordaron la posibilidad de iniciar conversaciones formales.

En paralelo, Uruguay también impulsa la profundización del acuerdo comercial vigente con India y la apertura de negociaciones oficiales con Vietnam. La vicecanciller Valeria Csukasi indicó a EFE que esos procesos forman parte de la estrategia de diversificación de mercados promovida durante la presidencia uruguaya.

La reunión en Paraguay congregará a unas 800 personas pertenecientes a 12 delegaciones, además de representantes de organismos multilaterales y parlamentarios de distintos países, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, durante una conferencia de prensa.

Para la Cumbre de Presidentes se espera la participación de los mandatarios de los cinco Estados parte del Mercosur: Javier Milei por Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva por Brasil, Rodrigo Paz por Bolivia, Santiago Peña por Paraguay y Yamadú Orsi por Uruguay.

También asistirán los presidentes José Antonio Kast, de Chile, y Daniel Noboa, de Ecuador. A ellos se sumarán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, países asociados al Mercosur.

Paraguay cerrará su presidencia temporal del bloque con el antecedente de haber sido sede de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo negociado durante más de veinticinco años y que comenzó a aplicarse de forma provisional el pasado 1 de mayo. La resolución del reparto de las cuotas de exportación constituirá uno de los pasos clave para la implementación del componente comercial del pacto y marcará el cierre de la agenda de la cumbre.

(Con información de EFE)

El Parlamento Europeo aprobó una rigurosa hoja de ruta de seguridad que designa formalmente a Rusia como la “principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa” y un “Estado promotor del terrorismo”, exigiendo un endurecimiento inmediato de las sanciones y un marco de “disuasión activa” contra las operaciones de desinformación y guerra híbrida de Moscú.

El documento final fue adoptado por la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia (EUDS) con 20 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones. El texto parlamentario dibuja un panorama de alerta sistémica y extiende la amenaza de actividades hostiles coordinadas a Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte, denunciando un incremento drástico de ataques híbridos contra infraestructuras críticas que incluyen ciberataques, sabotajes físicos, incendios provocados, espionaje y bloqueo de señales en el continente.

Nuevo centro de respuesta y blindaje electoral

Para centralizar la contraofensiva, los eurodiputados proponen la creación del Centro Europeo de Resiliencia Democrática, un organismo que operará bajo un mandato legal vinculante, con presupuesto propio dedicado y una gobernanza que involucre a todos los Estados miembros. El informe exige además expandir las capacidades de las agencias de la UE, incluyendo la adición de las amenazas híbridas al mandato de Europol, y endurecer las sanciones contra los facilitadores de la desinformación y entidades fuera del bloque, apuntando específicamente a firmas de China que ayudan a evadir las restricciones financieras y logísticas del Kremlin.

En el plano político, el texto demanda clasificar la infraestructura electoral como crítica y aplicar controles severos contra la financiación proxy mediante el cumplimiento estricto de las directivas contra el blanqueo de capitales. Asimismo, introduce el principio de “conozca a su donante” para regular el uso de criptomonedas y frenar la desinformación monetizada. En un apartado de fuerte repercusión política, el informe solicita formalmente investigar las evidencias de espionaje contra instituciones de la UE por parte de funcionarios húngaros bajo el anterior gobierno de Budapest, así como las acusaciones de haber compartido información sensible con Moscú.

Soberanía tecnológica y preparación civil

Otra de las prioridades absolutas fijadas por el Parlamento Europeo es reducir de forma urgente la dependencia en sectores estratégicos frente a tecnologías controladas por potencias extranjeras, alertando explícitamente sobre el impacto de las corporaciones de software de Estados Unidos y el hardware de China. Para mitigar este riesgo, proponen una estrategia equilibrada de inversión basada en el principio de “Comprar Europeo” (Buy European) en infraestructuras críticas y la diversificación de proveedores de materias primas esenciales.

En el ámbito digital, el documento exige respuestas más rápidas de las plataformas para combatir la interferencia electoral impulsada por bots, la obligación de etiquetar el contenido sintético o generado por inteligencia artificial (IA), y la exposición de campañas encubiertas que explotan la IA generativa. Adicionalmente, el paquete aboga por la protección de la libertad de prensa mediante financiamiento a largo plazo, la prohibición de software espía ilegal y la instauración del 24 de febrero —aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania— como el “Día de la Preparación Europea”, acompañado de manuales impresos de contingencia para los hogares y una aplicación comunitaria de alertas de crisis.

El viraje hacia la zona gris

La determinación de las autoridades europeas por implementar este blindaje democrático responde de forma directa a un cambio de escenario en el frente militar convencional. Evaluaciones estratégicas recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indican que el ritmo de avance de las tropas rusas en Ucrania se ha desplomado a menos de 5 kilómetros cuadrados diarios en lo que va de 2026, atrapado en un déficit crónico de reclutamiento y pérdidas materiales que comprometen su sostenibilidad financiera.

Ante la “perspectiva real de una derrota” en una campaña convencional estancada —según los análisis del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO)—, el Kremlin ha decidido trasladar el peso del conflicto de manera sistémica hacia la “zona gris”. Al verse limitado en el campo de batalla terrestre, Moscú intensifica sus tácticas asimétricas dentro de las fronteras de la Unión Europea. La estrategia de Vladímir Putin se desplaza así hacia la desestabilización interna, recurriendo a ciberataques, sabotajes y operaciones informáticas orientadas a explotar las vulnerabilidades sociales y fracturar la cohesión del bloque, que paralelamente ha consolidado su autonomía militar mediante un paquete de asistencia de 90.000 millones de euros para Kiev.

“La manipulación de información extranjera y la interferencia híbrida son cada vez más sofisticadas y coordinadas”, afirmó el eurodiputado sueco Tomas Tobé, ponente del informe. “Ningún Estado miembro puede contrarrestar esto eficazmente solo. Por eso el informe exige una agenda de reformas prácticas centrada en mayores capacidades operativas”. El Parlamento en su conjunto someterá el texto a votación definitiva durante la sesión plenaria de septiembre.

Un cambio de paradigma fundamental está redibujando la postura de los líderes europeos frente a la guerra en Ucrania. Tras más de cuatro años de conflicto, las evaluaciones estratégicas y los datos recientes de inteligencia militar e instituciones internacionales coinciden en un diagnóstico: Rusia se encamina hacia una derrota estratégica inevitable y un escenario de insostenibilidad militar y económica. Esto está impulsando a las capitales de la Unión Europea a coordinar estrategias de contención de forma autónoma, al tiempo que blindan sus instituciones frente a las represalias asimétricas del Kremlin.

La percepción de que el conflicto ha dejado de ser un empate estancado para convertirse en una progresiva degradación del poder de Moscú cobró fuerza tras los últimos análisis de seguridad estratégica publicados en el continente. Este giro coincide con una menor dependencia del paraguas de seguridad de Washington, motivada por la concentración de la atención estadounidense en Oriente Medio durante los últimos dieciocho meses.

Con una estrategia dual —que combina la preparación ante el declive de la campaña convencional rusa con un blindaje interno sistémico—, Europa busca consolidar un rol de liderazgo inédito en casi un siglo, asumiendo la gestión directa de la seguridad en su flanco oriental.

Retroceso en el frente y desgaste económico

De acuerdo con los últimos reportes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la sostenida campaña de ataques de rango intermedio por parte de Ucrania y el despliegue de drones avanzados han provocado una caída drástica en la capacidad de maniobra de las fuerzas del Kremlin. Los datos de control territorial indican que el ritmo de avance diario de las tropas rusas se desplomó de un promedio de 13,2 kilómetros cuadrados por día en 2025 a menos de 5 kilómetros cuadrados diarios en lo que va de 2026.

A este freno geográfico se suma una crisis de personal en las filas rusas. Los informes de inteligencia occidental recopilados por el ISW señalan que las tasas de bajas mensuales de Rusia superan sistemáticamente a sus índices de reclutamiento desde diciembre pasado, consolidando un déficit que el Kremlin no ha logrado revertir y que desgasta su frente interno. Según estimaciones del Estado Mayor ucraniano citadas por analistas, Rusia registró más de 160.000 muertos o heridos graves en 2026. El reclutamiento ruso cayó cerca de 20% en el primer trimestre y, en mayo, Ucrania registró una ganancia neta de territorio por segundo mes consecutivo.

Los problemas en el frente impactan directamente en la economía rusa. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publicó en mayo un informe que describe la guerra como económicamente insostenible en su curso actual. El informe señaló la escasez de mano de obra como la principal restricción rusa. En la misma tónica, Michael Kofman, del Carnegie Endowment, afirmó que Ucrania está “objetivamente en mejor posición” y que el tiempo juega cada vez menos a favor de Rusia.

Este escenario de desgaste militar y económico ha dado paso a lo que los analistas denominan una nueva confianza geopolítica en Europa. En un balance publicado por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), los investigadores señalan que “la acumulación de reveses en las políticas económica, de defensa y exterior de Rusia esta primavera está cambiando el patrón de la guerra hacia la perspectiva real de una derrota”.

Según el PRIO, esta evolución ha permitido a las potencias del continente —lideradas por el eje de París, Berlín y Londres— delinear iniciativas de seguridad propias (como el marco del “Plan de Londres”) para gestionar los riesgos futuros de la región, marcando distancia de los intentos de negociación bilaterales entre Rusia y Estados Unidos tras la pasada cumbre de Alaska.

Para sostener esta autonomía, la Unión Europea formalizó recientemente un paquete de asistencia de 90.000 millones de euros, blindando el financiamiento de la administración ucraniana y garantizando que dos tercios de los fondos se destinen a armamento avanzado para asegurar la sostenibilidad de Kiev a largo plazo.

En paralelo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ordenó abrir un canal diplomático con Moscú y su jefe de gabinete mantuvo llamadas con un asesor de Putin. Costa dijo que la UE no busca mediar, sino transmitir su propia posición. Con el respaldo del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Bruselas busca asegurar que cualquier canal táctico de comunicación con Moscú responda a condiciones planteadas desde una posición de fuerza europea.

El Escudo Democrático frente a la guerra híbrida

Sin embargo, a medida que las opciones convencionales del Kremlin se reducen en el campo de batalla, las autoridades europeas advierten que la presión se trasladará por completo a la “zona gris” mediante tácticas asimétricas. Este martes, la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia del Parlamento Europeo aprobó un informe clave que califica formalmente a Rusia como la “principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa”.

El documento, adoptado por 20 votos a favor y 9 en contra, exige un cambio radical hacia un marco de “disuasión activa” contra campañas de interferencia extranjera, manipulación informativa y ciberataques dirigidos a fracturar la cohesión social del bloque.

El eurodiputado sueco Tomas Tobé, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y ponente del informe, advirtió explícitamente tras la votación en Bruselas que “ningún Estado miembro puede hacer frente a esta amenaza de manera eficaz por sí solo”. Tobé urgió a implementar una agenda de reformas prácticas orientada al “refuerzo de las capacidades operativas, una mayor rendición de cuentas y una mejor preparación” colectiva.

Las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo también advierten contra los peligros de intentar normalizar los lazos con Moscú ignorando sus objetivos imperiales, y extienden las alertas a la infraestructura tecnológica global. El informe subraya la necesidad de reducir la dependencia de software y componentes provistos por terceros países de alto riesgo, apuntando específicamente a China ante posibles vulnerabilidades que permitan la transmisión de datos sensibles o el control remoto de redes estratégicas.

Hace diez años, Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum que forja identidades políticas hasta el día de hoy y que hizo añicos un proyecto de medio siglo para acercarse al continente.

El Brexit, abreviatura de “British exit” (salida británica), se hizo realidad el 23 de junio de 2016, cuando el 52% —o más de 17 millones de personas— votó por salir de la UE. Aunque el margen fue estrecho, la votación provocó la sacudida más dramática de la economía y la sociedad del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero, como en cualquier divorcio, el papeleo y el proceso para completar la ruptura no fueron rápidos: tardó casi cinco años.

El Brexit nació de una creciente sensación de frustración no solo con la UE, sino también por la crisis financiera mundial de 2008. Sus partidarios supieron aprovechar esa frustración y sostuvieron que Reino Unido, por sí solo, se revitalizaría y podría centrarse únicamente en prioridades internas.

Los opositores advirtieron que el Brexit conduciría a una disrupción económica y que ponía en riesgo la posición del país en el mundo.

Una década después, así está el Brexit.

El Brexit trajo una dura realidad económica

Los defensores del Brexit —conocidos comúnmente como “brexiters”— presentaron una visión según la cual la economía británica podría prosperar fuera de la UE aprovechando el espíritu bucanero que en su día la convirtió en la mayor del mundo.

Aunque la pandemia del COVID-19 y las guerras en Ucrania y, más recientemente, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no han ayudado, está claro que la economía británica no se ha revitalizado.

Los comerciantes se han quejado de los obstáculos que ahora deben superar para comerciar con sus vecinos europeos, ya que la UE de 27 países sigue siendo, con diferencia, el mayor socio comercial de Reino Unido.

Y aunque no se imponen aranceles a los productos británicos que entran en la UE, existe una batería de barreras no arancelarias, como engorrosos trámites aduaneros, certificaciones fronterizas y restricciones de visado. Muchos de los acuerdos comerciales que los brexiters promocionaron, en especial uno con Estados Unidos, no se han materializado.

Los expertos señalan que la economía británica es entre un 4% y un 8% más pequeña de lo que habría sido si el país hubiera votado por permanecer en la UE. Eso se traduciría en niveles de vida mucho más altos y en miles de millones adicionales destinados a servicios públicos, incluido el apreciado Servicio Nacional de Salud, al que los promotores del Brexit prometieron 350 millones de libras (468 millones de dólares) extra a la semana. Ese compromiso estaba estampado en su gran autobús rojo de campaña.

“El Brexit ha hecho que la economía del Reino Unido sea más pequeña de lo que habría sido de otro modo”, afirmó Jonathan Portes, profesor del King’s College London.

“El efecto no ha sido un colapso repentino, sino un lastre gradual y acumulativo sobre el comercio, la inversión y la productividad”, escribió en un artículo para el centro de estudios The UK in a Changing Europe.

Los brexiters sostienen, sin embargo, que salir de la UE no es algo que pueda evaluarse a corto plazo: siempre iba a haber una disrupción económica en el corto plazo a cambio de un mayor control sobre una serie de palancas de política pública, incluida la migración.

El alboroto por la inmigración va en aumento

El Brexit puso fin a la libre circulación entre el Reino Unido y la UE, pero asegurar la frontera británica ha tenido resultados dispares. Controlar la inmigración fue una promesa clave de los Brexiters, y su mensaje de recuperar el control caló entre los votantes.

Aunque la migración neta —la diferencia entre quienes entran al Reino Unido y quienes salen en un año determinado, procedentes de Europa— se ha desplomado, se ha disparado desde países no pertenecientes a la UE. Eso se debe en parte a cambios en las normas de visado que el anterior gobierno conservador introdujo para ayudar a sectores que necesitaban desesperadamente mano de obra migrante, como trabajadores para cuidar a los ancianos.

En general, sin embargo, hay señales de que el gobierno está logrando controlar quién puede y quién no puede entrar legalmente al país. La migración neta ha caído con fuerza, de más de 900.000 en 2023 a 171.000 el año pasado.

Aunque la migración neta ha bajado, muchos están indignados por los migrantes que entran al país de forma ilegal, y en concreto, por la imagen de personas, a menudo huyendo de zonas de guerra como Afganistán y Sudán, que llegan a las costas británicas en botes inflables tras realizar el peligroso trayecto a través del Canal de la Mancha.

El alboroto por el número de cruces en pequeñas embarcaciones, que alcanzó un máximo de 46.000 personas en 2022 y llegó a 41.000 el año pasado, se ha convertido en uno de los principales temas políticos pese a representar una fracción de la migración total. La ira se ha centrado en los solicitantes de asilo, que a menudo son alojados con cargo a fondos públicos. Turbas fuera de control han protestado frente a algunos hoteles e incluso han intentado prender fuego a algunos de los edificios que alojan a solicitantes de asilo.

Los votantes han expresado arrepentimiento

En los años transcurridos desde el Brexit, el panorama político británico se ha fracturado, con un descenso del apoyo a los dos partidos que dominaron durante mucho tiempo, los Conservadores y el Partido Laborista. Los Conservadores fueron desalojados en 2024 tras 14 años en el poder, gran parte de ellos dominados por disputas sobre las relaciones entre el Reino Unido y Europa.

El gobierno laborista tampoco ha impresionado y el primer ministro Keir Starmer parece que anunciará su renuncia muy pronto.

Millones de votantes se sienten atraídos por Reform UK, liderado por Nigel Farage, quien quizá más que cualquier otro político hizo campaña por el Brexit. Su partido ha encabezado casi todas las encuestas de opinión durante más de un año.

Al mismo tiempo, crece la sensación en el país de que el Brexit ha fracasado.

Según dos encuestas de Ipsos, el 52% de las personas en el Reino Unido quisiera volver a unirse a la UE, mientras que el 33% está en contra. La encuestadora también halló que el 48% cree que el Brexit va peor de lo esperado, frente a apenas el 9% que piensa que va mejor. Además, Ipsos encontró que el 48% respaldaría hoy otro referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE, frente al 27% que se opone a uno.

Un reinicio sería complicado

En este contexto, el Partido Laborista ha caminado por la cuerda floja desde que fue elegido en 2024. Tras descartar explícitamente revertir el Brexit —o incluso volver a unirse al mercado único sin fricciones de la UE—, no dispone de mucho margen político para maniobrar.

Starmer ha buscado un “reinicio” de los lazos tras la desconfianza acumulada durante años de negociaciones del Brexit, centradas en gran medida en facilitar el comercio. Espera anunciar nuevas medidas en una cumbre con la UE el próximo mes, siempre que siga siendo primer ministro.

Su sucesor más probable, Andy Burnham, moderó su lenguaje sobre que el Reino Unido vuelva a unirse a la UE mientras hacía campaña durante el último mes, antes de su victoria en una elección especial el jueves, en la que rechazó un desafío de Reformar Reino Unido en un escaño que respaldó abrumadoramente el Brexit.

“Yo no propongo que el Reino Unido considere volver a unirse a la UE”, afirmó Burnham. “Respeto la decisión que se tomó en el referéndum y va a socavar todo lo que he dicho sobre fortalecer la democracia si no respetamos ese voto”.

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Durante la cumbre entre los líderes de la Unión Europea (UE) del jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que el futuro del continente está definiéndose a partir de la defensa ucraniana a la invasión rusa y propuso que la mejor garantía de seguridad para el bloque sería otorgar a Kiev una membresía acelerada.

“El futuro de Europa —libre, unida y, por supuesto, en paz— se está decidiendo en nuestra defensa. Eso demuestra lo singular que es nuestra situación”, expresó Zelensky en extractos de su discurso publicados en X.

El mandatario ucraniano comunicó a los Estados miembros que Ucrania busca que la guerra contra Rusia finalice antes del invierno y pidió apoyo para preparar otro periodo frío con misiles de defensa aérea y combustible. “Ucrania se lo merece porque ha pagado más que ningún otro país por su derecho a ser libre, independiente y... europea”, sostuvo.

Durante la misma jornada, ataques aéreos ucranianos alcanzaron objetivos en territorio ruso, incluida una refinería de petróleo en Moscú, en el marco de una campaña de largo alcance que el presidente ucraniano expuso como muestra de la capacidad militar del país durante encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump y otros líderes del G7 en Francia.

En su mensaje a los líderes de la UE, Zelensky reconoció que no todos los miembros respaldan una adhesión acelerada. Hungría exigió retirar ese lenguaje de la declaración final del Consejo Europeo tras la cumbre. “El paso más importante en este sentido —sé que no a todos les gusta— podría ser una vía rápida para que Ucrania se adhiera a la UE”, planteó.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE optaron por moderar las expectativas respecto a una incorporación acelerada de Ucrania al bloque, a pesar del respaldo político y militar reiterado durante la cumbre. En el documento consensuado tras varias horas de debate, los mandatarios señalaron que el proceso de ampliación seguirá sujeto al criterio de méritos concretos y a las reformas implementadas por cada aspirante, lo que aleja la posibilidad de avances inmediatos en la adhesión ucraniana.

El texto final de la cumbre estableció que la continuidad de las negociaciones con Ucrania dependerá del progreso demostrado en las áreas definidas por la Unión Europea y del cumplimiento de reformas verificables, sin fijar un calendario para una eventual aceleración.

Por otra parte, Zelensky insistió, en la cumbre frente a sus pares, en que Ucrania desea terminar la guerra este año y apuesta por una solución diplomática, aunque advirtió sobre las dificultades en la interlocución con Rusia. “Putin es la guerra”, declaró. El presidente ucraniano sostuvo que el país necesitará gas, diésel, equipos energéticos y al menos 300 misiles si el conflicto persiste, y reclamó el desembolso de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz.

El mandatario pidió a Europa mantenerse firme en las sanciones hacia el Kremlin, avanzar en la confiscación de activos y asegurar la financiación de su país. También alertó a la población ucraniana a prepararse para un posible aumento de ataques rusos. “Por favor, utilicen los refugios, se lo ruego”, solicitó.

Tras un ataque ucraniano con drones a una refinería en Moscú en la mañana del jueves, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú llevará a cabo “ataques masivos y coordinados de forma regular” contra Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó durante la cumbre que las fuerzas ucranianas recuperaron terreno frente a las tropas rusas en varios puntos del frente. Esa dinámica reforzó el respaldo del bloque, pero no modificó la cautela respecto de los tiempos del proceso de adhesión. Zelensky agradeció el apoyo europeo y expresó su deseo de avanzar en la apertura de los capítulos restantes durante el verano, aunque la declaración final no recogió esa urgencia.

(Con información de Reuters)

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron el jueves que el bloque debe fortalecer sus medidas de defensa comercial para contener el incremento de las exportaciones de China, manteniendo al mismo tiempo la búsqueda de un “diálogo constructivo” con Beijing. El consenso se consolidó durante una reunión en Bruselas, donde las autoridades europeas expresaron su preocupación por la creciente dependencia de la región respecto al gigante asiático y el impacto sobre las cadenas de suministro.

El año pasado, el déficit comercial de bienes de la UE, integrada por 27 países, alcanzó los 360.000 millones de euros (unos USD 413.000 millones), reflejando que las exportaciones chinas superaron ampliamente a las del bloque europeo.

Durante una cena celebrada en la capital belga, los líderes discutieron estrategias para abordar este desequilibrio y la posibilidad de reforzar los mecanismos comerciales existentes.

Tras las conversaciones, un funcionario de la UE informó que los dirigentes encargaron a la Comisión Europea continuar el “diálogo constructivo” con los principales socios económicos, sin mencionar de manera explícita a China.

Además, solicitaron al órgano ejecutivo que “desarrolle y, en su momento, complemente el conjunto de herramientas en el ámbito de la defensa comercial” y garantice que el bloque cuente con “todos los instrumentos que necesita para defender sus intereses y reducir riesgos”.

El funcionario no detalló cómo serían los nuevos mecanismos. Aunque las capitales europeas coinciden en el diagnóstico sobre la dependencia comercial, existen diferencias respecto a las soluciones, y varios mandatarios plantearon la importancia de priorizar el diálogo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adoptó una postura conciliadora antes de la cena. “Necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y necesitamos tender puentes tanto con grandes economías, potenciales aliados como es China, o con tradicionales aliados como es el caso de Estados Unidos”, declaró Sánchez a los periodistas.

Francia encabeza el grupo de países de la Unión Europea (UE) que solicita una respuesta más firme frente a las prácticas comerciales de China y presentó una propuesta para crear una “nueva herramienta de resistencia”. El mecanismo permitiría aumentar aranceles o imponer cuotas cuando el suministro de productos a Europa esté excesivamente concentrado en un solo país, al superar un determinado umbral.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, al llegar a la cumbre en Bruselas, destacó: “El poder económico de China es grande y a veces también supone un obstáculo para los europeos. Hay que pensar muy bien cómo proteger nuestra economía, pero sobre todo cómo conseguir que las empresas europeas sean más competitivas, para que puedan hacer frente a esa batalla económica con China”.

Jetten advirtió sobre la posibilidad de represalias por parte de Beijng y señaló: “No debemos ser ingenuos, vivimos en un mundo en el que los distintos bloques están mucho más dispuestos a adoptar medidas comerciales entre sí”, aunque remarcó la importancia de no adoptar únicamente una visión de corto plazo.

El jefe de gobierno neerlandés, cuyo país sostuvo el año pasado un conflicto con China por el control de la empresa de semiconductores Nexperia, enfatizó la necesidad de actuar “de manera inteligente”. “A fin de cuentas, Europa y China también se necesitan mutuamente en muchos ámbitos”, concluyó.

Alemania, cuyo sector industrial depende en gran medida de la economía china, se mantiene en una posición más cautelosa dentro del debate europeo sobre medidas comerciales frente a Beijung. Sin embargo, el canciller Friedrich Merz mostró un cambio progresivo en su enfoque.

Aunque Merz no se refirió al tema al llegar a la cumbre de Bruselas, sí lo abordó el día anterior durante la reunión del G7. Allí denunció que “China mantiene una divisa infravalorada en una magnitud de entre un 25 y un 30% con respecto a otros espacios económicos”, lo que genera “una desventaja masiva” que debe ser discutida.

(Con información de EFE)

Los ministros de Defensa de los 32 países miembros de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre de la Alianza prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, en medio de un proceso de reorganización estratégica que contempla una reducción de las capacidades convencionales que Estados Unidos mantiene asignadas a la defensa europea.

Washington informó a sus aliados que reasignará parte de sus recursos militares a otras regiones, especialmente al Indo-Pacífico, lo que reducirá su contribución al denominado Modelo de Fuerzas de la OTAN, el mecanismo que determina qué efectivos y capacidades estarán disponibles en caso de crisis o conflicto.

El cambio forma parte de una estrategia que ya había sido anticipada por autoridades estadounidenses. Durante una reunión ministerial celebrada en febrero, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, planteó la idea de una “OTAN 3.0”, basada en un mayor reparto de responsabilidades y en una menor dependencia europea de la protección militar estadounidense.

Fuentes aliadas indicaron que varios países europeos, entre ellos España, Alemania y Países Bajos, ya trabajan para cubrir parte de las capacidades que dejará de aportar Washington. Las mismas fuentes subrayaron que este proceso no equivale a una retirada de tropas estadounidenses del continente.

Según explicaron, el reajuste afectará principalmente a capacidades convencionales y se ejecutará de manera gradual. En cambio, el paraguas nuclear estadounidense sobre Europa permanecerá intacto.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió la decisión estadounidense y sostuvo que refleja la evolución de la Alianza. “Es completamente lógico que los europeos asuman una mayor parte de la carga”, afirmó.

Rutte consideró positivo que los aliados europeos compartan de forma más equilibrada las responsabilidades de seguridad. “Es algo peculiar que sigamos necesitando tanta ayuda de otro país, a ocho horas de vuelo de aquí, con 350 millones de personas, para defendernos contra 140 millones”, señaló.

El dirigente neerlandés sostuvo además que Europa y Canadá están “dispuestos, preparados y capacitados para hacer más” y explicó que el reajuste estadounidense responde precisamente a esa nueva realidad.

“No se trata de dónde están actualmente las fuerzas y los medios, sino de quién haría qué si se activaran nuestros planes de defensa”, indicó.

Rutte insistió en que “Estados Unidos ha dejado claro que está comprometido con la OTAN” y recordó que Washington mantendrá sus compromisos nucleares con la Alianza.

La reunión ministerial comenzará con una sesión del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN y continuará con un encuentro del Consejo del Atlántico Norte para revisar los preparativos de la cumbre de Ankara.

Entre los asuntos centrales figura la evaluación de los objetivos de capacidades militares de los Estados miembros y el seguimiento del compromiso adoptado por los aliados para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035. Ese objetivo contempla que un 3,5% del PIB se destine a inversión militar directa y otro 1,5% a gastos relacionados con la defensa.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, llegará a Bruselas con un mensaje centrado en la necesidad de que los aliados europeos asuman “la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente europeo”, según informó el Pentágono.

Rutte destacó que durante 2025 los aliados europeos y Canadá incrementaron su inversión básica en defensa en más de 90.000 millones de dólares, lo que representa un aumento cercano al 20% en un año.

La reunión también estará marcada por la situación internacional. Los ministros analizarán el apoyo a Ucrania en una sesión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, copresidido por Alemania y el Reino Unido e integrado por cerca de 60 países.

La coalición se comprometió en febrero a movilizar 30.000 millones de euros para Kiev antes de finales de año. A mediados de abril ya había reunido 21.000 millones de euros.

Fuentes aliadas señalaron que la cumbre de Ankara podría incluir un compromiso anual de entre 60.000 y 70.000 millones de euros para Ucrania, incluyendo recursos vinculados al préstamo europeo destinado al gasto militar ucraniano.

Rutte afirmó que Estados Unidos seguirá proporcionando asistencia relevante a Kiev. “EUUU no va a aportar dinero pero sigue proporcionando ayuda esencial”, indicó al referirse a sistemas de defensa aérea fabricados por empresas estadounidenses y adquiridos por aliados europeos y Canadá para su posterior entrega a Ucrania.

La situación en Medio Oriente también figura en la agenda. La reunión se celebra en la víspera de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

Rutte sostuvo que el acuerdo abre una oportunidad para que Irán “nunca consiga un arma nuclear” y destacó las iniciativas impulsadas por Francia y el Reino Unido para facilitar la normalización del tránsito marítimo en la zona.

(Con información de EFE y EP)

La Comisión Europea (CE) ha lanzado un mensaje claro al sector financiero: Europa necesita bancos más grandes y fuertes para competir en un escenario global cada vez más exigente. Así lo ha comunicado la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, que ha defendido las fusiones transfronterizas entre grandes entidades europeas como una vía para acelerar la integración de los mercados de capitales y reforzar la autonomía económica de la Unión.

Durante su intervención en el Foro Europeo de Competencia celebrado en Bruselas, la exministra española aseguró que la creación de un mercado financiero verdaderamente integrado es una de las tareas más urgentes para mejorar la competitividad europea y financiar los desafíos de las próximas décadas.

Según Ribera, unos mercados de capitales más profundos permitirían movilizar el ahorro europeo, facilitar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras y reducir la dependencia de fuentes de capital externas.

“Somos buenos inventando y tímidos a la hora de crecer”

La vicepresidenta comunitaria advirtió de que Europa no tiene un problema de talento o innovación, sino de capacidad para transformar sus ideas en grandes proyectos empresariales capaces de competir a escala global.

“Somos buenos inventando, pero somos tímidos a la hora de crecer”, resumió Teresa Ribera, que atribuyó esta situación a la fragmentación del mercado único europeo más que a una falta de competencia, según recoge Europa Press.

En este sentido, insistió en que las empresas europeas difícilmente podrán rivalizar con gigantes estadounidenses o asiáticos mientras sigan operando en un mercado fragmentado. A su juicio, la escala empresarial depende tanto del tamaño de las compañías como del tamaño del mercado en el que desarrollan su actividad.

Un cambio en las reglas de las fusiones

Teresa Ribera también justificó la revisión que Bruselas está llevando a cabo sobre las normas que regulan las fusiones empresariales. Según explicó, el objetivo no es suavizar los controles sobre la concentración económica, sino adaptar los criterios de análisis a una realidad económica muy diferente a la de hace dos décadas.

Defendió una visión más amplia de las operaciones corporativas, incorporando factores como la innovación, la resiliencia, la capacidad de inversión o las ganancias de eficiencia.

Este enfoque resulta especialmente relevante en sectores estratégicos para la autonomía europea, como las telecomunicaciones, los servicios en la nube, la inteligencia artificial o las infraestructuras satelitales.

La soberanía tecnológica entra en juego

Más allá del sector financiero, Ribera vinculó la necesidad de integración económica con el reto de la soberanía tecnológica europea. La vicepresidenta de la CE alertó sobre la creciente concentración de poder tecnológico e informativo en manos de un reducido número de grandes compañías globales.

A su juicio, esta situación no solo afecta a la competencia económica, sino también a cuestiones relacionadas con la democracia, la cohesión social y la seguridad estratégica de la Unión Europea.

“Europa no puede seguir siendo próspera si se vuelve tecnológicamente dependiente”, advirtió. A su juicio, el control externo de tecnologías críticas puede comprometer la capacidad de decisión y la soberanía del continente.

El desafío de construir gigantes europeos

La Comisión Europea considera que la integración de los mercados financieros y digitales será determinante para que Europa mantenga su peso económico en las próximas décadas.

Por ello, Bruselas apuesta por combinar la política de competencia, la innovación, la estrategia industrial y el mercado único dentro de una misma hoja de ruta.

Teresa Ribera defendió además la aplicación estricta de la normativa europea de mercados digitales para garantizar que los nuevos actores puedan competir en igualdad de condiciones y evitar que los líderes tecnológicos actuales condicionen el futuro de la innovación.

En el actual contexto internacional, Europa quiere reducir su dependencia económica y tecnológica del exterior y para lograrlo está dispuesta a replantear algunas de las reglas que durante años han limitado la creación de grandes grupos empresariales y financieros capaces de competir a escala global.

Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea llamaron este martes en la cumbre del G7 a “redoblar” el apoyo a Ucrania en paralelo a los cambios que se han producido con respecto al año precedente, en particular los avances de ese país en la línea de frente, y el creciente cansancio de Rusia en la guerra.

“La situación está cambiando para Ucrania. El panorama en 2026 es muy diferente al de 2025. Ucrania defiende valientemente la línea del frente. El cansancio de Rusia es evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo”, dijo a través de X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hoy asiste a la reunión.

La política alemana recordó que, en el marco de la asistencia europea a Kiev, se va a producir el “primer desembolso del préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros” y que además habrá “un paquete de ayuda invernal para apoyar a Ucrania más adelante este año”.

Además, subrayó que el Grupo de los siete “respalda una Ucrania fuerte y soberana”.

Por su parte, el presidente del Consejo europeo, António Costa, consideró que un G7 “unido y decidido” es “esencial para llevar la guerra a su final y lograr una paz justa y duradera”.

El político portugués valoró, por otro lado, el “paso histórico” que se está dando hacia el futuro de Ucrania en la UE, con la apertura este lunes de las negociaciones formales de adhesión.

Los Veintisiete abrieron formalmente el lunes el primer clúster (bloque de capítulos) de las negociaciones con Ucrania con vistas a su adhesión.

Este primer clúster abarca el Estado de derecho, el poder judicial, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, y actúa como eje central de todo el proceso de adhesión.

Los Estados miembros trasladaron asimismo a Kiev su lista de reformas pendientes: una judicatura independiente, una contratación pública transparente y salvaguardias más sólidas contra la corrupción y el crimen organizado.

Por otra parte, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario dijo que en Évian felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “su acuerdo en Irán”.

“Ambos estamos de acuerdo en que debería significar definitivamente el final del programa nuclear iraní”, indicó.

Asimismo, dijo que el estrecho de Ormuz reabrirá y que los precios del crudo “están cayendo”, lo que a su juicio demuestra los frutos que da la democracia.

(Con información de EFE)

El Parlamento Europeo prevé aprobar este martes el acuerdo arancelario alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, en lo que representa el último gran paso político para poner en marcha un pacto comercial destinado a reducir las tensiones entre ambos socios y evitar nuevas medidas proteccionistas de Washington.

El acuerdo fue cerrado en julio del año pasado entre Bruselas y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. El entendimiento establece aranceles del 15% para la mayoría de los productos exportados por la Unión Europea al mercado estadounidense, mientras que el bloque europeo aceptó aplicar aranceles cero a los bienes procedentes de Estados Unidos.

Aunque los gobiernos de los Estados miembros ya dieron su respaldo al texto, la votación en la Eurocámara constituye la última instancia política relevante antes de su implementación. La aprobación permitiría además que la Unión Europea cumpla con el plazo fijado por Trump para el 4 de julio y reduzca el riesgo de nuevas tarifas sobre los vehículos europeos.

Las principales fuerzas políticas del Parlamento Europeo anticiparon su apoyo al acuerdo. Entre ellas figura el Partido Popular Europeo (PPE), la bancada más numerosa de la cámara y a la que pertenece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Tras la votación parlamentaria, el pacto aún requerirá algunos procedimientos formales, entre ellos la ratificación definitiva por parte de los Estados miembros y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de entrar en vigor.

Durante la negociación parlamentaria, los eurodiputados incorporaron varias cláusulas de protección destinadas a reforzar la posición europea. Una de ellas fija una fecha de expiración para el acuerdo a finales de 2029, salvo que ambas partes decidan renovarlo.

Otra disposición otorga a la Comisión Europea la facultad de suspender el pacto si Estados Unidos incumple sus compromisos o adopta medidas que alteren significativamente el comercio y la inversión entre ambas economías.

El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, destacó la postura adoptada por la institución durante el proceso de revisión del texto. “El Parlamento Europeo dejó muy claro que realmente no aceptaremos ningún acuerdo procedente de Estados Unidos sin defender nuestros intereses europeos”, afirmó Lange la semana pasada.

Por su parte, el eurodiputado socialdemócrata Brando Benifei sostuvo que Bruselas debe actuar con mayor firmeza frente a Washington. Según expresó, la Unión Europea necesita “dejar de ser débil” y “ser firme” en sus relaciones con Estados Unidos, después de que el Parlamento introdujera cambios para reforzar las capacidades de actuación del bloque.

El acuerdo llega después de un período de fuertes tensiones comerciales. Tras regresar a la Casa Blanca el año pasado, Trump impulsó una amplia política arancelaria que afectó a distintos sectores, entre ellos el acero, el aluminio y la industria automotriz.

Ante ese escenario, Von der Leyen promovió negociaciones con Washington para alcanzar un entendimiento que limitara el impacto de las medidas comerciales y preservara una relación económica considerada estratégica para ambas partes. El intercambio comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ronda los dos billones de dólares.

Dentro del PPE, varios dirigentes sostienen que la aprobación del acuerdo aportará previsibilidad a las empresas europeas después de un período marcado por la incertidumbre. El portavoz de Comercio Internacional del grupo, Jorgen Warborn, afirmó que el pacto “sigue siendo la opción más viable sobre la mesa y el mejor resultado disponible para las empresas de la Unión Europea”.

También el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), ubicado en la derecha del espectro político, anunció que respaldará la iniciativa. El portavoz de esa bancada, Michael Strauss, señaló que “en un momento de incertidumbre global, mantener estable la economía transatlántica es simplemente algo bueno para Europa”.

Sin embargo, el acuerdo enfrenta críticas dentro del Parlamento. Legisladores de los Verdes, de la Izquierda y algunos sectores centristas consideran que la Unión Europea cedió demasiado terreno en las negociaciones y no protegió adecuadamente sus intereses comerciales frente a Estados Unidos.

A pesar de esas objeciones, el respaldo de los principales grupos políticos permite anticipar una aprobación sin mayores sobresaltos, lo que acercará la entrada en vigor de un acuerdo que busca cerrar uno de los capítulos más tensos de la relación comercial transatlántica en los últimos años.

(Con información de AFP)

Cientos de mujeres se movilizaron en Quito, capital de Ecuador, para exigir justicia por Nathaly Mafla, estudiante universitaria de 20 años, y Monika Silva, activista de origen polaco radicada en la provincia de Santa Elena, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en los últimos días. Desde las cinco de la tarde del miércoles, decenas de personas comenzaron a reunirse en un memorial adornado con fotografías, dibujos, flores y velas, donde encendieron una llama en honor a las víctimas y entonaron consignas y canciones feministas.

“Más que celebrar, lo que buscamos es recordar y levantar la voz al respecto”, explicó Anahí Ganan, integrante del colectivo Tremendas Ecuador, una de las organizaciones convocantes. La activista señaló en diálogo con EFE que la iniciativa surgió tras la muerte de Mafla y Silva, y remarcó que estos hechos forman parte de un problema estructural que afecta a las mujeres en todo el país.

Por su parte, Amy Soto, referente de la Fundación Ciudadanas del Mundo, sostuvo que la movilización buscaba también denunciar la falta de protección y garantías para las mujeres en Ecuador. “Nos hemos dado cuenta de que el Estado y su ineficacia no nos están cuidando, que en la sociedad existen muy pocas garantías de protección y seguridad para las niñas, adolescentes y mujeres”, afirmó Soto.

La concentración creció con el paso de las horas y congregó a cientos de estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional, donde Mafla cursaba ingeniería. Los asistentes llevaron pancartas, carteles y banderas moradas, y muchas vistieron prendas de ese color. El acto estuvo marcado por consignas contra la violencia de género y pedidos de justicia, mientras algunas participantes rompieron en llanto durante la ceremonia.

Al cierre de la manifestación, los movilizados marcharon por calles cercanas y bloquearon momentáneamente el tránsito en una de las vías del sector, coreando lemas en defensa de los derechos de las mujeres.

Mafla, originaria de Tulcán, provincia de Carchi, fue vista por última vez el jueves 4 de junio. Su cuerpo fue hallado este lunes en una quebrada del norte de Quito. Silva, activista anticorrupción y presidenta de la Fundación La Integridad, era reconocida por denunciar presuntos casos de corrupción, venta irregular de tierras y redes de poder en Santa Elena. Fue hallada sin vida el lunes 8 de junio en su domicilio, mientras las autoridades continúan investigando el caso.

Según datos recopilados por organizaciones sociales, hasta abril se habían registrado unos 73 feminicidios en Ecuador en lo que va de 2026. “Lamentablemente sabemos que va a haber más”, declaró Ganan. Además, Soto resaltó que en el país hay más de 7.000 mujeres desaparecidas.

La UE pide investigar la muerte de activista polaca en Ecuador

La delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador solicitó el martes pasado a las autoridades locales una investigación “independiente” y “transparente” sobre la muerte de Silva. El lunes, la policía encontró el cuerpo de Silva con una lesión en el cuello en su vivienda del balneario de Montañita, provincia de Santa Elena.

Silva, madre de dos niñas, era reconocida por denunciar casos de corrupción en municipios de Santa Elena, principalmente vinculados con el tráfico de tierras y afectaciones medioambientales. Además, la activista exigía justicia por la muerte de un periodista comunitario de la provincia que investigaba episodios similares.

En un comunicado, la UE expresó “su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea y activista contra la corrupción Monika Silva”. El bloque instó a las autoridades ecuatorianas a realizar una investigación que sea “rápida, exhaustiva, independiente y transparente” para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Silva.

(Con información de EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará aprovechar su presencia como invitado en la próxima cumbre del G7 para concretar reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según informó este miércoles la cancillería brasileña.

El objetivo de estos encuentros sería revertir los aranceles a las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, que podrían alcanzar el 37,5%, así como las restricciones de la Unión Europea a la importación de carne y otros productos de origen animal.

La semana pasada, la administración de Trump propuso la aplicación de un arancel del 25% a las exportaciones de Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales, además de establecer un gravamen adicional del 12,5% para países que no combatan el trabajo forzoso en sus cadenas productivas. De concretarse, la tasa total de aranceles para Brasil se acercaría al 40% ya aplicado el año pasado y que luego fue revocado parcialmente.

Por su parte, la Unión Europea anunció el viernes pasado que a partir de septiembre impondrá restricciones a la importación de carne y productos de origen animal provenientes de Brasil, debido al uso de antimicrobianos prohibidos en el bloque. Estas medidas se suman a la presión internacional sobre las exportaciones brasileñas de origen agropecuario.

El embajador Philip Fox-Drummond Gough, secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, expresó: “El mensaje principal es que nos sorprendió la forma en que se adoptaron estas medidas y que nos generan preocupación”. La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa, de acuerdo con el reporte oficial.

El Gobierno de Brasil reaccionó duramente al anuncio de Washington y atribuyó la decisión a las gestiones del senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de octubre e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien mantuvo reuniones en la Casa Blanca poco antes de la imposición de los nuevos aranceles.

Lula da Silva también llevará a la cumbre del G7 en Evian, Francia, una agenda centrada en el multilateralismo y la demanda de una mayor contribución financiera de los países ricos ante emergencias globales. Aunque Brasil no cuenta con derecho a voto en el grupo, el mandatario intervendrá al menos tres veces en los actos oficiales durante el 16 y 17 de junio, defendiendo el peso económico y regional de su país.

De acuerdo con portavoces de la cancillería brasileña, entre los siete documentos que se debaten en la cumbre, dos podrían impactar de forma directa las posiciones del gobierno brasileño. Uno de los textos aborda las alianzas internacionales para el desarrollo y el financiamiento de la ayuda de emergencia, un rubro que experimentó una marcada reducción en los últimos años. Brasil plantea la necesidad de un aporte más significativo por parte de los países desarrollados, en contraste con las propuestas de recortes y mecanismos alternativos.

El segundo documento de interés para el gobierno trata el crecimiento económico equilibrado. En sus mensajes, Lula insistirá en la urgencia de reformar la gobernanza de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones Unidas, además de manifestar su rechazo a medidas unilaterales en economía impulsadas por la Casa Blanca.

Durante el almuerzo de trabajo del 17 de junio, Lula participará en un debate sobre inteligencia artificial y protección de menores en internet, un campo en el que Brasil se posiciona como referente tras la aprobación en marzo del Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia.

La diplomacia brasileña también busca contribuir a los textos sobre cooperación internacional en la lucha contra ciertos tipos de cáncer y el narcotráfico. Esta última cuestión adquirió mayor peso en la relación con Estados Unidos después de que dos organizaciones criminales brasileñas, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), fueran catalogadas como terroristas por Washington.

(Con información de EFE)

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, lo que crea un mercado de 300 millones de personas.

El acuerdo, firmado en septiembre en Río de Janeiro por los países miembros, involucra a ocho países con un PIB conjunto de 4,3 billones de dólares. Ahora queda pendiente la aprobación del Senado, paso necesario antes de que el Congreso brasileño lo promulgue.

La implementación del tratado depende de la ratificación parlamentaria en todos los países involucrados. Una vez en vigor, el Mercosur—integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—tendrá acuerdos de libre comercio con casi toda Europa.

Esto se debe a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo, aunque requiere todavía la aprobación del Parlamento Europeo, tras su firma en Asunción el 17 de enero.

El acuerdo con la EFTA abarca comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y solución de controversias. Además, incluye un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.

El tratado beneficiará a más del 97% de las exportaciones de ambos bloques.

Cuando el acuerdo entre en vigencia, la EFTA eliminará por completo los aranceles para importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del Mercosur. También se prevén descuentos, exenciones arancelarias inmediatas y cuotas específicas para productos que ingresarán sin pagar impuestos de importación, entre ellos algunos productos agrícolas clave para el Mercosur como café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino.

Por su parte, el Mercosur dispondrá de hasta 15 años para llevar a cabo un proceso escalonado de reducción arancelaria sobre las importaciones industriales procedentes de la EFTA.

Rusia cuestionó este martes la legitimidad de los comicios parlamentarios del domingo en Armenia, donde el partido pro occidental del primer ministro Nikol Pashinián obtuvo casi el 50% de los votos y se garantizó un gobierno en solitario. Moscú habló de “irregularidades” y se negó a felicitar al mandatario mientras aguarda los resultados definitivos, previstos para el 14 de junio.

“Hubo muchas cosas que no quedaron claras. Hemos visto muchos informes sobre irregularidades”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS. El vocero agregó que el Kremlin prefiere esperar a que “se emitan las estimaciones oficiales” antes de pronunciarse sobre la victoria del oficialista Contrato Civil.

Una derrota simbólica para el Kremlin

La reacción rusa siguió un guion reconocible. El lunes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, ya había denunciado una supuesta “presión sin precedentes” contra los grupos de oposición e injerencia de Occidente —en particular de la Unión Europea— durante la campaña y la jornada de votación. Moscú acusó a las autoridades armenias de ejercer una “dura represión” contra la oposición, incluida la Iglesia Apostólica Armenia, y de perseguir a los partidos que abogan por estrechar lazos con Rusia y reforzar la presencia del país en foros como la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Es que el resultado representa un revés para Moscú. Pashinián revalidó su mayoría absoluta a pesar de la presión diplomática rusa, las sanciones comerciales contra importaciones agrícolas armenias y el apoyo explícito del Kremlin a sectores de la oposición. Armenia, históricamente dentro de la órbita rusa, continúa su reorientación hacia Occidente.

Los números y las impugnaciones

Según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Central (CEC), Contrato Civil de Pashinián obtuvo el 49,82% de los votos, muy por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte —liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián—, que alcanzó el 23,28%. El bloque Armenia del ex presidente Robert Kocharián sumó el 9,94%.

Kocharián anunció que impugnará los resultados ante el Tribunal Constitucional. Según el ex mandatario, los comicios se desarrollaron “en medio de una fuerte presión por parte de las autoridades, detenciones de miembros de la oposición, un uso sin precedentes de los recursos administrativos e irregularidades electorales”. En paralelo, la CEC informó que revisará los votos emitidos en 86 colegios electorales, en parte a pedido del partido Armenia Próspera, al que le faltaron menos de un centenar de sufragios para superar el umbral del 4% y acceder a la Asamblea Nacional.

Los resultados definitivos se esperan para el 14 de junio.

Pashinián, firme en su rumbo occidental

Tras conocer los resultados, Pashinián prometió continuar el acercamiento a la Unión Europea e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue uno de los primeros en felicitarlo y reafirmó el compromiso de Washington con la implementación de la llamada “Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional” (TRIPP), el corredor de tránsito acordado en la Cumbre de Washington de agosto pasado que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y el presidente francés, Emmanuel Macron, también enviaron sus felicitaciones al primer ministro armenio.

Todos tenemos nuestras contradicciones. Que PP y Vox aplaudan durante siete minutos el discurso en defensa de la migración de León XIV es una. Este lunes el pontífice hizo en el Congreso de los Diputados su intervención más contundente: un discurso de media hora en el que cargó contra la visión de la derecha y la extrema derecha sobre el drama migratorio.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, afirmó el Pontífice. Pero este mensaje del papa no solo iba dirigido al hemiciclo español. Desde la tribuna, reclamó a toda Europa “una respuesta coordinada, solidaria y eficaz", capaz de garantizar la protección, acogida e integración “real” a quienes emigran. Una petición muy pertinente, ya que el seno de la UE está debatiendo si endurecer las políticas migratorias y de asilo.

La Europa de acogida que predicó Angela Merkel ha pasado a ser la Europa del cerrojazo, en el que las prisas por deportar prevalecen sobre la perspectiva humana. Este verano entrará en vigor el Pacto de Migración y Asilo, que supondrá un control más estricto a las personas que lleguen a las fronteras externas —en cuanto a la identificación, controles sanitarios y de seguridad— durante un máximo de siete días. La medida también recoge una “carta de solidaridad” que permite a los Estados eludir la acogida por una irrisoria cantidad de dinero: 20.000 euros por migrante.

Este mismo mes, el Parlamento Europeo aprobó acelerar la implementación de centros de deportación de migrantes externos fuera del territorio de la UE. Estos espacios podrán funcionar como destino final o como centros de transferencia para facilitar la expulsión hacia el país de origen u otro tercer país. Es una de las medidas estrella impulsadas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y que hace décadas sería impensable. La medida no ha estado exenta de polémica. Primero por las críticas de las asociaciones de derechos humanos; y después, por las dudas de los tribunales romanos, que cuestionaron las garantías de seguridad de las personas interceptadas en el mar. El debate acabó aterrizando a la UE y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lejos de cuestionarla, la llegó a calificar de “solución innovadora”.

Ocho países refuerzan sus fronteras

Y si no son devoluciones rápidas, los migrantes se encontrarán con barreras, vallas o muros que desde 2015 se han convertido en una tendencia generalizada. El último de los países en cerrar parcialmente sus fronteras fue Polonia, que introdujo en 2025 controles terrestres en su frontera con los países vecinos. Pero el Gobierno de Donald Tusk no ha sido el único: hasta ocho países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Noruega han ido implementando una serie de restricciones de movimiento en sus fronteras, a pesar de que el restablecimiento de controles debe ser una medida estrictamente temporal y excepcional.

Suiza, un país europeo que no forma parte de la UE pero sí del espacio Schengen, debate iniciativas draconianas como imponer un límite de población a 10 millones de habitantes. Esta medida, impulsada por el Partido Popular suizo, ya ha sido apodada como el Brexit suizo y se votará en referéndum el próximo 14 de junio. España, por su parte, se ha convertido en una voz discordante con la política del cierre de fronteras. Ejemplo de ello fue la reciente regularización extraordinaria de migrantes que afectó a unas 500.000 personas migrantes residentes en el país. Pero el debate en España existe y, en este punto, es mayoritario frente a la mayoría de gobierno que lidera Pedro Sánchez.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania ya le costaron entre 1,2 y 1,5 billones de dólares, y defendió la necesidad de aumentar la presión económica sobre Moscú mediante nuevas medidas restrictivas.

"Las cifras hablan por sí solas“, declaró Kallas tras la reunión informal de ministros de Defensa de la Unión Europea celebrada en Nicosia, Chipre. La funcionaria sostuvo que el impacto de las sanciones sobre la economía rusa es significativo y afirmó que, “ladrillo a ladrillo, los cimientos de la economía de guerra rusa se están derrumbando”.

Las declaraciones se produjeron mientras la Unión Europea avanza en la preparación de un nuevo paquete de sanciones. Según explicó Kallas, los ministros de Asuntos Exteriores del bloque analizarán la próxima semana propuestas contra más de 80 personas y entidades vinculadas a Rusia.

De acuerdo con la jefa de la diplomacia europea, las nuevas medidas estarían dirigidas contra el complejo militar-industrial ruso, además de responsables de violaciones de derechos humanos y propagandistas. La iniciativa forma parte de la estrategia comunitaria para incrementar el costo económico y político de la guerra para Moscú.

Kallas vinculó directamente la política de sanciones con los intentos de acercar una salida negociada al conflicto. Según indicó, la presión sobre Rusia debe mantenerse porque Bruselas no considera que el Kremlin esté preparado para avanzar hacia conversaciones sustanciales con Ucrania.

"Tengo la impresión de que Rusia todavía no está preparada. Por eso también necesitamos más paciencia estratégica“, afirmó. La responsable europea agregó que “no somos nosotros quienes estamos pidiendo estas conversaciones. En realidad, es Rusia quien tiene que hablar con nosotros si quiere poner fin a esta guerra”.

La alta representante insistió en que la Unión Europea debe hacer “todo lo posible” para que ambas partes lleguen a una negociación, aunque sostuvo que Moscú debe demostrar con hechos su disposición a avanzar por la vía diplomática.

"Al final tendrán que llegar a un acuerdo“, señaló Kallas. Sin embargo, remarcó que los ataques rusos continúan y que esa situación dificulta hablar actualmente de un escenario real de negociaciones.

La funcionaria defendió además una combinación de mayor presión económica sobre Rusia y un refuerzo del apoyo europeo a Ucrania. “Lo primero que deberían hacer es acordar un alto el fuego y sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, también observamos ciertos movimientos dentro de Rusia que muestran que no todos están satisfechos con que esta guerra continúe. Por eso debemos aumentar la presión sobre Rusia y, al mismo tiempo, incrementar nuestro apoyo a Ucrania”, declaró.

Kallas también sostuvo que cualquier eventual acuerdo futuro deberá contemplar los intereses de seguridad europeos, especialmente en cuestiones vinculadas a las sanciones y a los activos rusos congelados en Occidente.

Las declaraciones llegaron un día después de la reunión celebrada en Londres entre el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quienes respaldaron un alto el fuego con Rusia acompañado de garantías de seguridad para Ucrania.

En paralelo, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, consideró que la evolución reciente de la guerra podría aumentar la presión sobre Moscú. “Parece que Ucrania está empezando a imponerse en distintos frentes, tanto sobre el terreno, cerca de Donetsk y Pokrovsk, como con los ataques en profundidad. Y eso está cambiando toda la narrativa, toda la percepción, hasta el punto de que podría empujar a Putin a negociar”, afirmó.

(Con información de Europa Press)

Agua mineral y rosas. Coñac y fresas. Cerezas y vino. Incluso el pescado. Para cuando Armenia celebró sus elecciones generales el 7 de junio, Rusia había prohibido la importación de gran cantidad de productos del país. El Kremlin lanzó oscuras amenazas contra el primer ministro Nikol Pashinyan, de tendencia prooccidental, y difundió desinformación en las redes sociales. Dmitry Medvedev, ex presidente de Rusia, comparó el giro de Pashinyan hacia la Unión Europea con el “camino peligroso” de León Trotsky (quien rompió con Stalin y fue asesinado por un asesino soviético por ello). El mensaje a Armenia, otrora uno de los aliados más cercanos de Rusia, era claro: Piénsenlo dos veces antes de reelegirlo.

Sin embargo, al final, la campaña de presión del Kremlin resultó contraproducente. El partido del Sr. Pashinyan, Contrato Civil, obtuvo casi el 50% de los votos, lo que le otorgó la mayoría en la Asamblea Nacional. Pashinyan, ex periodista convertido en líder de protestas, asumió el cargo hace ocho años, tras un levantamiento pacífico contra la antigua élite armenia, respaldada por el Kremlin. Ha buscado estrechar lazos con Estados Unidos, la UE y Turquía, un adversario histórico. Desde su derrota en la larga guerra contra Azerbaiyán en 2023, también ha estado trabajando en un acuerdo de paz. “El pueblo armenio votó por la prosperidad y la cooperación regional”, declaró Pashinyan.

Los líderes occidentales celebraron el resultado. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que la victoria del Sr. Pashinyan demostraba que “el espíritu de la Revolución de Terciopelo que usted lideró en 2018 sigue vivo”. La Unión Europea ayudó a Armenia a resistir el chantaje económico de Rusia, encontrando compradores para los productos armenios que Rusia había prohibido. El 4 de junio, la UE anunció un paquete de ayuda financiera, pequeño pero simbólicamente importante, por valor de 50 millones de euros (58 millones de dólares). Prometió más ayudas en el futuro.

Poco después del cierre de las urnas, Samvel Karapetyan, cuyo partido prorruso Armenia Fuerte obtuvo el 23% de los votos, denunció irregularidades. Desde su mansión en la cima de una colina, donde se encuentra bajo arresto domiciliario por pedir el derrocamiento del gobierno (cargo que niega), el oligarca ruso-armenio acusó a las autoridades de injerencia en las elecciones. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, también insinuó (aparentemente sin ironía) que hubo “irregularidades” durante la votación. Estas afirmaciones carecen de fundamento. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), una organización intergubernamental, declaró que las elecciones fueron “transparentes y eficientes”.

Lo cierto es que la oposición perdió por su mensaje. Mientras que Pashinyan prometió paz y desarrollo económico, Karapetyan ofreció un nacionalismo reavivado y el regreso a la alianza con Rusia, que la mayoría de los armenios considera fallida. Una propuesta poco elaborada para un “Ministerio del Sexo” para abordar la baja natalidad y asegurar que “ninguna mujer esté insatisfecha”, sugerida por el hijo de Karapetyan en un podcast, evidenció la superficialidad de la plataforma interna de Armenia Fuerte. Por su parte, Robert Kocharyan, ex presidente y líder del segundo partido de oposición más grande, evocó malos recuerdos de la violencia y la oligarquía que definieron el pasado autoritario de Armenia.

La victoria del Sr. Pashinyan tranquilizará a los vecinos de Armenia, Turquía y Azerbaiyán, al demostrarles que su giro en política exterior no está a punto de desmoronarse. Normalizar las relaciones con Turquía, que cerró su frontera con Armenia en 1993 en solidaridad con su aliado, Azerbaiyán, es uno de los posibles logros. Armenia y Turquía ya han acordado reconstruir un puente histórico en la frontera y están trabajando en la restauración de una antigua línea ferroviaria entre ambos países. La finalización de la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales, una ruta comercial respaldada por Estados Unidos, parece ahora más probable. Esta ruta conectaría Azerbaiyán con su enclave en Najicheván a través del sur de Armenia.

A pesar de la victoria del Sr. Pashinyan, el ambiente entre algunos de sus partidarios es agridulce. El Partido Contrato Civil no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para celebrar un referéndum sobre la reforma constitucional. El partido busca reformar el poder judicial, pero también es crucial para el proceso de paz. Azerbaiyán exige que Armenia elimine de su constitución la referencia a Nagorno-Karabaj, territorio por el que lucharon en el pasado, antes de firmar un tratado de paz.

“La cuestión ahora es si Azerbaiyán estará dispuesto a seguir adelante con la firma y ratificación sin avances en la constitución de Armenia, o si continuará insistiendo en este punto”, afirma Zaur Shiriyev, del Centro de Estudios Carnegie para la Paz Internacional. Turquía ha insistido en que Armenia y Azerbaiyán deben firmar un tratado de paz antes de que abra su frontera.

Rusia también podría causar problemas. El Sr. Karapetyan obtuvo mejores resultados de lo que indicaban las encuestas. Esto “podría llevar a algunos a creer que las diversas medidas adoptadas por Rusia durante la campaña tuvieron algún efecto”, afirma Laurence Broers, de Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres, y podría disuadir a algunos armenios de apoyar el Contrato Civil en el futuro. Un riesgo es que Vladimir Putin, presidente de Rusia, anule un acuerdo de exportación de gas libre de aranceles para castigar al Sr. Pashinyan. “Creo que este es el comienzo de una crisis intensificada entre Rusia y Armenia”, declara Arsen Kharatyan, fundador de AliQ Mediaplatform, un medio de comunicación armenio-georgiano.

En general, la victoria de Contrato Civil reivindica los esfuerzos de Armenia por seguir su propio camino. Los intentos de Rusia por atraer al país de nuevo a su órbita fueron puestos a prueba y fracasaron. En abril, los votantes húngaros expulsaron a Viktor Orbán, el mejor amigo del Kremlin dentro de la UE. Ahora, sus aliados han vuelto a ser derrotados en las urnas. En su discurso de victoria, el Sr. Pashinyan prometió cumplir las promesas de la Revolución de Terciopelo, insistiendo en que “el sistema criminal-oligárquico debe ser erradicado por completo”. El Sr. Putin le deseará lo peor. Pero muchos otros lo estarán aplaudiendo.

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La Unión Europea impuso este lunes sanciones contra el portavoz del brazo naval de la Guardia Revolucionaria de Irán y contra un comando regional, en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

La decisión del bloque de 27 países llega en momentos en que Europa ha quedado al margen de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que mantiene paralizado el paso estratégico y ha sacudido a los mercados energéticos globales.

Según el anuncio comunitario, la UE incluyó en su lista negra a Mohammad Akbarzadeh, portavoz del ala naval de los Guardianes de la Revolución, y al Comando Provincial de Hormozgán del cuerpo militar ideológico iraní. La provincia de Hormozgán se encuentra frente al estrecho que lleva su nombre y desde allí Teherán proyecta su control sobre las aguas del Golfo Pérsico.

Las sanciones también alcanzaron a Hamid Hosseini, representante del sindicato de exportadores de petróleo de Irán, sometido a un congelamiento de activos y a una prohibición de entrada al territorio comunitario.

Una jugada europea para no quedar fuera

La medida se inscribe en un esfuerzo más amplio del bloque por recuperar protagonismo en la crisis que sacude a Oriente Medio. Las naciones europeas, encabezadas por Francia y el Reino Unido, trabajan en planes para enviar una misión naval al estrecho de Ormuz una vez que cesen los combates.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, adelantó que la misión naval de la UE, actualmente desplegada en el mar Rojo, podría sumarse a la operación de reapertura del estrecho. Esa fuerza fue creada originalmente para proteger el tráfico mercante frente a los ataques de los hutíes respaldados por Teherán.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente bloqueado por Irán desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí. El cierre se ha traducido en una escalada sostenida del precio del crudo y en una creciente presión sobre las economías europeas, particularmente dependientes de las importaciones energéticas.

Escalada militar y diplomática

Las sanciones se anunciaron en una jornada marcada por una nueva escalada bélica. Tras un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut controlados por Hezbollah, Irán lanzó casi 30 misiles contra Israel desde el domingo. El ejército israelí respondió con ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y golpeó sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este lunes en su red Truth Social que ambas partes detengan los disparos “de inmediato” y aseguró que las negociaciones para un "acuerdo final" avanzan, “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”. El mandatario también confirmó que el bloqueo estadounidense del estrecho seguirá vigente hasta que se cierre un pacto definitivo.

El precio del barril de Brent, la referencia internacional, se disparó alrededor del 5% el lunes y se acercó a los 100 dólares, mientras las bolsas mundiales operaban en rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, añadieron un nuevo factor de tensión al prohibir la navegación de buques israelíes por el mar Rojo.

Sanciones y diplomacia paralela

La cancillería iraní, a través de su portavoz Esmail Baqai, advirtió que las acciones israelíes “no pueden disociarse de Estados Unidos” y alertó que “el proceso diplomático” se verá afectado. Sin embargo, precisó que las consultas indirectas con Washington, mediadas por Pakistán, “continúan naturalmente en todas las circunstancias”.

Las negociaciones tropiezan con discrepancias de fondo sobre el control del estrecho, el alivio de las sanciones internacionales contra Teherán y el controvertido programa nuclear iraní. La inclusión de Akbarzadeh, Hosseini y del Comando Provincial de Hormozgán en la lista negra europea introduce ahora una nueva variable: la UE, antes silenciosa, comienza a marcar su propia agenda de presión sobre la república islámica.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó este sábado a Líbano a cumplir los acuerdos alcanzados en Washington con Israel y a rechazar cualquier demanda planteada por el grupo terrorista Hezbollah. En un comunicado oficial, la funcionaria europea pidió a ambos países que “continúen las negociaciones directas con espíritu constructivo” y exigió el cese inmediato de toda acción militar en la región.

Kallas remarcó que “Hezbollah debe retirarse del sector de Litani Sur” y solicitó al gobierno israelí que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abandonen el territorio libanés. La jefa de la diplomacia europea subrayó la urgencia de detener las hostilidades en territorio libanés, al que calificó como “altamente afectado por la escalada del conflicto y los ataques aéreos”, y advirtió sobre el “alto e inaceptable precio humanitario y socioeconómico” que afronta la población.

La Unión Europea reiteró su respaldo al Gobierno libanés y a las Fuerzas Armadas libanesas para garantizar el control estatal de las armas y evitar que queden bajo dominio de la milicia pro-iraní, objetivo que Kallas describió como una “herramienta decisiva”.

Además, la diplomática destacó la reciente aprobación de una medida de asistencia del Fondo Europeo para la Paz por 100 millones de euros, destinada a fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas libanesas. “La nueva medida contribuirá directamente al fortalecimiento de sus capacidades para cumplir con su misión”, afirmó.

En su declaración, Kallas endureció también su postura hacia Israel, al solicitar que “respete la soberanía e integridad territorial del Líbano”, aunque ratificó el respaldo de la UE a la decisión del gabinete de Benjamin Netanyahu de proseguir con la ofensiva contra el grupo terrorista.

La representante europea condenó los ataques contra el personal de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), sin mencionar responsables directos. “La UE reafirma su pleno apoyo a la UNIFIL y a su mandato, y condena enérgicamente todos los ataques contra su personal, incluido el asesinato de otro soldado de la UNIFIL en los ataques del 4 de junio, el séptimo miembro de las fuerzas de paz que fallece desde marzo”, denunció.

El Ejército de Israel informó este sábado que realizó bombardeos sobre unas 150 posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano durante el jueves y el viernes, con ofensivas dirigidas contra depósitos de armas, cuarteles generales y lanzadores de misiles del grupo chií respaldado por Irán. Las FDI precisaron que las operaciones militares se concentraron en distritos como Nabatieh, Sidón, Tiro, Jezzine, Marjayoun y Bint Jbeil, áreas donde la tensión permanece elevada.

Estos ataques respondieron a una serie de ofensivas de Hezbollah lanzadas desde el sur del país. El objetivo declarado de las FDI es “debilitar las capacidades del grupo y limitar nuevas incursiones en la frontera” entre Israel y Líbano, en un contexto de escalada militar que impide alcanzar una tregua estable.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los bombardeos israelíes y los describió como “ataques incesantes”. El mandatario criticó la falta de consecuencias pese a la existencia de un alto el fuego formal y reclamó que el régimen de Irán se abstenga de intervenir en los asuntos internos de Líbano, defendiendo la soberanía nacional.

El Ejército libanés, que no participa en los combates, resultó afectado por ataques recientes. Uno de los incidentes más graves ocurrió cuando un ataque aéreo israelí destruyó un vehículo militar en Tebnit, donde murieron dos oficiales y un soldado, según fuentes oficiales.

(Con información de Europa Press)

Las fuerzas rusas lanzaron 293 drones de largo alcance y un misil balístico Iskander-M contra territorio ucraniano entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, en uno de los ataques más masivos de las últimas semanas, mientras el Kremlin aprovechó el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para presionar por la reactivación del suministro de energía rusa a Europa.

De los 293 drones lanzados, 264 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre regiones del norte, el este y el sur del país, según el parte publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania. Otros 24 drones y el misil balístico no pudieron ser interceptados e impactaron en once localizaciones no especificadas. Fragmentos de drones destruidos en el aire cayeron en otros doce lugares, y varios aparatos seguían sobrevolando territorio ucraniano cuando se publicó el comunicado.

En paralelo, los ataques ucranianos contra la anexionada península de Crimea dejaron cuatro muertos tras impactar un dron sobre un tren de cercanías que se dirigía de Azovski a Kerch, según informó el líder prorruso de la región, Serguéi Axiónov. En la madrugada del jueves, Axiónov había reportado tres muertos y siete heridos en ataques previos sobre la península.

La compañía ferroviaria Grand Service Express suspendió el tránsito ante la amenaza de drones y pospuso 13 trenes, mientras el operador de cercanías Yúzhnaya Prígorodnaya Passazhirskaya Kompania canceló todos sus servicios. El gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, informó que las defensas antiaéreas rusas derribaron cerca de veinte drones en tres barrios de la ciudad portuaria, sede de la Flota del Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 272 drones ucranianos sobre diez regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.

El Kremlin: Europa necesita el petróleo y el gas rusos

En ese contexto bélico, el enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, utilizó el foro de San Petersburgo para advertir que Europa necesitaba el petróleo y el gas rusos para superar la crisis energética desatada por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

“El mundo está al borde de una crisis energética muy grave por la inestabilidad en Medio Oriente“, declaró Dmitriev a la AFP en los márgenes del foro. “Para que Europa supere esta crisis, necesita encontrar opciones de asociación con Rusia y restablecer los flujos de petróleo y gas rusos", agregó.

La postura del Kremlin llega en un momento en que la crisis energética global ha comenzado a erosionar la unidad europea en torno a las sanciones. Los precios en alza por la guerra EEUU-Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz empujaron a algunos países, incluidos EEUU y Gran Bretaña, a flexibilizar parte de las restricciones sobre el petróleo ruso. Analistas señalan que la UE importó más gas natural licuado (GNL) ruso en el primer trimestre de 2026 que en cualquier período desde 2022, con Rusia como segundo mayor proveedor del bloque.

La UE se mantiene firme y acelera al ingreso de Ucrania

Sin embargo, Bruselas mantiene una posición firme. La UE tiene previsto prohibir las importaciones de GNL ruso a partir del año próximo y descarta cualquier flexibilización de las sanciones vigentes. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, fue categórica: “Hasta ahora no hemos visto voluntad por parte de Rusia para negociar” el fin de la guerra en Ucrania, afirmó desde Bruselas, donde también instó a incrementar la presión sobre Moscú.

Al inicio del conflicto en Medio Oriente, el presidente ruso Vladimir Putin había señalado que estaba dispuesto a suministrar petróleo y gas a los países europeos si estos se comprometían con una “cooperación duradera y estable” con Moscú, una fórmula que Bruselas rechazó de plano por considerarla condicionada a un acercamiento político.

En ese mismo escenario, la UE dio el miércoles un paso significativo en dirección contraria a los intereses del Kremlin: los representantes de los 27 países miembros dieron luz verde preliminar en Bruselas a la apertura de un primer grupo de temas de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia, bloqueadas hasta ahora por el veto de Hungría. El avance fue posible tras el cambio de gobierno en Budapest: el nuevo primer ministro Peter Magyar, de perfil proeuropeo, indicó que levantaría el veto luego de alcanzar un acuerdo con Kiev sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania. La reanudación formal de las negociaciones podría concretarse tan pronto como la semana próxima, en una reunión ministerial de los 27 en Luxemburgo, según fuentes diplomáticas.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Rusia ha reorientado sus exportaciones energéticas hacia China e India, frecuentemente a precios por debajo de los valores de referencia globales. El foro de San Petersburgo, que se extenderá hasta el 6 de junio, es el escenario donde Moscú busca proyectar una imagen de normalidad económica y atraer nuevos socios inversores, aun con el humo de los drones ucranianos todavía visible en el horizonte de la ciudad.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) inició investigaciones el 12 de marzo de 2026 que señalan la presunta falta de aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países —entre ellos México, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

“La USTR sostuvo que, desde la entrada en vigor de las disposiciones mexicanas contra el trabajo forzoso en mayo de 2023, no existe evidencia de acciones de aplicación o sanciones derivadas de esa medida.” Con ese argumento, Washington propuso un incremento arancelario del 10% a las importaciones provenientes de México y otras 13 economías, y del 12.5% para las 46 restantes.

La clave: el escudo del T-MEC

Tras consultas realizadas este martes con la USTR, la Secretaría de Economía confirmó que el comercio mexicano que cumple con las reglas de origen del T-MEC —aproximadamente el 85% del volumen total de exportaciones— queda exento de la medida propuesta. Tampoco se verían afectados los bienes ya sujetos a las órdenes ejecutivas 232 en materia de autos, acero y aluminio.

Esto significa que la amenaza concreta recae sobre el 15% restante de las exportaciones mexicanas, aquellas que no acreditan origen norteamericano bajo el tratado.

No es definitivo: 45 días de negociación

La Secretaría de Economía subrayó que se trata de una propuesta y no de una medida definitiva, y que el proceso preliminar contempla la recepción de comentarios, consultas y discusiones durante los siguientes 45 días.

En ese periodo, México sostendrá conversaciones formales con la USTR encabezadas por el secretario Marcelo Ebrard, donde presentará información sobre el compromiso y acciones del país contra el trabajo forzoso.

El contexto estratégico: sustitución de aranceles caídos

La investigación 301 forma parte de una iniciativa de la administración Trump para restablecer los aranceles país por país que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales. Los aranceles de la Sección 122, que funcionan como medida provisional, expiran en julio.

Washington busca un mecanismo legalmente más sólido para mantener presión arancelaria sobre sus socios comerciales, aun en el contexto de la renegociación del T-MEC.

La postura de México

La investigación 301 forma parte de una iniciativa de la administración Trump para restablecer los aranceles país por país que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales. Los aranceles de la Sección 122, que funcionan como medida provisional, expiran en julio.

Washington busca un mecanismo legalmente más sólido para mantener presión arancelaria sobre sus socios comerciales, aun en el contexto de la renegociación del T-MEC.

El debate por la reforma de la ley de biocombustibles tendrá lugar esta semana en el Senado. En este contexto, la cámara de empresas agroexportadoras, Ciara-CEC, publicó un video en el que acusa a las pymes de biodiésel de estancamiento y de no haber invertido en elaborar su propio aceite de soja, pese a los años de protección regulatoria.

Según el video difundido, en la Argentina se producen unas 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las pymes de biodiésel consumen cerca de 650 mil toneladas anuales. Esa cifra equivale a apenas un mes y medio de la producción nacional de aceite.

Además, la cámara afirma que 28 plantas de biodiésel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, a pesar de la protección que recibieron durante casi dos décadas. En contraposición, el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja, distribuidas en ocho provincias, y una capacidad instalada nacional de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión.

En su publicación, Ciara-CEC planteó que el espíritu de la ley original de biocombustibles, sancionada en 2006, era “promover la producción, desarrollar nuevas empresas y fortalecer la competitividad del mercado”.

Sin embargo, el video sostiene: “Si después de casi dos décadas de protección regulatoria muchas plantas siguen sin invertir para producir su propio insumo principal, esa falta de vocación de crecimiento termina siendo una negación de aquel principio original”, resalta la entidad a la vez que sostiene que el precio del aceite no puede analizarse por separado de la escala, la inversión y la integración productiva.

La entidad recordó que la Argentina ya compitió con fuerza en el mercado internacional de biodiésel. “Entre 2016 y 2018, el país fue el primer exportador mundial, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones de toneladas exportadas e inversiones por más de USD 2.500 millones".

Sobre ese antecedente, la cámara afirmó que durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos cerró su mercado al biodiésel argentino “por su nivel de competitividad y el desplazamiento que generaba en la producción local de diésel”. Según el video, esas medidas fueron paraarancelarias, de manera que el gobierno argentino las desafió y la justicia de ese país falló a su favor.

La Unión Europea también intentó imponer restricciones, pero la Argentina obtuvo un resultado favorable en la Organización Mundial del Comercio y accedió a una cuota compensatoria que aún se mantiene. La cámara agregó que ahora la UE busca desalentar el uso de soja como materia prima apta para biocombustibles mediante una norma ambiental que califica como artificial.

“Ese recorrido muestra que, cuando los mercados se cierran o el comercio se distorsiona, se vuelve más difícil sostener inversiones, escala productiva y desarrollo exportador. El debate de fondo no debería ser cómo trasladar costos de una industria a otra. Debería ser cómo construir una política de biocombustibles que incentive la inversión, eficiencia, integración productiva y competitividad", plantea la publicación de las empresas exportadoras de granos. Y finaliza: “En definitiva no falta aceite y abundan empresas proveedoras. Falta una ley que promueva la participación activa de toda la industria. Por eso apoyamos el proyecto de ley de la senadora Bullrich”.

Debate en el Congreso

La nueva ley de biocombustibles, entonces, será tratada este miércoles 3 de junio a las 14, en las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales y representantes de cámaras empresarias. Sobre la mesa habrá cinco proyectos, pero la iniciativa firmada por la senadora Patricia Bullrich y otros senadores libertarios llega con el mayor impulso político.

El proyecto, elaborado tras conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año. También habilita motores Flex Fuel, crea un sistema electrónico para la comercialización y otorga a la Secretaría de Energía la posibilidad de disponer aumentos adicionales.

La iniciativa busca desregular la actividad, fomentar la competencia y eliminar el límite productivo impuesto por la ley vigente. Según sus impulsores, este enfoque apunta a dar previsibilidad para atraer nuevas inversiones, ampliar plantas y generar empleo en las economías regionales.

El tratamiento legislativo encontró una ventana de oportunidad con la suba del precio internacional del petróleo, que se ubicó en algunas rondas por encima de USD 100 el barril, en un contexto de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. En este escenario, a fines de marzo, la Secretaría de Energía amplió el margen para que las refinadoras incrementaran el corte, pero el sector reclama desde hace tiempo una nueva norma.

Mientras la relación comercial entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas, Ciudad de México acaba de consolidar una apuesta que pocos esperaban tan rápido: un acuerdo comercial ampliado con la Unión Europea, firmado el pasado 22 de mayo durante la primera cumbre EU-México en más de diez años.

“El resultado no fue solo protocolo diplomático: fue un documento con implicaciones económicas reales y un mensaje político contundente.”

¿Qué cambia con el nuevo acuerdo?

El tratado original entre México y la UE, vigente desde 2000, cubría únicamente bienes industriales. La versión actualizada va mucho más lejos:

• Incorpora servicios y productos agrícolas
• Facilita inversiones transfronterizas
• Permite a empresas europeas participar en licitaciones de contratos gubernamentales mexicanos
• Crea un tribunal especial de inversiones para resolver disputas legales

Además, Von der Leyen anunció la movilización de aproximadamente 5.800 millones de dólares en inversiones alineadas con el Plan México de Sheinbaum.

Costa fue más allá de los números al describir el pacto como una “declaración geopolítica” y prueba de un compromiso conjunto con la cooperación basada en reglas, según reportó Foreign Policy.

El elefante en la habitación: el TMEC

El contexto lo explica todo. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, una dependencia que el propio Banco de México reconoció esta semana al recortar su pronóstico de crecimiento para 2025 de 1.6% a 1.1%, citando la incertidumbre en torno a la revisión del TMEC.

Funcionarios del gobierno Trump han dejado abierta la posibilidad de abandonar el acuerdo trilateral, mientras que negociaciones bilaterales con México ya están en marcha con rondas pactadas para junio y julio, justo durante el Mundial de Fútbol que ambos países co-organizan.

Para el exfuncionario comercial mexicano Juan Carlos Baker, el acuerdo con Europa “llega en un momento más que oportuno”: depender de un solo mercado que impone reglas de forma unilateral, advirtió en Animal Político, es un riesgo que México debe mitigar con diversificación estratégica.

¿Está lista México para aprovechar esta ventana?

No todo es optimismo. La UE ya es la segunda fuente de inversión extranjera en México, pero analistas señalan que ese potencial no se ha aprovechado plenamente debido a la incertidumbre regulatoria del país. La reforma judicial impulsada por Sheinbaum al inicio de su mandato —que introdujo elecciones directas de jueces— sacudió la confianza de los inversionistas.

El nuevo tribunal de inversiones incluido en el acuerdo apunta directamente a esa preocupación, ofreciendo una garantía institucional que el mercado europeo exigía.

Con el TMEC en el aire y Washington endureciendo su postura arancelaria, México tiene ahora una razón más para profundizar su apuesta atlántica. La pregunta es si las condiciones internas estarán a la altura del momento histórico.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, confirmó este domingo que el dron que el viernes impactó en un edificio residencial de diez pisos en la ciudad de Galati, dejando dos heridos y forzando la evacuación de 70 vecinos, es de origen ruso.

El informe técnico concluye “sin ambigüedad” que se trata de un Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136, y calificó el episodio como el incidente de seguridad más grave ocurrido en suelo rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“Esta es la conclusión indiscutible del informe técnico finalizado por los especialistas del Estado rumano”, escribió Dan en redes sociales.

La investigación identificó la inscripción “ГЕРАН-2” en caracteres cirílicos sobre los fragmentos recuperados. Los componentes electrónicos, los sistemas de navegación, los módulos de mando, el motor y los elementos constructivos analizados “presentan similitudes hasta el punto de ser idénticos” a los de otros drones Geran-2 recuperados anteriormente en territorio rumano. Los análisis físico-químicos también confirmaron la presencia de los mismos materiales y combustibles identificados de manera repetida en aparatos de esta serie.

Dan declaró a Rusia como “el único responsable” del incidente y anunció una respuesta diplomática inmediata: el cónsul ruso en la ciudad portuaria del mar Negro de Constanta fue declarado persona non grata y el consulado ruso en esa ciudad quedó cerrado. Rumanía también convocó al embajador ruso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bucarest.

Dan señaló que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky confirmó que el dron extraviado formaba parte de un ataque ruso sobre la región ucraniana de Odesa. El mandatario rumano precisó además que los investigadores determinaron que el aparato probablemente transportaba al menos 30 kilogramos de explosivos.

Reacción de la OTAN y la UE

Dan informó haber hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien expresó la “solidaridad absoluta” de la Alianza con Rumanía y confirmó que la OTAN está “lista para defender cada centímetro del territorio aliado”.

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Rusia había “cruzado otra línea más” y anunció que la UE prepara un 21° paquete de sanciones contra Moscú. El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, declaró: “Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”.

La canciller rumana Oana Toiu señaló que el impacto del dron ruso en el edificio residencial de Galati reúne los criterios para invocar el Artículo 4 del Tratado de Washington, que prevé consultas entre aliados ante amenazas a la seguridad territorial.

Moscú rechaza la responsabilidad

El Kremlin, por su parte, fue informado del incidente según confirmó el portavoz presidencial Dmitri Peskov a la agencia TASS, mientras la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de “infundadas” todas las acusaciones sobre drones rusos sobrevolando Europa.

Antecedentes: una frontera bajo presión

El episodio de Galati no es un hecho aislado. Rumanía, que comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania, ha registrado incursiones de drones rusos en su espacio aéreo en 28 ocasiones desde que Moscú comenzó a atacar los puertos ucranianos a lo largo del río Danubio. Sin embargo, es el primero en causar heridos sobre suelo de un Estado miembro de la OTAN y la UE.

El Geran-2 es la denominación rusa del dron iraní Shahed-136, cuya producción Moscú internalizó en 2022.

Christina Beinhoff pasó buena parte de su carrera en los pasillos donde se decide la seguridad de Alemania: la Cancillería Federal, el Ministerio de Defensa, la Embajada en Estocolmo durante el ingreso de Suecia a la OTAN. Desde el verano pasado, sin embargo, conduce un territorio distinto, el de la cultura, la educación y la ciencia que Berlín proyecta hacia el mundo. La transición no le resulta una rareza, sino una continuidad: en su lectura, el llamado poder blando no es un complemento amable de la diplomacia, sino una de sus piezas estratégicas. “El poder blando es parte integral de la política exterior alemana”, resume, en una entrevista con Infobae mantenida en la Embajada de Alemania en Buenos Aires, durante una visita oficial a la Argentina.

La diplomática, directora general de Cultura y Sociedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, llega a la región en un momento que ella misma describe como de cambio de orden: competencia entre grandes potencias, un eje desplazado entre Washington y Beijing, y una Europa obligada a redefinir su lugar. En ese tablero, Alemania mira a la Argentina como un socio antiguo y previsible —“compartimos los mismos valores”, dice—, sostenido por décadas de vínculos: una red de colegios alemanes, más de 300 colaboraciones universitarias, institutos como el IBioBA, único instituto partner de la Sociedad Max Planck en América Latina. Su agenda en el país incluye una reunión con los agregados culturales alemanes, un encuentro con estudiantes sobre el acuerdo UE-Mercosur y la inauguración de un instituto cultural franco-alemán en Córdoba.

—Usted viene de la política exterior y de seguridad, y ahora dirige el poder blando alemán. ¿Qué papel juegan la cultura y la ciencia como espacios de diálogo en un mundo de tensiones crecientes?

—En el sistema alemán, la diplomacia científica y cultural es parte integral de la política exterior; por eso depende del Ministerio de Exteriores. No financiamos a las instituciones culturales para que hagan lo que quieran: esos instrumentos responden a las prioridades de la política exterior, que bajo este gobierno son tres: seguridad, libertad y prosperidad. Un proyecto de teatro o de danza puede mostrar la libertad del arte y la libertad de expresión. Promover el idioma alemán puede abrirles a jóvenes calificados la puerta a formarse y trabajar en Alemania. Mi trasfondo era la política de seguridad y ahora tengo otra herramienta, el poder blando. Se trata de desarrollar proyectos, conocer actores, mantener una relación de largo plazo por fuera del contacto de gobierno a gobierno. Eso permite conservar interlocutores confiables también en tiempos de crisis: si las relaciones entre gobiernos no son buenas, uno todavía tiene con quién hablar y recibir una devolución de lo que está pasando.

—Llega a América Latina en plena competencia entre China y Estados Unidos. ¿Qué busca hoy Alemania en su relación con la Argentina y con la región? ¿Estamos ante una transición?

—El orden mundial está cambiando. No es el que amábamos y cuidábamos. Hay nuevos centros de gravedad, múltiples potencias, competencia entre grandes potencias, y Europa necesita encontrar su posición. Alemania tomó decisiones de fondo: invertir masivamente en defensa para ser un pilar europeo más fuerte dentro de la OTAN. No se trata de autonomía estratégica, sino de robustecer ese pilar. La otra cara es que Alemania siempre fue un país exportador, y su prosperidad depende de un orden previsible, con reglas. Por eso necesitamos diversificar relaciones y no mirar solo a Estados Unidos. La Argentina siempre estuvo muy cerca de nosotros; compartimos valores y miramos las cosas de manera parecida. Por eso queremos fortalecer esos lazos.

—¿Qué puede hacer el poder blando occidental, y el alemán en particular, para contrabalancear las narrativas de Rusia y China y el avance de la desinformación?

—Lo primero es la capacidad de detectar la desinformación y luego reaccionar; la respuesta cambia según el caso. En el pasado descubrimos, junto con otros socios europeos, una campaña de desinformación rusa contra Alemania, y la hicimos pública. Pero nuestros medios son limitados. Es clave aumentar la alfabetización mediática en otros países, mantenerse alerta y usar nuestros canales para difundir los hechos, para no cederles el terreno a quienes quieren dividirnos. Porque lo que Rusia y China quieren es dividir a Europa, sembrando rumores.

—Y disponen de enormes recursos para esas campañas.

—Sin duda. Por eso buscamos cooperar con socios afines, dentro y fuera de Europa. Y aquí entran la ciencia y la educación: cuando uno coopera con otro país y conoce a su juventud, comprende que los problemas son más complejos y no se pueden reducir a respuestas fáciles. Ampliar la mirada a través de la educación o de proyectos culturales, ponerse en los zapatos del otro, prepara a las personas para ser críticas, para preguntar antes de opinar. Esa es una buena manera de no caer víctima de la desinformación.

—Hablará con estudiantes sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se aplica de forma provisional desde el 1 de mayo pero todavía despierta resistencias en Europa, como en Francia. ¿Qué espera de este momento?

—Alemania apoyó con fuerza cerrar esto después de veinticinco años. Sé que lo vemos quizá de un modo distinto que Francia, pero nos alegró mucho llegar a esta conclusión. También en la Argentina hubo quienes se preguntaban si el acuerdo sería equitativo, si el país se beneficiaría. Lo esencial es que funcione para ambas partes y que lo implementemos como socios. Puedo asegurar que Alemania estará muy atenta a que sea un buen acuerdo también para la Argentina.

—La cooperación científica entre ambos países se construyó durante décadas. Hoy hay un debate intenso en la Argentina sobre el financiamiento del sistema científico. ¿Cómo ve Alemania la sostenibilidad de esos vínculos?

—Llegué hoy y no conozco los detalles, pero para nosotros la cooperación científica es muy importante. El presupuesto alemán también necesita ajustarse, y yo misma debo justificar recortes en el ámbito cultural. Hay que diferenciar. Nadie recibe siempre más dinero; también hay que repriorizar, enfocar y generar sinergias para que las instituciones que reciben fondos estén mejor coordinadas. Creo que hay margen para un sistema más ágil, con quizá menos recursos, sin perder calidad. Lo que es seguro es que la cooperación científica es una inversión en el futuro. No se trata de gastar dinero inútil, sino de invertir en el futuro de nuestro país y de los científicos. No lo veo en blanco y negro.

—¿La ciencia debería estar regida por el Estado? El gobierno argentino suele promover que el Estado se retire de ciertas áreas.

—En Alemania lo hacemos distinto. El Estado también financia investigación y desarrollo. Aunque la mayor parte del monto proviene del sector privado, el Estado complementa e invierte mucho.

—El Centro Universitario Argentino-Alemán solo se compara en importancia con el que Alemania mantiene con Francia. ¿Por qué la Argentina ocupa ese lugar?

—Sigo aprendiendo. Pero, por lo que entiendo, se debe a esa importante migración alemana que se remonta a muchos años atrás: hay un conocimiento profundo y un gran interés por lo que ocurre en Alemania, tanto en el arte como en la ciencia. Percibo aquí una suerte de placer en trabajar con Alemania, porque tenemos buena reputación, somos confiables, innovadores. La Argentina conserva lazos tradicionalmente estrechos y un buen sistema educativo, y ese es un terreno perfecto para la cooperación.

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, mantendrá este viernes una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, con el objetivo de lograr la liberación de cerca de 18.000 millones de euros (aproximadamente USD 20.954 millones) en fondos de la Unión Europea que permanecen congelados.

Peter Magyar asumió el cargo tras imponerse en las elecciones de abril al ex primer ministro, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Viktor Orbán. Desde su llegada, el nuevo primer ministro expresó su voluntad de avanzar en la obtención de los fondos retenidos.

“Hemos llegado a Bruselas para las conversaciones más importantes de los últimos años. Está en juego el acceso a miles de millones de florines”, escribió el jueves en un mensaje difundido en redes sociales. El gobierno de Budapest busca acelerar el acceso a estos recursos, considerados clave para el relanzamiento de la economía húngara.

El dinero, que incluye más de 10.000 millones de euros provenientes del fondo de recuperación de la UE para la COVID-19, fue bloqueado por la Unión Europea debido a preocupaciones sobre el retroceso democrático, el combate a la corrupción y la protección de los derechos LGBTQ durante la administración de Orbán. la Comisión Europea exige reformas sustanciales para destrabar la ayuda financiera.

De acuerdo con el propio Magyar, existen expectativas de alcanzar pronto un acuerdo preliminar. “Se han cerrado acuerdos en muchos temas importantes”, afirmó el jefe de gobierno en un video publicado en redes sociales, aunque reconoció la existencia de “cuestiones pendientes”.

La presidenta de la Comisión Europea adoptó una postura prudente antes del encuentro con Magyar. La portavoz del organismo, Paula Pinho, declaró en rueda de prensa que “se han celebrado una serie de reuniones entre los equipos de ambas partes para avanzar lo máximo posible” y generó incertidumbre sobre los resultados del encuentro: “¿Cuál será exactamente el resultado? Tendremos que esperar”.

El caso húngaro se produce en un contexto donde la UE ya desbloqueó fondos para Polonia en 2024 luego de que el gobierno de Donald Tusk presentara garantías de reformas. No obstante, fuentes europeas advirtieron que las reformas en Hungría deberán ser prioritarias y que el proceso podría requerir tiempo.

Durante su gestión, Orbán mantuvo un control estricto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, colocando a aliados en posiciones clave.

Ahora, el partido de Magyar dispone de una amplia mayoría en el Parlamento y ya impulsó reformas, entre ellas el rechazo, el miércoles, del plan de Orbán para retirar a Hungría de la Corte Penal Internacional.

En Bruselas, Magyar también se reunió el jueves con el primer ministro belga, Bart De Wever, y con el jefe de la OTAN, Mark Rutte. “Estamos trabajando, estamos luchando, estamos luchando por el último céntimo de euro”, expresó el primer ministro húngaro.

En paralelo, la Comisión Europea manifestó su disposición a incorporar capacidad de defensa aérea y antimisiles en el segundo tramo del paquete de adquisiciones financiado por el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.

Según detalló un portavoz comunitario en la rueda de prensa del jueves, el primer calendario de entregas del componente militar ya fue recibido y se asignará a la compra de drones. El representante de la Comisión Europea explicó que el segundo paquete, actualmente en discusión, podría definirse “en el transcurso del próximo mes” y ajustarse a las “necesidades más urgentes sobre el terreno”.

(Con información de AFP)

El asunto se debatió en una reunión informal en la que los ministros de países como Bélgica, Alemania, Austria o Luxemburgo mencionaron la posibilidad de designar a un enviado europeo para negociar con Moscú cuando se den las condiciones.

Mediación

En las semanas previas, algunos medios habían recogido los nombres del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi, de la excanciller alemana Angela Merkel, o del presidente del Consejo Europeo, António Costa, como posibles candidatos a ejercer de interlocutor con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Sin embargo, al término de la reunión de este jueves, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, desinfló la idea de designar a un enviado europeo, al asegurar que el "consenso general" es que la UE cuenta ya con instituciones y tratados que "proporcionan el marco necesario para decidir, en definitiva, cómo seguir adelante".

"Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania, porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad", dijo Kallas.

Por otra parte, indicó que los esfuerzos de los Veintisiete deben ser "complementarios a los de Estados Unidos, a los que no se va a sustituir", sino que se busca completar cuestiones que ese país no ha abordado.

La jefa de la diplomacia europea recordó que el pasado febrero elaboró un documento de debate sobre cómo lograr una paz justa y duradera en Ucrania, que fija líneas rojas y en el que "el alto el fuego incondicional es un requisito previo para cualquier tipo de negociación de paz", algo que también han subrayado hoy los ministros, dijo.

En ese sentido, indicó que, "hasta ahora, todas las concesiones han venido de parte de Ucrania" y "también debería haber concesiones por parte de Rusia".

Según Kallas, la dinámica de la guerra está cambiando a favor de Ucrania y Rusia "se encuentra en una situación defensiva" y sigue sin mostrar un interés genuino por la paz.

Rusia debe poner fin a sus operaciones de sabotaje e injerencia y a las violaciones del espacio aéreo en toda Europa, así como a las restricciones impuestas al ejército ucraniano mientras Rusia se rearma, ya que todo ello amenaza directamente la seguridad europea, dijo.

Además, si se imponen restricciones al ejército ucraniano, también deben imponerse a Rusia y no puede haber ningún reconocimiento legal del territorio ucraniano ocupado.

También deberá haber rendición de cuentas, y Rusia tendrá que cooperar con las investigaciones internacionales y pagar por la destrucción que ha causado, subrayó.

Sobre la situación en el estrecho de Ormuz, otro de los temas abordados por los ministros, la alta representante indicó que cualquier primer acuerdo entre la UE e Irán debería ir seguido de "conversaciones más exhaustivas sobre el arsenal nuclear", así como otras cuestiones fundamentales para la seguridad regional.

En ese contexto, dijo que la UE puede aportar sus conocimientos técnicos, por ejemplo en lo que respecta a las negociaciones nucleares, y recordó que ya está ayudando a proteger la libertad de navegación en la región, en concreto en el mar Rojo a través de la operación Aspides, que ha sido reforzada con más buques, aunque admitió que aún hacen falta más y dijo que la buena noticia es que ya disponen de uno adicional.

Igualmente, si también se quiere operar en Ormuz y añadir buques de desminado, será necesario cambiar el plan operativo del mandato de Aspides, señaló.

Sobre Líbano, Kallas reconoció que el alto el fuego "parece cada vez más simbólico" y consideró una posibilidad real el retorno a "una guerra a gran escala".

También se habló de Gaza y Cisjordania, "incluyendo posibles restricciones al comercio relacionado con los asentamientos" judíos, y se planteó la posibilidad de imponer sanciones a ministros extremistas israelíes, pero como la cita de este jueves no era formal e impedía tomar decisiones, el asunto se abordará en junio, dijo.

Limasol (Chipre), 28 may (EFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió este jueves sobre la “trampa” en la que Rusia quiere que caiga la UE al entrar en la discusión de quién la representaría en unas conversaciones para la paz en Ucrania.

“Me parece que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no”, indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

Los ministros se reunieron anoche con su homólogo ucraniano en una cena de trabajo y hoy podrían abordar la cuestión de quién representaría a la UE si hay que sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia.

“No caigamos en esa trampa”, insistió Kallas, quien recalcó que “las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo”.

“Hay polis buenos, hay polis malos, hay una estrategia, cómo te sientas a la mesa; por eso el fondo es mucho más importante que quién plantea el fondo”, agregó.

La política estonia enfatizó que no es una cuestión de “que nos inviten a la mesa, porque si pensamos en lo que le interesa a Rusia -por ejemplo, el levantamiento de las sanciones-, esa es una decisión europea”.

“Tenemos un interés muy claro en todos estos temas que afectan a Ucrania. Solo Ucrania y Rusia pueden negociar y llegar a un acuerdo, pero hay muchas cosas que conciernen a Europa”, apostilló.

Kallas subrayó que ella es “la alta representante de la Unión Europea y pueden leer la descripción de mi cargo en los tratados; por supuesto, eso también implica representar a Europa”.

“Pero para ello necesitamos estar unidos, y creo que ese es un mensaje muy, muy importante: que debemos trabajar juntos como Europa, no como miembros individuales por separado, porque individualmente somos todos mucho más débiles de lo que somos juntos”, resumió.

Sobre lo que cree que Europa debería reclamar en unas negociaciones, Kallas recordó que ya en febrero hizo una propuesta a los ministros.

Recordó que entonces se refirió a que Rusia respete efectivamente los acuerdos internacionales en los que se han comprometido a no atacar a sus vecinos y a respetar su soberanía, pero también que se equipare a las concesiones que ha exigido a Ucrania en cuanto a limitar su ejército.

Igualmente, dijo que también redundaría en el interés europeo que las tropas rusas en países como Georgia o Moldavia “no estén allí” y “no se entrometan en las elecciones de diferentes países”.

“Es un enfoque maximalista, pero también lo es el enfoque de Rusia hasta ahora, que representa reivindicaciones maximalistas”, apuntó.

Por lo que respecta a la presión de Rusia para que las delegaciones diplomáticas extranjeras abandonen Kiev, Kallas indicó que “lo que nos llegó ayer desde Ucrania es que todas las embajadas se quedaron, excepto una, así que eso también requiere valor por parte de esas embajadas; pero sí, todos los europeos se quedaron y Estados Unidos se marchó”.

La reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este jueves en Chipre ha tenido dos temas centrales: la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. A su llegada, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha señalado que el bloque no debe caer en la trampa de Rusia al debatir quién representaría a Europa en posibles negociaciones futuras, y que las negociaciones son un esfuerzo de equipo.

En está línea, ha destacado que, en estas negociaciones, Europa no será neutral, sino que estará del lado ucraniano: “No podemos ser mediadores, no podemos ser neutrales tratando a ambas partes de igual manera, porque hemos estado claramente del lado de Ucrania. Cualquier acuerdo de paz debe reconocer plenamente la soberanía, la independencia y el derecho de Ucrania a elegir sus propias alianzas”.

En esta línea, la representante europea ha sentenciado que la estrategia de Moscú es “una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no. No caigamos en esa trampa. Las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo. Por eso el fondo es mucho más importante que el quién”.

Albares rebaja el debate

A la reunión en Chipre también ha asistido José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que ha rebajado el debate sobre la posibilidad de designar un enviado especial de la UE para negociar con Rusia el fin de la guerra en Ucrania, asegurando que “lo importante no es el nombre” sino el enfoque y que los Veintisiete hablen “con una sola voz”.

Albares ha asegurado que la reflexión sobre el posible formato de representación europea en unas eventuales conversaciones con Moscú se encuentra todavía en una fase “muy incipiente”, y ha recalcado que cualquier paso deberá coordinares previamente con Ucrania, después de que en los últimos días hayan surgido especulaciones sobre distintos nombres para asumir ese papel.

El ministro también ha admitido que ha escuchado los nombres que se barajan para representar a la Unión Europea en unas eventuales negociaciones con Rusia -como la excanciller alemana Angela Merkel o el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi- pero ha señalado que ninguno de esos nombres “ha estado ni de cerca ni de lejos en la mesa” de negociación, ya que, por el momento, la conversación es muy incipiente para designar un enviado especial.

En esta línea, Albares ha puesto como ejemplo a la representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, que a su parecer puede ser una de las representantes. “No podemos salir cada uno en una dirección distinta con buena voluntad, pero con Veintisiete diciendo lo que cada uno quiera. Tenemos que tener o una plataforma de países o simplemente nuestras instituciones”, ha añadido.

En todo caso, ha aseverado que la Unión Europea debe hacer “lo que quiera Ucrania”, no olvidando que “es un país soberano, con un gobierno elegido democráticamente”, y que “son ellos quienes deben decirnos qué hacer”. “Si nos animan a tener voz ante Rusia, creo que es lo correcto”, ha concluido.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que la UE podría ayudar en las negociaciones para que Irán no se haga con un arma nuclear, una vez haya un acuerdo para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Seamos claros: el primer acuerdo consiste en poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz para luego negociar las cuestiones más espinosas, como la nuclear. Y ahí Europa también puede aportar su granito de arena, ya que contamos con los expertos necesarios”, indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

Kallas se pronunció sobre las negociaciones en curso para que termine la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Buscan un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

“Lo que nos dicen los socios regionales es que están muy cerca de alcanzar un acuerdo. Pero eso ya lo llevamos oyendo bastante tiempo y esperábamos la firma de este primer acuerdo”, comentó.

“Por el momento, aún no se ha firmado”, lamentó, y señaló en cualquier caso que Ormuz “ahora mismo se encuentra en esa zona tan peligrosa entre la guerra y la paz”.

Kallas dejó claro que “a todos nos interesa que se respete la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, porque todos estamos pagando un precio muy alto por ello”.

“A nadie le interesa que esta guerra continúe”, apostilló.

A la reunión informal de hoy han sido invitados los jefes de la diplomacia de la India y de Arabia Saudí, con los que los titulares europeos abordarán la situación en Oriente Medio.

Los países de la Unión Europea (UE) comenzaron a debatir este jueves cómo hablar unidos con Moscú con vistas a una futura paz en Ucrania, pero dejaron claro que no existen aún las circunstancias para dar pasos contundentes en ese sentido ante los constantes ataques por parte de Rusia.

El asunto se abordó en una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores, un formato de encuentro que tiene lugar cada seis meses y en el que no se toman decisiones pero se habla de forma más distendida de asuntos considerados prioritarios.

La primera en pronunciarse en ese sentido fue la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, que advirtió este jueves sobre la “trampa” en la que Rusia quiere que caiga la UE al entrar en la discusión de quién la representaría en unas conversaciones para la paz en Ucrania.

“Me parece que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no”, indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

“No caigamos en esa trampa”, insistió Kallas, quien recalcó que “las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo” y subrayó la necesidad de “estar unidos”.

“Creo que ese es un mensaje muy importante: que debemos trabajar juntos como Europa, no como miembros individuales por separado, porque individualmente somos todos mucho más débiles de lo que somos juntos”, resumió.

También el ministro de Estonia, Margus Tsahkna, alertó sobre la necesidad de no caer en la “trampa” rusa.

“Todo el mundo habla de quién será la persona que vaya a hablar con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, pero la realidad, como ya saben, es que Putin no quiere hablar de nada, así que está ejerciendo más presión sobre Ucrania. Por supuesto, si llega el momento adecuado, podremos decidir quién va a representar a Europa, pero ahora mismo es una trampa que Putin quiera atraer a Europa”, opinó.

En ese sentido, se mostró convencido de que el presidente ruso “pondrá sobre la mesa las mismas exigencias que ha planteado durante las negociaciones con el presidente Trump” porque “su principal objetivo es ganar tiempo” al encontrarse ahora en un momento de debilidad.

Otros, como el ministro español, José Manuel Albares, o el luxemburgués, Xavier Bettel, también llamaron a ser cautelosos, ante los continuos ataques rusos sobre Ucrania.

“Esto demuestra que Rusia no tiene ninguna voluntad de paz, de alto el fuego ni de negociación”, dijo Albares a su llegada a una reunión.

Sobre la idea de designar a un enviado para negociar con Moscú, el ministro español indicó que, “en primer lugar, debemos respetar la voluntad de Ucrania”. Añadió que lo “interesante”, más allá de la forma que revistan esos futuros contactos con Moscú, será el hablar con “una sola voz”.

Por su parte, el ministro neerlandés, Tom Berendsen, dijo que a la hora de pensar en un enviado o mediado, el contenido es lo más importante.

“Lo que importa es cuál es el mandato de quien habla en nombre de Europa por nosotros en este momento; esa es la parte más importante del debate, y no necesariamente qué nombre es el más adecuado para ello”, señaló.

La ministra sueca, Maria Malmer Stenergard, dijo que la UE no debe “precipitarse a la mesa de negociaciones y dejar que Rusia dicte las condiciones”, sino que debe asegurarse de “ejercer más presión sobre Rusia y aumentar el apoyo a Ucrania”.

Incluso opinó que la UE nunca debería actuar como mediadora sino “permanecer al lado de Ucrania”.

“Es obvio que Rusia no está realmente interesada en la paz. Por eso, tenemos que asegurarnos de que se interesen por la paz, y la única forma de hacerlo es aumentando la presión sobre Rusia y reforzando el apoyo a Ucrania”, dijo. EFE

El ministro italiano, Antonio Tajani, afirmó que “Europa decide el nombre del negociador, no el señor Putin”, y aludió a los presidentes del Consejo Europeo o de la Comisión Europea.

“Si quieren eliminar las sanciones europeas, tiene que haber europeos a la mesa”, zanjó.

Para el ministro belga, Maxime Prévot, es necesario debatir “el contenido del posible proceso de negociación, qué tipo de proyecto puede proponer la UE en la mesa”, y agregó que “también tenemos que designar a alguien que encarne el mensaje europeo”. EFE

(Con información de EFE)

En un video difundido por la presidencia ucraniana, Zelensky apareció mirando por la ventanilla de su avión mientras varios cazas Gripen volvaban a su lado en formación, una imagen cargada de simbolismo en vísperas de las negociaciones. Las aeronaves, de diseño esbelto y líneas angulares, escoltaron la nave presidencial antes de que el mandatario aterrizara en territorio sueco.

El acuerdo

Ucrania planea comprar hasta 20 cazas Gripen E, el modelo más moderno, e incorporar 16 unidades adicionales donadas por Suecia, en versiones anteriores, según anunciaron ambos países tras una cumbre en una base aérea en Uppsala, a 70 kilómetros al norte de Estocolmo.

Para financiar la adquisición de los nuevos aviones, Ucrania destinará 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) provenientes de un préstamo de la Unión Europea, informó el gobierno sueco. El objetivo es “concluir rápidamente un acuerdo definitivo con entregas a partir de 2030“, dijo el primer ministro Ulf Kristersson en una conferencia de prensa conjunta con Zelensky. Los 16 aviones donados llegarían en enero de 2027.

“Es una decisión histórica para Suecia, pero también refuerza significativamente la defensa aérea de Ucrania“, subrayó Kristersson.

Ambos países habían firmado en octubre una carta de intención para la compra de entre 100 y 150 Gripen E. Zelensky afirmó que Kiev aspira a adquirir la totalidad de esa cifra. “Esperamos poder asegurar el financiamiento para todos”, dijo.

Por qué Ucrania necesita más aviones

El acuerdo llega en un momento crítico. Rusia disparó casi 90 misiles y cientos de drones contra Kiev el fin de semana pasado en un intento de saturar las defensas antiaéreas ucranianas, en el marco de una creciente campaña de bombardeos contra zonas civiles. Kiev se prepara para nuevos ataques intensos tras las advertencias del Ministerio de Exteriores ruso de que habrá “ataques sistemáticos” contra la capital.

Ante ese escenario, Zelensky escribió al presidente Donald Trump y al Congreso estadounidense para solicitar más misiles Patriot PAC-3 y otros sistemas antiaéreos, advirtiendo que los envíos actuales están "peligrosamente por debajo" de lo necesario, en parte porque la guerra con Irán está desviando las reservas de Washington.

Rusia mantiene ventaja en misiles balísticos de largo alcance, que ha utilizado sistemáticamente para dañar la red eléctrica ucraniana. Ocupa actualmente alrededor del 20% del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, anexada en 2014. Según la directora del organismo británico de inteligencia GCHQ, casi medio millón de soldados rusos han muerto en el conflicto.

Ucrania, en tanto, ha convertido los drones en su principal ventaja táctica. Zelensky afirma que especialistas ucranianos han ayudado a países del Golfo Pérsico a reforzar sus defensas antiaéreas y han colaborado en bases militares estadounidenses en Oriente Medio. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, señaló esta semana que las campañas ucranianas con drones están "limitando la capacidad de Rusia para transportar personal al frente y sostener posiciones en primera línea“.

Suecia había suspendido en 2024 sus planes de enviar Gripen a Ucrania tras la solicitud de países aliados de priorizar los cazas F-16 estadounidenses. El acuerdo de este jueves marca un giro significativo en esa posición.

Luis de Guindos afronta la recta final de su mandato como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) con un balance que él mismo califica de positivo en términos de estabilidad financiera. Su etapa, que concluye el próximo 31 de mayo, ha estado marcada por múltiples crisis globales, pero, según destaca, sin grandes sobresaltos en el sistema financiero de la eurozona.

“Me enorgullece que, durante mi mandato de los últimos ocho años, no hayamos tenido ningún incidente importante en materia de estabilidad financiera en la zona del euro”, ha señalado el economista español en una conferencia con motivo de la presentación del Informe de Estabilidad Financiera.

De Guindos ha subrayado que el sistema bancario europeo ha demostrado una notable capacidad de resistencia ante episodios de máxima tensión como la pandemia del COVID-19, la invasión de Ucrania, la crisis energética, la inestabilidad en Estados Unidos con la quiebra de bancos regionales o el colapso de Credit Suisse.

La resiliencia de la banca europea

El vicepresidente del BCE ha centrado buena parte de su intervención en destacar la solidez del sector bancario europeo, al que considera uno de los principales activos estructurales de la región.

“Creo que esto es algo positivo para la región. La resiliencia de los bancos europeos es una de las pocas ventajas estructurales de Europa”, recoge Europa Press. Reconoció que el continente no cuenta con demasiados elementos de fortaleza comparativa en el ámbito económico global.

A lo largo de su mandato en el área de estabilidad financiera y gestión de riesgos, De Guindos ha defendido que la supervisión bancaria europea ha contribuido a reforzar la solvencia del sistema, permitiendo a las entidades afrontar shocks externos con mayores garantías que en el pasado.

Unión bancaria, la tarea pendiente

Pese a su valoración positiva del sistema, el vicepresidente del BCE ha querido lanzar un mensaje claro sobre las asignaturas pendientes de la arquitectura financiera europea: la unión bancaria sigue incompleta. En particular, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema común de garantía de depósitos (EDIS), el llamado “tercer pilar” de la unión bancaria, que todavía no ha sido implementado.

Actualmente, la eurozona cuenta con supervisión única y mecanismos de resolución, pero carece de un fondo común que proteja los depósitos de los ciudadanos en todos los países por igual. Para De Guindos, este es un elemento clave que debe cerrarse cuanto antes.

“Ahora es el momento de hacerlo”, ha defendido, recordando que la situación del sistema bancario europeo es hoy mucho más sólida que hace una década, cuando existían serias dudas sobre entidades en países del sur de Europa.

Un contexto global cada vez más inestable

El BCE ha aprovechado la presentación del informe para advertir de que la estabilidad financiera de la zona euro vuelve a enfrentarse a riesgos crecientes, especialmente por la guerra en Oriente Medio y sus efectos en el suministro energético.

Según la institución, aunque la economía y el sistema financiero global habían mostrado resiliencia a principios de 2026, ese equilibrio se está viendo ahora sometido a presión por la incertidumbre geopolítica.

El conflicto no solo afecta a la energía, sino que intensifica la volatilidad en los mercados y agrava las tensiones en el comercio internacional, en un entorno ya marcado por la fragmentación económica global.

Riesgos para mercados, deuda e inflación

El BCE advierte de que los mercados financieros están respondiendo con cierta adaptación inicial, pero las valoraciones siguen elevadas en términos históricos, especialmente en bolsa, mientras que las primas de riesgo corporativas permanecen comprimidas. Este escenario, según la institución, puede generar una falsa sensación de estabilidad en un contexto que sigue siendo altamente incierto.

“La actual crisis del suministro energético plantea riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento”, ha advertido De Guindos, alertando de un posible repunte de la volatilidad en los mercados.

Además, el BCE señala que esta combinación de menor crecimiento, inflación persistente y mayores costes de financiación podría poner bajo presión la capacidad de pago de la deuda en varios países de la eurozona con elevados niveles de endeudamiento.

Amenazas en el sistema financiero no bancario

El informe también pone el foco en el creciente peso del sector financiero no bancario, que incluye fondos de inversión y otras entidades que no son bancos tradicionales. Aunque este segmento ha mostrado resiliencia, el BCE advierte de que es especialmente vulnerable a caídas bruscas del mercado, debido a su liquidez limitada y a la concentración de riesgos en sus carteras.

En escenarios de tensión, estas entidades podrían verse obligadas a vender activos de forma acelerada, amplificando aún más la inestabilidad financiera. El BCE subraya además la interconexión entre mercados privados y la opacidad de algunos segmentos financieros, lo que aumenta el riesgo de contagio, especialmente desde Estados Unidos hacia Europa.

Aunque no considera que exista un riesgo sistémico inmediato, la institución insiste en la necesidad de una vigilancia estrecha para evitar efectos dominó en caso de nuevas turbulencias.

En el cierre de su intervención, De Guindos ha insistido en la importancia de preservar la fortaleza del sistema financiero europeo en un entorno cada vez más incierto. El BCE recomienda mantener los actuales requisitos de capital para la banca y reforzar las medidas de control del crédito, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema.

Asimismo, pide una respuesta coordinada de las autoridades europeas para abordar las vulnerabilidades del sector financiero no bancario, especialmente en lo relativo a liquidez y apalancamiento.

Comercio a cambio de control migratorio. Esa ha sido la reforma que han impulsado este viernes los ministros de Comercio de la Unión Europea con la que se condicionarán las preferencias comerciales que permiten a los países en desarrollo exportar a la UE con aranceles muy bajos o nulos a que estos cooperen en el control migratorio y la readmisión de personas deportadas a partir de enero de 2027.

El acuerdo fue cerrado en diciembre de 2025 por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo y, con la adopción por parte de los Estados miembro, se contempla el procedimiento que garantiza su entrada en vigor a tiempo. En 2023 se frustró un primer intento del acuerdo, por la negativa de varios eurodiputados, pero, con el nuevo Parlamento, se ha reactivado la propuesta con “criterios más estrictos”.

De este modo, la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) permitirá a la UE retirar las ventajas arancelarias a un país determinado si no coopera con la Unión Europea en “la readmisión de sus nacionales”. Además, la Comisión Europea será la encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de readmisión y quién tendrá la potestad de actuar, aunque tendrá que informar con transparencia al Parlamento y al Consejo de las eventuales decisiones que se tomen.

La Comisión ha adelantado algunos de los criterios que figuran en la norma para congelar las rebajas arancelarias, entre los que destacan que se deba iniciar un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero “de al menos doce meses” antes de tomar ninguna medida. También se prevé un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del SPG antes de que la “condicionalidad de readmisión” sea aplicable a los países menos desarrollados.

La revisión del marco comercial con los países en desarrollo endurecerá las exigencias en materia de Derechos Humanos y medio ambiente, además de otorgar al programa una mejor supervisión y transparencia. En esta línea, Bruselas aumentará la lista de convenios internacionales sobre Derechos Humanos, medio ambiente y condiciones laborales que deberán ser respetados por los participantes del programa y se crea un procedimiento de urgencia para la retirada rápida de las preferencias en caso de incumplimiento.

Salvaguardas para el arroz, textil y etanol

El nuevo marco de preferencias comerciales -aún no aprobado- incluye otras modificaciones como salvaguardas específicas a las importaciones de arroz, textiles y etanol. En el sector textil, considerado “sensible”, el mecanismo se activará de manera automática si se supera el umbral de importaciones fijado para un determinado país tercero exportador.

Por su parte, Grecia, Italia y España, que representan el 85% de la producción de arroz de la UE, han criticado en un escrito el mecanismo considerándolo insuficiente para garantizar la protección de este cultivo: “Hemos mostrado flexibilidad en la búsqueda de un compromiso, pero la combinación de una revisión anual de los umbrales y un aumento del 45% haría prácticamente imposible la activación de esta salvaguarda”.

En cuanto a las importaciones de textiles y etanol, el acuerdo delimita salvaguardas para los países pertenecientes al Sistema de Preferencias Generalizadas, que solo se aplicarán si el valor de estas importaciones procedentes del país afectado superara el 6% del valor total de las importaciones de la UE del producto afectado y el 47% de las importaciones de todos los beneficiarios del SPG.

La guerra de Oriente Medio ha elevado el precio de los fertilizantes por encima de márgenes de 700 euros la tonelada, colocando entre la espada y la pared la solvencia de agricultores y ganaderos europeos. Para contrarrestar los elevados costes, los ministros de Comercio de la Unión Europea han aprobado este viernes la suspensión de los aranceles aduaneros sobre determinados fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción agrícola europea.

La medida, que contará con una duración de un año, busca reducir los costes para agricultores y productores y disminuir la dependencia del sector primario de las importaciones de Rusia y Bielorrusia. Así, la reducción alcanzará a productos como la urea y el amoníaco, utilizados para la producción de fertilizantes nitrogenados, y permitirá ahorrar cerca de 60 millones de euros en derechos de importación, según ha estimado la Comisión Europea.

Esta decisión ayudará también a reforzar una red comercial “mas diversificada”, según ha detallado la Unión Europea, en un contexto marcado por el aumento de los precios de los fertilizantes desde 2021 y por el impacto de la guerra rusa contra Ucrania sobre los mercados agrícolas y energéticos. Además, ha señalado que esta suspensión solo se aplicará a productos que no entren actualmente en la UE libres de aranceles desde países con acceso preferencial al mercado comunitario.

Con el objetivo de proteger a los agricultores comunitarios, la Unión ha detallado que esta medida quedará limitada a una cuota equivalente al volumen de importaciones sujetas al régimen general en 2024 más un 20% adicional de los volúmenes importados ese mismo año desde Rusia y Bielorrusia. Cabe aclarar que los productos procedentes ambos Estados no se verán beneficiados de la suspensión, por su “desprecio” del Derecho Internacional, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos.

Según los datos de la UE, el bloque importó en 2024 alrededor de dos millones de toneladas de amoníaco y 5,9 millones de toneladas de urea, además de otros 6,7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y mezclas con nitrógeno. La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y permanecerá vigente durante un año, aunque la Comisión Europea seguirá supervisando el mercado de fertilizantes y podrá proponer una prórroga o una modificación de la suspensión si lo considera necesario.

El campo reclama más ayudas a España

Este viernes, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado de manera “urgente” la ampliación de las ayudas agrarias incluidas en el Real Decreto ley 7/2026 para compensar el incremento de costes provocado por la crisis en Oriente Medio. La organización ha considerado que las ayudas aprobadas son “insuficientes” frente al sobrecoste real que soportan los agricultores.

Unión de Uniones ha recordado así al ministro de Agricultura, Luis Planas, que el Ejecutivo no ha agotado el margen de actuación permitido por Bruselas y que el Marco Temporal europeo autoriza ayudas de hasta el 70% de los costes extraordinarios de combustible y fertilizantes soportados por agricultores y ganaderos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Respecto al gasóleo agrícola, la organización ha estimado que la ayuda aprobada actualmente apenas cubre alrededor del 30% del sobrecoste soportado durante el período subvencionable y únicamente el 10,7% si se toma como referencia todo el período admisible hasta final de 2026. En cuanto al fertilizante, han destacado que la ayuda del Gobierno cubre únicamente el 51% del sobrecoste teórico estimado, mientras que el Marco Temporal permitiría elevar la cobertura hasta aproximadamente 684 millones de euros.

La economía europea se encuentra en una tendencia de estanflación debido al aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Irán, pero los Gobiernos no deben permitir que las medidas de apoyo desencadenen una crisis fiscal, dijeron el jueves los ministros de Finanzas de la UE.

La Comisión Europea pronosticó el jueves que el crecimiento económico de la zona euro se ralentizará hasta el 0,9% en 2026 desde el 1,3% de 2025, y que la inflación se disparará hasta el 3,0% desde el 1,9%, muy por encima del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo.

“Existe una presión estanflacionista, pero Europa es resistente”, dijo el presidente de los ministros de Finanzas de la zona del euro, Kyriakos Pierrakakis, antes de entrar en las conversaciones ministeriales informales en Nicosia.

Los efectos de la guerra en Oriente Medio podrían ser peores dependiendo de cuánto dure, señaló la Comisión.

Los inversores han comenzado a temer que la guerra en Irán pueda provocar un choque inflacionario duradero y los rendimientos de los bonos del Estado han alcanzado máximos de la última década, lo que amenaza con afectar gravemente al poder adquisitivo de los Gobiernos, las empresas y los hogares.

“Hemos observado la inestabilidad en los mercados de bonos y estamos tratando de equilibrar, por un lado, la necesidad de apoyar a nuestros ciudadanos, (...) y, por otro, no debemos permitir que esta crisis energética se convierta en una crisis fiscal”, dijo Pierrakakis.

Medidas selectivas

La Comisión Europea instó a los Gobiernos a utilizar únicamente ayudas fiscales específicas y temporales para los grupos más vulnerables, pero muchos países, temerosos del descontento de los votantes, ya han puesto en marcha medidas como recortes de los impuestos especiales sobre la gasolina, que son iguales para todos.

“En cuanto a la respuesta política, recomendamos ceñirse a medidas temporales y específicas, para no sostener ni impulsar la demanda de combustibles fósiles, dado el limitado margen fiscal”, dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

“Lo que debemos hacer es actuar con precisión (con las medidas de apoyo)”, añadió Pierrakakis.

La Comisión prevé que el déficit presupuestario agregado de la zona euro aumente hasta el 3,5% del PIB el próximo año, desde el 2,9% en 2025, por encima del límite del 3,0% de la UE, y que la deuda pública aumente hasta el 91,2% en 2027, desde el 88,7% en 2025.

Algunos Gobiernos, como el de Italia, están presionando para que la Comisión Europea excluya el apoyo fiscal del Gobierno a los precios de los combustibles de los cálculos del déficit de la UE, de forma similar al gasto en defensa, pero ni la Comisión ni la mayoría de los ministros de Finanzas lo desean.

“Sé que algunos países lo están proponiendo, pero abrir una cláusula de exención general es difícil porque se trata de una crisis de oferta, más que de demanda”, dijo a los periodistas el ministro de Finanzas belga, Vincent van Peteghem.

(Con información de Reuters)

El rescate español a la aerolínea Plus Ultra ha llegado hasta los pasillos de Bruselas. La Comisión Europea ha recordado este viernes que el rescate de 53 millones de euros no necesitó el visto bueno de la Unión Europea para llevarse a cabo puesto que no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que la operación sea notificada a Bruselas para su examen individual y porque el apoyo llegó a través de un fondo de recapitalización que sí fue validado por sus servicios.

Según ha explicado la Comisión, dentro del marco temporal que puso en marcha la UE para apoyar a las compañías más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, solo era necesario notificar “las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros” que fueran destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas para que Bruselas las evaluara individualmente.

Por tanto, el rescate de Plus Ultra no se encontraba dentro de los supuestos que debían someterse al escrutinio comunitario, por lo que la Comisión “no lo examinó individualmente”, según ha detallado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso. Además, ha indicado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a través del cuál se canalizó el apoyo a la aerolínea sí fue validado por la institución comunitaria el año anterior a que se concediera el rescate.

“En julio de 2020, la Comisión determinó que el plan establecido en el Fondo de Solvencia español se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales del Marco Temporal, adoptado en respuesta a la grave perturbación económica provocada por la pandemia de COVID-19”, ha descrito el portavoz.

El PP pide revisar el rescate tras la imputación de Zapatero

Tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, relacionados al rescate de Plus Ultra, el Partido Popular ha instado a la Comisión revisar las condiciones en las que el Gobierno otorgó el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

En concreto, los populares europeos han pedido a la Comisión que esclarezca “si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista” y si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado, en una pregunta formulada por la vicepresidenta del grupo PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat.

Además, la popular ha sostenido que la UE “no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos”.

Cabe recordar que, desde el Parlamento Europeo, en el momento del rescate, se plantearon preguntas sobre las conexiones de algunos directivos con figuras próximas al chavismo y con empresarios relacionados con el entorno de Nicolás Maduro, lo que llevó a PP, Vox y Manos Limpias a denunciar el rescate, con una causa que terminó siendo archivada por Fiscalía.

El caso volvió a tomar notoriedad por las solicitudes de cooperación judicial de Francia y Suiza, en 2024, en el marco de la investigación de una posible red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos, donde detectaron movimientos sospechosos relacionados con Plus Ultra.